Septiembre, un mes de transición hacia la temporada alta turística en las islas (desde octubre de este año hasta después de Semana Santa de 2027), no deja malas sensaciones entre los empresarios hoteleros locales.

Una vez más en lo que va de año (nueve meses, de enero a septiembre), el Índice de Precios Hoteleros (IPH), un registro interanual, sube, y esta vez lo hace el 4,11%, con 77,95 puntos porcentuales más respecto a septiembre de 2008 (base 100), la segunda subida más alta por comunidad autónoma, solo menor que la de Illes Balears (132,3% más respecto al valor 100 de 2008). En septiembre de 2025, esa misma variable tuvo un comportamiento más intenso, pues se elevó el 7% (casi tres puntos más), entonces incluso por encima del valor promedio nacional.

En este septiembre pasado, esto último no ha ocurrido ya que el crecimiento interanual fue 1,5 puntos inferior al de España, en el 6,69% para el mismo mes de análisis. Pese a ello, no se puede hablar de desastre, si acaso de moderación en los precios hoteleros de septiembre, que crecen, pero menos que en idéntico mes de 2025. Se debe recordar que ese año hay sido en el que Canarias ha recibido más turismo en toda su historia.

Al valor del IPH hay que unir, según las estadísticas servidas este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), las de Coyuntura Turística Hotelera de septiembre de 2026, la evolución alcista de las variables ADR y RevPAR. La primera es la tarifa media cobrada por los hoteles, en este caso los canarios, en septiembre pasado, por habitación y día y calculada según las habitaciones ocupadas, solo estas.

Ese registro dio un promedio de abono por habitación y día de 136,2 euros, con subida interanual de casi el 3%, mientras que el RevPAR, el ingreso promedio por habitación disponible y día, alcanzó los 115,6 euros, con un alza del 1,52%.

Este último comportamiento puede estar relacionado con la menor ocupación hotelera en las islas en septiembre pasado respecto a 2025, lo que a su vez debe estar relacionado con la menor afluencia de turistas y/o con la más baja demanda por estos de esos establecimientos clásicos o tradicionales.

Pese a que los incrementos relativos son en los dos casos menores que los confirmados para septiembre de 2025, lo que habla de cierta moderación en el ritmo de crecimiento del turismo en Canarias, los datos conseguidos en el archipiélago, además en un mes que nunca es de los mejores, son para la variable ADR el quinto mejor por comunidades autónomas, con el RevPAR con una posición aún mejor: el cuarto mejor lugar en la clasificación por regiones. Ambos rankings los encabeza Illes Balears.

Pernoctaciones y destinos turísticos

Durante los nueve primeros meses de 2026, las pernoctaciones se incrementaron en general el 1,5% respecto al mismo periodo del año anterior y a escala nacional. Las de viajeros residentes en España aumentaron solo el 0,1%, y las de no residentes, el 2,2%.

Andalucía, Cataluña y Comunitat Valenciana fueron los destinos principales de los viajeros residentes en España en septiembre pasado, con el 22,4%, 13,8% y 12,8% del total de las pernoctaciones.

En cambio, los principales destinos de los no residentes fueron Illes Balears, Cataluña y Canarias, con el 32,5%, 18,4% y 17,7% del global.

Por zonas turísticas, Isla de Mallorca registró el mayor número de pernoctaciones, con más de 7,3 millones. Por su parte, los puntos turísticos con más pernoctaciones fueron Madrid, Barcelona y Calvià.

Dominio de Illes Balears

En septiembre de 2026, se cubrieron el 67% de las plazas ofertadas en el país, 0,3 puntos porcentuales más que en el mismo mes de 2025. El grado de ocupación por plazas en fin de semana subió el 0,4% y se situó en el 72,6%. Illes Balears presentó el mayor grado de ocupación por plazas durante septiembre (82,6%).

Por zonas turísticas, Palma-Calvià alcanzó el mayor grado de ocupación por plazas y en fin de semana, con el 85,3% y 88,8%. El punto turístico con mayor grado de ocupación por plazas y en fin de semana fue Llucmajor, con el 90,1% y 94,2%.

Es el mantra de la década: la “presión demográfica” es una bomba de relojería. La lógica parece irrebatible y ha ganado una credibilidad férrea a fuerza de repetirse en editoriales y tribunas: si cada vez hay más ancianos y viven más años, mientras el número de jóvenes se reduce, el sistema será insostenible. Según la AIReF, hoy tenemos 1,9 afiliados por cada pensionista, y la previsión es que esa cifra caiga hasta el 1,0 en 2050. Bajo esta premisa, el gasto —que hoy supone el 11,5% del PIB y se proyecta hasta el 17,3% para 2050— se presenta como una carga inasumible.

Sin embargo, este discurso alarmista adolece de un error fundamental: asume que la productividad permanecerá estática durante los próximos 25 años.

La lección de la agricultura

Para entender por qué el catastrofismo demográfico puede estar equivocado, basta mirar al pasado. En 1984, el 17,5% de los ocupados en España trabajaba en el campo. Hoy, apenas el 3,6% se dedica a la agricultura, (según el Ministerio de Agricultura y datos de la EPA del INE). Si hace décadas alguien hubiera vaticinado este abandono del campo, muchos habrían predicho que el país moriría de hambre.

Nada más lejos de la realidad: gracias a la tecnología, un agricultor actual produce hoy lo mismo que cinco de antaño. Hemos sustituido cantidad de trabajadores por eficiencia. El reto actual es, simplemente, sustituir “alimentos” por “pensiones”.

Una tarta más grande

El miedo al gasto del 16% o 17% del PIB en 2050 ignora que el tamaño de la “tarta económica” será mucho mayor. Países como Italia ya destinan un 15,6% de su PIB a pensiones sin que el sistema haya colapsado.

Hagamos números: si hoy el PIB es 100 y dedicamos 11,5 a pensiones, quedan 88,5 para el resto de la sociedad. Si en 2050, gracias a un crecimiento moderado de la productividad (entre el 1,2% y 1,5% anual), el PIB sube a 180, dedicar un 16% a pensiones (28,8 puntos) dejaría 151,2 puntos para el resto de la población. Es decir, la sociedad sería mucho más rica que la actual incluso pagando más pensiones. 

El Nuevo Contrato Social: Fiscalidad en la Era de la IA

No es posible financiar el bienestar del futuro con las herramientas del siglo pasado. Ante un escenario donde la robótica y la Inteligencia Artificial (IA) asumen roles históricamente humanos, estas tecnologías deben integrar también su responsabilidad fiscal. En 2026, el debate sobre el impuesto a la robótica ha dejado de ser una teoría académica para convertirse en una hoja de ruta política destinada a blindar el Estado de Bienestar.

La digitalización es el motor de esta transición. Se estima que la adopción de IA podría quintuplicar la productividad en sectores clave, permitiendo que un trabajador en 2050 genere el doble de valor que hoy. Esta eficiencia no solo evita asfixiar la economía, sino que impulsa un círculo virtuoso de sostenibilidad:

·Salarios y Cotizaciones: Una mayor productividad permite elevar las bases salariales y, con ello, fortalecer la seguridad social.

·Compensación Demográfica: La capacidad de generar más valor con menos mano de obra mitiga el impacto del envejecimiento poblacional.

·Nuevas Vías de Ingreso: La creación de tasas sobre la economía digital y los sistemas automatizados permite capturar riqueza que ya no depende exclusivamente del esfuerzo humano.

Para que la tecnología no sea un factor de desigualdad, la política fiscal debe actuar como el puente que redistribuya los beneficios de esta revolución en favor de toda la sociedad. Es imperativo transitar hacia un nuevo modelo.

El verdadero desafío: ¿Demografía o Distribución?

Aunque España registra máximos históricos de población activa —superando los 24 millones de personas—, el éxito de nuestro sistema no vendrá determinado por el número de trabajadores, sino por nuestra capacidad de producción por hora trabajada. El verdadero peligro no reside en el aumento de la longevidad, sino en nuestra incapacidad para redistribuir la riqueza generada por la tecnología. Así, la supervivencia de las pensiones deja de ser un dilema de matemáticas demográficas para convertirse en una cuestión de ambición tecnológica y justicia distributiva.

Como advierte Thomas Piketty, si el rendimiento del capital tecnológico crece a mayor ritmo que la economía real, el riesgo no es la escasez de recursos, sino su extrema concentración. La solvencia del sistema depende hoy de una decisión política trascendental: ¿gravaremos la capacidad productiva de los activos digitales o seguiremos asfixiando exclusivamente las nóminas humanas? 

Es una deshonestidad intelectual agitar el fantasma de la natalidad mientras los beneficios de la automatización se filtran por las grietas del sistema

En definitiva, las pensiones no son víctimas de la biología, sino rehenes de la distribución. Es una deshonestidad intelectual agitar el fantasma de la natalidad mientras los beneficios de la automatización se filtran por las grietas del sistema. La hucha de las pensiones no se llenará con más cunas, sino con la riqueza que ya producen las máquinas. La pregunta crucial para 2050 no es cuántos seremos, sino de quién será esa riqueza: de la sociedad en su conjunto o de unos pocos dueños de algoritmos.

La misma historia se repite una y otra vez en las islas, con lo que puede parecer que Canarias se halla en un callejón sin salida, al menos en lo que respecta a cómo se comportan las variables que dan forma final al Indicador Multidimensional de Calidad de Vida (2025), lo bien o lo mal que en términos generales se vive en un territorio definido.

Este viernes se ha conocido, a través del Instituto Nacional de Estadística (INE), el resultado obtenido por el archipiélago para 2025, que ya avanzamos que es igual de malo que los de 2024, 2023 y 2022.

A modo de síntesis, tenemos que, como ya ocurriera en esos años cercanos, en 2025, el último con datos oficiales, Canarias sigue cargando con el triste honor de ser la comunidad autónoma española con peor calidad de vida general de sus habitantes en el ejercicio anual pasado, también con un nivel por debajo del valor base 100 de 2008 (el nacional, con Canarias ese año 2008 con nivel de 97,84), el año del estallido de la crisis económico-financiera mundial (el conocido crack). Canarias sigue siendo el sur pobre de España.

En 2025, el archipiélago alcanzó los 99,40 puntos de ese valor 100, como también casi lo hizo en 2024 (entonces llegó a 99,38). En 2025, el IMCV mejoró 0,02 puntos en las islas respecto al valor de 2024. Canarias es así una de las tres regiones del país que no supera en 2025 aquel umbral 100, junto con Andalucía, la segunda por la cola, con 99,85, y Galicia, con 99,88. El promedio español es de 101,74, mientras que la comunidad autónoma top en el país llega a los 105,43, el caso de Navarra. Islas Baleares, tan turística o más que Canarias, está en los 103,54.

Canarias, además de 2023 y 2024, también fue la peor comunidad autónoma del país según el IMCV en 2022, con 98,56 puntos, un valor mejorado luego, en 2023, gracias a una subida mínima de 0,4.

El análisis de los datos del IMCV de 2025 advierte que en la comunidad autónoma de Canarias, siempre según esas aportaciones oficiales y en términos medios, se sigue viendo peor que en el año 2019, cuando el umbral objeto de estudio se halló en 100,4, la segunda vez en el ciclo 2008-25 que las islas han superado el promedio nacional base 100 de 2008, aunque nunca se ha logrado estar por encima de la curva dibujada por el indicador del país en esa misma secuencia de años.

En 2018 también hubo un nivel canario por encima del registro nacional, los dos únicos años y esta vez con una superación pírrica, al solo llegar a 100,05 puntos de la base 100, la de 2008.

Indicadores de Canarias según dimensiones

El IMCV de 2025 es el resultado de la combinación de mediciones realizadas en nueve dimensiones, que son Condiciones materiales de vida, Trabajo, Salud, Educación, Entorno y medioambiente, Experiencia general de la vida, Ocio y relaciones sociales, Seguridad física y personal, y Gobernanza y derechos básicos (sin actualización este 2025, pues es de cálculo trimestral).

De estas secciones, en Canarias cinco lograron valores por encima del promedio 100 de 2008, y fueron las siguientes, de mayor nivel conseguido al menor: Educación, con más 5,1 puntos por encima de 100; Experiencia general de vida, con 0,4; Salud, con 2,9; Seguridad física y personal, con 0,87, y Entorno y medioambiente, con 0,33. El IMCV canario para 2025 no superó la barrera de 100 al quedarse en solo 99,40 puntos.

Los mayores avances en calidad de vida entre 2025 y 2024 se produjeron en Comunidad de Madrid (con un aumento de 0,59 puntos) y Comunitat Valenciana (de 0,50). Si se analizan las nueve dimensiones por separado, Comunidad Foral de Navarra destacó en Ocio y relaciones sociales, Entorno y medioambiente y Experiencia general de la vida, mientras que el País Vasco lo hizo en Condiciones materiales de vida y Educación. Islas Baleares mostró mejor comportamiento en Trabajo y Salud; Cantabria en Seguridad física y personal, y Comunitat Valenciana, en Gobernanza y derechos básicos.

La calidad de vida en España aumentó ligeramente en 2025. En concreto, el IMCV se situó en 101,74 puntos, frente a los 101,43 del año anterior. Este incremento estuvo provocado por las dimensiones Condiciones materiales de vida, Trabajo, Salud, Educación, Entorno y medioambiente y Experiencia general de la vida. Por el contrario, las dimensiones Ocio y relaciones sociales y Seguridad física y personal empeoraron su puntuación respecto al año anterior, 2024. La dimensión de Gobernanza y derechos básicos se mantuvo, al no haber sido actualizada por no incluirse en la Encuesta de Condiciones de Vida de 2025 el módulo Calidad de vida, que es de periodicidad trienal.

El índice global de calidad de vida fue superior para los hombres (102,48 puntos) que para las mujeres (100,59) en 2025.

Agustín de Grandes, una de las figuras más relevantes del mundo político y empresarial de Guadalajara, ha fallecido este jueves.

Alcalde de Guadalajara entre los años 1977 y 1979, también desarrolló una larga trayectoria institucional, política y empresarial, ya que llegó a presidir la Confederación de empresarios de Guadalajara entre los años 2002 y 2019, así como presidente de la Fundación Centro Europeo de Empresas e Innovación de Guadalajara entre 2010 y 2019.

Tanto el Ayuntamiento de Guadalajara como CEOE-Cepyme Guadalajara han lanzando sendos comunicados para lamentar esta pérdida y trasladar su cariño a sus familiares y allegados.

Por parte del consistorio ha sido su alcaldesa, Ana Guarinos, quienha trasladado en nombre de la Corporación municipal y de todos los vecinos de la ciudad su más sentido pésame, destacando el compromiso de Grandes con el servicio público y con el desarrollo económico y social de la provincia.

Guarinos ha recordado que Agustín de Grandes Pascual fue alcalde de la ciudad en una de las etapas más importantes de la historia reciente de España: “Fue una persona activa en política y alcalde de Guadalajara en la época de la Transición. También participó activamente en el ente preautonómico y en la constitución de nuestra comunidad autónoma, desempeñando distintas responsabilidades institucionales de relevancia”.

La regidora ha querido además poner en valor su faceta empresarial y su defensa constante del tejido productivo de la provincia. “Fue uno de los grandes empresarios de la ciudad de Guadalajara, ligado al sector de la automoción, y también presidente de CEOE-CEPYME Guadalajara durante muchos años. Una persona activa, que defendió siempre al sector empresarial y que estuvo al frente de la defensa de Guadalajara y de sus empresarios en momentos especialmente importantes”, ha señalado.

“Compromiso” con la provincia

Por su parte, CEOE-Cepyme Guadalajara, entidad que Agustín de Grandes presidió durante 17 años, ha afirmado que él desempeñó “un papel fundamental” en la representación y defensa de los intereses del tejido empresarial provincial. “Durante su mandato, contribuyó al fortalecimiento de la organización y a la consolidación de su papel como interlocutor de referencia para las empresas, los autónomos y las instituciones”.

Según la patronal, de Grandes supo combinar “la experiencia y el conocimiento de la realidad provincial para impulsar iniciativas y afrontar los desafíos de su tiempo”. “Su trayectoria constituye un testimonio de compromiso con la provincia de Guadalajara y con el papel que el empresariado desempeña en el crecimiento económico y el progreso social”.

“Su fallecimiento supone una pérdida irreparable para la organización y para el conjunto de la sociedad guadalajareña. Su legado y su vinculación con esta provincia permanecerán en la historia de la patronal alcarreña”, ha expresado la organización.

En medio de una vida cotidiana sometida a penurias para gran parte de los argentinos, Javier Milei viaja por el mundo pregonando sus supuestos logros económicos. Unos logros que, según los datos oficiales, resultan falsos o cuando menos tergiversados. En concreto, el presidente ultraderechista pone el foco en la pobreza: dice haber “sacado a un cuarto de los argentinos” de las privaciones. Pero ni él mismo se pone de acuerdo con las cifras. Con diferencia de días, ha dicho que quienes salieron de la pobreza fueron 10, 13 o 15 millones. Las estadísticas y los análisis de consultoras, sin embargo, lo desmienten.

De visita en España, Milei ha desplegado un nuevo discurso en esta línea en su intervención en el desayuno Nueva Economía Fórum, en el Real Casino Gran Círculo. “En los últimos años España ha sabido acoger a cientos de miles de argentinos que escaparon de la miseria y falta de futuro, fruto del siniestro socialismo del siglo XXI, su sucursal argentina, que es el kirchnerismo y que ustedes padecen regularmente con el impresentable dictador de Pedro Sánchez”. Además de atacar al presidente Pedro Sánchez en plena campaña electoral, el libertario se jactó del supuesto “milagro argentino”.

Sin embargo, un repaso de los datos de estos casi tres años de Gobierno contradice su relato. El ultraderechista asumió el 10 de diciembre de 2023. Al cierre de ese año, la pobreza informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) señalaba que el 41,7% de los argentinos eran pobres. En Argentina, la pobreza se mide por ingresos de los hogares, con una canasta básica más exigente que en el resto de los países de América Latina.

En el tramo final del gobierno peronista de centroizquierda de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, la inflación trepó por encima de 10% mensual, entre otros motivos, porque la promesa de Milei de dolarizar la economía y “hacer volar el Banco Central” disparó la desconfianza masiva en la moneda local, el peso.

Cuando Milei se hizo cargo del gobierno, aplicó una devaluación del 54%, una de las mayores de la historia del país. Como consecuencia de ello, la inflación trepó al 25% en diciembre de 2023 y al 20% en enero de 2024. La pobreza se disparó al 57%. Ese ascenso, del orden de los 15 puntos porcentuales, Milei se lo endilga al peronismo.

Con el relativo control de la inflación, hasta estabilizarse en torno a 2% mensual desde 2025, la pobreza comenzó a descender desde aquel pico. El INDEC la cifró en el 28,2% en el segundo semestre de 2025 y el 32,3% en el primer semestre de 2026. Incluso la cifra actual, del 32,3%, ha sido matizada por economistas y académicos de universidades públicas y privadas.

Dudas en los números

Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) cuestiona la cifra oficial y afirma a elDiario.es que “en el primer semestre de este año la pobreza vuelve a aumentar, con un agravante: si se la midiera por trimestres, el segundo trimestre de este año da alrededor del 34%. El gobierno de Milei ha hecho un abuso metodológico del indicador del INDEC; incluso no implementó una serie de modificaciones metodológicas acordadas con el FMI”.

Desde fines de 2023, el organismo estadístico cambió algunas preguntas para obtener un mejor registro de los ingresos familiares, y ello significó que los sectores más pobres incluyeran ayudas sociales, que antes no se computaban. Voces expertas señalan que la cesta básica con la que se mide la pobreza está desactualizada y subestima el coste real de la vida. La canasta se diseña en base a una encuesta de consumos de 2004/2005, lo que deja fuera cambios profundos en la estructura de gastos de los hogares, como el aumentos en los servicios de luz, agua, internet y transporte.

Otra anomalía siembra dudas sobre los números que reivindica Milei: el ingreso de los trabajadores informales. Con el ultraderechista como inquilino de la Casa Rosada se han perdido unos 370.000 empleos registrados, según el estatal Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

El dato más dramático es que unos 5,8 millones de personas endeudadas están en mora por más de 90 días y con tasas de interés impagables

Ese descenso en el empleo de mayor calidad y salario tuvo su contracara en más puestos de trabajo informales, una tendencia que los ultraderechistas argentinos celebran como un símbolo de dinamismo de la economía. El INDEC registra, desde que asumió Milei, una pérdida del salario real en el segmento formal del mercado de trabajo, que llega al 30% entre los trabajadores del Estado nacional y los docentes universitarios.

En cambio, los trabajadores que no gozan de ninguna protección laboral —repartidores, conductores de apps como Uber, vendedores callejeros, recicladores de basura, cuentapropistas de oficios de baja calificación— supuestamente mejoraron sus ingresos 25% en términos reales, un porcentaje que despierta enormes dudas entre los analistas y contrasta con una caída del consumo en el comercio masivo y los supermercados hasta niveles inferiores a la pandemia.

20 millones de argentinos, endeudados

“Haciendo dos correcciones, una de los ingresos, asociándolos al salario mínimo como sucedía antes de que asumiera Milei, y corrigiendo las canastas, nosotros desde el CEPA calculamos que el nivel de pobreza es similar a la etapa previa a la llegada de Milei, del 41%. Dicho de otro modo, no sacó a nadie de la pobreza”.

A esto se suma que unos 20 millones de argentinos, es decir, casi la mitad de la población, están endeudados. El dato más dramático es que unos 5,8 millones de personas con deuda están en mora por más de 90 días y con tasas de interés impagables, la mayoría con tarjetas bancarias, monederos electrónicos y préstamos personales.

“Esto es muy gracioso, pueden llegar a escuchar en las noticias argentinas que la gente está endeudada”, ha dicho con tono burlón Milei en España, días después de haberse mofado de los argentinos que no llegan a fin de mes. “La idea de que la gente no llega a fin de mes es una pelotudez que impulsó el kirchnerismo. La frase suena linda y es una tontería del tamaño de una casa. Si se quedan sin plata verdaderamente el 20, ¿cómo viven 10 días sin comer ni beber?”, se preguntó recientemente en otro foro económico, con el rostro visiblemente desencajado.

Menos crecimiento del previsto

“Si reelegimos, los cuatro años siguientes serán inolvidables para Argentina. En tan solo tres años, gracias al trabajo de esta gestión, a nuestro compromiso con las ideas de la libertad y a la decisión política que nos ordenan a todos, logramos poner a la Argentina frente a las puertas de su nuevo Gran Renacimiento”, ha dicho Milei durante su visita a Madrid.

Pero precisamente en las últimas semanas se conocieron varios datos de la economía argentina que dibujan un panorama diferente, con una situación socioeconómica deteriorada y con previsiones a la baja del Fondo Monetario Internacional. Por un lado, el PBI se contrajo en el segundo trimestre (-0,6%), algo que no sucedía desde mediados del 2024 y que los analistas relacionan con la recesión en sectores como la industria y el comercio. Mientras sectores primarios y exportadores (como minería, energía y agro) muestran dinamismo, la industria manufacturera, el comercio y el consumo masivo sufren caídas interanuales y provocan el cierre de empresas.

En este contexto, el FMI ha modificado este mismo mes sus previsiones para Argentina en su informe Perspectivas de la Economía Mundial. Tras haber pronosticado en abril y julio un 3,5% de subida del PBI argentino para 2026, ahora rebaja ese guarismo al 2,1%. También reduce en medio punto el crecimiento esperado para 2027 y lo fija en un 3,5%.

El grupo chino China State Construction Engineering Corporation (CSCEC), uno de los gigantes mundiales de la edificación, ha puesto el foco en Extremadura para explorar inversiones y abrir mercado en el continente europeo mediante alianzas con el tejido empresarial local. El anuncio lo ha realizado el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, en el marco de la inauguración de la XXIV Feria Ibérica de la Construcción (FICON), que se celebra en Don Benito.

Durante el certamen, representantes de la compañía asiática mantendrán diversos encuentros de trabajo con empresarios extremeños para sondear vías de colaboración conjunta. Esta visita es fruto de las gestiones iniciadas en la misión institucional y empresarial que la Junta de Extremadura realizó a Pekín el pasado mes de septiembre con el objetivo de captar inversión extranjera para la comunidad autónoma.

Santamaría ha calificado el interés de la multinacional como una oportunidad muy relevante para el territorio y ha subrayado que la intención de CSCEC pasa por colaborar estrechamente con socios locales. Entre las áreas con mayor potencial de desarrollo para estos acuerdos destaca la construcción modular e industrializada, un segmento estratégico para el Ejecutivo autonómico.

Solución a la escasez de mano de obra y respuesta a la vivienda

El titular de Economía ha vinculado el impulso de la edificación industrializada con la necesidad urgente de paliar el déficit de profesionales que sufre el sector en la región. Este modelo de trabajo, que traslada gran parte del proceso de fabricación a las instalaciones de las empresas para acelerar luego el montaje en la parcela, permite reducir los requerimientos de mano de obra directa en obra y optimizar los plazos de ejecución.

Desde la Consejería señalan que la construcción modular resulta clave para ampliar la oferta residencial en la región y dar cumplimiento al plan del Gobierno autonómico de edificar 3.500 viviendas en los próximos años. Aunque el consejero ha admitido que la implantación de estas técnicas es aún incipiente en la comunidad, ha recordado que ya existen experiencias en marcha, como la firma Modular Home en Coria.

En la actualidad, el sector de la construcción da empleo a más de 29.000 trabajadores en Extremadura, lo que representa aproximadamente el 7% del empleo regional y supone una aportación de entre el 6% y el 7% al Producto Interior Bruto autonómico. Para responder a las necesidades de cualificación, FICON incorporará en esta edición la presencia de prospectores de Formación Profesional Dual, que se reunirán con los empresarios del sector para adecuar los programas educativos a las demandas reales de contratación.

Los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre la renta bruta media por hogar (es decir, antes de impuestos) de las declaraciones de IRPF muestran las diferencias de ingresos entre cada vecino y vecina, calle a calle en España. Los últimos corresponden a 2024, a los residentes de más de 36.000 secciones censales. 

La desigualdad económica no la marca la geografía, los territorios, sino la renta, incluso en las calles de un mismo municipio. También se observan brechas entre el centro y la periferia y las diferencias entre los barrios más ricos y más pobres.

Gracias a los datos de cada sección censal (la unidad administrativa más pequeña disponible) puedes consultar la renta de cada vecindario utilizando 🔎el buscador e introduciendo una dirección, barrio o ciudad en Castilla-La Mancha.

En el mapa también puedes mirar dónde se concentra el 1% más rico y el 1% más pobre en Castilla-La Mancha. Dónde existen islas de renta (aquellas zonas rodeadas de unos niveles de renta totalmente distintos) y dónde se sitúan las fronteras de la desigualdad entre vecinos.E incluso se puede saber cómo es la renta por ciudades o por barrios de las ciudades.

Casi en los dos extremos insulares. A 386 kilómetros de distancia y a más de una hora de avión, Garafía (La Palma) y Santa Brígida (Gran Canaria) representan dos realidades económicas muy distintas. Pero no solo es el distanciamiento físico lo que hay entre estos dos municipios. También se refleja en el bolsillo de sus vecinos, con una brecha que alcanza los 49.850 euros. El mapa de la renta dibuja así un Archipiélago en el que las fronteras no las marca tanto la geografía, sino la riqueza o la pobreza de cada municipio.

Desde 2019, la renta media en Garafía ha aumentado un 34,1%, hasta alcanzar los 27.223 euros en 2024. Pese a esta subida, el municipio palmero sigue siendo el más pobre de Canarias y ocupa el puesto 290 en la clasificación nacional. En el extremo opuesto se sitúa Santa Brígida, en Gran Canaria, con una renta media de 77.073 euros, la más alta del Archipiélago. Así lo recoge el Atlas de Distribución de Renta de los Hogares, publicado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), donde se detalla la renta bruta media por hogar de las declaraciones de IRPF de 2024.

El Rosario, en Tenerife, se mantiene como uno de los municipios con mayor renta de Canarias, con una media de 63.705 euros por hogar. Aunque esta cifra responde en buena medida a factores estadísticos y demográficos, y no necesariamente al resultado de una política concreta, cabe destacar que el municipio estuvo gobernado durante 32 años por Macario Benítez (PSOE) y que actualmente está presidido por Escolástico Gil, de Iniciativa por El Rosario-Verdes (IR-Verdes).

Una de las claves para entender esta elevada renta se encuentra en la geografía y el modelo urbanístico del municipio, especialmente en las urbanizaciones costeras de Radazul y Tabaiba. Durante las últimas décadas, estas zonas han atraído a numerosos profesionales de rentas altas, como médicos, abogados, empresarios y directivos, gracias a una oferta residencial atractiva, pero prácticamente inaccesible para las familias con menores ingresos.

A ello se suman factores como la tranquilidad, la proximidad al mar y una ubicación estratégica dentro del área metropolitana, con acceso relativamente rápido al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria (HUNSC) y buenas conexiones con el Hospital Universitario de Canarias (HUC). La combinación de todos estos elementos ha convertido a Radazul y Tabaiba en una especie de 'refugio dorado' para profesionales de alto poder adquisitivo, en contraposición a Garafía, que centra su economía en la agricultura, la ganadería y el turismo sostenible.

Si se amplía el foco a los 10 municipios con más renta, la provincia de Las Palmas destaca con seis municipios en la lista (Santa Brígida, Teguise, Tinajo, Tías, San Bartolomé, Las Palmas de Gran Canaria), mientras que Santa Cruz de Tenerife se queda con cuatro (El Rosario, Tegueste, Breña Baja, El Sauzal).

La brecha se repite al comparar territorios limítrofes. El Atlas del INE permite observar las fronteras desiguales de cada municipio. En Santa Cruz de Tenerife, existe un contraste evidente entre las entidades de población de Acorán, que cuenta con una renta media de 74.450 euros y Añaza, con 24.097 euros.

En Las Palmas ocurre algo similar en el barrio de Escaleritas, donde la calle Obispo Romo marca la frontera entre dos zonas con rentas medias anuales muy dispares: 29.766 euros en una y 79.395 euros en la otra.

En el resto de islas, la desigualdad no es tan pronunciada, aunque también se observan diferencias notables de renta entre distritos colindantes.

Tal y como refleja el gráfico anterior, Lanzarote es la isla con mayor número de municipios con rentas elevadas. Aunque es en Arrecife donde se concentra tanto el distrito con la renta más baja de la isla, con 37.654 euros, como el la renta más alta, con 94.961 euros.

En comparación con el resto de comunidades autónomas, Canarias se sitúa como la novena región con menor renta de España y destaca por la elevada proporción de población con una renta media situada en el tramo más bajo. Este porcentaje solo es inferior en Murcia (58,7%), Extremadura (57,5%), Andalucía (56%) y Castilla La-Mancha (45,7%).

Los presupuestos del Principado para 2027 serán “un poco superiores” a los del ejercicio actual y rondarán los 7.000 millones de euros, según ha adelanto este martes el portavoz del Gobierno asturiano y consejero de Hacienda, Guillermo Peláez.

Peláez ha dado esta cifra tras las reuniones que han mantenido representantes del Gobierno, PSOE e IU-Convocatoria por Asturies con el Partido Popular y la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, y antes de hacerlo con el diputado de Foro, Adrián Pumares, para empezar a negociar los presupuestos del Principado para el próximo año.

El techo de gasto

Tras señalar que el crecimiento de los ingresos está estabilizado y se verán reducidas las aportaciones del Mecanismo de Recuperación y Resilencia, Peláez ha señalado que, desde la prudencia y a falta de consolidar todo el capítulo de ingresos, se situará por encima de los 6.993 millones del presupuesto de este año.

El techo de gasto, ha añadido, sigue sin cerrarse a la espera de que las estimaciones con las que están trabajando se concreten en cifras finales, aunque si ha detallado que los ingresos provenientes del modelo de financiación, que suponen el 65% del total, aumentarán un 5%.

La vivienda, en el centro del debate

Aún falta por definir que fondos del MRR y de Transición Justa de se podrán incorporar a las cuentas públicas o qué otros ingresos provenientes del Estado (la denominada financiación afectada) recibirá Asturias el próximo año, los derivados de la financiación local -el Principado funciona también como Diputación- y todo lo relativo a la estimación de los impuestos cedidos y los impuestos propios. 

Por otro lado, La diputada del Grupo Mixto y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, ha adelantado que la vivienda centrará la práctica totalidad de las demandas que va a plantear al Gobierno, PSOE e IU-Convocatoria por Asturies durante las negociaciones que hoy se han iniciado para tratar de llegar a un acuerdo que permita aprobar los presupuestos del Principado para 2027.

El apoyo de Tomé

Al margen del acuerdo que han alcanzado para aprobar una ley de Vivienda en las próximas semanas, Tomé ha señalado que en este campo “hay muchísimas cosas que hacer para mejorar la situación de las personas y que puedan acceder a una vivienda digna”.

“De eso se trata, de poner en marcha todas las herramientas que sean capaces de obtener resultados a corto, a medio y a largo plazo”, ha afirmado la diputada del Grupo Mixto, con cuyo apoyo, el Gobierno se garantiza la aprobación de las cuentas públicas.

El optimismo

Tomé ha hecho estas declaraciones al término de la reunión que ha mantenido con el presidente del Principado, Adrián Barbón, otros miembros del Gobierno y dirigentes de IU-Convocatoria por Asturies y el PSOE para iniciar la negociación presupuestaria.

Según la portavoz de Somos Asturies, tras esta primera toma de contacto hay que ser “optimista” ante la posibilidad de dar su apoyo a las cuentas públicas ya que se “abre un camino que es el de poder negociar unos buenos presupuestos”.

Ante la decisión del PP de no negociar los presupuestos si el Gobierno no retira la Ley de Vivienda que ha consensuado con Tomé, la diputada ha señalado que esa formación “no tiene ningún interés en que la situación de la vivienda mejore en Asturias” y sí en “blindar los intereses de los rentistas, inmobiliarias, grandes tenedores y fondos buitre”.

Solidez jurídica

De hecho, ha asegurado que a ese motivo se debe el hecho de que se haya puesto en duda la solidez jurídica de sus enmiendas por parte de la derecha, “que va a hacer todo lo que esté en su mano para bloquear la ley”.

Tomé ha manifestado su deseo de que salga adelante cuanto antes esta Ley de Vivienda con las ocho enmiendas que han acordado incorporar al texto, si bien ha advertido de que esto no condiciona la negociación presupuestaria que ahora se abre porque si el Gobierno plantea alguna medida que sea absolutamente contraria a sus principios no tendrá su apoyo.

El Partido Popular (PP) sólo se sentará a negociar los presupuestos del Principado de 2027 si el Gobierno que preside Adrián Barbón retira el proyecto de Ley de Vivienda que se está tramitando en el parlamento asturiano y cuya aprobación está prácticamente garantizada al haberse cerrado ya un acuerdo con la diputada del Grupo Mixto y portavoz de Somos Asturias, Covadonga Tomé.

Así lo ha asegurado el presidente de los populares asturianos, Álvaro Queipo, al término de la primera reunión que ha mantenido con el Gobierno, el PSOE e IU-Convocatoria para Asturias para hablar de las cuentas públicas del próximo ejercicio.

Queipo: “Es un documento dañino”

“Si hacen ese gesto y retiran un proyecto de ley, un documento que es claramente dañino para Asturias y que va en el sentido exactamente contrario a lo que necesita la sociedad asturiana para poner solución al problema de la vivienda, estaríamos dispuestos a sentarnos”, ha señalado Queipo tras un encuentro que se ha prolongado durante poco más de veinte minutos.

No obstante, Queipo ha advertido de que si Barbón retirase este proyecto de ley tendría que “abandonar a sus socios más radicales y volver a la centralidad si es que en algún momento estuvo en ella”, en referencia al apoyo que tiene de IU-CA y Tomé para la aprobación de los presupuestos autonómicos.

Acusaciones a Tomé de “sacar tajada”

Según Queipo, si Barbón opta por sus “socios radicales”, “el Partido Popular ni va a estar, ni quiere estar, ni debe estar” y si se aprueban los presupuestos para 2027 será una vez más con el voto de Covadonga Tomé, “que hará lo posible por sacar tajada a un Gobierno que está en minoría y que necesita apoyarse en esta radicalidad que tiene consecuencias para el Principado de Asturias en su conjunto”.

El hecho de condicionar la negociación a la retirada de la Ley de Vivienda se debe, según el líder popular, a que se trata de un proyecto que es “claramente dañino” para Asturias y que va en el “sentido exactamente contrario” a lo que necesita la sociedad asturiana para poner solución al problema de la vivienda.

Respeto institucional

Tras señalar que han acudido a esta primera reunión por respeto institucional, Queipo ha criticado que no les hayan presentado las cifras macroeconómicas del proyecto presupuestario, ni los ingresos que prevén ni los destinos y políticas que prevén llevar a cabo.

Eso sí, ha afirmado que sí puede adelantar que la intención del Gobierno pasa por volver a anunciar que va a presentar los mayores presupuestos de la historia “a costa de los bolsillos de todos los asturianos, galopando sobre la inflación sin ningún rubor” con el fin de “saciar las aspiraciones de esos socios más radicales”.

Los presupuestos, ha añadido, estarán una vez más diseñados “a contentar a los socios más radicales” ya que Queipo ya se imagina que la respuesta de Barbón a las premisas de los populares para negociar será negativa.

Las acusaciones de Tomé al PP

Por su parte, la diputada del Grupo Mixto y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, ha acusado este martes al Grupo Popular de intentar “bloquear” el proyecto de ley de Vivienda que se tramita en la Junta General del Principado al solicitar que los servicios jurídicos de la Cámara emitan un informe sobre la legalidad de sus enmiendas al texto.

Tomé había anunciado que el gobierno de coalición de PSOE e IU había aceptado ocho de sus 39 enmiendas al proyecto del Ejecutivo a la espera de cerrar la redacción de una de ellas relativa a la obligatoriedad de dar destino residencial y limitar las compras masivas por parte de grandes tenedores en zonas tensionadas, lo que dejaba cerrada la garantía de que la ley sería aprobada por la Cámara.

Intentos de paralizar la tramitación

Los populares cuestionaron la fórmula para incorporar las enmiendas de la parlamentaria del Grupo Mixto y pidieron que esas modificaciones se sometan al criterio de los servicios jurídicos de la Junta General lo que, a juicio de Tomé, constituye un intento de paralizar su tramitación “y no responde a un problema de técnica ni de legalidad sino a un bloqueo político”.

«Esto no va de legalidad o no legalidad. Esto va de que el Partido Popular de Álvaro Queipo opera como el brazo político del rentismo“, ha señalado la portavoz de Somos Asturies en un comunicado tras advertir ayer de que la futura ley pasará ”de ser una norma de mínimos a convertirse en un marco normativo pionero“ con multas de hasta 240.000 euros por acoso inmobiliario, la suspensión de nuevas licencias turísticas y cambios de titular en zonas tensionadas o la reserva obligatoria del 40% de suelo para vivienda protegida.

Los fondos europeos del denominado Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) han elevado en 1,3 puntos el PIB vasco y han generado 10.000 empleos, según la valoración del Gobierno vasco. El vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, del que depende la gestión de estos fondos, ha hecho un balance del proceso de cierre de este programa de ayudas, que se pusieron en marcha en la Unión Europea para superar el impacto socioeconómico de la pandemia de la COVID-19. Torres ha indicado que han movilizado en Euskadi 4.694 millones de euros y han alcanzado a 30.409 beneficiarios, a fecha de finalización del periodo de ejecución de los fondos marcada por el Gobierno de España el 30 de junio de 2026. De esa cuantía, 1.307 millones han sido gestionados por el Gobierno vasco, 2.918 millones proceden de convocatorias de gestión estatal y otros 469 millones corresponden a convocatorias gestionadas por otras comunidades autónomas que han repercutido en Euskadi.

En su intervención en comisión parlamentaria, Torres ha subrayado que estos fondos “han contribuido de forma significativa a la modernización del tejido productivo vasco y al refuerzo de su resiliencia económica, acelerando la recuperación tras la pandemia y apoyando la transición hacia un modelo más sostenible, innovador y competitivo”, y ha destacado el elevado nivel de ejecución en Euskadi. De los 1.307 millones de euros recibidos por el Gobierno vasco, se han comprometido 1.269 millones, lo que supone que el 97% de los recursos ya está asignado a proyectos y se ha ejecutado un 87,1%, lo que equivale a 1.106 millones de euros. “La combinación de un alto nivel de ejecución financiera y un elevado grado de cumplimiento de los objetivos refuerza la posición de Euskadi como una de las administraciones con mayor capacidad para transformar recursos europeos en resultados tangibles para la ciudadanía y el tejido económico”, ha señalado. Este nivel de ejecución ha aumentado en 62 millones de euros desde finales de 2025, algo que ha recordado que es “especialmente relevante porque se concentra en ámbitos estratégicos para la competitividad, la cohesión social y la modernización de los servicios públicos”. En cuanto al dinero no adjudicado, los remanentes, ha señalado que sólo se han devuelto 24 millones, y el resto está pendiente determinar si puede utilizarse.

En lo que se refiere a su distribución por territorios, los fondos adjudicados ascienden a 1.972,8 millones de euros en Bizkaia, 1.363,3 millones en Gipuzkoa y 874 millones en Álava. A ellos se añaden 512 millones vinculados a proyectos con impacto directo en Euskadi cuya territorialización resulta más compleja. El Gobierno autonómico también ha transferido directamente 313,6 millones de euros a diputaciones forales, ayuntamientos y otros organismos públicos para desarrollar actuaciones vinculadas al plan de recuperación. De esta cantidad, 91,4 millones han llegado a ayuntamientos y entidades locales y 86,8 millones a entidades públicas como la EHU, Visesa o Tuvisa, entre otras ha detallado.

Torres ha puesto en valor la participación de las empresas y entidades vascas en los PERTE —proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica— que se han convocado: “Además de gestionar eficazmente los recursos transferidos, nuestras empresas, centros tecnológicos, universidades y entidades han demostrado una notable capacidad competitiva para concurrir y obtener financiación en convocatorias estatales en abierta competencia”. De hecho, Euskadi ha captado cerca de 1.580 millones de euros mediante los diferentes programas, el 7,5% de los 21.138 millones adjudicados en el conjunto del Estado. De esta cantidad, 304,2 millones proceden de convocatorias gestionadas por el Gobierno vasco y 1.275,6 millones han sido obtenidos directamente por empresas y entidades vascas en convocatorias estatales competitivas, es decir, el 8,1% del total estatal.

Los PERTE con mayor impacto económico en Euskadi son el del vehículo eléctrico y conectado, con 623 millones de euros, el de energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento, con 353 millones, y el de descarbonización industrial, con 165 millones. Desde el cierre de 2025, las empresas y entidades vascas han incrementado en 76 millones los recursos captados a través de estos instrumentos.

La liquidación definitiva del mecanismo continúa pendiente, por lo que las cifras todavía podrían experimentar algunos ajustes durante el proceso final de verificación, certificación y validación, ha recordado Torres. “Los datos ponen de manifiesto que Euskadi ha sabido aprovechar una oportunidad histórica. Hemos alcanzado elevados niveles de ejecución, mantenemos un sólido grado de cumplimiento de los objetivos comprometidos, hemos reforzado nuestra capacidad de captar recursos en las convocatorias más competitivas y hemos logrado que el impacto de estos fondos llegue a todo el territorio y a miles de beneficiarios”, ha concluido.

Desde la oposición, la parlamentaria de EH Bildu, Lamia Arcas, ha pedido que se conozca bien el destino de las inversiones y el uso de los remanentes, así como qué va a pasar con los proyectos puestos en marcha cuando se acabe la financiación extraordinaria europea. Mientras tanto, el parlamentario del PP, Álvaro Gotxi, ha cuestionado que no se hagan informes de evaluación independiente del resultado de estos fondos, y ha señalado que una cosa es “financiar inversiones y otra aumentar la capacidad productiva”. Torres se ha comprometido a realizar dos informes de cierre del programa en el que se actualizarán todos los detalles.

En España se sigue confirmando, con mayor o menor precisión (pero así vuelve a reflejarse un año más en términos generales), una división territorial clara entre dónde residen los más ricos y dónde los más pobres. Y vuelve a ocurrir, sí, otra vez, que la mitad norte o septentrional es la de más renta media de sus habitantes y menos desequilibrios socioeconómicos, y la mitad sur o meridional, por el contrario, la de menos renta y más abismo entre unos grupos y otros.

De ese último segmento, el más pobre, sigue formando parte la comunidad autónoma de Canarias, y lo hace un ejercicio anual más, el de 2024, tal y como se contempla en el dibujo que vuelve a trasladar el Atlas de distribución de renta de los hogares (2024), el último trabajo de este tipo (con datos definitivos) y, por lo tanto, el más reciente, que este lunes ha publicado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Atendiendo a los resultados servidos, se llega a muchas conclusiones, y una de ellas es que Canarias se sigue manteniendo en el sur más pobre de España, pues el 36,2% (por el 36,6% de 2023, con una mínima mejoría) de su población residente vive con una renta neta media baja (803.584 personas). Este registro canario contrasta con el 1,3% del País Vasco, el más bajo en el país, el 3% de Navarra, el 4,7% de Asturias o el 5% de Illes Balears. El estudio fija cuatro rangos: bajo, medio-bajo, medio-alto y alto.

De esa manera, el archipiélago canario se convierte en la quinta comunidad autónoma del país con más habitantes de derecho con renta promedio incluida en la horquilla más baja, dato relativo que solo es inferior al de Murcia (58,7%), Extremadura (57,5%), Andalucía (56%) y Castilla-La Mancha (45,7%). Son las última, penúltima, antepenúltima y cuarta por la cola.

Esta conclusión se alcanza a través de la distribución de secciones (censales) y de la población que reside en ellas por comunidad autónoma y renta neta media anual por habitante (año 2024), una variable analizada por el INE en el estudio ya reseñado, el más actual.

Ese mismo indicador otorga a las islas un porcentaje de población residente del 30,9% (antes, el 32,2%, en 2023) dentro del rango de renta media-baja; del 19,2% (antes, el 18,2%), en la media-alta, y del 13,7% (el año 2023, el 12,9%), en la alta.

En Canarias, el 33% de sus municipios tuvieron una media de renta neta anual por habitante dentro de la horquilla baja, el quinto peor porcentaje dentro del país, aunque más positivo que los de Murcia (91,1%), Andalucía (83,9%), Extremadura (82%) y Castilla-La Mancha (43,5%).

Análisis detallado según distintos ámbitos

La renta neta media por persona a escala nacional aumentó el 6,1% en el año 2024 y se situó en 15.948 euros. Fueron los municipios de Pozuelo de Alarcón (Madrid), Matadepera (Barcelona) y Boadilla del Monte (Madrid) los que volvieron a liderar la clasificación de términos municipales de más de 2.000 residentes con mayor renta anual media por habitante en España.

En el lado opuesto, se hallaron Iznalloz (Granada), El Palmar de Troya (Sevilla) y Albuñol (Granada); o sea, los municipios de más de 2.000 habitantes con menor renta anual media por persona.

En el capítulo de las provincias con mayor renta neta anual por habitante, están las vascas de Gipuzkoa y Bizkaia, y Madrid. Las rentas más bajas se registraron de nuevo en la región andaluza: Almería, Huelva y Jaén.

Según la localización geográfica y también para 2024, el País Vasco fue la comunidad autónoma en la que el 89,7% de sus municipios estaba entre el 25% de los de mayor renta en toda España (por encima de 17.157 euros), seguido de la Comunidad Foral de Navarra, con el 71,3%. En el otro extremo, destacaron Región de Murcia, con el 91,1% de sus municipios entre el 25% con menor renta del país (menos de 13.407 euros), y Andalucía, con el 83,9%.

Renta neta anual por habitante y sección censal

Si se ordenan de menos a más las secciones censales según la renta media por persona, el 10% de las secciones con la renta más alta estaba por encima del último decil (21.652 euros) en 2024, mientras que las capitales de provincia con mayor porcentaje de secciones censales con renta neta anual media por habitante muy alta (por encima del último decil) fueron Donostia/San Sebastián (60,3%), Madrid (39,3%) y Bilbao (33,9%).

En cambio, las que menos, se llaman Soria y Cuenca (ambas con el 0%) y Guadalajara (con el 1,7%). Son las que presentaron los porcentajes más bajos de secciones censales con rentas muy altas.

Ahora bien, las capitales de provincia que tuvieron mayor porcentaje de secciones con renta neta anual media por habitante muy baja en 2024 (por debajo del primer decil, de 11.322 euros) fueron Melilla (31,8%), Ceuta (30,4%) y Alacant/Alicante (29,3%).

Gipuzkoa lideró la lista por provincias de ingresos anuales, con 20.790 euros de renta neta anual media por habitante en 2024, seguida de Bizkaia (19.858) y Madrid (19.277). Las provincias con menos ingresos anuales por habitante fueron Almería (con 12.244 euros), Huelva (12.765) y Jaén (12.835).

Las dos provincias canarias llegaron al promedio de 14.794 euros, en Las Palmas, y 14.286 euros, en Santa Cruz de Tenerife.

El mapa de la renta dibuja una España donde las fronteras no las marca la geografía sino la renta. Muestra las diferencias de ingresos calle a calle en un mismo municipio, la brecha entre el centro y la periferia, la distancia entre los barrios ricos y los más pobres. Gracias a los datos de cada sección censal (la unidad administrativa más pequeña disponible) puedes consultar la renta de cada vecindario utilizando 🔎el buscador e introduciendo una dirección, barrio o ciudad.

Los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) detallan la renta bruta media por hogar (es decir, antes de impuestos) de las declaraciones de IRPF de 2024 de los residentes de más de 36.000 secciones censales. Las estadísticas, por lo tanto, solo incluyen los ingresos de la declaración de la renta y no considera los ingresos pagados en negro o economía sumergida, las trampas fiscales a través de sociedades interpuestas o los ingresos no declarados a través de IRPF.

En el mapa también puedes explorar dónde se concentra el 1% más rico y el 1% más pobre de España. Dónde existen islas de renta (aquellas zonas rodeadas de unos niveles de renta totalmente distintos) y dónde están las fronteras más desiguales entre vecinos.

Las brechas no tienen la misma forma en todas las ciudades. Si miramos los datos barrio a barrio de ciudades como Madrid, la principal división se da entre un norte rico y un sur pobre, mientras que en Sevilla va de este a oeste. En Valencia o Zaragoza, sin embargo, las rentas altas se concentran en el centro y las bajas, en la periferia. 

Rentas más similares en los barrios pobres que en los ricos

En el siguiente gráfico puedes observar la distribución de rentas en España si dividimos a los barrios en 10 grupos iguales. Aquí, aunque la renta mediana bruta en España está en los 45.100 euros, los barrios en el 20% más pobre (los deciles 1 y 2) tiene una renta por debajo de los 36.700 euros. En el 10% de barrios con más renta, solo se ubican los barrios con rentas superiores a los 72.800 euros.

La estadística no refleja rentas superiores a los 167.076 euros por hogar ni menores a 20.000 euros para acotar los valores extremos de cada indicador que publica el organismo estadístico. Por eso hay múltiples secciones censales que comparten esta cifra exacta como renta media.

La desigualdad territorial también se observa en cada comunidad autónoma. En este gráfico hemos agrupado los barrios de cada territorio según su decil de renta, siendo el decil 1 donde se encuentran los barrios más pobres y en el decil 10 los más ricos a nivel nacional. Así, la distribución de la renta de los barrios se traduce también en una brecha a nivel autonómico.

Por ejemplo, en el sur de España se concentran los barrios con menos ingresos, y comunidades como Extremadura o Andalucía tienen a la mayoría de sus vecindarios en el 10% más pobre del país. En el extremo opuesto están Navarra, Baleares o Euskadi, con apenas un 1% de sus secciones censales en el decil más bajo.

¿Y qué pasa si nos fijamos en los municipios? Entre los más ricos están Pozuelo de Alarcón (Madrid) o Matadepera (Barcelona) y entre los más pobres Marchagaz (Cáceres) o Espadañedo (Zamora).

En la siguiente tabla puedes saber en qué grupo de renta está tu municipio. Los datos muestran la renta media bruta por hogar y si pulsas el botón + puedes ver su evolución desde 2015, fecha desde la que hay datos agregados a nivel municipal. 

Balón de oxígeno para Lula da Silva en la recta final de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil. El Senado aprobó el jueves una histórica reducción de jornada laboral sin pérdida salarial, una de las banderas electorales de Lula. Tras la aprobación del fin de la escala 6x1 (seis días trabajados por semana y uno libre) todos los trabajadores con contrato tendrán a partir de diciembre derecho a dos días libres semanales. Además, la jornada laboral se reduce de 44 a 40 horas. La medida afecta a 37,11 millones de personas que trabajan más de 41 horas a la semana, según el Ministerio de Trabajo.

“El fin de la escala 6x1 es más que un cambio en la jornada de trabajo. Es tener más tiempo para vivir, descansar, estar con la familia, ver cómo los hijos crecen, cuidarse y aprovechar la vida”, aseguró Lula en redes sociales. En un giro de última hora, el Partido Liberal (PL) del candidato Flávio Bolsonaro votó a favor, para evitar un castigo electoral (el 73% de los brasileños apoyan la medida). Sin embargo, Flávio Bolsonaro ya ha señalado al empresariado que revisará la medida en caso de que gane las elecciones.

Inicialmente, el fin de la escala 6x1 no estaba en los planes del Gobierno Lula. El detonante llegó de la mano de Rick Azevedo, un trabajador de una farmacia de Río de Janeiro, que acaba de ser elegido diputado. En septiembre de 2023 grabó un vídeo en TikTok para desahogarse, tras recibir una llamada de su jefa en su único día de descanso: “Quiero saber cuando nosotros, clase trabajadora, vamos a hacer una revolución en este país relacionada con la escala 6×1. Es una esclavitud moderna”. El vídeo se viralizó, propiciando el nacimiento Movimento Vida Além do Trabalho (vida más allá del trabajo). La diputada Erika Hilton, que el pasado día 4 obtuvo más de un millón de votos, se convirtió en la gran abanderada del fin de la escala 6x1. El Gobierno Lula abrazó la propuesta. La presión de Lula fue clave para su aprobación en el congreso en mayo por una amplísima mayoría.

Durante meses, Flávio ha criticado el fin de la escala 6x1 y ha defendido una ley alternativa para una “jornada flexible”, la PEC 12/2026, en la que el trabajador cobre por hora trabajada. “La propuesta acentúa la explotación de mano de obra. Va en contradirección de casi todos los ordenamientos jurídicos occidentales, incluso contrariando entendimientos consolidados hace décadas por la Organización de Trabajo (OIT)”, asegura a elDiario.es, Nasser Ahmad Allan, abogado especialista en derecho laboral y socio del despacho Gasam Advocacia.

Visiones opuestas

La postura de Lula y de Flávio Bolsonaro frente a la escala 6x1 revela dos visiones económicas opuestas. El triunfo de Flávio representa la continuidad de las políticas de ajuste fiscal del gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022); el de Lula, la inercia de sus políticas públicas de expansión del gasto público. 

Tijeretazo al estilo Milei. Tras ganar la primera vuelta de las elecciones presidenciales, Flávio Bolsonaro anunció un “tesouraço” (“tijeretazo”) del gasto público de 200.000 millones, sin tocar los gastos sociales. Su programa de gobierno prevé la eliminación de al menos diez ministerios, reforma tributaria, bajada de impuestos y retoma de la privatización de empresas públicas. Daniella Marques, asesora de economía de Flávio Bolsonaro, declaró en septiembre que su eventual gobierno eliminará más de mil normas, “usando la inspiración del gobierno de Javier Milei en Argentina”.

Al final del mandato de Jair Bolsonaro la deuda pública se redujo a un 72,9% del PIB. Una parte vino de la privatización de empresas controladas directa o indirectamente por el Estado: se privatizaron 83 empresas públicas (el número cayó de 213 a 130). Flávio Bolsonaro ha reiterado en campaña que privatizará la empresa pública de correos, entre otras. Durante el gobierno Lula, la deuda pública ha aumentado hasta el 82,9% del PIB en agosto. Lula no quiere abrir mano del gasto social. “Mucho dinero en mano de pocos es pobreza”, argumentó Lula en la entrevista en vivo el pasado jueves.

Programas y gastos sociales. Lula aseguró hace unos días que el tijeretazo anunciado por Flávio Bolsonaro afectará a los gastos sociales, algo refrendado por la mayoría de economistas. Maria Lourdes Mollo, profesora de economía da Universidade de Brasília (UnB), declaró a Monitor Mercantil que no es posible hacer cortes sustanciales en el presupuesto público sin afectar al área social. Lula cita el legado del gobierno de Jair Bolsonaro, cuando “políticas como 'Farmácia Popular', 'Minha Casa, Minha Vida' y 'Mais Médicos' perdieron recursos o fueron reducidos”.

El informe Después del desmantelamiento 2019-2022 del Instituto de Estudios Socioeconómicos reveló una caída generaliza en el gasto social del gobierno de Jair Bolsonaro. El programa 'Casa Verde Amarela', que substituyó al histórico 'Minha Casa, Minha Vida', redujo su presupuesto de 78,7 millones de reales (13,8 millones de euros) a 29,7. La inversión en el 'Farmácia Popular', que facilita medicamentos gratuitos para las rentas más bajas, cayó un 59%. El Bolsa Familia, el programa social lanzado por Lula en 2003, renombrado como Auxílio Brasil, fue el único que aumentó su valor. Sin embargo, fue debido a una medida legislativa del congreso durante la pandemia. Lula acaba de aumentar un 15% el Bolsa Familia, que afecta a 19,28 millones de familias. Cada una de ellas, pasará a recibir 691 reales (121 euros), en lugar de 600 (105 euros). 

Tanto Lula como Flávio Bolsonaro apuestan por mantener el Bolsa Familia. Aun así, Flávio ha criticado el programa y quiere vincularlo a la creación de empleo.

Salarios y pensiones. Durante la campaña electoral, Flávio Bolsonaro presentó a un círculo de empresario su plan sobre pensiones. La propuesta, que acabó filtrándose a la prensa, propone aumentar a 67 años la edad de jubilación (actualmente está en 65 para hombres y 62 para mujeres). Al mismo tiempo, la economista Laura Carvalho, autora del ensayo Valsa brasileira. Do boom ao caos econômico, denunció en el podcast Calma Urgente que Flávio Bolsonaro quiere desvincular el aumento de las pensiones al aumento del salario mínimo. La medida evitaría el ajuste automático del salario mínimo gracias a la Política de Valorização Permanente do Salário Mínimo, creada por Lula en 2003 y retomada en 2023. Aunque Jair Bolsonaro aumentó tanto el salario mínimo como las pensiones de acuerdo a la inflación, abandonó la política su revalorización que, además de la inflación, aplica también el crecimiento del PIB de los dos años anteriores.

Por este motivo, el salario mínimo en Brasil se ha revalorizado proporcionalmente más durante el gobierno Lula. El salario mínimo en Brasil ha pasado de 1.212 reales (212,2 euros) al final del mandato de Jair Bolsonaro a 1.621 reales (283,8 euros) en 2026. El salario medio es de 3.777 reales.

Inflación y economía cotidiana. El gobierno Lula sale mejor parado que el gobierno de Jair Bolsonaro en cuanto a control de la inflación. El aumento de los precios acumulado durante el gobierno Lula, hasta septiembre, fue de un 17,9%, según el Índice de Precios al Consumidor Amplio (IPCA). En los últimos doce meses, la inflación de Brasil se sitúa en el 4,58%. Durante el gobierno de Bolsonaro, hasta septiembre de 2022, la inflación acumulada fue del 25,26%. El peor año fue 2021, cuando la inflación escaló a un 10,16% anual. Sin embargo, con el alza del precio de la gasolina por la guerra de Irán y de algunos productos agrícolas por el cambio climático y la demanda global (por ejemplo, el café) la sensación de que la vida está cara está generalizada. En agosto, durante los primeros días de la campaña electoral, el equipo de Flávio Bolsonaro viralizó muchos vídeos a pie de supermercado denunciando el alto precio de los productos. 

Patricia Costa, economista del Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socioeconómicos (Dieese), aseguró a TVT News, que la insatisfacción tiene su raíz en el fuerte aumento de los alimentos durante el gobierno de Jair Bolsonaro: “En la pandemia, el precio del aceite de soja se duplicó. Llegó a unos 6 reales (1,04 euros) y nunca más bajó. El conjunto de la cesta básica aumentó el 68% entre 2019 y 2022 en la ciudad de São Paulo y 14% durante el gobierno Lula”. Durante el gobierno Bolsonaro (entre enero de 2019 y agosto de 2022), los alimentos y las bebidas aumentaron un 44,2%, frente a un 17,1% del gobierno Lula hasta el pasado agosto. El boletín de Dieese revela que algunos productos como el arroz han disminuido su precio durante el gobierno Lula. El kilo de arroz, que llegó a costar en agosto de 2024, 5,88 reales (1,02 euros), cayó a 4,45 (0,77) en agosto de este año gracias a la Política Nacional de Abastecimiento Alimentar (PNAAB) puesta en marcha por Lula en diciembre de 2023 mediante decreto presidencial. El decreto facilita que el gobierno acumule reservas de alimentos básicos, para lanzarlos al mercado en tiempos de escasez. 

Endeudamiento familiar y apuestas online. En agosto, Brasil batió el récord de endeudamiento familiar. El 81,7% de las familias tiene algún tipo de deuda, según la Pesquisa de Endeudamiento e Incumplimiento del Consumidor (Peic). “El gran villano continúa siendo la tarjeta de crédito. Muchas personas reciben límites de crédito mayores del que consiguen soportar”, aseguró la economista Carla Beni, de la Fundación Getúlio Vargas (FGV), a G1.

Sin embargo, el verdadero aumento del endeudamiento se produjo durante el gobierno de Jair Bolsonaro. Si a comienzos de 2019, el porcentaje de familias endeudadas estaba en un 59,8%, a finales de 2022 alcanzó el 79,3%. Detrás de la relativa estabilidad del porcentaje de familias endeudadas durante el gobierno Lula están algunas políticas públicas del gobierno Lula, como el programa Desenrola 2, que disponibilizó dinero público del Fondo de Garantía del Tiempo de Servicio (FGTS) para reducir deudas. Por otro lado, la gran apuesta para acabar con el endeudamiento de Lula ha sido la prohibición de las apuestas online. Las bets, como se conocen popularmente, representan el mayor motor del endeudamiento familiar en Brasil. Por otro lado, durante la campaña electoral, Lula consiguió presionar al Congreso y al Senado para la aprobación de un proyecto complementario de la ley de autónomos (Microemprendedor Individual en Brasil, MEI) que perdona parte de las deudas con los bancos públicos. La elevada tasa oficial de tipos de interés durante el gobierno Lula, establecida de forma independiente por el Banco Central, ha sido un impedimento para la reducción del endeudamiento familiar. En la actualidad es de un 13,75%. Jair Bolsonaro comenzó su mandato en 2019 con un 4,50% de tipos de interés. 

Por su parte, Flávio Bolsonaro se opone a la prohibición de las bets. Su propuesta para reducir el endeudamiento de las familias va en la dirección de Lula: comprar deudas y refinanciarlas con tipos de interés menor con dinero público. 

Poder adquisitivo, desigualdad y empleo. La renta domiciliar per cápita de Brasil alcanzó los 2.316 reales (405,4 euros), según el Instituto Brasileño Geoestadístico (IBGE). La cifra, un récord histórico, representa un aumento significativo (en 2022 era de 1.625). El aumento fue más acentuado en quienes ganan menos. A pesar de ello, el 10% más rico de la población aumentó un 8,7% su renta.

El aumento de la renta domiciliar per cápita, además de estar vinculado a los programas sociales, está directamente relacionado con a caída del desempleo. Lula ha conseguido el pleno empleo, situando la tasa de paro al 5,3% en agosto, según la Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios (Pnad). Jair Bolsonaro, cuyo gobierno registró un 14,2% de desempleo en 2020, acabó su mandato con un 8,4%. Además, durante el gobierno Lula el trabajo informal se ha reducido a un mínimo histórico (37,2%). Por otro lado, durante el gobierno de Jair Bolsonaro Brasil entró en el mapa del hambre de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) entre 2019 y 2021. Brasil volvió a salir del mapa del hambre en el trienio 2022-2024, cuando el porcentaje de la población que sufre con malnutrición o falta de acceso a la alimentación cayó a menos del 2,5%. 

La economista Juliane Furno, destaca en un artículo en Le Monde Diplomatique, la importancia de la exención de impuestos aprobada por el gobierno Lula a finales de 2025 para quien gana hasta 5.000 reales al mes (874,6 euros): “La exención del impuesto de la renta financiada por una tributación mínima sobre las altas renda representa el primer movimiento histórico concreto en décadas para volver menos regresiva la estructura tributaria brasileña”. Por otro lado, la reciente aprobación de la ley complementaria de autónomos aumenta el techo de facturación de 80.000 a 110.00 en 20227 y 140.000 en 2028.

PIB, bolsa y economía global. Cuando Jair Bolsonaro llegó a la presidencia brasileña, el país ocupada el noveno lugar en el ranking de economías del mundo. El decrecimiento de 3,3% en 2020 arrastró a Brasil hasta la decimotercera posición. A pesar de que Brasil creció en 2021 (4,8%) y 2022 (2,9%), no volvió a figurar entre las diez economías más grandes del mundo hasta el gobierno Lula. En 2023, Brasil volvió a ocupar la novena posición. Desde 2024 hasta la actualidad, Brasil ocupa el décimo puesto. Durante el gobierno Lula, el PIB de Brasil creció moderadamente: 3,2% en 2023, 3,4% en 2024 y 2,3% en 2025 . En 2026, según cálculos del Fondo Monetario Internacional (FMI), el crecimiento será de un 2,2%. El FMI prevé que sea la octava economía del mundo en 2027, con un PIB proyectado de 2,65 mil millones de dólares, muy cerca de Italia (2,7 mil millones) y de Rusia (2,83).

En comercio, externo, Lula sale mejor parado que Jair Bolsonaro. La balanza comercial durante el gobierno de Jair Bolsonaro acumuló un superávit de 208,5 mil millones de dólares, según el Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Secretaría de Comercio Exterior. El gobierno Lula, hasta el mes de agosto, acumula un superávit de 365,9 mil millones. 

Por si fuera poco, Lula también ha conseguido atraer más capital extranjero que Jair Bolsonaro.

La bolsa de São Paulo (Bovespa) registró en enero un récord de capital extranjero: 26.000 millones de dólares, superando la cifra de todo el 2025 (25.000). De enero de 2023 hasta el 30 de septiembre de 2026, el Ibovespa, el principal índice bursátil brasileño aumentó un 69,8%. Bajo la gestión de Bolsonaro, el índice subió apenas un 24,86%. De cualquier forma, el aumento de inversión extranjera está relacionado a los elevados tipos de interés. “Nuestros tipos de interés está algo por problemas fiscales. Si reduces un poco la tasa, el capital extranjero, se va”, aseguró Marx Gabriel, CEO de MB Consultoria, a UOL.

Canarias se situó en agosto a la cabeza de España en trabajadores afectados por ERE con un total de 1.065 y también en despidos colectivos, con 768, según datos provisionales del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En el conjunto del país el número de trabajadores afectados por despidos colectivos aumentó un 30,5% en agosto en relación al mismo mes de 2025, hasta un total de 1.947 afectados.

Por contra, el número de trabajadores que se vieron inmersos en un procedimiento de suspensión de contrato se redujo en un 37,1%, hasta los 1.291, mientras que los afectados por reducción de jornada se redujeron en un 42,3%, hasta los 241.

En total, sumando los tres tipos de procedimientos, los trabajadores afectados por Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) autorizados por las autoridades laborales o comunicados a las mismas disminuyó un 12,2% con respecto al mismo mes del año anterior, con un total de 3.479 afectados.

De estos casi 3.500 trabajadores que estaban en ERE en agosto, el 19,2% (670 trabajadores) estaban vinculados a procedimientos originados por fuerza mayor, mientras que el resto, 2.809 (80,74%) estaban por procedimientos de regulación derivados de causas económicas, técnicas, organizativas y de producción (ETOP). Los primeros se redujeron un 51,9% con respecto a un año antes y los segundo aumentaron un 9,3%.

El Ministerio recuerda que cuando un procedimiento afecta a varios centros de trabajo ubicados en provincias distintas, se computa en la estadística un procedimiento por cada provincia. Además, si una empresa comunica trabajadores afectados en distintos meses, se computa un procedimiento por cada mes.

El sector servicios acapara los despidos colectivos

De todos los trabajadores que se vieron afectados por despidos colectivos en agosto, el 86,9% (1.692) pertenecía al sector servicios, lo que supone un incremento del 53,8% con respecto a agosto de 2025.

Este es el único de los sectores donde se produjo un incremento de despidos colectivos.

Así, 145 trabajadores pertenecían a la industria, lo que supone un descenso del 52,6%, mientras que los despidos colectivos afectaron a 78 trabajadores de la construcción (-9,3%). En cuanto a los trabajadores del sector agrario, los despidos colectivos afectaron a 32 de ellos, misma cifra que un año antes.

El sector de la construcción fue el único donde se incrementó el número de trabajadores afectados por suspensión de contrato, con un crecimiento interanual del 154%, hasta los 56. La cifra se redujo en el resto de sectores.

En cuanto los procedimientos de reducción de jornada en el sector servicios, estos fueron más del doble que un año antes (+145%), afectando a 127 trabajadores. Por contra, la cifra se redujo un 69% en el sector industrial, hasta 114, mientras que no hay registros en los otros dos sectores.

Por comunidades autónomas, tras Canarias se situaron la Comunidad de Madrid (633) y Castilla y León (433) en trabajadores afectados por ERE mientras que en los procedimientos de despido colectivo a las islas les siguen Comunidad de Madrid (396) y Andalucía (246).

Un hostelero de Oviedo/Uviéu tuvo que admitir que tenía trabajando a seis camareros, cinco djs y la persona encargada del guardarropa sin estar dados de alta en la Seguridad Social cuando efectivos de la Policía y de la Inspección de Trabajo se personaron en el discobar del casco antiguo. Los empleados no tenían contrato y estaban trabajando cuando los funcionarios y policías aparecieron en el local el 5 de marzo de 2023 a las 06:30 horas.

Tres años y siete meses después, el administrador general y encargado del discobar ha vuelto a reconocer los hechos, pero en esta ocasión delante de los tres magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Asturias, que le han impuesto una condena de seis meses de prisión por un delito contra los derechos de los trabajadores.

Sin contratos

El acusado reconoció ante el tribunal los hechos imputados por la Fiscalía. Dijo que era el administrador y encargado de un discobar en la calle Ildefonso Martínez de Oviedo/Uviéu, propiedad de una sociedad limitada. En el cargo de administrador único figuraba desde el 18 de mayo de 1999.

La situación era clara. No podía probar con documentación que las 12 personas que estaban en sus puestos de trabajo en el discobar estuvieran dados de alta en la Seguridad Social en el curso de una inspección en materia laboral y extranjería efectuada conjuntamente por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior de Oviedo y la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Asturias.

La condena

Tras reconocer los hechos, el acusado aceptó una condena de seis meses de prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y el pago de una multa de 6 meses con una cuota diaria de 8 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.

En concepto de responsabilidad civil, se comprometió a indemnizar a la Tesorería General de la Seguridad Social en las cantidades que se han dejado de satisfacer en concepto de cuotas de cotización a la Seguridad Social que se acrediten en ejecución de sentencia, más los intereses legales correspondientes.

Además, tendrá que abonar a cada uno de los trabajadores que se encontraban en el local en el momento de la inspección con 200 euros por los perjuicios morales ocasionados.

El 'VI Informe de Coyuntura Económica de Cantabria', promovido por el Colegio de Economistas, ha revelado que la comunidad ha crecido un 2,3% en el primer semestre de 2026, por debajo del 2,7% registrado en el conjunto de España.

El documento, presentado este jueves en la entidad colegial por su presidente, Fernando García, y el profesor de la Universidad de Cantabria (UC) Marcos Fernández, refleja un escenario de contrastes en la región, con varias fortalezas sociolaborales, como la bajada de la tasa de paro hasta el 7,3% o el nivel formativo de los jóvenes, que supera “con amplitud” la media del país.

Pero “a esta base sólida” se contraponen debilidades estructurales que obstaculizan la convergencia con España, entre ellas una elevada inflación, un escaso dinamismo empresarial y un retroceso en el mercado exterior que limita la operatividad del tejido productivo.

El estudio, elaborado por los profesores de la UC Marcos Fernández y Alejandro Bedia, evalúa el escenario económico mediante el cruce de más de 60 indicadores. Los datos constatan que la economía cántabra crece a un ritmo inferior al del conjunto de España, una diferencia que acentúa una brecha de nueve puntos en la renta por habitante.

Como contrapunto positivo, García ha detallado que las finanzas públicas autonómicas lograron un saldo favorable en julio y que el tráfico del Puerto de Santander registró incrementos cercanos al 5%. Por el contrario, Fernández ha señalado que las tensiones en el mercado de la vivienda y la baja inversión en innovación suponen “riesgos a corto y largo plazo”.

Inflación y mercado laboral

La radiografía demográfica arroja un incremento de la población residente en Cantabria del 0,7% interanual, aunque son los flujos migratorios los que sostienen este avance.

Según Fernández, este escenario convive “con una severa escalada de la inflación”, ya que el Índice de Precios al Consumo (IPC) repuntó en la comunidad un 5,1% en agosto, por encima del 4,3% contabilizado en toda España. La inflación subyacente sigue la misma pauta y sube hasta el 3,8%.

“Este sobrecoste penaliza la competitividad de las empresas y merma el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores”, ha subrayado.

En contraposición, el mercado de trabajo aporta algunos de los indicadores más favorables del informe, con una tasa de desempleo del 7,3% en la comunidad, frente al 9,9% contabilizado en el conjunto del país.

El nivel de ocupación de las personas de 25 a 54 años asciende al 83,1%, por encima del promedio estatal del 80,7%. Además, el 59,8% de los residentes en Cantabria de entre 25 y 34 años cuenta con formación superior, frente al 52,5% del conjunto de España.

Frente a estos datos, la creación de empleo mostró una desaceleración durante la primera mitad del año. La afiliación a la Seguridad Social avanzó en la región entre un 1,2% y un 1,4% interanual en el primer semestre, aunque en septiembre se aceleró hasta el 2,5%.

Aun así, continúa por debajo del 3,4% de media nacional. En el ámbito salarial, la variación pactada en los convenios colectivos cerró agosto en el 3,6%.

Dinamismo empresarial e innovación

El tejido productivo muestra un dinamismo inferior al promedio español. La constitución de sociedades se situó en un crecimiento interanual del 3% en julio, lejos del 10% nacional.

Además, la disolución de empresas repuntó un 9% en Cantabria, un ritmo superior al registrado en el conjunto de España, donde se situó por debajo del 7%.

En el terreno de la innovación, los datos reflejan un “déficit crónico” que lastra el desarrollo regional. El gasto total en I+D representa el 0,98% del PIB cántabro, frente al 1,6% nacional, mientras que la inversión del sector privado supone un 0,34%, frente al 0,89% de España.

Comportamiento sectorial y vivienda

El análisis por sectores muestra que el primario aporta el 1,8% del Valor Añadido Bruto (VAB) regional y que su pérdida de afiliados se moderó, con una caída interanual próxima al 1%.

La industria genera el 20,9% del VAB autonómico, por encima del 15,6% estatal, pese a que la creación de puestos de trabajo en este ámbito se estancó en la comunidad a comienzos de año.

Por su parte, la construcción supone el 6,5% del VAB autonómico y su nivel de empleo creció un 2% interanual en septiembre. Sin embargo, sus indicadores de actividad evolucionan a la baja: la licitación oficial acumuló descensos en 2026, los visados de obra nueva cayeron un 13% y las transacciones de viviendas bajaron un 6,8% en el segundo trimestre.

Estos datos coinciden “con una grave tensión de los precios”, ya que la vivienda acumula en Cantabria un encarecimiento del 46,5% desde 2022, una subida que casi triplica la inflación general y la mejora de los salarios.

“Esta barrera de acceso complica el asentamiento de la población joven y dificulta la atracción de talento cualificado hacia la región”, ha advertido Fernández.

Por otra parte, el sector servicios ejerce “de tractor” de la economía al representar el 70,8% del VAB y concentrar el mayor volumen de puestos de trabajo. Su nivel de empleo creció un 2,7% interanual en septiembre y su cifra de negocios registró alzas superiores al 10% en meses como junio.

Dentro de este sector, los servicios de mercado intensivos en conocimiento aglutinan el 9,1% del empleo regional, por debajo del 11,7% de España.

Sector exterior y cuentas públicas

El estudio muestra además que la internacionalización de la economía cántabra se mantiene en niveles “muy bajos”, ya que las exportaciones representan el 17,5% del PIB y las importaciones el 16%, frente a los promedios nacionales del 24,2% y el 27,8%, respectivamente.

En este sentido, el informe señala que las ventas al exterior llegaron a caer un 5% interanual, aunque en los últimos meses moderaron ese descenso por debajo del 1%. Como contrapunto favorable, el tráfico portuario de Santander registró incrementos próximos al 5% a comienzos de 2026.

Finalmente, el informe recoge que, en el balance del sector público, los ingresos no financieros aumentaron “notablemente” durante la primera parte del año y el saldo presupuestario autonómico entró en cifras positivas en julio, con un 0,25% del PIB.

Caja Rural de Asturias inaugura este jueves en el Natahoyo su decimoquinta oficina en Gijón/Xixón, la número 128 de su red de sucursales. Una apertura que refuerza la presencia de la entidad financiera en la ciudad y su apuesta por un modelo de banca basado en el conocimiento del territorio y la relación a largo plazo con sus clientes.

Para Antonio Romero, director general de Caja Rural de Asturias, “esta nueva oficina nos permitirá ampliar la capacidad de atención a particulares, profesionales y empresas en una zona de Gijón con una marcada identidad industrial, que convive con equipamientos culturales, ejes comerciales y complejos deportivos de referencia”.

El compromiso

Situada en la calle Dos de Mayo número 31, en un amplio y luminoso espacio de 150 metros cuadrados, la oficina cuenta con un equipo de profesionales, con Hugo García como director, y ofrecerá atención especializada tanto en operativa bancaria diaria como en ahorro, financiación, seguros e inversión a empresas, particulares y profesionales del barrio gijonés.

Para el presidente de Caja Rural de Asturias, Fernando Martínez, “después de inaugurar hace unos meses nuestra nueva oficina principal en la plaza del Humedal, esta apertura demuestra nuestro compromiso con el desarrollo económico local y el deseo de estar cerca de todos nuestros clientes”.

Cercanía, transparencia y confianza

El diseño del local, obra del arquitecto José María Fernández Arbaiza, favorece una experiencia eficiente y cómoda, con acceso adaptado para personas con movilidad reducida y una zona específica de cajero automático que permite realizar operaciones con autonomía.

El diseño interior responde a los valores de cercanía, transparencia y confianza que caracterizan a Caja Rural de Asturias, apostando por espacios abiertos y funcionales que facilitan la relación entre clientes y profesionales y mejoran la experiencia de atención.

Una nueva oficina en Solares (Cantabria)

La apertura del Natahoyo coincide en tiempo con la inauguración de una nueva oficina en Solares, Cantabria, enmarcada en el proceso de crecimiento de la entidad financiera en la comunidad vecina.

Solares suma la octava sucursal de Caja Rural de Asturias en Cantabria, donde desembarcó en 2023 y ya cuenta con presencia en Cabezón de la Sal, Torrelavega, Santander, Potes, Castro-Urdiales, Reinosa y Los Corrales de Buelna.

Con estas dos nuevas aperturas, Caja Rural de Asturias amplia su red a 128 oficinas en tres comunidades Asturias, Cantabria y Madrid y más de 650 empleados a datos de octubre de 2026. La entidad financiera cuenta con la confianza de más de 368.000 clientes a cierre de 2025.

El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias y el Sindicato de Vivienda de Asturias han anunciado este jueves la creación del Comité Popular para la Huelga General, respaldado por más de 50 colectivos sindicales, sociales, culturales y políticos de la sociedad civil asturiana, y la constitución a partir de mañana, viernes, de Comités Populares Locales en las localidades de Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres, Langreo, Siero y Villaviciosa.

Sus portavoces, Andrés García y Lucía Fernández, han invitado a la ciudadanía a sumarse, mañana a las siete de la tarde, en las plazas de estas localidades para su constitución.

La movilización

Estos comités tendrán como objetivo prioritario la organización de la huelga en los centros de trabajo y de estudio, plazas, mercados, comercios, barrios, hospitales y escuelas, donde se repartirá publicidad, se pegarán carteles y se colocarán pegatinas a favor del paro.

Además, se crea el Comité General de la Huelga Popular, que integra a más de 50 colectivos de los movimientos feminista, ecologista, de pensionistas, culturales y juveniles, así como a sindicatos como CCOO, UGT y CNT

Estos comités, según han indicado los portavoces, nacen por iniciativa del movimiento por la vivienda pero están abiertos a otras organizaciones y a personas sin militancia, con el objetivo de poner sobre la mesa el debate sobre la crisis estructural de la vivienda.

La acampada en La Escandalera

Por otro lado, han confirmado que la acampada que permanece instalada en la Plaza de la Escandalera, en la capital asturiana, no será levantada de forma voluntaria ante la proximidad de su cercanía al Teatro Campoamor, donde el próximo viernes, día 23, se celebrará la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias.

Tampoco muestran recelo ante un posible desalojo de la Policía: “Vamos a seguir movilizados y organizados, de cara a la huelga general”, ha aseverado Andrés García.

El 12,2% de los hogares asturianos tuvo problemas el pasado año para pagar el alquiler o la vivienda, según refleja el XVI Informe del Estado de la Pobreza, elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), relativo a las comunidades autónomas.

El estudio, que se realiza mediante el análisis de los microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) de 2025, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), apunta que las dificultades para hacer frente a los gastos de vivienda provocaron que el 10,6 % de la población española se retrasara en el pago del alquiler o de la hipoteca en 2025, un problema que se extendió en mayor medida en las comunidades de Murcia, Andalucía, Canarias, Cantabria, Asturias y Castilla-La Mancha, y en Melilla y Ceuta.

Retrasos en el pago

El informe sitúa a la vivienda como uno de los principales factores generadores de pobreza, y recoge los retrasos en el pago del alquiler o la hipoteca como una señal de dificultad para sostener el gasto en esta materia.

En 2025, el 10,6 % de la población española declaró retrasos en estos pagos, con las comunidades de Murcia (14,5 %), Andalucía (14,2 %), Canarias (12,9 %), Cantabria (12,8 %), Asturias (12,2 %) y Castilla-La Mancha (12,8 %) por encima de la media.

El esfuerzo económico de las familias

El aumento del gasto que se destina al pago de la vivienda constituye un indicador esencial del esfuerzo económico que deben realizar las familias, con un 7,2 % de la población española que destina más del 40 % de su renta para hacerle frente (se recomienda que no supere el 30 %).

Con la subida de los precios tanto de compraventa como de alquiler de manera destacada en algunos territorios, en 2025 cuatro comunidades registraron un porcentaje de personas con gasto elevado en la vivienda superior a la media estatal: Comunidad de Madrid (9,9 %), Valencia (8,5 %), Cataluña (7,8 %) y Castilla y León (7,6 %).

Cambio en el acceso a la vivienda

También las ciudades autónomas, con Melilla a la cabeza al dispararse el porcentaje hasta el 13,8 %, mientras que en Ceuta se sitúa en el 7,3 %. En el otro extremo se sitúan Navarra (3,5 %), Extremadura (4,2 %), Aragón (4,4 %), Galicia (4,8 %) o País Vasco (4,9 %).

A nivel estatal, la proporción de población con hogares en propiedad ha caído del 80,2 % en 2008 al 73,7 % en 2025, mientras que el porcentaje de personas que viven en alquiler ha subido del 14,3 % al 20,8 %, lo que refleja un cambio estructural en el acceso a la vivienda.

La tasa de pobreza infantil

En 2025 más de 2,2 millones de niñas, niños y adolescentes en España estaban en riesgo de pobreza, un 28,4 %, lo que refleja, al igual que el año anterior, la tasa más alta con respecto al resto de países de la Unión Europea, ocho puntos porcentuales superior a la media comunitaria (19,6 %), según detalla el informe.

Mientras que en comunidades autónomas como País Vasco (13,4 %), Galicia (14,2 %), Aragón (17,5 %) y Cantabria (18,0 %) menos de uno de cada cinco menores de 18 años está en pobreza, en Murcia (40,2 %) y Andalucía (39,3 %) son cerca de dos de cada cinco. En el caso de la ciudad autónoma de Melilla se dispara al 56,9 % mientras que en Ceuta se sitúa en el 37,7 %.

Pobreza severa

Otro de los indicadores analizados es la pobreza severa, la proporción de personas cuyos ingresos por unidad de consumo son inferiores al 40 % de la mediana de renta estatal del año de referencia.

En 2025 se consideró a personas en pobreza severa a quienes viven en hogares con ingresos inferiores a 8.147 euros anuales por unidad de consumo (679 euros al mes), cuya tasa se situó a nivel estatal en el 8 % de la población, lo que se traduce en cerca de 4 millones de personas.

Por comunidades autónomas

Ninguna de las comunidades del sur registra valores inferiores a la media estatal, con Melilla a la cabeza (25 %), seguido de Ceuta (14,5 %), Valencia (11,8 %), Andalucía (11,4 %), Murcia (11,2 %), Extremadura (9,9 %), Castilla y León (9,8 %), Asturias (8,8 %), Castilla-La Mancha (8,8 %) y Canarias (8 %).

En el otro lado se sitúa País Vasco con la menor tasa de pobreza severa (4,1 %), Aragón (4,2 %), Navarra (4,6 %), Cataluña (5,3 %), Madrid (5,4 %), Cantabria (5,6 %), Galicia (6,5 %), Baleares (6,9 %) y La Rioja (7,6 %).