Ya está redactado el borrador del anunciado decreto por el que se establecen las condiciones para la gestión de los residuos orgánicos mediante su transformación en biometano en Castilla-La Mancha. El texto responde a un mandato de las Cortes regionales que impulsó el Grupo Socialista como respuesta a la enorme proliferación de proyectos de plantas que trabajan con residuos agroganaderos para generar esta polémica renovable. Y es una consecuencia, asimismo, del gran rechazo social y vecinal que han provocado, al igual que sucedió con las macrogranjas.

El decreto todavía tiene que pasar por el Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva, previsiblemente en el próximo curso político y antes de final de año. Además, va acompañado de una reciente reforma de la Ley de Evaluación Ambiental de la comunidad autónoma que otorga a los plenos municipales de los ayuntamientos el poder de vetar cualquier proyecto de este tipo, aunque sea en teoría porque el Ejecutivo regional se reserva para sí la potestad de poder declarar “prioritarios” los que considere oportunos.

La normativa busca equilibrar los objetivos de “neutralidad climática” y soberanía energética de la Unión Europea con “la protección del bienestar de la ciudadanía local”.

Algunas de estas restricciones ya estaban incorporadas en la resolución del Grupo Socialista que ha dado origen al borrador, que actualmente se encuentra en información pública para la presentación de alegaciones. El hecho de que ahora el Gobierno regional 'eche el freno' en esta cuestión contrasta con su decisión de declarar “prioritarios” algunos proyectos de biometano como la futura planta de Gálvez, o la que ya está en funcionamiento en Noez, ambos en la provincia de Toledo.

Pero el caso es que el decreto es bastante restrictivo: hay decenas de exigencias técnicas, entre ellas las referidas a las distancias entre estas plantas de biometano y los núcleos urbanos. Con carácter general, deben situarse a una distancia mínima de dos kilómetros desde el límite del suelo urbano, urbanizable o apto para urbanizar que sea de uso residencial.

Pero hay algunas variantes. Por ejemplo, en el caso de instalaciones que traten residuos de cadáveres de animales, la distancia mínima obligatoria aumenta a cuatro kilómetros respecto a los mismos límites de suelo urbano o urbanizable.

Por el contrario, en el caso de actividades de restauración y hoteleras ubicadas en el suelo rústico, la distancia se reduce: puede estar a tan solo 500 metros. Pero si estos establecimientos están integrados en suelos urbanos o urbanizables de uso residencial predominante, se benefician de la mencionada protección general: dos kilómetros como norma general y cuatro si se trata de residuos de cadáveres de animales.

Esto implica una doble protección: por un lado, se impide que una planta se instale cerca de un hotel existente, pero por otro, se restringe la apertura de nuevos hoteles o restaurantes en áreas que no cumplan estas distancias mínimas respecto a plantas ya autorizadas.

De hecho, el decreto exige que las instalaciones de biometano se adapten estéticamente al entorno y prohíbe su ubicación en zonas donde sean visibles desde miradores o puntos de atracción turística. Además, se debe evitar su implantación cerca de áreas de interés cultural o patrimonio natural.

Además, los hoteles y restaurantes también son identificados en la nueva norma como generadores de sustratos. La regulación busca así un equilibrio: por un lado, aleja físicamente la industria de los negocios turísticos para evitar olores y ruidos, y por otro, integra los residuos orgánicos que estos generan en el ciclo de la economía circular.

Pero, ¿cómo se miden las distancias mínimas? Se aplican tomando como referencia el vallado exterior de la propia instalación. En el caso específico de las distancias a explotaciones ganaderas, el decreto especifica que la medición debe realizarse sobre plano (distancia topográfica). Se toma como referencia el lugar donde se alojan los animales que esté más próximo a la instalación de biometano.

Lo más curioso es que estas mediciones tienen un carácter recíproco respecto a los “elementos sensibles del entorno”: la distancia se mide de forma topográfica desde el cierre perimetral de la planta hasta el punto más cercano del elemento protegido.

Digestato, malos olores y transporte

Una de las cuestiones más polémicas que ha generado la proliferación de estas instalaciones ha sido el tratamiento del digestato, el residuo resultante de la valorización de residuos agroganaderos, que suele comercializarse como fertilizante, y principal causante de malos olores. En este caso, el decreto exige a las empresas promotoras un estudio de dispersión de olores que garantice que no se supera el umbral de 1,5 unidades de olor por metro cúbico de aire (ouE/m³) en el límite del suelo urbano o urbanizable de uso residencial.

Además, para evitar molestias adicionales a la población, se prohíbe el paso de camiones con residuos por los núcleos urbanos de los municipios, salvo en los casos en que el residuo se haya generado dentro de ese mismo municipio.

Las empresas deben presentar un estudio de las rutas de transporte que identifique la ubicación de cada sustrato de entrada y el recorrido previsto. Estas rutas deben actualizarse si sufren modificaciones definitivas.

El transporte debe realizarse de forma apta según el tipo de residuo, asegurando siempre transportes cerrados para evitar la pérdida de materiales y la propagación de malos olores. También debe tener en cuenta su huella de carbono para cumplir con los porcentajes de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero exigidos por la normativa europea (entre un 65% y un 80% según el uso del biogás).

En cuanto a los olores, el borrador del decreto garantiza establece una combinación de modelización científica, límites técnicos estrictos y medidas de control operativo.

Así, obliga a todas las plantas a presentar un estudio de dispersión de olores que utilice el modelo del sistema avanzado de simulación de calidad del aire en estado no estacionario (CALPUFF). Las naves de pretratamiento y compostaje deben operar en presión negativa respecto al exterior para evitar fugas de aire contaminado. Además, será obligatorio conectar los sistemas de aspiración de aire a equipos de limpieza como lavadores de gases vía húmeda, filtros de carbón activo o biofiltros. Y tanto los sustratos de entrada como el digestato deben estar en tanques herméticos, naves o balsas cerradas.

Hay en el decreto otras regulaciones complementarias para evitar olores en el entorno. Por ejemplo, el transporte de sustratos debe realizarse obligatoriamente en vehículos cerrados y cuando el digerido se aplica como fertilizante, debe incorporarse al suelo mediante arado o equipos equivalentes en un plazo no superior a 24 horas para disminuir la emisión de malos olores.

Recursos hídricos y contaminación de acuíferos

Por otro lado, el borrador establece medidas para proteger los recursos hídricos y prevenir la contaminación de acuíferos y masas de agua superficiales, otra de las principales críticas de los grupos ecologistas, sociales y vecinales. Estas regulaciones abarcan desde la ubicación de las plantas hasta las condiciones técnicas de almacenamiento y la aplicación de los productos resultantes.

Tanto para la instalación de la planta de biometano como para la aplicación del digestato en el suelo, se exigen separaciones mínimas respecto a puntos críticos de agua: por ejemplo, 250 metros en el caso de captaciones de agua subterránea y de embalse destinadas al consumo de poblaciones

Asimismo, para evitar que filtraciones contaminantes alcancen el subsuelo y los acuíferos, las superficies de almacenamiento de las plantas de biometano deben estar impermeabilizadas mediante solera de hormigón y contar con sistemas de drenaje de lixiviados Para el control de fugas y monitoreo en acuíferos, el decreto establece la obligación de instalar, como mínimo, un piezómetro aguas arriba y dos piezómetros aguas abajo de la instalación para monitorear la calidad del agua.

Con carácter general, cada cinco años, un organismo acreditado debe revisar los sistemas de control de fugas y el estado de la estanqueidad; y también se exige un plan específico de monitoreo de aguas residuales y emisiones que debe estar a disposición de las autoridades.

En áreas declaradas vulnerables a la contaminación por nitratos, se debe cumplir estrictamente el programa de actuación vigente en Castilla-La Mancha. Esto quiere decir que no se permite la instalación en suelos “inundados o saturados”, ni durante periodos prolongados de lluvias, o si la pendiente del terreno genera riesgo de escorrentía directa hacia masas de agua, independientemente de la distancia.

El decreto prioriza que las fracciones acuosas resultantes de los procesos de tratamiento sean depuradas hasta conseguir un agua apta para vertido, reutilización industrial o riego autorizado.

Una moratoria de dos años

Finalmente, el borrador decreta que hasta el 21 de diciembre de 2029 las plantas de biometano que cuenten ya con autorización ambiental integrada deberán adaptar sus instalaciones a estas medidas.

Mientras, se suspenderá la tramitación de los procedimientos de autorización ambiental de proyectos de biometano, por un plazo máximo de 24 meses, hasta la presentación de la documentación necesaria adaptada a las condiciones establecidas en este decreto.

Transcurrido este plazo sin que se haya presentado la documentación se le tendrá por desistido y se archivarán las actuaciones.

Esta norma recuerda mucho a la moratoria, ya levantada, que el Gobierno de Emiliano García-Page impulsó para las macrogranjas, una de las fuentes para nutrir a las plantas de biometano. Como ocurre ahora, lo hizo a pocos meses de unas elecciones, allá por 2022.

El Cabildo de Lanzarote ha presentado una nueva propuesta para implantar renovables en la isla. Lo ha hecho tras la polémica que provocó su acuerdo con el Gobierno de Canarias sobre las Zonas de Aceleración de Renovables (ZAR), que contemplaba reservar 3.163 hectáreas de suelo virgen para construir grandes parques de energía eólica y solar sin contar ni con la población ni con los ayuntamientos. Ahora, la corporación ha remitido a los siete municipios un informe que propone priorizar el uso de las cubiertas y que reduce a 200 hectáreas (un 0,25% del territorio insular) el suelo a ocupar.

El documento propone una serie de localizaciones distribuidas por toda la isla que ahora tendrán que ser revalidadas por los gobiernos municipales. El Cabildo ha dado un plazo de tres semanas a los ayuntamientos para que presenten sus aportaciones y posibles propuestas antes de elevar el documento final al Consejo de la Reserva de la Biosfera y al Gobierno de Canarias.

El informe, al que ha tenido acceso Canarias Ahora, ha sido elaborado por los doctores arquitectos Vicente Mirallave Izquierdo y Flora Pescador Monagas, por encargo de la Reserva de la Biosfera del Cabildo de Lanzarote. El documento resalta el paisaje como ''uno de los máximos valores a preservar'' antes de implantar cualquier infraestructura: ''Cualquier actuación sobre estos paisajes ha de ser muy medida y controlada en su escala, dimensiones y calidad de la intervención''.

Según el informe, Lanzarote tiene capacidad para avanzar hacia un modelo energético más autosuficiente sin necesidad de comprometer sus valores ambientales y paisajísticos. El objetivo final es alcanzar la autosuficiencia en 2040. Para conseguirlo, los investigadores sugieren que la implantación de renovables debe concentrarse ''prioritariamente'' en espacios que ya estén transformados o alterados por actividades previas.

Su implementación, añaden, debe ser compatible con la calidad de vida de la población, preservar los usos tradicionales del suelo y ser compatible con las actividades económicas, residenciales, agrícolas y turísticas. Además, el estudio encargado por el Cabildo coincide con el que publicó en junio la la Fundación César Manrique en junio en la importancia de la participación y la aceptación social de la planificación energética. Por último, apuesta por un modelo de gestión pública y de autoconsumo colectivo para evitar la especulación y garantizar la soberanía energética insular.

Cubiertas y canteras

El desarrollo energético en Lanzarote, dice el estudio, debe evitar ''la dispersión indiscriminada de instalaciones sobre el territorio insular'' o la ocupación masiva del suelo rústico. Por el contrario, se debe priorizar la ocupación de áreas obsoletas, incompletas y otros espacios degradados, así como las cubiertas de los edificios públicos y privados. Para garantizar que cualquier proyecto se adapte a las condiciones del lugar, el informe plantea que estos deben contar con un Estudio de Integración Paisajística donde se justifique plenamente su idoneidad.

''El modelo más eficiente [...] no sería una expansión extensiva de grandes parques energéticos, sino una estrategia jerarquizada: primero cubiertas urbanas y superficies ya artificializadas; después espacios degradados o industriales; y solo de forma limitada, instalaciones de mayor escala integradas en el territorio'', apunta el texto. Además, concluye que Lanzarote debe apostar por un sistema híbrido integrado por la energía solar y la eólica, y no elegir solo una de ellas.

El informe contempla 70,94 hectáreas (ha) de espacios degradados o transformados. Todos ellos son canteras de extracción de áridos explotadas por empresas: cantera de Lanzagrava (16,85 ha), cantera de hermanos Tavío (8,81) y cantera de Horinsa (28,28).

Sobre el uso de cubiertas, el documento cita un estudio del Instituto Tecnológico de Canarias que estima que Lanzarote dispone aproximadamente de 910 hectáreas de cubiertas aptas para instalar energía fotovoltaica, lo que permitiría generar 906 megavatios. El sector residencial acapararía el 55% de la superficie de cubiertas, siendo el segundo sector de mayor importancia la hostelería, con el 15%.

''Una parte muy significativa de la transición energética podría producirse sin necesidad de consumir nuevo suelo, especialmente mediante la activación del sector residencial, [...] junto con el sector turístico y de servicios'', reza el documento.

La generación energética, añaden, deberá vincularse a los principales centros de consumo tales como núcleos urbanos, sistemas generales o grandes infraestructuras energéticas e hidráulicas existentes. Según ha informado el Cabildo, se contempla instalar un parque fotovoltaico en el entorno de la cárcel de Tahíche, cuya producción energética se destinaría prioritariamente al ciclo integral del agua con el objetivo de paliar el elevado consumo de energía asociado a la desalación, depuración y distribución de los recursos hídricos de la isla.

Este servicio consumió el 13,72% de la energía que se produjo en Lanzarote en 2024, por debajo del consumo de los hogares (28,59%) y de los servicios de aojamiento (27,98%). El principal problema pasa por las enormes pérdidas del agua que producen las desaladoras. Según los últimos datos publicados, más del 50% de este recurso se pierde antes de llegar a las casas por las deficiencias de la red.

Otra de las propuestas que hace el estudio es aprovechar que el sistema eléctrico de Lanzarote y Fuerteventura están conectados para hacer de las dos islas ''un único espacio de energías renovables compartidas'' para ahorrar esfuerzos y consumo de suelo.

El Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad ha tumbado este viernes hasta 19 de los parques fotovoltaicos incluidos en el macroproyecto Zierbena Solar, con 29 patas, de la compañía Solaria a través de su filial Solaria Eguzki Sorkuntza. Se suman a los permisos ya denegados con anterioridad. El plan Zierbena Solar preveía una inversión superior a los 100 millones de euros, más de 300.000 placas en Álava con una ocupación de 2.000 hectáreas y una gran línea de alta tensión para evacuar a Bizkaia la energía producida, lo que ha motivado gran rechazo ecologista, social e incluso institucional.

Los proyectos que se han denegado, según recoge el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV), son los denominados Zierbena Solar 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25 y 29, al igual que “sus infraestructuras de evacuación, ubicadas en el territorio histórico de Álava, así como del proyecto de la infraestructura común de evacuación, en los territorios históricos de Álava y Bizkaia”. Resoluciones anteriores ya habían tumbado los proyectos 3 y 4. Los números 15, 16 y 19 deberían ser revisados por el Estado y los 26, 27 y 28 están en terrenos de Miranda de Ebro, en Burgos pero pegada a Álava. Nada se conoce del 2.

En realidad, la Administración afea a Solaria que no haya cumplido todos los trámites en lo tocante a aportar información. También que haya una “ausencia de acuerdo vinculante” con Bahía de Bizkaia Electricidad para las instalaciones de evacuación de Zierbena. Asimismo, se ha producido una “caducidad automática” de los permisos de “acceso y conexión” a Red Eléctrica Española, el “fundamento” principal para la denegación.

“Queda claro que la lucha tiene sus frutos”, se felicitaron desde colectivos contrarios a estos proyectos cuando se conocieron las primeras denegaciones. “El proyecto causaría un perjuicio muy grave sobre los proyectos ecológicos y un efecto negativo muy grave sobre el paisaje, los montes y especies en Álava”, añadió la propia Diputación alavesa. Las alegaciones se contaron por miles. Las instalaciones estaban planeadas en Vitoria, Arrazua-Ubarrundia, Valdegovía, Lantarón, Ribera Alta, Añana, Iruña de Oca, Ribera Baja, Armiñón, Zigoitia, Zambrana, Zuia o Berantevilla, pero afectaban también a Ayala, al norte de la provincia, y a localidades vizcaínas como Gordexola, Galdames o Abanto Zierbena.

Desde la mañana de este lunes, Gipuzkoa abrió la llave para que un gas renovable entre a unos pocos miles sus hogares merced a la gestión de sus residuos orgánicos. El Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK) ha puesto en marcha la planta de 'Upgrading' en el denominado Complejo Medioambiental de Gipuzkoa. La maquinaria, la segunda de su tipo en España, es considerada por el presidente de GHK y diputado foral, el socialista José Ignacio Asensio, como una “vanguardia de la innovación ambiental”, consolidando al territorio como referente en “economía circular y transición energética”.

El proceso comienza en cada hogar con la separación de residuos en el contenedor marrón. Tras ser recogidos, se procesan anualmente cerca de 55.000 toneladas de materia orgánica. De este total, 15.000 toneladas se transforman en compost para uso agrícola; las 40.000 restantes se someten a un proceso de “digestión anaeróbica” donde millones de microorganismos transforman la materia en biogás. Anteriormente, se destinaba únicamente a generar electricidad mediante motores de cogeneración.

Ahora, con la nueva instalación, el complejo guipuzcoano puede decidir el destino más eficiente del recurso según las necesidades del sistema. A través del 'Upgrading', el biogás se purifica gracias a su paso por membranas que separan el dióxido de carbono del biometano, un gas renovable y de calidad. Finalmente, este se inyecta directamente a la red, aportando el equivalente al consumo medio anual de 9.000 hogares.

Juan Villar, consejero delegado de Nortegás, ha destacado durante el acto que “la tecnología se compra” pero “el compromiso ciudadano no”, agradeciendo la implicación de la sociedad guipuzcoana. Por su parte, Asensio ha señalado que este compromiso ha logrado duplicar la recogida selectiva de materia orgánica en una década, pasando del 29% al 60%. En este sentido, ha subrayado cómo “un gesto tan cotidiano” como separar la basura se traduce en “energía limpia, empleo y riqueza para el territorio”.

Se ha publicitado que la nueva infraestructura sitúa a Gipuzkoa entre las regiones europeas más avanzadas en gestión de residuos, un tema que ha suscitado controversias en el territorio durante años. Javier Rivas, directivo de FCC Medio Ambiente, una de las adjudicatarias del Complejo, ha calificado de “honor” formar parte de este avance, realizado “medianamente en plazo” gracias a la colaboración entre entidades. Aunque en 2022 se instaló la primera planta de este tipo en Valdemingómez, en Madrid, los responsables destacan que el 'Upgrading' de Gipuzkoa incorpora mejoras tecnológicas más punteras.

En la presentación se ha insistido en que el proyecto se alinea con las estrategias de la Unión Europea y el Gobierno de España para disminuir el consumo de combustibles fósiles. Actualmente, el Ejecutivo trabaja en una regulación para establecer una cuota obligatoria de biometano en el sistema gasista del 6% para 2035. Para superar este reto, Villar ha estimado que Euskadi necesita entre 25 y 35 plantas similares. En Europa, cerca de 2.000 plantas de biometano ya están en funcionamiento, consolidando este gas renovable como una herramienta clave para la descarbonización.

L’Associació Valenciana d’Empreses del Sector de l’Energia (AVAESEN) adverteix que la falta d’ajudes per a l’impuls de les comunitats energètiques posa en risc més de deu milions d’euros d’inversió, després d’anys amb la Comunitat Valenciana al capdavant del sector.

Segons apunta la patronal energètica, els pressupostos de la Generalitat per al 2026, aprovats aquest dimecres a les Corts Valencianes, deixen sense dotació específica aquesta línia d’ajudes, fet que suposaria el segon exercici consecutiu sense finançament autonòmic per a aquestes iniciatives. Aquesta falta de continuïtat, afirma AVAESEN, “ja està provocant una aturada en el desenvolupament de nous projectes, que afecta tant iniciatives promogudes per ajuntaments com inversions empresarials que requereixen un marc estable per a tirar endavant”.

L’associació apunta que aquests anys sense inversió, que fins ara s’havia nodrit de fons europeus en el marc de les estratègies d’adaptació al canvi climàtic, “poden comprometre la supervivència d’un sector empresarial especialitzat que s’havia preparat per a respondre al creixement d’aquest nou model energètic”.

L’any 2020, fonamentalment a través d’ajudes europees, les energies renovables van rebre una injecció econòmica que va impulsar el seu creixement. El 2023, la Generalitat Valenciana havia invertit 37 milions d’euros en instal·lacions d’autoconsum, incloses les comunitats energètiques locals. L’Executiu, encara davall la direcció del PSPV, Compromís i Unides Podem-EUPV, va assumir l’objectiu europeu d’assolir el 2030 els 10.000 megawatts d’energies renovables, dels quals 4.000 corresponen a energia eòlica i 6.000, a energia solar fotovoltaica.

Segons informa la Conselleria d’Indústria, que dirigeix Marian Cano, l’Ivace, que gestiona els fons per al foment de les comunitats energètiques, ja ha complit la senda financera assignada pels fons europeus per a aquestes iniciatives. És a dir, ha esgotat el pressupost que se li havia assignat, per la qual cosa la Direcció General de Pressupostos no ha pogut destinar més recursos a aquesta finalitat.

AVAESEN sol·licita a la Generalitat Valenciana i als grups parlamentaris que incorporen una dotació pressupostària específica per a l’impuls de les comunitats energètiques, encara que la patronal va formular la petició en ple debat parlamentari.

Segons l’últim informe de l’Observatori Energia Comuna d’ECODES, 104 de les 837 comunitats energètiques existents a Espanya es troben en territori valencià. Per a AVAESEN, “aquesta posició és el resultat d’anys de col·laboració entre administracions, empreses i entitats locals, un avanç que ara podria revertir-se mentre altres comunitats autònomes mantenen els seus programes de suport”.

L’associació també recorda que les ajudes públiques continuen sent un element clau perquè aquests projectes puguen fer-se realitat. El mateix informe d’ECODES assenyala que el 59% de les comunitats energètiques han necessitat algun tipus de finançament o subvenció pública per al seu desenvolupament. “Les subvencions no substitueixen la inversió privada, però sí que redueixen el risc inicial i permeten que les comunitats energètiques siguen accessibles també per a les llars en situació de vulnerabilitat energètica”, subratllen des d’AVAESEN. En aquest sentit, l’associació recorda que l’actual context geopolític i la incertesa en els mercats energètics fan preveure un increment del cost de l’electricitat en els pròxims mesos, fet que reforça la necessitat d’accelerar el desplegament de models de generació renovable de proximitat.

La Asociación Valenciana de Empresas del Sector de la Energía (AVAESEN) avierte de que la falta de ayudas para el impulso de las comunidades energéticas pone en riesgo más de 10 millones de euros de inversión, tras años con la Comunitat Valenciana a la cabeza en el sector.

Según apunta la patronal energética, los presupuestos de la Generalitat para 2026, aprobados este miércoles en las Corts Valencianes, dejan sin dotación específica esta línea de ayudas, lo que supondría el segundo ejercicio consecutivo sin financiación autonómica para estas iniciativas. Esta falta de continuidad, afirma AVAESEN, “ya está provocando un parón en el desarrollo de nuevos proyectos, afectando tanto a iniciativas promovidas por ayuntamientos como a inversiones empresariales que requieren un marco estable para salir adelante”.

La asociación apunta que estos años sin inversión, que hasta la fecha se había nutrido de fondos europeos en el marco de las estrategias de adaptación al cambio climático, “pueden comprometer la supervivencia de un sector empresarial especializado que se había preparado para responder al crecimiento de este nuevo modelo energético”.

En el año 2020, a través fundamentalmente de ayudas europeas, las energías renovables disfrutaron una inyección económica que impulsó su crecimiento. En 2023, la Generalitat Valenciana había invertido 37 millones de euros en instalaciones de autoconsumo, incluidas las comunidades energéticas locales. El Ejecutivo, todavía bajo la dirección de PSPV, Compromís y Unides Podem-EUPV, asumió el objetivo europeo de alcanzar en 2030 los 10.000 megavatios de renovables, de los que 4.000 corresponden a energía eólica y 6.000 a solar fotovoltaica.

Según informa la Conselleria de Industria que dirige Marian Cano, el IVACE -que gestiona los fondos que para el fomento de las Comunidades Energéticas-, ya ha cumplido ya con la senda financiera asignada por los fondos europeos para los fondos destinados a las Comunidades energéticas. Es decir, que ha agotado el presupuesto que se le había asignado, por lo que la dirección general de Presupuestos no ha podido asignar más a este fin.

AVAESEN solicita a la Generalitat Valenciana y a los grupos parlamentarios que incorporen una dotación presupuestaria específica para el impulso de las comunidades energéticas, aunque la patronal hizo la petición en pleno debate parlamentario.

Según el último informe del Observatorio Energía Común de ECODES, 104 de las 837 comunidades energéticas existentes en España se encuentran en territorio valenciano. Para AVAESEN, “esta posición es el resultado de años de colaboración entre administraciones, empresas y entidades locales, un avance que ahora podría revertirse mientras otras comunidades autónomas mantienen sus programas de apoyo”.

La asociación recuerda además que las ayudas públicas continúan siendo un elemento clave para que estos proyectos puedan hacerse realidad. El mismo informe de ECODES señala que el 59 % de las comunidades energéticas han necesitado algún tipo de financiación o subvención pública para su desarrollo. “Las subvenciones no sustituyen la inversión privada, pero sí reducen el riesgo inicial y permiten que las comunidades energéticas sean accesibles también para hogares en situación de vulnerabilidad energética”, subrayan desde AVAESEN. En este sentido, la asociación recuerda que el actual contexto geopolítico y la incertidumbre en los mercados energéticos hacen prever un incremento del coste de la electricidad en los próximos meses, reforzando la necesidad de acelerar el despliegue de modelos de generación renovable de proximidad.

El Gobierno de Emiliano García-Page ha comenzado a allanar el camino para el futuro decreto que regulará las polémicas plantas de biometano y su “efecto llamada” para las macrogranjas, con una moratoria para los expedientes en curso. Uno de los objetivos principales de esa regulación es dar a los ayuntamientos el poder de decidir si quieren o no que estos proyectos se implanten su territorio.

Pero para ello, primero debe modificar la Ley de Evaluación Ambiental de la comunidad autónoma. Y ese es el paso que hoy ha dado a través de una proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, mediante la que se modifica esa norma, cuya toma en consideración ha aprobado el pleno parlamentario con la mayoría absoluta socialista. Los grupos del PP y Vox han votado en contra.

Ha explicado los detalles el diputado socialista Francisco José Barato, quien desde el primer momento ha vinculado este cambio normativo con el futuro decreto que regulará las plantas de biometano.

Según ha subrayado, el principal cambio de la Ley regional de Evaluación Ambiental es otorgar “autonomía” a los ayuntamientos sobre los proyectos empresariales que quieran implantarse en sus municipios, tanto en aquellos en los que la Corporación local actúa como órgano sustantivo como en los que no.

Con ello, los ayuntamientos pasan de ejercer una “participación informativa” a adoptar una “participación efectiva” de decisión principal en los informes de impacto ambiental.

En total, la reforma incorpora ocho cambios sustanciales. En primer lugar, se mantiene el informe técnico municipal requerido a los ayuntamientos en los expedientes de evaluación, sobre compatibilidad urbanística y afección socioeconómica de los proyectos. Pero se añade que el pleno municipal “deberá conocer el proyecto y pronunciarse expresamente”, validando o no su conformidad con el proyecto. Si el plenario local no lo autoriza, el proyecto no continuará su tramitación.

“El Ayuntamiento ya no se limita a ser informado, fija una posición efectiva, que tendrá un carácter vinculante”, ha subrayado el parlamentario del PSOE. “En todos los escenarios, los ayuntamientos tendrán una intervención clara, formal y efectiva en los proyectos de evaluación ambiental. Decidirán sobre su continuación”.

En cuanto al proceso de información pública de los expedientes, se añade en la normativa de Evaluación Ambiental un “refuerzo” de la participación de la ciudadanía: la obligación de publicar este trámite en uno de los periódicos de mayor difusión de la localidad, advirtiendo del plazo de presentación de las alegaciones. El objetivo es dar más posibilidades a los vecinos y vecinas para pronunciarse al respecto.

En la Ley actual se prevé el desarrollo de medidas compensatorias para corregir los efectos ambientales de proyectos empresariales. Con esta modificación, se amplían las funciones de las entidades colaboradoras de la Administración autonómica en materia de seguimiento, vigilancia y control. Todo ello, “sin desplazar las competencias de vigilancia” de la inspección ambiental autonómica.

Finalmente, la reforma establece que esta potestad de los ayuntamientos podrá ejercerse sobre los expedientes en curso, en tramitación. Esos proyectos quedarán suspendidos desde el momento en que estos cambios se publiquen en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) durante un plazo máximo de un año, en el que las corporaciones locales deben pronunciarse sobre ellos.

La excepción cuando el proyecto es “estratégico”

Pero existe una excepción en estos cambios. Aunque un ayuntamiento decida en su pleno municipal que no quiere que un proyecto empresarial se ubique en su municipio, el Gobierno castellanomanchego se reserva la opción de seguir adelante con el expediente si se considera “estratégico”.

Y precisamente, actualmente el Ejecutivo regional prepara un anteproyecto de Ley de Inversiones Empresariales Estratégicas, que complementa a la normativa regional de actuaciones “prioritarias”, y donde el biometano ocupa un lugar especial.

No cambiamos quién tiene la competencia para autorizar, pero sí reforzamos el poder de decisión de los ayuntamientos

“No cambiamos quién tiene la competencia para autorizar, pero sí reforzamos el poder de decisión de los ayuntamientos, haciendo compatible el desarrollo económico con la calidad de vida de nuestros pueblos”, ha concluido, no obstante, Francisco José Barato.

El rechazo de la oposición ha sido frontal. Desde Vox, el portavoz adjunto de su Grupo Parlamentario, Francisco José Cobo, ha acusado al PSOE de “poner en peligro la seguridad y el control del impacto ambiental”. Esta reforma, ha dicho, va “contra la naturaleza jurídica de prevenir, corregir y valorar los efectos ambientales”.

Ha arremetido así contra lo que considera “dar poder de veto a un órgano político” (en referencia a los ayuntamientos) frente a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). En su opinión, que un informe municipal sea vinculante “no tiene sentido”.

Además, el parlamentario del partido de ultraderecha ha afirmado que el régimen transitorio de un año es “un auténtico despropósito” y que esta reforma provocará “muchos litigios y conflictos en los tribunales por la nulidad de expedientes”, sobre todo en los proyectos considerados “prioritarios” o estratégicos“.

En la misma línea se ha pronunciado, el diputado del PP Santiago Lucas-Torres, quien se ha referido a esta forma como un “enorme ejercicio de contradicción política”. “La Junta se quiere quitar responsabilidades de encima, porque la evaluación ambiental es una competencia autonómica, no de los ayuntamientos”.

Trasladan esa responsabilidad a cada alcalde, a cada concejal, que no tienen recursos para realizar una evaluación en condiciones

“Con esto, trasladan esa responsabilidad a cada alcalde, a cada concejal, que no tienen recursos para realizar una evaluación en condiciones. Los alcaldes pasan a asumir el desgaste, la presión social. Con esto nos dicen que un proyecto no se desarrolle si no le gusta a quien esté gobernando. Es utilizar a alcaldes y concejales como escudo político”, ha argumentado.

Ha dejado claro que su partido está a favor de la participación de los ayuntamientos en los trámites de evaluación ambiental, pero no de que se “sustituya el criterio técnico” por una “decisión política”.

Además, considera que la mayor incoherencia es que si al Gobierno regional le parece “estratégico”, el proyecto salga delante de cualquier forma. “¿La voluntad municipal es sagrada o no, o solamente cuando coincide con los criterios de Page? Esto es una doble vara de medir tremendamente injusta”.

Santiago Lucas-Torres también se ha preguntado con qué recursos van a contar los ayuntamientos de pueblos muy pequeños para decidir sobre un proyecto, y también ha considerado que la reforma puede ser inconstitucional por “romper el equilibrio competencial, por sustituir informes técnicos por votaciones”.

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, se ha mostrado “atónita” por el rechazo de la oposición. Ha afirmado que la reforma cumple con el principio de autonomía local que recoge la Constitución y también con la Ley de Bases del Régimen local.

Por ello, ha preguntado directamente a la bancada del PP si le van a decir a ayuntamientos como Campos del Paraíso, en Cuenca (donde gobierna este partido y donde se proyectan varias plantas de biometano en un término municipal muy pequeño), que “no van a poder decidir” sobre ello.

“No vamos a frenar el desarrollo. El periodo transitorio va a permitir que no se agoten los 12 meses. Porque nada más entrar en vigor esta reforma, un pleno municipal puede automáticamente validar un expediente y que este siga su curso”, ha remarcado la consejera.

Si un ayuntamiento tiene dudas, ahí estará la Junta para ayudarle

Además, ha defendido que la reforma también permite mayor transparencia, de manera que los promotores puedan informar a los ayuntamientos de que su proyecto “es el mejor del mundo mundial”. “Pero si un ayuntamiento tiene dudas, ahí estará la Junta para ayudarle, pero además hay un órgano técnico fundamental, que son las diputaciones provinciales. Los municipios no están abandonados”.

Mercedes Gómez ha concluido insistiendo que este es el primer paso para el futuro decreto de regulación de las plantas de biometano, cuyo borrador estará en exposición pública “próximamente”. Ha incidido en que los 919 ayuntamientos de la región están esperando “como agua de mayo” esta iniciativa y “van a tener siempre el asesoramiento del Gobierno de Castilla-La Mancha”.

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha asegurado que “no va a hacer de Talavera un vertedero”, en respuesta a las preguntas de los medios de comunicación sobre los proyectos de plantas de biometano que se dieron a conocer a finales del mes de junio.

Fue entonces cuando la Dirección General de Calidad Ambiental de Castilla-La Manca afirmó que es “viable desde el punto de vista ambiental” el proyecto para construir una planta de biometano y fertilizantes en esta ciudad, y que se estaba tramitando una autorización ambiental integrada para que pueda comenzar a funcionar.

De esta forma, Gregorio (PP), que gobierna el consistorio en coaliación con Vox, ha respondido al Partido Socialista, que previamente había hablado de “silencio atronador” por parte del alcalde y del portavoz de Vox, David Moreno, sobre este proyecto. “El silencio atronador es por parte de los socialistas”, ya que “todos los informes y expedientes positivos han venido por parte de la Junta de Comunidades, que está en manos del PSOE”, ha replicado Gregorio.

Además, ha avanzado que “más adelante hablaremos de cuándo se inicia este expediente porque alguno tendrá que esconder la cabeza cuando digamos en qué momento comienza este primer expediente”.

“Que todo se ajuste a la legalidad”

Con respecto a la situación de los proyectos de plantas de biometano, Gregorio ha explicado que “hay tres peticiones que todavía tienen que pasar por 200 informes”. En ese sentido, ha garantizado que “este alcalde sí que va a pedir todos los informes habidos y por haber para que ningún ciudadano de Talavera tenga la menor duda de que se ajustan a la legalidad”, tanto “medioambiental, social y económica”.

Asimismo, ha incidido en que “no les quepa ninguna duda de que yo voy a estar ahí, en esa lucha, y voy a estar el primero para que todo se ajuste a la legalidad”.

También ha advertido de que lo que no va a consentir es que se apruebe por parte de otra administración y le digan que él es el “culpable”.

El Consejo de Ministros ha encargado a Red Eléctrica de España (REE) el proyecto de la central hidroeléctrica de bombeo de Güímar, en Tenerife, que comenzará a operar “a mitad de la próxima década” y promoverá la descarbonización del eje energético que conforman esta isla y La Gomera.

En rueda de prensa, el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, ha subrayado que, con este acuerdo, el Gobierno de España dice “adelante con este proyecto”, que va a suponer una inversión de más de 1.000 millones de euros y generará unos retornos económicos importantes, ya que la futura central permitirá ahorrar del orden de 200 millones de euros al año en generación de electricidad.

“En poco más de cinco años se va a amortizar, se va a recuperar totalmente esa inversión y es una infraestructura que tiene una vida útil de décadas y de décadas”, ha aseverado.

Además de una inversión rentable para el sistema eléctrico, será positiva para los consumidores, porque permitirá incorporar más energías renovables y evitar depender de combustibles fósiles que “vuelven a estar carísimos a nivel internacional”, ha añadido.

Groizard ha dicho que un tercio de la demanda eléctrica de Tenerife podría quedar cubierta por este sistema de bombeo, que permitirá almacenar el excedente generado por los parques eólicos y solares en forma de agua embalsada en altura, que se transforma de nuevo energía cuando se precise dejándola caer hacia unas turbinas.

La futura central de Güímar tendría así un funcionamiento similar a la que ya está en construcción en Gran Canaria, el Salto de Chira.

“Hablamos de entre 200 y 220 megavatios de potencia pico y unas 16 horas de almacenamiento. Es decir, esa es una megabatería, es una gran pila al servicio del sistema que va a permitir dotar de seguridad de suministro y permitir una mayor integración de renovables para Tenerife y La Gomera”, ha referido.

El acuerdo adoptado este martes “activa el mandato que se da a Red Eléctrica de hacer el trabajo de ingeniería, presentarlo a la ventanilla de la comunidad autónoma de Canarias, que va a ser quien haga la evaluación ambiental y el trámite administrativo de este proyecto”.

En paralelo, el Gobierno a lo largo de este año va a definir “cómo y cuánto se paga”.

Esa inversión de 1.000 millones de euros hay que convertirla en unos parámetros técnicos, económicos, una regulación que va a explicar exactamente cómo se regula y eso estará a lo largo de este año, ha dicho.

En cualquier caso, ha aclarado que “hablamos de proyectos que entre su tramitación y su construcción” se prolongarán en torno a una década, pero “a mitad de la década que viene Tenerife contará ya con su bombeo reversible, al igual que lo va a hacer muy próximamente la isla de Gran Canaria”.

El Boletín Oficial de la Provincia ha publiado la cuarta convocatoria de ayudas de la Diputación Provincial para el fomento de comunidades energéticas locales participadas por municipios de la provincia de Cáceres y constituidas con el acompañamiento de la OTC Diputación de Cáceres. Esta línea de subvenciones aumenta su dotación hasta los 600.000 euros, 100.000 más que el año anterior, y están destinadas a proyectos promovidos en localidades de hasta 20.000 habitantes y por entidades locales menores.

En el marco de estas ayudas podrán financiarse proyectos de instalaciones solares fotovoltaicas para autoconsumo colectivo impulsados por comunidades energéticas ya constituidas o en proceso de creación por una cuantía máxima de 68.000 euros. Concretamente, serán subvencionables los gastos necesarios para ejecutar, legalizar y poner en marcha las instalaciones, así como la compra y montaje de equipos, materiales, sistemas de monitorización, cableado y estructuras. También podrán financiarse los trámites para la puesta en funcionamiento del autoconsumo colectivo, la adaptación de contratos eléctricos, la redacción de proyectos técnicos, la dirección de obra, las tasas administrativas y, cuando sea necesario, las actuaciones de refuerzo de la red eléctrica.

Quedan excluidos de estas ayudas los gastos ordinarios de consumo eléctrico, los impuestos recuperables, los proyectos que no cuenten con las autorizaciones o permisos exigidos y las instalaciones vinculadas a edificios que hayan recibido ayudas para autoconsumo en los cinco años anteriores.

Las solicitudes deberán presentarse de manera telemática a través de la sede electrónica de la Diputación de Cáceres en el plazo máximo de un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el BOP.

El municipio conquense de Torrejoncillo del Rey y sus pedanías se enfrenta a la posible instalación de dos macroplantas de biometano en su término municipal. Dos empresas habrían mostrado interés en crear estas instalaciones y una de ellas ya contaría con el informe favorable de compatibilidad urbanística y la otra habría explicado al Ayuntamiento una posible propuesta.

Así lo señalan en un comunicado desde Pueblos Vivos Cuenca, que integra a movimientos vecinales de pequeños municipios de la provincia. Esta noticia ha despertado la preocupación de los habitantes de este municipio, decenas de los cuales se reunieron en una charla informativa en la que plataformas ciudadanas y expertos reclamaron mayor transparencia sobre los proyectos y alertaron del posible impacto ambiental de unas instalaciones que llegarían a una comarca afectada desde hace años por la contaminación por nitratos y la concentración de explotaciones ganaderas.

Desde la plataforma acusan a la alcaldesa de Torrejoncillo del Rey, Piedad Balsalobre Saiz (PSOE), de cambiar de postura, ya que afirman que el pasado 21 de mayo lanzó un comunicado donde definió el proyecto como “una cuestión inexistente administrativamente”. Más tarde, en el último pleno municipal el pasado 19 de junio, la alcaldesa informó sobre la tramitación de una de las macroplantas: “Hace ya más de un año una empresa solicitó un informe de compatibilidad urbanística sobre una posible ubicación. Al no tener este Ayuntamiento planeamiento propio, la consulta la tramitó la Diputación con un informe favorable desde el punto de vista urbanístico”.

Con este informe la empresa promotora puede iniciar el procedimiento de evaluación ambiental con el gobierno regional. En dicho pleno no se dio a conocer los nombres de las dos empresas implicadas a pesar de ser una de las preguntas planteadas en el turno de ruegos y preguntas por la Asociación de Vecinos y Jubilados de Naharros, que exige la debida transparencia y publicidad.

Una comarca con un largo historial de problemas ambientales

Torrejoncillo del Rey y los pueblos de su entorno llevan años conviviendo con los impactos derivados de la concentración de macrogranjas y de la gestión de sus purines, sobre todo del municipio limítrofe de Huerta de la Obispalía. Durante la jornada se recordó que esta realidad ya ha sido objeto de diversos procedimientos judiciales.

En 2018, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha anuló una autorización ambiental de una explotación porcina en Torrejoncillo del Rey al apreciar deficiencias relevantes en la evaluación ambiental. En el voto particular de aquella resolución se hacía referencia a informes sanitarios que acreditaban la contaminación por nitratos del agua destinada al abastecimiento de la población.

Posteriormente, en 2023, el mismo Tribunal volvió a anular la autorización ambiental de una explotación porcina en Huerta de la Obispalía al considerar insuficiente la evaluación de los efectos acumulativos derivados de la concentración de macrogranjas y de los riesgos asociados a la gestión de los purines sobre las aguas subterráneas.

La última analítica reportada por el Ayuntamiento de Torrejoncillo del Rey al SINAC-Ministerio de Sanidad refleja un nivel de nitratos en el agua del grifo de 85 mg por litro, cuando el máximo para que sea potable es de 50 mg/l. Esta situación de contaminación se repite desde 2022.

Persisten las denuncias por vertidos de purines

Durante el coloquio, varios vecinos de la pedanía de Villarejo Sobrehuerta denunciaron que continúan produciéndose vertidos de grandes cantidades de purines sobre parcelas agrícolas próximas al núcleo urbano.

Según explicaron, en algunos episodios los purines llegan a encharcar completamente las parcelas, una práctica que no está permitida y que incrementa el riesgo de contaminación de los suelos y de las aguas subterráneas, además de provocar molestias continuas por olores y abundantes moscas.

Los asistentes manifestaron su preocupación porque estas situaciones continúan produciéndose pese a las denuncias realizadas durante los últimos años y reclamaron una mayor vigilancia por parte de las administraciones competentes.

Transparencia y participación

Uno de los aspectos que más inquietud generó entre los asistentes fue la necesidad de disponer de una información completa y transparente sobre el proyecto. Los vecinos reclamaron conocer el volumen de residuos que trataría la instalación, su procedencia, el número de camiones previsto, el destino del digestato y los mecanismos de control ambiental previstos durante toda la vida útil de la planta, así como el nombre de las empresas interesadas. Los colectivos vecinales del municipio anunciaron que van a seguir informando a la población sobre este tipo de industrias.

“La ciudadanía tiene derecho a conocer qué residuos pretende tratar la planta, de dónde procederán, cómo se gestionará el digestato y cuáles serán las garantías ambientales del proyecto antes de que se adopten decisiones que condicionarán el futuro del municipio durante décadas”, señaló la representante de Pueblos Vivos Cuenca.

En este sentido Pueblos Vivos considera importante que los alcaldes transmitan a la población toda la información que hayan recabado de la empresa que pretende instalarse en su término, polígono y parcela, nombre y cualquier otro detalle relevante que se haya obtenido. La propia Asociación Española del Biogás, AEBIG, patronal del sector, lo recomienda en su código de buenas prácticas.

Desde Pueblos Vivos Cuenca afirman: “No cuestionamos el biogás como tecnología. Lo que cuestionamos es el modelo que se está impulsando, basado en macroplantas que necesitan traer purines y otros residuos desde decenas o cientos de kilómetros porque el territorio no genera suficientes recursos para alimentarlas. Ese modelo que nos intentan imponer convierte a nuestros pueblos en una tierra de sacrificio”.

Alertaron de que el digestato que generan estas instalaciones también acaba elevando los niveles de nitratos de las aguas subterráneas, como pasa actualmente con el purín.

Este medio se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Torrejoncillo del Rey para obtener su versión sobre la posible instalación de estas dos macroplantas de biometano en su término municipal, sin haber obtenido respuesta en el momento de publicación de este artículo.

El Gobierno neerlandés ha ordenado levantar el embargo sobre la sede del Instituto Cervantes en Utrecht, consecuencia de los recortes del mandato de Mariano Rajoy a las renovables, al considerar que la medida vulnera las obligaciones internacionales de Países Bajos. Así, considera que se trata de un bien protegido por la inmunidad y cuya incautación sería incompatible con el derecho de la Unión Europea.

La decisión se recoge en una notificación oficial firmada por la secretaria de Estado de Justicia y Seguridad, Claudia van Bruggen, y publicada en el boletín oficial, y en la que se ordena dejar sin efecto la medida con carácter inmediato.

El embargo había sido practicado sobre el inmueble situado en Domplein 3, en Utrecht, sede del Instituto Cervantes, tras una autorización del 19 de marzo de un juez de medidas cautelares del Tribunal de Distrito de La Haya como parte de una disputa entre España y varios inversores.

Este litigio obedece a las consecuencias del cambio en la normativa española para la retribución a las renovables decretado en 2013, durante el Gobierno de Mariano Rajoy (2011-2018), que supuso un recorte a la retribución que recibían estas instalaciones durante su vida útil.

Esto desembocó en una oleada de arbitrajes internacionales e intentos de ejecutar los laudos mediante el embargo de bienes españoles en distintos países.

El edificio goza de “inmunidad” internacional

El Gobierno neerlandés concluyó que el embargo es contrario a sus obligaciones y recuerda que los bienes de un Estado extranjero gozan de inmunidad ante embargos, salvo que exista consentimiento expreso del Estado afectado, que este haya reservado bienes para satisfacer la deuda o que se demuestre que el inmueble se destina específicamente a fines comerciales.

Ninguna de esas excepciones se cumple en este caso, añade, puesto que el inmueble pertenece al Estado español y está ocupado por una institución pública cuya misión legal es promover la lengua y la cultura españolas en el exterior.

Las autoridades neerlandesas consideran que el edificio se usa “principalmente para fines públicos” y que el hecho de que parte de sus instalaciones pueda destinarse a veces al alquiler de espacios no altera esa naturaleza, ya que los ingresos obtenidos se destinan a financiar las actividades del Cervantes.

La notificación cita además la jurisprudencia del Tribunal Supremo neerlandés sobre la inmunidad de los bienes estatales y subraya que corresponde al acreedor demostrar que se cumplen las excepciones que permitirían el embargo, algo que, dice, no ha ocurrido.

El Ejecutivo también recuerda que la Comisión Europea considera que las indemnizaciones derivadas de determinados laudos arbitrales sobre el régimen español de renovables constituyen ayudas de Estado cuya ejecución requiere autorización previa de Bruselas.

Mientras esa autorización no exista, señala el documento, rige la “obligación de suspensión”, por lo que permitir la ejecución de los laudos podría suponer la concesión de una ayuda de Estado incompatible con el derecho comunitario.

La decisión supone un respaldo a la posición defendida por España en los litigios derivados de los arbitrajes sobre renovables, en los que sostiene que la ejecución de esos laudos dentro de la UE vulnera el principio de inmunidad y las normas europeas sobre ayudas de Estado.

La citación como investigada de la exconsejera de Transición Ecológica y actual presidenta de Enresa, Olga García, por un presunto delito de prevaricación ambiental en la tramitación de la planta fotovoltaica 'FV Tagus' en Alcántara, ha provocado este lunes una inmediata oleada de reacciones entre las principales fuerzas políticas de la región. El cruce de declaraciones en rueda de prensa ha evidenciado la profunda distancia entre el PSOE, que reclama cautela y sitúa el grueso de la gestión en el ámbito estatal, y el PP y Vox, que coinciden en exigir la depuración de responsabilidades institucionales.

El portavoz del PSOE de Extremadura, Manuel González Andrade, ha apelado formalmente a la presunción de inocencia de la exconsejera, manifestando el deseo de su formación de que el caso judicial se desarrolle con normalidad y con pleno respeto a la justicia.

Durante su comparecencia, González Andrade ha señalado que llama la atención que la imputación proceda del juzgado que dirige el magistrado Juan Carlos Peinado. Asimismo, ha querido matizar el peso de la administración regional en el proceso al recordar que, debido a las dimensiones de la macroplanta promovida por la filial de Iberdrola, el expediente administrativo principal se tramitó e instruyó desde los ministerios en Madrid, por lo que la intervención de la comunidad autónoma se limitó al envío de determinados informes técnicos requeridos durante la tramitación.

Por el contrario, el portavoz del PP de Extremadura, Luis Miguel Núñez, ha mostrado una postura muy crítica al encuadrar la imputación de García dentro de un escenario de irregularidades que, a su juicio, afectan de forma continuada a las siglas socialistas.

Núñez ha considerado intolerable que una persona que lideró un departamento clave en la Junta, y que hoy gestiona una empresa pública con competencias directas sobre el futuro de Almaraz, deba comparecer ante un tribunal en calidad de investigada. Ante este escenario, el portavoz popular ha exigido formalmente transparencia, rendición de cuentas y la convocatoria de elecciones, instando al PSOE regional a romper lo que califican de silencio cómplice y a depurar las responsabilidades políticas correspondientes mientras la justicia sigue su curso con total independencia.

En una línea similar, la portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura, Inés Checa, ha lamentado que el nombre de la región se vea vinculado de nuevo a un presunto caso de prevaricación administrativa. Checa ha aseverado que la comunidad autónoma no puede convertirse en un refugio, pantalla ni cementerio político de cargos públicos señalados por los tribunales, instando a actuar con contundencia frente a cualquier indicio de irregularidad en la concesión de permisos públicos.

La jornada de comparecencias ha concluido conectando este debate con otros asuntos de la agenda regional, como la posición extremeña ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el balance del desempleo del mes de junio y la situación de la red de protección de menores.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha sometido a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción de un sistema de almacenamiento energético mediante baterías asociado a la planta fotovoltaica 'Aurea', ubicada en el término municipal de La Roca de la Sierra (Badajoz).

Según recoge el anuncio publicado este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el proyecto, promovido por la empresa Aurea Solar S.L.U., contempla la hibridación de un sistema de almacenamiento con la planta fotovoltaica existente, que cuenta con una potencia de 171 megavatios (MW).

La nueva instalación dispondrá de una potencia nominal de 117,6 megavatios (MVA) en inversores y una capacidad de almacenamiento de 432 megavatios hora (MWh), mediante 54 contenedores de baterías distribuidos en el interior del recinto de la planta solar, sobre una superficie aproximada de 1,6 hectáreas.

El sistema permitirá almacenar la energía producida en los momentos de mayor generación para verterla posteriormente a la red eléctrica durante los periodos de mayor demanda, “con el objetivo de mejorar la eficiencia de la instalación y aportar mayor flexibilidad y estabilidad al sistema eléctrico”.

La energía almacenada será gestionada mediante 28 estaciones de potencia equipadas con inversores y transformadores, y se evacuará a través de líneas subterráneas de media tensión hasta la subestación eléctrica Morantes 30/220 kV, que será ampliada con dos nuevas celdas para integrar el sistema de almacenamiento.

El presupuesto de ejecución material del proyecto asciende a 44,5 millones de euros.

La infraestructura de evacuación entre la subestación Morantes y la subestación Carmonita 400 kV, propiedad de Red Eléctrica, ya se encuentra en servicio y no forma parte del proyecto sometido a información pública.

Los interesados podrán presentar alegaciones durante un plazo de quince días hábiles contados a partir de este martes, 7 de julio.

En su libro La guerra por la energía. Poder, imperios y crisis ecológica (Ediciones Península, 2026), el economista y expolítico Alberto Garzón (Logroño, 40 años) pide no catalogar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como un ser irracional o enloquecido, la caricatura que suele usarse para justificar sus atrocidades. Aclara que su plan imperialista —bombas y misiles, su guerra comercial contra el mundo— se construye sobre una narrativa de darwinismo social, en la que solo los países fuertes, tecnológicamente avanzados y militarmente protegidos, pueden garantizar la seguridad de sus poblaciones.

El argumento de que no hay suficientes recursos para todos, desmenuza Garzón, sirve a Trump para justificar una gran zona de exclusión, un planeta para pocos seres humanos. Su tesis es que los países desarrollados están ya en vías de construir una suerte de “país fortaleza”, con el objetivo de privatizar la adquisición y consumo de la mayor parte posible de los recursos escasos.

En este punto, señala, entra en juego la resistencia colectiva, la lucha de las mayorías sociales para frenar esta enorme exclusión. Sin esta rebeldía, el mundo de las próximas décadas estará “cuidadosamente gestionado por la barbarie”. Para él, la clave es construir un movimiento político en base a la vida cotidiana de la gente. Conectar la crisis ecosocial con la falta de tiempo, con la dificultad de acceder a una vivienda, con pasarse horas en un atasco. Y ofrecer un futuro de vida buena dentro de los límites planetarios. “Se puede lograr”, sentencia, ilusionado, en esta entrevista.

En un momento de retrocesos ambientales, con Trump y su guerra a gran escala, parece que nada de lo avanzado se va a mantener. ¿Qué medidas hay que tomar para resistir?

Es fácil caer en el derrotismo. El filósofo Antonio Gramsci decía que el análisis se basa en el pesimismo de la razón, pero tiene que concluir con el optimismo de la voluntad. Me aferro a esta frase. Aunque el mundo esté muy mal, que lo está, y que hoy todos los lineamientos tienden a ser problemáticos, hay motivos para la esperanza. El gran reto político pasa por construir mayorías. No tenemos un problema técnico. Es perfectamente viable imaginar un mundo con otra base energética, con otras jornadas de trabajo, con una vida buena. El problema es político. Cómo construir mayorías con una voluntad política para poner en marcha este programa.

¿Cómo damos este paso?

La clave está en una actualización de los idearios de las izquierdas. Necesitamos izquierdas más atractivas, pecamos de inercias antiguas. Una demostración: no hemos interpretado el desastre de la dana de Valencia en clave climática. Ha quedado como una desgracia cualquiera, pese a su fuerte conexión climática y ecológica. Construir esta mayoría tiene que hacerse en base a la vida cotidiana de la gente, visibilizar que la política climática es más transporte público, menos horas en los atascos; visibilizar que la política climática es salirse de la rueda de la producción infinita, trabajar menos horas. Cuando se hacen estas conexiones, la gente escucha con más atención. Hay que convertir los problemas cotidianos en un proyecto político atractivo para las mayorías sociales, este es el gran reto.

¿Hay algún ejemplo?

Lo que está haciendo y proponiendo el nuevo líder del Partido Verde de Inglaterra y Gales, Zack Polanski. Un partido verde con políticas sociales, todo integrado. La izquierda está en ese proceso de experimentación, en una etapa de ensayo y error, intentando ganar espacios mayoritarios. Esto cambia el enfoque. Cuando hablas con la gente, la recepción es buena. Cuando se entienden las conexiones entre las políticas climáticas y la problemática de la vivienda, aparece la esperanza de que esta nueva construcción política es posible. La resistencia pasa también por este punto: lograr que la gente conecte la crisis climática con sus problemas cotidianos.

La política climática es salirse de la rueda de la producción infinita, trabajar menos horas. Cuando se hacen estas conexiones la gente escucha con más atención

¿Por qué cuesta tanto hablar de la vida buena como alternativa a esta policrisis?

Porque el conflicto principal de la izquierda sigue siendo el capital y el trabajo. En lo personal, he tratado, con toda la humildad posible, de actualizar este esquema ideológico a los tiempos actuales, incluir las enseñanzas de la ecología y de la economía ecológica. Un ejemplo: en Asturias, la cuenca minera ha sido gobernada históricamente por la izquierda. Es una región que ha tenido muy poca sensibilidad a las cuestiones ecológicas. No solo por el papel de los combustibles fósiles, también por el papel de la pesca desaforada, de la ganadería, de la caza al lobo. Esta izquierda ha sido educada en unos códigos de espaldas a la naturaleza, del impacto ecológico de la actividad del ser humano. La disputa entre los puestos de trabajo y la conservación de los territorios sigue siendo muy fuerte. Cuando iba a las asambleas mineras me miraban con mucho recelo, como un urbanita cosmopolita que no entendía que el pan estaba en juego. Estos choques me han ayudado a entender que tener razón no es suficiente, es necesario bajar al barro para comprender las realidades y adaptar los discursos. No para renunciar a las convicciones, pero sí para transmitir las ideas de otra manera.

¿Cuál es el riesgo de una resistencia que no ate estos puntos que hoy parecen sueltos?

Quedarnos solo con la etiqueta de eruditos desconectados del mundo real. No nos damos cuenta de que el sistema nos oprime hasta tal punto como ciudadanos que, sobre todo, captura nuestro tiempo. Lo que más he aprendido de la política pública es que cuando intentas mover a la gente hacia otros hábitos de consumo, adviertes que la gente no tiene tiempo, está desbordada en su día a día. Con salarios bajos, sí, pero también con jornadas maratónicas. La gente está cansada, no hay tiempo para hacer esas reflexiones, para conectar puntos sueltos. El reto, repito, es conectar con los ciudadanos. A mí me pasó con el famoso tema del chuletón, cuando desde el Ministerio recomendamos reducir el consumo de carne por salud y sostenibilidad. Llevé al foro público el consenso del mundo científico. Parecía sencillo, pero se coló el poder, los intereses materiales, la ideología, el electoralismo. El foro público es otro terreno.

Parece que ahí afuera no hubiera público suficiente para sostener la transición ecológica que se necesita. ¿Hay una base electoral mínima interesada por las cuestiones ambientales para dar el giro?

El electorado ecologista tiene un componente social muy claro: clases medias ilustradas y urbanas. Pero enfocarlo así sería ver la política como un mercado electoral. El principal reto ecológico es llegar a las clases rurales, a los trabajadores y trabajadoras del mundo rural. Es el sector que nos da de comer. El metabolismo de las sociedades se basa, entre otras cosas, en que podamos satisfacer nuestras necesidades alimentarias. Esto lo hace el campo, profundamente dependiente de los combustibles fósiles, y primera víctima del cambio climático por el impacto en las cosechas.

No hemos logrado conectar con la ruralidad. Sí lo está haciendo la extrema derecha, que está canalizando la rabia, la frustración y la ansiedad social de muchísimos agricultores. Pero siento que hay muchos huecos. Cuando uno habla con los pequeños agricultores y ganaderos, te entienden. Y uno los entiende a ellos. Aparecen entonces los consensos. No hace falta que estén profundamente ideologizados para que haya una conexión. Pero faltan organizaciones políticas volcadas en esta estrategia de escucha y comprensión.

Lo que decías antes: que ese agricultor relacione sus problemas diarios con la crisis ecosocial.

Exacto. Muchos trabajadores rurales ya están haciendo estas conexiones. Nací en La Rioja y muchos familiares trabajan en el mundo de los viñedos. Están teniendo que desplazar las producciones cada año por el cambio climático, lo sienten. Seguramente no han llegado a la conclusión de que la solución es el ecosocialismo, pero tienen unas percepciones y unos conocimientos que la izquierda tiene que aprovechar. Esto supone superar muchos prejuicios, de ambos lados. El ecologismo liberal, como los Verdes de Alemania, no nos ha ayudado en absoluto. Si tú le dices al mundo del campo que hay que hacer esfuerzos individuales, que hay que cambiar hábitos de consumo, pero no eres capaz de ponerle límites a los aviones privados tienes una contradicción que es correcta. El capitalismo verde defiende que ambas cosas son compatibles. Y no lo son.

Sin transición energética el mundo va a ser mucho más feo. Los combustibles fósiles son una anomalía histórica que tarde o temprano va a dejar de existir. Prefiero que después venga con una base energética de renovables a depender de los bosques para tener calefacción

¿Le sorprende la fuerte resistencia dentro del ecologismo contra el despliegue masivo de renovables?

Es un debate envenenado. En el libro hago un análisis histórico. Las sociedades humanas siempre han intentado capturar energía del entorno. Hasta hace 250 años hemos dependido, básicamente, de la energía solar, de la capacidad de nuestros músculos de alimentarse, del suelo, de la fotosíntesis. Ese límite fue transgredido por el uso de los combustibles fósiles, lo que ha permitido una mejora en las condiciones de vida brutales en paralelo a unos impactos ambientales enormes. El reto está en cómo somos capaces de construir una sociedad postfósil manteniendo el bienestar. Hay una parte del ecologismo que considera que no hay que hacer la transición energética, que se opone al despliegue de las renovables. Este posicionamiento sugiere volver a los parámetros de las sociedades agrarias y es inviable para sostener a una población mundial de 8.000 millones de personas.

La transición hacia ese escenario es mucho más distópica que el escenario que proyecta la extrema derecha con sus proyectos. En definitiva, la transición energética es un requisito necesario, pero no suficiente. La fórmula es transición energética y decrecimiento. Ser capaces de construir otra base energética, que nos permite un metabolismo social distinto, pero dentro de los límites del planeta. Muchas actividades van a tener que decrecer. Volvemos al ejemplo del avión privado. Esta fórmula nos permite salir de ese debate tramposo de renovables sí o renovables no.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha afirmado este jueves que aún “hay margen” para lanzar este año la primera subasta de la eólica marina.

Después de presentar la nueva interconexión eléctrica de España y Portugal, ha sido cuestionada por los periodistas sobre si la puja piloto de eólica marina flotante será para Canarias o Galicia y ha dicho que “todavía” no tienen la “respuesta” porque deben “analizar toda la información recibida”.

Aagesen ha advertido con insistencia en que esa puja se hará “en los territorios” donde haya “mayor aceptación” de esa energía eólica marina, porque para ella es una cuestión “fundamental”.

“Es importantísimo que se cuente con el territorio, con la ciudadanía que apueste realmente por esa eólica marina para que los proyectos realmente lleguen finalmente al territorio”, ha abundado la ministra.

En Canarias, concretamente en Gran Canaria, el Cabildo, empresas y sindicatos de la isla solicitaron el pasado abril al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la convocatoria “urgente” de esta primera subasta de energía eólica marina en España, y para ello, propusieron que ese primer paso se materialice en un proyecto comercial piloto en la isla.

La Corporación insular explicó entonces que la eólica marina flotante se perfila como “una herramienta clave para avanzar simultáneamente en la reducción de la dependencia energética, la diversificación económica y la generación de empleo cualificado”.

Según la ministra, “hay margen” para que esas subastas se lancen este año, que es el “objetivo” que tiene el Gobierno.

El pasado febrero, el Ministerio abrió la consulta pública previa para la orden que fijará las bases de esas primeras subastas de eólica marina en España.

Según ese texto, el futuro procedimiento de concurrencia competitiva otorgará régimen económico, reserva de capacidad de acceso a red y prioridad para la concesión de ocupación del dominio público marítimo-terrestre.

La red nacional de puntos de recarga en España cuenta ya con 56.682 ubicaciones en funcionamiento tras incorporar 1.605 nuevas estaciones de carga para vehículos eléctricos durante el segundo trimestre de 2026, un 2,9% más que en el trimestre anterior, según el Barómetro de Electromovilidad elaborado por Anfac (Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones).

Si bien Cantabria alcanza la cifra de 942, un total de 343 de ellos no están operativos. Además, es la segunda más baja de todas las comunidades, por detrás de los 355 de La Rioja, y al margen de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, con 17 y 28, respectivamente.

Pese al avance, la patronal del automóvil advierte de que el despliegue de la infraestructura continúa condicionado por el elevado número de instalaciones que permanecen fuera de servicio, como en el caso de Cantabria.

En concreto, 17.821 puntos de recarga ya instalados todavía no están operativos, 343 en Cantabria, lo que supone cerca del 24% del total de la infraestructura desplegada en España. De entrar en funcionamiento, la red pública alcanzaría los 74.503 puntos de recarga, una cifra que sería más que considerable para avanzar la transición del vehículo de combustión al 100% eléctrico.

No obstante, pese a estos datos, el mercado electrificado sigue en avance en España. Entre enero y junio se matricularon 141.143 turismos electrificados, un volumen que elevó su cuota de mercado hasta el 21,8% y consolidó la electrificación como una de las principales tendencias del mercado automovilístico español.

En Cantabria se superaron las 1.300 matriculaciones de este tipo de vehículos en los seis primeros meses de este año, de los que casi 300 correspondieron a junio.

En cuanto a las redes de recarga, la región cuenta con 636 infraestructuras de acceso público que tardan entre 19 y tres horas; 30 de recarga de entre tres y una hora y 20 minutos; veinte que demoran desde este tiempo a los 27 minutos; 26 que tardan de media hora a 15 minutos; y 43 en las que lleva menos de un cuarto de hora.

ANFAC reclama acelerar la puesta en servicio

El director general de Anfac, José López-Tafall, destaca que el mercado del vehículo electrificado “continúa demostrando un comportamiento muy positivo”, con más de 141.000 matriculaciones durante el primer semestre y una cuota del 21,8%.

Sin embargo, advierte de que la infraestructura de recarga sigue siendo “el principal desafío” para consolidar la electrificación y reclamó agilizar la tramitación administrativa y reducir los plazos de activación de los puntos ya instalados para aprovechar plenamente las inversiones realizadas.

Asimismo, defiende que España dispone de una “oportunidad única” para consolidarse como uno de los principales polos industriales del vehículo electrificado en Europa, aunque consideró imprescindible mantener el impulso del mercado y ampliar una red de recarga plenamente operativa, accesible y distribuida de forma equilibrada por todo el territorio.

El rechazo vecinal desde las cinco provincias de Castilla-La Mancha y las numerosas protestas han dado sus frutos. Las plataformas contra el biometano de la comunidad autónoma han conseguido, tras varias solicitudes, mantener un encuentro con la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, y su equipo. Han conocido de primera mano el decreto que el Ejecutivo de Page prepara para restringir su implantación y que también supone una moratoria de un año en la que los expedientes en curso quedarán en suspenso para que puedan adaptarse a la nueva norma.

Lo más destacado: los colectivos reunidos con el Gobierno regional dan por “enterrado” el Plan de Biometano que la Administración autonómica llevaba dos años preparando con horizonte 2030. Según afirman, la propia consejera afirmó en el encuentro que ese proyecto “ya es pasado”.

No es la primera vez que el Ejecutivo regional plantea una moratoria para proyectos industriales que tienen que ver, directa o indirectamente, con los residuos. En 2022 se frenó la implantación de las macrogranjas porcinas - una de las fuentes de suministro para producir biometano- durante dos años, aunque en enero de 2025 los permisos volvieron a reactivarse.

A esta reunión acudieron los colectivos vecinales que representan a la asociación Stop Ganadería Industrial y a las plataformas de Huelves, Socuéllamos, Torralba de Calatrava y La Villa de Don Fadrique, agrupados en 'Stop Biometano Castilla-La Mancha', además de Pueblos Vivos Cuenca.  

Por parte del Gobierno, además de la consejera, estuvieron presentes los directores generales de Calidad Ambiental y Transición Energética, Tomás Villarrubia y Alipio García, respectivamente; y la directora general de Economía Circular y Agenda 2030, Esther Haro.

Un Plan destinado a desaperecer

No es de extrañar que el Plan regional de Biometano se considere ya “enterrado”. El nuevo decreto de restricciones al biometano que prepara el Gobierno, que procede del mandato de las Cortes de Castilla-La Mancha y que adelantó elDiarioclm.es, era incompatible con una planificación que venía a promover el uso de esta renovable en la región.

Desde su conocimiento público, recibió más de 15.000 alegaciones de organizaciones y particulares. Nunca se llegó a poner en marcha y ni la consejera ni los miembros del Gobierno lo mencionaban en sus últimas referencias a las plantas de biometano.

El motivo: las manifestaciones contra el biometano han arreciado en los últimos seis meses. Pueblos y ciudades que no quieren albergar instalaciones de gestión de residuos agroganaderos, debido a su impacto ambiental, a posible contaminación de las aguas y a los malos olores.

Y pese a que el Ejecutivo había rechazado todas las aportaciones recibidas para frenar ese Plan de Biometano, básicamente para no “interferir” en las decisiones de las empresas promotoras, ahora ha decido dar marcha atrás y reconocer el poder de decisión de los ayuntamientos sobre si quieren o no estas plantas en sus términos municipales. Varios alcaldes han dejado claro en los últimos meses su negativa a tramitar este tipo de proyectos.

Según miembros de las plataformas presentes en la reunión, el Plan regional de Biometano “es pasado y ya no se va a hablar de él”. El Gobierno no lo ha dicho como tal en la comunicación pública que hizo del encuentro, pero los colectivos que acudieron coinciden en que así será.

Como avanzó este periódico, la consejera les explicó que el nuevo decreto dará “poder absoluto de decisión” a los ayuntamientos sobre la decisión de aceptar la instalación de este tipo de plantas. “Su negativa supondría el archivo inmediato”.

También incorporará una limitación de la distancia de procedencia de los sustratos a 35 kilómetros; la obligación de incluir las instalaciones de tratamiento de las fases del digestato (el principal residuo que producen las plantas, generalmente comercializado como fertilizante); el cubrimiento de balsas de este último; el establecimiento de sistemas de monitorización y control de olores; y una fijación de distancia mínima de dos kilómetros, sin excepciones, a las poblaciones.

Pero los colectivos vecinales mantienen sus reservas. Detallan que a pesar de la paralización anunciada por la consejera, se ha iniciado la tramitación de dos macroplantas de biometano en Villarrobledo, otra en Los Yébenes, se ha aprobado en Gálvez y Talavera de la Reina, y se está elaborando la resolución de la macroplanta de Consuegra, según se puede consultar en la web de la Junta de expedientes bajo evaluación ambiental.

La consejera sigue afirmando que el origen de la contaminación por nitratos es la agricultura, librando de cualquier culpa a la ganadería industrial, renegando de los propios estudios multiisotópicos de su consejería y de algunas sentencias judiciales

Además, según las organizaciones presentes, es “contradictorio” que mientras se tramita un decreto más restrictivo con el biometano también se prepara una ley de inversiones estratégicas donde se impulsan las plantas de biometano.

Afirman que la consejera expresó que es necesaria la reducción de los residuos orgánicos, pero que “no tiene intención” de limitar el crecimiento de la ganadería industrial. Eso “a pesar de que sus propias cifras hablan de que este sector es el generador del 70% de los residuos orgánicos totales”.

“La consejera sigue afirmando que el origen de la contaminación por nitratos es la agricultura, librando de cualquier culpa a la ganadería industrial, renegando de los propios estudios multiisotópicos de su consejería y de algunas sentencias judiciales, como la que acreditó la contaminación del agua de Torrejoncillo del Rey”, argumentan.

Por eso rechazan que el Gobierno de Castilla-La Mancha no se plantee la existencia de otro modelo posible de plantas de biometano “más orientadas a su uso en el lugar de producción de residuos”, como autoconsumo, y “sigue apostando por macroplantas conectadas a la red de gas”.

Los colectivos asistentes a la reunión consideran que el nuevo decreto “contiene avances respecto al extinto Plan de Biometano”, aunque todavía es “manifiestamente mejorable”. Durante el encuentro, ambas partes manifestaron su compromiso de mantener el diálogo sobre el biometano que las organizaciones esperan que “no quede en papel mojado”.

Por su parte, la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, tras la reunión, se ha limitado a celebrar el “dialogo abierto” con estos colectivos, a los que invitó a “alegar las consideraciones que crean oportunas” cuando esta nueva normativa salga a participación pública“.

El periodo de consulta pública se abrió el pasado 22 de junio y se cierre el próximo 3 de julio. A continuación, le seguirá la fase de información pública, “en la que tanto las plataformas, como los promotores de proyectos de biometano, ayuntamientos y público en general, van a disponer de 45 días naturales para presentar sus aportaciones”.

“Este decreto será normativa más garantista de Europa para regular la implantación de plantas de biometano en la comunidad autónoma”

“Este decreto va a recoger la resolución aprobada en las Cortes de Castilla-La Mancha con la normativa más garantista de Europa para regular la implantación de plantas de biometano en la comunidad autónoma”, la consejera. Esto incluye medidas como las ya mencionadas y también que el 80 por ciento de los residuos que traten las plantas de biometano procedan de la comarca, de un área máximo de 35 kilómetros.

En definitiva, destaca que se trata de una serie de normas regulatorias que van a “garantizar” mediante medidas de obligado cumplimiento “cero olores y tratamiento hermético de los residuos”

Finalmente, ha confirmado la obligatoriedad que todos los proyectos se tengan que adaptar al cien por cien a la normativa recogida en el Decreto, para lo que contarán con un plazo de entre 12 y 14 meses para acometer las transformaciones que pudieran ser necesarias.

Posteriormente, algunos de los colectivos presentes han informado de que también detallaron a la consejera que un grupo especializado de técnicos y profesionales de máximo nivel está elaborando un “informe exhaustivo” sobre el tratamiento de los residuos en Castilla-La Mancha “sin necesidad de recurrir a macroplantas de biometano”.

Concretamente, afirman, estos expertos van a incidir en el impacto acumulado de los residuos procedentes de macrogranjas y ganadería industrial.

Las 46 plataformas piden la “paralización total”

En definitiva, afirman que las las 46 plataformas ciudadanas de los 46 pueblos de Castilla-La Mancha que se han movilizado reiteran su exigencia de “paralización total” de todas las macroplantas de biometano y de las macrogranjas de ganadería industrial.

“Reivindicamos al Gobierno regional que escuche a sus pueblos, actúe con rigor y cambie de rumbo hacia un modelo verdaderamente sostenible, coherente y respetuoso con el territorio. Castilla-La Mancha necesita una política de residuos que reduzca el problema en origen y no un modelo que pueda terminar justificando su crecimiento”, concluyen.

Ni las plataformas ni el Gobierno castellanomanchego han hablado de los plazos para la aprobación del nuevo decreto de restricciones, cuya entrada en vigor marcaría a su vez el inicio de la moratoria para los expedientes en curso, al igual que sucedió con las macrogranjas.

El Gobierno ha dado luz verde a parque experimental de energía eólica marina en la Costa Brava. El Ministerio de Transición Ecológica aprobó este lunes la declaración de impacto ambiental del proyecto –según ha adelantado Nació y ha confirmado este diario– que avala la instalación de esta suerte de plan piloto que contempla instalar de entrada tres aerogeneradores de 15MW en la bahía de Roses. 

El proyecto, pendiente de aval del Gobierno desde el 2024, es la Plataforma de I+D+i en Energías Marinas de Catalunya (PLEMCAT), promovido por la Generalitat en el Golfo de Roses como banco de pruebas para un futuro parque eólico marino de mayor envergadura. El Plemcat ocupará un espacio de 7,4 km2, a entre 15 y 30 km de la costa, y contará con tres molinos de 15 MW y una altura máxima de 260 metros. 

El PLEMCAT lo lidera el Instituto de Investigación de Energía de Catalunya (IREC) y cuenta con el apoyo de la mayoría de universidades públicas catalanas. Su objetivo es testear el modelo de eólica marina y sus consecuencias ambientales y económicas. 

Más allá del plan experimental, existe desde 2021 la voluntad de varias empresas de llevar a cabo un parque eólico marino en la zona. La primera propuesta dibujó 65 molinos, y a lo largo de los años se han ido sumando media docena de proyectos empresariales.

El Gobierno aprobó en febrero de 2023 los POEM (Planes de Ordenación del Espacio Marítimo) de las cinco demarcaciones marinas españolas. En Catalunya, únicamente incluyó la denominada Leba 1, en el golfo de Roses, un espacio marítimo de 250 km² y situado a una distancia mínima de 12 kilómetros de la costa donde pueden instalarse parques eólicos comerciales. El siguiente paso debería ser una subasta pública —que todavía no tiene fecha— en la que las empresas interesadas (ocho hasta el momento) puedan optar a instalarse en la zona.

La propuesta, sin embargo, ha sido polémica desde el inicio y, con el objetivo de probar la tecnología, la Generalitat anunció en 2023 esta plataforma de ensayo promovida a través del IREC. Además de los tres aerogeneradores, la plataforma de ensayo también contará con una boya de conexión flotante y una línea de evacuación de alta tensión soterrada de 66 kV. Los aerogeneradores tendrán una altura máxima de 261 metros.

La línea de evacuación tendrá una longitud de 25,8 kilómetros bajo el agua y otros 16,2 kilómetros por tierra, además de una subestación eléctrica elevadora situada en el término municipal de Vilaür. La infraestructura, sin embargo, también afecta a los municipios de Sant Pere Pescador, L’Escala, L’Armentera, Ventalló y Sant Mori. Algunos de estos ayuntamientos ya se han manifestado abiertamente en contra.

En cuanto a los prototipos, la propuesta que obtuvo la mejor puntuación fue la de Hive Wind Energy. Se trata de una filial de Sener, que también promueve el parque eólico comercial Tramuntana en la misma zona y es uno de los proyectos con la tramitación más avanzada. La segunda empresa mejor valorada fue la catalana X1Wind y la tercera que instalará un prototipo será Esteyco. Los promotores de los proyectos, sin embargo, todavía no han detallado sus características a la espera de la publicación de la DIA.

Plemcat cuenta con una inversión de 80 millones de euros: 30 millones procedentes del Estado y los 50 millones restantes aportados por la Generalitat.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell Executiu, la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha explicado que analizarán la declaración de impacto ambiental “por si hay alguna cuestión a tener en cuenta” y que, posteriormente, ya se podrá “iniciar la licitación y la compra de material para esta plataforma”. En este sentido, ha concretado que, si todo avanza según lo previsto y ningún obstáculo lo retrasa, “a finales de 2027 o principios de 2028 podría estar en funcionamiento la plataforma experimental”. Paneque ha añadido que es el IREC quien realiza el seguimiento del proyecto y quien gestionará la licitación y la compra de material.

La Xunta de Galicia acaba de anunciar que presentará recurso ante el Tribunal Constitucional contra el real decreto de las zonas de aceleración de renovables porque considera que invade competencias autonómicas. Abre con ello otra batalla con el Gobierno central por cuestiones de competencias, que ya han acabado judicializadas en casos como la normativa eólica o la gestión del litoral. El presidente gallego ha justificado la decisión como una “defensa del autogobierno en un sector especialmente sensible”.

El Gobierno gallego sostiene que el Estado tiene competencias en legislación básica en este sector, pero que el desarrollo corresponde a las comunidades, según recoge el Estatuto de Autonomía. El real decreto, añadió, es “tan detallado” que, “en la práctica, no deja margen de maniobra a la Xunta” para determinar dónde se pueden instalar los aprovechamientos de energías renovables.

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, compareció junto a Rueda para explicar la decisión y aseguró que la norma lleva a que solo se podrían hacer estas instalaciones en el 0,16% del territorio, de manera “totalmente dispersa y contraria a lo que pide la Comisión Europea, que pide tener zonas suficientes y amplias”. Vázquez volvió a hacer referencia a que Galicia es la comunidad que más ha reducido sus emisiones de gases de efecto invernadero en los últimos años, sin citar que la explicación está en que cerraron las dos centrales térmicas que funcionaban en la comunidad.

Las zonas de aceleración de renovables son zonas que se consideran especialmente adecuadas para la instalación de estas explotaciones. Según el decreto que ahora recurre la Xunta, la idea es dar prioridad a suelos industriales, urbanizados o artificiales, áreas degradadas, vertederos, canteras y minas clausuradas o corredores e infraestructuras energéticas o de transporte que ya existen. Los proyectos que se desarrollen en estas zonas no tendrán que someterse a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinario ni simplificado, aunque deben adoptarse antes medidas preventivas y mitigadoras. Sí será necesaria una evaluación ambiental estratégica de los planes por los que se designa alguna zona de aceleración de renovables.