La dirección de Volkswagen ha exigido a Audi acelerar su reestructuración después de que la marca de los cuatro aros presentara unos resultados semestrales marcados por el descenso del beneficio y un nuevo recorte de sus previsiones para 2026. La firma premium defiende que ya ha asumido importantes sacrificios, como el cierre de la planta de Bruselas, pero reconoce que deberá profundizar en las medidas de eficiencia mientras trata de encontrar una alternativa para evitar un nuevo cierre, el de la fábrica alemana de Neckarsulm.

El grupo Audi, que integra las marcas Audi, Bentley, Lamborghini y Ducati, obtuvo un beneficio neto de 1.123 millones de euros entre enero y junio, un 16,6% menos que en el mismo periodo del año anterior, lastrado por el deterioro de las ventas en Estados Unidos y China, dos de sus principales mercados. Ante este escenario, la compañía ha revisado a la baja sus expectativas para el conjunto del ejercicio.

La empresa prevé ahora unos ingresos de entre 58.000 y 63.000 millones de euros, frente a la horquilla de entre 63.000 y 68.000 millones estimada al cierre del primer trimestre, mientras que rebaja su objetivo de rentabilidad operativa sobre las ventas al rango del 5% al 7%, desde el anterior 6%-8%.

La compañía atribuye este deterioro al aumento de la incertidumbre económica derivada del conflicto en Oriente Medio, al impacto de los aranceles estadounidenses y al recrudecimiento de la competencia en China. En la primera mitad del año, las ventas de Audi en Estados Unidos retrocedieron un 17%, mientras que la facturación en el mercado chino cayó un 19,3%.

Pese al retroceso del beneficio neto, Audi destacó que logró mantener estable su rentabilidad operativa. El beneficio operativo aumentó un 3,2%, hasta 1.122 millones de euros, gracias a la reducción de los costes asociados a la reestructuración, una estricta disciplina de gasto y un menor impacto de los costes derivados del cumplimiento de los objetivos de emisiones.

Volkswagen acelera la presión sobre Audi

Los resultados llegan apenas unos días después de que Volkswagen anunciara una caída del 30,7% de su beneficio semestral y anticipara un endurecimiento de su programa de eficiencia. En este contexto, la dirección del grupo ha trasladado al consejo de supervisión de Audi un paquete integral de medidas destinado a mejorar de forma estructural la competitividad de la marca.

El director financiero de Audi, Juergen Rittersberger, reconoció que la presión sobre el negocio obliga a replantear su modelo industrial de la mano de la matriz. “Los desafíos globales están aumentando la presión para actuar”, afirmó el directivo, quien subrayó que Audi deberá colaborar con Volkswagen para implementar mejoras estructurales a gran escala que permitan recuperar competitividad frente a fabricantes chinos y absorber el impacto de los nuevos aranceles.

La exigencia forma parte del amplio plan de ajuste impulsado por el consejero delegado del grupo Volkswagen, Oliver Blume, que contempla una profunda reorganización industrial y que, según trascendió a comienzos de julio, podría implicar la supresión de hasta 100.000 empleos y el cierre de hasta cuatro plantas en Alemania durante la próxima década.

Neckarsulm busca evitar el cierre

Uno de los principales focos de preocupación se sitúa en la planta de Neckarsulm, especializada actualmente en modelos con motor de combustión y considerada una de las fábricas con más riesgo dentro del plan de racionalización del grupo.

Según publicó el diario económico Handelsblatt, la dirección de Audi trabaja para presentar alternativas que permitan mantener abierta la instalación más allá de 2030. Entre las opciones estudiadas figura una nueva reducción de la producción anual, desde las aproximadamente 225.000 unidades actuales hasta unas 150.000, lo que supondría operar prácticamente a la mitad del volumen registrado en 2019.

Rittersberger admitió que la empresa ya está ajustando progresivamente la capacidad industrial. La fábrica ha reducido en los últimos años unas 75.000 unidades de capacidad anual y recientemente acordó eliminar el turno de noche como parte de la adaptación al menor volumen de producción.

Audi reivindica los sacrificios ya realizados

Frente a las nuevas exigencias de Volkswagen, el consejero delegado de Audi, Gernot Döllner, defendió que la compañía ya ha demostrado su disposición a acometer decisiones difíciles y cambios de rumbo para transformar el negocio. Entre ellas citó el cierre de la planta de Bruselas, uno de los episodios más delicados de la reestructuración, así como la entrada de la marca en la Fórmula 1 y la creación de AUDI, una nueva enseña específica para el mercado chino desarrollada junto a socios locales.

“Estamos comprometidos a modernizar Audi”, aseguró Döllner, quien sostuvo que la gama de productos está ahora más adaptada a las necesidades específicas de cada región. Dentro de esa estrategia, el fabricante confía en reforzar su presencia en Estados Unidos con el lanzamiento del nuevo Q9, un SUV desarrollado específicamente para responder a las preferencias del mercado norteamericano en espacio, tecnología y seguridad, precisamente en un momento en el que los aranceles penalizan las importaciones europeas.

Al mismo tiempo, la compañía espera impulsar su ofensiva eléctrica con el futuro A2 e-tron, un modelo compacto de acceso que será presentado en otoño y con el que Audi pretende ampliar su oferta de vehículos eléctricos hacia segmentos de mayor volumen.

Cuando Carmen Olmedo decidió dejar un empleo estable en la industria farmacéutica para crear Menoara tenía 51 años. No estaba en paro ni buscaba una salida desesperada. Había detectado un vacío: la escasez de soluciones específicas para la menopausia. “Si iba a dar el paso, mejor hacerlo desde una posición de fortaleza que esperar a que las circunstancias decidieran por mí”, recuerda.

Su caso rompe con el perfil más habitual del emprendimiento sénior en España. Porque, aunque el imaginario colectivo asocia al emprendedor con alguien joven, dispuesto a asumir riesgos y a crecer deprisa, la realidad es bastante distinta cuando se superan los 55 años. Ahí, emprender suele ser menos una aventura que una estrategia para seguir trabajando.

Así lo refleja el informe 'El emprendimiento sénior en España', elaborado por el Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación Mapfre junto al Observatorio del Emprendimiento de España. El estudio concluye que el 9,9% de los españoles mayores de 55 años desarrolla alguna actividad emprendedora. Son menos que en otros grupos de edad, pero cuando crean una empresa la mantienen con más éxito: su tasa de abandono es del 1,2%, frente al 4,5% de quienes tienen entre 50 y 54 años y el 4,1% de los menores de 50.

La explicación, según Juan Fernández Palacios, director del Centro de Investigación Ageingnomics, está en algo menos llamativo que la innovación tecnológica pero igual de determinante: la experiencia. “Cuando un sénior se decide a emprender tiene mucho más claro el camino a seguir. La experiencia profesional, el conocimiento acumulado y una red de contactos consolidada ayudan a reducir errores”, explica.

El emprendimiento como alternativa al edadismo

Los datos del informe dibujan una paradoja. España envejece y el colectivo sénior representa ya más de un tercio de la población, pero el mercado laboral sigue expulsando a quienes superan cierta edad. Desde 2008 el paro entre mayores de 55 años prácticamente se ha duplicado y ya supera las 500.000 personas. Además, seis de cada diez desempleados sénior llevan más de un año buscando trabajo tal y como señala el documento.

Ese contexto explica por qué el 57% de los emprendedores entre 55 y 64 años reconoce que montó su negocio simplemente para “ganarse la vida”. Entre quienes ya han consolidado su empresa, el porcentaje alcanza el 65%.

“Lo que dicen estos datos es que las empresas no están contratando, en muchos casos por una mera cuestión de edad, a personas que todavía quieren seguir activas”, resume Fernández Palacios. Aunque matiza que no todo el emprendimiento sénior nace de la necesidad. “También hay un porcentaje importante que emprende para aprovechar oportunidades de negocio o continuar una tradición familiar. No todo el emprendimiento sénior es forzado”.

Olmedo pertenece precisamente a ese segundo grupo. “La chispa llegó cuando empecé a vivir en primera persona la perimenopausia y me di cuenta de lo poco atendida que estaba esta etapa. Vi que podía aportar desde mi conocimiento y experiencia”, explica.

El miedo no desaparece, pero cambia

Emprender a los 25 y hacerlo a los 55 implica riesgos diferentes. Mientras los más jóvenes suelen preocuparse por encontrar financiación o validar una idea, quienes se acercan a la jubilación añaden otra pregunta: ¿y si sale mal?

El informe revela que solo un tercio de los emprendedores sénior considera fácil poner en marcha un negocio y que el miedo al fracaso sigue presente, especialmente por el posible impacto económico sobre la jubilación.

“Claro que sentí miedo”, admite Olmedo. “Dejaba atrás una situación estable y no sabes si el mercado responderá. Pero contar con programas de acompañamiento, mentores y una red de apoyo ayuda muchísimo. Y cuando lo piensas con calma, todavía te quedan más de quince años de vida activa. Son demasiados para vivirlos desde el miedo”.

Paradójicamente, esa prudencia parece convertirse después en una ventaja. El estudio muestra que el 82% de los emprendedores sénior cree disponer de los conocimientos y habilidades necesarias para sacar adelante su proyecto, un porcentaje muy superior al de otros grupos.

La experiencia también enseña a crecer más despacio

Sergi Rosés tenía ya más de cuarenta años cuando, junto a dos amigos de toda la vida, decidió convertir en empresa lo que había empezado casi como un pasatiempo: electrificar embarcaciones tradicionales. Hoy Electric Inside Boats desarrolla barcos eléctricos alimentados por energía solar y participa en la transformación de la náutica sostenible.

Rosés también identifica una diferencia clara entre emprender joven y hacerlo después de décadas de trayectoria. “Cuando eres joven quieres crecer muy deprisa. Con el tiempo aprendes a validar antes el producto, a no crear estructuras innecesarias y a equivocarte menos”, explica. “Ahora priorizamos hacer solo los proyectos que realmente tienen sentido. Eso también forma parte de la experiencia”.

Su empresa nació sin la presión de tener que generar ingresos inmediatos. Los tres socios mantuvieron sus trabajos mientras el mercado maduraba. “Si hubiéramos necesitado vivir de esto desde el primer día, la empresa ya no existiría”.

Esa ausencia de urgencia económica permite otra característica que el informe también detecta: los emprendedores sénior priorizan más el impacto social y ambiental que el crecimiento acelerado. Siete de cada diez empresas consolidadas lideradas por mayores de 55 años sitúan ese propósito entre sus prioridades.

Las mujeres siguen partiendo desde más atrás

La edad no afecta igual a hombres y mujeres. El estudio muestra que el 9,1% de los hombres mayores de 55 años dirige empresas consolidadas, frente al 5% de las mujeres.

Para Olmedo, la explicación empieza mucho antes de los cincuenta. “Muchas mujeres de mi generación seguimos gestionando casa, hijos y cuidados familiares. A eso se suma que socialmente no se percibe igual a un hombre maduro que a una mujer madura. A ellos la edad les aporta autoridad; a nosotras muchas veces nos resta credibilidad”, sostiene.

Fernández Palacios coincide en el diagnóstico. La brecha responde, dice, a décadas de menor participación femenina en el mercado laboral y a una distribución desigual de los cuidados, que sigue limitando las posibilidades de muchas mujeres para desarrollar una carrera profesional o emprender.

Las ideas también se jubilan

No todos los proyectos llegan a convertirse en empresa. Antonio García, piloto jubilado, lleva años imaginando soluciones para facilitar la movilidad de las personas mayores en los campos de golf. Diseñó un carrito eléctrico capaz de transportar al jugador en las cuestas y circular después como carro convencional.

Llegó a invertir dinero en prototipos y buscó fabricantes interesados. Nunca encontró el apoyo necesario. “No soy empresario; soy prescriptor. Yo quería crear algo útil, no montar un negocio”, resume. Reconoce que el desánimo de su entorno familiar también influyó. “Si hubiera encontrado un socio que supiera de marketing, de finanzas y hubiera tenido apoyo familiar, quizá habría sido distinto”.

Su historia ilustra otra realidad menos visible del emprendimiento sénior: muchas buenas ideas nunca llegan al mercado, no tanto por falta de creatividad como por ausencia de redes, acompañamiento o perfiles complementarios.

Un talento desaprovechado

El informe también detecta asignaturas pendientes. La innovación tecnológica disminuye con la edad y solo uno de cada diez proyectos recientes presenta un grado medio-alto de innovación. Sin embargo, la mayoría de emprendedores sénior reconoce el potencial de herramientas como la inteligencia artificial para mejorar la productividad, aunque reclama más formación.

Fernández Palacios cree que las administraciones todavía tienen margen para actuar. Entre las medidas prioritarias propone facilitar la compatibilidad entre pensión y trabajo mediante fórmulas como la jubilación activa, además de reforzar incentivos específicos para quienes emprenden en la última etapa de su vida laboral.

Porque, sostiene, el problema ya no es demográfico sino económico. “El talento sénior es un activo estratégico. Si vivimos más años, con mejor salud y capacidad para seguir trabajando, desaprovechar toda esa experiencia es una pérdida para toda la sociedad”.

Mientras tanto, Olmedo lanza un mensaje a quienes siguen dudando si ya es demasiado tarde. “Lo peor que puede pasar es descubrir que tu idea no funciona. Lo mejor es darte cuenta de que todo lo aprendido durante años tiene mucho más valor del que pensabas”.

La ceremonia en la que se ha formalizado la alianza entre Ford y Geely en Almussafes ha coincidido, por casualidad o no, con la publicación de datos de ventas de vehículos que confirman el cambio en las reglas del juego del sector automovilístico. El fabricante estadounidense, que hace apenas una década era uno de los grandes dominadores del mercado europeo, abre las puertas y vende activos de una de sus fábricas históricas a un grupo chino que no solo aportará carga de trabajo, sino que ha acabado adelantándolo en ventas en Europa y que fabricará más modelos que la propia Ford en València.

La operación para compartir la fábrica de Almussafes representa una inversión de papeles. Durante décadas fueron los fabricantes occidentales quienes desembarcaban en China para enseñar procesos industriales y crear empresas conjuntas. Ahora son los grupos chinos quienes buscan capacidad productiva en Europa, tecnología industrial ya instalada y a buen precio y el sello “Made in Europe” para acelerar su expansión y cumplir con las futuras exigencias comunitarias de contenido local.

El acuerdo refleja también la diferente posición estratégica de ambos grupos. Ford llega a esta alianza tras años de un repliegue en Europa que no está claro si seguirá con nuevos pasos en el futuro si persiste la caída de las ventas. Hasta ahora, Ford ha sacrificado modelos por falta de inversión y por abultadas pérdidas, ha llegado a acuerdos para comprar o reutilizar vehículos de otros grupos (Volkswagen, Renault y ahora Geely) incluso externalizando producción y acumula una larga lista de recortes de fábricas y de empleo.

Geely, en cambio, aterriza en València en plena ofensiva internacional y con un gran conocimiento de Europa apoyado en una galaxia de marcas que abarca, además de Geely, desde Volvo y Polestar hasta Lotus, Lynk & Co, Smart o Zeekr y convertido ya en uno de los grandes vencedores de la revolución del vehículo eléctrico.

¿Seguirá Ford en Almussafes en el futuro?

El giro de 180 grados comenzó en 2010, cuando Ford vendió la sueca Volvo Cars a Geely en una operación que entonces muchos interpretaron como una desinversión de un activo no estratégico. Dieciséis años después es precisamente ese mismo grupo chino el que acude al rescate industrial de una de las principales fábricas europeas de la compañía norteamericana. La propia Ford recuerda ese precedente como la base de la confianza mutua que ha permitido cerrar el nuevo acuerdo.

Más allá del simbolismo, la nueva sociedad conjunta responde a la lógica económica e industrial. Almussafes dispone de una capacidad cercana a los 500.000 vehículos anuales, pero en los últimos años ha trabajado muy por debajo de ese potencial (un 20% en 2025) tras la desaparición progresiva de modelos. Compartir instalaciones permitirá elevar la utilización de la planta, reducir costes fijos y aproximarse al nuevo estándar de competitividad que marcan los fabricantes chinos.

Ford tendrá el 66% y Geely el 34% de la empresa conjunta, a la que irán todos los activos industriales, el suelo y los 4.142 trabajadores, aunque la fotografía de la producción será bastante más equilibrada de lo que sugiere el accionariado. A partir de 2028 la factoría valenciana ensamblará cinco modelos: dos serán 100% de Ford, el Kuga actual y un nuevo derivado del SUV Bronco. Además, compartirá un 'crossover' nuevo desarrollado sobre la base de un modelo de Geely, que también fabricará dos SUV eléctricos propios. La situación se puede decantar todavía más hacia Geely si se confirman las informaciones que apuntan a que Ford dejará de vender el Kuga en los próximos años.

Ante ese panorama, la pregunta que surge es si seguirá teniendo sentido mantener el esquema de reparto de participaciones actual con una producción claramente decantada hacia Geely en el futuro o si, por el contrario, Ford se podría plantear la venta completa de la factoría a la firma china.

El derrumbe de Ford en Europa

La alianza llega, además, en un momento en que los datos del mercado certifican el vuelco competitivo. En el primer semestre de 2026 el grupo Geely, con toda su galaxia de marcas, matriculó 225.350 vehículos en Europa (incluyendo UE, Reino Unido, Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza), frente a los 192.373 de Ford. Hace un año, Ford dominaba todavía aunque la foto ha cambiado debido al efecto combinado de un aumento de las ventas del grupo chino del 8,5% y un desplome de la americana del 15%. En apenas unos años el grupo chino ha pasado de ser un actor casi testimonial a superar al histórico fabricante estadounidense en el continente.

La pérdida de peso de Ford en Europa resulta especialmente llamativa si se compara con su posición histórica. Hace apenas una década superaba el millón de vehículos vendidos en Europa y ocupaba la cuarta posición entre los fabricantes del continente. Hoy su cuota se ha reducido prácticamente a la mitad, mientras Geely y otros grupos chinos ganan terreno gracias a sus ventajas en precios y tecnológica en electrificación, software y desarrollo de producto.

Ese adelantamiento no es casual. Mientras Ford continúa reduciendo su presencia comercial en Europa, Geely ha construido una estrategia basada en combinar ingeniería china con marcas de gran reconocimiento internacional. El grupo controla Volvo, Polestar, Lotus, Lynk & Co, Zeekr y comparte Smart con Mercedes-Benz, lo que le permite cubrir prácticamente todos los segmentos del mercado. Además, ya cuenta con presencia industrial en España gracias a su participación del 45% en la filial Horse Powertrain de Renault, que produce motores de combustión e híbridos en Valladolid.

El emprendedor Li Shufu ha creado un imperio desde sus inicios modestos en 1986 como fabricante de piezas para neveras y motos adoptando como símbolo la pagoda Leifeng en su sede de Hangzhou. Ahora, con más de cuatro millones de vehículos vendidos en 2025 está a punto de adelantar también a nivel global a Ford, que el año pasado vendió 4,4 millones de vehículos.

En realidad, Ford lleva años asumiendo que difícilmente podrá competir sola en Europa. Tras suprimir los modelos Fiesta, Focus y Mondeo, entre otros, primero recurrió a Volkswagen para compartir plataformas eléctricas para Capri y Explorer. Después anunció el desarrollo conjunto de pequeños eléctricos con Renault. Ahora tendrá un modelo cedido por Geely, con quien compartirá su fábrica valenciana.

España, una potencia china en automoción

La compañía de Michigan lo denomina como una estrategia de “alianzas para competir con rapidez, eficiencia y escala en Europa”. La clave es que es más barato y más rápido desarrollar un coche sobre una plataforma importada, aunque tiene el riesgo de pérdida de personalidad y excesiva similitud entre modelos. De momento, la experiencia de los dos modelos compartidos con Volkswagen no ha dado los frutos esperados puesto que ha llevado a recortar plantilla en la fábrica alemana de Colonia con 1.000 despidos que se añadieron a los 2.900 acordados con anterioridad. Se suman a unos 3.000 despidos por el cierre de la fábrica de vehículos alemana de Saarlouis y su reconversión en un centro de componentes y recambios y un ERE que recortó la plantilla de Almussafes en 600 trabajadores.

España aparece como uno de los países más beneficiados por el interés chino en Europa. La lista de inversiones recientes es cada vez más larga. La alianza de Chery con Ebro en Barcelona abrió el camino para las gigafactorías de CATL junto a Stellantis en Zaragoza y la de Envision en Extremadura, el centro de reciclaje de baterías de Gotion en Valladolid, la nueva planta de SAIC (MG) en Ferrol y el acuerdo para resucitar Santana en Linares con BAIC y Coronet. Además, hay otras decisiones de localización en juego que incluyen a BYD y otros fabricantes chinos. España se consolida como una de las principales puertas de entrada de la automoción china en Europa. El atractivo combina costes industriales competitivos, experiencia manufacturera y una política industrial respaldada por el PERTE del vehículo eléctrico y el Plan España Auto 2030.

No es casual que Pedro Sánchez presentara el acuerdo como un ejemplo de la nueva política industrial española. El Gobierno reivindica que el PERTE del Vehículo Eléctrico ha movilizado más de 4.800 millones de euros y recuerda que el Mecanismo RED ha permitido mantener el empleo y formar a unos 4.000 trabajadores de Ford y de su red de proveedores durante la transición.

Los sindicatos también observan la operación con una mezcla de alivio y cautela. El traspaso de activos y de la plantilla a la nueva empresa conjunta garantiza continuidad a una factoría que durante los últimos años ha vivido sucesivos expedientes de regulación y fuertes incertidumbres. Pero el reto será que Almussafes no se limite a ensamblar vehículos, sino que conserve capacidad tecnológica, ingeniería y una cadena de suministro con fuerte arraigo local.

El Congreso ha avalado este jueves el Real Decreto-Ley que permitía la jubilación parcial anticipada del personal laboral de las Administraciones públicas con los votos en contra de Vox, Junts y Podemos, cuyos cuatro diputados se han sumado a las derechas porque la norma no abordaba la situación de los interinos en el sector público. El PP finalmente se ha abstenido y ha permitido la convalidación.

La norma incluye dos medidas fundamentales. Por un lado, adapta la legislación para hacer efectiva la jubilación parcial anticipada del personal laboral de todas las Administraciones públicas, una reivindicación histórica de las organizaciones sindicales. Y, por otro, actualiza el complemento de residencia que perciben los empleados públicos destinados en las Illes Balears.

El ministro de Función Pública, Óscar López, ha reclamado el apoyo de los grupos “por encima de colores políticos”, al considerar que se trata de una medida que “mejora la vida de mucha gente y no empeora la de nadie”. “Si un empleado del sector privado puede acudir a la jubilación parcial anticipada, ¿por qué no iba a hacerlo un trabajador de la Administración pública?”, ha defendido el ministro desde la tribuna del Congreso.

Cómo era la jubilación parcial prevista

La norma fija que el personal laboral podrá acceder a la jubilación parcial anticipada siempre que se formalice simultáneamente un contrato de relevo. Entre los requisitos figuran haber cotizado al menos 33 años, contar con una antigüedad mínima de seis años en el puesto y solicitarla hasta tres años antes de la edad ordinaria de jubilación.

La reducción de jornada puede situarse entre el 25% y el 75%, percibiendo el trabajador un salario proporcional por el tiempo trabajado y la parte correspondiente de la pensión por las horas dejadas de desempeñar.

Apoyos y críticas de los grupos parlamentarios

En el debate parlamentario, Ione Belarra cargó contra el Gobierno por mantener una situación de “abuso de temporalidad”. La dirigente de Podemos acusó al Ejecutivo de incumplir las exigencias de la justicia europea y reclamó la “fijeza ya” para el personal interino, al considerar insuficientes los procesos de estabilización e indemnización. Belarra advirtió de que su formación solo apoyará una reforma del empleo público si antes se resuelve el problema de la temporalidad, pese a mostrarse favorable a medidas como el complemento de insularidad o la futura reforma de la función pública.

Las críticas más duras llegaron desde Junts per Catalunya. Su portavoz, Josep Pagès, denunció el “uso perverso” que, a su juicio, hace el Gobierno de la figura del real decreto-ley para sacar adelante iniciativas legislativas sin una mayoría parlamentaria estable. Aunque reconoció la necesidad de corregir el vacío legal sobre la jubilación parcial del personal laboral del sector público, cuestionó que el Ejecutivo considere urgente esta medida mientras mantiene sin resolver otros problemas del empleo público, como la situación de los trabajadores interinos.

Por su parte, el portavoz del Partido Popular Ángel Ibáñez calificó el decreto como una “avería normativa” y criticó la forma “atropellada” de legislar del Gobierno. Los populares sostuvieron que la función pública necesita una estrategia mucho más amplia de relevo generacional y reprocharon al Ejecutivo que actúe cuando los problemas ya se han desbordado, en lugar de acometer una reforma integral del empleo público. Finalmente, han optado por la abstención.

Esquerra Republicana anunció su apoyo al decreto al considerar que cumple los acuerdos alcanzados con los sindicatos. Su portavoz, Pilar Vallugera, defendió las mejoras laborales en el empleo público y rechazó plantearlas como un conflicto entre trabajadores. También la portavoz de Coalición Canaria Cristina Valido, respaldó la norma, que calificó de “necesaria y de justicia” para facilitar el relevo generacional y una transición ordenada hacia la jubilación parcial.

EH Bildu también apoyó el decreto. Oskar Matute destacó que el contrato de relevo dignifica el final de la vida laboral y favorece la incorporación de nuevos empleados en condiciones estables. Asimismo, respaldó la actualización del complemento de residencia en Baleares y rechazó enfrentar las reivindicaciones de distintos colectivos del sector público.

El complemento de insularidad en Baleares

La propuesta incrementa estas indemnizaciones un 100% en Mallorca y más de un 300% en el resto del archipiélago, con carácter retroactivo desde el 1 de julio. El Ejecutivo calculaba que más de 11.000 empleados públicos se beneficiarían de esta mejora, equiparando las compensaciones económicas a las existentes en Canarias.

Durante su intervención, el ministro López puso como ejemplo que una inspectora de Trabajo del grupo A1 en Mallorca pasaría de percibir 115 euros mensuales a más de 214 euros por este concepto, mientras que un administrativo del SEPE del grupo C1 destinado en Menorca vería incrementado el complemento desde los 101 euros actuales hasta más de 405 euros.

Entre risas, Iguazel Bartolomé explica que los marinos acaban tejiendo una especie de redes entre sus conocidos, como la de los pescadores, transmitiendo la pasión del mar a cada uno de ellos. “Casi todo el mundo tenemos una vinculación personal o la hemos intentado difundir o nuestro entorno ha acabado estudiando una carrera, un grado superior, teniendo un barco o intentando acceder a navegar”, señala esta inspectora marítima de la Capitanía Marítima de Ibiza.

Bartolomé, protagonista de uno de los vídeos que la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha producido para visibilizar el papel de la mujer en el sector marítimo y atraer más talento femenino a sus plantillas, estudió el grado de Náutica, algo que según confiesa tuvo claro desde el mismo momento en el que vió las asignaturas. “Una vez que vi todas las asignaturas y un poco en qué podía desembocar el estudiar una carrera como Náutica, en la cual adquieres un título universitario y también adquieres un título profesional por el que te capacita la propia Marina Mercante, sabía que para mí era empezaba un camino en el que iba a estar siempre totalmente comprometida en algo que ya sentía que iba a ser una pasión”, asegura.

Sin embargo, el porcentaje de mujeres que cursan este grado es todavía muy pequeño, como reconoce Bartolomé en el vídeo. Aunque no existen datos unificados, las distintas universidades estiman que solo entre un 15 y un 20% de los alumnos de estos grados son mujeres. En el mundo laboral, los porcentajes son parecidos. Según datos de la APB, las mujeres son el 29% de la fuerza laboral en el sector marítimo mundial, incluyendo puestos de tierra y mar pero solo representan el 20% del personal en autoridades marítimas y apenas el 1,2% de la tripulación a bordo de buques. Si centramos la vista en España, el sector logístico-portuario cuenta con un 22% de presencia femenina, muy por debajo del 47,3% de la media nacional en otros sectores.

La importancia de los referentes

Por eso es importante que esas redes de las que habla Bartolomé se sigan extendiendo para llegar a más mujeres que quieran acercarse a este sector. “Quizá la representación femenina es mucho menor en los barcos navegando, en los que hacen rutas más a nivel global es menor. Yo creo que nace un poco del desconocimiento de que son trabajos que no sabes muy bien cómo acceder, cómo llegar a estar a bordo de un barco”, explica la inspectora marítima que se dedica a reconocimientos tanto programados como no programados que tienen que pasar las embarcaciones para obtener los certificados necesarios de elementos de seguridad, del sistema de propulsión o del sistema de gobierno, entre otros.

“Yo he tenido muy buenos referentes, he tenido personas muy valientes que me han enseñado que con pasión y con ganas, con fuerza por ti misma, creyéndote tus propios pasos, puedes llegar perfectamente donde tú quieras”, señala Bartolomé. Lo cierto es que la presencia de mujeres en el sector está en crecimiento de manera lenta pero continua. La APB presentó en marzo de 2025 su primer Plan de Igualdad para avanzar en la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y en el que se presta especial atención a sectores especialmente masculinizados.

Aprendizaje continuo

Para Bartolomé este es sin duda una opción muy recomendable que, admite, ha recomendado a mujeres de su entorno. “Es un camino que nunca vas a acabar de recorrer porque si un día te cansas de ejercer de una manera profesional, puedes volver a cualquier punto, tanto de tu carrera como de la carrera de otras personas que te pueden servir de inspiración”, asegura. Ella misma, antes de ser inspectora marítima ejerció una década como controladora de salvamento marítimo, entre otros centros, en el centro de coordinación de salvamento de Palma de Mallorca. Allí descubrió todo lo que puede pasar en las islas y continuó su aprendizaje. “Desde que salí de la Facultad de Náutica no he dejado de aprender, no dejaré de aprender hasta que el día que me jubile y esto creo que es una sensación que tenemos toda la gente que estamos en la mar, tanto en tierra como a bordo de los barcos”, explica.

No hay duda que Bartolomé ha seguido su vocación por el mar, que nació cuando hacía pequeñas travesías con el velero de sus tíos por Mallorca y por eso llama a otros a hacer lo mismo y seguir su pasión. “Todo lo que he ido caminando, todo lo que he ido aprendiendo después ha sido una concatenación de cosas que me han alegrado la vida y cada una de ellas me han dicho que este era mi sitio”, sentencia.

Horse, la compañía especializada en sistemas de propulsión nacida de Renault y participada también por Geely y Aramco, refuerza su apuesta por los motores híbridos con la inauguración de una nueva planta de culatas de aluminio en Valladolid. La compañía ha destinado 45 millones de euros a unas instalaciones que tendrán capacidad para fabricar 300.000 piezas al año, ampliables en un 20%, y que supondrán la creación de 150 empleos directos.

La inversión consolida a la fábrica vallisoletana como uno de los principales centros europeos de producción de componentes para motores híbridos, una tecnología por la que Horse continúa apostando en un momento en el que la industria del automóvil busca combinar la electrificación con soluciones de bajas emisiones que mantengan la competitividad de las plantas europeas.

Durante la inauguración, el consejero delegado de Horse, Patrice Haettel, subrayó el carácter estratégico de la nueva instalación dentro del crecimiento industrial del grupo. “Un día fuimos FASA, hoy somos Horse. Da igual cómo nos llamemos, seguimos siendo un símbolo del talento industrial”, afirmó el directivo, quien destacó que la nueva planta convierte a Valladolid en “un polo industrial de primer nivel” y fortalece la integración vertical de la compañía.

Haettel explicó que la nueva línea permitirá producir inicialmente 300.000 culatas de aluminio al año, con margen para elevar esa cifra hasta las 360.000 unidades. Además, defendió que el compromiso de Horse con Valladolid y Castilla y León “no se mide solo en cifras, sino en empleo de calidad, crecimiento y generación de riqueza”.

Mejora de la competitividad

Las culatas constituyen uno de los componentes más complejos del motor de combustión y su fabricación resulta clave para las nuevas generaciones de propulsores híbridos, en los que Horse centra buena parte de su estrategia internacional. La empresa suministra motores y transmisiones tanto a Renault como a otras marcas del grupo Geely y a diferentes fabricantes de automóviles.

El director de la planta de Valladolid, Gökhan Deniz, destacó que el proyecto va más allá de la adquisición de nueva maquinaria, ya que integra toda la cadena de producción dentro del complejo industrial. Desde la transformación del aluminio hasta la fabricación del componente final, el proceso queda centralizado en las instalaciones vallisoletanas.

“Ganamos autonomía, reducimos procesos y hacemos que esta planta sea mucho más fuerte y competitiva para el futuro”, señaló Deniz, quien destacó además que la nueva fábrica da empleo a más de un centenar de familias y agradeció el esfuerzo realizado por la plantilla durante la puesta en marcha del proyecto.

La inauguración contó también con la presencia del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quien calificó a Horse como uno de los activos estratégicos de la automoción europea y recordó que el plan inversor de la compañía, dotado con más de 71 millones de euros, ha sido declarado Proyecto Industrial Prioritario por el Ejecutivo autonómico. De esa cifra, 45 millones corresponden precisamente a la nueva planta de culatas.

Mañueco defendió una transición tecnológica que preserve tanto el empleo como la capacidad industrial. En un contexto marcado por el exceso de capacidad productiva, la pérdida de competitividad y la incertidumbre internacional, el presidente autonómico apostó por mantener las fábricas existentes mientras se impulsa la transformación hacia nuevas tecnologías.

En la misma línea se expresó el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, quien consideró que la inversión demuestra la capacidad de adaptación de Horse y reafirma el compromiso de la empresa con la ciudad. Asimismo, reclamó a la Unión Europea la implantación de “cláusulas espejo” para exigir a los productos importados los mismos estándares medioambientales y laborales que cumplen los fabricantes europeos.

El número de afiliados vinculados a actividades turísticas crecieron un 2,2% en Canarias con respecto al mismo mes del año pasado, hasta alcanzar un total de 176.514 personas, según datos publicados este martes por Turespaña.

Concretamente las islas disponen de 157.768 asalariados y 18.746 autónomos, lo que supone un 8,5% del total del empleo turístico del país.

A nivel nacional los afiliados aumentaron el pasado mes de junio en términos absolutos en 87.830 personas, alcanzando una cifra total que supera ligeramente los 3 millones de trabajadores, lo que supone un incremento del 3% respecto al mismo mes del año anterior.

En relación con el mercado laboral del conjunto del país, que en dicho mes creció un 2,8% interanual, el empleo turístico supone el 13,7% del total de afiliados.

La variación de los afiliados fue positiva en hostelería donde se registra un aumento de 49.825 afiliados (19.418 en los servicios de alojamiento y 30.407 en los servicios de comidas y bebidas). Por otro lado, en agencias de viajes fue negativa y ha registrado un descenso de 1.719 trabajadores.

Turespaña aclara que esta cifra “no refleja una caída real”, ya que está influida por las modificaciones realizadas en los CNAE, que han reclasificado en otras categorías algunas actividades que anteriormente se clasificaban bajo el epígrafe de 'agencias de viaje'

En junio, la cifra de asalariados en el sector turístico (que representan el 83,1%) aumentó un 3,2% respecto al mismo mes del año anterior.

Por ramas de actividad, el empleo asalariado descendió en Agencias de viajes y operadores turísticos (cayó un 1,6%) y aumentó en hostelería (2,8%), y dentro de ésta, se incrementó un 3,3% en los servicios de alojamiento y un 2,6% en los servicios de comidas y bebidas.

Por su parte, el empleo autónomo en turismo, que representa el 16,9% del total de trabajadores afiliados, se incrementó en un 1,8%.

En la actividad de hostelería se aprecia un incremento de 1,4% debido al aumento en los servicios de alojamiento (17,5%) y de comidas y bebidas (0,1%). En las agencias de viajes se observa un descenso interanual del 4,3% en el número de autónomos, “caída influida también por el cambio en los CNAEs”.

El pasado mes de junio, el empleo en el conjunto de hostelería y agencias de viajes y operadores turísticos aumentó en todas las Comunidades Autónomas.

En este mes, tanto en términos absolutos (9.556 afiliados) como en cifras relativas (4,3%), el mayor aumento se dio en la Comunidad Valenciana.

La caja de Pandora abierta con el recorte de plantilla más grande en la historia de Volkswagen ha sacudido todos los rincones del grupo automovilístico alemán. Los sindicatos UGT y CCOO han recordado que Seat lleva años aplicando ajustes para mejorar su competitividad y reclaman que ese esfuerzo sea tenido en cuenta ahora que la matriz alemana estudia una profunda reestructuración que podría afectar hasta a 100.000 empleos en todo el mundo, o hasta 140.000 según las estimaciones que llegan desde Alemania.

Aunque ambos sindicatos descartan un impacto inmediato sobre las plantillas españolas, sí alertan de que las futuras decisiones de inversión del grupo pueden condicionar el futuro industrial de Martorell. Por ello, han iniciado una ronda de contactos para reclamar el respaldo de las administraciones públicas para garantizar nuevas inversiones, asegurar la continuidad de la marca Seat y lograr la asignación de una segunda plataforma de vehículos eléctricos.

El comunicado llega en pleno debate sobre el plan de ahorro presentado por el consejero delegado del Grupo Volkswagen, Oliver Blume, que contempla reducir la capacidad de producción mundial de 12 a nueve millones de vehículos anuales, simplificar hasta un 50% la gama de modelos y profundizar en el recorte de costes. La propuesta fue rechazada inicialmente por los representantes sindicales y por el estado federado de Baja Sajonia en el consejo de supervisión, obligando a la dirección a seguir negociando.

Los recortes de Seat

UGT y CCOO sostienen que la situación de Seat no puede analizarse al margen de los sacrificios realizados durante los últimos años. Recuerdan que la compañía ya asumió un recorte del 25% de la plantilla de personal indirecto en 2022, el frenazo al plan de expansión de Cupra en Estados Unidos, la falta de inversiones para nuevos modelos de Seat y la eliminación de tres vicepresidencias del comité ejecutivo, trasladando parte de la capacidad de decisión a Alemania.

Los sindicatos también recuerdan que la prometida segunda plataforma eléctrica para Martorell continúa sin adjudicarse debido a los retrasos en la planificación del grupo, circunstancia que incluso obligó recientemente a la empresa a compensar económicamente a la plantilla, tal y como establecía el convenio colectivo. A su juicio, estas medidas demuestran que la filial española ya ha contribuido al esfuerzo de competitividad antes de que estallara la crisis actual en Alemania.

Críticas a la estrategia del grupo

El comunicado atribuye la difícil situación de Volkswagen a una sucesión de errores estratégicos acumulados durante los últimos años más que a un problema exclusivamente laboral. Entre ellos citan la pérdida de cuota de mercado en China, la escasa apuesta inicial por los híbridos enchufables, las dificultades del desarrollo del software a través de Cariad, los sobrecostes asociados al proyecto de baterías de PowerCo y la ausencia de alianzas tecnológicas con fabricantes chinos, mientras otros grandes grupos europeos han optado por acuerdos para acelerar su transición hacia el vehículo eléctrico.

Los sindicatos consideran además que la dirección ha priorizado durante años el reparto de dividendos pese al deterioro progresivo de la competitividad del grupo en un contexto de desplome del valor de las acciones de Volkswagen en la bolsa, que perdieron un 32% desde enero.

Ante este escenario, UGT y CCOO anuncian que ya han iniciado una ronda de contactos con las distintas administraciones públicas para trasladar la gravedad de la situación y el posible impacto que tendría sobre el empleo tanto en Seat como en el conjunto de su industria auxiliar.

El objetivo pasa por convertir la negociación del XXI Convenio Colectivo en una herramienta para blindar el futuro industrial de la compañía mediante nuevas inversiones, el impulso definitivo de la marca Seat junto a Cupra y la adjudicación de una segunda plataforma 100% eléctrica para la planta de Martorell. “Son objetivos irrenunciables y de los que no nos moveremos mientras sigamos teniendo el apoyo de la plantilla”, afirman ambas organizaciones en el comunicado.

Sin riesgo inmediato, pero sí en el futuro

El mensaje de los sindicatos coincide con el diagnóstico que vienen trasladando desde que estalló la crisis en Wolfsburg. Tanto UGT como CCOO consideran que las fábricas españolas y los 23.000 trabajadores del grupo Volkswagen en España no afrontan un riesgo inmediato para el empleo gracias al aumento de producción derivado del lanzamiento de la nueva generación de vehículos eléctricos urbanos del grupo.

De hecho, Seat acaba de consolidar como indefinidos a 500 trabajadores eventuales y prevé nuevas incorporaciones tras el verano, mientras la planta de Volkswagen Navarra también prepara un incremento de plantilla para acompañar el crecimiento de la producción.

Sin embargo, ambas organizaciones advierten de que la verdadera batalla se librará cuando Volkswagen decida dónde fabricar la próxima generación de vehículos eléctricos. Si finalmente el grupo reduce de forma significativa su gama de modelos y concentra las inversiones en menos plataformas, España necesitará reforzar su posición para seguir siendo uno de los pilares industriales del consorcio.

Me llama la atención que, ahora que se ha estado hablando de las bajas médicas y las ausencias en el puesto laboral, con mucha frecuencia se llega a la conclusión de que la juventud actual no tiene ganas de trabajar, que son vagos, que no muestran empuje, ambición y capacidad de sacrificio. También se dice que las generaciones más jóvenes -los millenials (nacidos entre 1981 y 1996) y la generación Z (de 1997 a 2012)- solo piensan en sus derechos y sus vacaciones y se les reprocha que no les importe dejar la empresa en la que prestan sus servicios para pasarse a otra donde les ofrezcan mejores condiciones. Se comenta muy negativamente que hagan uso de su derecho de no ir a trabajar cuando están enfermos y se ironiza sobre el que la ausencia en ocasiones se deba a enfermedades psíquicas y no detectables a simple vista.

A mí me parece curiosísimo que las generaciones anteriores, los que entramos en el mundo laboral hace una eternidad (o al menos eso parece) y tuvimos que apechugar con un montón de arbitrariedades, humillaciones y abusos, en lugar de apoyar las reivindicaciones de los jóvenes trabajadores, los tildemos de vagos y poco comprometidos.

Hace unas cuantas décadas trabajar era algo absolutamente necesario para poder sobrevivir, las condiciones laborales eran malas en la mayor parte de los casos y muchas de las personas que están leyendo estas líneas sabrán que hubo una época en la que lo que entonces se llamaba “pluriempleo” era la única forma de llegar a fin de mes, especialmente si había una familia que mantener. En esas circunstancias, uno o una hacía lo que hiciera falta para mantener su empleo y, con ello, poder pagar la hipoteca o el alquiler y dar de comer a todos los de casa. Jornadas de dieciséis horas eran normales -en uno solo o sumando varios puestos de trabajo-, se trabajaba los sábados hasta por la tarde y si había que hacer horas extras para terminar un encargo se hacían sin rechistar porque no se sabía si al mes siguiente o al otro habría suficientes pedidos.

Es verdad que se trabajaba muchísimo y que se hacían muchos sacrificios, pero no era porque todos los obreros estuvieran sumamente motivados o porque amaran a su empresa por encima de todo, sino porque la supervivencia hacía necesario el dejarse explotar.

En la zona donde yo me crié, el valle del Vinalopó, la mayor parte de hombres y mujeres trabajaban en fábricas en la industria del calzado haciendo más horas que un reloj, de día y de noche; las mujeres trabajaban estando embarazadas, a los dos días de parir, durante la lactancia. Los hombres muchas veces salían de una fábrica para entrar en otra o para montar un pequeño taller independiente con otro socio. A todos les habría gustado que existiera una Seguridad Social, que hubiera una baja por enfermedad, por maternidad, que hubiera prestaciones sociales como el subsidio de desempleo. Se organizaron en sindicatos, lucharon por esos derechos que ya existían en otros países y consiguieron llegar a una situación en la que, poco a poco, se fueron logrando y consolidando. Sus hijos e hijas ya no tenían que ir a la fábrica a los seis años como en el siglo XIX, o a los catorce, después de un par de cursos de enseñanza media; podían formarse, ir a la universidad, aprender lenguas extranjeras, hacer prácticas en otros países. Los padres estaban orgullosos y convencidos de que sus descendientes vivirían mejor que ellos porque estaban mejor preparados. Para eso habían hecho el sacrificio de trabajar de sol a sol, de aguantar jefes egoístas, señoritos arbitrarios, capataces crueles. Habían trabajado enfermos, agotados, con fiebre alta… todo para no perder el sueldo con el que vivía la familia y con el que los hijos podían permitirse estudiar.

Y ahora que hemos conseguido que exista el derecho a no trabajar cuando estás enfermo, resulta que hay gente de los que antes se llamaban a sí mismos “bienpensantes”, “gente de bien” -de derechas, por hablar claro-, que sospechan de todos los que piden una baja sin haberse fracturado las dos piernas y los dos brazos; conservadores (por llamarlos de algún modo) que quieren conservar las costumbres de la España en la que aún se explotaba a los obreros y se esperaba que estos, emocionados, le besaran la mano al patrón y le agradecieran que, al fundar fábricas y empresas, le permitieran trabajar y ganarse un sueldo.

No todo era terrible, por supuesto. También había pequeños negocios en los que, cuando uno entraba a trabajar a los catorce o quince años, sabía que era para siempre, hasta la jubilación, que esa pequeña empresa era prácticamente tu familia, que no te dejarían tirado si las cosas iban mal. Por eso tú estabas dispuesto a hacer sacrificios, a trabajar más horas o a seguir yendo a tu puesto de trabajo cuando no te encontrabas bien, o incluso a veces a bajarte un poco el sueldo durante una temporada hasta que las cosas pintaran mejor.

¿Eso es lo que les pedimos ahora a las jóvenes generaciones que, estando mejor formados, ganan menos que sus padres y entran a trabajar en empresas en las que no son más que una unidad intercambiable y se prescinde de ellos sin pestañear cuando no cuadran los números del trimestre? ¿De verdad nos parece mal que no quieran trabajar cuando están enfermos, o que pretendan conciliar la vida laboral con la familiar o que les quede algo de tiempo para seguir formándose o dedicarlo a sí mismos?

Si a un empleador le parece absolutamente normal pedirle a un aspirante que sea flexible en horarios y carga de trabajo, que se sienta comprometido con la empresa y se identifique con sus metas e incluso con su marca y su aspecto, ¿tan raro es que el aspirante quiera saber cuántos días de vacaciones tiene, qué sueldo le van a pagar, qué posibilidades de ascender tiene dentro de esa empresa?

Recuerdo que de pequeña, se oía mucho una frase graciosa que, parodiando el Catecismo, decía: “Contra el vicio de pedir está la virtud de no dar.” Las nuevas generaciones han decidido no dar todo lo que se les pide.

Quienes piensan a la antigua pueden reprochar, si les parece, que uno no vaya a trabajar cuando no se encuentra bien, pero ir a trabajar estando enfermo es algo indigno de nuestra sociedad del siglo XXI, de los derechos que tanto costó conseguir. Aparte de que, si se trata, por ejemplo, de una enfermedad contagiosa -como la gripe- es absurdo insistir en que el enfermo acuda a su puesto y vaya rociando sus virus alegremente a su alrededor hasta que todo el mundo acabe contagiado. ¿Por qué hay que sacrificarse por una gran empresa a costa de nuestra salud y nuestra vida? ¿Qué es concretamente lo que nos parece mal de que los jóvenes hayan decidido acabar con eso?

Podría ser esa reacción tan tristemente clásica de “si yo me fastidié en mi época, ahora quiero que se fastidien ellos”.

Me pregunto cómo algunos políticos que no han trabajado desde hace mucho tiempo en un puesto externo a su ambiente (por no hablar de los que no lo han hecho nunca) y algunos que, siendo diputados, no pierden salario cuando enferman y no pueden acudir a su puesto en el Congreso, se atreven a sospechar de la veracidad de las enfermedades de los trabajadores, especialmente de los jóvenes.

También me pregunto cómo es posible que los empresarios, cuya motivación fundamental es ganar dinero, no entiendan que sus empleados también quieren una remuneración adecuada por un trabajo establecido. No se han casado con la empresa, no se les paga por hacer sacrificios, ni por una flexibilidad que no se compensa ni en términos económicos ni en días libres. No se les puede reprochar no entregarse más. ¿A cambio de qué, si muchas veces ni siquiera se les dedica una palabra de agradecimiento o de estímulo?

Por un lado, nos llenan el cerebro con máximas ultracapitalistas; por otra, dos trabajos honestos de dos personas que viven juntas no son suficientes para poder permitirse un piso de alquiler y mucho menos un piso en propiedad. Y además hay que entregarse más, flexibilizarse más, sacrificarse más para que otros se hagan cada vez más ricos.

Hay algo que huele a podrido en esta sociedad, y no son los jóvenes. ¿Cómo va a sentirse comprometida una persona joven en una empresa en la que se le considera un simple número?

El debate sobre el futuro laboral de las nuevas generaciones nos obliga a mirar a largo plazo y con total objetividad. En plena era de la automatización y la inteligencia artificial, la actualización de los planes de estudio es insuficiente si no se aborda un cambio cultural más profundo, es decir, un compromiso colectivo que ayude a la juventud a romper con las dinámicas tradicionales y las barreras educativas que todavía condicionan sus decisiones académicas y profesionales.

Esta desconexión entre las preferencias universitarias de la juventud y la realidad del mercado de trabajo no es exclusiva de un territorio específico; se trata de una tendencia global que afecta a las principales economías occidentales, pero penaliza con mayor dureza a los entornos regionales.

En Castilla-La Mancha, la inercia del mercado genera una paradoja compleja, pues coexiste un exceso de perfiles en sectores saturados con vacantes tecnológicas que las empresas locales no logran cubrir por falta de personal cualificado.

En nuestra comunidad, la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) realiza una labor fundamental de vertebración social y territorial. Sin embargo, los datos de matriculación reflejan una inercia compleja. El área de Ciencias Sociales y Jurídicas sigue concentrando a más del 40% del alumnado, en contraste con las ramas de ingeniería y arquitectura, que apenas logran captar el 13% del total de estudiantes. La preferencia por las titulaciones jurídicas y de gestión responde a una fuerte tradición cultural.

El mercado ya no demanda administrativos clásicos, sino gestores capaces de interpretar datos y liderar entornos tecnológicos

El desafío actual no radica en restarle valor a estas disciplinas, cuya vertiente analítica, ética y de estrategia humana sigue siendo insustituible, sino en evitar que se queden ancladas en tareas puramente operativas. Son precisamente estos procesos de gestión básica y derecho contractual los que están más expuestos a la automatización, donde los entornos digitales ya resuelven las tareas rutinarias con una enorme eficiencia. El verdadero reto para estas carreras tradicionales pasa por una urgente hibridación digital: el mercado ya no demanda administrativos clásicos, sino gestores capaces de interpretar datos y liderar entornos tecnológicos.

El problema fundamental en la región no es la escasez de oportunidades, sino cómo se distribuye el talento. Las empresas buscan perfiles capaces de resolver problemas complejos, pero los modelos tradicionales de aprendizaje todavía arrastran una dinámica enfocada en conocimientos puramente teóricos que las herramientas digitales ya procesan de forma inmediata.

Esta brecha se hace evidente al contrastar la saturación de los grados en gestión clásica con la escasez de matrícula en las áreas técnicas y sostenibles.

Los mapas de empleabilidad del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, junto a los informes de la Fundación CYD, confirman este escenario en el plano nacional y autonómico. Mientras los graduados enfocados en la administración clásica presentan un desajuste laboral que afecta a casi la mitad de sus titulados, quienes terminan ocupando puestos por debajo de su nivel de cualificación académica debido a la saturación, las titulaciones tecnológicas vinculadas a los fondos estratégicos y al desarrollo industrial rozan el pleno empleo en la región, dejando puestos desiertos por falta de especialistas.

Esta realidad coincide plenamente con las proyecciones de los organismos internacionales. Si cruzamos los análisis de la OCDE con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, el mapa del empleo cambia por completo. Queda demostrado que la relevancia de una titulación ya no se mide por su arraigo tradicional, sino por su utilidad real para afrontar los retos globales apoyándose en la tecnología. La inversión y el empleo de calidad se mueven decididamente hacia sectores alineados con el trabajo decente (ODS 8) y la innovación industrial (ODS 9).

Ya no basta con evaluar aptitudes tradicionales; urge dotar a estos equipos de herramientas, métricas locales y datos del mercado actualizados para guiar al alumnado en un entorno laboral tan cambiante

Para la juventud castellanomanchega, el futuro con mayor proyección se encuentra en aquellos sectores estratégicos donde la tecnología no sustituye al profesional, sino que potencia su capacidad. Se trata de disciplinas clave como la ingeniería de transición energética, orientada a potenciar los recursos naturales y renovables de la región (ODS 13), la bioinformática aplicada a la salud (ODS 3) y al sector agroalimentario local (ODS 2), o la ciberseguridad industrial, crucial para blindar unas empresas cada vez más interconectadas (ODS 9).

Orientar el talento hacia estas disciplinas es una responsabilidad compartida que sitúa a la orientación educativa en la primera línea de respuesta. La labor de los departamentos de orientación en institutos y centros formativos es hoy más crucial que nunca. Ya no basta con evaluar aptitudes tradicionales; urge dotar a estos equipos de herramientas, métricas locales y datos del mercado actualizados para guiar al alumnado en un entorno laboral tan cambiante. Este verdadero cambio de rumbo no dependerá únicamente de la reestructuración de los grados universitarios, sino de este asesoramiento temprano y del apoyo de las familias, que deben perder el miedo a las disciplinas tecnológicas.

Solo mediante una estrategia conjunta que conecte a la comunidad educativa, los entornos familiares y el sector empresarial, lograremos transformar este desafío en una oportunidad real para que las nuevas generaciones impulsen el desarrollo tecnológico y económico de la región.

En definitiva, la viabilidad económica de Castilla-La Mancha no se encuentra estancada por falta de potencial industrial o empresarial, sino por la necesidad de sincronizar la vocación de su juventud con las demandas reales de su transformación productiva. El éxito de esta transición no se medirá por el volumen bruto de estudiantes universitarios, sino por la agilidad con la que transformemos el conocimiento en valor real, sostenible, competitivo y profundamente arraigado en el territorio.

Los trabajadores del grupo Volkswagen se irán de vacaciones en un clima de incertidumbre y tensión, que se reactivará a final de agosto con los encuentros convocados con la cúpula directiva para dar explicaciones del mayor recorte de plantilla en su historia. El comité de empresa ha convocado nueve asambleas extraordinarias en diferentes fábricas alemanas durante la segunda quincena de agosto para que la dirección del fabricante explique directamente a la plantilla el alcance del plan de ajuste que, según el sindicato IG Metall, podría afectar a “hasta 140.000 puestos de trabajo” en la próxima década frente a los 100.000 previstos.

El consejero delegado del grupo, Oliver Blume, participará personalmente en tres de esos encuentros: el 25 de agosto en la planta matriz de Wolfsburg y el 26 de agosto en las fábricas de Emden y Zwickau, donde comparecerá junto al máximo responsable de la marca Volkswagen, Thomas Schäfer. El resto de las reuniones contará con otros miembros del consejo de dirección, entre ellos el director financiero del grupo, Arno Antlitz, y el responsable de la división de Componentes, Thomas Schmall.

La iniciativa responde a la creciente inquietud entre los trabajadores tras las declaraciones realizadas por Blume el pasado 13 de julio, cuando confirmó oficialmente que el grupo no prevé una situación competitiva para las plantas de Emden, Hannover, Zwickau y Neckarsulm durante la próxima década. El comité de empresa considera insuficientes esas explicaciones y reclama que la dirección “hable claro” sobre el futuro industrial del grupo y de sus centros de producción.

Cifras del ajuste de plantilla

El comité de empresa pretende que los trabajadores puedan interrogar directamente a Blume sobre un plan de reestructuración que contempla nuevas reducciones de plantilla además de las ya anunciadas. El director ejecutivo ha señalado que Volkswagen podría necesitar eliminar otros 50.000 empleos, que se sumarían a los aproximadamente 50.000 recortes ya previstos para mejorar la competitividad del grupo.

A esa cifra se añade el riesgo derivado del eventual cierre, a partir de 2030, de las cuatro plantas cuya carga de trabajo está en entredicho. Según los cálculos del comité de empresa, esa decisión pondría en peligro otros 40.000 puestos de trabajo, elevando el impacto potencial hasta alrededor de 140.000 empleos.

Un portavoz de Volkswagen evitó confirmar esa cifra a Reuters y aseguró que todavía no existen acuerdos definitivos sobre el futuro de las instalaciones ni sobre el volumen final de los ajustes, por lo que declinó hacer comentarios sobre las estimaciones difundidas por los representantes de los trabajadores.

Las asambleas extraordinarias comenzarán el 25 de agosto en Wolfsburg y Braunschweig y continuarán por Emden, Zwickau, Chemnitz, Dresde, Kassel, Salzgitter y Hannover hasta el 31 de agosto. En ellas, el comité de empresa espera que la dirección detalle los planes para cada fábrica y aclare el futuro de miles de empleados en un momento clave para la transformación del mayor fabricante de automóviles de Europa.

Los 114 millones de euros adicionales (38 millones en 2026 y 76,2 millones en 2027 que recibirá Extremadura para el sistema de la dependencia tendrá un impacto estimado de 8.132 nuevos beneficiarios y 2.845 personas menos en lista de espera, además de la creación de 2.096 empleos.

A nivel nacional, la ampliación de la financiación estatal al sistema de dependencia en 6.200 millones de euros entre 2026 y 2027 para su distribución a las comunidades autónomas permitirá reducir las listas de espera en 71.000 personas el próximo año y crear 115.000 empleos dentro del sector, además de atender a más beneficiarios y ampliar servicios.

Son las estimaciones del Ministerio de Derechos Sociales tras la aprobación este martes en el Congreso del decreto ley que incrementará las cuantías que el Estado transfiere cada mes a las autonomías por el número de personas que tienen una prestación reconocida por dependencia y en función del grado que tengan, que han comenzado a abonarse en julio y han subido de media un 82 %.

Junto a la aprobación de este aumento de la financiación estatal, el Congreso aprobó para su remisión al Senado la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia que, además de contemplar una ampliación de derechos, servicios, prestaciones y menos burocracia, blinda que el Estado tenga que aportar el 50 % de la inversión.

Entre las principales novedades, se eliminan incompatibilidades entre prestaciones, se extiende el servicio de asistencia personal más allá del entorno domiciliario (como acompañar al usuario a hacer la compra o ir al médico), y se reconoce como cuidador a otras personas que no sean estrictamente familiares.

En cuanto a las modificaciones relativas a discapacidad, establece la accesibilidad universal como un derecho, garantiza que puedan recibir diferentes prestaciones, incorpora expresamente el derecho a la autonomía personal y desarrolla el nuevo artículo 49 de la Constitución.

Además, se elimina burocracia al reconocer un 33 % de discapacidad a las personas a las que se les asigne un grado I de dependencia, y a las que obtengan un grado II o III podrán ser reconocidas con el 65 % de discapacidad, con el fin de agilizar procesos administrativos y reducir listas de espera.

Asimismo, el Consejo de Ministros aprobó este martes la aportación económica que Derechos Sociales repartirá este año entre las comunidades autónomas por el nivel acordado, que es la otra vía de financiación estatal que tiene el sistema de la dependencia, que también será incrementado en 120 millones de euros en 2026 y otros 120 millones más para 2027.

Con estos incrementos de la financiación, el Gobierno transferirá 6.200 millones de euros más a las autonomías para que reduzcan las listas de espera, que Derechos Sociales estima que pueden descender en 71.000 personas en 2027.

Según el ministerio, este incremento de la aportación estatal que califican de “histórico” tendrá un gran impacto a nivel laboral, ya que permitirá a los gobiernos autonómicos que puedan contratar a más personal para sus sistemas de cuidados, y supondrá la creación de entre 107.735 y 115.050 empleos dentro del sector de la dependencia en toda España.

Además, calculan que el próximo año se podrá atender a 417.000 nuevos beneficiarios, permitirá mejorar las condiciones laborales de los cuidadores (en su gran mayoría mujeres) y ofrecer más servicios y de más calidad a los usuarios.

Un objetivo prioritario de este aumento de la aportación que recibirán las comunidades autónomas en materia de dependencia, ha destacado Derechos Sociales, es que se traduzca en una mejora de las condiciones laborales de estas trabajadoras y en mejores salarios, mejor formación y más estabilidad para ellas.

Para ello, se ha iniciado una mesa de diálogo con sindicatos y patronal para que ambas partes dispongan de toda la información sobre esta nueva financiación y tratar de que los agentes sociales puedan llevar a cabo una mejora inmediata de sus condiciones.

Distribución por comunidades

- Andalucía: 954 millones de euros adicionales del Gobierno para financiar el nivel mínimo de la dependencia (317,9 millones en 2026 y 635,9 millones en 2027), que permitiría incorporar 102.333 nuevos beneficiarios, reducir la lista de espera en 15.461 personas, y crear 23.577 empleos.

- Aragón: 146 millones de euros adicionales (48,6 millones en 2026 y 97,3 millones en 2027), con un impacto de 11.175 nuevas beneficiarios, una reducción de 248 personas en lista de espera, y 2.089 nuevos empleos.

- Asturias: 79 millones de euros adicionales (26,2 millones en 2026 y 52,5 millones en 2027), que podrían traducirse en 9.370 nuevos beneficiarios, 2.167 personas menos en lista de espera y 2.374 nuevos empleos.

- Baleares: 84 millones de euros adicionales (28,1 millones en 2026 y 56,3 millones en 2027), que podría incorporar a 8.455 nuevos usuarios, reducir la lista de espera en 1.248 personas y crear 1.752 empleos.

- Canarias: 237 millones de euros adicionales (78,8 millones en 2026 y 157,7 millones en 2027), y se estiman 16.565 nuevos beneficiarios, una reducción de 609 personas en lista de espera y la creación de 6.563 empleos.

- Cantabria: 55 millones de euros adicionales (18,4 millones en 2026 y 36,9 millones en 2027), que permitiría incorporar 2.493 beneficiarios, avanzar hacia la eliminación de la lista de espera y crear 1.032 empleos.

- Castilla-La Mancha: 236 millones de euros adicionales (78,8 millones en 2026 y 157,7 millones en 2027), con un impacto estimado de 18.802 nuevos beneficiarios, una reducción de 2.042 personas en lista de espera y la creación de 6.254 empleos.

- Castilla y León: 341 millones de euros adicionales (113,6 millones en 2026 y 227,3 millones en 2027), que podría permitir incorporar 25.654 beneficiarias, eliminar prácticamente la lista de espera y 7.329 empleos más.

- Cataluña: 567 millones de euros adicionales (189,1 millones en 2026 y 378,3 millones en 2027), que podría incrementar el sistema en 61.470 beneficiarios, reducir la lista de espera en 24.881 personas y 13.611 empleos más.

- Comunidad Valenciana: 535 millones de euros adicionales (178,3 millones en 2026 y 356,7 millones en 2027), que podría traducirse en 61.727 beneficiarios, 4.471 personas menos en lista de espera y 12.704 nuevos empleos.

- Extremadura: 114 millones de euros adicionales (38 millones en 2026 y 76,2 millones en 2027), con un impacto estimado de 8.132 nuevos beneficiarios, 2.845 personas menos en lista de espera, y la creación de 2.096 empleos.

- Galicia: 270 millones de euros adicionales (90,2 millones en 2026 y 180,6 millones en 2027), que podría suponer 15.938 beneficiarios, reducir la lista de espera en 793 personas y crear 6.156 empleos.

- Madrid: 680 millones de euros adicionales (226,6 millones en 2026 y 453,3 millones en 2027), que podrían sumar 60.876 nuevos beneficiarios, 11.497 personas menos en lista de espera y la creación de 22.315 nuevos empleos.

- Murcia: 146 millones de euros adicionales (48,6 millones en 2026 y 97,3 millones en 2027), que podría traducirse en un aumento de 7.119 beneficiarios, 4.904 personas menos en lista de espera y 3.334 nuevos empleos.

- Navarra: 38 millones de euros adicionales (12,6 millones en 2026 y 25,4 millones en 2027), que podría sumar 3.405 nuevas personas beneficiarias, una reducción de 88 personas en lista de espera y crear 1.419 empleos.

- País Vasco: 179 millones de euros adicionales (59,7 millones en 2026 y 119,4 millones en 2027), que podría permitir incorporar 2.631 beneficiarios, 4.153 personas menos en lista de espera y 1.328 nuevos empleos.

- La Rioja: 25 millones de euros más (8,2 millones de en 2026 y 16,5 millones de euros en 2027), que podría traducirse en 2.116 nuevos beneficiarios, eliminar la lista de espera, y 846 empleos

La Junta de Andalucía ha destacado el potencial del sector de la defensa como una oportunidad estratégica para seguir impulsando el crecimiento económico, la innovación y la creación de empleo de calidad en la región, consolidada ya como uno de los grandes motores en España en este ámbito.

Así lo han resaltado la vicepresidenta tercera de la Junta y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, y el consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, durante la presentación de la Alianza Andaluza de la Industria de Defensa, una iniciativa promovida por los principales clústeres empresariales del sector en la comunidad con el respaldo del Gobierno andaluz.

Durante el acto celebrado en Sevilla junto a Andalucía Aerospace, Andalucía Logistics, el Clúster Marítimo Naval de Cádiz y Railway Innovation Hub, los responsables de la Junta han subrayado en un comunicado esa posición de liderazgo andaluz en un sector especialmente relevante en el actual contexto internacional.

Según los datos de la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (Tedae), Andalucía es la segunda región española en la industria de defensa, seguridad, aeronáutica y espacio, solo por detrás de Madrid, “gracias a un ecosistema industrial que integra grandes empresas tractoras, una amplia red de pymes especializadas, universidades, centros tecnológicos y proyectos estratégicos distribuidos por todo el territorio”, ha justificado la vicepresidenta tercera de la Junta.

Incentivos millonarios

Por su parte, el consejero de Universidad e Industria ha celebrado que “Andalucía gracias a la constitución de esta alianza y el apoyo decidido del Gobierno regional compite hoy con mayor firmeza y capacidades para captar oportunidades industriales dentro de los programas europeos, nacionales y OTAN”.

Con la aspiración de lograr este objetivo de mayor carga de trabajo para Andalucía, Paradela ha detallado que el Ejecutivo regional tiene en marcha políticas específicas e instrumentos de apoyo como incentivos y financiación reembolsable de Andalucía Trade, que ascienden a 540 millones que irán saliendo en distintas convocatorias este año.

Así, los incentivos complementarios para atraer grandes proyectos industriales, con una partida de 150 millones; los 47 millones en fondos de Transición Justa para la industria logística, naval y de aviación sostenible o los 31 millones en incentivos para el desarrollo de sistemas satelitales y drones 100% andaluces.

Según ha detallado Carolina España, la actividad vinculada a la defensa, la seguridad, la aeronáutica y el espacio genera en Andalucía un impacto económico superior a los 3.020 millones de euros, equivalente al 1,4% del PIB regional, y sostiene cerca de 35.000 empleos entre directos, indirectos e inducidos.

Además, se trata de un sector que destaca por su “elevada capacidad de internacionalización”. Las exportaciones andaluzas relacionadas con la defensa, la aeronáutica y las industrias asociadas alcanzaron los 2.512 millones de euros en 2025, lo que supone que casi una de cada cuatro exportaciones españolas de estos productos tuvo origen en Andalucía. Además, la comunidad registra un superávit comercial de 1.393 millones de euros en estas actividades. “Al final, cuando el talento andaluz se une y se organiza, esta tierra es absolutamente imparable”, ha dicho.

100 millones para la base logística del Ejército en Córdoba

Asimismo, el consejero Paradela ha añadido que “el de la defensa es una industria que genera valor añadido, empleo y riqueza y tenemos la ambición de que todo esto vaya a más”. Así, “hay una apuesta decidida por parte del Gobierno de Andalucía, coordinada desde Universidad e Industria y el impulso de todas las consejerías, por hacer de la comunidad una referencia europea en este sector”.

En esa línea, Carolina España ha subrayado que la Junta ya ha comprometido una aportación de 100 millones de euros para la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba. Y ha apuntado que Andalucía cuenta con activos industriales de referencia como el polo aeroespacial de Sevilla, “uno de los más importantes de Europa”; la industria naval de la Bahía de Cádiz y compañías líderes como Airbus, Navantia o Santa Bárbara, además de iniciativas estratégicas como el Cetedex en Jaén, el CEUS en Huelva o el Centro de Ciberseguridad de Andalucía en Málaga.

Por ello, el Gobierno andaluz confía en que esta iniciativa contribuya a impulsar nuevos proyectos empresariales, favorecer la participación de las empresas andaluzas en contratos estratégicos, atraer inversiones y consolidar el liderazgo industrial de Andalucía.

Nissan ha iniciado la búsqueda de nuevas oportunidades industriales para garantizar el futuro de su centro de Ávila después de que Renault haya decidido poner fin a la relación comercial que mantenía con las plantas españolas del fabricante japonés. La producción de componentes y recambios vinculada a la marca francesa concluirá en diciembre de 2026, lo que obligará a Nissan a encontrar nuevos proyectos que compensen la pérdida de actividad de una instalación que fue reconvertida hace seis años tras abandonar la fabricación de camiones.

La empresa ha confirmado que ya trabaja “activamente” en la identificación y evaluación de nuevas oportunidades de negocio, entre ellas posibles acuerdos con terceros, con el objetivo de reforzar la carga de trabajo de la planta abulense. El análisis se centra inicialmente en Ávila, mientras que en la fábrica de Los Corrales de Buelna (Cantabria) también finalizarán algunos proyectos de menor tamaño para Renault, aunque Nissan considera que su impacto sobre el volumen global de actividad será limitado.

La rescisión del acuerdo con Renault supone un nuevo desafío para una planta cuya actividad depende en buena medida de proyectos industriales para la Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi. Nissan no ha detallado el volumen de producción que dejará de realizarse, aunque admite que será necesario incorporar nuevos contratos para mantener el nivel de actividad.

La compañía subraya que el centro ha demostrado una elevada capacidad de adaptación desde su reconversión y destaca los avances logrados en la captación de nuevos negocios. Por ello, insiste en que su prioridad es preservar la continuidad industrial de la fábrica y gestionar el proceso “de forma responsable, transparente y en permanente diálogo” con la representación de los trabajadores y las administraciones públicas.

La planta emplea actualmente a alrededor de 470 trabajadores y está especializada en la fabricación de componentes y recambios, además de desarrollar distintos procesos industriales para fabricantes de la alianza y otros clientes.

De fabricar camiones a centro de componentes

El futuro de Ávila vuelve a ponerse sobre la mesa siete años después de la profunda transformación que vivió la factoría. En agosto de 2019 salió de la línea de montaje el último Nissan NT400 Cabstar, poniendo fin a seis décadas de producción de vehículos industriales y a una historia en la que también se fabricaron modelos de las históricas marcas Ebro y Avia, además de los Nissan Trade, Cabstar y Atleon.

La desaparición de la producción de camiones dio paso a un proyecto de reconversión, respaldado por una inversión de unos 40 millones de euros por parte de Nissan y por el apoyo de la Junta de Castilla y León para la construcción de nuevas instalaciones. La fábrica pasó entonces a especializarse en operaciones como pintura, sellado, embalaje y soldadura de componentes destinados principalmente a modelos de la Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi, incluidas las plantas de la firma francesa en Valladolid y Palencia.

Ahora, con la salida de Renault del centro a finales de 2026, Nissan afronta un nuevo proceso de búsqueda de actividad que permita consolidar una instalación que la compañía considera estratégica dentro de su presencia industrial en España y cuya supervivencia dependerá de su capacidad para atraer nuevos proyectos industriales.

La decisión se suma al reciente ERE de 195 despidos, el 35% de la plantilla en Cataluña tras el cese de actividad en la fábrica de Barcelona, llega un año después de que la dirección europea de Nissan trasladara un mensaje de tranquilidad a la plantilla de Ávila. El responsable de Producción de Nissan para Europa, Alan Johnson, aseguró a los representantes sindicales que la factoría no figura entre los centros afectados por el plan mundial de reestructuración del grupo, que contempla el cierre de siete plantas y la eliminación de 20.000 empleos en todo el mundo.

Johnson reconoció entonces que ninguna instalación puede considerarse completamente a salvo, pero defendió que Ávila parte de una posición más favorable que otras fábricas dedicadas exclusivamente al ensamblaje de vehículos gracias a la transformación industrial emprendida en los últimos años. Los sindicatos acogieron el mensaje con prudencia y reclamaron mantener la cautela ante la incertidumbre que atraviesa el sector.

La preocupación por el impacto laboral de la transformación del automóvil ha irrumpido en el diálogo entre sindicatos y fabricantes. CCOO de Industria trasladó a la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) su inquietud por las reestructuraciones anunciadas en Europa, especialmente por el caso de Volkswagen, y advirtió del riesgo que estos procesos pueden tener sobre el empleo en España, tanto en las plantas de montaje como en la industria auxiliar.

Durante la reunión mantenida entre ambas organizaciones, el sindicato pidió que el grupo alemán ejerza el liderazgo que le corresponde como primer fabricante europeo y uno de los principales referentes y que afronte la transición hacia la movilidad eléctrica combinando competitividad, inversión y mantenimiento del empleo.

CCOO mostró su “especial preocupación” por las consecuencias que los ajustes anunciados por Volkswagen puedan tener sobre las factorías de Navarra y Martorell, así como sobre el conjunto de empresas proveedoras y de componentes que dependen de la actividad del fabricante alemán. El sindicato recordó que el deterioro del empleo en la automoción europea continúa acelerándose, con pérdidas de puestos de trabajo y procesos de ajuste que ya empiezan a reflejarse también en España, citando los casos de Nissan Barcelona, Ficosa y otras compañías del sector.

La organización sindical insistió en que la transición hacia la descarbonización es un objetivo “irrenunciable”, aunque defendió que cualquier flexibilización de los objetivos europeos de reducción de emisiones debe ir acompañada de una “condicionalidad social” que garantice la protección del empleo, las inversiones y la actividad industrial.

En este contexto, CCOO aseguró que vigilará cualquier proceso de adaptación industrial para exigir que se desarrolle mediante diálogo social, responsabilidad empresarial y medidas que preserven la capacidad productiva y el empleo de calidad. “Las plantillas no han generado la situación que atraviesa el sector y no pueden ser quienes paguen las consecuencias de las decisiones estratégicas adoptadas durante los últimos años”, defendió el sindicato.

Plan de formación

Además de abordar la situación industrial, CCOO planteó a Anfac la creación de un plan sectorial de formación específico para la automoción mediante una comisión paritaria que permita aprovechar los recursos destinados a formación que, según el sindicato, permanecen sin utilizar. La propuesta fue bien recibida por la patronal y ambas organizaciones coincidieron en que la iniciativa deberá desarrollarse junto al resto de asociaciones empresariales del automóvil y las administraciones públicas competentes.

Asimismo, el sindicato reclamó acelerar la implantación del Plan España Auto 2030. Más de medio año después de su presentación, CCOO considera prioritario pasar “de los compromisos a la ejecución” para reforzar la competitividad de la industria española.

Anfac reivindica la fortaleza de España para atraer inversiones

La reunión con CCOO tuvo lugar poco antes de que Anfac defendiera, en la presentación de su memoria anual, que España afronta la transformación del automóvil desde una posición más sólida que otros países europeos. Su director general, José López-Tafall, destacó que 2025 fue un ejercicio de fuerte inversión pese al deterioro de la rentabilidad del sector. Sin embargo, eludió pronunciarse sobre los planes del Grupo Volkswagen.

Los fabricantes destinaron el pasado año 3.197 millones de euros a inversiones, un 24,7% más que el año anterior, mientras el beneficio neto cayó un 56,3%, hasta 853,8 millones. La facturación alcanzó los 80.315 millones de euros, un 3,8% más, y el empleo se mantuvo estable en 53.943 trabajadores. Para López-Tafall, este esfuerzo inversor demuestra el compromiso de las marcas con España en un contexto marcado por las tensiones geopolíticas, la política comercial de Estados Unidos y el replanteamiento de la regulación europea sobre emisiones.

Anfac admitió que la producción española continúa mostrando signos de debilidad. Hasta mayo se fabricaron 994.400 vehículos, un 1% menos que un año antes, mientras el mercado nacional creció un 6,2%, hasta 647.711 matriculaciones. No obstante, la patronal confía en que los lanzamientos de nuevos modelos eléctricos e híbridos en las fábricas españolas permitan recuperar volúmenes y turnos de producción durante los próximos meses.

Entre las prioridades identificadas por los fabricantes figuran la reducción de los costes energéticos, una política más ambiciosa de I+D, la agilización de la infraestructura de recarga y la mejora de la competitividad laboral. En este último apartado, López-Tafall volvió a señalar el absentismo como uno de los principales problemas del sector, al asegurar que cada día faltan alrededor de 5.200 trabajadores, el equivalente a mantener una planta parada.

Pese a ello, el director general de Anfac defendió mantener el modelo de diálogo social que caracteriza a la automoción española y evitar medidas que puedan dificultar la negociación entre empresas y representantes de los trabajadores. El objetivo, afirmó, es que España siga siendo uno de los destinos preferentes para las nuevas inversiones industriales y pueda incluso recuperar la octava posición mundial entre los mayores fabricantes de vehículos cuando las plantas nacionales alcancen su plena capacidad.

Hola.

¿Cómo llevas el calor? Llevo unos días en Barcelona y la humedad es insoportable.

Hay un género literario que, como todas las consultoras y bancos de inversión, Goldman Sachs domina como nadie: el informe optimista que, si lo lees con atención, es en realidad una lista de advertencias edulcoradas. Su último documento, Harnessing AI for the Real Economy, calcula que solo los cinco grandes “hiperescaladores” (Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft y Oracle) invertirán 5,8 billones de dólares en infraestructura de IA hasta 2030. Solo en lo que va de año, han recaudado casi 200.000 millones de dólares a través de ventas de bonos corporativos.

Si se suma también la energía y los centros de datos de todo el sector, la cifra total del despliegue entre 2026 y 2031 supera los 7 billones de dólares: más de lo que se invirtió en construir la infraestructura de internet durante toda la burbuja puntocom. Para ponerlo en perspectiva: es más que el PIB conjunto de Alemania, Reino Unido y Francia. El propio banco reconoce que para financiar semejante cifra hará falta recurrir a, ¡tachán!, “estructuras de capital que aún no se han inventado”.

Algunas de esas fórmulas ya han empezado a aparecer, y dan una idea de hasta qué punto se está llegando. Una es usar como aval, para pedir crédito, contratos de alquiler de centros de datos que ni siquiera existen todavía: la matriz de una empresa como Google garantiza que pagará el alquiler de un centro de datos en construcción, y esa promesa —no el edificio, que aún no está en pie— es lo que respalda miles de millones en bonos. Otro caso: utilizar como garantía las propias GPUs de Nvidia, los chips que mueven la inteligencia artificial, pese a que se quedan obsoletos en un par de años; es un poco como pedir una hipoteca a treinta años poniendo como aval un ordenador portátil.

Según Bloomberg, la deuda ligada a la IA se ha colado, en apenas un año, en el corazón del mercado de bonos considerados 'seguros' en Estados Unidos (investment grade): ha pasado de representar poco más de un 6% de ese mercado a rozar el 20%. Es decir, casi uno de cada cinco dólares de deuda 'de máxima confianza' en EEUU depende ya, directa o indirectamente, de que la fiebre de la IA no se enfríe. La pregunta es: ¿se está prestando suficiente atención a los términos de los préstamos o existe una falta de escrutinio sobre los detalles de cada proyecto?

He contado en esta newsletter que la burbuja de la IA lleva año y medio siendo, de momento, una profecía autoincumplida: todo el mundo la señala, pero sigue sin estallar. Pero eso no significa que todos los cimientos sean sólidos. Conviene no confundir “todavía no ha pasado nada” con “no hay ningún riesgo”. De hecho, varios fondos de inversión destacados en China están comenzando a reducir sus posiciones en acciones vinculadas a la inteligencia artificial. La advertencia general que lanzan es que el repunte reciente ha sido “demasiado rápido y excesivo”, lo que podría volverlo insostenible a corto plazo.

Así que cuando el banco que vive de vender deuda admite que necesita inventar instrumentos financieros para que la fiesta siga, es mejor prestar atención. ¿Es la misma miopía que precedió a la crisis de las hipotecas subprime de 2008?

[P.D. Goldman Sachs fue uno de los bancos que entre 2005 y 2007, diseñó, empaquetó y vendió productos financieros en masa respaldados por hipotecas de alto riesgo y, al percatarse de la debilidad del mercado inmobiliario, apostó agresivamente en contra de ellos para obtener ganancias récord mientras el mercado colapsaba]

El dato

3.600

Son los euros que cobran, al mes, varios jóvenes suecos por su primer trabajo remunerado durante las vacaciones. Es el caso de Elton Björkholm (17 años). Trabaja en medio de la naturaleza, construyendo casas para pájaros, necesarias para la cría de los polluelos por la tala masiva de árboles por la industria maderera. Su salario es de 40.000 coronas suecas, unos 3.600 euros (el salario medio para los jóvenes menores de 24 años en ese país).

Elton forma parte del proyecto Jóvenes Guardianes del Planeta (YPS, por sus siglas en inglés), una iniciativa pionera en Europa en trabajo juvenil de verano. La organización ambiental Upplandsbygd, financiada por cinco municipios y por la UE, hace de nexo entre aquellos jóvenes con necesidad de empleo e instituciones locales sin muchos recursos para, por ejemplo, fomentar la reproducción de las aves. Suecia tiene una de las tasas de desempleo juvenil más altas de la UE. Casi el 25% de los suecos de entre 16 y 24 años no tiene empleo. Combatir el desempleo juvenil con proyectos para ayudar a revertir la crisis ecológica.

El gráfico

Cada noche, medio millón de personas se alojan en un piso turístico en España reservado a través de las principales plataformas de economía colaborativa. Una cifra que continúa subiendo y que no parece tener techo a pesar del descontento social, la saturación y los nuevos controles a la actividad. En 2025, el país vivió un nuevo récord de reservas en viviendas vacacionales a través de Booking, Airbnb y Expedia. Las reservas se han multiplicado por dos --de las 94 millones hasta las 189 millones de pernoctaciones– desde 2018. Andalucía, Canarias, Comunitat Valenciana y Catalunya aparecen entre las 10 regiones europeas con más reservas en viviendas vacacionales. Si quieres ver el mapa de toda Europa, pincha en esta completísima información elaborada, a partir de datos, analizados por elDiario.es y la Urban Journalism Network, una red de periodistas de la que forma parte este medio.

No todo nos parece mal

Hoy un poco de autobombo. En 2025, elDiario.es ingresó 17.348.226 euros (+un 11,8% más que en 2024) y gastó 15.864.233 euros (frente a los 14 del año pasado). El superávit fue de 1.483.993 euros, una cifra muy similar a la del año anterior (1.531.477 euros en 2024). Un año más, seguimos sin deudas. Ni un solo crédito. Es una de las claves de nuestra independencia. Nuestro principal gasto son los sueldos de los periodistas y demás trabajadores de elDiario.es. Pero lo que más aumenta es la aportación de nuestros 121.000 socios y socias: un 21,5%. En el boletín de esta semana del director, Ignacio Escolar detalla todas las cuentas y la evolución del periódico.

Nos gusta la competencia

Estas informaciones de otros medios me han parecido interesantes:

Aquí lo dejo por hoy. Tendrás más noticias económicas el próximo jueves, en un nuevo boletín. Mientras, ya sabes que puedes escribirme a contraoferta@eldiario.es con ideas, propuestas o sugerencias.

¡Un abrazo!

El procurador de Vox, Carlos Menéndez, ha reprochado al consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que en su comparecencia haya un “escaso reflejo” de los compromisos adquiridos en el pacto de gobierno, y en concreto a uno que debe tener cierta inmediatez para reflejarlo en los presupuestos de 2027: la reducción de las subvenciones a los sindicatos en un 50%. Vuelve así uno de los caballos de batalla de Vox que ya crearon problemas en la anterior legislatura, cuando se rompió el diálogo social, se retiraron subvenciones nominativas y se insultó reiteradamente a las organizaciones sindicales por parte de Vox sin que el PP pusiese pie en pared.

Suárez Quiñones, por su parte se ha excusado en que su nueva consejería tiene cinco ámbitos de actuación y en que es difícil hablar de todo. Así, ha dicho del Diálogo Social que se desarrollará en los “parámetros pactados” con la extrema derecha y que se cumplirá de forma “rigurosa” con el acuerdo.

“Procuraremos ejecutar todos los compromisos y si no, demanden lo que sea”, ha pedido. El consejero ha sostenido que el Diálogo Social ha movilizado más de 2.000 millones de euros en favor de los derechos de los trabajadores, aunque ha precisado que debe mantenerse “dentro de su utilidad pública y nada más”. Además, ha avanzado que desde mañana jueves iniciará una ronda de contactos con las organizaciones sindicales, informa EFE.

Absentismo

Lo que no ha olvidado Suárez Quiñones es el “absentismo laboral” al que se refirió el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo la semana pasada. El consejero se ha referido a un estudio de la situación mientras que la procuradora de UPL, María Rosa Quintanilla le ha indicado que antes compruebe lo que está ocurriendo en la sanidad pública y las listas de espera. En el mismo sentido se ha pronunciado el procurador socialista Iván Zazo, que le ha recordado que no se puede criminalizar a los trabajadores de baja y que esta la otorga un médico.

Tanto la procuradora de UPL como el del PSOE han cuestionado que Suárez Quiñones siga siendo consejero a pesar de su criticada gestión de los incendios cuando era consejero de Medio Ambiente.

Los fabricantes de vehículos con presencia en España afrontan la mayor transformación de su historia con una paradoja que resume el momento del sector: nunca había invertido tanto y, sin embargo, sufre un fuerte deterioro de su rentabilidad. Los fabricantes de vehículos destinaron el año pasado 3.197 millones de euros a inversiones, un 24,7% más que en 2024 y la mayor cifra de la serie histórica.

Esa cifra recoge tanto las inversiones de las marcas más arraigadas como las nuevas, en muchos casos chinas, que se han ido incorporando a la asociación Anfac. Esa inversión tiene todavía más mérito si se tiene en cuenta que el beneficio neto conjunto cayó un 56,3%, hasta los 853,8 millones de euros, penalizado por la menor producción, los costes de fabricación y los procesos de transformación industrial.

“El sector está haciendo un gran esfuerzo inversor en un entorno que no invita precisamente a ello”, resumió el director general de Anfac, José López-Tafall, para quien 2025 fue, pese a todo, “un buen año de atracción de inversiones” para la industria española.

La fotografía refleja el coste de una transición que los fabricantes consideran inevitable. Mientras la rentabilidad se resiente, las empresas aceleran la adaptación de sus plantas para producir vehículos electrificados con el objetivo de asegurarse nuevos modelos y futuras adjudicaciones. “La inversión récord demuestra el compromiso de los fabricantes con España”, defendió López-Tafall, convencido de que la industria nacional “se ha puesto las pilas” para competir por el futuro de la automoción europea.

Empleo estable

El ejercicio estuvo marcado por un cambio de escenario respecto al optimismo que acompañó al Pacto Verde Europeo y al paquete de medidas de descarbonización Fit for 55. Según Anfac, 2025 fue el año en que la industria europea “se dio de bruces con la realidad”. A la ralentización de la demanda en Europa se sumaron las tensiones geopolíticas, la política comercial de Estados Unidos, que golpeó especialmente a la industria de componentes española, y la reapertura del debate regulatorio en Bruselas sobre cómo compatibilizar la descarbonización con la competitividad industrial.

Pese a ese contexto, el automóvil mantuvo su peso como uno de los principales motores económicos del país. La facturación creció un 3,8%, hasta 80.315 millones de euros; el empleo directo en las fábricas se mantuvo estable en 53.943 trabajadores; la aportación fiscal aumentó un 4%, hasta 41.995 millones, y el sector siguió generando un saldo positivo de 10.190 millones en la balanza comercial, aunque un 36% inferior al del año anterior.

El mercado también ofreció señales positivas. España volvió a superar el millón de matriculaciones de turismos y la electrificación registró su mejor año, con un crecimiento del 96% en las ventas de vehículos eléctricos e híbridos enchufables. Sin embargo, Anfac considera que el ritmo todavía es insuficiente para converger con Europa. “La electrificación va bien, las ventas crecen un 82%, pero seguimos algo por debajo de la media europea y necesitamos acelerar”, señaló López-Tafall.

De ahí que la patronal sitúe como prioridad inmediata la puesta en marcha del Plan Auto+, cuyos detalles operativos espera conocer antes de que finalice julio. El objetivo es ofrecer estabilidad a consumidores y fabricantes mediante un sistema de ayudas permanente, sencillo y predecible que acompañe las inversiones ya realizadas por las marcas.

Medidas para rebajar el absentismo laboral

Ese programa forma parte del Plan España Auto 2030, la estrategia diseñada por el Gobierno y el sector para reforzar la competitividad industrial. Anfac explicó que ya se han constituido dos de los tres grupos de trabajo previstos: uno dedicado a la cadena de valor de materias primas, minería y refinado para baterías, y otro centrado en el vehículo pesado. El tercero abordará las políticas de demanda y el despliegue de infraestructuras de recarga.

La asociación insiste en que el éxito de esa hoja de ruta dependerá tanto de las ayudas como de otros factores estructurales. Reclama reducir el coste de la electricidad eliminando cargas fiscales que, a su juicio, restan competitividad a las fábricas españolas, reforzar los incentivos a la I+D hasta niveles similares a los de otros grandes países europeos y preservar la flexibilidad laboral y el diálogo social, que han permitido atraer inversiones durante décadas.

Otro de los frentes abiertos es el absentismo laboral. Según Anfac, ha aumentado más de un 50% desde 2018 y supone que cada día falten al trabajo unos 5.200 empleados, el equivalente a una planta de producción parada. López-Tafall evitó cuestionar las bajas médicas, pero sí pidió agilizar los procesos de reincorporación para reducir un problema que considera prioritario en un momento en el que Europa compite por atraer nuevas inversiones industriales.

La patronal también aprovechó para lanzar un mensaje al Gobierno y a Bruselas. A su juicio, la revisión de la normativa europea sobre emisiones y la simplificación administrativa serán determinantes para el futuro de la industria. “Podemos tener una excelente ley de aceleración industrial, pero si nos equivocamos con el reglamento de emisiones o no mejoramos la recarga perderemos competitividad”, advirtió.

Con ese escenario, Anfac mantiene unas previsiones prudentes para 2026. Espera que el mercado español alcance los 1,2 millones de matriculaciones, que la producción se sitúe en torno a 2,26 millones de vehículos, prácticamente estancada respecto al año anterior, y que los turismos electrificados alcancen las 300.000 unidades, el 25% del mercado.

Aun así, la organización confía en que la adaptación de las plantas españolas, el lanzamiento de nuevos modelos eléctricos y las futuras gigafactorías de baterías permitan recuperar volumen de producción. Incluso se marca un objetivo simbólico: que España vuelva a superar a Brasil y recupere el octavo puesto entre los mayores fabricantes de vehículos del mundo. “Todos los fabricantes tienen ya estrategias de electrificación y proyectos en marcha. Este escenario podría haber sido mucho más negro. Creo que España se ha puesto las pilas”, concluyó López-Tafall.

Decenas de empleados de Meta acusan a la compañía de redes sociales de utilizar herramientas de inteligencia artificial para seleccionar a los trabajadores que debían ser despedidos en un reciente recorte de plantilla. Los afectados, que han presentado una demanda contra la empresa, sostienen que esos sistemas de IA los señalaron después de solicitar permisos, bajas por maternidad o adaptaciones de jornada relacionadas con una discapacidad.

La demanda, presentada el lunes ante un tribunal federal del distrito norte de California, se refiere al recorte de plantilla de aproximadamente 8.000 empleados (10% de la plantilla) llevado a cabo en primavera por Meta, la matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp. Según la denuncia, la compañía utilizó una “constelación de sistemas internos de inteligencia artificial”, incluidos sistemas de evaluación del rendimiento basados en IA y datos de monitorización de pulsaciones de teclado y actividad laboral, para determinar quién debía ser despedido.

“Meta no elaboró la lista de despidos a partir del criterio razonado de directivos que conocían el trabajo realizado”, afirma la demanda, de 71 páginas. En su lugar, los 26 trabajadores incluidos en la denuncia sostienen que la empresa utilizó sistemas de IA “para puntuar, clasificar y seleccionar a los empleados que debían formar parte de la lista”.

Los demandantes solicitan una resolución judicial preliminar que impida a Meta completar los despidos mientras se tramita el caso. También reclaman medidas que podrían incluir la reincorporación a sus puestos, salarios atrasados, compensación por acciones perdidas, beneficios laborales y otros daños.

Un debate regulatorio en auge

La toma de decisiones mediante IA en el ámbito laboral se ha convertido en una cuestión cada vez más polémica, a medida que los trabajadores expresan preocupaciones sobre sesgos, privacidad y confianza, y los reguladores examinan la legalidad de estas herramientas. Estados de EEUU como California, Colorado e Illinois han aprobado en los últimos años leyes o regulaciones destinadas a proteger a los trabajadores frente a sesgos relacionados con la IA y los llamados “sistemas automatizados de decisión”.

La demanda contra Meta sostiene que las herramientas de IA de la empresa recopilan datos sobre clasificaciones de rendimiento, productividad y otros indicadores laborales. Sin embargo, esos datos dejan de generarse cuando un empleado está de baja médica o disfrutando de un permiso familiar. En el caso de las personas con discapacidad, esos indicadores también pueden verse reducidos.

Los empleados que ejercieron su derecho a permisos protegidos fueron seleccionados de manera desproporcionada para los despidos, basándose en puntuaciones que no solo no tenían en cuenta esos permisos, sino que en la práctica penalizaban a los trabajadores por ejercer derechos legalmente reconocidos

Texto de la demanda

“El resultado fue que los empleados que ejercieron su derecho a permisos protegidos fueron seleccionados de manera desproporcionada para los despidos, basándose en puntuaciones que no solo no tenían en cuenta esos permisos, sino que en la práctica penalizaban a los trabajadores por ejercer derechos legalmente reconocidos”, afirma la demanda.

Una de las demandantes es una científica que se encontraba en permiso prenatal aprobado y recibió la notificación de despido apenas dos días antes de dar a luz. Otro demandante, un ingeniero, asegura que recibió una “evaluación rebajada” debido al tiempo que estuvo de baja por una lesión. Otro caso es el de un directivo en baja médica que fue despedido apenas 16 días después de comenzar su permiso.

Un portavoz de Meta ha rechazado las acusaciones. “Estas afirmaciones carecen de fundamento y no se basan en hechos”, ha declarado en un correo electrónico enviado a The Guardian. “La gestión de la plantilla y las decisiones organizativas han sido y son tomadas por personas, no por inteligencia artificial”.

Estas afirmaciones carecen de fundamento y no se basan en hechos. La gestión de la plantilla y las decisiones organizativas han sido y son tomadas por personas, no por IA

Meta

Meta puso en marcha a principios de este año un programa de monitorización de empleados basado en IA. El sistema estaba diseñado para registrar pulsaciones de teclado, movimientos del ratón, historial de navegación, mensajes, correos electrónicos y datos de ubicación en dispositivos corporativos. Mark Zuckerberg, consejero delegado de Meta, explicó que el objetivo era entrenar los sistemas de IA de la empresa a partir del comportamiento de sus propios trabajadores.

“Los modelos de IA aprenden observando cómo hacen las cosas personas realmente inteligentes”, afirmó Zuckerberg en una reunión interna, según informó The Information. “La inteligencia media de las personas que trabajan en esta empresa es significativamente superior a la de la población general que puede realizar tareas”.

Un polémico sistema de monitorización

La demanda sostiene que Meta puso en marcha el programa de monitorización con poca publicidad y sin obtener el consentimiento de los empleados. Según la denuncia, la empresa informó de la iniciativa mediante una publicación interna de escasa visibilidad, realizada por un ingeniero y no por un directivo de alto nivel. “En algunos equipos, los empleados no recibieron ningún aviso para otorgar consentimiento o reconocimiento, y al menos inicialmente no existía ninguna forma de excluirse del programa”.

La oposición interna creció rápidamente durante los meses siguientes, lo que llevó a Zuckerberg a anunciar en junio la suspensión del programa. El cambio de postura se produjo después de que más de 1.600 empleados firmaran una petición denunciando que el sistema vulneraba su privacidad.

En la demanda presentada el lunes, los abogados de los trabajadores solicitan al tribunal que autorice de inmediato una auditoría independiente de las herramientas de IA de Meta. Argumentan que dicha auditoría permitiría esclarecer por qué los 26 empleados afectados —todos ellos de baja o con adaptaciones aprobadas por discapacidad— fueron seleccionados para el despido.

“Meta mantuvo deliberadamente en secreto el funcionamiento de su proceso de selección de despidos frente a sus empleados”, señalaron los abogados en un comunicado enviado por correo electrónico.

Según la representación legal, los demandantes seguirán siendo empleados de Meta hasta el 22 de julio, fecha en la que está previsto que comiencen a hacerse efectivos los despidos. Alegando riesgo de represalias, los abogados han pedido al juez que permita a los demandantes permanecer en el anonimato y que dicte una orden para preservar su situación laboral mientras se resuelve el arbitraje.

“Una vez que estas desvinculaciones sean definitivas, los daños serán irreversibles: pérdida de cobertura sanitaria subvencionada por la empresa durante el embarazo, la recuperación posparto o tratamientos médicos en curso; extinción de derechos de permiso sujetos a plazos; pérdida de acciones aún no consolidadas; y consecuencias migratorias para algunos trabajadores”, avisan los abogados.

Prosigue el polémico debate sobre el absentismo laboral que se abrió con motivo de las declaraciones de Ángel Nicolás, presidente de la patronal castellanomanchega (CECAM) llamando “memos” a los jóvenes pedían la baja médica por salud mental y por las que luego pidió disculpas.

Ahora, Manuel Madruga, el secretario general de la Federación Empresarial Toledana (FEDETO), integrada en la CEOE de la comunidad autónoma, se ha referido también a esta cuestión, con algún matiz. Básicamente, insiste en denunciar “fraude” en las bajas laborales, pero añade: “No culpamos a los médicos”.

Concretamente, argumenta que por cada euro destinado a una “baja indebida”, es un euro que “dejamos de destinar a la sanidad, a la educación, a las pensiones, a la dependencia, a servicios sociales o, por ejemplo, a trabajo”.

Según dice, los datos “están ahí”. “Los procesos de incapacidad temporal nos costaron a todos los españoles 34.000 millones de euros en el año 2025”, añade, afirmando además que “lo que nadie quiere saber” es que ese coste se ha disparado desde el año 2015 al año 2026 en un 240%, o que las bajas crecen a un ritmo del 133%.

Tenemos un grave problema y tenemos que analizarlo, controlarlo y de alguna manera investigarlo

También apunta que la OCDE ha avisado a España de los “altos índices” que tiene de incapacidad temporal, representando 4,7% de sus trabajadores, mientras que la media europea es del 2,5%.

“¿Significan estos datos que FEDETO está queriendo trasladar a la sociedad que todos los procesos de incapacidad temporal son fraudulentos? No, no significa eso, ni siquiera que mayoritariamente sean fraudulentos. Lo que significa es que tenemos un grave problema, lo que significa es que ese grave problema tenemos que analizarlo, controlarlo y de alguna manera investigarlo”, subraya.

Manuel Madruga considera “otro dato palmario” que el 25% de las personas que se encuentran en situación de IT concentran el 55% de todos los procesos de incapacidad temporal.

Es en este punto cuando dice no cuestionar “para nada en absoluto” a los médicos. “Sabemos los medios que tienen, las consultas masificadas que tienen y las listas de espera que tienen. Y de estos se valen quienes quieren cometer el fraude”.

Dolencias que “no se pueden medir de una manera objetiva”

A ello añade que hay “determinadas dolencias de carácter físico, por ejemplo el dolor, o determinadas situaciones emocionales” que “no se pueden medir de una manera objetiva y que dependen mucho de lo que sea lo que el propio paciente está trasladando al médico”.

Dicho esto, critica que traten de “desacreditar” a la patronal o de “cancelarnos mediáticamente” como consecuencia de que “hayamos tenido mejor acierto en Toledo, en Barcelona o en Canarias a la hora de referirnos al absentismo laboral”.

“Nuestros datos son datos objetivos, sabemos que son datos que molestan, pero también sabemos que son datos que cada vez están siendo más avalados por organismos nacionales, como el Banco de España o la AIREF, o internacionales como la propia OCDE”.

Afirma que incluso los sindicatos reconocen en los acuerdos nacionales para la negociación colectiva que hay “un problema con el absentismo laboral” que ahora “se niegan a reconocer, diciendo que lo que tratamos es de recortar derechos”. Y concluye afirmando: “Para FEDETO, combatir el fraude no es recortar derechos, es todo lo contrario, es proteger a aquellas personas que sí necesitan coger una baja”.