En muchas ocasiones en cursos, seminarios, reuniones, comisiones, etc, hablamos de que las profesionales escribimos poco desde y para el trabajo social, y por ende leemos poco sobre el trabajo social.

La verdad es que hay una gran cantidad de libros de trabajo social y cada vez se publica más y más, por eso, desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de Castilla-La Mancha, con la colaboración de la Biblioteca Pública del Estado, se ha puesto a disposición un espacio físico en la biblioteca de Albacete, con libros de Trabajo Social o escritos por trabajadoras sociales. El objetivo es que podamos tener un espacio para libros de trabajo social en todas las bibliotecas públicas del Estado de Castilla-La Mancha, de esta manera cualquier persona desde cualquier municipio de clm podrá solicitar los libros a través del servicio 'Pide y recoge', de manera gratuita y fomentar la lectura de libros y materiales de Trabajo Social.

Con esta acción queremos empezar una campaña para promover la lectura especializada de la disciplina de Trabajo Social, así como su visibilización en unos espacios tan maravillosos como las bibliotecas públicas del Estado de Castilla-La Mancha: 'Leer Trabajo Social'.

Desde el Colegio creemos que leer libros de Trabajo Social nos ayuda a ampliar el lenguaje técnico y científico, a mejorar la intervención profesional, a la actualización constante, a seguir desarrollando un pensamiento crítico, a fortalecer la ética profesional, a prevenir el desgaste profesional (burnout). Leer Trabajo Social es adquirir y actualizar conocimiento y afinar la práctica.

'Leer Trabajo Social' pretende que sea un espacio de participación para todas las colegiadas y colegiados, donde se propongan lecturas, las comentemos, y donde se pueda sugerir nuevos títulos para ampliar los ejemplares del que disponen las bibliotecas.

Queremos desde el colegio agradecer la ayuda prestada para esta acción, al colectivo Rescate de Albacete y por las profesionales de las bibliotecas que nos han facilitado este estante donde se puede leer sobre Trabajo Social.

Desde la Junta de Gobierno os deseamos que celebréis el Día del Libro con un buen regalo, regalad Trabajo Social.

El pasado 24 de marzo, el Ayuntamiento de Errenteria inauguró GÜ Harreragunea, un servicio de acogida para nuevos vecinos del municipio. Bajo el lema ‘Herri bat denon etxe, Errenteria te acoge’, GÜ ofrece orientación sobre la localidad, adaptándose a las necesidades y preferencias de cada persona. Durante seis meses funcionará como prueba piloto.

El servicio se basa en el manual de acogida del Gobierno vasco, Harrera Ehundu, y en el protocolo municipal elaborado en 2025. Además, ha incorporado aportaciones de distintos agentes sociales para definir su funcionamiento y contenidos. Entre ellos se encuentra SOS Racismo, que colabora directamente con la oficina a través de la trabajadora social Maïmouna Fofana Sangare.

Las personas interesadas en solicitar una cita deben hacerlo a través del correo gu@errenteria.eus o del teléfono 943 449 596, mediante llamada o mensaje por WhatsApp o Telegram. Otra opción es mediante un cita presencial en la Oficina de Atención Ciudadana ZU!. Las citas en GÜ pueden durar hasta una hora y media, especialmente en el caso de familias, y se atienden de 9:00 a 13:00 horas los lunes, miércoles y viernes, y de 15:00 a 19:00 horas los martes y jueves.

La trabajadora social de GÜ explica a este medio que prepara una carpeta con información sobre el municipio antes de cada cita. Fofana selecciona todos o algunos de los quince folletos disponibles en función del perfil de cada persona. Estos materiales recogen información básica sobre entidades de Errenteria que trabajan en ámbitos como empleo, vivienda, educación, salud, convivencia, sostenibilidad, cultura, igualdad, servicios sociales o participación ciudadana.

Una vez en la oficina, la persona, junto a su familia, si es el caso, es recibida por Fofana en un espacio reducido pero acogedor, “siempre buscando que estén cómodas”. Cuenta con una zona habilitada para menores, con juegos y libros que les distraen durante la cita. La oficina se encuentra en la planta baja del edificio Joxepa Antoni Araberri Anitzenea, donde comparte espacio con SOS Racismo, Lau Haizetara y Xenpelar Bertso Eskola.

Durante la cita, se entregan los folletos informativos y se amplía la información según los intereses de cada vecino. Fofana explica que, por ejemplo, si una persona muestra interés por el deporte, se le facilita información “sobre los bonos de los polideportivos”. Además, se agenda una segunda cita para asegurar el seguimiento y comprobar que la información ha sido asimilada.

Para mejorar el servicio, Fofana trabaja en reforzar la conexión con las entidades locales. Señala a este medio que su objetivo es lograr una “mayor coordinación entre todas las asociaciones” y facilitar el acceso de las personas a sus servicios. Cuando no atiende citas, mantiene reuniones con estas entidades para garantizar una buena acogida y mantenerse actualizada.

El servicio también aborda las posibles barreras lingüísticas. Las citas pueden realizarse en castellano, euskera, francés, árabe, inglés o ucraniano. Para ello, el Ayuntamiento ha habilitado el sistema de traducción en vivo con Dualia. Fofana contacta con el servicio “a través de un número telefónico”, introduce el código del idioma requerido y es conectada con una persona intérprete.

En esta fase piloto, GÜ recopila datos tanto de las personas atendidas como de los procesos del servicio. Fofana señala que, una vez finalizado este periodo, se buscará adaptar el funcionamiento a las necesidades detectadas, revisando aspectos como fichas, horarios o ampliación de prestaciones.

La abogada, jueza y magistrada Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid de 2015 a 2019 será reconocida este año en Castilla-La Mancha dentro de los reconocimientos 'Luisa Medrano' que otorga la comunidad de Castilla-La Mancha por el 8M y que este año cumplen ya su décima edición.

El Gobierno castellanomanchego destaca no solo su defensa continuada y destacada de la igualdad entre mujeres y hombres, sino también su dedicación, primero a la abogacía durante los últimos años de la dictadura franquista y la transición a la democracia y más tarde a la Justicia, en unos años en los que dichos espacios profesionales se encontraban fuertemente masculinizados.

En la categoría colectiva, el jurado del Premio ‘Luisa de Medrano’ reconoce a la ONG Solidaridad Enfermera, promovida por el Consejo General de Enfermería de España, por sus acciones en favor de la salud con perspectiva de género, como forma de reducir barreras estructurales y posibilitar la autonomía de las mujeres.

Destacan sus campañas y talleres en favor de la salud afectivo sexual y reproductiva de las mujeres, su trabajo con mujeres en situación de prostitución, la lucha contra la mutilación genital femenina o sus programas para mujeres presas de algunas de sus delegaciones territoriales.

Otros diez reconocimientos por promover la igualdad de género

Además, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado la concesión de cinco reconocimientos individuales y cinco reconocimientos colectivos de personas y entidades que promueven la igualdad de género en todas las provincias de la región, que serán también entregados en el acto institucional de Chinchilla de Montearagón.

Por la provincia de Toledo, el Gobierno regional premia la trayectoria en favor de la igualdad y del empoderamiento femenino de la Asociación de Mujeres ‘Atenea’, en el municipio de Villacañas. Como colectivo, el premio reconoce a María Camisón por su proyecto de emprendimiento ‘Alhaja Cerámica’ y la creación de la Asociación de Mujeres Artesanas ‘MIA’, impulsando la primera feria de artesanía en la ciudad de Toledo.

La escritora Luz González Rubio es la mujer reconocida en Cuenca por una producción literaria centrada siempre en las mujeres de diferentes épocas en la historia y por ser también un referente femenino, muy presente hoy en la cultura de la provincia. El Gobierno regional también reconoce el proyecto ‘Arte a dos manos’ de la Asociación Pro Salud Mental VIVIR, centrado en el arte como herramienta desde la que abordar problemas de salud mental, que trabaja mayoritariamente con mujeres.

En Ciudad Real, el Gobierno premia a Visitación Arcos, promotora de actividades en favor de la igualdad y de mujeres víctimas de la violencia machista a través del teatro. Ha sido coordinadora del Centro de la Mujer de Villanueva de los Infantes, impulsando la atención de mujeres del ámbito rural. El colectivo destacado en esta provincia es la Fundación Latana, por su trabajo en favor de la igualdad promoviendo actividades dirigidas a personas mayores en numerosos municipios de la provincia.

Los reconocimientos en la provincia de Guadalajara recaen sobre la profesora de la Universidad de Alcalá (UAH) Concepción Carrasco Carpio, por su brillante trayectoria académica e investigadora y su firme compromiso con la igualdad al frente de la Cátedra Isabel Muñoz Caravaca; y también sobre la entidad ACISJF Guadalajara, por sus programas de promoción de la igualdad, de sensibilización y de lucha contra la violencia de género y la trata con fines de explotación sexual.

El Gobierno regional premia, en Albacete, la trayectoria de Milagros Molares García, trabajadora social vinculada al sector público que creó el centro asesor de la mujer y la casa de acogida de carácter provincial, constituyéndose como el primer recurso de carácter provincial para mujeres víctimas de violencia de género, además de ser la jefa de la Unidad de Violencia de la Subdelegación del Gobierno en Albacete. En el apartado colectivo, otro premio será recogido por la Asociación de Mujeres Empresarias de Albacete y Provincia, fundada en 1996 y que cuenta hoy con aproximadamente 180 socias en Albacete y alrededor de 60 en el resto de municipios de la provincia.

El lema este año: ‘Castilla-La Mancha, con M de Mujeres’

Los premios se han dado a conocer hoy durante la presentación de la campaña del Gobierno de Castilla-La Mancha con la que conmemorará el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. El acto institucional de entrega de reconocimientos se celebrará, unos días antes, el viernes 6 de marzo, en la localidad albaceteña de Chinchilla de Montearagón.

La consejera de Igualdad, Sara Simón, acompañada por la directora del Instituto de la Mujer, Teresa López, y por las delegadas de igualdad en las provincias, ha recordado la importancia de conmemorar cada 8 de marzo “para evaluar el camino recorrido y coger impulso para el que nos queda por recorrer”.

Simón ha anunciado que ‘Castilla-La Mancha, con M de Mujeres’ es el lema elegido este 8 de marzo, recordando que nuestra región es “un referente en materia de igualdad, con leyes y políticas siempre a la vanguardia y siempre atentas a los retos que la realidad nos plantea”.

“En este 8 de marzo, el Gobierno regional se queda con la M de mujeres, M de Castilla-La Mancha, M de movimiento y de motor hacia un cambio necesario, M de un nuevo mundo en el que reconocimiento y liderazgo se comparten, M de meta en una sociedad libre de desigualdades y de roles, estereotipos y brechas de género”, ha explicado.

Diez años de oficio no se borran ni con el impacto de las bombas, ni con el humo que dejan sobre pilas de ladrillos desmenuzados. Diez años de trabajo en prensa no se olvidan ni en Gaza ni en España. Lo cuenta Shehabeddin Zohair Abed periodista y escritor palestino con un máster en Relaciones Públicas y Comunicación. Que ahora, en la treintena, se ha visto obligado a hacer maletas y vivir en España.

Comenta que su mente “sigue dividida entre Gaza y mi familia” para indicar que piensa en sus orígenes gazatíes, lugar donde ha perdido parte de su familia. Sus padres están en Egipto, a la espera de que la situación mejore en Gaza y dos de sus hermanas han fallecido, dejando a una sobrina de cinco años llamada Karaz en acogida con unos familiares lejanos. Además, el joven periodista espera desde hace un año la evacuación de otro familiar a España para recibir tratamiento.

Él llegó a España, hace aproximadamente un año, acompañando a una persona enferma, sin su sobrina porque al ser hija de su hermana no coinciden sus apellidos, y dejando atrás un camino de reporterismo que comenzó en 2015. “La mayoría de mis trabajos se han detenido. Actualmente trabajo de forma independiente y con recursos limitados”, explica, pero llegó con su equipo y en sus tarjetas de memoria portaba un legado de imágenes que hablan por sí solas.

“La preocupación constante por mi familia y el intento de salvar lo que queda de ellos hacen que alcanzar la estabilidad personal y profesional sea un proceso complejo y difícil, pero sigo comprometido con mi labor: contar la verdad y defender la voz de quienes no son escuchados”, explica en un castellano que va mejorando día a día, pero aún necesita el apoyo de un traductor, o del inglés.

Imágenes para documentar la realidad en la Franja de Gaza

Gaza y otros territorios palestinos venían sufriendo un bloqueo de Israel desde hacía más de 17 años. Gobierna desde las últimas elecciones democráticas en 2006 una agrupación islamista de varios partidos. El grupo terrorista Hamás llevó a cabo una masacre el 7 de octubre de 2023 contra población civil asesinando a 1.200 civiles, lanzando miles de misiles y tomando a 251 rehenes como prisioneros (algunas fuentes hablan de 254). Hecho que Israel tomó como una declaración de guerra. Desde entonces y según el Ministerio de Salud de Gaza unas 71.000 personas han perdido la vida en la guerra el 80 por ciento de ellos, palestinos civiles.

Un escenario que Shehabeddin Zohair apunta como desolador: “Los políticos pueden decidir una guerra en cuestión de minutos, pero son los pueblos quienes pagan el precio durante años, e incluso generaciones”. Toda la población civil está afectada, casi todas las infraestructuras han sido destruidas, la mayoría de las personas que han perdido la vida son civiles, por no decir que prácticamente son todos si incluimos los más de 14.000 desaparecidos en los dos últimos años.

 Y es ahí, al servicio de la población civil, donde Shehabeddin Zohair pone su trabajo: “La fotografía, para mí —afirma el fotoperiodista—, es un testimonio real de la realidad, especialmente en Gaza, donde la verdad puede desaparecer en cualquier momento si no se documenta”. Para afirmar que, en lugares como la Franja, la fotografía se convierte “en una herramienta para proteger la verdad y en un medio para defender a quienes el mundo no escucha y que viven bajo diversas formas de injusticia y violencia”.  Es la infancia quien está sufriendo el ataque más duro, según la organización no gubernamental de ayuda humanitaria Save the Children unos 4.000 niños habrían muerto entre Gaza, Cisjordania e Israel y unos 6.500 habrían resultado heridos.

Es por ello que el periodista destaca el valor narrativo de la fotografía como herramienta para reconstruir la crónica de los hechos, “la imagen es una memoria viva de un acontecimiento que ya terminó, pero que permanece mientras haya alguien que arriesgue su vida para captarla y otro que continúe llevando su mensaje”. Para el “no es solo arte, sino un acto de resistencia, un medio para preservar la memoria y una forma de evitar que las historias de las personas desaparezcan”.

Imágenes para pensar, para pensar en imágenes

“Mi objetivo —afirma Shehabeddin Zohair— es cumplir con la responsabilidad que asumí en mi formación y en mi profesión: transmitir la verdad tal como es”. Aspira a que sus imágenes hagan pensar y convertir en testigos a todos los que las vean. Reconoce sentir una gran responsabilidad al poder narrar con imágenes la crónica de lo que ha vivido en la Franja de Gaza, donde espera volver en el futuro.

“La cámara es una herramienta, pero el testimonio es una responsabilidad”, reflexiona a modo de conclusión cuando es preguntado sobre si somos una sociedad cada vez menos sensible al poder de las imágenes. “Lo que distingue a una fotografía que impacta no es solo su calidad o su momento, sino su sinceridad, su profundidad y la historia que contiene”.

Defiende que, al final, el poder de la fotografía no depende de la tecnología, sino de la persona que sostiene la cámara y de cómo decide usarla. Y él cuenta con sus imágenes que “la situación en Palestina, especialmente en Gaza, no es solo un conflicto político; es una vida diaria bajo un peligro constante”.

Muchos países, afirma el fotoperiodista, “han calificado lo que ocurre como genocidio, porque la realidad que vive la población va mucho más allá de una guerra convencional”. Y es ahí donde explica que sus fotografías “no buscan mostrar solo la violencia, sino mostrar a un ser humano que intenta vivir en medio de la destrucción”. “Quiero que el mundo entienda que lo que ocurre no es simplemente una noticia de última hora, sino una realidad que millones de inocentes viven cada día”, concluye el gazatí.

Con esa misión, Shehabeddin aprieta el botón de su cámara para recordarle al mundo que “lo que ocurre en Palestina, y especialmente en Gaza, demuestra que la carga más dura siempre recae sobre la persona común (utiliza este término para referirse a la población civil): es ella quien pierde su hogar, su familia, su futuro… mientras los políticos permanecen lejos de ese dolor, protegidos en sus decisiones y en sus torres de cristal”. Y es consciente de las limitaciones de una cámara, pero también de su poder: “Creo que una fotografía tal vez no detenga una guerra, pero puede despertar conciencias, impedir que la injusticia ocurra en la oscuridad y dar a las víctimas el derecho de ser escuchadas y de ser vistas”.

Agradece que la posición de España haya sido clara, pero valora más el afecto del pueblo español en las calles. Recuerda que Gaza enfrenta un invierno entre escombros y bajo el barro de una ciudad en ruinas, de hecho, en el momento en el que se escribía este reportaje una fuerte tormenta inundaba los campos de refugiados en la Franja. Por eso, más desde la vida que desde su posición de fotógrafo, Shehabeddin tiene un “mensaje para los ciudadanos, en cualquier parte del mundo: no permitáis que los políticos hagan la guerra en vuestro nombre. Si la gente calla, la tragedia se repite; si la gente habla, una vida puede salvarse”.

Aún busca Shehabeddin Abed un lugar donde instalarse, y lo hará en España, un país por el que ya siente respeto porque “ha dicho lo que muchos políticos en el mundo no se han atrevido a decir: que la vida humana vale más que cualquier cálculo político, y que callar ante la injusticia es una forma de complicidad”.

El joven periodista reconoce que, “desde mi llegada a España, sentí que me encontraba ante un pueblo con una profunda sensibilidad humana”, y explica que la acogida “no fue solo administrativa, sino verdaderamente humana”. Afirma que en España vio “la solidaridad en las calles, en las manifestaciones y en las posiciones públicas con las que muchos españoles expresaron su apoyo al pueblo palestino”. Lanza, eso sí, el reto a los gobiernos “que deberían mirar la situación del refugiado palestino con más profundidad y mayor responsabilidad.”

Describe su llegada a España como un abrazo humano que le “hizo creer que aún existen pueblos que defienden la justicia y la dignidad humana.” 

Tiene un deseo: quiere volver a trabajar. “El periodismo no es solo un empleo para mí, sino parte de mi identidad y de la misión que llevo conmigo”, afirma. Aunque está esperando el momento adecuado: “Estoy intentando recuperar mi estabilidad emocional y familiar, y después volveré con más fuerza a mi labor como periodista y fotoperiodista, para seguir contando la verdad y dando voz a quienes no son escuchados”.

Shehabeddin Abed ha asistido como invitado especial de la entrega de reconocimientos fotográficos del Colegio de Trabajo Social de Castilla-La Mancha. Estas distinciones que buscan visibilizar y llevar a la esfera pública y al debate ciudadano algunas de las realidades con las que cada día se encuentran los y las trabajadoras sociales de la región. Unos premios en los que colabora ElDiario.es Castilla-La Mancha y que este año han destacado las imágenes de Olvido Belda y Lucía García-Casarrubios.

El jurado de la novena edición de los Premios de Fotografía Social ha proclamado a Olvido Belda Oliva y a Lucía García-Casarrubios como ganadoras en las categorías a la mejor fotografía individual y a la mejor colección fotográfica, respectivamente.

Belda Oliva ha sido premiada por su obra “Cada día es un reto”, que visibiliza las dificultades que enfrentan las personas con problemas de salud mental. Por su parte, García-Casarrubios ha sido galardonada por su trabajo “(NO) ES COSA DE NIÑOS”, una serie que pone el foco en el acoso escolar y en la importancia del Trabajo Social en el ámbito educativo.

Este certamen ha sido convocado, un año más, por el Colegio Oficial de Trabajo Social de Castilla-La Mancha. Los galardones están patrocinados por Globalcaja y cuentan con la colaboración de Amnistía Internacional, EAPN Castilla-La Mancha y elDiario.es Castilla-La Mancha.

Según informa el Colegio, estos premios “buscan visibilizar la profesión del Trabajo Social y sensibilizar a la sociedad sobre las problemáticas sociales que atraviesan nuestro entorno”. También afirman que, desde su creación en 2017, “se han consolidado como un espacio de encuentro, reflexión y denuncia social”.

Entrega de premios

La gala de entrega de premios tendrá lugar el viernes 12 de diciembre a las 17:30 horas en el Auditorio Ágora de Albacete, en un acto abierto al público que incluirá la inauguración de la exposición con todas las obras presentadas.

El evento contará con la participación especial del fotoperiodista gazatí Shehabeddin Abed, quien ofrecerá una charla sobre su trabajo documental en Gaza y la fuerza de su testimonio visual en el genocidio de Gaza. Además, la jornada contará con la actuación musical del grupo TRIA, que traerá al escenario un repertorio inspirado en las músicas tradicionales de la península ibérica.

El mural de la Facultad de Trabajo Social de Cuenca dedicado a las mujeres históricas ha sido vandalizado por un ataque islamófobo que ha ocultado con turbante y pasamontañas los rostros de Angela Davis, Rosa Parks, Silvia Federici, Alice Guy, Antonia Fontanilla, Wangari Maathai, Soledad Casilda Hernáez, Malala Yousafzai y la Comandanta Ramona han aparecido cubierto.

Junto a la imagen cubierta de cada una de estas mujeres, mostrándolas como si fueran terroristas, los vándalos han escrito la palabra “infiel” y han borrado los versos que acompañaban al mural, “lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado” para escribir “el verdadero patriarcado es el islamismo.

El ataque se ha completado con otro mensaje, “España no será musulmana”, y una luna roja tachada.

Este mural fue pintado en 2021 por las mujeres que dirigían el programa radiofónico Histéricas Conectivas y es similar a otros con la misma temática feminista que se han pintado en otros lugares de España y que también han sufrido acciones vandálicas desde su creación.

Precisamente, hace unos días el mural de Getafe era víctima de pintadas islamófobas como las que ha sufrido el de Cuenca.

La UCLM anuncia que volverá a pintarlo

La Universidad de Castilla-La Mancha ha anunciado que volverá a pintar el mural vandalizado con ataques islamófobos en el campus de Cuenca.

 “Contra el espray y el odio, pinceles y tolerancia”, subraya la institución académica. La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ya trabaja en la recreación del mural feminista y ha condenado “los discursos de odio” en un comunicado en el que también expresa que “se mantiene firme en la defensa de la convivencia, los derechos humanos y los valores democráticos”.

El mural Mujeres Históricas es obra del colectivo Histéricas Conectivas, que en 2021 decidió sumarse al movimiento reivindicativo feminista que condenaba la vandalización del mural de mujeres en Ciudad Lineal (Madrid). Los rostros de Angela Davis, Silvia Federici, Antonia Fontanilla, Alice Guy, Soledad Casilda Hernáez, Wangari Maathaic, Rosa Parks, la Comandanta Ramona y Malala Yousafzai componen el elenco multirracial de esta pieza artística.

 La iniciativa contó con el apoyo de la Facultad de Trabajo Social, la participación del alumnado y la colaboración del Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Responsabilidad Social junto a la Escuela de Artes Cruz Novillo. Más de 100 personas de todas las edades se implicaron en esta acción de pintura activa en mayo de 2021.

La silla que hay frente a la mesa de los trabajadores de los servicios sociales se le llama la silla de confidente y no es por casualidad. En la de Floren Alfaro, trabajador social de Villamalea, Albacete, hace unos meses se sentó una joven de origen árabe y en esa confidencia que presta el asiento, le expresó su deseo de entrar en una iglesia.

Al otro lado de la mesa Floren, lejos de sorprenderse, habló con el párroco del municipio, al que le pareció muy lógico que distintas religiones que conviven en un pueblo pequeño se conozcan. Comenzó así un proceso de diálogo entre diversos credos que ha llevado a cinco religiones distintas del municipio a compartir espacios de intercambio común.

La imagen en la que una joven comenta sus inquietudes con un trabajador social es habitual, pero cómo dos comunidades religiosas tan distintas como la cristiana y la islámica tomaron el testigo para hacer, de la necesidad de conocer, una herramienta de cohesión, no es tan habitual.

Cerca del 27 por ciento de la población en Villamalea es extranjera, más de mil personas de un municipio de cuatro mil habitantes. Segundas y terceras generaciones nacidas en este municipio combinan su identidad local con su origen, sobre todo ecuatorianos y marroquíes, que fueron las primeras comunidades en instalarse. Hasta un total de 32 nacionalidades distintas comparten calles y viviendas en este pueblo de tradición agrícola que derriba prejuicios y desmiente titulares “porque lejos de los mensajes de odio que se están poniendo de moda desde hace unos años, Villamalea es un lugar tranquilo, con muy buena convivencia”, apunta Alfaro. Aunque los jóvenes comparten espacios, educación y ocio, hay cierta tendencia a que cada uno termine por relacionarse con su comunidad de origen. 

Este trabajador social implicado en crear comunidad recuerda cómo esa joven de origen musulmán, nacida en el hospital de Albacete hace 22 años, le decía: “Me gustaría pasar a la iglesia, pero me da miedo que me digan algo”. Había concentrado, quizá sin pretenderlo, una gran verdad: el desconocimiento te aleja de tus vecinos. “Así que se lo comenté a Javi Cano, cura de la parroquia, y me dijo que estaría encantado de hacer un encuentro”. Después habló con el imán de Villamalea, Abderramán Louizi, y le dijo lo mismo. 

Así fue como se organizaron dos encuentros abiertos a todo el mundo para conocer, por un lado, la iglesia y, por el otro, la mezquita. “Con una idea muy cultural y explicativa, para que los interesados supieran cómo es cada templo y qué hay dentro”, Alfaro explica que eso fue en noviembre. “La sorpresa fue que participó mucha gente” y comenta que tras conocer los templos, “musulmanes y cristianos se sorprendían buscando cosas en común entre las dos religiones”.

Al finalizar la visita, el imán invitó a quienes quisieran ver cómo rezaban, y en un área para no interrumpir. Varios vecinos se quedaron. “Fue muy bonito porque al terminar les aplaudieron”, rememora el trabajador social. 

Todo el mundo salió tan contento que los participantes decidieron que tenían que buscar una actividad más religiosa, “al fin y al cabo son organizaciones religiosas” y hay muchos valores comunes.

Por ejemplo, todas las comunidades comparten su deseo de paz. Y fruto de estas conversaciones, ellos mismos decidieron invitar a otras religiones del municipio, y así fue como se unieron evangelistas, ortodoxos y greco-católicos y se fijó un día para hacer una jornada interreligiosa donde “cinco mujeres, harían cada una un rezo, una explicación o una lectura de su religión que hablara de la paz”, dice Alfaro.

Hablar de paz desde distintas religiones

Tras buscar un momento idóneo para todos, acordaron que fuese después del Ramadán y durante la Cuaresma, un periodo de preparación de la comunidad cristiana para la Semana Santa. La primera idea fue hacer el encuentro en la mezquita,. Pero, claro, en las mezquitas no está permitido cantar y, de cara a permitir que cada religión se expresase libremente, se decidió hacerlo en otro espacio. Debido a que la comunidad de evangelistas, ortodoxos y greco-católicos no tienen templo, finalmente se apostó por la iglesia de Nuestra Señora de la Anunciación.

Tras una presentación, cinco mujeres representando a las cinco confesiones hablaron sobre la paz. Cada una desde un enfoque distinto, e incluso con una expresión propia. Algunas oraron y otras leyeron explicaciones o textos. Todas, eso sí, compartieron el mensaje de paz, rindiendo homenaje de concordia y diálogo a sus propios textos. Mientras el islam, en el Corán indica: “Dios invita a la morada de la paz y guía a quien Él quiere por un sendero recto” (Sura 10:25); el evangelio reproduce las palabras de Jesús: “Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios” (Mateo 5:9).  

Zakiya Louzi es el nombre de la chica en la que empezó este proceso de diálogo, hablando desde una silla de confidente, y reconoce que ha sido una experiencia que le ha gustado mucho “y creo que es muy útil porque incluimos más religiones y es que a todos nos une lo mismo: queremos paz”. Pero como joven comprometida con el bienestar en su municipio apunta: “Creo que es muy bueno para el pueblo y más con el auge de odio y discursos que generan enemistades entre religiones”, y por ello concluye que “esto es una gran idea que ayuda a desmentir noticias falsas y contrarresta ese odio”. 

Creo que es muy bueno para el pueblo y más con el auge de odio y discursos que generan enemistades entre religiones

Zakiya Louzi — Vecina de Villamalea

Maríya Bila Kryvetska, representante de la religión greco-católica, lleva 26 años en Villamalea, pero siempre se ha sentido integrada. Reconoce “que este encuentro ha sido un acto más”, pero en general ve su religión reconocida y respetada, aunque “vivimos en tiempos muy convulsos”, y si la religión “es el refugio de la gente y una fuente de esperanza, es muy emotivo oír a todo el mundo hablar de respeto, amor y paz”. Aunque Maríya Bila reconoce que este respeto, expresado ahora en este encuentro, en realidad estaba ya en el ambiente, ya que la parroquia ha permitido a la iglesia ucraniana celebrar sus ritos durante más de quince años allí, aunque ahora no celebran misas por “falta de cura greco-católico”. 

Javier Cano es el párroco de Villamalea y explica que todo ha ido creciendo por el éxito que tuvieron las jornadas entre mezquita e iglesia: “aprendimos mucho y nos conocimos mucho más”. Tras ese acto, “se nos ocurrió una oración por la paz”, explica Cano que con esa idea prepararon el encuentro porque todas las religiones comparten esa necesidad de paz “pero las no religiones también desean un entorno pacífico”.  Destaca que fue un acto muy sencillo y apuesta por repetir la experiencia “por lo menos una o dos veces al año”.

“Este encuentro debemos verlo como una oportunidad para crecer”, defiende Maríya Bila, porque “cuando las culturas se encuentran en diálogo, siempre hay nuevas ideas y oportunidades”. Motivo que respalda Zakiya Louzi que apuesta por que haya más encuentros, ya que el clima ha sido muy favorable y los efectos muy positivos para el municipio.

Maríya cree que un tiempo de diálogo tras este tipo de encuentros sería muy constructivo “porque mucha gente se juntaba y hablaba, y quizás podríamos hacer esto en público la próxima vez”, y no descarta que las propuestas de futuro incluyan también aspectos culturales como música, la poesía o el arte. 

Javier Cano, párroco católico, destaca la participación: “Se les propuso a todos los grupos y todos aceptaron y quisieron participar”. También coincide con Maríya en que “podría hacerse algunas conferencias, porque hay cosas de otras religiones que aún no conocemos, o hacer jornadas interculturales” y explica que es un camino por el que habría que seguir.

Floren Alfaro, el trabajador social que ha acompañado e impulsado este proceso, indica que lo que se ha hecho es trabajo social comunitario, y aspira a que lo que se ha conseguido gracias a la implicación de los vecinos, y los distintos grupos religiosos no desaparezca.

Las tradiciones nos unen y, aunque hay muchas diferencias, nos enriquecen cuando se dan a conocer

Maríya Bila — Vecina de Villamalea

 Maríya Bila, greco-católica, afirma que “las tradiciones nos unen y, aunque hay muchas diferencias, nos enriquecen cuando se dan a conocer”, mientras que el trabajador social recuerda que en estos pocos encuentros se cayeron ya algunos mitos: “algunos vecinos reconocieron que se sorprendieron de que hubiera hombres y mujeres en la mezquita”, y por su parte, otros vecinos musulmanes dijeron que en algún momento les hubiese gustado ir a la iglesia por amistad y respeto con algún vecino fallecido. Un problema que Villamalea no volverá a tener.

Pero no solo se derrumbaron mitos, también se abrieron puertas, porque tanto imam como el párroco coincidieron en ofrecer mezquita e iglesia a quienes quisieran saber más, porque conocer es el camino más corto hacia el respeto.

Ahora, Cáritas y los servicios sociales del municipio están trabajando en una propuesta para repetir y ampliar este diálogo religioso y cultural. Porque muchos pueblos de Castilla-La Mancha tienen jóvenes y sillas de confidente; solo hay que escuchar sus palabras y creer en ellos.

El responsable del Servicio de Valoración de la Dependencia en Sevilla ha presentado este martes su dimisión, en un contexto de tensión dentro del sector, tras un año de implantación del nuevo modelo de gestión de la Junta, que ha sido criticado tanto por los usuarios como por los propios trabajadores de la administración andaluza.

Fuentes de la Consejería de Inclusión Social indican que la renuncia se ha producido “por motivos estrictamente personales”, pero desde la sección sindical de CCOO en la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA) entienden que “cualquier profesional con ética no está dispuesto a seguir y asumir directrices que se encaminan a un nefasto trato hacia las plantillas y a la propia ciudadanía”.

La organización sindical se refiere así a la denuncia que han hecho pública los funcionarios, agrupados bajo el paraguas de la Plataforma Andaluza de Personal de Atención a la Dependencia. Este colectivo viene lamentando que el nuevo procedimiento de la Junta haya aumentado la carga de trabajo y reducido la autogestión para organizar las citas y valoraciones de los usuarios.

“Abusos” en las condiciones laborales

El nuevo modelo, implantado hace un año, redujo el proceso para el reconocimiento de la situación de dependencia a una única visita y resolución con el objetivo de “mejorar”, “facilitar” y “agilizar” el acceso a las prestaciones. Sin embargo, los trabajadores aseguran que, en la práctica, ha supuesto un quebradero de cabeza y un deterioro en la calidad de la atención a la dependencia.

Tanto es así que los profesionales que desempeñan su labor en la Agencia de Servicios Sociales denuncian estar sufriendo “abusos” en sus condiciones laborales, a raíz del nuevo sistema, que afecta también a la forma en la que ahora tienen que gestionarse las citas y los objetivos a cumplir bajo las directrices de la Junta. “No podemos con todo, no nos da tiempo”, han expresado los funcionarios, incidiendo en que la reducción del proceso está afectando a “la calidad en la atención a los usuarios”.

En este marco, se ha producido la dimisión del hasta ahora jefe del Servicio de Valoración de la Dependencia en la delegación territorial de Sevilla, mientras la Junta presume de “récord de prestaciones y beneficiarios” y defiende que “el nuevo modelo está funcionando”. En el día a día del sistema, tanto para usuarios como para trabajadores, y a la luz de la estadística, la realidad es bien distinta.

Desde CCOO lamentan la marcha de este “profesional” y destacan su labor en defensa de las personas que han trabajado a su cargo, para terminar deseándole “todo lo mejor” al hasta ahora responsable del servicio en su nueva etapa laboral.

Una trabajadora social de 35 años, María Belén, fue asesinada el pasado 9 de marzo en un piso tutelado de Badajoz, presuntamente a manos de tres menores a los que intentaba guiar hacia un futuro mejor. Este crimen no es solo una tragedia personal: es un grito de alarma sobre las duras condiciones en las que los educadores sociales de España enfrentan su día a día. Una profesión marcada por la precariedad, los riesgos y el abandono institucional, que, sin embargo, sigue siendo el sostén de la esperanza de miles de jóvenes vulnerables. Es hora de escuchar sus voces y actuar.

Los educadores sociales son mucho más que simples cuidadores. Son agentes de cambio que trabajan día a día para reconstruir vidas rotas a través de la resocialización, la autonomía y la reparación de vínculos afectivos. Inspirados en la pedagogía de Paulo Freire, median entre jóvenes en situación de crisis y un mundo que a menudo les da la espalda. En España, más de 40.000 profesionales, según datos del Consejo General de Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES), luchan por esta misión, muchos de ellos en centros de protección a la infancia. Sin embargo, lo hacen en condiciones adversas. Mientras en Europa se recomienda un educador por cada cinco menores en casos complejos (EESC, 2018), en España estos profesionales se enfrentan a ratios de uno por diez o incluso más, como ha quedado dolorosamente evidenciado en el caso de Badajoz.

El desafío es inmenso. El Informe sobre Menores en Riesgo 2023 del Ministerio de Derechos Sociales revela que el 62% de los jóvenes en acogida tiene trastornos de conducta o antecedentes delictivos, una cifra que crece un 15% cada década. En el caso concreto de Badajoz, los menores implicados acumulaban antecedentes por agresiones y delitos graves. ¿Cómo puede un solo educador, sin apoyo y recursos suficientes, transformar esas vidas? La respuesta es clara: no puede hacerlo sin ayuda.

A todo esto, se suman condiciones indignas: sueldos bajos, contratos precarios y recursos escasos. En el piso tutelado donde murió María Belén no había seguridad ni cámaras de vigilancia, una realidad que los representantes de los trabajadores denuncian sin descanso. Un estudio de Rodríguez et al. (2021) lo confirma: el 78% de estos profesionales ha sufrido algún tipo de violencia. Son quienes trabajan en primera línea, pero sin escudo ni respaldo institucional.

Esto no es solo un debate sobre menores o leyes. Es un fallo sistémico que pone en jaque a quienes tejen la inclusión social. Los educadores sociales exigen más personal, formación específica en gestión de crisis, protocolos claros de actuación y programas que ataquen las raíces del problema: la pobreza, las familias desestructuradas y la exclusión social. La Ley Orgánica 8/2021 promete protección, pero sin recursos reales, se queda en papel mojado. La justicia empieza por dar a cada persona las herramientas necesarias para poder florecer. Hoy, ni los menores ni sus educadores cuentan con esas herramientas. 

Llevo más de 20 años formando educadores sociales desde el Grado de Educación Social. He visto su entrega, su compromiso y su capacidad para cambiar vidas incluso en las peores circunstancias. Igualmente he visto su agotamiento, su frustración y su preocupación. No precisan solo aplausos: exigen ser pilares reconocidos de una sociedad que dice querer equidad. Razonadamente, garantizar su seguridad, dotarles de medios y devolverles la dignidad profesional no es un lujo, es una deuda histórica.

La muerte de María Belén nos interpela a todos. No basta con condenar el crimen: hay que actuar con responsabilidad y compromiso. Reivindicamos que su vocación y la de tantos otros, no sea sinónimo de sacrificio, sino de esperanza y transformación para quienes atienden y son atendidos. La sociedad no puede seguir mirando a otro lado. Es hora de responder con hechos.

Con profunda tristeza y consternación, lamentamos la pérdida de María Belén, una profesional de la intervención social en el ejercicio de su labor en un centro de menores en Badajoz. Extendemos nuestras condolencias a su familia, amistades y compañeras/os, al tiempo que expresamos nuestra solidaridad con el conjunto de profesionales que, día a día, trabajan en condiciones de alta exigencia y vulnerabilidad para garantizar la protección y el desarrollo de menores en situaciones de riesgo.

Este trágico suceso evidencia una realidad ineludible: la precariedad en los recursos destinados a la intervención social y la falta de medidas adecuadas de seguridad y apoyo para quienes dedican su vida a la resocialización de menores. La falta de personal, la sobrecarga de trabajo y la desigualdad en la distribución de recursos a nivel territorial son elementos que exponen a los y las profesionales a riesgos inaceptables.

Sin embargo, es fundamental evitar un enfoque simplista. La mayoría de las intervenciones en el ámbito de la justicia juvenil se desarrollan de manera efectiva y positiva. El sistema actual, alineado con los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño, prioriza la integración social y el acompañamiento educativo sobre la restricción y el castigo. La privación de libertad es y debe seguir siendo el último recurso.

Por ello, reclamamos:

1.   Recursos Dignos y Suficientes: Una dotación adecuada de recursos humanos y materiales que garantice la atención especializada y segura de los y las menores, así como la protección de las y los profesionales.

2.   Seguridad sin Estigmatización: Protocolos de seguridad efectivos que no criminalicen a los adolescentes, sino que respondan a las necesidades de cada recurso. La presencia de profesionales de seguridad debe reservarse para entornos cerrados y de alta conflictividad.

3.   Valoración y Reconocimiento Profesional: Reconocer la figura de las y los profesionales de la intervención social como autoridad en el ejercicio de sus funciones, dotándoles de mayor protección legal frente a agresiones y amenazas.

4.   Coordinación Institucional: Garantizar una mejor coordinación entre las administraciones, entidades gestoras y el sistema judicial para asegurar una correcta valoración de las medidas y recursos más adecuados para cada menor.

5.   Reflexión Mediática y Social: Llamamos a los medios de comunicación a evitar mensajes sensacionalistas que estigmaticen a todos los adolescentes en conflicto con la ley, fomentando en su lugar una mirada que promueva la comprensión y el respeto por los procesos de reinserción social.

6.   Refuerzo en la Supervisión y Evaluación: Instamos a las administraciones a reforzar los sistemas de supervisión y evaluación de los recursos destinados a la intervención social, para detectar y corregir carencias que puedan derivar en situaciones de riesgo.

Exigimos respuestas inmediatas que aseguren entornos seguros y adecuados tanto para los y las menores como para las y los profesionales que les acompañan en sus procesos de integración. Porque proteger a quienes cuidan y educan es garantizar el derecho a una sociedad más justa y equitativa.

No podemos permitir que tragedias como esta caigan en el olvido. Honremos la memoria de quienes como María Belén han perdido la vida en el ejercicio de su vocación exigiendo cambios que prevengan nuevas tragedias. La seguridad y dignidad en la intervención social son una responsabilidad colectiva que no admite demora.

Hace cosa de dos años y medio, en el verano de 2022, me permití escribir un artículo que fue compartido y difundido gracias al Colegio. El mismo llevaba por título “La protección social como certeza frente a la incertidumbre del virus” y en él escribí lo siguiente a razón de la pérdida de un ser querido:

“Hoy, a más de dos años de aquellos tristes hechos, aún hay varios momentos durante el día en que la emoción me supera y alzo mi mirada hacia el cielo, en un gesto discreto e íntimo. Pero ahora he logrado mutar ese dolor en ilusión y fortaleza. Antes, en la oscuridad de mi duelo, era el deseo venganza el que exigía justicia. Ahora es la serenidad resultante del paso del tiempo, la que aboga por una sociedad más benefactora y más justa con los menos fuertes.”

En aquel momento intenté hacer una defensa de la protección social y de la dignidad de las víctimas desde el cajero de un supermercado dado que buenamente me ganaba la vida con ello. (Paréntesis: nunca olvidemos la esencialidad del personal del supermercado, generalmente siempre y particularmente, durante la pandemia.)

En la actualidad, pasados casi 5 años de aquellos tristes hechos, el deseo de venganza sigue siendo inexistente y la serenidad se conserva íntegra y perenne. Además, gracias a una llamada telefónica que recibí mientras ordenaba y abastecía los estantes de dulces, me gano la vida feliz y dulcemente ejerciendo el trabajo social en mi tierra que no es otra que Castilla-La Mancha.

He tenido en más de dos años la oportunidad, fruto de los vaivenes de la interinidad, de observar y participar en realidades sociales tan dispares como el despoblamiento rural, la “masificación” demográfica fronteriza con la Comunidad de Madrid, pasando por los sinsabores del trabajo administrativo y la dicha de trabajar en una residencia de mayores. Toda esta modesta experiencia me ha hecho experimentar muchas sensaciones y provocado muchas reflexiones que terminan por desembocar todas ellas en la misma conclusión; la importancia de una profesión como el trabajo social. Somos verdaderos agentes de cambio en la vida de muchas personas. Podemos y debemos serlo, estableciendo como único límite el principio de autonomía de la gente. Por supuesto. Aquí no estamos para organizarle la vida a nadie porque esa no es nuestra función.

Creo sinceramente que son tiempos de esperanza para nuestra profesión y que debemos de enfrentar estos tiempos con una convencida defensa de la dignidad de la misma, haciéndonos valer ante quienes nos posiciona en roles y estructuras subalternas, exigiendo simple y llanamente respeto e igualdad. Nuestra mirada (observación) y nuestra mano (nuestra acción) son las que salvaguardan la dignidad de “pequeñas” personas frente a grandes estructuras de poder, cuando sus derechos sociales no son reales y efectivos.

La capacidad de defensa de nuestra identidad y nuestra profesión también incluye la colegiación y la máxima participación posible en los procesos de construcción, porque la unidad está demostrado que es garantía de éxito y la crítica por la crítica no es procedente si no se participa activamente. No tenemos derecho a pensar que de nada sirve si al menos no lo hemos intentado.

Después de ocho años desde mi graduación, siento que el trabajo social merece la pena. Adelante compañeras y compañeros.

El plan de la Xunta, anunciado a bombo y platillo, para tratar de conseguir que todos los casos de dependencia se valoren en los seis meses que marca la ley –hoy se tarda más del doble, 388 días– tiene una doble cara. El Colexio Oficial de Traballo Social (COTS) considera que algunas de sus medidas estrella son “perversas” porque abren la puerta de entrada a la privatización. Critican la desaparición del informe social o el compromiso de proporcionar unas ayudas “escasas e insuficientes” a quienes no puedan acceder al servicio demandado en lugar de crear la estructura pública que lo sostenga. Para la Xunta, lo que se hace es liberar de burocracia a los profesionales para que se puedan centrar en la atención directa a las personas.

El Plan de agilización y simplificación de los trámites de dependencia y discapacidad, que así se llama, fue presentado por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la conselleira de Política Social, Fabiola García, como principal asunto de la última reunión del Gobierno gallego en 2024. 90 millones de euros destinados a reducir la burocracia para “garantizar” que ninguna persona espere más de medio año desde que presenta una solicitud, que ahora es única, hasta que reciba el servicio o prestación demandado. Si, cuando eso sucede, no puede acceder de “inmediato” a él, se le ofrecerá “de forma automática” una prestación económica vinculada a ese servicio o al de entorno familiar.

En esa cruzada contra la burocracia, el informe médico y el informe social que acompañaban la solicitud fueron los primeros en caer. Este último dictamen, sin embargo, es clave para el COTS. Sin él, dicen, una solicitud de dependencia o de discapacidad deja de ser una intervención social. “El informe es el que garantiza saber si, dentro del abanico de posibilidades del sistema, el recurso solicitado es el idóneo para la persona o no”, explica a elDiario.es su presidenta, Miriam Rodríguez. “Un acompañamiento, a cargo del profesional responsable, que es necesario como en cualquier otra responsabilidad pública”.

Ahora, según el Colexio, la supresión de ese documento técnico “despoja a las personas del seguimiento adecuado y del asesoramiento que hace el sistema público”, algo especialmente grave cuando se habla de personas dependientes “que son vulnerables y a las que hacer todo el proceso de solicitud y seguimiento sin acompañamiento les resulta muy difícil”.

Rodríguez no cree que se pueda culpar al informe social de la lentitud de las valoraciones y, mucho menos, del acceso a servicios y recursos muy limitados. “Si no aumenta la inversión, las personas no van a tener a donde acceder aunque la solicitud sea más ágil”. En la presentación del plan, la conselleira justificó su supresión argumentando que, sin este trabajo burocrático y administrativo, los servicios sociales municipales podrán centrarse en la atención.

Las empresas, al acecho

Sin el informe social, la solicitud de dependencia o discapacidad queda reducida, según el COTS, a un simple acto administrativo para el que, en muchos casos, la persona dependiente seguirá necesitando ayuda. Eso es lo que han detectado las gestorías y empresas privadas de cuidados que se están ofreciendo a realizar ese trámite a cambio de un pago. En internet pueden encontrarse ya ofertas de trabajo destinadas a captar personas que realicen “valoraciones a domicilio”. Una de las que ha localizado el colegio utiliza un modelo de cuestionario tipo test “preestablecido” y ofrece como condiciones “alta en la seguridad social y 45 euros por valoración”.

Rodríguez critica esta situación: “Los usuarios no necesitan tener que contratar a nadie, las profesionales somos más conocedoras del sistema que cualquier gestoría privada y hacemos una valoración técnica: si se necesita ayuda de forma urgente, lo justificamos. Nos parece una forma de dejar a las personas en manos de los intereses privados”.

Esa misma lectura es la que hace de la asignación “automática” de una ayuda si el recurso solicitado no está disponible. “Es muy perverso, porque lo que indica es que si no se tiene servicio público, se puede dar una ayuda para un privado”. La falta de equipos que puedan acompañar a las personas dependientes y discapacitadas en su propio entorno, acaba provocando que tengan que ser “institucionalizados de forma prematura”; sin eufemismo: ingresados en una residencia antes de lo que les correspondería, “a veces, por su propia protección”. Esta forma de actuar, según Rodríguez, contradice todas las estrategias europeas y estatales, que apuestan por promover “comunidades sostenibles y saludables, que jóvenes y mayores puedan convivir con un sistema de cuidados, pero que no tengan que ser ingresados”.

Frente a eso, el modelo impulsado por la Xunta “prima que se contraten servicios privados y la administración ayude con una cantidad”. Ahora mismo, recuerda Política Social, se facilita una prestación de 5.000 euros anuales a las personas que quieren permanecer en sus hogares para ser cuidados por un familiar o un allegado y un complemento de 1.200 euros al año para quienes prefieran acceder a una residencia.

“Así se desmantela el sistema, no se hacen cambios estructurales para que funcione mejor”, concluye Rodríguez tras recordar que, con unas pensiones “que no llegan a la tercera parte del coste de una residencia privada”, de poco sirven esas cantidades que aporta la Xunta. “Es un método muy cómodo para la administración, pero también muy neoliberal. Y ya sabemos cuánto ha contribuido el neoliberalismo a los servicios públicos y el Estado del bienestar”, ironiza la presidenta del Colexio.

Para mostrar su oposición a estos cambios y “en defensa de un sistema público”, los trabajadores sociales gallegos, junto a los sindicatos CCOO y SLG, se concentrarán el lunes 10 de febrero ante la sede del Gobierno gallego.

La Xunta: “No se anula la figura del trabajador social”

La Xunta, por su parte, insiste en que la intención del Plan es reducir los tiempos de espera y mejorar el acceso a los servicios y por eso opta porque sólo sea preciso presentar una solicitud “con toda la información social y familiar de la persona”.

“En ningún caso se anula la figura del trabajador social”, ha respondido a elDiario.es un portavoz de la Consellería de Política Social. “Todo lo contrario, pone en valor su trabajo de valoración, asesoramiento y seguimiento de los servicios o prestaciones de la dependencia”.

“Lo que se hace”, continúa, “es reducir su carga burocrática y las tareas administrativas para centrarse en la atención directa a las personas”, algo que hará “valorando la situación familiar y personal del solicitante y ofreciéndole asesoramiento sobre los servicios y prestaciones a los que tiene derecho ayudándole a cubrir la solicitud”. Añade además que el informe social no se elimina, sino que “deja de ser preceptivo con cada solicitud” y podrá emitirse “en los casos en que se considere necesario”.

En la primera reunión ordinaria del Consejo de Gobierno de la Universidad de La Rioja presidida por la nueva rectora, Eva Sanz Arazuri, se han aprobado medidas alineadas con los compromisos adquiridos por el actual equipo directivo de la UR y que fueron adelantados en su toma de posesión.

El orden del día de la sesión contemplaba el estudio y aprobación de las normas para elaborar el Plan de Ordenación Docente de la UR. En este Plan se reconoce la dedicación investigadora de grupos consolidados que llevan más de doce años obteniendo recursos económicos en convocatorias competitivas o bien colaborando con entidades -tanto públicas como privadas- con evidencia científica relevante que impulsa el bienestar, el rendimiento económico y el desarrollo profesional y social. Con este reconocimiento del trabajo desempeñado en uno de los ámbitos clave de la misión de la universidad, se favorece la continuidad de la labor investigadora y la estabilización de la plantilla docente e investigadora de la Universidad de La Rioja.

Por otro lado, se ha establecido una planificación de la dedicación individual del personal docente e investigador de carácter plurianual y flexible. Con esta medida se garantiza que el estudiante reciba el 100% de su docencia sin interrupciones por motivos sobrevenidos como bajas, incapacidades, etc. del profesorado y facilita a este la conciliación entre obligaciones docentes e investigadoras que le permitan desarrollar una carrera académica de calidad.

El Consejo de Gobierno de la UR también ha aprobado la memoria de verificación del plan de estudios del Máster Universitario en Trabajo Social en el Ámbito Sanitario y la solicitud de emisión de informe previo al inicio del procedimiento de verificación al Consejo Social de la Universidad de La Rioja y a la Viceconsejería de Educación, Universidades y Formación Profesional del Gobierno de La Rioja.

El Máster Universitario en Trabajo Social en Ámbito Sanitario es un título de carácter interuniversitario en modalidad virtual. Es un título impulsado por parte de la Universidad de La Rioja y el resto de las universidades participantes en la impartición del título: la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Pública de Navarra, la Universidad de Santiago de Compostela, la Universidad de Vigo, la Universidad de Zaragoza y la Universidad de Castilla-La Mancha, que será la responsable de este máster.

El Plan Estratégico de la Comunidad Autónoma de La Rioja incluye diferentes ámbitos de actuación relativos con la lucha contra la pobreza y la inclusión social, el fortalecimiento y defensa de los servicios públicos y la promoción del desarrollo económico, empleos de calidad y oportunidades. La formación adquirida en el Máster Universitario en Trabajo Social en el Ámbito Sanitario persigue, entre otras cuestiones, la capacitación de profesionales en materia de salud, abordando cuestiones tales como la investigación y la intervención desde este enfoque. Este máster pretende impulsar las sinergias entre el mundo profesional y académico, dando respuesta a las necesidades formativas y de investigación en el contexto del Trabajo Social Sanitario, garantizando el acceso en igualdad de condiciones al potencial alumnado.

El nuevo procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia y de las prestaciones en Andalucía implantado por la Junta en marzo del año pasado, que reduce el proceso a una única visita al domicilio y a una única resolución, está suponiendo un quebradero de cabeza. Y no solo para las familias de las personas que quieren pedir la prestación y tienen que esperar su turno, sino también para los empleados que, dentro de la propia administración, tienen que ejecutar un proceso bastante complejo.

Tanto, que trabajadores sociales, administrativos y psicólogos que desempeñan su labor en la Administración General de la Junta y en la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia denuncian determinados “abusos” en sus condiciones laborales, que han cambiado “mucho” con el nuevo sistema, y en la forma en la que ahora tienen que gestionarse las citas y los objetivos a cumplir bajo las directrices de la Junta, “y quién lo paga es la calidad en la atención a los usuarios”.

“No podemos con todo, no nos da tiempo”. Relata lo que les pasa a estos empleados de la Junta una funcionaria valoradora de la dependencia en Sanlúcar de Barrameda, portavoz en Cádiz de la Plataforma Andaluza de Personal de Atención a la Dependencia (PAPAD), que reúne a más de 300 personas de diferentes profesionales del sector público andaluz en el ámbito de la dependencia “por una atención digna, de calidad, eficiente y justa”. Lourdes Delgado lamenta que vienen denunciando sin éxito los déficits del nuevo sistema, que la Consejería de Inclusión Social viene defendiendo pese al aumento en los tiempos de espera, achacable a la convivencia temporal de dos sistemas informáticos según la consejera, Loles López.

Fuentes de la Consejería presumen de que en dependencia “por primera vez” se han superado los 290.000 beneficiarios, con 430.000 prestaciones. “Solo faltaría que en 2024 tuviéramos las mismas prestaciones que en 2018”, ironizó una fuente bien conocedora del sistema. La portavoz de PAPAD, por su parte, critica que el Gobierno andaluz “juega con la complejidad del sistema” y se sirve de cifras para “engañar” a la ciudadanía, lamentando que de un tiempo a esta parte los trabajadores no puedan “autogestionar” las citas y las valoraciones. También se queja, y hace extensible a sus compañeros, que tienen que hacer las visitas con su propio vehículo, si bien la administración abona el combustible, confirman las fuentes de la Consejería.

“Ya advertimos de que iba a fallar y está fallando”

“Ahora tenemos que recopilar los datos, valorar, decidir el recurso más apropiado, elaborar el informe, etc. No podemos con todo, no nos da tiempo”, explica la portavoz en Cádiz. “El trabajo que antes hacían dos personas ahora lo hace solo una”, apunta Luis Fernández, de quien partió la idea de unir las voces de estos trabajadores tras advertir el “mal funcionamiento” del nuevo sistema para el que también trabaja como funcionario valorador en Sevilla. “¿A que la Junta no habla del número de personas atendidas?”, sugiere. Desde la Consejería rebaten que el trabajo sea un 2x1 argumentando que “se trata de un nuevo procedimiento”.

La principal novedad del nuevo marco normativo andaluz es la reducción a una única visita al domicilio de la persona que solicita la dependencia, ya que hasta el momento eran necesarias dos visitas (una para la valoración y otra para la elaboración del Programa Individual de Atención -PIA), unificándose además a una sola resolución administrativa de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones. “Nosotros en principio lo veíamos bien, pero ya advertimos de que iba a fallar y está fallando. Está resultando ser un caos, un desastre”, resumen los portavoces de PAPAD.

La primavera pasada la Junta aprobó un incremento de 20 puestos de trabajo de la plantilla de funcionarios de la Consejería de Inclusión Social dedicados a la tramitación de los expedientes de la dependencia. El volumen total de empleados dedicados a este ámbito asciende a 268 profesionales, destacando que el personal encargado de la valoración del grado de dependencia tiene la condición de personal funcionario, como es el caso de Lourdes Delgado, con plaza definitiva tras un concurso, si bien hay una mayoría en situación de interinidad y adscrita a una Zona Básica de Servicios Sociales en la Relación de Puestos de Trabajo.

La Consejería pretende “librar” de tareas administrativas

“Nuestras quejas caen en saco roto. No nos escuchan”, lamenta la funcionaria, que apunta que sus reivindicaciones vienen siendo secundadas por el Consejo Andaluz de Colegios Profesionales/Oficiales de Trabajo Social y que están tratando de aumentar las sinergias con la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) y el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI-Andalucía). También mantienen contacto con los sindicatos, si bien la diversidad en el tipo de personal que trabaja en el ámbito (funcionarios, laborales, interinos, personal de la agencia...) “dificulta” que puedan actuar al unísono para defender sus derechos laborales.

Un reciente encontronazo lo tuvieron con UGT, recuerda la portavoz en Cádiz de la PAPAD, a raíz de un acuerdo del sindicato de clase con la Consejería en relación al procedimiento unificado de dependencia. En dicho acuerdo, según la plataforma, “se responsabiliza a los trabajadores de la lentitud del proceso, amenazándolos con la pérdida de incentivos de productividad si no cumplen objetivos inalcanzables con los recursos y tiempos actuales”. “Los objetivos establecidos en el acuerdo actual resultan inalcanzables, lo que está provocando niveles alarmantes de ansiedad y estrés entre los empleados, no solo afectando su bienestar, sino que también compromete la calidad y eficiencia del trabajo desempeñado”, denuncia PAPAD entre otras muchas cuestiones.

Para las fuentes de la Consejería, que muestran su desacuerdo con la escasez de tiempo para el trabajo encomendado a los empleados, en virtud del acuerdo con UGT “los viernes no salen a hacer visitas porque se dedica a la elaboración de informes y para tareas preparatorias de las visitas de la siguiente semana, y para ello pueden llamar a las familias si así lo necesitan, a los servicios sociales comunitarios, a estudiar informes previos, a lo que estimen oportuno como profesionales. Lo que se busca es librarles de tareas administrativas y que puedan centrarse en su labor, en las visitas y elaborar las valoraciones”, detallan desde la Consejería.

Según la PAPAD, la delegación de tareas como la grabación de expedientes y la gestión de agendas, adjudicadas a Sandetel y Tragsatec, ha generado “un caos sin precedentes” en el sistema de dependencia de Andalucía. “Exigimos que estas tareas vuelvan a ser gestionadas por los técnicos cualificados, quienes poseen el conocimiento y experiencia necesarios para garantizar un trabajo eficiente y de calidad”, añadiendo que “es imprescindible reforzar el personal en todos los sectores del sistema para garantizar un servicio digno y respetuoso con los derechos de los solicitantes y la dignidad de los trabajadores”.

En unos días se cumplirán 8 años de la aprobación de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía, la segunda ley referida a ese ámbito de actuación aprobada en nuestra comunidad, desde la Constitución de 1978. Por recordar, la primera ley data del año 1988, y tuvieron que pasar 28 años para que se aprobara esta segunda.

La entrada en vigor de la nueva ley fue un hecho histórico en el ámbito social, y por ende, en el del Trabajo Social, no sólo por la necesidad urgente que existía de actualizar y adaptar a una realidad tan cambiante como es todo lo que se puede circunscribir a los aspectos sociales, y que la nueva ley recogía: desde el profesional de referencia (art. 31) a los equipos profesionales (art. 30), a la Carta de Derechos y Deberes (art. 13, 63, Disposición Adicional sexta), aspectos éticos (Capítulo X), los conciertos sociales (art. 103), la Investigación e innovación en Servicios Sociales (Capítulo IX), entre otros… pero sobre todo, un nuevo Catálogo de prestaciones (art. 41), actualizado y acorde a un Sistema de Servicios Sociales que supere lo asistencial y convierta en el eje central de la intervención los derechos sociales.

Un modelo de intervención que la propia ley establece en el denominado como de “atención integral centrada en la persona o en la unidad de convivencia, desde un enfoque de desarrollo positivo y de efectiva participación de la persona en el proceso de atención” (art. 45.1). Con todo un Capítulo V que viene a definir y marcar como debe de ser el “Proceso de intervención”.

La importancia de un nuevo Catálogo de Prestaciones era tal que la ley en su Disposición adicional cuarta establece que: “El Consejo de Gobierno aprobará el Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía en el plazo máximo de doce meses desde la entrada en vigor de la presente ley”.

Hoy, a casi 8 años de entrada en vigor de la ley, este Catálogo sigue siendo sólo letra escrita, como se suele decir el papel lo asume todo sin que se haya hecho efectiva esta Disposición y sin que tampoco exista ningún tipo de consecuencia más allá de las que afecta a las personas que son atendidas en el Sistema Público de Servicios Sociales. Por recordar, el conjunto de la población, tú y yo, no sólo los “pobres”, los “vulnerables”, los “necesitados” … típicas expresiones utilizadas a la hora de definir a este colectivo. Y, además, me molesta como profesional del Trabajo Social que se nos adjetive como “vocacionales”, desde una visión puramente asistencialista y de un buenismo que lo que transmite son visiones trasnochadas de otras épocas.

Hace unos días se ha conmemorado el día de la Constitución, 6 de diciembre, 46 años, y aún el Sistema Público de Servicios Sociales sigue sin alcanzar el tratamiento que requiere, sigue siendo la cenicienta del cuento.

Estamos ante un Sistema Público de Servicios Sociales en Andalucía, que en muchas de las ocasiones es considerado el cajón de sastre para cualquier situación que ocurra, no valorado, falto de interlocución con la sociedad civil y la participación, y peor presupuestado

Igual es necesario recordar y destacar que significa el Sistema Público de Servicios Sociales:

- Es el Sistema que aborda e interviene sobre las situaciones con menores, estén estos ubicados en el ámbito de protección o de reforma, con miles de ellos bien en centros o en familias de acogida.

- Es el Sistema sobre el que se vehicula todo lo que es el desarrollo de la ley de dependencia en Andalucía, que ha tenido que gestionar más de cuatrocientas mil solicitudes (412.895 a 31 de octubre), con unas limitaciones tremendas, con respecto a todos los recursos servicios y prestaciones, que son sufridas por las personas solicitantes.

- Es el Sistema que atiende una media de un millón de personas (1.111.534 en el año 2022 último dato disponible) a través de los Servicios Sociales Comunitarios de los ayuntamientos de Andalucía, falto de personal y de recursos materiales.

- Es el Sistema que atiende a sectores de población en riesgo y/o con dificultades: como mayores, discapacitados, mujeres víctimas de violencia de género, personas con problemas de adicciones, etc.

- Es el Sistema sobre el que recaen necesidades que sufre la población como: la falta de vivienda y el sinhogarismo, el desempleo, los conflictos intergeneracionales, etc.

En definitiva, se está ante un Sistema Público de Servicios Sociales en Andalucía, que en muchas de las ocasiones es considerado el cajón de sastre para cualquier situación que ocurra, no valorado, falto de interlocución con la sociedad civil y la participación, y peor presupuestado.

La ley aprobada en 2016 venía hacer frente a estas y muchas otras situaciones; hoy, ocho años después, los problemas no es que se hayan solucionado o aminorado, es que se han incrementado y en cualquier momento puede saltar por los aires.

Andalucía necesita cambiar el paso también en los Servicios Sociales. Eso sería trabajar por Andalucía.

Decía hace pocas semanas el CIS que el principal problema percibido por la ciudadanía española era la migración. Sin embargo, cuando se les preguntaba cómo les afectaba personalmente, dicha 'preocupación' bajaba muchos escalones en ese ranking. Sin duda, es la prueba más palpable de que el discurso de odio, lleno de bulos, consigue anidar en nuestra sociedad de forma peligrosa, sin que a veces sepamos cómo frenarlo. 

Los discursos falsos y xenófobos saben aprovechar las debilidades de nuestras sociedades para, como un cáncer metastásico, agarrarse a esas grietas y medrar. Aprovechan el desconocimiento entre vecinos para inocular la desconfianza y el enfrentamiento. Y es ahí donde el trabajo social comunitario tiene mucho que decir y puede actuar de forma eficaz. 

Soy trabajador social de una localidad rural de la Manchuela llamada Villamalea, donde un 27% de la población es de origen extranjero y donde conviven desde hace décadas unas 32 nacionalidades distintas. ¡Qué decir de la variedad de sensibilidades, puntos de vista y creencias! Una diversidad que es una riqueza, pero que, si no se cuida, puede convertirse en un riesgo. 

Una de las cosas que me llamaron la atención en las múltiples entrevistas diarias con la población de la localidad fue el desconocimiento entre algunas culturas, a pesar de convivir intensamente, a veces desde la guardería. Me sorprendió cómo dos mujeres musulmanas me comentaban que nunca habían visitado la iglesia del pueblo, a pesar de haber tenido ganas de hacerlo, pero verbalizaban que ¡les había dado miedo! 

Al mismo tiempo, muchos villamalenses ignoraban que en el pueblo había una mezquita y, mucho menos, qué se hacía allí. Es algo que me asombró y que trasladé a mi equipo de servicios sociales para comenzar a trabajar esta situación. 

Lo tuvimos fácil. Gracias al amplio conocimiento de la población acerca de nuestro trabajo diario, nos fue sencillo contactar con personas clave con las que trabajar algún tipo de actividad. Así lo hicimos con Javi Cano, el cura del pueblo, y con el imán Abderramán Louizi y su hija Zakiya, quienes desde la primera reunión conectaron en lo personal y con la idea propuesta. Se unieron a prepararla con mucho entusiasmo. 

¿Qué idea? Pues juntos acordamos preparar unas jornadas de puertas abiertas de la iglesia y la mezquita, para explicar de forma amena qué se hacía en cada uno de estos espacios que representan a las dos religiones más mayoritarias en la localidad. 

Lo anunciamos por redes, con el boca a boca y con carteles, cruzando los dedos. ¿Tendríamos respuesta? 

Llegado el día 23 de noviembre, unas 80 personas se agruparon en el sitio de quedada: la fuente de la plaza. Eran vecinos y vecinas de Villamalea: católicos, musulmanes, ortodoxos, ateos. Pasamos a la iglesia, donde Javi, el cura, acompañado de Zakiya, una joven villamalense musulmana con su hiyab, lo flanqueaba en el altar. Era curioso ver cómo se mezclaban en los bancos vecinos de toda la vida que nunca se habían encontrado en un espacio como este. Javi realizó un resumen de las cosas que se ven en la iglesia y las razones litúrgicas de las mismas. Mujeres musulmanas levantaban la mano para resolver dudas. 

Desde allí, en una especie de procesión multicolor, nos dirigimos a la mezquita. Algunos vecinos veían por primera vez dónde se encontraba. Todo el mundo se descalzó, pasó y se sentó, bien en la alfombra o en las sillas del fondo. 

De nuevo, Zakiya, con Javi el cura al lado, realizó una explicación sobre el islam, los elementos de la mezquita y sus razones. Esta vez fueron las personas ajenas al islam las que preguntaron, y mucho. No solo Zakiya respondía: parte de la comunidad musulmana presente —marroquíes, argelinos, senegaleses, guineanos, pakistaníes— complementó las respuestas. 

Cuando ya estábamos finalizando, Abderramán, el imán, indicó que era la hora del rezo e invitó a las personas presentes a presenciarlo. La gente lo hizo en un respetuoso silencio. 

El buen rollo imperaba entre toda la gente que había participado en la actividad, y como ejemplo me quedo con las palabras de Quiteria, que durante décadas fue la bibliotecaria de Villamalea. Emocionada, se dirigió a todos los presentes y espetó: “Con las cosas que tenemos en común, ¿por qué a nivel mundial nos hemos enfrentado tanto?”. 

Este era precisamente el objetivo principal de esta actividad de trabajo social comunitario: conocernos. ¡Qué gran antídoto! ¡Qué gran arma contra el odio! 

Esta es una de las grandes tareas que hemos de realizar desde el trabajo social: propiciar espacios y sinergias para que, desde la diversidad y el respeto mutuo, las distintas comunidades que comparten espacios físicos se conozcan y se reconozcan. De esta manera, mediante la palabra, la pregunta y la resolución de dudas sin intermediarios, los vecinos de nuestros pueblos y barrios descubran que la diversidad de nuestra sociedad actual no es un “basurero multicultural”, como alguna gente extremista lo llama, sino un espacio de riqueza y aprendizaje que hay que potenciar. Así podremos buscar objetivos comunes que beneficien a todos y todas. Objetivos que desprenden un poderoso antídoto contra los bulos, el odio, la xenofobia y el racismo. 

A modo de epílogo de este relato, creo que no podemos quedarnos en una mera actividad. Hemos prendido la mecha y ahora hay que aprovechar esta ola para que surjan iniciativas desde la propia comunidad que alimenten estos espacios de encuentro. Sirven muchas cosas: el cineclub, los clubes de lectura, las fiestas, las actividades deportivas, musicales y, como en este caso, la religiosidad. 

¡No tengamos miedo! El trabajo social comunitario vale la pena. 

El jueves 31 de octubre, dos días después de la DANA que ha dejado más de 200 víctimas, el Consejo General del Trabajo Social activó su grupo para grandes catástrofes y movilizó a 350 trabajadoras con experiencia en emergencias para desplazarse a Valencia. El mismo viernes comenzaron los movimientos de los grupos de élite, el llamado 'GEIES' (Grupo Estatal de Intervención en Emergencias Sociales) con trabajadoras de las comunidades vecinas destinadas a prestar apoyo.

Las trabajadoras sociales actúan con un planeamiento cuasi militar: una segmentación de los municipios para crear un mapa de necesidades e ir calle a calle, puerta a puerta, tratando de localizar a los vecinos más vulnerables y atender sus necesidades. Se trata de personas dependientes, ancianos, personas con problemas de salud mental o quienes requieren de una atención domiciliaria, pero las trabajadoras sociales han terminado por prestar ayuda a quien la solicitara. La administración municipal ha sido clave por el conocimiento del terreno, destaca Emiliana Vicente, presidenta del Consejo, además de contar con la colaboración vecinal. Los primeros días, el contacto entre las redes personales fue clave para encontrar a la población en riesgo.

Este es, precisamente, uno de los objetivos del trabajo social, destaca Vicente: “Siempre hay situaciones de vulnerabilidad y con las catástrofes se genera más. Tenemos que trabajar para que no se convierta en exclusión”, explica la presidenta del Consejo, que viajó a Valencia con las compañeras a coordinar sus efectivos. Movilizaron equipo humano, técnico, seguros de accidentes y coberturas de alojamiento para las empleadas, todo a disposición de los centros de servicios sociales municipales. El grupo ha operado principalmente en l'Horta Sud, pero la red de trabajadoras está a disposición de todas los municipios.

Además del puerta a puerta, las trabajadoras se coordinaron desde el principio con el personal de los ayuntamientos, que apenas cuentan con medios para reforzar este área. De la Generalitat Valenciana, comentan, no han sabido nada. Las trabajadoras del grupo de élite mantienen contacto con los centros de servicios sociales municipales, tratan de hacer control telefónico de quienes tienen infraestructura y en los primeros días, una suerte de triaje social para determinar las prioridades de la intervención. El equipo de Vicente se ha encontrado con un panorama inédito para un país occidental, apunta. La responsable estatal se pregunta cómo es posible que pasados los días siguiera habiendo gente sin luz o agua. “Es difícil entender como estaba viviendo aquella gente por una falta de actuación preventiva”, comenta la experta en conversación con elDiario.es, mientras destaca que “los alcaldes se han dejado el aliento”. Los vecinos, señala, “no tenían agua ni puntos de recogida”.

La responsable pone en valor las olas de solidaridad, pero reivindica una acción coordinada: “Las olas de solidaridad están bien, pero no son la forma. Si hay un mando único, hay que poner a todos los profesionales a disposición de la emergencia”, sostiene la profesional, que reivindica que hay trabajadores con formación específica para atender estas emergencias. Son, por ejemplo, quienes tienen en cuenta las condiciones sociosanitarias de los vecinos, si necesitan medicación o ayuda específica y cómo prestarla. “Hemos puesto a nuestras trabajadoras mejor formadas”, defiende. A la responsable del colegio le preocupan los mensajes que huelen a antipolítica y reivindica el papel de los municipios: “Hemos visto a los alcaldes dejándose el aliento, a los dispositivos municipales, sus operarios... eso es Estado”, recalca.

El dolor a largo plazo

Le preocupa también que la vulnerabilidad se extienda, se cronifique, y que no se esté teniendo en cuenta el malestar que aún está por aflorar. Vicente apunta a los duelos que aún no han empezado a materializarse, a la imposibilidad de algunas personas de enterrar a sus familiares, al sufrimiento por los desaparecidos. Y a la imagen de la devastación de los pueblos, que es una constante para quienes han conservado su hogar. El lugar que conocen han desaparecido, y sobre él hay una gran montaña de barro y escombros. “Debemos acompañar en la reconstrucción de los procesos vitales de las personas, además del daño material”, recalca.

La representante sostiene que los municipios deben reforzar sus equipos para hacer frente a lo que está por venir. “Hay una cuestión de daño social y emocional que es brutal. Necesitan grupos de apoyo, reconstruir el relato de lo vivido. Hay que abordar una reconstrucción social en su conjunto”, apunta. “Todas las crisis, climáticas, económicas, sanitarias, tienen apellido y es social. Estamos antes, durante y después de la emergencia”, recalca. Vicente defiende la elaboración de protocolos que estén “perfectamente definidos”: “Tenemos que saber cuáles son las actuaciones prioritarias y donde hay que poner el foco inmediato para que el daño sea el menor posible”, señala. Por ejemplo, cita: “Sabemos que tenemos personas solas que necesitan ayuda domiciliaria y tienen que estar contemplados en los planes de emergencia. Y a esas personas o las sacas del domicilio o con la UME o el personal de emergencias les das ese servicio”.

Urge a que la Administración actúe con celeridad, también por el bienestar futuro de las personas: “Si sientes que hay agilidad te puedes sentir seguro, pero si piensas es que se podria haber evitado, es daño es irreparable. La burocracia no puede generar un dolor mayor”.

50 millones de euros para reforzar servicios sociales municipales

El grupo de emergencia fue creado en 2020 a raíz de la pandemia de COVID-19 para abordar las vulnerabilidades existentes y la pobreza sobrevenida en catástrofes, como también sucedió con la erupción del volcán de La Palma, en Canarias.

Tras conocer la situación de los municipios valencianos, y para tratar de reforzar las redes de trabajo social municipales el Gobierno aprobó un decreto el pasado 11 de noviembre en el que incluye una ayuda de 50 millones de euros a los ayuntamientos afectados para reforzar sus servicios sociales a través del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. El ministro Pablo Bustinduy, de quien depende esta cartera llama a mantener la atención más allá de los daños materiales causados por las inundaciones: “No debemos olvidar las consecuencias que pueden desencadenarse a nivel social para muchas familias y personas vulnerables. Para que ninguna persona afectada por la DANA sea víctima también de la exclusión social, hemos impulsado importantes ayudas para servicios sociales, entidades del tercer sector y también para despliegue trabajadoras sociales especializadas en catástrofes y que resultan esenciales para proteger a quienes más lo necesitan”, apunta a elDiario.es.

Este es el segundo decreto que aprueba el Gobierno central con medidas urgentes para la DANA. El primero, aprobado el 4 de noviembre, fue validado el pasado jueves por el Congreso. El texto prevé reforzar la intervención social de emergencia a través del despliegue de prestaciones básicas de los servicios sociales de atención primaria, a través de una subvención directa a los municipios afectados.

La cuantía se canaliza a través de una subvención, ejecutable desde el 29 de octubre de 2024, día de la DANA, hasta el 31 de diciembre de 2025, para las administraciones competentes en la provisión de servicios sociales de atención primaria. Esta medida, dice el texto, posibilitará la implementación de actuaciones en materia de detección precoz e intervención de emergencia; información, orientación, asesoramiento y apoyo a la gestión; apoyo de emergencia incluyendo prestaciones y ayudas económicas directas a unidades de convivencia, familias y personas afectadas; el refuerzo de actuaciones en el ámbito domiciliario hasta la normalización de la movilidad en las zonas afectadas.

Hace muy poquitos días leía un artículo de prensa que trataba sobre el alargamiento de pacientes ingresados en los hospitales por no tener dónde ir a recuperarse ni quién los pudiese cuidar. Este artículo mencionaba que esta problemática se había trasladado al Defensor del Pueblo para su estudio y valoración, el cual a través de una consulta a todas las comunidades autónomas vería el volumen y alcance de estos problemas.

Esta problemática se centra en dimensionar la laguna del sistema, es decir, saber o conocer cuántas personas en España no tienen dónde ir una vez que reciban el alta hospitalaria o porque nadie puede hacerse cargo de ellos o cuidarlos en unas condiciones favorables para su recuperación. Según se desprende en este artículo, el grupo de personas que mayormente se ve afectado por este problema son personas mayores, de edad avanzada, con una situación económica vulnerable, con patologías cronificadas y escaso o nulo apoyo en su entorno familiar.

Si esto es así a nivel general en toda España significa que existe una gravísima coordinación entre el sistema sanitario y el social. Y lo más preocupante que se desprende de todo esto sería la falta de servicios, recursos y profesionales ya que su número no viene a ser proporcional a las necesidades surgidas y demandadas.

Pues bien, me gustaría matizar y arrojar algo de luz y esperanza en cuanto a esto. En primer lugar, desarrollo mi labor como trabajador social dentro de la denominada Gerencia de Atención Integrada de Albacete, y en concreto en el Hospital Perpetuo Socorro de Albacete. Mi experiencia es bastante corta pero suficiente para ver la problemática sanitaria-social existente.

En segundo lugar, si bien en los casos que menciona el artículo anteriormente referido, las personas que se ven afectadas por no tener dónde ir después de una estancia hospitalaria, y en consecuencia, el hospital debería asumir y prolongar dicha estancia pudiendo derivar en más problemas que beneficios al propio paciente, no suele ocurrir en nuestros hospitales, ya que en este caso, la coordinación de nuestra Gerencia con Bienestar Social es fluida y positiva, disponiendo siempre de estancias temporales residenciales públicas para todos ellos siempre que se reúnan unos requisitos previamente establecidos por la propia Consejería de Bienestar Social, y además, contar con ayudas de emergencias ya sea a través de los ayuntamientos, asociaciones u ONG.

Ahora bien, últimamente sí se nos están planteando graves problemas cuando la población a recibir estos recursos son personas adultas, con un rango de edad que va de los 30 o los 40 años a los 65, edad esta última establecida para poder ingresar en una residencia.

Aquí sí es donde los trabajadores sociales hospitalarios nos encontramos una dificultad extrema, debido, por un lado, a la falta de recursos sociales especializados para este tipo de pacientes que habitualmente están ingresados en las unidades de corta y media estancia (UMLE), y por otro, los problemas económicos derivados por esta situación. Añadiendo lo anterior a otro gran problema que nos surge, como es la rigidez del sistema de dependencia para estos casos, ya que este no permite dar una respuesta inmediata a las situaciones sobrevenidas que se producen en el ámbito sanitario sobre estas personas adultas.

En definitiva, y en relación con este último apartado, todo esto es realmente un fenómeno multicausal que necesita indudablemente de auténticas políticas públicas por parte de nuestros gobernantes basadas en la colaboración, cooperación, coordinación, evaluación y ejecución de las mismas, pues de lo contrario, aquí si podemos hablar de una falta de garantía de derechos de los ciudadanos que hay que afrontar de inmediata urgencia.

Si pensamos en política, lo primero que se nos viene a la cabeza está relacionado con algún partido político o, como mucho, con movimientos sociales, pero es muy poco profesional hablar de política cuando tu profesión no es esa. Al menos es la percepción que tengo, especialmente en relación con el trabajo social.

Por si no lo sabes, la Junta de Andalucía tiene un problema con la dependencia y la discapacidad. El problema es la mala gestión y según CERMI la culpa la tiene el modelo de financiación. Pero también el trabajador social José Carlos Montero Díaz, en su carta a la consejera de Inclusión Social de la Junta de Andalucía, exponía, entre otras cuestiones importantes, las malas condiciones laborales derivadas de esta mala gestión por parte de la misma Consejería.

Ha pasado también en relación con pronunciamientos de Colegios de Trabajo Social sobre la vivienda, la salud, etc. Algunas personas me han hecho el siguiente comentario: “¿Pero por qué habláis de política? Parecéis activistas, ¿lo que tenéis que hacer no es ayudara la gente?”.

Y es que sí, la idea general de que es el trabajo social es un trabajo que se realiza exclusivamente en un despacho y sirve para dar ayudas (las famosas paguitas, el asistencialismo de siempre); o mejor aún, nos dedicamos ayudar a la gente. Ayudar, sin más. Y yo me pregunto, ¿ayudar a quién? ¿Quién necesita ayuda? Porque si la respuesta es “los más necesitados”, entonces no hablamos ni de asistencialismo ni de ayuda, hablamos de beneficencia.

Hablamos de política, porque en la carrera se nos forma en políticas sociales. Hablamos de política, porque se nos forma durante los cuatro años que dura el Grado en el análisis social y su impacto tanto individual como comunitario

No se puede esperar que nuestro trabajo se base en la beneficencia porque eso anula la esencia misma de la profesión y lo convierte en algo que no requiere de formación, capacitación, estructura, contratación ni financiación. Si como parece esto es lo que está haciendo esta Consejería, reducimos lo social a una cuestión privada y voluntaria, eximiendo la responsabilidad de las instituciones públicas sobre las cuestiones sociales.

Por eso es por lo que hablamos de política, porque las malas condiciones laborales en nuestro sector repercuten en la calidad de los servicios que se prestan, y en última instancia, en las y los usuarios, así como en la sociedad.

Hablamos de política, porque en la carrera se nos forma en políticas sociales. Hablamos de política, porque se nos forma durante los cuatro años que dura el Grado en el análisis social y su impacto tanto individual como comunitario.

Y hablamos de política, porque siempre ha sido una profesión política. Como decía una de las figuras clave del nacimiento y desarrollo del Trabajo Social, Mary Richmond: “El Trabajo Social no es solo trabajo con personas en dificultad, sino también conseguir reformas sociales y legislativas para conseguir un progreso de la sociedad”.

Entonces sí, desde el trabajo social analizamos y hablamos de política, y esperar que no lo hagamos sería pedirnos que no cumplamos con nuestro trabajo, que es la justicia y transformación social.

Decía Rouhiainen, experto en IA y Chat GPT, que la Inteligencia Artificial es “la habilidad de los ordenadores para hacer actividades que normalmente requieren inteligencia humana”. ¿Pero qué actividades requieren inteligencia humana? ¿Es acaso el trabajo social una de ellas?

En ocasiones, la idea del Trabajo Social se entiende como innatamente humana, que requiere de empatía y sensibilidad ante las personas y la relación con su entorno; por lo que se podría decir que la función de esta disciplina es la del análisis, intervención y transformación social. Es decir, la defensa de los derechos humanos y la justicia social. Esta es la idea que, como trabajadora social, tengo en mente.

Sin embargo, la realidad trata de empujar y encajar el trabajo social en un marco asistencialista y de beneficencia, en un despacho en el que se decide si la persona puede solicitar o no una ayuda determinada. En el que se realizan tareas que ayudan a paliar con parches las situaciones más problemáticas en las que se puede encontrar una persona, pero que no aborda las causas que generan una situación así.

En este marco de trabajo, con enfoque asistencial, hay que tener en cuenta el volumen de datos generados por distintas administraciones y servicios públicos y la capacidad para gestionarlos, que ha marcado el giro electrónico del trabajo social y el uso en este ámbito del Big Data, como apuntaría el profesor de sociología de la Universidad de Málaga, Castillo de Mesa. Con lo que la IA aparentemente puede llegar para mejorar la gestión de todo ese material.

Además, las condiciones laborales a las que muchas personas nos vemos abocadas en nombre de la vocación, con jornadas interminables en contratos precarios por la falta de financiación, nos pueden llevar a pensar que esta nueva herramienta podría agilizar nuestra labor.

Sin embargo, desde mi punto de vista, la inclusión de la IA en la vida del trabajador social no es tan sencilla ni beneficiosa como parece.

Por eso, ante la llegada de la tecnología, desde el Trabajo Social me planteo dos preguntas:

¿Es la función supuestamente única del asistencialismo en el trabajo social motivo suficiente para usar la IA? La IA nos puede ayudar a acelerar labores asistenciales, pero si desde el Trabajo Social queremos desprendernos del pesado manto del asistencialismo y que se nos vea como la herramienta útil y transformadora que queremos ser, la IA nos supondrá un gran obstáculo, aunque nos seduzca con un halo de potencial utilidad.

Y otra cuestión más general: ¿Es imprescindible la IA para una trabajadora social?

Ante esta última pregunta, algunos colegas lo ven como un campo con posibilidades. Plantean que el uso de sistemas de IA nos permitiría la automatización y personalización en la asistencia, así como la predicción y prevención, desafíos éticos y de privacidad, capacitación y cambio de roles, y tendría un impacto positivo en los colectivos vulnerables.

Pero esto parte de un error de base, y es el de pensar que tanto la inteligencia artificial como las disciplinas tecnológicas son neutrales, sin ningún tipo de sesgo. Desde mi punto de vista, este es un pensamiento tan infantil como peligroso. Es más, concretamente en este ámbito de lo social, el profesor de la Universidad de Huelva, Aleix Morilla-Luchena, expone cómo la propia IA reproduce una imagen no positiva del trabajo social. No le gustamos mucho.

Obviando el sesgo, la IA podría ayudarnos a hacer predicción y prevención en casos de vulnerabilidad, nos explican. Pero hay ejemplos que ponen en cuestión esta utilidad. Es el caso de un ejemplo que proponían las compañeras de AlgoRace (entidad que se dedica investigar sobre el algoritmo, la IA y su impacto social). En su informe de 2022, si tomamos el camino de una IA predictiva (la que a partir de una información determinada predice comportamientos concretos), tenemos el caso del colegio público Blas de Infante de Málaga, donde a través de unas cámaras instaladas en clase de niños y niñas de 5 años, se captaron los niveles de atención y distracción, así como la dirección de la mirada de los niños y niñas de clase, o el bostezo. La idea era analizar qué les interesa y qué materiales pedagógicos se deberían cambiar. Pero resulta difícil saber si la causa, por ejemplo, de un bostezo en un niño es el aburrimiento o simplemente el sueño.

Otro ejemplo es el sistema de VeriPol, diseñado por el Ministerio de Interior y académicos, teniendo como fin la detección de denuncias falsas. Para ello, un solo policía etiquetó las denuncias como verdaderas o falsas que se utilizaron para entrenar el algoritmo, analizando qué palabras eran más comunes en esas denuncias en concreto. Por ejemplo, palabras como “negro”, “mochila”, “bolso” el VeriPol las considera más falsas; mientras que palabras como “barba”, “policía” o “chino” son consideradas más veraces, pero solo a juicio de un policía.

Todos estos casos nos demuestran lo problemáticos que, tanto en concepto como en desarrollo, pueden llegar a ser estos sistemas. Los sesgos de clase, género, origen, (dis)capacidad, orientación, edad o raza, entre otros, no son solo sociales sino también tecnológicos y discriminatorios en este ámbito en particular.

Así pues, si profundizamos y nos pensamos más allá de todo ello, la IA poco o nada nos aportará sin una profunda revisión tanto de la profesión de trabajadores sociales como de la sociedad.