Se oficializa la ley que (en teoría) refuerza a los ayuntamientos para vetar plantas de biogás en Castilla-La Mancha

El Gobierno de Castilla-La Mancha publica este jueves en el Diario Oficial de la comunidad autónoma la modificación de la Ley de Evaluación ambiental, aprobada el pasado en las Cortes regionales, en un texto que otorga mayor autonomía a las administraciones locales, en concreto para poder vetar la implantación de macrogranjas o plantas de biometano en sus términos municipales.

El texto establece que los ayuntamientos deben otorgar su conformidad mediante un acuerdo del Pleno antes de que los proyectos puedan avanzar en su tramitación administrativa. Esta validación municipal debe considerar factores socioeconómicos, urbanísticos y ambientales, permitiendo detener planes que no se alineen con los intereses de la comunidad local. Por eso los ayuntamientos ahora deben emitir informes técnicos específicos detallando qué actividades relevantes del municipio podrían verse afectadas para justificar que el proyecto no puede seguir adelante.

Será además una decisión de carácter vinculante. Si el Pleno municipal emite un certificado de no conformidad, el órgano ambiental debe dictar una resolución de finalización del procedimiento, lo que efectivamente bloquearía el proyecto.

Se otorga al ayuntamiento la capacidad de denegación motivada: es decir, en los casos en que el ayuntamiento actúa como órgano sustantivo, si el Pleno no otorga su conformidad, el ayuntamiento dictará una resolución motivada para denegar la tramitación del proyecto.

Además, la ley introduce nuevas modalidades para ejecutar medidas compensatorias y define las funciones técnicas de las entidades colaboradoras en el seguimiento de los expedientes.

En cuanto al proceso de información pública de los expedientes, se añade en la normativa de Evaluación Ambiental un “refuerzo” de la participación ciudadana: la obligación de publicar este trámite en uno de los periódicos de mayor difusión de la localidad, advirtiendo del plazo de presentación de las alegaciones. El objetivo es dar más posibilidades a los vecinos y vecinas para pronunciarse.

Todo tiene un pero...

La “autonomía” que se otorga a los ayuntamientos para decidir en realidad tiene un límite y deja de serlo cuando el órgano sustantivo superior, el Gobierno de Castilla-La Mancha cree que el proyecto es “estratégico” para la comunidad autónoma. Así que pese al cambio, la Junta mantiene la potestad de continuar el proceso tirando de la Ley de Medidas Urgentes para la Declaración de Proyectos Prioritarios en Castilla-La Mancha. Por cierto, fue cuestionada en su momento por el Tribunal Constitucional al pretender, en su redacción inicial, eliminar la necesidad de evaluación ambiental. Algo que tuvo que ser cambiado.

La norma que ahora se ha modificado es el primer paso además de cara al futuro decreto de regulación del biogás. En paralelo, el Ejecutivo regional prepara un anteproyecto de Ley de Inversiones Empresariales Estratégicas, que complementa a la normativa actual de actuaciones “prioritarias”, en la que el biometano ocupa un lugar especial.

Los cambios entran en vigor mañana, día 24 de julio.