La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, se ha mostrado convencida este lunes, tras la elección de Álvaro Sánchez Cotrina como nuevo líder del PSOE regional, de que si se celebraran elecciones autonómicas y los números dieran una mayoría a su grupo y los socialistas, “en menos de un mes” habría gobierno en la comunidad autónoma.

“Estoy segura de que si los números dan, en menos de un mes nos ponemos de acuerdo para que haya un gobierno que empiece a mirar por Extremadura”, ha manifestado este lunes en una rueda de prensa en la que ha trasladado su enhorabuena al nuevo secretario general de los socialistas tras su elección en primarias el pasado sábado.

A preguntas de los medios, tras recordar que con el anterior líder de los socialistas, Miguel Ángel Gallardo, era “imposible” llegar a un acuerdo, ha señalado que con su sucesor sí habría un gobierno de progreso en Extremadura. “Nosotras no íbamos a estar pendientes de ninguna negociación a alto nivel, de ningún representante que venga de Madrid a decirnos lo que tenemos o no tenemos que hacer”, ha aseverado De Miguel en alusión a la reunión que dirigentes nacionales y regionales de PP y Vox celebraron el pasado viernes en Mérida.

Llegado el caso, ha aclarado que desconoce si Unidas entraría en el gobierno o solo apoyaría desde fuera, pero “lo que sí tengo claro -ha subrayado- es que no haríamos ni el circo, ni el paripé, ni el culebrón cutre al que nos han obligado a asistir la derecha y la extrema derecha en Extremadura”.

A su juicio, PP y Vox han demostrado su “incapacidad” para llegar a un acuerdo de gobierno teniendo entre ambos el 60 por ciento de representación en la Asamblea, lo que ha achacado a que “dependen” de que sus partidos en Madrid les den el visto bueno. Por ello, ha argumentado que Extremadura “no se merece ese gobierno” y que lo mejor que le puede pasar a sus ciudadanos es que se convoquen nuevas elecciones autonómicas.

En este sentido, se ha mostrado convencida de que “en el camino de defender derechos, de avanzar y de defender lo que es de todos y de todas, que son nuestros servicios públicos”, se va a encontrar con Sánchez Cotrina.

A su juicio, “lo más insultante” después “de cinco meses de parálisis” que es que “seguimos sin gobierno en Extremadura y que ese gobierno lo va a decidir el altísimo”, ha dicho en alusión a las palabras que el portavoz parlamentario de Vox, Óscar Fernández Calle, pronunció el pasado jueves en el Pleno del Parlamento.

“Lo que nos vino a decir es que aquí Extremadura no pinta nada” y que quienes van a dar luz verde al gobierno son sus líderes estatales, ha advertido De Miguel para quien lo peor no es “la humillación a la que Vox quiere someter a la señora Guardiola”, sino es que la formación del nuevo ejecutivo extremeño dependa de “intereses ajenos” a Extremadura.

Por otra parte, la portavoz de Unidas ha informado de la presencia, el jueves en Badajoz y el viernes en Cáceres, del científico y divulgador Antonio Turiel, quien alertará del panorama que se avecina con la crisis energética derivada de la escasez de combustibles.

Unidas por Criptana pone en marcha una campaña de recogida de firmas para exigir una “solución urgente” ante la situación de “peligro diario que sufren cientos de trabajadores y trabajadoras” de Campo de Criptana (Ciudad Real).

Aseguran que esta iniciativa, en colaboración con los sindicatos de las empresas localizadas en la Avenida de la Industria, tiene como objetivo “recabar el apoyo de la ciudadanía” para acompañar una moción que será presentada en el Ayuntamiento de Campo de Criptana, en la que se solicita la construcción de una pasarela peatonal elevada sobre las vías férreas, paralela al puente de la carretera CM-3105.

Cruzar por una carretera sin arcén

Actualmente, el acceso a pie a la Avenida de la Industria obliga a cruzar por un punto que “carece de condiciones mínimas de seguridad”. Las personas que se desplazan caminando deben transitar por un puente “estrecho, sin espacio adecuado para peatones y compartiendo calzada con vehículos”, incluidos camiones y maquinaria pesada. Desde Unidas por Criptana señalan que esta situación “se agrava especialmente en horarios de entrada y salida laboral, así como en condiciones de baja visibilidad o climatología adversa”.

Exponen que aunque no se hayan producido accidentes graves conocidos, “los sustos y situaciones de peligro son constantes, lo que evidencia la existencia de un problema estructural que requiere una respuesta inmediata”.

“La seguridad en el acceso al trabajo no puede depender de la suerte. No es aceptable que haya vecinos y vecinas que tengan que asumir riesgos innecesarios cada día para llegar a su puesto de trabajo”, señalan desde la formación.

La propuesta planteada pasa por la construcción de una pasarela peatonal elevada que permita conectar de forma segura el casco urbano con la Avenida de la Industria, eliminando “el riesgo actual” y mejorando la seguridad vial. Asimismo, se plantea que esta infraestructura pueda ser utilizada también por bicicletas y vehículos de movilidad personal, favoreciendo una solución más completa, accesible y adaptada a las necesidades actuales de movilidad.

Una campaña abierta a toda la población

Desde Unidas por Criptana apuntan que, “si bien las competencias afectan a administraciones supramunicipales como la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y ADIF, corresponde al Ayuntamiento liderar las gestiones necesarias y defender los intereses de la ciudadanía”.

La campaña de recogida de firmas ya se encuentra en marcha y está abierta a toda la población. Las firmas recogidas serán presentadas junto a la moción en el ayuntamiento, con el objetivo de “reforzar la demanda social y exigir un compromiso institucional real, con plazos concretos para el inicio de las actuaciones”.

Desde la formación invitan a las personas interesadas en apoyar esta iniciativa y participar en la recogida de firmas a ponerse en contacto a través de sus perfiles en redes sociales o mediante el correo electrónico iucampodecriptana@gmail.com .

La portavoz parlamentaria de Unidas por Extremadura (UPE), Irene de Miguel, considera que el portavoz parlamentario de Esquerra, Gabriel Rufián, “ha sido valiente al abrir el melón de la unidad”, y ha defendido que la unidad “es algo en lo que hay que creer” y a la que hay que llegar “no por un mero cálculo o interés electoral”.

Por ello, en la habitual rueda de prensa de los lunes, Irene de Miguel ha alabado la actitud de Rufián de “abrir y hacerlo con todas sus consecuencias” y ha añadido que “bienvenido todos esos esfuerzos porque estoy de acuerdo en que algo hay que hacer. No podemos mantenernos de brazos cruzados”.

Irene de Miguel ha recordado que “la receta extremeña” dio sus resultados en las elecciones del 21 de diciembre, duplicando la representación parlamentaria, porque “nos lo hemos creído porque llevamos 7 años trabajando en unidad, construyendo unidades por Extremadura y la gente nos reconoce como un espacio sólido, solvente y útil a la ciudadanía”.

“Además -ha añadido- saben que no lo hacemos por cálculo electoral. Lo hacemos por convicción, porque creemos que tenemos muchas más cosas que nos unen que en las que nos separan”.

Por este motivo, ha avanzado que “obviamente vamos a empujar porque haya un proyecto estatal de izquierdas transformador que aglutine las mayores alianzas, para que pueda ser un proyecto también bueno que triunfe”. 

La izquierda confederal está intentando reconfigurarse en las últimas semanas tras perder en la última década más de la mitad de su representación en los parlamentos autonómicos. Por un lado, los partidos que configuraron la coalición de Sumar están trabajando en una alianza para las próximas citas electorales después de encajar fuertes caídas en los recientes comicios de Aragón y Castilla y León, donde se quedaron sin escaños. En Extremadura, en cambio, la alianza Unidas por Extremadura que aglutinó a Podemos, IU y Alianza Verde sí consiguió mejorar su resultado pasando de cuatro a siete diputados en la Asamblea extremeña.

De momento, los pasos que han dado los partidos de Sumar se concentraron en un acto conjunto el pasado 21 de febrero bajo el lema 'Un paso al frente', en el que representantes de Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y Comuns escenificaron su unidad de acción. Pero aún está por concretar cuál será el nombre de la coalición y, sobre todo, su principal cabeza visible tras el anuncio de la vicepresidenta Yolanda Díaz de dar un paso al lado y dejar el liderazgo del espacio. Todos los partidos han pedido informalmente al ministro Pablo Bustinduy que sea él su máximo representante, pero él ya ha dicho que, por el momento, no está dispuesto a asumir esa responsabilidad.

Podemos, por su parte, anunció una “reflexión rotunda” tras la debacle en Castilla y León del pasado 15 de marzo donde se quedaron como fuerza extraparlamentaria. A la espera de conocer más detalles de esos cambios anunciados, este jueves trascendió que su secretaria de Organización y candidata a las futuras generales, Irene Montero, protagonizará un acto en Barcelona junto al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y el excoordinador de Catalunya en Comú Xavier Domènech. El acto adquiere especial relevancia después de la iniciativa protagonizada por el propio Rufián el 18 de febrero junto al diputado madrileño de Más Madrid Emilio Delgado, en el que ambos reclamaron sinergias entre las fuerzas de la izquierda confederal y los partidos progresistas de corte soberanista para intentar lograr la mayor representación posible en nuevas elecciones y frenar el ascenso de la extrema derecha.

Todos esos movimientos en el espacio confederal responden a la realidad de las urnas. En 2015, al poco del nacimiento de Podemos, las fuerzas de la izquierda alternativa contaban con 186 representantes en los distintos parlamentos autonómicos, una cifra que alcanzó su techo un año después, en 2016, cuando tras los procesos electorales de ese año llegaron a los 202 diputados en las cámaras regionales. Desde entonces esa cifra ha ido cayendo de forma progresiva, especialmente desde 2021. La fotografía actual muestra que esos escaños de la izquierda confederal en los territorios son solo 82, menos de la mitad que en 2015. Es más, los partidos del espacio alternativo se han quedado progresivamente sin diputados en Castilla y León, Galicia, Canarias, Cantabria y Castilla-La Mancha, mientras en Illes Balears y Euskadi solo cuentan con un parlamentario.

Los dos territorios donde más fuerza han tenido los partidos del espacio confederal en la última década han sido la Comunitat Valenciana y la de Madrid. De hecho, en esta última, los distintos partidos del espacio –primero, IU y Podemos y, después, Más Madrid– se han mantenido en los 27 escaños desde entonces. En las elecciones autonómicas de 2015 fue Podemos el que, en solitario, alcanzó esos 27 diputados. Cuatro años después, cuando se creó Más Madrid a raíz de la escisión de Podemos, la coalición regional logró 20 escaños y la alianza de Podemos e IU (Unidas Podemos - Izquierda Unida - Madrid en pie) obtuvo siete. Ese mismo esquema se repitió en 2021. Y en los últimos comicios, los de 2023, fue Más Madrid quien obtuvo los 27 escaños, mientras Unidas Podemos (Podemos + IU) no logró representación.

En la Comunitat Valenciana, la izquierda confederal (en este caso, además de IU y Podemos también se ha presentado Compromís) alcanzó su mejor cifra en 2015. Entonces Compromís logró 19 escaños y Podemos, 13, por lo que, en suma, alcanzaron los 32 diputados en les Corts, y eso que Esquerra Unida, que concurría por separado, no logró representación. Cuatro años después, en 2019, Podemos e IU sí fueron en una lista conjunta bajo las siglas de Unides Podem. Entonces la coalición logró ocho escaños que, sumados a los 17 que obtuvo Compromís, alcanzaron los 25. Las últimas elecciones valencianas fueron en 2023 y, desde entonces, tan solo está Compromís en les Corts con 15 escaños, ya que la alianza de Unides Podem no obtuvo representación.

Andalucía, otra de las plazas fuertes de la izquierda, también ha vivido un progresivo declive de la izquierda confederal. Hace una década, en 2015, la suma de Podemos e IU, que concurrieron en listas distintas, alcanzó los 20 diputados (15 de Podemos y cinco de IU). En 2018, en cambio, se logró una alianza conjunta que se denominó Adelante Andalucía y que logró 17 diputados en el Parlamento andaluz. El grupo se rompió con la escisión de las principales fuerzas políticas. Ya en 2022 –los últimos comicios celebrados hasta el momento– el proyecto Adelante Andalucía se presentó sin Podemos ni IU, que crearon su propia alianza: Por Andalucía. El primer grupo logró solo dos escaños y el segundo, cinco, por lo que la izquierda confederal alcanzó los siete escaños.

En 2015, los partidos de la izquierda confederal en Aragón –Podemos, IU y Chunta, por separado– llegaban a los 17 escaños. Desde entonces su representación se ha ido mermando si bien encajó un pequeño repunte el pasado 8 de febrero por el crecimiento de Chunta. En 2019, los tres partidos volvieron a presentarse por separado. Podemos sufrió una fuerte bajada al perder nueve escaños y quedarse en solo cinco, IU mantuvo uno y Chunta logró tres, por lo que, en suma, se quedaron en nueve parlamentarios en las Cortes aragonesas. El espacio continuó empequeñeciendo en los siguientes comicios, los de 2023. También con candidaturas independientes, los partidos de la izquierda confederal se quedaron en solo cinco diputados (tres de Chunta, uno por Podemos y otro por IU) en las elecciones de 2023. Y, finalmente, en las elecciones del pasado día 15 Podemos no logró escaños en las nuevas Cortes, pero Chunta escaló hasta los seis parlamentarios e IU mantuvo uno.

Aunque con cifras más reducidas, el fenómeno se ha repetido también en Asturias. El ciclo comenzó en 2015 con 14 escaños para la izquierda confederal, que se presentó en dos candidaturas: Podemos (nueve) e IU (cinco). En las siguientes elecciones el espacio confederal se estrechó al quedarse con solo seis representantes, cuatro de Podemos y dos de IU, que se presentó como Asturias por la Izquierda. Y en las últimas elecciones al Principado, celebradas en 2023, la izquierda confederal continuó mermando: Podemos logró un solo escaño y Convocatoria por Asturias –marca en la que concurrió IU–, tres, con lo que pasaron de los seis a solo cuatro.

El mayor éxito de los partidos a la izquierda del PSOE en Castilla y León se dio precisamente en 2015. En las elecciones de ese año Podemos obtuvo diez procuradores en las Cortes castellanas y leonesas e IU logró uno: en suma, 11 escaños para el espacio confederal. En 2019 hubo una debacle para sus intereses. Podemos e IU concurrieron por separado y la primera obtuvo solo dos parlamentarios mientras la segunda se quedó sin representación. En 2022 sí fueron juntos y únicamente lograron un representante en las Cortes, pero en los comicios del pasado día 15 ni siquiera consiguieron ese escaño y la izquierda confederal desapareció del nuevo parlamento.

En Catalunya, IU y Podem sí concurrieron de forma conjunta en las elecciones de 2015. La coalición Catalunya Sí Que Es Pot obtuvo entonces once asientos en el Parlament. Dos años después, en los comicios de 2017, la nueva coalición Catalunya En Comú Podem bajó hasta los ocho diputados, los mismos que logró en 2021. En la última llamada a las urnas a los catalanes, en 2024, los Comuns concurrieron sin Podem, que optó por no presentarse a las elecciones, y lograron solo seis escaños. En Illes Balears el espacio comenzó la década con diez diputados, los obtenidos por Podemos, pero la cifra se redujo a seis en los comicios de 2019, y eso que concurrieron juntos Podemos e IU bajo las siglas de Unidas Podemos. En 2023, última fecha con las urnas abiertas en las islas, la alianza se hundió al quedarse con un único escaño en el Parlament balear (donde Més per Mallorca sí cuenta con cuatro diputados aunque no se ha incluido en este trabajo porque en la última década también ha concurrido en alianzas con fuerzas independentistas).

Una de las comunidades donde la izquierda confederal se ha quedado sin representantes parlamentarios ha sido Galicia. En 2015 la cámara autonómica estaba configurada por las elecciones de 2012, en las que Alternativa Galega de Esquerdas (unión de Anova y Esquerda Unida) irrumpió con nueve escaños. En 2016, siguiente cita con las urnas, Podemos, Anova y Esqueda Unida conformaron En Marea, que logró 14 escaños. La coalición se llamó Galicia En Común en 2020, pero no logró ni un escaño. Tampoco obtuvieron representación Sumar ni Podemos en las últimas elecciones, las de 2024, en las que concurrieron por separado.

En Canarias, en 2015, Podemos logró siete escaños, que se vieron reducidos a cuatro en 2019, cuando la candidatura se llamó Sí Podemos Canarias, e integró a todo el espacio confederal. Desde 2023 la izquierda alternativa no tiene representación en el parlamento canario. En Navarra en 2015 se presentaron por separado Podemos e Izquierda-Ezkerra (las siglas en las que concurrió IU). En conjunto obtuvieron nueve escaños –siete de Podemos y dos de IE–, una cifra que con el mismo escenario electoral se redujo a solo tres en 2019 (dos de Podemos y uno de IE). En 2023, las últimas elecciones, la candidatura se llamó Contigo Navarra - Zurekin, y la integraron Podemos Navarra, Izquierda Unida de Navarra, Batzarre, Alianza Verde y Verdes Equo. Solo logró tres escaños.

La deriva a la baja solo se ha revertido en Extremadura. En 2015 Podemos tuvo seis parlamentarios en la Asamblea extremeña mientras la alianza Ganemos Extremadura en la que se integró IU no logró ninguno. En 2019, cuando Podemos e IU ya concurrieron juntos, cuatro, los mismos que en 2023. Pero en las elecciones de diciembre Unidas por Extremadura mejoró y alcanzó los siete diputados. En cambio, en Murcia, La Rioja, Cantabria y Castilla-La Mancha, donde Podemos e IU también se han presentado de forma conjunta desde 2015, la evolución ha sido negativa. La izquierda murciana pasó de seis diputados en 2015 a los dos actuales. Fueron cuatro los representantes del espacio confederal en La Rioja hace una década, pero desde 2019 solo tienen dos. Cantabria comenzó la década con tres escaños de Podemos-IU, que perdió en 2019 y no ha vuelto a recuperar.

Finalmente, el escenario es peculiar en Euskadi, donde en 2015 la izquierda confederal no estaba representada en el Parlamento de Vitoria. En 2016, Elkarrekin Podemos (alianza de Podemos y Ezker Batua) irrumpió con fuerza con 11 diputados, pero en 2020 su apoyo se redujo hasta los seis escaños. En los últimos comicios, los de 2024, Sumar y Podemos concurrieron por separado y solo consiguió representación la primera, con un único asiento.

La coportavoz de Unidas por Extremadura, Nerea Fernández, ha asegurado que PP y Vox tienen “un pacto desde hace tiempo” pero mantienen “un paripé” por orden de sus direcciones nacionales hasta que se celebrasen las elecciones en Castilla y León, que se materializará “pronto”.

En rueda de prensa, ha lamentado que Extremadura siga “paralizada” y la Asamblea “bloqueada” en una particular “jugada de ajedrez que viene marcada por Feijóo y Abascal”, que “perjudica” a los extremeños y que evidencia que la región “nunca les ha importado”.

Entretanto, el gobierno en funciones del PP consensúa con Vox un decreto ley que “regula precisamente a ese mismo gobierno en funciones” para tapar la “ineptitud” que supone el bloqueo en cuestiones como las oposiciones de maestros, a los que ha sumido en “una total incertidumbre”, aunque este lunes se ha publicado la convocatoria en el DOE.

Fernández ha incidido en que durante todo este tiempo, en el que se están llevando a cabo unas negociaciones “sin transparencia”, Extremadura permanece “con los servicios públicos debilitados, con miles de opositores pendientes y la Asamblea cerrada a cal y canto”.

“Extremadura necesita un gobierno que se preocupe por la región... que PP y Vox dejen de hacer el paripé y se pongan a trabajar”, ha indicado Fernández, que espera que el presidente de la Asamblea, Manuel Naharro, abra “una ronda de contactos pronto y esta vez con una investidura que saldrá adelante” con un pacto de ambas fuerzas.

La coportavoz de Unidas por Extremadura ha comenzado su intervención con un “reconocimiento” al trabajo de la Guardia Civil y de la UCO para esclarecer el caso de la desaparición de Francisca Cadenas tras casi nueve años de “angustia”, así como un “abrazo enorme” para su familia.

Un crimen, a priori, con “tintes machistas” que recuerda que el feminismo sigue siendo necesario: “que las mujeres lo único que queremos es que podamos llegar vivas a casa”. También ha solicitado que pueda intervenir la UCO en el caso de Rosalía Cáceres, la mujer desaparecida el 25 de mayo de 2020 en las inmediaciones de la localidad cacereña de Bohonal de Ibor. 

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha afirmado este lunes que si los extremeños son llamados otra vez a las urnas, la presidenta de la Junta en funciones, María Guardiola, debe dar un “paso al lado” por ser la “única responsable” de la situación de bloqueo en que se encuentra la región.

En rueda de prensa, tras el fracaso de investidura de la candidata 'popular' al no recibir el apoyo de Vox en la sesión plenaria del pasado viernes, ha aseverado que se ha confirmado la estrategia “fallida” de Guardiola adelantar las elecciones autonómicas, que le llevado además a depender “de lo que diga” el presidente nacional de esta formación, Santiago Abascal.

“Seguimos con una Extremadura bloqueada, paralizada, en un callejón sin salida”, ha lamentado De Miguel, que ha acusado a la líder de los populares de haber pronunciado un “discurso tramposo” en la Asamblea por hacer un llamamiento al diálogo cuando no ha llamado a su partido, ni al PSOE, a negociar la conformación del nuevo gobierno extremeño.

La realidad es que es “una candidata absolutamente secuestrada por la estrategia de Vox”, ha subrayado la portavoz de Unidas por Extremadura, para quien el partido de Abascal no quiere gobernar en las autonomías “para no desgastarse” ante unas futuras elecciones generales y para “no demostrar ante la ciudadanía el fraude absoluto que son”.

Por otra parte, coincidiendo con el primer aniversario del asesinato de la educadora social María Belén Cortés en un piso de cumplimiento de medidas judiciales en Badajoz, ha denunciado que “pocas cosas han cambiado” tras este caso debido a que la Junta “no ha llevado a cabo ninguna de las medidas que los trabajadores del sector social le pedían”.

Ha recordado que la Administración regional fue condenada a abonar 620.000 euros a la familia y que “nadie del gobierno ha asumido ninguna responsabilidad”.

Según De Miguel, no se ha avanzado para mejorar las ratios ni en aumentar los recursos, no se ha abierto el Centro de Menores Cereza de Plasencia, “no ha habido nada que dignifique las condiciones laborales”, ni “nada” que mejore las condiciones de seguridad de los centros.

Ha criticado además que la tasa de temporalidad en el empleo se sitúa en el 32% en la Junta de Extremadura, muy por encima del 8% que fija la normativa, lo que ha considerado un “fracaso” de la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano.

Ha subrayado que este porcentaje es mucho más elevado en las profesiones más feminizadas, como los técnicos de educación infantil (47%), los auxiliares de enfermería (35 %) y las ATE-ciudadoras (45 %).

“Las profesiones más feminizadas de la Junta son las profesiones con mayor tasa de temporalidad” y, por tanto, con mayor precariedad, ha manifestado De Miguel, lo que a su juicio es “una responsabilidad directa de un gobierno que se autodenomina feminista pero que realmente se olvida mucho de las mujeres que están atrapadas en los suelos pegajosos de la precariedad”. 

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha instado a María Guardiola a reconocer este martes en el debate de investidura que se equivocó con el adelanto de las elecciones autonómicas, así como a “pedir perdón” a los extremeños por la situación de “parálisis” en la que se encuentra inmersa la región.

“Deseamos que por fin sea honesta”, ha manifestado en una rueda de prensa en la que ha vuelto a denunciar el “callejón sin salida” en la que se encuentra Extremadura tras el 21 diciembre con las cúpulas de PP y Vox “más centradas en las elecciones en Castilla y León que en llegar a acuerdos aquí en Extremadura”.

Ha criticado a la presidenta de la Junta en funciones por “permitir” que el futuro de Extremadura se dicte en Madrid y ha vuelto a subrayar que la comunidad autónoma necesita alzar la voz “sin tutelas de nadie”.

“Extremadura no se merece este culebrón y no sabemos si mañana finalmente tendrá lugar el debate o no, pero lo que sí sabemos es que va a ser un mal trago para la señora Guardiola”, ha manifestado en alusión a la posibilidad apuntada este lunes por el PSOE de que la líder 'popular' pudiera retirar su candidatura ante la falta de acuerdo entre el PP y Vox para conformar el nuevo gobierno.

De Miguel ha afirmado desconocer si entre ambos partidos se han producido acercamientos durante este fin de semana dado que las negociaciones están siendo “tuteladas” por las direcciones nacionales de ambos partidos y están marcadas por una “opacidad absoluta”.

“Todo apunta a que no, todo apunta a que Vox está muy centrado ahora mismo en su campaña en Castilla y León”, que acude a las urnas el 15 de marzo, y que tanto este partido como los populares se esperarán a que pase esta cita para conocer si dan luz verde a un acuerdo en Extremadura y en qué términos, lo que ha considerado “profundamente indignante”.

Lo que está claro, a su juicio, es que mañana, si comienza el debate de investidura tal y como está previsto, María Guardiola coseche “un fracaso más de toda la ristra de fracasos que lleva a sus espaldas”.

Caída del escudo social

Por otra parte, ha lamentado la caída del escudo social del Gobierno la semana pasada en el Congreso con el voto contrario de Junts, Vox y PP, demostrando “que tienen el corazón de piedra” al rechazar un conjunto de medidas de protección dirigidas a los colectivos más vulnerables.

Ha emplazado a PP y Vox a dar cuentas en la Asamblea de Extremadura por este “ataque” a las 80.000 familias extremeñas que se han beneficiado del bono social eléctrico, a los agricultores “que ya no van a poder verse beneficiados de tributar por módulos”, a los autónomos y a las personas damnificadas por los incendios.

Asimismo, De Miguel ha lamentado que “la banda de psicópatas de Trump y Netanyahu han puesto al mundo entero en peligro” con los ataques conjuntos iniciados este fin de semana entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

“Esto no es ponerse del lado de una teocracia brutal como la iraní”, ha aclarado De Miguel, para quien el interés de Estados Unidos e Israel es “embarcarnos en la tercera guerra mundial para hacerse con el petróleo de todo el mundo” creyendo “que el mundo es suyo”.

La portavoz de Unidas por Extremadura ha mostrado además su satisfacción por la presencia extremeña en la gala de los Goya, con dos trabajos con sello regional premiados, lo que demuestra “el nivel de excelencia del talento extremeño” y la importancia de apostar por creaciones del territorio en lugar de “fiar toda la inversión cultural a macrocertámenes como los Premios Vargas Llosa”. 

La portavoz parlamentaria de Unidas por Extremadura (UPE), Irene de Miguel, ha asegurado este miércoles que la presidenta de la Junta en funciones, María Guardiola, “no solo va a pasar por el aro” de Vox, sino que “lo que se está demostrando es que se va arrastrar para seguir en el sillón”.

Irene de Miguel ha lamentado “el espectáculo absolutamente bochornoso” de Guardiola, que después de pasarse la campaña electoral llamando “machistas redomados a Vox”, ahora parece “que el feminismo que ella defiende es el feminismo de Vox, que nos tendrá que explicar cual es ese feminismo”.

A su juicio, “es un insulto a la inteligencia lo que esta haciendo”, con “la genuflexión tan profunda que está haciendo ante el señor Abascal para que la perdone por haberle llamado machista”. “No sabemos si esta humillación hará que Guardiola sea presidenta, pero si que nos esta llenando de bochorno a todos los extremeños, que ya sabíamos que palabra no tenía, pero ahora está demostrando que no tiene principios”, ha aseverado.

Para la portavoz de UPE, María Guardiola “está cada vez más defenestrada y menos legitimida y si al final es presidenta será una presidenta realmente muy tocada”.

Irene de Miguel ha insistido en que Guardiola tenía que haber dimitido la misma noche electoral, porque lo único que consiguió “es estar más sometida y subyugada a la extrema derecha, a la que ya no llama extrema derecha”.

Sobre si finalmente habrá acuerdo entre Vox y PP o repetición de las elecciones, Irene de Miguel ha dicho que sigue pensando que PP y Vox están condenados a entenderse y que esto es una estrategia estatal, por lo que considera que “ Guardiola haría un flaco favor a Feijóo si pone en riesgo esa estrategia mostrando que aquí son incapaces de entenderse”.

“Si eso sucede estoy segura de que el señor Feijóo apartará a la señor Guardiola como hizo en campaña, donde hizo escasos actos con ella” y quien le acompañaba era Abel Bautista “que parece que esta calentando en la banda porque igual le toca salir a jugar”.

En su opinión, a Vox y PP Extremadura “les importa poco o nada”, y que al final la CCAA “sea la chincheta que pongan en el mapa y nos lleven a una repetición electoral”, algo que no beneficia a Extremadura, que tiene un gobierno en parálisis y que no tendrá presupuestos en los próximos meses.

Irene de Miguel ha insistido en que a día de hoy el “espectáculo” que se está dando es que no hay entendimiento “porque Abascal no ha dado la luz verde” y será cuando él decida, por lo que “habrá que ver hasta que punto se tiene que arrastrar María Guardiola para que Vox acceda a votarla”.

Los grupos municipales del PSOE y Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Albacete exigen al alcalde 'popular' Manuel Serrano que “deje de tolerar que vuelvan a exhibirse símbolos franquistas” en el pleno municipal. Aseguran que se debe garantizar “el cumplimiento del Reglamento Orgánico Municipal (ROM) y la Ley de Memoria Democrática” y así lo han registrado de manera oficial en el Consistorio a través de una solicitud en la sesión plenaria de este 29 de enero.

Ambos grupos municipales apuntan que en el transcurso de los últimos plenos del Ayuntamiento uno de los concejales no adscritos “viene exhibiendo en su indumentaria simbología preconstitucional vinculada al régimen franquista, sin que el alcalde de Albacete y presidente del Pleno adopte ningún tipo de medida para preservar la dignidad y neutralidad institucional de la que es la Casa de todos los albaceteños y albaceteñas”, y todo ello pese a los reiterados ruegos efectuados por parte de la oposición para el cese de esta conducta antidemocrática.

Desde los Grupos Municipales del PSOE y Unidas Podemos señalan que “la reiteración de esta conducta podría interpretarse como una tolerancia institucional incompatible con el deber de neutralidad y con las obligaciones legales que incumben a la Presidencia del Pleno”, recordando que tanto el ROM como la Ley de Memoria Democrática “imponen a los responsables institucionales la adopción de medidas para impedir la exhibición de simbología franquista en espacios o actos de naturaleza pública o institucional, incluyendo, en su caso, la expulsión del concejal infractor de la sesión plenaria”.

Por otro lado, concluyen que “es importante destacar que la exhibición de simbología de exaltación de una dictadura en el seno de un órgano democrático no constituye un hecho anecdótico ni una expresión amparada por la libertad ideológica”, sino una conducta “contraria al decoro institucional, a la legalidad vigente y a los valores democráticos que esta Corporación está obligada a representar y salvaguardar”. Añaden además, que se trata de “una ofensa a la memoria y a la dignidad de las víctimas de la dictadura franquista, así como al conjunto de la ciudadanía”.

La portavoz de Unidas por Extremadura (UPE), Irene de Miguel, ha criticado la gestión del Ejecutivo extremeño durante la borrasca Kristin por no haber avisado a los trabajadores de que podían acogerse al permiso climático del Estatuto de los Trabajadores y “cargar” la responsabilidad sobre éstos y las familias.

De Miguel ha asegurado que “es una falta de responsabilidad y, sobre todo, pone en peligro la vida de los trabajadores”, ante lo que ha insistido en que “hay que agradecer al destino” que no haya ocurrido “nada grave” y que solo haya “daños materiales”.

De igual manera, ha rechazado la actuación de la Consejería de Educación al mandar un comunicado a las 22:00 horas del martes para anular las clases del día siguiente debido al “consecuente destrozo” para muchas familias que “no sabían como organizarse a esas horas”. Además, la portavoz ha recalcado la “caída” de la plataforma Rayuela porque, a su juicio, los padres “se volcaron en intentar encontrar más información” tras ese anuncio “tan tarde”.

“Creo que no se puede actuar con esta falta de previsión, echando sobre las espaldas de las familias trabajadoras una conciliación, porque no vino precisamente de la mano de que se anulara también el transporte”, ha dicho.

En este sentido, ha criticado que no hubiera una “generalización del teletrabajo”, ya que “la gente tuvo que coger su coche para trasladarse a su puesto de trabajo”. Así, De Miguel ha calificado de “tremendo” que se lanzara la alerta 'ES-Alert' a las nueve y media de la mañana cuando a las seis ya había “vientos huracanados” y cuando los trabajadores deben trasladarse a sus puestos a esa hora.

“Ese lanzamiento del ES-Alert a esas horas lo que parecía era cubrir el expediente, pero sin dañar mucho al empresariado extremeño, no se fueran a molestar por no tener a los trabajadores a su hora en su puesto de trabajo”, ha incidido.

A su parecer, la coordinación de la Junta de Extremadura y la Consejería de Educación “ha dejado muchísimo que desear” y “no se puede permitir que sigan actuando de esa manera”, ya que se ha “cargado sobre las espaldas” de las familias y trabajadores una responsabilidad que debería estar, ha apuntado, en manos de una Administración “responsable”.

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha solicitado que el Parlamento regional empiece a funcionar “cuanto antes” para que la oposición pueda “fiscalizar” al Gobierno en funciones, dado que “nadie está vigilando lo que hace y deshace”.

En rueda de prensa, ha criticado al Ejecutivo regional porque, tras unas elecciones anticipadas por no poder trabajar con unos presupuestos prorrogados, durante el último mes “ha podido hacer muchas cosas y gobernar mucho”.

De Miguel ha señalado que la presidenta en funciones de la Junta, María Guardiola, ha utilizado el Gobierno en funciones para hacer campaña electoral pues durante este último mes ha publicado “una cascada de subvenciones, líneas de ayudas, programas y proyectos, más que en los dos años anteriores”. Por ello, ha manifestado su preocupación porque “lo está haciendo sin poder ser fiscalizada por ningún partido político porque la Asamblea está cerrada a cal y canto”.

Por esta razón, ha solicitado que la Cámara empiece a funcionar “cuanto antes” porque “no es justo que el Diario Oficial de Extremadura publique políticas que no son fiscalizadas por la oposición”.

Para De Miguel, “Extremadura tiene que empezar a funcionar” y sus diputados autonómicos tienen que poder presentar propuestas, solicitudes de información “y hacer la labor que tenemos encomendada que, entre otras cosas, es la fiscalización del Gobierno”.

Ha recalcado que Guardiola llevó hace un mes a la región a las urnas, pero “parece ser que no tiene tanta prisa para conformar gobierno” pues, a su juicio, esta “demora” no se debe a ningún desencuentro entre PP y Vox, sino a los intereses electorales de ambos partidos en las elecciones aragonesas. “Es muy triste y una falta de respeto enorme que el Gobierno extremeño dependa de los intereses electorales de partidos que no miran por Extremadura”, ha apuntado De Miguel, para quien los intereses de la región “siempre han ido por detrás de los de estos partidos”.

De igual manera ha criticado las palabras de Vox de la semana pasada al insinuar que el “gran problema” para la formación de gobierno era Guardiola por no ser consciente de “hasta qué punto iba a tener que doblar el brazo para conformar gobierno” y que quizá ella “tendría que dar un paso a un lado”.

A juicio de De Miguel, la presidenta extremeña “lleva tiempo demostrando que no está a la altura de su cargo”, aunque tanto a PP como a Vox “no les interesa demostrar que son incapaces de acordar” y llegarán a un acuerdo.

Así, ha subrayado que esta legislatura no va a durar cuatro años ya que “es muy difícil que las derechas den certidumbre y seguridad” y ha recordado que, allí donde habían gobernado, han roto todos los pactos de gobierno. En este punto, ha subrayado que el Reglamento de la Asamblea establece que las elecciones “tienen que acompasarse con las municipales”.

El pleno del Ayuntamiento de Cáceres ha rechazado, con los votos en contra de PP y Vox y la abstención del PSOE, la moción de Unidas Podemos (UP) para declarar persona 'non grata' al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuyo texto también incluía reafirmar el compromiso institucional con el derecho internacional, la soberanía de los pueblos y el multilateralismo.

El Grupo Municipal Socialista ha presentado una enmienda a la moción, que instaba al Gobierno de España a actuar dentro del marco de la OTAN utilizando los mecanismos políticos y diplomáticos previstos.

En su defensa, la edil Beatriz Cercas ha subrayado que la propuesta no tenía “carácter partidista”, sino que buscaba “defender principios básicos del derecho internacional” y “la resolución pacífica de los conflictos”.

Cercas ha defendido la importancia de “rechazar conductas que han vulnerado la soberanía de los Estados” y ha advertido sobre el “riesgo de normalizar actuaciones unilaterales de líderes internacionales que actúan al margen de las normas comunes”.

Vox se ha posicionado de manera tajante en contra de la propuesta, calificándola de gesto “propagandístico, inútil y ridículo”. El edil Francisco Flores ha argumentado que declarar persona 'non grata' a un líder extranjero “no aporta beneficios a la ciudad ni a sus vecinos” y que UP “solo ha buscado visibilidad mediática”, un hecho que, a su juicio, “daña la dignidad institucional”.

Además, ha denunciado una “doble vara de medir por no extender esta condena a otros dirigentes internacionales” utilizando de manera “sesgada” el derecho internacional mientras se “blanquea”, a su juicio, regímenes dictatoriales como los de Venezuela y Cuba.

El PP, a través del concejal Ángel Orgaz, ha coincidido con Vox y ha sostenido que el ayuntamiento carece de competencias para emitir juicios sobre líderes extranjeros. Orgaz ha defendido que el pleno “debe centrarse en los problemas locales y evitar posicionamientos simbólicos en política internacional que no tienen efectos prácticos”.

Por su parte, el edil de UP Álvaro Jaén ha defendido la inclusión de la moción como “un pronunciamiento político y ético frente a actuaciones arbitrarias contrarias al derecho internacional”. El concejal ha sostenido que los ayuntamientos “pueden expresar rechazo institucional a políticas que han amenazado la soberanía de otros pueblos”.

Jaén ha condenado la intervención de Estados Unidos en Venezuela, que califica de “agresión ilegal y una muestra de la política de imposición de la ley del más fuerte”, y ha manifestado que “normalizar este tipo de actuaciones supone un grave retroceso para la convivencia internacional”. Asimismo, ha defendido la necesidad de cuestionar el papel de la OTAN.

El GMS también han condenado la “intervención militar estadounidense en Venezuela”, calificándola como “una grave violación de la Carta de las Naciones Unidas” y ha expresado su solidaridad con el pueblo venezolano.

La iniciativa se fundamenta, según recoge el texto, en las “recientes actuaciones del Gobierno de Estados Unidos que están poniendo en peligro la seguridad y el futuro de nuestros hijos e hijas” y plantea que también desde el ámbito municipal deben adoptarse posicionamientos claros en defensa del multilateralismo, la legalidad internacional y los valores democráticos.

En la moción, Unidas Podemos califica de “acontecimiento de extrema gravedad” la operación militar directa llevada a cabo por Estados Unidos en Venezuela bajo la presidencia de Trump. Según el grupo municipal, esta intervención carece de cualquier legitimidad conforme al derecho internacional y tiene como único objetivo el expolio de los recursos naturales del país latinoamericano, tal y como, afirman, han reconocido las propias autoridades estadounidenses.

El texto también denuncia que, de forma paralela, Estados Unidos ha lanzado amenazas contra países como México y Colombia, enmarcadas en su Estrategia de Seguridad Nacional recientemente publicada, en la que —según Unidas Podemos— se retoma la idea de convertir el continente americano en su “patio trasero”. A estas actuaciones se suma, añade la moción, la reiterada manifestación de la voluntad de Washington de hacerse con el control de Groenlandia, un hecho que consideran especialmente grave.

Para Unidas Podemos, este conjunto de acciones refleja una política internacional basada en “la ley del más fuerte”, que debilita el derecho internacional y sienta un precedente peligroso para la estabilidad y la convivencia entre los pueblos. Por ello, el grupo municipal sostiene que desde todas las instituciones, incluidas las locales, es necesario reaccionar “desde la unidad” para defender la paz, la legalidad internacional y la soberanía de las naciones.

Además de la declaración de persona non grata a Donald Trump, la moción plantea reafirmar el compromiso del Ayuntamiento de Cáceres con la Carta de las Naciones Unidas y con los principios de soberanía, no injerencia, integridad territorial y solución pacífica de los conflictos. Asimismo, propone rechazar las políticas de amenazas, sanciones unilaterales, bloqueos económicos e injerencias políticas que vulneren el derecho internacional y tengan un impacto directo sobre la población civil de países soberanos.

El texto también incluye la condena expresa a cualquier intento de imponer cambios políticos, económicos o territoriales mediante la coerción, ya sea militar, económica o diplomática, citando de forma expresa las amenazas dirigidas contra Venezuela, Cuba, México, Colombia o el territorio de Groenlandia. En este sentido, Unidas Podemos expresa su solidaridad con los pueblos afectados y defiende su derecho a decidir libremente su futuro sin presiones externas.

La moción va más allá del ámbito municipal e insta al Gobierno de España a iniciar un proceso de salida de la OTAN, conforme a los mecanismos legales y democráticos, garantizando un amplio debate social y parlamentario sobre el modelo de defensa y de política exterior del país.

Finalmente, el grupo municipal propone declarar persona non grata en la ciudad de Cáceres a Donald Trump “en cuanto arquitecto del derribo del derecho internacional, la soberanía de las naciones y el multilateralismo”, y plantea dar traslado de esta iniciativa al Gobierno de España, a la Federación Española de Municipios y Provincias y a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados.

El juego político en Extremadura sigue como antes del adelanto electoral del domingo, a pesar de los desastrosos resultados del PSOE. El PP ha ganado las elecciones con una victoria pírrica (un diputado más, 29, pero a cuatro de la mayoría absoluta, y 10.000 votos menos), pero no ha logrado sacudirse la dependencia de Vox, que ha salido fortalecido de la decisión de María Guardiola de llevar a los extremeños a las urnas de forma anticipada.

Es decir, si la ya presidenta en funciones convocó las elecciones ante la “inestabilidad” en la región, incapaz de que su Gobierno en minoría sacara adelante los presupuestos por segundo año, ahora Extremadura ha vuelto a la casilla de salida, pero con una extrema derecha más fuerte con ganas de doblegar a Guardiola por las tensiones pasadas. Los escenarios para los pactos son muy reducidos y los plazos han empezado a correr.

El 20 de enero es la fecha límite para la constitución de la nueva Asamblea de Extremadura, la elección de su Presidencia y de los miembros de la Mesa, por lo que para esa fecha ya se podrían haber cerrado pactos para la gobernabilidad. No obstante, el primer intento para la investidura de la Presidenta de la Junta podrá dilatarse hasta el 19 de febrero, si se agotan los plazos previstos en el reglamento de la Cámara, aunque no es la opción de Guardiola, que ha anunciado el inicio de las conversaciones con el resto de partidos para su investidura.

La victoria agridulce del PP obliga a mirar a su derecha, aunque Vox no se lo va a poner fácil. Santiago Abascal ya advirtió en campaña que si necesita pactar con ellos, o “pasa por el aro” o “repite elecciones”. Incluso deslizó que prefieren otra candidata porque ella ha “contribuido a la demonización de Vox”. Para el PP sería suficiente la abstención de cualquier grupo, pero el PSOE, en plena catarsis interna y sin líder tras la dimisión de su secretario regional, y Unidas por Extremadura lo descartan. Sin embargo, la ultraderecha hará valer sus votos o sus abstenciones, ya sea dentro del Gobierno o permitiendo a Guardiola gobernar en minoría: “Si los votos de Vox cuentan en cualquiera de las fórmulas va a ser para un gran cambio”, ha avisado Abascal este lunes.

Está por ver hasta dónde llega esa advertencia porque la relación entre PP y Vox en Extremadura ha sido tormentosa. Hasta ahora, Guardiola había evitado exigencias de la extrema derecha que tienen que ver con recortes en igualdad, violencia de género o inmigración, y se había negado, por ejemplo, a poner trabas al derecho al aborto, una condición que Vox puso para apoyar los presupuestos de 2026, y a la eliminación del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados porque, según la Junta, supondría la “bancarrota” de la Hacienda extremeña. Esas exigencias se van a mantener para la aprobación de las cuentas.

Pero Vox no cierra ninguna posibilidad en la negociación con el PP, ni siquiera volver a entrar en el Gobierno autonómico porque, por los números conseguidos en las elecciones tras crecer hasta los 11 diputados, podría reclamar un papel más activo en ese Ejecutivo. Ese escenario sería un quebradero de cabeza para Guardiola, que ya en 2023 rechazó una coalición con el partido ultra, por ser “machistas homófobos y racistas”, aunque solo unos días después traicionó su palabra y entregó a Vox la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, un departamento de nueva creación con competencias en prevención y extinción de incendios forestales, toros y caza.

“No quería a Vox y va a tener dos tazas”, ha dicho Abascal, que no olvida esas palabras de Guardiola, a la que ha calificado de “soberbia” por sacar pecho de su resultado en las urnas en lugar de arrepentirse de un adelanto electoral que solo le ha dado un diputado más.

El resultado del 21-D deja otros escenarios posibles, aunque quiméricos. Al PP le bastaría también con la abstención del PSOE, pero los socialistas adelantaron en la campaña electoral que no facilitarían un Gobierno de María Guardiola aunque ello ayudara imponer un cordón sanitario a Vox para que no tuviera influencia en Extremadura. Pero el socialismo extremeño se encuentra en crisis, tras haber perdido más de 108.000 votos y 10 diputados (de 28 a 18 asientos en la Asamblea) y lograr solo el 25% de las papeletas, el peor dato del PSOE en un feudo histórico. Su candidato, Miguel Ángel Gallardo, procesado por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz, ha dimitido y el partido se encuentra sin líder, a merced de una gestora.

El tercer escenario posible pasa por el voto favorable de Unidas por Extremadura, el espacio creado por Podemos, IU y Alianza Verde, que ha roto su techo y se ha pasado de cuatro a siete diputados al conseguir casi 18.000 papeletas más que en 2023. Pero la candidata de la coalición, Irene de Miguel, también fue clara durante la campaña, rechazando cualquier posibilidad que supusiera que María Guardiola volviera a ser presidenta, y en la noche electoral, cuando pidió a la candidata del PP que diera un paso al lado “si tiene un mínimo de decencia” por haber forzado un adelanto electoral, que ha costado siete millones de euros, para que el escenario político no cambiara. “La señora Guardiola es la gran perdedora de la noche”, dijo.

El PP ha ganado este domingo las elecciones autonómicas en Extremadura, pero es una victoria incompleta para los objetivos que se perseguían con el adelanto electoral. María Guardiola buscaba, por un lado, librarse del lastre de Vox, algo que no ha logrado y, por otro, poner fin a una situación de “bloqueo”, según sus propias palabras, propiciada por el PSOE y la extrema derecha para aprobar los Presupuestos, algo que no consigue desde 2024, cuando la coalición PP-Vox en Extremadura seguía activa.

Esta cita electoral consolida el giro a la derecha del electorado extremeño que se inició en 2023. La suma de PP y Vox ha conseguido el 60,7% de los votos, mientras que la suma de la izquierda no llega al 36%. Sin embargo, estos buenos datos son capitalizados sobre todo por la extrema derecha, que pasa de cinco a 11 diputados y consigue 40.000 votos más que en 2023.

El PP ha pasado de 28 a 29 diputados (la mayoría absoluta es de 33), pero ha perdido más de 9.000 votos en comparación con las elecciones de hace dos años, cuando empató a escaños con el PSOE. Sin embargo, María Guardiola ha celebrado una victoria “incontestable” al haber conseguido más escaños que el PSOE y Unidas por Extremadura juntos, y se ha reivindicado como la ganadora de estos comicios. “Hace dos años el PSOE tenía mayoría absoluta y ahora el PP se ha convertido en la primera fuerza, ganando en 225 municipios”, ha subrayado Guardiola.

La candidata del PP ha dirigido un mensaje a Santiago Abascal para evitar la confrontación política ahora que necesitará pactar con Vox. “No estoy aquí para asegurarme un sillón, he venido a trabajar por mi tierra, que amo, y por todos los extremeños”, ha declarado Guardiola, apelando a la responsabilidad de todos los partidos, a los que convocará a partir de este lunes para negociar su investidura.

Más votado

Tamaño pob.

Izq. vs Der.

Dif. de votos

Papeleta que vota por un partido o lista electoral que sirve para repartir los escaños a nivel nacional. El % de voto es similar al % de escaños.

+ -

Por lo tanto, ahora la incógnita está en ver el precio que Vox pone a Guardiola para dejarle volver a ser presidenta de la Junta de Extremadura. “Mi única línea roja es el cumplimiento de la ley”, ha dicho la presidenta en funciones durante esta campaña, lejos del rechazo rotundo que mostró en 2023. Sin embargo, el impulso que ha experimentado Vox con este adelanto electoral no le va a salir gratis al PP porque la relación entre la derecha y la extrema derecha en esta comunidad nunca ha sido fluida. Es más, los enfrentamientos han sido constantes incluso durante el año en el que ambos formaron el primer gobierno de coalición en la comunidad.

Guardiola permitió en 2023 la entrada de la ultraderecha en su Ejecutivo, a pesar de calificarlos como “homófobos, racistas y machistas”, pero por el momento se había resistido a ceder en asuntos que tienen que ver con la igualdad, la violencia de género, la inmigración o el derecho al aborto. Ahora está por ver cuáles son esas exigencias y hasta dónde está dispuesta a ceder la dirigente del PP. El líder nacional de Vox, Santiago Abascal, ya había apuntado en campaña que vendería caro su apoyo a la investidura si Guardiola dependía de ellos. Deslizó incluso que prefieren otra candidata que no sea ella: Abascal la ha acusado de “contribuir a la demonización de Vox” y ha dicho que si necesita pactar con ellos, o “pasa por el aro” o “repite elecciones” o busca ayuda en el PSOE.

“Nuestras exigencias se conocen, no sabemos por qué lo que vale para el PP en una comunidad no vale para otra”, dijo el candidato, Óscar Fernández Calle, en el debate de RTVE, en el que no participó Guardiola, en referencia al pacto firmado en la Comunitat Valenciana. En su comparecencia, este domingo, ha asegurado que Vox “defenderá los votos con uñas y dientes” y que en el próximo mandato seguirá defendiendo sus propuestas políticas “con intensidad”. En este sentido se ha manifestado Abascal, que ha advertido al PP de que exigirán “respeto a los votantes” y sus votos “deben contar”. “Los votantes no van a ser invisibilizados ni traicionados”, ha insistido, en una comparecencia posterior a la de su candidato en Extremadura.

El resultado de estas elecciones deja un PSOE hundido en su peor dato histórico con unos datos que duelen especialmente en el partido porque Extremadura siempre se ha considerado un feudo socialista –gobernó durante 36 años–. Ha perdido 10 diputados, al pasar de 28 a 18, y más de 14 puntos, que se traduce en 108.000 votos menos que hace tan solo dos años y medio.

A pesar de estos datos, el candidato socialista, Miguel Ángel Gallardo, se ha negado a dimitir. Aunque ha admitido que el resultado ha sido “muy malo”, ha decidido ganar tiempo con la convocatoria este jueves de la ejecutiva del PSOE de Extremadura. En su comparecencia, ha echado balones fuera y ha cuestionado abiertamente el sentido de la convocatoria electoral, que ha dejado a Extremadura “en una situación de mayor bloqueo e inestabilidad” y que “ha engordado a la ultraderecha”.

Desde Ferraz, la secretaria de Organización, Rebeca Torró, ha acusado al PP de “volver a la casilla de salida” como “rehén de los ultras” con este adelanto electoral con el que María Guardiola pretendía precisamente dejar de depender de Vox.

Si en la derecha ha crecido Vox, en la izquierda lo ha hecho Unidas por Extremadura, la insólita unión de Podemos, IU y Alianza Verde. La coalición ha pasado de cuatro a siete escaños, su mejor resultado histórico. Ha sumado más de 17.000 votos respecto a 2023, al pasar del 6% al 10% de los apoyos. “Somos la luz de esperanza de la izquierda transformadora”, ha dicho su candidata, Irene de Miguel.

La líder de la coalición de izquierdas se ha comprometido a plantar cara desde la Asamblea de Extremadura para frenar cualquier retroceso social, pero también ha sido muy dura con la convocatoria de este adelanto electoral, que ha hecho al PP “depender más del apoyo de Vox”. Por eso, De Miguel ha dicho que María Guardiola “debería dar un paso a un lado por sus mentiras y por arrastrar a Extremadura a un lugar que no se merece”. “¿Y ahora qué, señora Guardiola?”, ha preguntado la candidata de Unidas por Extremadura.

La candidata a la Presidencia de la Junta por Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha anunciado este martes un plan de revitalización de los cultivos de montaña, especialmente del olivar tradicional. De Miguel ha visitado la cooperativa Peraliega Almazara de San Andrés, en la localidad cacereña de Perales del Puerto, acompañada de varios miembros de la candidatura y del secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández.

La candidata ha justificado la necesidad de poner en marcha el citado plan de revitalización para que la agricultura de montaña “no solo para que las explicaciones tengan rentabilidad y precios justos, sino también para que reciban ayudas directas por sus beneficios ecosistémicos a la hora de parar el fuego”. “Este mismo verano hemos visto como el olivar tradicional ha actuado de cortafuegos natural, salvando muchas casas en muchos municipios”, ha dicho.

De Miguel también ha vuelto a mostrar su compromiso para hacer efectiva la Ley de Cadena Alimentaria en la región, algo que considera fundamental para poder garantizar la rentabilidad de las pequeñas explicaciones. En este sentido, ha subrayado que la Ley de Cadena Alimentaria “se está vulnerado no solo por los intermediarios, que no están cubriendo los costes de producción, sino también por el gobierno del Partido Popular de la señora Guardiola, que está siendo cómplice”. “No están sancionando a estos industriales”, ha insistido.

La líder de Unidas por Extremadura ha asegurado que el PP “no está atendiendo a la economía” de comarcas como Sierra de Gata, Las Villuercas, el norte de Cáceres o otras partes de Badajoz. “Nosotras tenemos claro que el olivar tradicional es una pieza básica del dinamismo socioeconómico que queremos en nuestros pueblos”, ha defendido.

Por su parte, Pablo Fernández, ha reivindicado un mundo rural “vivo y con derechos”, que implica que los pequeños productores como los del olivar tengan precios justos “y para eso es imprescindible que se cumpla la Ley de la Cadena Alimentaria, porque ya está bien de que los grandes distribuidores sean los que se lleven los beneficios a costa de pauperizar y de empobrecer a los pequeños productores”.

Fernández también cree que para lograr pueblos vivos hay que cuidar y fortalecer los servicios públicos en el medio rural. “No puede ser que la señora Guardiola esté desmantelando los servicios públicos y que los habitantes de las comarcas del medio rural vean como cada vez es más difícil acceder a la sanidad o vean como por ejemplo se abandona a las escuelas rurales”, ha indicado.

Para hacer frente a todo ello, Pablo Fernández ha hecho hincapié en que “el cambio que precisa Extremadura pasa por esa izquierda fuerte que encarna Unidas por Extremadura”.

De igual forma, el secretario de Organización de Podemos se ha mostrado convencido de que el 21 de diciembre Extremadura “tendrá lo que se merece, que es un gobierno que mire por la gente de aquí y que priorice a los extremeños porque durante muchos años está tierra ha sido la gran olvidada de España”.

“Aquí no se ha hecho política para Extremadura, si no se ha hecho política pensando en los intereses de Madrid”, ha dicho Fernández antes de asegurar que uno de los grandes aciertos de Unidas por Extremadura “es hacer política desde Extremadura, por Extremadura y preocupadas en Extremadura”.

Unidas por Extremadura se ha comprometido a crear una Consejería de Derechos Sociales si llega al gobierno tras los comicios autonómicos del 21 de diciembre al considerar que esta es “la asignatura María” de la actual Consejería de Salud y Servicios Sociales, a la que “no le presta nunca suficiente atención”.

“No puede ser que estos derechos estén supeditados a la agenda sanitaria”, ha afirmado su candidata a la Presidencia de la Junta, Irene de Miguel, tras reunirse en Mérida con el Grupo de Acción Social y Sindical, que agrupa a 17 colectivos que trabajan en derechos sociales.

Según ha apuntado, más del 30% de personas en Extremadura tienen más de 65 años y casi el 10% son personas con discapacidad, por lo que, a su parecer, casi el 50% de los extremeños necesiten cuidados que no pueden estar sostenidos por trabajadoras “precarizadas, con contratos temporales y mal pagadas”.

“Sabemos que el sistema de atención a los mayores y el de atención a la discapacidad es deplorable y las condiciones de los usuarios en residencias y centros es bastante mejorable”, ha apuntado.

Por esta razón, se ha comprometido también a elaborar un convenio marco en el que los pisos tutelados y los centros de menores y de personas con discapacidad tengan las “ratios adecuadas” y sus profesionales no trabajen solos.

A estos profesionales, ha añadido, se les asegurará condiciones de seguridad y laborales correctos y unos sueldos en los que se vea reflejado el trabajo “indispensable” que realizan.

En este punto, ha recordado el asesinato de la educadora social Belén Cortés el pasado marzo presuntamente a manos de tres adolescentes menores de edad a los que cuidaba en un piso tutelado de Badajoz.

Este suceso “destapó la precarización absoluta” que sufren este tipo de centros, en los que “ni hay calidad para los usuarios, ni condiciones dignas para los trabajadores”, ha denunciado. Así, ha insistido en que la Consejería de Derechos Sociales es “básica” ante unos servicios que están “infrafinanciados”.

Ayuntamientos sin dotación suficiente para prestar servicios sociales; oficinas de igualdad que no abren todo el año, y puntos de atención psicológica cerrados cuatro meses al año porque no hay suficiente financiación son, a juicio de De Miguel, otras realidades que justifican la creación de este departamento. 

“La quinta presidenta mejor pagada de todo el país hoy ha tenido dos manifestaciones de colectivos de la administración pública cuyas condiciones laborales son insoportable”. Así de contundente se ha mostrado este jueves la candidata de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, en la concentración que el colectivo de las ATE-cuidadoras ha protagonizado frente a Presidencia de la Junta de Extremadura.

De Miguel ha mostrado el compromiso de su formación con las dos reclamaciones que hoy han exigido mejoras salariales y de sus condiciones laborales. “No puede ser que haya trabajadoras cobrando menos del SMI”, ha dicho la candidata, quien también ha cuestionado que estas trabajadoras no estén contratadas al 100 por 100 durante todo el año.

La candidata de Unidas por Extremadura ha añadido que su formación se compromete a “acabar con la precarización en la administración pública”. “Vamos a empezar con las que más lo están sufriendo, que son las que se están echando a sus espaldas la inclusión educativa, y lo hacen cobrando una miseria”, ha dicho.

El pleno del Ayuntamiento de Albacete ha aprobado este jueves una iniciativa del Grupo Municipal Unidas Podemos para adherirse al sistema de seguimiento de casos de Violencia de Género (Viogén), así como una moción de rechazo contra las agresiones machistas que ponen el foco en los nuevos modos de violencia, como la digital, la económica o la vicaria.

La portavoz del grupo de Unidas Podemos, Nieves Navarro, ha argumentado en la presentación de su moción que la violencia machista “no es un problema privado y aislado, es un problema estructural que condiciona la vida de las mujeres de nuestro país, con cerca de mil casos activos en nuestra provincia”.

Navarro ha detallado que las agresiones machistas “en Castilla-La Mancha han crecido un 11,2% en el primer trimestre de 2025 respecto al año anterior, debido tanto al aumento de la violencia como a la concienciación de las mujeres a denunciar” y, por ello, ha solicitado la adhesión del Ayuntamiento al protocolo Viogén, que ha calificado como una “herramienta policial fundamental para la protección de las víctimas” y que debería de contar con la colaboración de la Policía Local debido “a su amplio conocimiento del territorio”. La medida incluye adherirse también al sistema Acopet, de acogida temporal de mascotas de víctimas de violencia machista.

La concejala 'popular', Gala de la Calzada, ha confirmado el apoyo de su grupo a la propuesta, sosteniendo que “las mujeres víctimas de violencia machista que buscan la protección del Estado merecen que mejoremos los sistemas ante cualquier incidencia que pudiera suceder”. De la Calzada ha apuntado que “las instituciones debemos mantener una supervisión constante para que la protección sea real y efectiva”.

La edil de Vox, Marta Sánchez, ha mostrado su rechazo a la moción alegando que se trata de una medida “que criminaliza a los hombres y sirve para crear más chiringuitos” pero ha asegurado que su partido “está en contra de todos los tipos de violencia, no solo contra las mujeres”.

La concejal socialista, María José López, ha garantizado también el voto a favor de su grupo en base a “la ley orgánica para luchar contra la discriminación y la violencia contra la mujer” y ha criticado a Vox por votar en contra. “Me sorprende que digan que están en contra de la violencia. Esto no se trata de atacar a los hombres, sino luchar contra el maltrato, y son acciones que ayudan a prevenir la violencia y tomar medidas para proteger a las víctimas”, ha matizado López.

Mientras, José Ramón Conesa, concejal no adscrito, también ha votado a favor, asegurando que apoyará todas las medidas “que ofrezcan más recursos a la Policía y las Fuerzas de Seguridad del Estado” para luchar contra la violencia.

La moción de rechazo contra la violencia machista ha sido también apoyada por PP, PSOE y Unidas Podemos y ha contado con los votos en contra de Vox, quienes bajo el mismo argumento de “rechazar todos los tipos de violencia y no apoyar medidas que criminalizan a los hombres” han propuesto su propia iniciativa, rechazada por el resto de grupos.

El debate ha llegado al pleno dos días después del Día Internacional contra la Violencia Machista, el 25 de noviembre. El portavoz del Grupo Socialista, José González, ha aprovechado para criticar al alcalde, Manuel Serrano, del Partido Popular, por apoyar una medida “contra la que se opuso con su voto en Madrid”, en referencia al rechazo del Partido Popular en el Congreso de los Diputados a una moción similar. González ha tildado de “peligroso que los derechos de las mujeres formen parte de la negociación política”.

El pleno también ha aprobado en su sesión un crédito para el suministro eléctrico del Museo Municipal, otra inversión para piezas para la reparación del parque móvil, una subvención directa a la organización sindical UGT y otra para el desarrollo de la actividad 'AB Fashion'.

Vox ha presentado una moción para rebajar el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica que ha sido rechazada con los votos en contra del resto de partidos. La sesión ha concluido con la propuesta del PSOE para la construcción de un complejo deportivo multiusos, que también ha sido rechazada con 13 votos en contra.

La candidata de Unidas por Extremadura a la Presidencia de la Junta, Irene de Miguel, se ha comprometido a desarrollar un plan de apoyo a la agricultura familiar y social, que pasa por sancionar a las empresas que vendan por debajo de los costes de producción y por priorizar en el uso del agua a estas familias frente a los fondos de inversión.

De Miguel ha hecho estas declaraciones a los medios tras reunirse en la sede de Podemos en Mérida con el técnico de La Unión, Luis Cortés, para tratar las reivindicaciones de sector agrario.

Ha tachado de “increíble” que desde que llegó el PP al Gobierno no se haya sancionado a “ninguna empresa” por intentar vender por debajo del coste de producción cuando ha habido “casos flagrantes” de incumplimiento de la Ley de Cadena Alimentaria, como es el caso de la aceituna de mesa, tomate y arroz. Por ello, se ha comprometido a aplicar “con contundencia” esta ley para garantizar la rentabilidad de las explotaciones y sancionar a quienes quieren “abusar” de los productores que representan el eslabón “más débil”.

La coalición también pretende impulsar la incorporación de los jóvenes al sector agrario mediante medidas como anticipos, para que “no tengan que solicitar créditos bancarios con avales”.

Otra de sus propuestas es modificar la Ley Agraria para dar prioridad en el uso del agua en épocas de sequía a las familias agricultoras antes que a los fondos de inversión, pues son las primeras las que mantienen con vida los pueblos, llenan los colegios y mantienen los bares y comercios abiertos.

De Miguel ha recalcado que la apuesta de Unidas por Extremadura es la de “acompañar con medidas valientes y fortalecer realmente” un sector esencial en la comunidad que fija población en el territorio.

Por su parte, Cortés ha explicado que su organización agraria ha pedido una reunión a todas las formaciones políticas que tienen posibilidades de obtener representación en la Asamblea ante la ausencia de política agraria en la comunidad. “Sencillamente nos dedicamos a gestionar el dinero que viene de Europa, pero aquí tiene que haber una serie de prioridades. Cada vez hay menos jóvenes, cada vez la tierra está peor repartida, cada vez los fondos de inversión se están llevando más dinero y cuando hay poca agua se la llevan siempre los mismos”, ha apostillado.

El representante agrario ha advertido de que la situación está empeorando paulatinamente con pérdida de producción en diferentes cultivos, como el maíz que está “desapareciendo”, en detrimento de producciones como el olivar intensivo que no genera empleo ni riqueza pues está “todo muy mecanizado”.

En otro orden de asuntos, cuestionada por si su candidatura incumple el código ético de Podemos que limita el mandato a ocho años para todos los cargos públicos y cargos internos del partido, con posibilidad de prorrogarse excepcionalmente a 12 años, ha asegurado que se trata de “una noticia falsa” y que “cumple perfectamente” dicha norma interna del partido.

En esta línea, la candidata ha abogado por una campaña electoral “limpia” en la que los adversarios políticos “no lancen este tipo de mentiras” en medios de comunicación para crear un “lodazal” de desinformación y que cale en la ciudadanía la idea de que “todos los políticos mienten” con la consecuente “desilusión y desapego”.

De Miguel, que lleva diez años como diputada y cuatro como coordinadora autonómica, ha indicado que el aprendizaje durante su trayectoria parlamentaria le ha permitido enfocar mejor sus propuestas y defenderlas con “mayor rigor”. Ello desde el convencimiento de que la política “no es una profesión”, es “una coyuntura” que se ha dado también en este caso por el adelanto electoral que les ha forzado a mantener la candidatura.