La vivienda es elemento esencial en la definición de la ciudad. Y es, sobre todo, demanda básica de los ciudadanos para poder desarrollar su vida personal, sus relaciones familiares y su actividad cotidiana. Pero, se ha convertido también, en la sociedad actual, en elemento de inversión, en producto económico de una especial rentabilidad. Las necesidades ciudadanas de disponer de una vivienda han hecho que el mercado incremente de manera irregular los precios que estamos dispuestos a pagar por este bien. Es necesario también reconocer cómo el incremento de valor de este producto ha convertido a promotores, inversores, entidades financieras y particulares en grandes especuladores que saben que este sector tiene una rentabilidad difícil de obtener en otros campos.

Pero ello no nos puede hacer olvidar que la vivienda es una necesidad esencial para las personas y que, como comunidad, tenemos la obligación de hacer que sea accesible para todos en condiciones dignas. Y ello quiere decir que las inversiones que realizan los compradores de viviendas deben tener una proporción razonable en base a los sueldos y una rentabilidad lógica de acuerdo con las inversiones realizadas por constructores y promotores. La realidad actual está muy alejada de estos parámetros y la vivienda se ha convertido en objetivo inalcanzable para muchas personas.

Desde el gobierno se planteó una Ley de Vivienda que trata de corregir estas deficiencias pero que lo logra de manera muy deficiente. Porque el mercado inmobiliario tiene unas características peculiares en un desarrollo temporal amplio, en una diversificación de localizaciones y usos muy diversas y porque tratar de controlar la sociedad capitalista con normas y leyes siempre va a ser tarea difícil si no imposible.