La lupa de la Inspección de Trabajo afloró el año pasado 92.689 empleos que se mantenían en la economía sumergida, según la memoria anual del organismo público vigilante del cumplimiento de la normativa laboral. Se trata de trabajadores que no estaban dados de alta en la Seguridad Social, trabajadores extranjeros ocupados sin permiso de trabajo, empleados con jornadas declaradas mínimas respecto a las reales y personal en ERTE trabajando, así como falsos becarios y falsos autónomos, entre otras situaciones. El sector donde la Inspección detectó más empleo sumergido en sus campañas planificadas fue la hostelería, seguida de otros servicios y el comercio.

El empleo aflorado de la economía irregular es uno de los múltiples fraudes perseguidos por la Inspección de Trabajo, como la conversión de temporales fraudulentos a indefinidos o la sanción de abusos en las jornadas, de cuyo balance informa en su memoria anual correspondiente a 2024, publicada esta semana. En total, el año pasado el organismo detectó 130.416 infracciones a la legislación (incluyendo 1.570 requerimientos a la Administración Pública), lo que supone un incremento del 2,5% respecto al año anterior. Estos abusos alcanzaban a 876.700 trabajadores, una cifra inferior al millón de afectados del año anterior, y fueron sancionados con multas por valor de 541 millones de euros, un 3% más que en 2023.

La Inspección de Trabajo destaca su “importante labor de lucha contra el empleo irregular”, tanto de trabajadores nacionales como de extranjeros. El dato de 2024 es algo inferior al de 2023, de casi 101.000 empleos aflorados. La economía sumergida supone el abuso de los derechos laborales de los trabajadores sin contrato o con contratos que no reflejan la realidad de su desempeño, a menudo con condiciones más precarias, así como una merma de ingresos para la Seguridad Social y Hacienda, entre otros fraudes, como el que afecta a los permisos de trabajo de las personas extranjeras.

En concreto, la Inspección explica que dio 56.106 altas a la Seguridad Social en 2024 como consecuencia de sus actuaciones, que implicaron propuestas de liquidación de 157 millones de euros, por las cotizaciones sociales impagadas.

7.234 falsos autónomos y 220 falsos becarios

Dentro de estas 56.106 altas a la Seguridad Social, la memoria recoge que unos 48.600 corresponden a “faltas de alta”, así como se incluyen “7.234 falsos autónomos y 220 falsos becarios” detectados por el organismo público.

El dato de falsos autónomos es el más bajo de los últimos años, en los que la Inspección de Trabajo ha realizado una intensa campaña sobre las plataformas digitales de reparto como Glovo y Uber Eats, aunque también existe en muchas otras actividades. Con datos desde 2018, la memoria refleja que el de 2024 es el más bajo de regularizaciones, con la cifra más alta en 2022, con 39.044 regularizaciones.

La Inspección define la figura del “falso becario” como aquellos supuestos en los que la realización de prácticas no laborales se utiliza de forma indebida y fraudulenta, bajo la falsa apariencia de una actividad formativa que encubre una verdadera prestación de servicios por cuenta ajena. El organismo destaca que desde 2018 se ha reforzado la formación del personal para detectar esta figura. Las regularizaciones de falsos becarios de 2024 son un 6% superiores a las del año anterior.

También se considera “empleo aflorado” a los trabajadores detectados con incrementos de más del 50% de tiempo de trabajo en contratos a tiempo parcial, que alcanzaron los 23.725. De manera más general, la constatación del fraude en este tipo de contratos “ha llevado en los últimos años a una intensificación de las actuaciones inspectoras en esta materia”, recoge la memoria. Por ejemplo, el año pasado también se lanzó un Plan de Choque específico sobre contratos parciales, con unos resultados de 29.001 incrementos de jornada a los que hay que añadir los resultados de la acción ordinaria de la Inspección de 12.986 incrementos horarios. En total, la Inspección ordenó casi 42.000 incrementos de jornada de contratos a tiempo parcial en 2024, más del triple de los 11.500 del año anterior.

Hostelería, el sector con más empleo aflorado

La Inspección de Trabajo señala algunos resultados de su campaña referida a la economía irregular por sectores de actividad. El sector con más trabajo sumergido detectado es la hostelería, con 15.045 empleos aflorados, seguido de 8.390 empleos en otros “servicios” y 5.419 en el comercio, según la tabla de actividades recogida en la memoria.

Sobre los empleos aflorados de personas extranjeras que estaban trabajando de manera irregular, sin permiso de trabajo, alcanzaron un total de 12.186 personas en 2024, lo que supuso un importe de sanciones propuestas por valor de 124 millones de euros. En concreto, en este ámbito, la Inspección “intensificó” sus esfuerzos en ciertos sectores como la hostelería y la construcción, por sus altos niveles infractores en otras temporadas, aunque alcanzó a todas las actividades.

La Inspección de Trabajo destaca “el aumento exponencial de infracciones en materia de empleo sin autorización para trabajar en todos los sectores de actividad”, aunque subraya que este incremento “es particularmente significativo en el sector del transporte, donde las infracciones han aumentado en un 46% con respecto al año anterior”. Asimismo, en el sector de servicios se ha registrado un incremento del 42%, en construcción un 24% y en el sector de comercio un 23% en comparación con el año 2023, añade el organismo.

La Agencia Tributaria (AEAT) recaudó 18.928 millones de euros en 2024 procedentes de la prevención y lucha contra el fraude, un 13% más que en 2023, tras realizar cerca de dos millones de inspecciones, un 4,4% más que el año anterior, ha informado este jueves el organismo en un comunicado.

Este incremento se produjo debido tanto al aumento de los ingresos directos de actuaciones de control (10.318 millones, un 9,4% más) como a la minoración de devoluciones (7.554 millones, un 19,7% más) y los mayores ingresos de autoliquidaciones fuera de plazo (1.056 millones, un 9,4% más).

La AEAT destaca especialmente el incremento anual del 58%, hasta 5.305 millones, de lo ingresado por actuaciones que minoraron bases imponibles negativas, deducciones pendientes de aplicar y cuotas a compensar incorrectas. De estas actuaciones, que permiten ensanchar bases imponibles futuras y elevar la recaudación, dos tercios fueron llevadas a cabo por la delegación central de grandes contribuyentes.

Las actuaciones realizadas sobre los grandes patrimonios se tradujeron en 1.264 expedientes con los que se liquidaron 524 millones de euros, incluyendo la detección de 127 falsos residentes, de los que se ingresaron más de 51 millones de euros.

Otras actuaciones se refieren al control de tarjetas bancarias emitidas en el extranjero (con el que se liquidaron 21,6 millones) y de monedas virtuales (el cierre de 40 expedientes permitió ingresar 8,8 millones).

A esto se suman los avisos en la declaración de la renta para recordar la necesidad de declarar los alquileres, que han permitido aflorar en los últimos nueve años una base imponible de más de 9.022 millones de euros, con una recaudación de 1.093 millones.

Por lo que respecta a las actuaciones contra la economía sumergida, que incluyeron 2.071 operaciones de entrada y registro (1.648 de ellos con apoyo de la unidad informática), han aflorado ventas ocultas por 431 millones de euros. También se realizaron 31.552 visitas presenciales de verificación en sectores de riesgo con el objetivo de detectar irregularidades, un 6,5 % más.

En materia internacional, la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional (ONFI) participó en 140 colaboraciones, de las que han finalizado 88 que permitieron realizar ajustes en bases imponibles por 2.712 millones. También participó en 232 acuerdos previos de valoración, que permitirán garantizar a futuro 3.797 millones de euros de bases imponibles.

De las 1,9 millones de actuaciones de comprobación realizadas en 2024, destacan en volumen las de control de otras actividades (1,03 millones, un 1,8 % más), seguidas del control de actividades económicas (726.385, un 9,2 % más) y el control de grandes empresas (36.918, un 7% más).

Por lo que respecta al control aduanero, en 2024 se aprehendieron más de 2,6 millones de cajetillas de tabaco, más de 79 toneladas de cocaína, más de 84 toneladas de hachís y más de 1,3 millones de productos falsificados.

De acuerdo al informe, al cierre de 2024 había 48.797 millones de euros en deuda pendiente de cobro, un 16 % más, un dato que se ve afectado por un proceso de depuración de datos. Casi la mitad de esta deuda, 22.876 millones se encontraba en periodo voluntario de pago --aunque la mayor parte no es exigible ya sea porque está suspendida por recursos, aplazada o en proceso concursal-- mientras que la deuda en ejecutiva ascendía a 25.920 millones

La Agencia Tributaria reforzará en la campaña de la Declaración de la Renta su vigilancia sobre empresarios y profesionales que no admitan pagos con tarjeta cuando en su sector o actividad sea una de las prácticas financieras habituales. También lo hará con los contribuyentes que ostenten “signos de riqueza” que no concuerden con sus ingresos declarados al fisco. Así lo recoge el Plan de Control Tributario y Aduanero publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que detalla las actuaciones que se llevarán a cabo para combatir el fraude fiscal.

El organismo ha identificado diversos patrones de riesgo asociados a la economía sumergida, entre los que se encuentran la utilización intensiva de dinero en efectivo, el empleo de métodos de pago extranjeros para evitar la fiscalización y la presentación de rentabilidades anómalas o continuas declaraciones de pérdidas sin justificación económica.

Asimismo, se vigilará la utilización de software de doble uso, herramientas informáticas diseñadas para ocultar ingresos reales y falsear la contabilidad.

Control sobre el uso de efectivo y pagos en el extranjero

Uno de los principales focos de atención para la Inspección será el uso excesivo de dinero en efectivo en sectores con alta exposición al fraude fiscal. La normativa vigente en España establece límites a los pagos en efectivo para evitar la evasión fiscal y el blanqueo de capitales, por lo que Hacienda pondrá especial énfasis en aquellos negocios que insistan en operar al margen del sistema bancario.

Además, la Agencia Tributaria busca detectar incoherencias entre el nivel de vida y los ingresos declarados. Se cruzarán datos de consumo, adquisiciones de inmuebles, vehículos de alta gama y otros signos externos de riqueza con la información fiscal disponible. Este análisis permitirá identificar a contribuyentes que, pese a declarar ingresos modestos, exhiben un patrimonio o una capacidad de gasto incompatible con su situación fiscal.

Entre los sectores con mayor riesgo de evasión fiscal figuran la hostelería, la construcción, los negocios de compraventa de bienes de lujo y determinados servicios profesionales que operan en gran medida con efectivo. En estos ámbitos, el empleo de dinero no declarado y la opacidad en las transacciones facilitan la existencia de una economía sumergida difícil de rastrear.

Inspecciones y acceso a domicilios fiscales

El Plan de Control Tributario también contempla la realización de inspecciones en los locales de personas jurídicas cuando haya indicios de actividad económica opaca. En estos casos, la Agencia Tributaria podrá solicitar autorizaciones a las autoridades competentes, tanto administrativas como judiciales, para acceder a los domicilios fiscales y comprobar la veracidad de las declaraciones presentadas.

Este tipo de actuaciones estarán sujetas a un marco legal que garantice su proporcionalidad y adecuación a los fines de la inspección. La jurisprudencia ha determinado que, en el caso de las sociedades, la intimidad económica no tiene la misma protección que en el ámbito privado, por lo que la Hacienda Pública cuenta con mayor margen de actuación en sus investigaciones.

El refuerzo de estas medidas responde a la necesidad de combatir estrategias de ocultación de ingresos y fraude fiscal mediante prácticas como la subfacturación, la doble contabilidad o la manipulación de inventarios para disimular ventas no declaradas. La Agencia Tributaria considera que estas prácticas suponen un “grave perjuicio para la recaudación pública” y “generan una competencia desleal frente a quienes cumplen con sus obligaciones fiscales”.

Prevención del fraude y nuevas tecnologías

Para reforzar la detección de irregularidades fiscales, la Agencia Tributaria empleará herramientas avanzadas de análisis de datos y vigilancia electrónica. Estas tecnologías permitirán identificar patrones de fraude de manera más eficiente y focalizar los esfuerzos de inspección en aquellos sectores y contribuyentes con mayor riesgo de evasión.

El cruce masivo de información financiera, el análisis de redes de relaciones económicas y el uso de inteligencia artificial para detectar discrepancias fiscales serán algunas de las estrategias implementadas. Además, se intensificará la colaboración con otras administraciones y organismos internacionales para rastrear flujos financieros que puedan estar vinculados a la evasión fiscal o el blanqueo de capitales.

El Programa de Estímulo a la Creación y Consolidación del Trabajo Autónomo en Extremadura 2024-2027 supondrá una inversión de casi 316 millones de euros en estos cuatro años y, entre otras acciones, luchará contra “el daño” que genera la economía sumergida en la economía de los autónomos, como han puesto de manifiesto las organizaciones firmantes de este plan ( ATA, OPAEX y CEAT Badajoz) junto a la presidenta de la Junta, María Guardiola.

El plan incluye medidas para ayudar a la contratación de servicios profesionales, a la modernización, programas de relevo generacional y de segunda oportunidad, apoyo a la conciliación familiar y laboral, facilidades para acceder a la financiación, y actuaciones de formación y capacitación. Además, recoge la necesidad de cometer un convenio de colaboración entre la Junta y la Inspección de Trabajo en materia de lucha contra la economía sumergida y el empleo irregular. 

La Junta también pretende seguir avanzando en la simplificación de la carga burocrática, según ha expuesto Guardiola, quien considera que este plan impulsa a Extremadura a ser “más ambiciosa, más competitiva y con más oportunidades”. Según ha expuesto, este plan incide en el fomento del empleo autónomo y el apoyo a las segundas oportunidades, así como a la adaptación y al relevo generacional.

La emergencia democrática, como así ha definido, el descenso de la población, se combate con el fomento del empleo par asentar población. Guardiola ha afirmado que se trata de fomentar el establecimiento de nuevas iniciativas empresariales y emprendedoras generando, además, igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Entre las líneas de actuación destaca la inserción de un familiar colaborador , la tarifa cero para nuevos autónomos y apoyo a los conciliación laboral y familiar.

Organizaciones de autónomos

En su intervención, el presidente de la Organización de Profesionales Autónomos Extremadura (OPAEX), Fernando Segador, ha incidido en tres ejes claves que ofrece este plan: una formación adecuada y efectiva, estrategias de apoyo para el relevo generacional -un 60 % de los autónomos tiene más de 45 años- y ayudas.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Trabajadores Autonómos (ATA), Candelaria Carrera, ha expuesto que este plan incide en dos pilares importantes de este colectivo: refleja y se hace eco de los derechos de los autónomos y fomenta el autoempleo.

Asimismo, el presidente de la Asociación lntersectorial de Autónomos de la Provincia de Badajoz (CEAT BADAJOZ), Javier Dorado, ha expuesto que los incentivos, las ayudas y las estrategias son claves para este colectivos. “Somos el motor económico de esta región”, ha aseverado.

A finales de 2023, el 19,54 % de los afiliados a los Seguridad Social en Extremadura era autónomo, tres puntos por encima de la media nacional. De cada 100 autónomos extremeños, un total de 63 desarrollan su actividad en el sector servicios, seguido de la agricultura (19,7 %) y construcción (10,82 %).

Comisiones Obreras confía en que la aprobación del decreto que regula la protección por desempleo de las empleadas del hogar ayude a reducir “a la mínima expresión” la economía sumergida existente en el sector en Extremadura, que ha cifrado en el 40 por ciento.

En declaraciones a Efe, el responsable regional del área en CCOO, Antonio Pino, ha destacado que se trata de una medida “muy aplaudida” pues “son 50 años de deuda con el colectivo, tiempo desde el cual se reclamaban los mismos derechos que poseen el resto de trabajadores”.

A su juicio, un aspecto “fundamental” será el efecto que esta iniciativa tenga en la economía sumergida existente en el sector, el que más alto porcentaje posee en este sentido en la región junto al área de limpieza de edificios y locales, ha manifestado. De esta forma, el dirigente sindical espera que la economía sumergida en el área de las empleadas del hogar, que hoy roza el 40 por ciento del total de la actividad en la región, se reduzca “a la mínima expresión”.

La iniciativa hará que tanto empleadores como empleados se decanten por que “la actividad sea dada de alta en la Seguridad Social”, ha señalado. El trabajador querrá esta opción al tener el “reconocimiento” del derecho al desempleo, mientras que el empleador “se juega que nadie trabaje en su casa” en las condiciones ilegales previas, pues las empleadas optarán por las ofertas que le aseguren este derecho. “En definitiva será un impulso de una vez por todas para el trabajo en el hogar y para su regularización”, ha expresado.

El sindicato prevé además llevar a cabo una campaña de información dirigida al colectivo “en cuanto las condiciones del decreto estén más claras, con todo lo que diga la nueva normativa”. En este sentido, ha recordado que ya se desarrolló una campaña similar con motivo de la última subida del salario mínimo interprofesional (SMI) sobre los derechos que tenía el colectivo en este marco.

El representante sindical ha incidido en que el empleo del hogar era el único no incluido en España en el Régimen General, pese a que el derecho internacional reconoce el desempleo en este área. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha vuelto a analizar los efectos de la emergencia por la COVID-19 en el empleo en todo el mundo, la que considera la mayor crisis desde la Segunda Guerra Mundial. En un nuevo informe publicado este miércoles, el organismo internacional se detiene en especial sobre el impacto sobre los que denomina “trabajadores informales”, muchos de ellos en la economía sumergida. La OIT estima un enorme aumento del riesgo de pobreza de este colectivo, que alcanzará al 59% a nivel mundial en el primer mes de crisis por el coronavirus. En algunas regiones, las cifras son mucho peores. La OIT calcula que la tasa de pobreza de los trabajadores informales en Europa y Asia Central alcanzará el 80%.

Es uno de los datos más destacados en este nuevo análisis de situación de la OIT, en el que además, eleva sus estimaciones de destrucción de empleo en el segundo trimestre del año respecto a su primer estudio. En este, apuntó que la pérdida de horas de trabajo en este periodo equivaldría a la destrucción de 230 millones de empleos (teniendo en cuenta una jornada a tiempo completo de 40 horas semanales). En el nuevo informe del organismo esta cifra asciende a los 365 millones de empleos. Este aumento se debe “principalmente a la prolongación y extensión de las medidas de contención”, apunta el estudio.

En el caso de España en la oficina de la OIT en el país señalan que desde el inicio de la crisis y hasta final del segundo trimestre de 2020 podrían perderse un 18,6% de las horas trabajadas, el equivalente a 3,5 millones de puestos de trabajo. “Ello no significa la eliminación de este número de empleos, sino la caída en número de horas que muchas están siendo absorbidas por los ERTE y por reducciones de jornada, no solo por suspensión o destrucción de empleo”, explican.

En cuanto a los trabajadores informales, la organización recuerda en primer lugar su definición. Se trata de aquellos trabajadores por los que su empleador no cotiza a la Seguridad Social en su nombre, que no tengan paro o baja por enfermedad. En el caso de los empleadores y los trabajadores por cuenta propia, la OIT considera que están en la economía informal “si sus unidades económicas pertenecen al sector informal (empresas no constituidas en sociedad de capital, que no llevan un sistema de contabilidad formal o no están registradas ante las autoridades nacionales pertinentes)”.

Además, añade la OIT, los trabajadores familiares auxiliares se clasifican como parte del empleo informal, “independientemente de que trabajen en empresas del sector formal o informal”.

Según los cálculos de la organización, hay un total de “más de 2.000 millones de personas en el mundo” que trabajan en la economía informal, “en empleos caracterizados por una falta de protección básica, incluida la cobertura de protección social”. Estos trabajadores con frecuencia “carecen de sustitución de los ingresos en caso de enfermedad o confinamiento”, por lo que son un colectivo especialmente vulnerable en esta crisis.

Caída del 60% de los ingresos

La organización estima que “casi 1.600 millones de trabajadores en la economía informal, que representan el 76%” del total, se han visto sensiblemente afectados por las medidas de confinamiento y/o trabajan en los sectores más afectados. La OIT llama la atención sobre un componente de género: el 42% de las trabajadoras informales están empleadas en sectores de alto riesgo (en cuanto al impacto negativo de la COVID-19), mientras que este porcentaje es del 32% entre los hombres que trabajan en la informalidad.

El estudio calcula además que “el ingreso mensual de los trabajadores informales debería disminuir durante el primer mes de la crisis del 60% a nivel mundial”. El varía por regiones: la reducción es del 28% en los países de ingresos medios-altos, del 82% en los países de ingresos medios-bajos y bajos y del 76% en los países de ingresos altos, en función de las diferentes medidas de aislamiento aprobadas.

Esta caída de ingresos va ligada a una previsión de gran aumento de la tasa de pobreza en este colectivo. La OIT calcula que tras el primer mes de impacto de la COVID-19 la pobreza en este colectivo (entendida como los trabajadores con ingresos mensuales inferiores al 50% de los ingresos medios de la población) alcanzará al 59% de trabajadores a nivel mundial, respecto al 26% existente antes de la crisis.

De nuevo, los datos son diferentes por regiones. La cifra que nos afecta como país europeo es alarmante. En Europa y Asia central se estima que el riesgo de pobreza alcance al 80% de los trabajadores informales, desde el 34% existente antes del estallido del coronavirus. Dado que en la región hay 100 millones de trabajadores en la economía informal, un cuarto del total de las personas trabajadoras, el riesgo de pobreza alcanzaría a 80 millones de personas, casi 50 millones más que antes de la COVID-19.

En el caso de África, la tasa de pobreza estimada tras el primer mes de pandemia es del 83% (desde el 21% previo); en las Américas del 84% (desde el 27%); y en Asia y el Pacífico, del 36% (desde el 22%).

Garantizar ingresos a los más vulnerables

La OIT vuelve a recomendar varias medidas a los Estados para aliviar la crisis del coronavirus en estos momentos y también para reactivar la economía cuando pase la emergencia sanitaria. En general, la OIT traslada “la urgencia de adoptar medidas políticas dirigidas a proteger tanto a las empresas, en particular las pequeñas, como a los trabajadores, sobre todo los que operan y trabajan en la economía informal”.

En concreto para estos trabajadores de la economía sumergida, el organismo considera “esencial” el apoyo a “los ingresos para los trabajadores y las empresas que operan en la economía informal” para prevenir que se hundan aún más en la pobreza. “Dado que se dispone de poco tiempo para elaborar nuevos proyectos, se debe dar prioridad a los programas exitosos y ampliarlos, como las transferencias en efectivo y los programas de ayuda alimentaria y de alojamiento”, recomienda la OIT.

El organismo internacional cree que en “muchos casos, pueden ser necesarias transferencias en efectivo –condicionadas y no condicionadas– durante un período prolongado de tiempo” y añade que este apoyo a los ingresos de los trabajadores y los hogares pobres “es vital para las empresas, en particular para las que producen bienes de consumo”.

En el caso de España la última Encuesta de Población Activa (EPA), correspondiente al primer trimestre del año, nos deja algunos datos preocupantes, como el gran aumento de los hogares que no perciben ningún ingreso. En total, alcanzan casi los 600.000 hogares, tras el mayor aumento registrado desde 2015.

El Gobierno de coalición está acelerando la implantación del Ingreso Mínimo Vital, una renta mínima a nivel estatal para las familias de muy pocos recursos, con la intención de que se pueda aprobar en el Consejo de Ministros “en la segunda quincena de mayo”, según ha afirmado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. En una entrevista con eldiario.es, el ministro apuntó que los beneficiarios de la ayuda superarán el millón de hogares.

El desafío inmediato más serio que afronta el Gobierno es lograr los ingresos fiscales suficientes para financiar sus compromisos sociales. Las promesas políticas encaminadas a reducir las desigualdades y establecer unas relaciones sociales más justas exigen una auténtica revolución fiscal. No es suficiente crear nuevos impuestos o elevar algunos tipos fiscales. Hace falta una nueva cultura fiscal. El Gobierno deberá hacer mucha pedagogía. Los ciudadanos deben percibir las ventajas de pagar impuestos.

Vivimos en un país muy atrasado fiscalmente. La recaudación por impuestos y cotizaciones sociales representa casi la mitad del PIB en Francia (48,4%), y supera el 40% en Dinamarca (45,9%); Suecia (44,4%) y Finlandia (42,4%), frente al raquítico 35% en España.

Es evidente que carecemos del sistema fiscal adecuado para sufragar los costes de los servicios públicos que legítimamente exigen sus ciudadanos. Entre 2012 y 2017 el gasto social en España ha disminuido desde el 25,7% del producto interior bruto (PIB) al 23,4%, según Eurostat. En gasto social en España se sitúa 4,5 puntos por debajo de la media europea, muy alejada de Francia, (34,1%); Dinamarca, (32,2%) o Finlandia (30,6%). De ahí el aumento de la pobreza hasta el 26,1%, cuatro puntos por encima de la media europea.

Desgraciadamente, la cuestión fiscal está muy desenfocada en nuestro país, al haberse instalado el discurso de los intereses de las grandes empresas contrario a la más mínima solidaridad. El pensamiento dominante aboga por reducir la contribución ocultando la verdadera función actual de los impuestos, que es garantizar los servicios y prestaciones sociales. Como ha señalado el profesor Xavier Casanovas, coordinador de la Plataforma por una Fiscalidad Justa, Ambiental y Solidaria, “la cuestión fiscal se ha situado durante mucho tiempo fuera del debate político y social, y solo los últimos años, con el impacto de la crisis económica y el descalabro de la globalización, volvemos a poner el foco en esta cuestión clave para el sostenimiento de nuestro Estado de bienestar”.

Las dificultades para lograr los recursos fiscales necesarios se han agravado por el proceso de concentración de empresas y la creación de grandes corporaciones tecnológicas como Google, Amazon, Facebook y Apple, que ha supuesto una importante pérdida de recaudación. A diferencia de las pequeñas y medianas empresas, las multinacionales pueden desviar sus beneficios a paraísos fiscales o a países de baja tributación.

Los últimos datos de la Agencia Tributaria correspondientes a 2016 revelan la escasa contribución de las grandes empresas. Las 134 multinacionales españolas (ventas superiores a 750 millones de euros) pagaron un tipo efectivo del 12,6% en el impuesto de sociedades. Y 49 compañías pagaron un tipo efectivo medio del 3,1% como señala José María Mollinedo, secretario general de los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

En España, además, hay cuatro problemas específicos: la economía sumergida representa un 24,52% de la economía, frente a un 16% de media europea, según el FMI; en segundo lugar, el sistema fiscal es cada vez más regresivo —los impuestos indirectos (IVA, tabaco, alcohol y carburantes) pasaron del 36% al 46% del toda la recaudación entre 2007 y 2015, periodo en que el peso del impuesto de sociedades se redujo del 21% al 13%—; en tercer lugar, crece la dispersión en el impuesto de sucesiones entre las comunidades autónomas —entre 2008 y 2015 la recaudación aumentó en un 23,5% en Andalucía, mientras que disminuyó en un 12,2% en Madrid y en un 52,9% en Cataluña—; en cuarto lugar España tiene menos de la mitad de inspectores que en Europa, en términos relativos, según Gestha.

Con los dos nuevos impuestos aprobados, la tasa Google (impuesto digital) y la tasa Tobin (impuesto a las transacciones financieras), se prevé recaudar 968 y 850 millones, respectivamente. No obstante, existen muchas dudas sobre su efectividad. El primero no será efectivo hasta diciembre y no hay experiencia sobre el segundo.

Para Comisiones Obreras es preciso “acometer una profunda reforma fiscal con criterios de progresividad y redistribución”. Una fiscalidad justa, con criterios medioambientales, es necesaria para la estabilidad social y para modernizar la economía. El modelo de transparencia y progresividad de la cultura fiscal de los países escandinavos deberían ser nuestra referencia.

[Este es el editorial del número 78 de la revista Alternativas Económicas, a la venta en quioscos y librerías. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

La economía sumergida no está formada por individuos que actúan de forma aislada y oculta; los defraudadores suelen estar interconectados entre sí, coordinados y actuando como un colectivo. No dar de alta a un trabajador en la Seguridad Social, no cobrar el IVA a un cliente, no emitir una factura a un proveedor, mover la sede fiscal de la empresa a un paraíso fiscal: son todos ejemplos de conductas que se producen con la presencia, complicidad o colaboración de otras personas. Un ejemplo de esta dimensión social de la economía sumergida es la justificación emocional o moral del impago de los impuestos.

La moral fiscal es el grado en que un contribuyente considera justo cumplir con sus obligaciones fiscales. Es una dimensión relativamente estable a lo largo del tiempo, aunque puede cambiar en función del contexto. La ausencia de moral fiscal motiva la economía sumergida, deslegitima las instituciones fiscales y justifica la elusión o evasión de los impuestos. Se podría decir que la ausencia de moral fiscal constituye el pegamento social necesario para que los grupos y las redes que operan en la economía informal, sumergida o criminal puedan mantenerse cohesionadas. Es un comportamiento que se cimenta en la falta de reconocimiento de la legitimidad del Estado, las instituciones fiscales y sus normas.

Con frecuencia se atribuyen que España tenga unos niveles elevados de economía sumergida a la existencia de una supuesta cultura de la picaresca entre los contribuyentes. La realidad es que el nivel de moral fiscal de los españoles no es bajo ni difiere mucho del resto de países de la Unión Europea, sobre todo si se compara con los países del este o del sur. Según las encuestas del Instituto de Estudios Fiscales (IEF) y del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), tres de cada cuatro ciudadanos reconocen que el pago de los impuestos es una cuestión de necesidad, justicia y honradez. A esto se suma que, aproximadamente, uno de cada cuatro españoles estaría de acuerdo con subir los impuestos si esto se reflejara en una mejora en los servicios públicos, y solo un porcentaje muy residual preferiría que se redujeran los impuestos aunque esto implicara un empeoramiento de los servicios públicos.

En efecto, la moral fiscal de los españoles ha cambiado bastante desde el periodo de la dictadura hasta hoy. La emergencia de un sistema tributario moderno y la caída del velo de la ilusión financiera durante la década de 1980 contribuyeron a crear una sociedad más informada y crítica acerca de los impuestos, pero también más favorable al Estado de bienestar y a su financiación a través del sistema tributario, con la condición, sin embargo, de que este sea equitativo. Pese a una ligera caída durante los años de la burbuja inmobiliaria y financiera (1999-2007), la moral fiscal en España ha aumentado en los últimos años (2011-2018), junto con una mayor percepción de la corrupción y la falta de equidad en el sistema redistributivo.

Vínculo Estado-contribuyente

Los factores que inciden en la moral fiscal en España son parecidos a los del resto de países europeos y de todo el mundo, y tienen que ver tanto con factores individuales como contextuales. En general, para incrementar la moral fiscal se necesita reforzar el vínculo que existe entre el Estado y el contribuyente. Desde el lado de las instituciones, se trata de mejorar la calidad de la gobernanza, por ejemplo, mediante la lucha contra la corrupción o aumentando los canales de participación democrática. Desde el lado del contribuyente, la educación es un aspecto crucial, sobre todo, si se aborda desde etapas tempranas.

Si la moral fiscal de los españoles no es baja y ha aumentado a lo largo del tiempo, ¿de dónde proceden entonces las grandes diferencias en los niveles de economía sumergida que hay entre España y países europeos como Austria, Suecia y Suiza? La respuesta se encuentra en la estructura del sistema productivo en términos de composición sectorial (estacionalidad), tasa de paro, niveles de desigualdad económica y presencia de crimen organizado. La economía sumergida en España estaría localizada en entornos específicos (sectores, territorios, organizaciones, etc.), donde los individuos están densamente interconectados entre sí.

La utilidad del concepto de moral fiscal no está en su capacidad de incrementar directamente el cumplimiento fiscal, sino en ser una especie de palanca social que las instituciones pueden activar para luchar contra las balsas interconectadas de economía sumergida. Se trata de emplear la moral fiscal como herramienta para activar la participación ciudadana e identificar, denunciar y desincentivar la conducta fraudulenta e insolidaria de aquellos que operan en condiciones irregulares. Una técnica que podría ser efectiva a corto plazo sería solicitar la colaboración ciudadana en la prevención y detección del fraude, proporcionando a los ciudadanos incentivos y mecanismos apropiados, mediante regulación o experimentos sociales localizados. Las causas y los efectos de la economía sumergida son de naturaleza social, así que la sociedad podría ayudar a acabar con ella.

[Este artículo forma parte del dossier sobre Economía Sumergida publicado en el número 77 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

En España tenemos un problema con la economía sumergida y el fraude fiscal. Es verdad que un mundo sin fraude y economía sumergida es, desgraciadamente, imposible. Como lo es un mundo sin robos ni asesinatos. Pero existe un amplio margen de mejora si nos fijamos en lo que ocurre en otros países de nuestro entorno. Mejora a la que, de hecho, estamos obligados, en la medida en que la economía sumergida y el fraude fiscal distorsionan el juego de la competencia; generan inequidad entre los que pagan impuestos y cotizaciones sociales y los que no; dañan la capacidad recaudatoria del sistema fiscal, perjudicando el objetivo de estabilidad presupuestaria; en fin, incrementan los efectos distorsionadores del sistema fiscal sobre la eficiencia y la equidad en la medida en que los tipos impositivos son más altos de lo que podrían ser si el cumplimiento fuese mayor. En todo caso, vaya por delante que, aunque economía sumergida y fraude son fenómenos entrelazados, no siempre van de la mano y sus causas y soluciones no son siempre coincidentes. Puede existir fraude sin economía sumergida. Y hay economía sumergida con escasa incidencia en la recaudación.

España experimentó un cambio extraordinario y muy positivo en su sistema tributario y su Seguridad Social con el retorno de la democracia. Pero, como casi todo, ha sido un cambio no exento de problemas. El principal de ellos: la fuerte, aunque del todo necesaria, subida de la presión fiscal contribuyó a que un número significativo de contribuyentes tuviese más incentivos para escapar del fisco y para caminar hacia la oscuridad de la economía sumergida. Hoy son lacras enquistadas que requieren un nuevo impulso reformista y ambicioso, generando la base institucional y sociológica para un mejor cumplimiento tributario y el afloramiento de actividades ocultas.

Sin duda, el primer paso para ese impulso sería contar con estimaciones fiables y actualizadas de su incidencia. Por este motivo, el Ministerio de Hacienda debería de crear una comisión oficial de expertos para: 1) consensuar una metodología, para disponer de estimaciones regulares de economía sumergida y del fraude fiscal, 2) analizar los principales factores explicativos de ambos fenómenos y las operaciones, agentes y sectores en los que se concentran y 3) ayudar a definir las medidas de corto, medio y largo plazo para su mitigación. Y todo lo anterior es solo una cuestión de voluntad política. Lo ocurrido con las llamadas balanzas fiscales lo demuestra, siendo un asunto mucho menos relevante para el bienestar de los ciudadanos y en el que los españoles no nos diferenciamos tanto de los demás. La relevancia que se le ha dado a la lucha contra el fraude en el acuerdo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos debería ser el mejor acicate para que esta tarea de medición, análisis y definición de líneas estratégicas fuese, por fin, una realidad.

Mientras tanto, tendremos que seguir limitándonos a los estudios no oficiales disponibles. Investigaciones que muestran que la economía sumergida habría aumentado tendencialmente en los años ochenta y la primera mitad de los noventa del siglo pasado. A partir de entonces, existe mayor diversidad en las estimaciones. En cualquier caso, la práctica totalidad de los estudios nos sitúan hoy por encima de la media de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y los países centrales de la Unión Europea (UE-15). Nosotros estaríamos por encima del 20%, y el promedio se encontraría más cerca (aunque por encima) del 15%. Por su parte, la literatura que trata de cuantificar el alcance de la evasión fiscal se halla comparativamente menos desarrollada. Las investigaciones más recientes estiman una pérdida de recaudación cercana al 6% del PIB, cifra que debe tomarse con mucha cautela, pero que sirve para mostrar la relevancia cuantitativa del problema.

Si descendemos al nivel regional, las estimaciones son incluso menos robustas y consistentes, pero sugieren que la economía sumergida es mayor en Canarias, Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia. En el otro extremo, la Comunidad Autónoma con una economía sumergida menor sería la de Madrid, seguida de Cataluña, Asturias y Cantabria. Las comunidades forales muestran niveles de economía sumergida inferiores a la media de las de régimen común.

La percepción ciudadana

El que no existan estimaciones oficiales no evita que los ciudadanos perciban la realidad descrita y, en mayor o menor grado, acaben interiorizándola para justificar estrategias individuales de ocultación en un círculo vicioso. En el gráfico adjunto, elaborado por el Departamento de Sociología Fiscal del Instituto de Estudios Fiscales (IEF), se recoge la evolución entre 1995 y 2017 de las opiniones de los españoles sobre el grado de cumplimiento fiscal. En el aparecen representado el porcentaje de encuestados que consideran que “en general se pagan los impuestos de un modo bastante correcto” y el de quienes piensan que “es muy imperfecto”. Desgraciadamente, el porcentaje de quienes creen que el cumplimiento es deficiente es una amplia mayoría en los últimos años: el 59% en el último año de la serie (2017).

Romper el círculo vicioso mencionado pasa por la implementación de medidas a largo plazo dirigidas a cambiar valores y comportamientos, evitando actuaciones cortoplacistas, como las amnistías fiscales o las loterías tributarias, que, si bien revierten ingresos tributarios para el país en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) o el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), respectivamente, provocan efectos perniciosos y permanentes sobre la moral tributaria. En particular, las nuevas medidas deben tener por objetivo el fomento del cumplimiento fiscal voluntario en línea con las recomendaciones de organismos poco sospechosos como la OCDE y el Fondo Monetario Internacional (FMI) y utilizando como soporte tres pilares fundamentales: la Administración tributaria, los medios de comunicación y el sistema educativo formal.

Un último apunte sobre las promesas electorales y los proyectos de presupuestos: los gobiernos deben ser prudentes a la hora de cuantificar el efecto de las actuaciones sobre la recaudación tributaria, porque aflorar ese fraude no es tarea fácil y puede tardarse tiempo en lograrlo. Por eso, lo más razonable es no incluir ese efecto y, por tanto, tomarlo a beneficio de inventario o explicitar el plan B en el caso de que los objetivos de afloramiento no se consigan, indicando qué tributos aumentarían o qué gasto se recortaría si las previsiones fallan. Si no se hace así, la lucha contra el fraude fiscal puede acabar convirtiéndose en una excusa retórica para ocultar incoherencias presupuestarias.

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El Ministerio de Trabajo ha enviado un primer informe a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre el efecto de la subida del Salario Mínimo Interprofesional en el mercado de trabajo. El incremento fue del 22%, el mayor de la democracia, hasta los 900 euros mensuales. El análisis de Trabajo apunta que de manera general no se detecta “que el aumento se haya traducido en que se ha destruido empleo”, pero sí se reconoce que existen “problemas” en sectores específicos, donde ha aumentado la economía sumergida: el empleo doméstico y el sector agrícola.

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, ha explicado que entre las cifras facilitadas a la AIReF destacan el aumento de las personas que perciben cantidades aproximadas al SMI en el último año en unos 87.250 trabajadores más, hasta un total de 1.693.899 personas. Granado ha destacado que la base medial real de cotización ha aumentado para estos empleados en 105,98 euros al mes, con una base media de 834,92 euros mensuales.

“No somos capaces de detectar que el aumento se haya traducido en que se ha destruido empleo”, ha explicado el responsable de la Seguridad Social, que ha precisado que más adelante habrá un estudio más exhaustivo sobre el conjunto del ejercicio. “En principio, la economía española ha absorbido muy bien la elevación del SMI”, ha resumido Granado.

El secretario de Estado ha calificado de “éxito” para la economía y la sociedad española este último incremento del salario mínimo. “Ha sido una operación desde el punto de vista de economía política que será estudiada en los próximos años porque ha sido muy positiva y muy beneficiosa para este país”, ha destacado.

Trabajo doméstico bajo la economía sumergida

Tras la lectura positiva en clave general, Granado ha reconocido “problemas” en sectores específicos. Entre ellos, el secretario de Estado ha mencionado que hay unos 13.000 personas menos afiliadas a la Seguridad Social como trabajadoras del hogar, pero el Gobierno no cree que se trata de empleo destruido en el sector. Octavio Granado ha explicado que ese empleo sigue existiendo, pero en la economía sumergida.

El movimiento en el mercado de trabajo, según el análisis que ha explicado Granado, es que esas personas que han dejado de cotizar “se han incorporado a otras ocupaciones” y “han sido sustituidas por personas en situación irregular, en economía sumergida. Esto lo sabe todo el mundo”, ha zanjado.

El pasado mes de noviembre había 397.385 personas afiliadas en el Régimen Especial de Empleadas del Hogar de la Seguridad Social, un 3,4% menos que las registradas hace un año.

“No podemos controlar esta magnitud”, ha mencionado Granado, dadas las dificultades de inspección en las casas particulares por la inviolabilidad del hogar reconocida en la Constitución. “Tenemos que convivir con esa realidad, buscar una forma de evitarla, pero con alguna dificultad”, ha añadido el responsable de la Seguridad Social.

Además, Granado ha reconocido que otro de los focos en los que se perciben algunos “problemas” es el sector agrario: “No se detecta menos personas trabajando, pero alguna disminución en el número de horas declaradas”. Por ello, el Gobierno va a insistir en el Observatorio de Lucha contra el Fraude, que se reúne mañana, que intensifique sus acciones en este sector, donde encuentran “cierta tentación de oscurecer el impacto de SMI reduciendo el número de horas declaradas”.

Las empleadas domésticas piden apoyo a las familias

Desde el colectivo de trabajadores del hogar y de cuidados Territorio Doméstico, Rafael Pimentel advierte de que muchas familias “no han podido asumir el aumento del salario mínimo, ya lo dijimos en un inicio, que había que apoyar la contratación de las familias porque hay hogares que se mantienen con pensiones muy bajas, que necesitan cuidados y no pueden pagar ese aumento”.

Pimentel destaca que hay empleadas domésticas a las que “sus familias bajaron las horas, porque no podían pagar, o que bajaron las horas declaradas y cotizadas, pero que siguen trabajando lo mismo más horas”. También hay otros hogares que “pagan en negro porque no quieren cotizar y ahí tenemos a muchas compañeras sin papeles”. En cambio, muchas otras empleadas han podido beneficiarse de la subida: “Fue un respiro para las que han logrado que se les pague ese salario”.

En la asociación Senda de Cuidados, de intermediación laboral entre las trabajadoras y los hogares, lo que más han percibido es “un descenso de las horas cotizadas, más que despidos”, explica Natalia Slepoy. La portavoz de la organización recuerda que las cifras de la EPA evidencian que “persiste la economía sumergida”, pero se ha reducido. En el tercer trimestre de este año, 570.600 personas aseguraron dedicarse al trabajo domésticos en la EPA, mientras que en septiembre el dato de afiliación estaba en las 395.704 trabajadoras. Unas 174.900 personas de diferencia. Un año atrás, el desfase era de algo más de 215.600 personas.

Pimentel demanda al Gobierno que no se resigne ante estos datos y se implementen medidas complementarias de apoyo a la contratación de las empleadas domésticas para los empleadores con menos recursos, con el objetivo de no precarizar aún más a las empleadas domésticas. Son las únicas trabajadoras en España que no tienen derecho a paro y que cuentan con una fórmula de despido (“desistimiento”) que permite en la práctica el despido libre.

“Hay que recordar que tampoco hay suficientes ayudas públicas a la dependencia, ni los recursos públicos para el cuidado. Al final, también hay mujeres que salen del mercado de trabajo para cuidar a sus familiares si no pueden pagar a otra persona que lo haga. Hay que pensar en medidas complementarias que lo eviten”, reclama Pimentel.

Canarias incorporará seis nuevos técnicos del Cuerpo Superior de Inspecciones de Trabajo y Seguridad Social del Ejecutivo central para reforzar la actividad de contral en esas materias y garantizar una mayor vigilancia de los riesgos laborales en el archipiélago.

Como ha informado en una nota la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, se incorporarán dos inspectores a la isla de Tenerife, otros dos a Gran Canaria y dos a Lanzarote. Estos se unen a la plantilla actual, que está formada por 145 personas, de las que 53 son del cuerpo de inspección y 38 del cuerpo de subinspección técnicos.

Este año además está previsto que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social lleve a cabo 28.774 órdenes de servicio, lo que implica el 11% que el año pasado, de las que 6.339 se centrarán en la prevención de riesgos laborales, 6.356 en el empleo y las relaciones laborales, 6.360 en la Seguridad Social y 8.596 en la economía irregular.

En la misma nota se señala que en el primer trimestre de 2018 se realizaron 13.000 actuaciones, de las que han aflorado 887 empleos. De ese total, se realizaron 3.924 actuaciones en prevención de riesgos laborales, 2.516 en relaciones laborales y empleo y 6.136 en materia de Seguridad Social.

A este respecto, el director general de Trabajo del Gobierno canario, José Miguel González, apuntó que es “fundamental” contar con ese nuevo refuerzo para “asegurar que las inspecciones se llevan a cabo con todas las garantías y erradicar las irregularidades en el empleo, garantizando así los derechos de los trabajadores”.

Asimismo, recordó que el pasado año, con la firma del Plan Extraordinario de Inspección, la Consejería de Empleo reforzó la plantilla con la incorporación de 30 nuevos inspectores que llevaron a cabo 1.284 visitas a centros de trabajo y revisaron 5.285 contratos, contribuyendo a mejorar las condiciones laborales de 2.719 personas en las islas.

Actualmente, agregó, se está en negociaciones con el Gobierno central para reeditar dicho convenio.

“Si no hubiera economía sumergida se podrían hacer más de 600 centros de salud o construir más de 800 colegios a unos 3 millones cada uno”. Este es el peso y el coste de la economía que no paga impuestos en la Comunitat Valenciana, según ha destacado el conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafa Climent.

Climent ha resaltado que “según datos del sindicato de técnicos de Hacienda (GESTHA), la economía sumergida representa el 27% de la economía de la Comunitat Valenciana, es decir 3 puntos más que la media española, y nos sitúa como la cuarta comunidad en economía sumergida por detrás de Andalucía, Extremadura y Canarias”.

“Esto supone que dejamos de recaudar en nuestro territorio entre 2.500 y 3.000 millones de euros por el trabajo sin cotizar que se hace, además de lo que supone en cuanto a competencia desleal entre empresas que cotizan y las que no lo hacen, o entre trabajadores que cumplen o aquellos que no”.

Rafa Climent ha anunciado la puesta en marcha de una campaña de información y sensibilización a través de los medios de comunicación para luchar contra la economía sumergida. Esta campaña ha sido presentada junto a representantes de los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO y del Presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Rafael Navarro, en representación del empresariado valenciano.

La campaña, con el título 'No ensucies tu dinero, no manches tu futuro', incide en que trabajar en “B” perjudica a todos y a todas y, por ello, hay que luchar por una economía limpia (#economianeta). Esta campaña se realizará en una primera fase a través de medios de comunicación de ámbito territorial más amplio y en una segunda fase a través de medios locales y comarcales.

El conseller ha explicado que la campaña “es fruto de un mandato de Les Corts y, sobre todo, de un convencimiento real del Consell de que tenemos que concienciar a la sociedad que la lacra de la economía sumergida es responsabilidad de todos, y de que debemos estar unidos contra la economía irregular porque es mala para la sociedad, ya que sólo beneficia al infractor”.

Climent ha destacado que la economía sumergida es un tema que preocupa a todos los sectores y agentes sociales de la sociedad, tanto a sindicatos como a las empresas, y por ello, en la Mesa Tripartita se han acordado también realizar campañas específicas para reducir esta economía irregular.

Así, en paralelo a la campaña divulgativa de la Conselleria de Economía Sostenible, se realizarán controles y campañas de inspección en sitios concretos y durante un tiempo determinado en algunos polígonos industriales, en el sector servicios, especialmente hostelería, y en talleres mecánicos. El objetivo no será recaudatorio, sino evitar que se produzcan prácticas irregulares, que además afectan a cuestiones como la prevención de riesgos laborales.

La patronal CEOE-Tenerife ha puesto en marcha un canal para la denuncia anónima de la economía sumergida, un servicio hasta ahora inédito. Según ha expuesto esa organización empresarial en una nota, con la financiación de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, se ha abierto a toda la ciudadanía una plataforma para la canalización de denuncias anónimas contra tales actividades ilegales a través del portal web de CEOE-Tenerife.

Las denuncias recibidas se tramitarán de forma inmediata ante los organismos estatales o autonómicos competentes. Asimismo, CEOE-Tenerife cuenta con un servicio gratuito de información y asesoramiento para el adecuado cumplimiento de las obligaciones empresariales, así como de adopción de medidas preventivas como los programas Compliance.

En esta semana, añade el comunicado, el Gobierno de Canarias “nos ha presentado el nuevo Plan Extraordinario de Inspección de Trabajo para nuestra región, con el refuerzo de 32 nuevos inspectores destinados a las islas para desarrollar actuaciones centradas en el empleo, algo que es fruto del convenio suscrito en el mes de septiembre pasado entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias” y que CEOE-Tenerife apoya. 

En relación con esta misma iniciativa, los empresarios tinerfeños afirman que “entendemos que dentro del concepto de economía sumergida, además del fraude fiscal, existe un alto componente de economía no declarada en el ámbito laboral, la que evita el pago de impuestos y elude las contribuciones a la Seguridad Social o el cumplimiento de ciertos requerimientos mínimos legales de orden laboral”.

La lucha contra la economía sumergida, se prosigue en el comunicado, debe significar la adopción de “medidas y controles necesarios bajo el principio de corresponsabilidad de todas las partes implicadas, ya que esta produce una distorsión de la competencia empresarial, incrementa el esfuerzo fiscal de las familias y de las empresas que sí cumplen y lastra la recaudación presupuestaria de las administraciones públicas, lo que se refleja en una más deficitaria o bien insuficiente prestación de servicios públicos esenciales”.

La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, presentó este lunes a los representantes sindicales y empresariales el Plan Extraordinario de Inspección Laboral del último trimestre del año, que prevé realizar 1.280 actuaciones para vigilar la temporalidad de los contratos, el posible uso fraudulento de la contratación a tiempo parcial y la economía sumergida, todo esto con un refuerzo de 32 nuevos inspectores destinados a las islas.

Valido también repasó las principales actuaciones desarrolladas por la Inspección de Trabajo, dependiente del Gobierno central, en los primeros seis meses del año y precisó que, “fruto de esas inspecciones, hay más de 3.000 contratos transformados”, contratos que podían estar por horas o a media jornada y, una vez la Inspección ha detectado que eso no se correspondía con la realidad, se han regularizado. A esos 3.000 contratos hay que unir los 2.000 nuevos de las personas que estaban trabajando sin sustento legal y fruto de esas inspecciones ahora han sido dadas de alta.

Valido insistió en que lo más importante es combatir la economía sumergida, para que los trabajadores tengan los contratos a los que tienen derecho, coticen por las horas que trabajen y esto se resuelva de manera definitiva y para el futuro, pues de “ahí dependen las pensiones, los derechos al desempleo o las bajas por enfermedad”. “Perseguimos acabar con las irregularidades -subrayó la consejera-, y que los trabajadores estén en las condiciones a las que tienen derecho no solo en cuanto a salario y contrato sino en la prevención de riesgos laborales”.

Entre los meses de enero a junio, en materia de relaciones laborales, se realizaron 4.089 actuaciones con el objeto de vigilar situaciones de conflictividad como impagos de salarios, retrasos, abusos en materia de jornada laboral. De ellas resultaron 3.331 contratos transformados y se impusieron 71 infracciones en materia de control del tiempo en los contratos a tiempo parcial y 151 en cuanto al límite de horas extraordinarias.

En materia de empleo se realizaron 793 actuaciones y con ellas han aflorado 2.070 empleos de personas que realizaban su labor de manera irregular. En materia de prevención de riesgos laborales, hubo 8.070 actuaciones y se han impuesto 434 sanciones.

Valido detalló que en la actualidad Canarias cuenta con 145 funcionarios vinculados a la Inspección de Trabajo, a los que se sumarán 32 más temporalmente. El Plan Extraordinario de la Inspección, con el que se reforzará la plantilla temporalmente con el objeto de vigilar irregularidades e incumplimientos de los derechos laborales, ha sido impulsado conjuntamente por el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en el marco del convenio que firmaron ambas administraciones públicas el pasado 11 de septiembre.

En el encuentro de este lunes participaron, junto a Cristina Valido, el equipo de Empleo de la Consejería; el director territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Guindín; el secretario general de UGT, Gustavo Santana; el secretario general de la Confederación Canaria de Empresarios, José Cristóbal García; las representantes de CCOO, Carmen Marrero y Esther Martín, y de CEOE-Tenerife, Eulalia García Silva.

Un sello de calidad y una aplicación móvil con promociones forman parte de la campaña #YoSoyLegal, con la que se incentiva a regularizarse a empresas del metal y las nuevas tecnologías que operan en la economía sumergida, donde pueden facturar unos 600 millones de euros al año.

La campaña fue puesta en marcha en 2016 por las federaciones del metal y nuevas tecnologías de las dos provincias canarias y ahora se ha visto reforzada con una ayuda de 100.000 euros por parte de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias.

El titular de este departamento, Pedro Ortega, que presentó este miércoles los detalles de la campaña en una rueda de prensa junto al presidente de Femete, Alberto Villalobos, y el secretario general de Femepa, Juan Carlos Betancor, consideró que la campaña supone “un salto cualitativo” al ser una iniciativa de carácter regional que busca aflorar la economía sumergida dando ayuda y motivación a las empresas.

Al respecto, el secretario general de Femepa, Juan Carlos Betancor, subrayó que en los 40 años de existencia de la patronal la economía sumergida ha sido uno de los grandes problemas de un sector constituido en el 90% por microempresas, con menos de diez trabajadores, y que tiene una gran presencia en las islas capitalinas.

En ambas patronales hay asociadas unas 3.000 empresas y el presidente de Femete, Alberto Villalobos, afirmó que desde la constitución de esta federación en 1979 se ha luchado contra la economía irregular en el sector con resultados todavía “claramente insuficientes”.

No obstante, desde el inicio de la campaña #YoSoyLegal unas 2.500 empresas se han regularizado y en la aplicación móvil, diseñada junto a una página en internet, ha habido más de 7.000 visualizaciones y se han solicitado unos 2.000 presupuestos de los servicios que ofrecen.

Son resultados “realmente alentadores”, dijo Villalobos, para quien esta campaña también ayuda a sensibilizar a los consumidores de que contratar empresas legales crea riqueza y empleo y no ayuda a sembrar “mala hierba”.

La aplicación y la página en internet operan como un gran buscador de la oferta de empresas en un sector que mueve 25 ramas de actividad, desde electricistas a mecánicos de automoción, por lo que también supone una oportunidad “clara” para ofrecer servicios, descuentos y promociones, agregó el presidente de Femete.

Asimismo Juan Carlos Betancor subrayó que si bien en época de bonanza económica hay “un margen” para la maniobra contra la economía sumergida, desde la llegada de una crisis “larga y profunda” no sólo ha causado “muchísimo daño”, sino que empresas que operan en la legalidad también ha pasado a actuar de manera irregular para poder sobrevivir.

El consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, Pedro Ortega, insistió en que con esta campaña no se trata de perseguir a nadie, sino de informar, asesorar y comunicar a empresas que actúan en la economía sumergida de que regularizarse es una pieza clave para el desarrollo de su negocio.

Las dos patronales del sector coincidieron en que la economía sumergida es un problema recurrente y permanente “y se ha probado de todo” para perseguirla, por lo que ahora con la campaña #YoSoyLegal lo que se destaca es que trabajar “en legal” es un paso más para ayudar a las empresas a crecer económicamente.

El grupo parlamentario Podemos-Podem ha presentado una moción en Les Corts Valencianes reclamando medidas para la lucha contra la economía sumergida y el fraude.

Según un comunicado, el diputado Antonio Estañ ha recordado que la economía sumergida en la Comunitat Valenciana tiene una especial incidencia en lugares como Elx, con porcentajes que superan el 35% del PIB de la ciudad. El parlamentario ha lamentado que 80.000 ilicitanos sean por esta causa “expulsados de la economía en A, y obligados a vivir en B, con sus derechos negados y su condición de ciudadanía negada”.

Asimismo, ha advertido que “no es suficiente el endurecimiento de las penas, porque la gente que trabaja sin contrato muchas veces lo hace sin elección. Necesitamos medidas que hagan emerger y reglar esa economía y que, mientras lo logramos, que nadie vea negada su condición de ciudadano o ciudadana”.

La moción, registrada tras una interpelación realizada al Consell ante el pleno de Les Corts, reclama al Gobierno Valenciano que inste al Gobierno de España a aumentar el cuerpo de Inspectores de Trabajo y el de Inspectores de Hacienda, igualando el ratio inspector/habitante a niveles de la media europea, impulsando la coordinación de las actuaciones de dichos cuerpos en materia de lucha contra la economía sumergida y el fraude.

Asimismo, insta a elaborar un plan de medidas urgentes que, al igual que en otros sectores y áreas de nuestro país, actúe sobre los elementos específicos de nuestro modelo productivo y esté centrado en el afloramiento de la economía sumergida y el fomento del empleo estable de aquellos sectores en los que incide de mayor manera la precariedad laboral como la construcción, la hostelería, el textil y el citrícola.

Igualmente, solicita que se habiliten mecanismos que permitan la denuncia anónima para garantizar la protección del denunciante y asegurar el cumplimiento de los derechos laborales impulsando la colaboración y el fortalecimiento de la acción sindical.

Otra reivindicación es el diseño, junto con los distintos agentes sociales y económicos, de un plan integral de actuación sectorial con la participación destacada de la administración local, favoreciendo iniciativas como cooperativas de trabajo asociado y la lucha contra la subcontratación ilegal.

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, mantuvo a un asistente en su hogar sin contrato y sin cotizar a la Seguridad Social, según ha publicado El Heraldo de Aragón. Según Echenique, el sistema “empuja a mucha gente humilde a participar en la economía sumergida”. Aunque la afiliación de las trabajadoras domésticas ha crecido significativamente en los últimos años –impulsada por un cambio legal para aflorar empleo en negro–, el empleo doméstico sigue siendo uno de los puntos fuertes de la economía sumergida.

Según los últimos datos, unas 435.000 personas están dadas de alta como empleadas del hogar. Las estimaciones de sindicatos y organismos como la Organización Internacional del Trabajo señalan que, al menos, hay 700.000 personas que trabajan en el sector. Es decir, como mínimo habría una bolsa de 170.000 empleos sumergidos que podría ser incluso mayor. Aunque los hogares que cuenten con una empleada doméstica menos de 60 horas mensuales no tienen obligación de formalizar un contrato, sí deben darles de alta en la Seguridad Social. No hacerlo implica cometer una ilegalidad.

1. Migrantes. Apróximadamente el 90% de las personas que trabajan en el hogar son mujeres y más de la mitad son migrantes. El desconocimiento de la normativa y de su situación legal abona el abuso que rodea al empleo doméstico. Tal y como recuerda CCOO, este sector es uno de los pocos en los que las personas migrantes encuentran un nicho de trabajo pese a las “condiciones de semiesclavitud” que muchas veces encuentran.

2. El hogar. El empleo doméstico, como indica su nombre, tiene una particularidad: tiene lugar en el ámbito privado, el hogar. Este hecho hace que tienda a quedar oculto y a que las personas que trabajen en él tengan más difícil unirse, asociarse o intercambiar impresiones entre ellas. A pesar de ello, cada vez son más las asociaciones y colectivos de trabajadoras que reivindican sus derechos. Por otro lado, la Inspección de Trabajo tiene más complicado hacer su labor, ya que el domicilio personal se considera inviolable. En otros casos, no obstante, asociaciones de empleadas domésticas han denunciado inacción por parte de la Inspección, a la que han denunciado abusos por parte de empresas dedicadas a ofrecer estos servicios.

3. Regulación reciente y cambiante. El cambio normativo más importante se produjo en 2012, cuando el Gobierno de Zapatero aprobó la integración de las empleadas del hogar en el Régimen General. Sin embargo, un año después el Ejecutivo de Rajoy introdujo cambios. Si uno de los logros fue que todos los trámites administrativos recayeran en los empleadores, el nuevo Gobierno volvió a dejar esa responsabilidad en las empleadas que trabajen menos de 60 horas mensuales. Simplificó también los tramos de cotización, lo que en la práctica implicaba aumentar el dinero a pagar a la Seguridad Social.

4. Sin todos los derechos. El Gobierno de Zapatero eliminó el régimen especial de trabajadores del hogar para integrar a estas trabajadores en el Régimen General de la Seguridad Social. Esos cambios legales dotaron al colectivo de más derechos y aumentaron las afiliaciones. Sin embargo, la equiparación de derechos no es total. Las empleadas del hogar no tienen, por ejemplo, derecho al desempleo. Tampoco pueden acudir al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) en caso de insolvencia de sus empleadores.

5. España no ratifica el convenio 189. España es uno de los países que no ha ratificado el convenio internacional de más relevancia en cuando a derechos laborales del empleo doméstico se refiere. El convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo busca ampliar la protección social y los derechos de las empleadas del hogar. Alemania, Italia, Suiza, Ecuador, Paraguay o Colombia son algunos de los países que sí han refrendado este convenio. Tanto las asociaciones de trabajadoras como los sindicatos han exigido a España que lo haga.

El año pasado se llevaron a cabo un total de 59.632 actuaciones de inspección de trabajo en las islas en todos los ámbitos

La colaboración que mantiene el Gobierno de Canarias con el Estado, a través de la Dirección General de Trabajo, en la lucha contra la economía sumergida y el empleo irregular permitió aflorar en 2014 un total de 4.627 empleos sumergidos en las Islas, cifra que representa un importante incremento del 16% respecto a los resultados del año 2013.

El Ejecutivo regional explicó que el año pasado se llevaron a cabo un total de 59.632 actuaciones de inspección de trabajo en las islas en todos los ámbitos, con un resultado muy positivo.

De esta manera, éste fue uno de los puntos del orden del día que se abordó en la reunión de la comisión de seguimiento del Convenio de colaboración entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Gobierno de Canarias en Materia de Lucha contra la Economía Irregular y el Empleo Sumergido, firmado el 28 de abril del año pasado.

Además, en esa reunión se realizó una primera evaluación y seguimiento de la marcha del acuerdo, se presentó la campaña que se está realizando durante este año y se analizaron los sectores en los que se va a actuar.

Lucha contra el fraude laboral

La directora general de Trabajo, Ana Fernández, recordó que el Gobierno de Canarias tiene entre sus prioridades la lucha contra el fraude laboral, “una práctica que perjudica a toda la sociedad”. “A las empresas que operan legalmente porque supone una competencia desleal y a los trabajadores, a los que no se les garantizan los derechos laborales que les corresponden”, dijo.

También destacó el buen trabajo realizado por los inspectores y los resultados obtenidos en 2014, subrayando que el esfuerzo en la lucha por evitar el fraude laboral en todas sus manifestaciones aumenta año a año.

Del mismo modo, Fernández explicó que la colaboración con el Estado se fortalece este año, con la participación de los inspectores de la Comunidad Autónoma.

A veces, cuando me deja notas y veo lo mucho que le cuesta escribir, por no haber podido ir a clase para aprender a leer y escribir, una punzada se clava en mi corazón, recordándome lo mucho que ha hecho para que yo estudie y tenga mi licenciatura.

Desde los 12 años hasta los 32 trabajó en el sector de la conserva de Archena, haciendo alcachofa, pimiento, tomate, (…), trabajando en jornadas maratonianas, aguantando tratos que hoy serían tipificados como acoso moral y laboral en el entorno de trabajo y mil historias que te hablan de una raza de seres despreciables que se mueven en el inframundo de la economía sumergida: los jefes del dinero negro.

A pesar de los 20 años que ha trabajado mi madre en el citado sector, sólo tiene 3 días cotizados en su vida laboral. Pero no sólo ella: del orden de 500 a 600 corrieron su misma suerte. Muchos años trabajados que quedan en nada a efectos legales, ya que los “jefes del dinero negro” se encargaban de seguir enriqueciéndose a base del sudor de gente trabajadora. En este caso, mujeres trabajadoras.

Sólo tengo adjetivos para describir la situación como injusta, lamentable y ruín, aunque lo bochornoso del caso es que en el año 2015 el rostro de la economía sumergida en la Región de Murcia esté más presente que nunca.

En concreto, un último estudio presentado por los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) establece que la economía sumergida en Murcia supera el 26% del PIB regional, lo que se traduce en más de 7.000 millones de euros de barra libre para esta subespecie que son los jefes del dinero negro, que actúan en diversos sectores empresariales y que son auténticos trileros del sistema económico, que dilapidan las vidas de las personas mientras engordan sus cuentas corrientes. ¿De verdad debemos creer que no hay nada que hacer, y que sólo nos queda resignarnos y seguir soportando estas prácticas odiosas? Disculpen, pero no lo puedo creer.

Es curioso que a pesar de los años de diferencia, los rostros de la economía sumergida sean los mismos. En los años de trabajadora de mi madre como en la actualidad, las generaciones posteriores heredan el problema. Como si se tratase de una maldición que estamos abocados a sufrir. Quizás sea el momento de plantarse y dejar que a los inspectores de trabajo les dejen hacer su labor y erradiquen, de una vez por todas, esta plaga deleznable de nuestra Región.

La Federación de Salud de Intersindical Canaria (IC) en la isla de Gran Canaria reconoció en mayo de 2014 en los juzgados de la capital que no dio de alta en la Seguridad Social a un trabajador que prestó sus servicios como auxiliar administrativo en la sectorial desde el 1 de febrero de 2012 al 4 de noviembre de 2013. Así consta en un acta de conciliación conocido ahora en el que la central admite el despido improcedente del demandante y se compromete a abonarle la indemnización y la parte salarial que había dejado de percibir.

En la demanda interpuesta en diciembre de 2013 figura que el trabajador J.F.S. cobraba mediante transferencia bancaria 480 euros al mes con una jornada laboral de 40 horas semanales. El 4 de noviembre de ese año, el entonces secretario de Organización de la Federación, Bernardo Medina, le comunicó verbalmente su despido ante “el temor de que la situación irregular fuera verificada por la Inspección de Trabajo”, aseguró el afectado.

Según las tablas del Convenio Colectivo del sector de Oficinas y Despachos de la provincia de Las Palmas, su sueldo tenía que haber ascendido a 682,64 euros, 200 por encima de lo que cobraba. En el año 2012, el Salario Mínimo Interprofesional estaba fijado en 641,40 euros, mientras que en 2013 era de 645,30.

En la demanda, que recayó en el Juzgado de lo Social número 4 de Las Palmas de Gran Canaria, el empleado explicaba que el sindicato tampoco le había permitido disfrutar de los 30 días naturales de vacaciones a los que tenía derecho ni le había abonado las pagas extraordinarias de marzo. julio, octubre y la parte propoporcional de diciembre de 2013.

El conflicto laboral no pudo resolverse en el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SEMAC) porque los representantes de la Federación de Salud de IC no se presentaron al acto. Bernardo Medina alegó entonces que no lo hicieron porque el abogado del sindicato estaba citado para un juicio el mismo día y a la misma hora en la que debía celebrarse el encuentro y que había solicitado su aplazamiento al dia posterior, petición a la que el letrado del trabajador “se negó”.

Finalmente, el pleito se trasladó a los juzgados, donde IC terminó reconociendo los hechos antes de que se celebrara el juicio. El sindicato reconoció la improcedencia del despido (“sólo la comunicación verbal del mismo es suficiente para que se califique como improcedente”, había denunciado el trabajador) y se comprometío a pagarle un total de 7.119 euros, 5.805 en concepto de salarios y 1.314 como indemnización.

El sindicato comounicó en el mismo acto que ya había iniciado los trámites para darle de alta en el régimen general de la Seguridad Social con carácter retroactivo a fecha 1 de febrero de 2012 y pagar las cotizaciones sociales que correspondan. Según ha podido saber este periódico, IC ya ha abonado al trabajador las cantidades acordadas.

Desfalco en las cuentas

Precisamente en 2012, año en el que el demandante trabajó sin contrato y por 480 euros al mes para el sindicato, una auditoría interna encargada por la propia central estimaba que de la Federación de Salud se habían detraído de manera irregular 26.000 euros de las cuentas. Con ese dinero se habrían abonado cuotas de hipotecas, vacaciones, fines de semana en casas rurales, conciertos o préstamos de hasta 2.500 euros.

El extesorero de la sectorial de Salud, Juan Jesús Galván, asumió recientemente la responsabilidad del desvío de las cuotas de los afiliados a cuentas particulares o de otras federaciones y se comprometió a devolver cada mes 500 euros a IC hasta completar la cifra. Este acuerdo cerró la vía civil, pero aún se mantiene abierta la penal, en la que de momento sólo se encuentra imputado el hijo del extesorero.

La cúpula del sindicato a nivel federal expulsó a los afiliados del sector crítico que denunciaron las irregularidades en las cuentas y suspendió de forma cautelar a Bernardo Medina, secretatio de Organización, y a otros tres cargos, sin que hasta la fecha la Comisión de Garantías se haya pronunciado para elevar a definitiva esta decisión.