Un sindicato denuncia que la funeraria pública de Madrid adjudicó 2,4 millones en féretros a la pareja de una directiva
Una empresa de ataúdes vinculada estrechamente a la jefa de Compras de la funeraria municipal de Madrid se ha beneficiado de al menos 2,4 millones de euros (impuestos incluidos) en contratos públicos adjudicados durante los últimos cinco años, con sus respectivas prórrogas. Estas concesiones forman parte de un informe remitido por un sindicato a la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción del Ayuntamiento de Madrid, al que ha tenido acceso este periódico. En la denuncia se reclama el estudio de “posibles hechos irregulares” y el propio sindicato pide “protección” ante posibles represalias en la compañía.
Las adjudicaciones bajo sospecha son las que recibió el Grupo Lamas Lucus SL, una compañía privada administrada durante años por Wenceslao Lamas Fernández y en la que aún consta como apoderado. Lamas está casado con Maite García, la directora corporativa de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid (SFM) que el Ayuntamiento gestiona desde 2016.
Las dos adjudicaciones en las que consiguió contratos Lamas Lucus se produjeron en 2020, semanas antes de declararse el estado de alarma por la pandemia, y en el año 2023, cuando Wenceslao dirigía el negocio. En esta última licitación la compañía se llevó cinco de sus 14 lotes para suministrar distintos modelos de féretros durante dos años a la SFM. La cuantía más alta fue la del lote 5, ligada a modelos del mismo número y una gama media, con presupuesto base de licitación de 1.322.821 euros. Los otros cuatro suman otros 830.000 euros.
El resto de lotes se lo adjudicaron Serveis Funeraris de Barcelona (un lote) y Divina Aurora SCV (el resto), una cooperativa valenciana especializada en la fabricación de ataúdes o productos funerarios trabajados en madera. En su caso, también cuenta con otros clientes públicos en Palma de Mallorca o para los servicios municipales de Reus, en Tarragona. En cambio, para el Grupo Lamas (domiciliado en Lugo y fundado en 2012) solo constan en la plataforma de contratación estatal las dos asignaciones anteriormente mencionadas y un único contratista: la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid.
Maite García, la directora corporativa, se inhibió voluntariamente de estos procesos de contratación alegando su relación personal con uno de los aspirantes, explica a Somos Madrid el presidente del comité de empresa de la funeraria pública, Manuel Delgado.
Desde mayo de 2024, este negocio de féretros lo dirige Cynthia Lamas Fernández, hermana de Wenceslao y cuñada de Maite García. Como alto cargo de la empresa municipal, esta última supervisa buena parte de la SFM, pues entre sus competencias también se incluyen los departamentos de Calidad, Contratación o Sistemas de Información.
Concesión en 2020 más cara, gracias a los juicios de valor
Solo con esta concesión, la empresa de Wenceslao Lamas se embolsa de base hasta 2.153.442 euros. Pero la cifra final puede ser mayor, ya que el contrato ha sido prorrogado y es el que actualmente se ejecuta hasta que se adjudique el nuevo. A él se le añade otro otorgado durante la pandemia, en 2020, para el suministro de sábanas o pañuelos con los que cubrir a los difuntos, cuyo valor ascendía a 277.317 euros. La oferta fue publicada el 25 de febrero de 2020, poco antes de declararse el estado de alarma. Solo contó con la concurrencia de dos empresas y Lamas Lucus se hizo con la licitación gracias a la puntuación por juicios de valor, ya que su oferta era más cara que la que ofrecía la otra compañía en el concurso, Ramón Chao SL.
Maite García está desvinculada de cualquier actuación relacionada con el Grupo Lamas
A preguntas de este periódico, desde la SFM señalan que el nombramiento de García como directora corporativa fue en 2023, el año en el que se publicó la primera adjudicación aunque después de su convocatoria. También remarcan que, en todo caso, Maite García “está desvinculada de cualquier actuación relacionada” con el Grupo Lamas Lucus, sobre el que indican que lleva siendo proveedor de esta funeraria desde hace más de 30 años.
En realidad, solo hace una década desde que la actual empresa pública se municipalizó. Antes era una compañía mixta cuyo socio privado desde su fundación era Funespaña, uno de los mayores grupos funerarios del país que llegó a poseer el 49% de la antigua empresa. Pertenece a Mapfre y fue fundada por Wenceslao Lamas López, el padre de Wenceslao Lamas Fernández. A su muerte, su hijo fue nombrado consejero de Funespaña, de ahí la larga relación como proveedores a la que aluden desde la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios.
La demanda sindical reclamando la investigación de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción se produjo el pasado 30 de abril, según la información a la que ha tenido acceso Somos Madrid, y está basada en un informe anónimo que llegó sin remite a la sede de esta organización. En él se denuncian “negligencias financieras” y “descontrol” en el precio unitario de determinados materiales, que se adquieren a proveedores externos sobre los que señalan un posible “conflicto de intereses” que alude, directamente, a la relación entre la directora corporativa y un importante proveedor para la empresa.
“Es nepotismo”, acusan en declaraciones a este periódico fuentes de la plantilla, que han preferido mantenerse en el anonimato para evitar posibles represalias, pero que admiten sus sospechas de que “se pueda estar intentando favorecer a este proveedor” dados sus nexos con la responsable de Compras. Asimismo, otros proveedores industriales del sector como Funespaña han estado vinculadas a contratos con la funeraria pública en distintas etapas.
Actualmente permanece abierto otro contrato para el suministro de féretros ofertado por la compañía municipal, anunciado el pasado mes de septiembre por un valor estimado bastante más elevado que en otras ocasiones: 7.287.159,53 euros, algo más de cuatro millones sin impuestos. Tanto Grupo Lamas Lucus como Divina Aurora se han presentado a la concesión, junto a otras cuatro ofertas más. “Nosotros creemos que uno de ellos tiene preferencia”, resuelven los denunciantes del informe en una conversación telefónica.
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