Argelia Queralt: “Los jueces son un poder del Estado y tienen más responsabilidad democrática que otros colectivos”

Argelia Queralt (Múnich, Alemania, 1976) es vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desde hace dos años. Doctora en Derecho y profesora titular de la Universitat de Barcelona, llegó al órgano de gobierno de los jueces a propuesta del PSOE tras una etapa como letrada del Tribunal Constitucional. Queralt atiende por teléfono a elDiario.es días antes del acto oficial de inicio de curso de los tribunales que se celebra el próximo jueves.

La jurista defiende que “los jueces son un poder del Estado y tienen más responsabilidad democrática que otros colectivos” y lamenta que el arraigado “corporativismo” dentro del órgano frene la autocrítica y la apertura frente a “señales de alarma”, como las encuestas que apuntan a una cierta desconfianza de los ciudadanos en la Justicia.

Tras meses de investigación, el CGPJ archivó nueve de las once quejas tramitadas contra el juez Juan Carlos Peinado. Y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid acaba de archivar otra de las dos que ustedes le remitieron. ¿Hay resistencias a sancionar a otros jueces?

Hay cuestiones como todo lo relativo a la libertad de expresión que la parte judicial tiene más reticencias a sancionar. Su argumento es que los jueces, cuando no están ejerciendo, tienen libertad de expresión absoluta. Eso me llama la atención. No se trata de limitar ilegítimamente su libertad de expresión, pero la propia Comisión de Ética —aunque sus resoluciones no son vinculantes ni pueden ser utilizadas como elemento disciplinario— sí habla de prudencia y de no olvidar que sus manifestaciones pueden afectar a la idea de neutralidad e imparcialidad. Falta concienciar a la carrera de que aunque son ciudadanos y ciudadanas de a pie cuando no están ejerciendo no dejan de tener unas responsabilidades. Debería haber un debate en el seno del Consejo y de la judicatura y después una actualización legislativa sobre el tema disciplinario.

Durante este curso, el Consejo también rechazó sancionar al juez que llamó “Barbigoña” a la mujer de Sánchez y al magistrado que dijo que Irene Montero no podía darles lecciones a los juristas “desde su cajero de Mercadona”. Lo hizo con el voto en contra de los vocales de su grupo. ¿Esos mensajes socavan la apariencia de imparcialidad?

Precisamente por esto hay que darle una vuelta al tema de la libertad de expresión. La apariencia de imparcialidad es un concepto un poco difuso, pero es la que hace que la ciudadanía confíe en el buen hacer de los miembros de la carrera judicial. Determinadas manifestaciones o expresiones relativas al género o a cuestiones políticas dan una mala imagen que se extiende a toda la carrera y acaban propiciando una visión de una judicatura no imparcial. La judicatura debe comportarse de una manera ejemplar y respetar todos aquellos elementos que permitan que la ciudadanía confíe en su actuación, que es independiente, sí, pero muy importante, también debe ser imparcial y parecerlo.

Cada año se tramitan unas 500 diligencias informativas contra jueces. ¿Pretende el Consejo limitar las quejas que se presentan contra jueces con el nuevo reglamento que está en tramitación?

Es una iniciativa que se está tramitando para poder mejorar el procedimiento de quejas, que es muy informal. Ahora el buzón de queja ciudadana del Consejo se utiliza para ejercer un derecho de protesta. Y eso hace que otras quejas que están bien formuladas tarden más en ser tramitadas. Además, solo se plantea que en determinados procedimientos solo las partes puedan interponer la queja, que no haya una especie de acción popular. Pero es solo una iniciativa que se ha empezado a tramitar.

Sondeos publicados recientemente por diversos medios revelaron que seis de cada diez españoles creen que los jueces se dejan influir por su ideología política. ¿Preocupan estos datos en el Consejo?

Es una percepción que también han recogido otros estudios de la UE o la OCDE y que evidencia que hay un problema de confianza respecto de la actuación de la Justicia. Es una llamada de atención que hay que tener en cuenta nos guste más o menos o nos parezca que tiene más o menos razón. Hay que tomar estos datos como señales de alerta, ver qué está pasando y actuar en consecuencia. Pero ahí sale el corporativismo. La mayoría del Consejo no está por llevar a cabo este proceso de reflexión, sino que lo percibe como un ataque al Poder Judicial. Yo creo que esto es un error no porque esté validando esos resultados, sino porque creo que en un Estado democrático tenemos que ser sensibles a esas opiniones. Los jueces y juezas son un poder del Estado y tienen que tener un elemento de responsabilidad democrática más elevado que otros colectivos.

En todo caso, ¿ve algún cauce para abordar este asunto en el Consejo?

Antes del verano nuestro grupo compartió con la presidenta y el resto de vocales una hoja de ruta de actuaciones, políticas públicas y decisiones que creemos que deberían guiar nuestro mandato, pero no hemos recibido respuesta. Para nosotros es indispensable dar respuesta a esa alerta, pero creo que a día de hoy en el Consejo no estamos en la voluntad de iniciar ese proceso de reflexión.

¿Cómo ve el liderazgo de la presidenta Isabel Perelló?

En general, la presidenta lleva a cabo una política excesivamente corporativista. A veces se deja llevar por esa protección de la carrera, como si el Poder Judicial necesitara de una protección extra porque se siente atacado. Aunque sea una actuación de buena fe y en la carrera se pueda ver de forma positiva, desde el punto de vista de la ciudadanía puede verse como defensiva, no de cooperación o colaboración institucional. También hay un cierto recelo hacia una apertura mayor del Consejo. Por ejemplo, comunicativamente deberíamos ser más activos. La transparencia es fundamental para legitimar la actividad judicial.

El pasado octubre parte de su grupo fue muy crítico con ella cuando pactó con los vocales de la derecha y Carlos Hugo Preciado un nuevo reparto de poder que propició que ocho de las once comisiones del órgano tengan mayoría conservadora. ¿Cómo ha evolucionado la situación desde entonces?

En aquel momento, hubo una ruptura de los equilibrios y del consenso que se había pactado. Nos pesó durante muchos meses porque debilitaron nuestra posición y aquellas líneas de actuación que podíamos creer prioritarias se vieron relegadas. Nos costó unos meses reubicarnos e ir ganando otra vez confianza con el otro grupo. A nivel personal las relaciones son buenas, pero en las votaciones se funciona como grupo. Además, tenemos un compañero, Carlos Hugo Preciado [elegido a iniciativa de Sumar], que tiene una línea de actuación propia que suele coincidir con la de la presidenta y el bloque conservador.

Las decisiones se adoptan por mayorías. Si no tienes los votos no se adopta el acuerdo que tú querrías. Por ejemplo, uno de los últimos temas que se trataron fue el de las cargas de trabajo de los jueces. Habíamos llegado a un acuerdo de mínimos y eso se rompió en el último Pleno. Hay una serie de personas que tienen un peso específico y que acaban decantando la balanza hacia el lado que no conviene a las políticas progresistas que creemos que deberían adoptarse.

Los vocales de derecha han bloqueado durante meses la elección de una vacante pendiente en la Sala Segunda que ustedes creen que se debe adjudicar a una mujer de sensibilidad progresista. ¿No ha habido manera de forzarles a negociar?

El bloque conservador tiene la mayoría y la presidenta les apoya. En el Consejo se adoptan los acuerdos por mayoría. Si hay una mayoría que dice que no va a empezar a debatir hasta que queden vacantes otros puestos de esa misma Sala para hacer una renovación en bloque te puedes poner como quieras, pero no hay nada que hacer. El problema es que estamos en una situación en la que no tenemos los votos, así que eres generoso e intentas llegar a otros acuerdos o rompes con todo. Ir a todo en contra supone no conseguir nada de lo que nosotros creemos que se debería hacer, más allá de los nombramientos.

Para nosotros era importantísimo el tema de las cargas de trabajo, salud judicial, la presencialidad… Hay un par de reglamentos importantísimos que se están trabajando. A veces se hacen concesiones para intentar ir avanzando en otros aspectos donde se pueda llegar a acuerdos. Siempre estamos en la disyuntiva de si vamos a todo que no o vamos a ver lo que se puede conseguir con los votos que tenemos.

¿Qué balance hace de sus dos años como vocal? ¿Su grupo ha cumplido los retos que se propuso cuando empezó el mandato?

Deberíamos haber pactado una hoja de ruta y eso no se ha hecho. Se han conseguido cosas por la actuación de las comisiones, porque el Pleno ha ido haciendo, pero no porque hubiera una hoja de ruta clara. No tenemos capacidad para adoptar todas las medidas que queremos. En octubre del año pasado se quebró el equilibrio en el Consejo y supuso un antes y un después en algunas de las cosas que creíamos que podíamos haber hecho de forma consensuada y trabajando como órgano de gobierno plural pero bien engrasado.

A pesar de ello, se ha ido cumpliendo con la gestión de los nombramientos pendientes, un asunto que resulta de vital importancia para el funcionamiento interno de la carrera. Aunque tienen poca visibilidad, se han hecho cosas en materia de género o digitalización e inteligencia artificial. Son medidas pequeñas que pueden servir mucho a la carrera. O se ha trabajado de forma coordinada para habilitar una sede provisional en Barcelona para la Escuela Judicial mientras el edificio principal está en obras o para poder convocar las 500 nuevas plazas judiciales.

En los últimos días, ha habido un cruce de comunicaciones entre el Consejo y el Ministerio de Justicia a propósito de los refuerzos de los juzgados de Ceuta para hacer frente a la crisis migratoria.

Eso estaba solucionado, pero se ha querido dar una perspectiva político-mediática. La Comisión Permanente ya dio luz verde el 18 de agosto para que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía pudiera adoptar las medidas que considerara oportunas respecto a refuerzos o guardias. Todo lleva un procedimiento, aunque sea de urgencia. Hay que hacer la convocatoria, dar publicidad, que se presenten aspirantes, resolver… Todo eso lleva unos plazos que están previstos en la ley para garantizar la transparencia y la igualdad de oportunidades.