El municipio conquense de Torrejoncillo del Rey y sus pedanías se enfrenta a la posible instalación de dos macroplantas de biometano en su término municipal. Dos empresas habrían mostrado interés en crear estas instalaciones y una de ellas ya contaría con el informe favorable de compatibilidad urbanística y la otra habría explicado al Ayuntamiento una posible propuesta.

Así lo señalan en un comunicado desde Pueblos Vivos Cuenca, que integra a movimientos vecinales de pequeños municipios de la provincia. Esta noticia ha despertado la preocupación de los habitantes de este municipio, decenas de los cuales se reunieron en una charla informativa en la que plataformas ciudadanas y expertos reclamaron mayor transparencia sobre los proyectos y alertaron del posible impacto ambiental de unas instalaciones que llegarían a una comarca afectada desde hace años por la contaminación por nitratos y la concentración de explotaciones ganaderas.

Desde la plataforma acusan a la alcaldesa de Torrejoncillo del Rey, Piedad Balsalobre Saiz (PSOE), de cambiar de postura, ya que afirman que el pasado 21 de mayo lanzó un comunicado donde definió el proyecto como “una cuestión inexistente administrativamente”. Más tarde, en el último pleno municipal el pasado 19 de junio, la alcaldesa informó sobre la tramitación de una de las macroplantas: “Hace ya más de un año una empresa solicitó un informe de compatibilidad urbanística sobre una posible ubicación. Al no tener este Ayuntamiento planeamiento propio, la consulta la tramitó la Diputación con un informe favorable desde el punto de vista urbanístico”.

Con este informe la empresa promotora puede iniciar el procedimiento de evaluación ambiental con el gobierno regional. En dicho pleno no se dio a conocer los nombres de las dos empresas implicadas a pesar de ser una de las preguntas planteadas en el turno de ruegos y preguntas por la Asociación de Vecinos y Jubilados de Naharros, que exige la debida transparencia y publicidad.

Una comarca con un largo historial de problemas ambientales

Torrejoncillo del Rey y los pueblos de su entorno llevan años conviviendo con los impactos derivados de la concentración de macrogranjas y de la gestión de sus purines, sobre todo del municipio limítrofe de Huerta de la Obispalía. Durante la jornada se recordó que esta realidad ya ha sido objeto de diversos procedimientos judiciales.

En 2018, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha anuló una autorización ambiental de una explotación porcina en Torrejoncillo del Rey al apreciar deficiencias relevantes en la evaluación ambiental. En el voto particular de aquella resolución se hacía referencia a informes sanitarios que acreditaban la contaminación por nitratos del agua destinada al abastecimiento de la población.

Posteriormente, en 2023, el mismo Tribunal volvió a anular la autorización ambiental de una explotación porcina en Huerta de la Obispalía al considerar insuficiente la evaluación de los efectos acumulativos derivados de la concentración de macrogranjas y de los riesgos asociados a la gestión de los purines sobre las aguas subterráneas.

La última analítica reportada por el Ayuntamiento de Torrejoncillo del Rey al SINAC-Ministerio de Sanidad refleja un nivel de nitratos en el agua del grifo de 85 mg por litro, cuando el máximo para que sea potable es de 50 mg/l. Esta situación de contaminación se repite desde 2022.

Persisten las denuncias por vertidos de purines

Durante el coloquio, varios vecinos de la pedanía de Villarejo Sobrehuerta denunciaron que continúan produciéndose vertidos de grandes cantidades de purines sobre parcelas agrícolas próximas al núcleo urbano.

Según explicaron, en algunos episodios los purines llegan a encharcar completamente las parcelas, una práctica que no está permitida y que incrementa el riesgo de contaminación de los suelos y de las aguas subterráneas, además de provocar molestias continuas por olores y abundantes moscas.

Los asistentes manifestaron su preocupación porque estas situaciones continúan produciéndose pese a las denuncias realizadas durante los últimos años y reclamaron una mayor vigilancia por parte de las administraciones competentes.

Transparencia y participación

Uno de los aspectos que más inquietud generó entre los asistentes fue la necesidad de disponer de una información completa y transparente sobre el proyecto. Los vecinos reclamaron conocer el volumen de residuos que trataría la instalación, su procedencia, el número de camiones previsto, el destino del digestato y los mecanismos de control ambiental previstos durante toda la vida útil de la planta, así como el nombre de las empresas interesadas. Los colectivos vecinales del municipio anunciaron que van a seguir informando a la población sobre este tipo de industrias.

“La ciudadanía tiene derecho a conocer qué residuos pretende tratar la planta, de dónde procederán, cómo se gestionará el digestato y cuáles serán las garantías ambientales del proyecto antes de que se adopten decisiones que condicionarán el futuro del municipio durante décadas”, señaló la representante de Pueblos Vivos Cuenca.

En este sentido Pueblos Vivos considera importante que los alcaldes transmitan a la población toda la información que hayan recabado de la empresa que pretende instalarse en su término, polígono y parcela, nombre y cualquier otro detalle relevante que se haya obtenido. La propia Asociación Española del Biogás, AEBIG, patronal del sector, lo recomienda en su código de buenas prácticas.

Desde Pueblos Vivos Cuenca afirman: “No cuestionamos el biogás como tecnología. Lo que cuestionamos es el modelo que se está impulsando, basado en macroplantas que necesitan traer purines y otros residuos desde decenas o cientos de kilómetros porque el territorio no genera suficientes recursos para alimentarlas. Ese modelo que nos intentan imponer convierte a nuestros pueblos en una tierra de sacrificio”.

Alertaron de que el digestato que generan estas instalaciones también acaba elevando los niveles de nitratos de las aguas subterráneas, como pasa actualmente con el purín.

Este medio se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Torrejoncillo del Rey para obtener su versión sobre la posible instalación de estas dos macroplantas de biometano en su término municipal, sin haber obtenido respuesta en el momento de publicación de este artículo.

El Gobierno neerlandés ha ordenado levantar el embargo sobre la sede del Instituto Cervantes en Utrecht, consecuencia de los recortes del mandato de Mariano Rajoy a las renovables, al considerar que la medida vulnera las obligaciones internacionales de Países Bajos. Así, considera que se trata de un bien protegido por la inmunidad y cuya incautación sería incompatible con el derecho de la Unión Europea.

La decisión se recoge en una notificación oficial firmada por la secretaria de Estado de Justicia y Seguridad, Claudia van Bruggen, y publicada en el boletín oficial, y en la que se ordena dejar sin efecto la medida con carácter inmediato.

El embargo había sido practicado sobre el inmueble situado en Domplein 3, en Utrecht, sede del Instituto Cervantes, tras una autorización del 19 de marzo de un juez de medidas cautelares del Tribunal de Distrito de La Haya como parte de una disputa entre España y varios inversores.

Este litigio obedece a las consecuencias del cambio en la normativa española para la retribución a las renovables decretado en 2013, durante el Gobierno de Mariano Rajoy (2011-2018), que supuso un recorte a la retribución que recibían estas instalaciones durante su vida útil.

Esto desembocó en una oleada de arbitrajes internacionales e intentos de ejecutar los laudos mediante el embargo de bienes españoles en distintos países.

El edificio goza de “inmunidad” internacional

El Gobierno neerlandés concluyó que el embargo es contrario a sus obligaciones y recuerda que los bienes de un Estado extranjero gozan de inmunidad ante embargos, salvo que exista consentimiento expreso del Estado afectado, que este haya reservado bienes para satisfacer la deuda o que se demuestre que el inmueble se destina específicamente a fines comerciales.

Ninguna de esas excepciones se cumple en este caso, añade, puesto que el inmueble pertenece al Estado español y está ocupado por una institución pública cuya misión legal es promover la lengua y la cultura españolas en el exterior.

Las autoridades neerlandesas consideran que el edificio se usa “principalmente para fines públicos” y que el hecho de que parte de sus instalaciones pueda destinarse a veces al alquiler de espacios no altera esa naturaleza, ya que los ingresos obtenidos se destinan a financiar las actividades del Cervantes.

La notificación cita además la jurisprudencia del Tribunal Supremo neerlandés sobre la inmunidad de los bienes estatales y subraya que corresponde al acreedor demostrar que se cumplen las excepciones que permitirían el embargo, algo que, dice, no ha ocurrido.

El Ejecutivo también recuerda que la Comisión Europea considera que las indemnizaciones derivadas de determinados laudos arbitrales sobre el régimen español de renovables constituyen ayudas de Estado cuya ejecución requiere autorización previa de Bruselas.

Mientras esa autorización no exista, señala el documento, rige la “obligación de suspensión”, por lo que permitir la ejecución de los laudos podría suponer la concesión de una ayuda de Estado incompatible con el derecho comunitario.

La decisión supone un respaldo a la posición defendida por España en los litigios derivados de los arbitrajes sobre renovables, en los que sostiene que la ejecución de esos laudos dentro de la UE vulnera el principio de inmunidad y las normas europeas sobre ayudas de Estado.

La citación como investigada de la exconsejera de Transición Ecológica y actual presidenta de Enresa, Olga García, por un presunto delito de prevaricación ambiental en la tramitación de la planta fotovoltaica 'FV Tagus' en Alcántara, ha provocado este lunes una inmediata oleada de reacciones entre las principales fuerzas políticas de la región. El cruce de declaraciones en rueda de prensa ha evidenciado la profunda distancia entre el PSOE, que reclama cautela y sitúa el grueso de la gestión en el ámbito estatal, y el PP y Vox, que coinciden en exigir la depuración de responsabilidades institucionales.

El portavoz del PSOE de Extremadura, Manuel González Andrade, ha apelado formalmente a la presunción de inocencia de la exconsejera, manifestando el deseo de su formación de que el caso judicial se desarrolle con normalidad y con pleno respeto a la justicia.

Durante su comparecencia, González Andrade ha señalado que llama la atención que la imputación proceda del juzgado que dirige el magistrado Juan Carlos Peinado. Asimismo, ha querido matizar el peso de la administración regional en el proceso al recordar que, debido a las dimensiones de la macroplanta promovida por la filial de Iberdrola, el expediente administrativo principal se tramitó e instruyó desde los ministerios en Madrid, por lo que la intervención de la comunidad autónoma se limitó al envío de determinados informes técnicos requeridos durante la tramitación.

Por el contrario, el portavoz del PP de Extremadura, Luis Miguel Núñez, ha mostrado una postura muy crítica al encuadrar la imputación de García dentro de un escenario de irregularidades que, a su juicio, afectan de forma continuada a las siglas socialistas.

Núñez ha considerado intolerable que una persona que lideró un departamento clave en la Junta, y que hoy gestiona una empresa pública con competencias directas sobre el futuro de Almaraz, deba comparecer ante un tribunal en calidad de investigada. Ante este escenario, el portavoz popular ha exigido formalmente transparencia, rendición de cuentas y la convocatoria de elecciones, instando al PSOE regional a romper lo que califican de silencio cómplice y a depurar las responsabilidades políticas correspondientes mientras la justicia sigue su curso con total independencia.

En una línea similar, la portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura, Inés Checa, ha lamentado que el nombre de la región se vea vinculado de nuevo a un presunto caso de prevaricación administrativa. Checa ha aseverado que la comunidad autónoma no puede convertirse en un refugio, pantalla ni cementerio político de cargos públicos señalados por los tribunales, instando a actuar con contundencia frente a cualquier indicio de irregularidad en la concesión de permisos públicos.

La jornada de comparecencias ha concluido conectando este debate con otros asuntos de la agenda regional, como la posición extremeña ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el balance del desempleo del mes de junio y la situación de la red de protección de menores.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha sometido a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción de un sistema de almacenamiento energético mediante baterías asociado a la planta fotovoltaica 'Aurea', ubicada en el término municipal de La Roca de la Sierra (Badajoz).

Según recoge el anuncio publicado este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el proyecto, promovido por la empresa Aurea Solar S.L.U., contempla la hibridación de un sistema de almacenamiento con la planta fotovoltaica existente, que cuenta con una potencia de 171 megavatios (MW).

La nueva instalación dispondrá de una potencia nominal de 117,6 megavatios (MVA) en inversores y una capacidad de almacenamiento de 432 megavatios hora (MWh), mediante 54 contenedores de baterías distribuidos en el interior del recinto de la planta solar, sobre una superficie aproximada de 1,6 hectáreas.

El sistema permitirá almacenar la energía producida en los momentos de mayor generación para verterla posteriormente a la red eléctrica durante los periodos de mayor demanda, “con el objetivo de mejorar la eficiencia de la instalación y aportar mayor flexibilidad y estabilidad al sistema eléctrico”.

La energía almacenada será gestionada mediante 28 estaciones de potencia equipadas con inversores y transformadores, y se evacuará a través de líneas subterráneas de media tensión hasta la subestación eléctrica Morantes 30/220 kV, que será ampliada con dos nuevas celdas para integrar el sistema de almacenamiento.

El presupuesto de ejecución material del proyecto asciende a 44,5 millones de euros.

La infraestructura de evacuación entre la subestación Morantes y la subestación Carmonita 400 kV, propiedad de Red Eléctrica, ya se encuentra en servicio y no forma parte del proyecto sometido a información pública.

Los interesados podrán presentar alegaciones durante un plazo de quince días hábiles contados a partir de este martes, 7 de julio.

En su libro La guerra por la energía. Poder, imperios y crisis ecológica (Ediciones Península, 2026), el economista y expolítico Alberto Garzón (Logroño, 40 años) pide no catalogar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como un ser irracional o enloquecido, la caricatura que suele usarse para justificar sus atrocidades. Aclara que su plan imperialista —bombas y misiles, su guerra comercial contra el mundo— se construye sobre una narrativa de darwinismo social, en la que solo los países fuertes, tecnológicamente avanzados y militarmente protegidos, pueden garantizar la seguridad de sus poblaciones.

El argumento de que no hay suficientes recursos para todos, desmenuza Garzón, sirve a Trump para justificar una gran zona de exclusión, un planeta para pocos seres humanos. Su tesis es que los países desarrollados están ya en vías de construir una suerte de “país fortaleza”, con el objetivo de privatizar la adquisición y consumo de la mayor parte posible de los recursos escasos.

En este punto, señala, entra en juego la resistencia colectiva, la lucha de las mayorías sociales para frenar esta enorme exclusión. Sin esta rebeldía, el mundo de las próximas décadas estará “cuidadosamente gestionado por la barbarie”. Para él, la clave es construir un movimiento político en base a la vida cotidiana de la gente. Conectar la crisis ecosocial con la falta de tiempo, con la dificultad de acceder a una vivienda, con pasarse horas en un atasco. Y ofrecer un futuro de vida buena dentro de los límites planetarios. “Se puede lograr”, sentencia, ilusionado, en esta entrevista.

En un momento de retrocesos ambientales, con Trump y su guerra a gran escala, parece que nada de lo avanzado se va a mantener. ¿Qué medidas hay que tomar para resistir?

Es fácil caer en el derrotismo. El filósofo Antonio Gramsci decía que el análisis se basa en el pesimismo de la razón, pero tiene que concluir con el optimismo de la voluntad. Me aferro a esta frase. Aunque el mundo esté muy mal, que lo está, y que hoy todos los lineamientos tienden a ser problemáticos, hay motivos para la esperanza. El gran reto político pasa por construir mayorías. No tenemos un problema técnico. Es perfectamente viable imaginar un mundo con otra base energética, con otras jornadas de trabajo, con una vida buena. El problema es político. Cómo construir mayorías con una voluntad política para poner en marcha este programa.

¿Cómo damos este paso?

La clave está en una actualización de los idearios de las izquierdas. Necesitamos izquierdas más atractivas, pecamos de inercias antiguas. Una demostración: no hemos interpretado el desastre de la dana de Valencia en clave climática. Ha quedado como una desgracia cualquiera, pese a su fuerte conexión climática y ecológica. Construir esta mayoría tiene que hacerse en base a la vida cotidiana de la gente, visibilizar que la política climática es más transporte público, menos horas en los atascos; visibilizar que la política climática es salirse de la rueda de la producción infinita, trabajar menos horas. Cuando se hacen estas conexiones, la gente escucha con más atención. Hay que convertir los problemas cotidianos en un proyecto político atractivo para las mayorías sociales, este es el gran reto.

¿Hay algún ejemplo?

Lo que está haciendo y proponiendo el nuevo líder del Partido Verde de Inglaterra y Gales, Zack Polanski. Un partido verde con políticas sociales, todo integrado. La izquierda está en ese proceso de experimentación, en una etapa de ensayo y error, intentando ganar espacios mayoritarios. Esto cambia el enfoque. Cuando hablas con la gente, la recepción es buena. Cuando se entienden las conexiones entre las políticas climáticas y la problemática de la vivienda, aparece la esperanza de que esta nueva construcción política es posible. La resistencia pasa también por este punto: lograr que la gente conecte la crisis climática con sus problemas cotidianos.

La política climática es salirse de la rueda de la producción infinita, trabajar menos horas. Cuando se hacen estas conexiones la gente escucha con más atención

¿Por qué cuesta tanto hablar de la vida buena como alternativa a esta policrisis?

Porque el conflicto principal de la izquierda sigue siendo el capital y el trabajo. En lo personal, he tratado, con toda la humildad posible, de actualizar este esquema ideológico a los tiempos actuales, incluir las enseñanzas de la ecología y de la economía ecológica. Un ejemplo: en Asturias, la cuenca minera ha sido gobernada históricamente por la izquierda. Es una región que ha tenido muy poca sensibilidad a las cuestiones ecológicas. No solo por el papel de los combustibles fósiles, también por el papel de la pesca desaforada, de la ganadería, de la caza al lobo. Esta izquierda ha sido educada en unos códigos de espaldas a la naturaleza, del impacto ecológico de la actividad del ser humano. La disputa entre los puestos de trabajo y la conservación de los territorios sigue siendo muy fuerte. Cuando iba a las asambleas mineras me miraban con mucho recelo, como un urbanita cosmopolita que no entendía que el pan estaba en juego. Estos choques me han ayudado a entender que tener razón no es suficiente, es necesario bajar al barro para comprender las realidades y adaptar los discursos. No para renunciar a las convicciones, pero sí para transmitir las ideas de otra manera.

¿Cuál es el riesgo de una resistencia que no ate estos puntos que hoy parecen sueltos?

Quedarnos solo con la etiqueta de eruditos desconectados del mundo real. No nos damos cuenta de que el sistema nos oprime hasta tal punto como ciudadanos que, sobre todo, captura nuestro tiempo. Lo que más he aprendido de la política pública es que cuando intentas mover a la gente hacia otros hábitos de consumo, adviertes que la gente no tiene tiempo, está desbordada en su día a día. Con salarios bajos, sí, pero también con jornadas maratónicas. La gente está cansada, no hay tiempo para hacer esas reflexiones, para conectar puntos sueltos. El reto, repito, es conectar con los ciudadanos. A mí me pasó con el famoso tema del chuletón, cuando desde el Ministerio recomendamos reducir el consumo de carne por salud y sostenibilidad. Llevé al foro público el consenso del mundo científico. Parecía sencillo, pero se coló el poder, los intereses materiales, la ideología, el electoralismo. El foro público es otro terreno.

Parece que ahí afuera no hubiera público suficiente para sostener la transición ecológica que se necesita. ¿Hay una base electoral mínima interesada por las cuestiones ambientales para dar el giro?

El electorado ecologista tiene un componente social muy claro: clases medias ilustradas y urbanas. Pero enfocarlo así sería ver la política como un mercado electoral. El principal reto ecológico es llegar a las clases rurales, a los trabajadores y trabajadoras del mundo rural. Es el sector que nos da de comer. El metabolismo de las sociedades se basa, entre otras cosas, en que podamos satisfacer nuestras necesidades alimentarias. Esto lo hace el campo, profundamente dependiente de los combustibles fósiles, y primera víctima del cambio climático por el impacto en las cosechas.

No hemos logrado conectar con la ruralidad. Sí lo está haciendo la extrema derecha, que está canalizando la rabia, la frustración y la ansiedad social de muchísimos agricultores. Pero siento que hay muchos huecos. Cuando uno habla con los pequeños agricultores y ganaderos, te entienden. Y uno los entiende a ellos. Aparecen entonces los consensos. No hace falta que estén profundamente ideologizados para que haya una conexión. Pero faltan organizaciones políticas volcadas en esta estrategia de escucha y comprensión.

Lo que decías antes: que ese agricultor relacione sus problemas diarios con la crisis ecosocial.

Exacto. Muchos trabajadores rurales ya están haciendo estas conexiones. Nací en La Rioja y muchos familiares trabajan en el mundo de los viñedos. Están teniendo que desplazar las producciones cada año por el cambio climático, lo sienten. Seguramente no han llegado a la conclusión de que la solución es el ecosocialismo, pero tienen unas percepciones y unos conocimientos que la izquierda tiene que aprovechar. Esto supone superar muchos prejuicios, de ambos lados. El ecologismo liberal, como los Verdes de Alemania, no nos ha ayudado en absoluto. Si tú le dices al mundo del campo que hay que hacer esfuerzos individuales, que hay que cambiar hábitos de consumo, pero no eres capaz de ponerle límites a los aviones privados tienes una contradicción que es correcta. El capitalismo verde defiende que ambas cosas son compatibles. Y no lo son.

Sin transición energética el mundo va a ser mucho más feo. Los combustibles fósiles son una anomalía histórica que tarde o temprano va a dejar de existir. Prefiero que después venga con una base energética de renovables a depender de los bosques para tener calefacción

¿Le sorprende la fuerte resistencia dentro del ecologismo contra el despliegue masivo de renovables?

Es un debate envenenado. En el libro hago un análisis histórico. Las sociedades humanas siempre han intentado capturar energía del entorno. Hasta hace 250 años hemos dependido, básicamente, de la energía solar, de la capacidad de nuestros músculos de alimentarse, del suelo, de la fotosíntesis. Ese límite fue transgredido por el uso de los combustibles fósiles, lo que ha permitido una mejora en las condiciones de vida brutales en paralelo a unos impactos ambientales enormes. El reto está en cómo somos capaces de construir una sociedad postfósil manteniendo el bienestar. Hay una parte del ecologismo que considera que no hay que hacer la transición energética, que se opone al despliegue de las renovables. Este posicionamiento sugiere volver a los parámetros de las sociedades agrarias y es inviable para sostener a una población mundial de 8.000 millones de personas.

La transición hacia ese escenario es mucho más distópica que el escenario que proyecta la extrema derecha con sus proyectos. En definitiva, la transición energética es un requisito necesario, pero no suficiente. La fórmula es transición energética y decrecimiento. Ser capaces de construir otra base energética, que nos permite un metabolismo social distinto, pero dentro de los límites del planeta. Muchas actividades van a tener que decrecer. Volvemos al ejemplo del avión privado. Esta fórmula nos permite salir de ese debate tramposo de renovables sí o renovables no.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha afirmado este jueves que aún “hay margen” para lanzar este año la primera subasta de la eólica marina.

Después de presentar la nueva interconexión eléctrica de España y Portugal, ha sido cuestionada por los periodistas sobre si la puja piloto de eólica marina flotante será para Canarias o Galicia y ha dicho que “todavía” no tienen la “respuesta” porque deben “analizar toda la información recibida”.

Aagesen ha advertido con insistencia en que esa puja se hará “en los territorios” donde haya “mayor aceptación” de esa energía eólica marina, porque para ella es una cuestión “fundamental”.

“Es importantísimo que se cuente con el territorio, con la ciudadanía que apueste realmente por esa eólica marina para que los proyectos realmente lleguen finalmente al territorio”, ha abundado la ministra.

En Canarias, concretamente en Gran Canaria, el Cabildo, empresas y sindicatos de la isla solicitaron el pasado abril al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la convocatoria “urgente” de esta primera subasta de energía eólica marina en España, y para ello, propusieron que ese primer paso se materialice en un proyecto comercial piloto en la isla.

La Corporación insular explicó entonces que la eólica marina flotante se perfila como “una herramienta clave para avanzar simultáneamente en la reducción de la dependencia energética, la diversificación económica y la generación de empleo cualificado”.

Según la ministra, “hay margen” para que esas subastas se lancen este año, que es el “objetivo” que tiene el Gobierno.

El pasado febrero, el Ministerio abrió la consulta pública previa para la orden que fijará las bases de esas primeras subastas de eólica marina en España.

Según ese texto, el futuro procedimiento de concurrencia competitiva otorgará régimen económico, reserva de capacidad de acceso a red y prioridad para la concesión de ocupación del dominio público marítimo-terrestre.

La red nacional de puntos de recarga en España cuenta ya con 56.682 ubicaciones en funcionamiento tras incorporar 1.605 nuevas estaciones de carga para vehículos eléctricos durante el segundo trimestre de 2026, un 2,9% más que en el trimestre anterior, según el Barómetro de Electromovilidad elaborado por Anfac (Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones).

Si bien Cantabria alcanza la cifra de 942, un total de 343 de ellos no están operativos. Además, es la segunda más baja de todas las comunidades, por detrás de los 355 de La Rioja, y al margen de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, con 17 y 28, respectivamente.

Pese al avance, la patronal del automóvil advierte de que el despliegue de la infraestructura continúa condicionado por el elevado número de instalaciones que permanecen fuera de servicio, como en el caso de Cantabria.

En concreto, 17.821 puntos de recarga ya instalados todavía no están operativos, 343 en Cantabria, lo que supone cerca del 24% del total de la infraestructura desplegada en España. De entrar en funcionamiento, la red pública alcanzaría los 74.503 puntos de recarga, una cifra que sería más que considerable para avanzar la transición del vehículo de combustión al 100% eléctrico.

No obstante, pese a estos datos, el mercado electrificado sigue en avance en España. Entre enero y junio se matricularon 141.143 turismos electrificados, un volumen que elevó su cuota de mercado hasta el 21,8% y consolidó la electrificación como una de las principales tendencias del mercado automovilístico español.

En Cantabria se superaron las 1.300 matriculaciones de este tipo de vehículos en los seis primeros meses de este año, de los que casi 300 correspondieron a junio.

En cuanto a las redes de recarga, la región cuenta con 636 infraestructuras de acceso público que tardan entre 19 y tres horas; 30 de recarga de entre tres y una hora y 20 minutos; veinte que demoran desde este tiempo a los 27 minutos; 26 que tardan de media hora a 15 minutos; y 43 en las que lleva menos de un cuarto de hora.

ANFAC reclama acelerar la puesta en servicio

El director general de Anfac, José López-Tafall, destaca que el mercado del vehículo electrificado “continúa demostrando un comportamiento muy positivo”, con más de 141.000 matriculaciones durante el primer semestre y una cuota del 21,8%.

Sin embargo, advierte de que la infraestructura de recarga sigue siendo “el principal desafío” para consolidar la electrificación y reclamó agilizar la tramitación administrativa y reducir los plazos de activación de los puntos ya instalados para aprovechar plenamente las inversiones realizadas.

Asimismo, defiende que España dispone de una “oportunidad única” para consolidarse como uno de los principales polos industriales del vehículo electrificado en Europa, aunque consideró imprescindible mantener el impulso del mercado y ampliar una red de recarga plenamente operativa, accesible y distribuida de forma equilibrada por todo el territorio.

El rechazo vecinal desde las cinco provincias de Castilla-La Mancha y las numerosas protestas han dado sus frutos. Las plataformas contra el biometano de la comunidad autónoma han conseguido, tras varias solicitudes, mantener un encuentro con la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, y su equipo. Han conocido de primera mano el decreto que el Ejecutivo de Page prepara para restringir su implantación y que también supone una moratoria de un año en la que los expedientes en curso quedarán en suspenso para que puedan adaptarse a la nueva norma.

Lo más destacado: los colectivos reunidos con el Gobierno regional dan por “enterrado” el Plan de Biometano que la Administración autonómica llevaba dos años preparando con horizonte 2030. Según afirman, la propia consejera afirmó en el encuentro que ese proyecto “ya es pasado”.

No es la primera vez que el Ejecutivo regional plantea una moratoria para proyectos industriales que tienen que ver, directa o indirectamente, con los residuos. En 2022 se frenó la implantación de las macrogranjas porcinas - una de las fuentes de suministro para producir biometano- durante dos años, aunque en enero de 2025 los permisos volvieron a reactivarse.

A esta reunión acudieron los colectivos vecinales que representan a la asociación Stop Ganadería Industrial y a las plataformas de Huelves, Socuéllamos, Torralba de Calatrava y La Villa de Don Fadrique, agrupados en 'Stop Biometano Castilla-La Mancha', además de Pueblos Vivos Cuenca.  

Por parte del Gobierno, además de la consejera, estuvieron presentes los directores generales de Calidad Ambiental y Transición Energética, Tomás Villarrubia y Alipio García, respectivamente; y la directora general de Economía Circular y Agenda 2030, Esther Haro.

Un Plan destinado a desaperecer

No es de extrañar que el Plan regional de Biometano se considere ya “enterrado”. El nuevo decreto de restricciones al biometano que prepara el Gobierno, que procede del mandato de las Cortes de Castilla-La Mancha y que adelantó elDiarioclm.es, era incompatible con una planificación que venía a promover el uso de esta renovable en la región.

Desde su conocimiento público, recibió más de 15.000 alegaciones de organizaciones y particulares. Nunca se llegó a poner en marcha y ni la consejera ni los miembros del Gobierno lo mencionaban en sus últimas referencias a las plantas de biometano.

El motivo: las manifestaciones contra el biometano han arreciado en los últimos seis meses. Pueblos y ciudades que no quieren albergar instalaciones de gestión de residuos agroganaderos, debido a su impacto ambiental, a posible contaminación de las aguas y a los malos olores.

Y pese a que el Ejecutivo había rechazado todas las aportaciones recibidas para frenar ese Plan de Biometano, básicamente para no “interferir” en las decisiones de las empresas promotoras, ahora ha decido dar marcha atrás y reconocer el poder de decisión de los ayuntamientos sobre si quieren o no estas plantas en sus términos municipales. Varios alcaldes han dejado claro en los últimos meses su negativa a tramitar este tipo de proyectos.

Según miembros de las plataformas presentes en la reunión, el Plan regional de Biometano “es pasado y ya no se va a hablar de él”. El Gobierno no lo ha dicho como tal en la comunicación pública que hizo del encuentro, pero los colectivos que acudieron coinciden en que así será.

Como avanzó este periódico, la consejera les explicó que el nuevo decreto dará “poder absoluto de decisión” a los ayuntamientos sobre la decisión de aceptar la instalación de este tipo de plantas. “Su negativa supondría el archivo inmediato”.

También incorporará una limitación de la distancia de procedencia de los sustratos a 35 kilómetros; la obligación de incluir las instalaciones de tratamiento de las fases del digestato (el principal residuo que producen las plantas, generalmente comercializado como fertilizante); el cubrimiento de balsas de este último; el establecimiento de sistemas de monitorización y control de olores; y una fijación de distancia mínima de dos kilómetros, sin excepciones, a las poblaciones.

Pero los colectivos vecinales mantienen sus reservas. Detallan que a pesar de la paralización anunciada por la consejera, se ha iniciado la tramitación de dos macroplantas de biometano en Villarrobledo, otra en Los Yébenes, se ha aprobado en Gálvez y Talavera de la Reina, y se está elaborando la resolución de la macroplanta de Consuegra, según se puede consultar en la web de la Junta de expedientes bajo evaluación ambiental.

La consejera sigue afirmando que el origen de la contaminación por nitratos es la agricultura, librando de cualquier culpa a la ganadería industrial, renegando de los propios estudios multiisotópicos de su consejería y de algunas sentencias judiciales

Además, según las organizaciones presentes, es “contradictorio” que mientras se tramita un decreto más restrictivo con el biometano también se prepara una ley de inversiones estratégicas donde se impulsan las plantas de biometano.

Afirman que la consejera expresó que es necesaria la reducción de los residuos orgánicos, pero que “no tiene intención” de limitar el crecimiento de la ganadería industrial. Eso “a pesar de que sus propias cifras hablan de que este sector es el generador del 70% de los residuos orgánicos totales”.

“La consejera sigue afirmando que el origen de la contaminación por nitratos es la agricultura, librando de cualquier culpa a la ganadería industrial, renegando de los propios estudios multiisotópicos de su consejería y de algunas sentencias judiciales, como la que acreditó la contaminación del agua de Torrejoncillo del Rey”, argumentan.

Por eso rechazan que el Gobierno de Castilla-La Mancha no se plantee la existencia de otro modelo posible de plantas de biometano “más orientadas a su uso en el lugar de producción de residuos”, como autoconsumo, y “sigue apostando por macroplantas conectadas a la red de gas”.

Los colectivos asistentes a la reunión consideran que el nuevo decreto “contiene avances respecto al extinto Plan de Biometano”, aunque todavía es “manifiestamente mejorable”. Durante el encuentro, ambas partes manifestaron su compromiso de mantener el diálogo sobre el biometano que las organizaciones esperan que “no quede en papel mojado”.

Por su parte, la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, tras la reunión, se ha limitado a celebrar el “dialogo abierto” con estos colectivos, a los que invitó a “alegar las consideraciones que crean oportunas” cuando esta nueva normativa salga a participación pública“.

El periodo de consulta pública se abrió el pasado 22 de junio y se cierre el próximo 3 de julio. A continuación, le seguirá la fase de información pública, “en la que tanto las plataformas, como los promotores de proyectos de biometano, ayuntamientos y público en general, van a disponer de 45 días naturales para presentar sus aportaciones”.

“Este decreto será normativa más garantista de Europa para regular la implantación de plantas de biometano en la comunidad autónoma”

“Este decreto va a recoger la resolución aprobada en las Cortes de Castilla-La Mancha con la normativa más garantista de Europa para regular la implantación de plantas de biometano en la comunidad autónoma”, la consejera. Esto incluye medidas como las ya mencionadas y también que el 80 por ciento de los residuos que traten las plantas de biometano procedan de la comarca, de un área máximo de 35 kilómetros.

En definitiva, destaca que se trata de una serie de normas regulatorias que van a “garantizar” mediante medidas de obligado cumplimiento “cero olores y tratamiento hermético de los residuos”

Finalmente, ha confirmado la obligatoriedad que todos los proyectos se tengan que adaptar al cien por cien a la normativa recogida en el Decreto, para lo que contarán con un plazo de entre 12 y 14 meses para acometer las transformaciones que pudieran ser necesarias.

Posteriormente, algunos de los colectivos presentes han informado de que también detallaron a la consejera que un grupo especializado de técnicos y profesionales de máximo nivel está elaborando un “informe exhaustivo” sobre el tratamiento de los residuos en Castilla-La Mancha “sin necesidad de recurrir a macroplantas de biometano”.

Concretamente, afirman, estos expertos van a incidir en el impacto acumulado de los residuos procedentes de macrogranjas y ganadería industrial.

Las 46 plataformas piden la “paralización total”

En definitiva, afirman que las las 46 plataformas ciudadanas de los 46 pueblos de Castilla-La Mancha que se han movilizado reiteran su exigencia de “paralización total” de todas las macroplantas de biometano y de las macrogranjas de ganadería industrial.

“Reivindicamos al Gobierno regional que escuche a sus pueblos, actúe con rigor y cambie de rumbo hacia un modelo verdaderamente sostenible, coherente y respetuoso con el territorio. Castilla-La Mancha necesita una política de residuos que reduzca el problema en origen y no un modelo que pueda terminar justificando su crecimiento”, concluyen.

Ni las plataformas ni el Gobierno castellanomanchego han hablado de los plazos para la aprobación del nuevo decreto de restricciones, cuya entrada en vigor marcaría a su vez el inicio de la moratoria para los expedientes en curso, al igual que sucedió con las macrogranjas.

El Gobierno ha dado luz verde a parque experimental de energía eólica marina en la Costa Brava. El Ministerio de Transición Ecológica aprobó este lunes la declaración de impacto ambiental del proyecto –según ha adelantado Nació y ha confirmado este diario– que avala la instalación de esta suerte de plan piloto que contempla instalar de entrada tres aerogeneradores de 15MW en la bahía de Roses. 

El proyecto, pendiente de aval del Gobierno desde el 2024, es la Plataforma de I+D+i en Energías Marinas de Catalunya (PLEMCAT), promovido por la Generalitat en el Golfo de Roses como banco de pruebas para un futuro parque eólico marino de mayor envergadura. El Plemcat ocupará un espacio de 7,4 km2, a entre 15 y 30 km de la costa, y contará con tres molinos de 15 MW y una altura máxima de 260 metros. 

El PLEMCAT lo lidera el Instituto de Investigación de Energía de Catalunya (IREC) y cuenta con el apoyo de la mayoría de universidades públicas catalanas. Su objetivo es testear el modelo de eólica marina y sus consecuencias ambientales y económicas. 

Más allá del plan experimental, existe desde 2021 la voluntad de varias empresas de llevar a cabo un parque eólico marino en la zona. La primera propuesta dibujó 65 molinos, y a lo largo de los años se han ido sumando media docena de proyectos empresariales.

El Gobierno aprobó en febrero de 2023 los POEM (Planes de Ordenación del Espacio Marítimo) de las cinco demarcaciones marinas españolas. En Catalunya, únicamente incluyó la denominada Leba 1, en el golfo de Roses, un espacio marítimo de 250 km² y situado a una distancia mínima de 12 kilómetros de la costa donde pueden instalarse parques eólicos comerciales. El siguiente paso debería ser una subasta pública —que todavía no tiene fecha— en la que las empresas interesadas (ocho hasta el momento) puedan optar a instalarse en la zona.

La propuesta, sin embargo, ha sido polémica desde el inicio y, con el objetivo de probar la tecnología, la Generalitat anunció en 2023 esta plataforma de ensayo promovida a través del IREC. Además de los tres aerogeneradores, la plataforma de ensayo también contará con una boya de conexión flotante y una línea de evacuación de alta tensión soterrada de 66 kV. Los aerogeneradores tendrán una altura máxima de 261 metros.

La línea de evacuación tendrá una longitud de 25,8 kilómetros bajo el agua y otros 16,2 kilómetros por tierra, además de una subestación eléctrica elevadora situada en el término municipal de Vilaür. La infraestructura, sin embargo, también afecta a los municipios de Sant Pere Pescador, L’Escala, L’Armentera, Ventalló y Sant Mori. Algunos de estos ayuntamientos ya se han manifestado abiertamente en contra.

En cuanto a los prototipos, la propuesta que obtuvo la mejor puntuación fue la de Hive Wind Energy. Se trata de una filial de Sener, que también promueve el parque eólico comercial Tramuntana en la misma zona y es uno de los proyectos con la tramitación más avanzada. La segunda empresa mejor valorada fue la catalana X1Wind y la tercera que instalará un prototipo será Esteyco. Los promotores de los proyectos, sin embargo, todavía no han detallado sus características a la espera de la publicación de la DIA.

Plemcat cuenta con una inversión de 80 millones de euros: 30 millones procedentes del Estado y los 50 millones restantes aportados por la Generalitat.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell Executiu, la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha explicado que analizarán la declaración de impacto ambiental “por si hay alguna cuestión a tener en cuenta” y que, posteriormente, ya se podrá “iniciar la licitación y la compra de material para esta plataforma”. En este sentido, ha concretado que, si todo avanza según lo previsto y ningún obstáculo lo retrasa, “a finales de 2027 o principios de 2028 podría estar en funcionamiento la plataforma experimental”. Paneque ha añadido que es el IREC quien realiza el seguimiento del proyecto y quien gestionará la licitación y la compra de material.

La Xunta de Galicia acaba de anunciar que presentará recurso ante el Tribunal Constitucional contra el real decreto de las zonas de aceleración de renovables porque considera que invade competencias autonómicas. Abre con ello otra batalla con el Gobierno central por cuestiones de competencias, que ya han acabado judicializadas en casos como la normativa eólica o la gestión del litoral. El presidente gallego ha justificado la decisión como una “defensa del autogobierno en un sector especialmente sensible”.

El Gobierno gallego sostiene que el Estado tiene competencias en legislación básica en este sector, pero que el desarrollo corresponde a las comunidades, según recoge el Estatuto de Autonomía. El real decreto, añadió, es “tan detallado” que, “en la práctica, no deja margen de maniobra a la Xunta” para determinar dónde se pueden instalar los aprovechamientos de energías renovables.

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, compareció junto a Rueda para explicar la decisión y aseguró que la norma lleva a que solo se podrían hacer estas instalaciones en el 0,16% del territorio, de manera “totalmente dispersa y contraria a lo que pide la Comisión Europea, que pide tener zonas suficientes y amplias”. Vázquez volvió a hacer referencia a que Galicia es la comunidad que más ha reducido sus emisiones de gases de efecto invernadero en los últimos años, sin citar que la explicación está en que cerraron las dos centrales térmicas que funcionaban en la comunidad.

Las zonas de aceleración de renovables son zonas que se consideran especialmente adecuadas para la instalación de estas explotaciones. Según el decreto que ahora recurre la Xunta, la idea es dar prioridad a suelos industriales, urbanizados o artificiales, áreas degradadas, vertederos, canteras y minas clausuradas o corredores e infraestructuras energéticas o de transporte que ya existen. Los proyectos que se desarrollen en estas zonas no tendrán que someterse a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinario ni simplificado, aunque deben adoptarse antes medidas preventivas y mitigadoras. Sí será necesaria una evaluación ambiental estratégica de los planes por los que se designa alguna zona de aceleración de renovables.

Ya dispone de autorización ambiental definitiva el proyecto para construir la planta de biometano que se ubicará en el término municipal de Gálvez, en la comarca de los Montes de Toledo. La instalación está diseñada para procesar anualmente casi 200.000 toneladas anuales de residuos orgánicos y subproductos animales.

Esta instalación fue declarada como “prioritaria” por el Gobierno de Castilla-La Mancha y obtuvo la declaración de impacto ambiental positiva hace más de un año, pero en los últimos meses se introdujeron una serie de cambios que requieron una autorización ambiental integrada (AAI) definitiva para poder operar. Esta es la luz verde de la que ya dispone.

La empresa promotora de esta planta es Nortiben Green Energy y su objetivo es convertir los residuos agroganaderos en biometano para su inyección en la red gasista, además de la producción de fertilizantes certificados a partir del material digerido, el denominado y polémico digestato. En esta misma comarca de los Montes de Toledo, se encuentra ya operando otra planta similar, en la localidad de Noez, cuya promotora es Biomethane Initiatives.

El 15 de mayo de 2025, hace más de un año, el Gobierno regional solicitó a promotora de la futura planta de Gálvez que subsanara algunos aspectos de informe de impacto ambiental para adaptarlo a los nuevos criterios adoptados en el Plan regional de Biometanización de la comunidad autónoma.

La resolución explica que, con ello, el proyecto requería dos procesos paralelos: la evaluación de impacto ambiental (EIA) y la AAI aprobada hoy. La primera, que es el visto bueno técnico sobre la viabilidad ambiental se publicó el 6 de mayo de 2025. Y una vez obtenido, ahora el Ejecutivo le otorga la autorización definitiva. 

Los condicionantes ambientales

Con ello, en principio culmina todo el proceso administrativo, tras haber adaptado el proyecto a las nuevas normativas regionales y haber “superado las fases de información pública y evaluación de impacto”. Esta nueva resolución es el documento legal que permite finalmente la construcción y explotación de la planta, aunque bajo condiciones ambientales estrictas.

Se da la circunstancia de que la luz verde que la Dirección General de Calidad Ambiental da a esta futura instalación en Gálvez se produce mientras el Gobierno regional prepara un nuevo decreto con restricciones para las nuevas instalaciones de este tipo, tras el fuerte rechazo social y de algunos ayuntamientos. En principio, se trata de una moratoria a la que tendrían que acogerse también los expedientes en curso, pero aún no hay fecha prevista para su aprobación.

Por el momento, en el caso de esta futura planta, la autorización ambiental, publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), establece protocolos de vigilancia ambiental, límites estrictos de emisiones a la atmósfera y medidas para la protección del suelo.

Entre ellos se encuentra el control de la contaminación atmosférica y de los olores, con límites de emisión para las calderas y para el proceso de proceso de upgrading (amoniaco y metano).

Asimismo, para evitar olores, una de las mayores críticas que reciben este tipo de instalaciones y que más rechazo social ha causado, la planta debe funcionar bajo un modelo de “instalación cerrada”. Esto incluye naves en depresión mecánica, filtros de carbón activo y el transporte de residuos en vehículos cerrados. También se deben realizar inspecciones periódicas por organismos de control acreditados

Para la protección del suelo y del agua, la planta no podrá realizar vertidos de aguas industriales o lixiviados al cauce público; y estas aguas deben ser recirculadas al proceso de digestión. Debe mantener igualmente redes independientes para aguas de proceso, pluviales limpias (tejados), pluviales de contacto (viales) y aguas sanitarias.

A este respecto, todas las superficies de almacenamiento y proceso deben estar hormigonadas o asfaltadas y contar con sistemas de recogida de lixiviados. A ello se suma la obligación de mantener una red de seis piezómetros para monitorizar constantemente la calidad de las aguas subterráneas y detectar posibles fugas.

En cuanto la gestión del digestato (el principal residuo saliente de estas plantas), la autorización publicada hoy obliga a registrarlo como producto fertilizante con certificado de la Unión Europea o estatal para dejar de ser considerado residuo.

Ruidos y protección de fauna

En lo referido a los ruidos y el mantenimiento, establece que no se pueden superar los 70 deciblios (dB) durante el día y la tarde, y los 60 dB durante la noche en los límites de la parcela. Obliga a la promotora a instalar una “pantalla vegetal”, una barrera de plantas autóctonas de al menos cinco metros de ancho alrededor del perímetro, para insonorización.

Finalmente, la resolución para la planta de biometano de Nortiben en Gálvez contempla diversas medidas de protección de la fauna. Menciona así el caso del águila imperial, presente en la zona y en peligro de extinción: se contempla la cancelación de los trabajos de obra civil durante su periodo de nidificación del águila imperial, que abarca los meses de febrero a mayo. También se soterrará la línea de alta tensión (de 20 kV) que contempla en su estudio, para evitar colisiones o electrocuciones de la avifauna del entorno.

Y en general, para evitar accidentes con la fauna silvestre o doméstica, la planta debe contar con vallado perimetral en sus balsas de digerido líquido, con sistemas de rescate en caso de caídas accidentales, y también la mencionada “pantalla vegetal” para favorecer la integración y reducir el impacto visual y acústico sobre el hábitat circundante.

La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias celebró este viernes la IX Mesa de Energías Renovables, un encuentro de trabajo con representantes del sector para analizar el estado de los principales proyectos energéticos del archipiélago, la ejecución de los fondos europeos y las nuevas medidas destinadas a acelerar la implantación de energías renovables en Canarias. En ella, el consejero, Mariano Hernández Zapata (PP), pidió la continuidad de estos fondos, pese a que el Ejecutivo regional tiene que devolver a Europa unos 200 millones de estos fondos Next Generation por no haber justificado su uso dentro del plazo establecido para ello.

Cabe recordar que esta Consejería es la que tiene peor ejecución presupuestaria de todo el Gobierno canario, con solo un euro gastado por cada cuatro asignados en los presupuestos.

Zapata, sin embargo, señaló que “esta está siendo la legislatura más productiva que se recuerda en materia energética en Canarias, con avances que durante años permanecieron bloqueados y que hoy están permitiendo acelerar la implantación de renovables, el almacenamiento energético y el autoconsumo, por lo cual, ”Canarias no puede pasar de la legislatura más productiva que se recuerda en materia energética a un escenario de incertidumbre por falta de financiación al finalizar los fondos Next Generation“.

En su opinión, “necesitamos continuidad para culminar la transformación energética que está en marcha”.

Según Zapata, la evolución de las energías renovables en Canarias, que ya aportan alrededor del 21% del mix eléctrico del archipiélago, así como el crecimiento continuado del autoconsumo, “que se estima en más de un 3% del sistema energético canario y continúa aumentando gracias a las distintas líneas de apoyo impulsadas por el Gobierno autonómico”. Hay que recordar que, tal y como reconoció el propio consejero en el Parlamento canario el pasado abril, Canarias “tira a la basura” lel 20% de la energía limpia que genera.

Por su parte, el presidente de la Asociación Canaria de Energías Renovables (ACER), Jesús Matilla, compartió la petición del Gobierno de Canarias con respecto a la extensión de plazos de las subvenciones Next Generation.

De esta forma, señaló que el inicio de estos fondos fue lento y que no se explican que “ahora que el actual Ejecutivo canario está haciendo un esfuerzo en este sprint final, el Estado no ayude a que la conclusión de estas ayudas sea un éxito”.

Asimismo, señaló la preocupación de los promotores por el avance de las Zonas de Aceleración de Renovables y del Reglamento de Agrovoltaica, herramientas fundamentales para seguir avanzando en la descarbonización de las islas.

Uno de los asuntos centrales de la reunión fue el balance de ejecución de los fondos Next Generation gestionados por la Consejería.

En total, el departamento ha administrado más de 447 millones de euros destinados a programas vinculados a la transición energética, que han permitido tramitar más de 29.000 solicitudes, conceder más de 24.000 ayudas y movilizar cerca de 477 millones de euros de inversión en el archipiélago.

En este sentido, el consejero resaltó el trabajo realizado para agilizar la gestión de unos fondos que, en muchos casos, se encontraban condicionados por una elevada complejidad administrativa.

Asimismo, hizo un llamamiento a los beneficiarios para culminar correctamente los procesos de justificación aún pendientes, con el objetivo de garantizar el aprovechamiento íntegro de los recursos europeos asignados a Canarias.

Nueva convocatoria de ayudas

La Mesa abordó también las nuevas convocatorias de ayudas para energías renovables que la Consejería pondrá en marcha con financiación FEDER e IDAE, destinadas a apoyar proyectos de eficiencia energética, autoconsumo, almacenamiento, digitalización energética y descarbonización en hogares, empresas, comunidades energéticas, ayuntamientos y cabildos.

Durante la sesión también se presentaron los avances en la futura regulación de las explotaciones agrivoltaicas, una iniciativa pionera que permitirá compatibilizar la actividad agrícola con la producción de energía renovable, favoreciendo un uso más eficiente del suelo y generando nuevas oportunidades para el sector primario.

Asimismo, se informó sobre el estado de tramitación de las Zonas de Aceleración para Energías Renovables (ZAR), una herramienta que permitirá orientar la implantación de nuevos proyectos hacia los espacios más adecuados desde el punto de vista técnico, territorial y ambiental, reduciendo tiempos de tramitación y aportando mayor seguridad jurídica.

Los representantes del sector realizaron un seguimiento de las distintas reuniones técnicas mantenidas durante los últimos meses con la Dirección General de Energía, en las que se han abordado medidas para simplificar procedimientos administrativos, mejorar la coordinación con los promotores y agilizar la puesta en marcha de proyectos estratégicos para la transición energética de Canarias.

En esta mesa participaron representantes del Gobierno de Canarias, de la Federación Canaria de Municipios (FECAM), de la Asociación Canaria de Energías Renovables (ACER), de la Asociación Eólica Canarias (AEOLICAN), de Endesa, de Sorecan, de la Confederación Canaria de Empresarios, de Femepa y Femete, de Asinelte, de Red Eléctrica, de Gesplan y de las Oficinas de Energía de Canarias.

El Grupo Ingka, retailer de Ikea, ha adquirido sus dos primeros parques solares en España, lo que ha supuesto un “paso importante” en el refuerzo de su presencia en el sector de la energía renovable en la península ibérica. Uno de ellos está en Villasequilla, en la provincia de Toledo.

Así, el Grupo ha consolidado estos proyectos ibéricos como parte de la amplia cartera global de energía renovable, con 4.300 millones de euros ya invertidos.

“La península ibérica es un mercado prioritario para nosotros y estas inversiones están diseñadas para apoyar un sistema energético más fiable, asequible y sostenible a largo plazo”, ha afirmado el responsable de Energías Renovables de Ingka, Frederik de Jong.

En este contexto, el brazo inversor de Ikea ha adquirido un primer parque solar en Villasequilla (Toledo), el cual ya está operativo y genera unos 51 gigavatios/hora (GWh) anuales y, el segundo, ubicado en Los Alcázares (Murcia), que sumará otros 55 GWh al año.

La producción local es cada vez “más importante”

De esta forma, los dos parques juntos producirán 106 GWh de energía renovable al año, lo que respaldará la creciente capacidad de esta energía en España en un momento en el que la producción local es cada vez “más importante”.

Además de los nuevos parques solares en España, Ingka ha instalado también paneles solares en su parque eólico en Portugal, lo que ha aumentado la producción, mejora la estabilidad de la red y maximiza la infraestructura existente.

Por su parte, el director de Sostenibilidad de la compañía, Karen Pflug, ha considerado que, como comercio minorista global, es importante ayudar a desarrollar la “resiliencia energética y la seguridad” en las regiones donde operan.

En conjunto, la expansión del Grupo Ingka en España y Portugal ha puesto de manifiesto un “cambio práctico” en la forma en la que las compañías han ayudado a asegurar y diversificar las fuentes de energía renovable.

Ha sido un proceso “duro y largo”. Pero lo han conseguido. Más de la mitad de las personas particulares, empresas y otros espacios que integran la Comunidad Energética del Casco Histórico de Toledo ya dispone de energía fotovoltaica. En total, más de una treintena de socios y socias.

Se ha convertido, de esta forma, en la primera Ciudad Patrimonio de la Humanidad en conseguir que placas solares instaladas en espacios municipales “extramuros” viertan energía eléctrica dentro del conjunto monumental.

La cuestión es muy relevante. Toledo no solo es una las ciudades más calurosas y con más días de sol en el país, sino que también alberga uno de los conjuntos monumentales más grandes de Europa. Fusionar la protección de ese patrimonio con la energía fotovoltaica y sus vistosas placas solares ha sido muy complejo.

No es de extrañar que la Comunidad Energética del Casco Histórico haya tardado casi dos años y medio en conseguir que este proyecto sea una realidad. Porque fue en 2023 cuando todo comenzó: el Ayuntamiento de Toledo solicitó una ayuda pública para la apertura de una Oficina de Transformación Comunitaria (OTC), a través de fondos europeos destinados al asesoramiento para el uso de energías limpias.

La solicitud de la subvención se hizo en enero de 2023, es decir, fue una iniciativa del anterior equipo de Gobierno a través del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE) dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO).

Esa solicitud salió adelante y fue la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda (EMSV) la encargada de gestionar la OTC. Desde allí se impulsó la creación de la actual Comunidad Energética del Casco Histórico. El reto, desde el primer momento, “parecía imposible”, cuenta a este periódico el presidente de este colectivo, Enrique García.

La prohibición de placas solares “intramuros”

Porque el primer obstáculo a sortear era la prohibición de instalar placas solares en las cubiertas del Casco Histórico, que recoge el Plan Especial de este distrito (PECHT) por motivos de estética y por el “resplandor” que podría generarse en las vistas panorámicas de la ciudad.

Por eso el proyecto solo tenía una salida: buscar cubiertas de edificios con titularidad municipal ubicados “extramuros” y donde pudieran instalarse paneles fotovoltaicos. Pero, al mismo tiempo, no podían estar a más de dos kilómetros de los futuros receptores de la energía generada, según la normativa española para compartir esta renovable en comunidades energéticas.

Ahora, la normativa de autoconsumo ha ampliado ese radio a cinco kilómetros, pero cuando arrancó la iniciativa, el “perímetro inicial” se realizó bajo el parámetro de esa primera distancia.

Así arrancó hace unas semanas la primera conexión de energía solar en el Casco Histórico de Toledo. La instalación: la cubierta de la pista de patinaje de la Escuela Municipal de Gimnasia de la ciudad. Placas solares, instaladas por la empresa Kaylo, con capacidad para generar un total de 100 kilovatios (el máximo permitido) que ahora suministran energía a una treintena de los integrantes de la Comunidad Energética.

Entre los beneficiarios, los conventos que elaboran repostería

Un dato curioso: entre estos primeros beneficiarios se encuentran todos los conventos de Toledo, con facturas altísimas de luz debido a elaboración artesanal de repostería. Ahora, algunos de ellos ya están ahorrando hasta 200 euros mensuales en la factura eléctrica.

Enrique García precisa que cuando el proyecto se impulsó a través de la OTC de Toledo, lo hicieron al mismo tiempo otros similares en Castilla-La Mancha. “Pero somos los únicos que hemos salido adelante. Hemos tenido la suerte de encontrarnos con muchas facilidades para el asesoramiento, pese a las horas y horas de dedicación. Sin la colaboración del Ayuntamiento, el apoyo y las ganas de todos, con la cantidad de trámites burocráticos que esto supone, cualquiera se hubiera echado atrás”, destaca.

En la Comunidad Energética del Casco Histórico actualmente hay 71 integrantes. Desde su origen, se concibió, no solo para los vecinos y vecinas, sino para que también participaran empresas, comercios, empresas de restauración y cualquier interesado. “Aquí no solo estamos los que vivimos, sino también los que trabajan y hacen posible la vida social”.   

Aunque ahora son 34 los socios y socias que ya disponen de energía solar desde la mencionada instalación, la previsión es que próximamente haya una segunda conexión que permita “conectar” al resto de los integrantes de la Comunidad. El espacio será la cubierta de la piscina del Salto del Caballo. “Ya está realizado todo el montaje de placas y la conexión a la red, pero quedan las autorizaciones del Ministerio de Industria y de la empresa, en este caso, Iberdrola”, avanza. También en este caso es de 100 kilovatios.

Lista de espera y “democratización” del proyecto

Y ahí no terminará el proyecto. La Comunidad Energética tiene “lista de espera” y a lo largo de este verano iniciará los trámites para una tercera instalación, en la cubierta de la tribuna del campo de fútbol, también en el Salto del Caballo.

Este miércoles, día 17 de junio, el colectivo celebra una asamblea general a la que están invitadas todas las personas y empresas interesadas, sobre todo las de esa “lista de espera”. Allí se les informará de la primera conexión a la red y de las previsiones y cuentas. “Ante todo, queremos transparencia y claridad y que, desde luego, nunca nadie se quede con ganas de conocer cualquier mínimo aspecto de lo que estamos haciendo”.

Para “democratizar” el proyecto y dar cobertura al mayor número posible de personas, Enrique García precisa que han establecido que los particulares puedan pedir un máximo de 5 kilovatios y las empresas o comercios hasta 7,5 kilovatios. “Lo que no vamos a hacer es estar todos dedicando tanto tiempo a esta iniciativa para que luego algún hotel o cualquier empresa privada absorba toda la energía de la instalación. No tendría ningún sentido”, avisa.

Y tras varias semanas en marcha, en la factura eléctrica de los primeros “enganchados” a la red ya hay cambios notables. Cuenta el presidente de la Comunidad Energética que él mismo, en el mes de mayo, se ha ahorrado 45 euros, y que uno de los restaurantes socios ha tenido un ahorro de más de 200 euros.

Teniendo en cuenta que el proyecto se ha llevado a cabo sin ningún tipo de subvenciones públicas, y que los integrantes han pagado “a escote” las instalaciones en función de la energía demandada, comenzar a notar cómo la factura se reduce es “todo un alivio”. Destaca su presidente que en cinco o seis años estará amortizada la inversión en esa primera instalación, cuyo plazo de vida útil es de 30 años.

Pero ante todo, más allá del ahorro, destaca que el objetivo inicial es aportar su “grano de arena” a minimizar los efectos del cambio climático reduciendo las emisiones de CO2. “Es un objetivo múltiple y posible, y lo estamos consiguiendo”, celebra. El cálculo es que con las previsiones de las instalaciones actuales, se dejen de emitir unas 170 toneladas de CO2 anuales.

Por eso ahora son “muy optimistas”. El boca a boca está funcionando entre los habitantes, empresas y comercios del Casco Histórico y ya hay grandes empresas de hostelería y restauración interesados en cambiarse a las energías limpias.

“Vamos a seguir instalando siempre que tengamos autorización y cesión de cubiertas de propiedad municipal. Según vayamos teniendo inscripciones, iremos montando instalaciones. Y que nadie que viva en el Casco Histórico y que tenga interés en acceder a la energía solar se quede sin ella”.

Sin el futuro tenemos subvenciones, las utilizaremos para obras o actividades de ámbito social

La Comunidad Energética cuenta con la posibilidad de que en el futuro sí puedan acceder a subvenciones. Pero incluso en ese caso “no se van a repartir entre los socios”, sino que “las utilizaremos para obras o actividades de ámbito social” como plantaciones de árboles o puntos de recarga de coches eléctricos para los socios.

El alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez, ha celebrado el arranque de esta conexión. “Esto sí que es un salto cualitativo, un elemento diferenciador tremendo el que tiene ahora mismo el Casco Histórico ”, manifestó. De hecho, avanzó la intención de impulsar esta iniciativa en el Polígono industrial, aunque hasta el momento no se han ofrecido más detalles sobre la misma.

Tras agotar la subvención recibida para la creación de la OTC -136.000 de los 180.000 euros que se invirtieron-, el Ayuntamiento ha asumido la gestión renombrándola como Oficina Municipal de la Energía de Toledo (OMET), aunque por el momento no dispone de una página web actualizada. Sí sigue habilitada la de la OTC, con contactos e información sobre su actividad.

Según la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) el autoconsumo fotovoltaico en España continúa avanzando y alcanza ya los 9,3 gigavatios de potencia instalada, consolidándose como “una de las principales palancas de la transición energética, la competitividad empresarial y el ahorro energético de los consumidores”.

Las tres grandes eléctricas españolas están frenando inversiones millonarias en renovables ante la drástica caída de precios mayoristas de la luz y la incierta rentabilidad de los nuevos proyectos, sobre todo solares. Iberdrola, Endesa y Naturgy están poniendo el foco en las redes, con retornos más previsibles y convertidas en un cuello de botella para impulsar la electrificación y atender nuevas demandas, como los centros de datos.

La mayor prudencia con las renovables es una tendencia en un sector que en los últimos años ha atraído a numerosos fondos de inversión. En las grandes utilities españolas está plasmada en sus últimos planes estratégicos y ya cala en sus cifras de inversión. 

Iberdrola, la mayor eléctrica europea, planteó en la última actualización de su plan estratégico (en septiembre pasado) que las redes de transporte y distribución concentren el 65% de los 58.000 millones de euros que prevé invertir en el periodo 2026-28, frente al 60% del plan presentado en noviembre de 2023, que cubría el periodo 2024-2026. Las redes, actividad regulada con rentabilidades garantizadas por los gobiernos, deben aportar el 55% del beneficio bruto operativo (Ebitda) de Iberdrola en 2028, frente al 42% de 2024. El año pasado, su Ebitda ajustado del negocio de Redes se disparó un 20,5%, hasta casi 7.800 millones. El de Generación Renovable y Clientes bajó un 10,3%, hasta 7.872 millones.

La inversión de la eléctrica vasca en redes ya superó en 2024 a las renovables, hasta entonces protagonistas. El grupo, pionero en la apuesta por las energías limpias hace más de 20 años, acaba de anunciar casi 4.500 millones en inversiones hasta 2030 para reforzar las redes del estado de Bahía (Brasil). Su pico de inversión bruta orgánica en renovables fue en 2023, con más de 5.400 millones. De ahí pasó a 4.701 millones en 2024 y 4.616 millones en 2025. Hasta marzo, se mantuvo estable en 1.070 millones y 1.460 millones fueron a redes.

El vigente plan de Iberdrola prevé que Reino Unido y Estados Unidos reciban dos tercios de esa inversión total de 58.000 millones para el periodo 2024-2028. Pese a la mayor prudencia, la inversión en renovables del grupo que pilota Ignacio Sánchez Galán no va a ser testimonial. El 35% de lo previsto hasta 2028, un total de 21.000 millones, irá a proyectos de energía limpia. Pero se centrará en finalizar proyectos en construcción (75% del total) con un “enfoque selectivo en nuevas inversiones” o “conservador”, como lo definió en septiembre su consejero delegado, Pedro Azagra. 

El foco está en proyectos de eólica marina (apenas desarrollada en España) en tres mercados: EEUU (pese a las muchas trabas del Gobierno de Donald Trump a esta tecnología), Alemania y Reino Unido (8.000 millones); y, en menor medida, eólica terrestre (5.000 millones) y almacenamiento y solar (2.000 millones en ambos casos). Se trata, subrayan fuentes del grupo, de inversiones “con un alto grado de visibilidad, ya que el 75% de los proyectos están ya en construcción”.

Esta apuesta, subrayan desde el grupo vasco, “no es un cambio de rumbo, sino la ejecución de una estrategia ya anunciada: mayor peso de las redes como motor de valor y crecimiento, combinado con un desarrollo disciplinado y selectivo en renovables”.

En España, prevé unos 3.000 millones en generación renovable en el periodo 2025-2028, e instalar unos 500 megavatios (MW), hasta 32.300 MW.

En el caso de Endesa, la actualización de su plan estratégico 2026-2028 presentada en febrero también prevé disparar la inversión en redes (un 40%, hasta 5.500 millones), que concentrarán el 52% del total (10.600 millones, un 10% más). La filial de la italiana Enel, centrada en España y Portugal, contempla “inversiones selectivas en proyectos renovables y almacenamiento que aporten valor añadido”, con la incorporación de 1.900 MW de nueva capacidad renovable, el 80% en eólica y almacenamiento. Esta última pata y la repotenciación hidroeléctrica concentrarán en buena medida sus esfuerzos.

El nuevo plan prevé invertir 3.000 millones en renovables, un 20% por debajo de los 3.700 millones del anterior (2025-2027), presentado en noviembre de 2024. En él las renovables suponían el 39% del total. Ahora son el 28%. Endesa atribuye el descenso “fundamentalmente” a la compra, el año pasado, de 34 centrales hidroeléctricas a Acciona (626 MW) por unos 1.000 millones. 

Según fuentes del grupo, con el nuevo plan “la previsión es ir aumentando la cifra de inversión entre 2026 y 2028 para que se concentre de manera relevante en los dos últimos años”. La prioridad es invertir “para permitir el crecimiento de demanda, sobre todo mediante el fortalecimiento de la red, tras muchos años de fuerte apuesta por la inversión en renovables”, especialmente tras el cierre de sus centrales de carbón en la Península.

“En una futura coyuntura en la que la generación y la demanda estén más equilibradas, tendrá sentido volver a apostar aún más fuerte por la generación renovable”, añaden esas fuentes. La receta ahora es aplicar “un criterio más selectivo de inversión hasta que la nueva demanda sea una realidad, lo que previsiblemente provocará mayor estabilidad de precios en el sistema y, por tanto, mejoras de la rentabilidad de esta tecnología”, indican desde el grupo que desde abril pilota el italiano Gianni Armani.

El anterior plan de Endesa contemplaba alcanzar 13.100 MW de generación renovable en 2027. En el actual se alcanzarían 13.200 MW ya en 2028, frente a los 11.309 MW que tenía en marzo de este año. La visión 2021-2030 de Endesa contemplaba destinar más de 12.000 millones a nueva potencia solar y eólica para alcanzar 24 gigavatios (GW) renovables en 2030, lo que supondría sumar 16 GW respecto a 2020.

En el primer trimestre de 2026 la inversión del grupo en generación renovable se desplomó un 52,7%, hasta 44 millones, prácticamente un tercio respecto a los 110 millones de los primeros tres meses de 2024. Su potencia renovable se mantuvo estable tras la operación de Acciona.

En el caso de Naturgy, tercera eléctrica y primera gasista española, entre enero y marzo sus “inversiones de crecimiento” en energías limpias fueron de 72 millones, un 28,8% menos que un año antes. En 2025, las redes recibieron por primera vez en varios ejercicios más inversión (998 millones) que las renovables (771 millones), que alcanzaron su pico en 2023, con 1.730 millones, tras comprar al fondo de infraestructuras Ardian una cartera de 12 proyectos en España con 857 MW por 536 millones. 

El último plan estratégico de Naturgy, presentado en febrero de 2025, prevé invertir 6.400 millones hasta 2027 “sin incluir potenciales oportunidades de crecimiento inorgánico”. El 30% (1.920 millones) irá a renovables (a unos 640 millones anuales), con el foco puesto en España, que recibirá el 75% de la inversión, frente al 55% del plan anterior (2021-2025).

Dicho plan preveía 14.000 millones de inversión hasta 2025, de los que “aproximadamente dos tercios [unos 9.300 millones: a unos 1860 millones anuales repartidos en cinco ejercicios] se dedicarán al impulso de la generación renovable”, según anunció en julio de 2021. Suponía pasar de 5 GW renovables operativos en ese momento a “más de 14 GW” en diciembre de 2025. El grupo cerró 2025 con 8,1 GW renovables instalados (de ellos, 5,7 GW en España).

Estas cifras, subrayan fuentes cercanas al grupo que pilota Francisco Reynés, se enmarcan en un contexto energético mundial y europeo que está virando de la transición energética como objetivo primordial a otro en el que la seguridad de suministro cobra mucha importancia.

Hundimiento

En España, con las eléctricas reclamando incumplir el calendario de cierre nuclear progresivo (a partir de 2027) que pactaron con el Gobierno en 2019, la solar ha dejado de ser atractiva por el hundimiento de precios y el encarecimiento de la financiación de los proyectos. Y los ambiciosos objetivos de instalación de renovables que contempla el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para 2030 se antojan así prácticamente inviables.

Las renovables se han convertido en un factor de competitividad para la economía española y un escudo frente a la sacudida energética de la guerra en Irán. Entre enero y mayo, pese la crisis por el cierre del estrecho de Ormuz, el precio mayorista de la electricidad en España fue de unos 45 euros/MW hora, con un descenso del 23% respecto a 2025 y a años luz de los 87 euros de 2023 y los disparatados 213 euros/MWh de 2022, tras la invasión rusa de Ucrania. 

A la espera de que el Ministerio para la Transición Ecológica apruebe un real decreto para elevar los topes de inversión en las redes que podría agilizar la conexión de nueva demanda, uno de los grandes desafíos está en las numerosas horas a precios cero, o negativos, concentradas en las horas de más sol, especialmente en festivos o fines de semana, cuando hay menos consumo, que comprometen la rentabilidad de los proyectos, sobre todo solares.

En lo que va de 2026 se ha superado ya holgadamente el medio millar de horas negativas en el mercado español, fenómeno que empezó a aflorar en España en 2024. Hasta marzo fueron 397 horas en negativo, según datos de la consultora Montel. Desde abril se acumulan otras 170, según información disponible en el Operador del Mercado Ibérico de Electricidad. 

Otro reto son los denominados vertidos, renovable que se desperdicia porque no hay suficiente demanda ni capacidad para almacenarla, y en los que también influye la denominada operación reforzada (con más uso del gas), que Red Eléctrica aplica desde el histórico apagón peninsular del 28 de abril de 2025 para tener un colchón extra de seguridad, y que las eléctricas cobran aparte del denominado pool mediante el mercado conocido como de restricciones técnicas.

En 2025, según cálculos de la Fundación Renovables, el 3,11% de la electricidad de origen limpio tuvo que ser vertida al no poder integrarse en la red. En julio el porcentaje de los denominados curtailments se elevó por encima del 10%. El año pasado se desperdiciaron 5.414 GWh de electricidad generada con renovables, una cantidad de electricidad superior a la demanda anual de comunidades autónomas como Extremadura (4.982 GWh), Navarra (4.873 GWh), Cantabria (3.896 GWh) o La Rioja (1.571 GWh). 

Mientras el sector solar ve con preocupación cómo el gurú económico del PP, Alberto Nadal, amenaza con reimplantar el denominado ‘impuesto al sol’ al autoconsumo fotovoltaico, esta incierta coyuntura ha llevado a muchos grupos españoles a vender activos o carteras de renovables o sellar alianzas para compartir el riesgo. La última la anunció el jueves Repsol. Ha vendido al fondo soberano de Abu Dabi (Masdar), que también ha cerrado operaciones similares con Iberdrola y Endesa, el 49,99% de una cartera operativa de 705 MW valorada en 849 millones.

Iberdrola ha generado un impacto económico de más de 300 millones de euros en Canarias en los dos últimos años -en torno a 150 millones de euros cada ejercicio-, ha dicho este martes la compañía a través de un comunicado. De este modo, “ratifica su papel como uno de los principales motores económicos de esta comunidad autónoma”. 

Iberdrola presume de ser una de las empresas que más aporta a la región y lo argumenta en que su contribución fiscal “se ha incrementado más de un 3% en 2025, hasta rozar los 125 millones de euros”.

Iberdrola define su proyecto como “un modelo empresarial de largo plazo, que es capaz no solo de conseguir resultados económicos sino de generar progreso y bienestar en nuestro entorno, a través del fomento del tejido empresarial, con compras, inversiones y creación de empleo, y cuyo objetivo es la electrificación de la economía”.

Iberdrola llega a su Junta General de Accionistas, la de su 125 aniversario, que se celebra este viernes 29 de mayo, cerca de máximos históricos de capitalización bursátil con 135.000 millones de euros, lo que la consolida como la mayor eléctrica de Europa y una de las dos mayores del mundo. Este año, además, pone a disposición de sus accionistas múltiples canales para participar a distancia y la posibilidad de asistir de forma telemática, además de la asistencia presencial con reserva de asiento.

Durante la reunión, la compañía someterá a sus accionistas la aprobación de los resultados del ejercicio 2025, en el que invirtió 14.460 millones de euros e incrementó su beneficio neto en un 12% hasta alcanzar los 6.285 millones de euros.  

Iberdrola cuenta con cientos de accionistas en Canarias que este año recibirán un dividendo de 0,68 euros por acción. De hecho, en el orden del día se ha propuesto un dividendo complementario de 0,427 euros por acción, que se suma a los 0,253 euros por acción abonados el 2 de febrero como dividendo a cuenta. De esta manera, se destinarán 4.500 millones a dividendos correspondientes al ejercicio 2025, lo que supone un incremento del 12% respecto a la cuantía distribuida el año pasado.

Adicionalmente, la compañía ha propuesto por cuarto año consecutivo un dividendo de involucración de 0,005 euros brutos por acción (1 euro bruto por cada 200 acciones) que cobrarán todos los accionistas con derecho a participación si se alcanza un quórum de constitución de, al menos, el 70% del capital social. 

En cuanto al mercado local, durante 2025 Iberdrola ha alcanzando una cuota en el mercado eléctrico canario superior al 10%. Además, dispone de una infraestructura de recarga para vehículo eléctrico de 310 puntos distribuidos en 56 ubicaciones repartidas por todas las islas.

En el ámbito de la Administración Pública, ha formalizado contratos de suministro de energía eléctrica con 27 administraciones, reforzando así el posicionamiento de la compañía en el sector institucional.

Generación renovable

Iberdrola ha construido en estos últimos meses el parque eólico Finca San Juan, ubicado en Arico, en Tenerife. Con una potencia de 17,3 MW, produce energía limpia y renovable equivalente al consumo de cerca de 16.000 hogares, lo que supone una población cercana a la de La Orotava. Su producción llega a los 56 GWh/año, evitando 28.000 toneladas de emisiones de C02. 

También en Tenerife, Iberdrola España opera el parque eólico de Chimiche. Desarrollado con una agrupación de pequeños empresarios locales, cuenta con una potencia de 18,3 megavatios (MW). Actualmente, el parque abastece de energía limpia a una población equivalente a 15.000 hogares, evitando la emisión de 33.000 toneladas de CO2 al año. Además, cuenta con su primera planta fotovoltaica en Canarias desde 2023. Con 7 MW, Llanos Pelos III, en Fuerteventura, permite abastecer de energía limpia a más de 4.000 hogares. La planta ha recibido el Sello de Sostenibilidad de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) por todas las medidas ambientales emprendidas en el proyecto, relata la compañía en un comunicado.

Una manifestación ha recorrido este sábado las calles de Vitoria para denunciar la proliferación de infraestructuras industriales en el entorno rural“. Con el lema 'Lurra defenda dezagun! Makroproiekturik ez!' (defendamos la tierra, no a los macroproyectos), la protesta ha reunido a ”miles de personas“ y ha contado con la presencia de decenas de tractores, según han informado desde Araba Bizirik.

Sus organizadores han valorado, en un comunicado, que la movilización ha supuesto “una demostración de fuerza colectiva” que da continuidad a las protestas que “llenaron la capital alavesa en años anteriores”.

Según han explicado, la convocatoria ha sumado alrededor de 200 apoyos, entre ellos “numerosas” juntas administrativas y ayuntamientos de Álava y colectivos sociales vascos.

Durante la movilización, se ha denunciado “el incesante goteo de proyectos industriales a gran escala que amenazan al territorio”. Entre ellos, han citado el Tren de Alta Velocidad, “macrocentrales” eólicas y fotovoltaicas, líneas de alta tensión, “macrocentros” de datos, plantas de biometanización y la ampliación de polígonos industriales, canteras y del aeropuerto.

El Ente Vasco de la Energía (EVE), sociedad pública del Gobierno vasco, e Iberdrola han encontrado en 24 horas el interés de 51 pequeños inversores para cubrir, mediante la fórmula de “crowdlending”, el 60% de los 3 millones previstos para inyectar financiación al parque eólico de Labraza, en la localidad riojanoalavesa de Oyón. Es la primera instalación de renovables que se inagurará en Euskadi en dos décadas y, además de ofrecer reducciones en la factura eléctrica, los promotores están probando otras formas “innovadoras” de “crear beneficio” para las personas que viven en las localidades afectadas.

“Como experimento o novedad, parece que va bien”, se ha felicitado el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, del PNV, al dar los primeros datos desde la puesta en marcha de la iniciativa este lunes. Ha dado por hecho que el cupo de 3 millones de euros se llenará al haber sido ya reservados 1,8 en poco tiempo y ha explicado que, después, se dará prioridad a los vecinos del entorno directo del parque, los de Labraza, Barriobusto y todo el término de Oyón. Eso sí, está abierto a cualquier persona de la Rioja Alavesa y de toda la provincia de Álava.

Según los promotores, se pueden meter entre 1.000 y 100.000 euros y se prometen rentabilidades del 7%. “La plataforma Fundeen realiza el proceso inversor con rentabilidad garantizada”, se puede leer en la web del organismo público EVE. Este martes hay una reunión informativa en Labastida y las habrá, igualmente, en Oyón y Laguardia.

No sin oposición social y con controversia política en un municipio gobernado por EH Bildu, las obras de Labraza ya han arrancado. Se habla de una inversión total de 59 millones de euros, por lo que la parte de “crowlending” apenas supera el 5%. Por el momento, según el EVE, “se han adjudicado las obras a la firma navarra ECAY, los aerogeneradores a Siemens-Gamesa y la ampliación de la subestación de evacuación a la ingeniería EDS”. Se trata de una planta de 40 MW y supondrá un salto del 26% en la capacidad de generación eólica actual de la comunidad autónoma.

El consejero Jauregi ha explicado que los proyectos en marcha permitirán pasar de una producción renovable actual que apenas supone el 7,9% del 'mix' total a un 15% en cinco años. Eso implica ganar 450 MW con parques eólicos o solares, mas también otros 300 MW en “autoconsumo”. El EVE tiene un presupuesto total de 80 millones de euros. La ley autonómica de 2024 obliga a que Euskadi alcance un 32% de renovables en 2030 y el último dato es del 21,4%. Son dos indicadores diferentes, ya que en el segundo entra también la energía verde importada, no solamente la producida.

El Cabildo de Gran Canaria, a través del consejo Insular de la Energía de Gran Canaria, ha culminado la instalación solar fotovoltaica de la Presa de Las Niñas, en el municipio de Tejeda, convirtiéndose en la primera instalación energética aislada de la red eléctrica promovida por la institución insular para abastecer  infraestructuras públicas y servicios en un entorno natural de la isla.

Esta actuación supone un nuevo avance dentro de la estrategia insular de transición energética impulsada por el Cabildo de Gran Canaria, orientada al desarrollo de soluciones sostenibles adaptadas a las singularidades territoriales de la isla, especialmente en espacios alejados de la red convencional donde resulta imprescindible apostar por sistemas autosuficientes basados en generación renovable y almacenamiento energético.

El consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento, Raúl García Brink, destacó que “esta instalación representa de manera ejemplar el modelo energético que estamos impulsando desde Gran Canaria, a través de soluciones adaptadas a cada territorio, capaces de combinar sostenibilidad, autosuficiencia energética y servicio público”

Asimismo, señaló que “la transición energética en una isla como Gran Canaria no puede plantearse únicamente desde las grandes infraestructuras o los núcleos urbanos. También debe llegar a espacios naturales y recreativos como la Presa de Las Niñas, garantizando que cualquier persona pueda acceder a servicios energéticos sostenibles incluso en zonas aisladas de la red”.

Sistema completamente autónomo

La Presa de Las Niñas, uno de los espacios recreativos y naturales más visitados de la cumbre grancanaria, carece de conexión a la red eléctrica. Por ello, el proyecto ha sido diseñado como un sistema completamente autónomo capaz de suministrar energía limpia a las infraestructuras existentes y ofrecer, además, servicios de movilidad eléctrica a las personas usuarias de la zona.

La instalación cuenta con 38 módulos fotovoltaicos flexibles de 585 Wp, alcanzando una potencia pico total de 22,23 kWp y una potencia nominal de 16,2 kW. El sistema incorpora dos inversores de 8,2 kW y 8 kW, así como otro de almacenamiento energético con una capacidad total de 57,6 kWh.

La producción anual estimada asciende a 31.584,84 kWh frente a un consumo anual previsto de 16.727,2 kWh, lo que permitirá cubrir el 100% de la demanda energética de las instalaciones mediante autoconsumo renovable.

Asimismo, la actuación incorpora dos puntos de recarga para vehículos eléctricos de 7,4 kW con conector tipo 2 en modo de carga lenta, lo que permitirá que las personas visitantes puedan recargar sus vehículos mientras disfrutan de este enclave natural de la isla.

Desde el punto de vista ambiental, la instalación permitirá evitar la emisión de aproximadamente 16,39 toneladas de CO₂ al año, un impacto equivalente a la absorción anual de cerca de 98 árboles o al consumo eléctrico medio de unas nueve viviendas.

La actuación, cuyo presupuesto asciende a 138.516,48 euros, se enmarca dentro de la estrategia del Cabildo de Gran Canaria para impulsar infraestructuras energéticas sostenibles en distintos espacios públicos y enclaves estratégicos de la isla, promoviendo la combinación de generación renovable, almacenamiento energético y movilidad eléctrica como pilares fundamentales de la transición energética insular.

El Tribunal de Distrito de La Haya ha decretado el embargo de la sede del Instituto Cervantes en Utrecht (Países Bajos), tras haber autorizado el pasado 19 de marzo la ejecución en ese país de los laudos arbitrales por el cambio en 2013 de la normativa de retribución de energías renovables.

El inmueble, valorado en unos 10 millones de euros y registrado a nombre del Instituto Español de Emigración, será vendido en presencia de un notario, según el escrito de los letrados encargados de registrar el embargo, al que ha tenido acceso EFE y fechado el pasado 24 de abril.

El litigio obedece a las consecuencias del cambio en la normativa española para la retribución a las renovables decretado en 2013, durante el Gobierno de Mariano Rajoy (2011-2018), que supuso un recorte a la retribución que recibían estas instalaciones durante su vida útil.

Ello desembocó en una oleada de peticiones de arbitrajes de inversores ante diferentes organismos internacionales, el principal el Ciadi, dependiente del Banco Mundial.

España se opondrá y litigará

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico han señalado a EFE que, sin perjuicio de la actuación que pueda emprender el Ministerio de Justicia neerlandés con relación al embargo preventivo de la sede del Instituto Cervantes, España se opondrá y litigará, defendiendo los intereses nacionales del país, como sucede habitualmente.

Los inversores extranjeros en materia de energías renovables denunciaron a España en cortes de arbitraje internacional por la reforma normativa del anterior Gobierno del PP en el año 2013, añade la misma fuente.

En total, reclamaban un total de 10.635 millones de euros, pero España ya ha conseguido reducir ese importe en un 85% y sigue litigando en distintas instancias nacionales e internacionales, explican desde Transición Ecológica.

El documento de los abogados neerlandeses indica que España fue formalmente informada el pasado 20 de abril sin que se efectuara el pago de la indemnización, de ahí que se haya autorizado el embargo preventivo del inmueble.

El laudo ejecutado corresponde a la reclamación del fondo Blasket Renewable Investment, en un procedimiento que deriva del caso de Eurus Energy, filial del grupo japonés Toyota.

El inmueble, situado en el centro histórico de Utrecht, tiene un valor de mercado cercano a los 10 millones de euros.

Fuentes cercanas a los fondos acreedores destacan que el edificio no constituye un órgano indispensable para la acción diplomática española, al tratarse de un ente cultural que también alberga eventos y conferencias, de modo que un eventual recurso que alegue inmunidad soberana tendrá escaso recorrido.

En Estados Unidos, siete de las empresas acreedoras han derrotado a España, de tal manera que los tribunales norteamericanos han reconocido una deuda de 688 millones de euros y han autorizado procedimientos de descubrimiento de activos del Estado español que afectan, por ejemplo, a la operativa de la selección española en el Mundial de Fútbol de 2026, indica la misma fuente.

En total, España debe 2.309 millones de euros a las empresas que sufrieron la retirada retroactiva de las primas renovables y han venido sufriendo los continuos impagos de estas sentencias