El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha declarado la prealerta por riesgo de incendios forestales en Tenerife y Gran Canaria a partir de las 08:00 horas de este domingo, 24 de mayo.

Esta decisión se adopta teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias (INFOCA).

Según la previsión de Emergencias, se espera un episodio de calor, con temperaturas alcanzando y superando los 30 grados centígrados, especialmente en medianías y cumbres, en zonas forestales. En Gran Canaria, podrán superarse incluso los 34 grados en esas mismas zonas. La humedad relativa será baja, manteniéndose por debajo del 30 por ciento. Vientos del sur al suroeste en zonas altas, cálidos y secos.

Por ello, el Gobierno insta a la población a seguir los siguientes consejos de autoprotección de la Dirección General de Emergencias.

Aemet ha emitido ya avisos amarillos para tres islas, mientras que Salud Pública ha recordado sus recomendaciones para la población ante las altas temperaturas.

La emblemática e histórica Casa de Corcho en el Parque de la Vega, un edificio que data del siglo XIX, ha comenzado a arder sobre las 12.30 horas de este viernes. Se trata de un espacio simbólico de este parque de la ciudad, al lado de la Puerta de Bisagra, y actualmente en remodelación a cargo de la empresa AM Alonso, con obras financiadas a través de los fondos europeos Next Generation.

Se da la circunstancia de que este histórico edificio va a ser convertido un restaurante para más de 200 personas, por iniciativa del Ayuntamiento de la ciudad, gobernado por PP y Vox. Justo ayer la Junta de Gobierno Local aprobó su adjudicación.

Hasta el lugar de los hechos ha acudido la Policía Local y los bomberos de Toledo para apagar el fuego del edificio. Las llamas se apreciaban desde la zona de Sisebuto, ya que han cortado el acceso en las inmediaciones. Al lugar también ha acudido el alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez.

Allí ha detallado que “algo de nostoros se quema también con este incendio” al resaltar que es “un lugar muy especial para todos los toledanos”. No obstante, ha elogiado la “rapidísima actuación” de los bomberos y ha celebrado que no haya habido daños personales. “Ha habido una columna de humo que se podía ver casi desde toda la ciudad, parecía una explosión”.

Por ahora, ha remarcado Velázquez, se desconocem la causas del fuego. Se ha producido en una zona de obras y confía en que en las próximas horas se desvele qué lo ha originado. Como su propio nombre indica, el edificio está revestido de corcho, pero su estructura interior es de ladrillo y entramados de madera, ha detallado por su parte la arquitecta municipal, Nuria Molina.

Pese a lo aparatoso del incendio, el alcalde ha querido dejar claro que el accidente no impedirá que se mantengan los planes. “La Casa del Corcho se va a abrir y volveremos a disfrutar de este edificio”, ha señalado. “Tardaremos un poco más, pero de cualquier forma, no se iba a abrir antes del 30 de junio como el resto de quioscos del parque. Casualidades de la vida que se haya producido justo un día después de que hayamos aprobado su adjudicación”.

Un día después de aprobar su adjudicación

La casualidad a la que hace referencia es que el incendio se produce un día después de que este miércoles la Junta de Gobierno Local procediera a la adjudicación formal de este edificio como negocio hostelero a la empresa Authentic Paradise Events SL, perteneciente al grupo Catering Toledo.

La adjudicación contemplaba un canon de 201.120 euros repartidos en ocho anualidades, después de que la empresa duplicase la oferta inicial planteada por el Ayuntamiento, fijando una cuota mensual de 2.095 euros. Además, la concesionaria debía asumir las obras de rehabilitación y acondicionamiento del edificio.

La Casa del Corcho, ubicada junto al parque de la Vega, fue construida a finales del siglo XIX por el arquitecto Ramiro Amador de los Ríos y está considerada uno de los inmuebles singulares de este entorno de la ciudad.

Este edificio sufrió durante todo el siglo XX un importante deterioro, por lo que se ejecutó una rehabilitación integral que impulsó la Real Fundación de Toledo. Hace 15 años la casa se reinauguró tras ser sometida a un proceso de rehabilitación por parte del alumnado de la Escuela Taller de Restauración de la ciudad.

Para la rehabilitación se ejecutó un tratamiento de mejora y embellecimiento de las piezas de corcho, dándoles uniformidad con el resto de materiales de la edificación. Además, se retiró el cableado, las antenas y los focos que afeaban la fachada, y se restauró el tejado eliminando la humedad de las cubiertas. El enrejado también fue tratado, al igual que la fuente asociada al edificio. Se dotó a la casa de iluminación monumental para resaltar algunos detalles de la misma.

El portavoz del Gobierno municipal, Juan José Alcalde, destacó recientemente la adjudicación de este espacio como parte de la estrategia de recuperación y explotación de varios quioscos y establecimientos hosteleros municipales.

El PSOE local pide “máxima transparencia” en la investigación

El Grupo Municipal Socialista ha lamentado el incendio registrado en la Casa del Corcho en el Parque de la Vega de Toledo al tiempo que ha pedido “responsabilidad y máxima transparencia para esclarecer lo sucedido con la mayor rapidez posible, así como avanzar en la recuperación de este espacio tan significativo para la ciudad”.

La portavoz socialista, Noelia de la Cruz, junto a la concejala Laura Villacañas, se han desplazado hasta el lugar donde han podido comprobar el alcance del suceso y hablar con el alcalde personalmente de lo ocurrido.

“Lo que ha sucedido hoy en el corazón de la Vega es francamente un hecho muy triste, una imagen muy dura para todos los toledanos y toledanas”, ha señalado Noelia de la Cruz, quien ha explicado que la Casa del Corcho es un emblema de la ciudad para muchas generaciones y “es una pena que un espacio tan simbólico pueda desaparecer tal y como hoy lo entendemos y conocemos”.

Las zonas que todavía conservan árboles altos ya no bastan para proteger a los orangutanes. El animal más emblemático de Borneo pierde terreno cada año por los incendios, las plantaciones, la minería y la tala, mientras muchos grupos quedan atrapados en fragmentos aislados de bosque donde apenas encuentran alimento.

Esa presión también empuja a algunos ejemplares hacia cultivos y granjas, un problema que acerca todavía más a los orangutanes a las personas y agrava los conflictos en varias regiones de Indonesia. La situación resulta todavía más delicada porque la especie tarda muchos años en reproducirse y cada pérdida afecta durante décadas a la población.

El orangután de Borneo figura como especie en peligro crítico y distintos estudios calculan que sus números han caído más de un 80% en las últimas décadas. Los incendios agravan todavía más ese deterioro porque destruyen alimento, dañan la salud de los animales y arrasan zonas que habían tardado años en recuperarse.

Los fuegos reducen otra vez la población crítica en Indonesia

Los incendios registrados en marzo destruyeron parte de una restauración forestal creada para orangutanes en la aldea de Pematang Gadung, en la provincia indonesia de Kalimantan Occidental, según informó Mongabay. La organización Yayasan IAR Indonesia llevaba una década recuperando ese bosque después de los grandes incendios de 2015 y había plantado cerca de 150.000 árboles en unas 300 hectáreas para devolver alimento a los orangutanes.

Un análisis elaborado por TheTreeMap para Mongabay calculó que el fuego quemó al menos 171 hectáreas dentro de la zona afectada. El avance de las llamas alarmó a los equipos de conservación porque la estación seca todavía no había alcanzado su punto más duro.

La restauración comenzó después de que muchos vecinos denunciaran la entrada de orangutanes en cultivos de la zona. Grandes áreas del bosque habían quedado degradadas años antes y los animales se acercaban a las granjas para buscar comida. Yayasan IAR Indonesia trabajó junto a comunidades locales y autoridades para recuperar el terreno con árboles frutales que permitieran alimentar otra vez a la fauna salvaje dentro del bosque.

YIARI recuperó un bosque arrasado tras los incendios de 2015

La directora ejecutiva de YIARI, Karmele Llano Sánchez, explicó a Mongabay que la intención consistía en extender el hábitat disponible para que la población pudiera repartirse mejor. Las primeras señales positivas llegaron en 2024, cuando las cámaras instaladas en la zona captaron otra vez orangutanes dentro del área restaurada. Rohadi, vecino de Pematang Gadung y participante en las patrullas forestales desde 2015, contó que también empezaron a regresar aves y jabalíes salvajes durante la temporada de fruta.

El incendio comenzó en una parcela situada al otro lado de un río donde se preparaba terreno para plantar palma aceitera. Después, el viento arrastró brasas hasta el bosque en recuperación y el fuego terminó entrando en la zona restaurada. Rohadi explicó a Mongabay que las llamas cruzaron incluso un río de entre 15 y 20 metros de anchura.

La vegetación baja que todavía crecía entre los árboles plantados facilitó la propagación del fuego durante varias semanas. Sánchez aseguró que bastó una sola quema para que las llamas alcanzaran un área situada a unos dos kilómetros del origen inicial. Rohadi relató que sintió ganas de llorar al ver cómo desaparecía en pocas semanas un trabajo desarrollado durante años.

La ONG Madani Berkelanjutan calculó que entre enero y marzo ardieron unas 67.450 hectáreas en Indonesia, aunque gran parte del país seguía oficialmente dentro de la temporada de lluvias. Más del 65% de la superficie afectada correspondía a turberas, terrenos que se secan con rapidez cuando han sido degradados y que permiten que el fuego avance incluso bajo tierra.

YIARI reconoció que todavía necesitaría más recursos contra futuras sequías

Esa situación preocupa especialmente en paisajes cubiertos por helechos y vegetación baja como los que rodean Pematang Gadung. Sánchez explicó a Mongabay que la zona ya sufría una sequedad extrema antes incluso de la llegada del momento más duro asociado al fenómeno de El Niño.

El recuerdo de 2015 sigue muy presente dentro de la organización porque aquel año ardieron 2,6 millones de hectáreas en Indonesia y YIARI tuvo que rescatar más de 80 orangutanes atrapados en bosques quemados. Sánchez recordó que muchos animales aparecieron desnutridos después de pasar meses sin apenas comida y respirando humo.

YIARI ha invertido desde entonces en bombas portátiles, formación y sistemas de vigilancia para responder mejor ante los incendios, aunque la organización reconoce que todavía no dispone de medios suficientes para afrontar una temporada extrema. Sánchez explicó que un periodo seco normal resultaría manejable, pero una sequía prolongada obligaría a desplegar muchos más recursos.

Uno de los principales problemas pasa por el acceso al agua, ya que numerosos focos aparecen lejos de los ríos y requieren bombas portátiles muy costosas. Cada equipo puede costar cerca de 300 millones de rupias, unos 17.300 euros, sin contar las mangueras y otras infraestructuras necesarias. La organización también intenta levantar torres de observación, ampliar las patrullas y comprar drones para controlar áreas inaccesibles por carretera. Según sus cálculos, necesita unos 250.000 dólares para mejorar la preparación frente a los incendios durante este año.

Mohammad Jumhur Hidayat pidió reforzar controles antes de la estación seca

El ministro indonesio de Medio Ambiente, Mohammad Jumhur Hidayat, pidió hace poco reforzar las medidas preventivas antes de la llegada de la estación seca, sobre todo en la gestión del agua dentro de las concesiones y en las zonas administradas por comunidades locales. Varias organizaciones civiles mantienen además que la aplicación de la ley sigue siendo insuficiente contra las empresas que provocan incendios o permiten que se extiendan dentro de sus terrenos.

Rohadi teme que otro gran episodio de fuego haga desaparecer otra vez el bosque que empezaba a recuperarse después de años de trabajo. Sánchez resumió esa preocupación con una frase que explica el ambiente dentro del proyecto: “No podemos imaginar perderlo todo y volver a cero”.

Susto en Santo Domingo de la Calzada en plenas Fiestas del Santo. Y es que, un restaurante ubicado en la Plaza España ha tenido que ser desalojado este martes tras el incendio en una parrilla. Desde este Centro Coordinador de Emergencias se ha avisado a la Guardia Civil y Policía Local, se han movilizado a los bomberos del CEIS Rioja y los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud en preventivo.

Los bomberos han intervenido en el lugar y han apagado las ascuas y controlado los puntos de calor en la campana extractora. El fuego ha quemado el falso techo de la cocina y la cocina ha quedado bastante afectada. El incendio ha generado humo en el establecimiento en el que se encontraban varios clientes y trabajadores que han tenido que ser desalojados por la Guardia Civil. Tras el incendio, tres personas han sido trasladadas al Centro de Salud, dos de ellas por inhalación de humo y una por crisis de ansiedad.

Y también este martes se ha producido un incendio en el término Los Rincones en el municipio de Ausejo. Desde este Centro Coordinador de Emergencias se ha avisado a la Guardia Civil y se han movilizado a los bomberos del CEIS Rioja y recursos de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje (un agente forestal y un técnico). El fuego ha quemado una hectárea y media de monte bajo con aulagas y hierba.

El Servicio Territorial de Medio Ambiente en Palencia solo ha tramitado una denuncia sobre incendios en el último año, según una información remitida por la Junta de Castilla y León a Ecologistas en Acción Palencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es. El expediente revela que, según datos de mediados de abril, aún había 578 denuncias que se habían registrado entre 2023 y 2025 y que seguían pendientes de iniciarse. Además, Palencia tiene pendiente iniciar más denuncias medioambientales de las que ha resuelto en tres años y tiene especialmente paralizadas las denuncias en materia de incendios y Patrimonio Natural.

El Procurador del Común –el Defensor del Pueblo de Castilla y León– ya ha señalado a la Consejería de Medio Ambiente, que dirige Juan Carlos Suárez Quiñones, que no tiene suficiente personal jurídico para tramitar todas las denuncias que interponen agentes medioambientales, vecinos o asociaciones ecologistas y conservacionistas, un asunto del que ya advirtió hace unos meses elDiario.es. Cuatro de cada diez denuncias ambientales han prescrito, han caducado o ni siquiera se han comenzado a tramitar.

La Consejería de Medio Ambiente explica que hay “una alta tasa de vacancia” en ese tipo de puestos de los servicios territoriales, y lo atribuyen a “un problema endémico” de la Administración española y a que los departamentos responsables de los procedimientos sancionadores no están muy demandados en los concursos y promociones internas. En cualquier caso, se ha comprometido a poner en práctica las recomendaciones del Procurador del Común.

La Junta de Castilla y León ha proporcionado datos más detallados sobre estas denuncias que no han sido tramitadas, que permiten ver que la Administración está sobrepasada especialmente en dos áreas: la de Incendios y la de Patrimonio Natural. El 82% de las denuncias interpuestas en Palencia sobre fuegos están pendiente de iniciar el procedimiento sancionador, al igual que el 71% de las denuncias de Patrimonio Natural.

En el último año solo se ha tramitado una denuncia de cada tipo: la de incendios se ha dado por finalizada, mientras que aún se está trabajando en un caso de Patrimonio Natural. La situación es un poco mejor en otras áreas, pero todavía tienen una cifra considerable de denuncias pendientes: el 50,9% de los expedientes sobre Pesca, el 42% en Vías Pecuarias y en Montes y el 39% en las denuncias relativas a infracciones de la normativa cinegética. Las infracciones relacionadas con Montes y Caza son las que derivan en más denuncias: 211 y 173 en los últimos tres años. Se han resuelto 118 y 98 expedientes, respectivamente.

Normalmente se dan prioridad a las infracciones más graves, lo que deja las más leves en la cola, según confirman varios agentes medioambientales de varias provincias. Tampoco se han resuelto ninguna de las denuncias incoadas en materia de prevención ambiental, y solo se han resuelto el 23% de los expedientes incoados sobre residuos (ambos enmarcados dentro de Calidad Ambiental). En Palencia existe una plaza de instructor jurídico vacante, y hay dos que están trabajando, aunque no es la que tiene una situación más complicada: en Burgos solo trabaja un instructor y en Salamanca la RPT solo contempla dos plazas y no tres como en el resto de provincias. De hecho, el jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos ha pedido que se valore la intervención de la Inspección de Trabajo dada la “sobrecarga” que suponen estas vacantes para el servicio.

Ecologistas en Acción Palencia también había pedido conocer qué autoridad había firmado las denuncias (Seprona o agentes medioambientales) y si estas sanciones eran leves o graves, pero la Junta asegura que no tiene esos datos sistematizados no exportables.

Seis meses para incoar el expediente

Este medio ha tenido acceso a algunos de estos expedientes, como una infracción relacionada con la caza ilegal de un corzo en el Cerrato palentino. En mayo de 2023, agentes del Seprona de la Guardia Civil observaron a un furtivo disparando a un corzo desde la ventanilla trasera del todoterreno en Hornillos de Cerrato. El Juzgado de Instrucción archivó la causa penal en enero de 2025, pero la Junta de Castilla y León no incoó el procedimiento sancionador hasta junio de ese año. La Delegación Territorial ha dictado resolución definitiva del caso en abril de este año y ha impuesto una multa de 4.000 euros, la retirada de la licencia de caza durante un año y el pago de una indemnización de 10.000 euros por dos infracciones graves (cazar sin autorización y con un arma sin licencia) y una leve por disparar desde el todoterreno.

Protestas de los agentes medioambientales

Los agentes medioambientales de Castilla y León llevan años movilizándose para reivindicar mejores condiciones laborales y un operativo más completo, ante la paralización política que denuncian. La pasada legislatura concluyó sin que se tramitaran las leyes pendientes: la Ley de Agentes Medioambientales, que UPL y Soria Y se comprometieron a retomar esta legislatura, y la Ley de servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento impulsada por los trabajadores de la Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales (ATIFCyL). Hace unos meses, la Justicia anuló parte de una Orden de Medio Ambiente que los celadores de Medio Ambiente de Castilla y León sean jefes de extinción de incendios. Además, la Consejería mantiene la contratación de parte del operativo antiincendios en manos de empresas privadas con nuevos contratos pese a su promesa de ir incorporando el personal al sector público a través de empresas públicas como Tragsa o Somacyl.

Acció Ecologista-Agró ha elaborat un “Informe sobre prevenció d’incendis forestals” en què fa una crítica contundent del model de gestió del Govern de Juanfran Pérez Llorca, pel fet de considerar que les polítiques actuals són “ineficaces, obsoletes i estan mal enfocades”.

El document sosté que, malgrat les inversions dutes a terme en aquesta matèria, les xifres d’incendis es mantenen estables des de fa dècades (al voltant de 400 anuals). Així mateix, lamenta que l’Administració tracte els incendis com un fenomen natural inevitable, tot i que les dades “demostren el contrari”.

L’organització ecologista argumenta que l’error més gran en la gestió és considerar “prevenció” activitats que, en realitat, són de “contenció”. Així doncs, assenyalen que iniciatives com la creació de tallafocs o la “neteja” de vegetació són mesures reactives que s’executen quan el foc ja ha començat, per la qual cosa resulten ineficaces.

Aquestes discontinuïtats vegetals, o “falses barreres”, fallen sovint en condicions meteorològiques extremes (vent o sequera), que a més seran més recurrents a causa del canvi climàtic. Aquestes actuacions, assegura l’informe, tenen un impacte negatiu, ja que fan malbé el sòl, el paisatge i la biodiversitat sense oferir una “garantia real” de frenar el foc.

Segons es desprén de l’estudi, la clau del problema rau en el factor humà, que és l’origen del 80% dels incendis, mentre que a penes un 20% respon a causes naturals, com la caiguda de llamps. El document insisteix que l’estratègia actual no ataca l’origen —l’acció humana—, sinó que gasta recursos a intentar aturar el foc una vegada originat, i assenyala una manca d’avaluació i anàlisi científica sobre la relació cost-benefici de les mesures actuals.

Finalment, el document rebutja la idea que “sobren boscos” o que la vegetació siga la culpable dels incendis. Els boscos madurs, ressenya, són “vitals” per a la recàrrega d’aqüífers, la regulació climàtica, la prevenció de l’erosió i la mitigació d’inundacions. Gran part de la superfície forestal està degradada, per la qual cosa l’informe advoca per recuperar-ne la maduresa i la densitat en compte de reduir-los, i subratlla que no hi ha una relació causal entre l’abandó rural i l’augment d’incendis; de fet, recorden que moltes zones despoblades tenen menys focs que àrees litorals.

Proposta de nou model

La formació ecologista proposa una alternativa “realista, viable i de baix cost”, prioritzant centrar la inversió i els esforços a evitar que es produïsca l’incendi, intervenint directament sobre les activitats humanes que els provoquen. Així mateix, insisteixen a fer una avaluació transparent, de manera que les actuacions es mesuren, es quantifiquen i s’avaluen anualment per a corregir errors.

L’informe proposa una implementació gradual, començant per les causes més freqüents i avaluant els resultats en cada comarca del territori valencià. Sostenen que aquest enfocament és molt més econòmic que l’actual, atés que reduiria dràsticament la despesa en extinció i evitaria la destrucció de patrimoni natural i econòmic.

L’estudi conclou que el sistema actual és un error de base i insisteix que la solució no és suprimir la vegetació, sinó canviar l’estratègia política per a eliminar les causes humanes dels incendis, protegint així el territori i optimitzant els recursos públics.

En aquest sentit, indiquen que, de les quantitats econòmiques importants que es destinen a la prevenció d’incendis, a penes el 10% es dediquen a evitar focs i la resta, “la major part, a mesures que, en cas de tindre alguna utilitat, arriben tard, quan el foc ja està fora de control i pot costar molt d’apagar, en tots els sentits”.

Acció Ecologista-Agró va fer arribar aquest document fa aproximadament un mes a les tres conselleries implicades en la prevenció d’incendis forestals, així com a la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana, i encara no ha rebut cap resposta, “quan estem ja amb la primavera avançada i davant un estiu que s’augura molt càlid”.

Acció Ecologista-Agró ha elaborado un “Informe sobre prevención de incendios forestales” en el que realiza una crítica contundente al modelo de gestión del Gobierno de Juanfran Pérez Llorca, al considerar que las políticas actuales son “ineficaces, obsoletas y están mal enfocadas”.

El documento sostiene que, pese a las inversiones realizadas en esta materia, las cifras de incendios se mantienen estables desde hace décadas (en torno a los 400 anuales). Asimismo, lamenta que la Administración trate los incendios como un fenómeno natural inevitable, cuando los datos “demuestran lo contrario”.

La organización ecologista argumenta que el mayor error en la gestión es considerar como “prevención” actividades que, en realidad, son de “contención”. Así, señalan que iniciativas como la creación de cortafuegos o la “limpieza” de vegetación son medidas reactivas que se ejecutan cuando el fuego ya ha comenzado, por lo que resultan ineficaces.

Estas discontinuidades vegetales, o “falsas barreras”, fallan frecuentemente en condiciones meteorológicas extremas (viento o sequía), que además serán más recurrentes debido al cambio climático. Dichas actuaciones, asegura el informe, tienen un impacto negativo, ya que dañan el suelo, el paisaje y la biodiversidad sin ofrecer una “garantía real” de frenar el fuego.

Según se desprende del estudio, la clave del problema está en el factor humano, que es el origen del 80% de los incendios, mientras que apenas un 20% responde a causas naturales, como la caída de rayos. El documento insiste en que la estrategia actual no ataca el origen —la acción humana—, sino que gasta recursos en intentar detener el fuego una vez originado, y señala una carencia de evaluación y análisis científico sobre la relación coste-beneficio de las medidas actuales.

Finalmente, el documento rechaza la idea de que “sobran bosques” o que la vegetación sea la culpable de los incendios. Los bosques maduros, reseña, son “vitales” para la recarga de acuíferos, la regulación climática, la prevención de la erosión y la mitigación de inundaciones. Gran parte de la superficie forestal se encuentra degradada, por lo que el informe aboga por recuperar su madurez y densidad en lugar de reducirlos, y subraya que no existe una relación causal entre el abandono rural y el aumento de incendios; de hecho, recuerdan que muchas zonas despobladas sufren menos fuegos que áreas litorales.

Propuesta de nuevo modelo

La formación ecologista propone una alternativa “realista, viable y de bajo coste”, priorizando centrar la inversión y los esfuerzos en evitar que se produzca el incendio, interviniendo directamente sobre las actividades humanas que los provocan. Asimismo, insisten en realizar una evaluación transparente, de forma que las actuaciones se midan, cuantifiquen y evalúen anualmente para corregir errores.

El informe propone una implementación gradual, empezando por las causas más frecuentes y evaluando los resultados en cada comarca del territorio valenciano. Sostienen que este enfoque es mucho más económico que el actual, dado que reduciría drásticamente el gasto en extinción y evitaría la destrucción de patrimonio natural y económico.

El estudio concluye que el sistema actual es un error de base e insiste en que la solución no es suprimir la vegetación, sino cambiar la estrategia política para eliminar las causas humanas de los incendios, protegiendo así el territorio y optimizando los recursos públicos.

En este sentido, indican que, de las importantes cantidades económicas que se destinan a la prevención de incendios, apenas el 10% se dedica a evitar fuegos y el resto, “la mayor parte, a medidas que, en caso de tener alguna utilidad, llegan tarde, cuando el fuego ya está fuera de control y puede costar mucho de apagar, en todos los sentidos”.

Acció Ecologista-Agró hizo llegar este documento hace aproximadamente un mes a las tres conselleries implicadas en la prevención de incendios forestales, así como a la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, y todavía no ha recibido ninguna respuesta, “cuando estamos ya con la primavera avanzada y ante un verano que se augura muy cálido”.

Personal del Quinto Batallón de Intervención, con sede en San Andrés de Rabanedo, en León, realizará la próxima semana una serie de ejercicios encaminados a preparar la campaña de incendios forestales en el que participarán 370 militares y más de 100 vehículos especializados, según ha confirmado la Delegación del Gobierno en Asturias.

Basado en un escenario en el que se recrean varios incendios forestales de forma simultánea, los equipos del Quinto Batallón de la UME (BIEM V), practicarán, entre el 11 y el 15 de mayo, el manejo de herramientas manuales y mecánicas para desbroce, movimiento por pistas forestales con autobombas y trabajos en interfaz urbano forestal.

Los ejercicios

Los ejercicios tendrán lugar en los concejos de Tineo y Valdés, y en estos ejercicos se utilizarán helicópteros, autobombas, ambulancias, estaciones de transmisiones, diversos vehículos pesados y ligeros especializados.

Otra de las prácticas que se realizarán será la integración de helicópteros en el despliegue, afianzando de esta manera las capacidades operativas, la activación y el despliegue de estos medios en este tipo de emergencias.

La preparación del Batallón

Además del personal militar participarán en el ejercicio equipos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), Agentes Medioambientales de la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias y la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Este ejercicio pertenece al conjunto de actividades anuales de preparación del Batallón, enfocando las maniobras a la preparación de la próxima campaña 2026 de lucha contra incendios forestales.

Efectivos de Emergencias buscan a un hombre entre los restos de una casa calcinada tras un incendio declarado a primera hora de este martes en la zona de La Atalaya, en Mazarrón. La llamada de emergencias, realizada por los vecinos, ha sido registrada por el 112 a las 6.43 horas de esta mañana.

Hasta el lugar del incendio se han trasladado los bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia junto con la Policía Local. Los bomberos han conseguido extinguir las llamas pero no han podido evitar el colapso de la vivienda y el derrumbe del techo.

Aunque las primeras informaciones hacían pensar que en la vivienda no había nadie en el momento del incendio, a las 8.16 horas un aviso ha hecho saltar las alarmas. El informante ha comunicado a los bomberos que su hermano tenía costumbre de ir a pernoctar a esa vivienda y que no respondía a sus llamadas. Bomberos del CEIS de Lorca se han unido también a la búsqueda, además de miembros del Servicio de Emergencias y Protección Civil del Ayuntamiento de Mazarrón y una unidad de guía y perro de Protección Civil de Cartagena.

En la madrugada de este domingo a este lunes, en Donostia, se ha registrado un incendio en los pabellones de Jolastokieta, donde se ubicaba la antigua fábrica Zardoya Otis, según ha confirmado la Guardia Municipal. El suceso se originó alrededor de las 23.55 horas. Los Bomberos rescataron a una persona herida, cuyo pronóstico se mantiene reservado, y atendieron a otras tres afectadas por inhalación de humo. Se estima que el fuego fue “provocado”.

El concejal de Seguridad, Martín Ibabe, ha explicado este lunes que el fuego se originó en “las antiguas dependencias de la fábrica”. En estas instalaciones de Zardoya Otis pernoctan habitualmente 30 personas, lo que provocó numerosas llamadas a emergencias y la activación de un amplio dispositivo. En la intervención participaron la Guardia Municipal, los Bomberos, la Ertzaintza y ambulancias de Osakidetza.

Se han contabilizado cuatro personas afectadas, de las cuales una está herida y tres únicamente intoxicadas por humo. Según ha detallado Ibabe, unas “quince personas se encontraban en el exterior” cuando llegaron los servicios de emergencia. Una vez extinguido el incendio, se inspeccionó el interior de las instalaciones para descartar más víctimas, sin encontrar nuevos afectados.

El concejal ha señalado que “los testimonios apuntan” a que el incendio ha sido provocado de forma intencionada. La Guardia Municipal ha detenido a dos personas, aunque la investigación continúa abierta y “podría haber algún otro detenido más”, ha añadido. En estos momentos, se están recopilando declaraciones para esclarecer lo ocurrido.

La zona afectada permanece acordonada. Antes de restringir el acceso, se permitió a las personas que se encontraban en el interior recoger sus pertenencias. En los pabellones de Jolastokieta, que son más que el afectado, suelen pernoctar alrededor de 200 personas en situación de calle. A comienzos de este año ya se produjo un desalojo en uno de los pabellones de la antigua fábrica, pero, pese a ello, el espacio continúa siendo utilizado por personas vulnerables.

Los tres acusados de incendiar dos viviendas en Arnedo (La Rioja) han aceptado un acuerdo de conformidad con dos años de prisión para cada uno de ellos por un delito de daños así como al pago de la responsabilidad civil por los perjuicios económicos ocasionados. La pena de cárcel ha quedado suspendida con la condición de que los condenados “no cometan delito en los próximos 5 años y que abonen la responsabilidad civil”, tal y como ha informado el TSJR.

Con respecto a la responsabilidad civil, ésta deberá ser abonada de manera solidaria por los tres acusados a los dueños de los inmuebles y las cantidades a pagar para cada uno de ellos se determinará en Ejecución de Sentencia.

En concreto, la Audiencia Provincial tenía que juzgar este miércoles a tres acusados (de 30 y 31 años en el momento de los hechos) a los que el Ministerio Fiscal pedía 12 años de cárcel, a cada uno, acusados de incendiar dos viviendas en Arnedo. Los hechos ocurrieron sobre las 16,30 horas del 6 de julio del año 2020 cuando F.J.I; A.D.P; y M.A.I, según relata el escrito de acusación, acudieron a una vivienda en Arnedo.

Ahí, “de común acuerdo y con ánimo de menoscabar el patrimonio ajeno”, le prendieron fuego arrojando al interior “algún objeto o líquido inflamable y/o combustible” que provocó la rápida propagación de las llamas por toda la vivienda, así como la colindante. En el momento de los hechos, en la vivienda colindante se encontraban tres personas que, con “peligro cierto” para su vida, tuvieron que abandonarla rápidamente debido a la propagación de las llamas.

El Ministerio Fiscal señalaba que, además del peligro para la vida de los moradores de las viviendas incendiadas, debido a la estructura de la calle y tipo de construcciones que forman el casco viejo de Arnedo, también se puso en peligro la vida de los moradores de las otras viviendas, a pesar de que no se llegó a causar daño alguno.

Como consecuencia de los hechos se personó en el lugar un equipo de bomberos del CEIS, cuya “rápida actuación” evitó la propagación a otros inmuebles colindantes. La vivienda que sufrió la agresión, así como la colindante, sufrieron, a causa del incendio, “graves” daños estructurales quedando inhabitables, por lo que se tuvo que proceder a su demolición.

El coste estimado de reconstrucción de ambos inmuebles, según tasación pericialmente practicada, asciende a 194.299,78 euros, concreta la acusación pública.

Para el Ministerio Fiscal, los hechos son constitutivos de un delito de incendio con peligro para la vida de las personas. Les pedía a los acusados indemnizar de forma directa, y solidaria, a los dueños de las viviendas con 194.299,78 euros.

CSIF La Rioja alerta de la falta de labores de prevención de incendios y la precaridad de medios con los que trabajan los agentes y bomberos forestales. Y además ponen en entredicho las palabras del portavoz del Gobierno reigonal, Alfonso Domínguez cuando hace una semana aseguraba que se iban a “mejorar las capacidades de prevención y lucha contra incendios” porque aseguran que “no se están realizando las labores fundamentales de prevención como desbroces o labores de limpia de pista lo que está poniendo en peligro de nuevo la masa forestal de La Rioja”.

La semana pasada, el portavoz del Gobierno regional, Alfonso Domínguez anunciaba la aprobación del decreto que recoge la funcionarización de bomberos forestales. Así el decreto recoge el procedimiento por el que se crea el cuerpo funcionarial de bomero forestal, trabajadores que en la actualidad pertenecen a categorías profesionales de personal laboral. “Se mejora la situación laboral de estos profesinales, pero las plantillas permanecen paradas porque no existe un plan de prevención”, puntualizan.

CSIF La Rioja celebra este la aprobación de este decreto. “Lo apoyamos en la Mesa de Negociación poruqe mejora las condiciones laborales de los bomberos forestales, pero las condiciones en las que estos profesionales y los agentes forestales desarrollan su trabajo son escandalosamente precarias”. Y añaden, “la falta de labores de prevención está poniendo en peligro el patrimonio natural de La Rioja”.

Y es que alertan de que “no hay un plan de prevención y se están dejando de hacer labores fundamentales para evitar incendios como son los desbroces o las labores de limpia de las pistas por las que se puede acceder a los montes”. Esto unido a la “escasez de plantillas y unos medios técnicos vergonzosos puede hacer que se repita la situación del año padado con los incendios”.

Así advierten de que “La Rioja volverá a afrontar un verano sin medios ni plantillas adecuadas, sobre todo en las brigadas forestales, para prevenir los incendios ya que no hay un plan de prevención de incendios forestales, ni medios adecuados y suficientes y una ausencia grave de coordinación y planificación entre las diferentes administraciones”. Un ejemplo, “los vehículos con los que trabajan estas brigadas tienen más 25 años y 250.000 kilómetros. Alguno de ellos incluso tiene agujeros en el suelo tapados con cartones. ¿Como es posible que con estas condiciones esta flota de vehículos pase la ITV sin problema cuando a cualquier particular se la denegarían?” preguntan.

Por todo ello, exigen al Gobierno de La Rioja “que deje de hacer anuncios a bombo y platillo de mejoras que debía haber realizado hace muchos años y active el Plan de Pervención de Incendios así como que mejore los medios con los que trabajan los agentes y bomberos forestales”. Y advierten, “la temporada estival aún no ha comenzado y ya se han producido algunos incendios por altas temperaturas y nadie quiere que se repita el desastre ecológico de años anteriores”.

La precariedad en la que sobreviven los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid ha conllevado que, a lo largo del invierno, tan solo se hayan realizado la mitad de las tareas de prevención de cara a la época de máximo peligro. La llegada del incremento de las temperaturas ha vuelto a desvelar las costuras de una gestión que depende de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior y Tragsa, la empresa encargada de las contrataciones. Desde el 25 de agosto de 2025, la plantilla ha mantenido la huelga indefinida. Tres son sus demandas principales: un incremento del salario que les permita vivir con dignidad, gestión directa del servicio y el cumplimiento de la normativa en materia de protección de la salud de los trabajadores.

Rafael Fernández, delegado de UGT en el comité de empresa, asegura que en todo este tiempo los avances en las negociaciones han sido pocos. “Tragsa sigue cerrada en banda a nuestras peticiones”, comenta el también integrante de comité de huelga. En la actualidad, los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid cobran en torno a 1.300 euros al mes por realizar un trabajo esencial que incluye la extinción de incendios forestales, labores preventivas durante el invierno en nuestros montes y la intervención en emergencias climáticas cada vez más frecuentes, como inundaciones o episodios de dana, tal y como expresó el comité de huelga en un comunicado reciente.

Por su parte, la Comunidad de Madrid ha intentado estabilizar al colectivo, que verá aumentados sus efectivos a lo largo del año, pero reducidos en las épocas de alto riesgo. “Antes éramos siete personas por equipo y ahora vamos a ser cinco. Eso limita mucho nuestro desempeño”, añade el sindicalista. Los sindicatos afirman que el organigrama anterior recogía unos 550 efectivos en verano y 250 en invierno. La última remodelación dejará en 419 las personas que trabajarán de forma continuada.

Más combustible en el monte

El aumento de las temperaturas ya es palpable en la región madrileña. En estos ocho meses de paro, una de las principales consecuencias ha sido la reducción “drástica”, tal y como la cataloga Fernández, del número de hectáreas trabajadas. “Se nos presenta un verano con una época previa de abundante lluvia que ha hecho que aumente en gran medida la vegetación sobre la que no se ha trabajado, combustible en el monte. Tampoco se han realizado las mismas fajas de seguridad que en años anteriores”, añade.

Julio Chana, secretario del comité de empresa por CGT, agrega que las labores de silvicultura se han visto mermadas. “Solo hemos desbrozado y quemado la mitad de la superficie que se debería”, ilustra. La Comunidad de Madrid se ha querido adelantar a los acontecimientos. El mismo Fernández detalla que les han cambiado los horarios de mayo, aunque la campaña de alto riesgo suele comenzar en junio.

Salud de la plantilla y gestión directa

Sus demandas están claras desde el primer momento. Dado que el convenio colectivo por el que se rigen data de 2008, las tablas salariales “están totalmente obsoletas”, según el ugetista. Los datos que manejan en cuanto a salarios cifran en 1.300 euros el dinero que un bombero raso percibe al mes. “Nos jugamos la vida, trabajamos con un alto riesgo en condiciones de penosidad y toxicidad, y lo que nos pagan apenas supera el salario mínimo”, denuncia Fernández.

Chana, también integrante del comité de huelga, estima en un 40% la subida que necesitan en las nóminas para poder mantener sus vidas en la Comunidad de Madrid. “Si no, es imposible desarrollar el trabajo con profesionalidad. Somos un servicio esencial que vela por la seguridad de la ciudadanía. Cuando más se demore el conflicto, más insegura estará la población”, desarrolla.

La salud es otra de las cuestiones que más preocupa a la plantilla. Los representantes sindicales señalan que las bases se han quedado totalmente anticuadas en lo que se refiere a descontaminación de los equipos de protección individual. En este sentido, Chana subraya que es imprescindible el reconocimiento de la penosidad, toxicidad y peligrosidad con la que los bomberos forestales se ven obligados a desempeñar sus funciones.

A todo ello se suma la reclamación de que pasen a ser un cuerpo gestionado directamente por la Administración Pública. “Lo llevamos pidiendo desde 1998. Ahí éramos personal laboral, luego estuvimos 20 años con el servicio privatizado en manos de dos empresas, y ahora se lo regalamos a una empresa pública, aunque de pública tiene poco”, precisa el representante de CGT.

Tragsa no responde

Por su parte, Tragsa ha facilitado los datos de seguimiento de la huelga a lo largo de estos meses. Según la compañía, fluctúan entre el mínimo cosechado este febrero, el 0,97%, con el máximo, que tuvo lugar en septiembre del año pasado, con el 23,66%. Los sindicatos, en cambio, aseguran que la plantilla secunda en su inmensa mayoría los paros. “Como empresa pública sometida a la legislación correspondiente, respeta todos los derechos laborales de los trabajadores y, en ese sentido, respeta su derecho a la huelga”, ha añadido Tragsa.

Del mismo modo, la compañía liderada por el presidente del consejo, Jesús Casas, ha declinado responder a preguntas como si se ha producido algún avance en las negociaciones desde el inicio de la huelga, qué medidas pueden tomar para dar respuesta a las exigencias de los bomberos o cómo es su trabajo junto a la Comunidad de Madrid a la hora de evaluar conjuntamente la situación, así como si han realizado algún tipo de requerimiento al Gobierno regional.

Negociaciones sin avances

Las negociaciones continúan encalladas con el verano a la vuelta de la esquina. “La Comunidad de Madrid ha dicho que ellos han puesto algo más de dinero, todo lo que podían. Unos 130 euros más al mes. A nosotros se nos queda una cara…”, expresa Chana. Este sindicalista tampoco deja de lado su faceta ciudadana: “Yo pago mis impuestos y me parece incomprensible que no haya un servicio totalmente público y de calidad que vele por mi seguridad, como es el de los bomberos forestales”.

La Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, con Carlos Novillo al frente, ha asegurado que “esperamos que antes de que llegue la época de alto riesgo de incendio forestal se pueda resolver este problema”. Asimismo, han destacado que han activado “todas las herramientas, todo el presupuesto necesario para que eso pueda ser así y puedan llegar a un acuerdo con la empresa pública Tragsa, que es de quien dependen”.

Como ya habían adelantado los representantes sindicales, con el nuevo encargo la Comunidad ha permitido que “gran parte de la plantilla de más de 415 efectivos puedan estar contratados durante todo el año, que es una de las reivindicaciones”. La Consejería ha defendido que han incorporado en el presupuesto del nuevo encargo “la cantidad económica suficiente para que los pluses que ellos reclaman puedan ser aprobados por el Ministerio de Hacienda, en este caso, que es el que tiene que autorizarlo a Tragsa”. Por último, el departamento de Novillo ha recalcado que la labor de los bomberos forestales “es fundamental” y no pueden “mantener esta huelga”.

Ecologistas en Acción ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de La Rioja por los hechos relacionados con el incendio ocurrido los días 9 y 10 de abril de 2026 en el vertedero ubicado en Nájera, gestionado por la empresa Vertidos Rioja S.L..

Según recoge la denuncia, el incendio generó una intensa nube de humo que obligó a los servicios de emergencia de SOS-Rioja a emitir recomendaciones a la población, como el cierre de puertas y ventanas, la desconexión de sistemas de climatización y el uso de mascarillas, especialmente para personas con problemas respiratorios, población infantil o adultos. El humo, con olor a plástico quemado, llegó incluso a la ciudad de Logroño debido a cambios en la dirección del viento. También a la ciudad de Haro, “que su Ayuntamiento no informo a la población jarrera sobre la emergencia”.

La organización ecologista considera que estos hechos “podrían ser constitutivos de un delito contra el medio ambiente, tipificado en los artículos 325 y siguientes del Código Penal, al haberse producido emisiones contaminantes a la atmósfera que podrían haber causado daños a la calidad del aire y generado riesgos para la salud pública”.

Ecologistas en Acción subraya además “que no se trata de un hecho aislado. Según informaciones publicadas en los medios de comunicación, en el vertedero de Nájera se han registrado al menos cuatro incendios en los últimos dos años y un total de seis en la última década, lo que evidenciaría una problemática recurrente”.

Asimismo, la denuncia pone de relieve “que diversas inspecciones realizadas por el Gobierno de La Rioja han detectado incumplimientos relevantes en la gestión de la instalación”. En particular, un acta de inspección de diciembre de 2024 ya señalaba deficiencias importantes en materia de contaminación atmosférica, funcionamiento de las instalaciones y gestión de residuos, concluyendo que no se garantizaba el cumplimiento adecuado de la autorización ambiental.

La organización ecologista considera “que estos antecedentes refuerzan la necesidad de investigar si existe una relación entre los incumplimientos detectados y el incendio recientemente producido, así como los posibles daños ambientales acumulados”.

Por todo ello, Ecologistas en Acción ha solicitado al Ministerio Fiscal la apertura de diligencias de investigación, con el fin de esclarecer los hechos, depurar responsabilidades y, en su caso, instar la actuación judicial correspondiente.

La organización concluye que este caso “pone de manifiesto la necesidad de reforzar los mecanismos de control ambiental y de garantizar una gestión adecuada de los residuos para evitar riesgos para el medio ambiente y la salud de la población”.

Los Bomberos del CEIS Rioja están trabajando en la extinción de un fuego que se ha producido esta tarde en un pabellón junto a la residencia de La Concepción. Fuentes del Gobierno de La Rioja han confirmado que el incendio es aparatoso pero que no ha sido necesario el desalojo del centro de mayores.

Al parecer, el fuego se ha inciado al prenderse un palé en una nave que no estaba en funcionamiento, generándose un incendio que ha provocado mucho humo. No obstante, no se han producido daños personales.

Ecologistas en Acción critica al Ayuntamiento de Haro y al Gobierno de La Rioja por no informar a la ciudadanía de la comarca del incendio del vertedero en Nájera y exponerlos a los gases tóxicos. La entidad ecologista recuerda que tras el incendio del pasado jueves en el vertedero de Nájera, “el humo continuó vertiendo gases tóxicos a la atmósfera”. Y aunque el fuego se controló el pasado viernes, “su completa extinción se prolongó debido a las características del material acumulado y a la compleja tarea de extinción”. De hecho el alcalde de Nájera, Javier Salaverría, reconoció que ha sido “mayor incendio que ha sufrido el vertedero en su historia”. Hasta el punto de que autoridades recomendaron a las localidades del entorno y zonas que afectadas por la dirección del viento mantener cerradas puertas y ventanas para evitar la entrada de humo, no usar aparatos de climatización y que las personas con dificultades respiratorias o patologías previas eviten salir al exterior o lo hagan con mascarilla FFP2.

Sin embargo, cuentan Ecologistas en Acción, “con la presencia de viento suroeste, el viernes por la tarde la zona de Haro se vio afectada por la contaminación atmosférica. Varios ayuntamientos de la comarca de Santo Domingo dieron la voz de alarma para proteger al vecindario de la alta toxicidad. Sin embargo, ningún ayuntamiento de la comarca de Haro emitió ningún comunicado para proteger a su población”. La distancia entre Nájera y Haro es de unos 28 kilómetros.

“El olor preocupó a varios vecinos, pero el Ayuntamiento de Haro no dio ningún aviso ni hizo ninguna recomendación al respecto”. Y tampoco lo hicieron ayer sábado, “a pesar de que el humo seguía activo hasta primera hora de la tarde”. Y aun así, “Haro mantuvo las actividades de la Semana de la Salud organizada por el Gobierno de La Rioja con una performance en la Plaza de la Paz y yoga al aire libre en el parque de Vista Alegre ayer sábado”. Algo que desde la entidad ecologista tildan de “imprudencia, más aún cuando la previsión de AEMET pronosticaba vientos de componente sureste y cuando la recomendación del CECOP de SOS Rioja era precisamente mantener puertas y ventanas cerradas para no exponerse al humo”.

Ecologistas en Acción se pregunta si este modo de actuar del equipo de Gobierno jarrero se debe a la “ignorancia, dejadez o a una intención de preservar la fachada turística en detrimento del bienestar y seguridad de los habitantes del municipio”. “Parece que el hecho de que el equipo de gobierno de Haro no cuente con técnico de medioambiente y de que la contaminación del aire sea aparentemente invisible hace que pueda pasar inadvertido un problema de esta envergadura”. Y por todo ello critican la “pésima gestión” del ayuntamiento de Haro y del Gobierno de La Rioja “ante la exposición de la población de la comarca a humo tóxico”.

De nuevo novedades sobre el parque temático Puy du Fou con sede en Toledo y que tienen que ver con su intención de crecer, multiplicando instalaciones, visitantes y, por tanto, retorno económico para la multinacional francesa propietaria.

Una resolución de la Dirección General de Calidad Ambiental del Gobierno regional publicada este viernes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, considera “viable” el proyecto para ampliar el parque temático, pero detalla todas las “condiciones” y “correcciones” que debe hacer la empresa promotora del parque de ocio, asociadas a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), si quiere seguir adelante con la anunciada expansión de las instalaciones: más espacio, más oferta de ocio, incluyendo tiendas y restaurantes, y tres hoteles.

Esas 'condiciones' tienen que ver con el abastecimiento de agua, con la protección frente a incendios o inundaciones, con la preservación de la flora o la fauna e incluso sobre la forma en que deben construirse los edificios. Y es que el llamado proyecto 'Primera Innovación del Proyecto de Singular Interés del Parque Temático Puy du Fou España' supone cambios que pueden tener efectos significativos sobre el medio ambiente, dentro de un proceso de expansión en ocho fases, hasta 2035.

Ha sido incluso necesaria la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Toledo. Por un lado, se han incorporado nuevas tipologías de edificación, tanto para hoteles como para Centros de Formación (guardería, formación de empleados...).

Por otro también se han incorporado nuevos usos del territorio -como el hotelero- y se han realizado “ajustes” en las superficies de suelo rústico, entre otras cosas porque en todo este proceso se ha localizado - y se ha incluido en el inventario- el yacimiento Casa de los Conejos. Eso ha supuesto incrementar la superficie clasificada como suelo rústico no urbanizable de especial protección arqueológica.

Así serán los tres hoteles que suman 426 habitaciones

La “innovación” en su conjunto ocupa 161 hectáreas y se sitúa al suroeste del término municipal de Toledo, en la finca Zurraquín, lindando con la autovía de circunvalación Suroeste de Toledo, la CM-40.

La resolución publicada hoy por el Gobierno de Castilla-La Mancha describe cómo serán los hoteles. El primero de ellos ocupará más de 5.600 m2, 138 habitaciones, una altura de 13,5 metros- y tres alturas- y tendrá la posibilidad de incluir restaurante y salas de reuniones. Se situará en el extremo sur del parque y junto a él habrá un aparcamiento de 394 plazas.

Este hotel sí estaba contemplado en el proyecto original, y a él se sumarán otros dos. Uno de ellos estará entre la entrada al parque y los actuales aparcamientos de visitantes. Se compone de 39 edificios cuya morfología pretende simular los asentamientos medievales, de una sola planta. Cada edificio alberga tres habitaciones con cuarto de baño, sumando un total de 117 habitaciones. En total supone 6.628,05 m2 de superficie.

El tercer hotel estará también a la entrada del parque muy cerca del segundo hotel. Tendrá 171 habitaciones distribuidas en tres plantas, con restaurante y un bar, cuya morfología pretende simular el urbanismo irregular de las tramas medievales. Su superficie es la más grande, con 11.214,34 m2 y su construcción provocará “el traslado” de un lago artificial del parque.

La ampliación de instalaciones contempla un restaurante y también un segundo aparcamiento que ocupa 38.100 m2, incluyendo 1.262 plazas y 11.880 m2 de ajardinamientos.

Pese a las nuevas edificaciones, no preocupa, según la resolución, la afección al paisaje. “No alteran de forma significativa el impacto global del parque temático sobre el paisaje”, recoge el documento. Tampoco preocupa el impacto acústico, aunque se reconoce la necesidad de “seguimiento” de este aspecto. Ni se consideran “relevantes” los efectos de la contaminación lumínica.

La concesión de agua que hay que “legalizar”

La ampliación de Puy du Fou supondrá consumir más agua, con permiso de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Sobre este aspecto el Gobierno regional advierte: “Es necesario que se legalice la situación de las concesiones de agua de las que se suministra la ciudad de Toledo, no siendo aceptable que se prolongue en el tiempo la situación actual de falta de títulos válidos que cubran dicho abastecimiento”, aunque el documento aclara que no es una situación “imputable” a la empresa promotora y fuentes de la Consejería de Desarrollo Sostenible consultadas por este medio apuntan a la responsabilidad en este sentido de la Confederación Hidrográfica del Tajo.

Es necesario que se legalice la situación de las concesiones de agua de las que se suministra la ciudad de Toledo, no siendo aceptable que se prolongue en el tiempo la situación actual de falta de títulos válidos que cubran dicho abastecimiento

Consejería de Desarrollo Sostenible

Todo un toque de atención al que se suma la condición, para que el negocio siga adelante, de actualizar de forma permanente las necesidades de agua del parque, teniendo en cuenta que ahora habrá hoteles y muchos más usuarios.

Sin embargo, fuentes del parque consultadas por elDiario.es Castilla-La Mancha sostienen que “las afirmaciones sobre una supuesta ilegalidad en el uso del agua, carecen de fundamento” y que “el proyecto cuenta con una concesión de dotación de agua vigente desde 2018, otorgada en el marco de la aprobación del Plan de Singular Interés (PSI) de la iniciativa empresarial”. La empresa asegura que los parámetros que marca ese plan “se han respetado escrupulosamente desde entonces” y que “los consumos registrados anualmente se han mantenido siempre por debajo de los valores autorizados”.

El proyecto cuenta con una concesión de dotación de agua vigente desde 2018. No ha sido necesario solicitar una ampliación de la concesión, y en la actualidad ni siquiera se han iniciado consumos adicionales, lo que refuerza la falta de sentido de las acusaciones de irregularidad

Puy du Fou España

Desde la empresa francesa aseguran también sobre las futuras necesidades de agua que, en el estudio incluido para ampliar el parque y que contempla tres nuevos hoteles, se analizan “escenarios de máxima ocupación y consumo” y que “incluso en estas condiciones exigentes, se concluye que la demanda de agua se mantiene dentro de los límites ya aprobados en el PSI original”.

En este aspecto remarcan que “no ha sido necesario solicitar una ampliación de la concesión” y que “en la actualidad ni siquiera se han iniciado consumos adicionales, lo que refuerza la falta de sentido de las acusaciones de irregularidad”.

Con la ampliación se ha calculado que se consumirán unos 250 litros de agua por huésped con el 100 % de ocupación, hasta alcanzar 214.891 m3 de consumo máximo posible en 2035, cuando la ampliación del parque esté concluida.

Esto impactará también en las necesidades de depuración. La Confederación del Tajo indica que, atendiendo a las demandas de agua potable previstas, “se estima necesario ampliar la depuradora autorizada para ofrecer unas capacidades de depuración apropiadas”.

Además, antes de que se proceda a la apertura del tercer hotel, que se prevé para el año 2032, deberá haberse obtenido un nuevo informe actualizado de la Confederación Hidrográfica del Tajo, del Ayuntamiento de Toledo y de la entidad Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, que deje claras las capacidades del sistema de abastecimiento y las necesidades hídricas que tendría en situación de máximo desarrollo y ocupación hotelera.

Se pide incluso un seguimiento sobre la “correcta aplicación” del Plan de Emergencia por Sequía del 30 de mayo de 2025, y sus posteriores actualizaciones.

El impacto en la vegetación y en la flora merece una supervisión detallada porque el informe de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad alerta sobre el retraso en la implantación de las medidas compensatorias que ya se preveían en 2018

En el proceso se ha reconocido que habrá impacto en la vegetación y en la flora y la Dirección General de Calidad Ambiental considera que esta afección “merece una supervisión detallada”, sobre todo teniendo en cuenta que un informe de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad “alerta sobre el retraso en la implantación de las medidas compensatorias” que ya se preveían en 2018.

La empresa promotora propone también 'tocar' el arroyo Guajaraz, en una franja de 10 metros a cada lado de sus márgenes a lo largo de dos kilómetros aguas abajo del punto de vertido de la depuradora del parque (sumando una superficie de unas cuatro hectáreas) y en este aspecto la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad exige la presentación de un plan de restauración “detallado” con las especies, método de plantación, cronograma y presupuesto para que pueda ser aprobado.

Plan de Incendios en un parque que ha sufrido dos desde que abrió

En el documento de impacto ambiental del parque también se pone el acento en los dos incendios sufridos en sus instalaciones, en los años 2021 y 2022 (hubo un tercero en una cocina en 2025). “Parte de las zonas de riesgo alto son ocupadas por instalaciones del parque”, resaltan, de ahí la necesidad de un Plan de Autoprotección contra incendios forestales. El que hay diseñado data del 3 de junio de 2025 (aunque en otro apartado del documento se señala que es de 2024, sin que quede aclarado).

Se pone en acento en los posibles impactos de los espectáculos con pirotecnia y en la necesidad en que las acciones preventivas y de protección desplegadas “deberán adaptarse a las condiciones estacionales y meteorológicas”.

Puy du Fou también explica, a preguntas de este medio sobre las correcciones que deberá incluir en su proyecto para evitar el impacto ambiental que, tanto su contenido como lo que implica la ampliación, “han sido debidamente expuestos en la documentación presentada durante la tramitación de la innovación del PSI, que fue sometida a información pública. Durante este proceso se han recabado los informes de todas las administraciones competentes”.

La compañía subraya que ya a finales de febrero se recibió la Declaración Ambiental Estratégica, y posteriormente, a finales de marzo, la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que hoy recoge el Diario Oficial de la comunidad autónoma.

“Ambos pronunciamientos son favorables al proyecto, si bien incorporan, como es habitual, determinadas condiciones de seguimiento y control sobre aspectos concretos -entre ellos el uso del agua- que en ningún caso implican una situación de irregularidad, sino la aplicación de criterios de vigilancia ambiental propios de este tipo de desarrollos”, inciden fuentes del parque.

La empresa pública de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha (GEACAM) se creó oficialmente en 2006. Fue establecida mediante la Ley 1/2006, de 23 de marzo, como un instrumento del Gobierno regional para la gestión ambiental, principalmente enfocada en la lucha contra incendios. Cumple ahora 20 años y ha decidido celebrarlo este sábado, día 11 de abril, en Cuenca, con una fiesta con comida, bebida y música en directo.

No obstante, desde los sindicatos de STAS y USO con representación en la empresa, y que llevan años manifestándose por la mejora de sus condiciones laborales, prefieren precisamente eso: que se atiendan sus demandas.  

“No es momento de fiestas. Es momento de defender nuestros derechos”, apuntan. Consideran que quienes sostienen el operativo de lucha contra incendios “día a día” siguen esperando respuestas a problemas que afectan directamente a su trabajo, a su seguridad y a sus condiciones de vida.

Se da la circunstancia de que el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) acaba de publicar la resolución de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se dispone la apertura de un periodo de información pública sobre el borrador de la nueva orden de prevención de incendios forestales que está tramitando. Con ello se inicia un proceso participativo de 20 días hábiles para aportaciones.

Mientras se prepara un gran evento, seguimos con los ya normalizados recortes en la campaña de incendios

Precisamente, esta semana los sindicatos han mantenido una reunión con la dirección de GEACAM en la que se les informó con detalle cómo será la celebración del 20 aniversario: en los días previos al día de la fiesta habrá actividades dirigidas a centros educativos, con talleres de educación medioambiental y sobre extinción de incendios forestales.

El día grande, este sábado 11 de abril, habrá un acto institucional y reconocimientos a trabajadores y trabajadoras de la empresa pública. “Nos parece bien que se reconozcan las dos décadas de la empresa y el trabajo de muchos compañeros y compañeras. También valoramos positivamente las actividades externas. Pero mientras se prepara un gran evento, seguimos con los ya normalizados recortes en la campaña de incendios”.

Este es el irónico cartel con sus demandas que los sindicatos han elaborado con motivo de la celebración:

Ponen como ejemplo el hecho de que sigan sin obtener explicaciones sobre lo ocurrido en el incendio del Pico del Lobo, y sin respuesta por parte de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha a las solicitudes de reunión para abordar este y otros problemas.

Afirman STAS y USO que el coste de la fiesta será “cero” para la empresa, asumido por patrocinadores. Eso mientras la mayoría de interinos e interinas trabajan una media de tres meses al año, “con todo lo que conlleva en sus vidas”.

También recuerdan que desde septiembre están “anuladas” las bolsas de trabajo, generando “más inestabilidad y precariedad”, y que la empresa pública “se niega a negociar una subida salarial justa y acorde al trabajo que realizamos, pese al aumento del coste de la vida”.

Concentración a las puertas del ágape

“Seguimos desempeñando un trabajo de alto riesgo, protegiendo los montes y la seguridad de la población, sin el reconocimiento real que merece”, destacan.

Por todo ello, han convocado al resto de organizaciones sindicales y a todos los trabajadores y trabajadoras a una concentración el mismo 11 de abril a partir de las 10.00 horas, en la puerta del Recinto Ferial de La Hípica de Cuenca, donde se celebra la fiesta.

“No se trata de rechazar un plato de comida, bebida o un concierto. Se trata de algo mucho más importante: dignidad laboral, respeto y condiciones de trabajo acordes a la responsabilidad que asumimos cada día. Los bomberos y bomberas forestales de GEACAM no necesitamos fiestas para sentir orgullo de nuestro trabajo. Lo que necesitamos es: ser personal laboral, salarios dignos, estabilidad laboral, reposición total, campañas de incendios sin recortes y diálogo real con la Consejería”, concluyen.

Cinco incendios forestales permanecen activos en Cantabria en los municipios de Vega de Liébana, Arenas de Iguña, Arredondo, Corvera de Toranzo y Selaya, tras una jornada de viernes en la que se produjeron 27.

El director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio, ha señalado, en un audio remitido a los medios de comunicación, que se mantiene activo el dispositivo de extinción en toda la comunidad autónoma a la espera de la mejora en las condiciones meteorológicas prevista para hoy.

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este sábado en Cantabria lluvias y chubascos generalizados.

Se mantienen los niveles de riesgo muy alto y extremo

El riesgo de incendios forestales continúa en niveles de muy alto y extremo, según lo establecido por la Agencia Estatal de Meteorología, situación que se mantendrá al menos hasta el mediodía del sábado, según Serdio. En previsión de un cambio en la situación meteorológica, el Gobierno cántabro evaluará la situación para bajar el nivel de riesgo por los incendios y desactivar, en su caso, el nivel de premergencia del Infocant.

Por último, el Gobierno ha vuelto a solicitar a la ciudadanía precaución ante el actual episodio de incendios forestales y ha hecho un llamamiento para detectar y poner en conocimiento de las autoridades tanto el inicio de cualquier incendio como datos de los presuntos causantes, contactando con el 112, con la Consejería de Desarrollo Rural o con la Guardia Civil.

El Ejecutivo ha insistido en la importancia de que los ciudadanos colaboren en seguir las instrucciones de las autoridades para evitar poner en riesgo tanto a las personas que trabajan en este servicio como al conjunto del medio natural de la región.

El despliegue del 5G llegó acompañado de una narrativa muy ambiciosa sobre las tecnologías que este nuevo estándar de comunicación permitiría: coches autónomos, cirugías en remoto o múltiples aplicaciones relacionadas con las ciudades inteligentes. Tenía, sin embargo, un problema: prácticamente ninguna de ellas estaba lista cuando la red empezó a expandirse. Ahora, siete años después de que comenzara el despliegue de 5G en España, Telefónica presenta uno de los primeros servicios que serían imposibles sin esta red: drones repartidos por el territorio y teledirigidos por pilotos profesionales desde uno de sus centros de ciberseguridad en Madrid.

¿A quién va destinado? De momento, la operadora ha buscado los primeros clientes en el ámbito de la vigilancia lejos de los núcleos poblacionales. Uno de los contratos ya en operación, que Telefónica ha mostrado este jueves a un grupo de periodistas, es la prevención de incendios en zonas rurales de Extremadura, aunque sus drones también se están utilizando para vigilar infraestructuras críticas.

“Hemos empezado por los entornos menos poblados. También entornos industriales, como centros logísticos, que están un poco más aislados. A partir de ahí, según vayamos avanzando en el desarrollo, iremos explorando nuevos entornos”, ha explicado a elDiario.es Leonor Ostos, directora de Desarrollo de productos y servicios de Telefónica España.

La compañía cree que el mayor potencial inicial del servicio está en la reducción de costes en sectores como el industrial, el logístico o el energético. Especialmente en procesos que, de otra manera, implicarían el envío de helicópteros u operarios por tierra y que ahora pueden ser supervisados por pilotos profesionales desde Madrid. Sin embargo, la operadora está abierta a desarrollar cualquier caso de uso con las empresas y administraciones públicas interesadas.

“Por ejemplo, la supervisión de autopistas parece ideal hacerla con drones. El transporte, o si poco a poco nos vamos acercando a entornos más poblados, lo iremos trabajando de la mano de AESA [Agencia Estatal de Seguridad Aérea]”, ha añadido Ostos. El servicio puede desplegarse en cualquier lugar donde llegue la red 5G de la compañía. Según sus portavoces, la cobertura abarca ya el 95% del territorio nacional.

Un nido de drones en la antena de telecomunicación

La propuesta de Telefónica es eliminar la necesidad de que los pilotos se desplacen físicamente al lugar de la misión. Para lograrlo, el servicio se apoya en estaciones automatizadas conocidas como “Drone-in-a-Box” (nido de drones), las cuales permiten que el aparato despegue, aterrice y se recargue de forma autónoma en su punto de despliegue.

Esas cajas pueden instalarse en las 22.000 estaciones que la operadora tiene repartidas por el Estado. Al ubicarse en estos emplazamientos, los nidos de drones cuentan con entornos físicamente securizados y disponen de un suministro de energía constante y garantizado para mantener los aparatos siempre operativos y listos para volar.

La otra modalidad del servicio es operar los drones propiedad del cliente, en la que la operadora asumiría el pilotaje a distancia y la gestión de permisos. En la actualidad, Telefónica cuenta con una plantilla de doce pilotos formados para realizar operaciones BVLOS (vuelos más allá de la línea visual del piloto) y gestionar la burocracia con la AESA y la normativa europea de aeronaves no tripuladas (UAS). Todos han salido de su propio equipo de ingenieros.

“Somos casi como una aerolínea. Tienes que estar coordinado con los aeropuertos cercanos, por ejemplo, y tienes que hacer todas las autorizaciones previas al vuelo y la gestión del espacio aéreo”, ha explicado el responsable del equipo.

Inteligencia artificial y procesamiento en tiempo real

La transmisión de vídeo en tiempo real y el control a larga distancia se realizan mediante la conectividad 5G de la operadora. Pero el sistema no se limita a enviar imágenes a una pantalla en Madrid para que el piloto las observe. La clave técnica es la incorporación de algoritmos de inteligencia artificial, concretamente basados en tecnología de visión artificial.

Estas técnicas permiten analizar las imágenes que capta el dron en pleno vuelo y de forma automática. El sistema utiliza modelos preentrenados que lanzan alertas inmediatas si detectan situaciones anómalas o predefinidas por el cliente. Así, la IA puede identificar de manera autónoma fuego o humo en un monte, detectar si una persona ha sufrido una caída en una planta industrial o alertar de intrusiones no autorizadas en una zona de seguridad.

Esta automatización de la vigilancia amplía los casos de uso hacia tareas cotidianas y rutinarias que, hasta ahora, requerían intervención manual. Según los portavoces del proyecto, la IA puede desde comprobar si hay plazas de aparcamiento libres en un recinto, hasta utilizar el vídeo para calcular automáticamente el volumen en metros cúbicos de mercancía en un entorno portuario o logístico, ahorrando a los operarios tener que realizar esas mediciones a pie de pista.

Respecto al precio, la operadora ha preferido no comunicarlo en la presentación del servicio ante los periodistas. Los casos de uso pueden variar tanto en función de las horas de vuelo y el tipo de despliegue, alegan los portavoces de Telefónica, que no es posible ofrecer una horquilla orientativa.