Los maltratadores no dejan de innovar, por eso el terrorismo contra las mujeres es un problema estructural, transversal, una cuestión de Estado. Lo he visto con mis ojos, incrédulos ante tanta miseria humana: un agresor condenado por delitos de violencia de género, que utiliza la rectificación registral relativa al sexo con la finalidad de neutralizar la competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Esta conducta constituye una prolongación de la violencia ya declarada judicialmente, donde el ordenamiento jurídico pasa a ser un mecanismo más de ejercicio de la violencia, también institucional.

El artículo 1 de la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, reconoció a las personas trans mayores de edad (y menores en ciertos casos) y de nacionalidad española la posibilidad de modificar la asignación registral de su sexo, sin necesidad de someterse a un procedimiento quirúrgico de reasignación de sexo y sin procedimiento judicial previo.

Posteriormente la Ley 4/23, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, regula el procedimiento y requisitos para la rectificación registral relativa al sexo y, en su caso, nombre de las personas, así como sus efectos, y prevé medidas específicas derivadas de dicha rectificación en los ámbitos público y privado.

Esta legislación avanzada es utilizada por algunos maltratadores, en este caso uno condenado por un Juzgado de lo Penal hace ocho años, y que ha perpetuado la violencia como modo de vida, que modifica su situación registral con el propósito de alterar la respuesta judicial frente a sus agresiones. Como consecuencia, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº5 de Sevilla (ahora Plaza nº5 de la Sección de Violencia), supuestamente especializado, declara la incompetencia de estos juzgados para asumir la causa y adoptar las medidas interesadas tras denuncia interpuesta con posterioridad al cambio registral, ya que sería un asunto entre dos mujeres, y quedaría fuera de su ámbito de competencia.

Esta decisión la toma al amparo del artículo 46.2 de la Ley 4/23 que establece “La rectificación registral permitirá a la persona ejercer todos los derechos inherentes a su nueva condición”. No ahonda más, no presta la diligencia debida, dejando desamparada a la víctima que acude buscando protección.

El debate no debe girar en torno a la identidad de género, ni al derecho de la personas trans a la rectificación registral, sino a la instrumentalización de la ley como mecanismo de dominación y de perpetuación de la misoginia

Por si fuera poco, omite la aplicación del artículo 46.3 que constituye una cláusula antifraude para casos de violencia de género al establecer que “La rectificación de la mención registral relativa al sexo y, en su caso, el cambio de nombre, no alterarán el régimen jurídico que, con anterioridad a la inscripción del cambio registral, fuera aplicable a la persona a los efectos de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género”.

En este caso la mujer, reconocida como víctima de violencia de género por sentencia firme, queda desposeída de la tutela judicial efectiva que reconoce la Constitución española cuando el Juez permite al maltratador sustraerse a la jurisdicción especializada, perdiendo el acceso a un sistema procesal diseñado para su protección.

Interpretar que un cambio registral extingue la competencia especializada produce un deterioro de la protección de la víctima, difícilmente conciliable con las obligaciones del Estado derivadas del Convenio de Estambul y con la doctrina constitucional sobre la tutela judicial efectiva. Entonces, ¿de qué tutela hablamos? ¿a qué protección nos encomendamos si la violencia institucional prolonga la ejercida por el terrorista doméstico?

Y luego está el fraude de ley. El artículo 6.4 del Código Civil impide obtener ventajas procesales mediante el uso instrumental de una norma, y es el poder judicial el obligado a impedir que esto ocurra. Si un agresor instrumentaliza una ley concebida para proteger derechos fundamentales con una finalidad fraudulenta, puede interpretarse dicha conducta como una manifestación más de la violencia de control y de la violencia institucional ejercida contra la víctima.

El debate no debe girar en torno a la identidad de género, ni al derecho de la personas trans a la rectificación registral, sino a la instrumentalización de la ley como mecanismo de dominación y de perpetuación de la misoginia. Pero la pregunta que debemos hacernos es si el ordenamiento jurídico dispone de mecanismos suficientes para impedir que un maltratador condenado utilice ese derecho para seguir ejerciendo violencia. La respuesta es afirmativa, pero para ello harían falta juzgados determinados a hacer bien su trabajo. Y no están, ni se les espera.

Un hombre ha sido condenado a cinco años y cuatro meses de prisión por maltratar, amenazar y agredir sexualmente de forma habitual a su mujer. El inculpado, de 38 años, nacionalidad española y vecino de una localidad de la comarca de Pamplona, fue denunciado un año después de que la pareja se divorciase tras una relación de 17 años. La sección segunda de la Audiencia de Navarra ha apreciado las atenuantes de enajenación mental y reparación del daño, puesto que el hombre depositó a la víctima 5.000 euros antes del juicio para hacer frente a la responsabilidad civil, la mitad de lo que se estableció.

El procesado y la denunciante, que comenzaron la relación sentimental en 2007, contrajeron matrimonio en octubre de 2016. Se divorciaron en octubre de 2023 y la mujer interpuso denuncia en enero de 2024. En los últimos años de convivencia, según se considera probado en la sentencia, el acusado “empujaba y zarandeaba” a su esposa, a la que se dirigía “con expresiones ofensivas y de menosprecio”.

Asimismo, según reza la resolución judicial, en el ámbito de las relaciones sexuales que mantenía con su esposa “actuaba con posición de dominio”. Cuando ella en ocasiones mostraba su negativa, él insistía en sus pretensiones sexuales, “entre ellas las de sumisión”, ante lo cual la denunciante terminaba por acceder.

Respecto a este delito, los jueces sostienen que, a tenor de unos mensajes de WhatsApp y del resto de prueba, se evidencia que el inculpado proponía de forma muy habitual prácticas sexuales de sumisión y sexo duro, que no siempre eran inicialmente aceptadas por la víctima, pero que terminaba por acceder para que él tuviera un mejor comportamiento familiar y evitar su mal humor o sus recriminaciones. Para los magistrados, “el consentimiento de la denunciante se encontraba viciado” y el encausado podía percibir que esta no quería dichas relaciones, “lo que constituye un delito de agresión sexual continuado”.

Desde que la víctima decidió separarse en 2017, le decía que, si le dejaba, iba a suicidarse. Asimismo, le amenazaba. Le decía que le iba a atropellar y que iba a matar a sus hijas o a su madre. A consecuencia de todos los hechos padecidos, la mujer padece sintomatología ansioso-depresiva, caracterizada por sentimientos de miedo y desesperanza.

Por su parte, el condenado, según recoge la sentencia, presenta trastorno bipolar sobre rasgos disfuncionales de la personalidad, lo que afectó a sus facultades intelectivas y volitivas de forma moderada-grave en relación a los hechos relatados.

La sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, fija las siguientes penas de prisión: 5 meses por un delito de maltrato habitual, 5 meses por un delito continuado de amenazas y 4 años y 6 meses por un delito continuado de agresión sexual. Además, el condenado no podrá comunicarse ni acercarse a la víctima a menos de 300 metros durante un total de 9 años y 5 meses y deberá cumplir una medida de libertad vigilada, a ejecutar con posterioridad a la pena privativa de libertad, de 5 años.

Otra mujer asesinada. Otra familia rota. Otra comunidad conmocionada. Y, después, el mismo debate: protocolos, recursos, coordinación, protección, prevención.

Todo es necesario. Pero no es suficiente. Porque cuando una mujer es asesinada por su pareja o expareja, la violencia no comienza con el crimen. Mucho antes han podido aparecer el control, la posesión, los celos, la humillación, el aislamiento y la desigualdad. Y, ante esa realidad, debemos hacernos una pregunta incómoda: ¿qué estamos haciendo para educar contra la violencia antes de que sea demasiado tarde?

La respuesta no puede limitarse a actuar cuando ya existe una víctima.

La violencia machista no se combate únicamente en los juzgados, en los servicios sociales o mediante medidas de protección. También se combate en las aulas, en las familias y en la construcción cotidiana de las relaciones humanas. Se combate enseñando, desde la infancia, que nadie pertenece a nadie; que el amor no controla; que los celos no son una prueba de cariño; que la libertad del otro no se negocia y que ninguna persona tiene derecho a humillar, dominar o dañar a otra.

La educación no es una solución mágica. Pero sí es una de las herramientas más poderosas para transformar las ideas, las actitudes y los comportamientos que pueden terminar normalizando la desigualdad y la violencia.

Cada nueva víctima nos obliga a mirar de frente una realidad que no podemos seguir aplazando. El dolor no puede convertirse en una noticia más. La indignación no puede durar únicamente unas horas. Y la memoria de las víctimas no puede limitarse a un minuto de silencio

Los programas de coeducación, educación afectivo-sexual y prevención del sexismo pueden contribuir a reducir las actitudes sexistas, desmontar los mitos del amor romántico y cuestionar la aceptación de la violencia. Sin embargo, estos esfuerzos siguen siendo insuficientes, desiguales y, en demasiadas ocasiones, fragmentarios.

No podemos permitir que la prevención dependa de la voluntad individual de un centro, de un docente o de una administración concreta. La prevención debe ser una política de Estado.

Necesitamos programas obligatorios, rigurosos y evaluables de prevención de la violencia de género desde las primeras etapas educativas. Necesitamos formar al profesorado. Necesitamos proporcionar herramientas a las familias. Necesitamos profesionales preparados y recursos suficientes. Y necesitamos evaluar, sin prejuicios ni intereses partidistas, qué medidas funcionan y cuáles no.

Porque anunciar programas no basta. Aprobar leyes no basta. Reaccionar después de cada asesinato no basta. Hay que llegar antes.

Si queremos cambiar el futuro, debemos empezar mucho antes de que llegue la tragedia

Y llegar antes significa educar para la igualdad, para la libertad, para el respeto y para la convivencia. Significa enseñar a identificar el control y la violencia antes de que se normalicen. Significa formar personas capaces de establecer relaciones basadas en la dignidad y no en la dominación.

Cada nueva víctima nos obliga a mirar de frente una realidad que no podemos seguir aplazando. El dolor no puede convertirse en una noticia más. La indignación no puede durar únicamente unas horas. Y la memoria de las víctimas no puede limitarse a un minuto de silencio.

Si queremos cambiar el futuro, debemos empezar mucho antes de que llegue la tragedia.

Como catedrática y defensora de los derechos humanos, lo afirmo con absoluta convicción: la educación es una de las grandes herramientas de prevención de la violencia machista y no puede seguir ocupando un lugar secundario.

Las mujeres de Albacete, de Castilla-La Mancha y de toda España tienen derecho a vivir sin miedo.

Y nuestra sociedad tiene la obligación de educar para que ese derecho sea una realidad.

No más excusas. No más indiferencia. No más muertes.

La educación no puede seguir llegando tarde.

El servicio telefónico de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género 112, dependiente del Instituto Canario de Igualdad (ICI), atendió en el primer semestre del año 9.693 llamadas relacionadas con violencias machistas, un 13% más que en el mismo periodo de 2025, cuando se registraron 8.568.

Solo en junio se contabilizaron 1.711 llamadas, de las que 60 correspondieron a mujeres que reconocieron tener alguna discapacidad, según ha informado este martes la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias.

Del total de llamadas recibidas entre enero y junio, el 59% (5.717) fueron consideradas de emergencia, al implicar un peligro inminente para la víctima y requerir la activación de recursos policiales, sanitarios o de los Dispositivos de Emergencia para Mujeres Agredidas (DEMA).

Los DEMA fueron activados en 1.117 ocasiones y permitieron acoger de emergencia a 219 mujeres y a sus 92 hijas e hijos para protegerlos de sus agresores. Además, se movilizaron 5.516 recursos policiales y 477 sanitarios.

La directora del ICI, Ana Padrón, ha afirmado que “la violencia de género es un problema estructural que no cesa” y ha defendido la necesidad de reforzar la implicación “desde todos los ámbitos para acorralar a los maltratadores y que las mujeres se sientan protegidas”.

Padrón ha añadido que el Gobierno de Canarias ha reforzado en los últimos años “todos los mecanismos de protección”, aunque ha considerado necesario aumentar la detección temprana en los ámbitos sanitario, educativo y laboral, así como crear mayor conciencia ciudadana “para combatir el creciente negacionismo”.

Suben las llamadas de menores y mayores

Por grupos de edad, aumentaron especialmente las llamadas relacionadas con menores de 18 años, que pasaron de 123 en el primer semestre de 2025 a 165 este año, un 34% más.

También crecieron las alertas de mujeres mayores de 76 años, con 105 casos frente a los 79 registrados en el mismo periodo del año anterior, lo que supone un incremento del 32%.

En el resto de franjas de edad, se recibieron 1.738 alertas de mujeres de entre 18 y 35 años; 2.166 de mujeres de 36 a 55 años; y 599 de mujeres de entre 56 y 75 años.

El 65% de los agresores son parejas o exparejas

La mayoría de los agresores identificados eran la pareja de la víctima, con 4.054 casos, o la expareja, con 2.471.

También se registraron agresiones cometidas por hijos (458), desconocidos (212), hermanos (169), padres (134) y amigos (113).

En cuanto a la tipología de las agresiones, cerca del 5% correspondieron a agresiones sexuales, lo que obligó a activar en 200 ocasiones los centros de crisis 24 horas.

El 41% de los casos fueron violencias físicas sin agresión sexual y otro 41% correspondió a violencia no física.

El 42% de las llamadas fueron realizadas por la propia víctima, mientras que un 22% procedieron de personas alertantes accidentales, un 18% de instituciones y un 5% de familiares.

La asociación Kirké: Feministas en Acción ha convocado una concentración de repulsa este sábado, 25 de julio, a las 19:30 horas en la Plaza del Mercado de Logroño, tras los últimos crímenes machistas registrados en España a lo largo de la semana. Desde el colectivo han hecho un llamamiento a la ciudadanía para sumarse a esta vigilia y acudir con velas en recuerdo de las víctimas.

La convocatoria surge tras contabilizarse tres feminicidios en el país en los últimos días, dos de ellos cometidos en un intervalo de menos de 24 horas. Según los datos aportados por la propia entidad a través de Feminicidio.net, en lo que va de año se han registrado 57 feminicidios y otros asesinatos de mujeres en España, a los que se suman siete casos más que permanecen actualmente en fase de investigación.

Exigen medidas eficaces más allá de los actos institucionales

Desde Kirké han calificado la situación de “muy grave” y han reclamado la adopción de medidas urgentes que vayan más allá de los discursos habituales del periodo estival. A este respecto, el colectivo critica que durante los meses de verano se continúe aludiendo al aumento de la convivencia o al calor como factores desencadenantes sin que se apliquen herramientas realmente efectivas para frenar la violencia de género.

Asimismo, la asociación feminista considera que los minutos de silencio convocados de manera oficial tras cada crimen resultan “insuficientes” y responden a un gesto “meramente estético”. Por ello, el acto de este sábado en la capital riojana busca articular un espacio público donde recordar a las víctimas, canalizar la rabia e insistir en la necesidad de reformas inmediatas en materia de protección y prevención.

Las llamadas al teléfono 016, que atiende a las víctimas de violencia machista, aumentaron un 120,8% tras la victoria de España en el Mundial, según fuentes del Ministerio de Igualdad.

En concreto, la franja horaria que experimentó dicho incremento corresponde a la comprendida entre las 23 horas de la noche del domingo 19 —cuando todavía se estaba disputando el encuentro— y las 7 de la mañana del lunes 20, según datos adelantados por el diario El País.

Aunque el domingo, cuando se celebró la final, hubo menos llamadas que los domingos anteriores del mes, las que tuvieron lugar el lunes posterior al partido se incrementaron respecto al mismo día de la semana anterior en un 21,9% .

En cuanto al resto de canales, el lunes también es el mismo día que incrementan más los contactos, puesto que el correo electrónico registró un aumento del 1.000%, seguido por el chat online (60 %) y el Whastapp (8,75 %).

Esta semana se han producido dos crímenes machistas en Málaga y Toledo, lo que ha elevado a 31 las víctimas mortales por la violencia de género en lo que va de 2026, una cifra superior a la de los últimos años, pues en 2025 en estas misma fechas se habían registrado 22 crímenes. Hay que remontarse a 2019 —con 37 crímenes confirmados en estas mismas fechas— para encontrar un dato peor.

Algunos expertos ponen sobre la mesa una posible relación entre el aumento de la violencia y grandes eventos deportivos, que han analizado países como Reino Unido, donde incluso se ponen en marcha campañas públicas cuando hay partidos importantes. Según una investigación de la Universidad de Lancaster, en los mundiales de 2002, 2006 y 2010 la violencia aumentó un 26% cuando el equipo del agresor ganó o empató y un 38% cuando perdió. En España faltan estudios de este tipo.

El acusado de agredir sexualmente a su hija desde que tenía doce años y hasta que cumplió la mayoría de edad se ha declarado no culpable y ha afirmado así que el relato de la víctima es “falso”. No obstante, ha abonado 30.000 euros para indemnizarla y el fiscal ha rebajado en dos años la pena de cárcel solicitada para él, que se queda ahora en trece.

Este jueves se ha celebrado el juicio en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria, en el que la chica -que ha declarado a puerta cerrada- se ha ratificado en la denuncia. Ejerce la acusación particular y su abogada se ha adherido a la solicitud del ministerio público.

Mientras, la defensa ha insistido en la libre absolución de su cliente pero ha interesado que si es condenado se le impongan cuatro años y medio de prisión al haber consignado la totalidad de la responsabilidad civil por las secuelas psicológicas que padece su hija.

Los hechos fueron denunciados por la joven y según el ministerio público el procesado residía en España por motivos laborales y cuando regresaba al país donde estaba la menor, Ghana, “aprovechándose de su condición de padre y con intención de satisfacer sus impulsos sexuales, en diversas ocasiones le realizó tocamientos y la besó en los pechos bajo la ropa, sin que la misma se opusiera a tales actos ni se los relatase posteriormente a nadie, dada su corta edad”.

En este contexto, cuando la chica ya tenía 17 años, se trasladó a vivir a España junto con su padre y hermanos. Entonces, el acusado “prevaliéndose de su relación paternal”, reiteró las conductas, con tocamientos y hasta penetración con los dedos, “pese a que la misma le dijo en todas las ocasiones que no quería realizar tales actos”.

“¿Por qué quiere venir a vivir conmigo?”

“Si mi hija dice que soy agresivo en África, ¿por qué quiere venir a vivir aquí conmigo?”, se ha preguntado el implicado en el plenario durante el ejercicio de su derecho a la última palabra. Y a lo largo del interrogatorio, en el que ha contestado a preguntas de todas las partes, ha asegurado que “nunca” se quedaba solo con la joven en casa y ha apuntado a la influencia que la hermana mayor ejerce sobre ella, con la que tiene una “mala” relación desde que volvió de Erasmus.

A esta última la ha acusado de querer “dominar a todos, incluso a su madre” y de enfadarse si quiere algo “y no se lo das”. En este punto, ha dicho que la pidió que se pusiera a trabajar porque el único sueldo que sustentaba a la familia era el suyo, ya que la mujer quería dinero para continuar estudiando.

El fiscal se ha referido a un mensaje de 'Whastapp' que la niña escribió al acusado para decirle que quería que cesaran “los abrazos”, “los tocamientos” y que quería “una relación sana”, así como que únicamente le diera “la mano”, mensaje que el hombre ha achacado a que la chica tenía “vergüenza” de abrazarle porque estaba saliendo con un chico.

Hacerle feliz

La hermana mayor de la víctima e hija del acusado, que ha declarado como testigo, ha sido cuestionada por la defensa acerca de la “mala” relación con su padre desde que éste le pidió que trabajara, pero ha asegurado que los problemas entre ambos empezaron cuando conoció los hechos denunciados.

Al respecto, ha relatado que su hermana pequeña le contó que cuando se quedaba sola con el hombre en la casa donde convivían juntos, éste le realizaba tocamientos, que comenzaron en Ghana cuando contaba con 12 años y siguieron en España, y que no se lo dijo antes “por miedo”. También ha señalado que cuando la niña le pedía al padre que parara, el procesado le decía que “tenía que hacerle feliz”.

Según ha manifestado esta testigo, cuando supo lo ocurrido intentó poner medidas para que la víctima no se quedara a solas con él en la vivienda y ha indicado que acudieron a un centro de atención a víctimas de delitos sexuales.

En la prueba pericial, tanto los forenses que examinaron a la joven como la psicóloga que la atendió han ratificado los informes aportados y han coincidido en que presentaba depresión, que padecía pesadillas y que tenía pensamientos suicidas. Además, la especialista ha afirmado que el relato de la joven era “coherente, estable y congruente”.

Practicada toda la prueba testifical y pericial, las partes han modificado sus conclusiones y el juicio ha quedado visto sentencia.

El asesinato de Nagore Laffage en los Sanfermines de 2008 por parte de José Diego Yllanes cuando ella se negó a mantener relaciones sexuales con él, supuso un punto de inflexión en la lucha contra la violencia sexual hacia las mujeres en entornos festivos, sobre todo en Navarra. Desde entonces, la madre de Nagore, Asun Casasola, reivindica la memoria de su hija y la libertad sexual de las mujeres.

Nuestra compañera Ana Requena Aguilar, redactora jefa de Género de elDiario.es, estuvo con ella hace unas semanas a raíz del décimo aniversario del caso de ‘La manada’. A través de la conversación que mantuvo con Asun Casasola, repasamos también otros casos de violencia machista cuyo impacto mediático y social propiciaron cambios legales para proteger a las víctimas de la violencia machista.

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Estás cruzando el Puente de la Barqueta, uno de los rescoldos de la Expo 92. Se construyó en tierra firme en una de las orillas del Guadalquivir y lo giraron entero sobre el agua, como si un puente también pudiera cambiar de idea. Son las ocho de la mañana y las chicharras hace tiempo que corean los árboles. Tú las escuchas de fondo, como una nana, como cuando tu madre te cantaba Qué bonita que es mi niña cuando duerme e iba bajando el volumen para que el sueño te llevara y eras tú la que lo llevabas a él. En los auriculares suena Punzadas Sonoras. Caminas rápido, llegas tarde a la oficina tras una noche en vela como se llega tarde a un funeral, desganada, con arenilla en el paladar. Ves a lo lejos un tipo en dirección contraria. No te gusta. Piensas: no me gusta. No se debe a que sea un tipo y es, precisamente, porque es un tipo. Piensas: aquí está de nuevo, el miedo. Sigues caminando por la misma vereda. Piensas: es un tipo. Solo es un tipo cualquiera.

El puente es ahora río. Nadas mal desde pequeña, desde ese miedo al agua que te inocularon los monitores lanzándote al centro de una piscina cuando eras chica. Agarras con determinación el bolso. Por si acaso. Tensas el cuello, los hombros, las piernas. Tu cerebro enfocado en un reconocible Por si acaso. Levantas la mirada buscando compañía. Por si acaso. Piensas: no sé dónde comenzó el miedo. Ni quién labró la tierra después de sembrarlo.

Bajas la mirada. Haces como te enseñaron, como aprendiste todos estos años, bajándote la falda y evitando cualquier contacto visual para camuflarte con el asfalto y cantar como una chicharra.

Bebes del vaso turbio de la memoria. En su caudal flotan tipos que conociste y que le cantaron a tu adolescencia. Te engollipas de tanta agua en apenas unos segundos. Conociste a un tipo que te dijo: Eres mía. Mía. Yo. A otro por el que te arrancaste cada noche las plumas de novia grulla. Conociste a un tipo que te agredió con Hyde Park de telón de fondo, como una pintura que temblaba. A otro que cuando aprendiste a montar en bicicleta te empujaba con sus manos en el sillín mientras te sobaba el culo. A otro que se masturbó junto a ti en el autobús. A otro que te siguió una noche oscura de vuelta a casa y te hizo sentir el terror. A veces jugaste con ellos a piedra, papel o tijeras.

¿Será el continuo entrenamiento en la debilidad lo que nos hace débiles? Que el miedo de una mujer (al igual que el cuerpo) es opinable por todos, lo aprendiste bien pronto

Con doce años, viste a un tipo normal que le gritaba a su novia normal. Y no hiciste nada, el miedo enmarañando tus meninges. Años más tarde, conociste a un tipo normal que te gritaba a ti. Que exigía poner tu cuerpo a su nombre. Y ahí estaba: el mismo miedo.

También tuviste amigos que te acompañaban a casa para que no volvieras sola. A otros que te descorcharon una botella de vino de tintilla que deshiciera tus penas. A otros con voz cálida y abrazos que contenían un mundo. A alguno que te retiró la silla para cederte el sitio. A un hombre bueno del que te enamoraste. Conociste a un tipo que no conociste. Y a otro que deseaste conocer. Y todas esas mujeres eres tú, pero no eres ninguna de ellas.

¿Será el continuo entrenamiento en la debilidad lo que nos hace débiles? Que el miedo de una mujer (al igual que el cuerpo) es opinable por todos, lo aprendiste bien pronto.

El tipo pasa a tu lado y sin ningún motivo aparente te da un empujón que te lanza contra la barandilla del puente. Te falta el aliento. Te falta que tu cuerpo desacredite la parálisis cerebral que sientes. Él arremete contra Ofelia, pero en una sombra de enajenación —sin saber por qué, justo en este instante— tú invocas a Medea. Y ahora eres Medea.

Quiero correr pero me quedo. Me apalanco agarrada a la barandilla. Respiro muy deprisa. Esta vez no es el miedo. Es una avidez, una bestia de impostora. Nunca antes, jamás, has hecho algo así.

Cuando llegas a casa, tu pareja está amasando pan con ímpetu, con bravura. Te acercas por la espalda. Le cuentas el incidente de la mañana y tu miedo. El empujón y tu miedo. Él continúa con la masa, golpeando, con la sombra de que, pese a todo nuestro empeño, -a la temperatura justa, a la masa madre, al punto exacto de sal- a veces no sale bien

No sabes nombrar esto que te pasa ahora, pero te recompones, das un paso al frente y lo empujas. Lo empujas como el animal salvaje al que han querido domesticar a base de palos. Su rostro se desfigura: es el miedo del hombre ante la mujer sin miedo.

Corres hacia la oficina. Pasas todo el día con un grosor creciente en la piel, con los codos como estropajos y las rodillas amenazando desempolvar las costras de la infancia, como si hubieras vuelto al patio del recreo, como si hubieras recuperado la torpeza y valentía de una niña. No es mi cuerpo, pero es un cuerpo mío. Escribes algo, cualquier cosa. Te convocan a una reunión donde todos son tipos con corbata. Lees algunos titulares (pocos) sobre el mundial: los casos de violencia de género aumentan un 26% cuando el equipo del agresor gana o empata, y hasta un 38% cuando pierde. No es por el fútbol. También es con el fútbol.

De regreso, caminas bajo los más de cuarenta grados escuchando a Fernando Delgadillo: Hoy ten miedo de mí. Interrumpe la canción un aviso: En lo que va de año, 33 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en nuestro país; 10 en Andalucia. En Málaga, Antequera, Madrid, Toledo. No se trata del calor y también es por el calor. Cuando llegas a casa, tu pareja está amasando pan con ímpetu, con bravura. Te acercas por la espalda. Le cuentas el incidente de la mañana y tu miedo. El empujón y tu miedo. Él continúa con la masa, golpeando, con la sombra de que, pese a todo nuestro empeño, -a la temperatura justa, a la masa madre, al punto exacto de sal- a veces no sale bien.

En su libro Anatomía del miedo, te cuenta tu pareja, José Antonio Marina narra la anécdota del mariscal de Turenne, conocido por su valor, quien «antes de entrar en combate, sintiendo que temblaba de miedo, se dijo: ¿Tiemblas, cuerpo mío? Pues más temblarías si supieras dónde te voy a meter».

Esa es nuestra condena y, a veces, nuestra fortaleza. Pero nunca basta.

Tres mujeres en 24 horas. Es el último pico de casos investigados como violencia machista concentrados en un escaso periodo de tiempo, entre el lunes y el martes de esta semana. El primero ocurrió en Antequera (Málaga), donde la Policía Nacional encontró el cadáver de un hombre que se había suicidado y, horas después, el de su pareja, de 29 años, a la que había matado en casa a cuchilladas. Poco después era detenido en Alameda de la Sagra (Toledo) un hombre de 48 años por el asesinato de su pareja y, a las pocas horas, la Guardia Civil hallaba en Benahavís (Málaga) el cuerpo sin vida de otra mujer con signos de violencia.

Los dos primeros han sido ya confirmados como violencia de género y el último se encuentra aún bajo investigación. De ratificarse los tres, serían 32 el número de casos mortales registrados en lo que va de año. Seis de ellos desde que dio comienzo el verano, la época en la que más asesinatos suelen acumularse. El número de menores huérfanos por esta causa alcanza ya los 20.

Las tres mujeres pasarán también a formar parte del registro de homicidios ocurridos en España este 2026. La extensión de la violencia hacia las mujeres por parte de sus parejas o exparejas es tal que, en más de la mitad de los asesinatos en los que la víctima era una mujer, el agresor fue un hombre con el que mantenía en el momento de los hechos o en el pasado una relación sentimental. Los datos del Instituto Nacional de Estadística cruzados con el registro de víctimas de violencia machista arrojan luz sobre este fenómeno: entre 2003 —primer año con datos oficiales— y 2025, fueron asesinadas en nuestro país 7.767 personas, de las que 2.577 fueron mujeres. De ellas, el 52% lo fueron por violencia de género.

Miguel Lorente, médico forense y exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género, explica que el dato debería hacer entender este tipo de violencia “en toda su amplitud, dimensión y significado”. “Sabemos que el grupo de población que, con diferencia, más representado está en esta violencia es el de las mujeres que, sin tener ningún tipo de vínculo con la criminalidad, son asesinadas en sus casas por sus novios o maridos actuales o pasados, mientras que el de grupo de agresores más activo es el de hombres que matan a sus parejas o exparejas”, sostiene el experto.

A las cifras habría que añadirles, además, los otros feminicidios cometidos por hombres que, desde 2022, también contabiliza el Ministerio de Igualdad. Son casos en los que las mujeres son asesinadas por el hecho de serlo en contextos derivados de la violencia sexual, familiar o laboral. Un fenómeno que eleva los datos todavía más: si a las 48 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas el año pasado les sumamos los 26 feminicidios registrados, el 82% de todos los asesinatos en los que la víctima fue una mujer ese año, fueron feminicidios.

“La construcción de género es la causa fundamental y esencial de la mayoría de homicidios sufridos por las mujeres en el planeta”, afirma Lorente. Es algo que ha corroborado Naciones Unidas a nivel global: los hombres son en mayor medida víctimas de asesinatos en todo el mundo —fundamentalmente a manos de otros hombres—, pero ellas, cuando mueren por esta causa, lo hacen por parte de sus familiares y parejas. Esta realidad ha llevado a la ONU a concluir que “el hogar es el lugar más peligroso para las mujeres”.

“El problema de la violencia en pareja es estructural y ocurre incluso en aquellos países como España en los que la violencia con resultado de muerte no está tan generalizada”, apunta la Catedrática de la Universidad de Alicante en Medicina Preventiva y Salud Pública Carmen Vives Cases, que recalca la urgencia de “intervenir antes de que ocurra” el asesinato, la expresión más brutal del maltrato. “Se trata de aprovechar los contextos de oportunidad y eso pasa por mejorar y reforzar el sistema y sus recursos, que están sobrepasados, les falta presupuesto y personal formado”.

El verano como disparador de casos

La acumulación de asesinatos como la de los últimos días suele darse de vez en cuando, pero es más común en verano, en el que se concentran más casos. Julio es, de hecho, el mes con más registros de toda la serie histórica, seguido de junio y agosto. Diciembre y enero son otros de los periodos en los que más asesinatos se producen.

Las expertas llevan años intentando analizar qué hay detrás de la estadística y apuntan a algunos factores que pueden funcionar como “disparadores” de la violencia, especialmente en época vacacional. “Actualmente no es posible relacionarlo tanto con el tema del calor aunque sí genera estrés y agresividad, pero hacen falta explicaciones más completas y no unicausales: lo que sabemos es que en estos periodos se da más contacto y se convive más, se planifican vacaciones o surgen motivos de conflicto relacionadas con las cuestiones familiares o de los hijos e hijas”, explica Vives Cases, que califica la violencia de género de “pandemia”.

Lorente explica que, partiendo de que el objetivo último de los agresores es controlar a las mujeres, el verano y las Navidades se erigen como escenarios en los que la sensación de pérdida de control puede aumentar. Esto puede hacer que con mayor probabilidad utilicen la violencia con este fin. “Son momentos de salir más, de forma más improvisada y quizá con gente diferente y a lugares distintos. Hay más descontrol y eso es percibido por el agresor como una intromisión. Si están separados, esto puede hacer que sientan que no van a recuperar a la mujer, lo que constituye un factor acelerador de la violencia”, esgrime el experto.

Otro de los elementos que suelen ponerse sobre la mesa son el llamado “efecto imitación” o una posible relación entre el aumento de la violencia y grandes eventos deportivos como el Mundial de fútbol que acaba de ganar el equipo español. Se trata de una variable que han analizado países como Reino Unido, donde incluso se ponen en marcha campañas públicas cuando hay partidos importantes. Según una investigación de la Universidad de Lancaster, en los mundiales de 2002, 2006 y 2010 la violencia aumentó un 26% cuando el equipo del agresor ganó o empató y un 38% cuando perdió. En España faltan estudios de este tipo.

Con todo, las especialistas recuerdan que este tipo de factores no son “causa-efecto” porque la realidad de la violencia machista es compleja y multicausal. Y apuntan al machismo como base: “La violencia de género se produce porque hay una construcción cultural, el patriarcado, que da razones a los hombres para que entiendan que se puede corregir, castigar o controlar a las mujeres de esta forma y que da a la sociedad razones para justificarla”, opina Lorente.

Ante la concentración de casos de lo que llevamos de julio, el Ministerio de Igualdad ha convocado un comité de crisis el martes que viene, en el que ministerios, comunidades autónomas y otros organismos implicados, como la Fiscalía, analizarán cada caso. En dos de los últimos tres, había rastro de las víctimas y sus agresores en VioGén, el sistema de protección de las víctimas de violencia machista, pero no había medidas de protección vigentes. Tanto la mujer asesinada en Antequera como la de Benahavís, ambas en Málaga, habían denunciado en algún momento, pero el sistema no las protegió.

Gráficos elaborados por Ainhoa Díez.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha descartado este miércoles la violencia de género en el caso de la mujer de 45 años hallada muerta este pasado martes con signos de violencia en su domicilio de Benahavís (Málaga).

Así lo ha informado la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en un mensaje en la red social X. Cabe recordar que este miércoles el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ya apuntó que “no hay en este momento motivaciones ni indicios que apunten hacia violencia de género”.

“No hay constatada relación de pareja ni expareja ni sentimental entre la persona sospechosa, que hasta el momento no ha resultado detenida, porque es solamente sospechosa, y la mujer que, lamentablemente, ha muerto como consecuencia de esas heridas”, añadió. Por otro lado, incidió en que “la investigación está abierta, hay sospechas, se está justamente en la búsqueda de la persona sospechosa y no había una relación ni previa ni presente”.

Sospechas sobre “personas concretas”

Por último, señaló que “la investigación está abierta y en este momento no hay ninguna persona detenida”. “Lo que está claro es que hay sospechas sobre personas concretas y que, sobre esa persona concreta, evidentemente, existe la búsqueda”. “En principio, parece que sí hay una relación previa de conocimiento, por lo tanto, no estamos hablando de que sean personas desconocidas”.

Los hechos tuvieron lugar este pasado martes sobre las 9.50 horas cuando el sistema Emergencias 112 Andalucía fue alertado de una posible agresión en una urbanización de la localidad. De inmediato, dieron aviso a los servicios sanitarios, a la Guardia Civil y a la Policía Local. La Guardia Civil mantiene abierta una investigación para el esclarecimiento total de los hechos.

El hombre detenido como presunto autor de la muerte de su pareja, una mujer de 45 años, el pasado martes en la localidad toledana de Alameda de la Sagra irá a prisión provisional comunicada y sin fianza. Se le imputa de forma provisional un delito de asesinato en un crimen que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género confirmó como un caso de violencia machista.

El detenido, de 48 años, ha sido puesto a disposición judicial y ha comparecido ante la magistrada titular de la plaza número 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Toledo, que ha decretado para S.M.A.R. prisión provisional comunicada y sin fianza, tal y como ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en un comunicado.

Al hombre se le imputa de forma provisional como presunto autor de un delito de asesinato. La imputación es provisional y se tendrá que concretar a lo largo de la investigación judicial.

Se ha establecido como medida cautelar para el investigado la prohibición de comunicación con los tres hijos de la pareja, uno de ellos menor de edad. No existían denuncias previas por malos tratos. El procedimiento judicial abierto continúa instruyéndose en sede judicial.

Minuto de silencio

Alameda de la Sagra ha acogido este miércoles un minuto de silencio para condenar este crimen.

La consejera de Igualdad, Sara Simón, ha expresado su “dolor y condena” ante estos hechos y ha vuelto a trasladar un mensaje de “apoyo y cariño” hacia la familia de Rossana Katherine.

También ha confirmado que la Junta de Comunidades volverá a ejercer la acusación popular en el proceso judicial que se derive del caso.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha expresado su “dolor y condena” tras el presunto asesinato machista de Alameda de la Sagra (Toledo) y ha vuelto a trasladar un mensaje de “apoyo y cariño” hacia la familia de Rossana Katherine.

Así lo ha trasladado la consejera de Igualdad, Sara Simón, que este miércoles ha asistido al minuto de silencio convocado en la localidad, donde ha confirmado que la Junta de Comunidades volverá a ejercer la acusación popular en el proceso judicial que se derive del caso.

“No podemos seguir tolerando, no podemos seguir consintiendo que algunos discursos negacionistas de la desigualdad y de la violencia machista estén campando a sus anchas y estén cogiendo fuerza. Es hora de aislar no solamente a quien maltrata sino a quien ampara a esos maltratadores con sus discursos”, ha asegurado.

Simón ha vuelto a apelar a la “unidad” y ha demandado “a todas las fuerzas políticas” combatir “realmente” la violencia machista y “no permitir que partidos que niegan la violencia machista estén en nuestras instituciones tomando decisiones”.

No podemos seguir tolerando, no podemos seguir consintiendo que algunos discursos negacionistas de la desigualdad y de la violencia machista estén campando a sus anchas y estén cogiendo fuerza

Sara Simón — Consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha

No constan denuncias ni atención en la red de centros de la región

La consejera ha explicado que la mujer presuntamente asesinada no había recibido ningún tipo de atención por violencia de género en la Red de Centros de la Mujer o en otros recursos de Igualdad del Gobierno regional. Tampoco constan denuncias o antecedentes al asesinato, ni se encontraba dentro del sistema Viogen.

“Es importante denunciar, pero quiero recordar que para acceder a los recursos que tenemos desde el Gobierno de Castilla-La Mancha no es necesario haber puesto esa denuncia y que allí van a tener atención psicológica y van a recibir asesoramiento jurídico, no solamente las víctimas, sino también a los familiares”, ha señalado la consejera.

En este sentido, Simón ha pedido que “si cualquier persona ve que una amiga, una hermana o una hija puede estar sufriendo violencia de género” acuda a los recursos regionales “para que se les oriente en cómo poder actuar y cómo poder ayudar a esa víctima”.

El asesinato de Alejandra Maryvin elevaría a 63 el número de mujeres víctimas mortales de violencia de género en Castilla-La Mancha desde el año 2003, fecha desde la que hay registros. Además, siete menores han sido también asesinados en crímenes machistas desde el año 2010. Las cifras de la violencia de género en la región arrojan un total de 6.795 denuncias registradas en el año 2025.

En el acto también ha participado la vicesecretaria general del Partido Popular de Castilla-La Mancha y diputada autonómica, Tania Andicoberry, quien ha trasladado la “más absoluta condena y rechazo” a los sucesos en Alameda de la Sagra en nombre del partido, al tiempo que ha expresado “la solidaridad y el apoyo de toda la formación a la familia y al entorno de la víctima”.

Ha señalado que el Partido Popular “se suma al dolor” que vive todo el municipio y ha destacado que, en estos momentos de enorme dificultad, “la unión de todas las instituciones debe estar al servicio de la familia, de sus hijos, de su madre y de todas las personas que hoy sufren esta irreparable pérdida”.

La dirigente ‘popular’ ha insistido en que este crimen debe reforzar el compromiso de toda la sociedad en la lucha contra la violencia de género y ha agradecido el trabajo que realizan los medios de comunicación para visibilizar una realidad que, ha lamentado, “por desgracia sigue cobrándose vidas”.

En este sentido, ha dicho que la violencia machista debe combatirse “desde la unidad de todas las instituciones, con el apoyo de todas las administraciones públicas y reforzando los recursos destinados tanto a la protección de las víctimas como a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que son quienes, en muchas ocasiones, atienden en primera instancia a las mujeres que sufren esta violencia”.

La violencia machista debe combatirse desde la unidad de todas las instituciones, con el apoyo de todas las administraciones públicas y reforzando los recursos

Tania Andicoberry — Vicesecretaria general del Partido Popular de Castilla-La Mancha

Igualmente, Andicoberry ha querido lanzar un mensaje de apoyo y esperanza a todas las mujeres que puedan estar sufriendo violencia por parte de sus parejas o exparejas, animándolas a dar el paso de denunciar. “Ninguna mujer debe sentirse sola. Existen mecanismos de protección y recursos a su disposición. Es fundamental que sepan que denunciar es el primer paso para salir de esa situación y que encontrarán el respaldo de las instituciones”, ha afirmado.

La vicesecretaria del PP de Castilla-La Mancha también ha apelado al conjunto de la sociedad para que actúe ante cualquier indicio de violencia machista. “No podemos mirar hacia otro lado. Es responsabilidad de todos alzar la voz y poner en conocimiento de las autoridades cualquier situación de violencia de género para poder proteger a las víctimas”.

Julio. 2026. Treinta y una mujeres asesinadas por violencia machista. Treinta y un fracasos de una sociedad que mira hacia otro lado, que expone a las víctimas mientras protege la identidad del asesino.

Él no tenía antecedentes, solo faltaría que los tuviera y siguiera en la calle. Ella no estaba en el sistema VioGén, otras sí estaban, de esas treinta y una… ¡Y para qué!. Y la respuesta de “estamos en ello”, de nuestro presidente, por algo recibió el premio 'Bocazas de oro'. En serio, “en ello”…

¿En investigar el asesino? ¡Ya no es necesario!

¿En proteger a las mujeres? ¡Mentira!

¿En controlar a los agresores? ¡Falso!

La violencia machista. La normalización, el cuestionamiento, vivir con miedo... ¡Es insoportable!

Son sucesos evitables si se pusiera el foco en los verdaderos culpables: los asesinos, los consentidores, la pasividad del entorno, el silencio. ¡Insoportable!

Hay que romper el silencio ante una violencia constante, instaurada en nuestra sociedad, que cercena vidas y destroza familias.

Frente a la normalización del horror, no podemos acostumbrarnos a enterrar a nuestras compañeras, amigas, madres y hermanas. Frente a la barbarie machista, unidad absoluta.

Levantamos la voz con un compromiso inquebrantable de todas y de todos: ¡ni un asesino más, ni una mujer menos!

La Audiencia Provincial de Almería acoge este miércoles, 22 de julio, el juicio con jurado contra José T.V., el hombre acusado de matar de 49 puñaladas a su mujer, María Nieves Gamarra, en octubre de 2024 en la vivienda que ambos compartían en Roquetas de Mar.

La Fiscalía tiene previsto solicitar 25 años de prisión para el procesado por un delito de asesinato con las agravantes de parentesco y de género, ya que el crimen tuvo lugar en el ámbito de la violencia contra la mujer.

Según recoge el Ministerio Público en su escrito de acusación provisional, consultado por Europa Press, el acusado tenía un “ánimo de posesión y dominación” con respecto a la víctima, sobre la que habría ideado un plan para acabar con su vida mientras ella estaba acostada en la cama de su vivienda y llevaba tapones en los oídos, lo que “disminuía su capacidad de percepción”.

De este modo, el acusado habría empuñado un cuchillo de cocina de unos 12 centímetros y se habría dirigido a la habitación donde, “con intención además de ocasionarle un sufrimiento innecesario”, la habría apuñalado repetidamente y “de forma sorpresiva”, hasta en 49 ocasiones, de manera que la mujer no pudiera repeler el ataque.

El fiscal sostiene que el acusado aprovechó la situación de “absoluta indefensión” de la víctima, que “no tenía oportunidad eficaz de defensa”, para asegurarse su muerte, de modo que habría prolongado la agresión “más allá de lo necesario” para alcanzar dicho objetivo, por lo que aprecia ensañamiento y alevosía ante un ataque hecho por sorpresa.

Las heridas sufridas por todo el cuerpo, sobre todo en la cabeza y el torso, ocasionaron la muerte de la mujer a causa de un shock hipovolémico y respiratorio que, según el análisis de los forenses, se habría producido entre las 22,00 horas del 2 de octubre y las 2,00 horas del día siguiente. También constan otras heridas de notoria importancia que la condujeron a la muerte.

La víctima quería poner fin al matrimonio

El fiscal apunta que la mujer, de 56 años, había tomado la decisión semanas antes de los hechos de cesar la relación con su marido, con el cual aún compartía domicilio en Roquetas pese a los distintos episodios de maltrato que había padecido, por lo que ambos estaban en proceso de divorcio y ella tenía la intención de salir de la vivienda común “de forma inminente”.

Así, señala que la relación entre ambos se había caracterizado por una “progresiva conflictividad” a lo largo de los años a causa de los “celos” y la “actitud controladora” del acusado, quien durante la convivencia “desarrolló conductas de dominación” sobre la víctima.

De esta manera, se había dedicado a vigilar sus actividades y a recriminarle sus relaciones personales, además de dirigirle expresiones “vejatorias” y “humillantes”. Estos hechos hicieron que la mujer lo denunciara en 2021 y 2023.

En este sentido, el hombre llegó a estar condenado en agosto de 2021 a incomunicarse y alejarse de la víctima durante tres meses, aunque tras el cumplimiento de la medida se reanudó la convivencia.

La mujer llegó a contar con dos órdenes de alejamiento del acusado y estuvo atendida a través de la red municipal de centros de información de la mujer hasta octubre de 2023, fecha en la que “decidió no seguir participando de las medidas” de protección, según trasladaron desde la Junta de Andalucía.

Además de la pena privativa de libertad, la Fiscalía solicita para el acusado diez años de libertad vigilada y la prohibición de comunicarse o aproximarse a su hija durante 30 años, además de una indemnización para ella de 200.000 euros por daños morales. La acusación particular eleva a 29 años la petición de cárcel.

La defensa rechaza que hubiera un plan preconcebido

Por su parte, la defensa, que ejerce el letrado Francisco Ferre, rechaza que el crimen se realizara mediante un plan preconcebido y, aunque reconoce la autoría, apunta que se debió a un estado de “obcecación” del acusado, para el que solicita siete años y medio de cárcel por un delito de homicidio.

En esta línea, pide que se tenga en cuenta la atenuante de confesión de los hechos, así como el abono previo de una buena parte de la indemnización a la hija de la víctima como atenuante de reparación del daño.

El teléfono 016 es el número de ayuda a las mujeres que sufren violencia de género y su entorno. No deja huella en la factura, aunque puede quedar registrado en algunos terminales. También se pueden realizar consultas online a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es, el canal de WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web 'violenciagenero.igualdad.gob.es'. Funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.

Un acusado de maltratar habitualmente y abusar sexualmente de su hija menor de edad con la que convivía en fines de semana alternos ha negado los hechos este martes en el juicio contra él, en el que ha explicado que solo le puso normas de convivencia.

“Le puse unas normas y nada más”, ha manifestado en la vista oral, celebrada en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria, en la que la víctima ha declarado a puerta cerrada y las partes han elevado a definitivas sus conclusiones.

Así, el fiscal mantiene su petición de más de nueve años y cuatro meses de prisión por un delito de maltrato habitual, otro continuado de abuso sexual a menor y un tercero de maltrato físico de violencia doméstica. También reclama que indemnice a la joven en 7.000 euros por las secuelas psicológicas que padece.

Durante el interrogatorio, el enjuiciado ha explicado a preguntas de todas las partes que mantenía una “buena relación” con su hija y ha negado proferir insultos hacia ella ni que tuvieran discusiones, punto en el que ha alegado que solo le puso normas de convivencia.

También ha negado que entrara al baño mientras ella se duchaba o que le quitara la toalla, y a cuestiones concretas sobre la forma de vestir de la chica, ha manifestado que no le parecía “la correcta” en determinas ocasiones, pero ha rechazado que le llegara a romper la ropa.

Los hechos fueron denunciados por la madre de la menor y según el ministerio público el hombre se aprovechó de la “relación de confianza” que tenía con su hija para actuar “de forma habitual” y durante seis años “con ánimo de sumergir a la menor en un estado de temor, angustia, humillación y ansiedad permanente, cercenando su derecho a la libertad y a la seguridad”.

En este marco, sostiene el fiscal, llevó a cabo “de forma sistemática y reiterativa una conducta vejatoria, humillante y agresiva respecto de la menor, afectando a su integridad física y psíquica, y libertad e indemnidad sexual”.

Pero según el implicado, que durante el periodo de los hechos denunciados convivía con su madre y su hermana, la menor tenía problemas en el instituto, faltaba “muchísimo” a las clases, “le gustaba salir” e, incluso, le “quitaba” dinero a su madre “a escondidas”.

El procesado también ha argumentado que tenía problemas económicos y que tras divorciarse de su mujer no le podía pasar la pensión de manutención establecida.

Conocimiento por los Servicios Sociales

Por su parte, la madre de la chica y denunciante de los hechos ha asegurado haber presenciado agresiones del padre a la menor cuando se enfadaba y ha especificado que le daba “bofetadas, patadas... donde cuadraba”. Al respecto, ha relatado que en alguna ocasión la niña volvía a casa con moratones que justificaba en que “habían ido al río o habían estado con la bicicleta”.

También ha referido insultos del padre a las dos hijas, a las que según ha dicho llamaba “putas” o “guarras”, y ha afirmado de él que consumía cocaína.

La mujer ha relatado que tuvo conocimiento de los tocamientos denunciados por los Servicios Sociales ya que la menor había contado los hechos en el instituto. Ha afirmado que actuó siguiendo las recomendaciones de estos servicios y ha negado influir en su hija, que no le había dicho nada por “miedo” al pensar que “no la iba a creer”.

Asimismo, ha reconocido que la chica faltaba al centro educativo, que sufría bullying y que desapareció dos o tres días, por lo que interpuso la correspondiente denuncia.

En el plenario también han testificado la trabajadora social, el educador social y una psicóloga que atendieron a la menor, así como su jefa de estudios. Todos han coincidido en que la joven tenía dificultad para expresarse, que emocionalmente estaba “mal” y “muy afectada” y que “no había posibilidad de estar fingiendo”. “Me parece que decía la verdad. Eso no se lo inventan así gratuitamente los alumnos: es muy complicado”, ha expresado la docente.

Esta última ha detallado que vio marcas de heridas en la nariz y brazos de la víctima, y ha indicado que si bien en su momento le manifestó que se las había hecho con la bici, luego le confesó que la había “pegado” su padre.

La abuela: “No le voy a echar de casa”

Por la defensa han comparecido la madre y dos hermanas del enjuiciado, que han negado los golpes, insultos o maltratos del padre a su hija, aunque la abuela de la víctima ha apuntado que en su casa “tenía unas normas” y se ha referido la forma de vestir de la menor, que a veces iba “en sujetador y con el pantalón roto”.

Esta testigo ha relatado que a raíz de la denuncia preguntó a su nieta qué había pasado, y ha asegurado que le contestó que “nada”, que eran “cosas” de su “mamá”.

Para finalizar, ha señalado que pese a la orden de alejamiento establecida la niña siguió yendo a su casa, punto en el que ha indicado que la llevaba y recogía su madre y que en la vivienda estaba el padre. “Por allí andaba, en casa, no le voy a echar”, se ha justificado.

Practicada toda la prueba testifical y pericial, las partes han elevado a definitivas sus conclusiones provisionales -el fiscal ha introducido pequeños cambios en cuanto a las peticiones de prohibición de comunicación y aproximación- y el juicio ha quedado visto para sentencia.

El gobierno ha confirmado como asesinato por violencia de género la muerte a cuchilladas de una mujer de 29 años este lunes en Antequera (Málaga). La víctima tenía un hijo y una hija menores de edad. Existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor, según ha confirmado el Ministerio de Igualdad en un comunicado.

Apenas horas antes, el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, había indicado que “todo apunta” a que el asesinato de la mujer, hallada en su domicilio este pasado lunes con heridas de arma blanca, es una nueva víctima de violencia de género. “Todos los indicios apuntan a que efectivamente en el domicilio que compartían se produce el asesinato de esta mujer mediante arma blanca” y “a partir de ahí, supuestamente, el autor de ese asesinato se suicida”.

El delegado del Gobierno de España en Andalucía ha insistido en que “en este momento estamos recabando toda la información, restos de sangre hallados en la ropa del varón para ver si coinciden con lo de la mujer”.

Cuestionado, por otro lado, sobre si ellos pidieron hace unos días salir del sistema Viogen, Fernández ha confirmado que “efectivamente estaban acogidos al sistema Viogen y parece que había habido algunas medidas más recientes”.

El delegado del Gobierno ha confirmado que ambos estaban registrados desde 2023 en el sistema Viogen y que tenían dos hijos menores de edad, que en este momento están siendo custodiados por uno de los familiares. “A partir de ahí, la Junta Andalucía es la que tiene que actuar al tratarse de menores”, ha concluido.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 14:00 horas de este pasado lunes. Según informaron desde la Policía Nacional, la mujer, de 30 años, fue encontrada en su domicilio con heridas de arma blanca.

Con ella, son nueve las mujeres asesinadas en lo que va de año en Andalucía por su pareja o expareja, y 31 en España, tras este asesinato y el de otra mujer de 45 años en Toledo, ocurrido este martes. Este mismo martes ha sido hallada muerta con signos de violencia otra mujer de 45 años en Benahavís (Málaga) Son 1.372 mujeres asesinadas desde que en 2003 comenzaron a recopilarse estos datos. Además, el número de personas menores de edad huérfanas por violencia de género en España asciende a 20 en 2026 y a 530 desde 2013.

La autopsia practicada al cadáver de la mujer de 56 años hallada muerta este lunes por la noche en Almoradí (Alicante) ha determinado que el fallecimiento se produjo por causas naturales y no fue asesinada, por lo que su marido ha sido puesto en libertad.

Según la Guardia Civil, las diligencias practicadas hasta el momento, la inspección ocular del lugar de los hechos y las manifestaciones tomadas coinciden plenamente con el resultado arrojado por la autopsia, deduciendo que no existe criminalidad en la muerte de la víctima.

El resultado del examen forense en el Instituto de Medicina Legal de Alicante ha concluido que la muerte se habría producido por causas naturales, a consecuencia de las cuales la víctima se cayó y sufrió las lesiones que presenta el cuerpo, que no revestían gravedad.

La Guardia Civil continúa con la instrucción de las diligencias, que serán trasladadas a los Juzgados de Orihuela.

El hallazgo del cadáver de la mujer, María del Carmen, fue descubierto sobre las 23 horas de este lunes después de recibir aviso de un aparente accidente doméstico en un domicilio del casco urbano de Almoradí, al sur de la provincia de Alicante.

En el transcurso de la investigación, los agentes encontraron algunos indicios que condujeron al arresto este martes por la mañana del marido, de 61 años, pero horas después la Guardia Civil lo ha puesto en libertad a la luz de los nuevos datos de que se dispone.

¿De qué manera afecta el trauma por haber sufrido algún tipo de violencia al proceso de la maternidad? ¿La violencia sufrida por la madre puede afectar al bebé? ¿Cómo se puede acompañar a una madre y sus hijos en el proceso? Con el objetivo de abordar estas cuestiones, el Curso de Verano de la EHU 'Violencias y Maternaje' ha reunido durante este lunes y martes a expertos en psicología, atención a las víctimas y el sistema sanitario, quienes han compartido sus experiencias y las limitaciones a las que se enfrentan en el acompañamiento y asistencia a las mujeres víctimas de violencia durante la maternidad en la red sociosanitaria de Euskadi.

En concreto en la mesa redonda sobre el acompañamiento y asistencia a estas mujeres han participado Iker Usón González, jefe de Servicio de inclusión social y atención a la violencia machista contra las mujeres de la Diputación de Gipuzkoa, Jon Bengoetxea Lopez, psicólogo y miembro del Servicio de Infancia de la Diputación de Bizkaia, Rosa Lizarraga Marañon psicoterapeuta infanto-juvenil y especialista en atención a víctimas menores de abuso sexual, Sonsoles Merino Sanchez, matrona del Hospital Universitario Donostia y, por último, Maria Ullate Rodríguez psicóloga sanitaria especializada en trauma e infancia, quien ha sido la encargada de moderar la conferencia.

Tras explicar las redes asistenciales y los recursos disponibles en Euskadi, los ponentes han abordado las limitaciones a las que se enfrentan en su día a día, así como los retos a la hora de desarrollar su labor de una forma correcta. En este sentido, Rosa Lizarraga Marañon, psicoterapeuta infanto-juvenil y especialista en atención a víctimas menores de abuso sexual, ha confesado que en muchas ocasiones los profesionales “no se atreven a intervenir” en casos de abuso sexual infantil, lo que dificulta su detección. “Tenemos compañeros y compañeras que trabajan en situaciones muy complicadas y en muchas ocasiones no se atreven a intervenir porque da mucho miedo. Se viven muchas situaciones de violencia al margen del abuso sexual infantil y con ellas no hay tanto problema a la hora de abordarlo, pero cuando llegamos al abuso sexual infantil es algo que cuesta mucho y hace falta acompañamiento también a los profesionales que estamos en primera línea. El abuso sexual infantil en muchas ocasiones no se ve hasta que el niño o la niña puede hablar, hasta que no hablan a los niños y niñas no se les siente víctimas, cuando lo fundamental es la detección e intervención temprana en todos los casos de violencia”, ha argumentado.

Muchas madres desarrollan estrategias activas de protección, incluso en contextos extremadamente difíciles

En el caso del impacto de la violencia sobre la maternidad y la vivencia de las mujeres, Iker Usón González, jefe de Servicio de inclusión social y atención a la violencia machista contra las mujeres de la Diputación de Gipuzkoa, ha reconocido que “por un lado las mujeres padecen las consecuencias consecuencias de la violencia sobre su bienestar emocional, su autonomía y su proyecto vital, pero además, por otro lado, sufren el impacto que esa misma violencia tiene sobre su papel como madres y la relación con sus hijos e hijas”. “La maternidad ocupa un lugar central en la identidad y en la experiencia vital de muchas mujeres. Adecuar o comprender adecuadamente el impacto de la violencia exige incorporar también esta dimensión desde la perspectiva de los recursos especializados forales. Una de las limitaciones que históricamente hemos tenido es que muchas intervenciones, la mayoría, se han orientado prioritariamente a recuperar individualmente a la mujer. Sin embargo, la experiencia nos muestra que la maternidad no puede entenderse únicamente como una circunstancia más dentro de la vida de esas mujeres. Requiere una mirada específica”, ha apuntado.

Según ha detallado Usón, “la violencia machista ataca directamente a la función materna” y, en la mayoría de casos, esa es una de las estrategias del agresor. “La violencia genera miedo, inseguridad, aislamiento, hipervigilancia, desgaste emocional y un largo etcétera por desgracia, pero cuestiona permanentemente la capacidad que tiene la mujer de decidir, desautoriza su criterio, minimiza su papel dentro de la familia y en muchos casos instrumentaliza los propios hijos e hijas como una forma adicional de control y de maltrato. Y esto no lo sacamos de los libros, lo sacamos de los casos diarios. Este daño no es únicamente una consecuencia directa de la violencia. En muchas ocasiones constituye una estrategia deliberada del agresor. El agresor desacredita a la mujer también como madre, cuestiona sus decisiones, genera inseguridad sobre sus capacidades, obstaculiza los cuidados cotidianos y dificulta todas aquellas rutinas que proporcionan estabilidad y seguridad a los hijos e hijas. Por tanto, vemos que la violencia se ejerce contra la mujer, pero ataca también activamente el ejercicio de la maternidad. La consecuencia que nos encontramos es que muchas mujeres sienten que no han podido ejercer la maternidad como hubiesen deseado, como les hubiese gustado”, ha subrayado.

En este sentido, el experto ha recalcado que en el sistema de protección se encuentran a mujeres que “mayoritariamente intentan cuidar, proteger y educar a sus hijos en circunstancias extraordinariamente adversas”. “Junto al daño también debemos ser capaces de reconocer las capacidades. Muchas madres desarrollan estrategias activas de protección, incluso en contextos extremadamente difíciles. Realizan enormes esfuerzos para amortiguar el impacto de la violencia. Incluso podríamos decir que preservan espacios de seguridad dentro de lo que pueden hacer. Yo creo que desde los servicios especializados tratamos de identificar, de validar, de fortalecer estas capacidades, no porque el daño no exista, sino porque una intervención centrada exclusivamente en lo que falta, en el déficit, en las dificultades, puede invisibilizar”, ha destacado.

Muchas mujeres no quieren que les hagan los tactos y terminan muchas veces en un parto instrumental con una episiotomía

En el caso del parto, Sonsoles Merino Sanchez, matrona del Hospital Universitario Donostia, ha indicado que es fundamental ser conscientes de que el parto es una “experiencia de vulnerabilidad”, sobre todo para aquellas mujeres que han sufrido abuso sexual en la infancia. “Los paritorios son habitaciones en la que la cama está en el centro. Abren la puerta y la mujer está muy expuesta. Son situaciones en las que vemos que hay mucho miedo. Muchas mujeres no quieren que les hagan los tactos y terminan muchas veces en un parto instrumental con una episiotomía, con lo que supone todo eso. ¿Entonces, no somos conscientes de que incluso la arquitectura de los paritorios puede ayudar a proteger a esa mujer? La prevención es fundamental, así como la detección en las clases de preparación al parto y las consultas en todas las semanas de gestación. Tiene que haber un cribado, un acompañamiento y tenemos que tener personal formado en hacer preguntas relacionadas con la violencia que han podido sufrir estas mujeres”, ha destacado.

Ante las limitaciones, los profesionales han llegado a la conclusión de que es fundamental la comunicación y el trabajo conjunto entre distintos departamentos y Diputaciones. “Echo en falta equipos bisagra sociosanitarios, programas dentro de las Diputaciones que se ajusten a las necesidades de cada caso, porque hay realidades complejas y a veces la rigidez de la estructura institucional dificulta la adecuación de los recursos a las necesidades de cada mujer. Podrían plantearse la creación de equipos de profesionales sociosanitarios que hicieran, por ejemplo, bisagra entre sanidad y lo social”, ha propuesto la matrona.

Estas son algunas de las cuestiones que de forma general han abordado durante la primera jornada del curso, que a lo largo de este martes planteará cuestiones como la detección y acompañamiento desde la red sanitaria a mujeres víctimas de violencia en el periodo de embarazo, parto y post parto, la psicoterapia de la parentalidad en mujeres que han sufrido trauma o las consecuencias en el maternaje de las mujeres victimas de abuso sexual en la infancia.

“A veces, cuando te haces activista de tu propia historia y te salvas a ti misma, tienes que contar una y otra y otra y otra vez lo que te pasó. Pero quiero hacerlo para intentar que las hijas y los hijos de quienes nos van a leer no tengan que vivir lo mismo”. Habla Olimpia Coral Melo, una mujer mexicana de 36 años que, con solo 18, vio como su exnovio difundió sin su consentimiento un vídeo sexual suyo. “Se hizo público en diferentes redes sociales, en lo que mal llamamos páginas porno y que nosotras como apuesta política de defensoras digitales renombramos como mercados de explotación sexual digital. Y trascendió fronteras”, recuerda.

El daño fue enorme. Cuando quiso denunciarlo, esos hechos ni siquiera estaban tipificados como delito. Olimpia llegó, incluso, a intentar suicidarse. Con el apoyo de su madre, que lejos de juzgarla la animó a seguir adelante, esbozó el esquema de una norma que, años después, fue una realidad en México y que ha servido de inspiración para muchos otros países. Coral Melo forma parte también de la red internacional Defensoras Digitales y, en 2021, fue elegida por la revista Time una de las cien personas más influyentes del mundo.

Cuando Olimpia indagó, descubrió que no había delito que perseguir. La policía, con desprecio, la envió a su casa. Desde su encierro, buscó a otras mujeres que estaban pasando por lo mismo. Descubrió el término 'pornovenganza', un concepto ampliamente cuestionado por el feminismo: si son vídeos personales grabados para la intimidad y, además, se difunden sin consentimiento, en ningún caso puede llamarse porno.

“Recuerdo mucho que en México había una fiscalía especializada en robo de neumáticos y que no había un delito que reconociera la violencia digital. Fui híper pública, violaron mi cuerpo en Internet”, apunta Olimpia Coral, que era estudiante de Derecho. Aquellos apuntes del principio se convirtieron en la Ley Olimpia, un conjunto de reformas legales que se aprobaron primero en Puebla, su estado, y en 2021 a nivel federal. Ecuador, Argentina o Panamá han aprobado normas similares.

La Ley Olimpia es una norma integral para prevenir, erradicar y sancionar la violencia digital. Incluye el reconocimiento de ese concepto —el de violencia digital— e introduce dos delitos: el de ciberacoso y el delito de violación a la intimidad sexual, “que son la difusión, la producción y el almacenamiento de contenidos íntimos, sexuales reales o alterados, sin consentimiento de las personas”. En España, varias normas reconocen ya la existencia de este tipo de violencia y hay varios delitos tipificados. A comienzos de julio, el Gobierno aprobaba la ley de los derechos al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen con la que busca combatir la difusión de imágenes o voces manipuladas sin consentimiento a través de la inteligencia artificial, los conocidos como deepfakes.

Una violencia que es real

“La violencia digital es una violencia que no puedes tocar. Por ser virtual, se cree que no es real, pero también te quita la vida. Y la violencia sexual digital es como si violaran tu cuerpo sin ni siquiera tocarlo. Lo violan con cada like, con cada compartir... Los daños no solamente son psicológicos o emocionales, hay daños físicos reales. Y tiene consecuencias económicas: inviertes en esos procesos de denuncia, puedes llegar a quedarte sin empleo por la masificación de la violencia o sus consecuencias. Tiene efectos sociales porque te sientes señalada, discriminada, puedes dejar tu quehacer público o político, tiene consecuencias de censura. Viola tu derecho a la movilidad. No quieres salir, no quieres existir, no quieres caminar. Viola tu derecho a la libertad”, resume Olimpia Coral, que estos días ha estado en Madrid para participar en el curso de verano 'Resistir la reacción: política, feminismo y cooperación iberoamericana', organizado por la Fundación Carolina y la Universidad Complutense.

Y ahora mismo se sustenta, subraya, “en una economía global digital que gana dinero a través de esto”. “Es más fácil que esta entrevista no tenga tantas visualizaciones porque va a tener censura algorítmica de un monopolio de Internet al que no le gusta que hablemos de estos tema”, apunta. Frente a los términos 'ciberdelincuencia' o 'violencia online', las defensoras de las que forma parte Melo apuestan claramente por violencia digital para entender lo digital, no solo como un medio comisivo, sino como un espacio en el que las plataformas tecnológicas están ejerciendo un poder muy concreto con intereses concretos.

“Las plataformas no solo ponen el terreno para facilitar la violencia que hacen los seres humanos, programan un algoritmo patriarcal, discriminatorio... Hoy es un monopolio en donde se encuentran nuestros datos y es un problema no solamente social y político, sino económico. Esta violencia tiene un elemento muy importante de territorialización, porque trasciende fronteras, y tiene otro elemento de daño que es la perpetuación y la masificación. ¿Quién tiene en sus manos esos elementos? Las plataformas privadas. Ante esta violencia que tiene efectos extraterritoriales, debe haber acciones globales de parte de todos nuestros países”, reflexiona. Las defensoras proponen un tratado de vinculación internacional “que responsabilice a las plataformas digitales”.

Antes de la Ley Olimpia, explica Coral Melo, la violencia digital era vista “como ciberdelincuencia centrada en cuestiones económicas, financieras, en robos, problemas de identidad, fraudes bancarios o phishing”. “La propuesta que hacemos nosotras es entender la violencia digital desde la perspectiva de derechos humanos para todas las personas, pero también desde la perspectiva de género, porque aunque todos la podamos vivir no impacta de la misma manera a los hombres y a las mujeres”, explica Coral Melo, que pide entender la especificidad de ciertas violencias contra las mujeres y, sobre todo, su repercusión en un mundo patriarcal en el que las mujeres vivimos discriminaciones y violencias de manera constante a lo largo de nuestras vidas.

“Se trata de entender que no iniciamos la carrera en la misma meta. Hay que pensar en todos los derechos que nosotras hemos tenido que arrebatar, en todas las independencias a las que hemos llegado. Es entender que, por ejemplo, un legislador tiene cuestionamientos sobre su quehacer público y que una diputada, además, tiene cuestionamientos sobre su vida privada, su sexualidad o cómo se viste. O que una mujer, al iniciar su día, pensará en cómo se viste para evitar esto o lo otro. Además, dentro de esas violencias digitales existe una violencia que repercute muchísimo más a las mujeres y a las niñas, que es esa violencia sexual digital, que tiene que ver con la difusión, la producción, la tenencia, el almacenamiento de contenidos íntimos, sexuales reales o alterados con IA”, argumenta la experta, que alerta de la tendencia general a la “deshumanización” que existe en las redes sociales y en otros espacios digitales, algo perjudicial, defiende, para toda la sociedad.

Y concluye: “Violaron mi cuerpo en Internet, conozco la masificación de esos contenidos. Yo vivo todos los días con ciertas ansiedades sobre mi teléfono celular. Camino todos los días por las calles donde fui violada: Internet. Es importante entender los contextos. Como dice Rita Segato, que estamos cultivando sociedades bajo la pedagogía de la crueldad y eso está haciendo que normalicemos esa crueldad”.