Extremadura mantiene actualmente 2.781 casos activos de violencia de género en el sistema de seguimiento policial, de los que uno está catalogado como de riesgo extremo, 41 como de riesgo alto, 551 de riesgo medio y 2.222 de riesgo bajo. Del total de casos activos, 1.513 corresponden a la provincia de Badajoz y 1.268 a la de Cáceres.

El delegado del Gobierno en la región, José Luis Quintana, ha facilitado los datos este viernes, durante la reunión semestral de la Comisión Territorial de Violencia sobre la Mujer, celebrada en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), en Cáceres.

Quintana ha subrayado la importancia de la coordinación institucional para mejorar la prevención, la respuesta pública y la atención directa a las víctimas y a sus hijos, además de recordar que los menores “también son víctimas de la violencia de género”. En este sentido, el delegado del Gobierno ha insistido en que el trabajo conjunto entre administraciones permite avanzar hacia un sistema “más eficaz”.

Asimismo, la secretaria general de Igualdad y Conciliación de la Junta de Extremadura, Ara Sánchez, ha informado de que los centros de crisis para víctimas de violencia sexual han atendido desde su puesta en marcha un total de 204 casos, mientras que actualmente hay 109 expedientes en tramitación.

Ha señalado, además, que la Junta ha distribuido de forma masiva más de 8.000 trípticos informativos y alrededor de 3.700 carteles en ayuntamientos, centros sanitarios, educativos, órganos judiciales, fiscalías e institutos de medicina legal, con el objetivo de facilitar el conocimiento y acceso a estos recursos.

Uno de los anuncios más destacados ha sido la intención de dotar a los centros de crisis de medios tecnológicos que permitan a las víctimas de violencia sexual o de género declarar desde estas instalaciones, consideradas como “puntos seguros”.

Según ha explicado Sánchez, se trabaja en la adquisición de equipos que permitan que las víctimas, así como sus hijos e hijas, puedan prestar declaración sin necesidad de desplazarse a dependencias judiciales, en un entorno protegido y acompañado por profesionales desde el primer momento.

Además, ha defendido que facilitar el acceso a los recursos “redunda positivamente en la propia víctima”, al tiempo que ha insistido en la necesidad de que las mujeres “den el paso” para denunciar y evitar la impunidad de los agresores. En ese sentido, ha subrayado la importancia del acompañamiento institucional durante todo el proceso.

Por su parte, la presidenta del TSJEx, María Félix Tena, ha realizado un balance “positivo” del nuevo modelo de juzgados especializados en violencia sobre la mujer, que “garantiza una atención homogénea” en todo el territorio, independientemente del lugar de residencia de la víctima.

Tena ha destacado que la implantación de las secciones comarcalizadas de Cáceres, Badajoz y la nueva sección de Mérida ha permitido mantener “altos niveles de resolución judicial”, con alrededor del 80 por ciento de los procedimientos tramitados mediante juicios rápidos y una pendencia inferior al 20 por ciento de los asuntos ingresados.

La presidenta del TSJEx ha subrayado que este modelo ha permitido “superar desigualdades territoriales” en la atención judicial y ha insistido en la consolidación de un sistema en el que no existan “víctimas de primera y de segunda”, en función de su lugar de residencia.

Asimismo, ha destacado como reto de futuro la ampliación de la protección a otros perfiles vulnerables dentro del entorno de la víctima, especialmente menores y familiares afectados por la violencia. 

El fiscal delegado de Violencia sobre la Mujer de Las Palmas ha formulado escrito de acusación contra la pareja de Juana Ramos, Miguel Ángel Ramos Quesada, como presunto autor de su muerte y desaparición la noche del 20 de agosto de 2016 en Gran Canaria, y pide que se le imponga una pena de 17 años de prisión, han confirmado a EFE fuentes judiciales.

En su escrito, adelantado por Canarias7, el fiscal Jesús Javier Lomba acusa a Ramos Quesada de un delito de homicidio para que el reclama la pena máxima, 15 años de cárcel, pese a que el cuerpo de Juana Ramos no ha sido hallado, y de otro contra la integridad moral por el que pide dos años de prisión para Miguel Ángel Ramos, que será juzgado por un Tribunal del Jurado.

El escrito de acusación mantiene que Ramos la mató “de forma voluntaria” y, posteriormente, hizo desaparecer el cadáver para ocultar el crimen y dificultar su esclarecimiento.

Según la calificación provisional del fiscal, la noche del 20 de agosto de 2016 Miguel Ángel Ramos recogió a Juana Ramos en su domicilio de La Paterna, en Las Palmas de Gran Canaria, y ambos abandonaron la capital en dirección a Arucas en una furgoneta Renault Kangoo.

Conforme a lo que sostiene el Ministerio Público, en algún momento de ese trayecto o durante las horas posteriores, el acusado “acabó con la vida de la mujer”, aunque no ha podido determinarse ni el lugar exacto ni la forma en que se produjo la muerte. 

La Policía Local de Puerto del Rosario (Fuerteventura) ha detenido a un hombre de 34 años que presuntamente amenazó a su pareja en presencia del hijo menor de edad de esta, según ha informado este miércoles el cuerpo municipal en sus redes sociales.

La detención se produjo el pasado lunes, 8 de junio, en la localidad de El Matorral, según señala la Policía Local.

Por otro lado, el cuerpo local informa además de otra detención, en este caso, el martes por la tarde, de un hombre de 38 años, tras ser alertados por varios vecinos de la presencia de un individuo que se encontraba en la calle La Venta de la capital alterando el orden público y posicionándose en medio de la calzada.

Los agentes se desplazaron al lugar y, al intentar interactuar con él para que depusiera su actitud y proceder a su identificación, este arremetió contra los actuantes, ocasionando lesiones a una agente y desobedeciendo sus indicaciones.

Por ello, se procedió a su detención por la presunta comisión de los delitos de desobediencia, resistencia y atentado contra agentes de la autoridad, siendo posteriormente puesto a disposición judicial.

La titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Irún, Cristina Mere, ha rechazado restituir de manera cautelar al 'mando' sancionado por la Junta del Alarde de San Marcial, el 'tradicional' de Irún, en el que las mujeres quedan relegadas a cantineras, hasta que resuelva sobre la demanda interpuesta por este hombre contra la resolución que lo sancionó por una falta grave vinculada con una “conducta inapropiada” hacia una cantinera. La sanción impuesta implicaba la pérdida del cargo y no poder participar en el desfile durante dos años consecutivos, incluido el de este año que tendrá lugar el próximo 30 de junio, en unos días.

Sin embargo, el 'mando' solicitaba que, de manera cautelar, y hasta que se resuelva el fondo de la cuestión, se suspendiera la eficacia de la sanción para poder participar en el Alarde de este año. Argumentaba que si no se atiende su solicitud, el daño podría ser “irreparable” ya que, atendiendo a la inminencia de las fiestas de este año, “perderá la oportunidad de participar en ellas”. No obstante, la jueza aprecia en el auto, que no es firme y puede ser recurrido en apelación ante la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, que existe un “proceso penal abierto por denuncia previa por los mismos hechos objeto del expediente sancionador de la Junta del Alarde”, y que “aparte de la posible lesión de los derechos del actor, es preciso ponderar (...) otros derechos cuya eventual lesión podría ser mayormente irreparable una vez que aquel procedimiento sea resuelto, que son los de la cantinera”.

A finales de abril la Junta del Alarde tradicional de Irún informó en un comunicado dirigido “a la ciudadanía” que existen diligencias previas en el ámbito penal “actualmente en tramitación en un juzgado de Irún” por la denuncia de un presunto caso de violencia sexual ocurrido en el San Marcial de 2025. Según la denuncia, que en un momento se limitó a ser interna de la organización, pero ha saltado ya a la Justicia ordinaria, un “jefe de unidad” realizó presuntamente “unos tocamientos” a la cantinera, una joven veinteañera. Desde el Departamento de Seguridad confirman a este periódico que hasta el momento, no tienen constancia de que se haya interpuesto ninguna denuncia ante la Ertzaintza relacionada con estos hechos, por lo que el caso puede haber llegado al juzgado por otros cauces.

Después de que una de las cantineras del Alarde de Irún denunciara ante la Junta de Mandos (órgano supuestamente soberano, cuya misión principal es la organización del Alarde de San Marcial, mientras que la Junta del Alarde es el órgano de estudio y asesoramiento del Alarde) un presunto episodio de agresión sexual por parte de uno de los 'mandos' de una de las compañías durante uno de los ensayos de la fiesta celebrada el pasado 30 de junio, el 3 de febrero, se celebró una reunión para comunicar la sanción al presunto agresor, que ha sido expedientado y suspendido de su cargo.

A raíz de lo ocurrido, el “general” y el “comandante” del Alarde tradicional de Irún presentaron su dimisión. Asier Etxepare y Rubén Fraile alegaron que no podían liderar un grupo en el que hay un sector que ha cuestionado su forma de gestionar la denuncia interna de la supuesta agresión sexual. En un comunicado hecho público el pasado febrero, expusieron que en verano se abrió un “expediente sancionador” a raíz de una “denuncia interna” por una “conducta inapropiada”. Se refirieron así a unos presuntos tocamientos en una compañía del Alarde por parte de un “jefe de unidad” a la cantinera. Se añadió que tanto la “Junta de Mandos” como la “Junta del Alarde” no podían “mirar hacia otro lado” ante la denuncia de un “símbolo del alarde” y entendían que han de “evaluar” lo ocurrido “dentro del régimen disciplinario”.

A partir de ahí, reconocieron la tensión interna en una reunión celebrada en Palmera Montero, con ocho “capitanes y jefes de unidad” disconformes con las actuaciones y decenas de personas manifestándose en la puerta en contra de sancionar al supuesto agresor. “En los prolegómenos a nuestro gran Día de San Marcial una cantinera se acercó para hacernos llegar varios comportamientos inadecuados de uno de los 'mandos' del Alarde. ¿Qué opciones teníamos? ¿Mirar hacia otro lado o analizar la situación? Yo, como general, pero sobre todo como Asier Etxepare Iza, no puedo hacer otra cosa que respetar y defender la base del Alarde de San Marcial, que es la Ordenanza. Y quiero remarcar que esta debería ser la base de todas las personas que forman la Junta de Mandos y la Junta del Alarde, la de respetar la Ordenanza. Como bien indican nuestros reglamentos, ante este tipo de denuncias internas se abre un proceso para analizar, investigar y resolver las actitudes que han llevado a la persona a tocar nuestra puerta. Y eso hemos hecho: analizar, investigar y resolver”, apuntó en aquel momento uno de los miembros que presentó su dimisión.

Fuentes del entorno del 'mando' sancionado detallan a este periódico que la resolución de la Junta del Alarde, por la que el hombre ha sido sancionado, “no califica, ni tipifica lo sucedido como agresión sexual, ni atribuye connotación sexual a la conducta denunciada”. Además, no niegan ni reconocen los hechos, pero ponen en cuestión que la Junta del Alarde tenga competencia para poder juzgar un hecho de estas características. La resolución del expediente sancionador rebaja lo sucedido a una “falta de respeto” a un “símbolo” del Alarde tradicional, como puede ser en este caso la cantinera, pese a tratarse de una persona. En este sentido, la Ordenanza del Alarde de San Marcial de Irún recoge en su artículo 40 en el que define las faltas graves, “la falta de respeto a la Bandera de Irún, los banderines, los estandartes y cuantos símbolos forman parte del Alarde”. Según confirman las fuentes del 'mando' sancionado, es en este caso en el que contemplan desde la Junta del Alarde para sancionarlo tras el suceso que denuncia la cantinera.

La Policia Nacional ha detingut a Palma a un home per suposadament realitzar tocaments a una turista en una discoteca de Platja de Palma i agredir a la seva parella quan li ho va recriminar.

Segons ha informat la Prefectura en nota de premsa, sobre les 23.00 hores del passat dimarts, es va rebre anomenada en el 091 en la qual el personal de seguretat d'una discoteca de Platja de Palma informava que tenien retingut a un home alemany per haver agredit sexualment a una jove a l'interior del recinte.

Diverses patrulles del Grup Operatiu de Resposta (GOR) van acudir al lloc. La víctima els va contar que el presumpte autor, almenys dues vegades, li havia agredit sexualment mentre es trobava ballant al costat de la seva parella.

La jove va manifestar, a més, que l'ara arrestat va agredir a la seva parella, que tenia un cop en el rostre, quan li va recriminar l'acció. Els agents van detenir al presumpte agressor i el van traslladar a dependències judicials.

Es dona la circumstància que, el mes de maig passat, la Policia Nacional va detenir a dos homes acusats d'agredir sexualment a una dona que es trobava de vacances a Mallorca i que va aconseguir escapar del vehicle en el qual presumptament van ocórrer els fets per a demanar auxili en un habitatge pròxim. L'autoritat judicial va decretar l'ingrés provisional a la presó de tots dos detinguts.

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre por supuestamente realizar tocamientos a una turista en una discoteca de Playa de Palma y agredir a su pareja cuando se lo recriminó.

Según ha informado la Jefatura en nota de prensa, sobre las 23.00 horas del pasado martes, se recibió llamada en el 091 en la que el personal de seguridad de una discoteca de Playa de Palma informaba de que tenían retenido a un varón alemán por haber agredido sexualmente a una joven en el interior del recinto.

Varias patrullas del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) acudieron al lugar. La víctima les contó que el presunto autor, al menos dos veces, le había agredido sexualmente mientras se encontraba bailando junto a su pareja.

La joven manifestó, además, que el ahora arrestado agredió a su pareja, que tenía un golpe en el rostro, cuando le recriminó la acción. Los agentes detuvieron al presunto agresor y lo trasladaron a dependencias judiciales.

Se da la circunstancia de que, el pasado mes de mayo, la Policía Nacional detuvo a dos hombres acusados de agredir sexualmente a una mujer que se encontraba de vacaciones en Mallorca y que logró escapar del vehículo en el que presuntamente ocurrieron los hechos para pedir auxilio en una vivienda cercana. La autoridad judicial decretó el ingreso provisional en prisión de ambos detenidos.

El secretario general del PSOE de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha defendido este sábado que los avances en igualdad y la protección de las mujeres “marcan la diferencia” entre los gobiernos progresistas y los ejecutivos sustentados por la derecha y la extrema derecha.

El expresidente regional ha participado durante la mañana en la IV edición de la Escuela Feminista Belarmina Martínez, celebrada en Los Realejos (Tenerife), y organizada por los socialistas canarios, con la presencia, entre otras, de María Guijarro, secretaria de Estado de Igualdad, y de la comunicadora Sarah Santaolalla. 

Un comunicado del PSOE de Canarias recoge las palabras de Torres en el evento, donde aseguró que la lucha contra la violencia machista y las políticas de igualdad deben ser “una prioridad absoluta” desde las administraciones públicas y lamentó que existan “diferencias claras” entre la gestión que realizó en este sentido el Pacto de las Flores, la pasada legislatura en Canarias, y la del actual Gobierno regional, formado por Coalición Canaria y Partido Popular.

“Lo que tenemos que hacer es proteger a la mujer en todos los ámbitos desde las administraciones y en esto no debería haber diferencias, pero las hay”, sostuvo.

En este sentido, defendió que los gobiernos progresistas “ponen recursos y políticas concretas” mientras otros ejecutivos “priorizan cuestiones ideológicas alejadas de las necesidades reales de la ciudadanía”.

Como ejemplo, recuerda que el último presupuesto del Gobierno del Pacto de las Flores destinó cerca de 900.000 euros del Fondo de Emergencia Social a la lucha contra la violencia machista. Frente a ello, denunció que el actual Ejecutivo autonómico “no ha llegado ni a la mitad de esa cantidad en cada ejercicio”.

“Hay gobiernos que tienen unas prioridades y otros que tienen otras”, sostuvo Torres, quien criticó también la gestión del Instituto Canario de Igualdad. Según explicó, de los diez millones de euros que recibe Canarias del Gobierno de España para la lucha contra la violencia de género “apenas se ejecutan cinco millones”, lo que provoca que recursos fundamentales no lleguen a las acciones dirigidas a la protección de las mujeres y en las políticas de igualdad.

El líder socialista calificó esta situación de “absolutamente imperdonable” y advirtió de que perder financiación en esta materia supone “debilitar la red de apoyo y protección” frente a la violencia machista.

Durante su intervención, Torres contrapuso además las primeras medidas impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez con las adoptadas por el actual Ejecutivo canario.

Así, recordó que el primer Consejo de Ministros de la actual legislatura estatal aprobó una ley de igualdad paritaria para garantizar la presencia equilibrada de mujeres y hombres en órganos de dirección y empresas públicas.

Por el contrario, criticó que la primera medida del actual Gobierno autonómico fuese “eliminar impuestos a quienes recibían fortunas de 300.000 euros”, una decisión que, afirmó, evidencia “la diferencia entre un gobierno progresista y uno conservador”.

Torres concluyó reafirmando el compromiso del PSOE Canarias con las políticas feministas y de igualdad “como una forma de entender y defender la justicia social”.

Los vecinos de Viky y Francisco no saben a qué hora él la mató a ella de un disparo y luego se quitó la vida, pero todos los que los conocieron coinciden en sus descripciones: ella, que tenía 51 años, era trabajadora, educada y estaba comprometida con la vida comunitaria; él, de 56, era retraído y distante, últimamente estaba casi ausente y apenas se le veía. Esta mañana, a las 7:30, se han encontrado sus cuerpos sin vida, muertos por arma de fuego, en su vivienda de la 12ª planta de un edificio en el barrio de La Palma, en el extremo norte de la ciudad. La Policía Nacional ha confirmado que se trata de un caso de violencia de género. La hipótesis es que él la mató y luego se quitó la vida.

La pareja llevaba décadas residiendo en ese piso de la calle Guadalimar, en La Palma-Palmilla, donde este mediodía aún no daban crédito a lo que había ocurrido. A su hijo de 28 años, trabajador en un restaurante de comida rápida, tuvo que evacuarlo de allí la Policía Nacional esta misma mañana. Ella tenía también otra hija mayor y tres nietos, de los que presumía orgullosa en la calle, cuentan en el barrio.

Los vecinos consultados por este medio conocían a la pareja con más o menos intensidad, pero todos tenían más trato con ella, que presidía la comunidad de vecinos, cobraba las cuotas y limpiaba las escaleras. Vicky era una “buscavidas”, dicen, que durante un tiempo trabajó en la pescadería, también como limpiadora, como cuidadora y en una institución de salud mental.

“Servicial, educada… Era una bellísima persona. Trabajaba para sus hijos”, dicen dos vecinas, que prefieren no dar su nombre. “Me echo a llorar porque eran amigos míos, sobre todo ella, que era muy cariñosa. Yo la apreciaba mucho”, lamenta un vecino. “Estoy impactada, era muy buena persona y comprometida”, cuenta su vecina Davinia a la puerta del edificio en el que vivía. “Era una persona implicada en la comunidad de su bloque, algo fundamental en los esfuerzos del barrio por salir adelante”, se cuenta en el comunicado del Plan Comunitario de Palma Palmilla: “Una mujer muy luchadora y que se esforzaba en hacer equipo con el resto de vecinos de su edificio”.

Francisco era mucho más reservado y el retraimiento se había agudizado en los últimos meses. “Lo vi ayer, y estaba penosillo. Cogió la moto y se fue. Pero esto no se podía esperar. ¿Quién iba a pensar que tenía pistolas?”, cuenta un vecino. No trabajaba, salía menos aunque sí caminaba hasta el colegio Rosa de Gálvez o se acercaba a las rifas algunas tardes, donde lo vieron hace poco.

Las vecinas lo observaban nervioso, creen que bajo los efectos de alguna medicación, pero no refieren signos externos previos de violencia hacia ella. Ninguno de los dos figuraba en el sistema Viogen. Otra cosa es lo que ocurriera de puertas hacia dentro. “Si se quita la vida él, pues mira… Pero a ella no hay derecho, no se lo merecía”, protesta Davinia.

Disparos habituales

El bloque de viviendas está apenas a unos metros del mercado, donde Vicky y su hijo trabajaron durante algunos años. Un poco más arriba está en la calle Guadalimar, generalmente más tranquila que otras de La Palma, dicen los vecinos. Estos son, literalmente, los confines de la ciudad. Al norte de la calle ya es monte y al este, la calle termina en una plazoleta con restos de todo tipo que hace de balcón a unas viviendas levantadas a las bravas o a medio construir.

Cuentan todos los vecinos que aquí los disparos son habituales. No son solo tiroteos; hay quien va al monte a practicar. Por eso, entre la media docena de vecinos consultados hay quienes subrayan que este jueves, en torno a las nueve de la noche, se escucharon cuatro disparos (tres muy seguidos, y luego otro), y también quienes explican que los escucharon el viernes por la mañana. Una vecina de escalera escuchó los disparos de la tarde, no los de la mañana. Ambas cosas pueden ser ciertas, y sólo una tendría que ver con el crimen.

El hallazgo de los dos cadáveres se produjo en torno a las 7:30 del viernes, tras varios avisos al sistema Emergencias 112 Andalucía. El grupo de homicidios de la Comisaría Provincial de Málaga se ha hecho cargo de la investigación.

En lo que va de año, 23 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. De confirmarse, sería la 24ª en España, la segunda en Málaga y la quinta en Andalucía. Son 1.364 mujeres desde que se elabora la estadística oficial, en 2003.

La Subdelegación del Gobierno en Málaga está recabando los datos para remitirlos a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. El subdelegado, Javier Salas, ha expresado el “rechazo de la sociedad ante la que sigue siendo una gran lacra, la violencia de género”, y ha expresado sus condolencias a la familia y amigos de la víctima.

La Policía Canaria ha detenido en el sur de Tenerife a un hombre de 37 años como presunto autor de un delito de violencia de género, tras una intervención iniciada a raíz de una alerta recibida a través del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112.

Los hechos ocurrieron en el municipio de Granadilla de Abona, donde efectivos de la Unidad de Prevención e Intervención (UPRI) se desplazaron tras recibir la comunicación de un posible episodio de violencia de género, según ha informado este viernes la Policía Canaria.

Una vez en el lugar, los agentes realizaron las comprobaciones e investigaciones oportunas para esclarecer lo ocurrido.

Como resultado de la actuación policial, se detuvo al presunto autor de los hechos y se llevó a cabo la instrucción de las correspondientes diligencias para su puesta a disposición de la autoridad judicial competente.

El servicio de atención a la violencia de género del 112, dependiente del Instituto Canario de Igualdad, presta atención especializada las 24 horas del día durante todo el año y permite activar de forma inmediata los recursos de emergencia y apoyo a las mujeres que se encuentren en una situación de violencia de género.

La Policía Nacional y la Policía Canaria (CGPC), en una actuación conjunta, han detenido a un hombre por presuntos delitos de acoso, amenazas y contra la intimidad, tras una investigación iniciada a raíz de la denuncia presentada por una mujer residente en Tenerife.

La investigación se centró en el envío reiterado de mensajes amenazantes y comunicaciones realizadas mediante aplicaciones de mensajería y diferentes líneas telefónicas, algunas de ellas vinculadas a tarjetas SIM prepago bajo identidades falsas, ha informado este miércoles la Policía Canaria en una nota.

Como resultado de las gestiones practicadas por ambos cuerpos policiales, la autoridad judicial autorizó la entrada y registro del domicilio del investigado, ubicado en Santa Cruz de Tenerife.

“Durante el registro fueron intervenidos múltiples teléfonos móviles, memorias digitales y diversa documentación relacionada con la investigación, además de tarjetas SIM y soportes asociados a varias líneas telefónicas que están siendo objeto de análisis”, detalla la nota.

Asimismo, los agentes localizaron archivos fotográficos relacionados con la víctima en distintos dispositivos electrónicos, material que será analizado técnicamente en el marco de las diligencias abiertas, ha especificado la Policía Canaria.

En el transcurso de la actuación también se intervino una pequeña cantidad de sustancia estupefaciente y una balanza de precisión.

El detenido permaneció en dependencias policiales hasta su puesta a disposición judicial y, una vez presentado ante la autoridad judicial, se estimó la adopción de medidas cautelares de alejamiento y prohibición de comunicación respecto de la víctima, concluye la Policía autonómica. 

Les forces i cossos de seguretat de l'Estat han detingut a Julián C.V., expolicia local de Son Servera (Mallorca) condemnat en 2024 a set anys i mig de presó per intentar matar a la seva dona amb un fulard. L'home va aconseguir llevar-se la polsera de control telemàtic que estava obligat a portar per a verificar el compliment de la prohibició d'aproximar-se a la víctima i va fugir, eludint el seu ingrés a la presó.

Tant la Fiscalia com l'acusació particular van reclamar la seva cerca, captura i posterior ingrés a la presó. La setmana passada, agents de la Policia Nacional de l'aeroport de Madrid van interceptar a l'home recentment aterrat de Tailàndia, on havia romàs ocult des de la condemna, segons ha publicat 'Diario de Mallorca' i han confirmat a elDiario.es fonts de la recerca. L'home es va lliurar i va ingressar immediatament a la presó.

Durant una vista celebrada al gener de 2025, tres mesos després de ser condemnat, les acusacions van al·legar que l'home podria donar-se a la fugida per a eludir el seu ingrés en la presó. Enfront d'això, el lletrat de l'acusat va adduir la inexistència de risc que el seu patrocinat pugui fugir, màximament quan, va asseverar, no havia incorregut en cap trencament de condemna en tot aquest temps com tampoc havia incomplert l'ordre d'allunyament que li va ser imposada. El processat, no obstant això, va escapar finalment al país asiàtic.

A més de la pena de presó per homicidi en grau de temptativa, l'Audiència Provincial de Balears va fixar una ordre d'allunyament respecte a la víctima durant deu anys així com el pagament de 6.600 euros en concepte de lesions i danys morals.

Els fets van tenir lloc al març de 2018, quan la parella va començar una discussió en el seu domicili després que la dona manifestés la seva intenció de sortir amb unes amigues, al que el condemnat es va negar. Tal com considera provat la sentència, en aquest moment l'ex agent va començar a mostrar-se agressiu, insultant a la víctima, agarrant-la per les espatlles i arrossegant-la per la força fins al bany, on va intentar asfixiar-la estrenyent amb força un fulard al voltant del seu coll. La dona, no obstant això, va aconseguir fugir després de propinar diverses puntades i manotades al seu agressor, primer refugiant-se en el bany i després escapant a casa d'una amiga.

En la seva resolució, els magistrats posen de manifest que l'acusat “va practicar tots els actes objectivament necessaris per a llevar la vida” a la dona, i que el resultat fatal no es va produir únicament a causa de la resistència activa de la víctima, que va aconseguir escapar del seu agressor. “En concret, amb puntades, manotades, intents d'esquivar les agressions i de fugida”, assenyala la sentència.

La Fiscalia sol·licitava inicialment una pena de deu anys de presó, però el tribunal va rebaixar la condemna a set anys i mig en aplicar l'atenuant de dilacions indegudes en el procés. A més, tampoc va apreciar delictes de maltractaments i amenaces que esgrimia l'acusació particular, argumentant que les agressions estaven compreses en la conducta homicida.

Durant la seva declaració en el judici, la dona va explicar que no havia denunciat anteriorment al seu marit, encara que sí havia sofert algunes agressions, principalment empentes, però no un episodi de tanta gravetat com el que va ser jutjat. Segons va assegurar, després d'un menjar amb amics en la qual tots dos van ingerir alcohol -ell més que ella, segons va referir-, van tornar al seu domicili, on es va iniciar una discussió quan ella va voler sortir amb unes amigues.

La dona va relatar que va ser en aquest moment quan va començar l'agressió, que va consistir primer en l'escanyament amb el fulard que ella portava i un intent d'apunyalament amb una navalla que l'home sempre portava damunt. La víctima va sofrir corts a la mà quan va repel·lir l'intent d'agressió amb un ganivet en el coll, a més de rebre cops i manotades. La víctima va manifestar que, al marge dels talls, va sofrir dolors per tot el cos a causa dels cops i els blaus.

Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han detenido a Julián C.V., expolicía local de Son Servera (Mallorca) condenado en 2024 a siete años y medio de cárcel por intentar matar a su mujer estrangulándola con un fular. El hombre logró quitarse la pulsera de control telemático que estaba obligado a llevar para verificar el cumplimiento de la prohibición de aproximarse a la víctima y huyó, eludiendo su ingreso en prisión.

Tanto la Fiscalía como la acusación particular reclamaron su busca, captura y posterior ingreso en prisión. La semana pasada, agentes de la Policía Nacional del aeropuerto de Madrid interceptaron al varón recién aterrizado de Tailandia, donde había permanecido oculto desde la condena, según ha publicado 'Diario de Mallorca' y han confirmado a elDiario.es fuentes de la investigación. El hombre se entregó e ingresó inmediatamente en prisión.

Durante una vista celebrada en enero de 2025, tres meses después de ser condenado, las acusaciones alegaron que el hombre podría darse a la fuga para eludir su ingreso en la cárcel. Frente a ello, el letrado del acusado adujo la inexistencia de riesgo de que su patrocinado pueda huir, máxime cuando, aseveró, no había incurrido en ningún quebrantamiento de condena en todo ese tiempo como tampoco había incumplido la orden de alejamiento que le fue impuesta. El procesado, sin embargo, escapó finalmente al país asiático.

Además de la pena de prisión por homicidio en grado de tentativa, la Audiencia Provincial de Balears fijó una orden de alejamiento respecto a la víctima durante diez años así como el pago de 6.600 euros en concepto de lesiones y daños morales.

Los hechos tuvieron lugar en marzo de 2018, cuando la pareja comenzó una discusión en su domicilio después de que la mujer manifestara su intención de salir con unas amigas, a lo que el condenado se negó. Tal como considera probado la sentencia, en ese momento el ex agente comezó a mostrarse agresivo, insultando a la víctima, agarrándola por los hombros y arrastrándola por la fuerza hasta el baño, donde intentó asfixiarla apretando con fuerza un fular alrededor de su cuello. La mujer, sin embargo, logró zafarse tras propinar varias patadas y manotazos a su agresor, primero refugiándose en el baño y luego escapando a casa de una amiga.

En su resolución, los magistrados ponen de manifiesto que el acusado “practicó todos los actos objetivamente necesarios para quitar la vida” a la mujer, y que el resultado fatal no se produjo únicamente debido a la resistencia activa de la víctima, que logró escapar de su agresor. “En concreto, con patadas, manotazos, intentos de esquivar las agresiones y de huida”, señala la sentencia.

La Fiscalía solicitaba inicialmente una pena de diez años de prisión, pero el tribunal rebajó la condena a siete años y medio al aplicar la atenuante de dilaciones indebidas en el proceso. Además, tampoco apreció delitos de malos tratos y amenazas que esgrimía la acusación particular, argumentando que las agresiones estaban comprendidas en la conducta homicida.

Durante su declaración en el juicio, la mujer explicó que no había denunciado anteriormente a su marido, aunque sí había sufrido algunas agresiones, principalmente empujones, pero no un episodio de tanta gravedad como el que fue juzgado. Según aseguró, tras una comida con amigos en la que ambos ingirieron alcohol -él más que ella, según refirió-, regresaron a su domicilio, donde se inició una discusión cuando ella quiso salir con unas amigas.

La mujer relató que fue en ese momento cuando comenzó la agresión, que consistió primero en el estrangulamiento con el fular que ella llevaba y un intento de apuñalamiento con una navaja que el hombre siempre portaba encima. La víctima sufrió cortes en la mano cuando repelió el intento de navajazo en el cuello, además de recibir golpes y manotazos. La víctima manifestó que, al margen de los cortes, sufrió dolores por todo el cuerpo a causa de los golpes y los moratones.

La Guardia Civil ha detenido a un hombre en relación con el asesinato por estrangulamiento este martes de una mujer en Callosa de Segura (Alicante), según han informado a EFE fuentes conocedoras del caso, que han precisado que se trata de la pareja sentimental de la víctima.

El crimen ha ocurrido esta mañana en el domicilio en el que se supone que convivían el asesino y la víctima, ambos españoles de 48 años y sin antecedentes por violencia de género entre ellos. La víctima y el detenido no tienen hijos en común ni convivían con menores de edad en su vivienda.

La investigación corre a cargo del equipo de la Mujer y Menor de la Guardia Civil (EMUME), que en estos momentos se encuentra en el domicilio, situado en el centro urbano de Callosa de Segura.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha informado, a través de la red social X (antigua Twitter), de que está recabando datos “del asesinato por presunta violencia de género” de esta víctima de Alicante.

Tres días de luto oficial

El ayuntamiento de Callosa de Segura (Alicante) ha decretado tres días de luto oficial por el crimen cometido este martes y ha convocado a los vecinos a un minuto de silencio en memoria de la víctima para esta misma tarde a las 19:30 horas.

A través de la red social Facebook, el consistorio ha informado de que los tres días de duelo se extienden entre hoy y el próximo jueves “como muestra del dolor y rechazo unánime de toda la ciudadanía ante este trágico suceso”. Además, ha añadido que durante este periodo las banderas de los edificios municipales ondearán a media asta.

Al mismo tiempo, ha convocado a la ciudadanía a guardar un minuto de silencio en memoria de la víctima este mismo martes a las 19:30 horas a las puertas del ayuntamiento para que los vecinos expresen el “respeto, duelo y repulsa”.

“Callosa de Segura dice NO a la violencia de género”, ha continuado el mensaje del ayuntamiento, que ha trasladado el “más sentido pésame a la familia y allegados” y la “profunda consternación y la más firme condena ante el asesinato de nuestra vecina”.

“La violencia de género constituye una grave vulneración de los Derechos Humanos y una de las expresiones más extremas de la desigualdad y la violencia contra las mujeres”, según el ayuntamiento, que ha incidido en el ánimo de “trasladar el apoyo, cercanía y solidaridad a la familia, amistades y personas allegadas de la víctima en estos difíciles momentos”.

De confirmarse este caso como un asesinato machista, serían 23 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, 1.364 desde 2003.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

Alfonso Villares, el exconselleiro que dejó su cargo en la Xunta acusado de una agresión sexual, vuelve a la vida política. El presidente gallego, Alfonso Rueda, anunció este lunes que pasará a ocupar el puesto de delegado territorial en Lugo, a pesar de que su caso no ha sido archivado de forma definitiva, sino provisional.

Rueda manifestó que la decisión la ha tomado sin “hacer futuribles” sobre una posible reapertura del caso. “No sé en qué circunstancias se podría producir”, dijo. Pero, si ocurriese, mantendrá la actitud exhibida hasta el momento con respecto a Villares, que califica de “coherente”. Tanto él como el exconselleiro consideran que no podía estar en el Gobierno gallego mientras estuviese imputado, pero con el archivo provisional confirmado por la Audiencia Provincial de A Coruña, la situación ha cambiado “completamente”

El caso trascendió hace un año: el 4 de junio de 2025, Villares, que entonces era el conselleiro do Mar, convocó a la prensa por sorpresa para comunicar su salida del Gobierno gallego. Aunque él no lo concretó en aquella comparecencia en la que no respondió preguntas, el motivo era una denuncia de agresión sexual presentada contra él. La despedida que le dedicó el Gobierno gallego, con aplausos de sus compañeros y un abrazo de Alfonso Rueda incluidos, levantó las críticas de la oposición.

En diciembre de ese año, el juzgado de Ferrol que llevaba el caso llegó a la conclusión de que no se podía procesar a Villares. En abril de 2026 la Audiencia Provincial confirmó esta decisión y señaló que, tras la investigación realizada, no se habían encontrado “indicios bastantes para procesar”. Unos días después, en un gesto infrecuente, el exconselleiro convocó a los medios para anunciar que se reincorporaba al PP y para exigir a la oposición que se disculpase con él.

Rueda había manifestado desde la propia dimisión de Villares que confiaba en poder recuperarlo para la política. La decisión fue esperar a que quedase confirmado el sobreseimiento de la causa, si bien este es provisional. La vuelta del exconselleiro se ha materializado este lunes y el suyo es uno de los varios nombramientos anunciado por el presidente gallego, que cambian varios puestos de segundo nivel en diferentes áreas: de la dirección del Servizo Galego de Saúde (Sergas) a la Autoridad Portuaria de Ferrol.

La Policía Nacional ha detenido a un hombre en Burgos acusado de maltratar a su pareja, que fue localizado cuando intentaba ocultarse de los agentes en el tejado de la casa de la víctima, en el centro histórico de la ciudad.

Según ha informado la Policía a través de un comunicado remitido este jueves, el pasado 23 de mayo una mujer se personó en la Comisaría Provincial para denunciar varios episodios de malos tratos físicos y psicológicos sufridos a lo largo de los últimos meses por parte de su pareja.

La víctima reconoció que nunca le había denunciado al hombre —que tiene un dilatado historial policial con más de veinte detenciones previas, principalmente por delitos contra la propiedad— y advirtió de que podía estar en su domicilio sin su permiso.

Ante estos hechos, se estableció un dispositivo policial que garantizara, por un lado, la asistencia y protección continua de la víctima y, por otro, la localización y detención del supuesto autor de estos malos tratos.

Cuando los uniformados llegaron a la casa de la mujer, no encontraron al sospechoso, pero sí indicios de que había estado allí momentos antes, por lo que se encaramaron al tejado a través de una ventana y allí encontraron al hombre oculto y agazapado, que opuso una fuerte resistencia y arremetió contra los policías.

El Centro Municipal de Igualdad de Torrelavega, Espacio Mujeres, atendió a 55 personas durante el mes de abril, en el que abrió 20 altas nuevas y desarrolló una “intensa” actividad de acompañamiento, orientación e intervención especializada en distintos ámbitos. En concreto, en el apartado de atención a violencias machistas y de género realizó 66 intervenciones.

Además, desarrolló 36 servicios de atención, orientación laboral y sociocultural dirigidos a 31 usuarias; 31 intervenciones psicológicas a 26 mujeres y 25 actuaciones de asesoría jurídica a 18, según se recoge en la memoria mensual que ha presentado este jueves la concejala de Igualdad, Patricia Portilla.

Para la edil, estos datos ponen de manifiesto “la necesidad de seguir reforzando los recursos públicos que permiten acompañar, orientar y proteger a las mujeres ante situaciones de especial vulnerabilidad”.

Junto a la mencionada atención directa, en abril Espacio Mujeres desarrolló diferentes actividades de formación y sensibilización, con talleres sobre alfabetización mediática, banca online, uso seguro de internet, compra y pago digital, procesador de textos o mejora de la empleabilidad, entre otros.

Asimismo, el centro siguió acogiendo actividades impulsadas por asociaciones y entidades externas.

Portilla ha destacado que Espacio Mujeres, dependiente de su Concejalía, “continúa siendo un recurso esencial para ofrecer una atención cercana, especializada e integral a las mujeres de Torrelavega, así como para impulsar acciones de sensibilización, formación y promoción de la igualdad”.

También ha puesto en valor el trabajo desarrollado por el equipo técnico de Espacio Mujeres, integrado por profesionales del ámbito social, psicológico y jurídico, así como la coordinación con otros recursos comunitarios, sociales, educativos, sanitarios y administrativos. En este sentido, ha subrayado que el centro no solo presta atención individual, sino que además desempeña una “importante” labor de apoyo técnico, derivación, información y trabajo en red.

Finalmente, ha reiterado el compromiso del Ayuntamiento con el fortalecimiento de este servicio municipal, cuya finalidad es promover la igualdad de oportunidades, prevenir las violencias machistas y ofrecer atención especializada a las mujeres que lo necesiten.

“Espacio Mujeres es una herramienta fundamental para avanzar en igualdad real y para seguir dando respuestas útiles, cercanas y eficaces a las necesidades de muchas mujeres de Torrelavega”, ha sentenciado.

La Fundación Juan Carlos Aragón ha defendido que el autor gaditano de Carnaval “cumplió su condena, redimió su pena, se trató de su adicción y rehízo su vida” tras la polémica generada por la difusión de una sentencia de 2010 por maltrato a su expareja Francisca Pino, que ha llevado al Ayuntamiento de Cádiz a suspender homenajes y retirar los honores que tenía vinculados.

En un comunicado firmado este miércoles por la presidenta de la Fundación, su viuda Luisa Tejonero, la entidad sostiene que es “absolutamente incierto” que Francisca Pino sufriera malos tratos durante toda la relación con Aragón y subraya que la propia denunciante pidió en distintas ocasiones que no se ejecutara la orden de alejamiento y que se archivara la causa judicial.

La controversia se desencadenó después de que la exmujer del autor entregara el pasado sábado la sentencia condenatoria dictada contra Aragón, fallecido en 2019, y relatara episodios de violencia sufridos durante la relación. Tras ello, el Ayuntamiento de Cádiz anunció la suspensión de cualquier homenaje institucional y la retirada de honores concedidos al autor, una de las figuras más influyentes del Carnaval gaditano contemporáneo.

Que no se ejecutara la sentencia

En su comunicado, la Fundación recuerda que el Juzgado de Instrucción número 4 de Chiclana dejó sin efecto en 2008 la orden de alejamiento después de que Francisca Pino manifestara que deseaba “cerrar todo este asunto” y que la medida era “desproporcionada” porque nunca dejaron de convivir. Asimismo, señala que en el acto de notificación de la sentencia condenatoria la denunciante expresó que estaba viviendo con Aragón y que no quería que se ejecutara la pena de alejamiento, una postura que reiteró posteriormente al ser consultada sobre la petición de indulto.

La Fundación añade que, tras la condena, la relación entre ambos continuó durante años y asegura que Francisca Pino acudió a homenajes y actuaciones vinculadas al autor sin mostrar reparos públicos. También afirma que intercambiaron mensajes hasta pocas semanas antes de la muerte de Aragón.

El texto considera “sorprendente” que la sentencia se haya hecho pública más de 15 años después de la condena y más de 20 desde los hechos denunciados. La entidad defiende además el principio de reinserción social y sostiene que Aragón “no volvió a cometer delito en su vida” y que “la condena no debe ser perpetua para quien ya ha cumplido su pena con la ley y la sociedad”.

Retirada de honores en el pleno

En la parte final del comunicado, la Fundación advierte contra lo que considera una “damnatio memoriae” (práctica del imperio romano para borrar la memoria de alguien considerado indigno) del autor y diferencia entre el recuerdo legítimo de unos hechos y el “escarnio” o el “señalamiento constante” de una persona fallecida.

La versión de la Fundación se hace pública horas antes de que, este jueves, el Ayuntamiento de Cádiz apruebe en pleno una moción para retirarle todos los honores a Aragón, incluida la estrella que se ha colocado ante el Teatro Falla y que se iba a inaugurar el pasado domingo, y para instar al colegio Profesor Juan Carlos Aragón que cambie de denominación.

A ello hay que unir que el grupo de Andalucía Por Sí (AxSí) en el Ayuntamiento de Puerto Real (Cádiz) ha anunciado que llevará al próximo pleno una moción de urgencia para retirar y destruir la imagen de homenaje dedicada a Juan Carlos Aragón colocada en el centro cívico de la barriada del Río San Pedro. En la red social Facebook, la plataforma vecinal Río San Pedro ha reconocido que la imagen en homenaje al autor “está de más”, solicitando públicamente al Ayuntamiento que se retire de la fachada del centro cívico.

El Gobierno ha aprobado este martes el proyecto de ley para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial, un texto que ajusta la legislación española a la europea y que fija multas millonarias (de hasta 35 millones de euros), trata de atajar los contenidos 'ultrafalsos' (deepfakes) —como los desnudos generados por asistentes virtuales—, y determina qué técnicas y sistemas están expresamente prohibidos.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al proyecto de ley, que comenzará ahora su tramitación parlamentaria, un texto que va a dotar a España de un instrumento que asegurará la supervisión humana para todos aquellos sistemas considerados de 'alto riesgo' porque podrían afectar a los derechos fundamentales de las personas.

El texto fija los sistemas o las prácticas que están prohibidas, como el uso de técnicas subliminales para manipular decisiones sin consentimiento, explotar vulnerabilidades relacionadas con la edad o la situación socioeconómica de las personas (menores, mayores o discapacitados), la clasificación biométrica por raza u orientación política o religiosa, o la 'puntuación' de individuos basándose en comportamientos sociales o rasgos personales para por ejemplo denegar subvenciones o préstamos.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha subrayado que España está demostrando “un ejemplo sobresaliente” en el despliegue y la adopción de la IA y ha citado la localización de dos 'fábricas' de IA de la UE, un proyecto de 'gigafactoría', varias empresas punteras en el sector, entre ellas Multiverse Computing o la existencia ya de un modelo de IA en español ('ALIA'), y ha aseverado que el país “abandera” la apuesta para que esta tecnología sea “ética y confiable”.

López, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha defendido, frente a los 'tecnoligarcas“ que están en contra de cualquier tipo de regulación, la posibilidad de compatibilizar la innovación y la competitividad con los derechos, y se ha mostrado convencido de que la ley responde a la inquietud de los españoles, ya que casi el 80 por ciento de la población pide más protección de los derechos digitales.

La nueva ley es “garantista y humanista”, ha manifestado el ministro, quien ha alineado los objetivos del texto con los fijados por el papa León XIV en su encíclica, y ha situado a España como uno de los líderes mundiales (el séptimo, ha dicho) en el desarrollo y el progreso de la inteligencia artificial, pero como “el más avanzado” del planeta en el caso de una tecnología “confiable”.

Respuesta a los desnudos creados desde la red social X

La ley fija responsabilidades a los responsables de IA que utilicen sistemas prohibidos en Europa, impone la supervisión humana en casos que puedan afectar a derechos fundamentales, promueve la transparencia algorítmica e incluye medidas específicas de protección a los menores, y atribuye competencias de supervisión a la Agencia de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA), a la Agencia Española de Protección de Datos, al Consejo General del Poder Judicial, al Banco de España o a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

El texto que ha aprobado este martes el Gobierno incluye ya las modificaciones al Reglamento Europeo que se han incorporado recientemente, y entre ellas la prohibición de sistemas de inteligencia artificial que generen 'deepfakes' sexuales, tras la polémica generada por los desnudos de mujeres creados por 'Grok', el asistente virtual de la red social X.

La Ley prohíbe por ejemplo el uso de 'chatbots' (asistente conversacional robotizado) que identifiquen a usuarios con adición al juego para incitarles a entrar en plataformas de juego; los juguetes infantiles dotados con IA que puedan animar a los niños a completar retos que les pueden producir daños; o sistemas que clasifiquen con biometría a las personas (orientación política, sexual u otras) a partir del análisis de sus fotos en redes sociales.

Las infracciones se clasificarán en leves, graves y muy graves, y las sanciones podrán alcanzar hasta los 35 millones de euros o el 7 por ciento del volumen de negocio anual de una empresa en los casos más graves; y serán de 500.000 euros —o el 0,5 por ciento del volumen de negocio— en el caso de las más leves.

La ley española incluye detalles que no provienen del Reglamento Europeo de IA, y entre ellas medidas para impulsar el buen uso de estas tecnologías en el sector público, tras las numerosas sugerencias que se hicieron en ese sentido durante el trámite de audiencia pública.

Así, la norma española introduce la creación de un inventario de sistemas de IA utilizados en procedimientos administrativos; y establece la figura del delegado de IA, que estará encargado de coordinar la aplicación normativa y asesorar en proyectos y contratación pública.

Un hombre ha sido detenido en Calahorra por agredir a su ex mujer y quebrantar la orden de alejamiento que tenía en vigor. Fueron varias personas las que llamaron a la Policía Local para alertar de que había una mujer pidiendo auxilio en su domicilio. Al llegar al lugar, los agentes se encontraron con un ciudadano aporreando la puerta de la vivienda; incluso había fracturado una parte de la misma.

Al ver llegar a los agentes, que ya habían comprobado que este hombre tenía en vigor una orden de alejamiento, el individuo arremetió contra ellos con gran violencia y sin mediar palabra, por lo que tuvo que ser reducido y detenido como presunto autor de un delito de quebrantamiento de condena por violencia de género, de atentado contra los agenes de la autoridad, resistencia y desobediencia grave.

Finalmente, el individuo fue enviado a prisión.

El próximo sábado, día 30 de mayo, a las 18.00 horas, el Centro Social Octubre de Guadalajara acogerá una jornada de análisis y denuncia de la violencia vicaria e institucional con la participación de la actriz y directora María Bestar, que proyectará su cortometraje ‘No estás loca’.

En este evento también se dará a conocer el testimonio de tres mujeres víctimas que tuvieron que huir de España tras ser “obligadas por la justicia” a entregar sus hijos a presuntos maltratadores.

El objetivo del acto es denunciar la violencia vicaria, definida como aquella en la que el agresor daña a los hijos e hijas para causar sufrimiento a la madre; y la violencia institucional, que se manifiesta cuando las administraciones públicas “incumplen sistemáticamente su deber de protección y obstaculizan el acceso a la justicia”.

La jornada contará con la participación de la actriz, directora, cantante y compositora española María Bestar, quien proyectará su cortometraje ‘No estás loca’, una obra que aborda la problemática de la violencia vicaria.

Bestar, superviviente de violencia de género y activista por los derechos de las mujeres, ha entrevistado a más de 40 víctimas y ha documentado los graves fallos del sistema que perpetúan estas situaciones.

Tras la proyección, tomarán la palabra tres mujeres que han sufrido en primera persona las consecuencias de la violencia institucional. Según los organizadores, todas ellas se vieron obligadas a abandonar España después de que la justicia “les arrebatara la custodia de sus hijos e hijas para entregársela a padres investigados por malos tratos o abusos sexuales”.

El evento analizará cómo la administración de justicia se convierte “en un agente más de la violencia machista” al anteponer supuestos criterios legales a la protección real de los menores y las madres y que funcionan como “un instrumento de impunidad”.

En España y desde que comenzaron a contabilizarse, al menos 67 menores han sido asesinados por sus padres o por las parejas de sus madres. Se estima que el 98,7% de los hijos e hijas de mujeres que sufren o han sufrido violencia de género padecen también violencia vicaria.

Violencia institucional: cuando el juez “se convierte en el agresor”

El evento se celebra también en un contexto de creciente debate sobre el papel de la administración de justicia en la perpetuación de la violencia de género.

El Informe anual de Violencias Institucionales Machistas de 2024, elaborado por el Observatorio de Violencias Institucionales Machistas (OVIM) revela que seis de cada diez denuncias (60%) por violencia machista institucional están relacionadas con comportamientos o decisiones de jueces.

Este informe señala que la priorización de los derechos parentales sobre el interés superior del menor es una de las vulneraciones más habituales, lo que en muchos casos obliga a los hijos a convivir con el maltratador.

Además, en el 94,4% de los casos denunciados, la violencia institucional fue “revictimizante”. Según alertó el Defensor del Pueblo, el 60% de los jueces de Violencia contra la Mujer y el 85% de los destinados en juzgados con competencias compartidas no habían recibido formación continua en esta materia en los últimos cinco años

La jornada servirá para analizar las causas estructurales de la violencia vicaria y señalar a la administración de justicia como responsable.