La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, ha afirmado este jueves que no se le puede pedir al Servicio Canario de Empleo (SCE) “que sea InfoJobs” porque hay jóvenes sobrecualificados para el mercado laboral canario y dicho órgano se dedica al colectivo con mayor vulnerabilidad.

Jéssica de León ha dado esta repuesta en comisión parlamentaria al abordar los problemas de empleabilidad juvenil en las islas, un asunto sobre el que han preguntado los grupos Vox, Agrupación Socialista Gomera y Mixto por Agrupación Herreña Independiente.

A estos dos últimos grupos, interesados particularmente por la falta de oportunidades laborales para los jóvenes en La Gomera y El Hierro, la consejera ha contestado que se están promoviendo por primera vez programas de teleformación para reciclarse y formarse laboralmente en profesiones demandadas en sus respectivas islas.

También se están impulsado nuevas oportunidades de empleo para quien retorne a su isla de residencia en un programa de primera experiencia laboral junto con los cabildos, que ahora también se desarrollará con los ayuntamientos con una inversión de 5,2 millones de euros.

Al mismo tiempo se avanza “de la mano” de la Consejería de Educación para abrir ciclos formativos de FP dual en las distintas islas, ha señalado la consejera de Turismo y Empleo, quien ha advertido no obstante de que hay “perfiles en los que no nos podemos centrar”, los de los jóvenes con “sobrecualificación”, pues el SCE se enfoca en los colectivos vulnerables y en que las ayudas lleguen a quienes más las necesitan.

Además ha aludido a proyectos piloto en La Palma y El Hierro junto a la CEOE y la Cámara de Comercio para impartir formación específica en competencias clave para la empleabilidad directa, así como para acompañar a los autónomos para evitar “que al tercer año cierren su actividad porque están ahogados”.

La diputada de Vox Paula Jover ha cuestionado estas cifras “pobres” y se ha preguntado si hay alguna estrategia más allá de programas puntuales para evitar que, en su opinión, “dos de cada tres jóvenes canarios se marchen del archipiélago”, y ha citado datos de que unos 22.000 isleños de 16 a 34 años han abandonado Canarias.

La consejera ha replicado que hace diez años la tasa de desempleo juvenil en Canarias era del 50% y hoy, por primera vez, hay menos de 8.000 jóvenes menores de 25 años inscritos en el paro.

“¿Es porque se han ido? No, porque la afiliación ha aumentado” a lo largo de 2025, ha señalado Jéssica de León, para asegurar que “los jóvenes hoy son muy fáciles de radicalizar” ya que “les dijimos que estudiando tenían una salida, lo que no les dijimos es que la salida era por mar, tierra y aire”.

En su opinión, las causas de que muchos jóvenes decidan estudiar y trabajar fuera de las islas son multifactoriales y no dependen sólo de la calidad del empleo en Canarias, sino de otras como la de estudiar una carrera que no tiene encaje en los sectores económicos de las islas.

El gran reto es cómo hacer retornar el talento canario y la consejera ha apuntado que por primera vez se empiezan a ver síntomas de diversificación en la economía canaria en sectores como el audiovisual e incluso en la cadena de valor del turismo que pueden tener “un amplio recorrido” para los jóvenes.

Pero otro factor a tener en cuenta, ha proseguido la consejera, es que la inmensa mayoría de los desempleados jóvenes, un 80 por ciento, carece de competencias clave y de formación en enseñanza secundaria, y por lo tanto los esfuerzos se centran en atender a esto colectivo, que es considerado vulnerable.

Para ellos se imparten programas de empleabilidad y de formación en los que se invierten 68 millones de euros, ha apostillado la consejera. 

La consultora tecnológica Inetum ha anunciado este jueves un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que podría afectar a un máximo de 425 trabajadores, el equivalente al 5% de su plantilla en el país, que ronda los 8.500 empleados.

La medida, según ha comunicado la empresa, se enmarca en su estrategia de transformación y llega tras un “exhaustivo análisis técnico y de capacidad” de la organización. El ajuste se aplicará exclusivamente en Inetum España SA.

Ajuste sobre perfiles técnicos

El ERE afectará a perfiles técnicos, mientras que la compañía asegura que no alcanzará a empleados de servicios centrales o de soporte. Inetum subraya que se trata de una medida “puntual” y descarta que haya fases posteriores dentro de este proceso.

La empresa también afirma que no contempla la supresión de líneas de negocio. Por lo que apunta la empresa, no habrá impacto en la prestación de servicios a clientes ni en la actividad diaria.

Un mercado “altamente competitivo”

La multinacional enmarca el ajuste en la fuerte presión competitiva que atraviesa el sector tecnológico en España, especialmente por parte de grandes grupos internacionales.

A este escenario suma otros factores como la transformación del mercado del talento y la incertidumbre económica y política, que tal y como señala la compañía, obligan a adaptar su estructura para responder a nuevas demandas.

Reorganización y modelo de ‘delivery’

Inetum defiende que el objetivo de la medida es reorganizar su operativa con una “visión de futuro”, evolucionando hacia un modelo de prestación de servicios 'delivery' más transversal y dinámico.

La dirección asegura que el proceso se abordará bajo criterios de “responsabilidad social, transparencia y respeto” hacia la plantilla, en un ajuste que, insiste, busca reforzar su posicionamiento en el mercado español.

El CSIF ha denunciado este jueves que existe un “criterio arbitrario” en el nombramiento de personal interino en el Ayuntamiento de Santander y acusa al interventor municipal de estar aplicándolo. A juicio del sindicato, esa situación que denuncia contribuye a “agravar la ya preocupante carencia de recursos humanos en la administración municipal, evidenciada recientemente por el elevado número de plazas vacantes”.

En un comunicado, el CSIF ha vuelto a insistir en la “escasez de personal” en el Ayuntamiento de Santander y, frente a ello, ha dicho que hay personal interino en bolsa de trabajo que han ido al desempleo, al cumplir tres años en su puesto, y no está cubriendo otras plazas vacantes por “el criterio subjetivo del interventor”.

El CSIF ha recordado que la ley del estatuto básico del empleado público indica que el personal interino debe ser cesado tras tres años en la misma plaza, pero “en ningún caso impide su participación en nuevas bolsas de trabajo ni su nombramiento interino para otras plazas”.

“De hecho, las normas de funcionamiento de las bolsas contemplan expresamente esta posibilidad, limitando únicamente el reingreso en la misma plaza previamente ocupada”, ha añadido el sindicato.

Por ello, ha insistido en que la interpretación que está realizando la Intervención General del Ayuntamiento de Santander “no solo carece de respaldo legal, sino que, además, está generando un grave perjuicio tanto a los trabajadores afectados como al propio funcionamiento del Ayuntamiento al impedir la cobertura de puestos vacantes y aumentar la sobrecarga de trabajo del personal en activo”.

El CSIF ha exigido que se revise ese criterio de forma “inmediata” y se permita la correcta gestión de las bolsas de empleo, además de que ha asegurado que no descarta emprender las acciones legales oportunas en defensa de los derechos de los trabajadores afectados.

Casi uno de cada cuatro universitarios vascos se va a trabajar fuera de Euskadi al acabar la carrera. Según un estudio realizado por el Gobierno vasco, se trata de alrededor de un 22% de los egresados, y de ellos, un 10% lo hace porque en otras comunidades autónomas o en el extranjero pueden encontrar mejores condiciones laborales y económicas. Por ello, desde el Gobierno vasco, Mikel Torres ha realizado un llamamiento no sólo a crear empleo, sino a que este sea de calidad, con una petición expresa a los empresarios a mejorar las condiciones laborales y salarios de los jóvenes, así como la contratación indefinida al inicio de la trayectoria laboral. Se trata de mejorar los salarios, las condiciones la promoción dentro de la empresa. “Los empresarios tienen que ser conscientes de que hacen falta trabajadores cualificados y que hay que ofrecer condiciones atractivas” para que los jóvenes no se vean obligados a buscarlas fuera, ha señalado el vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, del PSE-EE.

La otra cara de los datos de este estudio es que si un 22% se va hay un 78% que decide quedarse en Euskadi a trabajar cuando acaba la carrera, y ese porcentaje se eleva hasta el 98% en el caso de los jóvenes que terminan los estudios de Formación Profesional. Es decir, que hay que mejorar las condiciones para aumentar la competitividad, pero Euskadi “mantiene una sólida capacidad de creación y retención de capital humano cualificado”. Además, el balance entre los que se van y los que vienen, muestra que “no hay una fuga neta de talento entre Euskadi”. De hecho entre los años 2016 y 2020, las salidas de personas con alta cualificación han sido 30.060, que se compensaron prácticamente con las entradas, 29.223, “lo que sitúa al territorio en una posición de equilibrio dentro del conjunto del Estado”.

Torres ha presentado junto al viceconsejero de Economía, Iñaki Ruiz Manzano, el informe-diagnóstico sobre fuga de talento en Euskadi, que parte de que Euskadi presenta una posición sólida en el contexto estatal, con más del 51% de la población con estudios superiores y una de las tasas de paro más bajas entre este colectivo, de alrededor del 4,7% frente al 6,9% del Estado.

Entre los egresados que deciden trabajar fuera de Euskadi se quedan dentro del Estado, en otras comunidades autónomas, un 19,5%, y prácticamente la mitad de ellas lo han hecho por motivos laborales. El 72% se ha trasladado principalmente a tres provincias: Madrid (39%), Navarra (21%) y Barcelona (12%). La mayoría son grados en Administración y Dirección de Empresas, con 9% del total, Medicina, que representa el 7%, y Psicología con el 5%, Liderazgo emprendedor e Innovación, con un 4%, y Educación Primaria, con un 3%. En cuanto a los que se van al extranjero suponen un 2,5%, fundamentalmente Alemania, Irlanda y Países Bajos.

El estudio constata que una de las “amenazas” para retener el talento en Euskadi es el tipo de contrato, “dado que el porcentaje de afiliación con contratos indefinidos en Euskadi es el 62,3%, frente al 72,4% estatal”, lo que muestra una menor estabilidad, comparada con otras regiones. En cuanto a los salarios, Euskadi se sitúan en una posición intermedia-alta en comparación con los del resto del Estado, excepto con Madrid, “que se evidencia especialmente en grados muy determinados como Informática, ADE e Ingeniería”.

En el estudio se constata también que casi la mitad de las personas que actualmente trabajan fuera estaría dispuesta a regresar si mejoran las condiciones laborales, lo que refuerza el potencial de retorno. “El dato más relevante es que contamos con una base sólida sobre la que seguir construyendo. Euskadi dispone de un ecosistema favorable para el desarrollo profesional, pero debemos seguir avanzando para ofrecer mejores oportunidades y reforzar nuestra competitividad”, ha señalado el viceconsejero.

El sector turístico se encuentra en un punto de inflexión, en el que la gestión del talento y la experiencia del cliente ya no pueden entenderse sin los prismas de la inclusión y la diversidad. La segunda mesa de la jornada Todo un país de turismo V de elDiario.es, moderada por la directora de elDiario.es Illes Balears, Angy Galvín, se ha centrado en cómo transformar el sector en un entorno más humano y competitivo.  

La conversación comenzó poniendo el foco en la paradoja del mercado laboral actual. Ana María Aguilar Manjón, del departamento de Orientación y Formación del SEPE, subrayó que aunque el sector tiene una gran capacidad de generar empleo, persisten desafíos estructurales. “No se trata solo de crear puestos de trabajo, sino de avanzar en un empleo de calidad”, aseguró Aguilar, en referencia a un empleo que incluya formación, continuidad y condiciones reales de desarrollo profesional. 

Esa misma visión fue respaldada por Xavier Martín, CEO de Turijobs, que aportó datos reveladores sobre el comportamiento del mercado: “Ha habido un incremento brutal, exponencial, de las ofertas de empleo, especialmente después del Covid, un boom”. Pero también advirtió de una tendencia preocupante: el descenso en la media de inscritos por cada oferta. “Esa media de inscritos en los últimos años ha ido descendiendo... lo que hace que haya mayor complejidad por parte de las empresas a la hora de encontrar el talento que buscan”, explicó, señalando que es un fenómeno global.

Un cambio en las nuevas generaciones

En este punto, el debate viró hacia las demandas de los profesionales jóvenes y Ana María Aguilar destacó que el salario ya no es el único factor determinante. “Ya no se vive para trabajar, se trabaja para vivir”, afirmó la representante del SEPE, señalando que los jóvenes buscan conciliación, propósito y desarrollo profesional. 

Sin embargo, el acceso al empleo en ciertos territorios, como Balears o zonas rurales, se ve obstaculizado por factores externos. Aguilar fue tajante al respecto: “Si no tengo donde vivir y si no tengo cómo moverme para ir al trabajo... difícilmente lo vamos a lograr”, enfatizando la necesidad de una gestión holística que incluya transporte y vivienda. 

Uno de los momentos más destacados de la mesa llegó con la intervención de Rodrigo Fitaroni, director General de MarSenses, cadena hotelera que ha sido premiada por sus políticas de inclusión. Fitaroni defendió que la experiencia que se ofrece al huésped debe empezar por el trabajador o, como él lo denominó, “el cliente interno”.

“Aquí el marketing familiar ya no funciona, aquí se cambian los hechos”, sentenció. “Nosotros, mi generación, hemos sido educados a trabajar. Mi padre me decía que un buen hombre era aquel que lleva el alimento a casa, y con los años nos vamos dando cuenta de que realmente la vida no se limita solo a trabajar, que existen muchas más cosas, que existe un propósito de vida y yo creo que las nuevas generaciones se han dado cuenta de eso”, analizó Fitaroni, que también criticó prácticas empresariales superficiales como el pinkwashing. 

El director de MarSenses también compartió casos de éxito reales, como la contratación de personas a través de programas con el sistema penitenciario o colectivos migrantes. “Esa coherencia donde se lleva el discurso a la práctica es muy importante... aunque a veces se tienda a creer que el personal es tonto... el personal lo ve”, advirtió sobre la importancia de la autenticidad corporativa. 

Barreras invisibles

Por su parte, Luz Marina Gil López de Pablo, técnica de turismo accesible, accesibilidad universal y cultura inclusiva en Impulsa Igualdad, puso el foco en los obstáculos que aún enfrentan las personas con discapacidad. Más allá de las barreras físicas, destacó las mentales: “Persisten sesgos de contratación, de promoción interna y de percepción de las capacidades”. Gil presentó la accesibilidad como un eje transversal que debe estar presente en toda la cadena de valor, desde la información hasta el transporte y las actividades de ocio.

En este sentido, Fitaroni lanzó una dura crítica a la industria tecnológica por la falta de motores de reserva accesibles: “La accesibilidad es una gran desconocida... y es la forma más cruel de discriminar a alguien”. Relató su propia experiencia escuchando a personas con discapacidad en mesas de trabajo, confesando sentir vergüenza por la “ignorancia total, falta de empatía y falta de responsabilidad” que a menudo impera en el sector hotelero. 

Ante la pregunta de si las empresas caminan solas ante este reto, Ana María Aguilar recordó que existen incentivos, bonificaciones y programas exitosos como Tándem para jóvenes vulnerables, que se ha incorporado de forma permanente a la estructura del SEPE por sus buenos resultados.

Para concluir, los ponentes reflexionaron sobre si estos esfuerzos tienen un retorno real. Rodrigo Fitaroni reveló que una encuesta interna mostró que más del 70% de sus clientes valoraban positivamente las medidas de sostenibilidad social, muchas de las cuales conocieron a través de los propios trabajadores y no por publicidad.

Xavier Martín concluyó que la diversidad hace que la experiencia turística sea más positiva y humana, mientras que Luz Marina Gil recordó que “la accesibilidad es sinónimo de calidad turística”. Finalmente, Ana María Aguilar cerró la mesa señalando que la sostenibilidad social ya es un factor decisivo de elección para los turistas del futuro: “Los jóvenes cada vez más eligen en cualquier aspecto de su vida productos sostenibles”.

La “esperanza” es la sensación mayoritaria entre los cientos de migrantes que siguen llegando a las oficinas de Correos y a las tesorerías de la Seguridad Social habilitadas en Castilla-La Mancha para pedir su regularización dentro del proceso extraordinario abierto por el Gobierno.

En el tercer día desde que se abrió el plazo para realizar estas peticiones y todavía son muchas las complicaciones que se están encontrando, especialmente en la elaboración del informe de vulnerabilidad requerido para la solicitud, y para ello están recibiendo la ayuda de las organizaciones sociales acreditadas como entidades colaboradoras en materia de extranjería.

Mientras en la ciudad de Toledo, muchas de estas peticiones las están realizando migrantes que acuden desde los pueblos de la provincia, en otras provincias de la comunidad autónoma, la situación es similar, pero también proceden de las capitales. En cualquier caso, hay una “gran afluencia, por centenares” constatan las organizaciones consultadas por este medio.

La Delegación del Gobierno todavía no ha aportado datos oficiales sobre las solicitudes presentadas, pero prevé que sean entre 13.000 y 15.000 los migrantes que regularizarán su situación en la comunidad autónoma.

Una de las provincias donde más se están cursando solicitudes es Ciudad Real. Cientos de personas de los pueblos y de la capital están recibiendo el asesoramiento, la información y la elaboración de la documentación por parte de las entidades acreditadas.

Así ayuda una entidad social

Una de ellas es Movimiento por la Paz. Su responsable, Manuel Lorenzo, explica que a muchos migrantes los derivan de los servicios sociales de los ayuntamientos. En algunos casos, la tramitación es sencilla porque forman parte de los itinerarios de estas entidades, es decir, conocen su situación. Pero en otros, son personas que no conocen y deben iniciar el proceso prácticamente desde cero.

“No todos requieren el informe de vulnerabilidad porque, por su situación, ya son vulnerables”, explica Lorenzo, en referencia a las personas en situación de refugio o protección internacional.

Pero esta no es la situación mayoritaria. “Hay gente que viene de forma espontánea, a preguntar, a interesarse, a conocer el proceso. En los servicios sociales los derivan hasta aquí”. ¿Cómo actúan para ayudarles? “Estamos realizando reuniones informativas con personas para que les tramitemos el expediente. Les explicamos toda la documentación y, si podemos, incluso ‘in situ' verificamos que su documentación está correcta. Y luego les damos cita previa para que tramiten su solicitud en las oficinas habilitadas”.

En paralelo, Movimiento por la Paz también está haciendo labores de apoyo a ayuntamientos de la provincia, principalmente con abogados acreditados en labores de extranjería. Se desplazan a los pueblos para realizar esas sesiones, supervisar la documentación y analizar si pueden tramitarles el expediente.

Las situaciones personales que están encontrando son muy variadas. Desde personas sin trabajo a otras que han estado empleadas sin contrato y de manera intermitente en la agricultura, en la hostelería o en el sector de la limpieza y los cuidados. “La tónica general es que todas las personas quieren presentar sus papeles cuanto antes. Tener una respuesta cuanto antes y poder mejorar su vida. Sobre todo, hay esperanza. La gente está esperanzada”.

Movimiento por la Paz detalla que las situaciones familiares y los apoyos de los que disponen también varían. “Hay muchos migrantes que están solos, otros que acuden con sus familias y también mujeres con cargas familiares, pero sin trabajo. Vienen de todas las edades, también estudiantes, y la situación en muchos casos es de vulnerabilidad, muchos están en situación de pobreza o en riesgo de estarlo”.  

“La casuística es muy amplia. No son perfiles estándar. La impresión general es que la gente al final se ha estado buscando la vida como ha podido y ahora tienen una oportunidad de regular su situación. Son muchas personas. No sabemos si podremos atender a todos, pero haremos todo lo posible. Si vemos que no llegamos, les pediremos que pidan cita y les revisaremos los expedientes para verificar que esté todo correcto”, concluye.  

Otra de las entidades que ha desplegado su ayuda en toda la región es ACCEM. No está acreditada para la elaboración de solicitudes, pero está especializada en la acogida, protección y atención integral a refugiados y migrantes. Ofrece servicios de refugio (como en su centro de Sigüenza y en plazas de alojamiento en Guadalajara, Albacete y Toledo), así como atención social, formación y ayuda a colectivos vulnerables, en colaboración con el Gobierno regional.

Braulio Carlés, responsable territorial de esta organización, explica que la afluencia de personas para cursar solicitudes está siendo “enorme”. “Está llegando mucha gente a todas las oficinas y les informamos del procedimiento para que consigan la documentación”, precisa.

Esto es una gran oportunidad

“Esto es una gran oportunidad. Hay miles de personas en situación irregular en este país, muchos de ellos trabajando y contribuyendo al sistema, a las arcas del Estado, sin que se reconozcan sus derechos y deberes. Y no solo trabajando, sino también en el consumo y el funcionamiento de la economía. Sin embargo, parece que no existen, que están ocultos y eso es injusto”, resalta.

Dicho esto, desde ACCEM consideran de gran relevancia que en esta regulación se pongan “todos los medios pertinentes y oportunos” para realizarla de forma ordenada. “Debemos tener un mecanismo de integración y de facilitación que ayude a que sea ágil y rápido. Hay mucha gente que quiere regularizarse y hay que hacerlo bien”.

También se refiere al informe de vulnerabilidad como uno de los “escollos” del proceso, aunque en el caso de las personas acogidas por ACCEM, muchas no lo necesitan por su propia situación de refugiados. “Pero otras ocasiones es más complicado y confiamos en que pueda solventarse”.

Braulio Carlés aprovecha para arremeter contra los “populismos ensalzados” contra la regularización extraordinaria. “Esto no tiene ningún 'efecto llamada'. Se han hecho varias regularizaciones y nunca ha habido esa consecuencia. El 'efecto llamada' lo generan las guerras y el hambre, y eso no lo provocan los migrantes, sino otros mucho más poderosos”.

“Esto tiene que funcionar. No pueden seguir siendo invisibles, por lo que hay que buscar las vías para que la regularización llegue a buen puerto y sea posible. Todos tenemos derecho a vivir con dignidad, y esto es una gran oportunidad”, concluye.

Por su parte, Médicos del Mundo ha organizado para este jueves, día 23 de abril, una sesión en el Centro Social del barrio de Santa Bárbara de Toledo, para informar a migrantes sobre el proceso:

Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha calificado “muy positivamente” el proceso.

Estamos viendo que es la población migrante la que nos está dando respuesta y ayuda a poder asumir ciertos retos

“Estamos viendo que es la población migrante la que nos está dando respuesta y ayuda a poder asumir ciertos retos”, ha constatado, señalando que, “si encima viene con ese apoyo por parte del Ministerio, la regularización que se está llevando a cabo, pues es mucho más ágil y mucho más fácil”.

En cuanto a la alarma generada con respecto al procedimiento y a los trámites, ha señalado que en Castilla-La Mancha las subdelegaciones del Gobierno se han puesto a disposición de los ciudadanos para hacer reuniones informativas y que puedan llevar a cabo este tipo de procesos “con garantías y con máxima normalidad”.

“Cuando algo es muy esperado y además es tan necesario los comienzos nunca son fáciles”, ha admitido la consejera, quien ha apuntado que “con la información que además ha dado el Ministerio, que está muy bien explicada, son procesos que no tienen por qué ser complicados”.

Que ningún ayuntamiento ponga “trabas”

Finalmente, el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha confiado en que ningún ayuntamiento ponga “trabas” a la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Gobierno. Ha negado conocer algún caso, al tiempo que ha apostillado que “oponerse” a la regularización “sería torpe”.

En cuanto a las trabas y críticas al procedimiento, ha destacado que si hay algún error, “se estará detectando” y “lo valoraremos cuando pase un plazo prudencial”. “Yo creo que incluso algunas de las denuncias que se hacen, se hacen con ánimo de mejorar el servicio”, ha concluido.

La deducción en el IRPF para los perceptores del salario mínimo interprofesional (SMI) que el Gobierno sacó adelante en 2025, tras una tensa negociación entre los Ministerios de Hacienda y Trabajo, mejoró la progresividad de la fiscalidad sobre el trabajo, pero la presión sobre un sueldo bajo todavía es mayor que la experimentan las retribuciones más altas.

Un informe sobre imposición del trabajo de la OCDE publicado este miércoles apunta que la “cuña fiscal” marginal –esto es, lo que se abona en concepto de IRPF o cotizaciones a la Seguridad Social por parte de empresa y empleado por cada punto que aumentan los ingresos– para un trabajador soltero es del 56% para los salarios más bajos (el 50% del sueldo medio, que son 32.678 euros), en tanto que es del 46% para aquellos que lo multiplican por cinco. España es uno de los 13 países miembros de la OCDE en los que sucede este fenómeno.

El documento, que se centra únicamente en la capacidad redistributiva del diseño fiscal y no sobre sus efectos aplicados a las rentas y el sistema tributario completo de cada uno de los países miembros, detalla que esto se debe a que las cotizaciones a la Seguridad Social están topadas, por lo que a partir de determinada cuantía solo aplica el IRPF.

De acuerdo con el índice de progresividad elaborado por el organismo, que mide la progresividad tributaria legal y se calcula tomando como referencia las políticas y normas del sistema tributario y de Seguridad Social de cada país, el diseño en nuestro país es más progresivo para las retribuciones bajas que para las altas, como se puede ver en el gráfico a continuación. En el supuesto de una pareja con hijos, se debe a prestaciones por hijos a cargo, como la incluida en el Ingreso Mínimo Vital. En el caso de un contribuyente soltero, se debe al diseño del IRPF. Y, en concreto, a la medida para evitar la tributación de los perceptores del SMI.

“En España, el acusado aumento en el indicador de progresividad para el primer intervalo de ingresos [entre el 50 y el 67% del salario medio] refleja la introducción de una deducción relacionada con las rentas de trabajo dirigida a ingresos bajos y moderados, lo que contribuyó a reducir la carga fiscal de los trabajadores aptos”, apunta el documento.

La medida “incrementó la progresividad legal” en la parte inferior de la distribución, incide, “con el objetivo de fomentar la participación en el mercado laboral”.

Si bien el informe incluye entre las cotizaciones sociales el Mecanismo de Equidad Intergeneracional –el recargo en las nóminas para financiar la hucha de las pensiones–, no incluye las llamadas cuotas de solidaridad para los sueldos más elevados. “Estos tipos adicionales contribuirían a aumentar la progresividad de las cotizaciones a la Seguridad Social de empleados y empleadores para los trabajadores que perciben más del 167% del salario medio, contrarrestando parcialmente la dinámica regresiva”, dice el documento, por lo que los resultados serían sensiblemente mejores en determinados tramos.

Mirando al promedio de la OCDE, desde 2000 la progresividad de la carga impositiva sobre el trabajo ha aumentado, sobre todo en el caso de los hogares con hijos, prácticamente el doble que en el caso de los solteros. “El tratamiento fiscal de los hogares con niños tiende a ser más progresivo que en el caso de los que no”, detalla. “Para la mayor parte de los hogares con niños, las prestaciones en especie son la principal causa de esa progresividad, en tanto que para aquellos sin hijos, el IRPF. Las cotizaciones a la Seguridad Social son progresivas en los niveles más bajos de ingresos y regresivos para las rentas más altas en muchos países de la OCDE, como consecuencia de los suelos y topes de contribución”, apunta el documento.

El mayor incremento de la progresividad fiscal se produjo entre 2014 y 2019, mientras que disminuyó entre 2022 y 2025, revirtiendo el incremento que se produjo como consecuencia de la pandemia de COVID-19.

En términos totales, el 41,4% del salario bruto de los trabajadores españoles solteros y sin hijos se destinó al pago de impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social en 2025, frente a una 'cuña fiscal' media del 35,1% para el conjunto. De este modo, mientras que en la OCDE la carga fiscal sobre los costes laborales se incrementó en promedio en 0,15 puntos porcentuales respecto a 2024, en España se observó un aumento de 0,31 puntos porcentuales respecto del año precedente.

Al desglosar este aumento, se aprecia que la mayor diferencia al alza correspondió al incremento del impuesto sobre la renta, con 0,25 puntos porcentuales, frente a un descenso promedio del 0,01% en la OCDE; mientras que las cotizaciones sociales del trabajador se mantuvieron estables y las del empleador subieron en 0,05 puntos porcentuales, frente a una media en la OCDE de 0,01 y de 0,15 puntos porcentuales, respectivamente.

José Luis nació en Colombia. Pero hace cuatro años llegó a España con su esposa en busca de mejores condiciones de vida. Liliana es ingeniera de sistemas, también es colombiana, y quiere homologar su título e intentar trabajar en el sector para el que dice estar perfectamente preparada. Dos estudiantes venezolanos de Derecho quieren arreglar sus papeles para poder terminar sus carreras universitarias, buscar trabajo y “ayudar a otros”.

Son algunas de las historias de los migrantes que este lunes han acudido a las oficinas habilitadas en Toledo en el día en que arranca el proceso extraordinario de regularización de migrantes. En esta ciudad son, concretamente, las oficinas de Correos de la calle Duque de Lerma y del barrio del Polígono, en horario de mañana (de 8.30 a 14.30 horas) y de tarde (de 14.30 a 17.30 horas). También están habilitadas las dos sedes de la Tesorería de la Seguridad Social del Casco Histórico, en horario solo de tarde (16.00 a 19.00 horas).

Precisamente, el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha remarcado hoy la necesidad de cita previa. “No informamos exactamente de las oficinas porque no queremos que ningún ciudadano interesado se presente directamente sin cita previa en las oficinas a presentar solicitud, porque puede dar lugar a que se forme algún tipo de cola o algo que no tenga ningún sentido”.

En la oficina de la calle de Duque de Lerma han habilitado persona y un mostrador específico para este proceso, no así en el Polígono, donde han acumulado todos los trámites, ordinarios y extraordinarios.

Hablamos con los que ya guardan cola después de obtener la cita previa por vía telemática. Los primeros en llegar han podido realizar sus trámites sin apenas esperar, pero conforme avanza la mañana, la fila aumenta y la media de tiempo para cada trámite es de media hora o una hora en algunos casos.

José Luis acude con su esposa desde la localidad de Portillo de Toledo, muy cerca de la comarca de la Sagra, limítrofe con la Comunidad de Madrid. Ambos prevén que esperarán al menos una hora. Tienen sus papeles y la solicitud preparada, pero están algo nerviosos.

Durante los cuatro años que este migrante lleva en España, ha estado trabajando como soldador de tanques con la denominada ‘Tarjeta Roja’, es decir, el documento acreditativo de la condición de solicitante en tramitación de protección internacional. Se trata de una tarjeta provisional que autoriza a extranjeros, a menudo de zonas en conflicto, a residir legalmente mientras se resuelve su solicitud de asilo o protección internacional.

Ha estado trabajando desde 2022, pero ahora en el trabajo le han exigido que solicite la regularización para que pueda empezar a cotizar a la Seguridad Social y disponga de todos sus derechos laborales. Porque su intención es quedarse.

Yo ya llevo aportando mi trabajo desde hace mucho tiempo, ganándome la vida y ahora quiero hacerlo con todas las garantías

“Este proceso viene caído del cielo. Yo ya llevo aportando mi trabajo desde hace mucho tiempo, ganándome la vida y ahora quiero hacerlo con todas las garantías. Recién llegué lo pasé muy mal y estuve trabajando ‘en negro’ pero varios compañeros de Colombia me ayudaron y pude salir adelante. He podido formarme y trabajar”, afirma.

A José Luis le gusta mucho su trabajo y ahora lo único que quiere es obtener sus papeles y seguir trabajando en su sector, que le “encanta”. “Acá he tenido la oportunidad de formarme más aparte de la formación que ya traía de mi país. He podido aprender muchas cosas y ahora mi sueño es seguir aportando al país, pero con todo en regla”.

Justo cuando le llega el turno a José Luis y a su esposa, dos jóvenes originarios de Venezuela acaban de terminar su trámite en el mostrador. Han estado casi 45 minutos y tienen mucha prisa, pero relatan a este medio que estudian Derecho en Toledo, aunque viven en Yuncos, también un pueblo de la comarca de la Sagra.

“Ahora toca esperar, pero queremos seguir estudiando y buscar trabajo en lo nuestro, sobre todo para ayudar a otros”, nos dicen mientras salen corriendo después de haber perdido las dos primeras clases de la mañana.

Susana es cubana, tiene 53 años, y trabaja en el sector de la limpieza, desplazándose a Toledo desde Alameda de la Sagra. Acaba de llegar a la oficina. Su cita es a las 10.30 y llega puntual, pero otros migrantes de la fila le comentan que la espera será larga porque las citas se están dando con 15 minutos de intervalo, y el trámite está resultando bastante más largo.

“Espero no tener que volver otro día porque es difícil que pueda librar en el trabajo. He traído todos los papeles y no me importa esperar lo que sea, si lo puedo dejar solucionado hoy”, relata.

“Como una trabajadora más”

¿Qué es lo que más desea Susana con esta solicitud? “Ser como una trabajadora más en España, poder cotizar a la Seguridad Social y mejorar mis condiciones”. Mi sobrina está en Madrid, también limpiando, y tiene la cita para otro día. Ella es informática, quiere intentar trabajar en lo suyo. Ojalá lo consiga“.

En la fila se encuentran asimismo Liliana, de 34 años, y su pareja John Jairo, de 37. Viven en Cabañas de la Sagra, curiosamente también en una zona colindante con Madrid. Él llego de Colombia hace dos años y ella hace un año y medio se reunió con él junto con su hijo. Liliana tramitó su estancia por estudios mientras que John ha estado trabajando en diferentes sectores, “básicamente donde he podido”, pero principalmente en la hostelería   

A partir de la obtención de su regularización, ambos quieren pasar la página de “muchos meses estando muy mal”, ya que Liliana no ha podido trabajar por “varios inconvenientes” en sus papeles.

Cuenta que su pareja tiene mucha formación en mecánica y electricidad en el sector industrial y querría dejar la hostelería para trabajar en ello. “Falta mano de obra y hay sectores en los que podemos aportar mucho”.

Creo que será más fácil poder homologar mi título y encontrar algo. Lo sé porque he tenido ofertas de trabajo que no podido aceptar por no estar en España de forma regular

“Yo soy ingeniera de sistemas, pero no he logrado conseguir ningún trabajo porque debo regularizarme primero. Una vez que me lo aprueben, creo que será más fácil poder homologar mi título y encontrar algo. Lo sé porque he tenido ofertas de trabajo que no podido aceptar por no estar en España de forma regular. Esta es mi gran oportunidad, mi sueño, mi esperanza. Y creo que es lo correcto”, resalta muy sonriente.

La Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha estima que se presentarán entre 13.000 y 15.000 solicitudes de migrantes para acceder a la regularización extraordinaria en esta comunidad autónoma. Hoy ha sido el primer día para empezar a presentar las solicitudes y la documentación después de que el pasado jueves, día 16, se habilitara el proceso telemático para empezar a solicitar su cita previa.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha puesto en marcha un portal web (inclusion.gob.es/regularización), específicamente destinado a informar sobre este proceso de regularización extraordinaria a las personas interesadas.

Este portal ofrece la posibilidad de pedir cita previa, completamente gratuita e imprescindible para ser atendido presencialmente. Aunque el servicio está disponible desde el pasado jueves, día 16 de abril, la atención en oficinas ha arrancado este lunes, día 20 de abril.

En Castilla-La Mancha hay 13 oficinas receptoras, que son cuatro de la Tesorería y una del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en las distintas provincias, así como ocho oficinas de Correos, donde puedan presentar la solicitud de manera presencial.

“No cabe ninguna duda de que los inmigrantes están aportando mucho a la riqueza de España”, ha abundado el delegado del Gobierno, José Pablo Sabrido. “Nos vamos a llenar de gente normal, de gente que trabaja, de gente que quiere lo mejor para su familia”.

La población migrante tiene un papel “relevante” en el empleo

La población migrante desempeña un papel “relevante” en el equilibrio demográfico regional, y contribuye “de forma significativa” a la cohesión territorial y al mantenimiento de la población activa.

Son algunas de las conclusiones que arroja el reciente informe 'Análisis de la situación de las personas migrantes en relación con el mercado de trabajo' que ha elaborado el sindicato UGT para obtener una radiografía detallada de la población inmigrante de Castilla-La Mancha, de cómo es su inserción laboral, de cuál es su contribución a la hora de sostener la actividad económica y de cuáles son las condiciones con las que el mercado absorbe esta mano de obra.

Los resultados muestran que, frente a una tasa de empleo media en Castilla-La Mancha del 52,2% en el último trimestre de 2025, la cifra de población extranjera empleada se ubica en el 56,13%, una comparación que para UGT evidencia la “fuerte participación en el mercado laboral” de este colectivo.

Este episodio nace de una sensación generalizada que casi todos tenemos y que las distintas expertas confirman: los jóvenes de hoy no conciben el trabajo de la misma manera que los jóvenes de hace 20 o 30 años. Hay un choque generacional y, a pesar de que estos datos son objetivamente muy buenos, también es una realidad que muchos jóvenes sienten que…. esa fiesta no es para ellos. Hablamos con Marga y Jaime, dos de esos jóvenes que nos cuentan sus sensaciones.

De los últimos datos de empleo y de los retos que tiene el mercado con los jóvenes nos habla la periodista de elDiario.es Laura Olías. Además, confirmamos esta tendencia con dos expertas que han estudiado la materia. Por un lado, Aída Cabello, investigadora de la Universidad de Málaga y que se dedica a analizar cómo la juventud se relaciona con el mercado de trabajo. Por otro: Beatriz Martín Padura, directora general de Fad Juventud

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“No rechazan la oficina, lo que rechazan es perder el tiempo”: cómo la generación Z está redefiniendo el trabajo

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Los centros especiales de empleo (CEE) están diseñados para favorecer la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Sin embargo, existen voces que denuncian prácticas “abusivas” que incrementan la “discriminación” laboral y salarial de este colectivo. Es el caso de Jesús —nombre ficticio—, un trabajador de uno de estos centros en Zaragoza.

Jesús lleva tres años empleado en el sector servicios mediante un CEE con ánimo de lucro y relata cómo, a pesar de realizar “el mismo trabajo” que una persona sin discapacidad, su nómina apenas alcanza el salario mínimo interprofesional (SMI). Mientras tanto, asegura que su empresa factura al cliente más de 3.000 euros mensuales por su puesto: “Tienen la seguridad social subvencionada y un gran porcentaje de mi sueldo. Sacan mucho beneficio”. 

Algo similar relata Matías, que acaba de dejar su empleo en uno de estos centros para irse a otro de iniciativa social. Explica que, en el centro donde ha estado dos años y medio trabajando como conserje, la hora extra de ir a tirar basuras se la pagaban a 3,85 euros, “sin plus de transporte. Al final es más de media hora para ir, trabajar y otra media hora para volver, es mucho rato para tan poco dinero, prácticamente trabajas por la cara”. Asegura que tampoco le pagaron las horas extras que hacía durante meses, hasta que lo reclamó. “El problema principal es que se aplica el convenio de centro especial, mucho más bajo, en lugar del convenio del sector real donde se presta el servicio. Existe mucha explotación laboral, al final los CEE suelen cubrir empleos que no requieren de una formación previa y esto supone mayor precariedad laboral”, explica la abogada Gemma Ruiz Redondo. 

Por todo esto, Matías buscó otro empleo, en este caso en un centro especial de empleo con iniciativa social. Allí, según cuenta, le pagan las horas extra al doble que la hora normal, tiene plus de transporte y mejores condiciones laborales. Haciendo un trabajo similar, cobra 400 euros más que Jesús. Matías tiene una discapacidad intelectual, como “el 95% de los trabajadores de estos centros. Muchos no hemos hecho ni la EGB, yo no miró la nómina ni nada, como no entiendo bien lo que pone, no los guardo, de eso se aprovechan”. 

Una brecha salarial

En la práctica, esto supone una brecha salarial entre las personas con discapacidad y sin discapacidad. Jesús calcula que, si se le aplicará el convenio sectorial correspondiente a su labor, cobraría entre 6.000 y 7.000 euros más cada año debido a pluses por peligrosidad, transporte o tareas específicas. “A igualdad de trabajo, el empleado con discapacidad cobra sistemáticamente menos”, denuncia el afectado. 

Desde que se permitió la entrada de empresas mercantiles con ánimo de lucro en el sector de los CEE, la cifra de estos centros ha crecido de forma exponencial. La normativa de 1985 ya distinguía entre centros con y sin ánimo de lucro según el destino de sus beneficios, pero no fue hasta la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) en 2013 cuando se introdujo una definición legal específica para los Centros Especiales de Empleo de iniciativa social. Esta reforma añadió el apartado 4 al artículo 43 de la Ley General de Discapacidad para diferenciar a las entidades sin ánimo de lucro —obligadas a la reinversión íntegra de sus beneficios en el colectivo— de las sociedades puramente mercantiles. Esta brecha legislativa permitió que empresas privadas con fines de lucro compitieran por las mismas subvenciones públicas para el mantenimiento de puestos de trabajo.

Antes de la reforma de 2013, Aragón contaba con en torno a una cuarentena de centros especiales de empleo, según los datos recogidos en informes de economía social, frente a los más de 70 actuales.

Subvenciones que no llegan al trabajador

Los CEE disfrutan de beneficios fiscales y subvenciones masivas. En Aragón, la ley reserva un 6% de la contratación pública para estas entidades y financia el 100% de las cuotas de la Seguridad Social. Sin embargo, los trabajadores denuncian que este apoyo financiero no se traduce en mejores condiciones. El Instituto Aragonés de Empleo (INAEM) mantiene una línea de subvenciones de 19.625.000 euros —publicadas en enero de 2026— con fondos estatales y autonómicos. La subvención se otorga con carácter mensual y se gradúa teniendo en cuenta el tipo y grado de discapacidad de las personas, así como la estabilidad de los puestos de trabajo que ocupan, pudiendo ir desde el 40% al 70% del salario mínimo interprofesional vigente.

Jesús relata deficiencias graves en la gestión de su empresa: desde el uso de sábanas viejas troceadas como paños de limpieza hasta la negativa de la empresa a proporcionar calzado ortopédico prescrito por un podólogo. 

La legislación obliga a los CEE a mantener Unidades de Apoyo con psicólogos y trabajadores sociales para facilitar el tránsito hacia el empleo ordinario. No obstante, este trabajador asegura que estas figuras son inexistentes o puramente administrativas. “En mi centro no las vemos. Aparecen nombres en la web que no ejercen funciones de apoyo real; el único que viene es un encargado para controlar que no paremos ni un segundo, lo que acaba siendo acoso laboral”. 

Una perpetuación de la exclusión

La Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad en Aragón prevé planes periódicos para corregir la desigualdad. Sin embargo, la realidad de los CEE se ha alejado de su motivación original: ser un puente hacia el mercado laboral común. Ruiz Redondo advierte que muchas empresas grandes acuden a los CEE solo para cubrir el 2% de cuota legal obligatoria en los puestos más precarios y sin formación, con lo que “perpetúan la exclusión”. 

La Ley 5/2019 de derechos y garantías de las personas con discapacidad en Aragón establece en su artículo 24 la obligación del Gobierno de aprobar periódicamente un Plan de Empleo específico. La normativa exige que incluya una memoria económica detallada y obliga a su revisión integral al menos cada cuatro años. Esta 'cláusula de caducidad' busca evitar que las políticas de inclusión se conviertan en papel mojado, garantizando que las ayudas y las cuotas de reserva del 6% en contratos públicos se ajusten a la realidad de trabajadores que, como Jesús o Matías, denuncian estar atrapados en convenios desfasados.

Ruiz Redondo reivindica que, frente a los CEE, es “mejor” la figura del empleo con apoyo: “Respeta mucho más los derechos de las personas con discapacidad, es para aquellas personas que necesitan una adaptación mayor, en la teoría cuentan con financiación pero en la práctica es mucho menor que la de los CEE”. La abogada considera que esta medida “respeta mucho mejor la autonomía de las personas con discapacidad, permite un seguimiento más humano del puesto, de las necesidades de la persona, es mucho más compatible con los derechos humanos y del colectivo de la discapacidad”. 

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha asegurado que estaría dispuesto a realizar una revisión del salario mínimo interprofesional (SMI) para “hacer frente a las consecuencias” de la guerra de Irán sobre la inflación, ya que la ley permite hacer una revisión semestral de esta renta mínima.

“El Gobierno estaría dispuesto a tenerlo en cuenta”, ha expuesto este jueves durante la Comisión de Trabajo y Economía Social en el Senado, informa Europa Press, en la que ha trasladado el compromiso del Gobierno de seguir subiendo y adaptando el SMI a la realidad de cada momento.

De acuerdo con el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, que es el que regula el SMI, esta menor retribución posible se fijará tras una consulta con los agentes sociales –en el Gobierno han apostado desde 2020 por negociar con empresas y sindicatos, aunque los últimos solo los han firmado con los representantes de los trabajadores– y tendrá en cuenta la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC), la productividad, la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económmica.

Pero el mismo apartado señala la posibilidad de revisar la cuantía a los seis meses “para el caso de que no se cumplan las previsiones sobre el índice de precios citado”.

El Gobierno aprobó una subida del SMI del 3,1% este año, hasta situarse en 1.221 euros mensuales por catorce pagas, a través de un Real Decreto que se aprobó en febrero en Consejo de Ministros y que tenía carácter retroactivo desde el 1 de enero de este año.

“Es importante avanzar con un salario mayor”

El 'número dos' de Trabajo ha reivindicado en el Senado la necesidad de que los salarios se incrementen. En este sentido, ha recordado que España mantiene una brecha salarial con el resto de Europa “de un 20%”, pese a que el Gobierno ha hecho “todo lo que está en su mano” para incrementar el SMI, que ha subido un 64% desde 2018, dejando atrás los “indecentes” 700 euros en los que lo dejó el Partido Popular.

Sin embargo, ha recordado que la negociación colectiva es la que debe ahora actuar para subir el resto de los salarios, ya que el Gobierno no puede incidir sobre los salarios de las empresas privadas.

“Es muy importante que avancemos todos de la mano en un salario mayor que rompa nuestra brecha con Europa y que de alguna manera nos permita seguir avanzando en mejores condiciones de trabajo y empleo”, ha reivindicado.

El delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha estimado que esta comunidad autónoma se presentarán entre 13.000 y 15.000 solicitudes de migrantes para acceder a la regularización extraordinaria. Estas personas ya pueden empezar a solicitar su cita previa, según ha informado este jueves el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El departamento que dirige Elma Saiz ha puesto en marcha un portal web (inclusion.gob.es/regularización), específicamente destinado a informar sobre el proceso de regularización extraordinaria a las personas interesadas.

Este portal ofrece la posibilidad de pedir cita previa, completamente gratuita e imprescindible para ser atendido presencialmente. Aunque el servicio está disponible desde este jueves día 16, la atención en oficina empezará el próximo lunes 20.

El delegado del Gobierno en la región ha informado de que en Castilla-La Mancha habrá 13 oficinas receptoras, que son cuatro de la Tesorería y una del INSS en las distintas provincias, así como ocho oficinas de correos, donde puedan presentar la solicitud de manera presencial.

Sabrido ha defendido que esta regularización responde fundamentalmente a tres cuestiones. En primer lugar, ha dicho, a la normalización ya que “estamos hablando de personas que ya viven con nosotros”. En segundo lugar, ha recalcado, es “un asunto de justicia” y en tercer lugar, es “una cuestión de necesidad”.

Hay que dar gracias a la gente que está trabajando con nosotros

José Pablo Sabrido — Delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha

ç“No cabe ninguna duda de que los inmigrantes están aportando mucho a la riqueza de España”, ha abundado el delegado del Gobierno, quien ha recalcado que “el 50 del empleo que se crea en Europa es en España”. “Hay que dar gracias a la gente que está trabajando con nosotros”, ha dicho.

Además, ha hecho hincapié en que “esta situación está regulada no para introducir problemas a España”, sino que “está para introducir soluciones”. Ha recordado que solo podrán ser regularizados los que a 1 de enero estuvieran ya en España, “con lo cual no se está abriendo las puertas a nueva gente que venga”. Además, a la fecha de la solicitud tienen que llevar cinco meses sin interrupción en España.

“No nos vamos a llenar, como alguien pretende, de delincuentes. Nos vamos a llenar de gente normal, de gente que trabaja, de gente que quiere lo mejor para su familia”.

Ha subrayado que en ningún caso podrán ser regularizados los que tengan antecedentes penales en España o en su país de origen, al mismo tiempo que ha manifestado que el hecho de estar regularizados en España no supone que se puedan desplazar a trabajar a otros países de la Unión Europea.

En cuanto al certificado de penales, se pedirá de oficio por parte de la Administración.esde el portal puede cumplimentarse un formulario para verificar si se cumplen los requisitos para optar la regularización, iniciar el propio trámite si los interesados disponen de certificado electrónico y solicitar cita previa.

El mencionado portal web cuenta con información detallada del proceso: en qué consiste exactamente y cuáles son sus potenciales beneficiarios. Esta información se ha articulado en diferentes formatos, con preguntas frecuentes y vídeos que serán actualizadas según se vayan detectando nuevas necesidades. Si después de leer toda esta información surge alguna duda específica, se podrá realizar a través de un formulario.

Además, las personas interesadas van a tener a su disposición una serie de videos explicativos con diferentes aspectos del proceso de tramitación, solicitud de cita, etc.

La web incluye un apartado con los documentos más importantes, tales como el texto de la norma publicado en el Boletín Oficial del Estado o el formulario de vulnerabilidad, que sirve para acreditar la vulnerabilidad en caso de tener que acreditar esa situación como vía para acceder a la regularización.

El portal también destaca la verificación de requisitos, desde donde se puede hacer una simulación para comprobar si se cumple con los requisitos que permiten acceder a la regularización.

Atención en oficinas el 20 de abril

Este portal ofrece la posibilidad de pedir cita previa, completamente gratuita e imprescindible para ser atendido presencialmente. Aunque el servicio está disponible desde este jueves día 16, la atención en oficina empezará el próximo lunes, día 20 de abril.

La cita puede solicitarse por tres vías: con identificación digital, a través de un formulario y en el teléfono 060. El calendario de citas se abre de forma progresiva.

Si el interesado dispone de Cl@ve, desde la web del ministerio podrá acceder a la aplicación de cita previa. En esta modalidad se puede seleccionar oficina, día y hora. También se puede pedir a alguien que tenga Cl@ve que solicite la cita introduciendo los datos de la persona interesada.

La segunda forma es a través de un formulario que aparece en la web. Por esta vía se asignará la cita más próxima a las preferencias que se indiquen. Si bien, desde el Ministerio avisan que la asignación por formulario “no será inmediata” y que llegará al correo electrónico o por SMS la confirmación de la cita. Mientras, la tercera opción es llamando al teléfono 060, donde te atenderán de lunes a viernes de 09.30 a 14,00 y de 16.30 a 19.30.

Solicitud telemática

Desde el mismo portal, puede iniciarse el proceso de regularización. Esta es la vía preferente, ya que se puede hacer la solicitud de manera telemática las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Podrán hacerlo los propios interesados si disponen de certificado electrónico y a través de personas inscritas en el Registro Electrónico de Apoderamientos, o bien con representantes que les ayuden a realizar el trámite como abogados, graduados sociales o gestores administrativos.

Por último, también contarán con la ayuda las entidades inscritas en el Registro de Colaboradores de Extranjería, más de 150, cifra que se sigue ampliando cada día y cuyo listado está en la página web.

Por otro lado, si así lo consideran oportuno, los potenciales beneficiarios pueden contar con la colaboración de los profesionales de la abogacía especializados en materia de extranjería, para su asesoramiento jurídico y la correcta tramitación de los expedientes.

Estos profesionales pueden acompañar a las personas solicitantes a lo largo de todo el proceso y actuar, en su caso, como sus representantes, papel que también realizarán graduados sociales y gestores administrativos. Con este objetivo, en el Portal de la Regularización, aparecen contactos de los Colegios Profesionales de la Abogacía para las personas interesadas.

Además, la web ofrece un listado actualizado con las entidades colaboradoras en extranjería que han acreditado tener al menos dos años de experiencia y ofrecen acompañamiento gratuito en el proceso. Estas entidades han creado un censo de personas habilitadas para actuar como representantes de los interesados en la solicitud telemática.

Hola.

¿Cómo va la semana?

En medio de tanto caos y desconcierto, doméstico e internacional, me he agarrado a la idea con la que titulo el boletín de hoy para hablar de noticias positivas. Pero no sé si es verdad. Me explico: OpenAI, que como sabrás es la empresa matriz de ChatGPT, la del maléfico Sam Altamn, ha publicado hace unos días un estudio, Industrial policy for the intelligence age: ideas to keep people first, que ha pasado bastante desapercibido. El documento es muy interesante. Esboza la visión de la empresa que desató la actual fiebre del oro tecnológico en torno a tres grandes temas: distribuir la prosperidad impulsada por la IA de forma más equitativa, el fin del dogma del libre mercado frente a la IA y una gobernanza más democrática. Planteado así es para sorprenderse.

Vamos por partes. El estudio, de una docena de páginas, propone recuperar una política industrial activa, similar al New Deal, donde el Estado no solo regule para evitar riesgos, sino que intervenga para alinear los avances tecnológicos con el interés público. Bien. También que se redistribuya la riqueza. ¿Cómo? Por dos vías: con un fondo público que otorgue a cada ciudadano una “acción” directa en los beneficios de la IA, independientemente de su patrimonio, asegurando que la bonanza no se quede solo en los balances de la big tech. Y, segunda, a través de un “dividendo de eficiencia”, que propone convertir la productividad de las máquinas en tiempo de vida para el trabajador, sugiriendo ¡semanas laborales de 32 horas sin reducción salarial! de modo que la productividad se traduzca en tiempo de vida y no solo en márgenes para el accionista. ¡Caray!

Pero aún hay más. OpenAI reconoce que a medida que “la IA transforma el trabajo y la producción” –menudo eufemismo–, se podría erosionar las bases imponibles basadas en los salarios, poniendo en jaque la sanidad o las pensiones. Por lo que pide modernizar el sistema tributario, desplazando la presión fiscal hacia las rentas del capital, los beneficios corporativos y los rendimientos derivados del trabajo automatizado. La guinda. Increíble.

No nos engañemos. Aunque se presente como un manual de buenas prácticas, la nueva política industrial para la era de la inteligencia que plantea OpenAI suena más a señal de alarma. Reconoce por escrito algunas evidencias y varios temores que pueden resumirse en lo siguiente: el mercado, por sí solo, es incapaz de gestionar el terremoto que viene. Es una confesión donde admite que la IA es una bestia que solo un Estado fuerte puede domar para evitar que el poder se concentre en unas pocas manos, y que existe el riesgo de que el progreso se convierta en una fractura social insalvable.

La idea de jornadas de cuatro días semanales sin recorte salarial es música para los oídos de la izquierda, pero, ojo: si no hay límites claros, la tecnología se usará para “intensificar cargas de trabajo” y “minar la autonomía”, según expresiones del propio documento, convirtiendo el sueño de la abundancia en una nueva forma de explotación algorítmica. Ya está pasando. En lo económico, la compañía de San Francisco confiesa el riesgo real de que la riqueza se concentre en “un pequeño número de firmas” como la suya propia.

Al pedir un New Deal tecnológico, parece que OpenAI esté intentando diseñar el tablero de juego antes de que la realidad les arrolle; prefieren una regulación negociada a una impuesta por un clamor social. Uno de los problemas es la falta de músculo político para enfrentarse a quienes más tienen que perder.

El dato

829.399

Son los hogares a los que llegó el ingreso mínimo vital (IMV) en marzo, un 18 % más que hace un año. La cuantía media de la prestación se sitúa en los 543,1 euros al mes por hogar, por lo que la nómina total del tercer mes del año ascendió a los 495,6 millones de euros. Son datos del viernes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que añade que en dichos hogares viven 2,53 millones de personas, de las cuales 1,03 millones son niños y adolescentes.

¿Éxito o fracaso? El Gobierno siempre lo vende como lo primero. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, considera que el IMV “marca la diferencia, especialmente en la infancia”, y demuestra que el Gobierno está “donde más importa, que es en el presente y en el futuro del país”. Hay millones de personas que hoy tienen un ingreso básico que antes no tenían.

Pero otras voces dicen que, si el número de beneficiarios sube, también puede interpretarse como que la economía no está siendo capaz de sacar a la gente de la exclusión mediante el empleo. Desde un punto de vista de progreso social, es una señal de alarma.

A ello se suma otro debate: ¿más pobreza o mejor detección? El aumento de hogares beneficiarios puede deberse a dos causas opuestas: a que la pobreza está creciendo y hay más gente necesitada, o bien a que ahora el Estado es capaz de identificarla mejor.

El gráfico

Este cuadro es uno de tantos que reflejan la importancia de la inmigración para nuestra sociedad. En este caso se trata de la distribución de trabajadores afiliados por sectores. Por si no lo ves bien, el azul oscuro es el porcentaje de inmigrantes. Las tres primeras actividades son las del hogar, hostelería y agricultura. Lo he sacado de este estudio de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia (ONPE) de La Moncloa. Se lo encargó el Gobierno para contestar básicamente a estas dos preguntas: ¿Cómo sería España en los próximos 50 años si las entradas de inmigrantes se mantienen al ritmo actual? ¿Qué pasaría si, por el contrario, se aplicase una política restrictiva y se redujesen las llegadas en un 30%?

La primera respuesta describe un país envejecido y encogido, con un 25% menos de habitantes en comparación con otro escenario en que las llegadas de inmigrantes se mantuvieran al ritmo actual. Un país con nueve millones menos de trabajadores, lo que podría acarrear la pérdida de riqueza, hasta “un 22% del PIB”, y un fuerte golpe para sectores como la agricultura, los cuidados y la hostelería. Un país en el que, para mantener el actual sistema de pensiones, cada cotizante debería aportar en torno a 2.000 euros más cada año que si se mantuviese el flujo migratorio actual.

El informe no tiene desperdicio. Conviene tenerlo presente estos días, coincidiendo con la regularización de inmigrantes, ante tanta demagogia vomitiva por parte de la derecha y la extrema derecha, más allá de la falta de empatía y deshumanización.

Por cierto, y cambiando de tema: esta semana el exministro Miguel Sebastián se ha estrenado en elDirario.es, donde escribirá de manera periódica. Cada miércoles analizará algún tema económico a partir de un gráfico; de ahí que me haya parecido oportuno recordarlo en este espacio. Por si no lo has visto, el de ayer es este.

Tipos (y tipas) de interés

Sube Amparo Moraleda, presidenta de Airbus. Su nombramiento rompe por primera vez el eje francoalemán en la cúspide de gobernanza del consorcio europeo aeronáutico y coloca a una directiva española al frente. Fuentes de la compañía lo han presentado como un reconocimiento al “rol crucial de España” —un país que apenas controla el 4% del capital—, con plantas repartidas entre Madrid, Castilla-La Mancha y Andalucía. Sustituirá al alemán René Obermann.

Moraleda (Madrid, 1964) representa una figura de continuidad con conocimiento interno. Lleva más de una década en el consejo, donde actualmente preside el comité de remuneraciones, y ha construido su carrera en la intersección entre tecnología, energía y finanzas: dos décadas en IBM (donde fue presidenta para España), paso por Iberdrola y vicepresidencia en CaixaBank. Ingeniera industrial por Comillas y con formación en el IESE, su perfil encaja con el papel que le espera: dirigir el consejo, fijar la estrategia junto al resto de consejeros y supervisar al consejero delegado, el francés Guillaume Faury, con quien deberá mantener una interlocución constante.

Moraleda tuvo en su abuela una de sus principales inspiraciones para su exitosa carrera como alta ejecutiva. “Me dijo muy pronto que el único camino para la independencia de la mujer era la independencia económica y profesional”, contó en una entrevista que concedió a la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos en 2022, recogida por Efe. Ha desarrollado su carrera en sectores donde la presencia femenina era marginal. Su rol en Airbus no será ejecutivo, pero sí decisivo en la supervisión y en la estrategia industrial.

Nos gusta la competencia 

Estas informaciones de otros medios me han parecido interesantes:

Y con esto lo dejamos por hoy.

Muchas gracias por estar ahí y nos reencontramos la semana que viene.

¡Un abrazo!

La afiliación media de extranjeros subió en marzo en 74.722 cotizantes respecto al mes anterior, un 2,4% más, hasta situarse en un nuevo máximo histórico de 3.151.563 ocupados.

Este colectivo representaba en marzo el 14,4% del total de cotizantes, según ha informado este miércoles el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En el último año, el número de cotizantes extranjeros se ha incrementado en 230.358 ocupados, con un impulso interanual del 7,9%.

Desde marzo de 2022, el número de afiliados extranjeros ha sumado más de 852.000 ocupados. De hecho, el 42,9% del empleo creado desde la puesta en marcha de la reforma laboral corresponde a trabajadores extranjeros, según ha destacado el Ministerio.

En términos desestacializados, marzo se cerró con 3.210.759 afiliados extranjeros, lo que supone 234.685 cotizantes más que un año antes.

“La afiliación de extranjeros sigue mostrando un comportamiento extraordinario que repercute en el conjunto, no en vano los trabajadores de otros países representan un importante 14,4% de los cotizantes. Su aportación a nuestro mercado laboral es clave. Sostiene sectores como la hostelería, donde uno de cada tres trabajadores es de otro país, e impulsa el emprendimiento, ya que el número de autónomos foráneos ya supera el medio millón”, ha destacado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Por países, cerca del 30% de las personas afiliadas extranjeras procede de estados de la UE. Marruecos sigue siendo el país con más afiliados a la Seguridad Social, con 387.584 cotizantes, seguido de Rumanía (343.003), Colombia (264.236), Venezuela (218.337), Italia (208.174), China (126.998), Perú (105.223) y Ucrania (80.256).

De estas nacionalidades, subraya la Seguridad Social, destaca el incremento de los afiliados venezolanos, que suman más de un 20% en el último año; seguidos de peruanos, un 18,7%; y colombianos, un 17,7%.

En el conjunto de la afiliación, los extranjeros representan un 14,4% de los trabajadores, aunque hay sectores, como la hostelería o la agricultura, donde suponen el 29,1% y el 26,9%, respectivamente.

La Seguridad Social también destaca el elevado porcentaje de trabajadores extranjeros con contrato indefinido, un 88,6% del total, que se sitúa incluso por encima del de los trabajadores nacionales (88,4%).

En conjunto, recuerda la Seguridad Social, el número de afiliados extranjeros ha sumado más de 852.000 ocupados desde marzo de 2022.

“De hecho, el 42,9% del empleo creado desde la puesta en marcha de la reforma laboral corresponde a trabajadores extranjeros”, inciden.

La afiliación de extranjeros a la Seguridad Social aumentó un 5,3% en marzo, con respecto al mismo mes del año anterior, hasta sumar un total de 140.956, ha informado este miércoles el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que precisa que sobre el mes anterior el incremento fue del 0,4%.

En el conjunto del país, la afiliación media de extranjeros subió en marzo en 74.722 cotizantes respecto al mes anterior, un 2,4% más, hasta situarse en un nuevo máximo histórico de 3.151.563 ocupados.

Este colectivo representaba en marzo el 14,4% del total de cotizantes.

En el último año, el número de cotizantes extranjeros se ha incrementado en 230.358 ocupados, con un impulso interanual del 7,9%.

Desde marzo de 2022, el número de afiliados extranjeros ha sumado más de 852.000 ocupados. De hecho, el 42,9% del empleo creado desde la puesta en marcha de la reforma laboral corresponde a trabajadores extranjeros, según ha destacado el Ministerio.

En términos desestacializados, marzo se cerró con 3.210.759 afiliados extranjeros, lo que supone 234.685 cotizantes más que un año antes.

“La afiliación de extranjeros sigue mostrando un comportamiento extraordinario que repercute en el conjunto, no en vano los trabajadores de otros países representan un importante 14,4% de los cotizantes. Su aportación a nuestro mercado laboral es clave. Sostiene sectores como la hostelería, donde uno de cada tres trabajadores es de otro país, e impulsa el emprendimiento, ya que el número de autónomos foráneos ya supera el medio millón”, ha destacado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha cerrado este miércoles en China, en compañía del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la inversión de 405 millones de euros de la empresa Hithium para instalar en la comunidad foral una fábrica de baterías de almacenamiento eléctrico que generará más de 700 empleos directos. Con el acuerdo sellado este martes, Navarra y la empresa china se comprometen a avanzar en “el desarrollo, construcción y operación” de la futura gigafactoría de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS).

El texto señala en este sentido que esta iniciativa supondrá “una contribución sustancial a la transición energética verde de Europa, al tiempo que reforzará la sólida cooperación económica y comercial entre China y España”. 

Durante el encuentro, la presidenta Chivite ha incidido en que, “aunque todavía quedan pasos y detalles por concretar”, la inversión “va a materializarse en la comunidad, lo que supone una buena noticia para todos los navarros y navarras”. Ha adelantado asimismo que la previsión de la empresa es que pueda empezar a producir en el año 2027. 

Chivite ha destacado además que Navarra tiene experiencia en la materialización de proyectos extranjeros, y ha remarcado la seriedad de la comunidad a la hora de trabajar, la cercanía de las instituciones y el fortalecimiento de los ecosistemas navarros que suponen estas inversiones. 

Por su parte, el consejero de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial, Mikel Irujo, ha remarcado que el acuerdo alcanzado ha sido resultado de una “labor intensa de más de tres años de contacto directo, de siete visitas de los representantes chinos a Navarra y de cuatro viajes a China de delegaciones del Ejecutivo foral”. En este sentido, ha destacado que la comunidad ha sido escogida para este proyecto por su ecosistema industrial, en concreto, “los servicios de ingeniería que ofrece, su nivel de centros tecnológicos, servicios industriales, capacitación, universidades y formación profesional”. 

En la reunión, además de la delegación navarra, ha participado por parte de la compañía el doctor Qi Tang, director de Estrategia de Hithium, que ha afirmado que el acuerdo marca un “hito” en la inversión de la empresa china en Navarra. Tang ha valorado así positivamente las relaciones entre China y España, y ha manifestado la intención de Hithium de poner en marcha el proyecto “tan pronto como sea posible”. 

“Creemos que tanto Navarra como España ofrecen la atmósfera comercial correcta para nosotros y para otras compañías chinas para desarrollar sus negocios en Europa”, ha explicado, al tiempo que ha mostrado su confianza en que el proyecto de la futura fábrica de baterías en Navarra “será muy exitoso”. 

Asimismo, Tang ha destacado que una de las razones para la elección de Navarra ha sido la “eficiencia de las autoridades navarras en el proceso”, así como el “fuerte apoyo” mostrado por las mismas durante la toma decisiones. 

El pasado noviembre, durante la anterior misión comercial que realizó el Gobierno de Navarra a China, la Presidenta Chivite pudo visitar también las instalaciones de la empresa en Chongqing. Posteriormente, este marzo la compañía china anunció su intención de construir una gigafábrica en Navarra, destinada tanto a la fabricación de celdas como al ensamblaje de sistemas de almacenamiento en baterías estacionarias, con una inversión total de 400 millones de euros. 

En esta misma línea, se celebró también el pasado 10 de marzo una reunión en el Palacio de Navarra entre la Presidenta Chivite, el consejero Irujo, el director de inversiones de Hithium Energy Storage, Hao Wang, y la directora legal de la compañía Lily Lu.

Hithium es una empresa china fundada en el año 2019, con sede en Xiamen. Cuenta con instalaciones de producción de baterías en Xiamen, Chongqing y Heze en China y Dallas en EEUU. La nueva fábrica supondrá por tanto la segunda ubicación de esta empresa fuera de China, y la primera en la Unión Europea.

La compañía energética china está especializada en concreto en sistemas de almacenamiento de energía estacionaria (BESS), y cuenta con múltiples centros de I+D+i y plantas de producción. En la actualidad, está posicionándose entre los principales actores globales del sector de baterías de gran escala para aplicaciones industriales, comerciales y de servicios públicos. Se trata de la empresa líder en este sector en China, y la número dos del mundo.

La presidenta de Navarra, María Chivite, viaja esta semana a China para firmar la llegada de la empresa de fabricación de baterías de almacenamiento eléctrico. Chivite encabeza una delegación en la que también está el consejero de Industria, Mikel Irujo, que también visitará otras compañías del país para “vender” a la comunidad foral como “una tierra de oportunidades” de inversión. El viaje coincide con la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se reunirá con el presidente chino, Xi Jinping.

Será de hecho en esa reunión en la que las autoridades chinas firmarán la autorización para que Hithium pueda invertir del orden de 400 millones de euros en la fábrica de baterías que generará más de 700 empleos, un paso clave para que las compañías chinas puedan exportar su tecnología a países extranjeros. La fábrica de la comunidad foral será la primera que Hithium instale en Europa.

Esta firma supone un paso “fundamental” para la llegada de la inversión china a Navarra, destacan fuentes del Ejecutivo foral consultadas por este periódico, pero no definitivo. Tal y como explicó la presidenta navarra todavía queda “mucho trabajo que realizar”. Chivite mencionó entre los puntos a tratar la necesidad de “constituir una empresa público-privada para el desembarco” de Hithium. También falta por fijar la ubicación de la futura fábrica, que todavía no se ha anunciado aunque las instalaciones de la ya clausurada BSH en Esquíroz se postulan como la principal opción.

La delegación navarra aprovechará el viaje a Pekín para visitar otras compañías en la busca de nuevas inversiones para la comunidad foral. “Queremos seguir vendiendo a Navarra como una comunidad muy atractiva para la inversión”, apuntó la presidenta Navarra el viernes.

“Tenemos fuertes ecosistemas en el ámbito de la automoción, tenemos un fuerte ecosistema en el ámbito de las renovables, y las empresas que vamos a visitar están en esos ámbitos”, añadió.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado este viernes que el empleo ya ha superado “de manera real, no desestacionalizada”, la barrera de los 22 millones de trabajadores, según las cifras de afiliación diaria de la Seguridad Social.

“Hoy, ahora mismo, sí que les digo que en estos días, justamente de manera real, no desestacionalizada, sí tenemos 22 millones de personas ocupadas en España”, ha afirmado Díaz en una entrevista en el European Pulse Forum, organizado por Politico.

La vicepresidenta segunda ha adelantado así este viernes los datos diarios de afiliación. Esta información sobre la marcha del mercado laboral no se suele desvelar más allá de la publicación oficial de la estadística de la Seguridad Social, a principios de cada mes. Sin embargo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya anunció el lunes los 22 millones antes de la hora oficial de publicación de la estadística (las 9 de la mañana).

Polémica por los 22 millones de trabajadores

Las declaraciones de la ministra de Trabajo se producen tras la polémica por el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que el mercado laboral había alcanzado los 22 millones de trabajadores en marzo. Este nivel solo se había alcanzado en la serie destacionalizada, estadística que se utiliza para analizar la evolución del mercado laboral marginando los vaivenes propios de la estacionalidad y del calendario, pero no así en la serie de afiliación diaria, ni en la afiliación media del mes.

Con este último indicador, que generalmente se usa como referencia del total de trabajadores en el país, el avance del empleo en marzo, récord histórico para ese mes con 211.500 trabajadores más, había alcanzado de todos modos un nuevo techo, cercano a los 21,9 millones.

Debido a esta diferencia, varias voces fueron críticas con el anuncio del Gobierno. En particular, el Partido Popular, que llamó incluso “maquillaje” a las cifras de empleo, como suele ser habitual en la dirección del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo.

Entre otros motivos, el PP criticó al Gobierno por usar la serie destacionalizada, pero también por asimilar “afiliaciones” a personas trabajadoras cuando en realidad es un término que mide empleos (una persona con dos empleos que requieran alta a la Seguridad Social figura como dos afiliaciones).

Se trata de una precisión real, pero la traducción de “afiliaciones” por “trabajadores” es muy habitual, también por parte del propio PP cuando gobierna. Es más, las comunidades autónomas gobernadas por el PP celebraron los datos de empleo de marzo y, de hecho, se atribuyeron el éxito de sus cifras, como por ejemplo en la Comunidad de Madrid.

Además, la metodología de la Seguridad Social precisa que “hay que tener en cuenta que en la práctica estas situaciones de pluriempleo y pluriactividad sólo representan un 4% del total de afiliados”.

Díaz prevé que se mantendrán los 22 millones durante el año

“Las estimaciones que hacemos desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social es que estos 22 millones de personas ocupadas en España se van a mantener a lo largo de todo el año 2026”, ha afirmado además Yolanda Díaz.

La ministra de Trabajo ha adjudicado la buena marcha del empleo y su gran resistencia ante las últimas crisis e incertidumbres internacionales a la reforma laboral que aprobó en 2021, tras acuerdo con la patronal y los sindicatos.

La legislación atacó uno de los principales puntos débiles del mercado laboral español, la elevada cantidad de trabajadores temporales, que han descendido a mínimos históricos tras la reforma. En la actualidad, se sitúa en el 11,6%.

Díaz ha insistido en la necesidad de un mercado laboral que eleve los salarios de los trabajadores, un ámbito en el que también incidió la reforma laboral, al reequilibrar de nuevo la negociación colectiva tras la legislación del PP de 2012.

“¿Esto quiere decir que no hay nada que hacer? No, queda mucho por hacer, pero desde luego, sí es posible cambiar la situación laboral en nuestros países”, ha afirmado la responsable del Ministerio de Trabajo. Entre los principales retos del mercado laboral destacan seguir reduciendo el paro –especialmente entre los jóvenes – todavía de los más elevados de Europa, así como elevar los bajos salarios y reducir el tiempo parcial involuntario, que afecta sobre todo a mujeres.

Son alrededor de 110.000 las mujeres que trabajan en Cantabria, alrededor del 46% de la fuerza laboral de la comunidad. Aún así, el 76% del empleo a tiempo parcial en la autonomía recae sobre las trabajadoras, según la media de los cuatro trimestres de 2025 de la Encuesta de Población Activa, analizada por el sindicato Comisiones Obreras (CCOO).

Rosa Mantecón, secretaria general de CCOO de Cantabria, ha comparecido este jueves, ante los medios, para denunciar la desigualdad salarial y ha profundizado en las malas prácticas en los contratos de mujeres: “Sobre todo, en el sector servicios y el comercio, s e utilizan jornadas parciales para complementar servicios y gestionar personal de forma más simple, pero a costa de la estabilidad de las trabajadoras”.

Al ritmo actual de reducción de la brecha, tardaríamos otros 15 años en conseguir la igualdad salarial en nuestra comunidad

Rosa Mantecón — Secretaria general de CCOO Cantabria

La secretaria general de CCOO ha advertido de que estos patrones se producen por diferentes motivos: “Hay jornadas parciales solicitadas por mujeres porque en los ámbitos familiares o en su entorno requieren de cuidado de familiares y así lo deciden, pero también hay muchos sectores que deciden deliberadamente contratar a las mujeres a tiempo parcial”, ha denunciado, señalando que el 86% de los cuidados recaen sobre las mujeres en Cantabria.

Brecha salarial

Estos datos explican gran parte de la desigualdad salarial que aún persiste en la comunidad autónoma, que se traduce en que una trabajadora cobra, de media, 5.418 euros al año menos que un trabajador. El salario mínimo de las mujeres en Cantabria creció 1.162 euros durante el último ejercicio —una reducción de medio punto respecto al ejercicio anterior—. Sin embargo, la distancia respecto a los hombres sigue siendo muy grande.

“Al ritmo actual de reducción de la brecha, tardaríamos otros 15 años en conseguir la igualdad salarial en nuestra comunidad”, ha alertado la líder sindical, que ha señalado que la temporalidad y las jornadas parciales son los principales lastres que “rompen” las carreras laborales de las mujeres.

Las organizaciones sindicales UGT FICA y CCOO Industria y la patronal Asaja han alcanzado este miércoles un preacuerdo para la firma del convenio colectivo del campo de la provincia de Ciudad Real, que incluye una subida salarial del 7,5 % para los años 2025 y 2026 y la reducción de la jornada laboral hasta las 1.784 horas anuales.

De esta forma se pone fin a más de un año de “difíciles negociaciones”, han señalado ambos sindicatos en un comunicado, en el que han precisado que la firma definitiva del convenio colectivo del campo de Ciudad Real -que afecta a alrededor de 15.000 trabajadores- tendrá lugar el próximo 21 de abril.

UGT FICA y CCOO Industria han valorado el avance que representa el preacuerdo, sobre todo en lo que supone para la mejora de los salarios, ya que en muchos casos las retribuciones estaban por debajo del salario mínimo interprofesional (SMI) y, de esta manera, ninguna categoría cobrará menos del SMI.

Asimismo, han indicado que, si bien se trata de un convenio en el que siguen teniendo cabida muchas demandas y reivindicaciones, “lo firmado es un paso más en la dignificación de las condiciones laborales”.

Ambos sindicatos han confiado en que, “después meses de bloqueo por parte de la patronal”, el acuerdo de hoy inaugure una nueva etapa en las relaciones laborales en el sector y en el reconocimiento de la labor que desarrollan los trabajadores del campo de Ciudad Real. EFE

ASAJA alerta de la falta de mano de obra

Por su parte, ASAJA de Ciudad Real han señalado que “este ajuste, en la práctica, no supondrá un impacto ni para empleadores ni para trabajadores, ya que en el sector agrario se está pagando por encima del Salario Mínimo Profesional”. En este sentido, han subrayado que “lo que se ha hecho es trasladar a las tablas salariales una parte del complemento de convenio que ya percibían los trabajadores”.

La organización ha advertido de que el sector atraviesa un momento complicado debido al “incremento imparable de los costes de producción, entre ellos los laborales, que están poniendo en serio riesgo la viabilidad de muchas explotaciones agrarias”.

Sobre la reducción de la jornada laboral, han explicado que “la actividad agraria presenta una marcada estacionalidad y una distribución irregular de las cargas de trabajo, con periodos de elevada intensidad, como las campañas de recolección o las parideras en el ámbito ganadero, y otros momentos del año en los que las necesidades laborales son significativamente menores”.

En este contexto, ASAJA Ciudad Real ha señalado que el principal problema al que se enfrenta actualmente el campo es la falta de mano de obra. “Nos encontramos ante una situación de enorme calado: la creciente dificultad para encontrar personas dispuestas a incorporarse al trabajo agrario”. Igualmente, han lamentado que esta problemática “lejos de corregirse, se está intensificando como consecuencia de la ausencia de medidas eficaces y de la consolidación de un enfoque económico en el que prevalece el peso de las prestaciones y subsidios, en detrimento de la necesaria revalorización del trabajo y de todo lo que implica el acceso y desempeño de un empleo”.

Desde ASAJA Ciudad Real insisten en la necesidad de adoptar medidas urgentes que permitan garantizar la disponibilidad de mano de obra en el campo y asegurar así la continuidad de la actividad agraria, fundamental para la economía y el desarrollo del medio rural.