Una manifestación ha recorrido este sábado las calles de Vitoria para denunciar la proliferación de infraestructuras industriales en el entorno rural“. Con el lema 'Lurra defenda dezagun! Makroproiekturik ez!' (defendamos la tierra, no a los macroproyectos), la protesta ha reunido a ”miles de personas“ y ha contado con la presencia de decenas de tractores, según han informado desde Araba Bizirik.

Sus organizadores han valorado, en un comunicado, que la movilización ha supuesto “una demostración de fuerza colectiva” que da continuidad a las protestas que “llenaron la capital alavesa en años anteriores”.

Según han explicado, la convocatoria ha sumado alrededor de 200 apoyos, entre ellos “numerosas” juntas administrativas y ayuntamientos de Álava y colectivos sociales vascos.

Durante la movilización, se ha denunciado “el incesante goteo de proyectos industriales a gran escala que amenazan al territorio”. Entre ellos, han citado el Tren de Alta Velocidad, “macrocentrales” eólicas y fotovoltaicas, líneas de alta tensión, “macrocentros” de datos, plantas de biometanización y la ampliación de polígonos industriales, canteras y del aeropuerto.

El Ente Vasco de la Energía (EVE), sociedad pública del Gobierno vasco, e Iberdrola han encontrado en 24 horas el interés de 51 pequeños inversores para cubrir, mediante la fórmula de “crowdlending”, el 60% de los 3 millones previstos para inyectar financiación al parque eólico de Labraza, en la localidad riojanoalavesa de Oyón. Es la primera instalación de renovables que se inagurará en Euskadi en dos décadas y, además de ofrecer reducciones en la factura eléctrica, los promotores están probando otras formas “innovadoras” de “crear beneficio” para las personas que viven en las localidades afectadas.

“Como experimento o novedad, parece que va bien”, se ha felicitado el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, del PNV, al dar los primeros datos desde la puesta en marcha de la iniciativa este lunes. Ha dado por hecho que el cupo de 3 millones de euros se llenará al haber sido ya reservados 1,8 en poco tiempo y ha explicado que, después, se dará prioridad a los vecinos del entorno directo del parque, los de Labraza, Barriobusto y todo el término de Oyón. Eso sí, está abierto a cualquier persona de la Rioja Alavesa y de toda la provincia de Álava.

Según los promotores, se pueden meter entre 1.000 y 100.000 euros y se prometen rentabilidades del 7%. “La plataforma Fundeen realiza el proceso inversor con rentabilidad garantizada”, se puede leer en la web del organismo público EVE. Este martes hay una reunión informativa en Labastida y las habrá, igualmente, en Oyón y Laguardia.

No sin oposición social y con controversia política en un municipio gobernado por EH Bildu, las obras de Labraza ya han arrancado. Se habla de una inversión total de 59 millones de euros, por lo que la parte de “crowlending” apenas supera el 5%. Por el momento, según el EVE, “se han adjudicado las obras a la firma navarra ECAY, los aerogeneradores a Siemens-Gamesa y la ampliación de la subestación de evacuación a la ingeniería EDS”. Se trata de una planta de 40 MW y supondrá un salto del 26% en la capacidad de generación eólica actual de la comunidad autónoma.

El consejero Jauregi ha explicado que los proyectos en marcha permitirán pasar de una producción renovable actual que apenas supone el 7,9% del 'mix' total a un 15% en cinco años. Eso implica ganar 450 MW con parques eólicos o solares, mas también otros 300 MW en “autoconsumo”. El EVE tiene un presupuesto total de 80 millones de euros. La ley autonómica de 2024 obliga a que Euskadi alcance un 32% de renovables en 2030 y el último dato es del 21,4%. Son dos indicadores diferentes, ya que en el segundo entra también la energía verde importada, no solamente la producida.

El Cabildo de Gran Canaria, a través del consejo Insular de la Energía de Gran Canaria, ha culminado la instalación solar fotovoltaica de la Presa de Las Niñas, en el municipio de Tejeda, convirtiéndose en la primera instalación energética aislada de la red eléctrica promovida por la institución insular para abastecer  infraestructuras públicas y servicios en un entorno natural de la isla.

Esta actuación supone un nuevo avance dentro de la estrategia insular de transición energética impulsada por el Cabildo de Gran Canaria, orientada al desarrollo de soluciones sostenibles adaptadas a las singularidades territoriales de la isla, especialmente en espacios alejados de la red convencional donde resulta imprescindible apostar por sistemas autosuficientes basados en generación renovable y almacenamiento energético.

El consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento, Raúl García Brink, destacó que “esta instalación representa de manera ejemplar el modelo energético que estamos impulsando desde Gran Canaria, a través de soluciones adaptadas a cada territorio, capaces de combinar sostenibilidad, autosuficiencia energética y servicio público”

Asimismo, señaló que “la transición energética en una isla como Gran Canaria no puede plantearse únicamente desde las grandes infraestructuras o los núcleos urbanos. También debe llegar a espacios naturales y recreativos como la Presa de Las Niñas, garantizando que cualquier persona pueda acceder a servicios energéticos sostenibles incluso en zonas aisladas de la red”.

Sistema completamente autónomo

La Presa de Las Niñas, uno de los espacios recreativos y naturales más visitados de la cumbre grancanaria, carece de conexión a la red eléctrica. Por ello, el proyecto ha sido diseñado como un sistema completamente autónomo capaz de suministrar energía limpia a las infraestructuras existentes y ofrecer, además, servicios de movilidad eléctrica a las personas usuarias de la zona.

La instalación cuenta con 38 módulos fotovoltaicos flexibles de 585 Wp, alcanzando una potencia pico total de 22,23 kWp y una potencia nominal de 16,2 kW. El sistema incorpora dos inversores de 8,2 kW y 8 kW, así como otro de almacenamiento energético con una capacidad total de 57,6 kWh.

La producción anual estimada asciende a 31.584,84 kWh frente a un consumo anual previsto de 16.727,2 kWh, lo que permitirá cubrir el 100% de la demanda energética de las instalaciones mediante autoconsumo renovable.

Asimismo, la actuación incorpora dos puntos de recarga para vehículos eléctricos de 7,4 kW con conector tipo 2 en modo de carga lenta, lo que permitirá que las personas visitantes puedan recargar sus vehículos mientras disfrutan de este enclave natural de la isla.

Desde el punto de vista ambiental, la instalación permitirá evitar la emisión de aproximadamente 16,39 toneladas de CO₂ al año, un impacto equivalente a la absorción anual de cerca de 98 árboles o al consumo eléctrico medio de unas nueve viviendas.

La actuación, cuyo presupuesto asciende a 138.516,48 euros, se enmarca dentro de la estrategia del Cabildo de Gran Canaria para impulsar infraestructuras energéticas sostenibles en distintos espacios públicos y enclaves estratégicos de la isla, promoviendo la combinación de generación renovable, almacenamiento energético y movilidad eléctrica como pilares fundamentales de la transición energética insular.

El Tribunal de Distrito de La Haya ha decretado el embargo de la sede del Instituto Cervantes en Utrecht (Países Bajos), tras haber autorizado el pasado 19 de marzo la ejecución en ese país de los laudos arbitrales por el cambio en 2013 de la normativa de retribución de energías renovables.

El inmueble, valorado en unos 10 millones de euros y registrado a nombre del Instituto Español de Emigración, será vendido en presencia de un notario, según el escrito de los letrados encargados de registrar el embargo, al que ha tenido acceso EFE y fechado el pasado 24 de abril.

El litigio obedece a las consecuencias del cambio en la normativa española para la retribución a las renovables decretado en 2013, durante el Gobierno de Mariano Rajoy (2011-2018), que supuso un recorte a la retribución que recibían estas instalaciones durante su vida útil.

Ello desembocó en una oleada de peticiones de arbitrajes de inversores ante diferentes organismos internacionales, el principal el Ciadi, dependiente del Banco Mundial.

España se opondrá y litigará

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico han señalado a EFE que, sin perjuicio de la actuación que pueda emprender el Ministerio de Justicia neerlandés con relación al embargo preventivo de la sede del Instituto Cervantes, España se opondrá y litigará, defendiendo los intereses nacionales del país, como sucede habitualmente.

Los inversores extranjeros en materia de energías renovables denunciaron a España en cortes de arbitraje internacional por la reforma normativa del anterior Gobierno del PP en el año 2013, añade la misma fuente.

En total, reclamaban un total de 10.635 millones de euros, pero España ya ha conseguido reducir ese importe en un 85% y sigue litigando en distintas instancias nacionales e internacionales, explican desde Transición Ecológica.

El documento de los abogados neerlandeses indica que España fue formalmente informada el pasado 20 de abril sin que se efectuara el pago de la indemnización, de ahí que se haya autorizado el embargo preventivo del inmueble.

El laudo ejecutado corresponde a la reclamación del fondo Blasket Renewable Investment, en un procedimiento que deriva del caso de Eurus Energy, filial del grupo japonés Toyota.

El inmueble, situado en el centro histórico de Utrecht, tiene un valor de mercado cercano a los 10 millones de euros.

Fuentes cercanas a los fondos acreedores destacan que el edificio no constituye un órgano indispensable para la acción diplomática española, al tratarse de un ente cultural que también alberga eventos y conferencias, de modo que un eventual recurso que alegue inmunidad soberana tendrá escaso recorrido.

En Estados Unidos, siete de las empresas acreedoras han derrotado a España, de tal manera que los tribunales norteamericanos han reconocido una deuda de 688 millones de euros y han autorizado procedimientos de descubrimiento de activos del Estado español que afectan, por ejemplo, a la operativa de la selección española en el Mundial de Fútbol de 2026, indica la misma fuente.

En total, España debe 2.309 millones de euros a las empresas que sufrieron la retirada retroactiva de las primas renovables y han venido sufriendo los continuos impagos de estas sentencias

Hay impulso, hay promotores, hay ganas. Pero también múltiples variables ambientales, alguna carencia de legislación, así como “desinformación” y una amplia “necesidad de explicarnos mejor”. Son algunas de las conclusiones que varios impulsores del biogás han expresado en la jornada organizada en Toledo por la Fundación Naturgy para la presentación a nivel estatal de una guía “pionera” sobre las variables de esta polémica energía renovable, que cuenta con una amplia contestación social en varios puntos del país por su “efecto llamada” para macrogranjas y sus afecciones ambientales.

El biogás es una fuente de energía renovable producida por la descomposición de materia orgánica, principalmente residuos agroganaderos, pero también lodos y basura, en ausencia de oxígeno. Está compuesto por metano y dióxido de carbono y se utiliza para generar electricidad, calor, biocombustible o fertilizantes orgánicos. Es un método de gestión de residuos que se convierte en biometano al ser “purificado” eliminando todas sus impurezas y convirtiéndolo en una fuente de energía similar al gas natural.

La elección de la capital castellanomanchega para este evento no ha sido casual. En esta comunidad autónoma, según el mapeo en tiempo real que realiza Stop Ganadería Industrial, hay más de 70 plantas operando, en trámite o con solicitud de autorización ambiental. Por eso, las protestas han arreciado en los últimos años. Incluso desde la administraciones locales: ayuntamientos, como el de Albacete, por ejemplo, han aprobado ordenanzas para impedir la instalación de plantas de este tipo.

En la jornada, de hecho, ha estado presente el alcalde de Campos del Paraíso, Francisco Javier del Saz (PP). En este municipio, de apenas 300 habitantes, se produjo recientemente una de las mayores movilizaciones, de más de un millar de personas, contra los proyectos de biogás que planean sobre el municipio y sus pedanías.

“No estoy ni a favor ni en contra. He venido a informarme porque hay preocupación entre los vecinos. Quiero contarles todo lo que se diga aquí, y que puedan tener todos los datos. Yo también soy vecino y también me afecta, pero quiero ser objetivo y contar lo que hay”, ha precisado a este medio.

La primera guía técnica que analiza todas las variables ambientales

Y es que entre los impulsores del biogás hay “sorpresa” por estas movilizaciones. De ahí la jornada de Naturgy, abanderada por María Eugenia Coronado, directora general de Fundación, con el fin de contrarrestar estas críticas, y ‘vender’ el biometano con un informe que se detiene en sus decenas de variables ambientales.  

Este documento lo ha elaborado INERCO, una empresa internacional especializada en brindar soluciones integrales en ingeniería, medio ambiente y seguridad industrial. Su enfoque principal es el desarrollo sostenible para sectores como el gas, la minería o la química. Actualmente, opera en más de 10 países.

En realidad, se trata de una guía técnica que analiza el papel del biometano en la transición energética y la economía circular y detalla cuál es el marco ambiental y regulatorio aplicable, las principales variables técnicas y ambientales de estas instalaciones y las mejores prácticas para su implantación y operación sostenible.

Sus conclusiones las ha presentado Amelia Olid, jefa del Área de Gestión Ambiental de Nuevos Desarrollos de INERCO. Uno de sus contenidos más destacados es el amplio espacio que dedica a los condicionantes técnicos y ambientales en el proceso productivo de las plantas de biometano.

No oculta que entre ellos se encuentran efectos como las emisiones atmosféricas y de olores, ruidos, efluentes derivados por el almacenamiento, y otras afecciones como la contaminación de aguas subterráneas y suelos, y el impacto paisajístico.

Es en la gestión del digestato y en la elaboración del compost, es decir, en los residuos de estas plantas, donde se producen los principales impactos, y para ello propone medidas correctoras que abarcan todo el proceso, desde el diseño de la planta hasta su funcionamiento final. En todo ello, concluye, la legislación estatal y las normativas autonómicas, a la hora de otorgar autorización ambiental, son “garantistas” y permiten su instalación sin apenas consecuencias.  

Pero ha sido en el coloquio posterior a la presentación del informe, moderado por Humberto del Horno, delegado de Europa Press en Castilla-La Mancha, donde se han puesto sobre la mesa las reflexiones más interesantes y donde ha quedado de manifiesto que el biogás es una solución “compleja”, pero que ofrece una “salida necesaria” a la gestión de residuos orgánicos.

Sobre la necesidad y la urgencia de potenciar esta renovable, Francisco Javier Hidalgo, director de Consultoría en España de INERCO, ha querido advertir primero de que siempre que surge una actividad relativamente nueva, las administraciones y el entorno social necesitan conocer sus ventajas e inconvenientes.

Y el argumento principal, ha señalado, es que se trata de una “gran necesidad”. “Tener plantas de biometano ayuda a la descarbonización y además permite la gestión de residuos. Es una pieza clave que nos permite movernos hacia una generación más sostenible y va a permitir hacerlo desde el uso de recursos del territorio, no necesitamos traer nada de fuera”, ha añadido.  

Del “régimen plano” al digestato

Por su parte, Lourdes Gómez de la Vega, responsable de Ingeniería y Medio Ambiente en Gases Renovables de Naturgy, ha remarcado que en el actual contexto de transición energética, especialmente en Castilla-La Mancha, ha habido ha habido un importante desarrollo de energías renovables, pero la diferencia del biometano es que se produce en un “régimen plano”, es decir, de manera continua, al contrario que la fotovoltaica y la eólica, que dependen de elementos externos como el viento o el sol.

“El biometano se puede almacenar de forma muy fácil y con precios más competitivos y además permite abastecer al sector doméstico”. Se refiere con ello a la molécula CH4 (metano) que permite la misma inyección a la red que el gas natural, pero como una solución “mucho más potente”.  

A este respecto, Alipio García Rodríguez, director general de Transición Energética del Gobierno de Castilla-La Mancha, ha incidido en la defensa que la Administración regional hace de las renovables, junto con la “preocupación” por el tratamiento de los residuos. Sobre este último aspecto, ha recordado que es algo que ya pasó con la instalación de las primeras depuradoras y los lodos que generan.

“Ahora contamos con una tecnología más avanzada como el biogás, la biometanización, que es un eslabón muy concreto en esa circularidad y es donde hay que poner el foco”. Considera que con ello se pueden gestionar residuos orgánicos sin el uso de vertederos o mediante su manipulación directa en el terreno, que es lo que genera contaminación del agua por nitratos. “Debemos contar con nuevas actuaciones de gestores autorizados para compensar todo esto”.

Sobre el desarrollo del biometano en España, la responsable de Renovables de Naturgy ha querido hacer hincapié en que no se trata de una tecnología nueva, ya que ha habido proliferación de plantas en Europa durante 20 años. “Ahora hay que diseñar plantas para la variabilidad de residuos de manera mucho más amplia, que ayuden al territorio para un sistema de gestión eficiente, y que sirvan para inyectar en las redes domésticas, no solo para la industria”.

Es en este punto cuando se ha referido al digestato y a su valorización para una “aplicación directa”. “Tenemos la obligación de generar un producto que sirva como fertilizante para comercializar y certificar en toda la Unión Europea, y contribuir así a disminuir los fertilizantes químicos”.

Para el representante de INERCO, biogás y biometano no suponen solo una energía renovable sino una solución a la problemática de la circularidad de los residuos. Y coincide con Naturty en que es un modelo “ampliamente probado” en Europa. “Ahora mismo ya hay técnicas de mitigación de los impactos y se utilizan a escala productiva global”.

Además, ha explicado que gran parte de los promotores que desarrollan estas plantas son empresas que tienen mucha experiencia a nivel energético, y eso “no siempre pasa con todos los proyectos”, por lo que es “una garantía de que los estándares de diseño son altos”.

Según está el mundo, el biometano es estratégico. No podemos esperar más. Nos dota de autonomía y ha venido para quedarse

Una de las más taxativas en la defensa del biometano y su tecnología ha sido Margarita de Gregorio, CEO de la Asociación Española de Biocircularidad (Biocirc): “Según está el mundo, el biometano es estratégico. No podemos esperar más. Nos dota de autonomía y ha venido para quedarse”.

Pero ha sido también la que ha hecho mayor autocrítica. Preguntada sobre las protestas vecinales y sociales en el medio rural ha reconocido: “Igual podemos explicarlo mejor”.

“No subestimamos para nada a las poblaciones rurales. La gente en los pueblos sabe mucho más que en las ciudades y tenemos una oportunidad de explicarlo todo mejor. Debemos construir todos juntos esta transición. Instalamos industrias que hay que alimentar diariamente con base orgánica. Son como ‘minirrefinería’ de petróleo, que sirven para inyectar gas. pero también para otros usos. Pero ante todo, tenemos que explicar mejor las cosas y saber llegar a la población rural”.

En su opinión, será la propia realidad la que a medio plazo demostrará que las plantas de biogás van a ser “prescriptoras” para “luchar contra la desinformación” y demostrarán que no van a tener efectos negativos. “Las empresas son las primeras interesadas en garantizar todo el proceso sin afecciones y necesitamos que nos den ese voto de confianza”.

Precisamente, el director general de Transición Energética de Castilla-La Mancha, ha ensalzado la función de la Administración para dar “seguridad” en ese proceso y “vigilar” para que estos proyectos se ajusten a la ley. “Igual que existe una normativa de residuos, ahora de ser garantistas en el tratamiento de estos residuos y explicarlo a la ciudadanía para que tengan la confianza de que se va a desarrollar correctamente. Es más, si no se cumple, habrá sanciones y cierres, sin duda”. De hecho, aunque no lo ha mencionado explícitamente, es lo que contempla el Plan de Biometanización que tramita esta comunidad autónoma.

Para Margarita de Gregorio, el digestato es “clave” en el proceso. “En ningún caso, en ninguna instalación, lo que sale es igual a lo que entra. El producto final siempre es mejor porque la materia orgánica se ha higienizado. Por lo tanto, ese producto es otro valor, es una oportunidad para aplicar al terreno, para valorizar un elemento estructural de la biocircularidad que va más allá del propio concepto energético”.

“Es una sorpresa que algo que es en todas sus fases tan positivo pueda estar tan cuestionado, cuando es una oportunidad para cerrar procesos productivos. Y donde además, en todo el proceso interviene mano de obra y genera empleo local”, ha destacado. A la fijación de empleo local también se ha referido el responsable de INERCO, poniendo el foco en áreas más desfavorecidas.

Finalmente, todos los intervinientes han hecho sus presagios a medio plazo. Para la representante de Biocirc, en cinco años habrá más un centenar de plantas de biogás operando en España “en condiciones perfectas” y además, con Castilla-La Mancha como “protagonista”.

Por su parte, el director general de Transición Energética ha augurado que estas instalaciones se construirán de manera proporcionada al tamaño de las comarcas y permitirán que “no haya tanta dependencia” de gasoductos y una descarbonización “necesaria”. “La tecnología va a avanzar mucho y eso nos permitirá también un mayor aprovechamiento en el tratamiento de los residuos”.

Desde la Fundación Naturgy vaticinan que los actores y promotores “van a proliferar” pero solo tendrán éxito aquellos que “generen sinergias” con el producto final, y “que tengan interés en la descarbonización y en la producción de fertilizantes sostenibles y orgánicos”.

El Ministerio para la Transición Ecológica ha denegado la declaración ambiental al macreólico Satrebares, proyectado en media docena de municipios de las provincias de A Coruña y Lugo con casi una treintena de aerogeneradores y 125 megavatios de potencia. Así figura en los datos del proyecto que publica Transición Ecológica en su sede electrónica, en donde se indica que el 31 de marzo de 2026 se emitió una declaración de impacto ambiental (DIA) desfavorable. Ahora, falta por publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) esta resolución completa para conocer la argumentación del Ministerio sobre la negativa.

Este parque eólico y su infraestructura de evacuación, promovido por Maracaibo Solar, abarcaba los municipios de Guitiriz (Lugo), así como los coruñeses de Monfero, Abegondo, Aranga, Curtis y Oza-Cesuras. Tenía previsto instalar 29 aerogeneradores.

Al respecto, el BNG de Guitiriz ha mostrado su “satisfacción” por esta decisión del Ministerio, lo que supondrá la “paralización definitiva” del proyecto. Agrega que “ponía en grave riesgo el abastecimiento de agua, la biodiversidad y el modo de vida del rural”. “Hoy demostramos que cuando el pueblo se organiza y cuenta con herramientas políticas firmes, los gigantes eléctricos no son invencibles”, ha afirmado el portavoz local del Bloque de Guitiriz, Alfonso Losada, en relación con las más de 1.500 alegaciones presentadas por la movilización vecinal.

Cambios en Forestalia, grupo implicado en el macroproceso judicial por la presunta trama de las renovables y también en el caso Koldo. Su fundador y propietario, Fernando Samper Rivas, ha renunciado al puesto de presidente y ha colocado a su hijo, Ricardo Samper García, al frente de la gestión como nuevo director general.

Licenciado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas por la Universidad San Jorge de Zaragoza, Samper García cuenta con un posgrado en Dirección Financiera y Control de Gestión por EAE Business School, un máster en Finanzas por la Universidad Pontificia de Comillas ICAI-ICADE y un máster internacional en Asesoría Fiscal por ISDE Law & Business School, tal y como ha indicado la compañía en un comunicado.

Vinculado al grupo empresarial desde hace más de seis años, Ricardo Samper ha desempeñado distintos cargos dentro del Grupo Forestalia hasta su nombramiento el pasado 26 de marzo como director general.

Este nombramiento se enmarca dentro el protocolo interno aprobado por Forestalia y elaborado por Cuatrecasas, cuyo objetivo —según la compañía— es “articular una separación entre la propiedad y la gestión de la compañía y garantizar la estabilidad y el desarrollo ordinario de la actividad en un contexto de mayor escrutinio institucional derivado de procedimientos judiciales actualmente en curso”.

Dentro de este proceso, Fernando Samper Rivas ha presentado su renuncia a la presidencia de la compañía. A partir de este momento, las responsabilidades ejecutivas y de dirección han sido asumidas por Ricardo Samper García, que quedará al frente de la gestión con el objetivo de asegurar la continuidad operativa del grupo y el funcionamiento habitual de todas sus áreas y proyectos.

Fernando Samper ha manifestado lo siguiente: “Confío en que este ajuste en el gobierno corporativo del grupo contribuirá a reforzar su funcionamiento y a garantizar su desarrollo futuro. Mi decisión responde a la voluntad de facilitar el normal desarrollo de los procesos en curso”.

Por su parte, Ricardo Samper García ha apuntado: “Este paso responde al compromiso de la familia con la compañía y con su proyecto empresarial. Asumo esta responsabilidad con el objetivo de seguir consolidando la actividad del grupo, reforzar nuestras relaciones con todos los grupos de interés y garantizar el desarrollo de los proyectos en marcha”.

Para el grupo Forestalia, este nombramiento “supone un paso relevante en el fortalecimiento de su estructura organizativa, el afianzamiento de la autonomía en la gestión y la consolidación de su marco de relaciones institucionales y empresariales”, según ha subrayado en una nota de prensa. Bajo sus nuevas funciones, y en línea con el compromiso de “consolidar el papel de Forestalia en el sector de las energías renovables” a nivel nacional, Ricardo Samper liderará una nueva etapa centrada “en el fortalecimiento de la gobernanza, la solidez operativa y la sostenibilidad a largo plazo de la compañía”.

En este contexto, la compañía reforzará su área de compliance mediante la incorporación de dos despachos, Cuatrecasas y Hogan Lovells International, como asesores externos independientes, con el objetivo de seguir desarrollando, más si cabe, su marco de cumplimiento y alineándolo con los estándares internacionales de referencia.

“Esta iniciativa forma parte de la voluntad de integrar en el Grupo las mejores prácticas del sector, consolidando una cultura corporativa basada en la integridad, la responsabilidad y la transparencia. Asimismo, la compañía continuará colaborando con las autoridades competentes y desarrollando su actividad con normalidad en los distintos mercados en los que opera, mientras avanza en este proceso de revisión y fortalecimiento interno”, han añadido desde Forestalia.

La directora del Instituto para la Transición Justa (ITJ), Judit Carreras, se ha reunido este martes con el alcalde de Andorra (Teruel), el socialista Rafael Guía, y le ha trasladado que desde el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) trabajan para que Enel optimice el volumen de potencia renovable que puede instalarse en el Nudo Mudéjar, de acuerdo con las condiciones de la declaración de impacto ambiental del proyecto. Carreras ha descartado un nuevo concurso y ha manifestado que la energía sobrante, unos 800 megavatios, se adjudicarán a otras empresas para que “esa capacidad se quede en el territorio”.

Así se lo ha trasladado en una reunión mantenida para abordar la situación del concurso de transición justa, tras la propuesta provisional de Enel Green Power España de modificar su proyecto, ganador del concurso, e instalar 406,3 MW de potencia renovable, apenas una quinta parte de lo que pretendía.

Carreras ha informado a Guía sobre el detallado estudio que el ITJ está realizando sobre dicha propuesta, así como sobre su incidencia sobre los compromisos socioeconómicos vinculados al proyecto, de acuerdo con las reglas del concurso. También ha confirmado a Guía la voluntad del ITJ de que la capacidad de acceso a la red eléctrica del Nudo Mudéjar que finalmente no utilice el proyecto de Enel sea aprovechada por otros proyectos en beneficio del territorio, empleando mecanismos propios de transición justa, descartando la celebración de un nuevo concurso.

La directora del ITJ ha querido dejar claro que la capacidad sobrante “no se pierde”. “Es muy importante asegurar que esa capacidad se quede en el territorio con criterios de transición justa y por eso estamos trabajando en las opciones administrativas para que así sea”. Eso, ha explicado, “no significa un nuevo concurso”, y ha recordado que hubo “una lista de adjudicatarios muy larga”. “Estamos trabajando para ver cómo ofrecérsela a los siguientes adjudicatarios”, ha incidido.

520 millones en ayudas

Carreras ha recordado que el ITJ ya ha concedido 520 millones de euros en ayudas a 180 proyectos empresariales, municipales y de restauración ambiental, junto con ayudas sociales; y ha insistido en que el ITJ seguirá trabajando con el alcalde de Andorra y la zona afectada para seguir apoyando el territorio, incidiendo en que en el segundo semestre de este 2026 habrá una nueva convocatoria de ayudas.

Hay que recordar que el que prometía ser el mayor desarrollo de energía renovable proyectado en España se quedará reducido a casi una quinta parte. Endesa comunicó hace diez días que solo ejecutará instalaciones con una potencia conjunta de 406 megavatios en el Nudo Mudéjar de Andorra, en el punto de conexión a la red que quedó libre tras el cierre de la central térmica de carbón de Andorra hace casi seis años. La cifra supone apenas el 22% de los 1.844 MW que su filial renovable, Enel Green Power España, había planificado mediante la combinación de siete parques eólicos, otras tantas plantas fotovoltaicas y sistemas de baterías.

La compañía remitió el pasado 17 de marzo al Instituto para la Transición Justa, del Ministerio de Transición Ecológica, la nueva configuración, dentro del plazo fijado en las bases del concurso adjudicado en 2022. El plan contempla únicamente tres parques solares y uno eólico, frente a las catorce instalaciones del diseño original.

Los municipios afectados por el Nudo Mudéjar han cerrado filas con el Gobierno de Aragón para exigir una respuesta inmediata tras la reducción del proyecto energético de 1.844 a 406 MW. La decisión, conocida tras casi seis años desde el cierre de la térmica de Andorra, genera “incertidumbre” y obliga a buscar alternativas que garanticen inversión, empleo y futuro para la provincia de Teruel.

El origen del proyecto se remonta a 2021, cuando el Ministerio para la Transición Ecológica convocó el concurso del nudo de transición justa de Andorra (Nudo Mudéjar) para reindustrializar la zona tras el cierre de la central térmica, clausurada en 2020. La adjudicación, resuelta en 2022 a favor de Endesa —a través de Enel Green Power—, se plantó sobre una petición de más de 1.800 MW vinculados a una inversión millonaria, creación de empleo y proyectos asociados al territorio.

Sin embargo, el desarrollo del proyecto ha acumulado retrasos y no fue hasta febrero de 2026 cuando el Ministerio emitió la declaración de impacto ambiental (DIA), que recortó de forma significativa el alcance inicial por condicionantes ambientales. La situación del proyecto de Enel (Endesa) ha dado un vuelco drástico un mes después debido a limitaciones ambientales que han reducido la potencia solicitada, provocando que la inversión caiga de 1.600 a 350 millones de euros.

Este lunes, los alcaldes de diez municipios afectados por la resolución del Nudo Mudéjar han trasladado al Gobierno de Aragón su preocupación por el impacto del recorte del proyecto energético y han acordado mantener una posición común para exigir soluciones, tanto a la empresa adjudicataria como al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

En la reunión han participado Miguel Iranzo (Alcorisa, PP), Pedro Bello (La Puebla de Híjar, IU), Víctor Manuel de la Sierra (Lécera, PP), Rafael Guía (Andorra, PSOE), Alfonso Pérez (Samper de Calanda, PSOE), Celia Trullón (Albalate del Arzobispo, PSOE), Miguel Ángel Estevan (Alcañiz, PP), Jesús Antonio Puyol (Híjar, PP), Carlos Ros Monfort (Ariño, PSOE) y Luis Javier Gómez (Jatiel, PSOE), junto a la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero; la secretaria general técnica, Cristina Asensio; y la directora general de Energía y Minas, Yolanda Vallés.

Tras el encuentro, los ediles han coincidido en subrayar la necesidad de actuar con unidad y responsabilidad ante una decisión que, aunque tiene distinto grado de afección en cada municipio, impacta en todo el territorio.

El alcalde de Andorra, Rafael Guía —que ha actuado como portavoz de los regidores municipales—, ha adoptado una postura de máxima exigencia frente a los plazos, denunciando que el territorio lleva casi seis años en una “espera insoportable” desde el cierre de la central térmica. Para el edil, el tiempo de las promesas y las prórrogas ha terminado, y considera inaceptable que la burocracia o los cambios en el proyecto sigan dilatando la llegada de la reindustrialización. Guía sostiene que la comarca ha cumplido con su parte de responsabilidad y paciencia, por lo que ahora urge al Ministerio y a Enel a pasar de los anuncios a las realidades materiales sobre el terreno sin más demoras.

Respecto a las alternativas de Enel (Endesa), el alcalde rechaza tajantemente que el recorte en la potencia instalada de los parques renovables sirva como pretexto para reducir el plan de acompañamiento industrial. Su posición es firme: el compromiso de creación de empleo y las fábricas proyectadas deben mantenerse íntegros, ya que fueron la base por la que la empresa ganó el concurso del Nudo Mudéjar. Guía defiende que, si Endesa no puede ejecutar toda la potencia prevista por las restricciones ambientales, esa capacidad sobrante debe liberarse de inmediato para que otros proyectos y empresas puedan aprovecharla, garantizando así que no se pierda ni un solo puesto de trabajo de los prometidos originalmente.

Además, el mandatario andorrano ve en la resolución de las declaraciones de impacto ambiental un punto de inflexión que elimina cualquier “excusa” técnica que tuviera la compañía. Al ser ahora un proyecto con plenas garantías legales y ambientales, Guía exige que se inicien las obras de las alternativas industriales de forma inminente. Su mensaje es claro: la prioridad absoluta es blindar el desarrollo socioeconómico de los municipios afectados, asegurando que la transición energética sea justa y que la pérdida de megavatios de Enel se compense con una diversificación industrial que no dependa exclusivamente de las decisiones de una sola eléctrica.

Respecto al Miteco, el alcalde —que este martes tiene una entrevista en agenda—  mantiene una postura de exigencia directa, recordando que el Ministerio es el garante último de que la Transición Justa no sea un eslogan vacío. Guía considera que el “varapalo ambiental” emitido por el Ministerio no debe ser el final del camino, sino el inicio de una renegociación urgente. Su mensaje hacia Madrid es que, si el Gobierno ha limitado la potencia a Endesa por razones ecológicas, tiene ahora la responsabilidad política de buscar mecanismos legales para que esos megavatios sobrantes se queden en el territorio y no se pierdan en la red general.

El Gobierno de Aragón abandera

El diagnóstico es compartido con el Gobierno de Aragón porque no se trata solo de un problema local, sino de un golpe a un proyecto estratégico para toda la comunidad. “No estamos hablando solo de unos municipios, sino del conjunto de la provincia de Teruel y de Aragón”, ha señalado la vicepresidenta en funciones del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero.

El Nudo Mudéjar estaba llamado a ser el eje de la reindustrialización de una zona marcada durante décadas por la dependencia del carbón. La reducción de la capacidad prevista —de 1.200 a 400 megavatios— supone, según ha advertido la vicepresidenta, un freno a las expectativas generadas durante años: “Lo que se consigue es frustrar unas expectativas que tenían que servir para compensar el esfuerzo de tantas décadas del territorio”.

El Gobierno de Aragón ha defendido la necesidad de articular una respuesta conjunta y ha señalado directamente a dos interlocutores: el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) y Enel Green Power, adjudicataria del concurso.

Al Ministerio ya se le ha remitido un acuerdo del Consejo de Gobierno en el que se rechaza la nueva situación y se solicita que la capacidad de acceso a la red que no se utilice pueda destinarse a nuevos proyectos industriales o tecnológicos. “Es necesario que se ofrezcan alternativas”, ha insistido Vaquero.

El Ejecutivo autonómico solicitará una reunión con el Miteco —sin confirmar aún— y aspira a que en ella participen tanto el Gobierno como una representación de los alcaldes. “El Gobierno de Aragón defenderá los intereses de los municipios porque este es un proyecto estratégico para toda la comunidad”, ha afirmado.

En paralelo, se pedirá un encuentro con Enel para que explique las razones de la reducción del proyecto, que la empresa vincula a su viabilidad económica. “A Enel hay que exigirle que cumpla con las condiciones del concurso”, ha añadido.

El calendario sitúa en junio la resolución sobre la autorización administrativa previa, un plazo que el Ejecutivo considera clave para intentar influir en el desarrollo del proyecto. No obstante, ha advertido de que el retraso acumulado es ya irrecuperable: “El retraso de seis años es irrecuperable. Lo que no podemos permitir es seguir acumulando retrasos”.

Por ello, el Gobierno de Aragón reclama que el Ministerio esté trabajando ya en alternativas que permitan atraer nuevas inversiones a la zona. “Hay zonas que no pueden esperar para su reindustrialización”, ha subrayado Vaquero.

En cuanto a posibles compensaciones también desde el Ejecutivo autonómico, Vaquero ha señalado que, por el momento, la prioridad es garantizar alternativas reales. “Las compensaciones que pedimos son alternativas que garanticen inversión, empleo y desarrollo”, ha explicado, sin descartar futuras acciones: “Llegado el caso, se estudiará la necesidad de pedir responsabilidades”.

El Gobierno de Aragón ha reiterado además su apoyo “sin fisuras” a los municipios y su compromiso de acompañarlos en sus reivindicaciones. Sobre los plazos para un eventual plan alternativo, el Ejecutivo autonómico ha insistido en que “es el Ministerio quien tiene que dar los plazos y plantear las alternativas”.

Desbloquear la situación

Pese a la urgente necesidad de no dilatar más procesos en el teimpo, lo que a muchos no se les escapa es que el calendario de la transición justa para el Nudo Mudéjar no será tan rápido, si se tiene que rehacer, invalidando los hitos temporales pactados. Tras seis años de espera desde el cierre de la térmica, el recorte del 75% de la potencia de Endesa y la necesidad de tramitar nuevas Declaraciones de Impacto Ambiental para cualquier alternativa obligan a reiniciar el cronómetro administrativo. Esta situación sitúa al territorio en una nueva fase, ya que la fabricación de electrolizadores o plantas de reciclaje genera incertidumbre ante la caída de la potencia renovable que debía alimentarlos, así como por los contratiempos en proyectos de hidrógeno verde como Catalina.

Ante este escenario, la posible readjudicación de los 796 MW liberados por Endesa a nuevos actores industriales abre un proceso de licitación que puede añadir años de burocracia adicional. Mientras el alcalde de Andorra y los municipios afectados exigen concreción inmediata para frenar la sangría económica, la realidad técnica dirá si el plan de reindustrialización ha vuelto a la casilla de salida. Lo único seguro es que el vuelco de marzo de 2026 confirma que los plazos originales son ya físicamente imposibles de cumplir, forzando al Ministerio y a las empresas a diseñar un nuevo cronograma que encaje en las actuales exigencias ambientales.

Durante la segunda jornada del VI Foro Económico elDiario.es expertos y expertas del sector energético se han reunido en la mesa redonda ‘El despliegue renovable y el impulso de los gases verdes’, moderada por Raúl Rejón, jefe de la sección de Sociedad de elDiario.es.

El encuentro arrancó poniendo sobre la mesa la oportunidad histórica que suponen las energías renovables y los gases verdes para la humanidad y el clima y se abrió la puerta a debatir sobre los desafíos que es necesario enfrentar para que esta oportunidad.

En ese sentido, Miguel Rodrigo, Director general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), destacó la evolución vivida por las renovables en los últimos 20 años y cómo han pasado a suponer el 57% del mix energético del país y hacerse evidente que iban a ser las fuentes más competitivas en materia de generación eléctrica. “La oportunidad está clarísima y eso implica desafíos para adaptar el escenario energético, que es muy complejo. La mejor prueba de ello es que la CNMC está regulando los accesos flexibles, el Ministerio está regulando los accesos de centros de datos e hidrógeno, entre otras cosas para que se adapten a la realidad del sistema energético y liberen capacidad; y Red Eléctrica está regulando el agregador inteligente”. 

En la misma línea se pronunciaba Raquel Paule, Directora General de la Fundación Renovables, quien apuntaba que el principal desafío son las redes. “Ahora mismo, el cuello de botella se presenta sobre todo en los nudos. Según el último informe de la CNMC, el 84% de los nudos tenían un colapso, pero en permisos de acceso. Es decir, el colapso es administrativo, no es un colapso energético. Creo que es ahí donde hay que empezar a trabajar: lo primero en las conexiones flexibles, que eso es vital; y lo segundo es discernir cuántos de estos permisos de acceso llevan proyectos detrás y qué tipo de proyectos llevan para ver qué aportan al país y cuáles son puramente especulaciones”.

Óscar Barrero, Socio responsable de Energía en PwC España, puso el acento en la posición privilegiada que nuestro país tiene en la apuesta de Europa por una transición energética pensada no solo para cumplir con sus objetivos ambientales, sino también para asegurar su soberanía estratégica y su competitividad a largo plazo y señaló que el principal riesgo que se corre es el de no entender que esto es una transición en la que vamos a seguir conviviendo con la dependencia de recursos de terceros. “Tenemos que seguir asegurando una diversificación de fuentes, unas infraestructuras que nos permitan garantizar el suministro de lo que hoy es nuestras fuentes principales de suministro, a la vez que aceleramos en esa sustitución progresiva con fuentes renovables autónomas”.

En el caso de los gases verdes (principalmente hidrógeno y biometano), Adrien Souchet, Director de Biometano de Moeve, destacó el cambio de paradigma en las cadenas de suministro. Estas han pasado de priorizar la eficiencia en costes de la molécula a enfocarse en tener un sistema resiliente y autónomo en el aprovisionamiento. Tras destacar la posición ventajosa de España en la producción de estos gases verdes, sí que subrayó que “la resiliencia no puede ir en contra de la competitividad final. La energía es la base de la economía y necesitamos una energía barata para poder permitir a España seguir creciendo”. Además, subrayó que los nuevos vectores energéticos conllevan el desarrollo de nuevas cadenas de valor en la que cada eslabón (producción, transporte, almacenamiento y uso final de estos combustibles) tiene que funcionar de manera coordinada. 

Hacia la soberanía energética 

“Si nos vamos al mes de febrero, ya como punto mensual, el precio del pool en España fue de 16€ megavatio hora que es seis veces más barato que en Francia y que en Alemania y 10 veces más barato que en Europa”. Los datos los proporcionaba Miguel Rodrigo para ejemplificar cómo las renovables están funcionando ya como un escudo y poner en valor, frente a la vulnerabilidad de un modelo energético basado en el consumo de combustibles “el poder que podemos llegar a tener de desvincularnos en un grado bastante alto de estas fluctuaciones con un recurso nacional. Y yo creo que no nos lo acabamos de creer”. 

Óscar Barrero indicaba, por su parte, que “si nos fijamos en los acuerdos de compra de renovables, los PPAs, aproximadamente la mitad de los PPAs que se firman en Europa son en España, que tiene los mejores precios de PPAs en energía solar y uno de los mejores precios de PPAs de energía eólica en Europa”.  

En ese mismo abaratamiento quiso incidir Raquel Paule, pero para resaltar la importancia de avanzar en el despliegue de un almacenamiento que permita aplanar la curva de demanda y estabilizar el precio diario que tiene cada una de las horas de la energía. Además, destacó la necesidad de electrificar la demanda. “Hemos vivido un proceso de descarbonización en el lado de la oferta, pero el incremento de la demanda apenas se ha movido un 3-4%. Urge empezar a electrificar, sobre todo la movilidad, que tiene una dependencia energética cercana al 100%”.

En el camino hacia esa soberanía, los gases también jugarán un rol fundamental. “Se producen localmente, por lo cual al fin y al cabo lo que hacen es reducir nuestras importaciones de estas moléculas que normalmente importamos de otros países”, explicaba Adrian Souchet. ¿Datos? En el caso de, por ejemplo, el biometano, habló de “un potencial de 163 TWh y para poner esto en el contexto del consumo de gas natural de España, eso es más o menos el 40-50% del gas natural que a día de hoy se importa de otros países”.

Las declaraciones de seis testigos interrogados por la Guardia Civil en torno al caso Forestalia, incorporadas a la causa que investiga el Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel, trasladan negro sobre blanco la mecánica con la que los cargos del Ministerio de Transición Ecológica y del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) trabajaban para favorecer presuntamente la aprobación de proyectos de renovables vinculados a la empresa zaragozana. Estas personas mencionan llamativos cambios de criterio para avalar las iniciativas más polémicas, como las del Clúster del Maestrazgo, pero también cómo los investigados alargaban los plazos entre los trámites para dar tiempo a que los promotores privados vendieran los proyectos “a terceros”.

En el centro del tablero, dos nombres ya conocidos, uno en Madrid y otro en Zaragoza: Eugenio Domínguez, subdirector de Gestión Ambiental en el Ministerio, y Jesús Lobera, director del Inaga entre 2016 y 2023. En los márgenes, otros actores como Santiago Martínez Patón, secretario personal de Domínguez encargado de elaborar informes a través de Tragsatec –empresa pública a la que le transmitían proyectos con evaluación desfavorable para cambiar el sentido de la resolución–, o Andrés Medina, a quien Lobera nombró nuevo secretario general del Inaga para propiciar presuntamente el visado de las iniciativas de Forestalia. Ninguno de los dos últimos está formalmente investigado en la supuesta trama.

La forma de actuar por una y otra parte guarda patrones similares, siempre a tenor por lo que se desprende de los testimonios. Los técnicos que elaboraban informes desfavorables a los proyectos de renovables recibían presiones para cambiar su criterio o directamente eran relevados. Estos visados eran posteriormente avalados en ocasiones por personal sin la preparación necesaria, o bien tramitados por terceras empresas –públicas o privadas– para modificar el resultado de la correspondiente evaluación ambiental y que la tramitación de los proyectos continuaran.

Las declaraciones recogen además una conexión entre la parte de la trama aragonesa (Inaga) y la madrileña (Miteco). Una de las testigos interrogadas por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil, técnico del Miteco, da cuenta de su conversación con una de las empleadas del Inaga que también figuran como testigos. Fue a cuenta de un proyecto de Forestalia informado negativamente por el Inaga: tras cuestionar Eugenio Domínguez el porqué de este rechazo, hubo una nueva solicitud desde el Ministerio al Gobierno de Aragón y el nuevo informe era ya favorable. Al cotejar las dos empleadas los documentos, comprobaron que era un “corta y pega” pero “omitiendo completamente las conclusiones negativas” iniciales. Entre mayo y octubre de 2022, según trasladó una testigo a la otra en la misma conversación, el Inaga había sacado adelante “90 trámites de audiencia” que suscribió no un técnico, sino un jurídico (Andrés Medina).

En este punto, la trabajadora de Transición Ecológica aporta otra clave sobre la mecánica de la trama: dejaban pasar “mucho tiempo entre el trámite de audiencia y la resolución”, según lo que traslada a la Guardia Civil, para que así las empresas pudieran “negociar y vender los proyectos a terceros”.

En este contexto, un empleado que ocupó el cargo de técnico del Miteco durante seis años da cuenta, respecto del Clúster del Maestrazgo, de una “propuesta de reunión proveniente de la Embajada de Dinamarca”, interesada “en dicho proyecto”. Hay que recordar que el Clúster fue vendido por Forestalia al fondo danés Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) .

El “descaro” de la relación entre Lobera y Forestalia

Sobre Lobera, los empleados del Inaga inciden en la “relación estrecha” que mantenía con el fundador y presidente de Forestalia, Fernando Samper, y con Carlos Ontañón, directivo de esta empresa y exdirector del Inaga en el Gobierno de Marcelino Iglesias (PSOE-PAR). Hasta el punto, relata uno de ellos, de que “se reunía semanalmente para comer”, algo que habría confirmado incluso el conductor de Lobera. La otra testigo del Inaga asegura por su parte que era “tal el descaro” que recibió una llamada de su entonces director en el que este le comentó abiertamente que estaba comiendo “con los de Forestalia” y le cuestionó por un proyecto concreto.

Otro ejemplo fue una reunión en el despacho de Lobera en la que Ontañón y Luis Marruedo, exalto cargo del PAR en el Gobierno de Aragón y ahora también directivo en Forestalia, en el que ambos presentaron el Clúster del Maestrazgo. Ambos aspiraban a que la iniciativa se tramitara en 22 parques de 50 MW, lo que para el empleado del Inaga constituía “un fraccionamiento evidente”.

Por otro lado, la trabajadora del Inaga interrogada por la Guardia Civil también apuntan a un presunto enriquecimiento por parte de Lobera y el secretario general que designó, Andrés Medina. Del primero, relata que “cambiaba varias veces de coche particular”, vehículos de “alto nivel” como un Audio Q5, y ello pese a tener asignado coche del Gobierno de Aragón y conductor. De Medina, da a conocer que “adquirió un piso en la torre situada al lado de la estación del AVE de Zaragoza”, la intermodal, una “vivienda muy cara de alto standing”.

Los dos empleados del Inaga que han prestado testimonio a los agentes de la UCOMA terminaron apartados de la tramitación de proyectos de renovables en este organismo y trasladados a otras funciones.

El Parque Municipal de Jardinería ha puesto en marcha una nueva instalación renovable y gasinera para la carga de vehículos eléctricos e híbridos. Se trata de una instalación fotovoltaica de autoconsumo con almacenamiento energético ubicada en la zona de Monte del Cristo, en las instalaciones municipales de jardinería, y una gasinera, que ya está en funcionamiento. Surtirán el 60% de la energía necesaria para la flota de vehículos que se emplea para el mantenimiento de las zonas verdes de la ciudad.

Tal y como ha explicado López, “el proyecto contempla una potencia renovable solar instalada de 128,52 kWp, combinada con un sistema de baterías de almacenamiento de 105,21 kWh, lo que permitirá generar aproximadamente 158,41 MWh anuales de energía renovable. De esta producción, cerca del 74% será autoconsumida directamente, cubriendo en torno al 58,6% del consumo eléctrico anual del suministro”. Esto supone, en palabras del edil, “un ejemplo más de la apuesta del consistorio por una ciudad más verde, más eficiente y sostenible”. 

La instalación fotovoltaica, que se realizará de forma inminente, está compuesta por 252 módulos fotovoltaicos de alta eficiencia y un inversor híbrido trifásico de 100 kW, integrados sobre una cubierta coplanar optimizada para maximizar el rendimiento energético. El sistema de almacenamiento permite gestionar de forma más eficiente la energía generada, incrementando el nivel de autoconsumo y reduciendo la dependencia de la red eléctrica en los periodos de menor producción solar.

Además, la solución ha sido diseñada teniendo en cuenta las condiciones específicas del emplazamiento, incluyendo orientación, inclinación y superficie disponible, garantizando un equilibrio óptimo entre producción, consumo y almacenamiento. El concejal de Medio Ambiente ha destacado que “gracias a la implementación de este sistema, se estima un ahorro económico anual desde el primer año, con una mejora progresiva a lo largo de la vida útil de la instalación”.

Según los expertos, a largo plazo, el proyecto permitirá alcanzar un ahorro acumulado significativo en torno a los 400.000€ en 25 años, derivado tanto de la reducción del consumo de energía de red como de la estabilidad del modelo energético implantado. Adicionalmente, la instalación contribuirá “no sólo a reducir la exposición a la volatilidad del mercado eléctrico, sino también a mejorar la eficiencia energética del suministro, así como a optimizar la gestión del consumo mediante generación distribuida y almacenamiento”.

Desde el punto de vista ambiental, la instalación permitirá evitar la emisión de aproximadamente 47,8 toneladas de CO₂ al año, equivalente al impacto positivo de miles de árboles en términos de absorción de carbono. Este proyecto se enmarca en las políticas municipales orientadas a la circularidad, descarbonización, la mejora de la eficiencia energética y el impulso de las energías renovables en el ámbito local.

El Gobierno de Aragón en funciones ha reivindicado la mejora del funcionamiento del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) en los últimos dos años, poniendo el acento en la reducción del atasco de expedientes y en la modernización del organismo. En este contexto en el que el organismo está en entredicho por la tramitación de expedientes de renovables de la empresa Forestalia, el consejero de medioambiente, Manuel Blasco, ha justificado que el uso de consultoras externas en etapas anteriores podría responder a la necesidad de cumplir plazos y evitar la caducidad de proyectos, especialmente en renovables. Igualmente, ha marcado un perfil de prudencia al no solicitar la paralización de los expedientes vinculados a Forestalia, remitiéndose a la investigación judicial abierta desde hace cuatro años.

El Ejecutivo ha ofrecido hoy datos sobre la evolución del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), con los que Blasco ha asegurado que “el plan de agilización puesto en marcha en 2024 está dando resultados visibles en la tramitación de expedientes”, especialmente en el ámbito de las energías renovables.

El consejero de Medio Ambiente en funciones, Manuel Blasco —quien no continuará en el próximo Ejecutivo por decisión propia—, ha defendido la gestión actual del organismo, subrayando una reducción significativa del atasco administrativo sin rebajar los controles ambientales. Según los datos facilitados, el Inaga ha pasado de 7.500 expedientes activos a 4.400, lo que supone una reducción del 41%. En cuanto a los expedientes fuera de plazo, estos han descendido de 4.875 a 2.750, un 44% menos. El propio Blasco ha reconocido que, “aunque la evolución es positiva, aún se necesita más tiempo para normalizar completamente la situación”.

El actual periodo de reorganización del instituto comenzó en agosto de 2023, con la incorporación de su director en noviembre de ese mismo año, mientras que el plan de agilización se presentó en junio de 2024. Desde entonces, el Gobierno autonómico saca pecho tanto en la reducción del atasco como de la modernización interna del organismo.

Digitalización y refuerzo de plantilla

Uno de los principales cambios ha sido la digitalización de los procedimientos. El Inaga ha pasado de no contar con expedientes electrónicos a tramitar el 80% en formato digital, con más de 9.500 expedientes al año. Además, se ha implantado la autoliquidación de tasas y se han incorporado herramientas de inteligencia artificial para la comprobación de documentación.

A ello se suma el refuerzo de la plantilla, que ha pasado de 72 a 86 trabajadores, con la creación de 14 nuevas plazas, el mayor incremento en la historia del organismo. También se ha potenciado el papel de medios propios del Gobierno de Aragón, como Sarga o la Aragonesa de Servicios Telemáticos, para apoyar la tramitación y el desarrollo informático, de la misma manera que también se hacía con el gobierno anterior.

Consultoras externas

En paralelo, el Ejecutivo ha destacado la práctica eliminación del recurso a consultoras externas. Según ha señalado Blasco, su uso se ha reducido, “nada más y nada menos” que en un 99,5%, hasta el punto de que en la actual etapa no se ha encargado ningún expediente de impacto ambiental vinculado a renovables a empresas externas, frente a los 342 tramitados por esta vía en 2021 y 2022.

El consejero, sin embargo, ha enmarcado aquella práctica en un contexto diferente, marcado por la acumulación de expedientes y los plazos de caducidad de los proyectos. “Yo creo que el problema que hubo hace años es que el gobierno central da a las compañías eléctricas unos plazos y una potencia a desarrollar y, por tanto, había que dar celeridad a la resolución de expedientes para que no caducaran por falta de tramitación, lo que quizá llevó a la contratación masiva de consultoras externas”, ha explicado Blasco. Al mismo tiempo, ha recordado que en la comisión de investigación que se desarrolló en el parlamento aragonés no se detectaron irregularidades, en parte por las limitaciones de control frente a las capacidades de investigación judicial, ya que “no es lo mismo investigar en una comisión que estar delante del juez”.

En relación con las investigaciones abiertas sobre expedientes vinculados a Forestalia, Blasco ha reiterado que el Gobierno opta por la prudencia y no solicitará su paralización. “Esperamos el pronunciamiento de los jueces, que es lo más prudente y efectivo”, ha afirmado, recordando que la causa lleva cuatro años en instrucción.

Asimismo, ha insistido en la voluntad de transparencia del Ejecutivo, asegurando que todos los expedientes serán remitidos a las Cortes de Aragón, tal y como ha solicitado el PSOE. El Gobierno, además, se ha personado como perjudicado en el proceso judicial para tener acceso a la información y poder ejercer, en su caso, la acusación particular.

Durante esta etapa también se han regularizado aspectos administrativos pendientes, tal como detectó en su informe la Cámara de Cuentas de Aragón. En junio de 2024, el consejo del Inaga aprobó las memorias y cuentas de los ejercicios 2021, 2022 y 2023, que no se habían presentado en tiempo y forma. Según el Ejecutivo, esta puesta al día se realizó en un plazo reducido.

Por último, el Gobierno ha subrayado el incremento de la inversión, con cuatro millones de euros adicionales, y ha defendido el actual modelo del Inaga frente a propuestas de transformación en dirección general. Blasco ha recalcado que el organismo cuenta con personal funcionario que accede por oposición y cuya labor está orientada a la defensa del interés público.

Con todo, el Ejecutivo insiste en trasladar una idea de normalización tras años de acumulación de expedientes y tensión administrativa. El Gobierno en funciones sostiene que el Inaga ha entrado en una fase de mayor capacidad de gestión, apoyada en la digitalización, el refuerzo de personal y el uso de medios propios, y que los resultados empiezan a ser visibles en los plazos de tramitación.

Aun así, reconoce que el proceso no está completamente culminado y que será necesario mantener el esfuerzo en los próximos años para consolidar la reducción del atasco. Mientras tanto, el Ejecutivo opta por combinar la defensa de su gestión con un mensaje de prudencia en los asuntos judicializados, a la espera de que sean los tribunales quienes determinen posibles responsabilidades.

Mientras la batalla policial y judicial en torno a Forestalia acapara titulares, en paralelo se consolidan victorias silenciosas del mundo rural. Una de las más significativas se ha producido en Ejea de los Caballeros, cuyo pulso con el gigante energético ha terminado marcando un precedente para todo Aragón. El municipio cincovillés ha logrado algo poco habitual: sentar jurisprudencia en defensa de la autonomía local frente a grandes proyectos empresariales, en un contexto de creciente tensión entre desarrollo energético y territorio.

La polémica comenzó en febrero de 2022, cuando el Ayuntamiento suspendió el otorgamiento de licencias para proyectos fotovoltaicos y eólicos con el objetivo de tramitar una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que ordenara el territorio, protegiera el uso agrícola y preservara el paisaje y la biodiversidad, en línea con la Ley 6/2023 de protección y modernización de la agricultura social y familiar y del patrimonio agrario de Aragón. El Ayuntamiento tomó la iniciativa para garantizar la seguridad jurídica y defender los intereses del municipio y la medida bloqueó inicialmente toda la tramitación de proyectos de Forestalia, que pretendía instalar casi 300 aerogeneradores de más de 200 metros de altura, acompañados de líneas de muy alta tensión y otras infraestructuras asociadas.

La modificación del PGOU siguió un proceso complejo durante varios años, desde la aprobación inicial en febrero de 2023, con participación de todos los grupos políticos hasta que en marzo de 2024, el Consejo Provincial de Urbanismo aprobó la modificación de manera definitiva.

La alcaldesa de Ejea de los Caballeros, la socialista Teresa Ladrero, ha valorado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón como una “victoria legal y moral” que refuerza la autonomía local para ordenar su territorio. Ladrero explica además que la defensa de la autonomía municipal no supone oponerse a las energías renovables, sino ordenarlas sin imposiciones externas.

En el Ayuntamiento de Ejea hubo posturas contrapuestas. El equipo de gobierno socialista, en coalición con IU, recuerda “las numerosas presiones” de la oposición, que pedía negociar con Forestalia “para ponerles alfombra roja”. Pero atendiendo al proceso de modernización agraria que sigue Ejea, se pudo suspender el Plan General y desarrollar los estudios correspondientes para aprobarlo defiitivamente en 2023 y ubicar los aerogeneradores en cerca de 6.000 hectáreas de secano. Se logra así compatibilizar todos los usos y proteger la economía y los recursos estratégicos del municipio.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), del 5 de febrero de 2026, cambia las reglas del juego a favor de los municipios. El tribunal dictaminó que el urbanismo es una competencia local plena y si un ayuntamiento decide que su modelo de desarrollo es agrícola o paisajístico, tiene derecho a prohibir molinos en esas zonas específicas. El TSJA permite a Ejea ordenar su territorio y el fallo establece que los proyectos industriales, por muy “necesarios” que sean, deben adaptarse al planeamiento del municipio y no al revés. La resolución de febrero de 2026 condena en costas a Forestalia y frena el “interés general” como excusa, por lo que el Ayuntamiento tiene la palabra sobre dónde se pone cada molino o placa.

También en el Pirineo se ha dado la razón a los ayuntamientos de Sabiñánigo y Jaca para modificar sus PGOU. La sentencia 389/2024 del TSJA desestimó íntegramente el recurso de la empresa Enerland Generación Solar 7, que pretendía construir seis parques fotovoltaicos de 100 hectáreas en los núcleos de Borrés y Pardinilla.

Otros municipios de las Cinco Villas y la Ribera Alta siguen el mismo camino para frenar la imposición de macroproyectos similares.

Luceni y Pedrola: La rebelión de la huerta

A decenas de kilómetros de Ejea, en la Ribera Alta del Ebro, los municipios de Luceni y Pedrola tambié siguen librando una batalla de cinco años para evitar que su pequeña, pero rica huerta, se conviertan en un mar de acero y fibra de vidrio.

Inicialmente, Luceni ofreció otros terrenos a Forestalia en la parte del monte, una zona de poco interés ambiental, entre la autovía y la autopista. También el Ayuntamiento de Pedrola se opuso a la implantación de su parque de 4 molinos junto a la huerta porque en esta zona ya hay muchas plantas de renovables. Sin embargo, el interés de la empresa era la ubicación junto al canal que seguía la línea de evacuación hacia el norte.

Siete aerogeneradores de 42 MW en dos parques iban a instalarse en el término municipal de Luceni (6 MW por molino, produciendo lo mismo que 12 molinos antiguos de los años 90), afectando también a las lindes de Boquiñeni y Tauste. El impacto visual es evidente, pues son máquinas con una altura de buje de unos 120 metros y palas de 80 metros, lo que suma una altura total de 200 metros, equivalente a un rascacielos de 60 plantas.

Otros dos parques tienen previsto, según la última Declaración de Impacto Ambiental (DIA), 8 molinos, principalmente en Pedrola y Figueruelas (muy cerca de la planta de Stellantis), con una potencia de 48 MW.

La plataforma vecinal “El Juncar es Vida” dio la voz de alarma ante molinos de casi 200 metros de altura, proyectados sobre suelos de huerta tradicional y zonas de alta sensibilidad geológica por riesgo de hundimientos (karstificación). La sospecha de los vecinos era que los proyectos estaban “fragmentados” para evitar el control del Ministerio y ser aprobados por el órgano autonómico (INAGA).

El primer triunfo de los municipios llegó con la publicación en el BOE el 16 de octubre de 2024. El Ministerio de Transición Ecológica declaró la caducidad de los permisos de acceso de Secretariat y otros parques vinculados a la línea de evacuación de Muy Alta Tensión (MAT) que debía llevar esa energía hasta Álava pero que topó con el rechazo frontal del Gobierno de Navarra y la Diputación de Álava. Sin “enchufe” donde llevar la energía, el proyecto de Luceni y Pedrola decayó administrativamente.

El giro estratégico y el “Proyecto Toro”

Lejos de rendirse, Forestalia reorientó su estrategia. Con la caída de la ruta hacia Navarra, la empresa vinculó sus recursos eólicos al “Proyecto Toro”, un plan de Interés General de Aragón (PIGA) diseñado para alimentar la futura gigafactoría de baterías de Stellantis en Pedrola/Figueruelas.

Bajo este nuevo paraguas industrial, la empresa intentó reactivar la implantación de aerogeneradores en la zona, alegando que la energía ahora era para el “consumo local” de la industria automotriz.

De esta forma, Securita y Secretariat, los nombres originales de la fase de “exportación a Navarra”, se han reconfigurado técnicamente bajo los nombres de Silvano y Sición. En la práctica, son los mismos emplazamientos: 7 molinos en la zona de Luceni y 8 en la zona de Pedrola/Figueruelas.

El blindaje legal de los ayuntamientos

Al igual que Ejea, Pedrola y Luceni pasaron al ataque legal modificando sus Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU).

El Ayuntamiento de Pedrola ha sido muy activo en el uso de sus competencias urbanísticas. La Modificación Aislada Nº 5 del PGOU de Pedrola (Zona Huerta) se publicó en el BOPZ el 26 de agosto de 2025, a través del artículo 125 que prohibe taxativamente parques eólicos y fotovoltaicos en Suelo No Urbanizable Especial. Aunque la Comisión de Urbanismo de Aragón (CUA) validó inicialmente esta redacción para proteger el “ecosistema agrario de huerta”, el proceso administrativo aún no ha concluido, ya que la Comisión tiene pendiente resolver formalmente las alegaciones de Forestalia, que impugna la norma y que determinará si el interés municipal de Pedrola prevalece sobre el “Interés General” invocado por el Proyecto Toro de Stellantis.

Por su parte, la Modificación nº 4 del PGOU de Luceni fue una maniobra de jurídica que comenzó con la aprobación municipal de nuevas normas para proteger la huerta y culminó con la resolución del INAGA del 18 de abril de 2024 (publicada en el BOA el 7 de junio), la cual validó por la vía rápida que este cambio urbanístico no requería un largo estudio ambiental ordinario. Al obtener este visto bueno técnico de la administración autonómica, el Ayuntamiento adquirió la potestad legal para suspender de inmediato la concesión de licencias de obras, dejando los proyectos de Forestalia en un “limbo” administrativo que impidió su construcción y provocó que sus permisos estatales caducaran por falta de avance.

La sentencia del TSJA del 5 de febrero de 2026 que da la razón a Ejea es un blindaje también para Luceni y Pedrola, pues el precedente judicial afecta a las alegaciones de Forestalia, que argumentaba que los ayuntamientos no podían prohibir sus parques, porque blindan legalmente la protección de la huerta.

Alfanar Energía, empresa promotora de la planta fotovoltaica ‘Haza del Sol’, ha dado un plazo de quince días a un grupo de propietarios de Fuentelencina, un pequeño pueblo de Guadalajara, que no quiere arrendarles sus terrenos para este proyecto.

Les ha remitido una carta, a la que ha tenido acceso este medio, en la que afirma que en el caso de no recibir respuesta en dicho plazo para un “acuerdo amistoso”, considerará que no desean alcanzar un acuerdo y procederá a incluir los terrenos “dentro de la solicitud de Declaración, en concreto, de Utilidad Pública”, paso previo a una posible expropiación.

Ecologistas en Acción, que denuncia estos hechos, detalla que el proyecto de parque solar ‘Haza del Sol’ tiene una extensión de 275 hectáreas, pero hay 94 hectáreas que no han sido cedidas por los vecinos.

Su tramitación comenzó en 2021, pero los titulares de los terrenos se quejan de que no fueron informados adecuadamente, según apuntan los ecologistas. Afirman que el ultimátum les deja “indefensos bajo una gran presión y que se limita su capacidad de negociación”.

Este colectivo dice tener “dudas” sobre la viabilidad real de la planta fotovoltaica, puesto que, según señala, está “pendiente un conflicto” entre Alfanar y Red Eléctrica sobre los plazos para habilitar las infraestructuras necesarias para la evacuación de la electricidad generada.

Tierras cultivadas por agricultores locales

La línea prevista tiene una longitud de 48 kilómetros y conectaría Fuentelencina con la subestación de Alcalá de Henares, atravesando regadíos, monte bajo y áreas arboladas.

Buena parte de las 94 hectáreas que no han sido arrendadas están siendo cultivadas por agricultores locales, por lo que su cesión implica “pérdida de actividad agraria y de puestos de trabajo en un contexto en el que se pretende frenar el éxodo rural”.

Subrayan los ecologistas que estos vecinos no se oponen al desarrollo de energías renovables, pero que el proceso tiene que desarrollarse “con transparencia, garantías y equilibrio con la protección del medio”. Solicitan asimismo la intervención de las administraciones competentes para revisar el procedimiento y “garantizar la salvaguarda de los derechos de los propietarios, el empleo agrario y el futuro del municipio”. No descartan emprender acciones legales.

Este medio se ha puesto en contacto por escrito con la empresa promotora del proyecto para recoger su valoración, sin que por el momento haya habido respuesta.

Fuentelencina forma parte de un área de Guadalajara en el que, junto con la Comunidad de Madrid y la provincia de Toledo, están proliferando las plantas fotovoltaicas. Desde hace dos años varias entidades de la zona se han movilizado para mostrar su oposición bajo los lemas ‘No queremos campos de cristal’ y ‘Fotovoltaicas así no’.

Grupo Aresol, tras una etapa de crecimiento y consolidación en España, inicia un nuevo período marcado por la expansión internacional y la diversificación de su actividad dentro del ámbito de las energías renovables y las tecnologías sostenibles. La compañía afronta este nuevo ciclo con el objetivo de consolidar su modelo empresarial y ampliar su presencia en mercados estratégicos vinculados a la transición energética.

El primer paso de esta estrategia es el desembarco en Italia con la creación de Aresol Italia, una iniciativa con la que el grupo busca impulsar su presencia en mercados internacionales replicando el modelo de negocio que ha consolidado a la compañía en el sector energético. El mercado italiano se presenta como una oportunidad para trasladar esta experiencia a un contexto europeo en pleno proceso de transformación energética.

En esta nueva etapa de desarrollo empresarial, Javier Roncal, hasta ahora director financiero, ha asumido recientemente la dirección general del grupo. Este cambio se enmarca en un momento de impulso estratégico para la empresa, que afronta una fase de expansión y diversificación de su actividad.

La internacionalización se acompaña además de una estrategia de diversificación que pretende ampliar el papel del grupo dentro del ecosistema energético. Aresol trabaja en el desarrollo de soluciones vinculadas a la economía circular y a nuevas tecnologías sostenibles que complementen su actividad en el ámbito de las energías renovables.

En esta línea se enmarca el acuerdo alcanzado con Ecolomondo Corporation para el desarrollo de plantas de pirólisis de neumáticos, una tecnología orientada a la valorización de residuos y a la recuperación de materiales reutilizables. Este proyecto refuerza la apuesta del grupo por modelos productivos más sostenibles y por soluciones que permitan avanzar hacia una gestión más eficiente de los recursos.

Otro de los movimientos estratégicos recientes ha sido la adquisición de Ingeniería Agrest SRL, una firma de ingeniería industrial y energética con sede en Buenos Aires y más de 50 años de experiencia en el desarrollo de soluciones energéticas en el ámbito de la termodinámica para plantas industriales. La compañía cuenta con una amplia trayectoria en el desarrollo y construcción de proyectos a medida para la valorización de residuos a ambos lados del Atlántico, lo que permitirá a Aresol reforzar sus capacidades técnicas y ampliar su alcance en el ámbito industrial.

En paralelo a esta estrategia de internacionalización y diversificación tecnológica, el grupo sigue avanzando en el desarrollo y construcción de nuevos parques solares, e instalaciones de autoconsumo industrial en España. A su vez, en los próximos meses está previsto que Aresol Renovables ponga en funcionamiento los parques fotovoltaicos en La Rioja Alta, una iniciativa que supondrá una inversión aproximada de 320 millones de euros. Estas instalaciones generarán alrededor de un tercio de la energía que se consume en La Rioja y permitirán evitar la emisión de unas 220.000 toneladas de CO2 al año, una reducción equivalente al efecto medioambiental que supondría la plantación de siete millones de árboles.

Con estos movimientos, Grupo Aresol busca reforzar su posicionamiento en el sector energético, ampliar su presencia internacional y consolidar un modelo empresarial orientado a la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo de nuevas soluciones vinculadas a la transición energética.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha asegurado este miércoles que el Departameto ya está analizando la documentación solicitada sobre Forestalia para ser enviada a la Justicia.

Aagesen ha realizado este anuncio al ser interpelada en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados por el diputado del PP Jaime de Olano sobre el caso de corrupción medioambiental que afecta a su Ministerio y a la empresa de renovables Forestalia.

En su respuesta, la ministra ha defendido que el Gobierno de España aplica la máxima de “tolerancia cero contra la corrupción, colaboración total con la Justicia y máxima transparencia”. “Además, también quiero que usted sepa que los expedientes sujetos a esta investigación se encuentran recurridos y actualmente suspendidos por vía administrativa”, ha añadido al respecto.

Aagesen ha roto asimismo una lanza en favor del trabajo de su Ministerio y ha asegurado que “se hacen y han hecho bien las cosas”, ya que desde el primer momento se ha trabajado para “desbloquear una transición energética que venía totalmente parada”.

“Durante el año 2012 hasta el año 2018 en Europa crecieron las energías renovables un 86%, en España prácticamente nada. Ha llegado este gobierno y ha crecido un 150%, creando competitividad, creando un sistema energético más resiliente y oportunidades”, ha recriminado al diputado popular.

Asimismo, ha subrayado que, en un contexto “tan complicado” como el actual“, la política del gobierno, alejándose de los combustibles fósiles, ha demostrado ser la acertada, ya que permite al país ser ”más resiliente“ y, además, le sitúa en ”una posición muy favorable respecto sus colegas europeos“.

“Desde luego le puedo asegurar que este gobierno y este ministerio actúa con rigor, con responsabilidad y también espero que ustedes hagan lo mismo, y espero que lo hagan cuando presentemos ese plan de respuesta integral contra la guerra”, aseveró.

El PP acusa al Miteco de “operar como una organización criminal”

Por su parte, el diputado del PP Jaime de Olano acusó al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de “operar una organización criminal, sin que hiciera nada ante las advertencias de los funcionarios”.

“Señora Aagesen, dice que han hecho bien las cosas. Cualquiera diría que no ha habido un apagón en España y que nos han dejado a cero como Cuba, por su incompetencia”, afirmó.

De Olano consideró que “cuando hay confesiones de los delincuentes, expedientes manipulados y mordidas multimillonarias, el silencio no es prudencia”. “Esto que hacen ustedes no es transición. Es pura corrupción con etiqueta verde”, dijo.

Señor 'E'

Desde la Plataforma Paisajes de Teruel, por su parte, cargan contra “la corrupción en el modelo español de energías renovables que ha comenzado a supurar por la grieta de Forestalia y del 'Señor E', Eugenio Domínguez (exsubdirector de evaluación ambiental del Miteco)”.

Interpretan que el caso del llamado 'Señor E' no debe entenderse como un episodio aislado, sino como un indicio de un problema más amplio vinculado al desarrollo del modelo de energías renovables en España. Según exponen, centrar la atención en una sola figura podría conducir a un cierre en falso que deje sin esclarecer posibles responsabilidades estructurales.

La plataforma plantea que, en un contexto de fuerte impulso político a las renovables, se habrían producido decisiones administrativas —especialmente en materia de evaluación ambiental— que hoy resultan cuestionadas. Estas prácticas, sostienen, no se limitarían a un único proyecto o empresa, sino que afectarían a distintos territorios y actores.

Asimismo, se señala que las reacciones institucionales, tanto a nivel estatal como autonómico, generan dudas sobre su alcance real, al percibirse más orientadas a contener el impacto del escándalo que a una revisión profunda de lo ocurrido. En paralelo, se subraya el impacto que estos proyectos han tenido en zonas rurales, donde se habrían concentrado buena parte de las actuaciones.

En conjunto, desde la plataforma se sugiere que lo que está saliendo a la luz podría formar parte de una dinámica más extendida, y se advierte del riesgo de que, sin una investigación exhaustiva, se repitan patrones ya vistos en otros episodios de corrupción en España.

Aragón produce más del doble de la electricidad que consume, pero esa ventaja energética no garantiza por sí sola la llegada de nuevas inversiones industriales o tecnológicas. El principal problema, según advierte un informe presentado este martes por la Fundación Basilio Paraíso –impulsada por la Cámara de Comercio de Zaragoza–, es que la red eléctrica no siempre tiene capacidad para llevar esa energía hasta los lugares donde quieren instalarse los proyectos.

El estudio, titulado 'El punto de inflexión energético para Aragón' y elaborado por la consultora PwC, analiza la situación energética de la comunidad y los retos que afronta para atraer nuevas inversiones. “Con este estudio pretendemos contestar a tres cuestiones; producimos el doble, pero cómo se puede beneficiar la comunidad autónoma; cómo podemos favorecer a nuestras PYMES, y cómo se crea este ecosistema para que seamos más competitivos”, ha explicado el secretario de la entidad, José Miguel Sánchez.

Mucha producción y poco consumo

Los datos reflejan el peso energético de Aragón. En 2025 la comunidad produjo 22.365 gigavatios hora (GWh) de electricidad, mientras que su consumo interno fue de 10.659 GWh. Es decir, genera más del doble de la energía que utiliza y exporta alrededor de 11.700 GWh al año a otros territorios.

Este superávit se explica por un parque energético amplio y mayoritariamente renovable. Aragón cuenta con 13.793 megavatios de potencia instalada y el 82,5 % corresponde a energías renovables, sobre todo eólica y fotovoltaica. Sin embargo, el reto ya no es producir más energía, “sino poder entregarla allí donde se sitúan las nuevas inversiones industriales y energéticas”, recoge el estudio.

El socio de PwC y autor del informe, Óscar Barrero, ha insistido en esa idea durante la presentación: “La energía es una ventaja competitiva para Aragón, pero la energía sola no vale, necesitamos infraestructura para conectarla con la demanda. Sino somos capaces de hacer las cosas de forma eficaz, la oportunidad no será tan grande o se marchará”.

Una red con capacidad limitada y los centros de datos

El informe identifica limitaciones en la infraestructura de transporte como un condicionante principal. Según los mapas del operador del sistema, existen 54 nudos sin capacidad disponible para nuevas conexiones de demanda. El estudio detecta además una “brecha relevante” entre la potencia autorizada y la que está en servicio : de los 30 nudos con capacidad otorgada, solo 10 tienen demanda en operación. Esto implica que solo el 12,7% de la capacidad concedida está actualmente en funcionamiento. Según el documento, esta falta de materialización de los proyectos puede generar “bloqueos en el acceso y conexión” para nuevas inversiones industriales.

El informe también apunta al aumento de la demanda eléctrica ligado a la electrificación de la industria y al crecimiento de la economía digital, especialmente los centros de datos. Actualmente Aragón cuenta con 108 megavatios de potencia IT instalada en este tipo de instalaciones, lo que equivale aproximadamente a 162 megavatios de potencia eléctrica real. Estas infraestructuras ya representan cerca del 14 % del consumo eléctrico final de la comunidad.

Las previsiones del Plan Energético de Aragón 2024-2030 apuntan a un crecimiento aún mayor, con hasta 3,7 gigavatios asociados a centros de datos y otros 1,7 gigavatios vinculados a grandes consumidores electrointensivos.

Para las empresas que quieren instalarse, uno de los factores decisivos es el llamado “time-to-power”, es decir, el tiempo que pasa desde que se obtiene el permiso de acceso a la red hasta que el suministro eléctrico está disponible. “Cuanto menor sea ese plazo, mayor será la capacidad de un territorio para atraer proyectos industriales y tecnológicos”, señala el informe.

Aunque la planificación de la red hasta 2030 podría habilitar alrededor de 15,2 gigavatios de nuevos puntos de conexión –una cifra superior a la demanda potencial prevista–, el estudio advierte de que el principal reto será ejecutar las infraestructuras necesarias y acelerar la puesta en marcha de los proyectos.

El planeta contiene una reserva casi ilimitada de líquido salado capaz de alimentar nuevos sistemas energéticos. El agua del mar puede transformarse en combustible si la electricidad renovable separa su hidrógeno y permite almacenarlo después para mover motores. Esa posibilidad despierta interés porque millones de litros rodean cada puerto del mundo y están disponibles sin transporte previo.

Cuando el agua se convierte en hidrógeno, la energía almacenada en ese gas puede impulsar maquinaria sin quemar combustibles fósiles. La idea resulta atractiva para el transporte marítimo, donde el diésel domina desde hace décadas. De ahí surge la búsqueda de métodos que conviertan agua de mar en energía utilizable para barcos.

Una alternativa naval intenta dejar atrás décadas de motores de petróleo

Investigadores de Brunel University London trabajan con la empresa Genuine H2 en un sistema que intenta demostrar esa idea en el mar. Ambos desarrollan GH2DEM, un demostrador que busca probar una alternativa al diésel en ferris, barcos de trabajo y pesqueros.

El proyecto reúne en un mismo proceso la producción del gas, su almacenamiento y su uso en un motor preparado para sustituir al diésel. El profesor Xinyan Wang, de Brunel University London, explicó que el objetivo consiste en “tomar agua de mar, convertirla en hidrógeno con electricidad renovable, guardarla a bordo como sólido y usarla en el motor en vez de diésel”.

La iniciativa aparece en un momento en que el transporte marítimo enfrenta presión internacional para reducir emisiones. Distintas estimaciones sitúan el impacto del sector en alrededor del 3% de los gases de efecto invernadero del planeta, con más de mil millones de toneladas de dióxido de carbono liberadas cada año. En puertos y zonas costeras, esos gases se traducen en humos y motores que funcionan durante largas horas.

La International Maritime Organization y la Unión Europea impulsan cambios hacia combustibles con menos emisiones, entre ellos amoníaco o metanol de origen renovable. Sin embargo, el hidrógeno lleva años sobre la mesa como opción energética, aunque su almacenamiento en barcos ha planteado problemas de espacio, seguridad y coste.

Una nueva tecnología separa el gas del líquido marino sin desalinización

El proyecto británico intenta superar parte de esas dificultades con un sistema de electrólisis adaptado al agua de mar. Los investigadores utilizan electrodos diseñados para separar hidrógeno sin pasar antes por una planta de desalinización.

Ese paso previo suele requerir mucha energía, por lo que eliminarlo reduce consumo y complejidad. Además, los materiales de los electrodos están preparados para resistir la corrosión que provoca la sal. El diseño también busca evitar la formación de cloro, un riesgo habitual cuando se aplica electrólisis directamente al agua marina.

Una vez generado el hidrógeno, el sistema no recurre a depósitos presurizados ni a tanques criogénicos. Genuine H2 afirma que utiliza una película nanométrica capaz de retener el gas en estado sólido a temperatura ambiente y presión normal.

Ese método ocupa menos volumen que los depósitos convencionales y facilita su uso en embarcaciones donde cada metro resulta valioso. El combustible sólido puede liberarse después para alimentar el motor cuando sea necesario.

Las pruebas comienzan en tierra antes de llegar a barcos reales

El motor desarrollado dentro del proyecto funciona mediante combustión interna, pero utiliza hidrógeno como único combustible. Este enfoque permite aprovechar la experiencia existente en motores pesados ya conocidos por astilleros y talleres navales. Cuando el hidrógeno se quema en esas condiciones, el escape produce vapor de agua en lugar de dióxido de carbono. Wang explicó que “el agua se convertirá en energía”, una idea que resume el propósito del sistema.

El demostrador recibe financiación del Department for Transport a través del programa UK SHORE y de Innovate UK, con un apoyo total de 1,44 millones de libras dentro de una iniciativa de unos 30 millones destinada a reducir emisiones en la navegación británica. El proyecto cuenta además con la participación del Centre for Process Innovation (CPI) para demostrar que la tecnología puede fabricarse con cadenas industriales del Reino Unido.

Las primeras pruebas se realizan en tierra, donde un motor pesado instalado en el campus funciona con el electrolizador y el sistema de almacenamiento desarrollados por Genuine H2. El plan prevé mantener el demostrador activo hasta marzo de 2026 antes de estudiar pruebas en barcos reales.

Donald Trump no tiene un plan. Lo del cambio de régimen –dicen fuentes de la inteligencia israelí– es “un pensamiento mágico”. La guerra de Irán cumple dos semanas con el precio del petróleo desbocado, con el estratégico estrecho de Ormuz bloqueado y con la amenaza que esto supone para la economía del planeta.

“EEUU es el mayor productor de petróleo del mundo, con gran diferencia; por lo tanto, cuando los precios del petróleo suben, ganamos mucho dinero”, presume Trump. Es una verdad incompleta, pero sirve para entender su estrategia.

Sí, EEUU es hoy una potencia petrolera, la primera del mundo. Su producción casi se ha triplicado en las últimas dos décadas. Las nuevas técnicas de fracking y perforación en horizontal han hecho rentables yacimientos de esquisto que, hasta hace muy poco, no se explotaban. Desde 2020, Estados Unidos exporta más petróleo y productos derivados de los que importa, pero sigue dependiendo de otros países. Sus refinerías están adaptadas al crudo pesado –que hoy viene sobre todo de Canadá y México–, mientras que la nueva producción estadounidense es un petróleo más ligero y gas natural que, en gran medida, se exporta.

Sí, la guerra en Irán puede mejorar la balanza comercial de EEUU, aunque no tanto como a Trump le gustaría; EEUU también es el mayor consumidor de petróleo del mundo. Así que todo depende del plural; quiénes son esos que ganan “mucho dinero”. Las petroleras de EEUU se han disparado en la bolsa. Otra cosa son los ciudadanos, incluidos los votantes republicanos. El precio de la gasolina también sube para ellos.

Más datos relevantes para entender esta historia. La revolución del fracking ha reducido la dependencia que tenía EEUU del petróleo del Golfo Pérsico. Hace una década era el 24%. Hoy no llega al 8%, y sigue bajando (y podría bajar más si Venezuela, el país con las mayores reservas del planeta, recupera su producción y la pone al servicio de EEUU). Por el estrecho de Ormuz circula alrededor del 20% de todo el crudo que consume el mundo, pero la mayor parte –casi el 90%– va para Asia. Ese cuello de botella no es tan importante para Estados Unidos. 

La jugada es a tres bandas. La guerra contra Irán es un pésimo negocio para Trump. Su economía también se resentirá y su inflación subirá. Pero la superpotencia rival puede pagar un precio aún más alto. Alrededor de la mitad del crudo que importa China llega desde el Golfo Pérsico y hoy ese grifo se ha cerrado.

¿Y para Europa? El caos provocado por la guerra de Irán es catastrófico. Nuestra dependencia de Ormuz no es tan grande como la de China, pero eso no supone un gran consuelo. El problema es, simplemente, que apenas producimos crudo ni gas natural y el precio está por las nubes.

El 90% del gas y el 96% del petróleo que consumimos en Europa es importado. En España es aún peor: el porcentaje es el 100%. Hace cinco años, dejaron de bombear los últimos y residuales pozos petrolíferos que operaban frente a la costa de Tarragona, en la plataforma Casablanca. Apenas producían 200 barriles diarios, el 0,015% del consumo de crudo de España. 

El resumen es claro. Cada dólar que sube el precio del petróleo es una transferencia de riqueza desde España y Europa hacia los países productores. Incluida la potencia que ha provocado esta guerra: Estados Unidos. Para un tipo como Trump, obsesionado con la balanza comercial, es un factor importante. No tiene un plan. Sigue siendo una guerra ruinosa para sus propios intereses: su economía, su inflación, sus próximas elecciones de noviembre. Es algo que sin duda le preocupa: por eso ha levantado las sanciones petroleras a Rusia. Pero al menos puede convencerse de que un mundo con el barril a 100 dólares le favorece en algunos frentes. 

La solución para Europa, a medio plazo, también es clara: reducir la dependencia de algo que simplemente no tenemos. Cambiar el petróleo y el gas natural por fuentes de energía autóctonas y limpias. Es lo que está haciendo España, con bastante éxito. Casi el 60% de toda la producción de electricidad española ya viene de las renovables. Gracias a la energía eólica, a la hidráulica, a la fotovoltaica, el precio mayorista de la electricidad en España es un 32% más barato que la media europea. Es una de las claves para entender por qué España también crece más que el resto de la Unión Europea. Ya no es solo una apuesta por el futuro del planeta: afecta a nuestra economía del presente.

Con estos datos, resulta imposible entender la posición de esos que se llaman a sí mismos “patriotas”. Como ocurre con el apoyo a esta guerra por parte del PP y Vox, la pregunta es obligada: ¿a qué país se supone que defienden? No es a España.

El nacionalismo energético de Trump es irresponsable desde el punto de vista climático, pero al menos responde a un interés nacional reconocible. Estados Unidos es una potencia petrolera y gasista. No es nuestro caso. 

En el fondo, basta con seguir el rastro del dinero. Los ‘think tanks’ que hoy defienden a Trump, a Milei, a Ayuso o a Abascal son los mismos que durante años negaron el cambio climático mientras recibían generosas donaciones de las empresas más contaminantes. La red internacional que articula Atlas Network lleva años difundiendo ese mismo discurso contra la agenda verde y contra las energías renovables. Un planteamiento trumpista, incoherente para un país como España cuya riqueza energética es el sol, el viento y el agua. No el petróleo.

La siguiente batalla ideológica ya está sobre la mesa: las medidas económicas a tomar para paliar esta crisis. La derecha ya ha ido a lo de siempre: pide una rebaja a los impuestos sobre los combustibles. Una medida que, con Ucrania, aprobó el gobierno de coalición y que no debería repetirse. Es eficaz contra la inflación, es sencilla, es rápida. Pero también es profundamente regresiva y subvenciona la dependencia energética. 

El petróleo no es solo una mercancía: es una relación de poder. Por eso, para España y Europa, la transición energética no es solo una cuestión climática, como demuestra esta guerra. Hablamos de soberanía.