El servicio telefónico de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género 112, dependiente del Instituto Canario de Igualdad (ICI), atendió 1.955 alertas por violencia de género en el mes de agosto lo que supuso 63 alertas al día.

De este total, el 59% (1.148 alertas) fueron de emergencia, es decir, la situación suponía un peligro inminente para la mujer que estaba siendo agredida por un hombre y hubo que activar la intervención policial, sanitaria, o de los Dispositivos de Emergencia insulares.

Un total de 68 mujeres manifestaron en agosto padecer alguna discapacidad, detalla el Gobierno canario.

La directora del ICI, Ana Padrón, asegura que “para darle la vuelta a este grave problema estructural, la violencia de género, se necesita que toda la población se implique y se posicione contra los maltratadores y el machismo”.

Desde el ICI, indica, “estamos impulsando formación en todos los ámbitos, colaboramos con educación para sensibilizar desde la escuela sobre la violencia de género y desarrollamos diversas campañas, gracias a estas acciones estamos consiguiendo visibilizar más violencias que antes permanecían ocultas, pero no es suficiente, necesitamos la implicación de toda la ciudadanía para proteger a las víctimas y combatir el creciente negacionismo de la violencia de género”.

Ana Padrón señala que “como ya ocurrió en julio, en este último mes de agosto se vuelve a superar la cifra de alertas por violencia de género que el teléfono de emergencia ha recibido en un solo mes desde su creación en 1999”.

El registro de llamadas de agosto supone un aumento del 6,5% respecto al mismo mes de 2025.

En cuanto al acumulado del año las 13.580 de estos ocho primeros meses del año representan un 12% más que en el mismo periodo de 2025.

Los dispositivos para mujeres agredidas de las islas (DEMA) se activaron en agosto en 216 ocasiones y 43 mujeres con sus 23 hijas e hijos fueron acogidas de emergencia para protegerse de su maltratador ante la imposibilidad de alojarse en otro lugar.

De forma paralela, en este mes se movilizaron 1.148 recursos policiales y 80 sanitarios.

La mayoría de agresores fueron la pareja (841) o la expareja (482), también hubo agresiones por parte de hijos (70), desconocidos (60), amigos (22), padres (25) o hermanos (16).

En cuanto al tipo de agresiones, casi el 4% fueron agresiones sexuales lo que supuso activar desde el 112 los centros de crisis 24 horas en 35 ocasiones. El 41% fueron violencias físicas sin agresión sexual y otro 42% violencias no físicas.

Por grupos de edad, en agosto aumentaron las llamadas de violencias sobre mujeres de 18 a 35 años. En concreto se recibieron 405 alertas en agosto (372 en julio) y las de mujeres de 76 a 97 años, 18 en agosto (15 en julio).

En cuanto al resto de grupos, se recibieron 26 alertas de violencias sobre niñas menores de 18 años, 6 menos que en julio en el que se recibieron 32 alertas, 343 de mujeres de entre 36 y 55 años, (410 en el mes anterior) y 103 de 56 a 75 años (109 en julio).

La directora del ICI recuerda la importancia de llamar al 112 ante cualquier indicio o sospecha y se congratula de que en agosto aumentara el volumen de llamadas de alertantes accidentales y de familiares de la víctima.

“Necesitamos que el entorno inmediato, o las personas que por casualidad presencian una agresión o ven algo sospechoso llamen para proteger a la víctima y se active cuanto antes la intervención profesional que sea necesaria”, apunta.

En agosto, la mayoría de las llamadas, el 38%, fueron realizadas por la propia víctima, un 26% por alertantes accidentales, un 17% por instituciones, y un 7% por familiares.

El ICI financia este servicio especializado del 112, que atiende todas las violencias de género las 24 horas al día y todos los días del año.

Asimismo, impulsa una red de recursos por todo el archipiélago y en convenio con los cabildos para informar, prevenir y atender a las víctimas de violencias de género a la que el pasado año se sumaron los cinco nuevos centros de crisis 24 horas para atender a las mujeres víctimas de violencias sexuales.

Hace casi un año, Stacey (el nombre es ficticio por razones de privacidad) oyó sonar la alarma de su coche Tesla en tres ocasiones en plena noche. Para entonces, esta mujer de Sídney llevaba cuatro años sufriendo maltrato doméstico a manos de su expareja, Enrico Pucci, un empresario condenado por abusos contra sus trabajadores y otras irregularidades.

Cuando sonó la alarma, estaba “demasiado asustada” para salir a la calle porque pensaba que él podría estar dañando su vehículo, según los documentos policiales presentados ante el tribunal. A la mañana siguiente, el coche parecía intacto, pero Stacey se dio cuenta de que el salpicadero electrónico se había reiniciado y se había añadido un perfil de “control parental”.

Tres días después, Pucci, que ahora tiene 50 años, la siguió en un coche y empezó a gritarle por un hombre con el que ella estaba saliendo. “Pensabas que te saldrías con la tuya. Estoy en tu coche. Estoy en tus mapas”, le gritó, según los informes policiales.

En los días siguientes, Stacey descubrió que el perfil de control parental, al que ella no tenía acceso, podía controlar casi por completo el coche, incluyendo su velocidad, la climatización, el bloqueo y el horario de toque de queda, determinando cuándo se podía conducir el vehículo.

Entre el 6 y el 12 de noviembre de 2025, Pucci alteró de forma remota la temperatura del coche, alternando entre el frío extremo y el calor extremo. “La víctima no ha podido circular a determinadas velocidades y, en las ocasiones más recientes a lo largo de este periodo, [el acusado] ha activado el 'modo valet', que reduce inmediatamente la velocidad a 40 km por hora, lo que ha provocado importantes problemas de seguridad para la víctima en la carretera”, indicaban los documentos policiales.

“La víctima no ha tenido ningún control sobre su vehículo desde que se percató de que se había añadido el perfil de control parental el 1 de noviembre de 2025”. “El acusado ha sido el único que ha tenido acceso a los controles del vehículo a través de la aplicación de Tesla. Esto ha provocado a la víctima un estrés considerable, daños psicológicos y temor por su seguridad física al conducir su propio vehículo”, señalan esos mismos informes.

Este miércoles, Pucci ha sido declarado culpable de 30 cargos relacionados con la violencia doméstica contra Stacey, incluido el uso de la aplicación del coche Tesla para acosarla. El juez le ha condenado a dos años y tres meses ante el juzgado local de Parramatta, en el oeste de Sídney, con un período sin libertad condicional de 15 meses, después de que se declarara culpable de los cargos la semana anterior a una vista prevista para agosto.

Durante sus consideraciones a la hora de dictar sentencia, el juez ha indicado que Pucci había mostrado un “comportamiento abusivo” hacia su expareja a lo largo de cuatro años. Esto incluía “múltiples métodos para dominar” a la mujer, entre ellos el uso de la aplicación de Tesla para controlar su coche y la creación de oportunidades de empleo falsas para “generar dependencia”, al tiempo que “la obligaba a dejar pasar otras oportunidades”.

“Si se analiza en su conjunto, [esto] constituye una conducta de carácter coercitivo y controlador, que refleja un patrón de comportamiento destinado a afianzar el poder y la sumisión”, afirma el magistrado.

“Todo quedó en silencio”

Los documentos policiales detallaban años de maltrato. En un incidente que dio lugar a una condena por agresión simple, Stacey le dijo a Pucci en marzo de 2020 que deseaba separarse mientras se encontraban en el coche con el hijo de dos años de la víctima.

“El acusado amenazó con que esa sería la última vez que la víctima vería a su hijo si ponía fin a la relación”, indicaban los documentos. “El acusado le quitó el teléfono a la fuerza y escribió un mensaje al exmarido de la víctima en el que afirmaba que ella no podía cuidar de su hijo y que deseaba renunciar a él”. “El acusado sacó a la fuerza a la víctima de su coche y la arrastró hasta un pilar cercano, la inmovilizó contra él y le dijo: ”Despídete de tu hijo“. Pucci se marchó en coche con el hijo de la víctima, dejándola sin teléfono ni coche”.

Según los documentos, el empresario regresó unos minutos más tarde, agarró a Stacey por el brazo y le dijo: “Espero que comprendas lo que te pasará si vuelves a romper conmigo”. En 2021, tras casarse, Pucci estranguló a Stacey hasta el punto de que ella recordaba haber oído ruidos guturales y haber “luchado” por su vida, según indican los documentos. “Todo quedó en silencio y la víctima perdió el conocimiento”, se lee en los documentos. “Creyó que iba a morir”.

Stacey compró un coche Tesla cuando aún eran pareja, según los informes aportados en el proceso. Al tener dificultades para manejar la tecnología del vehículo, Pucci se ofreció a ayudar a Stacey y le dijo que necesitaría que el coche estuviera a su nombre para “poder tomar el control de la aplicación de Tesla y 'ayudarla'”. “La víctima accedió, con el único propósito de que le ayudaran con la tecnología del vehículo”, indican los documentos.

En noviembre de 2025, un mes después de que la relación hubiera terminado, Pucci utilizó la aplicación del coche Tesla de Stacey para acosarla, lo que se ha tipificado como un delito de uso de un servicio de telecomunicaciones para acosar o hostigar. Esto incluyó siete intentos por parte de Pucci de desconectar el coche de su puerto de carga a través de la aplicación de Tesla.

Historial de abusos

Pucci ha recurrido la sentencia por los 30 delitos y está previsto que vuelva a comparecer ante el tribunal a finales de octubre. Los delitos incluyen ocho cargos de acoso o intimidación con la intención de causar miedo o daño físico, seis cargos de agresión simple, dos cargos de estrangulamiento sin consentimiento, un cargo de uso de un servicio de telecomunicaciones para amenazar de muerte y un cargo de uso de un servicio de telecomunicaciones para amenazar, acosar u ofender.

En 2017, el tribunal federal determinó que una empresa de limpieza de Sídney, propiedad de Pucci, había tratado a algunos trabajadores extranjeros vulnerables como “esclavos” tras negarse a pagarles durante meses y dejarlos sin mobiliario, comida ni tratamientos médicos esenciales. El Defensor del Trabajador logró que un tribunal federal impusiera una multa de casi 450.000 dólares a Grouped Property Services (GPS) Pty Ltd. Pucci, actual propietario y único administrador de la empresa, fue multado con 3.000 dólares por despedir a una mujer cuando esta le preguntó por qué no se le había pagado.

Su hermano, Rosario Pucci, antiguo propietario y director de la empresa, fue descrito por el tribunal federal como “íntimamente implicado” en la explotación y multado con otros 74.300 dólares. En 2022, Enrico Pucci había sido inhabilitado para dirigir sociedades durante el período máximo de cinco años debido a su “implicación en la quiebra de tres empresas”, que adeudaban casi 10 millones de dólares a sus acreedores.

El Partido Socialista y Valladolid Toma la Palabra (VTLP) pedirán en el pleno municipal que se vuelva a incluir a las víctimas de violencia de género en el protocolo de vivienda pública de Valladolid, del que PP y Vox quieren “diluir” la violencia de género en el marco de la violencia doméstica cuando ambas son “cuestiones diferentes”. Ambas formaciones de la oposición han registrado una moción que se debatirá en el pleno del próximo lunes en la que se pide retirar el protocolo actual de alquiler municipal y mantener una diferenciación expresa entre violencia de género y doméstica y a recuperar los baremos previos, que establecían 1,5 puntos para las víctimas de violencia de género (ahora equivale a 1 punto, equiparándola a otras víctimas).

PSOE y VTLP (coalición liderada por IU) ha defendido que se ha pactado esta moción con el acuerdo de todas las entidades y colectivos que forman parte del Consejo Municipal de las Mujeres. Ambas formaciones aguardarán a ver si rectifica el equipo de gobierno antes de plantearse otras opciones legales de presión. “Hay que rectificar cuando uno se equivoca, y la postura sobre este tema es innegociable”, ha defendido este jueves la concejala socialista Rafi Romero en las puertas de las oficinas de la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda (VIVA). La edil ha explicado que se han puesto en contacto no solo con las asociaciones de mujeres, sino también las del tercer sector que trabajan con mujeres vulnerables.

La concejala socialista Rafi Romero ha reiterado que los derechos de las mujeres “no pueden ser moneda de cambio en los acuerdos políticos” y ha defendido que esta moción muestra su “compromiso” con los mismos. “La vivienda es necesaria para todo el mundo, especialmente para estas mujeres: puede ser un punto de salvación y de protección para ellas y para sus hijos”, ha defendido ante los medios de comunicación.

La portavoz municipal de Valladolid Toma La Palabra, Rocío Anguita, ha recordado que el protocolo no cumple con la legislación actual. “Si el lunes en el pleno el equipo de gobierno no rectifica tendremos que tomar medidas junto con las organizaciones del tercer sector para hacer llegar al Ayuntamiento que se está cometiendo una clara arbitrariedad”, ha zanjado. La Coordinadora de Mujeres ya ha anunciado que estudia recurrir el nuevo protocolo para evitar que Valladolid se convierta en un “laboratorio de involución” de los derechos de las mujeres“,

Protección “específica y prioritaria”

En la moción, también piden reconocer a las mujeres víctimas de violencia de género como un colectivo que requiere “una protección específica y prioritaria” en las políticas municipales de vivienda y que el Ayuntamiento garantice la protección a este colectivo en todos los instrumentos municipales que afecten a sus derechos y prestaciones, además de dar cuenta al Consejo Municipal de las Mujeres, que la semana pasada once entidades abandonaron ante la postura del equipo de gobierno.

Romero ha cargado contra “una derecha que mete en las instituciones a la extrema derecha” y a una portavoz, Silvia Carvajal (Vox), que niega que la violencia de género no sea “estructural”. “Y se producen cambios, con sordina, poco a poco y sin que nos enteremos. Y logran ir cambiando cosas. Hoy cambian un protocolo y mañana pueden cambiar el resto de los protocolos y de las normas municipales y dejar desprotegido a este colectivo especialmente sensible”, ha señalado.

“Hay que seguir manteniendo esta conquista de derechos que tanto ha costado a muchas mujeres. No vamos a dar un paso atrás”, ha instado la edil socialista. Romero ha hecho un llamamiento a que “nuestras hijas y nietas” no tengan “menos derechos” que las mujeres actualmente. “Si aquí se abre una puerta, otros seguirán abriendo puertas y seguiremos perdiendo derechos poco a poco”, ha alertado.

El Gobierno de Aragón ha eliminado de la convocatoria de subvenciones para familias, infancia y adolescencia que se publica este miércoles en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) la línea 4, dotada con 500.000 euros procedentes íntegramente del Pacto de Estado en materia de violencia de género y aportados por el Gobierno de España. La supresión de esta partida –destinada a “fomentar la parentalidad positiva y el bienestar integral de los niños, niñas y adolescentes, para la prevención de la violencia familiar y de género”– reduce el presupuesto total de la convocatoria hasta los 948.500 euros, frente a los cerca de 1,5 millones del año anterior. La oposición y la Delegación denuncian que la comunidad ha perdido ese medio millón de euros por “motivos ideológicos”.

La medida se enmarca en el acuerdo de gobierno firmado por PP y Vox en Aragón en abril, que incorpora el criterio de “prioridad nacional” como pauta a aplicar durante toda la legislatura en el reparto de ayudas públicas. El Ejecutivo autonómico, liderado por Jorge Azcón (PP) con Alejandro Nolasco (Vox) como vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, aplicó por primera vez ese criterio en junio a las ayudas para familias en partos y adopciones múltiples, y volvió a hacerlo en julio con las mismas ayudas.

El vicepresidente aragonés compareció este martes junto al director general de Familia, Infancia y Natalidad, David Sainz, para presentar la nueva convocatoria de subvenciones a entidades sociales (un centenar largo en Aragón) en materia de conciliación familiar. “Estas subvenciones traen una novedad con respecto a años anteriores, la introducción de la prioridad nacional. En los criterios de valoración de esta orden se premian en mayor medida aquellos proyectos que prioricen a los nuestros, a los de casa”, afirmó Nolasco.

El criterio otorga 5 puntos adicionales a las entidades que acrediten “un mayor número de familias y personas beneficiarias con residencia legal, efectiva y continuada en Aragón durante un periodo mínimo de cinco años”. Fuentes de la propia Consejería precisaron que se trata de “un criterio de puntuación, que no excluyente”. Nolasco defendió la medida apelando a que “los recursos de cualquier administración pública son finitos”, por lo que existe “la obligación” de repartirlos de la manera “más justa para todos los aragoneses y españoles”.

El reparto de la convocatoria

La convocatoria, dotada con 948.500 euros, se distribuye en tres líneas. La primera, para servicios de apoyo a la conciliación de familias con hijos menores de 16 años (o hasta 21 en caso de discapacidad o dependencia), cuenta con 498.500 euros: 350.000 de fondos propios del Gobierno de Aragón y 148.500 del Plan Corresponsables del Ministerio de Igualdad. La segunda, para familias a cargo de personas mayores de 21 años en situación de discapacidad o dependencia, suma 150.000 euros, íntegramente autonómicos. La tercera, para actividades de prevención de la “violencia intrafamiliar”, se dota con 300.000 euros.

Según cifras facilitadas por la propia consejería, el año pasado la línea 1 contó con 600.000 euros (450.000 propios más 150.000 del Plan Corresponsables), 101.500 euros más que este año. A esa reducción se suma la desaparición íntegra de la línea 4, de 500.000 euros. La consejería cifra la merma total de la convocatoria en 600.000 euros respecto al ejercicio anterior.

La Delegación del Gobierno en Aragón, dependiente del Ejecutivo central, ha respondido acusando al Ejecutivo autonómico de “abrazar el negacionismo de la violencia machista” y “renunciar” a los 500.000 euros del Pacto de Estado. Según su versión, no se trata de una decisión del Ministerio, “sino de una renuncia consciente y por cuestiones ideológicas del Ejecutivo autonómico”, que habría perdido esos fondos al sustituir en la convocatoria el término “violencia de género” por el de “violencia intrafamiliar”.

Críticas del PSOE

Tras el Consejo de Gobierno de este miércoles, la vicepresidenta Mar Vaquero ha salido al paso para matizar el alcance del criterio: la prioridad nacional, ha afirmado, “se tiene en cuenta para tener una mayor puntuación”, explicó, y ha precisado que el criterio “se viene incorporando” ya en “alguna de estas convocatorias”. Sobre la reducción presupuestaria, Vaquero ha hablado de “una minoración” y ha trasladado la responsabilidad al Gobierno central, “que recortó fondos”, subrayando que el Ejecutivo aragonés “ha mantenido la aportación a la que se comprometió”. No se ha pronunciado sobre el cambio de terminología señalado por la Delegación del Gobierno.

Desde el PSOE, la diputada Mónica Iglesias ha cargado contra el Ejecutivo de Jorge Azcón por renunciar al medio millón de euros, en línea con lo expresado por la Delegación del Gobierno. La parlamentaria socialista ha recordado que en 2025 existía una línea específica destinada a fomentar la parentalidad positiva, proteger a niños, niñas y adolescentes y prevenir expresamente la violencia familiar y de género. “Estamos ante una renuncia consciente. El dinero estaba disponible. Era dinero para Aragón, para proyectos desarrollados en Aragón y para beneficiar a menores y familias aragonesas”, ha señalado Iglesias, quien considera que el Ejecutivo autonómico “ha decidido prescindir” de ese dinero “por una cuestión estrictamente ideológica”.

“Lo más grave es que ese negacionismo ya no se queda en declaraciones: empieza a tener consecuencias presupuestarias y a costarle dinero a Aragón y a los aragoneses”, ha afirmado la diputada. Iglesias ha indicado que 46 entidades sociales aragonesas se van a ver afectadas por la exclusión de determinados proyectos. Entre ellas ha citado a Fundación Adunare, Fundación DFA, Kairos, Fundación Piquer, Asapme Aragón, entre otras.

Un hombre de 40 años ha sido detenido en la madrugada de este miércoles por la Guardia Civil tras presuntamente apuñalar a su pareja, de 38 años, en su domicilio de Santa Lucía de Tirajana, en la isla de Gran Canaria.

Los hechos se produjeron en la madrugada de este miércoles, cuando V.A.P.C., de nacionalidad española al igual que la víctima, llamó a la Guardia Civil indicando que había apuñalado a su pareja en su domicilio del citado municipio, según ha informado la Delegación del Gobierno en Canarias.

Seguidamente, acudieron al lugar varias patrullas de la Guardia Civil, que confirmaron que la mujer presentaba varias puñaladas, por lo que se dio aviso a los servicios médicos, que comprobaron el estado de la víctima y la trasladaron hasta un centro hospitalario de la isla, donde ingresó en quirófano con pronóstico reservado.

Los agentes de la Guardia Civil procedieron a la detención del hombre por el apuñalamiento a su pareja.

La víctima, según matiza la Delegación del Gobierno, se encuentra dada de alta en el sistema VIOGEN, si bien con otro autor y con una Valoración Policial de Evolución del Riesgo (VPER) de riesgo bajo.

La Guàrdia Civil ha detingut un home de 20 anys i n'investiga un altre de 22 per presumptament agredir un jove que va intervenir per defensar una dona a qui un dels sospitosos estava increpant i havia arribat a colpejar al rostre. La víctima va acabar amb una fractura de crani després de rebre diversos cops de puny i un cop al front amb una ampolla de vidre.

Els fets van succeir el passat mes d'agost a les immediacions d'un establiment nocturn de Cala d'Or (Mallorca). Segons ha informat aquest dimarts la Guàrdia Civil, el jove agredit es trobava a la zona quan es va adonar que un dels homes estava increpant una dona, a qui havia arribat a colpejar a la cara.

El jove, de 22 anys, va intervenir per mediar en la situació. Va ser llavors quan el presumpte agressor va començar a colpejar-lo amb diversos cops de puny a la cara. Poc després, hi va intervenir un segon individu, que portava una ampolla de vidre i li va propinar un cop al front. L'impacte li va provocar una fractura de crani.

L'agressió, però, no va acabar aquí. Malgrat que la víctima havia caigut a terra i es trobava sagnant abundantment, els dos agressors van continuar colpejant-la. Els atacants van cessar l'agressió i van fugir corrents del lloc quan es van adonar de l'arribada dels agents de l'Institut Armat i dels serveis sanitaris.

Després dels fets, agents de la Guàrdia Civil de Santanyí van iniciar una investigació per intentar identificar els responsables. Els investigadors van realitzar diverses gestions fins a aconseguir localitzar els dos homes presumptament implicats en l'agressió.

Finalment, els agents van procedir a detenir l'home de 20 anys com a presumpte autor d'un delicte de lesions greus, mentre que el jove de 22 anys va quedar en qualitat d'investigat per un presumpte delicte de lesions lleus.

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 20 años e investiga a otro de 22 por presuntamente agredir a un joven que intervino para defender a una mujer a la que uno de los sospechosos estaba increpando y había llegado a golpear en el rostro. La víctima acabó con una fractura de cráneo tras recibir varios puñetazos y un golpe en la frente con una botella de cristal.

Los hechos sucedieron el pasado mes de agosto en en las inmediaciones de un establecimiento nocturno de Cala d'Or (Mallorca). Según ha informado este martes la Guardia Civil, el joven agredido se encontraba en la zona cuando se percató de que uno de los hombres estaba increpando a la mujer, a la que llegó a golpear en la cara.

El joven, de 22 años, intervino para mediar en la situación. Fue entonces cuando el presunto agresor comenzó a golpearlo con varios puñetazos en la cara. Poco después intervino un segundo individuo, que portaba una botella de cristal y le propinó un golpe en la frente. El impacto le provocó una fractura de cráneo.

La agresión, sin embargo, no terminó ahí: pese a que la víctima había caído al suelo y se encontraba sangrando abundantemente, los dos agresores continuaron golpeándola. Los atacantes cesaron la agresión y huyeron del lugar a la carrera cuando se percataron de la llegada de los agentes del Instituto Armado y de los servicios sanitarios.

Tras los hechos, agentes de la Guardia Civil de Santanyí iniciaron una investigación para tratar de identificar a los responsables. Los investigadores realizaron diversas gestiones hasta conseguir localizar a los dos hombres presuntamente implicados en la agresión.

Finalmente, los agentes procedieron a detener al hombre de 20 años como presunto autor de un delito de lesiones graves, mientras que el joven de 22 años quedó en calidad de investigado por un presunto delito de lesiones leves.

La sección 4ª de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a penas que suman casi 17 años de prisión a Borja R. por los delitos de maltrato habitual y asesinato en grado de tentativa. El hombre intentó matar a su expareja en Vigo rociándola con gasolina y prendiéndole fuego hace dos años.

La Audiencia considera probado, según recoge Europa Press, que en la mañana del 14 de septiembre de 2024, el acusado esperó a la víctima, que había roto su relación con él unas semanas antes y que salía de la casa familiar para dirigirse a trabajar, y la agarró del pelo por la espalda, arrastrándola y diciéndole que se iba a “enterar”. Tras rociarla con gasolina, le prendió fuego y le dijo “adiós”.

La mujer trató de apagar las llamas rodando por el suelo, mientras el acusado estaba de pie junto a ella. Para que se fuera, se quedó quieta y, cuando el hombre iba a abandonar el lugar, intentó llegar a la puerta. Entonces, el acusado regresó y trató de agarrarla para que no pudiera pedir ayuda, pero las llamas que él le había prendido le impidieron agarrarla y ella consiguió huir y echarse agua con una manguera mientras gritaba pidiendo auxilio a sus familiares.

La víctima sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en casi el 30% del cuerpo. Estuvo ingresada en la UCI, en coma, durante un mes. Además del tiempo de recuperación, sufre secuelas psicológicas (síndrome de estrés postraumático), físicas y estéticas, y tiene que recibir asistencia psicológica.

La Audiencia también considera probado que, durante el tiempo de la relación, el acusado controlaba a la mujer, la menospreciaba e insultaba, y que no aceptó la ruptura. Así, mantiene que Borja R. actuó movido por un sentimiento de superioridad y posesión hacia ella, y con la intención de dominarla y menospreciarla.

El tribunal rechaza aplicar las atenuantes de alteración psíquica o intoxicación y tampoco ve acreditada la de confesión. En el juicio, el agresor intentó culpar a la víctima de las discusiones que tenían cuando eran pareja porque aseguraba que era posesiva y celosa. También dijo no recordar lo que había hecho el día que intentó matarla quemándola y que era consumidor de drogas.

La decisión judicial señala que la declaración de la víctima fue “clara, coherente, precisa, concreta y centrada” y que no hubo un ánimo espurio en su testimonio. Un testimonio que se corroboró con las declaraciones de los testigos y que “responde a la realidad de lo vivido”. Por todo ello, el tribunal provincial considera a Borja R. autor de un delito de maltrato habitual y otro de asesinato en grado de tentativa, con las circunstancias agravantes de parentesco y género.

En total, condena al procesado a penas que suman 16 años, 11 meses y 29 días de cárcel, y le impone la prohibición de comunicarse o acercarse a su expareja por 31 años, así como la prohibición de portar armas durante 3 años.

Igualmente, establece indemnizaciones que suman casi 840.000 euros por las lesiones causadas, el daño moral y los gastos médicos en los que incurrió la víctima. Lo absuelve, sin embargo, de un delito de acoso. La sentencia puede ser recurrida en apelación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

El pasado jueves, la organización internacional Women's Link, en representación de las extrabajadoras de Julio Iglesias Laura y Rebeca, presentó una querella contra el cantante en la Audiencia Nacional por delitos laborales y sexuales. Tras el archivo de la Fiscalía en enero, que no entró al fondo del asunto y consideró que España no es competente para investigar estos hechos, las extrabajadoras inician ahora una nueva vía para buscar justicia.

La directora ejectiva de Women's Link, Jovana Ríos, y la abogada Clara Serra Baiget, explican en qué consiste esta nueva acción judicial.

¿Por qué Women's Link, en representación de Laura y Rebeca, presenta ahora esta querella?

Rebeca y Laura solicitan a la justicia española y concretamente a la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional que investigue y enjuicie hechos que describen en su querella y que habrían ocurrido en 2021 en residencias del cantante español Julio Iglesias, ubicadas en las Bahamas y en la República Dominicana. Ellas están presentando esta querella ahora porque el decreto de la Fiscalía que archivó su denuncia inicial solo estableció que la investigación no procedería. Sin embargo, ese mismo decreto también establece que esa decisión no tiene efectos de cosa juzgada, que en términos legales significa que no se han juzgado los hechos por un tribunal o tomado una decisión final, ni se ha resuelto sobre el fondo del asunto. Además, el decreto también menciona que Rebeca y Laura podrán reproducir su denuncia ante los órganos judiciales que correspondan. Eso es lo que ellas han elegido hacer ahora.

¿Hay alguna diferencia entre la querella que presentan ahora y la denuncia de enero ante la Fiscalía?

Esta acción legal es distinta a la presentada el 5 de enero de 2026 ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional. En esa ocasión, Rebeca y Laura solicitaban que fuera el Ministerio Fiscal español el que iniciara una investigación de los hechos denunciados. Lo que se presentó el jueves es una acción legal liderada por ellas, donde participarán activamente del procedimiento (podrán pedir diligencias, intervenir) pero también les permitirá acceder a medidas de protección específicas mientras son acompañadas en su búsqueda de justicia.

¿Cuál es el contenido de esta querella?

La querella sostiene que el querellado habría aprovechado la situación de vulnerabilidad de ambas mujeres para captarlas, trasladarlas y alojarlas bajo un clima de intimidación constante, con el propósito de imponerles condiciones laborales forzadas y degradantes, así como someterlas a acoso y agresiones sexuales continuas. Los hechos descritos por las querellantes podrían constituir delitos de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre; delitos contra la libertad y la indemnidad sexual; lesiones; trato degradante; y delitos contra los derechos de las trabajadoras por la imposición de condiciones laborales abusivas.

Esta acción legal es distinta a la presentada el 5 de enero de 2026 ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional. en la que Rebeca y Laura solicitaban que el Ministerio Fiscal español iniciara una investigación. Esta es una acción legal liderada por ellas, donde participarán activamente del procedimiento

Los hechos denunciados también podrían constituir vulneraciones de derechos humanos recogidas en tratados internacionales ratificados por España tales como el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), el Convenio para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el Protocolo de Palermo, el Convenio de Varsovia de lucha contra la trata de personas, así como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y su Resolución 201.

¿Por qué incluyen ahora el delito de trato degradante que no estaba presente en la denuncia de enero?

Sin perjuicio de cualquier otra calificación jurídica que pudiera corresponder a juicio del órgano de instrucción, los testimonios de Rebeca y Laura incluidos en la querella describen humillaciones reiteradas y actuaciones vejatorias, abusando de una situación de superioridad y menoscabando la integridad moral, que podrían ser encuadrables en el delito de trato degradante previsto en el artículo 173.1 del Código Penal.

¿Por qué se optó entonces por esa vía, la de acudir a la Fiscalía, y no por esta que toman ustedes ahora, presentar directamente la querella?

Son vías legales distintas. En un inicio se esperaba que fuese el Ministerio Fiscal español quien iniciara la investigación por los hechos denunciados por Rebeca y Laura. Rebeca y Laura son quienes tienen la autonomía para decidir cómo y en qué términos avanzar en su búsqueda de justicia, y esta nueva vía responde a esa decisión. Al principio, Rebeca y Laura vieron en el Ministerio Fiscal español la posibilidad de que actuaran como intermediarios en su búsqueda de justicia. Con la nueva querella, ante la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, Rebeca y Laura liderarán el proceso y participarán activamente en él.

¿Cuál es la diferencia entre una vía y otra?

A nivel técnico, la querella requiere una mayor precisión técnico-jurídica, con una exposición de los hechos mucho más concreta y detallada. Además, exige representación legal y, por regla general, la intervención de abogado/a y procurador/a. Sin embargo, la diferencia fundamental entre denuncia y querella radica en quién ejercita la acción y qué posición ocupa dentro del procedimiento: mientras que la denuncia consiste principalmente en poner unos hechos presuntamente delictivos en conocimiento de la autoridad, la querella supone el ejercicio formal de la acción penal y permite al querellante intervenir como parte en el procedimiento.

Piden medidas de protección para Laura y Rebeca, ¿por qué y cuáles podrían ser esas medidas?

Rebeca y Laura nos han expresado que temen por represalias. Por tanto, hemos solicitado de forma urgente medidas de protección para salvaguardar su identidad e integridad, especialmente porque las desigualdades de poder entre el querellado y las querellantes son un factor que debe ser tenido en cuenta por las instituciones. Cuando existen diferencias significativas de influencia, recursos o exposición pública, los mecanismos de protección adquieren una importancia aún mayor para garantizar un acceso efectivo a la justicia.

Hemos solicitado de forma urgente medidas de protección para salvaguardar su identidad e integridad, especialmente porque las desigualdades de poder entre el querellado y las querellantes son un factor que debe ser tenido en cuenta por las instituciones

Concretamente, hemos solicitado la anonimización de datos personales que permitan su identificación directa o indirecta, tanto de ellas como de sus familiares y de los testigos; así como que se prohíba al querellado aproximarse a las querellantes en el lugar donde residan, trabajen o frecuenten. También la prohibición de comunicarse con ellas por cualquier medio, ya sea telefónico, correo electrónico, redes sociales, etc.; todo ello tanto de manera directa como a través de terceras personas.

La Fiscalía archivó el caso porque entendía que España no tiene competencia para investigarlo, ¿están convencidas de que España puede juzgar este caso? ¿Por qué? ¿Por qué España debe investigar?

Women's Link y personas juristas y académicas de gran prestigio en España sostenemos que los tribunales españoles sí tienen jurisdicción y competencia para actuar en este caso, por tres razones principalmente: en virtud de la nacionalidad del querellado (principio de personalidad activa), por la naturaleza de los delitos (principio de jurisdicción universal) y por estar incluidos ellos en tratados internacionales ratificados por España.

La legislación española plantea el principio de territorialidad –previsto en el artículo 23.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)– como criterio para determinar la jurisdicción, pero coexiste con otros principios que permiten investigar y perseguir presuntos delitos cometidos fuera del territorio nacional siempre que se den una serie de circunstancias que entendemos concurren, todas ellas, en el presente caso.

Ni en República Dominicana ni en Bahamas existen las condiciones mínimas para garantizar a las denunciantes seguridad, protección efectiva e investigación diligente conforme a los estándares internacionales de derechos humanos

En primer lugar, España puede ejercer jurisdicción por la nacionalidad española del presunto autor, siempre que se cumplan requisitos como que la víctima presente querella, que no haya sido investigado o juzgado el mismo hecho en otro país y que exista la doble incriminación, es decir, que los mismos hechos estén también tipificados en los países donde ocurrieron.

En segundo lugar, España puede conocer de determinados delitos que, por su gravedad y naturaleza, están previstos en convenios internacionales, como los relativos a la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica o la trata. Finalmente, en virtud del derecho internacional vinculante para España (art. 23.4.p de la LOPJ) también existe jurisdicción española cuando los hechos pueden constituir vulneraciones de derechos humanos previstas en tratados internacionales ratificados por el Estado español.

¿Por qué no han acudido a República Dominicana o Bahamas, lugares donde ocurrieron los hechos?

Principalmente, sostenemos que esta acción puede y debe investigarse y enjuiciarse en España. En segundo lugar, tras nuestros análisis y experiencia y teniendo en cuenta las voluntades de Rebeca y Laura, hemos concluido que en ninguno de los dos países existen las condiciones mínimas para garantizar a las denunciantes seguridad, protección efectiva e investigación diligente conforme a los estándares internacionales de derechos humanos. Por eso no se presentó la denuncia en esos foros.

¿Es posible judicialmente que, aunque la Fiscalía ya sentara su criterio, un juez de la Audiencia Nacional considere que sí puede juzgarse?

Por supuesto, legalmente un tribunal puede determinar que el caso sí puede juzgarse en España. Es justo el órgano judicial el competente para decidir sobre la jurisdicción y competencia, no el Ministerio Fiscal. La potestad jurisdiccional corresponde en exclusiva a los Tribunales en virtud del artículo 117.3 de la Constitución española.

¿Con qué apoyos cuentan?

Rebeca y Laura cuentan con el apoyo de una gran cantidad de personas juristas y académicas de gran prestigio, así como de muchas organizaciones de derechos humanos tanto en España como en América Latina y el Caribe, que han expresado su solidaridad con su proceso legal y de búsqueda de justicia. Ellas también han recibido muchísimo apoyo social para que los hechos que alegan sean investigados.

¿Por qué es importante este caso?

La querella interpuesta por Rebeca y Laura podría mirarse dentro de un panorama más amplio en cuanto a lo que podrían estar enfrentando miles de trabajadoras remuneradas del hogar en América Latina y el Caribe y en Europa: un sector profundamente feminizado, racializado y precarizado, donde las relaciones de poder pueden facilitar distintas formas de violencia y explotación.

La querella interpuesta por Rebeca y Laura podría mirarse dentro de lo que podrían estar enfrentando miles de trabajadoras remuneradas del hogar en América Latina y el Caribe y Europa: un sector profundamente feminizado, racializado y precarizado, donde las relaciones de poder pueden facilitar distintas formas de violencia y explotación

Lo que Rebeca y Laura denuncian importa tanto por ellas como por todas las trabajadoras que podrían enfrentar violencias. Su querella invita a reflexionar sobre cuáles son las condiciones necesarias para que todas las trabajadoras remuneradas del hogar puedan realizar su trabajo con dignidad, libres de violencias, y con la garantía plena de sus derechos.

Julio Iglesias ha amenazado con denunciar a Rebeca y Laura y a Women’s LInk por denuncia falsa, ¿han recibido alguna notificación?

Women’s Link no ha recibido ninguna notificación legal con acusaciones sobre una denuncia falsa. El acompañamiento legal que estamos dando a las querellantes responde al legítimo derecho de toda persona a ser representada legalmente y acceder a la justicia. Entendemos que las demandas contra el interés público (los llamandos SLAPPs) representan un riesgo que se monitorea constantemente.

Más allá de las distintas posiciones sobre el caso, creemos que el punto central es que la querella de Rebeca y Laura, que alega hechos tan graves, merece una investigación por parte de las autoridades competentes, y que quienes denuncian deben poder hacerlo con garantías de protección y seguridad.

Las dos extrabajadoras de Julio Iglesias que el pasado enero denunciaron al cantante ante la Fiscalía por delitos laborales y sexuales han presentado este jueves una querella contra él en un juzgado de la Audiencia Nacional, según ha anunciado en un comunicado Women’s Link, la organización que las representa. La querella de Rebeca y Laura (nombres ficticios para proteger su identidad), que trabajaron en las mansiones de Iglesias en República Dominicana y Bahamas en 2021, le acusa de varios delitos: trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, varios delitos contra la libertad sexual y contra los derechos de los trabajadores por la imposición de condiciones abusivas, lesiones y trato vejatorio.

“Según sus testimonios, el querellado habría aprovechado su posición de poder y su situación de vulnerabilidad para captarlas, trasladarlas y alojarlas en sus propiedades, en un clima de intimidación constante. De acuerdo con la querella interpuesta, Rebeca y Laura describieron que Iglesias las habría sometido a situaciones de acoso y agresiones sexuales continuas y les habría impuesto condiciones laborales forzadas y degradantes”, dice la organización en el comunicado.

Rebeca y Laura han solicitado acceder a medidas de protección específicas “mientras son acompañadas en su búsqueda de justicia”. “Ahora, un tribunal especializado será el encargado de revisar la información puesta en su conocimiento para determinar si inicia una investigación, respetando todas las garantías legales para acceder a la justicia, a la reparación y a la no repetición, según corresponda”, prosigue Women's Link.

En enero de 2026, Laura y Rebeca interpusieron una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, la cual fue archivada diez días después de anunciar la apertura de diligencias y sin entrar al fondo del asunto. El Ministerio Público concluyó que no podía seguir adelante con el proceso por la “falta de competencia” de los tribunales españoles para juzgar los hechos, una decisión que fue discutida por expertos juristas. Sin embargo, esa decisión no se extiende automáticamente a un procedimiento judicial, puesto que el caso nunca llegó a estar en un juzgado: ahora será el juez al que se le asigne la querella el que decida si España tiene competencia para investigarlo o no.

La querella que ha presentado Women's Link ante la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia (Audiencia Nacional) incluye el mismo relato de hechos y la misma calificación de delitos que ya se presentaba en la denuncia ante la Fiscalía, aunque con un añadido: un delito de trato degradante. El texto recoge también una amplia recopilación de jurisprudencia para reforzar la tesis de que la justicia española sí es competente para indagar estos hechos.

“Rebeca y Laura esperan que se adopte una interpretación amplia, comprometida con la protección de sus derechos, en línea con la opinión de personas juristas y académicas de reconocido prestigio que confirman la jurisdicción de los tribunales españoles”, asegura la organización en su comunicado.

Como parte de una investigación periodística publicada en enero por elDiario.es y Univision Noticias, estas dos mujeres aseguraron que Iglesias las agredió sexualmente en un ambiente de control e intimidación continuo mientras trabajaron para el cantante en 2021 en régimen interno en sus mansiones de República Dominicana y Bahamas. Las extrabajadoras contaban que el cantante las presionaba para mantener encuentros sexuales y describen penetraciones, tocamientos, bofetadas y vejaciones físicas y verbales. Según sus relatos, recibían insultos y humillaciones durante su jornada laboral.

La decisión de la Fiscalía

La Fiscalía decidió no investigar los hechos denunciados al entender que los tribunales españoles carecen de jurisdicción porque ocurrieron exclusivamente en el extranjero y no se daban los “vínculos” que exige la ley para que la Justicia española pueda intervenir, a pesar de que Julio Iglesias tiene nacionalidad española. La decisión fue discutida por juristas y catedráticos, que entendían que España sí tiene competencia para investigarlo.

Women’s Link sostiene que los tribunales españoles tienen jurisdicción y competencia para actuar en este caso bajo el amparo del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el cual permite investigar y perseguir delitos cometidos fuera del territorio nacional cuando existen vínculos relevantes con España.

Las abogadas se apoyan, además, en tratados internacionales de derechos humanos ratificados por España. Estos serían el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Convención contra la Esclavitud, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, el Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos, la Convención contra la Tortura, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer, el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica (Convenio de Estambul), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Carta Social Europea, el Convenio 169 de la OIT y su Resolución 201.

La decisión de la Fiscalía se produjo sin atender tres diligencias clave solicitadas por Women's Link Worldwide, la organización que asesora legalmente a las denunciantes. Según fuentes del caso, las abogadas habían hecho llegar a la Fiscalía tres escritos. En uno pedían medidas contra la difusión de información por parte del cantante de quien él identificaba como las denunciantes. En el segundo aportaban más evidencia para reforzar la idea de que podía aplicarse la jurisdicción española. En un tercero pedían que se tuvieran en cuenta nuevas informaciones que vinculaban la causa con España. Ninguno de los tres obtuvo respuesta.

En un primer momento, las abogadas de Laura y Rebeca optaron por denunciar ante la Fiscalía para no asumir en solitario la presentación de una querella. Después del archivo de la Fiscalía, presentan ahora personalmente esa querella ante la Audiencia Nacional.

El asunto de la jurisdicción

La catedrática de Derecho Penal en la Universitat de Valencia Lucía Martínez Garay aseguraba tras conocer la decisión de la Fiscalía que los tribunales españoles “sí son competentes”. Así lo establece, dice Garay, el principio de personalidad activo recogido en el artículo 23.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Este precepto dispone que “conocerá la jurisdicción española de los delitos que hayan sido cometidos fuera del territorio nacional, siempre que los criminales responsables fueren españoles” (…) y que concurran ciertos requisitos: que el hecho sea punible en el lugar de ejecución, que el agraviado o el Ministerio Fiscal interpongan querella ante los tribunales españoles y que el delincuente no haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero.

Garay señalaba que Iglesias es español, que los hechos son también punibles en República Dominicana y Bahamas –donde se produjeron– y que el cantante no ha sido juzgado ni, por tanto, condenado, absuelto o indultado.

El catedrático de Derecho Penal de la Univesidad Autónoma de Madrid Juan Antonio Lascuraín también defendía en un artículo en El País que España tiene jurisdicción para investigar las acusaciones contra el cantante. Si bien los jueces penales, explica, no se ocupan de instruir todos los casos con independencia de dónde se hayan cometido y quién sea el autor, el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial sí se compromete a juzgar los delitos cometidos por españoles en el extranjero “si la conducta es también delictiva allí donde se produjo y no ha sido aún juzgada”.

Desde el año 2014, prosigue, el principio de justicia internacional exige “una determinada conexión con España” para que nuestro país pueda conocer esos hechos. “¿No es acaso español –‘el más universal’, dice el tópico– y no son acaso la agresión sexual y la trata de personas que se le atribuyen delitos en la República Dominicana, sin que el imputado haya sido ya ‘absuelto, indultado o penado en el extranjero?”, se pregunta Lascuraín, que asegura que la Fiscalía llamó “interpretación restrictiva de la ley a lo que no es sino su desobediencia” y se apoyó en precedentes en los que sí era evidente que faltaban requisitos para poder juzgar los hechos en España.

La investigación periodística

Durante tres años de investigación periodística, elDiario.es y Univision Noticias contactaron con 15 extrabajadores de Julio Iglesias, incluyendo personal doméstico y otros profesionales especializados que trabajaron en distintos periodos, entre finales de los años 90 y 2023, en las casas del cantante en República Dominicana, Bahamas y España. En estas entrevistas se describieron las condiciones laborales en las residencias, y hablaron de aislamiento, conflictos, trato degradante, salarios insuficientes y un clima de tensión ambiental generado por el carácter irascible de Iglesias.

Al menos en dos de estas entrevistas afloraron otros relatos en los que las extrabajadoras describían situaciones de acoso y agresiones sexuales. Los testimonios de estas dos mujeres fueron consistentes y estables a lo largo del tiempo, y la investigación periodística los contrastó con abundantes pruebas documentales, como fotografías, registros de llamadas, mensajes de WhatsApp, visados, informes médicos y otros documentos.

Los hechos que relatan Rebeca y Laura tuvieron lugar en las residencias de Julio Iglesias con el conocimiento de las mujeres encargadas de la gestión del hogar y la contratación del personal, según afirman estas dos extrabajadoras. Una encargada gestionó también la realización de reconocimientos médicos a las trabajadoras del servicio doméstico, que incluían exámenes ginecológicos y pruebas de enfermedades de transmisión sexual y embarazos. Esta encargada no contestó a las preguntas que le realizó este medio.

Periodistas de elDiario.es y Univision Noticias se pusieron en contacto en repetidas ocasiones y por diferentes vías con Julio Iglesias y con su abogado, sin obtener respuesta a las preguntas que estos medios le hicieron llegar por email, mensajes telefónicos y cartas entregadas en sus residencias. En un comunicado público posterior a la publicación de la primera de las informaciones, el cantante ha negado “haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer” y dijo que las acusaciones eran “absolutamente falsas”.

En el mes de febrero, Rebeca denunció a la policía del país en el que reside que ha estado vigilada por un detective español tras la presentación de su denuncia ante la Fiscalía y la publicación de los reportajes.

Aruberuto Makoto es el streamer español que hace unos días difundía en redes sociales, desde Tokio, un vídeo junto a una mujer que parecía haber bebido demasiado. Junto a ella, Makoto se dirigía al hombre que sostenía el móvil que le grababa: “Bueno, ¿te la quieres follar?, ¿le digo de ir a un hotel? Esta es gratis”. Su compañero le respondía: “Valora, rápido, es el momento. Yo la estampaba contra la pared y le daba todo lo duro del mundo”. La oleada de críticas llevaba al streamer a justificar su vídeo con una excusa: entendía que podía parecerle bestia a alguna gente, pero no se trataba de humor para todo el mundo, aseguraba, sino de “humor para hombres”.

Lo de Makoto, que en realidad se llama Alberto Alonso, es el último episodio de algo que conocemos bien, pero que sigue costando entender: existe una cultura de la violación que normaliza y justifica la violencia sexual contra las mujeres y que se sostiene, entre otras cosas, sobre tópicos repetidos, también, a base de humor y costumbrismo.

Conscientemente o no, Makoto apela en el vídeo a algunas de las ideas centrales que aún sostienen esa cultura de la violación: la deshumanización de las mujeres, la falta de empatía hacia nosotras o la concepción de que somos, no tanto sujetos, sino objetos de los que valerse y a los que manipular para conseguir un fin. Los tambaleos de la mujer que aparece en el vídeo, la falta de control sobre su cuerpo y sus palabras no son síntomas que Makoto y su acompañante interpreten como una señal de que estaría bien ayudarla, sino como el pitido que les permite iniciar una 'caza'.

El vídeo parte de una suposición que sigue hoy ampliamente aceptada: hombres y mujeres somos naturalmente diferentes. Ellos poseen un deseo voraz e incontrolable; nosotras deseamos menos y nuestro valor depende, fundamentalmente, de dos cosas: de nuestra belleza y de nuestra resistencia a la voracidad masculina, de lo 'difíciles' que seamos. Para los hombres de este vídeo, la mujer a la que tienen delante es, precisamente, una presa fácil: puede que fuera descartada para otros objetivos, pero su estado la hace ideal para que ellos puedan cumplir con ese estereotipo masculino de hombre que debe tener sexo por encima de todo, incluso por encima de la conciencia, la voluntad y el bienestar de las otras.

Así, ese humor “para hombres” del que habla Aruberuto Makoto apelaría a esa identidad masculina que encontraría en esa 'gracia' la complicidad necesaria para seguir reproduciendo esas conductas y sentirse a salvo. Ellos no son acosadores ni violadores, no son ni siquiera machistas, solo son hombres con un humor no apto para todos los públicos. Si no te ríes y, contrariamente, les señalas, el problema es tuyo y no suyo: no lo entiendes, eres aburrida, una censora, una Charo, una exagerada. Su mensaje nunca es el problema.

Este no es ni mucho menos el primer ejemplo sonado. Allá por 2017 el humorista Jorge Cremades utilizaba la misma idea: “¿Vas borracha y estás sola? Me la pido”. En una entrevista posterior llena de declaraciones machistas, Cremades se defendía: “En ningún momento se me pasa por la cabeza una violación. Ni del palo”. Más recientemente, otro streamer, El Xokas, contó que sus amigos se mantenían sobrios y se acercaban a chicas bebidas para ligar y “llevarse a pibas que estaban colocadas”. “Una tía que generalmente te vería como un cuatro te ve como un siete porque está colocada. Entonces es mucho más fácil. Tú encima estás sereno, mides perfectamente tus palabras... A río revuelto, ganancia de pescadores. Cada uno que utilice la técnica que le salga de los cojones, me parece de puta madre”.

A ninguno de ellos se le pasa por la cabeza una violación y ese ha sido y sigue siendo precisamente el problema: no entender como agresión sexual lo que sí lo es. En la última década, la violencia sexual ha salido del armario y una de las tareas principales ha sido dejar de estereotipar tanto las violaciones como a los violadores. La mayoría de las agresiones no las cometen desconocidos en un callejón oscuro, sino que suceden en casas y son perpetradas por parte de conocidos, muchas veces durante encuentros que, al comienzo, son consentidos.

Lo que en los últimos años hemos llamado sumisión química se parece mucho más al 'humor' de Aruberuto Makoto, de Jorge Cremadres o El Xokas que a lo que le sucedió a Gisèle Pelicot. Y no porque el caso de Pelicot no se repita, sino porque en muchísimos casos, lejos también del estereotipo del hombre que droga secretamente para violar, hay mujeres que consumen voluntariamente alcohol o sustancias y que se encuentran con varones que se aprovechan de esa circunstancia para agredirlas. Varones que no se sienten violadores, solo hombres en posesión de ese deseo desmedido que ven legítimo satisfacer con mujeres que no están en plenas facultades para decidir lo que quieren hacer.

Lejos de algunas campañas institucionales, que señalan el consumo de las mujeres como el problema y que nos invitan a vigilar nuestras copas y a tener cuidado con lo que hacemos, el problema es que haya una parte de la población a la que le parezca normal y deseable abordar a personas que no saben bien lo que hacen. Retransmitir cómo dos hombres abordan a una mujer borracha por la calle sin importarles nada más que ellos mismos no es humor, ni para hombres ni para nadie, es apuntalar las ideas que hacen que agredirnos sea tan fácil.

A finales de julio, el Ministerio de Igualdad convocaba al Comité de Crisis para analizar los asesinatos machistas, que no han dejado de suceder en diversos puntos del país durante este verano, de forma muy preocupante.

Se pide primar la protección de las víctimas de violencia machista que pidan retirar la denuncia o la orden de protección. Una de las conclusiones de aquel encuentro tiene que ver con la necesidad de “recalibrar” el peso que el sistema judicial y policial le da a la víctima ante ese tipo de casos, porque “no actúa en libertad en un contexto de violencia de género”.

También se consideró priorizar la persecución de quien delinque y la protección de la víctima y tener en cuenta que, si hay menores, suele tener “dependencia emocional o económica con el agresor”.

Susana trabaja en el sistema sanitario y a menudo se encuentra con víctimas de violencia machista en su día a día laboral. Son historias terribles que, paradójicamente, ella tiene en casa, en un pueblo de Castilla-La Mancha.

En agosto de 2024 su hermana fue víctima de la primera agresión “documentada” en la que la Guardia Civil intervino de oficio. No hubo intervención ni se activó un dispositivo de protección porque ella no reaccionó. “No pidió ayuda pese a la buena disposición de los Servicios Sociales”, reconoce la familia.

No es el primero caso ni el único. Raúl es agente de la Guardia Civil desde hace nueve años. Trabaja en Illescas (Toledo), dentro de la unidad de seguridad ciudadana. “Somos los patrulleros, los que van a los avisos”, cuenta. “Como primeros intervinientes, nuestro objetivo principal al llegar al lugar es proteger a la víctima. El paso siguiente será averiguar los detalles del caso, tanto a través de lo que vemos, como de los testimonios de víctima, agresor y de posibles testigos. Algo importante también será la presencia o no de menores”.

Pero no es fácil, dice, a la hora de determinar si hay delito y en qué grado. Las cosas no están siempre claras en este tipo de avisos que, dice, “son continuos”. La violencia de género no cesa. “La sensación que tenemos los patrulleros es que no solo no se está reduciendo, sino que aumenta”.

Y no ocurre solo en el medio rural. El subinspector Hernández lleva dos años al frente de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional en Toledo. Cuenta que la violencia de género evoluciona, tal y como lo hace la sociedad, pero no desaparece. “Hace una década las denuncias se producían en el seno del matrimonio y ahora la mayoría se dan en relaciones sentimentales de noviazgo o parejas de hecho”.

La violencia se sigue produciendo “en cualquier ámbito social”. El policía nacional explica que las mujeres “son más vulnerables por el hecho de ser extranjeras, por tener adicciones o discapacidad, pero también hay víctimas con una posición acomodada”.

El policía explica que “el perfil de agresor es el de un controlador” y que su comportamiento tiene varias etapas. “Es una persona que acumula ira y agresividad, después llega la agresión en sí y luego hay un periodo de arrepentimiento. Es lo que permite que la víctima se confíe y se produzca la etapa que llamamos ‘Luna de Miel’. Es idílico hasta que todo comienza otra vez”.

En su trabajo, reconoce el agente, el hándicap es que “en las poblaciones grandes la gente pasa más inadvertida” que en el medio rural. “Es más difícil que alguien cercano detecte que una víctima sufre malos tratos”.

La Guardia Civil y la Policía Nacional trabajan de forma coordinada para ‘coser’ los casos entre el ámbito rural y el urbano. Y hay un elemento común: en muchos casos no se denuncia. “Es un derecho”, recuerda el policía.

En todo caso, si no hay denuncia existe un ‘protocolo 0’, con pautas claras para conseguir información a través de la observación o el relato de testigos “para que la valoración de riesgos sea lo más real posible. Si hay parte de lesiones lo tiene que aportar la víctima voluntariamente”, explica el agente.

Es algo que conoce bien el agente Torres, responsable de la sección de Violencia de Género de la Guardia Civil en la comarca toledana de la Sagra, al límite de la comunidad de Madrid, dentro de la cuarta compañía. Es una de las zonas de Castilla-La Mancha con mayor índice de delincuencia junto al Corredor del Henares, en Guadalajara. Allí también hay más casos de violencia de género. Hasta cuatro equipos se ocupan de este tipo de delitos en esta parte de la provincia de Toledo.

También pone el acento en las denuncias. “Hablamos de un delito público y cualquiera puede denunciar. Hemos llegado a recoger denuncias de vecinos que escuchan gritos o peleas, aunque no vean la agresión. Así ya podemos actuar”.

¿Y por qué no denuncian?, preguntamos. “Muchas veces las mujeres no denuncian para no romper la unidad familiar, por dependencia económica o emocional y piensan que él va a cambiar. No es porque tengan miedo. A veces no perciben ni siquiera el riesgo para su integridad física. Eso también hay que entenderlo”.

Muchas veces las mujeres no denuncian para no romper la unidad familiar, por dependencia económica o emocional y piensan que él va a cambiar. No es porque tengan miedo

Agente Torres — Guardia Civil

Sin embargo, afirma que “todos los casos terminan siendo judicializados denuncie o no la víctima cuando hay indicios. Es incluso posible detener al presunto agresor. El llamado protocolo cero se activa, aunque no haya denuncia. Lo que prima es proteger la integridad de la víctima y de los menores a cargo”, afirma el agente.

A pesar de eso no niega lo complejo de este tipo de delitos. “Si la mujer no se abre con nosotros ni con la jueza es complicado que se dicte una orden de protección, la que sea, salvo que hay atisbo de una alta probabilidad de peligro”, dice el guardia civil, quien reconoce que a veces el trabajo puede resultar frustrante. “Las víctimas no solo no asumen, tienen un velo en los ojos”.

El código postal determina el resultado del procedimiento judicial para la víctima y también el de sus hijos e hijas. Si en un juzgado a una mujer se le pone la etiqueta de loca o mentirosa, será muy difícil quitarla si es siempre el mismo juez o jueza

Cira García Domínguez — Magistrada especializada en violencia de género

“Más de 70% de las mujeres asesinadas no habían denunciado”

Cira García Domínguez, magistrada de la plaza 14, en la sección de violencia sobre la mujer del Tribunal de Instancia de Madrid. Fue pionera al convertirse en la primera magistrada al frente del único juzgado especializado en Violencia sobre la Mujer de toda Castilla-La Mancha, en Albacete.

Forma parte de la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) y cree que se ha producido un “avance muy importante tanto legislativo como judicial” cuando hablamos de violencia de género, pero también dice que no es suficiente.

Con más de 430 partidos judiciales en el país, los juzgados exclusivos de violencia de género no llegan a los 130. “Muchas mujeres han de acudir a juzgados mixtos en los que no se exige formación a los jueces y juezas”.

Es uno de los aspectos que preocupa a Susana y a su familia, con el caso de su hermana que vive en el medio rural. “A veces van solas al juzgado, otras con un abogado de oficio, y comparecen ante tribunales no siempre formados o sin recursos para afrontar este tipo de casos”.

Su experiencia no ha sido buena. “Hasta en dos ocasiones el caso de mi hermana fue sobreseído. No se llamó a la Guardia Civil a declarar, ni a la familia. Ella dijo que nunca le había pasado antes, pero no era cierto. Ni siquiera se tuvieron en cuenta las pruebas médicas ni los precedentes. No se pidió ni una sola pericial forense”.

Cuando meses después llegó “la agresión gorda”, relata Susana, el caso volvió al juzgado. Esta vez el agresor fue detenido y volvió a la calle 24 horas después con una orden de alejamiento de apenas 500 metros de la víctima y sin pulsera. Por primera vez la víctima entró en el Sistema VioGen. A la tercera.

“Tememos por su vida, pero el abogado nos ha llegado a decir que, a pesar de presentar pruebas de riesgo extremo, no ha sido posible otra cosa más allá de una orden de alejamiento. No consta que sea reincidente, así que no está obligado a llevar pulsera. La primera vez ella no denunció, la segunda se consideró que solo le había pegado una vez y eso no contaba. A la tercera llegó la luxación en la mandíbula y moratones por todo el cuerpo”.

Tememos por su vida, pero el abogado nos ha llegado a decir que, a pesar de presentar pruebas de riesgo extremo, no ha sido posible otra cosa más allá de una orden de alejamiento

Susana — Hermana de una víctima de violencia de género

Cuando preguntamos a la magistrada por casos así, reconoce que falta perspectiva de género en el sistema. “El Consejo general del Poder Judicial ofrece formación, pero es voluntaria y debería ser obligatoria, evaluable y continuada. Quizá la discrepancia esté en que por un lado va la ley y por otra quienes la aplican”.

También considera “preocupante” que el propio sistema judicial esté propiciando “diferencias” entre víctimas de violencia de género, dependiendo del lugar donde vivan. “El código postal determina el resultado del procedimiento judicial para la víctima y también el de sus hijos e hijas. Si en un juzgado a una mujer se le pone la etiqueta de loca o mentirosa, será muy difícil quitarla si es siempre el mismo juez o jueza”.

Pero en todo caso pide no poner el foco únicamente en el ámbito judicial. “Si solo denuncian un 22% , tenemos un agujero negro. Y en violencia sexual nos movemos todavía en porcentajes más bajos. La estructura social es patriarcal y discriminatoria”, afirma. Hay datos que lo ponen de manifiesto: “Más de 70% de las mujeres asesinadas no habían presentado denuncia y sin embargo se sigue hablando de denuncias falsas en España”.

La magistrada lamenta que la cuestión de la violencia de género esté tan “polarizada” o que sea “utilizada” a menudo por la clase política y subraya la necesidad de “responsabilidad” por parte de toda la sociedad porque el tema es “muy serio”.

La estadística de la violencia machista sigue creciendo

En Castilla-La Mancha, la línea gratuita 900 100 114 de ayuda a víctimas de violencia de género ha recibido en 2026 un 15,4% más de llamadas por violencia machista, según los datos de la Consejería de Igualdad. La directora del Instituto de la Mujer, Teresa López, destaca la importancia de pedir ayuda “en otro verano verdaderamente dramático”.

El último caso conocido ha sido la detención de un hombre en Puertollano mientras amenazaba a su pareja con un cuchillo de grandes dimensiones, en unos hechos ocurridos el 5 de agosto.

Aura Portilla trabaja en la Fundación Ana Bella que lleva el nombre de una superviviente de violencia machista. Tiene sede en Sevilla, pero se ocupa de casos de toda España, incluidos los de Castilla-La Mancha. Ella también fue víctima de violencia de género.

Esta emigrante colombiana llegó a España con su pareja, tras un año de noviazgo, y aquí comenzó el maltrato. “No vi las banderas rojas y cuando llegamos aquí empezó, como tal, la violencia. Yo estaba sola”.

Pudo escapar y denunciar. “La Policía me dio un papel sobre la Fundación Ana Bella. No la conocía. Llamé, pero me daba mucha vergüenza contar lo que había sufrido porque soy psicóloga”. Al final lo hizo. “Me creyeron. Todas eran supervivientes de violencia de género y sabían por lo que estaba pasando”.

Aura logró salir del infierno. Su mensaje es claro: “Se puede salir, podemos recuperarnos como mujeres felices”. Hoy ayuda a otras mujeres, entre otras cosas para evitar que víctima “vuelva” con su agresor“.

Este es uno de los problemas más habituales en la lucha contra la violencia de género. Susana pide evitar culpar a la víctima por contestar a las llamadas o los mensajes de su agresor. O por abrirle la puerta. “Me indigna porque no se tiene en cuenta que a veces son incapaces de decir que no. Es como el alcohol: sabes que te puede matar, pero lo justificas. Lo haces cuando alguien te dice que te quiere con locura y aunque te hinche a palos, piensas que después vendrá lo bueno. Que es solo una mala borrachera. Incluso negarás que te hacen daño”.

Me indigna que no se tenga en cuenta que a veces son incapaces de decir que no. Es como el alcohol: sabes que te puede matar, pero lo justificas

Susana — Hermana de una víctima de violencia de género

Raúl, guardia civil en Toledo, coincide en señalar que no es raro que la víctima vea a su agresor. “Lo hacen incluso con órdenes de alejamiento”. Opina que hay demasiado “miedo” a decirle a una víctima lo que está haciendo mal. “No tiene la culpa por abrir la puerta a su agresor, pero sí es responsable en cuanto a su autoprotección. No podemos mentirle. Hay que decírselo”.

Cuando la familia siente que “el sistema falla”

En ocasiones, familias como la de Susana sienten que “el sistema falla cuando no se protege a las víctimas que, no solo no ven el maltrato, sino que lo niegan”.

En su caso dice haber llegado a escuchar a las especialistas en los centros de la mujer que los recursos existen siempre y cuando la víctima pida ayuda. “Ha de hacerlo ella para que el sistema se active, pero es un callejón sin salida si niega los hechos y eso es habitual porque la dependencia del agresor suele ser brutal”, insiste.

En su opinión, “en muchos casos las víctimas deberían ser incapacitadas porque no son competentes, ni con ellas, ni con su vida ni la de sus hijos. La ley de violencia está bastante bien, pero sentimos que hay una falta de amparo legal y judicial”, lamenta Susana.

Aura Portillo cree que es “muy importante” el acompañamiento jurídico antes de interponer la denuncia, y apuesta también por “un peritaje psicológico previo” porque, subraya, “ahora mismo no existe si no lo determina un juez”.

La psicóloga de la Fundación Ana Bella cree que “hay mucha desprotección porque a las mujeres no se les cree. El proceso es muy difícil y luego sus casos terminan desestimados”. Habla incluso de “poca sensibilidad” en el ámbito judicial y de un “cuello de botella” en los juzgados. “A veces prevalece la presunción de inocencia del maltratador y se le permite ganar ‘poder’. Hemos visto casos en los que estas mujeres han de entregarles a sus hijos a estos hombres, claramente violentos”, afea.

“Hay que seguir avanzando, pero decir que el sistema, en general, desprotege a las mujeres, no lo comparto”, sostiene la magistrada Cira García quien también discrepa también sobre las afirmaciones que apuntan a la incapacidad de la mujer víctima para decidir por sí misma. “Suplir su voluntad y sus decisiones me parece muy arriesgado”.

“Hay que ayudar y acompañar a las mujeres que sufren violencia y hay que darles mecanismos no solo a la hora de denunciar sino después. La soledad de una mujer no lo es solo ante el juzgado, después también están muy solas”, opina, para recordar que los jueces no pueden emitir órdenes de protección que no solicitan las víctimas. “En algunos casos habrá que hacerlo porque la víctima esté en una situación muy vulnerable, pero eso no significa que tengamos que hacerlo sistemáticamente”.

Cuando preguntamos a la Guardia Civil si se está o no fallando, el agente de Illescas responde con otra pregunta. “¿Cómo saber si el sistema funciona o no? Es algo subjetivo. Creo que hay que aplicar más penas. Tengo la sensación, aunque no sea objetivo, que se aplican pocas penas en nuestro sistema. Puedo entender equivocaciones, pero cuando la persona es reincidente…”

El agente se muestra indignado con ciertas actitudes que se repiten en el sistema. “Yo escuché a gente vinculada un determinado caso decirle al chaval que era la chica la que había provocado que entrase en la cárcel. El hecho, sin valorar más, es que él quebrantó la orden de alejamiento. ¿Tenemos que esperar a que la mate?”, se pregunta.

Cree que “no hay que esperar a un cuarto quebrantamiento de una orden de alejamiento para decretar prisión”, aunque lo matiza. “Yo entiendo que los jueces se basen en pruebas. Yo también lo hago cuando voy a un aviso y decido no detener”.

No hay que esperar a un cuarto quebrantamiento de una orden de alejamiento para decretar prisión, pero entiendo que los jueces se basen en pruebas. Yo también lo hago cuando voy a un aviso y decido no detener

Raúl — Agente de la Guardia Civil

Su compañero, el agente Torres dice que “hay recursos y la ley es clara, pero también existe la arbitrariedad. En un juicio dos y dos no son cuatro. La casuística es diversa, son muchas cosas a sopesar. Hay medios, pero no se utilizan todos. Hay víctimas que pueden acogerse a esos recursos, pero no lo hacen. Eso no provoca que el sistema se desmorone, pero sí se tambalea”.

“Salvamos a muchas mujeres”, defiende la magistrada Cira García Domínguez. Sin embargo, reconoce que “el sistema falla a veces porque no se percibe el riesgo real de la víctima, porque vuelven con el agresor o porque están tan disociadas de la realidad que no se denuncia. Pese a todo, protegemos a muchas mujeres a diario”, insiste.

“Los juzgados no son la panacea”

El Ministerio de Igualdad se ha propuesto “replantear” la conveniencia de las conformidades en los procedimientos de violencia de género, así como los mutuos acuerdos en procedimientos de familia cuando hay violencia e incluso no se descarta estudiar un acompañamiento a menores huérfanos para evitar reproducción de perfiles de agresor o víctima.

También recomendará “no archivar de manera inmediata” los casos en los que el agresor se suicida, para facilitar la tramitación de ayudas y recursos.

“Que el sistema esté judicializado es importante, pero eso no va a reparar a la víctima. Lo hará el apoyo social, familiar y económico. Si hablamos de lo institucional, tenemos recursos del sistema de asesoramiento jurídico y social que están saturados. Las casas de acogida están saturadas… No podemos echar toda la culpa al sistema judicial”, asegura la magistrada. Solo en Castilla-La Mancha casi 25.000 mujeres fueron atendidas en centros especializados en violencia de género en 2025, según datos del Gobierno regional.

También cree que los juzgados “no son la panacea” con delitos de este tipo que se cometen en la intimidad. “A veces por mucha formación que tengas como magistrado las pruebas son las que son. Nuestro sistema procesal se rige por unas normas y por el derecho a la presunción de inocencia que nos guste o no, está. Las pruebas han de ser contundentes y también los indicios para dictar orden de alejamiento, aunque entiendo desde fuera se vea diferente”.

En eso coincide el subinspector Hernández. “Si no hay indicios o pruebas no se puede condenar a una persona. Es una garantía que tenemos todos los ciudadanos que estamos en España”, a pesar de reconocer lo duro que resulta “atender a una mujer que llega totalmente anulada y a veces con niños de por medio”.

“Es difícil desconectar de este tipo de casos, pero hay que saberlo llevar y si no, cambiar de unidad”, apunta Torres, de la Guardia Civil, quien reconoce que “puede llegar a afectar personalmente, con ansiedad, estrés, dudas del trabajo bien hecho…”

Si no hay indicios o pruebas no se puede condenar a una persona. Es una garantía que tenemos todos los ciudadanos que estamos en España

Subinspector Hernández — Responsable de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional en Toledo

Cira García reivindica “más plazas judiciales, más plazas psicosociales, más funcionarios, más jueces y juezas, más recursos asistenciales y de acogido y dinero para invertir en políticas públicas porque a veces solo no se invierte, sino que se quitan recursos”, critica y lanza una propuesta: “A lo mejor no hay que poner custodia policial a las víctimas sino a los agresores para saber a dónde van. Si se quitan la pulsera, la que se queda recluida en casa es ella”.

También reconoce sentir frustración. “Es un trabajo muy duro porque tenemos una violencia estructural enraizada en la desigualdad histórica. Hemos avanzado mucho, sí. Queda mucho camino, también” y reconoce que no siempre es optimista.

A lo mejor no hay que poner custodia policial a las víctimas sino a los agresores para saber a dónde van. Si se quitan la pulsera, la que se queda recluida en casa es ella

Cira García Domínguez — Magistrada especializada en violencia de género

“Que el problema se acabe no depende de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”, comenta el agente Torres. “Ni siquiera hay un perfil definido. Ni en las víctimas, ni en los agresores porque los hay desde empresarios, funcionarios… y las mujeres a veces tienen un buen estatus. A veces pensamos en que solo afecta a mujeres y hombres con determinados problemas de drogas, económicos o vulnerables por otras razones, pero no es así”

El sistema VioGen, el algoritmo y la “excesiva burocracia”

El papel policial es fundamental para determinar el riesgo. Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado lo hacen en el marco del sistema VioGen. “El atestado es lo más minucioso posible para que los juzgados tengan una idea de lo ocurrido lo más claro posible”, explica el subinspector Hernández.

“En el propio sistema VioGen-2 puede decidirse, sin tener que pasar por un juez, que haya una patrulla permanente de protección de la víctima, en caso de riesgo extremo”, apunta el agente Torres. “Trabajamos con los datos que arroja un formulario elaborado por especialistas médicos o psicólogos que arroja 35 ítems, divididos en cuatro grandes grupos: reflejan el historial de violencia en la víctima y se estudia caso a caso, las características del agresor y de la víctima, el entorno familiar de la víctima e incluso la percepción que ella tiene de la situación”.

Uno de los resultados más habituales, dice, es que “hay personas que normalizan la violencia, lo arrastran en su día a día”. Admite que “son muchas preguntas”, pero necesarias. “Si no, no podemos sopesar el nivel de peligro. ¿Qué tiene que volver a declarar otra vez ante el juzgado? Claro. Nosotros no somos jueces y ante sede judicial ha de decir la verdad”.

El subinspector Hernández también cita el “protocolo” para la valoración de riesgos, a través de la aplicación VioGen. “Entrar en el sistema solo requiere que haya un caso de violencia de género, incluso por vejaciones o injurias”, relata el policía nacional.

Pero desde entidades como la Fundación Ana Bella no lo ven tan simple. Aura Portillo asegura que la violencia psicológica es “muy difícil de demostrar” y afecta a muchas mujeres. “Es una de las barreras más importantes. Para que un hombre reciba una orden de alejamiento hay que demostrar mucho”.

De hecho, cree que “el sistema no está preparado para ayudar a víctimas de violencia psicológica y es algo muy habitual. El día a día”. Y eso, advierte, supone “una barrera” ante el juzgado. “Muchas de estas denuncias son desestimadas. Cuando la mujer decide dejar la relación y denunciar, hay consecuencias y la violencia se deriva hacia sus hijos e hijas”.

Este verano se ha aprobado el proyecto de Ley de Violencia Vicaria: dañar a los familiares de las parejas o exparejas será un agravante. El agente Torres confirma que cada vez es más habitual. “La violencia machista va mucho más allá de lo físico”.

El sistema no está preparado para ayudar a víctimas de violencia psicológica y es algo muy habitual. El día a día

Aura Portillo — Psicóloga en la Fundación Ana Bella y víctima de violencia de género

La aplicación VioGen tampoco convence a todos. La magistrada Cira García cree que hay que modificar el sistema. “No puede ser que la valoración policial del riesgo de una mujer, que no es determinante pero que condiciona a los jueces, se base en preguntas para responder Sí o No que después son analizadas por un algoritmo. La evaluación de riesgo no puede pasar por eso”.

A la condición de víctimas se suma también el peso de la burocracia. Cuando denuncian “han de firmar una enorme cantidad de documentación, leer papeles y papeles, hasta recopilar datos para exponerlos y para demostrar”, recuerda Susana. “No es solo denunciar y asumirlo como agresión, es que deben dar cuenta de cómo afecta a los bienes en común”.

La magistrada también piensa que “el sistema en sí, revictimiza” cuando las mujeres se ven obligadas a contar su calvario una y otra vez. “A veces han estado declarando ante la policía, no han dormido, y al día siguiente tienen que declarar en el juzgado en un estado emocional de shock. Evidentemente a esto hay que darle una vuelta”.

Sugiere que puedan declarar en los centros asistenciales o en los centros de la mujer, para evitar ir al juzgado… “Hay que intentar que el contexto sea más amable. A veces la situación es de terror cuando en un juzgado pequeño se cruzan la víctima y el agresor. Hay cosas que a nivel práctico no están funcionando por falta de recursos”.

Cuando preguntamos a la Guardia Civil si la burocracia es excesiva la respuesta no es precisa. “No me atrevo a decirlo. ¿Es un momento en el que no están cómodas? Sí. Han de contarlo una y otra vez, rellenar y firmar papeles. Pero insisto, no sé si es excesiva, pero si necesaria”, señala el agente Raúl.

Para Susana falla también el sistema sanitario. “Los informes médicos ha de buscarlos la víctima. Sabemos que la historia clínica es propiedad del paciente, pero en Castilla-La Mancha esto está muy poco desarrollado. Si no lo conseguimos del médico de cabecera hay que pedirlo con un formulario al SESCAM. Y tarda. A veces nos ha impedido presentar en plazo el documento en el juzgado”. El tiempo corre para la víctima, en su contra y a favor del agresor. Toda una ironía.

Los informes médicos ha de buscarlos la víctima. Si no lo conseguimos del médico de cabecera hay que pedirlo con un formulario al SESCAM. Y tarda. A veces nos ha impedido presentar en plazo el documento en el juzgado

Susana — Hermana de una víctima de violencia de género

Pese a todo, el agente Torres insiste. “Siempre que viene a poner denuncia, la víctima debe ir al centro médico, para un parte de lesiones, aunque la agresión no sea física. El profesional médico también reflejará el estado de ansiedad”.

Susana pide “más responsabilidad personal o profesional” en el ámbito sanitario en el que ella misma trabaja porque, recuerda, “ya hay suficiente resistencia en las víctimas y con eso juegan los agresores. A veces son resistencias inconscientes”. En el caso de su familiar la impotencia es total. “Ella está locamente enamorada de su agresor. Le ha arruinado la vida, incluso económicamente, pero cuando intentamos ayudar, ella cree que somos los malos. Estamos desesperados”.

Por eso advierte que la salud mental de los hijos, de las familias o los amigos de las víctimas también está en juego. “Estamos en un estado de alerta continuo”, dicen los familiares de una de las víctimas que reside en un pueblo pequeño. Ayuda el entorno, se implica el pueblo, pero a veces no es suficiente. “Hemos estado horas y hasta días sin saber nada de ella. Hubo un momento es que, sin dejarla de lado, decidimos mantener cierta distancia. Necesitamos ayuda y nuestro caso no es el único”.

Más de 150 asociaciones se han adherido a la petición impulsada por la Asociación Trans de Andalucía–Sylvia Rivera (ATA) para que Franyel, la mujer trans venezolana de 35 años asesinada por su pareja en San Pedro de Alcántara (Marbella), sea reconocida institucionalmente como mujer y víctima mortal de violencia de género. La iniciativa ha logrado sumar a organizaciones LGTBIQA+, sociales, sindicales, políticas y de derechos humanos de distintos territorios. Mar Cambrollé, presidenta de ATA-Sylvia Rivera, considera que este apoyo “lanza un mensaje muy claro a las instituciones: esta no es una reivindicación únicamente del movimiento trans”.

Con los registros realizados, ATA solicita al Ministerio de Igualdad y a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género que tengan en consideración la identidad de Franyel como mujer a efectos de su reconocimiento como víctima mortal de violencia de género y que se adopten criterios que impidan que otras mujeres trans migrantes puedan quedar excluidas de esta protección por una discordancia documental. Esta es también una de las principales reclamaciones respaldadas por las organizaciones firmantes, apuntan en un comunicado.

ATA señala que la Ley 4/2023 reconoció a las personas trans extranjeras que no pudieran rectificar el sexo registral en sus países de origen el derecho a adecuar la documentación expedida en España a su identidad. Sin embargo, “el procedimiento para hacerlo efectivo no se estableció hasta julio de 2026, más de tres años después de aprobarse la ley, como bien sabe el propio Ministerio de Igualdad”, remarcan. Por ello, han enviado una carta tanto a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, como a la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, en el que adjuntan el listado de las más de 150 entidades.

15 años después

La Policía Nacional comenzó a investigar este crimen como un episodio de violencia de género, pero, dado que la víctima no figuraba inscrita como mujer porque no había iniciado los trámites administrativos para el cambio de sexo, finalmente tramitaron las diligencias en el ámbito de violencia doméstica en lugar de violencia machista.

La plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Marbella (Málaga), en funciones de guardia decretó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre de 58 años detenido por matar a Franyel, con quien mantenía una relación de pareja desde hacía tres meses y a la que siempre ha considerado como mujer, según admitió el presunto autor del crimen.

Así, según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), aunque la fallecida era una mujer trans, el asunto será investigado por una plaza de la sección de instrucción y no de violencia sobre la mujer, dado que no se había inscrito aún con la nueva identidad femenina en el Registro Civil, un requisito legal en este ámbito.

“Corregir esta injusticia”

Ante tales circunstancias, Cambrollé apunta que “estamos pidiendo que las leyes cumplan su finalidad: proteger a las mujeres frente a la violencia machista. Franyel era una mujer y fue asesinada por su pareja. Un documento no puede borrar esa realidad”. Además, ha subrayado que la Fiscalía General del Estado ya abordó este asunto: “Quince años después de que la Circular 6/2011 de la Fiscalía estableciera que una mujer trans puede ser considerada víctima de violencia de género aun sin haber rectificado registralmente su sexo, y después de todo lo que nuestra sociedad y nuestras leyes han avanzado, tengamos que volver a pelear por algo que debería estar superado”.

“Lo que se decida con Franyel va mucho más allá de Franyel, estamos hablando de qué respuesta va a dar el Estado a cualquier mujer trans migrante que sufra violencia machista y cuya documentación no refleje quién es. Las instituciones tienen ahora la oportunidad de corregir esta injusticia. Franyel no puede seguir siendo víctima después de asesinada”, concluye la activista trans.

Entre las entidades firmantes, figura la Federación Plataforma Trans, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), Federación Ágora, Movimiento contra la intolerancia, La Vall Diversa, así como Podemos, Ruge Madrid, la Plataforma de Solidaridad con Palestina de Sevilla, Unides por la Diversidad Córdoba, Familias Transformando Castilla La Mancha, el Observatorio andaluz contra la homofobia, bifobia y transfobia o la Asociación latinoamericana Huelva para todos y todas.

La Policía Autonómica ha detenido en el barrio de La Cuesta, en La Laguna, a un hombre de 32 años por presuntamente quebrantar una orden de alejamiento en vigor respecto a su expareja, con quien tiene varios hijos en común.

Según detalla el cuerpo policial en una nota, la detención, que contó con la colaboración de la Unidad de Seguridad Ciudadana del Cuerpo, se produjo en el marco de una actuación encomendada por la Autoridad Judicial al constar sospechas de que el hombre estaba incumpliendo la orden, así como por la existencia de posibles desatenciones sobre las necesidades de los menores convivientes.

Agentes del Grupo de Menores y Familia de este cuerpo realizaron un seguimiento del caso y confirmó las sospechas sobre el quebrantamiento de la orden, procediéndose inmediatamente a su detención para dar así cumplimento a lo ordenado.

La Policía Autonómica dio cuenta de las actuaciones y de las circunstancias del caso a la Sección de Menores de la Fiscalía Provincial, que activó de forma urgente los mecanismos de protección para garantizar provisionalmente la atención de los niños.

Una vez detenido e instruidas primeras diligencias, se realizaron las gestiones pertinentes para garantizar la presentación de la persona detenida ante la Plaza en funciones de Guardia del Tribunal de Instancia de San Cristóbal de la Laguna.

El Tribunal Supremo avala que el cambio de sexo no tiene efectos retroactivos para anular una condena previa de violencia sobre la mujer. Así lo determina la Sala de lo Penal en una resolución en la que ha analizado el caso de una persona, D. R., que fue condenada por agredir a su expareja cuando era un hombre a todos los efectos jurídicos y legales.

La sentencia recurrida, dictada por un Juzgado de lo Penal de Castellón y ratificada por la Audiencia Provincial, consideró probado que el 20 de abril de 2022 la persona acusada acudió a las inmediaciones del domicilio de su expareja para ejercer su derecho de visitas con la hija de ocho años que tenían en común.

En un ambiente tenso, la persona acusada cogió fuertemente del brazo a su hija con la intención de menoscabar su integridad física. Su madre fue en su auxilio y D. R. le propinó un puñetazo en la cintura, golpes y arañazos en el cuello. La sentencia le impuso una condena por delito de violencia de género sobre su expareja a nueve meses de prisión y a la misma pena por delito de violencia doméstica sobre su hija.

En su recurso ante el Supremo contra la sentencia, entre otras cuestiones, alegó que era una mujer y no un hombre por auto de cambio de sexo dictado por el Registro Civil de Castellón el 1 de junio de 2023, por lo que no podía recibir una condena por el delito de violencia de género sobre su expareja del artículo 153.1 del Código Penal.

Los magistrados contestan que no puede aplicarse el cambio de sexo para neutralizar una condena por delito correspondiente a la violencia de género, cuando los hechos, como fue el caso, hayan ocurrido cuando el autor del delito era varón, a tenor de sus datos registrales, en el momento de los hechos, pues el cambio de sexo no tiene efectos retroactivos.

El tribunal resalta que los hechos enjuiciados ocurren el 20 de abril de 2022, y el Auto de cambio de sexo del Registro Civil de Castellón es del 1 de junio de 2023, y en él se recoge que el expediente comienza con una comparecencia del interesado llevada a cabo el 24 de abril de 2023.

La sentencia indica que, tal como invoca el Ministerio Fiscal, la condena por el artículo 153.1 del Código Penal, lo ha sido como varón autor de violencia sobre la mujer, su expareja sentimental, por lo que el cambio registral de sexo no podría desplegar efectos retroactivos a hechos anteriores que fueron realizados, juzgados y sentenciados siendo el recurrente un hombre a todos los efectos jurídicos y legales.

Por otro lado, la sentencia indica que el cambio registral de sexo realizado con carácter previo al delito puede no servir tampoco para neutralizar una condena por violencia de género si se prueba que se llevó a efecto con la intencionalidad de defraudar la ley. El tribunal indica al respecto que el mero cambio registral no implica automáticamente fraude, y que la prueba de que se ha hecho con intención de fraude de ley debe ser plena y sin lugar a duda alguna, determinación que corresponde a los tribunales y debe basarse en las circunstancias concretas del caso.

El Supremo rechaza también que la sentencia condenatoria vulnerara su presunción de inocencia. Asimismo, desestima el recurso planteado por una mujer que le acompañaba en el momento de los hechos, que quedó probado que tiró del pelo de la su expareja y que intentó coger a la hija.

Desde 2003 hasta el día de hoy, 1.372 mujeres han sido asesinadas en España por sus parejas o exparejas. Para quienes quieran llamar a esto -y ahí entra la ideología, porque todo esto es ideología- violencia intrafamiliar, recordarles que estos asesinatos se producen en un contexto de violencia que tiene raíces estructurales y que convierte a las mujeres en víctimas precisamente por su condición de mujeres.

Pero esta cifra de 1.372 mujeres es solo la punta del iceberg: la que vemos en las noticias, en las concentraciones, en los minutos de silencio. La cruda realidad es que, a día de hoy, hay 109.410 mujeres víctimas de violencia de género cuyos casos han sido reconocidos y registrados en el sistema VioGén, de las cuales 53.818 tienen menores a su cuidado.

Por más que las medidas de protección salven vidas cada vez que se produce un asesinato machista nos invade una insoportable sensación de frustración y fracaso. Sensación que solo desaparecerá cuando desaparezcan los asesinatos machistas y, para conseguirlo, hay que mejorar y ampliar los recursos de los que disponemos.

Existe una amplia variedad de recursos a los que pueden acudir las mujeres que sufren violencia: servicios sociales del Gobierno de Canarias, del Cabildo, y de los ayuntamientos, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Administración de Justicia, servicios especializados de igualdad y, por supuesto, asociaciones que luchan contra la violencia de género. Aun así, la existencia de todos estos recursos no siempre se traduce en una atención verdaderamente integral.

Y aquí llega otro golpe de cruda realidad. Si para una mujer ya es duro reconocerse primero a sí misma que está siendo maltratada por su marido o pareja, después llega la dureza, la tristeza y la vergüenza de ir contando su historia de puerta en puerta y de despacho en despacho al primero que aparezca. Y es que ninguna mujer debería tener que contar cinco veces la historia de la violencia que ha sufrido para recibir protección.

La respuesta no puede ser otra que colocar a la víctima en el centro del proceso de atender, proteger y acompañar, mediante la creación de una ventanilla única de asistencia a las víctimas de violencia de género.

La puesta en marcha de la historia única, un mecanismo capaz de centralizar la información, es imprescindible, pero no suficiente. Colocar a la víctima en el centro del proceso supone no confundirla con su historial. No basta con que no tengan que moverse sus datos, es ella la que no debe verse obligada a deambular por diferentes administraciones, perdida entre solicitudes de cita previa mientras acumula horas en salas de espera.

Si existen ventanillas únicas para trámites empresariales y económicos, si existen ventanillas únicas para energías renovables, ¿cómo es posible que no exista una ventanilla única dirigida a proteger y salvar la vida de las mujeres?

Ninguna mujer debería tener que peregrinar de administración en administración, de formulario en formulario y de trámite en trámite repitiendo una y otra vez la violencia que ha sufrido, para conseguir la protección que merece.

Un hombre de 33 años ha pasado su primera noche en prisión por el ataque machista infligido a su exmujer, a la que apuñaló con un arma blanca por la espalda en Gijón/Xixón. El agresor se saltó la orden de alejamiento y comunicación con la víctima que tenía vigente.

Desde ayer se encuentra ingresado en el Centro Penitenciario de Asturias acusado de los delitos de homicidio en grado de tentativa y quebrantamiento de condena.

Fuga y entrega

La agresión se produjo sobre las ocho de la tarde del pasado viernes en el barrio de El Llano cuando el hombre abordó a su expareja cuando caminaba por la calle y la apuñaló hasta en cuatro ocasiones. Seguidamente, emprendió la huida.

La mujer fue trasladada en ambulancia al Hospital de Cabueñes con heridas en el hombro y en el rostro.

Mientras su expareja era atendida en el centro hospitalario, el hombre se entregaba en dependencias del Cuerpo Nacional de Policía y era detenido.

Riesgo de reiteración delictiva

El agresor pasó ayer a disposición judicial y, en la comparecencia, la Fiscalía solicitó a la sección de instrucción del tribunal de instancia de Gijón/Xixón, plaza número 4, que dictase un auto de ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza del arrestado.

Su titular siguió el criterio de la Fiscalía y decretó su ingreso en el Centro Penitenciario de Asturias.

El representante del ministerio público había interesado esta medida cautelar al tener en cuenta que el detenido tenía vigente una prohibición de aproximación y comunicación con la víctima que acababa de quebrantar, por lo que aumentaban las posibilidades de que pudiera atentar nuevamente contra ella, y ante la existencia de riesgo de fuga.

1.932 alertas por violencia machista. Fueron las llamadas recibidas al servicio telefónico de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género 112 en el mes de julio, el mes con más alertas desde que se creó este servicio en el año 1999. El 61% de las llamadas fueron de emergencia, es decir, la situación suponía un peligro inminente para la mujer que estaba siendo agredida por un hombre y hubo que activar la intervención policial, sanitaria, o de los Dispositivos de Emergencia insulares.

Pese a que este año se han roto los registros es una tendencia que ocurre cada verano, cuando aumentan las llamadas para alertar de casos e violencia machista en verano. En 2025, los meses con más llamadas según aseguró el Instituto Canario de Igualdad fueron julio y agosto, este último con 1.836 llamadas.

Elisa Pérez Rosales, del Foro contra la Violencia de Género de Tenerife, explica que “en los períodos de vacaciones, las pasan mucho más tiempo con sus maltratadores, están más controladas, tienen más limitado su propio movimiento. Entonces debe haber campañas específicas en determinados momentos del año”. Este sentido, remarca que “debe reforzarse ese tipo de campañas porque los datos nos avisan de que es posible que aumente, por la experiencia ya de años anteriores”.

Nereida Vizuete, de la Red Feminista de Gran Canaria, apunta que en los períodos estivales “hay más tiempo de convivencia familiar y eso agrava las crisis” y añade que además venimos de la celebración de un Mundial de fútbol masculino, períodos en los que suelen aumentar también las llamadas de alerta de casos de violencia machista.

En el ámbito nacional, durante el verano además se han producido varios crímenes machistas, uno de ellos se produjo en un cuartel de la Guardia Civil. Este año 36 mujeres han sido asesinadas, según los datos del Ministerio de Igualdad, 1377 desde que se empezaron a contabilizar los datos.

Para Elisa Pérez Rosales, “hay que identificar dónde está fallando el sistema para poder cambiarlo, es decir, el problema en muchas ocasiones de lo que ocurre con las herramientas en el marco de las políticas de igualdad y de violencia contra las mujeres es que no se revisan”, asegura. Incide en que el sistema Viogen te da también los instrumentos para poder evaluar y hacer una crítica sobre qué está ocurriendo.

Porque “el sistema está fallando” y eso, asegura, genera mucha inseguridad entre las mujeres que están en situación de violencia de género, para ellas, para sus hijos y para sus hijas. “Y el fallo no es nuevo, esto no es algo nuevo, esto es algo que se está dando desde hace muchísimos años”, agrega la portavoz del foro.

A su juicio, también tiene que haber voluntad política y de que “la violencia contra las mujeres sea una de las primeras cuestiones que esté en la agenda política”.

Aumentan los casos activos y no hay dirigentes formados

Nereida Vizuete incide en que desde la Red “nuestra preocupación y es constante precisamente por ese sentir de que no se está trabajando nada con estrategia y en profundidad. Sabemos que todos los periodos vacacionales, igual que todos los momentos de crisis, son perjudiciales y aumentan los momentos de peligro para las mujeres. Pero es que los datos que sacó el propio Gobierno de Canarias hace nada son tremendos. Es decir, hablaban de mil y pico activaciones del DEMA en seis meses. Esto, según nuestros cálculos, es una activación cada cuatro horas”, subraya.

“Es tremendo que no estemos en una situación de trabajar de forma estructural, integral, con todos los recursos sobre la mesa”, apunta. La portavoz de la Red añade: “Insistimos en que esto pasa porque quienes están al frente de las principales instituciones no tienen ni idea. Porque el viceconsejero de Igualdad no tiene ni idea porque ni se dedica a esto, ni nunca se ha dedicado. Y la directora (del Instituto Canario de Igualdad) tampoco”.

En este punto ahonda Elisa Pérez Rosales, que cree que “el Instituto Canario de Igualdad tiene que ser un instrumento también que valide y que ponga en marcha y revise y evalúe las políticas de igualdad, pero para eso tiene que estar al frente una persona que tenga experiencia en la materia. Eso es fundamental. Y en eso también se pone de manifiesto el interés que realmente tiene el Gobierno de Canarias por las políticas de igualdad y por los recursos que se están poniendo para dar respuesta a las situaciones de violencia contra las mujeres”, subraya.

Los colectivos feministas han reprochado el nombramiento de la nueva directora, hija de la fallecida Ana Brito (anterior directora) y sin experiencia en puestos de igualdad o formación en el ámbito. También han reprochado que no tenga esta formación el viceconsejero del área, Juan Martínez Doreste, un ingeniero experto en Marketing.

“No puede ocurrir que, como está ocurriendo ahora, estemos en agosto sin hacer ningún trabajo profundo, sin que las áreas principales de Educación, Sanidad, Justicia, hayan hecho trabajo profundo durante todo el año, y luego nos llevamos las manos a la cabeza, hay miles de llamadas de emergencias”, incide Vizuete.

La portavoz de la Red insiste en la necesidad de que se aborde un trabajo integral del sistema, “que si todas las áreas estuvieran trabajando de forma coordinada con la estrategia conjunta, pues igual tendríamos un poco más de resultados, pero ahora mismo se están haciendo todo el tiempo proyectos”, lamenta.

Solo durante el mes de julio pasado el servicio telefónico de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género 112, dependiente del Instituto Canario de Igualdad (ICI), atendió cerca de 2.000 llamadas (1.932), de las que el 61% (1.170 alertas) fueron de emergencia, es decir, la situación suponía un peligro inminente para la mujer que estaba siendo agredida por un hombre y hubo que activar la intervención policial, sanitaria, o de los Dispositivos de Emergencia insulares.

La directora del ICI, Ana Padrón, apela en un comunicado al compromiso de toda la ciudadanía contra las violencias machistas e insiste en la importancia de llamar al 112 ante cualquier indicio para proteger a las mujeres.

“Las 1.932 alertas de julio, la cifra más elevada de llamadas recibidas en un solo mes desde la creación del servicio en 1999, es un dato evidente que corrobora lo que siempre han comunicado las personas que están en primera línea atendiendo a las mujeres, y es el hecho de que durante los periodos vacacionales aumenta el riesgo de las mujeres y menores que conviven con un maltratador”, destaca Padrón.

También añade que “nada justifica la violencia machista, ni el verano ni mayor convivencia, la responsabilidad es siempre de quien ejerce la violencia”.

“Toda la población debe estar alerta y ante cualquier sospecha de que una mujer pueda ser víctima de violencia de género o esté en riesgo, debe llamar al 112”, recuerda la directora.

El registro de llamadas de julio supone un aumento del 10% respecto al mismo mes de 2025. En cuanto al acumulado del año las 11.625 de estos siete primeros meses del año representan un 13% más que en el mismo periodo de 2025.

Los dispositivos para mujeres agredidas de las islas (DEMA) se activaron en julio en 224 ocasiones y 42 mujeres con sus 28 hijas e hijos fueron acogidas de emergencia para protegerse de su maltratador ante la imposibilidad de alojarse en otro lugar. De forma paralela, en este mes se movilizaron 1.127 recursos policiales y 84 sanitarios.

La mayoría de agresores fueron la pareja (921), o la expareja (471), también hubo agresiones por parte de hijos (62), desconocidos (60), amigos (8), padres (35) o hermanos (18).

En cuanto al tipo de agresiones, casi el 5% fueron agresiones sexuales lo que supuso activar desde el 112 los centros de crisis 24 horas en 47 ocasiones. El 41% fueron violencias físicas sin agresión sexual y otro 43% no físicas.

Por grupos de edad aumentaron de manera destacada el número de menores de 18 años afectadas y en julio se recibieron 32 alertas, un 28% más que en el mes anterior.

En cuanto al resto de grupos se recibieron 372 alertas de mujeres de 18 a 35 años (329 en junio); 410 de mujeres entre 36 y 55 años, (389 en el mes anterior); 109 de 56 a 75 años (102 en junio); y 15 de mujeres de 76 a 97 años (13 en junio).

La mayoría de las llamadas, el 41%, fueron realizadas por la propia víctima, un 25% por alertantes accidentales, un 17% por instituciones, y un 5% por familiares