Dormir en una furgoneta de Cañada Real por litigios con la Comunidad de Madrid, que evita realojar a Antonio y su familia

Antonio es de los últimos vecinos que quedan en el sector VI de la Cañada Real Galiana, donde más abundan las infraviviendas. Esta vía pecuaria entre los municipios de Madrid, Rivas y Coslada se hizo famosa por ser el principal asentamiento irregular de Europa, con chabolas o construcciones improvisadas a lo largo de sus 14 kilómetros de recorrido. Con el tiempo y la implementación de un pacto regional para coordinar a las administraciones implicadas y vaciar el poblado, se orquestó el realojo de estas familias a viviendas públicas o destinadas al alquiler social. Para optar a ellas, uno de los requisitos es la antigüedad: hay que estar empadronados desde, al menos, el 31 de diciembre de 2011. Y Antonio, que interrumpió su estancia por un trabajo en Guadalajara, se ha quedado fuera del cupo.

“Mi familia y yo llevamos meses durmiendo en una furgoneta porque en la casa hay bichos y ratas”, asegura él, que por teléfono relata su periplo legal con la Comunidad de Madrid para poder optar a los realojos. En su caso, defiende que ha cumplido el tiempo de empadronamiento mínimo exigido. Solo que en dos periodos separados: uno antes de mudarse a Castilla-La Mancha y otro, justo después. “Hubo que irse porque me salió trabajo, y entonces tuve que empadronarme a mí y a mis hijos o no podría escolarizarlos”, señala. Ahora se dedica a la chatarra y, aunque lleva “toda la vida” en Madrid, antes de Cañada pasó por barrios como Pan Bendito o un antiguo poblado chabolista en Vicálvaro, Los Focos. A través de una abogada de oficio, solicitó el realojo aportando informes médicos o expedientes de los Servicios Sociales.

El 29 de abril de 2022, Antonio solicitó el realojo a la Comunidad de Madrid, que mantiene un convenio de colaboración con el Ayuntamiento y gestiona la Agencia de Vivienda Social, de carácter regional. Su petición fue denegada y se le notificó en marzo de 2023, argumentando que su caso incumplía el requisito de antigüedad en el padrón de habitantes y, por lo tanto, no podía acreditar un largo período en Cañada Real. Volvió a intentarlo un año más tarde, después de interponer un recurso ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 19 de Madrid, que dictaminó a su favor y avaló el realojo. Sin embargo, el Gobierno autonómico puso en marcha a su equipo legal y apeló la sentencia ante el TSJM, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Este último órgano terminó revocando el fallo del contencioso y aceptó la tesis del Ejecutivo, que aduce que la anterior sentencia prioriza la situación de “emergencia social” de la familia sobre un requisito sellado por acuerdo.

“Mi hijo tiene una discapacidad del 72%, no se ha casado y vive con nosotros”, afirma Antonio, que insiste en haber acreditado legalmente el estado de salud de su familiar. Este periódico ha podido comprobar documentos médicos que acreditan tanto la situación dependencia crónica de este hijo, de 40 años, acreditada con carácter crónico el año 2000 por la Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, donde residía la familia entonces. En 2024, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales otorgó a la mujer de Antonio, Teresa, otro grado de discapacidad del 78% (esta vez por razones físicas), que puede variar en revisiones posteriores.

“Tengo diabetes y solo puedo medicarme con pastillas, porque para mantener la insulina necesito electricidad y un frigorífico donde enfriarla”, relata ella. Antonio, que también muestra achaques físicos y exhibe sus informes médicos por problemas de corazón, muestra su incredulidad al no poder adherirse a las ayudas de la administración pese a su estado.

Tres pensiones no contributivas y un hijo con discapacidad

En concreto, el Pacto Regional por la Cañada Real —suscrito en 2017 por el Estado, la Comunidad de Madrid, los ayuntamientos de la capital, Coslada y Rivas o los grupos con representación en la Asamblea— dispone en su anexo 6, que hace referencia a las condiciones para solicitar un traslado, la obligatoriedad de “acreditar” esta antigüedad, sin mencionar directamente el padrón de habitantes. Aun así, el decreto de marzo de 2018 aprobado en Consejo de Gobierno para regular las adjudicaciones vinculadas al realojo de poblados chabolistas sí que exige, en su artículo 18, presentar un certificado o volante de empadronamiento de todos los componentes de la unidad familiar donde la antigüedad de residencia.

Que esta pueda ser o no interrumpida, de momento, deberá dirimirse en un tercer recurso, esta vez de casación y presentado por la abogada de oficio de Antonio. Él y su mujer son mayores, describen problemas físicos habituales o por deterioro y alegan que, en total y junto con el hijo a su cargo, sobreviven con tres pensiones no contributivas de unos 600 euros para cada miembro del matrimonio y otros 500, aproximadamente, que recibe el vástago por su condición de salud mental, según las estimaciones del vecino. “Si con ese dinero nos metiéramos los tres a pagar un alquiler, se nos iría todo en los primeros días y no tendríamos para comer”, denuncia, reconociendo escasas opciones de integrarse en el mercado si finalmente se le deniega el realojo.

Precisamente en el sector VI, donde aún residen pese a que con los años este ha ido vaciándose, la empresa adjudicataria del servicio municipal de apoyo a la intervención con familias (SAIF) —que acompañan a los residentes y tratan de paliar su exclusión— y depende de los Sociales de Villa de Vallecas es Aebia, empresa de intervención social perteneciente a Urbaser. Esta última compañía de gestión medioambiental, especializada en limpieza urbana y tratamiento de residuos, tiene de copropietarios al fondo buitre Blackstone y EQT, otra sociedad sueca.

Entre los planes que se dibujan para el futuro de los terrenos que hoy abarca la Cañada Real, está la limpieza y el acondicionamiento del suelo con vistas a iniciar “rehabilitación edificatoria” y de “reurbanización” si estas se estiman oportunas, tal y como se aventuró en 2024 con la presentación del protocolo para el Plan Extraordinario de Realojos, a la que acudieron el delegado del Gobierno u otros representantes autonómicos y locales. Las administraciones anunciaron un presupuesto de 330 millones de euros para un plan que se ejecutará en diez años, por lo que deberá concluirse en 2034.

En el desglose, el Estado y la Comunidad de Madrid aportan 110 millones cada uno mientras que el resto se distribuye entre el Ayuntamiento de la capital (al que corresponde un monto mayor) y los otros dos firmantes. De darse una futura reurbanización del terreno, para fondos como Blackstone —que controla, junto con Brookfield, buena parte del mercado inmobiliario en Madrid— se abren nuevos escenarios a los que ampliar su negocio. Para el caso de Antonio, en la sentencia del TSJM del pasado 5 de diciembre, que responde al recurso de la Comunidad de Madrid para evitar incluirles entre los realojados, uno de los argumentos esgrimidos por los servicios jurídicos de la administración es que “se aplica otra disposición que absolutamente tiene que ver con la cuestión debatida”, refiriéndose al hecho de primar la vulnerabilidad sobre la antigüedad.

En el escrito, al que ha tenido acceso Somos Madrid, se recuerda que existen sentencias previas que “confirman la necesidad de cumplir los requisitos objetivos”, los cuales “no concurren” en este supuesto. A la espera de una sentencia definitiva, Antonio teme por su futuro y muestra su inquietud por la repercusión “negativa” que pueda tener la difusión del caso. “Solo quiero que no me echen y que nada más nos perjudique. Tenemos derecho a estar aquí, a tener una vida”, sentencia.