La transición hacia una economía más sostenible necesita tecnología, cambios regulatorios y nuevas formas de producir y consumir, pero también dinero para hacerlos posibles. ¿Qué papel pueden desempeñar los bancos en ese proceso? Sobre esa cuestión ha girado la keynote Reimaginar los recursos, multiplicar valor, protagonizada por Ángel Giménez Palazón, responsable de Sostenibilidad de BBVA en España, durante el V Foro ReGenera de elDiario.es.

Giménez ha partido de un cambio que, a su juicio, se ha producido durante los últimos años en la forma en que las empresas entienden la sostenibilidad. “Ha pasado de ser un tema reputacional a ser un tema de negocio”, ha señalado. Una transformación que obliga a incorporar los criterios ambientales no como un elemento añadido a la actividad empresarial, sino como parte de las decisiones económicas.

El representante de BBVA situó ahí el papel de las entidades financieras. “Nosotros lo que hacemos es financiar”, ha resumido, antes de defender que la banca puede actuar como facilitadora de inversiones destinadas a transformar empresas, viviendas, movilidad o procesos productivos. Pero esa transformación, advirtió, debe cumplir una condición esencial: ser económicamente viable.

Familias y empresas

Uno de los ejemplos utilizados por Giménez ha sido el del vehículo eléctrico. El responsable de Sostenibilidad de BBVA indicaba que una de las barreras para su expansión sigue siendo el precio y ha defendido que las soluciones sostenibles deben conseguir competir económicamente con las tecnologías a las que pretenden sustituir.

Algo similar sucede con la vivienda. Giménez ha puesto el foco en el enorme parque inmobiliario construido antes de que la eficiencia energética se convirtiera en una prioridad y en la necesidad de financiar su rehabilitación. Mejorar ventanas, aislamiento o sistemas de climatización puede reducir el consumo energético, pero requiere una inversión inicial que muchos hogares no pueden afrontar únicamente con sus propios recursos.

Ahí aparece uno de los cometidos de las entidades financieras: convertir inversiones con un desembolso inicial elevado en operaciones asumibles a lo largo del tiempo, especialmente cuando generan después un ahorro energético.

El mismo principio se aplica a las empresas. Giménez destacaba particularmente el desafío de las pymes, que representan buena parte del tejido empresarial español y no siempre disponen de los recursos o conocimientos de las grandes compañías para afrontar su transformación.

Los bancos, tal y como ha indicado, no pueden limitarse a proporcionar financiación, sino que deben ayudar a sus clientes a entender qué inversiones necesitan realizar y qué oportunidades pueden encontrar en esa transición. La sostenibilidad entra así en la conversación empresarial ligada a conceptos como eficiencia, ahorro, competitividad o acceso a nuevos mercados.

Del coste a la oportunidad

Giménez ha insistido en que el debate ha cambiado precisamente porque la sostenibilidad empieza a percibirse también desde esa perspectiva económica. Las empresas se enfrentan a exigencias regulatorias, pero al mismo tiempo encuentran oportunidades de negocio asociadas a la electrificación, las energías renovables, la eficiencia energética o la economía circular.

En ese contexto, la financiación actúa como una herramienta para acelerar inversiones que de otro modo podrían retrasarse. El reto consiste en identificar proyectos capaces de generar un impacto ambiental positivo y que, al mismo tiempo, tengan sentido económico.

La transformación tampoco depende únicamente de las grandes operaciones. Giménez defiende la importancia de trasladarla a decisiones cotidianas de empresas y particulares: desde comprar un vehículo hasta rehabilitar una vivienda o sustituir determinados equipos por otros más eficientes.

Durante su intervención ha aparecido también el papel de la regulación. Para el responsable de Sostenibilidad de BBVA, Europa ha ejercido durante los últimos años un liderazgo importante en esta materia, aunque el desafío consiste ahora en compatibilizar los objetivos ambientales con la competitividad de las empresas europeas.

Ese equilibrio resulta especialmente relevante en un contexto internacional en el que las compañías europeas compiten con empresas sometidas a marcos regulatorios diferentes. La transición, en su opinión, debe avanzar sin perder de vista la capacidad de las empresas para invertir, crecer y competir.

El planteamiento conecta directamente con una de las ideas que atravesaba toda su intervención: la sostenibilidad no puede mantenerse como un ámbito separado de las decisiones económicas. Para consolidarse necesita formar parte de ellas.

Giménez defendió también que las entidades financieras tienen capacidad para acelerar esa transformación por la posición que ocupan entre los recursos disponibles y quienes necesitan invertir. La financiación puede contribuir así a movilizar capital hacia proyectos relacionados con la transición energética, la eficiencia, la movilidad o la transformación de los procesos productivos.

Pero el éxito no se mide únicamente por el volumen de dinero movilizado. La cuestión es qué transformaciones consigue provocar esa financiación en la economía real y hasta qué punto esas inversiones permiten reducir consumos, emisiones o costes al mismo tiempo que mantienen su viabilidad económica.

La keynote ha terminado así regresando al punto de partida. La sostenibilidad ha dejado de plantearse únicamente en términos de compromiso ambiental o reputación corporativa para incorporarse progresivamente a las decisiones de inversión. Y es precisamente esa integración la que, para Giménez, puede determinar la velocidad de la transición: que empresas y ciudadanos encuentren no solo razones ambientales para cambiar, sino también razones económicas para hacerlo.

Si hay algo que ha quedado claro en la última Mesa Redonda del V Foro ReGenera es la necesidad de elevar la mirada, seguir innovando y avanzar en lo que se refiere a la gestión de los residuos en una economía circular ya que esta ya no se limita a decidir en qué contenedor va cada envase. Con la participación de Alejandro Dorado, comisionado para la Economía Circular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; Ruth Carrasco, profesora titular de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM); Isabel Leal, directora de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad de Implica; y Julio López, responsable de Asuntos Corporativos de Ecoembes —y moderados por Raúl Rejón, jefe de sección de Sociedad de elDiario.es— se ha incidido en la responsabilidad ampliada del productor (RAP), los retos y oportunidades del ecodiseño y las palancas que aún quedan por activar, con especial foco en la transmisión de la información. 

Dorado ha comenzado defendiendo la necesidad de ampliar el enfoque tradicional por el que se ha regido la economía circular, muy centrado en la gestión de residuos, y ha pedido ampliar la mirada. “No solo se trata de reducir los impactos ambientales de los residuos que producimos, sino reducir los impactos ambientales de la extracción de los recursos. Cuanto más circular sea la economía, cuanto menos desperdiciemos los recursos, como estamos haciendo a través de la economía lineal, menos necesidad de extracción de recursos, de procesamiento y al final menos impactos ambientales”, ha señalado apuntando que la extracción de recursos está relacionado con en torno al 60 % de las emisiones de gases de efecto invernadero, el 90 % de la presión sobre la biodiversidad por cambio de uso del suelo y el 40 % de la contaminación. “Es un cambio de paradigma en las formas en las que producimos y consumimos”, ha afirmado.

En ese cambio de paradigma entra la responsabilidad ampliada del productor (RAP) —que exige a los productores asumir la responsabilidad de la gestión de los residuos derivados de los productos que introducen en el mercado— que, como ha recordado Carrasco, traslada el fin de vida del producto desde la administración local hacia toda la cadena de valor, incluido el consumidor. Le sigue pareciendo “un instrumento valioso”, pero ha advertido de la importancia de los detalles de su aplicación, con sistemas individuales o colectivos, nacionales o europeos, y en los que decisiones como dónde ubicar las plantas condicionan su eficiencia.

Aquí, López, con la perspectiva de treinta años de experiencia en envases, ha incidido en que cuando la RAP se aplique a todos los flujos, la cifra conjunta de los SCRAP (acrónimo de Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor) podría situarse entre 40.000 y 50.000. En su opinión, “una industria nueva” que generará empleo e inversión. Leal, como parte de un SCRAP que echó a andar en 2025, ha resaltado que afrontan tres retos: la trazabilidad de los envases y los residuos; corregir las desigualdades de partida en la industria e implicar a toda la cadena de valor. 

Ecodiseño: producto, cadena de suministro y consumo

Una de las grandes cuestiones en lo que economía circular se refiere es el ecodiseño. “Para que un producto se convierta en circular es esencial de dónde empezamos. Desde el diseño, la concepción de los materiales, estemos pensando no solo en la venta y en el uso, sino en qué pasa después porque de eso va a depender las inversiones que tengamos que hacer en la parte de la gestión de residuos”, ha explicado Dorado, que ha mencionado la cifra, atribuida a la Comisión Europea, de que alrededor del 80 % del impacto ambiental de un producto se decide en su diseño. 

Quizás por eso tampoco sorprende el dato que ha ofrecido López desde Ecoembes según el cual dedican cerca del 30 % de las formaciones de su plataforma Circular Campus al ecodiseño, al que también dan un foco importante en su Circular Lab, pensado para conectar a empresas que tienen un material con otras que pueden darle uso. Eso sí, Carrasco ha pedido no reducir el ecodiseño al producto en sí. “Son tres cosas: el producto, el sistema industrial o la cadena de suministro que le acompaña y el modelo de negocio o modelo de consumo que le acompaña. O sea que producción y consumo responsable tienen que ir de la mano”, ha señalado la profesora. 

Barreras: inercia social, trazabilidad e información

Preguntado por los cuellos de botella, Dorado ha identificado cierta inercia social ligada al modelo lineal de usar y tirar y la ausencia de un mercado único de residuos y materias primas secundarias en la UE. Ha añadido también la necesidad de generar demanda de productos circulares, la falta de información sobre trazabilidad y la necesidad de vigilancia del mercado ante productos que vienen de otros mercados. Eso sí, ha señalado también la potencia que tiene la compra pública ecológica, ya que, como él mismo ha señalado, el peso de las administraciones como consumidoras supone cerca del 12 % del PIB. 

Sobre la desconfianza de quienes dudan de que su esfuerzo al separar residuos sirva de algo, Carrasco ha subrayado que la solución no es solo técnica, no solo se habla de trazabilidad, sino más bien de colaboración, confianza y transparencia entre los agentes. Y ha querido dar dos pinceladas importantes: “El primer mensaje es que los recursos se acaban y eso hay que transmitirlo y verlo más claramente. Y el segundo lugar es que la economía circular tiene que ser economía”, ha explicado, incidiendo en que se trata de una oportunidad industrial y debe ser un proyecto país. 

Tanto para Leal como para López, la trazabilidad y el saber trasladar la información a consumidores y empresas, especialmente pymes, sobre todo ante las nuevas normativas que se acercan. “Empecemos por lo más básico, hay una responsabilidad ambiental, financiera y operativa de todas las empresas que ponen un producto en el mercado de asumir esa gestión. Desde hace treinta años en algunos flujos y otros están llegar. Muchas veces nos ven a los sistemas integrados como un coste ambiental más, sin darle el valor que les puede aportar”, ha señalado López. 

Para finalizar, y como mensaje concluyente, Carrasco ha querido insistir en que “residuo es recurso” y ha animado a subir peldaños hacia una economía regenerativa. Leal ha pedido que el cumplimiento sea solo el primer paso y que las empresas se anticipen para ser más competitivas mientras que López ha querido lanzar un mensaje por la colaboración entre poderes públicos, empresas y academia para que la economía circular llegue a todos los territorios.

El debate sobre la transición ecológica y la descarbonización industrial en España afronta un punto de inflexión decisivo: cómo transformar la gestión de residuos en una verdadera fuente de materias primas secundarias que garantice la autonomía estratégica europea. En torno a ese reto se estructuró la cuarta mesa del V Foro ReGenera organizado por elDiario.es, que reunió a Miguel Gómez-Pavón López, director general de estrategia industrial y de la pyme, del Ministerio de Industria y Turismo; María Teresa Expósito Espinosa, del departamento de tecnología química y ambiental de la Universidad Rey Juan Carlos; Iván Albertos, director de asuntos públicos, sostenibilidad y regulación de BASF; y Beatriz Castillo, directora adjunta de asuntos públicos de Veolia en España.

Miguel Gómez-Pavón López ha abierto la charla destacando que cumplir las metas climáticas europeas reduciría en un 40% la necesidad de nueva minería de cobre o cobalto, según la Agencia Internacional de la Energía. Sin embargo, “solamente el 12% de los materiales en la UE en 2024 provino de este mercado de materias primas secundarias”, ha advertido, lo que permite un gran margen de mejora. “En España tenemos capacidad para recuperar residuos; la capacidad existe. Lo que tenemos es que ser capaces de convertir esa capacidad de recuperación en capacidad de reinsertar esos residuos como materias primas secundarias en nuevos procesos productivos”, ha señalado, aludiendo al cuello de botella que existe en el caso español, para lo que anunció que la nueva iniciativa de Autonomía Estratégica incluirá una misión específica de circularidad.

Seguidamente, María Teresa Espósito Espinosa ha analizado la viabilidad técnica de los materiales, señalando que la economía circular ha avanzado en sectores homogéneos como el papel y cartón, donde “el coste del papel reciclado ya está al mismo precio que el obtenido a través de materia virgen”. En contraste, situaba la principal traba técnica en los materiales compuestos y en garantizar la seguridad del producto: “Un gran reto es la trazabilidad. Igual que para un producto queremos una garantía de que no nos va a generar un riesgo en la etapa de uso, también se lo tenemos que pedir a un producto en el que se ha introducido material reciclado”.

Desde la perspectiva de la industria, Iván Albertos defiende que la autonomía estratégica no implica proteccionismo, sino “analizar cuáles son las vulnerabilidades en nuestras cadenas de suministro e intentar conservar en Europa todo lo que tenemos a día de hoy”. “No tendremos autonomía estratégica ni tendremos circularidad en Europa si no tenemos empresas y sectores industriales competitivos”, ha sostenido Albertos, que remarca que la industria química se sitúa al inicio de casi todas las cadenas de valor y alertó sobre la volatilidad y las interrupciones geopolíticas.

A la hora de estructurar el mercado, Beatriz Castillo subrayaba que la tracción de la demanda es un motor indispensable y, para consolidarla, planteó usar la compra pública verde, establecer objetivos obligatorios en construcción y automoción, e implantar la ecomodulación en los sistemas RAP, de responsabilidad ampliada del productor. “Existen modelos como en Francia, donde se incentiva a los fabricantes que incorporan contenido plástico reciclado para que resulte económicamente más rentable que el uso de materias primas vírgenes”, expresaba.

Certezas químicas

Avanzada la conversación hacia las garantías de calidad, Gómez-Pavón recordaba que el comprador exige certidumbre sobre la composición química y que normativas como el Reglamento de Ecodiseño exigirán porcentajes obligatorios, lo que requerirá inversiones industriales de cientos de millones de euros. Ante lo que Espósito ha matizado que la industria no compra un residuo sino especificaciones técnicas, diferenciando los residuos de rápido retorno de los de construcción o automoción, que tardan entre 15 y 50 años en estar disponibles.

Sobre el control fronterizo, Beatriz Castillo denunciaba la competencia desleal de las importaciones que se hacen pasar por plástico reciclado sin serlo, pidiendo implantar cláusulas espejo en la UE y códigos aduaneros diferenciados: “Son importaciones fraudulentas a precios mucho más bajos que hacen mucho daño al sector”.

Como respuesta a la dificultad para reciclar residuos complejos, Iván Albertos ha destacado el papel del Pasaporte Digital de Producto mediante códigos QR y ha defendido con firmeza la neutralidad técnica y el impulso del reciclado químico: “Nos gusta dibujarlo como si tuvieras una tarta y fueras capaz, a través de un proceso, de obtener el azúcar, los huevos y la leche de forma separada”.

Geopolítica de las chatarras

En el tramo regulatorio e internacional, Gómez-Pavón advierte sobre la fuga de materias primas clave fuera de la UE: “Europa es deficitaria en chatarras de acero y aluminio. Estamos pagando más por algo que tenemos en nuestro territorio porque la chatarra sale fuera, se recicla y se convierte en productos transformados que luego reimportamos”. Albertos ha apoyado esta postura criticando la lentitud de las medidas antidumping de la Comisión Europea, que tardan entre dos y tres años en resolverse.

Respecto a la financiación de la transición y el sobrecoste, Gómez-Pavón destacaba la aportación pública a través de programas como RenoCicla, dotado con 100 millones de euros, y ha comprado el sobreprecio inicial con una garantía de suministro: “Ese sobreprecio lo podemos equiparar a la prima que pagamos por un seguro del hogar: nos da la certeza de que vamos a tener suministro”. Castillo añade a esto la necesidad de aplicar una fiscalidad ambiental, un IVA reducido al reciclado e internalizar externalidades para orientar el mercado.

Para concluir, los ponentes han aportado ejemplos de éxito en la industria como la reducción de consumo energético en hornos al añadir un 10% de vidrio reciclado, las chaquetas monomaterial fabricadas con Inditex mediante el reciclado químico, la guía de compra pública verde redactada por Veolia y el hecho de que el 75% del acero producido en España provenga de chatarra. La sesión cerraba con la reflexión de que la circularidad ha pasado de ser un imperativo ecológico a la principal palanca de competitividad e innovación industrial del país.

España, como cualquier otro país, genera millones de toneladas de residuos orgánicos cada año. Pero buena parte de ellos podrían dejar de ser únicamente un problema para convertirse también en una fuente de energía. Esa es una de las oportunidades que ofrece el biometano, un gas renovable que puede aprovechar las infraestructuras gasistas existentes y contribuir tanto a la descarbonización como a reducir la dependencia energética del exterior. Y sin embargo, entre su enorme potencial teórico y su implantación real todavía existe una distancia considerable.

Sobre cómo acortar esa brecha ha girado buena parte de la mesa Biometano: del residuo a la competitividad energética, celebrada en el marco del V Foro ReGenera de elDiario.es. Moderada por el periodista Antonio M. Vélez, la charla ha reunido a Jorge Castro, jefe de Servicio en la Subdirección General de Hidrocarburos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; Ángeles de la Rubia Romero, profesora titular de Ingeniería Química de la Universidad Autónoma de Madrid; Joan Batalla, presidente de Sedigas, y Matteo Vaglio, director de Biocombustibles de Moeve.

El punto de partida ha permitido hacerse una idea del recorrido pendiente. Castro recordaba la evolución experimentada en apenas cinco años: España ha pasado de contar prácticamente con una única planta de biometano a tener alrededor de una treintena operativas, mientras existe una cartera de cientos de proyectos en distintas fases de desarrollo. Un crecimiento que el representante del Ministerio ha enmarcado en una estrategia más amplia para reducir la dependencia energética española y avanzar en la descarbonización.

La oportunidad no es menor. Batalla ha situado en 163 TWh el potencial español de producción de biometano, según una estimación realizada por Sedigas en 2023, una cantidad que equivaldría aproximadamente a la mitad de la demanda actual de gas natural. Frente a las alrededor de 30 plantas españolas, recordó que en Europa funcionan ya más de 2.000. “El biometano es una realidad, no es una promesa”, ha defendido.

Para el presidente de Sedigas, además, se trata del “paradigma de proyecto de circularidad”: permite gestionar residuos que ya existen y convertir parte de ellos en energía. España genera, según las cifras expuestas por Batalla, unos 112 millones de toneladas de residuos al año, una parte importante de origen orgánico. Su aprovechamiento puede contribuir también a abordar problemas asociados a una gestión inadecuada, desde la contaminación de acuíferos hasta las emisiones.

Las barreras para despegar

Que exista materia prima, sin embargo, no significa que el potencial vaya a materializarse automáticamente. Uno de los principales obstáculos señalados por Batalla es el tiempo necesario para sacar adelante los proyectos. “La tramitación puede ser del orden de cuatro o cinco años”, afirma. Existe, sostiene, “apetito inversor”, pero para transformarlo en nuevas instalaciones hace falta reducir incertidumbres y contar con “un marco regulatorio estable y predecible”.

Castro explica que el Gobierno trabaja precisamente en ese nuevo escenario normativo. El Ministerio está abordando la transposición de la directiva europea del gas, que obligará a modificar la legislación española de hidrocarburos, y prepara también un Real Decreto destinado específicamente al biometano. El objetivo es proporcionar mayor certidumbre al sector y establecer al mismo tiempo criterios que garanticen la sostenibilidad de los proyectos.

En este sentido Vaglio, señaló que el desarrollo del biometano no solo contribuye a la descarbonización, sino que también refuerza la seguridad de suministro y la competitividad industrial europea. España, afirmó, dispone de una posición privilegiada gracias a la disponibilidad de residuos, la calidad de sus infraestructuras gasistas y unos costes competitivos para el desarrollo de nuevos proyectos. Además, defendió que los mecanismos europeos de certificación permitirán optimizar el intercambio de gases renovables entre países y aprovechar las fortalezas específicas de cada mercado.

Asimismo, puso en valor el papel del digestato como uno de los grandes vectores de aprovechamiento de la economía circular vinculada al biometano. Este subproducto puede utilizarse como fertilizante y contribuir a reducir la dependencia europea de importaciones procedentes de mercados externos, aportando una mayor estabilidad a agricultores y productores. A ello se suma su potencial de valorización futura mediante nuevas soluciones tecnológicas que permitirán maximizar la eficiencia y el rendimiento de las plantas de biometano

Precisamente por eso Vaglio introduce un matiz ante la posibilidad de que España llegue a convertirse en exportadora. “El primer reto que tenemos es un reto de consumo interno”, señala. Aunque reconocía que el potencial teórico podría acercarse a la mitad de las necesidades españolas de gas, considera que alcanzar alrededor de un 10% durante la próxima década ya supondría un avance muy importante. “Antes de pensar en exportarlo, nosotros somos un país importador de gas. Creo que el destino del gas es interno”, afirma.

Batalla amplía, no obstante, el horizonte. España tiene, a su juicio, “una oportunidad para tener un recurso autóctono” capaz de responder a las necesidades del sector productivo y doméstico y, en el futuro, “contribuir a la descarbonización del resto de Europa”.

Vaglio también destaca algunas ventajas competitivas españolas: disponibilidad de residuos, costes de construcción y una infraestructura gasista que considera entre las mejores de Europa. El coste final depende, sin embargo, de cuestiones tan físicas como la distancia entre los residuos y las plantas. Cuántos kilómetros debe recorrer un camión cargado de materia orgánica puede acabar siendo tan importante como la tecnología utilizada para transformarla.

Del biogás al biometano

Ese último punto abría una de las cuestiones más interesantes de la mesa: producir energía a partir de un residuo no significa necesariamente que el problema ambiental desaparezca. Ángeles de la Rubia situaba el foco precisamente en todo aquello que ocurre antes y después de obtener el biometano.

“En la digestión anaerobia se produce biogás, no se produce biometano. Esto me gustaría dejarlo bien claro”, ha puntualizado la profesora de la UAM. La digestión anaerobia permite que un conjunto de microorganismos transforme materia orgánica residual en biogás y en un material denominado digestato. El primero contiene alrededor de un 65% de metano y debe someterse posteriormente a un proceso de mejora hasta alcanzar aproximadamente un 95% para convertirse en biometano asimilable al gas natural.

El proceso presenta una ventaja importante: permite abordar simultáneamente la gestión de residuos, la producción energética y la recuperación de nutrientes. Pero estos últimos no desaparecen. El nitrógeno y el fósforo presentes en los residuos permanecen en el digestato y este puede aprovecharse como mejorador del suelo, siempre que se utilice correctamente.

El problema aparece cuando se aplica más de lo que los cultivos pueden absorber. “Si aplicamos al suelo más cantidad de digestato [...] que lo que las plantas pueden asimilar, lo que vamos a provocar es que al final ese excedente acabe en nuestros acuíferos y se acumule también en los suelos”, advirtió De la Rubia.

La cuestión resulta especialmente importante en territorios con una elevada concentración ganadera. Tratar los purines mediante digestión anaerobia y devolver después todo el digestato a unos terrenos ya saturados de nutrientes puede limitarse, en palabras de la experta, a “pasar el problema desde la granja hasta nuestras parcelas”. Una posible solución consiste en extraer y concentrar esos nutrientes para transportarlos allí donde sean necesarios, en lugar de trasladar grandes cantidades de un digestato compuesto en buena medida por agua.

Plantas, territorio y aceptación social

La escala de las instalaciones aparecía así como otro elemento esencial. De la Rubia defiende que “no existe un tamaño óptimo aplicable a todos los casos”. En pequeñas explotaciones aisladas puede tener sentido utilizar la digestión anaerobia principalmente para gestionar mejor los purines; en instalaciones centralizadas, con mayor disponibilidad de residuos, puede avanzarse hacia la producción de biometano. Y en áreas con una elevada densidad ganadera hay que resolver también qué hacer con el excedente de nutrientes.

Batalla incide, por su parte, en la necesidad de que los proyectos tengan en cuenta desde el principio el territorio en el que se instalan. El despliegue del biometano está encontrando oposición social en algunos lugares y, a su juicio, el sector “necesita mejorar la información, la transparencia y la participación de las comunidades locales”. También debe evitar modelos que obliguen a transportar residuos a grandes distancias para alimentar plantas sobredimensionadas respecto a los recursos disponibles en su entorno.

De ese modo, el debate ha terminado alejándose de una visión del biometano basada únicamente en cuántas plantas pueden construirse o cuántos teravatios hora podrían producirse. El verdadero desafío consiste en conseguir que toda la cadena funcione: disponer de residuos próximos, agilizar los permisos, generar demanda, ofrecer certidumbre a la inversión, mantener costes competitivos, integrar las instalaciones en el territorio y gestionar adecuadamente el material que queda después del proceso.

Porque convertir un residuo en un recurso abre una oportunidad energética, económica y ambiental, pero no elimina por arte de magia los problemas asociados a ese residuo. Como ha resumido De la Rubia al referirse al digestato, bien utilizado “tiene un potencial, una valorización material”; mal utilizado, en cambio, “acaba efectivamente contaminando suelos y acuíferos”. Una diferencia que resume buena parte del desafío del biometano: su potencial depende tanto de cuánto seamos capaces de producir como de cómo decidamos hacerlo.

En su segunda mesa de debate, el V Foro ReGenera organizado por elDiario.es ha analizado cómo un cliente cada vez más informado percibe la circularidad y los valores que las marcas están adoptando a sus modelos de negocio con representantes de diversos ámbitos.

La conversación ha comenzado con la Dra. Carlota López Aza, subdirectora del departamento de marketing de la facultad de CC. Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid, examinando el nivel de formación del cliente. Al menos el 50% de los consumidores españoles afirman carecer de información suficiente, según López Aza, que ha señalado que “falta todavía un poco de educación más del consumidor para conocer toda la cadena de circularidad”. 

Seguidamente, Javier Amores, director de economía circular en L'Oréal España y Portugal, ha explicado la transición del modelo lineal al circular dentro de su estrategia L'Oréal for the Future, destacando que ya en 2024 el 97% de sus plantas industriales utilizan energía renovable y sus fábricas en zonas con estrés hídrico reutilizaban el 100% del agua de proceso, además de potenciar el formato refill (recarga) como alternativa eficiente y más económica.

Por su parte, Paloma Cabral, directora de Impacto Corporativo en McDonald's España y vicepresidenta de Marcas de Restauración, ha valorado la cercanía con el público gracias a los 800.000 clientes diarios que reciben sus restaurantes en España, dibujando a un consumidor “muy consciente, muy formado e informado” para quien el propósito no es una lista de intenciones, sino “un mapa de ruta muy ligado a la cultura corporativa”.

Para cerrar la primera ronda, Rodrigo Fitaroni, director general de MarSenses Hotels & Homes, ha introducido una perspectiva centrada en la regeneración territorial, destacando la compra de más de 200 toneladas de producto local a la asociación balear APAEMA para recargar acuíferos y la implantación de la “hospitalidad circular humana”.

El coste de no actuar

Al profundizar en qué es exactamente el propósito empresarial y cómo se mide en la práctica, Carlota López Aza ha explicado que este debe ir más allá del negocio principal de la empresa y que debe evaluarse de forma multidimensional, desde la percepción del cliente hasta los cambios reales de hábito. Javier Amores coincidía en que el propósito cobra sentido cuando guía las decisiones estratégicas con metas cuantitativas y citó el objetivo de L'Oréal de “reducir las emisiones absolutas de CO₂ de alcance 1 y 2 en un 57% para 2030”, lo que exige coordinar el ecodiseño del packaging con la logística para optimizar el transporte.  

El debate se ha puesto especialmente interesante al abordar la vertiente financiera, cuando Rodrigo Fitaroni ha afirmado que “el propósito se mide a nivel práctico cuando te cuesta dinero” y reduce la rentabilidad en el consejo de administración. Paloma Cabral replicaba de inmediato reencuadrando el dilema: “La pregunta que yo siempre me hago no es cuánto me va a costar, sino cuánto va a costar no hacerlo”, en referencia a que la inacción destruye la confianza del cliente. Fitaroni añadió además la importancia de aceptar las condiciones del pequeño agricultor y de pagar el coste real para no caer en el greenwashing o social washing, cuando Cabral destacó que más del 70% de la compra de McDonald's en España procede del sector primario.

Precisamente el papel de los proveedores ha centrado el siguiente bloque de la conversación, en el que Javier Amores habló de los retos normativos que afronta la cosmética ante el Reglamento Europeo de Envases y Residuos de Envases (PPWR), que exige que en 2030 los productos estén diseñados para el reciclaje y en 2035 se alcance una reciclabilidad a escala. “La propia regulación te está diciendo: Señores, tienen que trabajar todos juntos, tanto el productor con el proveedor para diseñar correctamente, como posteriormente las instituciones para hacer el reciclado correcto”, añadió, y mencionó el Supplier Day de L'Oréal, su encuentro anual con proveedores, como ejemplo.

Paloma Cabral aprovechaba ese momento para reivindicar el papel de las plantillas como “grandes activistas corporativos que defienden con uñas y dientes” la asignación de recursos para proyectos de impacto positivo. Un ambiente corporativo frente al que Rodrigo Fitaroni se definió con humor como “más anarquista” y reclamaba un posicionamiento público valiente, defendiendo que “la coherencia de la marca se mide sobre todo en esos momentos en los que estás dispuesto a posicionarte” frente a problemas sociales, como la vivienda o los discursos de odio.

El consumidor ante el espejo

Ya en el tramo final, López Aza ha señalado que el cliente exige a las empresas actuar como “ciudadanos corporativos”. Amores coincidió al destacar que más del 55% de las usuarias de cosmética se declaran ecoactivistas y Cabral apoyó la necesidad de educar en el reciclaje, explicando que en McDonald's disponen de cuatro contenedores en sala y forman continuamente a empleados y clientes.

Fitaroni ha reabierto el debate económico al asegurar que la sostenibilidad no está democratizada porque los productos ecológicos suelen ser más caros, admitiendo que ellos mismos han tenido que cambiar de perfil de clientela ante la resistencia a pagar más. López Aza ha respaldado que existe una brecha demostrada entre la actitud favorable del consumidor y su conducta final de compra, condicionada por el bolsillo. Ante lo que Amores ha instado a desterrar el mito de que la circularidad siempre encarece el producto, recordando que formatos como el refill abaratan el coste final para el comprador.

Como cierre de la sesión, los cuatro ponentes han ofrecido sus titulares finales. Carlota López Aza ha sentenciado que “la neutralidad ahora mismo ante la circularidad no es posible para ninguna empresa”, mientras Javier Amores ha remarcado que la circularidad transversal “ayuda al propósito entero de la compañía”. Paloma Cabral la ha definido como “un motor de transformación social y económica”, y Rodrigo Fitaroni ha concluido advirtiendo de que “la circularidad y la sostenibilidad son necesarias, pero son poco si no saltamos a la fase de regeneración y de devolver valor al territorio”.

No hay necesidad de falsas dicotomías: las empresas pueden ser sostenibles y, al mismo tiempo, mejorar sus perspectivas de negocio. Esta es una de las principales conclusiones que ha arrojado este jueves la primera mesa de debate del Foro ReGenera, una jornada de reflexión en torno a la economía circular organizada por elDiario.es. Esta ha contado con la participación de Ana Puente, subdirectora general de Finanzas Sostenibles y Digitales del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa; Renata Bárbara Kubus, profesora del Departamento de Administración Financiera y Contabilidad de la Universidad Complutense de Madrid y Macarena Ruiz-Quintana, directora de Sostenibilidad de BBVA en España. La charla ha sido moderada por Álvaro Celorio, jefe de Economía de elDiario.es.

“En un momento de aumento de temperaturas, incendios, danas y daños más que notables, no deja de ser el momento de tener la resiliencia climática como una prioridad para el tejido productivo y de lo que consideramos prioridades de financiación”, ha comenzado explicando Puente, quien ha subrayado que esta resiliencia medioambiental resulta imprescindible para una mejora a largo plazo. Dentro de este engranaje, la economía circular es una pieza más. Como muestra, por ejemplo, el Libro Verde de Finanzas Sostenibles en España, aprobado por el Gobierno a finales de 2024, y el Consejo de Finanzas Sostenibles, una herramienta de gobernanza público-privada que trata de impulsar la financiación en economía sostenible. 

Son iniciativas que encuentran apoyo desde la academia, como ha destacado Kubus: “Aunque resulte contraintuitivo, la economía circular es más importante que nunca porque nos permite por ejemplo reducir la dependencia de las materias primas, lo que nos trae más eficiencia”. No obstante, la idea se topa aquí con un problema: ¿qué es exactamente la economía circular? ¿Cuándo se puede considerar que un proyecto mejora de verdad el medioambiente? ¿Que una empresa recicle apenas un pequeño porcentaje de sus residuos le permite afirmar que contribuye a la economía circular? Para Kubus, la clave es poner la sostenibilidad negro sobre blanco: “La información y la transparencia son importantes para aplicar un lenguaje común en torno a qué es lo que se considera sostenible y qué es de verdad economía circular. 

En este camino, ha insistido la docente, no se trata tanto de encontrar proyectos que se definan como circulares y sostenibles, sino de demostrar que de verdad lo son. “Hay que pasar de las declaraciones de buenas intenciones a las evidencias. No se trata de acciones concretas, sino de implantar toda una filosofía. No actuamos en el vacío: tenemos ya una taxonomía medioambiental y unas regulaciones que marcan los umbrales de los proyectos circulares. Las cuestiones más importantes que tienen que ver con la circularidad están definidas. También hay toda una variedad de etiquetas y normas que permiten demostrar que somos circulares”. Estas etiquetas, ha subrayado Kubus, no son un brindis al sol ni una medalla inservible para la cuenta de resultados: “En algunas investigaciones, hemos visto que los certificados influyen de manera positiva en el desempeño económico de las empresas”. 

Ha coincidido Ruiz-Quintana, que ha recordado que BBVA se ha puesto el objetivo de canalización de negocio sostenible de 700.000 millones de euros desde 2025 hasta 2029 y el banco alcanzó un récord histórico al canalizar 134.000 millones de euros en negocio sostenible durante 2025. Solo en 2025, el banco invirtió 134.000 millones de euros en este tipo de iniciativas. “Queremos ayudar a nuestros clientes a hacer operaciones que garanticen sus márgenes y su competitividad a largo plazo. Creemos que la economía circular debería verse como una estrategia eficiente para las empresas, como algo que mejora sus márgenes operativos. Si una empresa reutiliza su energía, en realidad reduce sus gastos. Por eso, un banco debería apoyarles para convertir el gasto recurrente en ahorro o en nuevas fuentes de ingresos”, ha explicado Ruiz-Quintana. Esto, ha ahondado la experta, también protege los flujos de caja ante regulaciones o cambios de mercado. “Financiar la circularidad es una prioridad para BBVA en este contexto: una empresa más eficiente, más circular, en realidad tiene menos riesgos”. 

Logística inversa, ecodiseño e innovación en materiales: los sectores con hambre inversora

Algunos de los sectores que están mostrando más apetito inversor en economía circular, en opinión de Ruiz-Quintana, son la infraestructura de logística inversa, el ecodiseño y la innovación de materiales. Con todo y con eso, la economía circular todavía tiene un camino que recorrer hasta convencer a empresarios e inversores: “Tenemos un tejido de pymes que a veces ni siquiera es consciente de las oportunidades que le puede ofrecer parte de su actividad. Es ahí donde podemos ayudar. Intentamos aflorar esa demanda con educación financiera: trabajamos en materiales para que las empresas tomen sus decisiones sabiendo riesgos y oportunidades en base a información veraz”, ha explicado Puente, quien ha ahondado en la idea de que la financiación no puede caer solo en el sector público ni en las entidades financieras privadas: “Cada uno tiene que encontrar las piezas que hay que mover. La economía circular es difícil porque por un lado podemos identificar sectores muy críticos, pero por otro hay empresas de otros sectores que también llevan a cabo iniciativas. Hay dinero, pero cuesta que esas necesidades de inversión se traduzcan en proyectos que sean fácilmente financiables a través por ejemplo de préstamos. Y ahí estamos, en convertir lo que sabemos que tenemos que hacer en proyectos financiables”.

¿Cómo lo hace, por ejemplo, una entidad financiera como BBVA? Lo ha explicado Ruiz-Quintana: “Nos fijamos en el mercado de tendencias para ver dónde la sostenibilidad genera verdadero valor. Asesoramos de forma personalizada, y ahí es donde capturamos proyectos interesantes para estructurarlos ad hoc. Para ver si un proyecto es circular, más allá del análisis financiero tradicional, analizamos el modelo de negocio, la hoja de ruta y cómo ese proyecto encaja en la estrategia global del cliente. También miramos si el cliente está midiendo sus riesgos ambientales y si está adoptando medidas para mitigarlos. Ya no solo miramos cuestiones tecnológicas y técnicas o retornos y flujos de caja atractivos, sino que también vemos si ese proyecto puede impactar de forma positiva: reducciones de costes y de insumos, por ejemplo. Es una visión mucho más holística”.

Kubus es partidaria también de este enfoque: “Todos deberían pensar en cómo se alinean, con objetivos ambientales y de circularidad. Tanto empresas grandes como pymes, que no dejan de ser muchas veces proveedoras de las empresas grandes. Qué porcentaje emplean de gastos de capital, de gasto operativo… En cuanto a las entidades financieras, también se les pide una proporción de sus inversiones vinculadas a actividades sostenibles. Se trata de construir una arquitectura de confianza”. Para Ruiz-Quintana, se trata de un tren que hay que coger a tiempo: “Es una oportunidad para hacer una economía autónoma y resiliente”. Puente ha resumido la cuestión volviendo a la tesis de inicio, es decir, nada de elegir entre rentabilidad y medioambiente: “Hay que ver la economía circular como una reducción de costes en el medio y en el largo plazo”.

Ahora que está activo el nuevo reglamento de envases que intenta reducir los desechos, resalta que, cada año en España, se generan más de 20 millones toneladas de basura. Una bola gigante de envoltorios, telas, vidrio, desperdicios domésticos, metal o plásticos. Y, cada año, más de 10 millones de esas toneladas —o 10.000 millones de kilos — acaban amontonadas en los vertederos. Otra parte se incinera y solo en torno al 40% se recicla de alguna manera.

Aunque la normativa en vigor sobre reciclaje pretende “proteger el medio ambiente y la salud humana”, España es incapaz de cumplir con los objetivos marcados por esa ley. Según el último dato publicado este año por el Ministerio de Transición Ecológica, el porcentaje de residuos municipales reciclados en 2023 se sitúa en el 43%, cuando ya debería estar —desde 2020— en el 50%. De hecho, la normativa indica que desde 2025 el porcentaje debe ser del 55%, aunque todavía no es posible saber qué comunidades cumplen con esa tasa porque los datos van con dos años completos de decalaje —ahora se conocen los de 2023—.

En marzo de 2023, un grupo de 26 organizaciones ecologistas denunciaron al Reino de España ante la Comisión Europea por el incumplimiento de los objetivos legales recogidos en la directiva de la UE. Desde entonces, tampoco se ha conseguido alcanzar el nivel indicado.

El periodista Oliver Franklin Wallis —que recorrió el mundo investigando cómo se gestionan los residuos— alertaba en una conversación con elDiario.es de que el problema de la montaña de basura que generamos pasa desapercibido porque se ha instalado la noción de que “tiras las cosas a la basura y desaparecen para siempre”. Pero, en realidad, no se evaporan.

La mayoría termina en un basurero y, de lo que oficialmente se recicla, casi la mitad corresponde a la transformación de residuos orgánicos en abono agrícola (compost). Sin embargo, la propia ley especifica que, a partir de 2027, una gran fracción del compost que actualmente se cuenta como reciclaje no va a servir porque proviene de basura común (la del contenedor gris) de la que, mecánicamente, se intentan separar los desechos orgánicos. Solo computará lo que vaya desde el contenedor marrón.

El experto en gestión de residuos de Greenpeace, Julio Barea, resume que “incumplimos la normativa porque hay un problema estructural”. “Por un lado —indica— está el asunto de la materia orgánica, que sale muy barato tirarla al vertedero, y, por otro, el fiasco del contenedor amarillo para envases que no ha funcionado”.

Barea detalla sobre la materia orgánica: “Habría que recuperarla toda porque representa casi el 40% de la basura diaria en las casas y, si no, acaba en vertederos o incineradoras con los problemas que comporta: los lixiviados de agua contaminada o las emisiones de gases de efecto invernadero como el metano... son una asignatura pendiente porque todavía faltan municipios de más de 5.000 habitantes que tengan ese contenedor específico”.

Si se mira el mapa de España, con datos de 2023, el panorama de incumplimiento estaba ampliamente repartido. Solo Catalunya, la Comunidad Valenciana, Extremadura y Navarra alcanzaban aquel año el porcentaje del 50% que ordenaba la normativa. Luego viene La Rioja (un 48%) y Castilla-La Mancha con un 47%, Euskadi con un 45% y Cantabria con un 40%.

No llegan al 40%, pero lo rozan Aragón, Baleares y Andalucía. A la cola se encuentran Madrid (un 32%), Canarias (30%), la Región de Murcia (30%) y Galicia y Asturias con un 24%.

Se da la circunstancia que, en la situación actual y de acuerdo con las proporciones de reciclaje que remiten las comunidades autónomas, cuando entre en vigor la parte de la ley que dejará fuera el compost a base de restos que se sacan de la basura general (normalmente muy mezclados con otros materiales como plásticos, telas o cristales) ninguna comunidad autónoma llegaría al porcentaje obligatorio marcado por la regulación.

En este sentido, Andalucía, por ejemplo, declara 993.000 toneladas de ese tipo de compost por solo 81.000 de origen separado y la Comunidad Valenciana, más de 700.000 por unas 58.000 que viene de recogida segregada. En Castilla-La Mancha y la Región de Murcia, casi todo el compost que aparecen en las estadísticas oficiales proviene de esa separación mecánica desde restos generales. Todo ese maquillaje estadístico ahora permitido no va a funcionar.

Mirando las estadísticas oficiales se comprueba que el sistema de recogida separada, al menos tal y como está hasta ahora, no funciona muy bien: tres cuartas partes de la basura generada al año se recoge mezclada. En 2023, sumaron unos 16 millones de toneladas por los menos de cinco que fueron recogidos separadamente.

Julio Barea propone que se utilice la tasa de basuras para reducir la generación de residuos: “Que pague más quién más genere o las empresas que más basura generen igual que pasa con la luz o el gas” y, sobre todo “establecer unas cuotas obligatorias de reutilización, es decir, no apostarlo todo al reciclaje, sino que termine con la dinámica del usar y tirar”.

El reciclaje se está haciendo una bola de difícil digestión en muchas partes de la Unión Europea, ya que la media continental está en el 48%. Sin embargo, hay países que sí están cumpliendo. Entre ellos, como se ve en el gráfico, están Alemania, Eslovenia o Países Bajos.

2026: hitos de economía circular

Este 2026 tiene varios hitos en el ámbito del reciclaje y la gestión de basura que, a la luz de los datos, tanto le está costando a España. Si el 12 de agosto comenzó a ser efectivo el reglamento que, progresivamente, debería acabar con el uso de minibotes, sobres de salsas y otros envases de un solo uso, solo tres meses después debería comenzar a operar un sistema de retorno de botellas de plástico (y latas) obligatorio por el fracaso del contenedor amarillo que no cumplió tampoco con el porcentaje de recogida de estos envases marcado por la ley.

Este contenedor (gestionado por la entidad Ecoembes) no alcanzó el objetivo de recuperar el 70% de las botellas puestas en el mercado por las empresas. Fue precisamente el cálculo realizado por el Ministerio de Transición Ecológica para 2023 —el curso cuyas últimas estadísticas sobre reciclaje se conocen — el que mostró que el sistema se quedaba muy corto: llegaba al 40% del volumen total.

Este sistema llamado SDDR tendrá que estar operativo en noviembre de este año, ya que la ley de residuos indica que si el contenedor amarillo no llegaba al 70%, en dos años debía activarse un sistema para que los usuarios puedan devolver la botella y recibir a cambio un pequeño reembolso de lo que pagaron por el producto.

Desde la mañana de este lunes, Gipuzkoa abrió la llave para que un gas renovable entre a unos pocos miles sus hogares merced a la gestión de sus residuos orgánicos. El Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK) ha puesto en marcha la planta de 'Upgrading' en el denominado Complejo Medioambiental de Gipuzkoa. La maquinaria, la segunda de su tipo en España, es considerada por el presidente de GHK y diputado foral, el socialista José Ignacio Asensio, como una “vanguardia de la innovación ambiental”, consolidando al territorio como referente en “economía circular y transición energética”.

El proceso comienza en cada hogar con la separación de residuos en el contenedor marrón. Tras ser recogidos, se procesan anualmente cerca de 55.000 toneladas de materia orgánica. De este total, 15.000 toneladas se transforman en compost para uso agrícola; las 40.000 restantes se someten a un proceso de “digestión anaeróbica” donde millones de microorganismos transforman la materia en biogás. Anteriormente, se destinaba únicamente a generar electricidad mediante motores de cogeneración.

Ahora, con la nueva instalación, el complejo guipuzcoano puede decidir el destino más eficiente del recurso según las necesidades del sistema. A través del 'Upgrading', el biogás se purifica gracias a su paso por membranas que separan el dióxido de carbono del biometano, un gas renovable y de calidad. Finalmente, este se inyecta directamente a la red, aportando el equivalente al consumo medio anual de 9.000 hogares.

Juan Villar, consejero delegado de Nortegás, ha destacado durante el acto que “la tecnología se compra” pero “el compromiso ciudadano no”, agradeciendo la implicación de la sociedad guipuzcoana. Por su parte, Asensio ha señalado que este compromiso ha logrado duplicar la recogida selectiva de materia orgánica en una década, pasando del 29% al 60%. En este sentido, ha subrayado cómo “un gesto tan cotidiano” como separar la basura se traduce en “energía limpia, empleo y riqueza para el territorio”.

Se ha publicitado que la nueva infraestructura sitúa a Gipuzkoa entre las regiones europeas más avanzadas en gestión de residuos, un tema que ha suscitado controversias en el territorio durante años. Javier Rivas, directivo de FCC Medio Ambiente, una de las adjudicatarias del Complejo, ha calificado de “honor” formar parte de este avance, realizado “medianamente en plazo” gracias a la colaboración entre entidades. Aunque en 2022 se instaló la primera planta de este tipo en Valdemingómez, en Madrid, los responsables destacan que el 'Upgrading' de Gipuzkoa incorpora mejoras tecnológicas más punteras.

En la presentación se ha insistido en que el proyecto se alinea con las estrategias de la Unión Europea y el Gobierno de España para disminuir el consumo de combustibles fósiles. Actualmente, el Ejecutivo trabaja en una regulación para establecer una cuota obligatoria de biometano en el sistema gasista del 6% para 2035. Para superar este reto, Villar ha estimado que Euskadi necesita entre 25 y 35 plantas similares. En Europa, cerca de 2.000 plantas de biometano ya están en funcionamiento, consolidando este gas renovable como una herramienta clave para la descarbonización.

Jugar al fútbol o al baloncesto con materiales producto del reciclaje y transformación de las cáscaras y los residuos de la producción del pistacho en Castilla-La Mancha es el objetivo del Grupo Operativo GOVAREPI, integrado por UCLM, el IRIAF, y la empresa Solagro y la cooperativa de segundo grado Domopistachio.

Esta iniciativa, que se ha presentado hoy en Toledo, está orientada a impulsar la valorización de los residuos generados en el cultivo y explotación del pistacho, un sector estratégico en la región en crecimiento constante, mediante el desarrollo de nuevos materiales biobasados, bajos en plástico, destinados a aplicaciones en pavimentos de altas prestaciones, entre ellos para instalaciones deportivas. Unas aplicaciones que ya son una realidad con los residuos de otros sectores agrarios como el olivar o el maíz pero que aún están sin explotar en el pistacho debido a lo joven de este cultivo en la región.

La presentación del proyecto ha contado con la participación de la catedrática de la Universidad de Castilla-La Mancha y directora del grupo de investigación IGOID de la UCLM (Grupo de investigación dedicado a la gestión deportiva, instalaciones deportivas y tecnología), Leonor Gallardo; el profesor titular de la UCLM y coordinador técnico del proyecto, Jorge García Unanue y el CEO de Solagro Ingeniería Alimentaria, Ernesto Tardío Boo; y el director general de Domo Pistachio, Ignacio Lobato. Además, este grupo operativo está integrado por el Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-La Mancha (IRIAF).

El proyecto denominado ‘Desarrollo de materiales biobasados bajos en plástico a partir de los residuos del cultivo y explotación del pistacho para aplicaciones en pavimentos de altas prestaciones’ se va a desarrollar durante tres años y cuenta con una ayuda total de 250.000 de la AEI-Agri, grupos para la preparación y ejecución de proyectos innovadores en los ámbitos agrícola, ganadero y agroalimentario. Está cofinanciada en un 80% por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, en un 6% por la Administración General del Estado y en un 14% por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Se pone en marcha para dar respuesta a uno de los retos asociados al crecimiento del cultivo del pistacho: el aprovechamiento de residuos como los restos de poda, ramas, hojas y la vaina del pistacho. Actualmente, estos subproductos no cuentan con una valorización suficiente, lo que puede generar costes para los productores e impactos ambientales vinculados a su eliminación. La iniciativa permitirá investigar nuevas vías de uso para estos residuos que procede de un cultivo joven pero con una presencia creciente en Castilla-La Mancha y con un importante potencial de desarrollo industrial, técnico y medioambiental.

Centrado en la economía circular, esta investigación, según ha señalado Ernesto Tardio, “soluciona algo que ahora mismo es un problema para la industria y creemos que industrializar ese reaprovechamiento de la vaina del pistacho para los pavimentos deportivos puede servir de acicate para que otros sectores vean que es sin duda un residuo puede ser un valor para la propia industria”.

El coordinador del proyecto, Jorge García, ha destacado que esta iniciativa nace para “unir cabos. En el mundo del deporte que tiene multitud de materiales, está en una crisis de sostenibilidad importante”, en referencia al reglamento europeo de la prohibición de microplásticos. Por ello, el “deporte está empezando a utilizar directamente productos de carácter orgánico para sustituir plástico y, de forma más avanzada están haciendo plásticos biobasados, es decir, ir sustituyendo parte de plástico por materiales orgánicos que son residuos”. Y es aquí donde se sitúa este proyecto castellanomanchego para utilizar las vainas del pistacho.

Fases

Se desarrollarán en varias fases, una primera muy amplia en la que “se van a recopilar los diferentes subproductos, que ahí es donde entrarán Solagro y Domopistachio para ver cuál es la mejor forma de la optimización logística y de tratamiento”, y desde el IRIAF y la Universidad analizarán cómo se pueden tratar esos subproductos para sacar diferentes materiales inicialmente de la vaina del pistacho.

Así, según Jorge García,  la segunda fase del proyecto consistirá en “hacer diferentes pruebas de integración de ese material en componentes deportivos”.

“Esperamos que en la última fase ya se puedan experimentar, tener materiales reales a una escalar relevante que se puedan evaluar en laboratorio, que se puedan testear y comparar con otros estándares de mercado”, ha señalado.

Se van a experimentar distintas líneas, “una primera línea, la más ambiciosa y la más productiva, es intentar utilizar el material directamente sin integrar en ningún otro plástico, es decir, con un tratamiento”, algo que ya se hace con el hueso de aceituna triturado en los campos de fútbol para que sirva para amortiguar.

La segunda vía de estudio es unificar el residuo del pistacho con otro tipo de materiales, con poliuretanos, con ligantes y poder ponerlo como base. “Esa es la que tenemos más avanzada porque ya se ha hecho con otro tipo de materiales y al final es unirlo a bases amortiguadoras que, por ejemplo, pues puedes verlas en un parque infantil y normalmente se utilizan también debajo de los campos de fútbol”. Se trataría de un plástico biobasado, utilizando plástico de origen reciclado también y que en este caso, procede de los invernaderos agrícolas, ha señalado el coordinador del proyecto en la presentación.

Hay una tercera posibilidad “que es la más técnica”, para que “puede ser utilizado para crear un plástico biobasado, pero que pueda ser integrado en materiales que requieran una mayor tecnificación, como por ejemplo el hilo artificial o incluso un componente, una estructura, una pieza que se pueda hacer en impresión 3D”, ha resumido.

Aunque los responsables no han dado una cifra concreta de los residuos que genera la producción del pistacho, sí han señalado que “hablamos de miles de toneladas y es un problema que está creciendo, además ese subproducto viene con mucha humedad y es difícil de gestionar”. Ahora mismo “cada industria hace un poco lo que puede, en algunos casos se está se está vendiendo de manera aislada y simplemente se tira en el campo como residuo orgánico”, han señalado.

Trasladar la investigación a la sociedad

Por su parte, la catedrática de la Universidad de Castilla-La Mancha y directora del grupo de investigación IGOID, Leonor Gallardo, ha destacado que este tipo de proyectos permiten “trasladar la investigación a la sociedad” a través de soluciones concretas que pueden tener una aplicación directa en las ciudades.

Gallardo, junto a Jorge García Unanue, ha explicado que la iniciativa responde a una filosofía de economía circular, al aprovechar un residuo que actualmente cuenta con escasas alternativas de valorización “Hablamos de mobiliario urbano y equipamientos que finalmente pueden acabar en las ciudades, por lo que es una investigación con impacto directo en la sociedad”, ha señalado.

Datos del sector el pistacho en Castilla-La Mancha

Según los datos que se han ofrecido en la presentación del proyecto, Castilla-La Mancha se ha consolidado como el principal territorio productor de pistacho en España. La comunidad cuenta ya con cerca de 70.000 hectáreas dedicadas a este cultivo, más del 80% de la superficie nacional, y cerró la campaña de 2025 con una producción histórica de 11.000 toneladas de pistacho en seco.

Así, Castilla-La Mancha está situada como el cuarto país en superficie y el quinto en producción, “y el crecimiento de España ahora mismo es exponencial, se están plantando cada año 7000 hectáreas de cultivo nuevas”.

“España aspira al cuarto puesto en producción. Somos a nivel europeo el líder, por supuesto, por encima de Italia y Grecia”, ha señalado Ignacio Lobato.

Europa acaba de dar un paso decisivo para transformar el automóvil en un producto mucho más circular. El Parlamento Europeo aprobó este jueves una reforma que obligará a los fabricantes a incorporar progresivamente plástico reciclado en los vehículos nuevos, pero el alcance de la norma va mucho más allá de los procesos industriales. También introduce nuevas obligaciones para la compraventa de coches usados, endurece las reglas para la exportación de vehículos fuera de la Unión y traslada a los fabricantes una mayor responsabilidad sobre los automóviles cuando llegan al final de su vida útil.

La legislación, respaldada por una amplia mayoría de la Eurocámara, forma parte de la estrategia comunitaria para reducir la dependencia de materias primas, fomentar el reciclaje y disminuir los residuos generados por una industria que produce cerca de 15 millones de vehículos al año en la UE. El objetivo es convertir al automóvil en un ejemplo de economía circular, donde los materiales recuperados de vehículos retirados vuelvan a incorporarse a nuevos modelos.

Uno de los cambios más relevantes afectará directamente a la fabricación. Los coches que se comercialicen en la Unión deberán contener un mínimo del 15% de plástico reciclado seis años después de la entrada en vigor de la norma y un 25% diez años más tarde. Además, al menos una quinta parte de ese material reciclado deberá proceder de vehículos desguazados o de componentes reutilizados, creando un auténtico circuito cerrado dentro de la industria.

Diseño de vehículos basado en el reciclaje

La medida obligará a los fabricantes a replantear el diseño de los automóviles desde su origen. Las nuevas reglas exigen que los vehículos se construyan de forma que facilite el desmontaje y la recuperación del mayor número posible de piezas y materiales. Bruselas deja además abierta la puerta a imponer en el futuro objetivos similares para otros materiales estratégicos como el acero, el aluminio, el magnesio o determinadas materias primas críticas.

Sin embargo, uno de los aspectos más novedosos de la reforma se encuentra en el mercado de segunda mano. A partir de la aplicación de la norma, las empresas que vendan vehículos usados dentro de la Unión deberán demostrar que el automóvil no ha alcanzado el final de su vida útil o presentar una inspección técnica que certifique que puede seguir circulando. El objetivo es cerrar una de las principales lagunas del sistema actual: la salida de vehículos destinados al desguace bajo la apariencia de operaciones comerciales legítimas.

Bruselas ha tratado de evitar una carga burocrática excesiva para los ciudadanos. Por ello, las operaciones entre particulares estarán sujetas a requisitos más flexibles y solo necesitarán documentación adicional en casos específicos, como vehículos declarados siniestro total o ventas realizadas exclusivamente a través de plataformas digitales.

La regulación también endurece las condiciones para exportar vehículos usados fuera de la UE. Cinco años después de la entrada en vigor del reglamento quedará prohibida la exportación de coches considerados no aptos para circular. La medida busca combatir el fenómeno de los llamados “vehículos desaparecidos”, automóviles que abandonan el mercado europeo sin trazabilidad suficiente y que con frecuencia terminan siendo desguazados o tratados de forma irregular en terceros países.

Más costes para los fabricantes

Otro cambio significativo recaerá sobre los propios fabricantes. Tres años después de la entrada en vigor de la norma entrará en funcionamiento un sistema de responsabilidad ampliada del productor que obligará a las marcas a asumir los costes de recogida y tratamiento de los vehículos cuando estos lleguen al final de su vida útil, independientemente del país de la Unión donde se encuentren.

Los impulsores de la reforma defienden que estas medidas permitirán reforzar la seguridad de suministro de materiales para la industria europea en un momento de creciente competencia internacional por los recursos. “Estamos dando pasos importantes para impulsar la transición del sector del automóvil hacia una economía circular”, señalaron los eurodiputados Jens Gieseke y Paulius Saudargas, responsables parlamentarios del expediente, quienes defendieron que los objetivos fijados son realistas y compatibles con la competitividad del sector.

La reforma llega en un momento en el que el parque automovilístico europeo alcanza los 285 millones de vehículos y cada año alrededor de 6,5 millones llegan al final de su vida útil. Bruselas quiere que una parte creciente de esos automóviles deje de convertirse en residuo para transformarse en materia prima de los coches del futuro. Y para lograrlo no solo cambia la forma de fabricar vehículos nuevos: también redefine cómo se venden, se reciclan y desaparecen los viejos.

La ciudad de Puertollano, en Ciudad Real, sigue sumando proyectos como núcleo destacado en el tratamiento de residuos plásticos. A las plantas de gestión ya existentes, se sumará otra nueva de la empresa Valogreene en el polígono La Nava.

La Consejería de Desarrollo Sostenible acaba de darle luz verde ambiental, según ha publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), lo que le da la autorización para llevar a cabo el proyecto, una vez finalizado el período de información pública del estudio de impacto ambiental de la empresa.

En esta planta de producción, declarada además como “proyecto prioritario” (es decir, con agilización de trámites administrativos) por la Administración regional, los residuos, como plásticos no reciclables, rechazos de gestores, residuos de papeleras y de la industria de la automoción, se someterán a un tratamiento de pirólisis.

Como resultado, se obtendrá aceite pirolítico y biochar, los cuales se destinarán a su venta, mientras que la fracción del gas no condensable se valorizará en la propia instalación para cubrir sus necesidades térmicas y eléctricas.

La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Ciudad Real condicionó la propuesta de declaración de este proyecto como prioritario a su ejecución según la memoria aportada, por un importe total en activos fijos de casi 30.000 euros y a la creación de 22 puestos de trabajo directos fijos a jornada completa y contratación indefinida.

Un plazo de dos años para inversiones y condiciones

Asimismo, la empresa se compromete a finalizar las inversiones y cumplir todas las condiciones establecidas en un plazo máximo de dos años, a contar desde la obtención de todos los permisos y licencias preceptivos, y a mantener en el municipio de Puertollano los activos declarados en la memoria del proyecto, tales como la inversión, la actividad declarada y el empleo comprometido durante un periodo mínimo de dos años, que se computará desde la fecha de finalización del plazo de ejecución del proyecto.

El proyecto, impulsado por el grupo Greene Enterprise, se ubicará en una parcela de 23.457 metros cuadrados en el Polígono Industrial La Nava II. Con una inversión de 35 millones de euros, financiada íntegramente por Greene, la planta se dedicará a la valorización de 40.000 toneladas anuales de residuos industriales, evitando que estos terminen en vertederos o incinerados.

La tecnología desarrollada la empresa para valorizar la fracción rechazo de los residuos será la base de este proyecto. Según indica, su proceso termoquímico permite descomponer los residuos a altas temperaturas y en ausencia de oxígeno, obteniendo materiales de alto valor añadido como aceite pirolítico y biochar, según ha explicado la empresa.

El aceite pirolítico, con una producción estimada de entre 8.500 y 10.500 toneladas anuales, será utilizado para la síntesis de plásticos sostenibles, como las poliolefinas circulares. Por su parte, el biochar, con una producción de entre 4.000 y 5.000 toneladas al año, encontrará aplicación como combustible en cementeras, acerías e industrias cerámicas.

“Este enfoque no solo maximiza el aprovechamiento de residuos, sino que también contribuye a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, evitando 8.000 toneladas anuales de CO* si los residuos fueran a vertedero, y hasta 30.000 toneladas en comparación con la incineración”, concluye la empresa.

'De residuo a recurso: el nuevo ciclo de valor de la economía' ha sido el título de la sexta mesa redonda del VI Foro Económico elDiario.es que este jueves celebra su segunda jornada. Moderada por Natalia Chientaroli, subdirectora de elDiario.es, el encuentro ha reunido a expertas en economía circular, transición ecológica y turismo para hablar de economía circular, gestión de residuos, perfiles que impulsarán el cambio…

Y se ha hecho, además, con un panel constituido íntegramente por expertas: Margarita Ruiz Saiz-Aja, Subdirectora general de Residuos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; Carmen Avilés Palacios: Coordinadora del máster de Economía Circular de la UPM; y Raquel Sánchez: Presidenta de Paradores.

Preguntada por una definición de circularidad, Carmen Avilés ha dejado claro que, en un planeta limitado como el nuestro, la circularidad es la “piedra filosofal que convierte todo en algo mejor” ya que nos permite consumir menos reutilizando y reciclando. 

Asignatura pendiente: mejorar en la gestión de residuos

En esa circularidad tiene mucho que ver cómo gestionamos los residuos y Margarita Ruiz Saiz-Aja ha subrayado que esta gestión no es muy buena en España. Las cifras están ahí. Todavía hay un 29% de residuos que van a vertedero y casi un 70% que se destinan a su valorización. En el ámbito municipal, la situación se complica más. Las cifras de 2023 reflejan que España genera 22,4 millones de toneladas de residuos y solo se recoge de forma separada el 28%, condicionando su grado de aprovechamiento. “Nuestra cifra de reciclado de residuos municipales está en torno al 46%”, explicaba Margarita Ruiz Saiz-Aja para después apuntar que este dato será todavía menor (en torno al 26%) porque parte de los residuos incluidos en ese cómputo quedará fuera por indicación desde la Comisión Europea. 

Margarita Ruiz Saiz-Aja también ha hablado de los objetivos ambiciosos con los que debemos cumplir (55% de reciclado de los residuos municipales en 2025, 60% en 2030 y el 65% en 2035). “Tenemos que hacer mayores esfuerzos”, ha reconocido. 

Para ello, ha mencionado los instrumentos ya en marcha bajo el paraguas de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular aprobada en 2022. Aquí, encontraríamos la polémica tasa de residuos y otras cuestiones como el Impuesto al vertido, la incineración y la coincineración de residuos. Además, se han establecido mecanismos de trazabilidad y se han destinado Fondos Next Generation para mejorar la gestión de los residuos en España. A pesar de todo ello, ha insistido “estamos en un punto en el que tenemos que pensar qué más cosas podemos hacer para mejorar la gestión de los residuos en nuestro país”. 

Desafíos y oportunidades para las empresas

El punto de vista empresarial lo ha proporcionado Raquel Sánchez quien, además, habla desde un sector intensivo en el consumo y en el uso de recursos como es el turismo. Asegura que la sostenibilidad es una oportunidad y que, en el caso de Paradores, supone hablar de circularidad en toda la cadena de valor: dónde y cómo comprar, cómo producir y servir los alimentos, cómo intentar reducir los residuos utilizándolos en nuevos ciclos…

“El Plan de Sostenibilidad 2025-2028, en su vertiente ambiental, de las 31 medidas que impulsamos, 15 tienen que ver con la circularidad”. Ha explicado, por ejemplo, que aplican la Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario formando a sus empleados, buscando proveedores de proximidad lo que les permite ajustar las cantidades, planes de autocompostaje…

Raquel Sánchez ha reconocido que, aunque la hostelería y la restauración están haciendo grandes esfuerzos, todavía es necesario ser más ambicioso. No solo por convicción o por imperativo, sino porque “es una cuestión de negocio. También es rentable porque supone utilizar los recursos de una manera más eficiente” y, además, proporciona un valor diferencial que hay clientes que cada vez demandan más y están dispuestos a pagar por ello.

La controversia de los envases de un solo uso

“Se ha demostrado que se puede hacer”, asegura Raquel Sánchez y destaca que en Paradores se han eliminado el 100% de los plásticos de un solo uso en las habitaciones. Aunque también reconoce que, en el ámbito de la alimentación, por cuestiones de higiene y seguridad, es más complicado. 

Se buscan alternativas. También los productores. “Requiere de investigación transversal para ver con qué otros materiales se pueden vertebrar y cumplir esos requerimientos de higiene y de seguridad alimenticia con otro tipo de productos o bioproductos que no contaminen tanto como el plástico”, asegura Carmen Avilés. 

“En el ámbito de los envases desde el año 97, que fue cuando se publicó la primera ley, hasta el 22, que se publica una nueva norma, no se había avanzado en el ámbito de la prevención, de la reducción de la generación de residuos de envases”, indicó Margarita Ruiz Saiz-Aja. 

En la actualidad, hay una apuesta por la prevención y el fomento de la reutilización, lo que supone un aspecto polémico porque los consumidores no tenemos acceso a los envases reutilizables. Además, se le suma el Sistema de depósito, de devolución y retorno, que veremos dentro de poco en España, por el cual cuando se compra un producto envasado el consumidor pagará un depósito por el envase que le será devuelto cuando lo retorne. 

“Es una forma de recabar los residuos de una forma separada y más limpia y va a permitir mejores tasas de reciclado con posterioridad”, asegura Margarita Ruiz Saiz-Aja. “La economía circular es un cambio de paradigma de la forma en la que producimos, consumimos y separamos los residuos”. 

Los perfiles transversales impulsarán el cambio

Como coordinadora del Coordinadora del máster de Economía Circular de la UPM, Carmen Avilés dejó claro que serán los perfiles transversales los que impulsarán el cambio y podrán abordar este reto que nos plantea la economía desde distintos puntos de vista. “Lo interesante es mezclar perfiles para tener visión global de los problemas existentes que hay que entender en todo su espectro. Habló de expertos en sostenibilidad, pero con bagaje en ingeniería, sociólogos, legisladores, fiscalistas, abogados, perfiles que entiendan la digitalización… 

La circularidad aplicada a las energías limpias

Las energías renovables requieren de estructuras y elementos que hacen posible su generación y, cuando su vida útil termina, se impone recuperarlas ya que, entre otras cosas, su fabricación ha sido posible gracias al uso de materias primas críticas. Por ello, desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se detectó que el sector de las renovables debía mejorar en términos de circularidad y se destinaron a ello un porcentaje de los Fondos Next Generation. 

“Era necesario incentivar, prepararnos y tener capacidad suficiente cuando se genere el residuo en España. Ese es el germen de esas ayudas que se acaban de conceder al sector de renovables, en el que se encuentra la gestión de las placas fotovoltaicas, de las palas de los aerogeneradores y de las baterías de litio”, indicó Margarita Ruiz Saiz-Aja

La mesa finalizó, a pesar del tono pesimista de los datos, con mensajes para incentivar el cambio social y la responsabilidad empresarial. Margarita Ruiz Saiz-Aja llamó a los productores a pensar qué pasa con el producto al final de su vida útil y a los consumidores a reflexionar sobre si necesitamos todo lo que tenemos. 

Carmen Avilés, insistió en la necesidad de ser innovadores. “Hay que detectar oportunidades para ser sostenibles, y ser sostenibles es poder disfrutar durante mucho tiempo de lo que queremos disfrutar ahora”. Raquel Sánchez finalizó el encuentro con optimismo, asegurando que en nuestro país “la sostenibilidad va a ser el motor que va a impulsar esa nueva economía” y que “las generaciones que vienen cada vez son más conscientes de que el planeta hay que cuidarlo”.

Existe un tipo de basura que el sistema prefiere no mirar. Es ese plástico depositamos en el contenedor amarillo o que termina mezclado en el gris, pero que las plantas de reciclaje convencional descartan por sucio, por complejo o por falta de rentabilidad. Un plástico invisible, el que nadie quiere, llamado en el sector plástico de rechazo o postconsumo, el que no se puede convertir en otro producto y cuyo destino termina siendo incinerado o enterrado en vertederos. Sin embargo, en la localidad riojana de Alfaro, la empresa Solteco ha convertido este problema es su materia prima para una revolución urbana.

Esta fábrica, con una trayectoria de más de 20 años, consigue reciclar esos plásticos no reciclables y darles una nueva vida: lo convierten en mobiliario urbano, mesas, pasarelas, vallados, papeleras... para ciudades de todo el país y de otros lugares de Europa. Solteco asegura ser el único fabricante español dedicado a la investigación y desarrollo de procesos de reciclaje de plásticos para su transformación en perfilería o mobiliario urbano fabricada al 100% por residuos de origen nacional.

El proceso es más artesanal de lo que se puede imaginar. Hasta la planta llegan esos plásticos que no han sido seleccionados en las plantas de reciclaje convencionales. Una bolsa de snacks o una bandeja de pescado, ejemplifican en Solteco con lo que ven a simple vista entre los fardos de plástico que tienen en la campa, a menudo mezclados con papel u otra basura. Tras la selección, preparan “una buena mezcla a ojo de buen cubero”, apunta un trabajador sobre el proceso. Después se funde para conseguir perfiles de lo que denominan “madera plástica”, un material que imita la estética de la madera pero hecho completamente de este plástico.

A partir de ello, construyen todo tipo de mobiliario urbano exterior, de catálogo o a gusto del cliente, ya que en la carpintería de Solteco se puede hacer casi cualquier cosa. Los productos de madera plástica de Solteco se pueden encontrar ya en muchos lugares. En La Rioja, Ezcaray tiene mucho de su mobiliario fabricado de esta manera, también en localidades cercanas en La Rioja Baja como Arnedillo, Rincón de Soto o Pradejón o en Portugal o Francia, donde han instalado muchas pasarelas en playas. Por el contrario, lamentan no tener tanta presencia en Logroño. “Nadie es profeta en su tierra”, dicen.

El resultado además son productos que no requieren ningún mantenimiento. “Es una gozada, lo pones y te olvidas”, les decía estos días el alcade de un municipio cercano en una visita a la fábrica. Y es que, según explica el trabajador, este mobiliario tiene mucha más vida útil por ejemplo que la madera, además de que no requiere ningún cuidado.

Aunque habitualmente trabajan con mezclas de plásticos llegados de plantas recicladoras, también han elaborado proyectos de economía circular completa. Por ejemplo, produjeron el mobiliario de una cadena de clínicas dentales a partir de los cepillos de dientes usados que les entregaron. Así, un objeto cotidiano y de difícil salida en el reciclaje convencional, terminó amueblando clínicas y cerrando un círculo perfecto donde el residuo volvía a su origen con una forma y utilidad completamente distintas.

En los veinte años de trayectoria de Solteco, han visto el paso del escepticismo inicial haya dado paso a una conciencia ambiental mucho más madura. Los ayuntamientos apuestan mucho más por los productos reciclados e incluso en algunos pliegos de licitaciones públicas se valora la “madera plástica”, que consigue dar respuesta a dos problemas: la gestión de residuos y el coste del mantenimiento.

El trabajo de esta fábrica de Alfaro consigue que la sostenibilidad no sea un concepto abstracto, sino que esté en los bancos en los que nos sentamos o en las vallas de los parques. Al rescatar ese plástico que nadie quería y darle una segunda, Solteco no solo vacía vertederos, sino que ofrece una solución a las ciudades. Cada mobiliario instalado es la demostración de que un residuo que iba a contaminar durante siglos puede convertirse en patrimonio de todos.

Sustituir los procesos químicos contaminantes por alternativas biológicas que permitan revalorizar residuos vegetales o restos de animales desechados por la industria y reducir el impacto ambiental. Hoy en día es una de las numerosas aplicaciones de la llamada biotecnología ambiental.

José Manuel Molina es profesor del Departamento de Biomedicina y Biotecnología en la Unidad docente de Microbiología de la Universidad de Alcalá y explica que la respuesta está en las aplicaciones biotecnológicas de los microorganismos.

Ahora se investiga cómo los microorganismos pueden conseguir transformar ciertos residuos vegetales o animales - que hasta ahora se tiraban o se quemaban- en productos de alto valor.

El primer paso para lograrlo, comenta este profesor natural de Manzanares, en Ciudad Real, fue estudiar componentes de los vegetales como la celulosa o la lignina, averiguar cómo separarlos y aprovechar su potencial.

“Por simplificar, la celulosa es como la suma de ladrillos que ayudan a construir la planta, y hay otro material que actúa como cemento, que es la lignina”, explica el profesor. En la materia vegetal, la celulosa aporta estructura, es una buena fuente de energía y está protegida por la lignina frente a ataques de organismos invasores, hasta tal punto que es la razón por la que los residuos vegetales tardan más tiempo en descomponerse que un residuo animal.

Históricamente se ha trabajado mucho en intentar recuperar la celulosa y eliminar la lignina. La cuestión es que siempre se han utilizado métodos químicos muy contaminantes, para después además desechar la lignina.

Ahora el camino es otro gracias al papel de los microorganismos, sus enzimas en concreto, capaces de transformar la materia vegetal muerta de forma natural mediante un proceso biológico menos agresivo.

De residuos a recursos: un cambio de paradigma

Los científicos de la universidad alcalaína llevan más de 20 años investigando sobre los microorganismos como “herramientas biológicas muy versátiles a la hora de eliminar contaminantes”, explica.

José Manuel Molina detalla que, tras años de investigar cómo lograr la degradación biológica de las moléculas, se ha dado un giro de 180 grados. Hay un cambio de paradigma que va de la degradación a la valorización. “Ahora trabajamos en el hecho de que los microorganismos son capaces de degradar, pero también de ayudar a crear nuevas moléculas o transformar las que existen”.

Los residuos de la industria papelera han sido uno de los focos de la investigación. La lignina, considerada durante años un estorbo en este tipo de industria, que la eliminaba para obtener el característico color blanco del papel, se ha revelado como una materia prima con un enorme potencial.

La irrupción de la economía circular y una mayor concienciación con la necesidad de preservar el medio ambiente llevaron a la necesidad de dar aplicación al residuo de lignina. “Hemos comprobado que es un material que puede integrarse en otros para dar lugar a productos de valor añadido”.

Por ejemplo, gracias a la acción de microorganismos, puede integrarse en bioplásticos para generar envoltorios alimentarios más resistentes, flexibles y completamente biodegradables.

La Universidad de Alcalá trabaja en este aspecto y ya ha publicado algunos de sus resultados. “Este material no persiste en el medioambiente, como sucede con los plásticos derivados del petróleo. Así es mucho más interesante para utilizarlo masivamente a nivel industrial”, subraya el investigador quien reconoce que todavía es pronto para sustituir la producción de plásticos de origen fósil (a base de petróleo) por plásticos biodegradables.

El exoesqueleto de los crustáceos, materia prima para fertilizantes

Además de las aplicaciones para desarrollar bioplásticos biodegradables, los científicos han confirmado que la combinación de los residuos de lignina con compuestos obtenidos de los caparazones de los crustáceos ofrece interesantes resultados.

El quitosano es el principal componente del exoesqueleto de ciertos crustáceos. La industria del marisco genera toneladas de este tipo de residuos. “Hay que pensar en todas esas gambas que vienen ya peladas y si lo combinamos con la lignina podemos crear un nuevo material de tipo hidrogel”. Es una especie de gelatina capaz de retener una gran cantidad de agua. “Estamos empezando a estudiarlo como base para desarrollar materiales más avanzados, relacionados con los fertilizantes”, que pueden utilizarse para mejorar la calidad de los suelos.

“Trabajamos con lo que se llama sistemas de liberación controlada, de forma que el fertilizante se libere poco a poco”. De hecho, en la Universidad de Alcalá trabajan en el desarrollo de un modelo propio de hidrogel que permitiría no solo aportar humedad al suelo “de forma que se mejora el crecimiento de las plantas y se minimiza la evaporación, sobre todo en terrenos como los que hay en Castilla-La Mancha, donde hay épocas de escasez hídrica para las plantas, sino conseguir prolongar la disponibilidad del fertilizante para las plantas, minimizando además problemas de contaminación ambiental”.

Apósitos para ayudar a cicatrizar heridas

Otra de las aplicaciones que se estudian combinando la lignina con el quitosano y otros elementos es la creación de apósitos para cubrir las heridas. “La capacidad que tienen estos materiales de retener y de absorber agua, crea un ambiente idóneo para la cicatrización”, explica el científico.

Este tipo de producto se asemeja a las condiciones que aporta el tejido, de forma que, sobre todo en el caso de heridas crónicas, de difícil cicatrización, este tipo de recubrimientos pueden aportar la cantidad de humedad adecuada a la herida.

A eso se suma que la lignina tiene ciertas capacidades antimicrobianas que pueden evitar que esas heridas se infecten y favorecer la cicatrización.

“Ya hay modelos comercializados basados en la idea de materiales tipo hidrogel. Lo que nosotros pretendemos es demostrar que esto también se puede hacer a partir de materiales que proceden de residuos, mejorando sus propiedades y contribuyendo a la economía circular”.

El futuro Parque Científico y Tecnológico de Economía Circular 'Los Palancares' de Cuenca sigue sumando polémicas. Este proyecto, cuya promotora es la Diputación Provincial y que ya tiene luz verde ambiental para su urbanización interior y para las conexiones exteriores, sigue en el punto de mira de los colectivos ecologistas, quienes ahora denuncian que se han incorporado tres nuevas plantas de gas e hidrocarburos, con “alto impacto ambiental y opacidad” por parte de la institución provincial.

Con 800.000 metros cuadrados de suelo industrial, el futuro parque se tramita como Plan de Singular Interés (PSI) mediante un procedimiento de evaluación ambiental estratégica, puesto que supone la modificación del planeamiento municipal de la ciudad Cuenca. Incluye en total nueve proyectos urbanizadores por un importe de entre 24 y 30 millones de euros, según estima la Diputación provincial.

Ahora, Ecologistas en Acción de la Manchuela denuncia que uno de los proyectos, el denominado 'Nueva Planta I+D del Centro Nacional del Hidrógeno' (NPIDi) incluye cinco plantas piloto más pequeñas que las del anterior proyecto, exclusivamente para uso en investigación. De ellas, dos ya se presentaron, y tres son nuevas y hasta ahora no se habían hecho públicas.

Según el informe que ha realizado este colectivo y al que ha tenido acceso elDiario.es Castilla-La Mancha, estas plantas no generarán energía neta. Al contrario, “la consumirán en su funcionamiento” puesto que se requiere un total de 740 kilovatios de potencia eléctrica.

“También se requerirá energía en el transporte de las materias primas y personal. Los productos obtenidos (gases, combustibles líquidos, subproductos) serán recogidos por gestores autorizados o bien se quemarán en antorchas”, agrega. Sin embargo, en el documento ambiental, aunque la promotora admite afección “sobre los factores climáticos de carácter significativo en el ámbito local, permanente y sinérgico”, el proyecto se considera “compatible” al disponer de “medidas preventivas y correctoras”.

En este documento, Ecologistas en Acción considera “sorprendente” que no se haya evaluado la afección de las columnas de humo generadas por las chimeneas y antorchas de las plantas, ni sobre el aterrizaje y despegue de los helicópteros de la base de las brigadas aerotransportadas (BRIF), que se ha construido en la parcela colindante.

"El proyecto conlleva el estancamiento de masas de aire frío cerca de la superficie y con ello los gases y humos"

Carlos Villeta — Ecologistas en Acción de la Manchuela

Reitera además la frecuencia de situaciones de “inversión térmica” en el valle del río Moscas (uno de los 'puntos calientes' del impacto ambiental del proyecto) que “conllevan el estancamiento de masas de aire frío cerca de la superficie y con ello los gases y humos”.

“El destino único de estas plantas es la investigación científica, pero solo hay grupos de investigación en hidrógeno en la región en Puertollano, concretamente en el Centro Nacional de Experimentación de Tecnologías de Hidrógeno y Pilas de Combustible (CNH2). Cada vez que los investigadores visiten la planta deberán recorrer 612 kilómetros por carretera”, precisa Carlos Villeta, de Ecologistas en Acción.

Por todo ello, Ecologistas en Acción ha presentado este informe ante la Consejería de Desarrollo Sostenible en calidad de interesado, solicitando que el proyecto se someta a evaluación ambiental ordinaria por su “elevado impacto” y sus afecciones a la mencionada microrreserva.

Agregan asimismo que la Diputación tampoco ha explicado por qué se presentó “a bombo y platillo” una planta de biogás y otra de hidrógeno en febrero 2023, “comprometiéndose a facilitar el proyecto” para después, comunicar al Consejo de Transparencia el 11 de febrero de 2024 que no había ningún proyecto de planta de biogás. Para Carlos Villeta, el presidente de la Diputación, el socialista Álvaro Martínez Chana “tiene que dar muchas explicaciones”.

Este medio se ha puesto en contacto con la institución provincial, como promotora del proyecto, para recabar información y valoración sobre las nuevas plantas que denuncian los ecologistas. Por el momento no ha habido respuesta.

Las cinco plantas de I+D de 'Los Palancares'

Según la información recabada, en total serán cinco plantas de este tipo las que se instalarán en el futuro parque de 'Los Palancares'. La primera de ellas será para electrólisis alcalina: utiliza un electrolizador para dividir las moléculas de agua en hidrógeno gaseoso (H2) y oxígeno gaseoso (O2) utilizando electricidad. Consumirá 550 litros de agua al mes.

La segunda de las instalaciones sería una planta piloto de gasificación de biomasa, obtenida de residuos forestales (podas y limpieza de montes) y agrícolas de la zona y de la empresa Ayuntamiento de Cuenca Maderas S.A., mediante el uso de oxígeno como agente gasificante procedente de la planta de electrolisis alcalina. La previsión es que obtenga 2.850 kilogramos al mes de este producto, que se almacenará en botellas hasta su retirada por un gestor autorizado. Contempla su quema en antorcha de seguridad si fuera necesario.

La tercera planta piloto será para digestión anaerobia (microorganismos que metabolizan sin oxígeno) y upgrading (obtención y mejora) de biogás. Esto quiere decir que se producirá la transformación biológica de los residuos orgánicos procedentes de distintas fuentes (alperujo de almazara, residuos vitivinícolas, lactosuero, aguas azucaradas, entre otras). El biogás se almacenará en botellas en la zona de almacenaje. También prevé su posible quema en una antorcha de seguridad.

Por otro lado, el proyecto contempla una cuarta planta piloto, en este caso de metanol, que se realiza mediante la hidrogenación del CO2. Previo a la reacción se mezclan el CO2, el H2 (o gas de síntesis procedente de la planta piloto de electrolisis alcalina).

Finalmente, la quinta planta piloto sería para la producción de hidrocarburos. Para ello, se someterá CO2, N2 y H2 a la reacción de Fischer-Tropsch: polimerización donde se unen CO y H2 para formar cadenas carbonadas. Posteriormente, se realizará una separación de fracciones. Los gases y las fracciones ligeras se quemarán y las pesadas se recircularán. Solo las fracciones intermedias se almacenarán. No se menciona el destino de los hidrocarburos obtenidos.

Otro proyecto “histórico” de la Diputación de Cuenca

Este no es el único proyecto en el que la Diputación de Cuenca actúa como promotora. El pasado mes de febrero, la institución provincial firmó con el Gobierno de Castilla-La Mancha un convenio de colaboración para la construcción de una nueva planta de gestión de residuos cuya inversión total asciende a 46 millones de euros. Este convenio se enmarca entre las actuaciones y objetivos del Plan regional de Prevención y Gestión de Residuos 2030.

El nuevo centro de tratamiento de residuos sólidos urbanos de Cuenca ha llegado a calificarse como “la obra más importante de la historia” de la Diputación de Cuenca. Estará ubicado a 20 kilómetros de la capital en la pedanía de Villanueva de los Escuderos, en el término municipal de Cuenca, en una parcela de 14 hectáreas y con capacidad para 70.000 toneladas de residuos. Estará compuesta por una planta de tratamientos urbanos y biorresiduos, área de compostaje, edificios auxiliares, urbanización y un vertedero de rechazos.

El proyecto contempla, además, líneas para la obtención de compost de calidad y combustible sólido recuperado y tiene prevista una función divulgadora con un aula de educación ambiental que permita convertir al centro de tratamiento de residuos sólidos urbanos en un lugar de formación e información. Su puesta en funcionamiento está prevista para 2028.

Ya tiene luz verde ambiental el proyecto de urbanización interior y de conexiones exteriores del Parque Científico y Tecnológico de Economía Circular 'Los Palancares' de Cuenca, cuya promotora es la Diputación provincial. La Dirección General de Calidad Ambiental del Gobierno de Castilla-La Mancha considera que el proyecto es viable, pero establece decenas de medidas “correctoras” centradas en los residuos, el agua y la protección de la fauna.

Esta iniciativa, con 800.000 metros cuadrados de suelo industrial, se tramita como 'Plan de Singular Interés' (PSI) mediante un procedimiento de evaluación ambiental estratégica, puesto que supone la modificación del planeamiento municipal de la ciudad Cuenca. Incluye en total nueve proyectos urbanizadores por un importe de entre 24 y 30 millones de euros, según estima la Diputación provincial.

Todo el expediente ha sido un “trabajo inmenso”, apunta el presidente de esta institución, Álvaro Martínez Chana. “Hemos tenido que lidiar con todas las administraciones, ha sido muy complejo y laborioso”, destaca.

Pero hasta el momento, el proyecto ha contado con el rechazo frontal Ecologistas en Acción y de la asociación 'Pueblos Vivos Cuenca', que recurrieron la aprobación definitiva del proyecto como PSI. Los argumentos plasmados en su recurso se basaban, sobre todo, en que se podría ocasionar un “perjuicio irreparable” sobre el espacio natural protegido de la Microrreserva del Valle del río Moscas, que además tiene una propuesta para su inclusión en la Red Natura 2000.

Este espacio se encuentra a tan solo 452 metros del proyecto urbanístico por lo que el movimiento de tierras, la urbanización y las actividades que podrían ubicarse en él, “ponen en riesgo los valores naturales que merecieron la declaración de la microrreserva”, según advirtieron estos colectivos.

Según la declaración de impacto ambiental a la que ha tenido acceso elDiario.es de Castilla-La Mancha, el uso global y mayoritario del futuro parque científico es el industrial. Atendiendo a la calificación y usos del suelo, cuenta con una superficie total de afección de más de 80 hectáreas, diferenciando dotaciones públicas, dotaciones privadas y suelo lucrativo.

En este documento se resumen las alegaciones y pormenores del proceso de autorización. Destaca que el pasado mes de junio, la Dirección General de Calidad Ambiental notificó a la Diputación que la documentación del expediente estaba incompleta, ya que no constaba el informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar.  Con la misma fecha se realizó un requerimiento a este último órgano, que contestó en agosto autorizando el vertido de aguas residuales en el río Moscas.

En cuanto a las alegaciones, las de Ecologistas en Acción se centraron sobre la escasa descripción de las afecciones e impactos. Este colectivo criticaba que no apareciera “ni un solo impacto moderado, severo, ni crítico” a pesar de la presencia, en el ámbito de la actuación, de la mencionada Microrreserva Lagunar del río Moscas.

La Diputación replicó que en el estudio de impacto ambiental se analizan las posibles repercusiones o impactos ambientales que pueda provocar el proyecto de urbanización, diferenciándose la fase de construcción y la fase de funcionamiento. Así, el promotor destaca que los efectos negativos del proyecto resultan compatibles en todas las fases de la actividad, y solo se ha identificado un efecto de carácter moderado en fase de obra. “Tampoco se ha obtenido ningún impacto severo o crítico”, respondió.

Además, se apoya en los informes emitidos desde el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de Cuenca para justificar que el estudio se ha diseñado y proyectado con el suficiente detalle de medidas preventivas y correctoras para que no afecte al conjunto de áreas protegidas, incluyendo la mencionada microrreserva.

¿Habrá afecciones en la fase de construcción y explotación?

Esos informes que menciona la Diputación se emitieron en septiembre de 2024 y afirman que no se produce “intercepción” de la microrreserva con el ámbito de la actuación, incluidas las conexiones exteriores, y que se mantienen 500 metros de separación entre el límite sur de la actuación urbanizadora, y unos 350 metros desde las actuaciones de restauración geomorfológica en la conexión de los arroyos del Rollo y del Llano.

No obstante, los informes manifiestan que pueden producirse afecciones tanto en la fase de construcción como en la de explotación, especialmente por el riesgo de alteración de la calidad y el volumen de las aguas superficiales y subterráneas que alimentan la microrreserva, y que por este motivo deben cumplirse todas las medidas de diseño y de ejecución previstas en los proyectos y en el estudio de impacto ambiental “para evitar vertidos o alteraciones” al régimen de la dinámica natural de las aguas superficiales o subterráneas.

El Gobierno regional concluye que, una vez finalizado el análisis técnico del expediente de evaluación, la Dirección General considera “viable” el proyecto desde el punto de vista ambiental, aunque añadiendo decenas de “condiciones y medidas” para “prevenir, corregir y compensar los efectos adversos sobre el medio ambiente”.

Entre ellas se encuentran las medidas destinadas a preservar la Red Natura 2000, donde destaca que en la fase de obras resulta “imprescindible” la prevención de posibles arrastres de partículas, sólidos o contaminantes por la escorrentía sobre las aguas superficiales y subterráneas.

Igualmente, establece que se deben adoptar todas las medidas necesarias para que cualquier acción del proyecto asociado a excavaciones, desmontes o movimientos de tierras no afecte al nivel freático y al conjunto de estos materiales del subsuelo, debiendo estar avalados todos los emplazamientos con estas acciones de excavación, por el correspondiente estudio geológico y geotécnico.

A todo ello añade la previsión de una ordenanza municipal específica de vertidos de aguas residuales con dos limitaciones: todo vertido industrial que se efectúe a la red de alcantarillado tendrá las características que lo hagan asimilable al agua residual doméstica; y se limitarán las descargas de vertidos no domésticos a la red de alcantarillado.

También incorpora la conducción de las aguas procedentes de la escorrentía de la Sierra de los Palancares hacia los cauces de los arroyos del Llano y del Rollo, habiéndose contemplado una actuación de restauración de los mismos, aguas arriba de las lagunas de Mohorte, “tratando de recuperar la morfología del cauce y la vegetación de ribera, prácticamente inexistente en los tramos de actuación”.

Para el caso de futuras instalaciones industriales, la dotación de agua requerida para sus procesos y para refrigeración de los mismos, se justificará “adecuadamente”: cualquier acción de su actividad relacionada con el consumo de agua “no debe afectar” al sistema hidrogeológico de las lagunas temporales y estacionales de Mohorte y río Moscas.

Medidas para la protección de la fauna

En referencia a las medidas específicas destinadas a la protección de la fauna, destaca la imposición de que el calendario de ejecución de los trabajos de construcción deberá estar condicionado al periodo menos sensible para la fauna detectada en la zona de estudio, no pudiendo interferir con el periodo reproductor, en especial, teniendo en cuenta las especies incluidas en el Catálogo Regional o Español de Especies Amenazadas. “Se aconseja proceder a la construcción ocupando el terreno de forma progresiva, no simultánea y evitando los trabajos nocturnos”, añade la declaración de impacto ambiental.  

Antes de las obras, debe realizarse también un “muestreo de campo exhaustivo” en la zona de actuación y su área de influencia (un kilómetro alrededor), así como en las masas forestales circundantes o de ribera con el fin de descartar la posible presencia de nidos, lugares de cría y otros elementos del medio que puedan servir de refugio a la fauna.

El informe incorpora también medidas para la protección del paisaje. Por ejemplo, pide que las construcciones se proyecten de manera “armonizada”, utilizando las “características propias de la arquitectura y los acabados tradicionales de la zona” y empleando las formas y materiales que menor impacto produzcan. Prohíbe además que realicen ajardinamientos en zonas susceptibles de albergar hábitats protegidos ni en las riberas y zonas adyacentes de los cursos de agua existentes, debiendo adoptar medidas para “ayudar a la revegetación natural o su máxima naturalización”.

Finalmente, la Dirección General establece medidas para la “minimización del consumo hídrico”. Entre ellas se encuentra la prohibición de la extracción de recursos hídricos subterráneos para el polígono industrial y cada una de las instalaciones que puedan emplazarse en él.

Otras medidas correctoras para ese uso del agua imponen realizar un “mantenimiento preventivo periódico” revisando el estado del conjunto de las instalaciones, la instalación de contadores independientes en los diferentes puntos del proceso productivo y la utilización de circuitos cerrados de agua.

La Administración autonómica hace referencia también a un informe de Aguas de Cuenca, S.A. que plantea que la construcción de la estación depuradora de agua (EDAR) del futuro parque científico debería licitarse con un periodo de puesta en marcha y explotación de, al menos, tres años. Así, alega, el contratista podría ajustar todos los equipos y realizar las modificaciones necesarias para que la planta funcione al cien por cien, se cumpla con la normativa en vigor en ese momento y el vertido cumpla con la autorización del organismo de cuenca. La Diputación ha dado el visto bueno a este procedimiento.

Aguas de Cuenca recomienda también que las poblaciones cercanas de La Melgosa y Mohorte, carentes de tratamientos adecuados de sus aguas residuales, acaben llevando sus aguas a la EDAR que contempla la actuación, una vez se encuentre en funcionamiento, dado que es la más cercana. Por este motivo, la EDAR proyectada debería realizar la obra civil de llegada y la instalación de elementos necesarios para acoger estos vertidos.

Otras de las correcciones se refieren a la protección del patrimonio cultural, las infraestructuras ya existentes o la adaptación al cambio climático, así como el establecimiento de un programa de vigilancia ambiental.

Reparcelación “forzosa”

El pasado mes de diciembre, tras esta declaración de impacto ambiental, el Diario Oficial de Castilla-La Mancha sometió a información pública el proyecto de reparcelación “forzosa” (es decir, mediante expropiaciones) del futuro parque científico, el primer paso para el inicio de su construcción conforme a los pasos que debe seguir como Plan de Singular Interés.

Este proceso se llevará a cabo sin perjuicio de que la Diputación Provincial de Cuenca, como entidad promotora del mismo, pudiera adquirir, por mutuo acuerdo, las fincas que sus titulares prefirieran enajenar.

El plazo para la presentación de alegaciones a esta reparcelación está a punto de culminar, por lo que es previsible que pueda llevarse a cabo en uno o dos meses. Así lo estima también el presidente de la institución promotora, Álvaro Martínez Chana, quien calcula que cuando finalice ese plazo, será “el pistoletazo de salida”.

A partir de ese momento, arrancará el proceso de licitación y con ello iniciar un nuevo plazo, el de la fase de las obras, donde las empresas comenzarán a adquirir los terrenos para la construcción del futuro parque científico. “Cuando vea la luz, podremos estar todos de enhorabuena y sobre todo la ciudad de Cuenca”, concluye e presidente de la Diputación, quien no ha entrado a valorar las correcciones ambientales del proyecto.

La Vall d’Uixó está a punto de culminar la Fase I de las Obras de Modernización del Regadío, un proyecto que posicionará al municipio como referente nacional en el uso eficiente y sostenible de los recursos hídricos. La actuación, con un presupuesto global que asciende a 3.780.000 euros, está financiada mayoritariamente con fondos europeos Next Generation EU a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, e impulsada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación mediante SEIASA, contando con la cofinanciación de la Comunidad de Regantes local.

El núcleo central de esta modernización es el ambicioso objetivo de potenciar el uso de aguas regeneradas procedentes de la EDAR de la Vall d’Uixó. Esta medida es clave para reducir significativamente la presión sobre los recursos hídricos subterráneos, un paso fundamental hacia un modelo de economía circular y respeto ambiental. Para lograrlo, la actuación se ha centrado en mejorar la calidad del agua para riego, implementar sistemas avanzados de control digital de la gestión del riego y construir una gran balsa impermeabilizada con capacidad para más de 228.754 metros cúbicos.

La alcaldesa de la Vall d’Uixó, Tania Baños, destacó durante la visita in situ a las obras, junto al presidente de SEIASA, Francisco Rodríguez Mulero, y otros representantes, que “el futuro pasa por este tipo de actuaciones de modernización, digitalización, eficiencia en el uso de los recursos y sostenibilidad”. Baños hizo hincapié en que la Vall d’Uixó “va a ser pionera en España en el aprovechamiento del agua depurada para riego”, lo que permitirá cubrir las necesidades hídricas en los críticos meses de verano y, consecuentemente, mejorar la competitividad del sector agrario local.

Además de la optimización hídrica, el proyecto prioriza la eficiencia energética mediante la reducción de costes gracias a la instalación de dos plantas fotovoltaicas con capacidades de 108 kWp y 148 kWp. Esta modernización beneficia directamente a 899 regantes y alcanza una zona agrícola total de 876 hectáreas. La actuación, que fomenta la digitalización y el uso sostenible, tiene prevista la firma del acta de recepción de las obras para el 17 de diciembre de 2025, marcando la consolidación de un regadío avanzado en la Comunitat Valenciana.

El Centro Tecnológico NOVEX, el nuevo nombre del Centro Tecnológico del Calzado de La Rioja, en el marco del Programa Misiones de Ciencia e Innovación (CDTI) y, junto a los laboratorios Ensatec y la empresa Geopannel, está culminando la última etapa del proyecto CIRCON, es decir, la definición y elaboración de los prototipos que están permitiendo comprobar la viabilidad y eficacia de los nuevos materiales de poliuretano sostenible, para su uso en la industria de la construcción.

Desde NOVEX, se ha llevado a cabo esta propuesta de I+D+i con duración de un año, ejecutada con un presupuesto total de 1.657.893 euros y una subvención de 863.537,07 euros.

El área de sostenibilidad y materiales avanzados de NOVEX, formado por ocho investigadores, ha trabajado en el reciclaje de residuos de espumas de poliuretano mediante dos vías: mecánica y química. A través de la vía mecánica, se han triturado los residuos para su reincorporación en la elaboración de paneles acústicos, mientras que la vía química ha permitido la recuperación de polioles por glicólisis y la formación de nuevas espumas de origen reciclado.

Ello ha dado lugar, recientemente, a la consecución de los siguientes avances:

Estos logros representan un paso decisivo hacia la economía circular y la sostenibilidad en el sector de la construcción, alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la estrategia europea de transición ecológica.

La empresa “pionera” de biometano en Andalucía, AGR Biogás, ha inaugurado este lunes en el municipio granadino de La Calahorra la primera planta agroindustrial de biometano en Andalucía con inyección directa a la red gasística general, por lo que será “la primera vez que se suministre en la comunidad este gas de origen renovable listo para el consumo por parte de la industria y los hogares”, según informa la compañía en una nota de prensa.

La nueva planta ha contado con una inversión privada de 25 millones de euros y tendrá capacidad para generar cada año 58 GWh de biometano a partir de restos de la actividad agroganadera de la zona, lo que equivale al consumo energético anual de más de 11.000 hogares. Esta cifra supondrá una reducción de 23.000 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera, el equivalente a la plantación de 920.000 árboles, y todo ello con tecnología de última generación para alcanzar la máxima eficiencia en generación de gas verde y reducción de olores, destaca AGR.

La puesta en marcha de estas instalaciones ha supuesto la generación de más medio centenar de empleos directos e indirectos en la comarca, de los que una veintena participaron en las obras de construcción y el resto de puestos de trabajo se mantendrá con la actividad de la planta.

El acto inaugural, al que han asistido cerca de 250 personas, ha contado con el apoyo de los agricultores y ganaderos de la comarca, que encuentran en este proyecto “un importante aliado” en su gestión de restos orgánicos y reducción de emisiones, además de “impulsar a la economía local”. Junto al sector agroganadero, han acudido representantes de instituciones políticas, científicas y del sector, que han querido mostrar de este modo “su respaldo al proyecto de bioeconomía circular que va a abrir paso a la implantación del biometano en Andalucía”.

“Es para nosotros un orgullo inaugurar la primera planta de Andalucía con la que vamos a dar los primeros pasos hacia la descarbonización de la región desde el biometano”, ha destacado David Piñero, director general de AGR Biogás, que ha subrayado además que “se trata de un proyecto en el que hemos trabajado durante muchos años para crear valor a partir de los recursos que nos ofrece nuestra tierra y esperamos que pueda ser referente para todos los proyectos que verán la luz en los próximos años”.

En el acto inaugural de esta planta ha participado la delegada de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en Granada, Carmen Lidia Reyes, que ha mostrado el apoyo del Gobierno andaluz al proyecto y al desarrollo del biometano para avanzar en la descarbonización de la región y respaldar al sector agroganadero aportándole una solución a la gestión de sus residuos animales y vegetales.

Por su parte, el alcalde de La Calahorra, Alejandro Ramírez, ha puesto de relieve que con esta pionera planta de biometano el municipio se convierte en “ejemplo y referente en energías renovables en Andalucía, marcando el camino energético del futuro con un proyecto impulsor de desarrollo, empleo y riqueza para la comarca y que ayuda a sus agricultores y ganaderos”.

El acto ha contado también con la presencia del secretario general de UPA a nivel nacional, Cristóbal Cano, que ha destacado la importancia de la puesta en marcha de este proyecto ya que será un aliado para el sector agrario y ganadero y además será el espejo para abrir camino al biometano y al desarrollo de más plantas en el futuro.

Un proyecto de economía circular por y para el territorio

La planta está situada a 7 kilómetros del núcleo poblacional de La Calahorra y procesará cada año 104.000 toneladas de restos agroganaderos como gallinaza, purín porcino, alperujo, lactosuero y otros restos líquidos procedentes de la agroindustria, todos ellos de carácter orgánico que tienen su origen en un radio cercano a la planta.

“De estos desechos, que si no se tratasen resultarían contaminantes para la atmósfera, se extrae energía limpia que se inyecta directamente a la red gasística general gracias a la conexión ejecutada por Redexis mediante la construcción de un ramal de 13 kilómetros que permitirá llevar esta energía limpia a los consumidores domésticos e industriales de la zona”, añad la empresa.

Por otro lado, la planta generará también biofertilizante y digestato, con compuestos estabilizados que se devuelven al campo para mejorar la calidad de los suelos. Se trata, por tanto, de “un proyecto de economía circular que redunda en la sostenibilidad de las zonas rurales”. “Además de los beneficios que reporta la planta de biogás a las familias de los granjeros, este proyecto contribuye también con su actividad y generación de empleo al desarrollo de la comarca y a la fijación de la población rural en su territorio, dando impulso a la economía local del Marquesado del Zenete”, explica AGR Biogás.  

La construcción de la planta se ha realizado “siguiendo las más altas medidas y parámetros de calidad, excelencia y sostenibilidad para ofrecer de esta forma la máxima seguridad ambiental y la mayor garantía en su actividad”. AGR Biogás subraya también la importante aportación para hacer realidad este proyecto de empresas expertas y referentes en sus ámbitos de actividad, como es el caso de Kanadevia. Otras firmas destacadas que han participado también en el proyecto son Prodeval y Ventuceli.

AGR Biogás es la empresa pionera en promoción, construcción y operación de plantas de biometano. Fundada en el año 2018, cuenta con un equipo promotor que empezó a explorar las posibilidades del biogás en Andalucía en el año 2011. Hoy es la empresa líder en el sector en la región, con más de la mitad de los proyectos que se están tramitando actualmente.  Con base en Sevilla, cuenta también con una delegación en Madrid que impulsa proyectos en otras comunidades autónomas y que se encuentran en distintas fases de ejecución.  

En total, en España, son 30 proyectos los que tiene AGR Biogás en cartera que verán la luz en los próximos años.

Un total de 86 proyectos riojanos, con una inversión asociada de 7,5 millones y una subvención de 2,5 millones de euros, solicitaron en 2024 las ayudas vinculadas a transición energética y medioambiente que gestiona el Gobierno de La Rioja a través de la ADER. Así lo ha informado la consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, durante la clausura de la jornada Economía Circular en La Rioja, organizada conjuntamente por la ADER, Ecoembes y SECOT.

León ha apuntado que la convocatoria de estas líneas, “que fomentan la eficiencia, la reducción del impacto ambiental y la adopción de tecnologías limpias”, para este año 2025 y que está vigente hasta el próximo 12 de diciembre, ha recibido ya 41 solicitudes. 

Por otro lado, ha agregado que se han presentado 21 proyectos de economía circular en el marco del Cheque Innovación en Economía Circular, “una línea piloto destinada a apoyar nuevos modelos de producción, rediseño de procesos y soluciones que prolonguen el ciclo de vida de los productos”. Con ella, se ha buscado movilizar la colaboración efectiva entre empresas y agentes de innovación del territorio (universidad, centros tecnológicos y agrupaciones empresariales innovadoras), apoyada con una alta intensidad del 70% al 80%.

“La ADER no sólo acompaña a empresas y emprendedores en sus procesos de transformación, sino que impulsa el cambio con la disposición de ayudas y programas específicos para hacer realidad proyectos de economía circular”, ha destacado la consejera. La agencia, ha agregado, “es un motor para que la economía circular sea una realidad tangible, capaz de generar nuevas oportunidades empresariales, empleo de calidad e innovación en toda la región”.

Asimismo, ha subrayado la participación activa en proyectos europeos como el proyecto ORHI+, que cuenta con la colaboración de diferentes entidades y empresas de País Vasco, La Rioja y Pirineos Atlánticos. Una propuesta que promueve el despliegue de tecnologías y modelos de negocio de economía circular para reforzar la sostenibilidad y la circularidad de las actividades económicas. Esta iniciativa ha sido cofinanciada al 65% por la Unión Europea a través del Programa Interreg VI-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2021-2027).

La economía circular “constituye una estrategia imprescindible para avanzar hacia un modelo productivo que desvincule el crecimiento económico del consumo intensivo de materias primas y de la generación de residuos”, ha explicado León, concluyendo que “este es un reto que sólo puede abordarse mediante la colaboración entre instituciones comprometidas con el desarrollo económico sostenible, y en La Rioja contamos con un ecosistema que trabaja en esa dirección de manera decidida”.

A través de tres mesas redondas en torno a la economía circular como motor de transformación económica, emprendimiento e innovación educativa en La Rioja, la jornada celebrada en el Centro Tecnológico ‘La Fombera’, que ha sido inaugurada por el gerente de la ADER, Luis Pérez Echeguren, se ha planteado como una oportunidad para conocer iniciativas inspiradoras y crear sinergias en el ámbito de la sostenibilidad y la innovación en nuestra región.