La coordinadora de Podem a les Balears i regidora a l'Ajuntament de Palma, Lucía Muñoz, encapçalarà la candidatura de la formació morada al Congrés dels Diputats per les Illes Balears en les eleccions generals del pròxim 29 de novembre. La dirigent, que ja va ocupar un escó a la cambra baixa, tornarà a concórrer a unes eleccions generals al capdavant d'una llista amb què Podem vol reforçar la seva presència a l'arxipèlag.

Secretària d'Habitatge de Podem, Muñoz ha situat l'accés a l'habitatge entre els seus principals àmbits d'actuació política i va participar en la Global Sumud Flotilla, la iniciativa internacional de suport a Gaza, segons ha destacat la formació en un comunicat. La seva designació per a les generals coincideix, a més, amb la seva voluntat de continuar en la política municipal: a principis de setembre va anunciar que es presentaria a les primàries de Podem per tornar a encapçalar la candidatura al consistori palmesà en les eleccions previstes per al maig de 2027.

La candidatura de Podem per Madrid estarà encapçalada per Irene Montero, exministra d'Igualtat i una de les principals figures estatals de la formació. El dirigent del partit Tito Morano ocuparà el segon lloc, mentre que entre els primers noms de la llista també hi figuren l'exassessora Dina Bousselham i l'exdiputat de l'Assemblea de Madrid Serigne Mbayé.

La candidatura incorpora també perfils vinculats als moviments socials i a la defensa dels drets civils. Entre aquests hi ha Boti García Rodrigo, activista pels drets LGTBI i exdirectora general de Diversitat Sexual i Drets LGTBI durant l'etapa de Montero al capdavant del Ministeri d'Igualtat, i Simón de la Riva, educador infantil i membre de la Plataforma Laboral d'Escoles Infantils (PLEI).

A Sevilla, l'activista trans Mar Cambrollé, membre de l'executiva estatal de Podem, encapçalarà la llista. A la Comunitat Valenciana, María Teresa Pérez, coordinadora autonòmica del partit, ocuparà el primer lloc de la candidatura de Compromís-Front Valencià per Alacant.

A Catalunya, Podem estarà representat per Alejandra Sandoval, regidora de l'Ajuntament de Sabadell, que concorrerà com a independent en el sisè lloc de la llista d'ERC per Barcelona, en virtut de l'acord entre totes dues formacions. A Astúries, el número u de la candidatura serà Manuel Pravia, portaveu i delegat del Sindicat d'Estibadors a Avilés.

La coordinadora de Podemos en Balears y regidora en el Ayuntamiento de Palma, Lucía Muñoz, encabezará la candidatura de la formación morada al Congreso de los Diputados por las islas en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La dirigente, que ya ocupó un escaño en la Cámara Baja, volverá a concurrir a unas elecciones generales al frente de una lista con la que Podemos busca reforzar su presencia en el archipiélago.

Secretaria de Vivienda de Podemos, Muñoz ha situado el acceso a la vivienda entre sus principales ámbitos de actuación política y participó en la Global Sumud Flotilla, la iniciativa internacional de apoyo a Gaza, tal como ha destacado la formación en un comunicado. Su designación para las generales coincide, además, con sus planes de continuar en la política municipal: a principios de septiembre anunció que se presentaría a las primarias de Podemos para volver a encabezar la candidatura al Ayuntamiento de Palma en las elecciones previstas para mayo de 2027.

Mientras tanto, la candidatura de Podemos por Madrid estará encabezada por Irene Montero, exministra de Igualdad y una de las principales figuras estatales de la formación. El dirigente del partido Tito Morano ocupará el segundo puesto, seguido entre los primeros nombres de la lista por la exasesora Dina Bousselham y el exdiputado de la Asamblea de Madrid Serigne Mbayé.

La candidatura incorpora también perfiles vinculados a los movimientos sociales y a la defensa de los derechos civiles. Entre ellos figuran Boti García Rodrigo, activista por los derechos LGTBI y exdirectora general de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI durante la etapa de Montero al frente del Ministerio de Igualdad, y Simón de la Riva, educador infantil e integrante de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI).

En Sevilla, la activista trans Mar Cambrollé, integrante de la ejecutiva estatal de Podemos, encabezará la lista. En la Comunidad Valenciana, María Teresa Pérez, coordinadora autonómica del partido, ocupará el primer puesto de la candidatura de Compromís-Frente Valenciano por Alicante.

En Catalunya, Podemos concurrirá a través de Alejandra Sandoval, concejala del Ayuntamiento de Sabadell, que se presentará como independiente en el sexto puesto de la lista de ERC por Barcelona, en virtud del acuerdo entre ambas formaciones. En Asturias, el número uno será Manuel Pravia, portavoz y delegado del Sindicato de Estibadores en Avilés.

La portavoz de Podemos-IU en el Ayuntamiento de Logroño, Amaia Castro, ha asegurado que el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha hecho de la ciudad una “empresa llamada Logroño Sociedad Limitada, formada por accionistas, que son cuatro; con clientes que vienen el fin de semana y se van; y con empleados que somos todos los demás”.

Con ello, se ha preguntado entonces “¿para quién es la ciudad?; para esa joven de 30 años que trabaja, que ha hecho todo lo que le dijeron que tenía que hacer y que no puede irse de casa de sus padres porque no encuentra una vivienda; o para ese señor de 85 años que vive en el Casco Antiguo y que todos los fines de semana se tiene que ir a vivir a casa de sus hijos porque le han puesto un piso turístico arriba, un piso turístico al lado, y una discoteca abajo”.

Ha sido durante su intervención en la segunda sesión del Debate sobre el Estado de la Ciudad, que desde ayer se está celebrando en el Consistorio capitalino. Al inicio del mismo, Castro ha anunciado que será su último debate, porque en junio de 2027, volverá a su trabajo en Cruz Roja.

“Imposible alquilar en Logroño”

A partir de ahí, la portavoz de Podemos-IU ha analizado la situación de la vivienda, lamentando que “alquilar, no digo comprar, una casa hoy en Logroño es absolutamente imposible y no sólo porque sea caro, que también, es que no hay pisos”.

“Por cada piso que sale en alquiler hay decenas de familias detrás esperando haciendo cola; eso si, te van a pedir nómina fija, un sueldo que triplique el alquiler de la vivienda, dos meses de fianza, un mes de la agencia, aval, por lo que si tienes una nómina temporal, o si tienes un hijo, o tienes un acento un poco diferente, olvídate, ni se te ocurra, en esta ciudad no vas a encontrar un piso en alquiler”, ha añadido.

En este punto, ha asegurado que los alquileres “rondan los 900 euros, cuando somos la segunda comunidad en España con los sueldos más bajos”, que hace que los jóvenes “ya no se preguntan dónde van a vivir, sino en qué ciudad van a vivir”.

Frente a ello, Castro ha señalado que “contamos entre legales e ilegales unos 1.400 pisos turísticos”. En este sentido, “hemos traído moción tras moción pidiendo que no se abra una vivienda turística más, ni una” para que el Equipo de Gobierno “se aprobase una moratoria de un año, que a los cinco meses la levantaron”, lo que provocó “70 pisos turísticos nuevos en seis meses”.

A ello, ha unido que en Logroño hay 17.000 viviendas vacías, y aunque “les hemos pedido que se les suba IBI, lo que ha hecho el Partido Popular es lo contrario, bajarlo”. Además, le ha acusado “de vender todo el suelo público a las constructoras”, así como que “104 viviendas protegidas las han repartido a dedo”, sin olvidar que el tipo de empleo que crea este modelo “es el que no da para vivir, ni mucho menos para construir una ciudad”.

Por otra parte, la portavoz de Podemos-IU ha lamentado que “jamás está ciudad ha estado tan sucia, cada días hay más terrazas y más fiestas, que dan un resultado de absoluto desastre”, a lo que ha unido la situación del comercio “por el que mientras abren franquicias y multinacionales, cierran fruterías, mercerías, tiendas de ropa de toda la vida, lo que hace que se vaya la esencia de la ciudad”.

En su intervención, Castro ha criticado que el modelo “Logroño Sociedad Limitada, aprieta a los vecinos, porque nos han subido el recibo de la basura, el del agua, el del alcantarillado o los vados”, y frente a ello “no han mejorado ningún servicio público, porque son más de recortar servicios y privatizar”.

Ha lamentado que “a los servicios sociales le han quitado 6 millones de euros en dos años” que han servido para “las fiestitas de Escobar; les quita a los vecinos y a las vecinas para pagar en la fiesta a los de fuera”.

Otra ciudad diferente

Para la portavoz de Podemos-IU hay que hacer de Logroño una ciudad “donde la opinión de los vecinos y vecinas importe; donde cruzar un paso de cebra no da miedo; donde la doble fila no sea el paisaje habitual; donde lo primero que haga un gobierno cuando llegue no sea quitar un carril bici, sino hacer más”.

“Una ciudad donde respiremos aire limpio, especialmente en los entornos escolares y no el humo de los coches; una ciudad donde bajes a comprar y hables con Cintia, no con la caja de una franquicia; una ciudad donde la vivienda sea una prioridad”, ha apostillado. Para terminar ha reclamado “una ciudad del lunes, del martes, del miércoles y no solo, del fin de semana; y un modelo de ciudad donde nadie sobre, donde no se gobierne para enfrentarnos los de aquí con los de fuera, a los hombres contra las mujeres, a los jóvenes contra los mayores”, ha concluido.

En su respuesta, Escobar ha expresado su “aprecio y estima absoluta” a Castro, una vez que ha anunciado que no estará en la próxima legislatura, para a continuación poner en valor que “gran parte de lo que estamos haciendo en nuestro Casco Antiguo parte de una iniciativa suya”.

Dicho esto, el alcalde ha criticado que “se criminalice a la empresa, y eso es su problema, que dividen; su problema es que dividen entre empresarios y trabajadores, el que viene y el que está, el turista y el vecino”, algo que “no es bueno, porque si hablamos de concordia, si hablamos de que todos cabemos, hay que buscar el punto de encuentro”.

“Soflamas divisorias”

Escobar ha señalado que en materia de vivienda, a nivel nacional, donde su formación estaba en el gobierno de coalición “después de disolver las cortes presentan dos decretos que lo que ha provocado es ahuyentar a los propietarios del mercado de alquiler”. Todo ello, porque “parten de esas soflamas divisorias, sectarias, casi casi de verdad trasnochadas; la sociedad avanza, hay que buscar el equilibrio, hay que buscar el punto de encuentro”, ha insistido el alcalde.

Sobre el Casco Antiguo, ha asegurado que “hemos modificado la normativa, hemos modificado la ordenanza de terrazas, que a veces cuesta hacer entender que las terrazas se tienen que reducir, pero lo hemos hecho un 20 por ciento, y hemos suspendido las licencias, hemos aplicado una moratoria que desembocará en la declaración de zona saturada en las viviendas de uso turístico en el Casco Antiguo”. Además, en materia de sanciones por conductas in-cívicas “se ha pasado de 560 en 2023 a 3.245 gobernando nosotros”.

A ello, ha unido que “hemos incorporado a través del patrimonio municipal, 16 familias en el casco antiguo, pero hemos entendido también que había que activar el casco antiguo con más vida, con más actividades”, así como apostado “por un proyecto, que es el 1521, que está repleto de realismo, que va a incorporar 27.000 metros cuadrados de zona verde, que va a permitir que los aparcamientos que ahora vemos en el Revellín estén bajo tierra, con dos aparcamientos subterráneos”.

Escobar ha destacado también que “hemos incorporado más zonas verdes” en la zona del Paseo del Prior, así como otras actuaciones en la zona de la antigua Estación de Autobuses, sin olvidar la “incorporación de más carriles bici periurbanos con 32 kilómetros y tenemos un plan para ir incorporando en 10 puntos más carriles ciclopeatonales”.

En materia de limpieza, el alcalde ha asegurado que “es una aspiración constante para nosotros, hasta el punto que estamos trabajando en el nuevo pliego” que “va a suponer que tengamos más maquinaria, nueva maquinaria, cambiar todos los contenedores, más personal, y nuevo medios como el decapado para permitir arrancar esa suciedad que estaba incrustada”.

Finalmente, Escobar en materia de vivienda ha asegurado que “tenemos uno de los mejores planes de vivienda de toda España para la ciudad, y seguramente el más completo de España”, sin olvidar que en fiscalidad “vamos por el camino más apropiado”.

El acuerdo entre Podemos, Movimiento Sumar e Izquierda Unida (IU) para concurrir juntos a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre en la Región de Murcia sigue en el aire, aunque las distintas formaciones mantienen abierta la posibilidad de alcanzar una candidatura unitaria. La negociación se centra en acercar la apuesta de Movimiento Sumar e IU por un acuerdo estatal en torno al Frente Amplio y la propuesta de Podemos de establecer una fórmula propia de confluencia adaptada a la realidad murciana.

El coordinador autonómico de Podemos, Víctor Egío, defiende que el entendimiento en la Región no debe quedar supeditado a las discrepancias existentes en el ámbito estatal. Para respaldar su postura, reivindica el trabajo compartido durante los últimos años en la Asamblea Regional, los ayuntamientos y las movilizaciones sociales. “Nadie entendería que, aunque en Madrid no se pongan de acuerdo, no alcancemos un pacto aquí”, sostiene.

Egío rechaza que la unidad implique necesariamente la integración de Podemos en el Frente Amplio y apuesta por una coalición que tenga en cuenta las particularidades políticas de Murcia. “No creo que los votos de la Región de Murcia valgan menos que los de Canarias”, afirma, en referencia a los acuerdos alcanzados en otros territorios.

En la misma línea, el diputado murciano de Podemos Javier Sánchez Serna ha reclamado a todas las formaciones, incluida la suya, un esfuerzo para cerrar un acuerdo. A través de la red social X, ha advertido de las consecuencias políticas de una posible división: “Si no hay unidad, si con nuestra división contribuimos a la llegada de un gobierno de PP-Vox, quedaremos desacreditados para muchos años”.

Por su parte, IU-Verdes mantiene su apuesta por una candidatura unitaria y espera que Podemos se incorpore a las negociaciones o plantee una fórmula compartida que permita a todas las organizaciones concurrir juntas. El diputado regional de IU-Verdes José Luis Álvarez-Castellanos ha explicado que su formación se remite a la estrategia federal del Frente Amplio de cara a las próximas elecciones generales y sitúa a Penélope Luna como su referente si se abre una negociación; mientras que en Podemos todavía no han definido quién será cabeza de lista.

Un acta de diputado desde 2016

Álvarez-Castellanos recuerda que la izquierda ha concurrido unida a las elecciones generales desde 2016 bajo distintas marcas electorales: Unidos Podemos, Unidas Podemos y Sumar, en 2023. Durante ese periodo, la izquierda ha revalidado el acta de diputado en la Región de Murcia a lo largo de cinco convocatorias electorales consecutivas.

En las últimas elecciones generales, celebradas en julio de 2023, Sumar agrupó a IU, Podemos, Verdes Equo y Más Región. Estos comicios constituyen el precedente electoral más reciente para analizar la representación de la izquierda en la circunscripción murciana, que reparte diez escaños.

En el ámbito autonómico, los acuerdos entre ambas formaciones han resultado más difíciles. En 2019, IU y Podemos concurrieron por separado a las elecciones regionales. En 2023, las negociaciones para presentar una candidatura conjunta estuvieron cerca de prosperar, pero finalmente no llegaron a buen puerto. Como resultado, ambas formaciones acabaron concurriendo juntas en la candidatura autonómica de Podemos.

Por su parte, Óscar Urralburu, secretario de Organización estatal de Movimiento Sumar, insiste en que “estamos trabajando en la línea de conformar un Frente Amplio, cualquiera puede sentarse para contribuir a este proyecto de construcción plural y diversa, para hacer frente a la oleada ultra que viene en España y en Europa”. Hasta las 23.59 “tenemos tiempo”, concreta. Para Urralburu la negociación se tiene que centrar de acuerdo al ámbito estatal, “a excepción de territorios como Canarias donde han planteado un Frente Amplio propio y hemos llegado a acuerdos con esas coaliciones, pero con partidos de ámbito estatal las coaliciones se cierran a ese nivel”.

Unidas por Extremadura ha registrado este jueves un total de 305 enmiendas parciales al proyecto de presupuestos de la comunidad autónoma para 2026, entre ellas una que solicita bajar un 10% el sueldo de los diputados y altos cargos, para que los salarios de los políticos se parezcan más a los de la “gente corriente”.

La presidenta y portavoz de este grupo, Irene de Miguel, ha criticado, en ese sentido, que María Guardiola sea la quinta que más cobra de los presidentes autonómicos, mientras que los trabajadores públicos de la Junta de Extremadura son los peor pagados del país.

El conjunto de las enmiendas parciales de Unidas mueven un montante global de 366 millones de euros y tienen fundamentalmente tres objetivos, según De Miguel, “proteger y mejorar los servicios públicos como la educación, la sanidad y la dependencia”, “desmantelar los chiringuitos que PP y Vox han puesto en marcha y lo que lo único que hacen es derrochar el dinero público”, y “devolver la dignidad” a las cuentas de la comunidad autónoma, con propuestas como la recuperación de las ayudas a la cooperación internacional.

Plantean, entre otras medidas concretas, destinar más de 30 millones de euros a contratar personal estructural del SES, una bajada “drástica” de las ratios en educación, mejorar las necesidades educativas escolares o afrontar la homologación salarial de los docentes.

También se plantean otras cuestiones que para Unidas por Extremadura son fundamentales, como un plan de bioclimatización en las aulas extremeñas, el fomento del empleo entre los jóvenes y entre las mujeres, sobre todo del medio rural, y el apoyo a la economía social en agricultura, así como un seguro público para la cereza y que el cereal “esté amparado por la integración”.

Irene de Miguel ha considerado necesario también “acabar con esta política de chinchetas del PP y Vox” en la construcción de vivienda pública y proyectos en los municipios extremeños o la elaboración de un estudio sobre el tren de cercanía que vertebre e la región.

Igualmente, plantean en sus enmiendas aumentar el impuesto de transmisiones patrimoniales a los grandes tenedores de vivienda y recuperar para ese colectivo el impuesto a las viviendas vacías, así como que las instalaciones fotovoltaicas tengan un impuesto especial para que “dejen de una vez por todas ya dinero en nuestra tierra”.

Recogen, asimismo, enmiendas para que el complemento a las pensiones no retributivas aumente hasta los 1.200 euros al año.

Preguntada por las enmiendas de Vox, que contemplan también la eliminación de las ayudas a las organizaciones ecologistas, Irene de Miguel ha dicho que el partido de Santiago Abascal “ya está demostrando que a chiringuitología no les gana nadie”. A su juicio, “los chiringuitos que están creando ellos son sinceramente escandalosos” y como ejemplo de ello ha citado que la Fundación Toro de Lidia haya aumentado a 700.000 euros cuando en el presupuesto anterior escasamente llegaba a los 70.000.

También ha considerado “indecente” que se planteen el apoyo a organizaciones provida, “que lo que plantean es que las mujeres no tengamos derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo”.

En su opinión, el hecho de que Vox presente enmiendas tan ideológicas a los presupuestos de las propias consejerías que ocupa puede poner de relieve “que o bien no saben negociar o que lo único que hacen es poner estos temas encima la mesa de nuevo”, en vez de preocuparse por los problemas reales de los ciudadanos, como el calor en las aulas o que puedan ser atendidos por su médico de cabecera en 48 horas.

Para De Miguel, Vox solo persigue que se hablen de “sus movidas ideológicas” porque su único objetivo es “dividir a la sociedad y crisparla mucho más”, así como “vivir de las mamandurrias, porque la mayor mamandurria que hay ahora mismo en este Gobierno es la Consejería de Desregulación, que aún no sabemos ni para qué sirve”. 

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, y la líder de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, han coincidido este lunes en la necesidad de fortalecer las relaciones entre las fuerzas progresistas de la región para construir una Extremadura “más justa y más digna”.

Ambos dirigentes han mantenido en Mérida su primer encuentro oficial desde que Sánchez Cotrina asumió la dirección regional del PSOE. Una reunión que, según el líder socialista, ha estado marcada por una “muy buena sintonía” y que, para De Miguel, entra dentro de la “normalidad democrática” entre formaciones de la oposición.

En declaraciones a los medios tras el encuentro, Sánchez Cotrina explicó que compartió con Irene de Miguel y con la diputada de Unidas por Extremadura, Nerea Fernández, la visión de una Extremadura que pueda abordarse desde “un prisma progresista”, centrado en la igualdad de oportunidades y la defensa de la clase trabajadora.

La reunión se ha producido en la víspera del debate de totalidad de los Presupuestos Generales de Extremadura para 2026, unas cuentas que tanto PSOE como Unidas por Extremadura rechazan. El dirigente socialista sostuvo que el proyecto elaborado por el Ejecutivo de María Guardiola carece de la “aspiración de transformar Extremadura” y avanzó que su grupo defenderá una enmienda a la totalidad porque no encuentra en las cuentas respuestas a los principales desafíos de la comunidad autónoma.

Sánchez Cotrina subrayó además que el encuentro ha servido para “poner luces largas” y comenzar a “engrasar” las relaciones entre los partidos de izquierda con el objetivo de trasladar a la ciudadanía que existen proyectos progresistas dispuestos a trabajar por una región más justa. Asimismo, reivindicó la trayectoria del PSOE como una fuerza política que ha contribuido a cohesionar Extremadura “con muchos menos recursos de los que tenemos hoy”.

Por su parte, Irene de Miguel defendió que los encuentros entre fuerzas de la oposición forman parte de la normalidad democrática, al tiempo que lamentó la ausencia de contactos con la presidenta de la Junta, María Guardiola. Según señaló, la dirigente autonómica “nunca nos ha llamado para reunirnos”.

La portavoz de Unidas por Extremadura explicó que durante la reunión ambas formaciones compartieron un diagnóstico sobre la situación de la comunidad autónoma y analizaron cuáles deben ser las prioridades de la oposición. También reiteró que su formación seguirá ejerciendo una oposición “con contundencia” frente a un gobierno que, a su juicio, ha aprobado un acuerdo presupuestario “infame”.

“Vamos a hacer una oposición sin cuartel”, afirmó De Miguel, quien defendió que la enmienda a la totalidad presentada por Unidas por Extremadura se ha elaborado “con mucho sentido”.

La dirigente sostuvo que los presupuestos “nacen para morir dentro de tres meses”, los calificó de “papel mojado” y consideró que consolidan la “agenda ultra” pactada entre PP y Vox, sin dar respuesta a las necesidades reales de la ciudadanía extremeña.

Entre las críticas formuladas al proyecto presupuestario, De Miguel destacó la reducción de las partidas destinadas a cooperación internacional, un ámbito que definió como “la mejor tarjeta de visita” de Extremadura. En este sentido, reivindicó la tradición solidaria de la comunidad autónoma y defendió un modelo en el que quienes más recursos tienen contribuyan en mayor medida al sostenimiento de los servicios públicos.

El encuentro evidencia el acercamiento entre PSOE y Unidas por Extremadura en un momento clave del debate político regional, marcado por la tramitación de los presupuestos autonómicos y por la búsqueda de espacios de colaboración entre las fuerzas progresistas de cara a la oposición al Ejecutivo de coalición entre PP y Vox.

El portavoz del Partido Popular de Extremadura, Luis Miguel Núñez, ha defendido este lunes el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2026 y ha considerado que serán los grupos de la oposición quienes deberán explicar a la ciudadanía por qué rechazan unas cuentas que alcanzan la cifra “récord” de 8.845 millones de euros.

Las declaraciones se producen en la víspera del debate en la Asamblea de Extremadura de las enmiendas a la totalidad presentadas por PSOE y Unidas por Extremadura al proyecto presupuestario elaborado por el Gobierno de María Guardiola.

En rueda de prensa, Núñez ha afirmado que el debate parlamentario enfrentará “dos formas muy distintas de entender Extremadura”. Según ha señalado, el Ejecutivo autonómico llevará a la Cámara las cuentas “más ambiciosas de la historia de la región”, con un aumento de la inversión, una reducción de la presión fiscal y un refuerzo de los servicios públicos esenciales.

El dirigente popular ha destacado además que los presupuestos contemplan una inversión de 409 millones de euros destinada a los municipios extremeños, una cantidad que ha calificado también como “récord” y que, a su juicio, evidencia la apuesta del Gobierno regional por el municipalismo.

Frente a ello, ha acusado a PSOE y Unidas por Extremadura de mantener una actitud de “bloqueo permanente” y de situarse “al margen de la realidad” al oponerse a las cuentas autonómicas.

En este sentido, Núñez ha sostenido que ambas formaciones deberán explicar por qué rechazan, según ha enumerado, un incremento de recursos para la sanidad, la educación y la dependencia, así como medidas relacionadas con el acceso a la vivienda y la creación de empleo.

Durante su comparecencia también se ha referido a la actualidad judicial vinculada al PSOE extremeño, coincidiendo con la reanudación del juicio relacionado con David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo.

Aunque ha reiterado el respeto de su partido a las decisiones judiciales, ha lamentado que Extremadura ocupe espacio en los medios nacionales por este procedimiento y no por proyectos o indicadores económicos y laborales de la comunidad autónoma.

“Mientras algunos siguen atrapados en sus problemas y en los escándalos que lo acorralan, el Gobierno de María Guardiola sigue centrado en solucionar los problemas de los extremeños”, ha manifestado.

Preguntado por la posibilidad de alcanzar acuerdos durante la tramitación parlamentaria, Núñez ha expresado su deseo de que el proyecto pueda enriquecerse mediante enmiendas parciales y ha confiado en que PSOE y Unidas por Extremadura reconsideren su posición y terminen respaldando las cuentas autonómicas.

PSOE y Unidas por Extremadura han rechazado el anteproyecto de presupuestos para 2026 del Gobierno de PP y Vox, al que presentarán enmiendas porque no responde a las prioridades de la región y que -advierten- tendrá escasa ejecución con apenas “dos o tres meses de vida” pues el ejercicio presupuestario se cierra en noviembre.

En rueda de prensa, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Isabel Gil Rosiña, ha denunciado la “anomalía” que supone la presentación de las cuentas en la sede de Presidencia en lugar de sede parlamentaria, en un nuevo “desprecio” del Gobierno a la Asamblea que merece “respeto”, así como que representantes de las dos formaciones en el Ejecutivo comparezcan por separado.

Gil Rosiña ha lamentado que el presupuesto presentado responde a un modelo político de PP y Vox que no responde a las “prioridades” de los extremeños y que no quieren los socialistas para la región, por lo que presentarán enmiendas y alternativas.

Las cuentas, a su juicio, dibujan “una Extremadura que le quita los impuestos a los ricos” en detrimento de las clases medias y trabajadores, prevén, por ejemplo, una deducción por gastos veterinarios pero al mismo tiempo esas mismas familias que pueden ser beneficiarias de ello “son las que esperan dos años para operarse de una cadera o pagan 100 euros al mes por el comedor escolar de sus hijos”.

Ha señalado que su grupo espera conocer además el detalle de la ecotasa, una cuestión que no ha sido abordada en las comparecencias del Gobierno.

Para la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, estamos ante un presupuesto “para fardar y para hacerse la foto pero no para mejorar la vida de los extremeños”, que además “no crece lo que debería”, que sería un 10%, un 5% por cada año de los dos que la región ha estado sin presupuesto.

Igualmente, ha indicado que la revolución fiscal es “un trampantojo” que beneficia “a los más privilegiados”, que son “los que más deberían aportar a la hucha común”, y ante la “varita mágica” de la rebaja fiscal para todo, ha indicado que “las cosas no se solucionan con rebajas fiscales, se solucionan invirtiendo”.

La presidenta de la confluencia de izquierdas se ha preguntado si no hay dinero para ayudas a los cereceros, a los agricultores que se han quedado fuera de las ayudas por las borrascas, para bajar las ratios de las TEI que están en huelga o para instalar aires acondicionados en las aulas de los centros educativos de la región.

Desde Unidas por Extremadura estarán “muy atentos” para ver cómo aplican la “prioridad nazi-onal” que Vox ha implantado en estas cuentas, para remarcar también que la rebaja en los dos primeros tramos del IRPF no afecta a las familias que “peor lo están pasando” pues están “exentas de tributar”, y que no es asequible pagar 140.000 euros por las viviendas protegidas que se prevé construir. 

El Pleno del Ayuntamiento de Albacete ha aprobado por unanimidad una moción en defensa de la cuchillería suscrita por todos los grupos políticos municipales. Por acuerdo de todos los portavoces, la moción ha sido leída por la presidenta de la Asociación de Empresas de Cuchillería y Afines Aprecu, Pilar Jiménez, que estaba en el Salón de Plenos acompañada por muchos representantes del sector.

Los grupos municipales de PP, PSOE, Vox y Unidas Podemos han suscrito esta moción para que “el Ayuntamiento de Albacete lidere un pacto que reivindique la protección de la cuchillería albaceteña y luche contra la criminalización de un sector estratégico para nuestra economía y que cuenta con más de seis siglos de historia”.

La propuesta se dirige al Gobierno de España, al Congreso de los Diputados y al Senado para que futuras modificaciones legislativas, como la Ley de Seguridad Ciudadana o el Reglamento de Armas, “se orienten hacia el endurecimiento de penas y la lucha contra las actitudes criminales en lugar de criminalizar a la cuchillería”.

Además, se pide al Ejecutivo y el Legislativo que “cualquier modificación normativa incorpore definiciones técnicas claras y objetivas, garantice la seguridad jurídica, contemple periodos transitorios razonables y evite trasladar toda la carga regulatoria al comercio legal”.

También se solicita “diálogo y colaboración con todas las administraciones públicas para avanzar en medidas eficaces que compatibilicen seguridad ciudadana, proporcionalidad normativa y protección de un sector histórico y estratégico para territorios como Albacete”.

La presidenta de la Asociación de Fabricantes de Cuchillería y Afines (Aprecu), Pilar Jiménez, ha leído el 'Manifiesto por una Cuchillería Responsable, Legal, Segura y No Estigmatizada' en la plaza del Altozano, al que, entre otros, han asistido el alcalde, y el presidente de la Diputación, Santi Cabañero.

Moción en el Congreso

El alcalde, Manuel Serrano, ha anunciado además, durante la sesión plenaria, que, a petición suya, el Partido Popular ha registrado ya una Proposición No de Ley (PNL), en el Congreso de los Diputados en defensa de la cuchillería albaceteña para que “nuestra navaja no se incluya en la modificación del reglamento de armas”.

Manuel Serrano ha señalado que “del mismo modo que le he pedido al presidente del Gobierno que defienda la navaja albaceteña con rotundidad, también se lo he solicitado al presidente de mi partido”, recordando que “el señor Sánchez es quien tiene la capacidad reglamentaria y normativa para modificar un reglamento y admitir las alegaciones para proteger la cuchillería y la navaja de Albacete”.

Serrano ha negado la responsabilidad del PP nacional con respecto a la introducción de la navaja en el reglamento de armas, apuntando a la iniciativa del PNV en el Congreso.

El PSOE abandona el pleno

En respuesta, el Grupo Municipal socialista ha acusado al alcalde de “utilizar tanto el Pleno municipal como al sector de la cuchillería con fines puramente partidistas” al ordenar “directamente a sus concejales y concejalas que mostraran unas pancartas de crítica al presidente del Gobierno”.

Los concejales y concejalas del Grupo Municipal Socialista han abandonado en bloque el salón de Plenos en señal de protesta. “El señor Serrano se presenta ante la ciudadanía como un hombre moderado, de centro, cuando la realidad demuestra que es todo lo contrario, es un provocador que se dedica a generar enfrentamientos, porque en el barro se desenvuelve muy bien”, ha manifestado el concejal socialista, José González, que ha exigido disculpas públicas al alcalde.

Apoyo al sector desde el Gobierno de Castilla-La Mancha

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha anunciado que el próximo 1 de junio, el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publicará la convocatoria de ayudas para la modernización y la mejora de los talleres artesanos de la región, también para el sector cuchillero, con una dotación de 600.000 euros y que incluye por segundo año consecutivo la posibilidad de que las asociaciones del sector puedan incluir los gastos de consultoría para la consecución de la Indicación Geográfica Protegida (IGP).

Los grupos municipales de PP, PSOE, Vox y Unidas Podemos del Ayuntamiento de Albacete van a aprobar una moción conjunta en defensa de la cuchillería en el próximo Pleno municipal.

Se trata de un texto pactado con la Asociación de Cuchillerías y Afines (Aprecu) e inspirado en sus peticiones, para “liderar un pacto que reivindique la protección de la cuchillería albaceteña y luche contra la criminalización de un sector estratégico para nuestra economía y que cuenta con más de seis siglos de historia”.

La propuesta que va a aprobar el Pleno el próximo jueves se dirige “al Gobierno de España, al Congreso de los Diputados y al Senado” pidiendo que las futuras modificaciones legislativas, como la Ley de Seguridad Ciudadana o el Reglamento de Armas, “se orienten hacia el endurecimiento de penas y la lucha contra las actitudes criminales en lugar de criminalizar a la cuchillería”.

Asimismo, el texto de la moción pide al Ejecutivo y el Legislativo que “cualquier futura modificación normativa incorpore definiciones técnicas claras y objetivas, garantice la seguridad jurídica, contemple periodos transitorios razonables y evite trasladar toda la carga regulatoria al comercio legal”.

También se solicita “diálogo y colaboración con todas las administraciones públicas para avanzar en medidas eficaces que compatibilicen seguridad ciudadana, proporcionalidad normativa y protección de un sector histórico y estratégico para territorios como Albacete”.

Otro objetivo de la moción es “impulsar declaraciones institucionales tanto en la Diputación de Albacete como en las Cortes de Castilla-La Mancha, el Congreso de los Diputados y el Senado, de apoyo al sector cuchillero albaceteño y de rechazo de la criminalización a la industria cuchillera”.

Ciudad de la Cuchillería

En la moción se argumenta que “Albacete es la Ciudad de la Cuchillería por excelencia en toda España, y aglutina el 90% de la producción cuchillera nacional”, y se recuerdan los seis siglos de tradición cuchillera en la ciudad. Por ello, “de la mano de Aprecu defendemos el oficio cuchillero y promovemos una idea clara: la navaja no es un arma en sí misma, sino una herramienta de trabajo, de uso tradicional y una seña de identidad histórica”.

El texto recoge la preocupación del sector por recientes informaciones sobre una posible reforma del Reglamento de Armas para incorporar restricciones adicionales a las navajas y armas blancas, y se recuerda que “Aprecu y el Ayuntamiento comparten la necesidad de combatir la delincuencia y reforzar la seguridad ciudadana, pero hay que diferenciar entre el uso delictivo de determinados instrumentos y la actividad legítima de un sector histórico, industrial, artesanal y económico que representa miles de empleos directos e indirectos, exportación, innovación y patrimonio cultural. El ordenamiento jurídico español ya dispone de mecanismos suficientes para perseguir y sancionar el uso ilícito de armas blancas, tanto desde la Ley de Seguridad Ciudadana como desde el Código Penal, y debe actuarse contra las conductas violentas, el porte injustificado y el uso intimidatorio o delictivo de estos instrumentos, pero nunca criminalizar su uso cotidiano, profesional, deportivo, cinegético, artesanal o de coleccionismo”.

También se recuerda que “Aprecu viene trasladando hace meses su preocupación por la inseguridad jurídica generada por cambios regulatorios e interpretaciones cambiantes de la normativa, que ya han provocado inmovilización de productos, incertidumbre comercial y pérdidas económicas en empresas que operan conforme a la legislación vigente, perjudicando a esas empresas y a los propios consumidores”.

 La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha criticado una “falta de planificación insultante” respecto a las vacunas de lengua azul, que evidencia la “ineptitud” de la Junta pues “estas se dejan de dar gratuitamente precisamente en el momento clave para poder afrontar la vacunación de este año”.

De Miguel ha mostrado la circular que han recibido los veterinarios y ganaderos, según asegura, “diciendo que no había vacunas y que se suspende la solicitud y el reparto de dosis gratuitas”, lo que, ante el “revuelo” causado, ha llevado al actual consejero de Agricultura, Juan José García, a “desdecirse”.

La portavoz de la confluencia de izquierdas ha lamentado esta “pésima gestión” que se produce “cuando la temporada clave de vacunación es de abril a julio”, como reconoce la propia consejería, cuando el brote más importante que se dio el año pasado “comenzó en julio” y cuando se tardó meses en reponer las vacunas tras agotarse.

“No sé si esto es un caramelito envenenado que le ha dejado la señora Morán al señor García, que ya sabemos que el PP y Vox no van a hacerse la vida más fácil unos a otros, pero lo que sí sabemos -ha añadido- es que esto obedece a una falta de gestión y de previsión tremenda” por parte de “una panda de ineptos” que “no son capaces de gestionar una de las consejerías más importantes de nuestra tierra”.

Para De Miguel, Vox, que votó en contra de las ayudas por las borrascas, son “un absoluto fraude” y opina que “algunos que creyeron que iban a ser los salvadores del campo se van a dar cuenta que... van a ser los que acaben por dar la puntilla final a nuestra agricultura y ganadería familiar”.

Críticas a 'Extremestiza'

Desde Unidas por Extremadura han criticado además que la presidenta de la Junta, María Guardiola, siga por la “misma senda” del “trasnochado discurso” de Ayuso, que ha tenido que cancelar su viaje a México en medio de “un monumental ridículo”, al querer implantar la asignatura optativa Extremestiza.

Más de 30 organizaciones y también personas a título individual han presentado alegaciones al decreto de la asignatura con la que, a su juicio, se busca el “adoctrinamiento ideológico” de los adolescentes al “enaltecer la España imperialista” con “historias románticas y edulcoradas como la de Malinche y Hernán Cortés”.

De Miguel ha remarcado que “la conquista fue un proceso complejo, con sus luces y sus sombras”, que se debe revisar desde “la escucha y la empatía con los pueblos originarios”, y sin obviar “esa violencia estructural del proceso de colonización”.

“Hasta el rey Felipe VI asumió de manera tímida que la conquista no fue ese camino de rosas que nos han intentado vender durante tanto tiempo”, ha apostillado para remarcar su crítica a esta asignatura que trata de imponer “una única visión de la historia que es peligrosa ante el resurgimiento del imperialismo del señor Trump y del señor Netanyahu”.

Unidas Podemos (UP) de Cáceres ha puesto en marcha en elfestival Womad, que arranca este jueves, la campaña 'Yo también soy perraflauta' para reivindicar el carácter “multicultural, abierto y mestizo” del festival frente a los “insultos” del vicepresidente de la Junta y líder regional de Vox, Óscar Fernández, quien “calificó de perroflautas al público asistente y a los ediles de la formación”.

Según el Grupo Municipal Unidas Podemos, Fernández acudió al pleno municipal de abril como público y en el debate de una moción de la coalición para pedir un Punto Violeta durante la celebración de la Semana Santa al igual que existe en el Womad, por ser un evento masivo, lanzó el insulto “perroflautas”.

Durante el debate de la propuesta -que salió adelante con los votos en contra de Vox-, Fernández mantuvo una actitud “maleducada y faltona”, lo que llevó al concejal de UP Álvaro Jaén a pedir la intervención del alcalde, Rafael Mateos, para exigir “respeto institucional” e incluso su expulsión del salón de plenos (en aquel momento todavía no se había anunciado el pacto PP-Vox en la Junta de Extremadura).

Ahora, UP ha anunciado esta campaña hasta el 10 de mayo por la que más de medio centenar de personas lucirán camisetas con el lema 'Yo también soy perraflauta' durante los distintos actos y conciertos programados en el Womad, como la inauguración oficial, este jueves en el Gran Teatro.

Con esta acción, Unidas Podemos busca responder públicamente a lo que considera un “menosprecio” hacia el festival y hacia el modelo de ciudad “abierta y acogedora” que representa el evento cultural,.

La portavoz de la confluencia de izquierdas, Consuelo López, ha explicado que la iniciativa pretende “defender el carácter multirracial, multicultural y abierto del Womad” y rechazar los “discursos de exclusión” que, a su juicio, representa Vox. “Con la ultraderecha y la derecha que compra el discurso de Vox, Cáceres corre el riesgo de perder su carácter abierto y acogedor y nosotras no lo vamos a consentir porque somos perrasflautas y estamos orgullosas de ello”, ha señalado la portavoz de UP.

La campaña concluirá el domingo, 10 de mayo, con distintas acciones de visibilización durante el desarrollo del Womad-ese día se realiza el desfile de clausura- y con un mensaje que, según UP, busca reivindicar “la igualdad de todos los seres humanos frente a quienes defienden la prioridad nacional y el rechazo a la diversidad”. 

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha señalado que este no es un Día del Trabajo cualquiera porque además de reivindicar mejoras salariales y un avance en derechos, hay que decir “alto y claro” que el Gobierno extremeño de PP y Vox “no nos representa” porque ha firmado un acuerdo que “discrimina” a la clase trabajadora.

De Miguel ha hecho estas declaraciones en la manifestación convocada por CCOO y UGT en Mérida, en la que también han estado los diputados de la coalición Nerea Fernández, Alba Soto, Francisco Llera, Juan Schirinzi, David Araújo y José Antonio González.

De Miguel ha indicado que Unidas por Extremadura va a “pelear” desde las calles porque a las personas migrantes que vienen a construir un país mejor “no se les va a dejar tirados, no les vamos a discriminar”.

Además, según ha informado Unidas en una nota, ha subrayado que este Primero de Mayo es “un día para gritar que nativa o extranjera somos la misma clase trabajadora” y ha aseverado que no van a dar “ni un paso atrás en los derechos conseguidos para todos y todas”.

En su opinión, la presidenta de la Junta, María Guardiola, se ha equivocado con la firma de un acuerdo de gobierno “infame” que “avergüenza a un pueblo como el extremeño, un pueblo digno que debajo del brazo tiene siempre historias de emigración”. “Hoy se ha demostrado que la gente honesta y trabajadora está en contra de un acuerdo que nos avergüenza a todos los extremeños y extremeñas”, ha añadido.

El diputado de Unidas por Extremadura, José Antonio González, ha señalado este jueves que la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, se ha rodeado del “núcleo duro” del PP en la composición del nuevo gobierno porque se va a “tragar muchos sapos” con Vox y “no quiere librepensadores”.

González ha recordado que “en el anterior Gobierno presumía de gente independiente que se incorporaba al ejecutivo, ahora ese perfil autónomo ha desaparecido porque tiene claro que aquí va a haber que tragarse muchos sapos”, según recoge la formación en nota de prensa.

Unidas por Extremadura observa una actitud por parte del gobierno y de la presidenta en la que intentan “aparentar normalidad” con el acuerdo de gobierno cuando es “una situación absolutamente anormal”.

El “aberrante” acuerdo, ha indicado, “tiene mucha mercancía ideológica averiada con la incorporación de problemas que no son tales como la migración o la Agenda 2030 y no se habla de los problemas de Extremadura”, algo en lo que pondrá el acento la confluencia de izquierdas.

El diputado ha señalado que en la configuración del gobierno ha habido “un rescate de los damnificados del acuerdo con Vox” en referencia a la consejera Mercedes Morán, “que se queda con los restos” y Laureano Laureano, “que ha dejado de ser senador”.

También ha indicado que Vox va a pasar de gestionar un presupuesto de unos 320 millones que gestionaba en la Consejería de Gestión Forestal, a gestionar aproximadamente 1.200 millones de euros en las dos nuevas consejerías, “cuatro veces más”. González ha recalcado que “Vox con 320 millones, no fue capaz de ejecutar en el año que estuvo ni el 46% del presupuesto y ahora va a gestionar 1.200 millones”.

Ha advertido a agricultores y a ganaderos, así como a los servicios sociales, de “cuáles pueden ser las consecuencias de un Gobierno en el que hay una gente que ha demostrado que trabajar poco y que, si madrugan, que presumen de que madrugan, les cunde los justito”.

Unidas por Extremadura ha criticado este lunes la toma de posesión de María Guardiola, celebrada en la tarde del pasado viernes en el Anfiteatro Romano de Mérida, ya que considera que “fue una puesta de largo más propia de cualquier espectáculo” que del acto institucional que era.

La diputada de esta formación Nerea Fernández ha hecho estas declaraciones en rueda de prensa y ha lamentado que este acto, “grandilocuente y exagerado”, estuviese “alejado de las necesidades de nuestra tierra y de la realidad”.

Para Fernández, la presidenta de la Junta de Extremadura hizo “una entrada que intentó caracterizar de triunfal” tras casi seis meses después de tener “secuestradas las instituciones al anticipar elecciones simplemente por un capricho”.

“Esta muestra de triunfalismo no se corresponde a la realidad”, ha insistido la parlamentaria de Unidas, quien ha recordado que en su discurso María Guardiola “no hizo alusión ninguna a la prioridad nacional, muy presente en el acuerdo que sustenta este Gobierno de PP y de Vox”.

En ese sentido, ha evidenciado la diferencia entre la entrada en el Anfiteatro y la que hizo Guardiola la pasada semana en la Asamblea de Extremadura “por la puerta de atrás, porque no quería verse con la concentración de las personas de cooperación internacional que han visto y que van a ver muy mermado su trabajo con este pacto de la vergüenza”.

Tras insistir en que esperan “poco o nada” de la legislatura que ahora arranca en Extremadura, ha contestado a la petición de respeto que en su acto de investidura María Guardiola realizó a la oposición y ha dejado claro que, “desde el respeto”, siempre van a estar “muy pendientes de todo lo que haga este gobierno de coalición de la ultra y de la extrema derecha”.

Además, Fernández ha pedido “respeto para todos y para todas las extremeñas”, no sólo para “los nacidos aquí”, sino también para quienes “vienen de fuera, que pertenecen a nuestra tierra y que, desde luego, no se les ha respetado en este acuerdo de la vergüenza”.

Asimismo, se ha preguntado si el gobierno extremeño “tiene algo que decir” sobre “las pintadas de odio” que aparecieron en la fachada de la Fundación Ruy López de Almendralejo, sobre la huelga del servicio de limpieza del Hospital de Mérida o sobre las niñas y los niños que se van a quedar sin sus clases de árabe en los colegios de Talayuela.

Por último, la diputada de Unidas por Extremadura ha insistido en que el nuevo gobierno de coalición PP-Vox no dará estabilidad y seguridad a la región, que es lo que desean los ciudadanos extremeños, sino que “la crispación va a ser el día a día”, ha informado la formación de izquierdas en nota de prensa. 

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha arremetido este lunes contra el acuerdo de gobierno entre PP y Vox en la región, al que ha calificado de “infame”, “indecente”, “racista” y “profundamente clasista”. Además, ha acusado al Partido Popular de utilizar este pacto como herramienta de presión en otros territorios, como Andalucía, ante futuros procesos electorales.

En su comparecencia semanal, De Miguel ha sostenido que las negociaciones han estado “tuteladas desde Madrid”, lo que, a su juicio, demuestra que ambas formaciones en Extremadura “son meras franquicias” que responden a intereses nacionales y no a la realidad de la comunidad.

Como ejemplo, ha señalado que uno de los ejes centrales del acuerdo sea la inmigración en una región que, según ha recordado, presenta una de las tasas más bajas del país. “Lejos de ser un problema, es una solución a la despoblación”, ha defendido.

La dirigente de Unidas por Extremadura ha afirmado que, más allá de su viabilidad jurídica, el pacto responde a la imposición de un marco político por parte de Vox. “Han querido imponer un relato y lo han conseguido”, ha dicho, en referencia a medidas como la denominada “prioridad nacional”.

En este contexto, ha cargado contra la candidata a la Presidencia de la Junta, María Guardiola, a la que ha acusado de haber “sacrificado” los intereses de Extremadura para beneficiar la estrategia del PP a nivel estatal, en particular de cara a reforzar la posición del presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla.

De Miguel también ha puesto en duda la estabilidad del futuro Ejecutivo autonómico, al considerar que el acuerdo se ha firmado “con desconfianza” y que no se mantendrá durante toda la legislatura. En su opinión, la continuidad del pacto dependerá de las decisiones del líder de Vox, Santiago Abascal, en función de sus intereses en la política nacional.

Asimismo, ha criticado la supuesta falta de convicción de Guardiola con el acuerdo alcanzado y ha cuestionado su actitud ante el mismo. “No creo que pueda sacar mucho pecho de lo que ha firmado”, ha señalado en relación con el Debate de Investidura que comienza este martes en la Asamblea de Extremadura.

Por último, ha advertido de que su formación ejercerá una oposición constante durante la legislatura, tanto sobre el contenido explícito del pacto como sobre aquellos aspectos que, a su juicio, no han sido detallados públicamente.

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, se ha mostrado convencida este lunes, tras la elección de Álvaro Sánchez Cotrina como nuevo líder del PSOE regional, de que si se celebraran elecciones autonómicas y los números dieran una mayoría a su grupo y los socialistas, “en menos de un mes” habría gobierno en la comunidad autónoma.

“Estoy segura de que si los números dan, en menos de un mes nos ponemos de acuerdo para que haya un gobierno que empiece a mirar por Extremadura”, ha manifestado este lunes en una rueda de prensa en la que ha trasladado su enhorabuena al nuevo secretario general de los socialistas tras su elección en primarias el pasado sábado.

A preguntas de los medios, tras recordar que con el anterior líder de los socialistas, Miguel Ángel Gallardo, era “imposible” llegar a un acuerdo, ha señalado que con su sucesor sí habría un gobierno de progreso en Extremadura. “Nosotras no íbamos a estar pendientes de ninguna negociación a alto nivel, de ningún representante que venga de Madrid a decirnos lo que tenemos o no tenemos que hacer”, ha aseverado De Miguel en alusión a la reunión que dirigentes nacionales y regionales de PP y Vox celebraron el pasado viernes en Mérida.

Llegado el caso, ha aclarado que desconoce si Unidas entraría en el gobierno o solo apoyaría desde fuera, pero “lo que sí tengo claro -ha subrayado- es que no haríamos ni el circo, ni el paripé, ni el culebrón cutre al que nos han obligado a asistir la derecha y la extrema derecha en Extremadura”.

A su juicio, PP y Vox han demostrado su “incapacidad” para llegar a un acuerdo de gobierno teniendo entre ambos el 60 por ciento de representación en la Asamblea, lo que ha achacado a que “dependen” de que sus partidos en Madrid les den el visto bueno. Por ello, ha argumentado que Extremadura “no se merece ese gobierno” y que lo mejor que le puede pasar a sus ciudadanos es que se convoquen nuevas elecciones autonómicas.

En este sentido, se ha mostrado convencida de que “en el camino de defender derechos, de avanzar y de defender lo que es de todos y de todas, que son nuestros servicios públicos”, se va a encontrar con Sánchez Cotrina.

A su juicio, “lo más insultante” después “de cinco meses de parálisis” que es que “seguimos sin gobierno en Extremadura y que ese gobierno lo va a decidir el altísimo”, ha dicho en alusión a las palabras que el portavoz parlamentario de Vox, Óscar Fernández Calle, pronunció el pasado jueves en el Pleno del Parlamento.

“Lo que nos vino a decir es que aquí Extremadura no pinta nada” y que quienes van a dar luz verde al gobierno son sus líderes estatales, ha advertido De Miguel para quien lo peor no es “la humillación a la que Vox quiere someter a la señora Guardiola”, sino es que la formación del nuevo ejecutivo extremeño dependa de “intereses ajenos” a Extremadura.

Por otra parte, la portavoz de Unidas ha informado de la presencia, el jueves en Badajoz y el viernes en Cáceres, del científico y divulgador Antonio Turiel, quien alertará del panorama que se avecina con la crisis energética derivada de la escasez de combustibles.

Unidas por Criptana pone en marcha una campaña de recogida de firmas para exigir una “solución urgente” ante la situación de “peligro diario que sufren cientos de trabajadores y trabajadoras” de Campo de Criptana (Ciudad Real).

Aseguran que esta iniciativa, en colaboración con los sindicatos de las empresas localizadas en la Avenida de la Industria, tiene como objetivo “recabar el apoyo de la ciudadanía” para acompañar una moción que será presentada en el Ayuntamiento de Campo de Criptana, en la que se solicita la construcción de una pasarela peatonal elevada sobre las vías férreas, paralela al puente de la carretera CM-3105.

Cruzar por una carretera sin arcén

Actualmente, el acceso a pie a la Avenida de la Industria obliga a cruzar por un punto que “carece de condiciones mínimas de seguridad”. Las personas que se desplazan caminando deben transitar por un puente “estrecho, sin espacio adecuado para peatones y compartiendo calzada con vehículos”, incluidos camiones y maquinaria pesada. Desde Unidas por Criptana señalan que esta situación “se agrava especialmente en horarios de entrada y salida laboral, así como en condiciones de baja visibilidad o climatología adversa”.

Exponen que aunque no se hayan producido accidentes graves conocidos, “los sustos y situaciones de peligro son constantes, lo que evidencia la existencia de un problema estructural que requiere una respuesta inmediata”.

“La seguridad en el acceso al trabajo no puede depender de la suerte. No es aceptable que haya vecinos y vecinas que tengan que asumir riesgos innecesarios cada día para llegar a su puesto de trabajo”, señalan desde la formación.

La propuesta planteada pasa por la construcción de una pasarela peatonal elevada que permita conectar de forma segura el casco urbano con la Avenida de la Industria, eliminando “el riesgo actual” y mejorando la seguridad vial. Asimismo, se plantea que esta infraestructura pueda ser utilizada también por bicicletas y vehículos de movilidad personal, favoreciendo una solución más completa, accesible y adaptada a las necesidades actuales de movilidad.

Una campaña abierta a toda la población

Desde Unidas por Criptana apuntan que, “si bien las competencias afectan a administraciones supramunicipales como la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y ADIF, corresponde al Ayuntamiento liderar las gestiones necesarias y defender los intereses de la ciudadanía”.

La campaña de recogida de firmas ya se encuentra en marcha y está abierta a toda la población. Las firmas recogidas serán presentadas junto a la moción en el ayuntamiento, con el objetivo de “reforzar la demanda social y exigir un compromiso institucional real, con plazos concretos para el inicio de las actuaciones”.

Desde la formación invitan a las personas interesadas en apoyar esta iniciativa y participar en la recogida de firmas a ponerse en contacto a través de sus perfiles en redes sociales o mediante el correo electrónico iucampodecriptana@gmail.com .

La portavoz parlamentaria de Unidas por Extremadura (UPE), Irene de Miguel, considera que el portavoz parlamentario de Esquerra, Gabriel Rufián, “ha sido valiente al abrir el melón de la unidad”, y ha defendido que la unidad “es algo en lo que hay que creer” y a la que hay que llegar “no por un mero cálculo o interés electoral”.

Por ello, en la habitual rueda de prensa de los lunes, Irene de Miguel ha alabado la actitud de Rufián de “abrir y hacerlo con todas sus consecuencias” y ha añadido que “bienvenido todos esos esfuerzos porque estoy de acuerdo en que algo hay que hacer. No podemos mantenernos de brazos cruzados”.

Irene de Miguel ha recordado que “la receta extremeña” dio sus resultados en las elecciones del 21 de diciembre, duplicando la representación parlamentaria, porque “nos lo hemos creído porque llevamos 7 años trabajando en unidad, construyendo unidades por Extremadura y la gente nos reconoce como un espacio sólido, solvente y útil a la ciudadanía”.

“Además -ha añadido- saben que no lo hacemos por cálculo electoral. Lo hacemos por convicción, porque creemos que tenemos muchas más cosas que nos unen que en las que nos separan”.

Por este motivo, ha avanzado que “obviamente vamos a empujar porque haya un proyecto estatal de izquierdas transformador que aglutine las mayores alianzas, para que pueda ser un proyecto también bueno que triunfe”. 

La izquierda confederal está intentando reconfigurarse en las últimas semanas tras perder en la última década más de la mitad de su representación en los parlamentos autonómicos. Por un lado, los partidos que configuraron la coalición de Sumar están trabajando en una alianza para las próximas citas electorales después de encajar fuertes caídas en los recientes comicios de Aragón y Castilla y León, donde se quedaron sin escaños. En Extremadura, en cambio, la alianza Unidas por Extremadura que aglutinó a Podemos, IU y Alianza Verde sí consiguió mejorar su resultado pasando de cuatro a siete diputados en la Asamblea extremeña.

De momento, los pasos que han dado los partidos de Sumar se concentraron en un acto conjunto el pasado 21 de febrero bajo el lema 'Un paso al frente', en el que representantes de Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y Comuns escenificaron su unidad de acción. Pero aún está por concretar cuál será el nombre de la coalición y, sobre todo, su principal cabeza visible tras el anuncio de la vicepresidenta Yolanda Díaz de dar un paso al lado y dejar el liderazgo del espacio. Todos los partidos han pedido informalmente al ministro Pablo Bustinduy que sea él su máximo representante, pero él ya ha dicho que, por el momento, no está dispuesto a asumir esa responsabilidad.

Podemos, por su parte, anunció una “reflexión rotunda” tras la debacle en Castilla y León del pasado 15 de marzo donde se quedaron como fuerza extraparlamentaria. A la espera de conocer más detalles de esos cambios anunciados, este jueves trascendió que su secretaria de Organización y candidata a las futuras generales, Irene Montero, protagonizará un acto en Barcelona junto al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y el excoordinador de Catalunya en Comú Xavier Domènech. El acto adquiere especial relevancia después de la iniciativa protagonizada por el propio Rufián el 18 de febrero junto al diputado madrileño de Más Madrid Emilio Delgado, en el que ambos reclamaron sinergias entre las fuerzas de la izquierda confederal y los partidos progresistas de corte soberanista para intentar lograr la mayor representación posible en nuevas elecciones y frenar el ascenso de la extrema derecha.

Todos esos movimientos en el espacio confederal responden a la realidad de las urnas. En 2015, al poco del nacimiento de Podemos, las fuerzas de la izquierda alternativa contaban con 186 representantes en los distintos parlamentos autonómicos, una cifra que alcanzó su techo un año después, en 2016, cuando tras los procesos electorales de ese año llegaron a los 202 diputados en las cámaras regionales. Desde entonces esa cifra ha ido cayendo de forma progresiva, especialmente desde 2021. La fotografía actual muestra que esos escaños de la izquierda confederal en los territorios son solo 82, menos de la mitad que en 2015. Es más, los partidos del espacio alternativo se han quedado progresivamente sin diputados en Castilla y León, Galicia, Canarias, Cantabria y Castilla-La Mancha, mientras en Illes Balears y Euskadi solo cuentan con un parlamentario.

Los dos territorios donde más fuerza han tenido los partidos del espacio confederal en la última década han sido la Comunitat Valenciana y la de Madrid. De hecho, en esta última, los distintos partidos del espacio –primero, IU y Podemos y, después, Más Madrid– se han mantenido en los 27 escaños desde entonces. En las elecciones autonómicas de 2015 fue Podemos el que, en solitario, alcanzó esos 27 diputados. Cuatro años después, cuando se creó Más Madrid a raíz de la escisión de Podemos, la coalición regional logró 20 escaños y la alianza de Podemos e IU (Unidas Podemos - Izquierda Unida - Madrid en pie) obtuvo siete. Ese mismo esquema se repitió en 2021. Y en los últimos comicios, los de 2023, fue Más Madrid quien obtuvo los 27 escaños, mientras Unidas Podemos (Podemos + IU) no logró representación.

En la Comunitat Valenciana, la izquierda confederal (en este caso, además de IU y Podemos también se ha presentado Compromís) alcanzó su mejor cifra en 2015. Entonces Compromís logró 19 escaños y Podemos, 13, por lo que, en suma, alcanzaron los 32 diputados en les Corts, y eso que Esquerra Unida, que concurría por separado, no logró representación. Cuatro años después, en 2019, Podemos e IU sí fueron en una lista conjunta bajo las siglas de Unides Podem. Entonces la coalición logró ocho escaños que, sumados a los 17 que obtuvo Compromís, alcanzaron los 25. Las últimas elecciones valencianas fueron en 2023 y, desde entonces, tan solo está Compromís en les Corts con 15 escaños, ya que la alianza de Unides Podem no obtuvo representación.

Andalucía, otra de las plazas fuertes de la izquierda, también ha vivido un progresivo declive de la izquierda confederal. Hace una década, en 2015, la suma de Podemos e IU, que concurrieron en listas distintas, alcanzó los 20 diputados (15 de Podemos y cinco de IU). En 2018, en cambio, se logró una alianza conjunta que se denominó Adelante Andalucía y que logró 17 diputados en el Parlamento andaluz. El grupo se rompió con la escisión de las principales fuerzas políticas. Ya en 2022 –los últimos comicios celebrados hasta el momento– el proyecto Adelante Andalucía se presentó sin Podemos ni IU, que crearon su propia alianza: Por Andalucía. El primer grupo logró solo dos escaños y el segundo, cinco, por lo que la izquierda confederal alcanzó los siete escaños.

En 2015, los partidos de la izquierda confederal en Aragón –Podemos, IU y Chunta, por separado– llegaban a los 17 escaños. Desde entonces su representación se ha ido mermando si bien encajó un pequeño repunte el pasado 8 de febrero por el crecimiento de Chunta. En 2019, los tres partidos volvieron a presentarse por separado. Podemos sufrió una fuerte bajada al perder nueve escaños y quedarse en solo cinco, IU mantuvo uno y Chunta logró tres, por lo que, en suma, se quedaron en nueve parlamentarios en las Cortes aragonesas. El espacio continuó empequeñeciendo en los siguientes comicios, los de 2023. También con candidaturas independientes, los partidos de la izquierda confederal se quedaron en solo cinco diputados (tres de Chunta, uno por Podemos y otro por IU) en las elecciones de 2023. Y, finalmente, en las elecciones del pasado día 15 Podemos no logró escaños en las nuevas Cortes, pero Chunta escaló hasta los seis parlamentarios e IU mantuvo uno.

Aunque con cifras más reducidas, el fenómeno se ha repetido también en Asturias. El ciclo comenzó en 2015 con 14 escaños para la izquierda confederal, que se presentó en dos candidaturas: Podemos (nueve) e IU (cinco). En las siguientes elecciones el espacio confederal se estrechó al quedarse con solo seis representantes, cuatro de Podemos y dos de IU, que se presentó como Asturias por la Izquierda. Y en las últimas elecciones al Principado, celebradas en 2023, la izquierda confederal continuó mermando: Podemos logró un solo escaño y Convocatoria por Asturias –marca en la que concurrió IU–, tres, con lo que pasaron de los seis a solo cuatro.

El mayor éxito de los partidos a la izquierda del PSOE en Castilla y León se dio precisamente en 2015. En las elecciones de ese año Podemos obtuvo diez procuradores en las Cortes castellanas y leonesas e IU logró uno: en suma, 11 escaños para el espacio confederal. En 2019 hubo una debacle para sus intereses. Podemos e IU concurrieron por separado y la primera obtuvo solo dos parlamentarios mientras la segunda se quedó sin representación. En 2022 sí fueron juntos y únicamente lograron un representante en las Cortes, pero en los comicios del pasado día 15 ni siquiera consiguieron ese escaño y la izquierda confederal desapareció del nuevo parlamento.

En Catalunya, IU y Podem sí concurrieron de forma conjunta en las elecciones de 2015. La coalición Catalunya Sí Que Es Pot obtuvo entonces once asientos en el Parlament. Dos años después, en los comicios de 2017, la nueva coalición Catalunya En Comú Podem bajó hasta los ocho diputados, los mismos que logró en 2021. En la última llamada a las urnas a los catalanes, en 2024, los Comuns concurrieron sin Podem, que optó por no presentarse a las elecciones, y lograron solo seis escaños. En Illes Balears el espacio comenzó la década con diez diputados, los obtenidos por Podemos, pero la cifra se redujo a seis en los comicios de 2019, y eso que concurrieron juntos Podemos e IU bajo las siglas de Unidas Podemos. En 2023, última fecha con las urnas abiertas en las islas, la alianza se hundió al quedarse con un único escaño en el Parlament balear (donde Més per Mallorca sí cuenta con cuatro diputados aunque no se ha incluido en este trabajo porque en la última década también ha concurrido en alianzas con fuerzas independentistas).

Una de las comunidades donde la izquierda confederal se ha quedado sin representantes parlamentarios ha sido Galicia. En 2015 la cámara autonómica estaba configurada por las elecciones de 2012, en las que Alternativa Galega de Esquerdas (unión de Anova y Esquerda Unida) irrumpió con nueve escaños. En 2016, siguiente cita con las urnas, Podemos, Anova y Esqueda Unida conformaron En Marea, que logró 14 escaños. La coalición se llamó Galicia En Común en 2020, pero no logró ni un escaño. Tampoco obtuvieron representación Sumar ni Podemos en las últimas elecciones, las de 2024, en las que concurrieron por separado.

En Canarias, en 2015, Podemos logró siete escaños, que se vieron reducidos a cuatro en 2019, cuando la candidatura se llamó Sí Podemos Canarias, e integró a todo el espacio confederal. Desde 2023 la izquierda alternativa no tiene representación en el parlamento canario. En Navarra en 2015 se presentaron por separado Podemos e Izquierda-Ezkerra (las siglas en las que concurrió IU). En conjunto obtuvieron nueve escaños –siete de Podemos y dos de IE–, una cifra que con el mismo escenario electoral se redujo a solo tres en 2019 (dos de Podemos y uno de IE). En 2023, las últimas elecciones, la candidatura se llamó Contigo Navarra - Zurekin, y la integraron Podemos Navarra, Izquierda Unida de Navarra, Batzarre, Alianza Verde y Verdes Equo. Solo logró tres escaños.

La deriva a la baja solo se ha revertido en Extremadura. En 2015 Podemos tuvo seis parlamentarios en la Asamblea extremeña mientras la alianza Ganemos Extremadura en la que se integró IU no logró ninguno. En 2019, cuando Podemos e IU ya concurrieron juntos, cuatro, los mismos que en 2023. Pero en las elecciones de diciembre Unidas por Extremadura mejoró y alcanzó los siete diputados. En cambio, en Murcia, La Rioja, Cantabria y Castilla-La Mancha, donde Podemos e IU también se han presentado de forma conjunta desde 2015, la evolución ha sido negativa. La izquierda murciana pasó de seis diputados en 2015 a los dos actuales. Fueron cuatro los representantes del espacio confederal en La Rioja hace una década, pero desde 2019 solo tienen dos. Cantabria comenzó la década con tres escaños de Podemos-IU, que perdió en 2019 y no ha vuelto a recuperar.

Finalmente, el escenario es peculiar en Euskadi, donde en 2015 la izquierda confederal no estaba representada en el Parlamento de Vitoria. En 2016, Elkarrekin Podemos (alianza de Podemos y Ezker Batua) irrumpió con fuerza con 11 diputados, pero en 2020 su apoyo se redujo hasta los seis escaños. En los últimos comicios, los de 2024, Sumar y Podemos concurrieron por separado y solo consiguió representación la primera, con un único asiento.