Cientos de postales de más de 40 colectivos piden a Page garantizar el acceso al aborto en la sanidad pública

Organizaciones sindicales, feministas y de defensa de los derechos humanos de Castilla-La Mancha han dirigido un total de 275 postales firmadas por la ciudadanía de la región al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, exigiendo que todas las administraciones “garanticen el derecho al aborto en la sanidad pública, en las mejores condiciones de proximidad al domicilio, sin intimidación ni acoso”.

Las postales por el derecho al aborto expresan la preocupación de las organizaciones sociales y de ciudadanas y ciudadanos de Castilla-La Mancha ante el “incumplimiento”, por parte del Gobierno regional, de su obligación de garantizar el acceso al derecho a la interrupción voluntaria de embarazo en la sanidad pública.

La firma y presentación de postales da continuidad a las acciones impulsadas por diversas organizaciones -entre ellas colectivos como Ágora Feminista de Albacete, el sindicato Comisiones Obreras y Amnistía Internacional- en torno al incumplimiento de este derecho.

Entre dichas acciones destacan las concentraciones celebradas durante los últimos dos años en las capitales de provincia, en el marco del Día Internacional por el Aborto Legal y Seguro.

Desplazamientos y clínicas privadas

Las organizaciones denuncian que cada año más del 60% de las mujeres de Castilla-La Mancha que quieren abortar tienen que desplazarse a otras comunidades autónomas para ejercer su derecho al aborto. De los 47.239 abortos practicados a usuarias del Sistema Nacional de Salud de Castilla-La Mancha entre 2010 y 2023, tan solo 18.895 lo fueron en la región.

Destallan que el 99,94% de los abortos se realiza en clínicas privadas y concertadas (tan solo 30 interrupciones voluntarias del embarazo en 14 años en centros públicos), lo que evidencia “un patrón de objeción de conciencia que en ningún caso puede ser institucional”. “La negativa a practicar abortos debe ser individual, nunca colectiva ni de los centros”. añegan.

También argumentan que la Junta no ha informado de cómo se está implantando el registro de objetores ni de cómo se van a organizar los servicios públicos para asegurar el derecho al aborto, como obliga la ley, que establece claramente que “el acceso o la calidad asistencial de la prestación no se verán afectados por el ejercicio individual del derecho a la objeción de conciencia”. Recuerdan que la normativa señala que a estos efectos, los servicios públicos se organizarán “siempre de forma que se garantice el personal sanitario necesario para el acceso efectivo y oportuno a la interrupción voluntaria del embarazo”.

Las organizaciones también destacan que la información pública sobre la interrupción voluntaria del embarazo se reduce al teléfono 'Salud Responde', lo cual resulta “insuficiente”: falta información accesible (protocolos, folletos, web…) y queda a la voluntad de cada profesional informar y cómo hacerlo.

No hay una acción suficiente frente al acoso y hostigamiento que sufren mujeres y profesionales por parte de grupos antielección que coaccionan a las mujeres

“No hay una acción suficiente frente al acoso y hostigamiento que sufren mujeres y profesionales por parte de grupos antielección que coaccionan a las mujeres con fotografías de fetos en la puerta de las clínicas con el objetivo de que las mujeres cambien su decisión, pese a que la Junta debería instar a las autoridades competentes a actuar”.

Los colectivos que han enviado las postales sociales se dirigieron a Presidencia de la Junta para concertar la entrega de postales, pero no recibieron respuesta. Asimismo, durante los últimos años han solicitado varias reuniones con el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, y la consejera de Igualdad, Sara Simón, sin que estas solicitudes hayan sido atendidas.

Las organizaciones que forman parte de esta campaña son: