La vivienda es elemento esencial en la definición de la ciudad. Y es, sobre todo, demanda básica de los ciudadanos para poder desarrollar su vida personal, sus relaciones familiares y su actividad cotidiana. Pero, se ha convertido también, en la sociedad actual, en elemento de inversión, en producto económico de una especial rentabilidad. Las necesidades ciudadanas de disponer de una vivienda han hecho que el mercado incremente de manera irregular los precios que estamos dispuestos a pagar por este bien. Es necesario también reconocer cómo el incremento de valor de este producto ha convertido a promotores, inversores, entidades financieras y particulares en grandes especuladores que saben que este sector tiene una rentabilidad difícil de obtener en otros campos.
Pero ello no nos puede hacer olvidar que la vivienda es una necesidad esencial para las personas y que, como comunidad, tenemos la obligación de hacer que sea accesible para todos en condiciones dignas. Y ello quiere decir que las inversiones que realizan los compradores de viviendas deben tener una proporción razonable en base a los sueldos y una rentabilidad lógica de acuerdo con las inversiones realizadas por constructores y promotores. La realidad actual está muy alejada de estos parámetros y la vivienda se ha convertido en objetivo inalcanzable para muchas personas.
Desde el gobierno se planteó una Ley de Vivienda que trata de corregir estas deficiencias pero que lo logra de manera muy deficiente. Porque el mercado inmobiliario tiene unas características peculiares en un desarrollo temporal amplio, en una diversificación de localizaciones y usos muy diversas y porque tratar de controlar la sociedad capitalista con normas y leyes siempre va a ser tarea difícil si no imposible.
En este complejo ámbito me atrevo a sugerir líneas de actuación que pueden intentar abordar el problema. La primera de ellas es la de controlar una realidad que se ha ejecutado ya con importantes ayudas públicas tanto en viviendas de protección oficial como en viviendas promovidas directamente por la administración. Un control de las personas que acceden a estas viviendas, del uso que se hace de ellas y de la imposibilidad de especular con las mismas parece una tarea básica en contra de actuaciones públicas convertidas en negocio por algunas administraciones y que la justicia corrige sólo parcialmente.
La construcción de vivienda pública debería ser una prioridad de los gobiernos central, autonómicos y municipales. Es una tarea con rentabilidad limitada en el corto plazo, pero de importante incidencia en un plazo medio. Si se planteara la construcción de un 5 % de las viviendas que se construyen al año en nuestro país por parte de la administración con precios controlados, en un plazo razonable de tiempo tendríamos un conjunto de viviendas accesibles para un grupo de ciudadanos, con una incidencia importante en el mercado.
La experiencia de las cooperativas ha tenido resultados espacialmente positivos para muchas familias. Las desviaciones que se han producido, ocasionalmente, en estos proyectos no puede ser razón para no valorar lo que puede significar esta opción para muchos ciudadanos
Y ello exige como punto de partida el ser exigentes con la generación de suelo público en los planes urbanísticos evitando todo tipo de desviaciones que se han producido desde muchas administraciones en este control. La experiencia de las cooperativas ha tenido resultados espacialmente positivos para muchas familias. Las desviaciones que se han producido, ocasionalmente, en estos proyectos no puede ser razón para no valorar lo que puede significar esta opción para muchos ciudadanos.
Junto a ello sería bueno repensar las limitaciones que nos hemos autoimpuesto en la construcción de viviendas públicas. Soluciones que se limiten a establecer parámetros de superficie permitirían, junto al cumplimiento de la normativa general de la construcción actual, ofrecer un abanico de soluciones más acordes con la mentalidad y diversidad de opciones de la sociedad actual.
Y, junto a ello, el desarrollo del alquiler como una opción temporal para muchas familias. La costumbre y el deseo legítimo de muchas familias de acceder a la propiedad debe dejar paso también a la posibilidad el alquiler en determinadas circunstancias o momentos de la vida de cada grupo familiar.
Un mundo especialmente complejo cuyas desviaciones, en una sociedad capitalista, no son fáciles de corregir y por ello requieren caminos plurales para tratar de hacer una realidad el derecho a la vivienda de todos. La experiencia de ciudades y países en este ámbito pueden ser buenos ejemplos del camino a recorrer.
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