Castilla-La Mancha quiere crear en cada provincia “al menos” una casa de oficios, “una entidad permanente que cuide de que no desaparezcan oficios y que no desaparezca la forma de gestionarlos y de producir”.

Una idea que ha planteado este jueves el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en la tradicional comida de Hermandad de Aprecu (Asociación de Cuchillería y Afines), que tiene lugar en el Hotel Beatriz de Albacete.

El presidente regional ha hecho hincapié en la importancia de “lo manual” en la era de la inteligencia artificial, “una inmensa revolución que no somos para nada capaces de saber dónde va a acabar”.

“Lo que va a cobrar valor el día de mañana va a ser lo auténtico”, se ha mostrado convencido el presidente castellanomanchego, “porque todo lo demás casi se va a poder inventar o se va a poder fabricar de otra manera”.

Según ha afirmado, “la Unión Europea afortunadamente en esto lo tiene bastante claro y habrá que incluso reflexionar sobre cómo podemos proteger el oficio en sí mismo”.

“Ponerse de acuerdo” en el oficio elegido

De este modo, y como compromiso para los siguientes años, ya que “estamos a final” de la legislatura, ha mostrado su intención de crear en cada provincia al menos una casa de oficios. Eso sí, ha dicho, “hay que ponerse de acuerdo en cuál es el oficio que en cada provincia queremos”.

“Se trata de actualizar aquello que llamamos en su momento escuelas taller y otros oficios a una entidad permanente que cuide de que no desaparezcan oficios y que no se no desaparezca la forma de gestionarlos y de producir”, ha abundado.

Finalmente, ha comentado que este reto ha sido siempre importante, pero “con lo que está por venir créanme que esto va a ser absolutamente indispensable”. “Cultivar espacios donde se recuerde exactamente cómo se tienen que hacer las cosas, por si acaso”.

Ford ha puesto sobre la mesa su oferta final para las condiciones laborales de la plantilla de Almussafes (Valencia) para los próximos cuatro años, hasta 2030, en la nueva etapa conjunta con la china Geely. La propuesta combina una mejora de las condiciones económicas de los trabajadores con un incremento de la flexibilidad productiva de la fábrica. La compañía plantea aumentos salariales por encima del IPC, eleva la gratificación extraordinaria y crea nuevos incentivos, pero a cambio podrá exigir hasta ocho sábados de producción al año por empleado cuando las necesidades de fabricación lo requieran.

La propuesta ha sido presentada durante la reunión de la comisión negociadora celebrada en la factoría valenciana y constituye, según la dirección, su oferta final para cerrar el denominado Acuerdo 2030. El planteamiento llega después del acuerdo alcanzado por Ford con la china Geely para dar un nuevo impulso industrial a Almussafes y asegurar la llegada de nuevos modelos a la planta.

En materia salarial, Ford ofrece para 2027 una subida equivalente al IPC real más 1,5 puntos porcentuales, con un mínimo garantizado del 3% y un máximo del 5%. Para los tres años siguientes, 2028, 2029 y 2030, la propuesta contempla el IPC real más un punto, con una subida mínima del 2,5% y un tope del 5% cada ejercicio.

En cualquier caso, la subida salarial acumulada durante la vigencia del acuerdo no podrá superar el 20%. Además, la parte de incremento que quede por encima del mínimo garantizado se aplicará de forma retroactiva sobre los salarios vigentes a 31 de diciembre, en el momento en que el IPC acumulado de cada ejercicio supere dicho mínimo.

La mejora económica se completa con un incremento de la gratificación extraordinaria, que pasaría de los 690 euros actuales a 1.000 euros anuales durante cada uno de los cuatro años de vigencia del acuerdo. Ford justifica esta medida como un reconocimiento al compromiso de los trabajadores durante un periodo que considera especialmente exigente por la puesta en marcha de nuevos programas de producto y tras años de sacrificios con sueldos contenidos y con suspensiones de contratos temporales mediante ERE.

La compañía también propone crear nuevas figuras profesionales vinculadas al lanzamiento de los nuevos vehículos, con un sistema de primas temporales para acompañar estos periodos de mayor exigencia productiva. El acuerdo incorpora además otras mejoras, como la extensión del uso del permiso para acudir al médico de cabecera y la actualización del plus de distancia.

Una nueva etapa para Almussafes

La negociación del Acuerdo 2030 comenzó el pasado 20 de mayo, antes de que se conociera el acuerdo entre Ford y Geely para crear una empresa conjunta que gestionará la factoría valenciana. La alianza ha cambiado las perspectivas de futuro de una planta que durante los últimos años había afrontado una fuerte incertidumbre sobre su carga de trabajo.

El pasado mes de julio, Ford anunció la alianza estratégica con Geely, que permitirá mantener en Almussafes la producción del Kuga y del futuro Bronco y añadir tres nuevos modelos a finales de 2028: dos SUV de la compañía china y un crossover multienergía de Ford basado en uno de la firma china.

La llegada de estos vehículos supondrá un aumento de la actividad industrial desde un nivel mínimo de unas 90.000 unidades previstas en 2026 y, al mismo tiempo, exigirá a la plantilla una mayor capacidad de adaptación a los ciclos de producción. Es precisamente en este contexto donde se encuadra la oferta presentada ahora por la dirección.

Ford sostiene que su propuesta busca establecer un equilibrio entre la mejora de las condiciones económicas y sociales de los trabajadores y las necesidades de flexibilidad operativa que considera necesarias para garantizar la competitividad y la continuidad de la actividad industrial en Valencia. La empresa considera que el acuerdo aportará “estabilidad, competitividad y flexibilidad” para afrontar los retos de los próximos años y reconoce al mismo tiempo el esfuerzo realizado por la plantilla para hacer posible la nueva etapa industrial de Almussafes.

El acuerdo tendría una vigencia de cuatro años, hasta el 31 de diciembre de 2030, y quedaría sujeto a una serie de condiciones y compromisos recíprocos. Además, serviría como base para la negociación del XIX Convenio Colectivo de Ford España y para las posteriores negociaciones laborales que se produzcan durante ese periodo.

UGT ve una “buena” oferta económica

Los sindicatos han recibido de manera positiva, aunque todavía con cautela, la propuesta de Ford. UGT, organización mayoritaria en Almussafes, ha calificado de “buena” la oferta económica y considera que recoge buena parte de sus reivindicaciones, aunque ha señalado que analizará el conjunto del documento antes de fijar una posición definitiva.

El sindicato ha defendido además la importancia del acuerdo con Geely para garantizar carga de trabajo y futuro industrial a la fábrica y ha reclamado que la compañía se mantenga al margen del “ruido geopolítico” que pueda rodear la relación con el fabricante chino. Es una referencia a la advertencia del Gobierno de Donald Trump de que Ford ya no es un “socio fiable” tras la firma de acuerdos con empresas chinas como el de Geely en València.

En los días previos a conocer la propuesta de Ford, UGT había reclamado que la totalidad de su planteamiento fuera incorporada al Acuerdo 2030. El sindicato consideraba que, tras la alianza con Geely, sus reivindicaciones cobraban todavía más sentido para garantizar la recuperación del poder adquisitivo de la plantilla y asegurar una etapa de “certidumbre y paz social”.

Por su parte, STM-Intersindical también ha destacado los avances que contiene la propuesta, especialmente en algunos derechos laborales que considera recuperados, aunque ha lamentado que el acuerdo no garantice la recuperación completa del poder adquisitivo perdido durante los últimos años. El sindicato cifra en más de un 15% la pérdida acumulada de poder adquisitivo de la plantilla y considera que el nuevo acuerdo debería servir para comenzar a recuperarlo y evitar nuevas pérdidas durante los próximos ejercicios.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha autorizado este miércoles la firma de un convenio de colaboración con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que permitirá destinar 15 millones de euros a reforzar las políticas activas de empleo en la región durante 2026 y 2027.

La financiación forma parte de las subvenciones aprobadas el pasado mes de mayo por el Consejo de Ministros, por un importe total de 110 millones de euros, para los planes integrales de empleo de Andalucía, Canarias y Extremadura.

La portavoz de la Junta, Elena Manzano, ha destacado que la continuidad de esta financiación para Extremadura responde, según ha señalado, a la “reivindicación expresa” del Ejecutivo autonómico desde 2024. La aportación se mantiene pese a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado.

Manzano ha defendido que estos fondos permitirán apoyar a trabajadores, autónomos y empresas con el objetivo de “generar oportunidades, mejorar la cualificación, facilitar esa contratación y seguir avanzando hacia un empleo de mayor calidad y mayor estabilidad”.

Más empleo y atención a los colectivos con más dificultades

El Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE) gestionará los fondos y los orientará a los objetivos fijados en el Plan Director de Políticas Activas de Empleo 2024-2027 y en el Plan de Empleo de Extremadura.

Entre las prioridades se encuentran la creación de empleo de calidad, la mejora de las condiciones laborales, el desarrollo de la empleabilidad, el fomento de la inclusión y la diversidad y el impulso de sectores considerados estratégicos para la economía regional. También se contemplan medidas para fomentar el emprendimiento, avanzar en la transformación digital y mejorar el funcionamiento del propio servicio público de empleo.

La Junta sostiene que Extremadura ha experimentado una “notable” mejora de sus cifras de empleo durante el último año, pero considera necesario mantener esta evolución mediante una mayor inversión en políticas activas de empleo y un compromiso a medio y largo plazo.

El Ejecutivo autonómico sitúa entre sus principales objetivos la reducción de los desequilibrios estructurales del mercado laboral extremeño y la convergencia con la media nacional, mediante medidas dirigidas especialmente a las personas que encuentran mayores dificultades para incorporarse o regresar al mercado de trabajo.

Mujeres mayores de 45 años y residentes en zonas rurales

Según el perfil que maneja la Junta, la persona desempleada más habitual en Extremadura continúa siendo una mujer mayor de 45 años, con estudios de Educación Secundaria Obligatoria y experiencia laboral en el sector servicios, especialmente en actividades vinculadas a la Administración Pública, el comercio o la hostelería. Además, reside habitualmente en zonas rurales, lo que añade dificultades relacionadas con la movilidad y el acceso a oportunidades laborales.

A este perfil se suma el problema del paro de larga duración, que continúa siendo uno de los principales retos del mercado de trabajo extremeño.

Los nuevos fondos del SEPE se incorporarán así a las medidas ya previstas en el Plan Director y en los planes de empleo anuales. Entre ellas figura el Programa de Estímulo a la Creación y Consolidación del Trabajo Autónomo de Extremadura 2024-2027, firmado en septiembre de 2024.

La planta de Volkswagen en Osnabrück está a punto de afrontar una de las transformaciones más radicales de sus 125 años de historia. El centro alemán que durante décadas fabricó el Beetle Cabriolet, la versión descapotable del icónico Escarabajo, dejará progresivamente de producir coches para convertirse en un centro industrial dedicado a la seguridad y la defensa.

Volkswagen ha alcanzado un acuerdo con el Estado de Baja Sajonia y la firma israelí de inversión Aurelius Capital para sentar las bases de la venta de Volkswagen Osnabrück GmbH. Aurelius se convertiría en el accionista mayoritario, mientras que Baja Sajonia mantendría una participación minoritaria. El objetivo es garantizar la continuidad industrial de una fábrica cuyo futuro parecía abocado al cierre después de que el grupo decidiera poner fin a la producción de vehículos en 2027.

El cambio de actividad contempla además una alianza con Rafael Advanced Defense Systems, uno de los grandes fabricantes israelíes de tecnología militar. La compañía, conocida internacionalmente por desarrollar el sistema de defensa aérea Iron Dome —la denominada Cúpula de Hierro—, estudia junto a Aurelius y Baja Sajonia la fabricación en Osnabrück de sistemas y componentes para defensa aérea destinados a Alemania y otros países europeos.

El acuerdo todavía no constituye una venta definitiva. Las partes deberán concretar la estructura económica y organizativa, las responsabilidades futuras y el calendario de transición, además de obtener las autorizaciones corporativas y regulatorias necesarias. Pero el pacto supone un primer paso para convertir una de las fábricas que Volkswagen había situado entre las candidatas a desaparecer en un nuevo proyecto industrial.

De los descapotables a la Cúpula de Hierro

El contraste entre el pasado y el futuro previsto para Osnabrück difícilmente podría ser mayor. La historia de la fábrica está estrechamente ligada a Karmann, el carrocero alemán que comenzó a producir allí el Beetle Cabriolet en 1949 y que posteriormente se especializó en vehículos de series cortas, descapotables y cupés deportivos.

Por sus instalaciones pasaron modelos y proyectos de Volkswagen, pero también de BMW, Renault, Jaguar, Kia o Mercedes-Benz. El Karmann Ghia convirtió a la compañía en un nombre reconocido dentro de la industria europea de la automoción.

La crisis financiera de 2009 acabó con Karmann, que entró en insolvencia. Volkswagen adquirió posteriormente buena parte de las instalaciones y mantuvo Osnabrück como una pequeña fábrica multimarca especializada en series cortas, vehículos especiales y producción complementaria para otras plantas del grupo.

Pero ese modelo dejó de ser sostenible. La producción de los Porsche que se fabricaban en Osnabrück terminó a finales de 2025 y actualmente la factoría está centrada en el T-Roc Cabriolet. Volkswagen decidió en 2024 que la producción de automóviles desaparecerá progresivamente del centro durante el verano de 2027. La alternativa que ahora se plantea cambia por completo el perfil industrial de la instalación.

Un centro de defensa con tecnología de Rafael

Aurelius y Baja Sajonia pretenden desarrollar Osnabrück durante los próximos años como un centro de competencia especializado en soluciones de seguridad y defensa. El primer proyecto que serviría como ancla sería la cooperación con Rafael Advanced Defense Systems.

La empresa israelí aportaría su experiencia tecnológica y su conocimiento en sistemas de defensa aérea, mientras que la plantilla de Osnabrück asumiría un papel central en la puesta en marcha de las operaciones industriales y en la fabricación de los nuevos productos.

Rafael es especialmente conocida por el Iron Dome, un sistema diseñado para interceptar cohetes de corto alcance, misiles y drones. La compañía también desarrolla Iron Beam, un sistema de defensa aérea basado en tecnología láser, y Trophy, un sistema de protección activa instalado, entre otros vehículos, en el carro de combate alemán Leopard.

La intención no se limita a este primer proyecto. Los promotores de la operación pretenden utilizar la nueva estructura empresarial como plataforma para atraer futuras colaboraciones y proyectos vinculados a la seguridad y la defensa. “Hoy establecemos una alianza industrial a largo plazo con nuestros socios alemanes con el objetivo de garantizar que la tecnología se produzca íntegramente en Alemania para proteger a Alemania y a Europa”, ha señalado el consejero delegado de Rafael, Joav Tourgeman.

Casi 1.400 empleos, en juego

Uno de los principales objetivos de la operación es preservar el empleo. Osnabrück cuenta actualmente con unos 1.800 trabajadores y, según el comité de empresa, la solución planteada podría proporcionar una perspectiva laboral a cerca de 1.400 personas. La cifra permitiría conservar alrededor de tres cuartas partes de la plantilla actual, aunque los representantes de los trabajadores advierten de que todavía quedan aspectos por concretar.

Volkswagen ha destacado que los empleados de Osnabrück serán fundamentales para industrializar los nuevos proyectos. La experiencia acumulada durante décadas en producción, calidad, procesos industriales y fabricación de vehículos de series cortas constituye, según el grupo, una de las principales ventajas de la planta.

“Volkswagen asume su responsabilidad con Osnabrück. Con el acuerdo de hoy damos un paso importante hacia un nuevo futuro industrial para la planta”, ha señalado el consejero delegado del grupo, Oliver Blume.

La presidenta del Comité de Empresa General y del Grupo Volkswagen, Daniela Cavallo, ha elevado incluso la cifra de trabajadores con perspectivas de futuro a más de 1.200. Al mismo tiempo, ha reclamado que el proceso no se limite a una parte de la plantilla y que Volkswagen mantenga su responsabilidad con los trabajadores que no queden cubiertos por la nueva estructura.

Una salida para una de las plantas amenazadas

La operación adquiere especial relevancia dentro del profundo proceso de reestructuración que Volkswagen está llevando a cabo en Alemania. El grupo ha identificado un exceso de capacidad productiva en Europa y ha puesto en marcha un programa de reducción de costes y empleo que contempla 100.000 puestos de trabajo menos incluyendo 50.000 adicionales.

Osnabrück era una de las instalaciones cuyo futuro estaba seriamente comprometido después de que Volkswagen decidiera retirar la producción de vehículos en 2027. El acuerdo anunciado ahora abre una vía diferente: en lugar de limitarse a cerrar la fábrica, se plantea reconvertirla hacia una actividad industrial completamente distinta.

El papel de Baja Sajonia resulta determinante. El estado federado es accionista de Volkswagen con alrededor del 20% de los derechos de voto y ha participado activamente en la búsqueda de una alternativa para el centro. Su presidente, Olaf Lies, considera que el deterioro de la situación geopolítica y el aumento de las necesidades de defensa de Alemania y Europa pueden convertirse en una oportunidad industrial para la región. “Alemania y Europa deben fortalecer sus capacidades y ser más independientes”, ha defendido Lies, quien considera que Osnabrück puede contribuir a convertir ese objetivo en actividad industrial y empleo.

Para Aurelius, la ventaja de Osnabrück está precisamente en aquello que Volkswagen considera difícil de mantener dentro de su red industrial: una estructura flexible, trabajadores altamente cualificados y experiencia en productos complejos y series de producción pequeñas. “Osnabrück aporta algo que no se puede construir desde cero: muchos años de experiencia con productos exigentes, procesos de fabricación precisos y alta calidad”, ha destacado Tomer Jacob, director gerente de Aurelius.

UGT y CCOO han elevado la presión sobre Volkswagen para evitar la desaparición de la marca Seat y han reclamado la implicación de las administraciones públicas para construir un “frente común” que garantice su continuidad. Los sindicatos consideran que la eliminación de la enseña histórica española supondría un riesgo tanto para las ventas como para el empleo y abren la puerta a buscar alianzas con otros fabricantes —incluidos potenciales socios chinos— para asegurar su electrificación si el grupo alemán no está dispuesto a acometer las inversiones necesarias.

En un comunicado conjunto, UGT y CCOO han dejado claro que no comparten “un posible final de una marca mítica como es Seat”, después de que la compañía y Volkswagen reconocieran la pasada semana que estudian la posibilidad de eliminar la enseña a partir de 2030. “La apuesta por la compañía Seat y por sus dos marcas —Seat y Cupra— es una apuesta de país”, defienden los sindicatos.

A su juicio, se trata de mucho más que preservar una marca histórica, ya que Seat representa “la industria como motor de un modelo económico que cree riqueza, que revierta en la sociedad a través de empleo de calidad” y que contribuya a la inclusión y la justicia social.

Una alianza con otros fabricantes para electrificar Seat

UGT y CCOO sostienen que Volkswagen debería mantener y electrificar tanto Seat como Cupra, pero plantean alternativas si el grupo alemán no quiere realizar las inversiones necesarias. En concreto, proponen buscar colaboraciones con otros fabricantes, siguiendo los ejemplos de acuerdos industriales protagonizados por empresas como Stellantis, Ford o Ebro, que se han apoyado en aliados chinos.

Esta vía permitiría, según los sindicatos, encontrar un socio tecnológico e industrial que contribuya a garantizar nuevos modelos eléctricos para Seat y mantener su presencia en el mercado. En este escenario, la búsqueda de un socio chino aparece como una de las alternativas para asegurar el futuro de la marca y acelerar su transformación eléctrica.

Esta opción supone profundizar en el planteamiento esbozado por CCOO con anterioridad de una alianza con un socio chino como vía para conseguir mayor producción en la fábrica de Martorell. Tras la noticia de la desaparición de la marca Seat a partir de 2030, los dos sindicatos mayoritarios van más allá al plantear “colaboraciones” que permitan electrificar los modelos de la firma española.

Los sindicatos consideran que la desaparición de Seat tampoco mejoraría la competitividad de Volkswagen. “No entendemos qué aporta a la mejora de la competitividad del grupo VW la eliminación de la marca Seat”, señalan, al advertir de que con ella se perdería “esa marca de entrada” al grupo, especialmente vinculada a los clientes más jóvenes y a un posicionamiento más accesible que el de Cupra. “Su papel no lo puede ocupar ninguna de las actuales marcas del grupo, lo que afectará a las ventas”, advierten.

El riesgo para el empleo

La principal preocupación sindical se centra, no obstante, en el empleo. UGT y CCOO consideran que el actual contexto de reducción de costes e inversiones del grupo Volkswagen hace difícil garantizar que los modelos que desaparezcan de Seat sean sustituidos por vehículos de Cupra. “Se hace muy difícil, por no decir imposible, que cada modelo que se elimine de Seat se sustituya por uno de la marca Cupra”, subrayan.

Los sindicatos recuerdan además que Volkswagen afronta una crisis “sin precedentes”, condicionada por factores como la competencia de los fabricantes chinos y los aranceles estadounidenses. Al mismo tiempo, critican decisiones anteriores del grupo, como las inversiones realizadas en la división de software Cariad o en PowerCo, la división de baterías.

UGT y CCOO cuestionan que ahora la respuesta pase por reducir estructuras y marcas para generar liquidez mientras el grupo mantiene una política de remuneración elevada a sus accionistas. El anuncio de la aprobación del plan de 100.000 despidos, que incluye 50.000 adicionales, provocó una subida en bolsa de Volkswagen de hasta el 6% el viernes pasado que se mantiene este lunes aunque con un alza más suave.

Martorell seguirá abierta, pero queda por saber con cuántos trabajadores

Los sindicatos lanzan, en cualquier caso, un mensaje de tranquilidad respecto a la planta de Martorell. “Es evidente que más allá de 2030 la fábrica de Martorell va a seguir funcionando”, aseguran. “Eso no está en discusión. Lo que está en discusión es con cuánta plantilla”.

La clave para garantizar el futuro industrial de la factoría pasa, a su juicio, por conseguir una segunda plataforma eléctrica que permita aumentar el número de modelos fabricados en Barcelona. Entre las posibilidades figura la producción de nuevos vehículos eléctricos de Cupra, como una futura versión eléctrica del Formentor. UGT y CCOO consideran que disponer de esa segunda plataforma sería “la mejor garantía y salvaguarda” del tejido industrial de Martorell y de toda su comarca.

Las patronales también reclaman mantener Seat

La posición de los sindicatos coincide con la presión ejercida por las organizaciones empresariales catalanas. La patronal Foment del Treball ha defendido la continuidad de Seat, aunque ha puesto el foco en que, por encima de la evolución de la marca, debe quedar garantizado el futuro industrial de Seat S.A., la compañía que agrupa a Seat y Cupra.

El presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, ha respaldado a la dirección de Seat y Volkswagen y ha defendido que Martorell tiene capacidad industrial y tecnológica para asumir nuevas plataformas y fabricar nuevos modelos a partir de 2029.

También la patronal metalúrgica UPM, Fecavem y el Gremi del Motor, bajo la presidencia de Jaume Roura, han reclamado a Volkswagen que reconsidere la eliminación de Seat. Roura ha advertido de que la desaparición de la marca tendría consecuencias no solo sobre la propia compañía, sino también sobre el mercado español, la industria auxiliar, los trabajadores y las familias vinculadas a Martorell. “Su desaparición no solo afecta a la propia marca y la industria, sino a su mercado de consumo y toda la industria auxiliar que da a la fábrica de Martorell”, ha señalado.

El Gobierno se compromete a hacer “todo el esfuerzo necesario”

El Gobierno también ha mostrado su disposición a intervenir para preservar la enseña. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado que el Ejecutivo hará “todo el esfuerzo necesario” para mantener Seat, a la que ha definido como una marca “tradicionalmente española” y un sello “genuinamente español”.

Cuerpo ha destacado además la transformación del sector automovilístico español hacia el vehículo eléctrico como uno de los elementos que pueden contribuir a garantizar la continuidad de la actividad industrial.

Jaguar Land Rover (JLR) recortará alrededor de 4.000 puestos de trabajo en todo el mundo durante los próximos dos años, cerca del 10% de su plantilla, dentro de un amplio plan de ajuste destinado a reducir costes, mejorar su competitividad y recuperar la rentabilidad. El fabricante británico de vehículos de lujo, propiedad del grupo indio Tata Motors, concentra buena parte de sus empleados en Reino Unido, donde cuenta con unas 30.000 personas sobre una plantilla global de aproximadamente 40.000 trabajadores.

El ajuste permitirá a JLR avanzar hacia un ahorro de 1.700 millones de libras (unos 2.300 millones de dólares) en los próximos dos años y reducir su punto de equilibrio hasta alrededor de 300.000 vehículos. La compañía pretende así adaptar su estructura a un entorno más complejo, marcado por la presión de los fabricantes chinos, los aranceles estadounidenses y la transición hacia el vehículo eléctrico.

El plan de reducción de plantilla se ejecutará inicialmente mediante bajas voluntarias, cuyo plazo permanecerá abierto hasta el próximo 4 de octubre. No obstante, JLR ha advertido de que recurrirá a despidos forzosos y con condiciones menos favorables si las salidas voluntarias no permiten alcanzar el objetivo. Los empleados afectados comenzarán a recibir comunicación de la compañía en los próximos días.

El consejero delegado de JLR, PB Balaji, aseguró que la empresa está “comprometida a brindar apoyo a todos con atención, equidad y respeto” durante el proceso de reestructuración.

Una estructura adaptada a 300.000 coches

El ajuste de costes forma parte de una estrategia más amplia presentada por Balaji a los inversores en la sede de JLR en Gaydon, en Reino Unido, con la que el fabricante pretende sentar las bases para volver a crecer y alcanzar un incremento de los ingresos de dos dígitos a medio plazo.

La compañía ha identificado distintas áreas de ahorro, entre ellas los costes de materiales, las garantías y los costes fijos, al tiempo que pretende mejorar sus procesos internos y la eficiencia en el lanzamiento de nuevos productos. El objetivo es construir una estructura capaz de generar beneficios con un volumen de producción de aproximadamente 300.000 vehículos.

El recorte de empleo llega después de un periodo especialmente complicado para el fabricante. A la presión competitiva de los nuevos fabricantes chinos se han sumado las dificultades del mercado del automóvil eléctrico y el impacto de los aranceles estadounidenses. Además, JLR sufrió el pasado año un importante ciberataque que obligó a paralizar la producción durante más de un mes y agravó sus problemas operativos.

La compañía también ha tenido que afrontar una evolución menos favorable de sus ventas en China, mercado que durante años había sido considerado uno de los principales motores de crecimiento para sus marcas de lujo y que ahora se ha convertido en uno de los escenarios donde más se ha intensificado la competencia.

EEUU gana peso en la estrategia de JLR

Precisamente, Norteamérica se convertirá en uno de los principales pilares del nuevo plan estratégico de Jaguar Land Rover. La compañía considera Estados Unidos su mercado con mayor potencial de crecimiento y pretende aprovechar la demanda de vehículos de lujo y la fortaleza de sus marcas para incrementar significativamente su presencia.

JLR estudia además nuevos segmentos para Defender y ha firmado un memorando de entendimiento no vinculante con Stellantis para explorar oportunidades de colaboración en desarrollo de productos y tecnología en Estados Unidos. El objetivo es especialmente ambicioso: Balaji ha señalado que JLR aspira a que su negocio estadounidense alcance en los próximos años un tamaño equivalente al conjunto del negocio que la compañía tiene actualmente a escala global.

El giro hacia Estados Unidos llega, además, en un momento en el que los aranceles impulsados por la Administración de Donald Trump están penalizando a los fabricantes que exportan vehículos al país sin contar con una producción local. JLR, a diferencia de algunos de sus principales rivales europeos, no dispone actualmente de una fábrica en Estados Unidos.

Cinco nuevos modelos en los próximos dos años

Pese al recorte de empleo, JLR mantiene una elevada apuesta inversora. La compañía prevé invertir hasta 18.000 millones de libras en cinco años en electrificación, tecnologías digitales, fabricación avanzada, plataformas de vehículos y mejora de la experiencia del cliente. Además, lanzará cinco nuevos productos en los próximos dos años con el objetivo de ampliar su oferta y generar nuevas fuentes de ingresos.

Una de las claves será precisamente abandonar una estrategia de electrificación basada exclusivamente en el vehículo eléctrico y ofrecer una mayor variedad de sistemas de propulsión en función de la demanda de cada mercado. Los modelos Range Rover y Defender combinarán tecnologías MHEV, PHEV y 100% eléctricas, a las que se sumará también la tecnología híbrida convencional HEV.

El Range Rover Electric y el Range Rover Sport Electric llegarán a finales de este año, mientras que el primer modelo de la marca Range Rover basado en la plataforma EMA se incorporará posteriormente con distintas alternativas de propulsión. Defender también ampliará su gama con un nuevo modelo desarrollado sobre la arquitectura EMA, que contará tanto con una versión eléctrica como con una variante híbrida.

Jaguar será la excepción eléctrica

En este nuevo escenario, Jaguar seguirá una estrategia diferente. La marca británica, que acaba de cumplir 90 años, se convertirá en la única firma completamente eléctrica de JLR y mantendrá su producción en Solihull, en el corazón industrial del Reino Unido. El nuevo Jaguar GT de lujo de cuatro puertas, denominado Type 01, será presentado a finales de este año y se convertirá en uno de los principales símbolos de la transformación de la marca.

JLR confía en que esta nueva ofensiva de producto, junto con la mayor flexibilidad de las tecnologías de propulsión y la concentración en mercados con mayor potencial, permita recuperar el crecimiento. Pero antes deberá completar un importante ajuste de costes que supondrá la salida de unos 4.000 trabajadores y una profunda transformación de su estructura empresarial.

El Gobierno británico ya ha expresado su preocupación por el impacto laboral del plan. El ministro de Comercio, Jonathan Reynolds, prevé reunirse esta semana con Balaji para abordar los recortes y tratar de mitigar la pérdida de empleos, aunque el Ejecutivo ha descartado por ahora un rescate público de la compañía.

Volkswagen mantiene abiertas formalmente todas las opciones sobre el futuro de la marca Seat, aunque reconoce la dificultad para mantenerla. El consejero delegado del grupo alemán, Oliver Blume, ha reconocido que, en el actual contexto de transformación de la industria europea, es “cada vez más complejo” el análisis para seguir invirtiendo en la marca española, especialmente ante el elevado coste de la electrificación y el desarrollo de una nueva generación de modelos eléctricos. No obstante, el máximo responsable de Volkswagen ha respaldado expresamente el futuro de Seat S.A. y especialmente de Cupra como marca de futuro.

“El futuro de la marca Seat sigue analizándose”, se indica en un inusual comunicado de Seat, Volkswagen y el presidente del comité de empresa en un intento por calmar la tormenta generada ante los planes del grupo de sacrificar la marca española a final de 2029 como muy tarde tras una presencia de 40 años en el consorcio con sede en Wolfsburg. Más allá de las marcas, Volkswagen asegura que el futuro de Seat S.A., la sociedad que engloba a Seat y Cupra y que tiene en Martorell su principales centro industrial, es sólido.

“Seat S.A. tiene un papel importante que desempeñar en el futuro del Grupo Volkswagen”, ha señalado Blume. El CEO del grupo ha destacado la transformación experimentada por la compañía y el buen trabajo de las marcas Seat y Cupra durante los últimos ocho años.

Sin embargo, de cara al futuro habla únicamente de la marca Cupra: “Estamos comprometidos a seguir construyendo sobre esta base y a crear las condiciones para que Seat S.A. y Cupra continúen creciendo y contribuyendo al éxito del Grupo”. A continuación defiende la necesidad de tener flexibilidad: “Debemos mantenernos flexibles y adaptar nuestras estrategias de marca y producto a la regulación, las condiciones del mercado y lo que demandan nuestros clientes”.

Seat mantiene su hoja de ruta

Por ahora, Seat continuará desarrollando la hoja de ruta de producto prevista. La compañía mantiene los lanzamientos y actualizaciones contemplados para los próximos años, entre ellos las versiones mild-hybrid de los Ibiza y Arona, previstas para 2027.

El problema se encuentra más allá del actual ciclo de producto. Según la compañía., la creciente exigencia de la regulación sobre emisiones de CO₂, el coste de la electrificación y la inversión necesaria para desarrollar una nueva generación de modelos eléctricos hacen que “este análisis para seguir invirtiendo en la marca Seat sea cada vez más complejo”.

En el consejo de administración que aprobó el plan de ajuste general del grupo no se ha incluido por ahora ninguna decisión sobre el futuyro de Seat. “Siguen siendo posibles varios escenarios más allá de 2030. En función de cómo evolucionen la regulación, la demanda de los clientes y las condiciones del mercado, se valorará la continuidad de la marca Seat”, indicó el grupo alemán.

El futuro de Seat S.A. pasa por Cupra y Martorell

La estrategia del grupo alemán pasa por reforzar el papel industrial de Seat S.A. y utilizar a Cupra como principal motor de crecimiento y rentabilidad. La compañía recuerda que no debe confundirse la posible evolución de la marca Seat con el futuro de la sociedad española. Markus Haupt, CEO de Seat y Cupra, considera que la empresa afronta esta transformación “desde una posición sólida”, gracias a una mayor responsabilidad industrial dentro de Volkswagen, al crecimiento de Cupra y a la transformación de Martorell.

La fábrica catalana está adquiriendo un papel cada vez más relevante dentro de la estrategia eléctrica del grupo. Seat S.A. lidera la industrialización de la plataforma MEB21 y la producción de la nueva familia de coches eléctricos urbanos en Martorell. La planta ya ha comenzado a fabricar el Cupra Raval y el Volkswagen ID. Polo, los primeros modelos eléctricos de esta nueva generación, lo que está propiciando a una ampliación de plantilla para aumentar el volumen de producción.

La compañía también asegura que continuará trabajando para conseguir una plataforma adicional para Martorell para modelos como el futuro Cupra Formentor eléctrico, una reivindicación histórica del comité de empresa que permitiría ampliar la producción de vehículos eléctricos de mayor tamaño.

El presidente del Comité Intercentros de Seat S.A. y miembro del Consejo de Supervisión de Volkswagen por el sindicato UGT, Matías Carnero, considera precisamente que esta cuestión será determinante para garantizar el futuro industrial de la planta. “La clave es saber si el grupo apostará en los próximos años por seguir avanzando para electrificar modelos de Seat”, ha explicado. En caso contrario, reclama que Martorell reciba una segunda plataforma eléctrica.

Carnero ha salido además de la reunión del Consejo de Supervisión de Volkswagen con una percepción más favorable sobre el futuro de la compañía. El comité de empresa considera que el empleo está “garantizado hasta el año 2030” y se muestra “más tranquilo sobre el futuro de la empresa”, que cuenta con más de 13.000 trabajadores.

Más empleo en Martorell pese al ajuste de Volkswagen

La situación de Seat S.A. contrasta con el profundo ajuste que Volkswagen está preparando para todo el grupo. El fabricante alemán prevé reducir costes y ha calculado un potencial recorte adicional de unos 50.000 empleos a escala mundial hasta 2030, aunque la propia dirección ha aclarado que se trata de una estimación derivada de los objetivos de reducción de costes y no de una cifra concreta de despidos.

El comité de empresa de Seat destaca, en cambio, la evolución de la carga de trabajo en Martorell. Según Carnero, alrededor de 450 trabajadores fueron contratados como indefinidos en julio y está prevista la incorporación de otros 150 empleados en octubre.

“Vamos de menos a más”, ha asegurado el dirigente sindical, que considera que el empleo no corre peligro a corto plazo debido a que la fábrica funciona a máxima capacidad y las ventas están creciendo. La incógnita se sitúa, por tanto, en el medio y largo plazo. El actual ciclo de producto permite mantener la actividad, pero la adjudicación de nuevos modelos eléctricos será determinante para asegurar la carga de trabajo de Martorell durante la próxima década.

El futuro incierto para la marca Seat ha puesto en alerta también a las administraciones. El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha prometido este viernes que su gobierno hará “todo lo que esté en su mano” para mantener “la industria catalana y los puestos de trabajo” de Seat. “El Govern de Cataluña hará lo que tenga que hacer para preservar tanto la industria catalana como los puestos de trabajo en Cataluña”, ha asegurado desde Ucrania.

En el Gobierno central, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha indicado que el departamento lleva a cabo un seguimiento de la evolución de Seat para mantener la compañía y los puestos de trabajo, aunque la percepción es que no están en peligro por ahora.

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha asegurado que Seat es una de las grandes marcas del país, por lo que espera que tenga un proyecto industrial de futuro. Hereu ha añadido que mantiene conversaciones permanentemente con Seat en España y con Volkswagen a nivel internacional.

Volkswagen mantiene su apuesta por una profunda reducción de costes y de empleo, pero, por ahora, tendrá que aparcar el cierre de las cuatro plantas alemanas que figuraban entre las principales candidatas al ajuste. El consejo de administración del grupo Volkswagen (VW) ha aprobado por unanimidad el Plan Futuro 2030, que contempla un ajuste de la plantilla adicional de 50.000 puestos de trabajo, incluidos puestos directivos, pero establece que se deberán buscar alternativas para los centros de Emden, Zwickau, Hannover y Neckarsulm antes de adoptar decisiones definitivas sobre su futuro. Además, deja en el aire el futuro de la marca Seat, que la dirección quiere suprimir en 2029.

El acuerdo, logrado tras un primer intento fallido de aprobación debido al bloqueo sindical y del Estado y accionista de Baja Sajonia, supone una victoria parcial para IG Metall y los representantes de los trabajadores, que han conseguido frenar una escalada del conflicto con la dirección y, sobre todo, evitar que el plan aprobado incluya cierres inmediatos de fábricas. La organización sindical y el comité de empresa han dejado claro que no aceptarán que el coste de la transformación recaiga exclusivamente sobre los trabajadores.

“El enfoque de la confrontación y la comunicación de la junta directiva en las últimas semanas han sido contraproducentes”, han señalado conjuntamente la primera presidenta de IG Metall, Christiane Benner, y la presidenta del Comité de Empresa General y del Grupo Volkswagen, Daniela Cavallo. Ambas consideran que los representantes de los trabajadores y el Estado de Baja Sajonia, que posee un 20% del capital, han asumido nuevamente su responsabilidad para evitar una “peligrosa escalada del conflicto”.

El acuerdo alcanzado supone también descartar la escisión de la marca principal Volkswagen Turismos y de Volkswagen Componentes, una posibilidad que había generado una fuerte oposición sindical al considerar que podía debilitar las estructuras de cogestión por las que los sindicatos tienen el 50% de los puestos en los consejos de grandes empresas. “No se ha abandonado ninguna planta y, contrariamente a lo publicado en varios medios, no se prevén cierres inminentes”, han destacado Benner y Cavallo.

Cuatro fábricas, pendientes de una alternativa

La cuestión industrial, sin embargo, está lejos de quedar resuelta. Volkswagen reconoce que su capacidad de producción en Europa supera actualmente la demanda en más de 500.000 vehículos y admite que, con las previsiones actuales, no puede garantizar una asignación competitiva de producción para Emden, Zwickau, Hannover y Neckarsulm entre 2031 y 2034.

El grupo se ha comprometido a elaborar antes de finales de junio de 2027 un concepto para configurar una estructura de producción europea sostenible y competitiva. Paralelamente, analizará posibles usos alternativos para las cuatro plantas.

El ministro presidente de Baja Sajonia, Olaf Lies, ha desempeñado un papel relevante en el acuerdo como representante del Estado que participa en el accionariado de Volkswagen. Lies ha defendido que, ante la creciente competencia internacional, es necesario emprender “un camino común” para transformar la compañía, al tiempo que ha reclamado perspectivas de largo plazo para las fábricas.

El sindicato considera ahora que la pelota está en el tejado de la dirección. “Esperamos que la junta directiva cumpla con su cometido tras el acuerdo alcanzado hoy y presente resultados con prontitud”, han advertido Benner y Cavallo, que reclaman inversiones, innovación y garantías de empleo a largo plazo.

100.000 empleos menos

El compromiso de no cerrar plantas a corto plazo no significa, sin embargo, que Volkswagen haya suavizado su programa de ajuste. El Plan Futuro 2030 establece que el grupo deberá reducir su capacidad global de plantilla en aproximadamente 50.000 puestos, más allá de los programas de ajuste que ya estaban en marcha y que suman otros 50.000 despidos.

La compañía justifica esta reducción por la combinación de la creciente competencia mundial, la evolución de la demanda y la transformación tecnológica de la industria. El objetivo es adaptar la dimensión de la plantilla a la nueva realidad económica y recuperar competitividad.

El recorte de empleo forma parte de un programa de transformación mucho más amplio. Volkswagen pretende alcanzar en 2030 un margen operativo del 9%, con un resultado operativo de unos 31.000 millones de euros, mientras prevé unas ventas anuales de nueve millones de vehículos. Entre 2027 y 2031 contempla además 135.000 millones de euros en inversiones de capital e investigación y desarrollo.

La compañía también reducirá drásticamente la complejidad de su gama. Para 2035, Volkswagen prevé recortar un 50% su cartera de modelos y reducir un 75% la complejidad de su oferta, con el objetivo de concentrar las ventas en modelos de mayor volumen y reducir costes.

Seat, otro de los grandes interrogantes

En este proceso de simplificación de estructuras, marcas y modelos, el futuro de Seat permanece en el aire. La marca española, que durante décadas ha formado parte del núcleo industrial del grupo Volkswagen, afronta una nueva etapa marcada por el protagonismo creciente de Cupra y por la necesidad de concentrar inversiones y reducir la complejidad de la cartera.

El Plan Futuro 2030 aprobado no despeja expresamente el futuro de Seat, en un contexto en el que Volkswagen está revisando su estructura y concentrando recursos en las marcas y modelos considerados estratégicos. La incertidumbre sobre la enseña española se suma así a las incógnitas industriales que el grupo deberá resolver durante los próximos meses.

Volkswagen ha sorprendido con un rápido acuerdo este mismo jueves para sacar adelante su 'Plan Futuro 2030'. El Consejo de Supervisión del grupo ha aprobado por unanimidad el programa, que conlleva el recorte de 50.000 empleos y deja en el aire el futuro de cuatro fábricas alemanas.

En concreto, han dado el visto bueno a un plan de 12 puntos. Un programa que va desde el fortalecimiento de la base financiera, con una previsión de nueve millones de vehículos anuales, al establecimiento “de una estructura de producción competitiva”.

En el comunicado de prensa, aseguran que con el acuerdo, “el Consejo de Supervisión reconoce que la capacidad de producción del Grupo Volkswagen en Europa supera actualmente la demanda en más de 500.000 unidades” y que, por el momento, “no es posible garantizar una asignación de producción competitiva para las plantas de Emden, Zwickau, Hannover y Neckarsulm de forma escalonada entre 2031 y 2034. Paralelamente, y además, se están evaluando usos alternativos para estas plantas”.

El Grupo Volkswagen ha explicado en el escrito que este plan “permite al Grupo Volkswagen sentar las bases para un éxito sostenible a largo plazo” y “sienta las bases para fortalecer al Grupo Volkswagen y sus marcas, haciéndolas más competitivas y mejor posicionadas para el futuro”.

Un recorte de 50.000 puestos

El fabricante de automóviles alemán ha detallado que dentro de los pasos a seguir, consideran que es necesario “un ajuste fundamental de la capacidad global de la fuerza laboral para alcanzar los objetivos del programa de transformación y salvaguardar la competitividad del Grupo Volkswagen”.

“Ante la creciente competencia global, la evolución de la demanda y el cambio tecnológico en la industria automotriz, es esencial una alineación coherente de la capacidad de la fuerza laboral con la realidad económica”, ha detallado.

Desde Volkswagen han expuesto que el análisis que sustenta el 'Plan Futuro 2030', “será necesario un ajuste de la fuerza laboral en todo el Grupo que afectará a aproximadamente 50 000 puestos, incluyendo puestos directivos”.

El Consejo de Supervisión de la marca también ha pedido el desarrollo de un modelo para “una estructura de toma de decisiones y de grupo más evolucionada para el Grupo Volkswagen”. “Esta estructura evolucionada sentará las bases para lograr sinergias tecnológicas y de otro tipo que reduzcan los costes en todo el grupo”, ha señalado.

Ninguna mención al futuro de Seat

Volkswagen no ha hecho ninguna mención en este nuevo plan acordado sobre el futuro de la marca Seat ni de ninguna fábrica española. Este mismo jueves se ha confirmado que el grupo automovilístico alemán están planteando dejar de fabricar y vender los modelos de la histórica enseña española como muy tarde a finales de 2029.

Dentro de estos nuevos pasos en la marca, formaría parte de la reestructuración para reducir costes, simplificar su estructura y centra el negocio en Cupra, la marca que nació dentro de la propia Seat.

La regularización extraordinaria de migrantes iniciada el pasado abril ha aflorado ya más de 350.000 trabajadores extranjeros al mercado laboral formal y con derechos. Además de la mejora en sus condiciones, supone un ingreso para las arcas públicas, en cuotas a la Seguridad Social e impuestos a Hacienda. La Seguridad Social ha informado de que la ratio de cotizantes entre pensionistas ha escalado hasta el 2,5, máximos de hace 16 años y un nivel solo alcanzado a mediados de los 2000, en el boom inmobiliario.

“Es otro reflejo de esta marcha tan positiva del mercado de trabajo, que se proyecta sobre la Seguridad Social y sobre el sistema de pensiones”, ha afirmado este miércoles el secretario de Estado de la Seguridad Social, Borja Suárez.

Así, en 2026, se ha alcanzado una ratio de 2,5 cotizantes a la Seguridad Social –que tiene en cuenta trabajadores afiliados y desempleados (por los que el SEPE cotiza cuando cobran prestación)– por cada pensionista, recogen los datos de la Seguridad Social.

Como se puede observar en el anterior gráfico, la relación de cotizantes por pensionista ya estaba aumentado en los últimos años, pero en 2026 ha experimentado una aceleración. Esta coincide con el mayor tirón del empleo en España gracias a los trabajadores extranjeros y, en concreto, al proceso de regularización extraordinaria.

El 'número dos' de la ministra Elma Saiz ha destacado el valor de estos datos en un momento de aumento también del número de jubilaciones, ya que en 2026 ya se están viendo los efectos del retiro “de las primeras cohortes de esa macrogeneración del baby boom”.

La migración se proyecta en todos los estudios económicos como un elemento fundamental para aliviar el reto del envejecimiento de la población en países como España, por ejemplo en cuanto al pago de pensiones y el refuerzo del Estado del Bienestar, aunque no basta por sí sola para solventar la presión estimada en las cuentas públicas.

Un mercado laboral menos volátil respecto al de los 2000

Borja Suárez ha subrayado además que la ratio de 2,5 cotizantes por cada pensionista no se alcanzaba desde la época del boom inmobiliario, el anterior techo del mercado laboral hasta que en 2023 se inició una senda de récords que aún sigue atesorando nuevos hitos. Casi 23 millones de trabajadores, según la Encuesta de Población Activa (EPA). O el máximo de 22,5 millones de afiliados a la Seguridad Social alcanzado en julio.

Sin embargo, el mercado laboral actual tiene diferencias sustanciales con el de mediados de los 2000, ha destacado el secretario de Estado, como la drástica caída en los contratos temporales desde la reforma laboral y el aumento en consonancia de los trabajadores indefinidos.

Un mercado laboral menos volátil ante las crisis que se han vivido en los últimos años, como la pandemia, gracias a las herramientas desplegadas de apoyo y, en especial, de los ERTE y las ayudas de paro para los trabajadores autónomos.

Además, que ha vivido un aumento del empleo en sectores de alto valor añadido desde la pandemia, que han ido ganando terreno en el mercado de trabajo.

“En este momento vemos que el mercado de trabajo tiene una enorme fuerza, de manera mucho más equilibrada, corrigiendo esos problemas estructurales” del pasado, ha sostenido Borja Suárez.

El paro vuelve a experimentar una subida este agosto, ahora de 291 personas, respecto al mes precedente de julio, hasta llegar al cómputo global de 144.459 desempleados en Canarias. Con el incremento indicado, ya son dos meses seguidos con esa dinámica, tras un periodo anterior, el de abril, mayo y junio de 2026, con tres descensos consecutivos en el desempleo.

El incremento del desempleo en las Islas en agosto pasado se produjo pese a una creación neta de empleo de 2.153 personas (el aumento mensual en el número de afiliados a la Seguridad Social). Por lo tanto, ese empeoramiento estuvo impulsado por el crecimiento del número de demandantes de un puesto de trabajo a la vez inscritos en listas oficiales de Empleo. Estos son 2.444 personas más.

La diferencia entre esas dos cifras concede el número de parados en agosto de este año, que sube en 291 efectivos, según los datos servidos este miércoles por el Gobierno español, los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En Canarias, el paro se ha reducido, según el cómputo anual (12 últimos meses), en 5.756 personas (los demandantes crecieron en 23.152 personas en el mismo periodo); esto es, el 3,83% (muy por debajo del nivel 10.000, antes habitual), mientras que los cotizantes a la Seguridad Social, una variable equivalente a la creación neta de empleo, han experimentado una subida anual de 28.908 afiliados, lo que implica el 3,09% más en el último periodo de 12 meses. Gracias a la mejora de los cotizantes este agosto, con 2.153 personas más, los afiliados totales a la Seguridad Social llegan a 963.791.

El valor absoluto anterior está por encima del registro publicado en julio pasado, entonces en 961.638, pero aún lejos de la cifra récord histórico de diciembre de 2025, con 967.275 afiliados a la Seguridad Social en el archipiélago.

Más en la tinerfeña, menos en Las Palmas

Por provincias, el desempleo se incrementó en 385 personas en Santa Cruz de Tenerife (+0,56%) y bajó en Las Palmas en 94 (-0,13%). En total, el archipiélago cuenta con 60.651 hombres parados y 83.808 mujeres desempleadas, con el sector servicios como ámbito más afectado, con 114.926 personas de un total de 144.459.

En todos los sectores productivos aumentó el paro en agosto en las islas, salvo en la agricultura, donde se redujo en 15 personas.

En cuanto a los extranjeros, el paro llegó en agosto a 14.648 personas (8.993 de ellas extracomunitarias), lo que supuso 255 menos que en julio (-1,71%), pero 997 más que en agosto de 2025 (+7,3%).

El paro de larga duración se situó en 63.326 personas, 4.899 menos que hace un año (-7,18%) y así alcanza su nivel más bajo desde enero de 2009. Además, este colectivo registró una ligera reducción con respecto a julio, con 23 personas menos (-0,04%). En términos interanuales, todos los grupos de edad registraron menos desempleo que hace un año.

L'atur registrat a les oficines dels serveis públics d'ocupació va pujar en 824 persones a l'agost a les Balears en relació amb el mes anterior (+3,3%) i va baixar en 262 persones respecte del vuitè mes de l'any passat (-1%), fins als 25.706 aturats, segons les dades publicades aquest dimecres pel Ministeri de Treball i Economia Social.

A l'agost, els sectors amb més aturats són Serveis, amb 18.047 persones, 543 més que al juliol, i Construcció, amb 3.409, 194 més. Per contra, els sectors amb menys aturats són Agricultura, amb 283 persones, dos menys que el mes anterior, i Indústria, amb 1.187, 35 més.

Quant als sexes, dels 25.706 aturats registrats a l'agost, 14.588 són dones i 11.118, homes. L'atur entre els joves menors de 25 anys es va situar en 2.604 persones, de les quals 1.402 són dones i 1.202, homes.

En el vuitè mes de l'any, l'atur entre els estrangers a les Balears es va situar en 5.737 persones, després de pujar un 5% respecte del juliol i un 19,4% en comparació amb l'any anterior.

A l'agost es van registrar 31.339 contractes a les Balears, un 19,6% més que l'any anterior. D'aquests, 19.166 van ser contractes indefinits i 11.742, contractes temporals.

D'altra banda, les Balears van registrar a l'agost 693.812 afiliats a la Seguretat Social, 226 menys que el mes anterior (-0,03%), segons les dades fetes públiques també aquest dimecres pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

En termes interanuals, l'afiliació a la Comunitat Autònoma s'ha incrementat en 26.872 treballadors respecte de l'agost de 2025, un 4,03% més.

A l'arxipèlag, el règim general de la Seguretat Social compta amb 579.716 cotitzants, dels quals 9.332 estan registrats com a treballadors de la llar i 3.022 com a treballadors agraris.

A més, hi ha 110.124 persones inscrites en el règim d'autònoms i 3.971 en el de treballadors del mar.

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 824 personas en agosto en Balears en relación al mes anterior (+3,3%) y bajó en 262 personas en relación al octavo mes del año pasado (-1%) y se sitúa en los 25.706 parados, según datos publicados este miércoles por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En agosto, los sectores con más parados son Servicios (18.047 con 543 más que en junio) y Construcción (3.409 con 194 más), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (283 y dos menos) e Industria (1.187 y 35 parados más).

En cuanto a sexos, de los 25.706 desempleados registrados en agosto, 14.588 son mujeres y 11.118, hombres. El paro entre los jóvenes menores de 25 años se situó en 2.604 personas de los cuales 1.400 son hombres y 1.402 son mujeres.

En el octavo mes del año, el paro entre los extranjeros en Baleares se situó en 5.737 personas tras subir un 5% respecto a julio y un 19,4% en comparación con el año anterior.

En agosto se registraron 31.339 contratos en Balears, un 19,6% más que el año anterior. De todos ellos, 19.166 fueron contratos indefinidos y 11.742, contratos temporales.

Por otro lado, Balears ha registrado en agosto 693.812 afiliados a la Seguridad Social, 226 menos que el mes anterior (-0,03%), según los datos hechos públicos también este miércoles por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En términos interanuales, la afiliación en la Comunidad Autónoma se ha incrementado en 26.872 trabajadores respecto a agosto de 2025, un 4,03% más.

En el archipiélago, el régimen general de la Seguridad Social cuenta con 579.716 cotizantes, de los cuales 9.332 están registrados como trabajadores del hogar y 3.022 como trabajadores agrarios.

Además, hay 110.124 personas inscritas en el régimen de autónomos y 3.971 en el de trabajadores del mar.

El mercado laboral de Extremadura cerró el mes de agosto con un comportamiento de doble lectura. La comunidad autónoma logró incrementar la afiliación a la Seguridad Social en 818 cotizantes, lo que supone un incremento del 0,19% respecto a julio y eleva el total de personas ocupadas a 431.888. Sin embargo, las listas del desempleo también experimentaron un repunte al sumar 919 desempleados más, un incremento del 1,54% que sitúa la cifra global de parados registrados en la región en 60.687 personas.

A pesar del repunte mensual del desempleo, un comportamiento habitual en un periodo marcado por el fin de las campañas veraniegas, la perspectiva interanual confirma la tendencia positiva del mercado regional. En comparación con agosto de 2025, Extremadura cuenta con 6.311 afiliados más a la Seguridad Social, lo que equivale a un aumento del 1,48%, mientras que el paro ha descendido en 4,272 personas, lo que representa un recorte del 6,58%.

El análisis por territorios muestra dinámicas dispares entre ambas provincias durante el último mes. Badajoz impulsó el crecimiento de la ocupación al sumar 2.256 afiliados, un 0,83% más, alcanzando un total de 275.266 cotizantes, aunque el desempleo aumentó un 1,25% tras registrar 489 parados más, hasta situarse en 39.720 personas. Por su parte, la provincia de Cáceres perdió 1.438 afiliados respecto a julio, una bajada del 0,91% que deja su total de ocupados en 156.622, mientras que el paro creció un 2,09% al sumar 430 desempleados más, alcanzando las 20.967 personas. En la comparativa anual, Badajoz redujo su desempleo en 3.220 personas y ganó 4.860 ocupados, mientras que Cáceres redujo la lista de desempleados en 1.052 personas y sumó 1.450 cotizantes.

Por sectores económicos, la mayor parte del repunte del desempleo en la comunidad se concentró en el sector servicios, que sumó 626 parados más. A mayor distancia se situaron el colectivo sin empleo anterior con 159 desempleados más, la construcción con 92, la industria con 39 y la agricultura con 3. Asimismo, la brecha de género en el desempleo se mantiene en la región, ya que de las 60.687 personas sin trabajo, 38.957 son mujeres y 21.730 son hombres, mientras que entre los menores de 25 años el total de desempleados se sitúa en 5.028 jóvenes.

En materia de contratación, durante el mes de agosto se firmaron en Extremadura 33.642 contratos, lo que representa un descenso del 19,46% en comparación con el mes de julio, cuando se suscribieron 8.131 acuerdos más. En tasa interanual, no obstante, las contrataciones crecieron un 4,33%. La modalidad temporal continuó siendo la predominante en la época estival con 24.235 acuerdos frente a los 9.407 de carácter indefinido.

Respecto a la distribución por regímenes, de los 431.888 afiliados extremeños, 359.054 pertenecen al Sistema General, divididos entre 298.133 en el Régimen General, 47.979 en el Sistema Especial Agrario y 3.962 en el del Hogar, mientras que la región contabiliza 81.834 trabajadores autónomos.

La evolución del empleo en la comunidad autónoma contrasta con la tendencia de destrucción de puestos de trabajo registrada a nivel nacional. En el conjunto de España, el mercado laboral perdió 162.840 ocupados en agosto y el paro aumentó en 44.419 personas. A finales de mes, el país contabilizaba 337.917 altas de afiliados extranjeros procedentes del proceso de regularización extraordinaria, cerrando con un total de 22,34 millones de cotizantes, la cifra más alta de la serie histórica para un mes de agosto.

El paro registrado aumentó en Canarias un 0,2% en agosto (+291 personas) con respecto al mes anterior hasta sumar un total de 144.459 desempleados, si bien en comparación con agosto del año anterior descendió en 5.756 personas (-3,83%), según datos publicados este miércoles por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Por provincias, el desempleo se incrementó en 385 personas en la de Santa Cruz de Tenerife (+0,56%) y bajó en la de Las Palmas en otras 94 (-0,13%).

En total, el archipiélago cuenta con 60.651 parados y 83.808 mujeres desempleadas, siendo el sector servicios el más afectado con 114.926 personas.

Además, en todos los sectores productivos aumentó el paro en agosto en las islas salvo en la agricultura donde bajó en 15 personas.

En cuanto a los extranjeros, el paro afectó en agosto a un total de 14.648 personas (8.993 de ellas extracomunitarias), lo que supone 255 menos que en julio (-1,71%) pero 997 más que en agosto de 2025 (+7,3%).

El paro de larga duración se situó en 63.326 personas, 4.899 menos que hace un año (-7,18%), y alcanza su nivel más bajo desde enero de 2009. Además, este colectivo también registró una ligera reducción con respecto a julio, con 23 personas menos (-0,04%).

En términos interanuales, todos los grupos de edad registraron menos desempleo que hace un año.

El paro entre las personas menores de 25 años se sitúa en 6.990 personas, 407 menos que en agosto de 2025 (-5,50%). En el grupo de 25 a 44 años, el número de personas desempleadas alcanza las 48.372, con un descenso de 690 personas con respecto al mismo mes del año anterior (-1,41%).

Entre quienes tienen 45 años o más, se contabilizan 89.097 personas, 4.659 menos que hace un año (-4,97%).

La contratación aumentó en todos los grupos de edad con 16.199 contratos entre los menores de 25 años, 1.011 más que hace un año (+6,66%); 27.698 entre quienes tienen entre 25 y 44 años, 788 más (+2,93%) y 15.983 entre los mayores de 45 años, 540 más (+3,50%).

Del total de contratos registrados en agosto, 25.026 fueron indefinidos, el 41,79% del conjunto de la contratación.

En el conjunto del país, el paro subió en 44.419 personas en agosto en relación con el mes anterior (+1,92%) debido, sobre todo, al sector servicios, que sumó casi 29.000 desempleados en el mes.

Tras el ascenso de agosto, el número total de desempleados se situó en 2.355.918 personas, manteniéndose por debajo de la cota de los 2,4 millones y firmando su nivel más bajo en un mes de agosto desde 2007.

Pese a ello, el descenso del desempleo registrado el mes pasado es el peor dato para un mes de agosto desde 2019, cuando el desempleo subió en 54.371 personas.

Desde el inicio de la serie histórica comparable en 1996, el paro ha bajado en agosto en seis ocasiones y ha subido en 25.

En términos desestacionalizados, el paro registrado aumentó en 15.137 personas respecto al mes anterior.

En el último año, el desempleo acumula un descenso de 70.593 personas, lo que supone un 2,91% menos, con un retroceso del paro femenino de 52.974 mujeres (-3,6%) y una caída del desempleo masculino de 17.619 varones (-1,8%).

Sector servicios lastra el desempleo

Por sectores, el paro registrado aumentó, sobre todo, en los servicios, con 28.563 desempleados más (+1,7%), seguido de la construcción (+4.669 parados, +2,9%) y la industria (+3.731 desempleados, +2,1%).

Por contra, bajó en la agricultura en 912 personas (-1,3%), mientras que aumentó en 8.368 personas (+3,5%) en el colectivo sin empleo anterior, compuesto mayoritariamente por jóvenes en busca de su primera experiencia laboral.

El paro avanzó en agosto en ambos sexos, aunque el incremento fue ligeramente superior en el caso de las mujeres. En concreto, el paro femenino subió en 22.741 mujeres en comparación con julio (+1,6%), mientras que el masculino se incrementó en 21.678 desempleados (+2,4%).

Así, al finalizar el octavo mes de 2026, el número total de varones en paro se situó en 937.161 desempleados, mientras que el de mujeres totalizó 1.418.757 desempleadas, registrando su nivel más bajo en un mes de agosto desde 2008.

Por edades, el paro entre las personas de 25 y más años subió en 36.251 desempleados en agosto (+1,7%), mientras que el de los jóvenes menores de 25 años aumentó en 8.168 personas (+5,1%).

No obstante, el paro entre los menores de 25 años se mantiene por debajo de la barrera de los 170.000, situándose en 167.730 parados.

Datos nacionales

El paro registrado aumentó en agosto en las 17 comunidades autónomas respecto al mes anterior. Los mayores incrementos mensuales en términos absolutos se registraron en Cataluña (+14.594 desempleados), Comunidad de Madrid (+6.881) y Comunidad Valenciana (+5.847).

En la ciudad autónoma de Ceuta, el desempleo se redujo en agosto en 148 personas, lo que supone un descenso en valores relativos del 1,7%.

En cuanto a las provincias, el desempleo registrado descendió en tres: Málaga (-409 desempleados), Ceuta (-148) y Las Palmas (-94), y subió en las 49 restantes, sobre todo en Barcelona (+10.743 desempleados), Madrid (+6.881) y Valencia (+3.080).

Por su parte, el paro registrado entre los extranjeros subió en 15.956 desempleados respecto al mes anterior (+4,4%), hasta situarse el total de inmigrantes en desempleo en 373.577 desempleados, lo que supone 50.969 parados más que hace un año (+15,80%).

Contratos

En agosto de este año se registraron 1.144.827 contratos, un 10,08% más que en el mismo mes de 2025.

De todos ellos, 440.274 fueron contratos indefinidos, un 14,1% más que en agosto de 2025. En total, el 38,46% de todos los contratos realizados en agosto fueron indefinidos.

Dentro de los indefinidos, se realizaron 181.395 contratos a tiempo completo, un 11,2% más que igual mes del año anterior; 109.989 a tiempo parcial (+20,1%) y 148.890 fijos discontinuos (+13,5%).

De todos los contratos suscritos en agosto, 704.553 fueron contratos temporales, un 7,71% más que igual mes de 2025. En total, estos contratos representaron el 61,54% del total de la contratación efectuada en el octavo mes del ejercicio 2026.

En los ocho primeros meses del año se han efectuado más de 10,55 millones de contratos, cifra un 4,8% superior a la del mismo periodo de 2025, de los que 4,41 millones han sido contratos fijos (+6,5%) y 6,14 millones, temporales (+3,6%).

En términos acumulados, los contratos indefinidos a tiempo completo alcanzan de enero a agosto un total de 1.877.824, con un aumento de 106.884 (+6%) respecto a igual periodo del año 2025. Por su parte, los contratos indefinidos a tiempo parcial suponen un total de 1.078.980, registrando un ascenso de 94.525 contratos (+9,6%) en relación al mismo periodo del año anterior.

Tasa de cobertura

El Ministerio ha informado además de que el gasto en prestaciones por desempleo alcanzó el pasado mes de julio (último dato disponible) la cifra de 2.115,76 millones de euros, un 5,5% más que igual mes de 2025.

El gasto medio mensual por beneficiario, sin incluir el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, ascendió a 1.159 euros en el séptimo mes del año, un 3,3% más que en julio del año pasado.

La cuantía media bruta de la prestación contributiva percibida por beneficiario durante el mes de julio fue de 999,9 euros, lo que supone un aumento de 24,3 euros sobre el mismo mes del año anterior (+2,5%).

El total de beneficiarios de prestaciones por desempleo se situó en 1.857.263 personas, cifra superior a la del mismo mes de 2025.

La tasa de cobertura frente al desempleo, que un año antes estaba situada en el 80,96%, se situó en julio de 2026 en el 86,75%, la más alta de la serie histórica si se exceptúa el periodo de pandemia.

El paro registrado en las oficinas de empleo subió en Asturias en agosto en 276 personas respecto a julio, un 0,57%, lo que dejó la cifra de desempleados en la comunidad en 48.580, según los datos publicados este miércoles por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Además, Asturias ganó 2.138 afiliados a la Seguridad Social durante el pasado mes, un 0,53%, que situó el número de trabajadores dados de alta en 408.400, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Dinamismo del empleo extranjero

Respecto a agosto de 2025, el paro subió en el Principado en 282 personas, un 0,58%, mientras que el empleo aumentó en 8.947 trabajadores, un 2,24%.

En el conjunto del país, el mercado laboral perdió 162.840 ocupados en agosto, por debajo de las caídas de años anteriores para este mes gracias al dinamismo del empleo extranjero, mientras que el paro repuntó en 44.419 personas.

Afiliación a la Seguridad Social

En total, el mercado laboral terminó agosto, un mes en el que habitualmente el empleo pierde ritmo, con 22,34 millones de afiliados.

En cuanto al paro registrado, que ha subido más este agosto que en años previos, se sitúa en 2,35 millones, según los datos del Ministerio de Trabajo.

La regularización extraordinaria de migrantes sigue aflorando trabajadores en el mercado de trabajo español. Es lo que se traduce de las cifras anómalas de empleo y de paro del pasado mes de agosto: la caída del empleo en el final de la temporada turística (en 162.800 personas) fue menor de lo habitual, la segunda más baja de la última década, mientras que el aumento del paro ha sido más abultado, en 44.400 personas, el doble que el año pasado.

Los vaivenes de agosto dejan un balance total de trabajadores de 22,3 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social, tras el récord de 22,5 millones alcanzado en julio, también empujado por la regularización. En cuanto al paro registrado, se sitúa en un total de 2.355.918 personas, en niveles de 2008, al inicio de la crisis financiera.

Con fecha de 31 de agosto, la Seguridad Social da un balance más: alrededor de 337.900 personas extranjeras que participan en el proceso extraordinario de regularización –iniciado a mediados abril– han sido ya dadas de alta como trabajadoras. De ellas: 134.500 son mujeres y 203.400, hombres.

Por su parte, en Trabajo sitúan en alrededor de 40.000 las personas desempleadas que han ido a apuntarse a las oficinas públicas de empleo provenientes de este procedimiento extraordinario.

Sobre todo más empleo extranjero, aunque también aflora paro

Los datos oficiales publicados este miércoles por el Ministerio de la Seguridad Social y de Trabajo recogen varios rastros de cómo están emergiendo los trabajadores extranjeros en el mercado laboral, alcanzando un nuevo récord de 3,55 millones de personas afiliadas en agosto.

Sobre todo, están saliendo hacia el empleo, de alta y con derechos, aunque también –en menor volumen– al paro formal, alterando la normalidad de las estadísticas del mercado laboral en los últimos meses.

Por ejemplo, el pasado mes aumentaron los trabajadores extranjeros de alta en la Seguridad Social en 39.500 personas respecto a julio, frente al alza de 3.800 personas de 2025 o la reducción del empleo en 22.000 trabajadores en 2024.

Cuando se baja al detalle de la afiliación por sectores, los datos de este agosto anómalo también se concentran en los sectores que están empleando a más trabajadores extranjeros: el empleo del hogar, la agricultura, la hostelería y la construcción, entre otros.

Así, hay una menor caída del empleo en la construcción respecto a otros años y un crecimiento del empleo en la hostelería (+7.000), que habitualmente reduce o sube menos su nivel de trabajadores. El efecto de la regularización se ve muy claramente en el sistema especial agrario, que pierde muchos menos trabajadores de lo habitual (4.600 este agosto frente a unos 14.700 menos de 2025 y 2024) y en el régimen especial de trabajadoras del hogar, que aumenta su afiliación en 4.800 trabajadoras, frente a los descensos de 1.700 y 3.330 de los dos años previos.

En los datos de paro registrado, las personas que se apuntan a las oficinas públicas de empleo para buscar trabajo, se observa justo lo contrario. Si las cifras de parados extranjeros suelen descender este mes (-4.000 en 2025 y -2.000 en 2024), este año el dato se incrementó en 16.000 personas.

“En condiciones normales, (la afiliación) habría bajado más. Es otro efecto positivo de un proceso que incorpora a cientos de miles de personas con plenos derechos al mercado laboral. Y el paro sube algo más de lo habitual porque parte de esas personas se inscriben por vez primera en los servicios de empleo”, ha valorado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Y es que, como ocurrió en julio, más de la mitad del alza del paro de personas extranjeras en agosto corresponde al grupo “sin empleo anterior” (8.700), lo que en el Ministerio destacan como positivo porque aflora hacia la economía formal a personas que estaban con empleos sumergidos, o en paro y sin poder recurrir a las oficinas públicas de empleo por no tener papeles.

Trabajo destaca no obstante que los niveles de desempleo en España siguen siendo los más bajos de los últimos 19 años.

680.000 empleos más en el último año

Ante este agosto más halagüeño de lo habitual, la creación de empleo interanual se acelera hasta casi 680.000 empleos más en los últimos doce meses. En términos relativos, el ritmo de creación de puestos de trabajo ascendió por encima del 3%, nivel que no se alcanzaba desde 2022.

Este tirón del empleo también se recoge en las cifras de afiliación desestacionalizada, que aíslan el mercado laboral de vaivenes propios de la estacionalidad y el calendario. Según este indicador, el empleo aumentó en casi 84.000 trabajadores, frente a los 64.000 del mes anterior.

La ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz, ha destacado también que el empleo que se están creando es de mayor calidad. Por ejemplo, con más empleo indefinido que antes de la reforma laboral, ha insistido también Yolanda Díaz.

“Desde agosto de 2021, se ha producido una gran transformación en los tipos de contratos del mercado de trabajo: hay 4.811.840 más trabajadores con contrato indefinido y 2.020.332 afiliados menos con contrato temporal”, destaca la Seguridad Social.

Volkswagen afronta una semana decisiva para el futuro de sus trabajadores. La dirección del grupo volverá a someter, el próximo 4 de septiembre, al consejo de administración su controvertido plan de reestructuración, que contempla la supresión de hasta 100.000 empleos, posibles cierres de fábricas y la separación de algunas actividades. El proyecto ya fue rechazado en la anterior reunión del consejo, celebrada en julio, y afronta una nueva votación en un clima de creciente tensión entre la cúpula y los sindicatos y el Estado de Baja Sajonia.

La presión es especialmente elevada porque el consejo de administración de Volkswagen cuenta con una estructura de poder poco habitual reservada a grandes empresas alemanas por la ley de la cogestión. De sus 20 puestos, actualmente uno está vacante, mientras que los representantes de los trabajadores y Baja Sajonia controlan 12 sillas, lo que les permite bloquear el plan de la dirección. El Estado alemán de Baja Sajonia (donde se ubica la sede central de Wolfsburg) posee además un 20% de las acciones con derecho a voto y cuenta con una posición de bloqueo efectiva en determinadas decisiones estratégicas.

El primer ministro de Baja Sajonia, Olaf Lies, uno de los principales actores en las negociaciones, ha reclamado a todas las partes que aprovechen los últimos días antes de la reunión para alcanzar un acuerdo. “Insto encarecidamente a que aprovechemos el tiempo que queda hasta la próxima reunión para conciliar las diferentes posturas”, afirmó el viernes. Lies considera que Volkswagen debe afrontar con urgencia sus problemas de costes y competitividad, pero también recuerda el impacto que cualquier decisión tendrá sobre los trabajadores, sus familias y toda la red de proveedores y empresas de servicios vinculada al grupo.

Ruptura entre IG Metall y la dirección

El pulso se produce después de que el consejero delegado, Oliver Blume, haya participado en asambleas con trabajadores para explicar el endurecimiento del programa de ajuste que el grupo había pactado con los sindicatos en 2024. Aquel acuerdo ya contemplaba la eliminación de unos 50.000 puestos de trabajo, principalmente mediante jubilaciones, bajas voluntarias y una política de contratación restrictiva, a cambio de garantías de empleo. Ahora Volkswagen plantea otros 50.000 puestos afectados, aproximadamente la mitad en Alemania y la otra mitad en el ámbito internacional, en unas 170 sociedades.

Blume anunció que el grupo pretende evitar en la medida de lo posible los despidos forzosos y apuesta de nuevo por las salidas voluntarias, especialmente las jubilaciones y los acuerdos individuales. Sin embargo, el anuncio ha provocado una fuerte reacción entre los trabajadores y ha deteriorado la confianza en la cúpula del grupo.

La presidenta del comité de empresa, Daniela Cavallo, ha cuestionado abiertamente la gestión de Blume y ha asegurado que la confianza en el máximo ejecutivo está “deteriorada”. Desde el sindicato IG Metall, el responsable del distrito de Baja Sajonia, Thorsten Gröger, ha elevado todavía más el tono y ha acusado a la dirección de llevar a cabo una gestión “desastrosa” de la comunicación interna. La central considera que los trabajadores ya han realizado importantes sacrificios y reclama que cualquier nuevo ajuste vaya acompañado de garantías sobre inversiones, nuevos modelos y carga de trabajo para las fábricas alemanas.

La amenaza de movilizaciones, incluidas las huelgas, empieza a aparecer de nuevo en el horizonte. Gröger ha recordado que el periodo de paz social permanece vigente hasta finales de año por los acuerdos anteriores, pero ha advertido que a partir de 2027 los trabajadores podrían recurrir teóricamente a los paros. “Todo apunta a un conflicto”, ha señalado el dirigente sindical, que considera que la dureza de las medidas planteadas por algunas empresas del automóvil no guarda proporción con la situación del sector.

Cuatro fábricas, en el punto de mira

Uno de los principales focos de conflicto es el futuro de las plantas alemanas. Durante su reciente gira por las instalaciones del grupo, Blume reconoció que Emden, Hannover, Zwickau y Neckarsulm todavía no tienen una perspectiva de producción viable para la década de 2030.

Volkswagen insiste en que todavía no ha tomado ninguna decisión sobre el cierre de estas fábricas y que clausurar una planta sería “siempre la solución de último recurso y la más costosa”. Sin embargo, la falta de carga de trabajo prevista para algunas instalaciones alimenta la preocupación entre los trabajadores y las autoridades regionales.

La dirección sostiene que el ajuste es necesario para recuperar competitividad en un momento especialmente complicado para el fabricante. Volkswagen está sufriendo la presión de los aranceles estadounidenses, la debilidad de sus ventas y beneficios en China y el avance de los fabricantes asiáticos tanto en el mercado chino como en Europa. A ello se suma la necesidad de reducir costes y acelerar la transformación tecnológica del grupo.

Las familias Porsche y Piëch, principales accionistas de Volkswagen a través de Porsche SE, también están presionando para elevar la rentabilidad y acelerar la reestructuración. Su posición añade presión sobre Blume para ejecutar un plan más ambicioso, pese a la resistencia del comité de empresa y de Baja Sajonia.

Un plan B si el consejo vuelve a votar en contra

La gran incógnita de la reunión del 4 de septiembre es qué ocurrirá si el consejo de administración vuelve a rechazar la propuesta de la dirección. Volkswagen ya estaría estudiando una vía alternativa, según la prensa alemana: convocar una junta extraordinaria de accionistas, posiblemente en octubre, para trasladar directamente a los inversores la decisión sobre los puntos más polémicos de la reestructuración.

Se trataría de un movimiento extraordinario dentro de la tradicional cultura empresarial alemana, basada en la búsqueda de consensos entre dirección, trabajadores y accionistas. La junta general presenta, además, un equilibrio de poder diferente al del consejo de administración, ya que los representantes de los trabajadores no tienen derecho a voto y Baja Sajonia dispone del 20%.

Sobre el papel, esta vía podría permitir a la dirección superar el bloqueo del consejo. Las familias Porsche y Piëch, que han mostrado su apoyo al ajuste de Oliver Blume, controlan a través de Porsche SE el 53,3% de los derechos de voto, mientras el fondo soberano de Qatar posee otro 17%. El resto está en manos de otros accionistas. Sin embargo, el escenario no está exento de dificultades jurídicas.

La denominada Ley Volkswagen establece condiciones especiales para determinadas decisiones corporativas y podría exigir mayorías superiores a las habituales, especialmente en operaciones como la escisión de determinadas actividades. La dirección podría tratar de apoyarse en el artículo 111 de la Ley de Sociedades Anónimas alemana para llevar el conflicto directamente a los accionistas, pero una decisión de este tipo podría desencadenar una larga batalla legal, según los expertos de Alemania.

Antes de llegar a ese extremo, las partes todavía disponen de una última oportunidad para negociar. El comité ejecutivo del consejo de administración, integrado por el presidente del comité de empresa, el primer ministro de Baja Sajonia y representantes de las familias Porsche y Piëch, se reunirá el 3 de septiembre, un día antes de la votación.

El ‘día D’ ha llegado. Cinco años después de la puesta en marcha del programa millonario más ambicioso de la historia de la Unión Europea, los fondos europeos Next Generation EU, ha llegado la fecha marcada en rojo en el calendario. Este 31 de agosto tienen que estar todas las reformas e inversiones comprometidas con Bruselas en el Plan de Recuperación ejecutadas para que el Gobierno pueda recibir el total de 100.000 millones de euros asignados.

España afronta ahora el día después, mientras prepara toda la documentación necesaria para solicitar el séptimo y último pago antes del 30 de septiembre. Cuando el presidente Pedro Sánchez y la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunciaron el 16 de junio de 2021 la aprobación de la primera versión del Plan de Recuperación, que entonces canalizaba cerca de 70.000 millones en transferencias, la fecha límite parecía muy lejana.

El país entonces encaraba la salida de la pandemia, que todavía daría sus últimos coletazos, y el objetivo era sacar del pozo a una de las economías más golpeadas por el COVID-19. En 2020, el producto interior bruto (PIB) se hundió un 10,9%. Cuando todo parecía encarrilado, la invasión rusa de Ucrania desató la mayor crisis inflacionaria en medio siglo. Donald Trump volvió a la Casa Blanca y lanzó la mayor ofensiva comercial en décadas. Y en febrero de este año, Estados Unidos e Israel atacaron Irán y provocaron el cierre del Estrecho de Ormuz, una vía crítica para el suministro mundial.

La situación en la que ha tenido que desarrollarse el Plan de Recuperación ha estado lejos de lo que proyectó en aquel momento el Gobierno. Pero si España hoy es la gran economía del euro que más crece, más de un 10% desde finales de 2019 y a gran distancia del estancamiento de Alemania, Francia o Italia; es gracias a los fondos europeos.

“Los datos confirman que la decisión, el establecimiento, la implantación, el diseño del plan han sido un éxito y esperamos, y así nos lo dicen los análisis, que este plan no solo tenga un efecto positivo a corto plazo, sino que vaya a tener un efecto duradero en nuestro tejido productivo y en nuestro modelo económico y social”, celebró el vicepresidente Carlos Cuerpo en su última comparecencia en el Congreso para dar cuenta de la gestión del Plan de Recuperación.

Más de 2 puntos del PIB gracias al Plan

Aunque todavía es pronto para calcular el estímulo de las reformas e inversiones aprobadas desde 2020, un reciente estudio de Funcas apuntaba que solo las inversiones han aportado entre el 10 y el 14% del crecimiento anual del PIB entre 2021 y 2025. Es decir, entre 1,4 y 2,1 puntos porcentuales.

“La economía española ha sido la única de las cuatro grandes europeas donde la productividad real por hora se habría acelerado respecto a su tendencia previa, con un crecimiento adicional de 0,4 puntos, frente a las caídas de Alemania, Francia e Italia”, destaca la publicación. Con un pero: “Este avance es, sin embargo, modesto en términos absolutos y contrasta con la magnitud del estímulo recibido”.

La reforma laboral, uno de los hitos principales del Plan, ha permitido recortar la temporalidad a mínimos históricos al tiempo que ha disparado el empleo a máximos nunca vistos en el mercado español. Y el incremento de las horas trabajadas y de la productividad ha sido fundamental para sostener el buen crecimiento de los últimos años, como destacan los analistas de la Comisión Europea. El tejido productivo ya está notando los primeros cambios, como el avance en las profesiones más técnicas.

Sin embargo, la lentitud en el despliegue de los fondos, la baja demanda de algunos de sus programas o la excesiva concentración de la financiación en grandes empresas son algunos de los debes del Plan de Recuperación. Pero en el Gobierno, en su último balance, celebraron que los beneficiarios de las ayudas han superado los 1,5 millones, de los que el grueso han sido pymes y autónomos. Gracias, fundamentalmente, al Kit Digital, uno de sus mayores éxitos. Según BBVA Research, además, las inversiones se han concentrado en las comunidades autónomas con menores rentas per cápita, “lo que sugiere un cierto carácter redistributivo en el reparto de los fondos”, de acuerdo con su economista jefe para España, Miguel Cardoso.

¿Y ahora qué? El fondo España Crece

Sin embargo, la pregunta del ‘día D’+1, el 1 de septiembre, es: ¿y ahora qué? El Gobierno todavía tiene un mes para solicitar el último desembolso, por valor de 25.800 millones de euros y la Comisión tiene hasta el 31 de diciembre para evaluar y efectuar el pago. Pero la inyección millonaria desaparece y, los que han sido los verdaderos Presupuestos —hasta el momento— de Pedro Sánchez esta legislatura, se desvanecen. “Dada la magnitud de los recursos invertidos, la finalización del programa puede tener un impacto negativo a corto plazo sobre el PIB. En particular, en ausencia de estos recursos, se estima que la inversión en construcción no residencial sería un 8% inferior a la observada actualmente, lo que apunta a que el programa ha sustituido, en parte, gasto en capital que, de todas maneras, se habría realizado”, apunta Cardoso en su estudio.

El Gobierno lleva meses preparando ese escenario. A principios de año anunció la puesta en marcha de un instrumento que llamaron “fondo soberano”, España Crece, gestionado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y dotado con más de 10.000 millones procedentes de la financiación del Plan de Recuperación. El objetivo es movilizar 120.000 millones entre el sector público y el privado durante los próximos años para evitar el ‘efecto escalón’ de la desaparición del programa millonario. Y en junio aprobó, dentro del decreto de medidas por la guerra en Irán, una modificación para flexibilizar algunas inversiones para seguir gastando más allá de este 31 de agosto.

En un extenso documento para el ‘cierre’ del Next Generation EU elaborado por la consultora EY, el director de Coyuntura Económica de Funcas, Raymond Torres, reclama aprender la experiencia pasada y enfocarse en aquellos proyectos “más prometedores” para la economía española. Las líneas de avales se han demostrado útiles sobre todo para permitir que la financiación llegue a las pymes, uno de los principales obstáculos que ha encontrado el Plan de Recuperación. “El problema radica en la elevada atomización del tejido productivo y en las barreras que obstaculizan el crecimiento de las empresas más eficientes”, dice en el mismo documento Rafael Doménech, jefe de Análisis Económico de BBVA Research. “Por ello, avanzar en reformas que faciliten el crecimiento empresarial, reduzcan cargas regulatorias innecesarias y favorezcan una asignación más eficiente de recursos constituye una prioridad”, abunda el economista.

La gestión de los fondos se ha llevado hasta el último día, prácticamente. La semana pasada el Consejo de Ministros aprobó, in extremis, el registro de lobbies mediante decreto ley, uno de los hitos necesarios para recibir los fondos. En julio, el ICO ya dio luz verde a la estrategia de inversión de España Crece. El reto de sustituir al Plan de Recuperación es gigantesco.

El Gobierno prevé aprobar mañana martes en el Consejo de Ministros un paquete de ayudas para la ciudad de Ceuta ante la crisis que afronta tras la multitudinaria entrada de migrantes a finales de julio, de 168 millones de euros. Entre ellas, se pretende incluir ayudas a la contratación y unos ERTE (expedientes de regulación temporal de empleo) reforzados con más derechos tanto para las empresas como los trabajadores, ha adelantado la Cadena Ser y confirman fuentes de Trabajo a elDiario.es.

Por un lado, el Ejecutivo prevé acordar una subida del 50% al 75% en las bonificaciones a la contratación de trabajadores y trabajadoras, indican en el departamento de Yolanda Díaz.

El presidente Pedro Sánchez, en una entrevista esta mañana en la Cadena Ser, ha mencionado que estas bonificaciones se aplicarán también en la ciudad de Melilla, con realidades migratorias similares (aunque no afectada por esta crisis de finales de julio).

Sánchez ha destacado que este plan equivale “al 8% del PIB” de la ciudad autónoma de Ceuta y que incluirá también ayudas directas a pymes y autónomos para revitalizar la economía local.

Este plan de ayudas de 168 millones supone una ampliación extraordinaria del plan especial de apoyo económico a Ceuta y que de 2023 a 2026 ya ha movilizado 180 millones de euros, ha recordado el presidente del Gobierno.

ERTE reforzados como en la pandemia

Por otro, se legislará un refuerzo de los ERTE por fuerza mayor, como ocurrió durante la pandemia, con más ahorro en las cotizaciones sociales para las empresas y más derecho al paro para los trabajadores afectados para reforzar el empleo ante esta crisis migratoria y social, en la que cientos de personas que entraron a Ceuta hace un mes están viviendo en la calle. Fuentes de Trabajo explican que esta medida también se aplicará a Melilla.

Así, se pretende aumentar las exenciones de pago de cotizaciones en estos ERTE del 90% de los expedientes de fuerza mayor habituales al “100%”, sostienen en Trabajo.

En cuanto a la protección por desempleo, se prevé regular un “acceso pleno”, sin el mínimo cotizado habitualmente requerido, así como “sin consumo a la prestación por desempleo”.

Sobre si habrá más medidas laborales en el real decreto que se aprobará mañana, en el Ministerio de Trabajo no dan más detalles por el momento y sostienen que se “está ultimando” un “conjunto de actuaciones específicas para Ceuta destinadas a proteger el empleo y dar apoyo a las personas trabajadoras y las empresas”.