El Ayuntamiento de Logroño ha aprobado este viernes, en sesión en pleno extraordinario, un Plan Económico-Financiero para el cumplimiento de la regla de gasto y el equilibrio presupuestario del Consistorio en los ejercicio 2026 y 2027. Una medida obligatoria del Ministerio de Hacienda, tras haberse incumplido la regla de gasto en 2025, con un exceso de un 2,5 por ciento sobre el límite marcado de 3,2%, a la que se ha dado el visto bueno con los votos a favor de PP, Podemos y Partido Riojano, y la abstención de PSOE y VOX.

Como ha explicado el concejal de Hacienda Francisco Iglesias, “se trata del último paso del Presupuesto del ejercicio 2025”, tras la liquidación de estas cuentas, aprobada en el pleno del pasado día 9 de abril, en el que “se volvió de nuevo a cumplir los parámetros de las reglas fiscales”. En concreto, de acuerdo con el informe presentado en la sesión, se ha cumplido en el pasado ejercicio la estabilidad presupuestaria, la deuda pública y la morosidad comercial “pero se incumplen los objetivos de la regla de gasto”.

En palabras de edil, esta regla de gasto no se cumplió “al haberse gastado una cantidad mayor que el porcentaje marcado en los capítulos 1 al 7 del presupuesto”, lo que “obliga a rendir cuentas con este plan”. Así, ha detallado que el límite de gasto para el pasado ejercicio estaba marcado en 144,8 millones, cuando el gasto real del Ayuntamiento logroñés fue de 148,57 millones, “es decir, 3,6 millones más”. En porcentaje, lo marcado era un 3,2%, mientras que el Consistorio capitalino llegó al 5,82%, es decir, “un 2,54% por encima del límite”.

A ello ha sumado Iglesias “que también ha habido incumplimiento de la regla de gasto en Logroño Deporte”, en un 0,27% en términos porcentuales, en la realidad, algo más de 14.100 euros. Estas cifras suponen, ha recalcado el concejal, “que hay que presentar este Plan Económico-Financiero para los ejercicios 2026-2027”, con el objetivo de cumplir la regla de gasto “y para corregir ese desvío que se ha dado”.

El plan se elaborará “siguiendo las directrices” marcadas por el organismo competente del Ministerio de Hacienda; luego, se presentará al Gobierno de La Rioja, “lo que se hará hoy mismo, tras su aprobación en este pleno”; tras ello, toda la documentación se trasladará al Ministerio; y, finalmente, a partir de ahí, el Ejecutivo regional irá controlando el cumplimiento “con informes periódicos”.

“Es un plan meramente formal -ha afirmado Francisco Iglesias- sin medidas que aplicar y que se corrige ya con las cuentas de 2026 y con el de 2027, que cuentan y contarán con equilibrio presupuestario. El impacto presupuestario del plan, por tanto, es cero, ya que no hay medidas económicas concretas”. Con todo, a juicio del edil, “es un escalón que nos viene bien subir, porque este Ayuntamiento ha tenido unos gastos importantes en los capítulos 1 al 7 de sus cuentas, que han llevado lejos de la regla de gasto”.

“Hemos cerrado un año 2025 complicado de gestionar, pero del que se ha salido con números correctos, sin que un solo servicio se haya perdido ni se haya dejado de prestar”, ha subrayado Iglesias, quien ha concluido resaltando que el plan “no impactará económicamente en nada en 2026 y 2027, y permitirá ir cumpliendo con la regla de gasto”.

La respuesta de la oposición

Por parte de los Grupos, el regionalista Rubén Antoñanzas, pese a reseñar su voto favorable, ha criticado que “han tenido que recortar, entre otras cosas, de Servicios Sociales para cuadrar las cuentas, por lo que ha afeado que ”no hay nada en el tema presupuestario que este Gobierno y este alcalde no esté incumpliendo“.

Para la portavoz de Podemos Amaia Castro, “es increíble que, para este Gobierno y para este Partido Popular, todo lo malo que ocurre es culpa de Pedro Sánchez”, por lo que ha pedido al Ejecutivo local y al partido que lo sustenta “un poco de coherencia y de asumir sus responsabilidades”.

Desde VOX, su portavoz María Jiménez ha lamentado que “no estamos ante una simple formalidad técnica, sino ante una forma de gobernar irresponsable”, criticando que “la regla de gasto se ha incumplido por una voluntad política, de gastar más de lo debido, echando mano de los remanentes sin atender a las necesidades reales de los logroñeses”.

A juicio del portavoz del PSOE, Luis Alonso, “es maravilloso, que todo sea culpa del Gobierno de Pedro Sánchez”, y eso, ha lamentado, “pese a que se ha cerrado la liquidación del presupuesto de 2025 con unas aportaciones del Estado que han sido de récord”. “Y ahora nos vienen a decir que el Gobierno central les está asfixiando, no tiene ningún sentido”, ha finalizado Alonso, quien ha aprovechado para preguntar al Ejecutivo municipal, y, en concreto, al alcalde Conrado Escobar que “ha subido la presión fiscal un 2,4%, ¿pero no dijo que la iba a bajar un 10%? ¿dónde está?”

Por parte del Grupo Popular, la portavoz del equipo de Gobierno Celia Sanz ha llamado a la tranquilidad de los logroñeses “porque lo que se plantea en este plan ya está resuelto, con un presupuesto para 2026 que se ha aprobado ya con equilibrio presupuestario”. “Es una medida ficticia impuesta por el Ministerio”, ha asegurado Sanz, quien, para finalizar, ha achacado buena parte de la situación a que la regla de gasto “no se aprobó por parte del Gobierno central hasta marzo del año pasado”, a lo que ha sumado que “no tenemos PGE desde hace años, están asfixiando a los españoles y a los ayuntamientos”.

Después de mucho tiempo intentando evitarle, el Partido Popular tuvo que enviar a uno de sus delanteros titulares a hacer una pregunta a Carlos Cuerpo en la sesión de control. No es que estuvieran aterrorizados con la oratoria del nuevo vicepresidente. Lo que les pasaba es que no se atrevían a hablar de economía. Bah, a quién le interesan esas cosas. Es más divertido pegar gritos y hablar de Ábalos y sus chicas.

El marronazo cayó en manos de Ester Muñoz, que intentó ceñirse al manual de costumbre y hablar de la corrupción. A ver si colaba. “¿A usted le indigna que una empresaria haya acreditado que llevaba bolsas de dinero a Ferraz?”. Dijo “empresaria” como si fuera una integrante de la junta directiva de la CEOE, pero se refería a Carmen Pano, imputada en la Audiencia Nacional por un fraude millonario en hidrocarburos y que ha declarado como testigo en el juicio de Ábalos, Koldo y Aldama. En realidad, Pano no acreditó nada. Reiteró una denuncia que ha sido desmentida por Aldama, la persona que supuestamente le ordenó llevar ese dinero. Es un testimonio que no tiene pruebas detrás. Ni siquiera sabe a quién entregó la bolsa. Era alguien que la esperaba a la salida de un ascensor.

Cuerpo no cayó en la trampa ni quiso aparentar lo que no es. Nada de gritos y golpes en el pecho. Con tono pausado, casi hablando al cuello de la camisa (hipertenso, no parece), quiso hablar de “los problemas de los ciudadanos”. Empezó recordando que lleva ya algún tiempo en el Gobierno sin que el PP se haya enterado: “No están preocupados por la economía. Dos preguntas al ministro de Economía en dos años y medio. No están preocupados por la vivienda. Menos del 3% de las preguntas de su grupo han ido sobre materia de vivienda”. Y para cerrar, y sin excitarse, una referencia a otro olvido: “Vemos que en el acuerdo con Vox en Extremadura la palabra ‘autónomos’ aparece cero veces”.

Muñoz no podía sacar la espada ante el evidente desinterés de Cuerpo por lanzarse al cuadrilátero. “Ser educado no es ser moderado”, le dijo, un reconocimiento implícito del hecho de que los diputados de la oposición no suelen ser muy educados en el hemiciclo. Probó con un argumento que le debió de parecerle muy bueno. “No puede decirse moderado y sentarse junto a Óscar Puente”.

Ella se sienta al lado de Miguel Tellado. Por otro lado, nadie ha cometido nunca el error de llamar ‘moderada’ a Muñoz, con lo que no se verá afectada.

La segunda pregunta a Cuerpo la hizo Juan Bravo, que es en teoría quien habla de economía en el grupo parlamentario, aunque antes tampoco hacía preguntas al ministro de Economía. La presión fiscal ha subido 2,1 puntos desde 2018 y el salario medio real ha caído 3,1 puntos, dijo. No se atrevió a repetir el mensaje de Feijóo del día anterior, cuando dijo que España “recauda como un país nórdico y no puede prestar servicios como un país tercermundista”. Las dos cosas son falsas, pero Feijóo piensa que la gente se las creerá si las repite con frecuencia.

Para acompañar la acusación de Feijóo, el PP publicó en Twitter un cartel que sostiene que el país necesita 300.000 millones de euros más en inversión en infraestructuras. Es una cifra gigantesca incluso para toda una legislatura y nadie sabe cómo podría financiarse si el partido también promete que bajará todos los impuestos. El PP maneja las cifras económicas como si fueran las pelotas que lanza al aire un malabarista del circo.

Bravo dijo que el 19,6% de los españoles se sitúa en la clase baja (15,6%) o pobre (4%), según la última encuesta del CIS. Hasta ahí, correcto. “Cuando ustedes llegaron (al poder), solamente eran el 3%. Se ha multiplicado por más de seis”, continuó. Es difícil pensar en una época reciente o lejana de la historia de España en que los ciudadanos pobres y de clase baja fueran el 3%. Probablemente porque nunca ocurrió.

Con tantos cambios en preguntas y respuestas que rompen la serie estadística, es difícil hacer comparaciones con las encuestas del CIS a lo largo de varios años. En el sondeo de septiembre de 2018, no se ofrece como opción identificarse como clase baja o pobre. Las dos opciones más abajo en la lista sobre “estatus socioeconómico” son obreros cualificados (27,5%) y obreros no cualificados (12,2%). Si nos atenemos a los ingresos netos mensuales, un 14,7% dice no recibir ninguno. Los que reciben entre 301 y 600 euros son el 7,8%. Entre 601 y 900 euros, son el 13,1%. Entre 901 y 1.200 euros, son el 14%. Estos tres porcentajes suman el 34,9%.

En resumidas cuentas, Juan Bravo se inventó la cifra del 3% de pobres en 2018. Pero no dudemos de la sensibilidad social del vicesecretario de Economía del PP. Es el mismo que dijo en 2023 que “es muy grave que tengamos tres millones de personas desempleadas y no se encuentre gente para cortar jamón”.

Los diputados socialistas dedicaron un largo aplauso a Cuerpo y salieron contentos con su estilo. Los del PP esperaron a que intervinieran los portavoces que tenían como misión disparar con artillería pesada. Tellado, pidiendo la dimisión de Francina Armengol como presidenta del Congreso por sus mensajes con Ábalos y Koldo, aunque nadie ha probado que haya cometido un delito. Jaime de Olano, llamando “Luca Brasi” a Óscar Puente. El mismo Tellado, diciendo que el Gobierno es “una organización criminal”. Ser educado no es lo mismo que ser moderado, había dicho antes Muñoz. No sólo eso, sino que ser educado está muy mal visto en el grupo parlamentario del PP.

Solo las 56 enmiendas parciales de PP y PRC al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Cantabria (PGC) de 2026 y la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, la conocida como Ley de Acompañamiento, han recibido el visto bueno de la Comisión de Economía del Parlamento para su incorporación, mientras que todas las de PSOE, Vox y el diputado no adscrito Cristóbal Palacio han decaído.

En virtud del acuerdo presupuestario entre populares y regionalistas para sacar adelante las cuentas del Gobierno del PP en minoría, estos grupos han apoyado mutuamente sus iniciativas pero no las del resto, impidiendo que salieran adelante.

De este modo, en dos sesiones celebradas este martes y miércoles, la Comisión ha dado luz verde a un total de 55 enmiendas a los Presupuestos y una a la Ley de Acompañamiento, de un total de 429 presentadas a ambos proyectos legislativos.

En concreto, respecto a los PGC han salido adelante 24 enmiendas del PP, 28 del PRC -una transaccionada con los 'populares'- y tres conjuntas entre ambos. Así, solo han logrado superar el trámite estas 55 de todas las que presentaron los grupos.

En cuanto a la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, se ha aprobado solo una de un total de 31, que es la presentada por el PRC para llevar un control parlamentario anual del convenio singular suscrito por el Gobierno de Cantabria con el Hospital Santa Clotilde de Santander.

Así, no se ha aprobado ninguna del PSOE, que planteó 233 (225 al Presupuesto y 8 a la Ley de Acompañamiento); ni de Vox, que impulsó otras 110 (99 y 11, respectivamente) y tampoco del diputado no adscrito, que registró 30 (19 y 11).

Respecto a las enmiendas de los socialistas, el PRC se ha abstenido explicando que comparte el “espíritu” y considera “razonables” muchas de ellas, pero cree que en algunos casos carecen de la dotación económica suficiente para llevar a cabo las actuaciones que plantean o que “irían en contra del pacto con el PP”.

En la primera jornada de debate, celebrada en la jornada del martes, los grupos aprobaron 27 enmiendas correspondientes a los capítulos de Economía, Presidencia, Fomento, Desarrollo Rural e Inclusión Social (12 del PP, 14 del PRC y una conjunta).

En la segunda jornada correspondiente a este miércoles, la Comisión de Economía ha aprobado otras 28 relativas a las áreas de Cultura, Educación, Salud e Industria (otras 12 del PP, 14 del PRC y dos conjuntas), además de la de la 'ley de acompañamiento' de los regionalistas.

Según el calendario previsto, una vez debatidas las enmiendas en comisión se publicará el dictamen correspondiente en el Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria (BOPCA) el viernes, día 24.

El trámite final será el Pleno del Parlamento del próximo lunes, 27 de abril, en el que previsiblemente PP y PRC aprobarán el presupuesto para que entre en vigor el 1 de mayo.

La Confederación de Empresarios de Albacete (FEDA) ha celebrado este miércoles su 49ª Asamblea General, que ha estado marcada por la aprobación de “unos presupuestos para afrontar los riesgos actuales” generados por el conflicto iraní y la crítica del presidente de la organización, Artemio Pérez, a las medidas del Gobierno para paliar la misma, a las que ha tildado de ser “insuficientes”.

Pérez ha explicado durante su discurso de clausura, en la misma sede de FEDA, la inestabilidad del mercado tras la ofensiva comenzada por Estados Unidos contra Teherán y que se alarga “con otro alto el fuego pero sin negociación”, con un estrecho de Ormuz bloqueado y con la parálisis de parte del abastecimiento gasístico y petrolífero del mundo, “lo que repercute en el precio del transporte, la construcción y por tanto, en la inflación global”.

Artemio Pérez dice que las ayudas deben superar a las de la COVID

El presidente de FEDA ha señalado otros desafíos devenidos de la misma situación como el encarecimiento de los seguros marítimos y el aumento de costes de los suministros. Esto, ha advertido, causa “un encarecimiento energético, eleva los costes de producción y se traduce en menor competitividad y crecimiento económico”, generando “una crisis económica, quizás, la mayor de la Historia reciente”.

Ante ello ha pedido “prepararse y ser cautos” y ha asegurado que “las políticas públicas son claves para solucionar la crisis con incentivos para la inversión. Algo que Europa no ha hecho aún.”

Pérez ha extendido su crítica a las últimas medidas del Gobierno para enfrentarse al impacto económico de la guerra, anunciadas el viernes pasado tras el Consejo de Ministros Extraordinario, asegurando que la iniciativa “nace muerta” al no abordar con suficiente financiación la construcción de vivienda o el impulso a las empresas.

“Las ayudas deberían de superar las otorgadas ante la pandemia del COVID”, ha concretado el presidente de FEDA, quien también ha considerado que los decretos “no solucionan el problema habitacional”. “Se otorgan 7.000 millones de euros para construir vivienda de protección oficial para los próximos cinco años. Deberían de ser 7.000 millones por año”, ha valorado desde su experiencia, recordando que este tipo de financiación fue mayor en los tiempos previos a la crisis de 2008.

El empresario ha pedido facilitar los trámites burocráticos para la construcción, dar ayudas de 50.000 euros para jóvenes y familias desfavorecidas a fondo perdido de cara a adquirir vivienda y poner el coste del suelo gratuito. También ha solicitado no condicionar las medidas a poblaciones pequeñas, aseverando que “es el ciudadano el que manda dónde quiere vivir”. Por último, ha pedido aprobar estas medidas en una ley pactada con la oposición para garantizar su durabilidad.

Pese a todo, Pérez ha estimado que España seguirá creciendo al doble que la media europea de cara a 2027, gracias a sectores como el turismo. El líder de la patronal también ha dado el visto bueno al último proceso de regularización de extranjeros, asegurando que “queremos que los migrantes trabajen, coticen, mantengan las pensiones y salgan de la economía sumergida”.

Como conclusión, Pérez ha destacado la colaboración entre el sector privado y el público, asegurando que “un país prospera cuando tiene el emprendimiento como política de Estado”.

“Unidad empresarial” frente a la crisis provocada por “terceros países”

El presidente de la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha, Ángel Nicolás, ha aprovechado la ocasión para destacar “el trabajo de las 3.000 personas repartidas en asociaciones empresariales que dedican su tiempo y esfuerzo a defenderlas”, constituyendo tanto las grandes compañías como las pymes parte del “equilibrio social” de la región.

El delegado de la Junta, Pedro Antonio Ruiz, ha compartido parte del análisis del presidente de FEDA al afirmar “que estos últimos años han sido duros” y a los que ahora se suma una nueva crisis provocada “por terceros países con sus choques de civilizaciones”. Ante ello, el delegado ha puesto “la unidad empresarial” como un ejemplo para hacer frente a los problemas “y salir antes de ellos”, así como a los acuerdos regionales entre actores sociales, el sector empresarial y las instituciones, citando como ejemplo el plan estratégico de crecimiento económico de autónomos para 2026-2030, que ha descrito como “una iniciativa compartida” o la financiación de 221 millones de euros de la Junta a más de 250 proyectos de FEDA.

De su lado, Manuel Serrano ha felicitado al presidente, Artemio Pérez, “porque Feda se acerca al número redondo de 50, una efeméride que se cumple el año que viene y que celebraremos como merece. Ya el pasado año otorgamos a Feda la Medalla de Oro de la Ciudad, como un justo reconocimiento a su trayectoria y a sus aciertos”.

El alcalde ha recordado que “10.000 empresas y autónomos de más de 70 asociaciones sectoriales son los números irrebatibles de la representatividad de Feda, que es Marca Albacete y es la mejor patronal del país. Todo el empresariado de la ciudad y la provincia tiene aquí su representación en todos los sectores: desde el comercio, tan nuestro, a la construcción, los transportes, la industria o la agricultura. Y esa representatividad la convierte en interlocutor válido e imprescindible con las administraciones. En el Ayuntamiento consideramos a Feda un socio leal y un compañero de viaje en la apasionante tarea de construir una ciudad mejor, más próspera y con más posibilidades para todos”.

Serrano ha asegurado que “hay quien sólo sabe demonizar a los empresarios y culparles de todos los males. Desde luego no es el caso de este Ayuntamiento”.

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, se ha desplazado a México junto a una delegación de empresarios asturianos para atraer inversiones a la comunidad autónoma.

Desde el país iberoamericano, ha destacado el carácter complementario de la industria mexicana y asturiana en sectores estratégicos, una circunstancia que asegura que puede ser provechosa para ambas partes. Con este planteamiento, el presidente del Principado ha invitado al empresariado mexicano a “ensamblar y fortalecer una relación de beneficio mutuo” que culmine en “un win win (todos ganan) de manual”.

El crecimiento industrial

La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) es el principal organismo de representación de la industria de México. Sus representantes fueron los interlocutores de la misión comercial liderada por el jefe del gobierno. Barbón ha hecho hincapié en el crecimiento industrial mexicano, que“demanda proveedores solventes, flexibles y con experiencia en proyectos de gran escala y alta exigencia técnica”.

A través de una nota oficial, la delegación asturiana ha transmitido que la industria del Principado está en condiciones de responder a esa necesidad, ya que “concentra empresas líderes en ingeniería, construcción naval, metalmecánica, bienes de equipo, energía, industria auxiliar y soluciones tecnológicas para procesos productivos complejos. Lo pueden comprobar: la mejor industria española tiene nombre o apellido asturiano”, ha dicho.

Las iniciativas

“Si dos partes se necesitan y se complementan, la lógica llama a aprovechar la oportunidad”. Esa ha sido la conclusión del presidente, quien ha resaltado que muchos de los proyectos industriales de México están relacionados con la energía, las manufacturas, las infraestructuras o la logística, “ámbitos en los que Asturias cuenta con experiencia contrastada”.

Puesto que muchas de esas iniciativas están aún en fase de estudio o planificación, se abre “una ventana de oportunidad excepcional para anticiparse, generar alianzas estratégicas y entrar en cadenas de suministro con una visión de largo plazo”, ha añadido.

El encuentro ha incluido acuerdos concretos: las cámaras de comercio de Oviedo, Gijón y Avilés, que forman parte de la delegación asturiana, han firmado tres memorandos de entendimiento con Canacintra con el objetivo de fortalecer las relaciones comerciales.

La comisión parlamentaria creada en la Junta General del Principado de Asturias para investigar si hubo alguna negligencia política o administrativa que derivó en el accidente mortal registrado en la mina de Zarréu, en el concejo de Degaña, el pasado 31 de marzo de 2025, que costó la vida a cinco trabajadores, ha apreciado la existencia de responsabilidad en siete personas, de las que cuatro de ellas estuvieron al frente de la Consejería de Industria durante las etapas de gobierno socialista.

El dictamen de la Comisión de Investigación señala como responsables políticos a Enrique Fernández, actual presidente de Hunosa, Nieves Roqueñí, presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón/Xixón, y Belarmina Díaz, quien estaba al frente de Industria en el momento del siniestro y dimitió del cargo apenas 15 días después del accidente mortal. Para los tres exconsejeros, que han formado parte de una de las carteras con mayor peso en el Consejo de Gobierno del actual presidente del Ejecutivo autonómico, Adrián Barbon, piden su reprobación.

Otras cuatro personas cuestionadas

La presidenta de la comisión y diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, ha presentado este martes el dictamen provisional donde se apunta igualmente a la responsabilidad en la que han podido incurrir otras cuatro personas.

Se trata de Isaac Pola, quien fue consejero de Industria durante la etapa del presidente del Principado Javier Fernández y posteriormente 'rescatado' por Adrián Barbón como viceconsejero de Industria y director general de Minas y otros tres altos funcionarios del Servicio de Minas, para quien también se solicita la reprobación.

El papel de los altos funcionarios

Los diputados y diputadas de los grupos con representación parlamentaria que participan en esta comisión de investigación han cuestionado la forma de actuar de estos tres altos funcionarios: los jefes de servicio Santiago Berjano y Alberto Quirino y el asesor jurídico Gonzalo Martín Morales, a este último se le identifica como la persona que estableció el argumentario jurídico para establecer la figura del Proyecto de Investigación Complementario (PIC) ahora en entredicho.

A Santiago Berjano se le atribuye la validación de las actas de inspección sin cuestionar la metodología; a Alberto Quirino por realizar inspecciones en las que no se percató de la existencia de indicios de actividad extractiva ilegal y a Gonzalo Martín Morales como “promotor intelectual y tutelador” de los PIC, figura no regulada por la Ley de Minas.

Las actuaciones

¿En qué consistían las actuaciones que ponen en entredicho sus señorías?. A esta pregunta sigue la siguiente respuesta: los integrantes de la comisión achacan a los tres exconsejeros que no hubieran extremado el celo en las medidas de vigilancia. Así, estiman que han mantenido una estructura organizativa y de inspección “insuficiente” para el adecuado control de actividades mineras y no haber llevado a cabo una supervisión política reforzada sobre el expediente de la mina de Zarréu donde ya se había producido con anterioridad un accidente mortal.

Una de las personas que sale peor paradas en esta investigación que se ha llevado a cabo es, según el dictamen provisional, Belarmina Díaz, que con anterioridad a su cargo como consejera había estado al frente de la Dirección General de Minas entre los años 2017 y 2019.

La consejera que dimitió tras el siniestro

El mismo día del accidente, la entonces consejera se personó en la mina de Zarréu para conocer de primera mano la situación, pero apenas 15 días más tarde presentaba su dimisión en una sesión plenaria en el parlamento asturiano.

La comisión de investigación cuestiona en su dictamen que Belarmina Díaz autorizase y firmase cuatro autorizaciones a pesar de que dos de ellas eran “materialmente incompatibles entre sí” y que permitieron la continuidad de actuaciones extractivas en un contexto de cierre.

En el dictamen provisional también se la considera responsable de haber otorgado transmisiones mineras “sin que conste una comprobación suficientemente rigurosa y reforzada”, de no haber activado mecanismo extraordinarios de control y de haber contribuido “por acción u omisión” a consolidar la figura de los PIC.

“El accidente pudo haberse evitado”

La presidenta de la comisión, Covadonga Tomé, asevera que las siete personas a las que ha puesto nombre, apellidos y cargos como supuestos responsables políticos y administrativos deben ser cesados.

El borrador incide en que el accidente se podría haberse evitado porque había una “absoluta incompatibilidad” entre el proyecto de cierre de la mina que se firmó en 2019 y el posterior proyecto de restauración autorizado dos años después, con el proyecto de investigación complementaria autorizado en 2024 “que pretende utilizar de manera torticera una actividad extractiva que estaba totalmente prohibida”.

Para la presidenta de la comisión, aunque la responsabilidad primera corresponde a quienes ordenaron la extracción clandestina de carbón, también existen responsabilidades administrativas “inequívocas” porque se dieron autorizaciones sin suficientes controles, se aprobaron figuras jurídicas “sin cobertura normativa”, como los proyectos de investigación complementaria (PIC), se avisaba a las empresas de las inspecciones y además no se ejecutaba expedientes sancionadores.

Una cadena de errores

Un año después del accidente que costó la vida a los mineros Jorge Carro, Rubén Souto Robla, Amadeo Bernabé, Iván Radio y David Álvarez por una explosión de grisú, la comisión considera sin lugar a dudas que este suceso se produjo como consecuencia de una cadena de decisiones administrativas deficientes, omisiones de control y una extracción clandestina, deliberada y duradera que “se pudo y se debió detectar y prevenir”.

Además, ha avanzado que hay responsabilidades institucionales de la administración del Principado ya que en el cambio de titularidad de la mina entre Combayl y Blue Solving, sociedades del mismo entramado familiar del empresario Jesús Rodríguez Morán, conocido como 'Chus Mirantes' -actualmente imputado por vía penal- “no se exigió o verificó la solvencia técnica y económica de las empresas”.

Los incumplimientos

“La administración incumplió su función de control de acceso al dominio público minero”, lo que constituye una infracción del deber legal de diligencia, señala el borrador, en el que también advierte de que la administración no activó el proceso sancionador derivado del hecho de que Blue Solving no hubiese presentado la garantía financiera a la que estaba obligada.

Además, según recoge la agencia Efe, cuestiona el uso dado a los PIC , “figura que no tiene definición ni regulación expresa en la normativa de minas” y que se hubiese otorgado uno a la mina situada en el concejo de Degaña “en abierta incompatibilidad” con resoluciones anteriores que decretaban el cierre de la explotación.

Otras anomalías

Alude además a la existencia de incoherencias sistémicas en la gestión de autorizaciones mineras, a la existencia de deficiencias estructurales en el sistema de inspecciones, y al incumplimiento de la ordenación documental de expedientes administrativos.

Covadonga Tomé ha asegurado que la comisión recibió 1.339 ficheros que no responden a la definición de expediente administrativo y que la falta de orden, numeración y coherencia documental aportada desde el Principado dificultó “gravemente” el trabajo de los parlamentarios.

Las recomendaciones

Entre las recomendaciones que hace, a corto plazo, plantea una moratoria total sobre los PIC y la revisión de oficio de todos los que estén actualmente en vigor, iniciar un procedimiento sancionador a Blue Solving por no haber presentado la garantía financiera de 3,1 millones que se le exigía e iniciar el procedimiento para la declaración de caducidad de la concesión minera que tiene.

También requiere la reorganización y digitalización ordenada de todos los expedientes administrativos relacionados con la mina de Zarréu, recomienda que desde el Principado se anticipen las indemnizaciones a las víctimas y familiares, a cuenta de las que puedan obtener de procedimientos judiciales, y plantea que el dictamen final se remita al Ministerio Fiscal por si de él pueden derivarse responsabilidades penales.

A más largo plazo recomienda implantar un sistema de inspecciones sorpresa y planificadas, elaborar un plan de inspección anual, cruzar los datos operativos con registros portuarios y lavaderos de carbón, revisar la relación de puestos de trabajo del Servicio de Minas, mejorar la coordinación entre los agentes de Medio Natural y la Inspección Minera, desarrollar una normativa minera autonómica y mejorar la rendición de cuentas en el sector minero. 

La propuesta de dictamen

A continuación reproducimos la propuesta de dictamen de la Comisión de Investigación sobre el accidente en la mina registrado el 31 de marzo de 2025 en el que murieron cinco mineros y otros cuatro trabajadores resultaron heridos.

La propuesta de dictamen ya ha sido trasladada al resto de grupos parlamentarios, que a partir de ahora ahora podrán presentar sus aportaciones durante los próximos diez días antes de que éste sea objeto de negociación y pase a ser definitivo en el plazo aproximado de un mes.

El Govern de Salvador Illa y ERC han presentado ante algunos de los principales actores económicos catalanes el Consorcio de Inversiones con el que esperan poder gestionar las grandes obras y proyectos del Estado en Catalunya, y acabar así con el déficit de ejecución presupuestaria. El organismo, cuya creación se debatirá en el Congreso de los Diputados el 28 de abril, incluirá una sociedad mercantil que permita licitar y adjudicar los trabajos, así como supervisarlos en el tiempo.

La consellera de Economía y Finanzas, Alicia Romero, y el negociador de ERC, Lluís Salvador, han escenificado en un acto en el Cercle d’Economia el desbloqueo de este compromiso de investidura de Illa. Junto con el traspaso de Rodalies y el nuevo modelo de financiación singular, era uno de los principales puntos del acuerdo. Su presentación supone además un avance en la negociación de Govern y ERC para los Presupuestos de 2026, aunque los republicanos dejaron claro que no era suficiente.

Durante la presentación, Romero ha defendido el Consorcio como un organismo de “largo recorrido” para pasar “de la queja a la propuesta”. En el acto han participado con una mesa redonda con los responsables del Cercle d’Economia, Pimec y la Cambra de Barcelona. También han asistido Femcat y la Asociación de Promotores de Catalunya (APCE). La ausencia más destacada ha sido la de Foment del Treball, la principal patronal catalana. 

Salvadó ha ejemplificado el déficit en infraestructuras con la baja ejecución de los planes de inversión de Rodalies entre 2000 y 2020, que está por debajo del 10%, y con la falta de construcción de “proyectos estratégicos” como las líneas ferroviarias orbital (alrededor de Barcelona) y transversal (que cruce Catalunya de este a oeste). El nuevo trazado de trenes orbital es el primero que ERC quiere canalizar a través del consorcio.

La propuesta pactada prevé en realidad dos órganos: el Consorcio, que operará como instrumento de gobernanza y supervisión de las inversiones, y la Sociedad Mercantil, que se encargará de la parte más ejecutiva. Ambos contarán con una participación “paritaria” entre Generalitat y Estado (a través del Ministerio de Transportes), y los planes de inversión del primero se elevarán además al Consejo de Ministros para su aprobación. 

Junts rechaza la idea sin desvelar su voto

Si la iniciativa logrará el aval del Congreso es por ahora una incógnita. Todas las miradas están puestas en Junts, de cuyos siete diputados depende su aprobación. El portavoz de la formación, Josep Rius, no ha desvelado el sentido de sus votos, aunque ha insistido en que no les gusta el nuevo consorcio y lo consideran “innecesario”.

“Para saber los datos de ejecución presupuestaria se pueden saber fácilmente sólo apretando un botón del ordenador, como las balanzas fiscales”, ha expresado. Sólo es cuestión de voluntad política saber y conocer estos datos“, ha añadido. 

Rius ha detallado que su propuesta alternativa es que el dinero presupuestado que no se acabe ejecutando, se transfiera directamente a la Generalitat al finalizar el año. “Lo perrmite jurídicmente la disposición adicional tercera del Estatut sin necesidad de crear ningún organismo nuevo que ralentiza procesos”, ha concluido.

Durante el acto, la presidenta del Círculo de Economía, Teresa García-Milà, ha valorado que la creación del organismo es un “paso adelante muy importante” y ha afirmado que, en un futuro, debería ir acompañado de un “organismo técnico independiente que no dependa de los ciclos políticos”. También ha apostado por que este espacio sea capaz de guardar el presupuesto que no se ejecute, para que el dinero no “se pierda”.

“Hoy es un gran día”, ha empezado valorando el presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Josep Santacreu, que ha apostado por hacer las cosas “como toca”. Según un estudio de la entidad, Catalunya necesitará una inversión de 53.800 millones de euros en infraestructuras hasta 2043 para ejecutar las actuaciones que necesita la red.

Por su parte, el presidente de Pimec, Antoni Cañete, ha señalado que el problema actual es que “en muchos períodos no se ejecuta ni el 50%” del presupuesto total por Catalunya. Por eso, ha apostado por tener instrumentos que, también gracias a la participación de la sociedad civil, garanticen que no se pierde “el coste de oportunidad” y la competitividad del país.

El real decreto aprobado por el Gobierno para conceder prórrogas extraordinarias a los alquileres que vencen en los próximos dos años cuenta con el apoyo de tres cuartas partes de la población y también de más de la mitad de los votantes de derecha, según un estudio financiado por el grupo parlamentario europeo The Left y realizado por Ateneo del Dato.

El 32,2% de los encuestados se muestra muy a favor de la medida y un 41,4% está bastante a favor, hasta alcanzar el 73,6% de posiciones favorables. Se acercan a esta proporción los votantes del PP, con un 65% de aprobación, e incluso los de Vox, que lo apoyan en un 60%, mientras que entre los votantes de los partidos de izquierda el apoyo es casi unánime. Un 91% de los votantes de Sumar están a favor de la medida, por un 81% de los votantes del PSOE.

La encuesta plantea también a los encuestados si se replantearían el voto a su partido en caso de que no apoyen esta medida, cosa que harían un 48,7 de los encuestados, un 32% de los votantes del Partido Popular y un 36% de los votantes de Vox.

El decreto 8/2026, aprobado el pasado 20 de marzo, obliga a los caseros a conceder una prórroga de dos años a todos los contratos que acaben entre el 20 de marzo de este año y el 31 de diciembre de 2027. Pero este decreto se votará en el Congreso el 28 de abril y no cuenta con los apoyos suficientes para ser validado, por lo que es muy probable que decaiga.

Si decae, dejará de estar en vigor y no se aprobarán más prórrogas extraordinarias. Pero muchos abogados, el sindicato de Inquilinas y el Ministerio de Consumo defienden que si esta prórroga se pide con un burofax en el periodo en que esté en vigor, esto es, antes del 28 de abril, debe concederse. La patronal, en cambio, se inclina a defender que tan solo se acogerán a la prórroga los contratos que acaben antes de decaer, independientemente de cuándo se envíe el burofax.

Ante tal incertidumbre, los inquilinos se debaten aún entre enviar o no este burofax, que muchos ya han hecho llegar, algunos con éxito y otros sin él.

La prórroga va acompañada de una limitación del 2% de subida de precios, que ahorrará a los inquilinos hasta 658 euros al año, según el cálculo que elaboró recientemente Sumar, principal impulsor del decreto a través del Ministerio de Consumo y Derechos Sociales que lidera Pablo Bustinduy.

La encuesta revela también que la mayoría de españoles, aunque por poco, creen que la prórroga se hará efectiva sin subida (18,6%) o con una subida moderada de precios (un 37,8%). Un 29% cree que se renovarán la mayoría de contratos con fuertes subidas, un 8,4% cree que la mayoría no renovarán y, por último, un 6,2% no sabe qué responder.

Muestra, además, que casi la mitad de encuestados (un 48,4%) han vivido o conocen en su entorno casos de personas que se han visto forzadas a cambiar de casa por la no renovación del contrato o la subida del alquiler.

Un 72,9% de los encuestados creen que los precios del alquiler son muy altos, por un 20,5% que cree que son altos y un 3,7% que cree que no son ni altos ni bajos. Tan solo un 1,1% cree que los precios son bajos y un 1,2% que son muy bajos.

Según datos de Idealista, el precio medio del alquiler en Madrid es de 23 euros por metro cuadrado y el de Barcelona de 24 euros por metro cuadrado, ante una media española de 15 euros por metro cuadrado, lo que llevaría a pagar 1.500 euros por un piso de 100 metros y por encima de los 2.300 en las principales capitales.

No obstante, estas cifras no son oficiales, sino que tan solo muestran la oferta disponible en el portal. Este fin de semana se dio a conocer la cifra oficial catalana y los alquileres habrían caído para costar 1.160 euros al mes de media en Barcelona y 880 en Catalunya.

Cada año se paga más de alquiler. Es la forma más simple de describir la evolución de la vivienda en España durante casi una década. Da igual si el piso empezó siendo barato o caro, si se alquiló en una gran ciudad o en una pequeña. El precio medio ha subido de forma constante desde 2015 y para 2024 ya acumula un incremento medio del 43%, el doble de lo que lo han hecho los salarios. En número reales: si hace nueve años pagabas 800 euros por un piso, hoy pagas, como mínimo, 1.144. Mismo piso, mismo barrio, pero un precio muy distinto.

Los nuevos datos de 2024 corroboran que la subida no frena y continúa escalando año tras año. Ahora, los inquilinos pagan un 5% más que hace un año, un 10% más que en 2022 y un 15% más que en 2021. Así lo indica el análisis realizado por elDiario.es de los datos de alquileres calle a calle publicados por el Ministerio de Vivienda.

En el siguiente mapa puedes ver cuánto ha crecido el precio mediano de los alquileres –el valor central al ordenar todos los datos de mayor a menor, es decir, la mitad de los alquileres son más caros y la mitad más baratos– desde 2015 hasta 2024 en cada sección censal (la unidad administrativa más pequeña) de la mayoría de ciudades españolas. Cuanto más oscuro es el color, más han subido los precios.

Las cifras provienen del Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler de Vivienda, del Ministerio de Vivienda, que cruza los ingresos de alquileres por vivienda habitual declarados en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) con la información disponible de cada inmueble en la base de datos del Catastro. Para 2024, el último año con registros disponibles, las cifras parten de más de dos millones de viviendas alquiladas por particulares que han sido declaradas ante la Agencia Tributaria. Además se han incluido datos de Navarra y Euskadi, pero solo a partir de 2021 y 2022, respectivamente [ver metodología]. 

Hay que tener en cuenta que la estadística recoge una mediana de todos los alquileres declarados de esa sección censal. Es decir, incluye los contratos que se firmaron en 2024, los que firmaron hace más de 10 años (antes de la subida de los precios) y los alquileres a precio fuera de mercado entre conocidos o amigos.

El precio se calcula dividiendo el total de ingresos anuales declarados por los caseros entre 12 meses, lo que puede infraestimar las cifras cuando la vivienda no está ocupada todo el año. Por ejemplo, si la vivienda no ha estado alquilada durante dos meses, el alquiler mensual se calculará como si hubiese estado arrendada todo el año.

Además, quedan fuera de la estadística las viviendas de la economía informal y las que son propiedad de sociedades o empresas. Tampoco figuran los anuncios que ves hoy en los portales de búsqueda de viviendas. Pero la estadística refleja el parque de viviendas alquiladas declaradas en el IRPF y cómo han subido en la última década. Un alza que, según los expertos consultados, ya está impactando sobre la población.

“Hay gente que no se acaba de casar, hay gente que no acaba de tener críos, que tiene un proyecto de vida colgado en el aire… y eso afecta a muchas cosas, entre otras a la salud”, destaca Javier Burón, gestor de vivienda social y autor del libro El problema de la vivienda. “El país ya está pagando un precio”, asevera. “El 80% de España está jugando al rentismo y a la especulación. Y el 20% queriendo apagar el fuego.” 

La presión no es la misma en Baleares que en Zaragoza

La subida no es la misma para todos pero sí es generalizada: el incremento del 43% es una media, y como toda media, agrupa realidades distintas. Hay municipios donde los precios han crecido más y otros donde lo han hecho menos. Por ejemplo, en un cuarto de las secciones censales del territorio el precio ha subido más de un 50% mientras que una de cada 20 secciones censales ha registrado una subida más limitada, de menos de un 20%.

Aunque las cifras siguen mostrando la brecha de precios entre ciudades y zonas menos pobladas, también señalan cómo la subida del alquiler ha golpeado a ciudades grandes, medianas y pequeñas, dejando de ser un fenómeno exclusivo de los núcleos urbanos metropolitanos. “Hay niveles de dureza del problema; no es la misma presión en Zaragoza que en Baleares”, especifica Burón. “Hay lugares en los que hay empleo y los puestos no se cubren porque con el salario es imposible vivir allí. ¿Cuánta gente se va de Madrid y Barcelona a ciudades intermedias?”, cuestiona.

En el siguiente gráfico puedes ver la subida media del alquiler (las líneas negras) de las secciones censales (los puntos) según el tamaño del municipio. Todas suben entre un 40 y un 50%. Ten en cuenta que en estas cifras no están incluidos los incrementos de precios producidos en 2025, ya que los datos usados provienen de las declaraciones de IRPF y se publican con dos años de retraso.

Precisamente, la presión sobre el precio de los alquileres hace que en Madrid y Barcelona, las ciudades con más de un millón de habitantes, hayan visto subir el alquiler medio un 44%. Pero el encarecimiento es aún mayor en el resto de grandes capitales (entre 250 mil y un millón de habitantes), con precios casi un 50% más caros que hace una década. Y las localidades medianas y pequeñas tampoco escapan: sus alquileres han crecido un 40-43%.

“Hay hogares que previamente estaban protegidos y ya no lo están”, destaca Irene Lebrusán, doctora en sociología y profesora en la Universidad Autónoma de Madrid. “Esta crisis habitacional se ha extendido a una serie de sectores socioeconómicos que antes no estaban tan expuestos a estos vaivenes”.

Tampoco la geografía protege de la subida. El alquiler mediano de todas las comunidades supera los 420 euros y puede llegar hasta los 800. Por provincias, en las regiones turísticas del mediterráneo como Alicante o Valencia, se paga entre 150 y 220 euros más al mes. Si salimos de estas áreas la dinámica se mantiene, en zonas del norte como La Rioja o Pontevedra los pisos rondan los 480 euros al mes.

“Aunque nadie está bien, no todo el mundo está igual” recalca Burón. Las personas que el alquiler expulsa de Madrid y Barcelona se marchan a la periferia de la zona metropolitana. A su vez, la gente que vivía en estas zonas se marcha a zonas más alejadas y se crea un efecto dominó.

Así, el aumento de precios en los distintos tamaños de municipios se traduce también en que las zonas caras y baratas terminan subiendo de forma similar. En el siguiente gráfico se agrupan las secciones censales según el precio mediano de sus alquileres en 2015. Cada punto representa una sección censal, la unidad administrativa más pequeña, que corresponde a un grupo de manzanas en una gran ciudad, un barrio en una ciudad mediana o un municipio entero en las áreas menos pobladas.

Están agrupadas según el precio mediano de sus alquileres en 2015 y se sitúan más a la derecha cuanto mayor ha sido la subida de los precios entre 2015 y 2024. En todos los grupos la mayoría de barrios se sitúan en subidas que van del 30 al 60%. De media, las zonas que tenían alquileres de menos de 300 euros al mes y las que tenían alquileres de más de 750 son las que suben ligeramente más que el resto, pero todas han visto aumentar su cuota mensual alrededor de un 40%. 

Como referencia, el salario medio de 2023 en España fue de 28.049 euros por trabajador, un 21% más que los 23.106 euros de 2015, según la encuesta anual de estructura salarial del INE. Es decir, la mitad de lo que ha subido el alquiler. Con esta subida generalizada, alrededor de un millón y medio de familias se ven ahogadas por el alquiler.

Ante esta situación, Lebrusán advierte: “Sin vivienda no tenemos absolutamente nada. La vivienda es un derecho habilitante de otros derechos, es decir, sin ella no podemos hacer nada, ni siquiera producir. Al final el propio sistema se va a ver colapsado porque no es posible presionar tanto a las familias, a los hogares y que esto no tenga consecuencias sobre todos los aspectos de la sociedad”.

Por ejemplo, en Moncada (Valencia) uno de los municipios donde más ha subido el precio del alquiler desde 2015 una persona con el sueldo medio habría dedicado un 17% del sueldo bruto a la vivienda mientras que en 2024, ya supondría el 25%. 

¿Por qué sube la vivienda si no suben los sueldos?

Los expertos apuntan a que no es una respuesta sencilla porque no hay un único motivo. Entre las causas está el aumento de la demanda de alquileres impulsado por el aumento de la población que además se concentra en las grandes ciudades donde hay más oferta de empleo. Entre ellos, familias jóvenes, migrantes o trabajadores nómadas. Muchos de estos perfiles permanencen además más tiempo en el mercado de alquiler por la dificultad de acceder a la compra de una vivienda. 

A su vez, la oferta de vivienda disponible para alquilar no es suficiente para cubrir el aumento de la demanda. Los últimos cálculos de elDiario.es cifraban en medio millón el déficit de viviendas entre 2012 y 2024. Una falta de obra nueva que termina tensionando los precios del alquiler. Condiciones que se suman a la proliferación de pisos turísticos y las viviendas destinadas al alquiler temporal. En ciudades de costa como Málaga hay más de 8.000 viviendas destinadas a alquileres turísticos mientras los precios suben un 48%.

Aunque los municipios más caros siguen estando en Madrid, Barcelona o zonas turísticas como Baleares, entre las localidades que más han disparado sus precios encontramos zonas fuera del núcleo urbano. La falta de alquiler regular en las grandes ciudades genera un efecto dominó: los hogares expulsados del centro se trasladan a los barrios periféricos y los que vivían en la periferia se trasladan a los municipios limítrofes que están absorbiendo a estos residentes, donde la demanda hace que los precios también suban.

Es el caso de Ocaña o Casarrubios del Monte en Toledo, que han visto sus precios disparados en un 60% en la última década, u otros como La Muela en Zaragoza, que no llega a los 7.000 habitantes pero se pagan 190 euros más en cada mensualidad. Si quieres saber cuánto ha subido el alquiler en tu municipio, puedes consultarlo en la siguiente tabla.

España ha sido y es un país de propietarios desde que en los años 60 se empezó a fomentar la vivienda en propiedad. “Desde el estado franquista tuvimos una socialización basada en la tenencia en propiedad de la vivienda”, destaca la socióloga Lebrusán. “Se estranguló la alternativa que era el alquiler y las políticas públicas, tras el franquismo, siguieron apostando por esta forma de tenencia”. Pero esta tendencia está empezando a revertirse. Si en 2004 eran el casi el 80% de los hogares con vivienda en propiedad, en 2025 la cifra ha caído al 73%.

Alquilar, que se consideraba el paso previo y provisional a la compra de vivienda, empieza a ser para algunos la única opción. “Por primera vez en un siglo, amplias partes de la población igual tienen que vivir de alquiler toda la vida”, destaca Burón. “O se regula de una forma importante y se invierte mucho dinero en vivienda social asequible o es poco probable que [la subida de precios] cambie”. 

Ante las dificultades de abandonar el alquiler, el experto enumera varias medidas que las administraciones pueden utilizar para paliar la escalada de precios. Desde regular la subida de los alquileres, incentivar el arrendamiento con las viviendas ya existentes (vacías o infrautilizadas) a través de bonificaciones o ayudas al alquiler, o directamente con la compra de vivienda, hasta aliarse con entidades del tercer sector para comprar. Y, también, construir, pero construir vivienda asequible y de duración permanente. 

“Hay que construir sí, pero también hay que comprar y movilizar viviendas vacías. Es decir, hay que obtener viviendas para un sistema de asequibilidad. Viviendas que son asequibles hoy y que no dejarán de ser asequibles nunca”, explica. “La clave no es cuánto construimos, porque si lo hacemos para el alquiler turístico, para el de temporada, para la segunda residencia… Si construimos para el sector de lujo o viviendas que no son asequibles desde el minuto cero, va a dar igual. De hecho, es contraproducente”.

Irene Lebrusán coincide y reclama que las administraciones estatales, autonómicas y locales se pongan de acuerdo en materia de vivienda. “Si resulta que el reparto de esas viviendas se concentra en pocas manos, seguimos en una mala situación. Es decir, si construimos muchas viviendas pero no ponemos freno a la especulación que ahora mismo domina el mercado mobiliario, en realidad, poco es lo que vamos a hacer”, añade. “No se trata solamente de construir viviendas, sino que tú tienes que construir ciudades y un entorno en el que se pueda vivir”.

Xavi Pont Martín (Tàrrega, 1972) no encaja en el molde clásico del capital riesgo. Cuarta generación de la familia propietaria del gigante agroalimentario Borges, consejero de la compañía y vinculado también a los supermercados ecológicos Veritas, Pont decidió hace más de una década apartarse del negocio familiar para explorar un terreno entonces casi inexistente en España: la inversión de impacto. Lo hizo junto a Clara Navarro y Maite Fibla, con quienes fundó Ship2B en 2013. Su perfil mezcla empresa y búsqueda personal. Ha escrito varios libros donde recurre a la metáfora del buceo para hablar de propósito, una combinación poco habitual en un sector acostumbrado a mirar antes la rentabilidad que el sentido.

El arranque fue, como en casi todos los sectores emergentes, a base de ensayo y error. Intentaron levantar un primer fondo cuando el modelo apenas había echado raíces en Estados Unidos y los países nórdicos, pero no había ni mercado ni credenciales suficientes. Optaron entonces por empezar desde abajo: una fundación para acelerar proyectos y demostrar que se podían crear empresas —no solo ONG— con vocación social. Más de 1.000 iniciativas después, y tras años construyendo historial (el preciado track record) llegó el salto. En 2020, en plena pandemia, lanzaron el fondo de impacto más grande de España, 55 millones de euros. Hoy Ship2B Ventures gestiona más de 120 millones de euros y acaba de cerrar un segundo vehículo, BSocial Impact Fund II, con 65 millones y el objetivo de alcanzar los 80, respaldado por el Fondo Europeo de Inversiones, el ICO, Banco Sabadell o VidaCaixa, entre otros.

El movimiento no se queda ahí. La gestora ha empezado a especializar su apuesta con fondos temáticos que buscan ir más allá del discurso. Es el caso de Montana Children’s Health Fund, que ha captado ya 30 millones de euros de capital público europeo y español para invertir en deep tech aplicada a la salud infantil. Tiene el foco en unas 15 startups en fases iniciales con potencial de llevar innovación científica al mercado clínico real. Ese giro, el paso de financiar proyectos individuales a estructurar soluciones en torno a grandes retos, resume bien la ambición de Ship2B. Y también el interrogante de fondo que sobrevuela esta conversación: si el capital puede ser parte de la solución sin convertirse en parte del problema.

¿Qué es la inversión de impacto?

Es la inversión en triple rentabilidad: financiera, social y medioambiental. Y las tres son importantes. No necesariamente tienes que sacrificar rentabilidad financiera para tener impacto social y medioambiental. Hay muchos proyectos muy rentables a nivel financiero y que, a la vez, también tienen mucho impacto. De hecho, cuanto más rentables son financieramente, más impacto social tienen. Si haces un proyecto en el ámbito de las escuelas, cuantas más escuelas, más impacto. Si haces un proyecto en el ámbito de la salud, igual; y lo mismo cuando haces un proyecto en el ámbito del cambio climático, que son los tres grandes verticales que tocamos.

¿No hay, por tanto, un intercambio o renuncia, lo que en el argot económico se conoce como trade off, entre rentabilidad y objetivos sociales o medioambientales? ¿No se sacrifica ninguno de ellos para obtener más rentabilidad?

Sí que existe, pero nosotros buscamos proyectos donde la correlación sea muy positiva. En el caso de La Fageda, por ejemplo, la empresa de lácteos que emplea a personas con discapacidad intelectual, trastorno mental o en riesgo de exclusión social, cuanto más rentable es, a más personas con discapacidad puedo emplear. Aquí la correlación es positiva. Pero, en cambio, hay momentos en los que tengo que tomar una decisión de inversión entre si hago más cubas de leche o si invierto, por ejemplo, en un programa de formación para los chicos. Aquí o decido por el negocio o decido por la parte social. Pero las dos cosas están conviviendo al mismo tiempo en el resto de las empresas.

¿Qué métricas utilizáis y quién y cómo se decide si son suficiente o no?

Tenemos métricas financieras y métricas sociales. Las financieras son las mismas que para el cualquier sector. Para que te hagas una idea, para nuestro último fondo hemos tenido 150 inversores, que han puesto dinero durante 10 años para invertir en 33 proyectos. A los 10 años tenemos que salir de esos 33 proyectos y creemos que seremos capaces de darles una rentabilidad neta del 10% anual durante 10 años. Es decir, multiplicar el dinero por dos. De manera global, teniendo en cuenta que de los 33 proyectos habrá un tercio que se irá al traste, un tercio que quizá recuperas por encima, otros por debajo… Eso hace que casi todos los proyectos en los que trabajamos son proyectos con mucha tecnología, con mucho talento, con posibilidades de crecer de una manera destacada; no son el proyecto que puedas tener en mente de economía social tradicional, un proyectito pequeño —por decir algo— para hacer un yogur en un pueblo de la comarca del Berguedà [Barcelona]. Son proyectos para pensar en grande; como tecnologías asistenciales o tecnologías médicas para mejorar la calidad de vida de las personas mayores.

La clave del impacto es la teoría del cambio. Preguntarte: tú, con tu proyecto, qué cambio quieres hacer en la sociedad, qué problema quieres resolver, qué solución planteas

¿Y en cuanto a las sociales?

Son muy importantes, porque todos los proyectos de empresas de impacto deben poder medirse, y la medición del impacto es todo un mundo. La clave es lo que se llama la teoría del cambio. Preguntarte: tú, con tu proyecto, qué cambio quieres hacer en la sociedad, qué problema quieres resolver, qué solución planteas. Dentro de los indicadores, y ahora seré un poco técnico, los hay de output (lo que entregas) y de outcome (lo que consigues). Por ejemplo, con La Fageda: he dado trabajo a 47 chicos con discapacidad, eso está claro. Pero luego está el impacto real: ¿He resuelto el problema de la discapacidad en la comarca de la Garrotxa [Girona]? Sí, no hay. A nuestros inversores les tenemos que reportar cada trimestre los indicadores de impacto.

Mucha gente puede pensar que las actividades de impacto pueden derivar en greenwashing.

Sí y la clave radica en cómo mides tú los impactos de lo que haces y cómo los reportas. Si no estás comprometido con ese problema o no mides lo que haces, entonces es greenwashing. Lo estamos denunciando continuamente, es nuestro caballo de batalla. Ha hecho mucho daño que la economía y la inversión de impacto se hayan puesto de moda, porque ha provocado que muchos actores hayan venido a este espacio para poder atraer consumidores, inversores y proveedores, pero siguen haciendo lo que hacían. También hay mucha gente que hace pequeñas cosas de impacto y luego, por la puerta de atrás, hace muchas cosas que no lo son y que no comunica. Las memorias de sostenibilidad de las grandes empresas solo explican lo bonito, pero esconden en el cajón la insostenibilidad. Si me muestras solo las cosas bonitas y no toda la realidad de tu empresa, eso es greenwashing.

¿Me puedes poner un ejemplo?

No quiero señalar a nadie con el dedo. En Inglaterra, por ejemplo, un fondo que invertía en gimnasios low cost luego hacía todo un discurso de impacto diciendo que favorecían la lucha contra la obesidad. ¿De verdad invertir en gimnasios low cost es la manera más directa de reducir los niveles de obesidad?

¿Dónde está hoy el mayor riesgo: en que no haya impacto real o en que el impacto sirva como simple barniz ético, como maquillaje, para los negocios de siempre?

A ver... [pausa] Creo que el mayor riesgo es que la teoría del cambio se quede en teoría y no se convierta en cambio. Es decir, que aquello que el emprendedor tiene en la cabeza —una buena idea, una buena tecnología, un buen proyecto— y que ves que realmente lo intenta, no llegue a buen puerto. No es fácil: hay pocos que convierten su teoría en un impacto profundo, real y significativo. Nosotros a veces decimos que hay muchos proyectos que hacen “impactitos”, que está bien, pero a veces no dejan de ser parches o pequeñas gotas en un océano. Empresas que realmente crezcan, escalen y consigan un impacto profundo no hay tantas, esa es la verdad. Cuesta llegar al final del viaje, porque levantar una empresa es complejo.

Le he leído que el impacto debe estar en el ADN de la actividad principal de las empresas, no como complemento altruista. En España, la inversión de impacto sigue siendo minoritaria frente a la inversión tradicional. ¿Qué frena de verdad su expansión: la falta de capital, de proyectos sólidos, de voluntad política...?

Me gusta explicar la evolución de los últimos 25 años en el mundo de la empresa y del capitalismo. Al principio, las empresas básicamente querían ganar dinero y respetar la ley; el tema era respetar la ley. Después salió toda la ola de responsabilidad social corporativa, que al final era respetar la ley y tener buenas prácticas sociales y medioambientales adicionales que incorporabas dentro de la empresa, pero que no dejaban de ser un coste: trato mejor a mis trabajadores, pongo energía renovable en mi empresa, voy a África a hacer no sé qué. Para mí, esta tercera ola de poner el impacto en el ADN significa: no, ahora ya no hablamos de respetar la ley ni de hacer responsabilidad social; ahora hablamos de que tu negocio sea de impacto, que lo que haces realmente sea un negocio social, verde, con propósito; que tú, como empresa, adoptes una estrategia donde tus productos y tus servicios ya sean de impacto. Es decir, pones el impacto en el negocio, no en las buenas prácticas.

Segunda cuestión: ¿cuáles son las barreras para que esto crezca? Que los consumidores tengan más conciencia, que aún les cuesta, y aunque vamos avanzando, ahora hay la sensación de que vamos hacia atrás. Cuando el cliente lo pida es cuando esto explotará. Es verdad que hay barreras regulatorias y de otro tipo, pero la clave es que la gente tome conciencia, que los jóvenes dejen de comprar en Temu y en Shein, por ejemplo. Y quien habla de eso habla del coche, de las finanzas, de la alimentación, de los materiales cuando te compras una casa, de los viajes… en todos los sectores empieza a haber mucha oferta de impacto que puedes escuchar o no.

Los consumidores deben actuar con más consciencia. Que los jóvenes dejen de comprar en Temu y en Shein, por ejemplo. Y quien habla de eso habla del coche, de las finanzas, de la alimentación, de los materiales cuando te compras una casa, de los viajes… en todos los sectores empieza a haber mucha oferta de impacto que puedes escuchar o no

Muchos lectores pueden desconfiar del discurso que deja en manos del mercado la solución de problemas estructurales. ¿Puede la inversión de impacto sustituir —o corre el riesgo de sustituir— políticas públicas que deberían ser irrenunciables, como la vivienda, la sanidad…?

Intentaré responder desde dos ángulos. El primero es que claramente no debería ser así: la inversión de impacto ha venido a complementar el trabajo que se hace desde el sector público y desde la filantropía, no a sustituirlos. La inversión de impacto es algo transversal políticamente, que defienden tanto la derecha como la izquierda. El discurso es: señores, el Estado y la filantropía no están resolviendo los problemas de la sociedad y de la humanidad; necesitamos que el mercado, que mueve cinco veces más dinero que la filantropía y el Estado juntos, también contribuya y lo haga con su actividad, haciendo un capitalismo más inclusivo, más social, más de impacto, eso es.

Segundo ángulo, muy importante: creemos mucho en el cambio sistémico, es decir, en que los problemas se resuelven cuando los diferentes actores alrededor de ese problema y los distintos bolsillos —el público, el privado y el filantrópico— trabajan de manera conjunta sobre un problema concreto. Tú has mencionado algunos: vivienda, inclusión social, sanidad… Por ejemplo, nosotros ahora estamos muy metidos en la gente mayor, que sufre soledad, precariedad y cronicidad. Este problema no lo puede abordar solo la administración, porque es un tema con muchísimas aristas. Todo el mundo va por su cuenta: la administración, por un lado, la Fundación La Caixa por otro, las start-ups, los hospitales… Tenemos que ser capaces de coordinar los distintos bolsillos, que tienen diferentes rentabilidad-riesgo y parten de lugares distintos. Este giro ha sido muy importante en la estrategia de Ship2B: hemos pasado del impacto individual al impacto colectivo. Ya no solo queremos invertir en proyectos individuales, sino que queremos abordar retos y trabajarlos de forma sistémica coordinando a los distintos actores.

¿Qué ámbitos concretos consideras que la inversión de impacto puede abordar con resultados tangibles, y en cuáles crees que siguen siendo necesarias políticas públicas robustas?

Hay espacios que son mucho más afines al sector público. Si hablamos de temas de pobreza o de educación, aquí es complicado que el mercado aporte gran cosa. Pero en ámbitos como la salud, el cambio climático, la vivienda, las infraestructuras o la transición energética es mucho más fácil entrar, hay muchas más oportunidades.

Para un lector que quiere que su dinero —ahorros, pensiones, consumo— tenga un impacto positivo, ¿cómo distinguir entre proyectos transformadores y puro marketing verde o social?

Es una pregunta que yo también me he hecho muchas veces. Lo primero que debes hacer es relajarte, todos somos imperfectos y hay mucha gente que se obsesiona con intentar ser supersostenible y, oye, podemos hacer lo que podemos hacer; todos tenemos una vida compleja, con mil cosas, y llegamos hasta donde llegamos. Cuando se habla de impacto hay un concepto que se llama la materialidad. Quiere decir: en aquello en que crees que eres más significativo, donde tienes tu talento, tu trabajo, aquello en lo que eres más relevante o que te define en tu ADN, pregúntate si puedes generar impacto. En tu caso, dónde crees que generarás más impacto en tu día a día que como periodista. Eso es lo fundamental; luego quizá puedes ir a comprar a Veritas o comprarte un coche híbrido o eléctrico. Pero en lo fundamental de lo que haces en la vida es donde dejarás más huella, más impacto.

Una parte creciente del capital de impacto proviene de fondos públicos o semipúblicos. ¿Qué tipo de rendición de cuentas debería exigirse cuando se usan recursos colectivos para financiar proyectos con retorno privado?

Los mismos que se utilizan en cualquier convocatoria competitiva, pero con un añadido. Creo mucho en la filosofía del bien común, que dice que la administración pública debería incentivar más a quienes contribuyen más y menos a quienes contribuyen menos. La administración debería ser capaz de tener en cuenta a quienes aportan más a la sociedad. En Catalunya es muy típico priorizar un poco a las entidades del tercer sector, por ejemplo. Los ayuntamientos empiezan a tener en cuenta los criterios de impacto cuando lanzan convocatorias.

En los últimos años grandes fondos y multinacionales se han sumado al lenguaje del impacto y los criterios ESG, que ahora están cambiando el significado de sus siglas debido a toda la contaminación MAGA de Donald Trump. ¿Le preocupa?

Vivimos un momento muy convulso, geopolíticamente muy enrevesado. Soy de los que piensan —y estoy convencido— de que el modelo social europeo es el mayor hito de desarrollo que ha logrado la humanidad en toda su historia y que, por tanto, debemos ser capaces de resistir frente a modelos alternativos que no son tan buenos. El modelo social europeo tiene muchos problemas y no siempre se resuelven bien; el Estado sigue teniendo muchos ámbitos de mejora: hay mucho margen para ser más eficientes e innovadores, los índices de corrupción generan mucha distancia con el ciudadano, sí. Pero debemos seguir defendiendo los valores que siempre nos han definido. Europa, siento, es la resistencia.

El mismo día en que se publicó en el BOE el decreto de regularización de inmigrantes, el Washington Post publicó un editorial con el título America`s worker shortage is now a crisis (La escasez de trabajadores en los Estados Unidos es ahora una crisis)

Toda la evidencia empírica de que se dispone indica que la inmigración ha tenido unos efectos no ya positivos, sino muy positivos para la sociedad estadounidense. Dicha evidencia empírica fue desconocida por el presidente Donald Trump ya en su primer mandato, pero lo ha sido mucho más en el comienzo del segundo. Sin inmigrantes la población de Estados Unidos habría descendido desde que ha llegado por segunda vez a la presidencia y estaría afectando a áreas decisivas para el bienestar del país, ya que, de acuerdo con las cifras proporcionadas por el Migration Policy Institute, los inmigrantes representan el 23,6% de los trabajadores en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, el 15,9% en enfermería y el 28,4% en el de los trabajadores de la salud en general. 

Por su parte el Cato Institute: Immigrants Effects on Government Budgets 1994-2023, informa que “los inmigrantes generaron en impuestos más que todos los beneficios recibidos a través de todos los niveles del Gobierno (federal, estatal y municipal)”; “crearon un superávit fiscal cumulativo de 14.500 millones de dólares”. La aportación de los inmigrantes hubiera supuesto el equivalente al 33% de los déficits combinados en todos los niveles de gobierno entre 1994-2023, que se habrían producido sin dicha aportación.

La crisis que el WP detecta como consecuencia de la política inmigratoria de Donald Trump es extrapolable a los países miembros de la Unión Europea en general y a España en particular. La “prioridad nacional”, “American First”, es negativa en ambas orillas del Atlántico, como subrayó George Mombiot en The Guardian: “The facts are stark: Europe must open the door to migrants or face its own extinction” (Los hechos son testarudos: Europa tiene que abrir la puerta a los inmigrantes o afrontar su propia extinción).

Afortunadamente España, que ha sido un país de emigración hasta mediados de la década de los ochenta del siglo pasado, ha sabido convertirse de una manera razonablemente efectiva en un país con una notable tasa de inmigración, en torno al 15%. La regularización de la población inmigrante que ya reside en territorio español ha sido el instrumento jurídico del que se ha hecho uso por parte de Gobiernos tanto del PSOE o del PP.

La que ahora mismo está iniciando su andadura se diferencia de las anteriores en que su origen está en una “iniciativa legislativa popular” de más de setecientos mil ciudadanos, que fue admitida a trámite por el Congreso de los Diputados por casi unanimidad, PP incluido.

Ha sido a través de la combinación de la democracia directa y la democracia representativa como se ha decidido poner en marcha esta regularización. Dicha iniciativa dice mucho a favor de la sociedad española. Por ello, en buena lógica, no debería haberse planteado ningún problema en la implementación de esta medida. 

Desafortunadamente no ha sido así, aunque, afortunadamente, su oposición no va a impedir que la regularización se produzca. Y que, su aceptación por el conjunto de la sociedad se produzca con naturalidad, como ha ocurrido con las anteriores. Y es que, como ha dicho la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, criticando de manera expresa la decisión de la alianza PP y Vox en Extremadura: “no se puede dejar a nadie al margen de un sistema al que contribuye”. 

Las personas que conviven en un territorio tienen que hacerlo en pie de igualdad en el ejercicio de los derechos. Con la excepción del derecho de participación política reconocido en el artículo 23 de la Constitución, los extranjeros deben poder ejercer los demás derechos reconocidos como fundamentales en la Constitución. En ese ejercicio descansa la posibilidad misma de una convivencia pacífica, justamente lo contrario de lo que están diciendo estos últimos días los dirigentes del PP y Vox.

Un Consejo Global para una Economía del Bien Común, liderado por la economista Mariana Mazzucato y con España como primer anfitrión e impulsor, guiará a las fuerzas progresistas a compensar y redistribuir las grandes riquezas acumuladas por las empresas como contrapeso al auge de la ultraderecha neoliberal. El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, lo ha anunciado este sábado durante su intervención en la Movilización Progresista Global, encuentro impulsado por el PSOE y el socialismo europeo que se celebra este fin de semana en Barcelona.

El Consejo surge como “espacio de reflexión y propuesta que aspira a transformar los cimientos del pensamiento económico dominante y ofrecer una alternativa rigurosa y progresista de políticas orientadas a un crecimiento compatible con la reducción de la desigualdad, la aceleración de la transición ecológica y el refuerzo de la democracia”, según han informado fuentes del Ministerio de Economía, que liderará este Consejo junto a Mazzucato.

Justicia, igualdad, sostenibilidad y solidaridad global serán los valores centrales que guiarán este Consejo, en el que participarán ministros de finanzas, representantes de la sociedad civil y economistas con trayectoria internacional reconocida. “El objetivo principal es pensar en cómo crecer económicamente con un propósito”, ha defendido Cuerpo, mientras que Mazzucato ha expresado que se trata de que “el Estado no solo se dedique a corregir a los mercados, sino que les dé forma” para que se reduzca la desigualdad entre las rentas del capital y las del trabajo, cada vez más amplias.

La primera reunión se celebrará en verano de 2026 y se convocará “en los márgenes” de eventos como las reuniones anuales del Banco Mundial y FMI o la COP. El segundo encuentro tendrá lugar en Madrid en la primavera de 2027 con el objetivo de marcar unos principios económicos claros y una agenda reformista de cara al otoño.

Teniendo en cuenta los asuntos abordados durante la cumbre del progresismo impulsada por el PSOE y con la participación de líderes de la izquierda europea y mundial, así como de activistas y académicos, el impuesto a los megarricos, la regulación de la IA y el control al gran poder de las tecnológicas, la agenda verde para reducir la huella de carbono y los precios energéticos y la crisis de la vivienda serán los temas principales a abordar.

Los debates se han celebrado casi sin discrepancias y los ponentes se han mostrado en general de acuerdo en crear mecanismos para redistribuir la riqueza de manera progresiva, para controlar y compensar el poder de las tecnológicas en Europa y para intervenir el mercado de la vivienda a la par que se fomenta la inversión en vivienda pública.

Después de tantas guerras perdidas por Estados Unidos (Corea, Vietnam, Afganistán, Irak), la guerra de Irán, desencadenada por Trump y Netanyahu -o mejor por Netanyahu y Trump- tiene toda la probabilidad de traernos una profunda y global crisis económica. Con dos ingredientes seguros: la inflación y la recesión. Es lo que se ha dado en llamar “estanflación”, término que reúne dos fenómenos aparentemente contradictorios: congelación del crecimiento (0.8% en la eurozona) y, a la vez, alza importante de precios (la OCDE prevé que la tasa media de precios de los países del G-20 se dispare este año al 4%).

La causa inmediata de la crisis que ya sufrimos en el área de la Unión Europea está, como es sabido, en la subida de los costes energéticos y su traslado al transporte, la industria y la alimentación. Los orígenes mediatos están en el persistente bloqueo en el estrecho de Ormuz y la resiliencia militar y económica del régimen iraní. Algo con lo que no contaban los que, sin amenazas previas, ni objetivos políticos identificables o coherentes, decidieron, de forma a todas luces irresponsable, atacar Irán. Ahora no saben -particularmente Donald Trump- cómo terminar con la guerra.

La gravedad de la situación en las vulnerables economías europeas, tan dependientes de las cadenas de suministros y de las fuentes de energía, obliga a plantearse las políticas que puedan afrontar la crisis de modo menos dañino para las y los ciudadanos. Y surge un dilema: o restricción en la política monetaria y fiscal o estímulo a la demanda y la producción.

La primera de las dos opciones fue la escogida por la Unión Europea en la crisis de naturaleza financiera que estalló a partir de la caída de Lehman Brothers en 2008. Su epicentro era Wall Street, pero se extendió -con un presidente Bush más “pato cojo” que nunca- estruendosamente por las economías de los países desarrollados, contagiando particularmente a los países europeos. Entre otras cosas porque el Banco Central (BCE) de Trichet no percibió la crisis y actuó inicialmente subiendo el tipo de interés cuando Estados Unidos y la eurozona estaban ya en recesión. Contribuyó así a la escalada del euribor y a la caída de las bolsas europeas.

La diferencia con la política adoptada por la Reserva Federal (FED) fue abismal. La FED redujo sin contemplaciones el precio del dinero, del 5,25% al 1% en pocos meses, llegando después hasta cerca del 0%. Sin embargo, el BCE en noviembre de 2008 todavía estaba en el 3,25%. Hubo que esperar a abril de 2009 para que dejara los tipos en el 1,25%. El BCE siempre por detrás de la Reserva Federal. 

Esto en cuanto a la política monetaria, muy volcada en solucionar la situación dramática del sistema financiero. La política fiscal -gastos e ingresos públicos- competencia de los gobiernos y los parlamentos, tardó en llegar. La única medida de política fiscal de estímulo que la Unión, en cuanto tal, lanzó contra la Gran Crisis fue el Plan Europeo de Recuperación Económica (diciembre de 2018). Con directrices nada concretas, a pesar del desastre económico en términos de paro o producción. 

Esas medidas duraron poco. Una austeridad simplona, de inspiración alemana, se convirtió entre 2010 y 2013 en la madre de todas las soluciones, poniendo fin a los efímeros estímulos.

La Unión se alejó así de unos Estados Unidos reticentes a abandonar las políticas económicas de estímulos hasta ver clara la recuperación del sector público. Europa neoclásica y América keynesiana. Vivir para ver. Los ministros de economía del euro no dejaron de aludir al mantra de la “sostenibilidad fiscal” y de las “reformas estructurales”. En el Reino Unido, el gobierno de David Cameron mostró su creencia en las capacidades taumatúrgicas de la austeridad. El Fondo Monetario Internacional también prefería recortar gastos a subir impuestos. El “consenso de Bruselas”, o sea, la doctrina de la austeridad y la restricción presupuestaria, se impuso a los países europeos más afectados por la crisis, discriminados por la imposibilidad legal del BCE de actuar como prestamista de última instancia.

El efecto de la austeridad fue contundente. La Unión Europea -y en especial la eurozona- entró en 2012, por segunda vez, en recesión. Fue un año perdido para el empleo, y para las cuentas públicas. La situación se prolongó en 2013. Europa fue la única región significativa del mundo en la que creció el desempleo. Como contraste, en los Estados Unidos de Obama y Bernanke sus políticas expansivas fiscales de gasto tuvieron resultados positivos de crecimiento y en políticas sociales y de infraestructuras.

En primavera de 2013 cambió la orientación de la insostenible política de austeridad por su evidente fracaso, hacia una línea de estímulos hasta entonces solo defendida por fuerzas de carácter progresista. El paso definitivo lo dio la importante reunión del Consejo Europeo de 27 y 28 de junio de 2013 y la del G-20 de 19 y 20 de julio.

En momentos críticos posteriores a lo que se denominó como Gran Crisis, la Unión no ha repetido los errores de 2010-2013. No lo hizo durante la pandemia de la Covid 19 o en la crisis inflacionista resultante de la invasión rusa de Ucrania. Sin embargo, ante los efectos en los precios de la guerra contra Irán, se ha abierto una dialéctica política y académica bipolar. O a favor de establecer medidas expansivas de reducir los tipos o a subirlos si la confrontación bélica se convierte en crónica. Todo parece indicar que la guerra continuará con Europa sufriendo las peores consecuencias, dada la naturaleza comercial de su estructura económica. 

A mi juicio -a diferencia de lo que parece desprenderse de recientes declaraciones de Lagarde- no tendría sentido subir los tipos como forma inmediata de combatir la inflación, porque ésta se producirá con independencia de la política monetaria, ya que su origen está en un conflicto militar y no en decisiones empresariales. En cuanto a una hipotética paralización de la economía, el encarecimiento del dinero no haría más que ahondar la crisis. De ahí la conveniencia de una política expansiva que impida que se reproduzcan los negativos efectos de una ya experimentada austeridad hace una década y media.

Tengamos en cuenta las señales que nacen de la FED, que piensa en recortar los tipos de interés en junio de este año un cuarto de punto. A diferencia del BCE, la Reserva Federal tiene como mandato no solo contener la inflación sino ayudar a mantener un alto nivel de empleo. 

En todo caso, el problema esencial es el bajo crecimiento de la economía. Para fortalecerla, los gobiernos han de tomar medidas de estímulo a través del gasto público y la fiscalidad, y el BCE no obstaculizarlas y, para ello, rebajar el precio del dinero.

Para afrontar la presente crisis energética, Europa (y España) debe practicar una política económica de defensa del Estado de Bienestar y de robustecimiento del poder adquisitivo de los hogares. Una política inversora de fondos públicos, en parte con deuda mutualizada, en parte con impuestos directos sobre las grandes fortunas y corporaciones. Y abordando la gigantesca evasión fiscal que se sustenta en los paraísos fiscales.

Como gran política de fondo, después de la crisis regional en Oriente Medio, no queda sino acelerar la transición ecológica hacia energías renovables, ante lo que Fatih Birol, director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía, ha llamado “la mayor amenaza para la seguridad energética mundial de toda la historia”. España está bien situada para profundizar en esa apuesta imprescindible.

El índice de precios de consumo (IPC) acentuó su subida en Asturias en marzo del 2,0 al 3,0 % en tasa interanual, mientras los alimentos suavizaron su encarecimiento seis décimas, del 3,8 al 3,2 %, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Asturias registró la subida interanual del IPC más suave entre las comunidades autónomas, igualada con Canarias y La Rioja.

En tasa mensual, es decir, en relación a febrero, los precios subieron en el Principado de Asturias un 1,0 por ciento, mientras que en el acumulado del primer trimestre lo hicieron un 0,8 por ciento.

Encarecimiento de los combustibles

Para el conjunto del país, el INE ha elevado al 3,4 % el repunte de la inflación en marzo por el encarecimiento de los combustibles debido a la guerra en Oriente Medio, lo que supone una décima más respecto al dato adelantado y 1,1 puntos más respecto a la tasa registrada en febrero.

Así, el grupo que más influyó en el alza de la inflación fue el del transporte, que subió un 5,3 % interanual por el encarecimiento de los combustibles y lubricantes para vehículos personales. 

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha anunciado este lunes que su Gobierno trabaja en un plan de medidas para paliar los efectos de la guerra de Irán, que va a movilizar al menos 40 millones de euros y que se va a aprobar “muy pronto”. “Pueden y deben estar tranquilos porque tenemos ya sobre la mesa en estos momentos más de 61 millones de euros”, ha ahondado Sáenz de Buruaga.

Buruaga ha respondido así en el pleno del Parlamento de Cantabria a una pregunta del portavoz socialista, Mario Iglesias, quien la ha acusado de no haber puesto en marcha “ni una sola medida” para ayudar a empresas y ciudadanos a afrontar los efectos de esa guerra, mientras que ha reivindicado la “determinación” el Gobierno de España para poner aprobar 80 medidas que suman 5.000 millones de euros.

La jefa del Ejecutivo autonómico ha tachado el plan de medidas del Ejecutivo central de “insuficiente” y ha criticado que esos recursos económicos están financiados por las comunidades autónomas en un “yo invito y tú pagas”. “Cantabria ha empezado a responder ya con 21,6 millones de euros hasta el 30 de junio, es decir, 7,2 millones de euros al mes”, ha sentenciado. 

Y ha incidido en que su Gobierno trabaja, al margen de ese dinero, en un plan “listo para ser activado” y en el instrumento para activarlo que es, ha añadido, el presupuesto de Cantabria, que entrará en vigor el 1 de mayo.

Según ha avanzado, ese plan contempla un primer paquete de medidas estructuradas en diferentes ejes, con medidas de vigilancia, asistencia y coordinación, con medidas de liquidez y financiación para empresas y autónomos e implementará acciones para reducir el impacto derivado del aumento de los costes energéticos.

Asimismo, pondrá en marcha otras medidas encaminadas a proteger el comercio minorista, reforzar la exportación y la promoción, y mejorar la vigilancia, la asistencia y la coordinación con los diferentes colectivos implicados.

Buruaga ha pedido a los socialistas “coherencia”, porque “cuadra muy mal pedir ayudas a otros que no han demandado en sus propias filas cuando la era Sánchez deja más de 140 subidas de impuestos y cotizaciones desde el año 2018”, ha concluido. 

Iglesias ha replicado a la presidenta que el proyecto de presupuestos de Cantabria no contempla “una sola medida” para hacer frente a los efectos de la guerra y ha dicho que, entre las enmiendas que los socialistas van a presentar al documento mañana, martes, pedirán introducir deducciones fiscales para empresas y familias.

La Junta de Gobierno Local de Calahorra ha adjudicado la parcela municipal ubicada frente al supermercado Lidl a la mercantil cántabra INMUVE S.A. por el precio de 3.010.000 euros, un 19,59 por ciento más más que el tipo de licitación. El pasado mes de febrero, se ponía a venta esta parcela situada en la carretera de Logroño y la calle Castilla y León y dentro del Sector urbanístico 12 'Variante Norte I', por 2,5 millones de euros.

Esta superficie tiene la clasificación de suelo urbano consolidado para uso terciario destinado a impulsar nuevas actividades económicas, que contribuyan al fomento de la actividad empresarial y comercial, a la generación de empleo en Calahorra y a la dinamización del tejido productivo local. Entre los usos permitidos en esta parcela se incluyen comercios, oficinas, servicios, hostelería y ocio.

Con esta venta, el Ayuntamiento de Calahorra busca favorecer la implantación de actividades comerciales y empresariales que contribuyan al crecimiento económico de la ciudad y a la creación de empleo.

La sociedad INMUVE se dedica a actividades inmobiliarias y dispone de dos años, desde la formalización del contrato de compra-venta, para solicitar la licencia de conjunta de urbanización del vial y de la edificación del 50 por ciento de la parcela.

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Asimismo, la Junta de Gobierno Local tambíen ha concedido la licencia de primera ocupación de ‘Centro de Día para personas mayores’ a la Consejería de Salud y Políticas Sociales. El nuevo Centro se encuentra en una parcela de 10.000 metros cuadrados en la zona del hospital de Calahorra, junto a la residencia de personas mayores ‘Los Manitos' y que se preveía que estuviera listo en 2024.

Se trata de un edificio en planta baja con tres alas (norte, este y oeste) y abierto hacia el sur, abrazando al jardín central del propio centro. Contará con una capacidad de 60 plazas.

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital en funciones, Guillermo Santamaría, ha anunciado este lunes la materialización de la compraventa de la parcela de 467.000 metros cuadrado en ExpacioMérida por parte de la empresa china Hunan Yuneng para su fábrica de cátodos.

Santamaría ha asegurado que “el proyecto avanza” y tras recordar que tenía una reserva del terreno, ha anunciado que en los próximos días se materializará la compraventa de la parcela.

Esto, en su opinión, “es un nuevo paso para que se inicien las obras por parte del inversor”, cuya entrada en producción se espera que se produzca antes de finales de año.

Ha indicado que se trata de una planta industrial para la fabricación de materiales catódicos para baterías y ha señalado que es “una de las mayores inversiones industriales captadas en Extremadura y de la primera planta de este tipo en Europa”.

Recuerda que el proyecto de Hunan Yunen en Mérida es una oportunidad que se inició en septiembre de 2023 por parte del Gobierno de la presidenta María Guardiola, “fruto de un riguroso trabajo de atracción de inversiones, impulsando los sectores con mayor potencial en Extremadura, entre los que está el energético, y seleccionando los destinos”.

Santamaría ha afirmado que este proyecto sigue dando pasos y ha comentado que ya ha obtenido la autorización ambiental y está pendiente de obtener la licencia de obra por parte del Ayuntamiento de Mérida, “lo que se producirá de manera inminente”.

También se ha acompañado al inversor en la obtención de los informes sectoriales de la Confederación Hidrográfica del Guadiana y en el visado del proyecto por parte del Colegio Extremeño de Arquitectos.

El proyecto de Hunan Yuneng en Mérida supone una inversión cercana a los 800 millones, con capacidad productiva de hasta 300.000 toneladas anuales y la creación de alrededor de 500 empleos directos.

Para la Junta de Extremadura es un proyecto clave dentro de la cadena de valor del vehículo eléctrico y del almacenamiento energético, además de que refuerza la posición de la región como enclave industrial vinculado al sector energético. 

La guerra entre Estados Unidos e Irán, iniciada el pasado 28 de febrero, ha tensionado las bolsas de todo el mundo en medio de una fuerte crisis energética, provocada por el bloqueo del estrecho de Ormuz y el encarecimiento del petróleo. La tregua anunciada este miércoles por Donald Trump ha impulsado una recuperación de los mercados tras semanas marcadas por caídas, volatilidad y miedo a una recesión global.

Los expertos coinciden en que la reacción de las bolsas refleja más un alivio puntual que un cambio de escenario. Sin embargo, advierten de que el conflicto y, sobre todo, la evolución del precio del petróleo seguirán condicionando la economía global. “La inestabilidad no terminará hasta que termine la guerra”, resume el economista israelí Joseph Zeira, profesor en la Universidad Hebrea de Jerusalén.

El petróleo como detonante de la crisis

Desde el inicio del conflicto, las bolsas han caído con fuerza en todo el mundo, como puede verse en el siguiente gráfico. El S&P 500 ha llegado a ceder más de un 7%, el Nasdaq cerca de un 10% y el Dow Jones alrededor de un 6%. Mientras en Europa el EuroStoxx bajó un 5% y en España el IBEX 35 registró en marzo su peor mes desde 2022, con una caída superior al 7%. En Asia, el impacto ha sido aún más severo, con el Nikkei japonés desplomándose más de un 13%. Y en el caso de la bolsa israelí, el TA-35 rozó el 9%.

Para los analistas, el principal canal de transmisión ha sido la energía. El encarecimiento del petróleo, impulsado por la tensión en el estrecho de Ormuz por donde transita cerca de una quinta parte del suministro mundial, ha actuado como un shock de oferta negativo sobre la economía global.

“El petróleo funciona como un impuesto indirecto: eleva los costes de producción y transporte, reduce márgenes empresariales y frena el crecimiento”, explica Manuel Pinto, analista de mercados en XTB. Este impacto se extiende más allá del crudo, afectando a cadenas industriales y materias primas estratégicas, desde fertilizantes hasta semiconductores, y reforzando las presiones inflacionistas.

Como consecuencia, el barril de Brent pasó de cotizar en torno a los 73 dólares a superar los 116, alimentando el riesgo de un escenario de bajo crecimiento con inflación elevada, añade.

¿Qué ha cambiado tras el alto al fuego?

El mercado ha reaccionado a cada anuncio de desescalada. En esta ocasión, el precio del Brent ha caído más de un 13%, situándose por debajo de los 100 dólares, mientras las bolsas han registrado subidas generalizadas.

El mercado israelí ha liderado el repunte, con un avance acumulado cercano al 18% desde los mínimos recientes. Le sigue Japón, con repuntes en torno al 13%, mientras que Europa registra subidas más moderadas, cercanas al 2%. En España, el IBEX 35 acumula un avance del 4,6% en este mismo periodo.

Con la caída del precio del petróleo, las bolsas han reaccionado con fuerza. Según Pinto, este giro refleja un cambio de dinámica: las economías importadoras de energía, como Europa o Asia, son las más beneficiadas cuando baja el crudo, mientras que Estados Unidos pierde parte de su ventaja como exportador.

Aun así, el patrón se repite: subidas rápidas tras noticias positivas y caídas cuando no se confirman avances. El experto esloveno Rok Spruk lo resume así: “los mercados tratan estas noticias como impactos de corta duración, cuya relevancia depende de su credibilidad”.

Israel: mercados fuertes, economía débil

El caso de Israel se diferencia al resto, aunque la mayoría de mercados reaccionaron inicialmente con caídas, el TA-35 mostró fortaleza tras el inicio del conflicto, corrigió posteriormente con la escalada y ahora lidera el repunte con un 18%. Para Spruk, este comportamiento refleja la “resiliencia estructural” de la economía israelí, apoyada en sectores de alto valor añadido. Sin embargo, el diagnóstico macroeconómico es mucho más negativo.

“Desde octubre de 2023, la economía israelí está en una recesión severa”, advierte Joseph Zeira, quien señala que el PIB empresarial ha caído un 8% y la inversión cerca de un 20%. El desplome del turismo y el aumento del gasto militar, financiado en gran parte con deuda, agravan el deterioro. “La economía real no refleja la aparente estabilidad de los mercados financieros” defiende.

La política marca el paso

Durante todo el conflicto, la volatilidad ha estado estrechamente ligada a la evolución política. Cada declaración tenido un impacto en los mercados en una u otra dirección. Las palabras de Trump han actuado como catalizador, como apuntan los analistas, generando movimientos bruscos en función de las expectativas de escalada o desescalada. “Esto refuerza la idea de que los inversores están reaccionando más a expectativas que a cambios reales en la economía” sostienen.

Pinto apunta a un patrón recurrente: subidas impulsadas por el optimismo seguidas de correcciones ante la falta de confirmación. Desde una perspectiva académica, el experto en macroeconomía Spruk matiza este comportamiento: “Los mercados tratan las declaraciones políticas como shocks informativos de corta duración”, explica, señalando que su impacto depende de si se perciben como creíbles y viables.

Ganadores y perdedores

El conflicto ha dibujado un mapa de ganadores y perdedores. El sector energético ha sido el principal beneficiado durante la subida del petróleo. En España, Repsol destacó con fuertes alzas en marzo, mientras que a nivel internacional grandes petroleras estadounidenses como ExxonMobil y Chevron se vieron impulsadas por el encarecimiento del crudo.

El sector de defensa también reaccionó con fuerza al inicio del conflicto, con alzas en compañías estadounidenses como Northrop Grumman o General Dynamics, que llegaron a subir más de un 6% y algo más de un 1% a principios de marzo. Aunque parte de esas ganancias se corrigieron posteriormente con la desescalada. Lockheed Martin, por su parte, llegó a rozar máximos históricos: en torno a los 670 dólares y subidas superiores al 60%.

Uno de los casos más destacados es el de la israelí Elbit Systems, cuyas acciones han subido más de un 23% desde finales de febrero, impulsadas además por un récord en su cartera de pedidos superior a 28.000 millones de dólares.

En el sector tecnológico, las empresas vinculadas al ámbito militar fueron las primeras en registrar subidas iniciales. Palantir Technologies llegó a ganar casi un 6% en los primeros días y acumuló un alza del 12%. Sin embargo, el escenario cambió cuando Irán señaló como posibles objetivos a grandes tecnológicas como Apple, Microsoft, Google, Meta, IBM, Intel o Tesla, lo que provocó caídas generalizadas. Con el alto el fuego, el sector ha recuperado parte del terreno perdido.

Por el contrario, sectores como el turismo, la automoción han sido los más perjudicados, afectados por el aumento de costes y la incertidumbre global. Este comportamiento refuerza la idea de que el mercado ha reaccionado principalmente al impacto de la energía más que a un deterioro estructural del crecimiento global, tal y como señalan los expertos.

¿Shock temporal o riesgo estructural?

La gran incógnita es si el conflicto dejará una huella duradera en la economía global o si se trata de un episodio transitorio. Spruk considera que, por ahora, los mercados lo están valorando como un “shock extremo pero contenido”, es decir, un riesgo que se mantiene pero con baja probabilidad de alterar de forma permanente la arquitectura financiera global.

Pinto sostiene que el escenario base sigue siendo relativamente constructivo, pero subraya que este optimismo es frágil. Zeira, sin embargo, recuerda los límites de esta lectura desde los mercados: la economía real muestra un deterioro mucho más profundo que el que reflejan los índices bursátiles.

Los mercados han celebrado la tregua, pero continúan dependiendo de un equilibrio inestable, altamente condicionado por la evolución del petróleo y por decisiones políticas difíciles de anticipar.

El ingreso mínimo vital (IMV) llegó a 8.189 hogares de Cantabria en marzo, un 20,6% más que el año anterior, que percibieron una media de 587,98 euros, según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En términos absolutos son 1.399 hogares más que el año anterior y en total se benefician 22.022 personas. El gasto total en Cantabria ascendió a 5,3 millones de euros y la nómina total en toda España supuso 495,6 millones.

Además, 5.013 de las familias beneficiarias en la comunidad recibieron el complemento de ayuda para la infancia, con una cuantía media de 112,29 euros. Los menores con este complemento totalizaron 8.478 y la ayuda media por cada uno fue de 66,40.

En España el ingreso mínimo llegó a 829.399 hogares en marzo, un 18 % más que hace un año, con una cuantía media de la prestación que se sitúa en los 543,1 euros al mes por hogar. En estos hogares viven 2,53 millones de personas, de las cuales 1,03 millones son niños y adolescentes.

En marzo, el 68 % de los titulares y el 53,4 % de los beneficiarios son mujeres y el 41 % de los beneficiarios son menores, mientras que 140.000 hogares que reciben la prestación son monoparentales, en su mayoría encabezados por mujeres.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, considera que el IMV “marca la diferencia, especialmente en la infancia”, y demuestra que el Gobierno está “donde más importa, que es en el presente y en el futuro del país”. Desde su puesta en marcha en 2020, el IMV ha protegido a más de 3,5 millones de personas.

En cuanto al complemento de ayuda para la infancia (CAPI), que forma parte del ingreso mínimo, en marzo llegó a 573.831 unidades de convivencia, con una cuantía media de 66,4 euros por cada menor y de 120,7 euros por cada hogar, según detallan las mismas fuentes.

Esta prestación establece distintas cuantías según la edad: 115 euros al mes para menores de 0 a 3 años, 80,5 euros entre 3 y 6 años, y 57,5 euros entre 6 y 18 años.

La media de edad de los beneficiarios del IMV es de 28,5 años, lo que supone un importante sostén para los jóvenes en situación de exclusión. 

Izquierda Unida Valdepeñas ha manifestado su “preocupación” por la escalada de tensiones internacionales, especialmente en Oriente Próximo, y ha advertido de sus “consecuencias directas” en la vida cotidiana de la ciudadanía, también a nivel local.

En una comparecencia pública, Elliot Castellanos, miembro de la coordinadora de IU Valdepeñas, ha subrayado que los conflictos geopolíticos “no son ecos lejanos”, sino realidades que terminan afectando a municipios como Valdepeñas. “Vivimos en un mundo donde la paz es un bien frágil que, cuando se rompe, nos acaba golpeando a todos”, ha señalado.

Desde Izquierda Unida han vinculado la actual escalada de tensión con “una herida abierta”, en referencia a la situación en, denunciando la vulneración del derecho internacional y reclamando una mayor implicación de la comunidad internacional. En este sentido, han apelado a la responsabilidad colectiva. “Como sociedad, tenemos la obligación moral de no mirar hacia otro lado”, recalcaba Castellanos.

La organización ha advertido del riesgo que supone la normalización de estos conflictos. En concreto, ha señalado que determinadas estrategias políticas “alimentan el negocio de la guerra y el autoritarismo”, generando un clima de inestabilidad global.

IU Valdepeñas ha querido destacar que esta situación tiene consecuencias directas en la ciudadanía, como el encarecimiento de la energía, el aumento del coste del combustible o la subida de los precios en la cesta de la compra, afectando especialmente a los sectores más vulnerables y a la juventud.

Por ello, la formación ha reclamado el cese inmediato de las hostilidades y el respeto a la legalidad internacional. La comparecencia ha concluido con un llamamiento a la justicia, la solidaridad entre los pueblos y el rechazo a la guerra.