Un hombre de 49 años ha sido detenido en Tudela como presunto autor de un delito de violencia de género, al ser interceptado insultando y aporreando la puerta del centro de salud Gayarre, en el que se encontraba su pareja, también de 49 años de edad.

Según han informado desde la Policía Local de Tudela, la intervención tuvo lugar a las 12 horas de ayer martes, cuando la Policía Foral solicitó apoyo al encontrarse una víctima de violencia de género en el centro de salud mientras su pareja estaba “aporreando la puerta e insultando”.

El hombre fue detenido por violencia de género, por parte de los agentes de Policía Foral, a los que se acompañó en apoyo hasta sus calabozos, donde el detenido quedó a su cargo hasta su puesta a disposición policial.

La sentencia del caso Ana Buza ha concluido que la muerte de Ana Buza, la joven de 19 años ocurrida en la autovía A-4 en septiembre de 2019, se produjo “de manera accidental” después de que la víctima saliese disparada al abrirse la puerta del vehículo, que viró bruscamente a izquierda cuando circulaba a 117 kilómetros por hora en un tramo de 80, según las conclusiones de la Audiencia Provincial de Sevilla.

De esta forma, su pareja ha sido absuelta de los delitos de asesinato, homicidio doloso e homicidio imprudente de los que había sido acusado. La sentencia da cumplimiento al veredicto del tribunal del jurado, que lo había declarado “no culpable” de asesinato por atropellarla intencionadamente, tal y como le acusaba la familia, que sostenía que su muerte fue la culminación de una situación continuada de violencia de género contra ella. El jurado también lo declaró no culpable de homicidio imprudente, tal y como reclamaba el fiscal.

Según ha recogido la resolución dictada por la Audiencia Provincial de Sevilla tras el veredicto del jurado consultada por Europa Press y que ha adelantado Diario de Sevilla, la fallecida salió proyectada del turismo en marcha a la altura de Carmona (Sevilla) al abrirse la puerta trasera derecha por “causas no determinadas”, sufriendo un traumatismo craneoencefálico y cervical severo de carácter mortal.

Tras una intensa lucha de más de un lustro, la familia logró el año pasado reabrir el caso, que inicialmente se había cerrado como un suicidio. En declaraciones a El Correo de Andalucía, el padre de Ana Buza ha señalado que la hipótesis de la Audiencia “no tiene ni pies ni cabeza”, porque a esa velocidad un giro brusco hubiese provocado el vuelco del vehículo, y no que una ocupante saliese despedida por una puerta que no se sabe por qué ni cómo se había abierto.

A 117 km/h

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 7 de septiembre de 2019, cuando el acusado trasladaba a la víctima desde Lora del Río hacia su residencia en Sevilla tras haber mantenido una discusión.

A la altura del punto kilométrico 511 a la altura de Carmona, el turismo circulaba a 117 km/h en un tramo limitado a 80 m/h cuando la puerta se abrió y la víctima, que viajaba en el asiento trasero sin cinturón de seguridad, salió proyectada contra la calzada y la barrera metálica.

Durante el juicio, el acusado explicó que habían mantenido una discusión y dijo no no recordar si Buza, que viajaba en el asiento trasero, llevaba puesto el cinturón de seguridad. Según declaró entonces, soltó el voltante cuando la escuchó. Sobre sus cambios de versión, alegó que estaba “ido”, y negó haber manipulado el móvil a posteriori para introducir búsquedas relacionadas con el suicidio.

La sentencia basa la absolución en los informes periciales del Equipo de Reconstrucción de Accidentes (ERAT) de la Guardia Civil y del Instituto de Medicina Legal de Sevilla, que descartaron por completo la hipótesis del atropello intencionado que sostenía la acusación particular. También recoge las conclusiones de ingenieros aeronáuticos de la Universidad de Sevilla, que señalaron que no es posible mantener abierta la puerta del coche durante el tiempo necesario para tirarse por ella a una velocidad de 117 km/h.

Además, las inspecciones técnicas confirmaron la ausencia total de restos biológicos o de tejido en el vehículo, mientras que los desperfectos en el marco de la puerta trasera y las transferencias de pintura en la bionda han demostrado que la puerta estaba abierta durante la dinámica del siniestro.

Despedida al producirse un volantazo

La hipótesis judicial es que el acusado perdió el control del vehículo al girarse por el ruido que hacía la puerta abierta y perdió el control del coche a gran velocidad, lo que provocó un giro brusco hacia la izquierda que motivó que ella saliera despedida hacia el lado contrario, el derecho, en el que estaba la puerta abierta.

Asimismo, la autopsia determinó que el traumatismo cervical y craneoencefálico mortal fue causado por el “impacto de desaceleración brusca contra el quitamiedos” y no por un arrollamiento del coche.

Por último, el fallo ha excluido la responsabilidad por homicidio imprudente al determinar que “no existe nexo causal entre el exceso de velocidad y el fallecimiento”, dado que el desenlace no se habría producido sin la apertura de la puerta. Las costas del proceso han sido declaradas de oficio.

Izquierda Unida (IU) llevará al pleno del Ayuntamiento de Santander de este jueves, 29 de octubre, el caso del policía local al que se ha abierto juicio oral por presuntos accesos reiterados al sistema VioGén para conocer el nivel de riesgo de una víctima de violencia de género a la que no protegía y sin autorización, y por lo que se enfrenta a una petición de cuatro años y medio de cárcel.

El concejal de la formación, Keruin Martínez, ha registrado una batería de preguntas para conocer las actuaciones, intenciones y actualización de datos del equipo de Gobierno (PP) en torno a este caso, y ha reclamado al Ayuntamiento que abra un expediente para esclarecer los hechos y adoptar las garantías necesarias mientras se tramita el procedimiento judicial, según informa IU en un comunicado.

Según el auto judicial, el efectivo -destinado en la Oficina de Protección de Víctimas (Oprovic) de la Policía Local- habría consultado reiteradamente el nivel de riesgo de la víctima, calificado entonces como medio, y habría contactado con el policía nacional responsable de su protección para que se reevaluara y se cambiara a bajo.

El agente tendría asignada, en cambio, la protección del presunto agresor, que, además, era su arrendador y había pasado a constar como víctima protegida tras denunciar a la mujer. Además, este mismo agente habría sido detenido en otra causa por un presunto delito de revelación de secretos, al supuestamente informar al cabecilla de una trama de tráfico de cocaína en Cantabria. Se trataba del mismo hombre que era su arrendador y el presunto agresor de la mujer.

Según el portavoz de IU, al que no consta que el Consistorio haya abierto expediente por el caso, todos “estos antecedentes hacen necesario esclarecer qué criterios se aplicaron para asignar esa protección y qué controles existían ante la relación entre ambos”.

Por ello, Martínez preguntará qué funciones desempeña actualmente el policía en cuestión, si puede acceder a VioGén y por qué no se han iniciado actuaciones municipales para investigar los hechos.

“Cuando una mujer acude a las instituciones para pedir ayuda, necesita saber que sus datos están protegidos y que su riesgo se va a valorar con rigor”, ha afirmado el edil, para considerar “comprensible que pierda la confianza” si la víctima “cree que la información puede consultarse por motivos ajenos a su protección o que su situación puede rebajarse por una relación personal”. Y avisa: “esa desconfianza puede alejarla de los recursos que deberían protegerla y debilitar su protección”.

Atecedentes

Además, ha señalado que este caso no es “un hecho aislado” y ha puesto como ejemplo que una jueza de Granada ha procesado a ocho agentes por presuntas consultas no autorizadas a VioGén, hasta en 35 ocasiones, y ha puesto el foco en el temor y la pérdida de confianza de la víctima.

Martínez se ha referido también al caso del asesor municipal de Santander, también policía local, condenado por dos delitos de violencia de género, y ha lamentado que el PP no adoptó una respuesta “acorde a la gravedad del caso”.

“Ahora, señala el concejal de IU, ”la falta de expediente vuelve a plantear dudas sobre la respuesta municipal y la política en defensa de las mujeres víctimas de violencia machista“. A su juicio, respetar la presunción de inocencia es ”compatible“ con abrir una investigación y adoptar medidas ”preventivas proporcionadas“.

Este miércoles 28 de octubre se celebra en el Centro Fundación Caja Rioja La Merced una jornada del proyecto CONLIVI – Construyendo Conciencia Libre de Violencia, iniciativa que busca promover la sensibilización, la prevención y la identificación de las distintas manifestaciones de la violencia de género. Será a partir de las 18:00 horas en el Centro Fundación Caja Rioja La Merced abierta a todas las personas mayores de 16 años.

La iniciativa está promovida por Fundación Ávila, en colaboración con Fundación Caja la Rioja, y cuenta con la financiación del Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Bajo el título «Encuentros de Diálogo y Acción», propone un espacio de aprendizaje y reflexión colectiva que invita a las personas participantes a mirar más allá de las manifestaciones más evidentes de la violencia y a reconocer aquellas conductas, actitudes y situaciones que, por su presencia habitual en la vida cotidiana, pueden pasar desapercibidas o llegar a normalizarse.

La jornada estará dirigida por Natalia Torrecilla Perrino, graduada en Trabajo Social y Máster en Dirección de Recursos Humanos, con una trayectoria profesional centrada en el desarrollo social y territorial, la formación y la gestión de proyectos de impacto comunitario. Actualmente es responsable de la gestión y coordinación de proyectos en Fundación Ávila, desde donde, dirige y promueve CONLIVI, una iniciativa que busca reforzar el papel de las entidades sociales y de la ciudadanía en la prevención de la violencia de género. Su experiencia en el ámbito social y en el diseño de metodologías participativas permitirá conducir una sesión que combinará el rigor de los contenidos con un enfoque cercano, práctico y orientado a generar reflexión y compromiso.

La jornada parte de una idea fundamental: la violencia no siempre comienza con una agresión evidente. En ocasiones se manifiesta a través de comportamientos sutiles, mecanismos de control, desvalorización o situaciones de desigualdad que es necesario aprender a identificar para poder prevenirlas.

El encuentro se desarrollará mediante una metodología dinámica y participativa, estructurada en tres bloques complementarios que permitirán avanzar desde la comprensión de la problemática hasta la identificación práctica de situaciones de violencia.

En una primera parte, se realizará una contextualización de la violencia de género, abordando sus distintas manifestaciones, sus consecuencias individuales y sociales y los factores que contribuyen a su persistencia. Este espacio inicial permitirá establecer una base común de conocimiento y favorecer una reflexión crítica sobre las creencias y comportamientos que perpetúan las desigualdades.

A continuación, mediante técnicas de storytelling o narración de historias, se presentarán experiencias y situaciones inspiradas en contextos cotidianos que permitirán trasladar los conceptos teóricos a realidades cercanas. A través de estos relatos, las personas asistentes podrán reconocer señales de alerta, cuestionar determinadas conductas normalizadas y comprender cómo pueden desarrollarse distintas situaciones de violencia.

La jornada culminará con una dinámica participativa basada en un juego de mesa sobre los escalones de la violencia, concebido como herramienta educativa y de sensibilización. Mediante el análisis de comportamientos y situaciones de diferente gravedad, las personas participantes podrán debatir, contrastar percepciones e identificar manifestaciones de violencia que no siempre resultan evidentes en sus primeras etapas.

Esta metodología busca superar el modelo tradicional de charla informativa, convirtiendo a las personas asistentes en protagonistas del aprendizaje y favoreciendo la construcción colectiva de una mirada más crítica, consciente y comprometida.

CONLIVI

El encuentro de Logroño se incluye en CONLIVI – Construyendo Conciencia Libre de Violencia, un proyecto impulsado por Fundación Ávila que tiene como objetivo promover entornos más seguros, igualitarios y libres de violencia mediante acciones de formación, sensibilización y participación dirigidas a la ciudadanía y a las entidades del tercer sector.

La iniciativa pone especial atención en la importancia de identificar las manifestaciones menos visibles de la violencia de género, aquellas que pueden quedar ocultas tras comportamientos socialmente aceptados, relaciones desiguales o dinámicas de control que no siempre se reconocen como formas de violencia.

A través de herramientas educativas, recursos prácticos y espacios de diálogo, CONLIVI pretende fortalecer la capacidad de detección y prevención, impulsar la reflexión colectiva y fomentar el compromiso de las personas y organizaciones en la construcción de una sociedad más igualitaria.

El proyecto parte del convencimiento de que la sensibilización no debe limitarse a transmitir información, sino que debe contribuir a transformar percepciones, cuestionar conductas normalizadas y promover cambios reales en la manera de reconocer y afrontar la violencia.

Los juzgados especializados en violencia sobre la mujer de la comunidad autonómica registraron un fuerte repunte de la actividad penal durante el segundo trimestre del año. Según los datos oficiales del informe trimestral elaborado por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial para el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, las denuncias por violencia machista en Extremadura se dispararon un 27,9% entre abril y junio en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior, alcanzando un total de 1.019 procedimientos iniciados.

El balance judicial revela que los órganos judiciales extremeños atendieron en este periodo a un total de 834 mujeres víctimas de violencia de género, lo que representa un incremento del 11,3% respecto a las 750 contabilizadas entre abril y junio de 2025. Del conjunto de víctimas registradas en la región, 748 tenían nacionalidad española y 67 eran ciudadanas extranjeras, sin que se haya contabilizado ninguna víctima menor de edad en este tramo del año. La tasa autonómica se sitúa en 15,6 víctimas por cada 10.000 mujeres, un indicador que, pese a subir ocho décimas respecto al año pasado, se mantiene por debajo de la media nacional, fijada en 20 víctimas.

A pesar del notable incremento en las denuncias tramitadas, el informe refleja una preocupante caída en las medidas cautelares de protección. Las secciones judiciales con competencia en violencia sobre la mujer y los juzgados de guardia de la región registraron un total de 164 solicitudes de órdenes de protección, cifra que supone un desplome del 26% en comparación con el segundo trimestre de 2025. De esas solicitudes presentadas por las víctimas o por la Fiscalía, los jueces acordaron finalmente 58 órdenes, lo que equivale al 64,6% de las peticiones analizadas.

El análisis de la actividad procesal muestra asimismo un marcado aumento en el número de mujeres que se acogieron a la dispensa de la obligación legal de declarar contra su agresor. Un total de 67 víctimas decidieron no prestar declaración ante el juez, más del triple de las 21 que recurrieron a este derecho en el mismo trimestre del año pasado. En el ámbito penal, los juzgados dictaron 231 sentencias en la región, de las cuales 220 resultaron condenatorias (un 95,2% de efectividad punitiva) y 11 fueron absolutorias, mientras que la sección de menores de los Tribunales de Instancia enjuició a un único menor por delitos machistas, frente a los ocho juzgados un año antes.

A nivel estatal, la presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, Esther Rojo, ha expresado su profunda preocupación ante el incremento generalizado de los casos en toda España, donde las denuncias han crecido cerca de un 10%. Rojo ha hecho un llamamiento directo a todas las administraciones públicas y formaciones políticas para evitar retrocesos, reforzar los recursos humanos y materiales en la administración de justicia y mantener la alerta social en el entorno familiar, laboral y educativo para denunciar a tiempo y salvar vidas.

Las denuncias por violencia machista presentadas en Galicia subieron un 8,3% en el segundo trimestre, en comparación con el mismo periodo del año pasado. Son en total 2.222. El total de víctimas se eleva un 4,5%, hasta las 1.946, de acuerdo con los datos difundidos por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

La mayor parte de las denuncias las presentaron las propias víctimas (1.721) tanto en los juzgados como ante la Policía. En 31 casos fueron los familiares los que lo hicieron, mientras que en 320 las denuncias se derivaron directamente de atestados policiales; en 90, por un parte de lesiones; y en 60 las interpusieron terceras personas ajenas al entorno familiar de la víctima.

Con estas cifras, la tasa de mujeres que denuncian violencia de género por cada 10.000 mujeres fue de 13,8, que es la tercera más baja del Estado.

Además, los datos recogen que el 93,37% de las sentencias de las secciones de violencia sorbe la mujer entre abril y junio en procesos de violencia de género fueron condenatorias. Sin embargo, bajaron las órdenes de protección, tanto las pedidas como las acordadas. Se registraron 413 solicitudes, que son un 9,6% menos que en el segundo trimestre de 2025, y se adoptaron 274 órdenes de protección, un 12,2% menos.

Los órganos judiciales dictaron en Galicia 128 medidas cautelares civiles, que tienen como objetivo dar protección a la mujer y a los menores mientras no se resuelve el proceso penal. Las más frecuentes fueron las relacionadas con la prestación de alimentos (38), suspensión del régimen de visitas (27), atribución de la vivienda (24) y suspensión de la guarda y custodia (20). También se impusieron 551 medidas de protección de carácter penal, de las que las más frecuentes fueron las prohibiciones de comunicación (233) y las órdenes de alejamiento (226).

En cuanto a la violencia sexual fuera del ámbito de la pareja o expareja, las secciones de violencia sobre la mujer de los tribunales de instancia recibieron 214 denuncias con 215 mujeres víctimas en el segundo trimestre de este año en Galicia.

Quiere decirse feminista pero no quiere serlo. Les pasa a muchos, pero Alberto Núñez Feijóo no es un hombre cualquiera, es el líder del Partido Popular y candidato a la presidencia del Gobierno. En solo cinco minutos de entrevista con Aimar Bretos en Hoy por Hoy de la Cadena Ser, su contradicción ha quedado más que patente, solo que su contradicción dista de ser algo personal: es lo que podemos esperar de quien aspira a gobernarnos. Enarbola el bote de gas pimienta para clamar contra las violaciones en Ceuta, pero planea acabar con el Ministerio de Igualdad; se pone el pin de feminista mientras cuestiona el derecho de las mujeres de 16 y 17 años a decidir con autonomía y sin injerencias sobre sus cuerpos y sus vidas.

El problema es de fondo y de forma. De forma, porque Feijóo repite 'cuñadeces' que han sido impugnadas hasta la saciedad especialmente en los últimos años. “Cómo no voy a ser feminista si me he criado con muchas más mujeres que hombres”, ha dicho, convirtiéndose casi en un meme. Porque si criarnos o convivir con mujeres bastara para ser feminista, prácticamente todo el mundo lo sería. Lejos de ser una minoría o extraños seres en extinción, las mujeres somos la mayoría de la población. Siempre hay una madre, una hermana, una abuela, una pareja, una amiga... y, así, los hombres, con el machismo a sus espaldas, se diferencian más bien en su disposición a cuestionarlo. Puede que haya mujeres a su alrededor que propicien ese cuestionamiento, pero desde luego 'estar' con mujeres no basta.

Puedes criarte con mujeres y no escucharlas. Puedes criarte con mujeres y que no hayas interiorizado una mirada crítica del mundo y de ti mismo. El feminismo implica una toma de conciencia y, desde ahí, una toma de posición ante el mundo que interpela hacia fuera y hacia dentro. “Cómo no voy a pensar que una mujer tenga los mismos derechos que un hombre”, proseguía Feijóo, y ahí está otro de los problemas: entender el feminismo solo como una cuestión formal o legal, y no estar dispuesto a entrar a fondo en esa mirada que nos hace preguntarnos, incluso, a qué damos importancia, a quiénes escuchamos, o cómo nos comportamos en el día a día.

Porque la convicción feminista del líder del PP se diluye cuando pasamos a lo práctico, al fondo del asunto. No tiene sentido que admitas que existe la brecha salarial, pero que restes importancia al Ministerio de Igualdad. Es profundamente incoherente enarbolar los botes de spray pimienta para clamar contra las agresiones sexuales en Ceuta mientras anuncias que subsumirás el departamento de Igualdad -el ente que se encarga precisamente de la violencia sexual- en otro. La violencia sexual no se soluciona con gas pimienta, sino con políticas de igualdad hechas desde organismos especializados.

“Le voy a decir a la ministra o el ministro que se encargue de otras cosas, no solamente de igualdad”, afirmaba Núñez Feijóo, porque las violencias machistas, la discriminación laboral y salarial, la trata, los derechos sexuales y reproductivos, o el trabajo con las masculinidades son, al parecer, asuntos que no merecen un organismo propio y especializado. Pero, siguiendo con su contradicción, le reprochaba a la ministra del ramo, Ana Redondo, “trabajar de 8 a 3 e irse en el AVE a pasar la tarde a Valladolid”. ¿En qué quedamos?, ¿hacen falta muchas horas o pocas para encargarse de Igualdad?

Cuando hablamos de derecho al aborto, Alberto Núñez Feijóo pisa terreno resbaladizo: el que ha llevado a su partido a proponer la reforma más regresiva de la democracia, dar marcha atrás, asegurar que respeta la decisión del Tribunal Constitucional, torpedear la aplicación de la objeción de conciencia e inventar leyes del concebido no nacido. Todo para dificultar el derecho al aborto, a veces de manera más explícita, a veces menos; que lo parezca poco cuando no queremos quedar mal del todo, que lo parezca mucho cuando queremos llegar a ese electorado conservador y radical.

El líder del PP asegura que respeta la sentencia del Constitucional que avaló la reforma de la ley del aborto, pero vuelve a traer el asunto de las menores y deja en el aire si las mujeres de 16 y 17 años podrán abortar sin consentimiento paterno, como sucede ahora y como avaló el TC. “Una chica de 16 años debería de tener el conocimiento de sus padres, es un debate que procede volver a dar”, asegura Feijóo. Qué sucede entonces si una mujer de esa edad quiere abortar y sus padres no, no lo sabemos. No sabemos si para el PP es razonable que con 16 o 17 años tus padres puedan obligarte a tener un hijo y eso, de feminista, tiene poco.

La autonomía corporal es la base sobre la que se construyen el resto de derechos que Feijóo dice querer para las mujeres. Lo contrario, asumir que una mujer de cualquier edad puede ser obligada a parir y ser madre, es entendernos como ciudadanas de segunda y eso no casa muy bien con la democracia.

Pero una cosa es decirse feminista y otra distinta tener un proyecto feminista.

Las denuncias por violencia machista registradas en los órganos judiciales de Canarias durante el segundo trimestre de 2026 aumentaron un 5,4% en comparación con el mismo periodo de 2025. Si en la primavera pasada los juzgados de las Islas habían registrado 2.841 denuncias por violencia machista, en la de este año el número fue  2.995 (154 más), según datos difundidos por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial.

Siempre según el informe del órgano de gobierno de los jueces, y en consecuencia con el dato anterior, el número de mujeres víctimas de la violencia de género en Canarias aumentó entre abril y junio de este año en comparación con el mismo periodo de 2025. Pasó de 2.657 a 2.714, 57 más, un aumento porcentual del 2,1%

De acuerdo con los datos oficiales, Canarias registró durante el segundo trimestre de este año una tasa de 23,7 mujeres víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres, la cuarta más alta del Estado. La primera fue Baleares (29,4), la segunda, la Comunidad Valenciana (23,9) y la tercera, Madrid (23,8). La media nacional en el periodo analizado fue 20,0.

El 88,1% de los casos terminó en sobreseimiento provisional

El informe del Observatorio ofrece más datos: de las 2.714 mujeres víctimas de violencia en Canarias en el periodo de estudio, 2.035 fueron españolas y 679 extranjeras. 311 de las víctimas se acogieron durante la tramitación del proceso a la dispensa a la obligación de testificar contra su presunto agresor, un 24,5% más que en el segundo trimestre del año anterior, cuando no habían confirmado las denuncias 412 féminas.

Durante la primavera pasada, los órganos judiciales canarios que juzgaron casos de violencia de género dictaron 649 sentencias condenatorias (un 9,2% menos que en el segundo trimestre de 2025), 11 sentencias absolutorias (un 71,1% menos que en el año anterior), 130 autos de sobreseimiento libre (+31,3%) y 963 autos de sobreseimiento provisional de las actuaciones (-14,1%). El porcentaje de sentencias condenatorias fue del 98,3% (+3,6%) y el de terminación por sobreseimiento provisional, del 88,1% (un 4,1% menos que en el año anterior).

En lo que alude a personas enjuiciadas, la primavera pasada fueron 660 las que se sentaron en el banquillo en Canarias por delitos machistas (un 12,5% menos que en el segundo trimestre de 2025), siendo condenadas el 98,3% (un 3,6% más que en 2025). 469 fueron ciudadanos españoles y 180 extranjeros.

En cuanto a órdenes de protección, los juzgados canarios registraron este invierno 440 peticiones. De ellas, los juzgados inadmitieron 5, adoptaron 297 y denegaron 138.

El estudio del Observatorio ofrece por séptimo año consecutivo datos desglosados por islas. Entre abril y junio de 2026, en Fuerteventura se registraron 147 denuncias de delitos por violencia sobre la mujer; en Gran Canaria, 1.601; en Lanzarote, 265; en El Hierro, 9; en La Gomera, 9; en La Palma, 72, y en Tenerife, 1.392. En la gran mayoría de los casos se denunciaron delitos de lesiones y malos tratos. Sólo se registró un homicidio de violencia machista durante este periodo, en la isla de Tenerife.  

Datos nacionales

En el ámbito nacional, los órganos judiciales especializados en violencia sobre la mujer registraron durante el segundo trimestre de este año 55.712 denuncias y atendieron a un total de 50.106 mujeres, cifras que reflejan un aumento del 9,81% y del 7,64% respectivamente, en relación con el mismo periodo de 2025. Once de cada cien mujeres que aparecen en las denuncias como víctimas de este tipo de delitos (el 11,44%) se acogieron a la dispensa del deber de prestar declaración.

El Informe trimestral sobre violencia de género, elaborado por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial para el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, muestra también que el número de órdenes de protección solicitadas y acordadas entre marzo y junio de este año se mantuvo en cifras cercanas a las de hace un año. Así, Las secciones de violencia sobre la mujer y las secciones en funciones de guardia de los Tribunales de Instancia registraron 12.143 solicitudes (un 4 % menos) y acordaron 8.389 órdenes de protección (un 2% menos). El porcentaje de las acordadas con respecto a las solicitadas ha sido del 69 por ciento, dos puntos porcentuales más alto que en el segundo trimestre de 2025.

En cuanto al número de sentencias dictadas por las secciones de violencia sobre la mujer y las secciones de lo Penal de los Tribunales de Instancia, así como por las audiencias provinciales, ascendió a 16.553, de las que el 82,62% fueron condenatorias.

Más denuncias y más víctimas

Durante el segundo trimestre de 2026, las secciones de violencia sobre la mujer de los Tribunales de Instancia de toda España recibieron un total de 55.712 denuncias, un 9,81% más que en el mismo periodo del año anterior, en el que se registraron 50.737 denuncias. El número de mujeres que aparecen como víctimas en las denuncias fue de 50.106, un 7,64% más alto que hace un año, cuando se contabilizaron un total de 46.550. 

Un trimestre más, dos de cada tres víctimas (el 62,09%) tienen nacionalidad española, mientras que el 37,91 % restante proceden de otros países. El número de víctimas menores, hijos e hijas bajo la tutela, guarda o custodia de la mujer víctima fue de 113 (*), un 7,6 % más que el registrado en el mismo trimestre de 2025, durante el que se contabilizaron 105 menores.

Los porcentajes de denuncias presentadas en función de quién fue el denunciante volvieron a mostrar que la mayor parte de las denuncias (41.798, el 75 % del total) fueron presentadas por la propia víctima bien ante el órgano judicial bien en comisaría.

Muy inferiores en número volvieron a ser las denuncias presentadas por el entorno de la víctima (849), que disminuyeron con respecto al segundo trimestre de 2025 al pasar del 1,91 % del total al 1,52 por ciento. Entre marzo y junio de 2026 las derivadas directamente de atestados policiales (8.037) representaron el 14,43 % del total; las originadas por parte de lesiones recibido en el juzgado fueron 3.563 (6,40 por ciento) y las presentadas por servicios de asistencia y terceros en general sumaron 1.465 y representaron el 2,63% del total.

La tasa de víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres aumentó 0,8 décimas en relación con la del segundo trimestre de 2025 al situarse la media nacional en 20 frente a la media de 19,2 de hace un año.

Por encima de la media nacional se situaron Baleares, con una ratio de 29,4 víctimas cada 10.000 mujeres; Comunidad Valenciana, con 23,9; Madrid, con 23,8; Canarias, con 23,7; Navarra, con 23,6; Andalucía, con 22,6; Murcia, con 20,5 y Asturias, con 20,1, Y por debajo de esa tasa se situaron Castilla-La Mancha, con 18,2; Aragón, con 16,7; País Vasco, con 16,5; Cataluña, con 16; Extremadura, con 15,6; Cantabria, con 14,7; Galicia, con 13,8; Castilla y León, con 12,2 y La Rioja, con 11,2.   

Once de cada 100 víctimas renunciaron a declarar contra su agresor

El número de mujeres que se acogieron a la dispensa de la obligación legal de declarar fue de 5.732, lo que supone que tomaron esta decisión 11,44 de cada cien víctimas de violencia de género, un 3,3% más que en el mismo trimestre de 2025. De ellas, 3.173 eran españolas y 2.559 tenían otras nacionalidades.

Se adoptaron el 69% de las órdenes de protección solicitadas

Los datos relativos a las órdenes de protección mostraron una leve diferencia con los del segundo trimestre de 2025. Entre abril y junio de este año se solicitaron en los órganos judiciales un total de 12.143 órdenes de protección, un 4% menos que hace un año. De ellas, 10.380 fueron incoadas por las secciones de violencia sobre la mujer y 1.763, por las secciones en funciones de guardia.

Las órdenes de protección adoptadas sumaron en total 8.389, un 2% menos que hace un año, lo que significa que se concedieron siete de cada diez (el 69%). Las secciones de violencia sobre la mujer adoptaron 7.041, el 67,8% de las solicitudes que recibieron, mientras que las secciones de guardia acordaron 1.348, el 76% de las solicitudes que registraron.

En el 43,9% de los casos, la relación de pareja (cónyuge o relación afectiva) se mantenía en el momento de solicitud de la orden de protección al órgano judicial. Seis de cada diez mujeres (6.283, el 60,5%) que pidieron protección eran españolas y 4.097 procedían de otros países. De ellas, 49 (el 0,5%), contando españolas y extranjeras, eran menores de edad. El dato de menores víctimas que solicitaron una orden de protección al órgano judicial fue sensiblemente inferior al registrado en el segundo trimestre del pasado año, periodo en el que fueron 80 mujeres menores víctimas.

Medidas judiciales penales y civiles de protección

Los órganos judiciales acordaron también, derivadas de las órdenes de protección y de otras medidas cautelares, un total de 14.902 medidas judiciales penales de protección de las víctimas. En el ámbito penal, las más frecuentes fueron las órdenes de alejamiento (6.072) y las de prohibición de comunicación (5.743), que representaron el 66,78% y el 63,02% sobre el total de órdenes de protección y de medidas cautelares penales adoptadas, respectivamente. 

Asimismo, dictaron 4.419 medidas cautelares civiles, cuya finalidad es la protección de la mujer y de los menores en tanto se resuelve el proceso penal. Las más frecuentes fueron las relacionadas con la prestación de alimentos (1.283) y la suspensión del régimen de visitas (911). Entre marzo y junio también se acordaron 807 medidas civiles de atribución de la vivienda; 739 suspensiones de la guarda y custodia; 213 medidas de suspensión de la patria potestad y 19 específicas de protección del menor para evitar un peligro o perjuicio.

El 82,62% de las sentencias fueron condenatorias

El número de sentencias dictadas fue de 16.553, de las que 13.676 (el 82,62%) fueron condenatorias y 2.877 (el 17,38%), absolutorias. El mayor porcentaje de condenas se produjo en las secciones de violencia sobre la mujer de los Tribunales de Instancia, con el 93,78 por ciento. Las audiencias provinciales impusieron condenas en el 77,04% de los casos y las secciones de lo Penal, en el 71,81%. 

Un hombre ha disparado contra su exmujer y contra su excuñada, de 36 y 39 años, y se ha dado a la fuga en la noche de este pasado jueves en el distrito Norte de la ciudad de Granada. El presunto autor de los hechos, que está identificado, tenía una orden de alejamiento respecto a su expareja.

Así lo han confirmado fuentes de la Policía Nacional, cuerpo que está investigado lo sucedido después de que recibieran los primeros avisos de urgencia en torno a las 23.30 horas que señalaban que un hombre había disparado a dos mujeres y había huido. Las dos mujeres fueron trasladadas al hospital en un coche y se encuentran fuera de peligro.

La investigación apunta a la posibilidad de que, atendiendo a las primeras manifestaciones de las personas que presenciaron los hechos, pudiera tratarse de un caso de violencia de género, si bien no lo confirma, ya que todavía se investiga actualmente todo lo sucedido.

Continúa la búsqueda

Los agentes que llegaron rápidamente al lugar recabaron información entre quienes presenciaron los hechos, que dijeron que un hombre había disparado contra las dos mujeres, tras lo cual se había dado fuga en un coche. La Policía encontró el vehículo en el que supuestamente habría huido el presunto agresor en una calle cercana con el capó aún caliente, si bien no han localizado al hombre.

En cuanto a las mujeres heridas, la Policía Nacional refiere que ambas presentaban heridas por armas de fuego y que fueron atenidas en el hospital Virgen de las Nieves, donde, en principio, se comprobó que presentaban impactos de bala pero que su estado no es grave.

Los juzgados de Cantabria recibieron durante el segundo trimestre de este año 487 denuncias por violencia de género, lo que supone un 10,6% menos que las registradas en el mismo periodo del pasado año (545), mientras que las víctimas se han reducido un 8%, hasta las 449.

Así se desprende del informe estadístico trimestral publicado este viernes por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que, además, refleja un descenso del 6,6% en el número de órdenes de protección adoptadas: 71 frente a las 76 del periodo abril-junio de 2025.

Estas 71 suponen el 59% de las solicitudes presentadas para su adopción, que fueron 120 -un 5,3% más que el segundo trimestre de 2025, cuando se pidieron 114-. Las 49 restantes fueron denegadas.

Cantabria, por debajo de la media en tasa de denunciantes

Según estos datos del CGPJ, Cantabria tiene una tasa de víctimas denunciantes de violencia de género de 14,7 por cada 10.000 mujeres, por debajo de la media nacional, que es de 20, y la cuarta más baja de las comunidades autónomas.

De las 449 víctimas contabilizadas en Cantabria en el segundo trimestre del año, 283 tenían nacionalidad española -un 10,2% menos que en el mismo periodo de 2025- y 166 extranjeras, un descenso del 4%. Entre éstas últimas había una menor.

118 renunciaron a declarar

El informe correspondiente al segundo trimestre de 2026 recoge también que, de las 449 mujeres víctimas, 118 -el 26,28%- se acogieron a la dispensa del deber de declarar contra su agresor en Cantabria, lo que supone un incremento del 61,6% ya que en el mismo periodo de 2025 fueron 73. De esas 118 mujeres, 69 son españolas y 49 tienen otras nacionalidades.

Aumentan las sentencias condenatorias

La cifra de personas enjuiciadas por estos delitos en Cantabria cayó un 5,9%, al pasar de 102 entre abril y junio de 2025 hasta las 96 en el mismo trimestre de 2026, y 88 -el 91,67% del total- fueron condenados. De ellos, 58 son españoles y 30 extranjeros.

De este modo, estas 88 sentencias condenatorias suponen un 10,2% menos que las del periodo abril-junio de 2025, mientras que las absolutorias pasaron de cuatro a ocho.

El titular de la Plaza de Instrucción n.º 4 del Tribunal de Instancia de Santander ha abierto juicio oral a un policía local de la ciudad por acceder repetidamente al sistema VioGén para conocer el nivel de riesgo de una víctima a la que no protegía.

Según se desprende de las diligencias practicadas, recabada esa información, el investigado presuntamente se dirigió al agente de la Policía Nacional que sí tenía asignada la protección de la mujer para que rebajara el nivel que VioGén había determinado de medio a bajo.

Con este auto, recientemente notificado, el magistrado da un paso más hacia el enjuiciamiento del agente, una vez que tanto la fiscalía como la acusación particular que ejerce la mujer han formalizado sus acusaciones, ha informado este jueves el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

Para el ministerio público, el acusado es autor de un delito contra la intimidad, merecedor de una pena de cuatro años y medio de prisión, diez años de inhabilitación absoluta y el pago de una indemnización de 3.000 euros por el daño moral causado.

Por su parte, la acusación particular pide tres años de prisión, 8.100 euros de multa, inhabilitación absoluta durante seis años y 6.000 euros de indemnización.

El auto declara competente a la Audiencia Provincial de Cantabria para el enjuiciamiento de este caso y emplaza a la representación legal del acusado para que presente su escrito de defensa.

Asimismo, acuerda que éste preste una fianza de 4.000 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérsele, y declara al Ayuntamiento de Santander responsable civil subsidiario.

El Consistorio deberá comparecer en un plazo de diez días con abogado y procurador y tendrá asimismo que formular escrito de defensa en su nueva condición.

Según recogió el instructor en otra resolución -el auto que puso fin a la instrucción y transformó las diligencias en procedimiento abreviado- existen indicios de que el agente de la Policía Local, destinado en la Oficina de Protección de Víctimas, presuntamente “abusando de su condición de funcionario con acceso al Sistema de Seguimiento Integral para Víctimas de Violencia de Género, accedió repetidamente a los datos almacenados en el sistema en relación a una mujer”.

En concreto, el agente habría accedido a los datos relacionados con el nivel de riesgo -medio en aquel momento-, “pese a que el citado funcionario no tenía encomendada la protección de esa víctima y sí únicamente la de su agresor”, ya que éste tenía la condición de víctima protegida a raíz de una denuncia que había presentado contra ella.

Relación entre acusado y presunto agresor

Señala el auto que entre el acusado y el presunto agresor existía “una relación personal, porque el segundo era arrendador del primero”.

Tras acceder al sistema, recoge el auto que el acusado habría hablado con el funcionario del Cuerpo Nacional de Policía que estaba encargado de la protección de la mujer y habría conseguido “que se reevaluara el riesgo apreciado por el sistema” pasando a ser bajo.

En su auto, el magistrado rechazó la petición de sobreseimiento pedida por la defensa del agente y consideró que “el acceso al fichero no es delito, pero a los datos contenidos en el mismo sí”, en concreto, a la valoración del riesgo que el sistema VioGén arrojaba.

A su juicio, “maniobrar para intentar rebajar el nivel de riesgo a una víctima a la que el funcionario policial no está protegiendo, porque la lleva otro cuerpo policial, tras acceder repetidamente al sistema VioGén en pos de ese dato, debe considerarse que colma las exigencias del tipo penal, al menos a priori, pues se accede a un dato protegido con la finalidad de perjudicar a su titular sin estar autorizado a ello”.

La instrucción fue confirmada por la Audiencia, después de que el recurso de apelación contra el auto que transformó las diligencias en procedimiento abreviado y que fue promovido por el policía local acusado no prosperara.

Tras la firmeza de la decisión del magistrado, las acusaciones presentaron sus escritos y ahora es el instructor el que abre juicio oral, paso previo al enjuiciamiento del agente.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre como presunto autor del asesinato por arma blanca de una mujer de 52 años en un portal de una urbanización de la calle Ontanilla, en el distrito madrileño de Carabanchel.

Tras realizar diversas gestiones de investigación, la Policía, que investiga la muerte como un posible asesinato por violencia de género, determinó la identidad del presunto responsable e inmediatamente estableció un dispositivo de búsqueda.

El presunto autor fue localizado en el interior de su vehículo por un indicativo del Grupo Operativo de Respuesta perteneciente a la comisaría de distrito de Usera-Villaverde, en la calle Montejo con la calle Ciudad de Frías. Por estos hechos se ha procedido a la detención del hombre como presunto autor de un delito de homicidio.

En torno a las 14:45 horas de este martes, el Centro Inteligente de Mando, Comunicación y Control (Cimacc) recibió una llamada alertando de que una persona se encontraba herida en la vía pública.

A la llegada al lugar de los sanitarios del Samur Protección Civil y Summa 112, que han actuado de forma conjunta, localizaron a la mujer en parada cardiorrespiratoria debido a las múltiples heridas de arma blanca que presentaba, principalmente, en tórax y abdomen.

Los servicios sanitarios consiguieron revertir la parada y trasladar a la mujer en estado crítico al Hospital 12 de Octubre, donde finalmente ha fallecido, según han podido confirmar Emergencias y Policía Nacional a Europa Press.

Hasta el lugar se desplazó el Grupo de Delitos Violentos de Policía Científica y el Grupo V de Homicidios, quienes se han hecho cargo de la investigación. También ha colaborado Policía Municipal.

En julio de 2016 Alexandra Rodica fue asesinada a las puertas de un punto de encuentro de Zaragoza. Su caso conmocionó a entidades y usuarias de estos centros, puesto que puso de relevancia fallos en los protocolos de seguridad de unos lugares en los que se supervisan y evalúan las reuniones de los progenitores con sus hijos en casos de conflicto o, en muchas ocasiones, tras ser víctimas de violencia de género. Era el caso de Alexandra, había denunciado a su expareja por maltrato y el hombre tenía vigente una orden que le prohibía acercarse a ella a menos de 200 metros y comunicarse con ella.

Según el procedimiento establecido, la entrega del menor se debía hacer en el punto de encuentro de Conde Aranda. Allí, él tenía que llegar 15 minutos antes, subir y esperar en la sala. Luego llegaría Alexandra con el menor, lo dejaría y se marcharía sin tener que ver a su expareja. Sin embargo, ese día esperó en el portal del propio punto de encuentro y, cuando ella entró, la asesinó delante de su hijo, tal y como recoge la sentencia en la que el jurado lo consideró culpable de asesinato. Este caso puso en entredicho la seguridad de las mujeres y sus hijos en estos puntos y la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Aragón anunció medidas, pero, diez años después, “no ha habido ningún cambio”, según explica Natalia Morlás, presidenta de la asociación de supervivientes de violencia machista Somos Más. 

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de abril de 2019, confirmó la condena de 20 años y un día de prisión por asesinato con las agravantes de parentesco y de violencia de género. El tribunal se limitó a juzgar al agresor: no analiza la seguridad del servicio ni la actuación del personal. Sí recoge, como hechos probados, que el hombre esperó en el portal en lugar de subir al centro, como exigían sus normas, y que una empleada abrió la puerta a la madre y al niño a través del telefonillo.

Los puntos de encuentro familiar son recursos sociales a los que se accede por resolución judicial o administrativa para facilitar las entregas y recogidas de menores, así como las visitas entre hijos y progenitores cuando existen conflictos familiares que dificultan el contacto. En Aragón están regulados por un decreto que establece entre sus objetivos garantizar la seguridad y el bienestar de los niños y prevenir situaciones de violencia en los regímenes de visitas conflictivos. La norma distingue entre las entregas y recogidas –en las que el personal supervisa el inicio y el final y registra las incidencias– y las visitas supervisadas, durante las cuales un profesional debe ejercer una supervisión continua. También contempla medidas específicas en los casos de violencia de género para salvaguardar la seguridad de las víctimas y de los menores, y atribuye a la Administración funciones de inspección y control.

Los centros de Zaragoza están gestionados por la Asociación de Puntos de Encuentro Familiar de Aragón (APEFA), mediante un concierto con el Gobierno autonómico. Las condiciones del concierto para el periodo 2023-2026 incluyen requisitos de seguridad, formación especializada del personal, mecanismos de reclamación y seguimiento administrativo. También contemplan la elaboración, por parte del Gobierno de Aragón, de un protocolo específico para los casos de violencia de género que, por el momento, no se ha publicado. 

Aunque la legislación prohíbe expresamente la mediación familiar en los casos de violencia machista y limita la función de estos centros a la supervisión de las visitas, Morlás sostiene que la propia dinámica de los PEF aboca a las mujeres víctimas a exponerse ante los maltratadores. “Es una sensación general, las chicas tienen miedo, hay muchas que están en procesos aún judicializados, con hijos pequeños, nos aprietan mucho en los juzgados”, explica Morlás. Asegura que estos centros son “como cárceles para niños y madres” y critica que se utilicen para casos de violencia machista cuando “no se crearon para eso, sino para disensos en matrimonios que se deshacían sin violencia”. Su postura es clara: “No cabe mediación cuando ha habido violencia, no tiene que haber ningún sitio en el que se medie entre un maltratador y la madre, un maltratador no tiene que tener derecho a ver a las criaturas. Es un despropósito que condenados por violencia puedan ver a sus hijos, esto existe porque nosotras y nuestras criaturas seguimos sin importar. Los daños colaterales de tener que acudir a estos sitios los arrastramos toda la vida, vives en un estado de alerta constante”. 

La abogada Gemma Ruiz también cuestiona que, en casos de violencia machista, se priorice mantener la relación entre los menores y el progenitor denunciado o agresor “sin valorar suficientemente los riesgos”: “Demasiados magistrados y magistradas ponen por delante intentar mantener la relación entre el menor y el agresor”, sostiene. A su juicio, esa decisión puede dejar en segundo plano otras formas de violencia y las consecuencias que el contacto puede tener para los niños.

Ruiz achaca a la falta de perspectiva de género estas decisiones, así como el funcionamiento de los propios puntos de encuentro. Confirma las quejas de las madres: “Emiten informes que vienen a dar más credibilidad a la postura del padre y supuesto agresor que a la madre”. La abogada vincula estas deficiencias con la precariedad y la falta de personal, y advierte de que no siempre se valora adecuadamente el riesgo de que la violencia continúe durante las visitas.

Informes del Justicia y quejas de las víctimas

El informe especial del Justicia de Aragón de 2019 recogió las advertencias de la Asesoría Jurídica de la Casa de la Mujer de Zaragoza sobre la supervisión de las visitas, la seguridad y las dificultades para reflejar determinadas situaciones. El Servicio de Igualdad municipal del Ayuntamiento de Zaragoza consideraba que la coordinación con los puntos de encuentro era “manifiestamente mejorable”. También trasladó que muchas mujeres se sentían “juzgadas” y “cuestionadas”. 

El informe de 2024 volvió a mencionar “varias quejas” sobre el funcionamiento de estos servicios. El Justicia distingue entre las reclamaciones que cuestionan resoluciones judiciales, sobre las que no puede intervenir, y las que denuncian posibles irregularidades administrativas. Entre estas últimas admitió una sobre una presunta vulneración de la protección de datos de menores en un punto de encuentro. La Agencia Española de Protección de Datos investigó el caso, pero concluyó que no había quedado acreditado el motivo para abrir un expediente sancionador.

En ese mismo informe, la asociación Somos Más, que trabaja con mujeres supervivientes de la violencia machista, denunció la “falta de formación específica” para atender estos casos, la “subjetividad” que atribuía a los informes y las “dificultades para presentar quejas”. La entidad reclamaba una “mayor especialización”, mejoras en la seguridad de las instalaciones y mecanismos que permitieran a las usuarias acceder a los informes y cuestionar su contenido. El Justicia planteó mejoras en la seguridad de las instalaciones, la coordinación institucional y los mecanismos de reclamación, además de una mayor especialización para atender los casos de violencia de género.

Su presidenta, Natalia Morlas, asegura que los problemas que entonces denunciaban las usuarias no han desaparecido. Morlas habla tanto de su propia experiencia como de los testimonios que ha conocido a través de la asociación, y cuestiona especialmente la forma en que los profesionales describen las visitas y las reacciones de los menores. La presidenta de Somos Más sostiene que los informes pueden ofrecer una imagen muy distinta de la que las madres dicen observar. En su caso, asegura que los documentos describían a su hija feliz durante las visitas con el padre, mientras que la niña le manifestaba que apenas hablaba con él. También relata que tuvo que reclamar cuando, según su versión, la menor fue “arrancada de mis brazos para llevarla a la sala”: “Me hacían unos informes desastrosos”, afirma.

Morlas vuelve a cuestionar la supervisión de las visitas y reclama que se instalen cámaras en los centros. Según explica, las madres que participan en la asociación han pedido esta medida para poder aclarar posibles discrepancias sobre lo sucedido durante los encuentros. La normativa autonómica exige supervisión profesional en las visitas tuteladas, pero las condiciones del concierto vigente no establecen de forma general la instalación de cámaras de videovigilancia en las salas.

Otra madre que lleva tres años acudiendo al centro, describe su experiencia como “una nueva condena”. “Cuando llegas piensas que te van a defender, que te van a cuidar”, explica. Sin embargo, asegura que ha tenido que llevar a sus hijos a las visitas pese a que la niña decía tener miedo de su padre y el niño presentaba moratones que, según afirma, le había causado él. “Mi hija ha ido llorando y mi hijo con moratones, con denuncia y hasta pasó una noche en el calabozo”, relata. Sostiene que los técnicos obligaron a los menores a entrar y que estas situaciones nunca quedaron reflejadas en los informes: “Jamás han puesto que a mis hijos les da miedo su padre aunque ellos lo han dicho delante de los técnicos”.

“Los informes son de risa, mintiendo, ocultando información”, afirma. Ahora sus hijos se niegan a acudir al punto de encuentro, pero ella sigue llevándolos por miedo a que la denuncien por incumplir el régimen de visitas. “Yo los llevo porque sé que, si no, me denuncian”, explica. “Se supone que estás protegido, pero es mentira. No hay protección, ni prevención ni hay nada”.

Lo mismo pide Maribel –nombre ficticio–, una mujer cuya hija y nieta acuden al punto de encuentro familiar de Calatayud. Asegura que la familia de la expareja de su hija les ha increpado en numerosas ocasiones en el PEF y que en los informes “ponían lo contrario, que éramos nosotros”. La mujer asegura que ha podido observar cómo las visitas no están supervisadas, reclama más mecanismos de control y cuestiona la oposición a instalar cámaras: “Claro que no quieren cámaras, no quieren testigos”, afirma.

Este diario ha trasladado sus preguntas a APEFA, la entidad que gestiona ambos centros, que remitió la solicitud al Gobierno de Aragón. El Departamento de Bienestar Social y Familia no ha respondido a las preguntas específicas sobre los protocolos de supervisión, la elaboración de los informes y los mecanismos de control.

El Tribunal Supremo ha dictado una pionera sentencia que condena a una empresa por despido discriminatorio a una trabajadora víctima de violencia de género. El fallo, que revoca uno previo que no halló discriminación, considera que sí había indicios suficientes para ligar el cese de la trabajadora a su condición de víctima, que era conocida por la empresa, ha informado la cooperativa Colectivo Ronda, que ha defendido a la mujer.

La sentencia condena así a la empresa, NAGAMI DESIGN SL, por despido nulo de la trabajadora, “debiendo procederse a la inmediata readmisión” de la trabajadora con abono de los salarios de tramitación, “así como al abono de la cantidad de 10.000 euros en concepto de indemnización por daños y perjuicios derivados de la vulneración de derechos fundamentales”, recoge la sentencia, que ha podido consultar elDiario.es.

La trabajadora, que llevaba casi un año trabajando en la empresa, desde marzo de 2023, denunció a su ex pareja por violencia de género ante la Policía en de febrero de 2024, lo que dio lugar a un procedimiento judicial. Ese mes estuvo varios días de baja médica, por “síntomas y signos que afectan al estado emocional” que le incapacitaban para realizan su trabajo habitual.

La empresa era conocedora del proceso abierto como víctima de violencia de género ya que el administrador mancomunado de la compañía “había sido citado como testigo de la causa penal el día 2 de abril de 2024”. Siete días después, el 9 de abril, NAGAMI DESIGN SL despidió a la afectada por la vía disciplinaria –sin derecho a indemnización– “por disminución continuada y voluntaria en el rendimiento del trabajo normal o pactado”, recoge la sentencia.

Había indicios suficientes de posible discriminación

Con estos hechos, los magistrados del Supremo revocan la sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que consideró el despido como improcedente y no nulo. La empresa no demostró que fueran real esa supuesta disminución voluntaria del rendimiento, pero el TSJ consideró que las circunstancias del cese no suponían indicios de discriminación a la trabajadora por la condición de víctima de violencia de género.

El Supremo corrige este criterio. Los magistrados sostienen que la situación de la mujer trabajadora como víctima de violencia de género “no puede calificarse el despido como nulo de manera automática”, salvo que conste la existencia de reclamaciones internas o judiciales de la trabajadora frente a la empleadora relacionadas con su condición de víctima de violencia de género.

En el resto de casos, la sentencia recoge que la parte demandante “debe aportar indicios previos y suficientes, de una mínima entidad y significado” sobre esa posible discriminación vinculada a la condición de víctima de violencia de género.

En este segundo supuesto es donde se encuadra este caso analizado y los magistrados consideran que sí había indicios suficientes para concluir que existió este despido discriminatorio. Estos indicios son la baja médica de la afectada, el conocimiento de la empresa del procedimiento judicial como víctima de violencia de género y la inmediatez del cese con todo este proceso, además de la nula intención de la compañía de justificar las causas del despido disciplinario que había firmado.

Así, “se alza como un indicio razonable, con la solidez mínima requerida en el caso, que la sitúa en el ámbito ya no de la mera posibilidad sino en el de la probabilidad, de que el despido se ha producido al entender la empresa que podía asociarse a aquella condición de ser la trabajadora mujer víctima de violencia de género, una serie de circunstancias derivadas tanto de la presión, malestar, miedo e incertidumbre a los que se ve sometida la trabajadora, como de las posibles consecuencias judiciales de su denuncia penal, que podrían percibirse por la empresa como inconvenientes o complicaciones que no está dispuesta a asumir como empleadora”, argumentan los jueces.

Readmisión, pago de salarios e indemnización

Así, el despido se considera como nulo por discriminatorio, lo que supone la obligación de readmitir a la trabajadora, pagarle los salarios que ha dejado de percibir desde su cese en 2024 y una indemnización por daños de 10.000 euros.

Colectivo Ronda, la cooperativa de abogados que ha defendido a la trabajadora, ha celebrado el fallo del Supremo y ha destacado que “no es necesario” que la mujer despedida “aporte una prueba directa de la motivación discriminatoria de la decisión empresarial”.

Es decir que, cuando existen indicios razonables de esta discriminación, “corresponde a la empresa demostrar que el despido responde a motivos reales, objetivos y completamente ajenos a la condición de víctima de la trabajadora”.

Esther Comas, abogada de Colectivo Ronda que ha dirigido la defensa jurídica de la trabajadora, enfatiza la trascendencia de una resolución “que puede contribuir decisivamente a reforzar la protección de las mujeres víctimas de violencia machista frente a actuaciones discriminatorias y despidos sin causa por parte de las empresas que les afectan, precisamente, cuando mayor es su vulnerabilidad”.

Para la letrada, “es vital que se imponga a las empresas un esfuerzo probatorio reforzado a la hora de justificar una extinción que afecta a una mujer en esta situación para disipar cualquier duda razonable que permita suponer, aunque sea indiciariamente, que la razón para despedirla es su condición de víctima”.

Paula —nombre ficticio— denunció a su pareja por presuntos abusos sexuales a su hija cuando la niña tenía dos años. Desde entonces, las visitas con su padre se realizan en un punto de encuentro familiar de Zaragoza, un espacio en el que profesionales de la psicología y el trabajo social facilitan las reuniones, las supervisan y evalúan la relación de los menores con sus progenitores en casos de conflicto entre estos. La madre asegura que, en dos ocasiones, la menor le ha relatado posibles agresiones sexuales dentro del propio centro y cuestiona que las visitas no siempre estén supervisadas de forma directa, pese a que así lo establece la resolución judicial.

A priori, son lugares imparciales donde debe prevalecer el bienestar superior del menor. Sin embargo, cuatro madres que llevan a sus hijos a estos centros en Zaragoza cuestionan su funcionamiento y denuncian situaciones de indefensión. Todas han pedido que no trascienda su identidad para protegerse ellas y a sus hijos.

Los puntos de encuentro familiar de Zaragoza son de titularidad pública, pero su gestión está externalizada mediante un concierto social con la Asociación Punto de Encuentro Familiar de Aragón (APEFA). El Gobierno de Aragón, a través de la Dirección General de Familia, Infancia y Natalidad, es responsable de su coordinación, control y evaluación, así como de supervisar el cumplimiento de las obligaciones de la entidad gestora.

Tras el relato de su hija, Paula la llevó al hospital y comenzó el proceso de denuncia. Explica que desde la Unidad de Atención a la Familia y Mujer de la Policía Nacional —la UFAM— le recomendaron poner cámaras en su domicilio para detectar posibles abusos. Ahí grabó a su hija relatando uno de los episodios, algo que sirvió como prueba, pero que no evitó el régimen de visitas establecido por el juzgado: tres días a la semana cada quince días. La hija de Paula comenzó a presentar problemas de control de la orina durante las visitas, según relata su madre. Explica que, al principio, era el padre quien “la llevaba al baño y la limpiaba, porque los técnicos no están para realizar cuidados, están para informar”. La madre asegura que tiene “un informe del colegio diciendo que tiene un excelente control de esfínteres, solo le pasa ahí”, explica. 

La denuncia de esta madre no se queda ahí. Asegura que en dos ocasiones su hija ha dado información sobre posibles agresiones sexuales por parte de su padre dentro del punto de encuentro. “El año pasado no puse denuncia porque no me lo podía creer, todo el mundo me decía que era imposible que eso pasara en un punto de encuentro y pensé que le venían imágenes de antes o algo. Hasta en abril, que mi hija volvió a relatar que su padre le había tocado dentro del punto de encuentro, varias veces. Esta vez grabé en vídeo a la niña explicándolo y puse una denuncia que está en proceso”, cuenta. Según Paula, la UFAM solicitó al juzgado autorización para instalar cámaras en el punto de encuentro, pero la petición fue rechazada por el derecho a la intimidad de las personas que acuden al centro. Afirma que los agentes trasladaron al Juzgado que necesitaban esa autorización para continuar con la investigación.

En uno de los informes de seguimiento a los que ha tenido acceso este diario aparece una referencia a que la niña expresó sobre sus genitales. El documento añade que, tras realizar el comentario, la menor “continuó jugando con normalidad” y no volvió a hacer referencia al mismo. Paula asegura que tiene grabaciones de su hija hablando de ese juego y cuestiona que el centro no le dé la misma interpretación. “La técnica dice que es un padre muy educado, que ahí ven de todo, que no me preocupe, que mi hija está segura y que tengo que confiar en ellos”, cuenta. La madre explica también que, aunque su hija no se niega a entrar, al principio estaba “muy retraída” y pidió que constara en el informe cómo llegaba al centro. “Me dijeron que solo podían poner lo que pasa dentro de la sala, que la valoración se hace de la interacción con el padre”, relata.

Expone también que su hija realizó un dibujo de su padre desnudo en el que, según su interpretación, se veían los genitales. Muestra su sorpresa de que ese dibujo no “hiciese saltar las alarmas” de los profesionales del centro. “Me reuní con el director diciendo que no entendía cómo una niña podía dibujar a su padre desnudo con genitales en el punto de encuentro y que nadie se diera cuenta ni lo enviara al juzgado. Me dijeron que ellos no están para valorar, que es mi juicio el decir que la niña representa las partes genitales, pero que no están para valorar”, relata. El informe recogió que ella se había quejado del dibujo, pero que el técnico no consideró “nada extraordinario respecto a lo que ella refiere”.

La hija de María, otra de las madres que acude a uno de estos centros, también comenzó a presentar problemas de control de la orina durante las visitas, según relata su madre. Denunció abusos sexuales de su pareja a su hija cuando la niña tenía tres años. En su caso, las visitas se ampliaron basándose en informes técnicos que destacaban el “apego” de la menor hacia su progenitor: “¿Es que no hay nadie en este mundo que tenga formación y que sepa que una niña de entre 0 y 6 años va a sentir apego hacia su figura de referencia y va a mostrar ese apego le haga lo que le haga? Es instinto de supervivencia”. Critica que tanto la ampliación de las visitas como la absolución dictada el pasado mes de septiembre se basaron, a su juicio, en ese criterio: el apego de la menor. “En eso se basó la sentencia para ponerme un día más y en eso la de la absolución”, sostiene. Los informes que se evalúan en estos espacios son fundamentales en las resoluciones judiciales.

Relata que su hija comenzó a perder el control de esfínteres durante las visitas o cuando iba a haber un encuentro, algo que, según asegura, no sucedía en casa ni en el colegio. “Me dicen ”es que se lo estaba pasando tan bien que se le ha escapado'“, cuenta. Explica que al principio esos episodios no se reflejaban en los informes y que tuvo que solicitar una orden judicial para que quedara constancia de cuándo habían sucedido. ”Lo ponen obligados, pero siempre justificando en que se lo está pasando tan bien y se ríe tanto que se le escapa“, afirma. María asegura que también pidió un informe a la tutora de su hija para comprobar si ocurría lo mismo en el colegio, y le confirmó que no, que los problemas de control solo ocurrían en el PEF. Ahora, asegura, su hija ya se niega a entrar a las visitas. ”Se plantó hace dos semanas y dijo: 'No me gusta, no voy a entrar, me hizo daño y no voy a entrar porque no me gusta'“, cuenta María.

La relación entre las visitas con progenitores que han ejercido violencia y el bienestar de los menores también se ha estudiado en el ámbito académico. Una investigación publicada en 2009 en 'Journal of Family Violence' analizó la relación entre las visitas con sus padres y los problemas de conducta de niños en edad preescolar que habían presenciado violencia doméstica. Por su parte, un artículo publicado en 2016 en 'Informació Psicològica', firmado, entre otros, por el psicólogo Antonio Marín Manrique y la doctora en Psicología María Pilar Tormo Irún, abordó las dificultades de intervención en los puntos de encuentro familiar en casos de violencia de género. Los autores señalaron la necesidad de formación específica para los profesionales, una mejor coordinación entre los organismos implicados y una valoración individualizada de la conveniencia de derivar a los menores a estos servicios.

Las madres cuestionan la supervisión de las visitas

Paula sostiene además que, en varias ocasiones, profesionales del centro le han reconocido que no permanecen dentro de la sala durante las visitas, a pesar de que sean supervisadas. “Según la técnica, ellos están en el pasillo con las dos salas con la puerta abierta y a ella le da para, si está manteniendo algo en la sala de la izquierda, tener la capacidad de ver lo que pasa en la sala de la derecha”, afirma. María asegura que, en una ocasión, entró al PEF para ir al baño y vio “a la técnica sentada fuera, entre las dos salas”. 

Paula expone que en el PEF al que acude coinciden dos visitas supervisadas al mismo tiempo, además de las entregas y recogidas de menores. Hay dos técnicos, uno en la oficina que atiende el teléfono y otro que vigila las dos salas. “Si ahora mismo hay dos criaturas en dos salas diferentes haciendo las visitas, ¿quién vigila si están abriendo la puerta o atendiendo al teléfono?”, se pregunta, y asegura que ella ha tenido conversaciones con la técnico mientras había visitas supervisadas.

Irene, otra de las madres entrevistadas, también denuncia una “falta de vigilancia” y añade que, en ocasiones, “los juntan a todos en una sala y los padres hablan entre ellos mientras los niños se entretienen con los demás niños”. Su hija empezó a acudir al centro cuando era muy pequeña, en un contexto de violencia de género y con una causa penal abierta, según relata. “Yo la he criado sola y, al ser tan pequeña, tenía unas rutinas muy marcadas, como cualquier niño a esa edad. Y ahí se las saltan: la tenían hasta última hora de la tarde con pocos meses de vida, cuando debería llevar horas durmiendo, y todo por la enorme falta de disponibilidad del centro, que está saturado y quiere que su etapa allí acabe cuanto antes para atender toda la demanda. Mi hija tuvo que adaptarse a esa falta de disponibilidad para cumplir con las visitas, en horas intempestivas para un bebé que, en su vida normal, estaría durmiendo”, explica.

Irene considera que los profesionales no reflejan en los informes todo lo que ocurre durante las entregas y las visitas. “Se les acaba el concurso en diciembre. Hay algo por lo que creemos que cada niño que consigue salir de ahí es un éxito, y cada cosa grave que pasa la tapan o la ignoran en el informe”, sostiene. Asegura que su hija se pasaba casi todas las visitas dormida y “tampoco se reflejó en ningún informe”: “ Además, esas visitas ni siquiera eran las fijadas por la sentencia, porque el PEF no tiene disponibilidad, y te encaja como puede. Entra llorando muchas veces; la han llegado a meter a la fuerza, cogida como un saco, mientras se la oía llorar desde la calle. ‘No podemos hacer nada’ o ‘que entre así, que ya se calmará’ son frases que suelen decir. Sin embargo, en los informes no recogen los episodios desagradables: lo que pasa ahí dentro es todo de color de rosa para que el juez te saque de ahí cuanto antes”. La madre sostiene que, “informe bueno tras informe bueno y con la causa penal abierta”, se ampliaron las visitas.

La norma que regula estos centros contempla varias de las situaciones que describen las madres. El reglamento de los puntos de encuentro familiar establece que, en las visitas supervisadas, “un profesional supervisará permanentemente la visita”, y la convocatoria del concierto exige además al menos dos profesionales presentes cuando se atiende a familias. El mismo reglamento dispone que, durante esas visitas, el cuidado del menor recae en el progenitor que lo visita, lo que encaja con lo que Paula relata sobre la ayuda con el baño: los técnicos, según le dijeron, “no están para realizar cuidados”. En las entregas y recogidas, los profesionales solo supervisan el inicio y el final de la visita, pero deben registrar “cualquier incidencia” que se produzca en esos momentos. Lo que no recoge la convocatoria del concierto son cámaras de vídeo o audio en las salas: sí exige botón de pánico y videoportero, pero no grabación. Esa medida ya la proponía en 2019 la asociación Somos Más, y la Asesoría Jurídica de la Casa de la Mujer recogió entonces quejas de usuarias porque el centro se negaba a instalarlas.

La importancia de los informes

Todas coinciden en que los informes están “sesgados”. “La forma de relatar lo que nosotras hacemos y lo que hacen los padres es completamente distinta. Nos califican con adjetivos subjetivos mientras que destacan lo que ellos hacen de forma positiva”, sostienen. En los informes de seguimiento a los que ha tenido acceso este diario aparecen expresiones como “algo exigente y poco receptiva”, “de manera altiva” o “no facilita la separación” para describir distintas actuaciones de una de las madres. En otro documento, los profesionales consideran que su comportamiento “retroalimenta una despedida larga y angustiosa” y que su reacción “genera mayor intranquilidad”.

En cambio, en otros informes se describe a los padres con expresiones como “comprensivo” o con un “vínculo afectivo positivo y estable”. En otro documento, los profesionales destacan su “implicación, respeto y adaptación a las necesidades de la menor”. Los informes pueden ser tenidos en cuenta en las resoluciones judiciales. Las madres aseguran que, en varias ocasiones, los jueces les han dicho que han basado sus decisiones en lo que consta en esos documentos, cuyo objetivo es evaluar la relación de los progenitores con los menores.

“Incluso con un informe de servicios sociales, el juez hace caso siempre al informe del PEF”, explica Marta, otra de las madres que acude a uno de estos centros. Su hijo tiene necesidades especiales y, según cuenta, los técnicos no evalúan cómo llega al punto de encuentro ni lo que dice en la despedida “El niño entra muy alterado, llorando, con ataques de ansiedad, vómitos, y lamentando que no vamos a poder hablar”, relata. El padre se lleva al menor un fin de semana entero o quince días en verano y, durante ese tiempo, según explica Marta, “no podemos hablar, impide las comunicaciones”. Cuenta que, en una ocasión, el niño lloraba agarrado a su cuello pidiendo quedarse y “me lo quitaron de los brazos y se lo llevaron porque me dijeron que las despedidas rápidas son lo mejor”.

“A mí los psicólogos me han dicho que requiere que le dé su espacio y valide sus sentimientos en la despedida. No obstante, una vez no pude evitar echarme a llorar viendo sufrir al niño y me acusaron de obstaculizar la entrega y alargarla innecesariamente, constando en informe”, afirma. Según relata, cuando ha pedido que se recoja el estado en el que entra su hijo y sus expresiones textuales, le han respondido que “cuando está con la madre no se evalúa, lo que evaluamos es cuando está con el padre, entonces las entregas y lo que dice el niño en ellas no se evalúan”.

La madre asegura que el menor volvió a relatarle lo sucedido y cuestiona que se le preguntara por ello en presencia del padre. “¿Cómo vas a enfrentar a un niño de cinco años cuando relata una agresión? Otra cosa es que se lo preguntes de nuevo a solas para que no haya inferencias en su versión, pero no: lo enfrentas al señor al que está acusando de haberlo agredido y al que tiene que ver de nuevo al día siguiente para que ratifique lo que el propio niño acaba de relatar delante tuyo”, sostiene. Tras este episodio, presentaron una reclamación “a la que ni nos han contestado”. Marta se muestra indignada por la falta de cámaras y de vigilancia constante en este espacio: “Es un sitio donde hay personas de todo tipo, también condenados por violencia de género que han pasado por la cárcel incluso por intento de asesinato de sus parejas, puede pasar cualquier cosa, son personas violentas de las que están analizando si tienen o no capacidad parental. Y no ponen cámaras”.

Un servicio público gestionado por una entidad concertada

Los puntos de encuentro familiar de Zaragoza Centro y Actur están gestionados por la Asociación Punto de Encuentro Familiar de Aragón (APEFA), mediante un concierto social con el Gobierno de Aragón. El acuerdo para el periodo 2024-2026 contempla un coste máximo de 662.433,47 euros para el conjunto de ambos centros en 2026. El concierto vence el 31 de diciembre de 2026, aunque puede prorrogarse hasta completar un máximo de diez años.

El servicio atiende a cientos de familias. En 2022, los juzgados derivaron 131 familias al punto de encuentro de Zaragoza Centro y 24 al de Actur, según los datos que el propio Gobierno de Aragón facilitó al Justicia de Aragón, además de cinco a un tercer centro, el de Zaragoza Periferia, que entonces gestionaba otra entidad. La convocatoria del concierto estima que ambos centros pueden atender a 900 menores: 600 en Zaragoza Centro y 300 en Actur.

Entre las obligaciones de la entidad figuran mantener los medios humanos y materiales comprometidos, contar con un equipo con formación específica, disponer de protocolos de intervención y seguridad y comunicar por escrito a la Administración las incidencias que se produzcan, así como informar de las quejas presentadas por el funcionamiento del servicio. El concierto también obliga a la entidad a garantizar la continuidad del personal ofertado y a facilitar las inspecciones y evaluaciones de la Administración.

El Gobierno de Aragón mantiene la titularidad pública del servicio y, a través de la Dirección General de Familia, Infancia y Natalidad, tiene atribuidas las funciones de coordinación, control, seguimiento y evaluación de los puntos de encuentro familiar. El concierto con APEFA establece la creación de una comisión paritaria que debe reunirse trimestralmente para analizar la actividad, los objetivos, las intervenciones y las incidencias, además de revisar las memorias periódicas del servicio. La Administración también puede solicitar informes sobre la gestión y sobre casos concretos, y tiene capacidad para inspeccionar y evaluar el funcionamiento de los centros.

El acuerdo incluye, asimismo, el compromiso del Gobierno de Aragón de elaborar un protocolo específico para los casos de violencia de género, que las entidades gestoras deben implantar, además de procedimientos propios, que cada entidad debe diseñar, para organizar las intervenciones y distribuir los espacios de forma que se garantice la integridad física y emocional de las mujeres y sus hijos. No consta que ese protocolo se haya hecho público.

Este diario ha trasladado sus preguntas a APEFA, la entidad que gestiona ambos centros, que remitió la solicitud al Gobierno de Aragón. El Departamento de Bienestar Social y Familia no ha respondido a las preguntas específicas sobre los protocolos de supervisión, la elaboración de los informes y los mecanismos de control.

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a 20 años de prisión al hombre que asesinó a su pareja, una mujer de 29 años, en una vivienda del distrito de Usera durante la madrugada del 30 de diciembre de 2024. El condenado, que entonces tenía 55 años, mató a la víctima a puñaladas después de una discusión por celos, pese a que tenía en vigor una orden de alejamiento que le prohibía acercarse a ella. Ambos habían retomado la convivencia semanas antes del crimen.

La sentencia, adelantada por Europa Press, considera al acusado culpable de un delito de asesinato y otro de quebrantamiento de medida cautelar, de acuerdo con el veredicto del Tribunal del Jurado, que apreció las agravantes de parentesco y género. La resolución también recoge que el hombre había establecido una relación de control y dominación sobre la víctima desde que comenzaron su relación sentimental, en agosto de 2024.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 2.00 del 30 de diciembre de 2024 en un piso de la travesía de Santoña, donde la pareja compartía habitación y residía junto a otras personas. Según los hechos declarados probados, la mujer acababa de regresar a casa después de salir de fiesta cuando se inició una discusión motivada por los celos del acusado.

Durante el enfrentamiento, el hombre cogió un cuchillo de cocina de 33 centímetros de longitud y apuñaló a su pareja en distintas partes del cuerpo. La víctima había consumido una cantidad importante de alcohol, lo que afectaba a sus capacidades y percepción, una circunstancia que el condenado conocía. El jurado consideró probado que el ataque se produjo de manera sorpresiva y repentina, sin que la mujer tuviera posibilidad de defenderse.

La agresión acabó con la vida de la joven, que presentaba heridas de arma blanca en el cuello y en la axila derecha. Cuando los agentes de la Policía Nacional llegaron al domicilio, encontraron a la víctima sin signos de vida y los servicios sanitarios desplazados hasta el lugar únicamente pudieron confirmar su fallecimiento. El presunto autor fue localizado y detenido poco después en las inmediaciones de la vivienda por agentes del Grupo de Atención al Ciudadano.

Una orden de alejamiento que seguía vigente

El crimen se produjo poco más de un mes después de que un juzgado de Madrid dictara una orden de protección contra el acusado. La medida, acordada el 22 de noviembre de 2024, le prohibía aproximarse a la víctima, a su domicilio, a su lugar de trabajo o a cualquier otro espacio en el que pudiera encontrarse, así como comunicarse con ella por cualquier medio.

Sin embargo, ambos habían reanudado la convivencia en la misma vivienda de Usera en la que ya habían residido anteriormente. La sentencia considera acreditado que el hombre incumplió de esta manera la prohibición judicial, que permanecía vigente cuando se produjo el asesinato.

El Tribunal del Jurado también dio por probado que el condenado había impuesto durante la relación una dinámica de control, dominio y superioridad sobre la mujer por razón de género, sometiéndola y humillándola. Los miembros del jurado concluyeron que el hombre actuó con intención de acabar con su vida o, al menos, aceptando la posibilidad de causarle la muerte.

La resolución judicial establece, además de la pena de prisión, la prohibición de acercarse a menos de 500 metros del hijo menor de la víctima durante 20 años. Esta restricción afecta tanto al menor como a su domicilio, centro de estudios, lugar de trabajo y otros espacios que frecuente. El condenado tampoco podrá comunicarse con él por ningún medio durante ese periodo y quedará sometido a una medida de libertad vigilada de hasta cinco años.

En concepto de responsabilidad civil, el hombre deberá indemnizar con 340.000 euros al hijo de la fallecida y con otros 85.000 euros a cada uno de sus padres, lo que eleva las compensaciones a un total de 510.000 euros. También tendrá que asumir las costas procesales, incluidas las correspondientes a la acusación particular.

El asesinato de Diana fue el caso número 47 de violencia de género registrado en España en 2024. La víctima, madre de una niña, fue asesinada el 30 de diciembre, apenas un día antes de que terminara el año. Con su muerte, la cifra de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas ascendió entonces a 1.292 desde 2003, cuando comenzaron a elaborarse las estadísticas oficiales.

Hace ya dos décadas que el Foro de Hombres por la Igualdad convocó la primera manifestación de Hombres Contra las Violencias Machistas en Sevilla. Aquel foro surgió a raíz de unas declaraciones del Premio Nobel José Saramago, que dijo que “el maltrato es un problema de los hombres y son los hombres los que tienen que resolverlo”. A partir de aquella marcha del 21 de octubre de 2006, cada cinco años se han celebrado manifestaciones en la ciudad contra las violencias machistas. La iniciativa, que alcanza su 20 cumpleaños esta semana, propone un diálogo abierto y honesto sobre cómo promover una transformación más igualitaria y positiva en las masculinidades dominantes.

Para conmemorar ese 20 aniversario y consolidar la alianza iniciada con la Iniciativa #21oct21, se convoca a la ciudadanía para este miércoles en la “Marcha Hombres por la Igualdad y la No Violencia y Encuentro por una Cultura de Paz”, bajo los lemas “El silencio nos hace cómplices” y “No Más Violencias Machistas”. El escenario político y social ha cambiado drásticamente desde la última marcha realizada. “El auge de la reacción neomachista ha incrementado las violencias en todas sus manifestaciones. El negacionismo de la violencia de género está significando mayor violencia sexista y sexual contra mujeres, personas LGTBIQ+ y menores”, argumentan desde la Fundación Iniciativa Social para reclalcar que nueva convocatoria sigue teniendo la misma relevancia.

La programación

La Iniciativa Sevilla #21oct26 girará en torno a cuatro ejes que se repartirán en tres días, en el Campus San Bernardo, de la Universidad de Sevilla. Las jornadas comenzarán este lunes 19 de octubre, con un ‘Laboratorio Metodológico: Transformando Masculinidades’, en colaboración con la Delegación de la Igualdad del Ayuntamiento de Sevilla. Durante esta actividad se invitarán a profesionales en la prevención de violencias machistas y se pondrán en común las diversas formas de aplicar la perspectiva de género a la intervención con hombres y construir redes entre expertas y expertos para innovar en las metodologías de transformación igualitaria de las masculinidades. 

El martes, al día siguiente, tendrá lugar el ‘Foro Social: Machismos y Violencias’ en el que se reflexionará sobre el machismo y su relación con las violencias cotidianas. En este encuentro se construirá un mapa de violencias, se analizará la cultura neomachista y se plantearán narrativas positivas como nuevas estrategias ciudadanas. Además, como acto paralelo, se realizará una presentación conjunta de los libros “No me des la Chapa”, de Pamela Palenciano, y “Tristes y Salvajes”, de Lionel Delgado.

La mañana del miércoles 21 de octubre se realizará el ‘Simposio MenEngage: Hombres, Masculinidades y Militarismos’, organizado por MenEngage Europa, en el que participarán alrededor de 50 personas de 14 países distintos de Europa. Se realizará un panel sobre masculinidades y militarismo en el continente, con sesiones paralelas sobre desarme, política exterior feminista y prevención de violencias en zonas de conflicto. 

La tarde del miércoles tendrá lugar la ‘Marcha: Hombres Por la No Violencia’, cuyo recorrido comenzará a las 18.00 horas en la Puerta de la Diputación de Sevilla hasta la Alameda de Hércules, con paradas simbólicas en las que se señala a una violencia patriarcal, en concreto en la Puerta de los Naranjos, el Arzobispado, la Plaza del Triunfo, la Catedral y el Banco de España. La manifestación culminará en un Encuentro Ciudadano por una Cultura de Paz que contará con actuaciones artísticas y un concierto. 

La iniciativa está abierta a todas las instituciones, entidades y movimientos sociales que compartan los valores de igualdad de género. Actualmente, cuentan con más de 14 entidades colaboradoras. El formulario de inscripción se encuentra en su página web en la que además se detalla toda la programación de las jornadas.

“Y el día del hombre, ¿para cuándo?” es una frase sarcástica que algunos pronuncian cuando se acerca el 8 de marzo o, sencillamente, ante cualquier reivindicación feminista. Lo que quizá no saben es que ese día existe, pero seguramente no como imaginan: este 21 de octubre es el Día de los Hombres contra las Violencias Machistas, una efeméride que nació en España hace ya veinte años para reivindicar el papel de los varones en la eliminación del machismo y sus violencias.

“El 21 de octubre no nace de la necesidad de que exista un día del hombre, sino de la necesidad de pronunciarse y posicionarnos públicamente en contra de las violencias que mayoritariamente son ejercidas por nosotros. Es asumir una responsabilidad, como un not all men, pero bien: no todos queremos callarnos frente a las violencias que cometemos el común de los hombres. Queremos construir una idea de qué es una relación igualitaria”, explica Jesús Moreno, un joven de 30 años que participa estos días en la organización de esa efeméride en Sevilla, la ciudad que vio nacer la iniciativa y que estos días acogerá reuniones de distintos grupos y activistas.

Unas declaraciones del premio Nobel de Literatura José Saramago movieron a un grupo de hombres de Sevilla a convocar la primera manifestación masculina contra la violencia de género y a organizarse para instaurar la efeméride. “La violencia de género es un problema de los hombres que sufren las mujeres”, dijo Saramago.

“Ya antes habíamos hecho actos, había una red de grupos de hombres con grupos en muchas ciudades grandes, pero las palabras de Saramago nos inspiraron para convocar una manifestación”, cuenta Hilario Sáez, uno de los impulsores de la iniciativa, fundador del grupo de Sevilla, que se había formado en 1997 tras el asesinato machista de Ana Orantes y que ya entones impulsó un manifiesto que llamaba a los hombres a condenar públicamente la violencia de género al que se sumaron entidades de otros puntos del país. Unos años después de esa primera manifestación, en 2011, el Congreso Iberoamericano de Masculinidades y Equidad que se celebró en Barcelona proclamó el 21 de octubre como el Día de los Hombres contras las Violencias Machistas.

Una reivindicación, no una reacción

Poco que ver con la intención que parecen tener quienes pronuncian ese “¿y el día del hombre?”. Jesús Moreno, psicólogo en la Fundación Iniciativa Social (FIS), una organización que, desde el comienzo, participa activamente en la convocatoria del 21O, pone un ejemplo revelador. “Cuando estamos en los puntos violeta y viene un hombre y nos dice algo como '¿y los hombres para cuándo?' y le damos un folleto de nuestro servicio de atención a hombres nos dicen 'ah esto no'. Eso nos hace ver que no hay una propuesta real detrás de querer reivindicar un espacio propio, que es lo que las mujeres han hecho con el feminismo, sino una reacción al sentirse desplazados del centro”, cuenta.

El psicólogo recuerda que, de hecho, existe otra efeméride relacionada: el Día Internacional del Hombre, que se celebra el 19 de noviembre, y cuya filosofía oscila entre la idea del 'desplazamiento' de los hombres y los discursos sobre la promoción de los cuidados y la prevención de malestares y violencias cercanos a los de organizaciones como FIS, el Foro de Hombres por la Igualdad o la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género (AHIGE), que se suman al 21 de octubre.

“Por socialización lo que esperamos es ser el centro de nuestras relaciones e invisibilizar las violencias que cometemos”, prosigue Moreno, que cuenta que uno de los objetivos del encuentro que han organizado para conmemorar este 21 de octubre es precisamente seguir reflexionando sobre cómo deben abordarse esas violencias, con qué enfoque y qué medios hacen falta, pero también cómo abordar esa gran cantidad de comportamientos que, sin ser calificados como violentos o rozando con el concepto de violencia, sirven a los hombres para mantener el control en las relaciones, para imponer sus condiciones y no situarse en verdadera igualdad con las mujeres con las que se relacionan.

Hilario Sáez subraya que la fecha está pensada para ser una condena pública de los hombres hacia las violencias machistas, pero que es también “un compromiso colectivo y personal con la igualdad, con revisar los modelos de masculinidad en los que hemos sido educados”. “Si somos parte del problema debemos ser parte de la solución. La violencia reproduce la desigualdad y la desigualdad es el contexto que sostiene y legitima las violencias. Tenemos que pensar en cómo se construye la masculinidad, cómo nos educan para gestionar los conflictos, cómo legitimamos la violencia... todo eso es lo que luego permite que exista la violencia extrema, pero también toda una violencia psicológica, cultural... ”, reflexiona Sáez.

Transformar la masculinidad

“Este día pone en un primer plano a los hombres, pero en sentido contrario a cómo lo hace la manosfera o los grupos por los derechos de los hombres, que buscan reivindicar la hombría en un sentido normativo, machista, de vuelta al status quo patriarcal. Quienes suelen pedir un día de los hombres lo hacen para reivindicar una masculinidad que ahora está herida, sin ningún otro propósito, porque se sienten desplazados por la exigencia de avances y derechos. El 21 de octubre día aparece, sin embargo, desde la reivindicación de transformar la masculinidad en un sentido igualitario, corresponsable y, de alguna manera, feminista”, comenta la socióloga Beatriz Ranea, autora de Desarmar la masculinidad.

Ranea cree que la efeméride debe impulsar algunas conversaciones urgentes alrededor de la masculinidad y señala una prioritaria: “Salir del discurso que demoniza a los hombres jóvenes, como si la reacción conservadora y antifeminista solo tuviera que ver con la juventud. Claro hay hombres jóvenes radicalizados, pero también hay una juventud que se moviliza desde otros puntos de vista, como está sucediendo ahora con la vivienda”.

La experta ve también imprescindible abordar los pactos de silencio, las complicidades y los miedos masculinos a desafiar a otros hombres y a “poner el cuerpo por la igualdad: ”Lo vemos en casos mediáticos, como en el de la universidad de Cornell o el de Gisèle Pelicot, pero también en la vida cotidiana. No se trata de hacer un discurso de culpabilización, pero sí de hacerse responsables del papel que tienen en la reproducción de la violencia y la desigualdad. Hay que hablar también de cuidados, cada vez hay más hombres involucrados, pero la carga sigue siendo muy desigual“.

Hilario Sáez concluye: “Convocamos a los hombres por la no violencia, queremos decirles, ¿cómo te posicionas?, ¿qué hay que hacer para que no exista? Si no cambia la socialización masculina la violencia machista va a estar ahí, y no solo violencia contra las mujeres, sino también contra menores, contra la población LGTBI y contra nosotros mismos”.

La localidad de Valverde de Júcar (Cuenca) ha amanecido este viernes “entre la rabia, la incredulidad y el enfado” tras las dos muertes violentas acaecidas en el municipio este jueves, que la Delegación del Gobierno investiga como posible crimen machista.

Así lo ha expresado el alcalde, Eduardo Mena, que ha indicado que el hallazgo de los cuerpos sin vida de una mujer de 37 años y un hombre de edad aún no determinada, con indicios de muerte violenta, es algo que “no se puede explicar nadie”. Aún sin datos oficiales, aunque “todo indica” en la dirección del asesinato, el primer edil ha explicado que las dos víctimas eran pareja con familia en Madrigueras (Albacete), y que eran “una familia querida” en el municipio.

“No se conocía nada de esto, nadie”, ha añadido el alcalde de Valverde sobre lo que haya podido motivar este desenlace. La mujer, según fuentes del Gobierno regional, no se encontraba en el sistema VioGén. La pareja tenía además dos hijas menores de 6 y 14 años de edad.

Precisamente, la Consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha confirmado que la familia de la mujer presuntamente asesinada se hará cargo de estas dos menores. Ha indicado que el equipo de menores se iba a volver a trasladar este viernes al municipio para hacer una valoración de la familia. En concreto, se ha referido a los abuelos, “que son los que se encontraban ayer con estos dos menores y se va a trabajar con ellos para poderles dar todo el apoyo y todo el acompañamiento necesario”, ha indicado.

También, ha añadido, para evaluar en qué situación se van a quedar ahora estos menores. “Entendemos que, si todo va bien, puedan quedarse con su familia, que es en lo que siempre se trabaja y se prioriza y, si no, en cualquier caso, está la Administración”, ha concluido.

Tres días de luto oficial

Por su parte, el Consistorio del municipio conquense, en el que no recuerdan un suceso similar en décadas, tiene previsto decretar este mismo viernes tres días de luto oficial, así como un un bando para la celebración de una concentración de repulsa que se ha producido a las 12.00 horas.

El aviso del suceso se produjo a las 19.43 horas de este jueves, cuando una persona llamó a emergencias al no poder acceder a la vivienda donde ocurrieron los hechos, situada en la calle Mayorazgo. Hasta el lugar se desplazaron los bomberos de Motilla del Palancar y la Guardia Civil, que encontraron los cuerpos con indicios de muerte violenta, y también los efectivos sanitarios y un equipo de atención psicosocial de Cruz Roja.

Hola.

¿Cómo estás? Con la tontería, ya estamos en octubre. Y no, no dejan de pasar cosas. Del desahucio de Maricarmen, el estallido de indignación por la vivienda y la no convalidación de los dos reales decretos del Gobierno sobre el asunto hemos pasado a una convocatoria de elecciones generales. El 29 de noviembre nos vemos en las urnas y sabremos qué nos espera los siguientes cuatro años.

Sobre la mesa, el miedo a un gobierno de extrema derecha que recorte derechos y libertades. Sabemos que tienen al feminismo en el punto de mira. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mencionó durante el discurso en el que anunciaba la convocatoria de elecciones la importancia de un proyecto político que se ha construido alrededor de la paz y el feminismo. Se me quedó grabado.

Porque muy probablemente de aquí al 29S vamos a escuchar cómo se apela al feminismo y a las mujeres para parar la ola ultra y conservar un ejecutivo progresista. El problema es que en los últimos años hemos visto cómo en toda la izquierda ha habido un decaimiento de la agenda feminista y de igualdad, un decaimiento en el discurso, en las propuestas. Hemos visto, incluso, cómo se ha culpabilizado al feminismo del auge ultra, sin más matices ni explicaciones.

Ahora, con las elecciones a la vuelta de la esquina y con un mundo que ha girado a la derecha, en el que hemos visto cómo la agenda ultra intenta imponerse alrededor de los grandes asuntos sociales y económicos, estaría bien algo de autocrítica. Porque quizá vaciar o descafeinar la agenda de las políticas de igualdad no era la solución para frenar nada, ni señalar al feminismo ni hablar de amigos de entre 40 y 50 años asustados (¿os acordáis de esa frase de Pedro Sánchez?). Quizá todo eso lo que hacía, precisamente, era alimentar el odio y los razonamientos de las derechas, mientras la izquierda dejaba algo de lado al feminismo.

He ilustrado el boletín de hoy con esa foto del 8M de 2019 porque creo que en estos días conviene recordar que ese impulso feminista tiene que ver con algunos de los cambios más importantes que hemos vivido en los últimos tiempos. Y que esas huelgas son el precedente imprescindible para que hoy estemos asistiendo a una convocatoria de huelga general alrededor de la vivienda, algo impensable hace diez años. Cuando en 2018 se planteó la convocatoria de una huelga feminista hubo mucho revuelo y también mucha incomprensión. Los grandes sindicatos, de hecho, no convocaron huelga general, sino paros parciales. Fueron sindicatos minoritarios los que ampararon la posibilidad de que existiera una huelga general feminista, que buscaba interpelar el propio sentido de las huelgas, la manera en la que las hacemos y a quién interpelamos.

Te puede interesar

De premios

Ha sido una alegría saber que el Premio Nacional de Ensayo 2026 ha sido para Hijas del hormigón, de Aida dos Santos, un libro en el que recoge historias de mujeres de clase trabajadora, historias en las que se mezclan el machismo y el clasismo.

A mí me han nominado a los premios Así sí de la Federación de Mujeres Jóvenes, que premian la cobertura de la violencia sexual con perspectiva de género, y me puedes votar aquí :)

Nos vemos la próxima semana.

Ana