Poner números a esos infartos o un ictus mortales que, aunque muchas veces no se identifiquen, están vinculados con el estrés y la ansiedad laboral. O a los suicidios motivados por el trabajo, que muchas veces permanecen invisibles. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha publicado este miércoles un novedoso informe en el que estima por primera vez el número de muertes en el mundo debido a los llamados “riesgos psicosociales”. Con un análisis solo de cinco de ellos, la organización calcula más de 840.000 muertes al año y casi 45 millones de años de vida perdidos al año ajustados en función de la discapacidad (AVAD).

El informe de la OIT, titulado 'El entorno de trabajo psicosocial: avances mundiales y vías de acción', calcula las muertes atribuibles a cinco importantes factores de riesgo psicosociales relacionados con el trabajo: la tensión laboral, el desequilibrio entre esfuerzo y recompensa, la inseguridad laboral, las jornadas laborales prolongadas (55 horas o más a la semana) y el acoso laboral.

Con un análisis de la prevalencia de estos cinco riesgos psicosociales en el ámbito laboral, a través de encuestas internacionales, y los datos sobre las consecuencias en la salud de estos factores (fruto de las Estimaciones Globales de Salud de la OMS y en los datos de la Carga Global de Morbilidad para 2021), la OIT calcula que una estimación anual de 840.088 muertes al año en todo el mundo por estos riesgos.

De ellas, la OIT estima más de 463.000 muertes en Asia-Pacífico, 174.000 en África, 112.000 en Europa, casi 80.000 en América y unas 11.000 en los países árabes. Por sexos, casi 500.000 fallecimientos corresponden a hombres y 340.000, a mujeres.

“Los riesgos psicosociales se están convirtiendo en uno de los desafíos más importantes para la seguridad y salud en el trabajo en el mundo laboral moderno”, afirmó Manal Azzi, responsable del equipo de Políticas y Sistemas de SST de la OIT. “Mejorar el entorno de trabajo psicosocial es esencial no solo para proteger la salud mental y física de los trabajadores, sino también para fortalecer la productividad, el desempeño organizacional y el desarrollo económico sostenible”, añadió. 

56.400 muertes por trastornos mentales, como suicidios

De este total, la OIT señala que la gran mayoría casi 784.000 muertes se deben a enfermedades cardiovasculares (cardiopatía isquémica y accidentes cerebrovasculares), mientras que cifra en algo casi 56.400 las muertes por “trastornos mentales”, entre las que se encuentran los suicidios.

La organización internacional explica que “las conductas suicidas constituyen un resultado grave, aunque menos estudiado, en relación con los riesgos psicosociales en el trabajo”. La OIT destaca que las pruebas indican que “los riesgos psicosociales pueden aumentar el riesgo de suicidio, especialmente cuando interactúan con trastornos de salud mental preexistentes, desventajas sociales o factores estresantes acumulativos”.

El informe recoge que se ha observado “un riesgo elevado en los sectores de la construcción, la agricultura y los servicios de emergencia, donde los riesgos psicosociales pueden combinarse con la exposición a situaciones traumáticas, horarios irregulares, normas que desalientan la búsqueda de ayuda y, en algunos sectores, el acceso a medios letales”, como pueden ser las armas de fuego de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

La investigación destaca el caso de Nueva Zelanda, donde los registros nacionales muestran que “alrededor del 12% de los suicidios se consideraron relacionados con el trabajo”. Sin embargo, la OIT destaca que los datos sobre esta problemática “siguen siendo limitados y metodológicamente desiguales”, por lo que se requiere “una interpretación cautelosa” y considerar el trabajo como un factor contribuyente al suicidio dentro de un contexto más amplio.

Justo este miércoles, el sindicato UGT ha presentado también un informe en el que pretende alertar y prevenir sobre los suicidios en el ámbito del trabajo, que solo se reconoce en muy contados casos en los que las familias acuden a los tribunales. El sindicato liderado por Pepe Álvarez ha puesto a disposición de las empresas y representantes de los trabajadores un protocolo de prevención y actuación ante el suicidio, para abordar las causas laborales que pueden desembocar en trastornos mentales y en conductas suicidas. Además, también habrá una línea teléfonica con una primera atención, ha explicad Patricia Ruiz, responsable de Salud Laboral del sindicato.

Años de vida perdidos por enfermedad y discapacidad

El informe también señala que estos riesgos psicosociales son responsables de la pérdida de casi 45 millones de años de vida ajustados por discapacidad al año (AVAD), lo que refleja los años de vida saludable perdidos debido a enfermedad, discapacidad o muerte prematura, y se estima que generan pérdidas económicas equivalentes al 1,4% del PIB mundial cada año. 

De estos millones de años de vida perdidos, la OIT estima que 20,4 millones son atribuibles a enfermedades cardiovasculares y una mayor parte, 24,5 millones, a trastornos mentales. 

Además, el organismo destaca que las pérdidas de años de vida en enfermedades cardiovasculares están aumentando mucho en los últimos años. “El análisis de tendencias muestra que los AVAD atribuibles a factores de riesgo psicosociales aumentaron casi un 14%, pasando de 17,9 millones en 2019 a 20,4 millones en 2021”, recoge el estudio.

La OIT subraya la importancia de medir y reconocer las enfermedades en el trabajo, una pieza clave para conocer el alcance del problema y trabajar para prevenir estos riesgos y reducir las enfermedades y las muertes derivadas de ellos. El sindicato CCOO destacó también la semana pasada el infrarregistro de las patologías mentales originadas por el trabajo en España: en 2025 se registraron en España más de 600.000 bajas laborales vinculadas a problemas psicológicos, pero solo 203 casos se reconocieron como de origen profesional.

Los riesgos psicosociales alcanzan a diversas facetas del entorno laboral, desde cómo se organiza el trabajo, la carga que se asigna a los trabajadores, los ritmos de producción, cómo se gestionan las relaciones entre jefes y empleados, y las situaciones de acoso y violencia en el trabajo.

Al abordar estos riesgos de manera proactiva, “los países y las empresas pueden crear lugares de trabajo más saludables que beneficien tanto a los trabajadores como a las organizaciones, al tiempo que refuerzan la productividad y la resiliencia económica”, destaca la OIT. 

La Audiencia Provincial de Balears ha confirmado la condena de prisión (un año y nueve meses) impuesta a un empresario por su responsabilidad en el accidente que sufrió uno de sus trabajadores -que estaba sin contrato- al ordenarle desinfectar un aljibe de ocho metros de profundidad en un hotel de Palma sin arnés, línea de vida ni equipos de protección adecuados. La sentencia lanza un mensaje claro: el empresario es el garante último de la seguridad laboral, incluso frente a posibles errores o imprudencias de sus empleados, y los incumplimientos en materia de seguridad laboral no son solo sancionables administrativamente, sino que pueden constituir delito.

La resolución declara probado que el acusado, en su calidad de administrador de la empresa de limpieza Illes Control, incurrió en una grave negligencia al instar al empleado, el 21 de junio de 2021, a descender al depósito mientras otro de los trabajadores grababa la maniobra, ausentándose el gerente del lugar a pesar de que su presencia era obligatoria por tratarse de un espacio confinado.

La operación se realizó con una precariedad de medios, utilizando una escalera enrollable sin fijación y sustituyendo los sistemas de seguridad reglamentarios por una cuerda atada entre los cinturones de ambos trabajadores, sin arneses, líneas de vida ni equipos de protección adecuados. Durante el procedimiento, el trabajador perdió el pie y cayó en una primera ocasión, lesionándose el brazo, y posteriormente volvió a precipitarse de espaldas desde una altura superior a los dos metros al intentar salir del aljibe debido al dolor y a la falta de un sistema de frenado o anclaje independiente.

Como consecuencia, la víctima sufrió diversas contusiones que requirieron 93 días de tratamiento médico y rehabilitador. La resolución concluye que el acusado no garantizó la seguridad de sus empleados al no proporcionar formación, instrucciones ni los equipos de protección individual necesarios, creando “un grave riesgo para la vida e integridad física del trabajador accidentado y del otro trabajador” al obligarles a utilizar métodos de contrapeso manual totalmente inseguros.

Durante el proceso judicial, el gerente alegó que no fue él quien ordenó al trabajador bajar, que sí existían medidas de seguridad e incluso que, en todo caso, la responsabilidad era del propio empleado al sostener que, si éste no utilizó guantes, fue por decisión propia.

La Audiencia rechaza estos argumentos amparándose en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que establece que la efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador y señala que, para su adopción, deben tenerse en cuenta los riesgos adicionales que pudieran implicar determinadas medidas preventivas. Asimismo, recuerda una de las sentencias del Tribunal Supremo en la que se señala “el deber de cuidado” que los responsables de la empresa asumen “en cuanto garantes de la indemnidad del trabajador, no sólo en su actuación ordinaria sino incluso cuando ésta llega a ser descuidada por la confianza y la rutina”.

El empresario, consciente del peligro

El tribunal introduce, en este sentido, una idea clave: el empresario no puede escudarse en la conducta del trabajador cuando no ha puesto los medios necesarios para evitar el riesgo. Por ello, descarta que se trate de una simple imprudencia: los magistrados concluyen que el empresario actuó con dolo eventual, es decir, que era consciente del peligro extremo de la situación y aun así permitió que el trabajo se realizara.

La resolución judicial confirma así la sentencia de instancia al considerar acreditado que el acusado es responsable de un delito contra la seguridad de los trabajadores. Tras analizar las versiones contradictorias, la Sala determina que existe una base lógica y racional para concluir que el empresario no cumplió con sus deberes básicos de prevención, omitiendo tanto la formación técnica como la información sobre los riesgos específicos del puesto a sus empleados.

La prueba de cargo, sustentada principalmente en el testimonio coherente de la víctima y en el informe de Inspección de Trabajo, revela deficiencias de seguridad críticas. Entre ellas destaca la ausencia de un recurso preventivo durante la operación en el aljibe, la falta de puntos de anclaje seguros para las escaleras y el suministro de equipos de protección individual totalmente insuficientes e inadecuados, ya que solo se facilitaron elementos básicos como botas y casco, pero no arneses anticaída ni las líneas de vida necesarias para trabajos en altura.

Finalmente, el tribunal subraya la gravedad de la situación al constatar que uno de los operarios carecía incluso de contrato laboral. Al considerar que el relato de los hechos probados se ajusta estrictamente a la prueba practicada en el juicio oral, se desestima el recurso del acusado y se ratifica íntegramente la condena original por haber puesto en riesgo la vida y la integridad física de sus trabajadores.

Además de la pena de prisión, el condenado deberá indemnizar al trabajador con más de 5.000 euros, cantidad incrementada en un 20% por tratarse de un accidente laboral, además de intereses. La aseguradora de la empresa ya había consignado la cantidad.

La sentencia no es firme y contra la misma cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

La comisión parlamentaria creada en la Junta General del Principado de Asturias para investigar si hubo alguna negligencia política o administrativa que derivó en el accidente mortal registrado en la mina de Zarréu, en el concejo de Degaña, el pasado 31 de marzo de 2025, que costó la vida a cinco trabajadores, ha apreciado la existencia de responsabilidad en siete personas, de las que cuatro de ellas estuvieron al frente de la Consejería de Industria durante las etapas de gobierno socialista.

El dictamen de la Comisión de Investigación señala como responsables políticos a Enrique Fernández, actual presidente de Hunosa, Nieves Roqueñí, presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón/Xixón, y Belarmina Díaz, quien estaba al frente de Industria en el momento del siniestro y dimitió del cargo apenas 15 días después del accidente mortal. Para los tres exconsejeros, que han formado parte de una de las carteras con mayor peso en el Consejo de Gobierno del actual presidente del Ejecutivo autonómico, Adrián Barbon, piden su reprobación.

Otras cuatro personas cuestionadas

La presidenta de la comisión y diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, ha presentado este martes el dictamen provisional donde se apunta igualmente a la responsabilidad en la que han podido incurrir otras cuatro personas.

Se trata de Isaac Pola, quien fue consejero de Industria durante la etapa del presidente del Principado Javier Fernández y posteriormente 'rescatado' por Adrián Barbón como viceconsejero de Industria y director general de Minas y otros tres altos funcionarios del Servicio de Minas, para quien también se solicita la reprobación.

El papel de los altos funcionarios

Los diputados y diputadas de los grupos con representación parlamentaria que participan en esta comisión de investigación han cuestionado la forma de actuar de estos tres altos funcionarios: los jefes de servicio Santiago Berjano y Alberto Quirino y el asesor jurídico Gonzalo Martín Morales, a este último se le identifica como la persona que estableció el argumentario jurídico para establecer la figura del Proyecto de Investigación Complementario (PIC) ahora en entredicho.

A Santiago Berjano se le atribuye la validación de las actas de inspección sin cuestionar la metodología; a Alberto Quirino por realizar inspecciones en las que no se percató de la existencia de indicios de actividad extractiva ilegal y a Gonzalo Martín Morales como “promotor intelectual y tutelador” de los PIC, figura no regulada por la Ley de Minas.

Las actuaciones

¿En qué consistían las actuaciones que ponen en entredicho sus señorías?. A esta pregunta sigue la siguiente respuesta: los integrantes de la comisión achacan a los tres exconsejeros que no hubieran extremado el celo en las medidas de vigilancia. Así, estiman que han mantenido una estructura organizativa y de inspección “insuficiente” para el adecuado control de actividades mineras y no haber llevado a cabo una supervisión política reforzada sobre el expediente de la mina de Zarréu donde ya se había producido con anterioridad un accidente mortal.

Una de las personas que sale peor paradas en esta investigación que se ha llevado a cabo es, según el dictamen provisional, Belarmina Díaz, que con anterioridad a su cargo como consejera había estado al frente de la Dirección General de Minas entre los años 2017 y 2019.

La consejera que dimitió tras el siniestro

El mismo día del accidente, la entonces consejera se personó en la mina de Zarréu para conocer de primera mano la situación, pero apenas 15 días más tarde presentaba su dimisión en una sesión plenaria en el parlamento asturiano.

La comisión de investigación cuestiona en su dictamen que Belarmina Díaz autorizase y firmase cuatro autorizaciones a pesar de que dos de ellas eran “materialmente incompatibles entre sí” y que permitieron la continuidad de actuaciones extractivas en un contexto de cierre.

En el dictamen provisional también se la considera responsable de haber otorgado transmisiones mineras “sin que conste una comprobación suficientemente rigurosa y reforzada”, de no haber activado mecanismo extraordinarios de control y de haber contribuido “por acción u omisión” a consolidar la figura de los PIC.

“El accidente pudo haberse evitado”

La presidenta de la comisión, Covadonga Tomé, asevera que las siete personas a las que ha puesto nombre, apellidos y cargos como supuestos responsables políticos y administrativos deben ser cesados.

El borrador incide en que el accidente se podría haberse evitado porque había una “absoluta incompatibilidad” entre el proyecto de cierre de la mina que se firmó en 2019 y el posterior proyecto de restauración autorizado dos años después, con el proyecto de investigación complementaria autorizado en 2024 “que pretende utilizar de manera torticera una actividad extractiva que estaba totalmente prohibida”.

Para la presidenta de la comisión, aunque la responsabilidad primera corresponde a quienes ordenaron la extracción clandestina de carbón, también existen responsabilidades administrativas “inequívocas” porque se dieron autorizaciones sin suficientes controles, se aprobaron figuras jurídicas “sin cobertura normativa”, como los proyectos de investigación complementaria (PIC), se avisaba a las empresas de las inspecciones y además no se ejecutaba expedientes sancionadores.

Una cadena de errores

Un año después del accidente que costó la vida a los mineros Jorge Carro, Rubén Souto Robla, Amadeo Bernabé, Iván Radio y David Álvarez por una explosión de grisú, la comisión considera sin lugar a dudas que este suceso se produjo como consecuencia de una cadena de decisiones administrativas deficientes, omisiones de control y una extracción clandestina, deliberada y duradera que “se pudo y se debió detectar y prevenir”.

Además, ha avanzado que hay responsabilidades institucionales de la administración del Principado ya que en el cambio de titularidad de la mina entre Combayl y Blue Solving, sociedades del mismo entramado familiar del empresario Jesús Rodríguez Morán, conocido como 'Chus Mirantes' -actualmente imputado por vía penal- “no se exigió o verificó la solvencia técnica y económica de las empresas”.

Los incumplimientos

“La administración incumplió su función de control de acceso al dominio público minero”, lo que constituye una infracción del deber legal de diligencia, señala el borrador, en el que también advierte de que la administración no activó el proceso sancionador derivado del hecho de que Blue Solving no hubiese presentado la garantía financiera a la que estaba obligada.

Además, según recoge la agencia Efe, cuestiona el uso dado a los PIC , “figura que no tiene definición ni regulación expresa en la normativa de minas” y que se hubiese otorgado uno a la mina situada en el concejo de Degaña “en abierta incompatibilidad” con resoluciones anteriores que decretaban el cierre de la explotación.

Otras anomalías

Alude además a la existencia de incoherencias sistémicas en la gestión de autorizaciones mineras, a la existencia de deficiencias estructurales en el sistema de inspecciones, y al incumplimiento de la ordenación documental de expedientes administrativos.

Covadonga Tomé ha asegurado que la comisión recibió 1.339 ficheros que no responden a la definición de expediente administrativo y que la falta de orden, numeración y coherencia documental aportada desde el Principado dificultó “gravemente” el trabajo de los parlamentarios.

Las recomendaciones

Entre las recomendaciones que hace, a corto plazo, plantea una moratoria total sobre los PIC y la revisión de oficio de todos los que estén actualmente en vigor, iniciar un procedimiento sancionador a Blue Solving por no haber presentado la garantía financiera de 3,1 millones que se le exigía e iniciar el procedimiento para la declaración de caducidad de la concesión minera que tiene.

También requiere la reorganización y digitalización ordenada de todos los expedientes administrativos relacionados con la mina de Zarréu, recomienda que desde el Principado se anticipen las indemnizaciones a las víctimas y familiares, a cuenta de las que puedan obtener de procedimientos judiciales, y plantea que el dictamen final se remita al Ministerio Fiscal por si de él pueden derivarse responsabilidades penales.

A más largo plazo recomienda implantar un sistema de inspecciones sorpresa y planificadas, elaborar un plan de inspección anual, cruzar los datos operativos con registros portuarios y lavaderos de carbón, revisar la relación de puestos de trabajo del Servicio de Minas, mejorar la coordinación entre los agentes de Medio Natural y la Inspección Minera, desarrollar una normativa minera autonómica y mejorar la rendición de cuentas en el sector minero. 

La propuesta de dictamen

A continuación reproducimos la propuesta de dictamen de la Comisión de Investigación sobre el accidente en la mina registrado el 31 de marzo de 2025 en el que murieron cinco mineros y otros cuatro trabajadores resultaron heridos.

La propuesta de dictamen ya ha sido trasladada al resto de grupos parlamentarios, que a partir de ahora ahora podrán presentar sus aportaciones durante los próximos diez días antes de que éste sea objeto de negociación y pase a ser definitivo en el plazo aproximado de un mes.

Nuevo accidente laboral mortal en La Rioja. Una hombre de 43 años ha fallecido este viernes tras sufrir una descarga eléctrica en un cable de alta tensión cuando trabajaba en el polígono El Juncal, perteneciente a la localidad de Albelda de Iregua.

Dicha descarga le ha provocado una parada cardiorrespiratoria que, lamentablemente, ha causado su fallecimiento, sin que los equipos de emergencias desplazados al lugar del suceso hayan podido hacer nada por salvar su vida.

La Guardia Civil ya instruye las diligencias pertinentes para el total esclarecimiento de los hechos.

Con este trágico accidente en Albelda de Iregua, la lista de víctimas mortales en el entorno de trabajo en La Rioja asciende ya a tres en lo que va de 2026, tras los trabajadores fallecidos del sector de la seguridad privada y la construcción, ambos por infarto.

Un hombre de 38 años ha fallecido este martes al golpearse la cabeza con un toro mecánico que estaba maniobrando mientras trabajaba. El accidente laboral se ha producido en el distrito madrileño de Vicálvaro.

Los hechos han tenido lugar alrededor de las 13.45 horas en unas obras de la calle Boyer. Hasta el lugar se han trasladado efectivos sanitarios del Summa 112 para atender a la víctima, que estaba inconsciente y presentaba un traumatismo craneoencefálico severo a consecuencia del golpe.

Después de 20 minutos practicando al obrero maniobras de reanimación, el equipo sanitario ha confirmado su fallecimiento, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid. Por su parte, una psicóloga de Samur-Protección Civil ha asistido en el lugar a los compañeros de trabajo que se encontraban conmocionados por el trágico suceso.

Ahora, las circunstancias de lo ocurrido se encuentran bajo investigación de la Policía Municipal de la capital.

Un hombre de 56 años, vecino de Calamocha y trabajador de la empresa Transportes Tortajada, ha perdido la vida este martes en un accidente laboral ocurrido en el polígono Cuencas Mineras de Montalbán. Ha sucedido en torno a las 10:20, cuando la víctima se encontraba realizando tareas de descarga.

Se trata del décimo accidente laboral mortal en Aragón en lo que va de 2026, según han confirmado desde UGT. Fuentes del sindicato han exigido “mayor control y medios para tomar medidas de choque para parar esta lacra de la siniestralidad mortal en Aragón”. Consideran que “un muerto en accidente de trabajo es una tragedia, diez un drama de primer orden social y debería ser político también”.

Hace cuatro días otro trabajador de 42 años falleció en San Mateo de Gállego tras ser alcanzado por una excavadora. Las organizaciones sindicales han anunciado que convocarán una concentración en los próximos días para exigir mayores controles y medidas preventivas que frenen esta “sangría” de víctimas.

Los accidentes laborales graves y mortales registrados en Castilla-La Mancha han crecido durante los dos primeros meses de 2026. Según datos publicados este lunes por el Ministerio del Trabajo, 42 de estos siniestros fueron graves y hubo que lamentar el fallecimiento de ocho personas.

En comparación con las cifras registradas en el mismo periodo de tiempo del año anterior, en enero y febrero de 2025 hubo 24 accidentes graves y dos víctimas mortales. Por el contrario, el total de siniestros laborales descendió a 4.195, un 1,8% menos.

Por provincias, Ciudad Real fue la que registró más accidentes graves (14), mientras que el mayor número de fallecidos se dio en Cuenca (cuatro). Por su parte, en la provincia de Toledo fue donde se produjeron más siniestros en total (1.457).

UGT habla de “falta de cultura preventiva”

Ante estos datos, UGT Castilla-La Mancha ha mostrado su preocupación por el “aumento significativo” de las muertes y de los accidentes graves, que impiden “toda lectura positiva” por la disminución global de siniestros.

La coordinadora regional de Prevención de Riesgos Laborales de UGT Castilla-La Mancha, Irene Ortega, resaltaba igualmente la mala evolución de los accidentes in itinere, ya que estos han crecido en un 15%. Esto ha llevado a que Castilla-La Mancha se haya situado en este inicio de 2026 como la segunda comunidad autónoma -solo por detrás de Navarra- con mayor índice de incidencia en cuanto a siniestralidad laboral. La región -que venía ocupando el tercer lugar- escala así un puesto en este ranking de incidencia. 

El sindicato pone el acento en que en Castilla-La Mancha “sigue faltando mucha cultura preventiva”. “Se están adoptando muchas medidas para frenar esta lacra. La creación del Instituto de Seguridad y Salud es un paso más. Sin embargo, de nada servirán si no existe una cultura preventiva en las empresas que ponga de manifiesto que muchos de estos accidentes son evitables”.

Irene Ortega añadía que “el objetivo que nos marcamos es cero muertes en el trabajo, una meta que es perfectamente alcanzable con los recursos y las medidas necesarias”. Entre ellas, insistía en que las pequeñas empresas -que son aquellas que más accidentes sufren por no contar con representación sindical- deben tener a mano la figura del delegado territorial de prevención. “Urge poner en marcha esta figura para poder llegar allí donde los sindicatos no llegamos”.

El diputado del BNG, Néstor Rego, ha registrado iniciativas en el Congreso para instar al Gobierno a revertir las modificaciones introducidas por el Real Decreto 453/2022, y garantizar la protección efectiva de las personas afectadas por accidentes laborales frente a los “criterios restrictivos” que están aplicando las mutuas, y que “implican eliminar las compensaciones por desplazamientos y estancia para asistir a tratamientos médicos”.

Según ha señalado el BNG y recoge Europa Press, la modificación supuso una “clara regresión” en los derechos de las personas trabajadores que sufrieron accidentes laborales con secuelas. Así, se permite a las mutuas determinar el porcentaje de gastos que van a cubrir, según “criterios discrecionales”, y eso supone en la práctica “una reducción significativa de las prestaciones”.

Néstor Rego ha advertido de que esta situación está teniendo “efectos muy lesivos” para las personas afectadas, que necesitan desplazarse regularmente, a veces con acompañantes, para recibir atención sanitaria, y que ahora tienen que asumir gastos que antes estaban cubiertos por las mutuas.

Con la entrada en vigor de los cambios, las mutuas dejan de pagar íntegramente esos gastos y los sustituyen por aportaciones mínimas condicionadas a la evaluación de una Comisión de Prestaciones Especiales. Esta Comisión “está concediendo cantidades claramente insuficientes, lo que implica un recorte encubierto y una transferencia de costes a las personas afectadas”.

Para el diputado nacionalista, el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social “es plenamente consciente del impacto negativo de esta modificación normativa”, por lo que reclama al Gobiero la “derogación inmediata” de la Disposición Final Primera, apartado 1 del artículo 67, introducida por el Real Decreto 453/2022, y la recuperación del marco normativo anterior.

“Es imprescindible garantizar que las mutuas asuman la totalidad de los gastos derivados de los desplazamientos, estancias y cuidados necesarios para el seguimiento médico de las personas afectadas por accidentes laborales”, ha insistido Rego.

Un trabajador ha fallecido este viernes, 10 de abril, en accidente laboral en la localidad zaragozana de San Mateo de Gállego, han informado a Europa Press fuentes del Gobierno de Aragón. Se trata de la novena víctima mortal por accidente traumático en Aragón en lo que llevamos de 2026 según el recuento que llevan a cabo los sindicatos CCOO y UGT Aragón.

En el momento del siniestro, el operario manejaba un toro mecánico y ha caído sobre un terraplén de unos cuatro metros de altura.

Según ha trasladado el secretario de Salud Laboral de CCOO Aragón, Luis Clarimón, el fallecido, vecino de San Mateo de Gállego, es un hombre de unos 40 años con tres hijos. El accidente se ha producido de madrugada durante los trabajos de explanación que llevaba a cabo para la empresa Construcciones Ortiz.

“Como otras ocasiones, se trata de una empresa muy pequeña de la construcción, de cinco trabajadores, por lo que se repite ese patrón maldito de pequeñas empresas, sobre todo en ese sector”, ha recordado Clarimón.

El próximo lunes 13 de abril CCOO y UGT Aragón volverán a concentrarse en el Monumento a la Constitución en repulsa por el accidente y en memoria de las víctimas de accidentes laborales en Aragón.

Dos hombres, de 27 y 31 años, han sido detenidos como presuntos autores de un delito de homicidio imprudente, contra los derechos de los trabajadores y encubrimiento por la muerte de trabajador de 43 años en un accidente laboral en Don Benito, al alterar la escena del suceso para simular la existencia de medidas de seguridad.

Los hechos se produjeron el pasado 19 de marzo en la avenida Vegas Altas, donde los servicios de emergencia confirmaron el fallecimiento de la víctima, según ha informado este miércoles la Policía Nacional.

La investigación policial ha determinado una presunta negligencia por parte del propietario de la empresa que realizaba unas reformas en la zona, así como la alteración de la escena del suceso para simular la existencia de medidas de seguridad que, según los agentes, no estaban presentes en el momento del accidente.

Según la Policía, se habría colocado material de seguridad con posterioridad y se habría retrasado la llamada al servicio de emergencias 112 con el objetivo de ocultar las deficiencias en materia de prevención laboral.

El responsable de la empresa fue detenido el 20 de marzo por su presunta implicación en los delitos de homicidio por imprudencia grave, contra los derechos de los trabajadores y encubrimiento, mientras que el encargado de la obra fue arrestado cinco días después por encubrimiento. 

Una percebeira que trabajaba en la extracción del crustáceo entre el Castro de Baroña y el Farito, en Porto do Son (A Coruña), ha fallecido en la mañana de este martes por un golpe de mar. Según ha informado el CIAE 112 Galicia, el suceso tuvo lugar minutos antes de las 10,00 horas de este martes. En este momento, pescadores que se encontraban por la zona consiguieron sacarla del agua y trasladarla en una planeadora al puerto más próximo para que recibiese asistencia médica. Sin embargo, la mujer ya había fallecido.

Muchos de los recursos activados para su rescate fueron, finalmente, anulados, ya que nada podía hacerse para salvarle la vida. Con todo, los gestores del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia informaron a todos los organismos competentes, como Salvamento Marítimo, Servizo de Gardacostas de Galicia, Guardia Civil, Policía Local y Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

El Hospital Nacional de Parapléjicos (HNP), el centro público de referencia nacional en lesión medular dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha y que tiene su sede en toledo, atendió a lo largo de 2025 a 1.232 personas ingresadas por distintos motivos asistenciales. De ellas, 233 fueron nuevos pacientes procedentes de hospitales de diferentes comunidades autónomas.

En concreto, 222 ingresaron con una lesión medular para seguir el programa de tratamiento integral del centro, además de seis estancias por síndrome de Guillain-Barré y cinco para evaluación de lesión medular.

Entre los nuevos pacientes con lesión medular, las causas traumáticas volvieron a ser las más frecuentes, con 121 casos (54,5 por ciento), frente a 101 lesiones no traumáticas (45,5 por ciento). En este grupo se registraron además dos fallecimientos, uno relacionado con accidente de bicicleta y otro con una caída desde la propia altura.

Uno de los datos más relevantes del balance de 2025 es el peso de la bicicleta en los accidentes deportivos y viales con resultado de lesión medular. De los 15 accidentes deportivos contabilizados, nueve estuvieron relacionados con la práctica de ciclismo (además de un fallecimiento tras la lesión medular por esta causa), muy por encima de otras actividades como la escalada (dos casos), zambullidas (uno), senderismo (uno), quad (uno) o surf (uno).

El 72% de los accidentados son hombres

La distribución por sexo y edad mantiene las tendencias observadas en años anteriores. Del total de nuevos pacientes para tratamiento integral, 160 fueron hombres (72 por ciento) y 62 mujeres (28 por ciento), con una edad media total de algo más de 50 años.

En cuanto al nivel de lesión, hasta 108 de los nuevos ingresos presentaban nivel cervical, dando lugar a una situación de tetraplejia y 114 fueron paraplejias. En relación a la severidad de la lesión, un total de 73 lesiones medulares fueron completas, 128 eran lesiones incompletas motoras y 21 incompletas sensitivas.

Las caídas siguen encabezando las causas traumáticas

Dentro de las lesiones traumáticas, las caídas continuaron siendo la primera causa de ingreso con 58 casos, por delante de los accidentes de tráfico (35), los accidentes de bici y quad (11), los golpes por objeto (10), las agresiones (4) y las zambullidas (3). El promedio de edad de los pacientes con lesiones traumáticas fue de 46,17 años, con un claro predominio masculino: 103 hombres frente a 18 mujeres.

De las 58 lesiones por caída, 25 se produjeron desde la propia altura y 33 desde altura. Las caídas desde la propia altura presentaron el perfil de edad más elevado, con una media de 63 años, mientras que en las caídas de altura la media fue de algo más de 40 años.

En el grupo de lesiones por tráfico, el HNP registró 35 casos, con mayoría de accidentes de coche (17) y moto (16), además de dos siniestros con tractor. Cuatro de estos accidentes de tráfico se produjeron en contexto laboral. En total, 19 lesiones tuvieron consideración de accidente laboral: nueve por caída de altura, seis por golpe de objeto y cuatro por accidente de tráfico.

Durante 2025 se contabilizaron un total de siete lesiones medulares debidas a intentos de suicidio, con una edad media de poco más de 21 años.

Entre las 101 lesiones no traumáticas, las causas más frecuentes fueron las vasculares (39 casos), seguidas de las complicaciones o secuelas postquirúrgicas (18), las tumorales (16), las inflamatorias o autoinmunes (11), las infecciosas (10), las osteoarticulares o degenerativas (seis) y otras causas (una). En este grupo, la edad media fue de 55 años, con 57 hombres y 44 mujeres.

El hospital mantiene su papel como centro de referencia para la atención a personas con lesión medular de alta complejidad de todo el país. Los nuevos pacientes ingresados en 2025 procedían principalmente de Madrid (61), Castilla-La Mancha (36), Castilla y León (31), Murcia (22), Andalucía (18) y Comunidad Valenciana (18), además de otras comunidades y ciudades autónomas como son Navarra (siete), País Vasco (seis), Cantabria (cinco), Asturias (cuatro), Aragón (cuatro), Baleares (tres), La Rioja (dos), Melilla (uno), Canarias (uno) y Cataluña (uno).

Un hombre de 55 años de edad ha fallecido fruto de un accidente laboral ocurrido la tarde del viernes en una granja del concejo alavés de San Román de San Millán, según ha informado el Departamento de Seguridad a Europa Press.

Según han explicado, la voz de alarma se dio a las 18.30 horas tras producirse el accidente. El trabajador, de 55 años, ha fallecido la misma semana en la que otros dos trabajadores, dos transportistas de 41 y 58 años, fallecieron en Legutio y Vitoria respectivamente, también en el territorio alavés.

La Comisión Jurídica de Extremadura ha rechazado la responsabilidad patrimonial de la Administración regional en la muerte de un trabajador autónomo en febrero de 2024, que se produjo por una caída en altura mientras realizaba tareas de mantenimiento en el centro de empleo de Cabeza del Buey (Badajoz), por lo que no tendrá que indemnizar a la familia con 407.376,65 euros. El accidente mortal ocurrió cuando se encontraba realizaba el sellado de unas ventanas en el edificio.

La demanda de la familia se presentó ante la Dirección Provincial del Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe) en Badajoz. La reclamación se basaba en que la Administración era la responsable del fallecimiento al contratar al hombre de manera irregular y no cumplir con los mandatos mínimos en materia de normas de seguridad y prevención de riesgos laborales, según el dictamen, recogido por EFE.

Según la familia, la contratación se produjo de manera irregular, mediante algún tipo de llamada telefónica o contacto previo por parte de la directora del centro de empleo, que supuestamente dio instrucciones al fallecido para que realizara los trabajos. Además, alegaban que no constaba ningún tipo de expediente administrativo para la realización de estos trabajos ni para la contratación de los mismos, por lo que se desconocía cuáles fueron las instrucciones y el estudio y ejecución de las medidas de seguridad por parte de la Administración.

Según recoge el dictamen de la Comisión Jurídica, ha quedado acreditado que el trabajador incumplió las medidas de seguridad y prevención que resultaban aplicables, “siendo por tanto el único responsable del accidente”, como se hace constar en el informe que emitió el técnico en prevención de riesgos laborales.

También se descarta la supuesta contratación irregular porque al tratarse de un contrato menor no requería de una licitación, por lo que en el expediente contractual para el sellado de las ventanas sólo debería figurar el presupuesto del contrato y la aprobación del gasto, que se genera con la presentación de la factura.

Sin embargo, comenzó a realizar el trabajo sin haber cumplimentado ningún trámite previo, como los modelos P1 y P2 de estimación de riesgos, ni haber recibido confirmación alguna, ni siquiera verbal, de que lo hiciera, y sin ni siquiera advertir a la directora del centro de empleo.

En consecuencia, concluye el dictamen, “no ha quedado acreditada la relación de causalidad entre el daño por el que se reclama y el funcionamiento de la Administración, por lo que no cabe inferir responsabilidad de esta que haga nacer el derecho a indemnización”. 

La Junta de Castilla-La Mancha y la Fiscalía regional han firmado un nuevo convenio de colaboración para reforzar el trabajo conjunto en el ámbito de la seguridad y la salud laboral en la región.

De este forma, se ha presentado el programa 'Castilla-La Mancha Más Segura', que cuenta con una dotación económica de 2,63 millones de euros, con el objetivo de continuar “apoyando la inversión, innovación, certificación y el trabajo de pymes y autónomos en la mejor de la salud en el trabajo”, según exponen desde el Gobierno regional.

Durante el acto, Patricia Franco, consejera de Economía, Empresas y Empleo, se ha referido a la Fiscalía de Castilla-La Mancha como un “aliado estratégico” en un ámbito, el de la seguridad y salud en el trabajo, “que forma parte de nuestras prioridades, porque de nada serviría que consolidemos la población activa más alta de nuestra historia, el dato de ocupación más alto de toda la serie histórica en nuestra región, si no trabajamos de manera intensa y conjunta para lograr que nuestros trabajos sean seguros”.

Novedades del convenio

El convenio, que tiene una vigencia de cuatro años renovable por otros cuatro a continuación, incluye novedades y refuerzos en ámbitos como ampliar la cobertura de las actuaciones, establecer cauces de comunicación “más ágiles, fluidos y recíprocos”; junto con una mejora en la trazabilidad y una apuesta por la formación, el asesoramiento y la coordinación en seguridad y salud laboral. “Se establece un técnico de seguridad y salud de enlace en cada una de las provincias con la Fiscalía, para reforzar esa labor recíproca de comunicación”, ha señalado Patricia Franco, enmarcando la firma del convenio en el Acuerdo Estratégico de Prevención de Riesgos Laborales, “que tiene vigencia hasta final de este año y que cuenta con el 85% de sus medidas iniciadas y en desarrollo, 94 de las 111 programadas”, al tiempo que ha expresado que el Ejecutivo regional y los agentes sociales, tanto en el Consejo Regional de Seguridad y Salud Laboral como en el Instituto Regional, van a trabajar en paralelo para diseñar y definir el nuevo acuerdo estratégico que entrará en vigor el año que viene.

“Tenemos la tarea entre todos de conseguir puestos de trabajo más seguros en nuestra región”, ha indicado la consejera, señalando que ese compromiso “requiere la responsabilidad del conjunto de la sociedad”, y que tiene reflejo, por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha, en el Diario Oficial de la región. “Hoy hemos publicado la nueva convocatoria del programa ‘Castilla-La Mancha Más Segura’, que crece en su dotación un 35%, hasta los 2,63 millones de euros, 675.000 euros más, para seguir apoyando a las pymes y autónomos de la región en la inversión en entornos de trabajo más seguros, así como en investigación, innovación o certificaciones en seguridad y salud laboral”, ha señalado, exponiendo que, desde el año 2015 y sumando líneas y partidas que antes no existían, “más de 3.000 pymes y autónomos se han beneficiado de estas ayudas, con una inversión del Gobierno regional de más de 13 millones de euros”.

Red de Inspectores fortalecida

Junto a este programa, Patricia Franco ha valorado el trabajo conjunto con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la región, una labor que se ha “intensificado” en los últimos años al tiempo que ha crecido la red en torno a la prevención y la seguridad y la salud en el trabajo. “Este año hemos programado más de 32.000 acciones conjuntas, y de ellas, una de cada tres va destinada a la seguridad laboral”, ha indicado la consejera, detallando que las órdenes de servicio en este ámbito, más de 10.000, son las más numerosas dentro de una programación que destina el 25% de sus acciones al área de Seguridad Social, un 24% a la economía regular o un 17% a las relaciones laborales y empleo.

“Esa cifra, las más de 10.000 órdenes de servicio previstas para este año supone triplicar las que se llevaron a cabo por ejemplo en el año 2020, que fueron 3.371, al tiempo que hemos fortalecido también la red de inspectores y subinspectores que trabajan en nuestra región, que han pasado de 84 a 129 en los últimos cinco años”. Ese compromiso, ha dicho la consejera, tiene reflejo en las cifras, como la reducción en el índice de incidencia del 6% el pasado año, o un descenso en el inicio del año del 12,8% en el número de accidentes con baja, “pero debemos seguir reforzando la vigilancia y la prevención para que se reduzcan también los accidentes mortales y los accidentes graves, y seguiremos trabajando con la DGT para reducir también los accidentes in itínere en Castilla-La Mancha”.

Por último, Patricia Franco ha apelado al conjunto de la sociedad para avanzar en este ámbito. “Toda la sociedad debe ser responsable y copartícipe para que consigamos reducir las cifras de accidentabilidad laboral”, ha indicado, señalando también la importancia de introducir la prevención en las etapas tempranas de formación.

Un trabajador de la construcción ha fallecido en un accidente laboral ocurrido en Nachá, núcleo rural del municipio de Baélls, en la comarca oscense de La Litera.

El suceso ocurrió este pasado jueves 19 de marzo cuando el hombre, de 62 años y nacionalidad española y empleado desde hace cerca de seis años de la pequeña empresa Construcciones y Obras JOYMA SL de Tamarite de Litera (Huesca), se encontraba junto al resto de sus compañeros realizando tareas de desencofrado en la construcción de una nave agrícola en la población de Nachá, según ha el secretario de salud laboral de CCOO Aragón, Luis Clarimón.

Al parecer, en la maniobra de liberar las chapas del hormigón ya fraguado, una de ellas se soltó violentamente y golpeó la cabeza de este trabajador, que falleció en el acto fruto de un traumatismo craneoencefálico.

Se trata de la quinta persona que muere en el trabajo en el presente año 2026 en Aragón, la tercera en la provincia de Huesca –tras el fallecimento de otro operario de la construcción en Ballobar y un trabajador de asistencia en carretera en la variante de Jaca–, según el recuento de los sindicatos CCOO y UGT Aragón, que este lunes 23 de marzo han convocado una nueva concentración a las 12.00 horas en el Monumento a la Constitución.

Un trabajador autónomo de la construcción de 50 años ha fallecido este martes en el municipio de Calatorao, en la comarca zaragozana de Valdejalón, en un nuevo accidente laboral mortal, tras quedar atrapado entre una pared y la plataforma elevadora en la vivienda en la que trabajaba.

El aviso al 112 lo ha dado a las 16.08 horas un compañero con el que trabajaba en unas obras particulares, han confirmado fuentes del Gobierno de Aragón. Al parecer, el obrero no ha muerto en el acto e incluso se ha llegado a activar el helicóptero del 112, sin que finalmente hayan podido hacer nada por salvar su vida.

Asimismo, han sido activados los Bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), que han trasladado al lugar del siniestro a efectivos del parque de La Almunia de Doña Godina, que han llevado a cabo el rescate del trabajador atrapado. También han participado efectivos de la Guardia Civil y servicios sanitarios.

Este es el cuarto fallecido en accidente laboral en lo que va de 2026, después de la muerte, el 18 de febrero en Ballobar (Huesca), de otro profesional de la construcción, que estaba próximo a la jubilación, al quedar atrapado por una guía telescópica en una granja porcina; de un operario de asistencia en carretera, pocas horas después, atropellado mientras auxiliaba a una persona en la A-23, en Jaca (Huesca); y de un empleado de mantenimiento ferroviario de una subcontrata de Adif, el pasado 21 de febrero en Calatayud (Zaragoza).

Un trabajador de 44 años ha resultado herido al precipitarse en una perforación de 8 metros de profundidad en Malagón (Ciudad Real), tal y como han confirmado fuentes del 112 de Castilla-La Mancha.

El aviso se ha recibido a las 10.46 horas al aire libre en el Camino de los Rallados, cuando este trabajador se ha caído a la perforación.

En un primer momento ha sido rescatado por sus compañeros y posteriormente trasladado por un helicóptero sanitario al Hospital General Universitario de Ciudad Real.

Además, hasta el lugar se han trasladado la Guardia Civil, la Policía Local, los bomberos de Ciudad Real, una ambulancia y el médico de urgencias.

Un hombre de 26 años ha sido ingresado este martes, 24 de febrero, en el Hospital Universitario de Albacete tras sufrir una caída a un foso del taller en el que trabaja en la capital albaceteña.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha, el accidente ha tenido lugar sobre las 10.39 en las instalaciones situadas en el kilómetro 3,5 de la carretera de Mahora.

A causa de la caída, el trabajador ha perdido el conocimiento, no habiendo trascendido la gravedad de sus heridas. Una UVI móvil, que ha acudido al lugar de los hechos, ha procedido a su trasladado al citado centro hospitalario.

Junto al vehículo sanitario, también han acudido al lugar agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional.

Una persona ha resultado herida con quemaduras y ha tenido que ser trasladada en helicóptero medicalizado al Hospital Universitario de A Coruña tras originarse un incendio en la planta de fabricación de productos químicos en la que trabaja en Forcarei (Pontevedra).

Según ha relatado el 112 Galicia a Europa Press, la Central de Emergencias tuvo constancia del suceso en torno a las 15.15 horas de este lunes a través de la llamada de un particular, quien alertó del incendio y de que había una persona herida, también indicó que el resto de trabajadores se encontraban fuera de las instalaciones.

Hasta el lugar de los hechos, el parque empresarial David Raposeiras, se movilizaron los medios de extinción necesarios para apagar el fuego, que en estos momentos se encuentra controlado y las labores se centran en ventilar la zona. Con todo, trabajaron en el punto, además de Urxencias Sanitarias, los bomberos de Silleda, de O Carballiño, la Guardia Civil y el GES de A Estrada.