Alfredo y Benjamín llegaron a España en septiembre huyendo de una campaña de acoso, insultos y amenazas de muerte en su Guatemala natal debido a su orientación sexual, donde no eran libres y tenían que vivir “ocultos”. Actualmente, residen en Talavera de la Reina (Toledo), donde el Gobierno les ha concedido la condición de asilo.

“Nosotros teníamos una vida normal, trabajo, vida social, todo, y, de repente, empezaron a llegar notas escritas a mano a la puerta de nuestro piso insultándonos por nuestra orientación”, cuenta Alfredo en una entrevista con motivo del Día Internacional del Orgullo.

Si bien, Alfredo explica que, aunque en un principio pensaron que se trataba se una broma de algún vecino, llegó un momento en el que se encontraron fotos de él y de su pareja juntos colgadas en los postes del tendido eléctrico. Las imágenes, según relata, incluían frases como “esta es una casa de maricones” o amenazas contra sus vidas y las de su familia si no abandonaban el lugar.

Ante el riesgo para sus vidas, la pareja decidió vender todas las pertenencias de su piso para salir del país. En un primer momento recurrieron a la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) con el objetivo de ser reubicados en Estados Unidos. Sin embargo, el cambio en las políticas de la administración de Donald Trump frustró los planes. “Nos iban a llevar a EE.UU., pero el presidente Trump cerró todas las ayudas. Eso fue un desánimo total y nos decidimos entre Estados Unidos y España”, señala Alfredo.

En esta misma línea, expone que la elección de España estuvo motivada por el marco legislativo y social del país: “Sabíamos que acá las leyes son muy diferentes, hay mucha libertad y eso es lo que nosotros queríamos realmente. En mi país no éramos libres por lo que somos. Siempre teníamos que vivir ocultos ante la sociedad”, afirma, al mismo tiempo que subraya que España “es un país que apoya”.

A su llegada a Madrid en septiembre del año pasado, la pareja consumió gran parte de sus ahorros en alquileres temporales mientras intentaba, sin éxito, obtener una cita policial para solicitar asilo. Tras mes y medio de gestiones frustradas, acudieron a los servicios sociales, desde donde se les derivó a un albergue en Toledo.

No obstante, la discapacidad física que padece Alfredo dificultó su estancia en este recurso debido a las barreras arquitectónicas del inmueble. Por este motivo, se trasladaron a un centro accesible de una sola planta en Talavera de la Reina, donde han sido atendidos por la ONG Accem.

Una resolución de asilo que llegó “muy rápido”

El 25 de enero de este año obtuvieron el resguardo de solicitud de protección internacional (conocido como 'hoja blanca') y, meses después, les aprobaron la resolución definitiva. “Fue muy rápido y todo el mundo se quedó asombrado”, manifiesta.

En el marco de las celebraciones del Orgullo LGTBI+, Alfredo valora positivamente la situación de los derechos del colectivo en España: “Los derechos que tenemos acá no los teníamos en nuestro país, para nosotros es mucha ganancia porque nos sentimos más libres”.

No obstante, el refugiado guatemalteco lamenta haber detectado ciertos focos de intolerancia dentro del propio colectivo migrante en España. “No sé si sea conveniente decirlo, pero hasta de la misma gente latina se siente un poco de rechazo. Por ser quién somos ya nos hablan como si tuviéramos algún problema”, expone, calificando la situación de “frustrante”.

“Se supone que este es un país con tolerancia y las otras personas vienen y tienen que entender que así es. No nos metemos con absolutamente nadie, nosotros somos como somos y ya”, concluye.

Generar “espacios de seguridad”

El caso de Alfredo y Benjamín se enmarca dentro del protocolo de intervención transversal que Accem aplica con las personas refugiadas del colectivo LGTBI+. Desde la organización explican que esta condición se evalúa desde las primeras entrevistas debido a que, en muchas ocasiones, es el propio motivo que fuerza la salida del país de origen. Para responder a ello, la entidad pone a disposición de los usuarios asistencia psicológica y jurídica desde el inicio con el fin de generar “espacios de seguridad”.

Asimismo, de cara a la asignación de plazas dentro del sistema de Protección Internacional, la ONG comunica la pertenencia al colectivo al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Con el objetivo de tejer redes de apoyo y fomentar espacios seguros de convivencia, Accem favorece que estas personas convivan con usuarios en circunstancias similares y procura ubicar las plazas en municipios que cuenten con redes locales de apoyo para facilitar su integración social y la creación de amistades.

En este sentido, las oficinas de la entidad cuentan con cartelería de “espacio seguro” para que las sedes sean reconocidas como lugares de “no discriminación”. En el trato directo, se realiza una valoración específica para identificar necesidades asociadas, se evitan estereotipos sobre la orientación sexual, se promueve el uso de los pronombres elegidos por los usuarios y se fomenta una comunicación inclusiva.

Como parte de su itinerario, Accem realiza talleres informativos dirigidos tanto a personas del colectivo como al resto de usuarios para identificar situaciones discriminatorias y saber cómo proceder ante ellas. Así, la organización mantiene activos sus servicios jurídicos para analizar posibles casos de discriminación y, de ser pertinente, presentar las acciones legales oportunas.

¿Hasta qué punto está solo Pedro Sánchez en el debate migratorio de la UE? Algunos medios lo han destacado con el fervor de quien cree haber recibido una buena noticia. No están muy equivocados. Por primera vez en mucho tiempo, la posición de España es minoritaria en Bruselas en el terreno de los principios, más allá de cuestiones presupuestarias. Europa pretende seguir los pasos de Donald Trump y convertir la UE en un infierno para los migrantes. Sánchez es el único dirigente que se niega a aceptar una corriente de opinión xenófoba que ahora es mayoritaria entre los gobiernos europeos.

El aumento de votos a los partidos de extrema derecha ha hecho que Ursula von der Leyen y la derecha europea se hayan decidido a considerar alternativas con las que reducir la llegada de migrantes que antes carecían de apoyos reales. El caso más claro es el de los centros de repatriación o retorno que serían construidos en terceros países, en su mayor parte en África y Asia. La idea tenía una dudosa cobertura legal, como descubrió Keir Starmer en Reino Unido con su acuerdo con Ruanda y Giorgia Meloni con el plan fracasado de hacer lo mismo en Albania. Ahora todo parece indicar que es cuestión de tiempo que esos centros vayan a existir, aunque aún no se sepa dónde.

Una de sus grandes defensoras no milita precisamente en la ultraderecha. La primera ministra danesa, la socialdemócrata Mette Frederiksen, está convencida de que esos centros serán una realidad como muy tarde en 2027. Habrá un numeroso grupo de países dispuestos a seguir esa vía. Allí enviarán a los solicitantes de asilo mientras se tramitan sus peticiones durante años y a aquellos que deben ser deportados a sus países de origen, pero que resulta imposible hacerlo por la negativa de sus gobiernos a aceptarlos.

Diecinueve países europeos apoyaron en junio poner en marcha estos centros siguiendo el camino marcado por Meloni con Albania. Quieren que sean financiados con el presupuesto comunitario –el próximo que se negocia es para el periodo 2028-2034– con una cantidad que ascendería a 20.000 millones de euros, incluidos los fondos que se entregan a gobiernos extranjeros para limitar la llegada de sus ciudadanos a Europa.

Sánchez se opuso por considerarla una solución ineficaz que además “es contraria a los valores de la UE”. Emmanuel Macron compartió este último punto de vista.

Los críticos al proyecto de los centros los han llamado “los Guantánamos de la UE”, porque no habrá garantías reales de que se respeten sus derechos humanos. Quedarán en un limbo jurídico en el que todos los incentivos estarán diseñados para convencerles de que deben volver voluntariamente a sus países.

Frederiksen sostiene que esos centros deberán respetar el Derecho Internacional. “Nadie me ha podido convencer de que no sea una idea socialdemócrata contar con centros de repatriación fuera de Europa”.

El mensaje de Sánchez no puede ser más diferente. “Hay dos maneras de afrontar la migración. Una, negar la realidad y alimentar la xenofobia. Sin migración en España, 90.000 bares tendrían que cerrar, 50.000 aulas se quedarían sin alumnos y desaparecería una de cada tres explotaciones agrícolas”, ha dicho esta semana. Las cifras no tienen por qué ser exactas, pero el perjuicio que sufriría la economía sin los inmigrantes resulta evidente. España no habría alcanzado cifras de crecimiento muy por encima de la media de la UE sin la aportación de los extranjeros en el mercado laboral.

Los gobernantes como Frederiksen creen que solo se puede ganar a la extrema derecha adoptando algunas de sus ideas y prejuicios sobre inmigración. Quizá porque sean las suyas. Cuando llegó al poder en 2019, dijo que aspiraba a que el número de solicitantes de asilo se redujera a cero.

El proceso de regularización de más de un millón de inmigrantes sin papeles en España ha sido otro elemento de tensión que confirma que Sánchez no se dejará arrastrar por las políticas que llegan del resto de Europa. Esta semana, el Partido Popular Europeo (PPE), que preside doce gobiernos de la UE, publicó una declaración política dirigida directamente contra Sánchez. Las regularizaciones a gran escala, afirmaron, “corren el riesgo de debilitar la credibilidad de la política migratoria de la Unión, generar un fuerte efecto llamada y provocar movimientos secundarios dentro del espacio Schengen”.

La referencia a los “movimientos secundarios” carece de base. “La regularización otorga un permiso de residencia y trabajo válido exclusivamente en territorio español”, dijo el lunes la ministra de Migraciones, Elma Saiz. No permitiría a los extranjeros legalizar su estancia en Francia o Alemania.

¿Cuál es la alternativa del PPE y del comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner? No está pensando en legalizar la presencia de extranjeros sin papeles, aunque esto les convierta en ciudadanos de segunda clase y sin derechos. “Debemos garantizar que, como regla, los migrantes irregulares abandonen la UE. Sin esto, nuestras políticas no son creíbles”, dijo Brunner en febrero. Esos gobiernos europeos saben que no pueden expulsar a todos los sin papeles y creen que ofrecerles una vía para legalizar su estancia es incompatible con la intención de que Europa sea un territorio hostil para los inmigrantes.

La falta de coherencia con otras realidades económicas europeas resulta evidente. El mismo Brunner alertó en junio de 2025 sobre las consecuencias de la realidad demográfica europea: “Si hoy detuviéramos toda la migración legal hacia Europa, nuestras economías serían entre un 9% y un 15% más pobres dentro de veinte años”. No hay más crecimiento demográfico que el que pueda propiciar la inmigración.

“Sobre la base de las tendencias actuales (según las previsiones de Eurostat hasta el año 2100), habrá 53 millones de personas menos viviendo en Europa que hoy. Eso significa que desaparecerá una octava parte de la población actual del continente. Ningún Estado miembro logrará compensar las muertes con nacimientos”, señala la web La Matinal Europea.

Brunner es un conservador austriaco que fue ministro de Hacienda. No son las proyecciones económicas las que le preocupan en estos momentos, sino la necesidad de no dejar a la extrema derecha el monopolio de la xenofobia. En la última encuesta de junio, el ultraderechista FPO saca con el 38% dieciocho puntos de ventaja a su partido –el OVP, miembro del PPE– y veinte puntos a los socialdemócratas. El alemán Friedrich Merz también ve con preocupación los sondeos. El de Forsa para RTL de finales de junio coloca a la ultraderechista AfD con un 26%, cuatro puntos por encima de la CDU. Los socialdemócratas, aliados de Merz en el Gobierno de coalición, se hunden hasta el 12%.

Sánchez no cedió cuando escuchó críticas de sus socios europeos ni cree que atacar a los inmigrantes le beneficiará en las encuestas de España. “Y si tienen alguna duda, pues que hablen con el Vaticano”, dijo en tono desafiante en la rueda de prensa posterior a la última cumbre. Sánchez prefirió estar solo antes que mal acompañado por la ultraderecha.

En el mundo hay 117,5 millones de personas que han sido obligadas a abandonar sus hogares, un 5% menos respecto al año anterior, según Naciones Unidas. Aunque cada vez hay más guerras, han aumentado la violencia y la crisis climática, por primera vez en una década se han registrado menos desplazados forzosos en el ámbito global. El motivo: cada vez es más difícil pedir protección internacional. Según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Canarias registró el pasado año casi 7.825 solicitudes de asilo en 2025 pese a las “políticas hostiles” de la UE. 

“Las políticas hostiles de externalización de fronteras y de retorno forzoso” están obligando a millones de personas a permanecer en países donde sus vidas corren peligro. Según CEAR, el descenso de solicitudes de asilo no se debe a que haya menos necesidades de protección internacional, sino a las grandes dificultades a las que se enfrentan las personas solicitantes de asilo y protección internacional.

Entre esas políticas hostiles, CEAR destaca el Pacto Europeo de Migración y Asilo que entró en vigor el pasado 12 de junio y que pone en riesgo los derechos de las personas migrantes y refugiadas. La organización llama la atención especialmente sobre la lista de países considerados seguros, ya que incluye algunos con graves déficits en Derechos Humanos, como Turquía, Colombia, Egipto o Túnez. Además, alerta sobre el futuro Reglamento de Retorno que prevé la detención prolongada y la expulsión a centros de deportación de terceros países. 

“España tiene aún margen de maniobra para que la implementación del Pacto garantice derechos. Para ello, debemos reclamar al Gobierno español que se comprometa a respetar el principio de no devolución, el acceso a la asistencia jurídica, el derecho a la información y a la interpretación de calidad. También debe garantizar la atención específica a personas en situación de mayor vulnerabilidad, entre las que se encuentran muchas niñas, niños y adolescentes”, sostiene Juan Carlos Lorenzo, coordinador territorial de CEAR en Canarias.

“Más control, más deportaciones y menos protección”

España registró una reducción significativa de solicitudes de asilo (13,7%), frenando la tendencia ascendente observada en los últimos años. Pese a ello, Canarias experimenta un aumento del 2% para un total de 7.825 solicitudes, frente a las 7.667 del 2024. Según CEAR, este descenso se debe principalmente a “la reducción de las llegadas como consecuencia de acuerdos con terceros países para contener los flujos migratorios y al efecto disuasorio del Reglamento de Extranjería (RELOEX), el cual no permite computar el tiempo de espera durante la resolución de asilo para los distintos tipos de arraigo”.  

España sólo ha reconocido el asilo al 11% de las personas que lo solicita. Lo que nos sitúa en la cola de Europa, sólo por delante de Croacia y Chipre, muy alejados de la media europea que está en el 34%, y que también ha registrado un considerable descenso en el último año. Juan Carlos Lorenzo, coordinador territorial de CEAR en Canarias lo resume en una frase: “Hay más control, más deportaciones y menos protección”. 

Venezuela es el país del que proceden más solicitantes de asilo a España. En Canarias, las principales nacionalidades solicitantes de protección internacional han sido: Venezuela, Mali, Colombia, Senegal, Guinea, Gambia y Perú; manteniendo la tendencia de los últimos años. 

Menos llegadas a las costas canarias

Las políticas de externalización de fronteras provocaron también una reducción considerable de las llegadas a costas canarias, un 62% menos que el año anterior. En este contexto, CEAR vuelve a reclamar a España que habilite vías legales y seguras para garantizar el acceso a la protección internacional y evitar más pérdidas humanas en las rutas migratorias.

La organización subraya que el 15% de todas las personas que llegaron a las costas españolas fueron niñas, niños y adolescentes sólos, familiares que les acompañen. La reforma Ley de Extranjería, que facilita la corresponsabilidad entre Comunidades Autónomas, y los autos del Tribunal Supremo para que el Estado asuma la tutela de quienes solicitan protección internacional han agilizado los traslados a la Península. En total, 581 niños, niñas y adolescentes sin referentes familiares fueron derivados desde Canarias a otras autonomías en 2025. Estos datos han sido recogidos por CEAR en su informe anual, presentado en el día de hoy en el Cabildo de Gran Canaria.

Más discursos de odio, menos derechos

En su Informe Anual , CEAR ha denunciado que las vulneraciones de derechos no se dan exclusivamente en las fronteras, o en los países de tránsito u origen, sino que también ocurren en nuestro país. “Persisten obstáculos en el acceso a derechos básicos en España, lo que dificulta los procesos de inclusión y multiplica las situaciones de vulnerabilidad de las personas migrantes y refugiadas”, asegura CEAR.  

Obstáculos especialmente acuciantes en el reconocimiento del Ingreso Mínimo Vital, el acceso a una vivienda digna o al empadronamiento. Para la organización la escalada del racismo y la xenofobia continúan “constituyendo barreras estructurales en los procesos de inclusión”. Los delitos e incidentes de odio, especialmente aquellos relacionados con racismo y xenofobia, aumentaron un 23,6% en 2025, la mayor cifra desde que hay registros del Ministerio de Interior.

“Hacemos un llamamiento a la responsabilidad política y exigimos una vez más que se apruebe un Pacto de Estado contra esta escalada del odio que erosiona la cohesión social. Necesitamos urgentemente compromisos jurídicos, presupuestarios y mecanismos de protección estables”, reclama Juan Carlos Lorenzo, coordinador territorial de CEAR en Canarias.

Nuevo Comité de personas refugiadas en Canarias

La exposición del Informe Anual de CEAR también ha servido para presentar el recién creado Comité de Personas Refugiadas (CPR) que ha impulsado la organización. Un espacio de participación, representación y trabajo conformado por personas con experiencias de desplazamiento forzoso, tanto dentro como fuera de la entidad. La presentación del Comité de personas refugiadas la realizaron Nicole Sirikari Pachka, natural del Congo y Edwin Abadía Arboleda, de origen colombiano, ambos miembros del CPR de Canarias. 

Canarias es frontera de Europa, destino de la ruta migratoria más mortífera del planeta. Mientras casi 2.000 personas fallecieron el año pasado en el océano, el Gobierno canario se dedica a criticar al Gobierno central y evita enfrentarse a sus contradicciones internas. Los dos partidos que forman el Ejecutivo autonómico, CC y PP, tienen posiciones totalmente contrarias sobre el Pacto Europeo de Migraciones y Asilo que entrará en vigor el 12 de junio. 

La Unión Europea lleva gestando desde el año 2020 un nuevo acuerdo que unifique las políticas de asilo y control fronterizo. Fue aprobado en 2024 con el objetivo de asegurar un reparto equitativo de responsabilidades y crear procedimientos uniformes en los 27 estados miembros. 

El Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA) ha sido duramente criticado por organizaciones de Derechos Humanos que denuncian la reducción del derecho de asilo, que fomenta la detención sistemática en las fronteras, y además promueve la externalización de fronteras y el control migratorio en terceros países.

Aquí en las islas, mientras Coalición Canaria lo rechaza de forma frontal, su socio de gobierno del Partido Popular, respalda de manera entusiasta el nuevo marco europeo. En lo único que coinciden es en criticar que las islas afrontan la entrada en vigor del pacto sin información, sin coordinación y sin haber sido consultadas.

Recientemente, la Unión Europea ha dado luz verde a los centros de deportación de migrantes en terceros países, calificadas por diversas organizaciones como “agujeros negros de los Derechos Humanos”, o “campos de concentración para migrantes”, como los centros de Sheingin y Gjader, que gestiona la Italia de Meloni en Albania desde 2024, y que parecen ser el modelo que tendrá la UE. 

Un Gobierno, dos visiones

El PP votó el pasado mes de marzo, junto con la ultraderecha en el Parlamento Europeo, permitir la apertura de estos centros de deportación de migrantes fuera de la UE. El vicesecretario de Organización y Comunicación del PP de Canarias, Jacob Qadri Hijazo, se mostraba en conversación con este periódico totalmente a favor, calificándolo de “beneficioso” para Europa. 

“El PP de Canarias está a favor de los centros de deportación que sean, como dice el reglamento, a través de acuerdos entre la Unión Europea y terceros países. Supervisados y controlados para la reubicación de esas personas que han sido expulsadas porque no cumplen con los requisitos para permanecer en Europa. ¿Quién puede estar en contra de eso? Yo no tengo argumentos para estar en contra”, aseguraba Qadri. 

En Coalición Canaria sí que encuentran importantes objeciones, como la creación de los centros de deportación de migrantes fuera de la UE. “Estamos en contra de la creación de centros en terceros países, como estamos en contra de ponerle precio a las personas. Lo que están haciendo es alejar a Europa de sus valores fundacionales y nosotros estamos en contra” aseguran desde Coalición Canaria. 

“Se está poniendo precio a las personas, 20.000 euros por cabeza. Eso produce estupor y cuestiona los valores fundacionales de Europa”, señalaba David Toledo, secretario de Organización de Coalición Canaria.

“A solidario no me da lecciones nadie”

Jacobo Qadri además de ser vicesecretario de Organización y Comunicación del PP de Canarias, es alcalde de Barlovento, en la isla de La Palma, donde asegura que “se vive la inmigración” muy de cerca. “Yo, voluntariamente, abrí con fondos municipales un centro de acogida para menores migrantes no acompañados en mi municipio. Fui el primero, junto con el Ayuntamiento de Moya en Gran Canaria. O sea que, a solidario no me da lecciones nadie”, sentencia Qadri. 

Jacobo Qadri plantea que si él pudo hacerlo en su municipio, también puede hacerse fuera de Europa. “Yo los hice en Barlovento, yo lo hice aquí, en el pueblo. Dos mil habitantes al noreste de la Palma. Es decir, lo que abren la posibilidad de hacerlos en terceros países. ¿Por qué no?” 

El vicesecretario de Organización y Comunicación del PP en Canarias argumenta su posición política de enviar a migrantes a centros de detención fuera de Europa “para que no estén botados en la calle, ni estén mendigando por las aceras, ni estén cometiendo delitos, o estén los pobres durmiendo en la intemperie. Estén en un centro, con higiene, con comida, con las condiciones hasta que se les reubique. El que esté en contra de eso, pues… Yo estoy a favor”, concluye Jacobo Qadri. 

Críticas fuera, contradicciones dentro

Ninguno de los partidos del Ejecutivo canario se han pronunciado públicamente sobre sus contradicciones internas. Se limitan a reclamar protagonismo sobre el Pacto Europeo y exigen que Canarias no se convierta “en un gran centro de detención”. Llevan meses reclamando que la Comisión de Inmigración aclare sus dudas sobre el Pacto Europeo. Pero durante este tiempo no han aclarado sus posiciones ideológicas dentro del Ejecutivo canario.  

“No esperamos una visión más humana y de respeto a los Derechos Humanos con la aplicación de este nuevo Pacto Migratorio de la Unión Europea” dijo Clavijo en la inauguración de una jornada sobre el Pacto Europeo de Migración. Recientemente, el Gobierno canario ha reclamado al Estado de forma oficial información sobre el Pasto. Clavijo lamentó que “en un asunto de tanta trascendencia el Estado no haya convocado ni una sola Conferencia Sectorial de Inmigración o Presidentes para debatir este asunto”. En opinión del presidente canario, este es el ejemplo de la “mala política, la política que está pensada en el relato, la polarización, en la tensión y el enfrentamiento”.

Conocer Europa y el fenómeno migratorio

Ambos partidos estuvieron de acuerdo con el Pacto Europeo de Migraciones aunque ahora lo critiquen y al menos, la mitad del Gobierno, teme un retroceso en Derechos Humanos. El PP junto a la ultraderecha europea votó a favor de endurecer el pacto europeo de migración y la creación de centros de detención en fuera de la UE. Coalición Canaria, que está integrada en el grupo parlamentario europeo Renovar Europa, a través de la coalición electoral CEUS (Coalición por una Europa Solidaria), con otras fuerzas nacionalistas como PNV, también votaron a favor del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo. Y a pesar de haberlo respaldado siempre, ahora Coalición Canaria expresa sus críticas, principalmente por falta de información y financiación para las islas. 

La diputada de CC en el Congreso, Cristina Valido, que exige al Estado de manera insistente una cumbre urgente con las comunidades autónomas, confundía recientemente en los micrófonos de La Radio Canaria las principales instituciones de la UE, con el único fin de criticar al presidente Pedro Sánchez: “Cuando se aprobó el Pacto de migración, no me refería al presidente de España, me refería al presidente de turno de la Comisión Europea. Esto significa que esto se aprueba siendo el máximo responsable de la UE el señor Sánchez”, decía Valido, confundiendo o mintiendo sobre las instituciones, los cargos y las fechas. Para empezar, la Comisión Europea está presidida por la alemana Ursula von der Leyen desde 2019. La Diputada confunde esta institución europea con la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, que España presidió de julio a diciembre de 2023. Pero no fue hasta el 2024, cuando el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea aprobaron definitivamente el Pacto Europeo de Migración y Asilo. Y de ningún modo eso convierte a Sánchez en el “máximo responsable de la UE”. 

Las intervenciones sobre el fenómeno migratorio de los partidos al frente del Gobierno en Canarias se han convertido en una constante crítica al Gobierno Estatal, pero rara vez buscan soluciones ni propuestas al fenómeno migratorio. Quizá haya que esperar al mismísimo día 12 de junio cuando entre en vigor el Pacto Europeo de Migración, y el Papa esté de visita en Canarias para que ocurra el milagro, y hagan algo por los migrantes. 

A Marjan Salehi, su marido Ali Faqiri y su hijo Adrian, de 11 meses, les quedan apenas unos días con un techo bajo el que refugiarse. Esta familia afgana, a la que el Gobierno concedió asilo político en febrero de 2025 por huir del régimen talibán, deberá abandonar el próximo miércoles la vivienda en la que reside después de que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones les comunicara el fin de su programa de acogida.

“No sabemos dónde iremos”, resume Marjan, de 28 años. “Nuestro hijo todavía es un bebé y depende completamente de nosotros”.

La pareja huyó de Afganistán tras el regreso de los talibanes al poder porque tanto el padre como el hermano de Marjan habían colaborado con el Ejército español, un vínculo que acabó siendo determinante para la concesión del asilo.

La Oficina de Asilo y Refugio (OAR), dependiente de la Dirección General de Protección Internacional del Ministerio del Interior, resolvió en 2025 un total de 160.951 expedientes de protección internacional. La cifra supone un incremento del 67,2% respecto al año anterior y es la más elevada desde la creación de la oficina, en 1992.

Desde su llegada a España, la familia pasó primero por un centro de acogida gestionado por una ONG y después fue trasladada a Barcelona. Allí viven desde hace meses en un piso compartido del barrio de Sant Andreu, gestionado por la entidad Moviment per la Pau (MPDL), junto a otras ocho personas.

Hace unas semanas, sin embargo, recibieron la notificación definitiva: habían agotado el periodo máximo de estancia previsto en el sistema estatal de acogida y no se contemplaba una prórroga, pese a su situación de vulnerabilidad. 

Ali sufre artrosis y una hernia discal; Marjan apenas ha podido aprender español mientras cuidaba de su hijo. “No tenemos dinero, ni familia, ni ningún sitio al que ir”, lamenta ella.

Desde la entidad que les ha proporcionado alojamiento en virtud de un convenio con el Ministerio, les han comunicado que no pueden prorrogar su estancia y que deben atenderse a lo que les diga la Administración. 

Este periódico contactó el viernes tanto con el Ministerio, que respondió que el proceso que se ha seguido con esta familia es el habitual. “Cuando se les concede el estatus de refugiados y obtienen el permiso de residencia y trabajo, se les informa de que tienen un plazo de seis meses para dejar el centro”, señala una fuente oficial.

“Atendiendo siempre el interés superior del menor, se tendrá en cuenta su situación para pedir la suspensión de su salida del centro hasta que el recurso se resuelva”, prosiguen desde el Ministerio, que también recuerdan que la organización que gestiona su vivienda coordinará los trámites para que la familia sea atendida por los Servicios Sociales de la capital catalana. Este periódico se puso en contacto con la entidad MPDL el viernes pero no obtuvo respuesta.

Un periplo a través de Irán

La vida de Marjan cambió en agosto de 2021, cuando los talibanes recuperaron el control de Afganistán tras la retirada internacional. “El país se convirtió en un lugar inseguro y hostil”, recuerda. “La situación se volvió extremadamente dura”.

Su familia había trabajado estrechamente con las tropas españolas en Herat, ciudad situada en el oeste afgano. Su padre había sido empleado de la armada y su hermano trabajó como traductor. Con el regreso de los talibanes, esos vínculos equivalían a una condena.

“Empezamos a recibir amenazas. Nuestras vidas corrían peligro”, relata.

Parte de su familia logró escapar desde el aeropuerto de Kabul durante los días caóticos de la evacuación internacional. Ellos, sin embargo, no consiguieron salir y terminaron huyendo por tierra hacia Irán.

“Huir no fue una elección; fue la única forma de sobrevivir”, dice Marjan. “Desde entonces solo hemos intentado reconstruir nuestra vida lejos del peligro”.

Fue en Irán donde recibió finalmente la autorización del Ministerio de Asuntos Exteriores para viajar a España y acceder al sistema de protección internacional. Desde entonces, el Ministerio de Inclusión les ha proporcionado alojamiento temporal hasta que han agotado todos los plazos.

Todos los intentos para ampliar su estancia han fracasado hasta ahora. El abogado que les asiste ha presentado un recurso contra la resolución administrativa que ordena su salida de la vivienda y ha solicitado medidas cautelares para evitar que la familia quede en la calle mientras se resuelve el procedimiento. Por el momento, no ha obtenido respuesta.

El secretario general de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), Luis Campos, ha exigido este lunes “medidas de solidaridad obligatorias” ante la entrada en vigor del Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea (UE), que ha calificado de “injusto” y que ha afirmado que perjudica a las islas.

Campos reprocha “falta de liderazgo” al presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo (CC), ante un marco normativo “que perjudica claramente a Canarias”, subraya en un comunicado.

En este sentido, el secretario general de NC-BC avisó que “no basta con compartir la preocupación mientras Canarias sigue soportando en solitario la presión migratoria”.

El presidente del Gobierno de las dos derechas canarias (CC y el PP), en opinión de Campos, está instalado en la “queja permanente, pero no está siendo capaz” de lograr resultados concretos ni en avances reales.

Para el dirigente nacionalista progresista, el gabinete de Clavijo “no ha ejercido la presión necesaria” ni ante el Estado ni ante las instituciones europeas para modificar un modelo “claramente perjudicial”.

Campos añadió que la “falta de una estrategia clara y eficaz” deja al Archipiélago en una posición de “debilidad”. Se mostró muy crítico al señalar que, más allá de las declaraciones, el jefe del Ejecutivo “no ha logrado compromisos” vinculantes para la redistribución ni una financiación suficiente.

El secretario general de Nueva Canarias mantuvo que Canarias “no puede permitirse” un Gobierno que se limite a denunciar los problemas “sin conseguir soluciones”. Luis Campos cree que “hace falta un liderazgo político real, capacidad de negociación y resultados”.

Insistió en la necesidad de un cambio profundo en la política migratoria europea. La Unión Europea, para NC-BC, debe situar los derechos humanos en el centro, habilitar vías legales y seguras y garantizar una verdadera solidaridad entre territorios. “Lo contrario supondrá perpetuar un modelo que condena a Canarias a una presión injusta e insostenible”, denunció el líder de Nueva Canarias-BC.

El dirigente nacionalista recordó que su formación política ya calificó el acuerdo como “absolutamente decepcionante” y denunció que trataba a las personas migrantes como “mercancía”. Una valoración que, a juicio del también portavoz en el Parlamento canario, “no solo se mantiene, sino que se ve reforzada ante la falta de cambios de relevancia” en el contenido final aprobado.

Para el responsable de NC-BC, uno de los aspectos más preocupantes sigue siendo la ausencia de una respuesta adecuada para los menores no acompañado, una cuestión esencial para el archipiélago.

Campos ha reiterado el rechazo de su partido a la externalización de las fronteras hacia terceros países que vulneran los derechos humanos y ha reclamado medidas urgentes para evitar que Canarias soporte en solitario el impacto del nuevo marco europeo.

Entre ellas, ha solicitado un sistema obligatorio de reparto de menores y solicitantes de asilo, financiación suficiente y finalista para las comunidades frontera y garantías claras de respeto a los derechos humanos en los procesos de acogida.

El presidente canario, Fernando Clavijo, ha manifestado este lunes su “preocupación” por la situación de Canarias como frontera atlántica ante la inminente aplicación el próximo 12 de junio del nuevo Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea. “No esperamos una visión más humana y de respeto a los derechos humanos con la aplicación de este nuevo pacto migratorio de la Unión Europea” ha dicho Fernando Clavijo, presidente de Canarias, en la inauguración de la jornada que Casa África ha organizado titulada: Canarias ante el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo: impacto, desafíos y oportunidades. 

“Corremos el riesgo de involucionar y dar un paso atrás en Derechos Humanos, y eso en Canarias lo queremos evitar”, ha asegurado el presidente canario en esta jornada que se celebra en Casa África, el mismo día que comienza la presentación se solicitudes presenciales para la regularización extraordinaria de migrantes. 

Este encuentro ha reunido a representantes institucionales, juristas y organizaciones especializadas para abordar, desde distintas perspectivas, cómo el nuevo Pacto Europeo afectará a la gestión migratoria, los derechos humanos y las dinámicas en las fronteras del archipiélago. 

El presidente canario ha criticado la “ausencia total de debate y coordinación previa a la aplicación de este pacto migratorio y de su reglamento”. También ha señalado que en los primeros días de la regularización “tampoco ha habido coordinación con las Comunidades Autónomas ni con los propios ayuntamientos” 

Al acto no ha asistido ningún representante del Gobierno de España ni de la Comisión Europea, aunque habían sido invitados expresamente para que en la mesa de debate “fuera plural, pero no ha sido posible”, aseguraba José María Rodríguez, moderador de la jornada y delegado de la Agencia EFE.   

La administración canaria, las fuerzas y cuerpos de seguridad y las organizaciones no gubernamentales han tratado de prever en este foro cómo tendrán que coordinarse cuando entre en vigor la nueva normativa para ofrecer “una respuesta mucho más garantista en el respeto a los derechos humanos y la seguridad jurídica” con la que tiene que atenderse a las personas migrantes y demandantes de asilo. 

Clavijo ha expresado las dudas que el Gobierno canario tiene sobre el nuevo Pacto Europeo de Migraciones y Asilo, y asegura que trasladará al Gobierno de España y a la Comisión Europea en un próximo viaje que realizará a Bruselas, según ha anunciado. 

La primera de ellas es si Canarias, como territorio fronterizo que es de la UE y destino al que llegan en pateras y cayucos que se lanzan a la ruta marítima más mortífera del mundo va a albergar “esos agujeros negros de los derechos humanos” que prevé este pacto, es decir, los centros de retención donde los migrantes pueden permanecer hasta seis meses, ya que ese es el plazo máximo de los triajes a los que deberán ser sometidos a su llegada.

“¿Vamos a hablar de la Europa rica que paga para no tener a los migrantes en sus calles, y de la Europa pobre que los tenemos que sostener?”, se preguntaba Clavijo en alusión a la posibilidad de que esta nueva normativa aumente la presión migratoria que seguirá soportando Canarias, dada la conflictividad política, la crisis climática y la hambruna que persiste en el Sahel y “la posibilidad de que la UE reduzca en su nuevo presupuesto, como ha hecho EEUU”, con los fondos que destina a la cooperación internacional.

Son incógnitas que “nos hubiera encantado debatir en la conferencia sectorial que lleva un año sin celebrarse”, aseguraba el presidente canario que cree oportuno debatir entre todas las comunidades autónomas, “independientemente de lo que sobrevuela desde el punto de vista de políticas xenófobas y fascistas de algunos grupos políticos”, ha manifestado Clavijo. 

“Europa se encuentra en un proceso de endurecimiento sin precedentes de su política migratoria y el nuevo reglamento de retorno es una norma que supone, sin duda alguna, un giro restrictivo en la aplicación del pacto migratorio europeo”, ha subrayado el director general de Casa África, José Segura.

“Agujero negro de derechos humanos”

Lo más “alarmante” de esta medida es, a su juicio, “la creación de los llamados 'hubs' de retorno o centros de deportación en terceros países”, lo que va a permitir “que personas que no tienen permiso para permanecer en suelo europeo, incluidas familias con menores, van a poder ser trasladadas a infraestructuras ubicadas en países con los que la UE ni siquiera tiene por qué tener vínculos de ninguna índole”, ha asegurado José Segura. 

Numerosas organizaciones del tercer sector definen a estos centros de deportaciones fuera de las fronteras europeas como “agujeros negros de derechos humanos”, donde es imposible supervisar y asegurar que se respetan las mínimas garantías para las personas retenidas, como ha explicado Segura.  

En la misma línea de Clavijo, el director general de Casa África, José Segura, ha coincidido en que el nuevo escenario determinado por las decisiones que se han tomado los últimos días en Bruselas y en Madrid “va a marcar el futuro de esta frontera atlántica y el de la gestión migratoria en toda la Unión Europea”.

Un modelo de externalización de fronteras que busca acelerar las expulsiones de migrantes, ante una tasa de retorno actual que apenas alcanza un 20% y que “plantea serias dudas sobre el respeto a los derechos humanos y el acceso a la tutela judicial efectiva”, ha criticado Segura. 

El pacto y la visita del Papa 

Tras agradecer a los asistentes a las jornadas y a todos los agentes públicos y ONG que intervienen en Canarias en la gestión del fenómeno migratorio y que “atienden de la manera más digna a los niños que llegan sólos”, Clavijo ha confirmado que la próxima visita a canarias del papa León XIV, sirva para “lanzar un mensaje de civismos, moralidad y respeto a los derechos humanos, como el pueblo canario ha sabido hacer durante todos estos años en los que ha sido consciente de que son personas como los canarios que tuvimos que emigrar y que están buscando un futuro mejor”. 

Precisamente, la entrada en vigor del nuevo Pacto de Migraciones y Asilo de la Unión Europea coincide con la visita del Papa prevista para los días 11 y 12 de junio en Gran Canaria y Tenerife respectivamente. León XIV visitará el muelle de Arguineguín, en Mogán, para homenajear a los migrantes y a los equipos de rescate en este lugar, que es puerto de referencia para los rescates de migrantes en Gran Canaria. 

La primera de las mesas de debate ha tratado sobre el marco normativo del Pacto en la frontera atlántica, moderado por José María Rodríguez, Delegado de la Agencia EFE en Canarias, con la participación de José A. Ayuso Delgado, Comisario jefe de la Brigada Provincial de Extranjería y Frontera de Las Palmas; Sonia Cristina Díaz Zapata, Coordinadora de Protección de Derechos de la Población Migrante de OXFAM; Mª Elena Muñoz Martínez, Coordinadora estatal del servicio jurídico, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). 

Y la segunda mesa ha tratado sobre retos de derechos humanos en Canarias con la participación de Marta García Cienfuegos, de ACNUR España; Patricia Fernández Vincens, abogada especializada en infancia, situaciones de exclusión social y migraciones, y Marie Trapet Llamas, Jurista del Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados (ECRE).

Un sobre. De esos que durante años han significado esperas y renovaciones, pero que ahora puede significar estabilidad. Un sobre que Sandy lleva guardando en la maleta cada vez que debía mudarse de una vivienda a otra donde trabajar como interna en el cuidado de ancianos. Un sobre donde, dice, guardaba todo lo que llevaba su nombre “por lo que pudiese pasar”. Tras recibir la llamada de su abogado, el mismo día de la publicación del real decreto en el BOE, metió la carpeta bajo el brazo y entregó más pruebas de las que se le exigía como solicitante de asilo. El jueves, horas después de la entrada en vigor de la norma, Sandy se convirtió en una de las primeras personas en registrar la petición de la regularización extraordinaria que tanto esperaba.

La carpeta que la acompaña no es nueva. Lleva tiempo creciendo a base de documentos que han ido marcando etapas: empadronamientos, citas, partes médicos, justificantes de trabajo. “Tenía todo muy preparadico. Al final guardé más cosas de las que necesitaba”, dice entre risas la mujer, con la tranquilidad de haberse quitado de la cabeza el trámite que la tenía pendiente desde que empezó a escuchar de la posibilidad de la medida en las noticias.

La regularización extraordinaria ha empezado a desplegarse sin mucho ruido en la calle, pero a buen ritmo. Durante las primeras 24 horas, el Ministerio de Inclusión recibió 13.500 solicitudes telemáticas por el sistema Mercurio, la plataforma de gestión de expedientes de extranjería, según el primer balance oficial. Por ahora, solo está habilitada la presentación de peticiones online, pero a partir de el lunes 20 de abril el proceso se abrirá a las oficinas presenciales habilitadas. Entre ellas, hay personas con nombres propios, que acumulan meses o años en la irregularidad o a la espera de una solicitud de asilo que no llega, con la constante incertidumbre de recibir la negativa y perderlo construido en años de vida en España.

Entre ellas, está Sandy, una trabajadora del hogar, atrapada en el bucle de los abusos y la precariadad durante años. También otros casos, descritos a elDiario.es a través de su abogado, Felipe Garroña, que ejemplifica la diversidad de los perfiles que esconden los expedientes que ya ha podido registrar de forma telemática. Habla de una temporera marroquí que, tras varias campañas viniendo a Huelva para recoger la fresa a través de los programas circulares, acabó quedándose en el país de forma irregular. O un vendedor ambulante que, tras meses vendiendo productos en las playas de Andalucía, ha solicitado la regularización con su compromiso de hacerse autónomo para oficilizar su actividad económica y empezar a cotizar.

Sandy no está en situación irregular, pero lleva casi cinco años viviendo como solicitante de asilo, a la espera de la respuesta de su solicitud. Llegó a España en 2021 y su itinerario administrativo ha sido el de tantas personas atrapadas en el limbo de la protección internacional: noches haciendo cola en comisaría, meses de espera entre entrevistas, y la llamada “tarjeta roja” como única vía de supervivencia mientras su expediente avanzaba lentamente. “Seguíamos con las ayudas de Cáritas, sobrevivimos con eso”, resume. “Nos tocó pasar muchas necesidades, penurias”.

Años de precariedad

Su trayectoria laboral en España ha estado marcada por esa misma precariedad. Durante estos años ha trabajado como interna en domicilios particulares, en ocasiones con contrato y en otras en la economía sumergida, encadenando cuidados de personas mayores en condiciones muy distintas. “Me pagaban una miseria”, recuerda sobre su primer empleo, en el que trabajaba de forma interna de domingo a domingo. En ese primer hogar, cuenta, llegó a sufrir situaciones de violencia verbal y física por parte de uno de los miembros de la familia.

La salida de aquel trabajo no supuso el final de la precariedad, sino el inicio de una cadena de empleos domésticos en los que se repetían patrones de sobrecarga, falta de descanso y dependencia total del hogar en el que trabajaba. En algunos casos, con contrato; en otros, sin él. “Me cansé de tanta cosa”, resume. “No hay más que hacer”.

La historia de Sandy es también la de una vulnerabilidad estructural en el trabajo doméstico, donde la frontera entre empleo y disponibilidad permanente se difumina con frecuencia. A lo largo de su relato aparecen jornadas extendidas, tareas acumuladas y dificultades para reclamar derechos básicos. “No podía salir”, explica sobre uno de sus empleos más recientes, en el que incluso la movilidad estaba condicionada por sistemas de alarma en la vivienda.

El desgaste acumulado terminó derivando en una baja médica y en un despido que ella considera injustificado. A partir de ahí, comenzó un proceso de reclamación laboral con apoyo de asesoría y denuncia ante la Inspección de Trabajo. “Me han querido tumbar mi dinero que he trabajado”, dice. “He trabajado con creces”.

La regularización llega ahora en ese punto de inflexión. Sandy ha presentado su solicitud con la documentación que ha ido acumulando durante años: empadronamientos, informes médicos, pruebas de residencia y trabajo. Lo describe como un proceso casi de archivo personal de su vida en España. “Tengo guardado desde que llegué todo lo que va a mi nombre”, explica.

Para ella, la medida supone algo más que un trámite administrativo. Es, sobre todo, la posibilidad de salir de un circuito de dependencia laboral en el que cree que ha podido influir el hecho de solo contar con un documento temporal, la tarjeta roja de los solicitantes de asilo, que cree que puede estar restándole oportunidadades en el mercado laboral. “Con la regularización uno puede exigir más sus derechos como ser humano”, resume, aunque cree que el racismo también forma parte de su experiencia en España. La mujer añade una idea que atraviesa todo su relato: la sensación de haber vivido durante años en una especie de suspensión vital: “Es como estar en una cárcel”.

Según explica el Minsterio en un comunicado, todas estas solicitudes se han presentado mediante certificado digital, y la mayoría se han registrado por parte profesionales habilitados, como en el caso de Sandy, y por parte de los propios beneficiarios con una solicitud individual. También se han recibido “por parte de las entidades y sindicatos inscritos en el Registro de Colaboradores (RECEX) y de otros representantes”, según los primeros datos.

Felipe Garoña es uno de los letrados que no ha parado de atender a clientes con la intención de presentar su regularización. Desde Huelva, el abogado y presidente de la Asociáción Extranjeristas en Red, explica que registró 20 expedientes el primer día: “Todos de solicitantes de asilo o personas que podían justificar una relación laboral, aquí en Huelva, sobre todo temporeras marroquíes que habían quedado en situación irregular”, explica. “Hemos priorizado los casos que ya teníamos preparados y para los que no ha habido ningún requisito sorpresa, como el informe de vulnerabilidad”, añade.

Se trata del documento exigido para acceder a la regularización a los migrantes sin papeles que no tengan menores a cargo o que no puedan presentar una oferta de contrato de trabajo o no puedan acreditar haber tenido una relación laboral anteriormente. El llamado “informe de vulnerabilidad”, un formulario de apariencia sencilla que sirve para justificar que cualquier situación de irregularidad conlleva unas condiciones de vida precarias, se ha convertido en el obstáculo de los migrantes sin papeles que no pueden presentar su expediente de otro modo. Por eso, explican varios letrados contactados, están empezando a presentar los casos que no requieren de dicho papel: como los solicitantes de asilo o aquellos que pueden probar una vinculación laboral previa o futura; o aquellos que vivien con sus hijos menores o personas dependientes.

Ahora, con la solicitud ya presentada, Sandy piensa por primera vez en la posibilidad de algo que hasta hace poco quedaba fuera de cualquier plan: poder viajar. Volver a ver a su familia en Colombia sin el miedo a no poder regresar, sin la incertidumbre administrativa que durante años ha condicionado cada decisión. “Tengo cuatro años y medio que no puedo ir”, decía. “Ni cuando murió mi hermana. Sufrí todo ese dolor en la distancia. Ahora sé que, si le pasa algo a mis seres queridos, podrá ir a despedirme y eso me da mucha tranquilidad”, concluye, a la espera de la resolución de su solicitud.

Dina Najim, la joven palestina de 25 años atrapada en Gaza junto a sus dos hijos mientras el resto de su familia espera en Murcia, tiene por fin una fecha en el horizonte. La Dirección General de Protección Internacional del Ministerio del Interior ha aprobado el expediente de extensión familiar de protección internacional presentado por su padre, Walid Mahmoud Nijim, que ampara también a los menores Omar y Abdelrahman. El expediente será ratificado por la Comisión correspondiente el próximo 7 de mayo, tras lo cual Dina y sus hijos podrán abandonar la Franja de Gaza e ingresar en España.

La historia de Dina es la de una familia disgregada por la guerra. Tal y como publicó elDiario.es el pasado mes de agosto, los Najim fueron saliendo de Gaza de forma paulatina durante años hasta que todos lograron instalarse en la Región de Murcia, a excepción de Dina, que se había quedado allí al casarse. Su marido, Belal, fue asesinado en un bombardeo israelí antes de que la familia pudiera completar los trámites para salir. Desde entonces, Dina ha seguido esperando en Nuseirat, cocinando al fuego ante la falta de gas, mientras sus hijos crecían entre escombros.

La resolución llega después de un proceso descrito por fuentes de la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia como “muy complejo”. El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, se habría implicado personalmente en el caso desde el principio, actuando como interlocutor entre la familia y el Ministerio de Interior para desbloquear un expediente que acumulaba meses de espera.

Con la aprobación del asilo, Dina y sus hijos cuentan ya con la cobertura legal necesaria para abandonar Gaza y entrar en territorio español. La Comisión del 7 de mayo dará carácter definitivo a esa autorización.

Era miércoles por la mañana y, como todos los días, Modou (nombre ficticio) se preparaba para ir al instituto. Llegó a El Hierro hace más de dos años y desde hace un tiempo cursa en Gran Canaria una FP básica de Jardinería, que espera que le pueda abrir puertas a un trabajo cuando cumpla los 18. Sin embargo, ese 19 de noviembre sus planes estuvieron a punto de torcerse. “Me llamaron para decirme que tenía que ir al Canarias 50 para después irme a la Península. Me puse a llorar como loco”, recuerda. Por miedo a salir de las islas en el marco de las reubicaciones ordenadas por el Supremo, optó por renunciar al asilo.

Como él, otros 120 jóvenes han abandonado los trámites para obtener la protección internacional, y así evitar el traslado a otra comunidad autónoma, según las cifras que maneja el Ejecutivo canario. “Tenemos que pensar que para un niño o una niña que ha sufrido persecución en su país de origen, renunciar al asilo significa renunciar a la protección global que brinda este reconocimiento”, explica la especialista en Infancia en Movimiento de Save the Children Jennifer Zuppiroli. 

Ibrahim*, un joven mauritano de 16 años, tampoco quiere irse de Canarias. “Llevo aquí dos años y quiero vivir aquí. No tengo ningún problema. Estudiamos bien, jugamos al fútbol, pero quieren separarnos, es un poco triste”, dice. Aunque hace un par de meses expresó que no quería marcharse y consiguió permanecer en su centro sin renunciar al asilo, hace dos semanas fue derivado al Canarias 50, el recurso donde son alojados de forma temporal los menores que entran en el sistema nacional de protección hasta ser reubicados en una plaza del Estado.

Un día antes del traslado, Ibrahim habló con esta redacción. “Mañana tendré que faltar a clase y hoy tampoco fui, porque tengo que recoger todas mis cosas y despedirme de mis amigos. Estoy triste. Conozco mucha gente aquí que es como mi familia”, dijo entonces. También Modou ha conseguido tejer en Gran Canaria en estos años una red de apoyo. “He recibido mucho cariño aquí, en el instituto, en los entrenamientos de fútbol, en todos lados. Hemos formado una familia y para mí ir a la península sería lo peor”, confiesa.

El Tribunal Supremo, a instancia del Gobierno canario, ordenó al Estado en marzo de 2025 hacerse cargo de cerca de un millar de menores refugiados que hasta ahora estaban siendo acogidos por la comunidad autónoma. El auto concluyó que el sistema estatal de acogida de menores que solicitan asilo no había sido puesto a disposición de los jóvenes de Canarias, a pesar de que tienen “pleno derecho a él”. El alto tribunal apuntaba además que esta medida permitiría corregir el hacinamiento de los recursos del Archipiélago.

El peligro de ser devuelto

Más allá del impacto emocional, renunciar al asilo tiene consecuencias en la seguridad de los niños y adolescentes. “Significa correr el riesgo de ser en algún momento devuelto a su país de origen por haber caído en una situación de irregularidad cuando alcance la mayoría de edad”, añade. Este es uno de los miedos de Modou, que aunque entró en 2023 al sistema de acogida de las islas como menor no acompañado, aún no cuenta ni con pasaporte ni con permiso de residencia, un trámite que debe asumir la comunidad autónoma. “Necesito una solución porque en ocho meses seré mayor de edad”, insiste. 

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) coincide en que el futuro de quienes han renunciado al asilo se vuelve “más incierto” al cumplir los 18 años, salvo que “se disponga de una política pública para el acompañamiento en la transición a la vida adulta”, un servicio que, apuntan, tiene “carácter residual” en la actualidad. “En la red estatal de asilo la transición de la minoría de edad a la edad adulta podría mantener la acogida en el mismo sistema, aunque en recursos de acogida distintos”, explica la ONG. 

“La cuestión positiva del asilo es que asegura a una persona extranjera el derecho de estar de manera indefinida en España para no tener que correr el riesgo de ser devuelto al país, donde puede sufrir vulneraciones de derechos muy graves”, recalca Zuppiroli. 

Las más afectadas por este estado de vulnerabilidad son las niñas, que pueden haber solicitado asilo por sufrir persecución por motivos de género en su país o por haber sido víctimas de trata de seres humanos. “Renunciar a su protección internacional las dejaría desamparadas. Esa niña, ya como adulta, puede verse otra vez en el lugar de origen donde se originó la explotación”, resalta la experta de Save the Children. 

Plazas en Canarias

La Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias reclama al Estado la apertura de más centros en las islas donde se pueda acoger a los menores refugiados porque las plazas creadas hasta ahora no son suficientes. Por su parte, fuentes del Ministerio de Migraciones insisten en que ya se han creado recursos en Canarias para que los menores solicitantes de asilo que tienen arraigo puedan quedarse y no tengan que interrumpir sus estudios ni su trabajo. 

Estas plazas, explican, también pueden ocuparse por jóvenes refugiados que estén a punto de cumplir la mayoría de edad y que pueden pasar después al sistema de asilo de adultos. 

Save the Children valora que es “insuficiente”. “Los niños lo que no quieren es dejar los centros en los que han estado viviendo, no tanto la isla. Si un niño ha estado en una comunidad específica, el hecho de que se le mantenga en la misma isla pero se le traslade a otro pueblo o a otra ciudad ya es, de por sí, un desarraigo”, explica Zuppiroli. 

Para evitar el desarraigo, la entidad especializada en la infancia migrante propone el despliegue de equipos multidisciplinares en los centros de acogida con los que prestar apoyo especializado en asilo, sin que eso implique abandonar el recurso. 

Desde CEAR piden que cualquier derivación al sistema estatal de asilo sea “extremadamente rigurosa”, desde una evaluación individualizada de cada caso concreto, escuchando la opinión del menor y valorando las alternativas que eviten rupturas traumáticas, para que el acceso al asilo no se viva como una amenaza de desarraigo.

El farmacéutico gazatí Mohammed Imad, refugiado en España y afincado en Valencia, vio las imágenes en bucle. “Vi el vídeo del bombardeo del edificio donde vivía mi familia. Cayó entero. Ellos habían estado allí 10 minutos antes y pudieron evacuar. Lo vi un montón de veces y, de repente, me di cuenta de que la pareja que corría con ese monstruo desplomándose a sus espaldas eran mi cuñado y mi hermana, que llevaba en sus brazos a mi sobrina de dos meses”. “No pude dormir en tres días, desesperado. ¿Cómo podemos vivir así la vida? ¿Qué más puede pasar?”, cuenta a elDiario.es

Desde junio, Imad vive en España pendiente de la respuesta a su solicitud de asilo. La depresión por el sufrimiento de su pueblo y la impotencia de no poder sacar a su familia de la Franja lo atenazan. Imad salió de Gaza en febrero de 2024 en dirección a Egipto, donde sufrió las complicadas condiciones que impone el Gobierno a los refugiados palestinos. Un breve paso por Omán le permitió conseguir el visado con el que ha viajado a España, donde le está resultando muy difícil empezar una nueva vida.

Imad tiene una familia numerosa: sus padres, tres hermanas, un hermano adolescente, el pequeño de dos meses y un sobrino de cuatro años que perdió a su padre en uno de los ataques del Ejército israelí. Él pudo salir de Gaza en febrero de 2024, cuando tenía 26 años, ayudado por amistades que le consiguieron los 6.000 euros necesarios; cuando aún se podía.

El resto de la familia se quedó en la Franja con la esperanza de que “poco a poco” pudieran salvarse con la ayuda desde el exterior de Mohammed, que siempre había sido el sustento principal de los suyos. No ha sido posible hasta ahora. Las autoridades israelíes se hicieron con el control del paso fronterizo de Rafah con Egipto en mayo de 2024, cerrando de esa forma la única vía de escape para los gazatíes —solo aquellos que podían pagar ingentes sumas de dinero para conseguir un permiso pudieron cruzar la frontera antes de esa fecha.

¿Cómo podemos vivir así la vida? ¿Qué más puede pasar?

“Nos quedamos sin nada. Bombardearon nuestra casa al principio de este genocidio y allí quedó todo, sin posibilidad de recuperar nada. Nuestra hermosa casa se convirtió en un montón de escombros”, contaba a este periódico justo después de su salida a Egipto, donde vivió casi clandestinamente hasta que partió a Omán en marzo de 2025. En aquel país consiguió un visado de turista a España y el pasado mes de junio llegaba a Madrid, “por fin”. Explica que solicitó asilo en el aeropuerto y sus amigos en España lo estaban aguardando.

“Intento dar esperanza a mi familia”

En el año y cuatro meses que pasó en El Cairo no recibió ninguna ayuda del Gobierno de Abdelfattah Al Sisi, que desde el comienzo de la guerra en Gaza ha rechazado acoger a muchos refugiados gazatíes. Para el régimen militar egipcio es una cuestión de seguridad, pero también una postura política frente al traslado forzoso de la población de la Franja a los países vecinos —tal y como han sugerido más de una vez Israel y EEUU—. “Nosotros en Egipto somos perseguidos como migrantes ilegales, tenemos que permanecer medio escondidos y no tenemos la posibilidad de trabajar”, dice Mohamed.

Solo grupos muy reducidos de palestinos enfermos o heridos han podido cruzar Rafah rumbo a Egipto desde mayo de 2024, con el permiso de Israel para ser evacuados a otros países, como España.

“En Egipto hablaba a todas horas con mi familia, (que se encontraba a unos kilómetros, al otro lado de Rafah), como lo sigo haciendo ahora cuando hay comunicación, intentando darles esperanzas. Buscaba dinero para los gastos corrientes porque cada vez los precios son más altos”, relata. También intentó sacar a sus familiares de la Franja, sin conseguirlo.

Durante su estancia en Egipto, la depresión le quitó el apetito y el sueño. Comenzó a dar clases de árabe online, pero lo tuvo que dejar. “Mi situación psicológica no me dejaba hacer bien el trabajo”, explica. Además, está editando un libro sobre Palestina, con una primera edición en ciernes que en estos momentos está ampliando. De esta manera, y con la ayuda de las recaudaciones de fondos de sus amigos en el exterior, pudo pagar sus gastos corrientes.

Tras pasar por Madrid, Sevilla y Valencia, Imad espera ahora el momento de obtener el permiso de trabajo (los solicitantes de asilo no obtienen autorización para trabajar hasta transcurrir seis meses desde el registro de su solicitud), convalidar sus títulos académicos y encontrar un empleo en España. Pero siempre con la preocupación de ayudar a su familia, que apenas logra sobrevivir gracias a las donaciones que llegan desde distintas partes del mundo, mermadas por las comisiones que les imponen. “Prometí a mi padre que los sacaría de allí, [pero] casi dos años después no puedo hacer nada por ellos; aunque tuviera el dinero para todos no los dejan salir”, lamenta.

La esperanza de la Flotilla

Cuando se enteró de que la Global Sumud Flotilla partiría de Barcelona rumbo a Gaza, Mohammed se acercó a despedirla. Ver el apoyo de la gente y la valentía de las personas que se iban a embarcar era emocionante. Saludó y conversó con Ada Colau, con Greta Thunberg, con el organizador de La Flotilla Saif Abukeshek. Fueron dos días muy especiales para él y pudo dar un discurso desde el escenario en nombre de sus compatriotas.

“Estoy muy cansado, pero muy contento, muy satisfecho por comprobar que la población mundial no abandona a Palestina, no abandona a Gaza”, relató entonces. Por un día, durmió tranquilo.

La alegría duró poco. La semana pasada, la familia de Mohammed tuvo que volver a desplazarse. Su padre publicó un mensaje en redes sociales en el que aseguraba que la situación era crítica, que no tenían ningún sitio al que ir, tras tres días durmiendo al raso, sin techo que los resguardase de los bombardeos, los drones o los cuadricópteros.

“Ahora ya están en Nuseirat y han conseguido una tienda de campaña y un sitio donde instalarla”, cuenta. Para llegar allí tuvieron que encontrar un transporte en el que trasladar a la familia. Ya son 26 veces las que han tenido que huir de uno u otro emplazamiento, desde que tuvieron que salir literalmente corriendo de casa bajo las bombas en 2023. Trasladarse resulta prohibitivo, además. Cuesta alrededor de 500 euros solo por moverse unos kilómetros, debido a la falta de combustible. Las tiendas de campaña cuestan entre 800 y 1.000 euros.

“Han conseguido llegar a salvo”, celebra Mohammed, que insiste en que no respirará tranquilo hasta que logre reunirse con su familia. Con quien no se podrá volver a encontrar es con su novia, asesinada al inicio del genocidio junto a toda su familia, a la que ni siquiera se pudo enterrar. Sus cuerpos “se descompusieron en mitad de la calle, sin que nadie pudiera acceder a ellos”, censura. Tampoco podrá volver a abrazar a muchos de sus amigos. Sin embargo, el farmacéutico sigue mandándoles mensajes todas las noches. “Me consuela, aunque sé perfectamente que ya no están”.

Grecia ha aprobado una legislación draconiana que podría suponer penas de prisión, multas y la obligación de llevar tobilleras electrónicas para los solicitantes de asilo cuya petición haya sido denegada y no hayan abandonado el país en el plazo de 14 días. La medida refleja los continuos intentos del Gobierno de centroderecha de disuadir a los migrantes de entrar irregularmente en el país.

Las duras sanciones marcan el comienzo de una era sin precedentes de tolerancia cero para las personas que permanecen en el país si se les deniega la solicitud de asilo. Como país fronterizo, que durante mucho tiempo ha sido considerado la puerta de entrada a Europa, Grecia ha experimentado este año un aumento en la llegada de migrantes.

“Rendimos cuentas a los ciudadanos griegos, y los ciudadanos griegos quieren estar protegidos”, declaró ante el Parlamento el ministro de Migración, Thanos Plevris, antes de la votación. “El mensaje es claro [para los migrantes]: si su solicitud de asilo es rechazada, tienen dos opciones. O van a la cárcel o regresan a su país de origen. El Estado griego no les acepta… No son bienvenidos”.

Plevris, un derechista sin complejos cuyos posicionamientos han causado revuelo entre los miembros más moderados del Gobierno de centroderecha de Grecia, quiso remarcar que el país seguirá concediendo asilo a los solicitantes que cumplan los requisitos para recibir protección internacional.

Pero con la nueva ley, los solicitantes de asilo cuyas peticiones sean rechazadas y no abandonen el país en un plazo de 14 días se enfrentan a penas de prisión de entre dos y cinco años. También se endurecen las medidas disuasorias: las personas que lleguen sin la documentación adecuada serán recluidas durante 24 meses, frente a los 18 actuales, mientras que los migrantes en situación irregular que lleven siete años en Grecia perderán el derecho a regularizar su situación. Quienes sean declarados culpables de entrada ilegal serán multados con 10.000 euros.

Aumento de llegadas

Las medidas se conocen apenas dos meses después de que el primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, anunciara una controvertida pausa de 90 días en las solicitudes de asilo, en medio de un aumento de las llegadas a las islas de Creta y Gavdos desde Libia. En la primera semana de julio, más de 2.000 personas lograron cruzar, lo que supone un aumento significativo en un país donde el número de migrantes ha disminuido drásticamente desde 2015, cuando más de 850.000 personas llegaron en el momento álgido de la crisis de los refugiados.

Mitsotakis ha insistido en que la suspensión tiene por objetivo enviar a las redes de tráfico ilegal un mensaje contundente de que “el paso a Grecia está cerrado”. Los grupos de derechos humanos han condenado la suspensión por considerar que es una grave violación del derecho internacional.

En el poder desde 2019, el Gobierno describe sus políticas migratorias como “duras pero justas” y niega las denuncias de devoluciones en caliente ilegales para frenar la llegada de solicitantes de asilo.

En su intervención ante el Parlamento, Plevris afirmó estar orgulloso de haber impulsado la ley, que situará a Grecia a la vanguardia de unas políticas que pocos Estados miembros de la UE han querido aplicar.

Pero este miércoles la reacción fue rotunda e inmediata, dado que los jueces intervinieron de forma inédita para criticar el carácter represivo de la legislación.

Críticas a la ley

Destacando la falta de consenso en torno a las medidas, Dimitris Kairidis, que dimitió como ministro de Migración y Asilo en 2024, declaró a The Guardian que, si bien la disuasión sigue siendo primordial, también es vital que Atenas facilite las vías legales de migración en un momento de grave escasez de mano de obra. “Grecia necesita contrarrestar la migración ilegal pero también fomentar la migración legal, para atender a las necesidades de su economía en crecimiento”, ha afirmado.

Durante su mandato, Kairidis legalizó la situación de 30.000 trabajadores migrantes no registrados que eran necesarios en los sectores de la agricultura, la construcción y el turismo.

Grecia está sumida en una crisis demográfica y la semana pasada el Ministerio de Educación se vio obligado a cerrar más de 750 escuelas por falta de alumnos.

Los activistas que defienden los derechos de los migrantes han calificado la nueva ley de racista y absurda. “Es muy contradictorio que se apruebe esta ley cuando la población de Grecia está cayendo en picado y los migrantes son la solución a la escasez de mano de obra”, ha afirmado el director del Consejo Griego para los Refugiados, Lefteris Papagiannakis.

“Mitsotakis había conseguido mantenerse en el centro político. Con esta ley abiertamente racista, está intentando ampliar claramente su base electoral apelando a la extrema derecha”, ha concluido.

Traducido por Emma Reverter.

Fernández Calle ha acusado al PP de “seguir la agenda del PSOE” en este asunto y ha defendido que no se deben aceptar más traslados de este tipo a la comunidad. En su opinión, el problema no es la cifra, sino que esta política “está alimentando un efecto llamada que, a la larga, multiplicará las llegadas”.

Para Vox, estas personas “deben estar con sus familias en sus países de origen, no en programas de acogida dentro de la región”. El portavoz ha reiterado la postura de la formación liderada por Santiago Abascal, que defiende una oposición frontal a la inmigración irregular y la devolución de quienes entran sin autorización, y ha cuestionado que la mayoría de los jóvenes realmente sean menores.

Fernández Calle ha reprochado al PSOE su política de “puertas abiertas”, que, a su juicio, únicamente “incrementa el efecto llamada y dispersa el problema por todo el país en lugar de resolverlo de raíz”. Asimismo, ha acusado al PP en Extremadura de “guardar silencio y permitir esta situación, destinando recursos que deberían ir prioritariamente a los extremeños en lugar de a quienes han entrado de manera irregular”.

El portavoz también ha cuestionado las palabras de la presidenta de la Junta, María Guardiola, quien pidió “equidad, corresponsabilidad y recursos suficientes para garantizar una atención digna y justa” a quienes llegan. Para Vox, esta postura es “otro error más del Gobierno de Guardiola”, ya que Extremadura “tiene carencias muy importantes como para preocuparse de la acogida de estas personas”.

“Si se siguen fomentando las políticas de puertas abiertas, cada vez serán más quienes lleguen a nuestras costas y más los problemas para quienes ya viven en nuestra tierra”, ha advertido Fernández Calle.

Por último, Vox ha pedido que se prioricen los recursos en las “necesidades reales de los extremeños” y que se adopten “políticas firmes” para frenar la inmigración irregular.

En su objetivo de reformar el sistema de acogida de protección internacional, el Gobierno planea crear en un año 9.196 plazas adicionales a las ya existentes, con el objetivo de pasar a una mayor gestión de la Administración frente al actual modelo, ejecutado principalmente por ONG, según ha anunciado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en un informe al que ha accedido elDiario.es. La nueva cifra supone más de 3.000 plazas de los números planteados inicialmente en los planes de la modificación del sistema, que acumula años de búsqueda de espacios y polémicas con determinados gobiernos autonómicos, debe estar lista en julio de 2026.

No está siendo fácil, dicen fuentes ministeriales, encontrar y habilitar los espacios necesarios para cumplir con el compromiso de la reforma del sistema, que forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) financiado con los fondos de recuperación europeos. El Gobierno se comprometió a “aumentar la capacidad de acogida del sistema de acogida de solicitantes de asilo y protección internacional en los centros del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en al menos 5.700 plazas con respecto a 2019”. A un año del cumplimiento del plazo, el Ministerio asegura estar “acometiendo una serie de actuaciones para alcanzar un total de 9.196 plazas adicionales disponibles”, una cifra superior a sus planes iniciales.

Para conseguirlo, además de buscar y crear nuevos espacios de acogida, la Secretaría de Migraciones realizará una serie de reformas en centros que actualmente forman parte del sistema de atención humanitaria -es decir los espacios que albergan temporalmente a las personas que llegan en patera a las costas españolas- para permitir que sus plazas puedan ser también utilizadas para atender a los solicitantes de asilo, que requieren una atención diferenciada y especializada.

Desde 2019, el Ministerio planea incrementar la participación del Estado en los procesos de acogida, pues en estos momentos la mayoría de los centros son gestionados por organizaciones no gubernamentales a través de convenios con el Ejecutivo: “Descansamos en exceso en las ONG y pensamos que deberíamos tener capacidades mayores”, dijo en 2020 el entonces ministro de Inclusión, José Luis Escrivá. Pero cada vez que la Secretaría de Estado de Migraciones ha echado el ojo a nuevos espacios para crear plazas propias en el marco de la reforma, el anuncio suele ir acompañado de polémica y críticas de las autoridades autonómicas correspondientes. En este sentido, el Ministerio de Inclusión no ha detallado por el momento la localización definitiva de las nuevas plazas.

Actualmente, las plazas de titularidad pública se dividen en Centros de Acogida de Protección Internacional (CAPI), dos de los cuales se sitúan en la Comunidad de Madrid (Vallecas y Alcobendas), uno en la Comunidad Valenciana (Mislata) y un centro en Andalucía (Sevilla). Por su parte, el sistema cuenta con cuatro Centros de Recepción, Acogida y Derivación situados en Pozuelo de Alarcón (Madrid), Barcelona, Alicante y Málaga. La capacidad de acogida de estos centros es de 989 plazas, según Migraciones.

En lo que va de año, el sistema de acogida de protección internacional ha atendido un total de 49.691 solicitantes de asilo hasta el 15 de junio. La mayoría de ellas han sido alojadas en Andalucía, la Comunidad de Madrid, Catalunya y la Comunidad Valenciana.

Además de los centros del sistema de protección internacional, el Gobierno cuenta con varios centros o campamentos creados para alojar temporalmente a las personas que llegan a España de manera irregular, a través del llamado programa de atención humanitaria. Estos centros acogen tanto a personas incluidas en dicho programa como solicitantes y beneficiarios de protección internacional aunque carecen de una atención especializada e individualizada para estos últimos, después de la modificación normativa aprobada por el Gobierno en 2019. Son, por ejemplo, los campamentos ubicados en Canarias.

El registro de solicitudes de asilo ha experimentado un importante aumento desde 2018, un fenómeno que el Ministerio de Inclusión pretende corregir tras la aprobación de la reforma del reglamento de la Ley de Extranjería, que penaliza en su proceso de regularización a los demandantes de protección que ven rechazada su solicitud. En 2023, España registró un máximo histórico de solicitudes de protección con un total de 163.220, un 37% más que en 2022, año en el que se registró un total de 118.842 solicitudes. En 2024 las solicitudes de asilo fueron un 2,5% superior con respecto a las registradas en 2023, con un total de 167.366, recoge el último informe de Inclusión. A fecha de este informe (junio de 2025), la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) del Ministerio del Interior ha registrado 64.638 solicitudes. Según los datos de Interior, estas solicitudes proceden en su mayoría de personas venezolanas, colombianas y peruanas. El resto de las nacionalidades mayoritarias provienen de África Subsahariana, principalmente de Mali.

*Gráficos de Victòria Oliveres.

España concede protección internacional al 18,5% de las personas que lo solicitan, una tasa que ha mejorado desde 2023, cuando esta se situó en el 12,23%, pero que sigue siendo la más baja de toda la Unión Europea, donde la media de reconocimiento es del 46,6%.

Son datos referentes a 2024 del informe anual de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), presentado este lunes en una rueda de prensa en Madrid con motivo del Día Mundial del Refugiado, que se conmemora el próximo 20 de junio.

Por primera vez, España ocupa el segundo lugar en la lista de países que más solicitudes de protección internacional han recibido (167.366), solo por detrás de Alemania, al alcanzar su máximo histórico en número de peticiones tras años de crecimiento desde 2012, cuando recibió apenas 2.588 solicitudes.

La tasa de reconocimiento ha subido seis puntos respecto a 2023 como consecuencia de un aumento de la protección subsidiaria, menos garantista, sobre todo a personas de Mali, pero ha bajado el porcentaje de personas a las que se les reconoce el estatus de refugiado, del 8,3 al 6,6%.

Durante el 2024 se han resuelto 96.281 expedientes de protección internacional, un 4% más que en 2023 y la mayor cifra en la historia de la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior, lo que, a juicio de CEAR, refleja “un esfuerzo que no llega a repercutir de manera significativa”, ya que en 2024 se acumularon 242.056 solicitudes pendientes de resolver, un 26,6% más que el año anterior.

La Policía Nacional ha sancionado con 90 días de empleo y sueldo a un agente que exigió encuentros sexuales a varios jóvenes magrebíes, uno de ellos un menor tutelado, en hoteles de Ceuta y Canarias a cambio de ayudarles con sus peticiones de asilo. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha confirmado el castigo impuesto a este policía que llegó a ser investigado por la vía penal, pero nunca fue condenado, al entender que la investigación de Asuntos Internos reveló datos suficientes para probar que citó, al menos, a cuatro jóvenes en hoteles, exigiendo en algunos casos relaciones sexuales a cambio de ayudarles y acelerar sus peticiones de asilo en España.

El agente trabajaba en la Unidad Central de Repatriaciones (UCER) de la división policial de Extranjería desde el verano de 2015 y fue destinado a Las Palmas de Gran Canaria y Ceuta en agosto de 2021. Su misión: apoyar a sus compañeros en la tramitación de peticiones de asilo, concretamente haciendo las entrevistas a los migrantes que solicitaban esta protección tras cruzar la frontera. Unos pocos meses antes, Ceuta había sido testigo de una de las mayores crisis migratorias en la frontera sur, con la entrada de más de 12.000 personas y la devolución ilegal de decenas de menores a Marruecos.

Los agentes de Asuntos Internos empezaron a seguir a su compañero después de detectar actitudes sospechosas: cuando viajaba a Canarias o a Ceuta se alojaba en hoteles distintos al resto de policías nacionales y, en uno de los casos, siempre elegía una habitación con acceso directo a la escalera de salida del edificio. Los investigadores descubrieron que los chicos entraban a su habitación, estaban allí unos tres cuartos de hora y salían de allí con cosas que no habían traído, como ropa, refrescos o incluso dinero en efectivo.

El expediente sancionador y la sentencia que lo avala reflejan su modus operandi. “Aprovechaba” sus viajes para trabajar en Ceuta y en Canarias para “entablar un contacto inicial” con los chicos en la calle. Les decía que era agente de la Policía Nacional y se ofrecía para “prestarles ayuda” en “la tramitación de las solicitudes de asilo”. Posteriormente, los “citaba” en su hotel, donde tenían lugar los encuentros. Uno de estos chicos era menor de edad en el momento de los hechos.

“Ha quedado plenamente demostrado que el inculpado mantuvo citas en su habitación de hotel con cuatro jóvenes diferentes”, dijo la Policía y confirma ahora el Tribunal Superior de Madrid. El policía, además, “facilitaba la tramitación de la solicitud de asilo a aquellos jóvenes extranjeros con los que previamente había mantenido contacto”. Los datos fueron obtenidos por la investigación de Asuntos Internos que derivaron en una causa penal en la que, según fuentes del caso, no fue condenado. Su expediente disciplinario se reactivó en 2023, después de que quedara exonerado por los tribunales.

“Tenía miedo de que me quitara el asilo”

La sentencia recoge las declaraciones de varios de estos jóvenes, entre ellos el menor de edad con el que contactó. Era un menor tutelado por la Unidad Temporal de Realojo y explicó que, al llegar a la habitación de hotel del policía, vio que estaba en calzoncillos y con el pantalón “a la altura de las rodillas”. Ofreció que él y otro joven se quedaran a dormir con ellos, tocando la pierna de uno, pero lo rechazó.

Otro joven relató que el policía, que tenía su número de móvil, le llevó al hotel con el reclamo de que tenía “unas zapatillas” para él. Al llegar, el agente estaba “en calzoncillos terminándose de vestir en el baño”. También le ofreció quedarse a dormir, algo que rechazó. Otro relató cómo entabló contacto con él: le abordó por la calle para preguntarle si había solicitado asilo y dijo que si lo había pedido él “podía ayudarlo”. Lo siguiente fueron mensajes de WhatsApp pidiendo un encuentro sexual, el mismo día en que, con el uniforme puesto, le hizo la entrevista de la solicitud de asilo.

Uno de ellos relató que estuvo hasta cuatro veces en el hotel del policía. Le recibía en ropa interior y en la habitación mantenían “encuentros íntimos de naturaleza sexual”. Al acabar, el policía le daba diez euros y bolsas con ropa además de prometerle ayuda con los trámites de asilo. El chico explicó a Asuntos Internos que lo seguía haciendo por “miedo” a que el policía “me quitara el asilo”. El joven llegó a trasladarse a Madrid y siguió recibiendo mensajes del policía hasta que le bloqueó.

Los jueces de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid han rechazado los argumentos con los que el policía combatía su sanción de 90 días de suspensión: que no existían pruebas suficientes contra él y que el castigo, que ya ha cumplido y tras la cual ya se ha reincorporado a su trabajo, era desproporcionado. Las pruebas recabadas por Asuntos Internos acreditan, dice el TSJM, “suficientemente los hechos”.

También consideran proporcionada la sanción de 90 días de suspensión por una falta muy grave de “infracción de deberes u obligaciones legales inherentes al cargo o a la función policial, cuando se produzcan de forma grave y manifiesta”. Sus encuentros con jóvenes y un menor pidiendo encuentros íntimos a cambio de facilitar sus solicitudes de asilo, explica el Tribunal Superior de Madrid, afectó al “principio de disciplina” con un comportamiento “contrario al deber profesional con omisión grave de aspectos fundamentales de la conducta disciplinada de los miembros del Cuerpo de Policía Nacional”. Esta sentencia todavía es recurrible ante el Supremo.

La consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Bárbara García Torijano, ha reiterado este viernes durante un acto celebrado en el campus de Albacete de la Universidad de Castilla-La Mancha su petición al Gobierno de España de cumplir con el nuevo auto del Tribunal Supremo que exige medidas urgentes para garantizar la acogida de menores no acompañados que permanecen bajo tutela de Canarias, ofreciendo la colaboración de la región con una propuesta de 50 plazas siempre y cuando vaya acompañada de la financiación necesaria.

“Desde Castilla-La Mancha esta misma mañana hemos mandado una carta a la ministra pidiéndole que por favor se atienda esta necesidad como hay que hacerla”, ha comentado García, recordando que ya en febrero ofrecieron una propuesta para acoger a menores no acompañados emplazados de Canarias y dar “posibilidad de desahogo a una comunidad autónoma con la que siempre hemos trabajado de forma conjunta en los planes de contingencia”.

“Hay una crisis importante y estamos en una situación de emergencia mientras discutimos”, ha valorado la consejera de Bienestar Social, quien ha insistido en la necesidad de contar “con la financiación necesaria” para no “pervertir nuestro sistema de protección de la comunidad autónoma”.

En opinión de García “es fundamental que los traslados se hagan con la inversión que luego da la posibilidad de una estabilidad en las plazas”, y ha insistido en que “es el Gobierno de España y por supuesto Europa quien tiene que dar una respuesta a esta emergencia”.

“Desde las comunidades autónomas tenemos que ayudar y ofrecer lo que tenemos para mejorar la calidad de vida de estos chicos y chicas y contribuir a esta realidad pero necesitamos que el Gobierno y el Ministerio de Infancia tomen una decisión decidida, no una low cost con los 100 millones de euros que han dicho que tenían disponibles”, ha reseñado la consejera de Bienestar, quien ha pedido al Gobierno central y al Ministerio de Hacienda que trabajen para conseguir mayor financiación.

El auto del Tribunal Supremo fue emitido este jueves y en él ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que adopte medidas en un plazo improrrogable de 30 días para garantizar la acogida de aproximadamente un millar de menores no acompañados que padecen una situación de hacinamiento en Canarias mientras esperan la resolución de sus solicitudes de asilo.

Se reclama más financiación también en Educación o Vivienda

Estas declaraciones se suman a las que esta mañana realizaban varios consejeros del Gobierno regional en Barcelona, donde se celebra la Conferencia de Presidentes. Se reclama más financiación al Estado en materia de Educación o Vivienda para cumplir con el desarrollo de varias leyes estatales, a la espera de una nueva financiación autonómica, sobre la que hoy también ha elevado el tono el propio presidente regional, Emiliano García-Page en la ciudad condal.

El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha rechazado que se pueda castigar por la vía penal la ayuda que un padre, una madre o un tutor legal puedan prestar a un menor de edad para llegar de forma irregular en territorio comunitario. Los jueces de Luxemburgo han sentado jurisprudencia sobre lo que a priori es el ejercicio obvio de la patria potestad en respuesta a un tribunal italiano que ha elevado el caso de una mujer que fue procesada por llegar al aeropuerto de Bolonia con pasaportes falsos para su hija y su sobrina (sobre la que tenía la custodia) huyendo de su expareja, y por lo que posteriormente solicitó asilo.

La mujer fue detenida y procesada por entrar en Italia de manera irregular en 2019. Dentro del procedimiento judicial, el tribunal italiano ha preguntado al TJUE si la asistencia prestada a su hija y a su sobrina para entrar en el país de manera irregular supone una infracción que pueda ser sancionada por la vía penal. La respuesta de los jueces de Luxemburgo es que no.

“El comportamiento de una persona que, infringiendo las normas para el de cruce de fronteras, introduce en el territorio de un Estado miembro a menores nacionales de países terceros que la acompañan y sobre los que ejerce la custodia efectiva no está comprendido en la infracción general de ayuda a la entrada irregular en el sentido del Derecho de la Unión”, señala el TJUE.

Los jueces europeos recuerdan que ese comportamiento “constituye el ejercicio por esa persona de su responsabilidad derivada de la relación familiar y de la custodia efectiva de esos menores”. Es más, señalan que interpretar la actitud en el sentido contrario supondría “una injerencia particularmente grave en el derecho fundamental al respeto de la vida familiar y en los derechos fundamentales del niño”, que están recogidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.

Además, el TJUE recuerda que la mujer solicitó asilo y que, por tanto, no puede ser expuesta a sanciones penales hasta que se resuelva la petición ni por su entrada ni por el hecho de haber estado acompañada de su hija y su sobrina menores, sobre las que ejerce la custodia.

“El Derecho de la Unión se opone a una normativa nacional que sancione penalmente ese comportamiento. En efecto, los Estados miembros no pueden ir más allá del alcance de la infracción general de ayuda a la entrada irregular, tal y como se define en el Derecho de la Unión, incluyendo en ella comportamientos no contemplados en este, contraviniendo la Carta de los Derechos Fundamentales”, concluyen los magistrados.

El fallo se produce en un momento en el que el endurecimiento de la política migratoria en el seno de la UE es total. De hecho, recientemente los 27 han elevado la presión al impulsar una normativa en la que pretenden eliminar la' denominada 'claúsula humanitaria', que permite no sancionar penalmente a quienes presten asistencia humanitaria a los migrantes. La medida está enfocada especialmente a las ONG. Recientemente, los estados miembros eliminaron de la normativa europea la posibilidad de “no imponer sanciones” a quienes ayuden a los migrantes a entrar en un estado de la UE si tiene una finalidad humanitaria, con el rechazo de España, Alemania y Portugal.

hay países que sancionan por la vía penal la asistencia a los migrantes gracias a una legislación que se emplea fundamentalmente para perseguir a las ONG. Recientemente, la UE ha elevado aún más la presión al tratar de eliminar

Cuando Yuse Arellano llegó a Benetússer siete días antes de la DANA, se instaló junto a su familia en una habitación de un antiguo local comercial habilitado como “residencia” en un bajo. Sus 14 habitaciones estaban ocupadas, la mayoría por personas migrantes en situación administrativa irregular. Cuando el lodo empezó a engullirlo todo, doce inquilinos, incluyendo a Yuse y su familia, se encontraban en sus respectivos cuartos. Pidieron auxilio al propietario, que vive en el piso superior al local, y les permitió refugiarse en el patio. Allí, a la intemperie, pasaron los primeros días tras el desastre. 

Esta “residencia” fue la única opción habitacional que Yuse y su familia, originarios de Venezuela, podían permitirse y a la que podían acceder en ese momento al no tener tarjeta de residencia. “Si no hay contrato te piden un depósito de al menos tres meses pero, si no tienes papeles, con estas exigencias como vamos a encontrar un lugar digno donde vivir”, explica el venezolano. Si antes de la llegada de la DANA ya resultaba complicado encontrar una casa para alquilar en la Comunidad Valenciana, hoy la situación es aún más difícil, afirman los asesores de venta de las inmobiliarias de las zonas afectadas consultados por la Fundación porCausa.

Yuse y su familia pagaban 850 euros al mes por dos habitaciones de esta especie de residencia levantada en un antiguo local comercial. Compartían la cocina y baños –tres duchas y dos inodoros– con el resto de inquilinos, 28 o 30 personas según los cálculos de Yuse en ese momento. Entre ellas, había tres niños. 

La DANA golpeó con mayor intensidad a los grupos vulnerables. De las más de 300.000 personas afectadas, 60.000 eran personas migrantes, casi un 60% de ellas extracomunitarias, sin acceso a ayudas estatales. Para las personas migrantes en situación administrativa irregular, invisibles para el Estado y las Administraciones, la situación es todavía más grave. En este contexto, el Gobierno aprobó en febrero una regularización extraordinaria para personas migrantes en situación irregular afectadas por la DANA. Sin embargo, el requisito del empadronamiento exigido por la norma, puede dejar a miles de personas afectadas excluidas de esta medida, según advierten las organizaciones locales.

El empadronamiento era precisamente la mayor preocupación de Yuse a su llegada a España. Sabía que este trámite era crucial para poder conseguir regularizar su situación y la de su familia, y por eso intentó empadronarse cuánto antes. El propietario de la “residencia” no permitía a los inquilinos registrarse en el padrón y amenazaba con echar a aquellos que lo intentaran. Aunque ofrecía una opción a las personas más insistentes, padrón a cambio de 300 euros por cada trámite, algunos, como Yuse, no podían permitírselo: “En mi familia iban a ser 1200 por todos”, recuerda la mujer.

El cobro por el padrón no es anecdótico, y según organizaciones trabajando con personas migrantes en la zona, se ha convertido en una práctica habitual. A pesar de la amenaza, Yuse tenía la información necesaria y conocía sus derechos. “Se supone que uno se puede empadronar hasta en una mata”, defiende el venezolano. E intentó empadronarse en el Ayuntamiento. 

A pesar de la negativa inicial de los funcionarios del Consistorio de Benetússer, su petición de padrón se registró justo antes de la DANA. Gracias a eso, hoy Yuse y su familia han podido acogerse a la regularización extraordinaria anunciada en febrero. Muchos otros no podrán hacerlo. 

¿Cómo vuelves a la normalidad si no tienes una casa donde vivir?

“Hubo gente que no le pagó el 28, habían pasado dos semanas de la DANA y no habían vuelto, entonces sacó todas las pertenencias de estas personas y vació, limpió las habitaciones para volver a rentarlas. Esas personas que no habían vuelto era porque estaban con alguien más o quizás estaban desaparecidas o habían fallecido. Nunca se supo”, recuerda Yuse. 

A los cuatro días del desastre, las 12 personas refugiadas en el patio del nivel superior tuvieron que limpiar las habitaciones del nivel inferior para volver a vivir ahí. Si las condiciones de habitabilidad ya eran deficientes antes, tras la DANA todo empeoró: “Era imposible quitar todo el lodo y las paredes, que eran como de goma espuma, seguían soltando agua. Y en las dos paredes de cemento del local había tal humedad que a las dos semanas ya había moho”. En estas condiciones y con miedo a quedarse en la calle súbitamente si el propietario descubría que la solicitud de empadronamiento de Yuse había seguido adelante, se pusieron a buscar piso para mudarse cuánto antes. 

Según un análisis realizado por la Fundación, usando apartamentos de una habitación y un baño como grupo control, el mercado de alquiler es prácticamente inexistente. De los 60 municipios consultados (todos afectados por la DANA), 47 carecen de vivienda en alquiler, de acuerdo con la plataforma Idealista. Previo a este fenómeno climático, el mercado inmobiliario valenciano estaba principalmente orientado hacia la compra de viviendas, impulsado en parte por la creciente turistificación de la capital. Aunque algunos representantes del sector inmobiliario justifican la preferencia por la venta debido a la reciente Ley 12/2023, de 24 de mayo, que enmendó la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) en España. Ahora, la DANA ha agudizado aún más esta tendencia, haciendo casi inaccesible el alquiler. 

Mientras que los demás municipios afectados cuentan actualmente con una media de dos viviendas en oferta, la excepción es València, que dispone de 305. En el caso de la capital, el precio medio de alquiler es de 1.396 euros, mientras que la fianza promedio asciende a 1.300 euros. La mayoría de las viviendas que indicaron detalles sobre la duración del alquiler en València tienen una media de 5 meses de exigencia mínima, lo que evidencia una inclinación hacia el inquilino de corta duración, al contrario de las otras zonas.

“Empecé a buscar piso como loca. Visitar y visitar. Yo visité sin exagerar más de 50 inmuebles. En todos lados, en Benetússer, en Paiporta, Burjassot, en Valencia centro”, cuenta Yuse. Encontraron un piso que encajaba en sus necesidades en Burjassot, pero el aval que les pedían era inasumible para esta familia: ingresos de 3.500 euros. Continuaron la búsqueda y encontraron un piso en Paiporta. Este inmueble, afectado por la DANA y sin ascensor operativo desde entonces, costaba 950 euros y exigía el pago de un depósito de tres meses. Gracias al apoyo económico de una amiga, Yuse y su familia pudieron hacer frente al pago. Además de la ayuda económica, también han necesitado el apoyo de otra persona que les ha cedido alguna documentación con la que no contaban, pero que les exigían para arrendar el piso. 

El mayor efecto en la comunidad migrante

La situación actual de oferta de vivienda en la Comunidad Valenciana es un fenómeno con causas multifactoriales. Sin embargo, la DANA no solo ha aumentado la presión sobre los precios, sino que ha generado una competencia feroz, afectando a los residentes y peor aún a la comunidad migrante que enfrentan retos adicionales. “Las pocas viviendas que nos llegan para alquiler duran menos de 24 horas disponibles”, mantuvo una de las agentes inmobiliarias entrevistadas. 

Las ayudas públicas destinadas a paliar los efectos de la DANA en materia de vivienda han resultado, en la práctica, inaccesibles para una parte importante de la población afectada: las personas migrantes en situación de vulnerabilidad. A través de una petición de información que formuló la Fundación porCausa, la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, que remite a los programas del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, aclara que no se han establecido ayudas directas para la compra de viviendas y que el plazo para solicitar ayudas para reparación o reconstrucción expiró el pasado 6 de febrero. 

Uno de los principales impedimentos señalados por las organizaciones sociales es que las pocas ayudas disponibles para los daños en las viviendas tienen al empadronamiento como condición de acceso, incluso en casos de emergencia. En este marco, cabe considerar que muchos migrantes no tienen el padrón por motivos diversos como alquilar habitaciones en lugar de apartamentos, vivir en viviendas sobreocupadas sin contrato formal, o haber sido desplazados por la propia DANA, lo que interrumpe o impide la continuidad del empadronamiento. En otros casos, la negativa de algunos ayuntamientos a empadronar a personas sin contrato de alquiler termina excluyéndolas del sistema de protección pública. 

Esta exclusión administrativa tiene efectos directos: sin padrón, no hay acceso a ayudas, ni posibilidad de demostrar oficialmente que se ha perdido una vivienda o que se necesita una nueva. En este contexto, Yuse sabe que es afortunada y que su situación actual, pese a las dificultades, es excepcional. Recuerda una frase que le dijeron cuando buscaba casa: “En todas las situaciones donde hay necesidad grande también hay oportunidad”.

“Claro, oportunidad para el que se quiera aprovechar de tu desesperación”, matiza Yuse.

Un grupo de 19 jóvenes venezolanos, dos de ellos menores de edad, han pedido asilo en dependencias de la Policía Nacional en Barcelona, según ha avanzado El País. Pertenecen todos a un mismo equipo de béisbol, el Team Guevara, y han viajado a España para participar en torneos europeos.

El grupo viajó a Madrid y de allí a Barcelona, donde el lunes pidieron asilo en comisaría “por una cuestión política”. Fuentes de la Policía Nacional han explicado que entrevistarán a los jóvenes durante los próximos días para determinar los motivos de la petición de asilo y determinar si las circunstancias que sostienen son ciertas.

El equipo, que participa en la Liga senior latinoamericana Sub-23, se habría presentado en comisaría sin el entrenador, que sí les acompañó hasta España. A la espera de ver resuelto su caso, los jóvenes han sido derivados a Servicios Sociales, mientras que los dos menores de edad han están en manos de la DGAIA (Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia), en tanto que menores de edad no acompañados.