Almeida anuncia dos centros de infancia que enfilan la privatización de un servicio público: “Es un caballo de Troya”

La inauguración el próximo mes de diciembre de dos centros de atención a la infancia (CAI) en Vallecas, uno para compilar declaraciones de riesgo y otro en apoyo al que ya existe, enfila la privatización de un servicio que actualmente cuenta con doce instalaciones de este tipo, de las que solo tres son todavía de gestión pública directa, al menos en su horario de mañana.

El Ayuntamiento de Madrid anunció esta semana que prepara estas dos nuevas instalaciones para “ampliar los recursos dirigidos a la intervención social con menores” en desamparo o riesgo grave, según se explicó en un comunicado. Y que también prepara un contrato de gestión privada para el resto, que podría vaciar de trabajadores públicos. Los números 1, 2 y 3, que cubren los distritos de Centro, Arganzuela, Ciudad Lineal y Usera, tienen en su plantilla a funcionarias que pasarán a uno de los nuevos centros, el que se dedicará exclusivamente a evaluar situaciones de riesgo social en menores. Es decir, aquellas cuya gravedad no implique separarlos de su familia.

Aunque el cambio es inminente –debe efectuarse antes de acabar el año–, tanto las trabajadoras públicas de estos recursos como sus representantes sindicales hablan de un “oscurantismo total”. La responsable de Servicios Sociales en Comisiones Obreras, Carmen Lara, denuncia que una decisión así se haya tomado “sin consultarlo antes con las partes” y, además, la considera una “pésima noticia” por “privatizar un servicio público” a expensas de los empleados.

“Sabemos que el Ayuntamiento reunió hace poco a las tres directoras de los CAI con gestión pública y les planteó esta posibilidad, la de una externalización. Aunque todo ha sido verbalmente. Lo único que ha quedado por escrito, y a lo que podemos agarrarnos, es al comunicado oficial del lunes, que es la única confirmación real que tenemos”, destaca Lara, que afirma haberse enterado de la decisión precisamente con esa nota. No le ha pillado de sorpresa: hace más de un año desde que empezaron a “oír rumores” sobre el tema, e incluso enviaron distintos escritos al departamento municipal responsable, el Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad: “Nunca hemos obtenido respuesta”.

Un servicio a menores que ya era obligatorio

Por el momento, y a falta de nuevas noticias, la portavoz sindical admite no cerrarse a ningún escenario hasta que la situación se aclare. Hasta ahora, el gobierno de Almeida ha dado algunas pinceladas de lo que ocurrirá en diciembre. La idea es incorporar a “más profesionales” y añadir “procedimientos garantistas” que hasta ahora no se cubrían, dirigidos a niños y adolescentes cuyo cuidado en el hogar sea, o haya sido, negligente. En ningún momento se especifica que esta ampliación de la plantilla vaya a estar contratada directamente por la administración y, de hecho, esas garantías añadidas a las que también se alude en el anuncio llevan siendo obligatorias desde hace tres años, cuando se incluyeron en la ley autonómica 4/2023 de Derechos, Garantías y Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia.

A preguntas de este periódico, desde el área municipal de Políticas Sociales confirman que el personal funcionario de la red de CAI “seguirá siendo el mismo y manteniendo el mismo puesto”, aunque todos se trasladarán al centro exclusivo para declaraciones de riesgo en menores; y recuerdan que este modelo de gestión indirecta “ya existía en gobiernos anteriores, incluyendo al de Ahora Madrid” con Manuela Carmena. También remarcan que el personal de los tres centros actualmente públicos reciben apoyo de otro programa de atención a la infancia en el entorno familiar, delegado en una empresa privada.

Aun así, las empleadas públicas que hoy trabajan en sus centros dicen ver demasiada letra pequeña. “Es cierto que a nosotras también nos perjudica, porque tendremos que cambiar de oficina para irnos a otro distrito y el Ayuntamiento va a asumir una competencia nueva [la declaración de riesgo con menores] que es farragosa, de la que aún no se nos ha informado por escrito”, destacan empleadas consultadas por Somos Madrid, que han preferido mantener su nombre en el anonimato. Actualmente, todas son funcionarias en los tres primeros CAI.

Las funcionarias tenemos una seguridad externa, sueldos más altos y condiciones estables que nos permite afrontar mejor ese día a día y centrarnos en el servicio público. Con una empresa privada, lo que importa es el negocio

El cambio les afecta directamente, pero insisten en que el gran damnificado es el servicio municipal de atención a la infancia. “Es sangrante”, opina una de las trabajadoras, para la que una externalización casi completa de la red supone una merma de su calidad. “Atender a menores en situaciones vulnerables no es fácil, y a veces afecta a tu propia salud mental. Las funcionarias públicas estamos más protegidas que el resto de los centros, porque nuestros sueldos son más altos y las condiciones, más estables. Es una seguridad externa que te permite afrontar mejor ese día a día y centrarte en tu desempeño público. Pero, con una empresa privada, lo que importa siempre es el negocio”, resuelve.

Pérdida de derechos laborales que influye en el servicio

También desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid (COTS) se han posicionado al respecto. “Siempre hemos mostrado nuestra preocupación por las consecuencias que la privatización de un servicio pueda tener sobre la ciudadanía”, mantienen desde el órgano colegiado, que aglutina a los profesionales del sector que ejercen en la región. En este sentido, valoran “positivamente” la ampliación de recursos o el aumento de profesionales, pero reiteran sus suspicacias respecto a la “progresiva externalización de la intervención especializada en materia de protección infantil”. “El interés superior de los niños se debe orientar no solo con resoluciones administrativas, sino también desde el modelo organizativo y de gestión de los recursos públicos”, añade el COTS, con una advertencia: “La privatización puede provocar que la responsabilidad pública se diluya y que, consecuentemente, también se devalúen sus garantías para la infancia”.

A su juicio, esto golpea directamente a la atención final y, concidiendo con los argumentos de CCOO, incide “de forma clara” en “la estabiliza de los profesionales que la prestan”. Consideran que trabajar para una empresa privada a través de una subcontrata implica más “rotación, precariedad, discontinuidad de equipos, pérdida del vínculo y desequilibrios entre recursos”, por lo que el personal debe desempeñarse entre “peores condiciones laborales y con unos márgenes económicos que repercuten en los recursos humanos”.

En base a lo que se conoce de momento, el Ayuntamiento de Madrid quiere que los 13 CAI –una vez se abran los nuevos– mantengan “las mismas funciones que hasta ahora”; labores como la atención social individualizada en familias con menores en situación de riesgo social o desamparo, el apoyo y seguimiento en familia extensa (cuando la red de parientes no incluye al padre o la madre y la forman abuelos, tíos o hermanos), así como otras acciones de prevención al maltrato y soporte técnico al resto de recursos. “No sé si eso puede hacerse sin la seguridad de una gestión pública”, dudan desde la plantilla, que compara el anuncio sobre la ampliación de la red con “un caballo de Troya”, en referencia al mito griego.

Privatizar la “aldea de Asterix y Obelix”

Además, las funcionarias de los Servicios Sociales, como es habitual en la administración, han superado un proceso de oposición que les acredita profesionalmente para el puesto que ocuparán. “Hemos trabajado con personal de otros CAI privados y sabemos que hay excelentes profesionales, pero también contratos más baratos a gente con poca experiencia, y casos en los que no se rellenan todos los datos obligatorios cuando se tramita una solicitud”, asegura, siempre según su versión, este grupo de trabajadoras.

El consistorio ha detallado que abrir un nuevo espacio ordinario de atención a la infancia contribuirá a “repartir la carga asistencial del centro que presenta el mayor volumen de trabajo en este momento”: el CAI 4, cubre a los distritos de Puente de Vallecas y Villa de Vallecas. De esta forma, esa sede continuará atendiendo a las familias en Puente de Vallecas mientras que el futuro centro número 13 asumirá la mitad de sus gestiones, absorbiendo el servicio en Villa de Vallecas.

En el anuncio de esta semana, también se hace mención al contrato para la gestión de los nuevos centros. El área municipal del ramo ya está redactando los pliegos para sacarlos a licitación y abrir un concurso entre las empresas interesadas. Hasta ahora, el resto de la red externalizada la dominan compañías como Grupo 5, la Asociación Centro Trama (en este caso, una ONG) o la Fundación Diagrama. En octubre de 2023, la organización Camenor (Centro de Apoyo al Menor y a la familia) obtuvo un contrato de servicios con nueve lotes para la atención en los CAI de Madrid. El presupuesto base de licitación rozó los siete millones de euros. “La gestión pública en tres centros para menores ha sido como la aldea de Asterix y Obelix: un reducto frente a la externalización. Así que lo vivimos con pena”, sentencian desde su plantilla.