El Constitucional abre la vía contra la Ley de Concordia de Extremadura por rebajar la protección de las víctimas

El Tribunal Constitucional tiene previsto admitir a trámite esta próxima semana el recurso presentado por el Gobierno contra la Ley de Concordia de Extremadura, al considerar que la norma autonómica reduce la protección reconocida a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura e invade competencias que corresponden al Estado.

Fuentes jurídicas han informado a EFE de que la corte de garantías abordará previsiblemente la admisión del recurso en el pleno que comienza este martes, con el que el Constitucional abre el nuevo curso judicial.

El Gobierno cuestiona varios aspectos de la legislación extremeña y sostiene que no se limita a desarrollar competencias propias de la comunidad autónoma. En su recurso argumenta que la norma incumple el deber de colaboración con el Estado, vulnera la dignidad de las víctimas y regula materias reservadas constitucionalmente a la Administración estatal.

Afecta a los derechos de las víctimas

Uno de los principales argumentos del Ejecutivo es que la Ley de Concordia rebaja la protección que establece la Ley estatal de Memoria Democrática. En concreto, señala que quedan afectados derechos como el de las víctimas a la verdad, a la reparación material y moral y a las garantías de no repetición.

El recurso rechaza además que la denominada “concordia” pueda sustituir jurídicamente a la reparación de las víctimas. El Gobierno sostiene que la reconciliación social debe construirse sobre el reconocimiento y la reparación de quienes sufrieron la Guerra Civil y la dictadura, y no limitar los derechos que les reconoce la legislación estatal.

Otro de los puntos cuestionados es la colaboración entre las distintas administraciones. Según el Ejecutivo, la ley extremeña restringe la cooperación institucional prevista en el artículo 14 de la Ley de Memoria Democrática al supeditarla a lo establecido en la propia normativa autonómica. A juicio del Gobierno, esta previsión puede dificultar la aplicación uniforme de la legislación estatal en Extremadura y condicionar la colaboración de la Junta con la Administración General del Estado en materia de memoria democrática.

El recurso plantea asimismo una posible invasión de competencias estatales en ámbitos procesales y educativos, al entender que la norma extremeña entra en materias cuya regulación corresponde al Estado en virtud de la Constitución.

La admisión a trámite del recurso no supone todavía que el Constitucional haya declarado inconstitucional la Ley de Concordia. El tribunal deberá estudiar ahora el fondo de las cuestiones planteadas por el Gobierno y determinar si los preceptos recurridos se ajustan al marco constitucional.

El pleno del Constitucional tiene previsto abordar también la admisión del recurso presentado por el Gobierno contra la ley de la Comunidad de Madrid que habilita a esta autonomía para ejercer la acción popular en determinados ámbitos.