Lifting para el edificio del Constitucional: quitará sus escaleras exteriores, creará una nueva “piel” y ganará espacio
Uno de los complejos emblemáticos de Chamberí prepara una importante reforma. Se trata de los edificios que componen el Tribunal Constitucional, que tramita desde el año 2024 unas obras de gran envergadura que acaban de salir a la luz pública y que incluirán la retirada de unas escaleras exteriores de emergencia, un aumento de superficie construida y la mejora climática de su fachada exterior.
Aunque lo que más llama la atención de este lugar, situado en la calle Domenico Scarlatti, cerca de Moncloa, es el aspecto de su edificio principal. Sin embargo, el complejo lo componen tres cuerpos troncocónicos unidos y comunicados entre sí a través de sus plantas bajas. El edificio principal cuenta además con otras siete alturas.
Lo que plantea hacer allí la Administración General del Estado, a través de un estudio de detalle encargado por la Dirección General de Patrimonio del Estado, es aumentar los metros cuadrados construidos, para pasar de 34.601.46 m2 a los 41.521,75 m2, sin superar el 20% de incremento que permiten este tipo de proyectos dentro del volumen edificado.
La actuación más llamativa será al de integrar en su interior las once escaleras de emergencia y cambiar las instalaciones de aires acondicionados y similares del edificio principal a la cubierta de uno de los anexos, mejorando su aspecto exterior.
A nivel práctico, el mayor avance previsto en el estudio de detalle es la mejora de la envolvente del edificio principal mediante una fachada bioclimática, una “nueva piel” -así la define la actuación- que incluye un aislamiento más eficaz, a la vez que se mantiene su estética e imagen icónica. “La nueva piel mejora la transmitancia térmica del cerramiento opaco del volumen de oficinas de los magistrados, así como la mejora de la transmitancia de los vidrios de las ventanas que lo componen”, indica el proyecto.
Los nuevos vidrios, adaptados a las diferentes orientaciones y radiaciones solares, evitarán los puentes térmicos que actualmente se producen. La utilización de la transferencia térmica entre espacios aclimatados a diferentes temperaturas también permite el equilibrio y ahorro energético con los espacios que necesitan más energía de calefacción o enfriamiento.
La Dirección General de Patrimonio acomete esta reforma por la obsolescencia de las instalaciones actuales y también para disponer de espacios tanto para el desarrollo y la implantación tecnológica como para la celebración de reuniones. También habrá instalación de otros elementos que implican ahorros energéticos como paneles fotovoltaicos o patios bioclimáticos. El presupuesto de las obras es de 34,9 millones de euros, según el detalle económico al que ha tenido acceso Somos Madrid.
El Tribunal Constitucional se encuentra en este lugar desde el 16 de septiembre de 1981, cuando se trasladó a un complejo que había sido construido con intención de albergar la Sede Social de Previsión Sanitaria y los Consejos Generales de médicos, farmacéuti-cos, veterinarios y odontólogos. El proyecto, levantado en el año 1979, fue obra de los arquitectos Antonio Bonet y Francisco G. Valdés.
Un edil del PSOE en el Ayuntamiento, Antonio Giraldo, ha valorado la intervención explicando en redes sociales que “la ampliación es muy leve, para instalaciones y poco más, respetuosa con la obra original”. También aprovecha para mostrar su sorpresa porque el complejo “no se encuentra actualmente en el catálogo de edificios protegidos, pese a reunir cualidades muy interesantes de la arquitectura de la segunda mitad del siglo XX”.
El propio estudio de detalle asegura que este lugar “posee una incuestionable originalidad, singularidad y carácter. Su integración con la naturaleza y su incorporación atemporal a su entorno es ejemplar. Su modernidad, junto con su imagen y seriedad compositiva, son parte de los valores más significativos”.
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