El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, ha condenado este jueves a España por no haber llevado a cabo una investigación “eficaz” en el caso de dos mujeres que denunciaron haber sido violadas por sumisión química en 2016 en Pamplona y cuyas pruebas fueron pérdidas o manipuladas bajo custodia policial. Las víctimas habían denunciado a un agente de la Policía Nacional por dar un chivatazo a uno de los agresores, que era su cuñado, para que eliminara pruebas de la agresión sexual, pero fue absuelto por la Justicia navarra y el Tribunal Supremo. Ahora Estrasburgo considera que se investigó mal la doble denuncia por violación por la pérdida o manipulación de las pruebas.

Según informa la Agencia EFE, en su sentencia por unanimidad, publicada este martes, los jueces europeos establecen que en este caso se ha producido una violación del artículo 3 (prohibición de tratos inhumanos o degradantes) del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y del artículo 8 (derecho al respeto de la vida privada y familiar). Por todo ello, la corte ha determinado que España debe pagar a cada una de las demandantes 20.000 euros en concepto de daño moral y 5.000 euros conjuntamente en concepto de costas judiciales.

El caso se remonta a diciembre de 2016, pocos meses después de los Sanfermines en los que se produjo la violación grupal de 'la manada'. Dos mujeres denunciaron haber sido drogadas con sustancias vertidas en sus bebidas en un bar de Pamplona y agredidas sexualmente mediante sumisión química por dos hombres. Posteriormente denunciaron que uno de los agentes de la Unidad de Familia y Mujer de la Policía Nacional (UFAM) había dado un chivatazo a uno de los acusados, que era su cuñado, de que le estaban investigando. También se detectó que este agente había realizado multitud de consultas en la base de datos con los dos apellidos de su cuñado desde el día que se produjo la agresión en adelante, incluso antes de que se denunciara la violación y antes de que llegara a conocimiento de la UFAM.

Pruebas cruciales desaparecieron o se vieron comprometidas mientras se encontraban bajo custodia policial, como por ejemplo un informe forense derivado de los datos de un teléfono móvil perteneciente a uno de los hombres, elaborado por la Policía Nacional en Madrid, y que desapareció en Pamplona. También desaparecieron o fueron manipulados fragmentos de las imágenes de videovigilancia del bar donde se conocieron los cuatro y se descubrió que el disco duro utilizado para almacenar los datos forenses de los teléfonos móviles de ambos sospechosos había sido borrado y sobrescrito, con la pérdida de todo su contenido.

Si bien reconoció la gravedad de las acusaciones y consideró que los relatos de las demandantes eran creíbles y carentes de segundas intenciones, el juzgado concluyó que no había pruebas suficientes para establecer relaciones sexuales no consentidas.

Posteriormente, el juez abrió un procedimiento separado para examinar posibles faltas de conducta y manipulación de pruebas, pero se cerró el 8 de octubre de 2021 sin que se presentaran cargos. Las pruebas recopiladas durante casi cinco años de investigación no habían demostrado más allá de toda duda razonable que los sospechosos hubieran administrado sustancias a las demandantes ni que hubieran tenido conocimiento de que las dos mujeres estaban inconscientes durante las relaciones sexuales.

El tribunal reconoció que la investigación se había visto notablemente afectada por irregularidades procesales y la desaparición de pruebas digitales, pero determinó que estos factores no compensaban la falta de pruebas sustanciales. Concluyó que la investigación había sido exhaustiva, con tres causas separadas con respecto a las irregularidades.

Una de las demandantes no aceptó el archivo de la investigación principal por estar pendientes las tres investigaciones separadas. Sin embargo, en julio de 2022 se dictó auto de sobreseimiento. La Audiencia Provincial desestimó el recurso de casación de las demandantes y declaró inadmisible su posterior solicitud de anulación, al igual que el Tribunal Constitucional al considerar el recurso de amparo que interpusieron, por lo que elevaron su caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ahora les ha dado la razón.

El Tribunal de Estrasburgo ha concluido que las autoridades españolas no llevaron a cabo una investigación eficaz, en particular debido a la pérdida y manipulación sistemática de pruebas potencialmente cruciales, las insuficientes garantías de independencia de la investigación y una respuesta manifiestamente inadecuada a dichas deficiencias, que iban más allá de “errores aislados” u omisiones menores en la investigación.

Además, según la corte, las medidas adoptadas por las autoridades no habían podido compensar la pérdida de pruebas que había sido fundamental para las acusaciones de sumisión química. Asimismo, las investigaciones sobre posibles faltas de conducta policial se habían iniciado tras un lapso considerable de tiempo y se habían encomendado a los mismos órganos judiciales y policiales que habían supervisado la investigación original, según el Tribunal.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) considera que la atleta sudafricana y bicampeona olímpica, Caster Semenya, no tuvo “un juicio justo” en Suiza, donde los tribuales de ese país avalaron la decisión de la Federación Internacional de Atletismo de obligar a reducir su tasa natural de testosterona para poder competir.

Sin embargo, la victoria es parcial, ya que el Alto Tribunal de Estrasburgo no apreció que, como denunciaba Semenya, haya habido una violación de su derecho a la privacidad ni a poder presentar un recurso judicial efectivo.

Esta nueva decisión del Tribunal supone un nuevo avance judicial para Semenya. En 2023, el tribunal ya falló a su favor, cuando denunció haber sido discriminada tras negarle la Federación Internacional de Atletismo, ahora World Athletics, su participación en la categoría femenina de algunas pruebas por producir un nivel de testosterona por encima de lo habitual. La doble campeona olímpica (2012, 2016) y triple campeona mundial (2009, 2011, 2017) de los 800 metros produce naturalmente hormonas masculinas capaces de mejorar la masa muscular y, por tanto, el rendimiento físico.

En aquella sentencia, los jueces aseguraron que la federación violó el artículo del Convenio Europeo de Derechos Humanos que prohíbe la discriminación al obligar a la deportista a medicarse para reducir sus niveles de testosterona si quería competir en la categoría femenina de determinadas pruebas.

Los jueces europeos condenaron a Suiza, que es donde tiene su sede el Tribunal Arbitral Deportivo (TAS), que había rechazado el arbitraje que pedía Semenya para que no se le exigiera someterse a un tratamiento hormonal que le redujera el nivel de testosterona por debajo del umbral que le había fijado la IAAF como condición para permitirle competir.

El respeto a los derechos humanos, cada vez más en peligro. A la amenaza que EEUU y algunos países europeos, como Hungría, han lanzado contra la Corte Penal Internacional por la investigación del genocidio de Israel en la Franja de Gaza se suma la ofensiva de nueve países de la UE contra el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por sus límites a las políticas antiinmigración. De norte a sur y sin prácticamente diferencias por el color político, la ultraderechista italiana Giorgia Meloni y la socialdemócrata danesa Mette Frederiksen han iniciado una cruzada contra esa institución, que se encarga de velar por el cumplimiento del Convenio de Derechos Humanos, uno de los tratados básicos del Consejo de Europa, nacido en 1949 para salvaguardar las democracias en un continente asolado por la Segunda Guerra Mundial.

Ahora, en 2025, los líderes de nueve países de la Unión Europea consideran que el tribunal ha ido “demasiado lejos” en su defensa de los derechos de las personas migrantes y que constriñe su capacidad política en un momento en el que la mayoría de los gobiernos están endureciendo sus políticas antinmigración, con medidas como los controles fronterizos dentro del espacio de libre circulación Schegen o el impulso legislativo a los centros de deportación en terceros países. El TEDH ha condenado a varios países por prácticas como las devoluciones en caliente o la detención de los menores no acompañados. También paralizó el primer envío de solicitantes de asilo de Reino Unido a Ruanda.

“Es necesario iniciar un debate sobre la adecuación de los convenios internacionales a los retos a los que nos enfrentamos hoy en día. Lo que una vez fue correcto puede no ser la respuesta de mañana. El mundo ha cambiado fundamentalmente desde que muchas de nuestras ideas se concibieron en las cenizas de las guerras mundiales. Las ideas en sí son universales e imperecederas. Sin embargo, ahora vivimos en un mundo globalizado en el que las personas migran a través de las fronteras a una escala completamente diferente”, señalan en una carta que suscriben también los líderes conservadores de Polonia, Donald Tusk; Christian Stocker (Austria), Evika Siliņa (Letonia), y Gitanas Nausėda (Lituania); el liberal Kristen Michal (Estonia); y los de extrema derecha Bart De Wever (Bélgica) y Petr Fiala (República Checa).

“También creemos que es necesario analizar cómo ha desarrollado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos su interpretación del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Si el Tribunal, en algunos casos, ha ampliado demasiado el ámbito de aplicación del Convenio en comparación con las intenciones originales del mismo, desplazando así el equilibrio entre los intereses que deberían protegerse”, agregan los jefes de Gobierno, que vinculan la inmigración con la criminalidad: “Hemos visto, por ejemplo, casos relativos a la expulsión de extranjeros delincuentes en los que la interpretación del Convenio ha dado lugar a la protección de las personas equivocadas y ha impuesto demasiadas limitaciones a la capacidad de los Estados para decidir a quién expulsar de sus territorios”. Estrasburgo condenó a España por deportar a dos inmigrantes con antecedentes penales sin tener en cuenta su arraigo.

“Deberíamos tener más margen a nivel nacional para decidir cuándo expulsar a los extranjeros delincuentes”, reclaman esos dirigentes: “Necesitamos más libertad para decidir cómo pueden nuestras autoridades seguir la pista, por ejemplo, a los extranjeros delincuentes que no pueden ser expulsados de nuestros territorios”. “Tenemos que ser capaces de tomar medidas eficaces para contrarrestar a los Estados hostiles que intentan utilizar nuestros valores y derechos en nuestra contra. Por ejemplo, instrumentalizando a los migrantes en nuestras fronteras”, agregan en referencia a los conflictos en la frontera este de la UE con Bielorrusia.

El secretario general pide “no politizar” el tribunal

También mencionan el endurecimiento de las políticas migratorias que están llevando a cabo la mayoría de países de la UE bajo el eufemismo de las “nuevas soluciones a los retos que plantea la migración”. La presión ha llevado a la Comisión Europea a sentar las bases para la creación de centros de deportación en terceros países, como los que Meloni financió en Albania y que ha paralizado la justicia italiana, además de haber acordado un Pacto de Migración y Asilo que contribuye a la 'Europa fortaleza' con la posibilidad de pagar por rechazar a solicitantes de asilo. La persecución de las ONG también cobra fuerza ante el intento del Consejo de la UE de retirar de la legislación europea la denominada la 'cláusula humanitaria' que permite no criminalizar la asistencia a los migrantes.

El ataque al TEDH ha obligado al secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset, a salir en su defensa: “El respeto a la independencia e imparcialidad del Tribunal forma parte de nuestros fundamentos. Debatir es sano; pero politizar el Tribunal, no. En una sociedad gobernada por el Estado de derecho, ningún poder judicial debería verse sometido a presiones políticas. Las instituciones que protegen los derechos fundamentales no pueden doblegarse a los vaivenes cíclicos de la política. Si lo hicieran, nos arriesgaríamos a comprometer la misma estabilidad cuya garantía es la razón por la que fueron creadas estas instituciones”.

“El Tribunal no debe ser utilizado como arma, ni contra los gobiernos, ni por parte de los gobiernos”, agrega el suizo, que recuerda que el tribunal es el “brazo legal” del Consejo de Europa, que fue creado por los Estados miembros y “establecido por elección soberana e íntimamente ligado a un Convenio cuyos 46 miembros han firmado y ratificado libremente”.

La carta de los nueve jefes de Gobierno, firmada el 22 de mayo a raíz de una reunión de Meloni y su homóloga danesa en Roma, se produce a las puertas de una reunión de los ministros de Justicia de la UE en la que debatirán la adhesión del club comunitario al Convenio de Derechos Humanos, que los 27 han ratificado de forma individual. Sin embargo, la UE no lo ha hecho todavía, a pesar de que suscribirlo es una de las obligaciones recogidas en el artículo 6 del Tratado de Funcionamiento de la UE. No obstante, existen dudas jurídicas respecto a ese paso, entre otros motivos por una argumentación del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que cuestionaba que los organismos jurisdiccionales de la UE queden supeditados a otro tribunal.

Aportó un vídeo de los hechos y un parte de lesiones. Pidió una investigación exhaustiva de la agresión de dos vigilantes de seguridad en plena calle en 2022. Pero la jueza rechazó abrir una causa para indagar en los hechos y absolvió a los agentes tras un juicio por delito leve.

Tras agotar las instancias judiciales en España, este joven de Barcelona, que tenía 16 años cuando fue reducido con contundencia en plena calle por dos agentes de seguridad privada del Metro, ha acudido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo. Representado por el centro Irídia, denuncia la falta de investigación efectiva de su agresión por parte del sistema judicial, una mala práctica que en el pasado ya le ha valido condenas a España.

“La falta de diligencia del juzgado y de la Fiscalía para investigar los hechos fue total”, ha lamentado el abogado de la víctima y de Irídia, Ton Mansilla. El juzgado absolvió a los vigilantes de seguridad tras dar por probada su palabra, esta es, que el joven estaba “alterado” y que por eso se le tuvo que reducir.

La agresión ocurrió en noviembre de 2022. Al intentar acceder a la estación, el contactless de su tarjeta de transporte no funcionó, pese a ser válida y vigente. Pasó por detrás de su pareja sin llegar a validar su tarjeta. Los agentes lo vieron, y discutieron. Después, los vigilantes salieron a buscarle en plena calle, fuera de las instalaciones del metro.

Los agentes nunca denunciaron al menor. En el vídeo de los hechos, que encabeza esta información, se aprecia que los agentes hacen caso omiso a los avisos de la mujer que acompañaba al menor y que les advertía de que estaban ahogando al menor porque le agarraban del cuello mientras lo reducían.

Este caso particular ha servido a Irídia para denunciar que los juzgados no indagan de forma exhaustiva las denuncias de malos tratos. “El sistema judicial falla en la investigación de las denuncias de torturas por parte de agentes de autoridad, ya sean vigilantes de seguridad privada, funcionarios de prisiones, policías o CNI”, ha aseverado la directora de Irídia, Anaïs Franquesa.

La coordinadora de litigios de Irídia, Sònia Olivella, ha alertado que los “fallos” de la Justicia a la hora de investigar malos tratos “hace que las víctimas lo perciban como un sistema injusto y arbitrario”. “La impunidad debilita el Estado de Derecho”, ha agregado.

De los 49 procedimientos que lleva Irídia contra agentes de la autoridad, en 32 el algún momento se ha archivado la causa, se ha tramitado como delito leve o se han archivado sin practicar todas las diligencias para esclarecer los hechos. Ello ha comportado que las instancias superiores (la Audiencia Provincial) corrijan a los jueces de instrucción en 24 casos y ordenen investigar debidamente los hechos.

“Los juzgados de instrucción no investigan adecuadamente, asumen de forma incuestionable la versión de la policía sin contrastar adecuadamente con la de las denunciantes”, ha criticado Olivella.

Cira Martínez, psicóloga de Irídia, ha explicado que la falta de investigación de las denuncias de torturas y malos tratos empeora el trauma de las víctimas: “Se sienten solas y que toda la presión recae en ellas”. Irídia ha denunciado que, además de jueces y fiscales, la desidia a la hora de indagar en estos hechos se extiende a los forenses de los juzgados, que no evalúan correctamente la afectación en las víctimas.

Para cambiar esta situación, Franquesa ha reclamado “más y mejor” formación de jueces y fiscales en derechos fundamentales, además de crear juzgados y fiscalías especializadas y un organismo independiente de control de las actuaciones policiales.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos someterá a examen “tan pronto como sea posible” la demanda con la que la plataforma de víctimas del accidente del tren Alvia ocurrido en Angrois (Santiago) en junio de 2013 sigue reclamando que el Estado español haga una investigación independiente sobre el siniestro ferroviario.

En el plano judicial, tras una instrucción que duró años y un macroproceso, la sentencia condenó tanto al maquinista del tren como al ex director de seguridad de la empresa pública Adif, a ambos por un imprudencia profesional grave.

En lo relativo a la comisión de investigación de accidentes ferroviarios (CIAF), esta realizó en su día un informe que determina que únicamente hubo responsabilidad por parte del maquinista, debido al exceso de velocidad, si bien hizo una serie de recomendaciones para incrementar las medidas de seguridad en la red ferroviaria.

Por eso, para exigir una nueva investigación e “independiente”, la plataforma interpuso una demanda por lo contencioso que es la que ahora llega a Europa.

En un escrito del pasado 5 de febrero, la secretaría del Tribunal Europeo de Derechos Humanos informa a la asociación de víctimas que “el caso será sometido a examen tan pronto como sea posible” y que “en el momento oportuno” informará “de las decisiones adoptadas”.

El tribunal también apunta que tiene la intención de “agilizar al máximo el proceso de examen de las demandas” y que podrá solicitar información a lo largo del procedimiento.

Un tribunal que, según subrayan las víctimas en un comunicado de prensa en el que informan de esta noticia, “admite menos del 5% de las demandas presentadas”, según datos que cita del Consejo General de la Abogacía Española.

La denuncia, en concreto, fue interpuesta en julio de 2021 ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), frente al Gobierno y al comité que investigó la tragedia.

“Solicitábamos que se llevara a cabo una nueva investigación independiente que cumpliera con los requisitos legalmente establecidos: el trámite de audiencia a las víctimas y que atendiera las graves deficiencias señaladas por la Comisión Europea, en un informe de la Agencia Ferroviaria Europea”, recuerda la plataforma.

“Vergonzante”

Agotadas todas las vías que el derecho interno español ofrece (Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional), la plataforma, de la mano de Administrativando Abogados, acudió al Tribunal Europeo, “que ha admitido la demanda y deberá pronunciarse sobre la vulneración del derecho a un proceso equitativo y verificar si el Estado español respetó y tuteló los derechos de las víctimas y sus familiares”.

“Dice muy poco de nuestras instituciones y de nuestros gobernantes que aún no se haya realizado la investigación independiente que ha solicitado la UE reiteradamente. Más de 11 años, cuatro gobiernos y cinco ministros de Fomento y todavía no hay una investigación técnica independiente como reclama la UE”, censura.

Además, considera que “es cuanto menos vergonzante que el actual ministro Óscar Puente no da la cara y se niegue” a recibirles. “Un ministro que desprecia a los usuarios del ferrocarril y a su seguridad, y que como alcalde de Valladolid aprobó en 2016 una moción para 'instar al gobierno a constituir una comisión de investigación compuesta por expertos y técnicos independientes”, incide. En ello ve “un acto más de hipocresía”.

“Haciendo historia”

Para el abogado de la asociación, Antonio Benítez Ostos, director de Administrativando Abogados, “es un éxito absoluto que Europa decida revisar la actuación llevada a cabo por la jurisdicción española en el que ha sido el accidente ferroviario más grave de la democracia”.

“Esperamos obtener una resolución favorable que ordene al Estado español a realizar una nueva investigación independiente”, destaca. “Dada la complejidad del asunto y la inexistencia de precedentes, que al menos yo conozca, considero que las víctimas del Alvia están haciendo historia en esta lucha judicial”, subraya.

Para la plataforma, el “objetivo” de no llevar a cabo esta investigación “es claro: evitar cualquier tipo de responsabilidad política y contaminar a la opinión pública para ocultar la verdad, las negligencias y los incumplimientos normativos de seguridad”.

Meta se dispone a cambiar su sistema para controlar la desinformación en sus redes sociales. La corporación va a poner fin al modelo basado en verificadores independientes que ha venido manteniendo en el último lustro para pasarse al método de Elon Musk en X, que se apoya en la labor de los propios usuarios a la hora de señalar y contextualizar los bulos.

El cambio puede suponer un nuevo conflicto entre la multinacional y Bruselas, ya que el Ejecutivo comunitario tiene abierta una investigación sobre el modelo que usa X ante sus dudas de que se ajuste a la legislación. “Antes de desplegar nuevas políticas o características que puedan tener un impacto crítico en los riesgos sistémicos, las plataformas muy grandes, incluida Meta, tienen que realizar un análisis previo de evaluación de riesgos y enviarlo a la Comisión”, avisan fuentes comunitarias a este periódico.

Hasta ahora, Meta se ha apoyado en la colaboración con agencias de verificación de hechos independientes. Estas organizaciones, como Newtral, Maldita.es o EFE en España, se encargaban de analizar el contenido viral en Facebook, Instagram o WhatsApp para determinar su veracidad y detectar posibles deepfakes o desinformación. 

El proceso de verificación incluía la revisión del contenido por parte de verificadores cuando este empezaba a compartirse masivamente. Si se identificaba contenido falso o engañoso, los verificadores añadían etiquetas a las publicaciones para informar al resto de usuarios. Sin embargo, Mark Zuckerberg ha descartado a los verificadores por favorecer la censura. “Incluso si censuran accidentalmente solo el 1% de las publicaciones, eso significa millones de personas, y hemos llegado a un punto en el que son demasiados errores y demasiada censura”, afirma.

Las organizaciones que venían realizando este trabajo han denunciado que esto no es cierto, pero la decisión está tomada y el cambio es inminente.

Usuarios verificadores

El sistema de los verificadores desató las iras de Donald Trump y la extrema derecha estadounidense desde sus inicios, que cargaron contra ellos por señalar sus bulos. Por ello, fue uno de los primeros cambios que implementó Elon Musk cuando tomó el control de Twitter, ahora X.

En su lugar, Musk implementó un sistema contra la desinformación basado en “notas de la comunidad”. Se basa en apéndices que los usuarios pueden añadir a tuits virales, para aportar contexto o desmentidos a las publicaciones que consideran falsas o engañosas. Todos los miembros de X pueden votar si consideran “útiles” las notas añadidas a las publicaciones, pero no todos pueden escribirlas.

Para escribir notas sobre las publicaciones del resto de usuarios es necesario conseguir el rango de “usuario verificador”. Para ello hay que tener una cuenta con más de 7 meses de antigüedad, tener un número de teléfono asociado a ella y no haber cometido infracciones recientes de las normas de comunidad de X. Los que cumplan las condiciones pueden inscribirse en el programa para optar a recibir la aprobación de la plataforma para ser verificadores.

Al principio, los usuarios verificadores solo pueden valorar las notas ya existentes. Tras haber valorado un número suficiente de notas existentes, y que estas acumulen suficientes valoraciones para publicarse, X les permite empezar a enviar sus propias notas originales. Si estas son consideradas útiles por el resto de usuarios, se publicarán junto a los tuits originales.

Dudas sobre el sistema de X

Musk defiende que su método es más respetuoso con la libertad de expresión que el de los verificadores, ya que no se basa en organizaciones con poderes especiales, sino en la sabiduría de la masa, capaz de detectar y neutralizar errores puntuales. Otros expertos opinan lo contrario.

Un estudio realizado por el Centro Contra el Odio Digital publicado en octubre de 2024 reveló que hasta el 74% de las notas de la comunidad sobre mensajes engañosos relacionados con las elecciones estadounidenses en X no eran visibles. Además, las publicaciones engañosas recibieron 13 veces más visitas que las Notas de la Comunidad que las corregían, según esta ONG creada en 2017 para combatir el odio y la desinformación en las plataformas digitales. En total, los bulos analizados que no recibieron notas de la comunidad recibieron 2.200 millones de visitas.

“Este algoritmo, que se suponía que iba a resolver el problema de los verificadores de datos sesgados, básicamente significa que no hay verificación de datos”, denuncia Alex Mahadevan, del Instituto Poynter, centrado en la promoción de prácticas éticas en medios de comunicación. El experto señala que la falta de visibilidad de las notas se debe al requisito de un “consenso ideológico” para que una nota sea pública, lo que significa que personas de diferentes espectros políticos deben estar de acuerdo en su veracidad. Mahadevan señala que este sistema es problemático en un entorno polarizado, ya que es poco probable que se alcance un consenso sobre temas controvertidos.

Este tipo de cuestiones llevaron a la Comisión Europea a abrir una investigación contra X en diciembre de 2023 por el sistema de notas de la comunidad, al que ahora se sumara Meta.

Un problema sin resolver

Los problemas de las notas de la comunidad no implican que el sistema basado en verificadores sea perfecto. Este programa enfrenta tres críticas principales: La primera es su legitimidad, pues decisiones sobre veracidad recaen en periodistas y no en jueces. El segundo es su impacto limitado, ya que los bulos son más virales que los desmentidos. La tercera es que su eficacia es dudosa, dado que durante su existencia han aumentado tanto la desinformación como la polarización en redes sociales.

Borja Adsuara, jurista experto en derecho y estrategia digital, señala que existe opacidad en la selección de verificadores y en los criterios que utilizan para determinar la veracidad de la información. Esta falta de transparencia “genera desconfianza” y alimenta las acusaciones de sesgo ideológico.

En conversación con este medio, Adsuara argumenta que la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés, en su afán por combatir la desinformación, puede llevar a “una censura indirecta” por parte de los gobiernos. Esto se debe a que la ley obliga a las plataformas a tomar “medidas adecuadas” contra la desinformación, pero no define claramente qué se considera desinformación: “Se obligó a las redes sociales a intervenir con poderes editoriales para suprimir contenidos que no eran ilegales, lo cual es muy peligroso”.

La Ley de Servicios Digitales de la UE obligó a las redes sociales a intervenir con poderes editoriales para suprimir contenidos que no eran ilegales, lo cual es muy peligroso

Borja Adsuara — jurista especializado en derechos digitales

Esta ambigüedad permite a la Comisión Europea, a través de convenios de buenas prácticas, presionar a las plataformas para que eliminen contenido que no es ilegal, pero que los gobiernos consideran “inadecuado” o “perjudicial”. “A través de esos convenios, se le indica a las redes sociales lo que deben permitir y lo que no”, refleja el jurista, poniendo como ejemplo el discurso del odio, donde comentarios ofensivos que no implican un comportamiento delictivo pueden llegar a ser borrados.

“El derecho a la libertad de expresión incluye el derecho a decir idioteces. El único límite es la ley. Que uno haga chistes homófobos y de mal gusto no es un delito. Podrá ser idiota y los demás, ejerciendo su libertad de expresión, podrán decir que lo es. Retirar contenidos de este tipo implica censura”, detalla Adsuara.

El frente común de X y Meta ante la UE

El jurista apunta a que todo esto hace aflorar un problema de fondo: no hay un consenso sobre cómo combatir la desinformación ni cómo moderar el debate en unas redes sociales cada vez más polarizadas y agresivas. Pero el frente común que forman ahora Mark Zuckerberg y Elon Musk podría hacer que el asunto escalara por encima de plataformas y reguladores europeos.

“Si la Comisión abre un expediente informativo a Meta, y en el que le han abierto a X llegan a la conclusión de que son medidas insuficientes y les imponen una sanción, van a unirse para recurrir la sanción al Tribunal de Justicia de la Unión Europea o incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ya que esto tiene que ver con la libertad de expresión”, adelanta. Una concatenación de hechos que consideraría positivo: “Me encantaría porque así tendríamos una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre un tema tan delicado como la libertad de expresión y sus límites en las redes sociales”.

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Rectificación, 10 de enero de 2025: una versión anterior de este artículo informaba de que la Comisión Europea ya había sido informada por Meta de que se dispone a cambiar su método de verificación de datos también en la Unión Europea. Sin embargo, el Ejecutivo comunitario ha rectificado este viernes, asegurando ahora que esa comunicación aún no se ha producido.

En 1975, cuando era veinteañera, Rosmarie Wydler-Wälti participó en la ocupación durante semanas del lugar donde se iba a construir una central nuclear cerca de Basilea, su ciudad. Una década después, estaba en la primera línea de las protestas, algunas violentas, por el vertido en el Rin tras el incendio en la empresa química Sandoz. Rosmarie, que ahora tiene 74 años, es la co-presidenta de la asociación que acaba de ganar en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo un caso pionero contra el Estado suizo por no proteger la salud de mujeres como ella afectadas por la crisis climática. 

Cuando se encontró a la puerta del tribunal de Estrasburgo con Greta Thunberg, de 21 años, casi nadie conocía a Rosmarie. La “noticia” era que la activista sueca más famosa del mundo le daba las gracias a esta mujer desconocida para la mayoría, pero que ha logrado con su asociación de más de 2.500 mujeres un triunfo en los tribunales que dará lugar a otras querellas y pondrá a gobiernos como el de su país bajo más obligaciones legales vinculantes. 

Rosmarie se define como feminista y activista medioambiental y está acostumbrada, en realidad, a ver resultados de sus acciones. La planta nuclear a las afueras de su ciudad contra la que protestaba nunca se construyó: el proyecto se canceló en 1988 entre las protestas, los costes y el accidente de Chernóbil. El accidente de Sandoz, cuya causa nunca se aclaró, llevó a nuevos estándares de seguridad y legislación europea para la protección del Rin. Tal vez por ello, Rosemarie no ha dejado de protestar pidiendo responsabilidades y acciones concretas. Ha protestado en Davos y no ha parado de idear campañas igual que sus colegas de asociación y generación. Hace unos meses, el corresponsal de medioambiente del Guardian se dio un paseo por los Alpes con algunas de ellas para hablar de la querella y del calor que hace también en Suiza en verano. El periodista contaba esta semana que, aunque tiene la mitad de edad que muchas de ellas, las señoras estaban más en forma que él y resistieron mucho mejor la caminata. 

En nuestro mundo tan entregado al espectáculo efímero y vistoso en las redes y donde las voces más contundentes suelen captar nuestra atención es más fácil fijarse en los discursos de una joven enfadada o en los activistas que arrojan sopa a la Mona Lisa que en personas como Rosmarie, que llevan toda la vida protestando, a veces de manera también espectacular, pero casi siempre de forma colectiva y ligada a causas muy concretas. La concreción de su caso -contra un solo país y por la falta de protección a las mujeres mayores, especialmente afectadas por los efectos del calor- ha sido una de las claves de su victoria. Sin duda, llamaba más la atención el grupo de niños y adolescentes que se querellaban contra Portugal y otra treintena de países, pero el tribunal de Estrasburgo no admitió a trámite su caso. Demasiados países, demasiado general. 

Este caso climático en Estrasburgo, además, nos recuerda el valor en particular de las mujeres de esa generación en toda Europa, las que eran veinteañeras en los años 70, entraron en el mundo laboral cambiante en esa época de crisis, avances y persistente desigualdad, lucharon de manera concreta por cambiar el mundo y, de hecho, lo consiguieron. Desde luego, en España, pero también en países como Suiza, que pese a su riqueza y aparente desarrollo ha sido durante años uno de los más atrasados en igualdad y derechos sociales (las mujeres no tuvieron derecho de voto hasta 1971 en las elecciones federales, y un cantón se resistió hasta 1990). 

La entrega de todas las generaciones a la juventud hace a menudo pensar que la de ahora es la más revolucionaria y la que entiende mejor el progreso, pero a menudo no es así. Y la verdad es que estas señoras suizas setentonas nos han dado a las más jóvenes una buena lección. 

En una sentencia histórica, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha fallado este martes a favor de una demanda planteada por la acción insuficiente de los Estados para limitar el cambio climático y considera que Suiza ha violado los derechos humanos de un grupo de mujeres mayores porque se han constatado “lagunas críticas” en las políticas del país contra el cambio climático.

Las mujeres, agrupadas en la asociación Verein KlimaSeniorinnen, demandaron a Suiza argumentando las consecuencias que tienen para su salud de las olas de calor “cada vez más frecuentes e intensas”. Los jueces europeos estiman que el país incumplió sus obligaciones para con los derechos de estas mujeres de edad avanzada, muchas de las cuales tienen más de 75 años, para evitar que sufran los efectos del calentamiento global. En la sentencia, la corte concluye que ha habido una violación del derecho al respeto de la vida privada y familiar y del acceso a los tribunales, consagrados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

“Este fallo es un hito en la lucha por un clima habitable para todos. Y el veredicto es una satisfacción. Después de que los tribunales suizos no nos escucharan, el TEDH lo ha confirmado: la protección del clima es un derecho humano”, dice Anne Mahrer, copresidenta de KlimaSeniorinnen, en un comunicado.

Los magistrados creen que ha habido carencias en la política suiza para cuantificar, mediante la fijación de un presupuesto de carbono o de otra manera, la limitación de sus emisiones de efecto invernadero. En la misma línea, Suiza no respetó en el pasado los objetivos que se había fijado para disminuir esas emisiones.

Es la primera vez que este tribunal internacional se pronuncia sobre la crisis climática. El veredicto, que no puede ser recurrido, podría obligar al Gobierno suizo a tomar mayores medidas para reducir las emisiones, incluida la revisión de sus objetivos de reducción de emisiones para 2030 para alinearse con el objetivo el Acuerdo de París de 2015 para contener la crisis climática, recoge Reuters.

La decisión podría tener un posible efecto dominó en el continente, y sienta un precedente vinculante sobre la forma en que algunos tribunales abordan la ola de litigios climáticos sobre la base de la vulneración de los derechos humanos. “Aunque el TEDH no está facultado para sancionar a los gobiernos por el incumplimiento de sus sentencias, este fallo puede utilizarse en casos planteados a nivel nacional para exigir responsabilidades a los gobiernos por el incumplimiento de las mismas. Por lo tanto, se espera que la sentencia de hoy provoque una nueva oleada de casos sobre cambio climático en los tribunales nacionales de Europa”, dice en un comunicado de la organización Global Legal Action Network. “Las sentencias también han sentado un precedente a seguir por otros tribunales internacionales”. 

Ruth Delbaere, directora de campañas legales de la organización Avaaz, ha dicho que estas “heroicas mujeres de la tercera edad” han abierto “un nuevo capítulo en los litigios climáticos, demostrando cómo los ciudadanos de a pie pueden obligar a los gobiernos reticentes a tomar medidas climáticas”

“Hoy es un día histórico para KlimaSeniorinnen en su compromiso con la justicia climática: ¡en los tribunales, en las calles y donde está el poder!”, ha escrito Greenpeace en la red social X. “La sentencia de hoy contra Suiza sienta un precedente histórico que se aplica a todos los países europeos. Significa que todos los países europeos deben revisar urgentemente sus objetivos para que tengan una base científica y se ajusten a 1,5 grados. Es una gran victoria para todas las generaciones”, dice Gerry Liston, abogado principal de Global Legal Action Network.

El tribunal declara inadmisible la demanda contra 32 países

El TEDH, sin embargo, ha declarado inadmisible la demanda del que fue alcalde ecologista de la localidad francesa de Grande Synthe, en la costa del Canal de la Mancha, que reclamó a su país una reducción de las emisiones de CO2 para evitar la subida del nivel del mar, así como otra más mediática, presentada por varios jóvenes contra 32 países europeos, entre ellos España, a los que reprochaban su responsabilidad en el calentamiento global y en las consecuencias que tiene y tendrá para sus vidas.

El tribunal de Estrasburgo se ha pronunciado así en medio de una enorme expectación sobre la demanda que seis jóvenes portugueses, de entre 11 y 24 años, presentaron por el cambio climático al entender que se han violado su derecho a la vida, al respeto al desarrollo de la vida privada y familiar, y a las prohibiciones de malos tratos y de discriminación, ya que consideran que la “emergencia climática” afectará más a su generación, dada su edad actual, que a las anteriores. La demanda contaba con el respaldo de muchas ONG y figuras mediáticas del ecologismo como Greta Thunberg –presente en Estrasburgo–, que han querido convertirla en una tribuna pública para su causa.

Los jueces han desestimado sus alegaciones sin entrar a examinar el fondo del asunto en primer lugar porque los seis demandantes se saltaron la regla de que hay que agotar las vías de recurso interno del país al que denuncian antes de llevar un caso a Estrasburgo. Los jóvenes habían argumentado que la urgencia climática les eximía de esa regla jurídica básica, pero el TEDH no aceptó esa tesis. Además, los jueces europeos también señalan que, para denunciar a otros Estados más allá de Portugal y aplicar un supuesto principio de extraterritorialidad porque su acción o inacción puede tener efectos para ellos, hay otros instrumentos jurídicos internacionales y el TEDH es el órgano competente para hacerlo.

“Realmente esperaba que ganáramos contra todos los países, así que obviamente estoy muy decepcionada de que no haya sido así. Pero lo más importante es que el tribunal ha dicho en el caso de las mujeres suizas que los gobiernos deben reducir más sus emisiones para proteger los derechos humanos. Así que creo que su victoria es también una victoria para nosotros y para todos”, dice en un comunicado Sofia Oliveira, una de las demandantes, 19 años.

Los demandantes alegaban que los incendios forestales que se han producido cada año en Portugal desde 2017 son una consecuencia directa del cambio climático que supone riesgos para su salud. Los seis jóvenes aseguran que ya sufren alteraciones en los patrones de sueño, problemas respiratorios y alergias que se han visto agravados por la subida de las temperaturas.

Además, dos de los jóvenes señalan que el cambio climático está provocando fuertes tormentas en invierno, indicando que sus casas, que están situadas cerca del mar en Lisboa, están en peligro por ello. Al hilo, sostienen que no solo están experimentando ansiedad por estos desastres naturales sino también por la expectativa de tener que desarrollar sus vidas en un entorno climático cada vez más hostil.

Todo ello, afirman, supone una violación de sus derechos a la vida, al respeto al desarrollo de la vida privada y familiar, y a las prohibiciones de malos tratos y de discriminación. Se apoyan para ello en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, pero situando su interpretación en el Acuerdo de París y en la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño, entre otros tratados.

Para los jóvenes, los Estados miembros han fracasado a la hora de cumplir sus obligaciones internacionales por la falta de medidas adecuadas para limitar sus emisiones de gases a fin de contener la subida de las temperaturas. En este sentido, consideran que los países están obligados a adoptar medidas para disminuir sus emisiones, compensar las generadas con los productos que importan o prohibir la venta de combustibles fósiles.

Con información de EFE.

Greenpeace ha presentado una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en la que pide amparo para revocar la sentencia del Tribunal Supremo que en diciembre de 2022 dictaminó que el hotel construido por Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), no podía ser demolido por tener licencia de obras.

“El Tribunal Supremo, de forma incomprensible, dictaminó que si el Ayuntamiento de Carboneras no cumplía la sentencia, los terrenos pasaban a ser urbanizables hasta que el propio Consistorio decidiera cumplir la sentencia y modificar sus normas urbanísticas. Se trata de un giro más en esta historia repleta de sentencias incumplidas y retrasos injustificables por parte de las administraciones”, ha explicado en una nota José Ignacio Domínguez, abogado de Greenpeace.

La citada organización afirma que, con esta decisión, el Supremo le otorga las competencias judiciales al Ayuntamiento de Carboneras, un hecho que se considera “muy grave y que supone una violación del artículo 6.1 del Convenio de Derechos Humanos”.

Sostienen que es un principio fundamental en todo Estado de derecho que las sentencias firmes que anulan una disposición de carácter general como es el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Carboneras tienen efecto desde el día en que se publica el fallo.

La primera sentencia firme que obliga al Ayuntamiento a modificar el PGOU fue publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) en noviembre de 2012.

Supeditar los efectos de la sentencia a que el Ayuntamiento de Carboneras decida cumplirla y tramite el expediente administrativo de modificación del PGOU, “supone trasladar a los consistorios la competencia de dar efectividad a las sentencias, privando así a la ciudadanía del derecho a tener un juez independiente y una tutela judicial efectiva”, señala Greenpeace.

Revocar a la magistrada

Igualmente, pide al Tribunal Europeo que, en base al mismo artículo, se revoque el nombramiento como ponente de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) María del Mar Jiménez Morera, que junto a Jorge Muñoz Cortés dictaron una sentencia que declaraba urbanizable El Algarrobico en 2014 y daba la razón a la promotora del hotel, sentencia que fue anulada posteriormente por el Supremo.

“Nada más dictar sentencia, Muñoz Cortés pidió una excedencia del TSJA y fue contratado por el despacho Martínez-Echevarría, donde sigue prestando sus servicios para el Ayuntamiento de Carboneras; en la sentencia donde Muñoz Cortés declaró urbanizable El Algarrobico participó la actual ponente Jiménez Morera. Esto supone que Muñoz Cortés defiende los intereses del Ayuntamiento de Carboneras ante la misma Sala y Sección de la que formó parte”, asevera.

A esto se suma que además la magistrada que resuelve sus escritos es su antigua compañera de Sala, según Greenpeace, que recuerda que la plataforma Salvemos Mojácar solicitó su recusación, pero esta fue rechazada.

Greenpeace considera que la magistrada Jiménez Morera no puede ser imparcial y por eso pide su recusación ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Un símbolo del maltrato al litoral español

El hotel acumula 50 pronunciamientos judiciales en las últimas dos décadas; tan sólo el Tribunal Supremo acumula 14 sentencias, mientras que la sentencia que ahora denuncia la organización ecologista en Estrasburgo viene a contradecir otra del mismo tribunal que en 2018 dictaminaba que el paraje de El Algarrobico no era urbanizable.

El hotel ilegal comenzó a construirse en 2003 tras conseguir una licencia de obras, a pesar de estar en zona protegida tanto por las normas del parque natural como por la Ley de Costas.

Las primeras actuaciones judiciales contra el edificio de 411 habitaciones comenzaron en 2005, cuando Greenpeace, Ecologistas en Acción y Salvemos Mojácar denunciaron estas irregularidades. A comienzos de 2006 se logró la paralización cautelar de las obras.

El Tribunal Supremo del Reino Unido declaró este miércoles ilegal el plan del Gobierno de deportar a Ruanda a migrantes llegados a su país, una controvertida política que ha empujado con fuerza el Partido Conservador en su giro hacia posiciones de partidos de extrema derecha en Europa.

El plan, presentado en abril de 2022 por el Gobierno de Boris Johnson, consistía en enviar a solicitantes de asilo a Ruanda para que procesaran allí su solicitud aunque estas personas no tuvieran ninguna relación con ese país del Este de África. En junio de 2022, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos paró el primer vuelo rumbo a Kigali por la denuncia de 10 afectados al considerar que el plan podía violar la convención europea de derechos humanos. Desde entonces, tres gobiernos conservadores, el de Johnson, el efímero de Truss y ahora el de Rishi Sunak, han mantenido una batalla en los tribunales británicos para conseguir luz verde para su plan.

El Tribunal Supremo considera que hay un riesgo real de que si los solicitantes de asilo son enviados a Ruanda su petición no sea examinada debidamente y sean devueltos sin garantías a países peligrosos de los que intentan huir. En respuesta a los denunciantes, originarios de Siria, Irak, Sudán, Irán y Vietnam, el Supremo dice que hay riesgo de maltrato en el proceso y cita el principio de “no-devolución” del Derecho internacional.

El Gobierno de Ruanda ha recibido unos 140 millones de libras (unos 160 millones de euros) por su colaboración aunque todavía no ha recibido a ningún refugiado enviado desde el Reino Unido. No está claro cuál sería el coste total del plan de enviar a cientos de personas (el número tampoco está claro) a este país a 6.500 kilómetros del Reino Unido. El Gobierno británico había gastado en los tribunales 1,43 millones de libras (1,6 millones de euros) hasta julio, según los datos del Ministerio del Interior publicados por el ex director de OpenDemocracy, una web de investigación especializada en transparencia. 

Ahora el Gobierno de Sunak puede intentar modificar el plan original e incluso probar con otros países. Los considerados como alternativa, según el diario he Guardian, son Turquía, Egipto e Irak.

La defensa de Braverman

Una de las grandes defensoras de esta política es Suella Braverman, la ministra del Interior obligada a dimitir por Sunak este lunes y cuyo principal mensajes es que el Reino Unido vive “una invasión” de migrantes contra la que tiene que reaccionar incluso saltándose la ley. La ex ministra, todavía diputada y posible aspirante a liderar el Partido Conservador publicó este martes una carta denunciando “la traición” de Sunak a su compromiso de aplicar más mano dura con la inmigración “haga falta lo que haga falta”, incluida la salida de los tratados internacionales para la protección de refugiados.

Los diputados más a la extrema derecha del Partido Conservador piden, de hecho, que el Reino Unido se salga de la convención europea de derechos humanos que su propio país impulsó después de la Segunda Guerra Mundial. En 1951, el Reino Unido fue el primero en ratificar este tratado, que entró en vigor dos años después y que hoy es una pieza clave del Derecho que, entre otras cosas, sigue ligando a los británicos al resto del continente. Es parte de la ley británica y también es un factor incluido en el acuerdo de paz de Viernes Santo de 1998 que llevó a la formación del actual sistema político en Irlanda del Norte. 

Las llegadas por el canal

El Gobierno conservador tiene como una de sus principales banderas la necesidad de frenar la llegada de migrantes, en particular, en pequeñas embarcaciones por el canal de la Mancha. Más de 45.000 personas llegaron en busca de asilo desde Francia en 2022, según los datos del Gobierno. La mitad de ellas provienen de tres países: Albania, Afganistán e Irán. En lo que va de 2023, las llegadas se han reducido, aunque no está claro si ha sido por el mal tiempo en la ruta o las medidas del Gobierno.

Más allá de las deportaciones a Ruanda, la nueva ley migratoria presentada en mayo por el Ejecutivo de Sunak también puede chocar con las convenciones internacionales, como reconoce el propio Gobierno. Según la norma, entrar sin autorización en el Reino Unido descalifica a cualquier migrante para pedir asilo aunque cumpla los requisitos para recibir protección, en contradicción con los principios básicos de acogida de refugiados, que habitualmente huyen de sus países en situaciones desesperadas y no pueden hacer el papeleo hasta que llegan al país donde intentan pedir asilo.

El rechazo de la migración fue uno de los catalizadores del voto a favor del Brexit en el referéndum de 2016 y todavía es uno de los factores que movilizan especialmente a los votantes conservadores. El 57% de quienes se declaran votantes tories cree que la inmigración ha sido “mala” para el Reino Unido en los últimos diez años; también opinan lo mismo el 17% de los laboristas, según los datos de la encuestadora YouGov, que sigue la evolución.

Tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea, ha aumentado la inmigración de países de fuera de Europa mientras bajan las llegadas desde la UE y sectores clave para el país como la hostelería, la salud y el transporte sufren la falta de trabajadores.

Pablo Fragoso, militante de la CIG, el principal sindicato gallego, participó el 30 de octubre de 2014 en una protesta por los impagos de la empresa de limpieza que se ocupa del Arsenal de Ferrol, una base militar del Ministerio de Defensa. No era la primera vez: los trabajadores estaban en huelga y las movilizaciones se sucedían a la entrada de las instalaciones. Pero ese día en cuestión, Fragoso gritó por el megáfono: “Aquí está el silencio de la puta bandera” y “hay que prenderle fuego a la puta bandera”. Defensa lo denunció en febrero de 2015 por “ultrajes a España” y un juzgado de la ciudad lo condenó dos años después a 1.260 euros de multa. La Audiencia Provincial y el Constitucional -con varios votos particulares- lo ratificaron. Ahora Europa revierte el fallo y el Tribunal de Derechos Humanos condena al Estado español por vulnerar la libertad de expresión del sindicalista.

Antes de aquel 30 de octubre, el almirante en jefe del Arsenal había contactado con la CIG. Más allá de los derechos laborales, le preocupaban “las faltas de respeto hacia la bandera nacional”. Las concentraciones diarias de los operarios a las puertas del lugar coincidían con el izado solemne, también diario, de la misma. El militar escribió una carta a la central sindical y después se reunió con el propio Fragoso. Conminaba a los huelguistas a bajar el volumen durante ese momento. Dos días después sucedieron los hechos por los que fue en primera, en segunda y en tercera instancia condenado: dos frases a través de un megáfono. No hubo más incidentes.

En el recurso de la CIG al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el sindicalista asume que “usó un lenguaje agresivo pero que se debe tener en cuenta el contexto”. Además, añade y recoge el texto del dictamen, se dirigía “a un símbolo” y no “a la incitación a la violencia” ni a “desórdenes públicos”. El representante del Gobierno llega a admitir, por su parte, que la sanción aplicada chocaba con la libertad de expresión, pero que “había perseguido proteger un símbolo común a todos los miembros de la nación”. El tribunal rechaza, sin embargo, el núcleo del razonamiento del Estado y recuerda su “tradicional posición” sobre la libertad de expresión: “Se aplica no solo a la 'información' o a las 'ideas' que son favorablemente recibidas o vistas como inofensivas […] sino también a aquellas que ofenden, sacuden o molestan al Estado o algún sector de la población”. Y añade que en casos como el que afecta a Fragoso, la contradicción entre libertad de expresión y respeto a los símbolos señalada por el propio Estado español debe entenderse “en su contexto”. Es decir, en medio de las protestas de una huelga por impago de salarios.

La CIG considera que la institución comunitaria “ha aceptado sustancialmente” su recurso y echado por tierra la línea argumental de Defensa según la cual las expresiones del sindicalista no estaban relacionadas con las movilizaciones. “Es razonable pensar que las frases contra la bandera no eran un mero insulto, sino una crítica y una expresión de descontento hacia el personal militar y la empresa de limpieza”, señala la central en un comunicado en el que realiza “una valoración muy positiva de la sentencia”. El Tribunal de Derechos Humanos obliga a devolver a Fragoso los 1.260 euros de la multa, que considera excesiva, y a resarcirlo con 6.000 euros en concepto de daño no pecuniario.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) tiene su sede en Estrasburgo (Francia) y desde allí interpreta el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Desde que se fundó en 1959, el TEDH ha dictado más de 10.000 sentencias relativas a presuntas violaciones contra los derechos civiles y políticos.

Pero el 29 de marzo de este año se enfrentó por primera vez a una denuncia que no había recibido hasta entonces: la protección del clima como un derecho humano. El caso fue llevado al tribunal por una asociación de mujeres suizas llamada KlimaSeniorinnen Schweiz (Mujeres Mayores de Suiza por la Protección del Clima), con una edad media de 73 años.

La acusación fue dirigida contra el gobierno suizo por vulnerar el derecho a la vida y a la salud de las mujeres mayores, recogidos en los artículos 2,6, 8 y 13 de la Convención Europea de Derechos humanos (CEDH), y llegó al tribunal europeo después de una batalla de seis años y de que su denuncia fuera desestimada en el Tribunal Federal de Suiza. 

Estas mujeres afirman que el gobierno suizo no hace lo necesario para cumplir con el Acuerdo de París sobre emisiones y que si la respuesta de todos los países fuera la misma que la de Suiza, se produciría un calentamiento global de hasta 3℃ en 2100.

El gobierno Suizo no niega que el cambio climático pueda afectar a la salud, pero argumenta que las emisiones no pueden vincularse específicamente a la salud de las mujeres mayores. Afirma que la acción climática es una cuestión que deben decidir los políticos. 

Sin embargo, los políticos de todo el mundo no parecen haber afrontando el desafío del cambio climático con premura ni firmeza en los últimos años. En el último informe del IPCC (panel intergubernamental sobre el cambio climático de la ONU) se insta a los gobiernos a abandonar su pasividad y tomar “medidas urgentes” para limitar las emisiones.  

Las mujeres suizas de KlimaSeniorinnen no son las únicas que han elevado su demanda ante esta corte. El TEDH también recibió una demanda en 2021, pendiente de veredicto, por parte de Damien Carême, ex alcalde del municipio de Grande-Synthe en Francia.

Este ha denunciado al gobierno francés sobre la base de que el hecho de que las autoridades no adopten todas las medidas adecuadas para que Francia pueda respetar los niveles máximos de emisiones de gases de efecto invernadero, constituye un incumplimiento de su obligación de proteger el derecho a la vida privada y familiar.

Antes, en 2020, seis jóvenes portugueses presentaron una demanda frente al TEDH contra Portugal y otros 32 estados (todos los de la Unión Europea más Noruega, Rusia, Suiza, Turquía, Ucrania y el Reino Unido).

La acusación era similar: los demandados habían vulnerado los derechos humanos al no adoptar medidas suficientes contra el cambio climático. Los ciudadanos están llevando a los tribunales a sus gobiernos por no actuar con decisión contra el cambio climático pero, ¿servirá de algo?

La autoridad del TEDH sobre el clima

La protección del clima en el seno del TEDH es una cuestión complicada legalmente. Aunque la CEDH no contiene ningún derecho humano medioambiental específico, el TEDH ha interpretado que algunas infracciones contra el medio ambiente sí que constituyen una violación de algunos derechos.

El primer caso ganado en este sentido fue el de una mujer de Lorca, Murcia, Gregoria López Ostra, contra el gobierno de España, que elevó su demanda al tribunal por la contaminación y los olores de la planta de tratamiento de desechos junto a su casa.

El TEDH encontró una violación de los artículos 3 y 8 de la CEDH y condenó al gobierno español a pagar una compensación por daños de cuatro millones de pesetas y las costas del juicio. Sin embargo, la demanda de las Klimaseniorinnen es la primera que llega a la Gran Sala del tribunal.

Una de las objeciones del gobierno español durante la causa fue que la demandante no era una víctima de una violación de los derechos humanos y esta es precisamente la misma objeción que otros estados están presentando para defenderse de estas demandas.

La otra es que no hay un vínculo causal entre las supuestas emisiones de un estado concreto y los efectos del calentamiento global.

Junto a la demanda de las Klimaseniorinnen, el TEDH también verá el caso de Damien Carême y, después del verano, el caso de los demandantes de Portugal. El veredicto sobre estos casos podría tener importantes repercusiones, no solo para los 46 Estados miembros del Consejo de Europa, sino para todo el mundo.

Es la primera vez que el TEDH celebrará una audiencia pública para determinar hasta qué punto un país como Suiza debe reducir sus emisiones para proteger el medio ambiente.

Si el tribunal decide que la protección del clima es un derecho humano, esto podría tener repercusiones y traducirse en cambios en la legislación de los estados. Si el veredicto desestima la demanda, justificaría la inacción de los estados.

Por otra parte, un veredicto a favor de las demandantes representaría un cambio en la actitud del TEDH, que hasta la fecha han evitado asumir un papel legislativo. Pero no es el único alto tribunal que afronta este dilema.

La vía judicial para frenar el cambio climático no se limita a Europa. El pasado 31 de marzo los Estados miembros de las Naciones Unidas adoptaron una resolución histórica sobre justicia climática en la que se pide al más alto tribunal del mundo, la Corte Internacional de Justicia, que aclare las obligaciones de los estados para hacer frente a la emergencia climática.

Aunque la protección de la humanidad frente al cambio climático estaba representada hasta ahora por una adolescente sueca, puede que sean unas jubiladas suizas quienes cambien la historia.  

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Cláudia Agostinho va a la playa de Pedrógão desde que era una niña. Cuando era pequeña, esta playa era una extensión de arena de color blanco brillante entre pinos y mar.

Hoy la playa de Pedrogão, en el centro de Portugal, es un recordatorio apocalíptico de la carnicería que el calentamiento global puede generar. Este verano, mientras una vez más se emitían alertas por las altas temperaturas en la región de Leiria –donde se encuentra la playa– y se propagaban múltiples incendios forestales activos, los restos carbonizados del incendio más mortífero en la historia de Portugal seguían a la vista de todos.

En 2017, 66 personas murieron, más de 250 resultaron heridas y 20.000 hectáreas de bosque fueron destruidas a causa de los incendios forestales que se propagaron por la región arrasando con una superficie cuatro veces mayor que la de Lisboa. El impacto del aumento de la temperatura global y la preocupación ante el fracaso de los países para frenar las emisiones de gases de efecto invernadero han llevado a Agostinho, que ahora es enfermera de 23 años, a una batalla contra los gobiernos europeos.

Mientras el calor y la sequía vuelven a hacer acto de presencia tanto en su región como en todo el país, Agostinho, sus hermanos y sus primos se preparan para una tenaz batalla en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Después de casi cinco años, su demanda contra 32 países europeos, entre los que están Portugal y España y a los que acusan de no tener políticas climáticas adecuadas, será presentada ante 17 jueces este otoño.

Un caso para la Gran Sala

Gearóid Ó Cuinn, de Global Legal Action Network (GLAN, por sus siglas en inglés), la organización que apoya a Agostinho y a su familia, dice: “El hecho de que el Tribunal haya remitido este caso (...) a la Gran Sala es un acontecimiento extremadamente significativo que demuestra cuán importante es la cuestión del cambio climático para los derechos humanos”.

Su demanda se suma a otros litigios climáticos que se presentarán ante la Gran Sala del Tribunal en los próximos meses. Un alcalde francés, Damien Carême, ha emprendido acciones contra la incapacidad del Gobierno de su país para hacer frente al colapso climático. Carême, alcalde de Grande-Synthe, una comuna en el norte de Francia, dice que su ciudad se enfrenta a la amenaza a largo plazo de quedar sumergida si sube el nivel del mar. Otro litigio climático es el de un grupo de mujeres, KlimaSeniorinnen (Mujeres mayores por el clima), que ha emprendido acciones contra el Gobierno suizo por no haber adoptado una política adecuada para la protección del clima.

Agostinho dice que el paso a la presentación del caso ante el Tribunal de Estrasburgo se produjo cuando su región y el resto del país estaban sufriendo nuevamente un clima extremo: “Me he visto impulsada a hacerlo por la preocupación que siento ante lo que está ocurriendo, y ante lo que ocurrirá si no tomamos ninguna medida. Ahora estamos sufriendo de nuevo el calor aquí y pienso: ‘¿Quiero traer niños a este mundo si no hay un buen futuro para ellos?’. Siento que hay que hacer algo, la forma en que vivimos no es sostenible”.

32 países denunciados

Los jóvenes están financiando la batalla legal mediante plataformas de crowdfunding. Arguyen que la crisis climática interfiere en su derecho a la vida, su derecho al respeto de su vida privada y familiar y su derecho a no ser discriminados.

Los seis demandantes portugueses están representados por un equipo de diez abogados provenientes de varios despachos con sede en Reino Unido. Presentan su demanda contra los gobiernos de Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, Alemania, Grecia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Croacia, Hungría, Irlanda, Italia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Malta, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, Rusia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Reino Unido y Turquía.

Sofía Oliveira, otra de los demandantes, dice: “Este verano hemos experimentado en Portugal unas temperaturas extremas muy preocupantes y asfixiantes en comparación con el año pasado, por lo que nos esperanza saber que el Tribunal ha dictaminado que nuestro caso es tan importante que debe ser resuelto por 17 jueces”.

“Ahora esperamos que estos jueces atiendan nuestro caso lo antes posible y hagan que los gobiernos europeos tomen las medidas urgentes necesarias para protegernos”.

Si los demandantes tienen éxito, los gobiernos estarían legalmente obligados a recortar aún más las emisiones de gases, pero también a encargarse de su contribución a la crisis climática fuera de sus propios países, incluidas las emisiones alrededor del mundo provocadas por las empresas multinacionales.

El grupo alegará ante los jueces que los incendios forestales que se han producido en Portugal año a año desde 2017 son resultado directo del calentamiento global. Aducen un riesgo para su salud a causa de estos incendios y afirman que, como resultado, han experimentado alteraciones en sus patrones de sueño, alergias y problemas respiratorios, los cuales se ven agravados por las altas temperaturas. Dos demandantes subrayan que la alteración del clima está provocando tormentas muy fuertes durante el invierno y sostienen que su casa, situada cerca del mar en Lisboa, podría correr el riesgo de sufrir daños por las tormentas.

Traducción de Julián Cnochaert.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) decidió paralizar el martes el primer vuelo con el que Reino Unido quería empezar a aplicar el acuerdo firmado en abril con Ruanda para deportar a “miles” de solicitantes de asilo a este país del este de África. La decisión ha supuesto un primer revés para una de las medidas más controvertidas de la política migratoria del Gobierno de Boris Johnson.

¿Qué es el acuerdo y qué prevé?

La ministra de Interior de Reino Unido Priti Patel y el ministro de Exteriores ruandés Vincent Biruta firmaron en Kigali el 14 de abril un memorándum para, según se lee en el texto, “crear un mecanismo para la reubicación de los solicitantes de asilo cuyas solicitudes no están siendo consideradas por el Reino Unido, a Ruanda, que procesará sus solicitudes y acogerá o expulsará (según corresponda) a las personas después de que se analice su solicitud”. El Gobierno británico ha usado la palabra “reasentar” para lo que en la práctica, según las organizaciones de derechos humanos que se han opuesto al plan, son deportaciones a un tercero país. “A partir de hoy, nuestro nuevo acuerdo de migración y desarrollo económico significa que cualquier persona que entre ilegalmente al Reino Unido, así como aquellos que hayan llegado ilegalmente desde el 1 de enero, ahora pueden ser reubicados en Ruanda”, dijo el primer ministro Boris Johnson el mismo día de la firma del acuerdo. Johnson añadió que se trataba de una medida “innovadora” hecha posible por “las libertades del Brexit”. El acuerdo prevé que Ruanda reciba a cambio una primera entrega de 120 millones de libras (unos 144 millones de euros), una cantidad que se ampliaría a medida que aumente el número de personas deportadas al país.

El Gobierno de Johnson quiere obtener un efecto de “disuasión” ante el aumento de las llegadas de migrantes a través del Canal de la Mancha. En 2021 unas 28.500 personas cruzaron el canal en pequeñas lanchas. Entre el 18 de abril y el 5 de julio, han llegado por esta vía 3.599 solicitantes de asilo, según la BBC.

¿Cuáles han sido las reacciones ante el plan?

Las asociaciones en defensa de los derechos humanos se han pronunciado en contra del plan al considerarlo una violación de las obligaciones de Reino Unido de asegurar los derechos de los solicitantes de asilo. El secretario general de la ONU, António Guterres, lamentó este martes el acuerdo y confió en que ningún otro país siga su ejemplo, informa EFE. Guterres, a través de su portavoz, respaldó las críticas ya expuestas por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Filippo Grandi, quien el lunes dijo que la deportación de solicitantes de asilo es “un error” que podría sentar “precedentes catastróficos”.

La oposición al plan ha llegado a las altas esferas de la Iglesia anglicana. En una carta al Times, 23 obispos encabezados por el arzobispo de Canterbusy, Justin Welby -máxima autoridad de la iglesia anglicana después de la reina Isabel II- definen el plan como una “política inmoral” que “avergüenza a Gran Bretaña”.

También se cuestiona la definición de Ruanda como “tercer país seguro”. En una carta dirigida al Ministerio del Interior británico, la organización Human Rights Watch escribe: “Ruanda no puede considerarse un tercer país seguro al que enviar solicitantes de asilo, ya que Human Rights Watch y otros actores, incluido el Gobierno de los Estados Unidos, han informado sistemáticamente sobre las graves violaciones de derechos humanos en este país. El Gobierno del Reino Unido es consciente de esto, ya que el año pasado denunció el historial de derechos humanos de Ruanda durante su Examen Periódico Universal en el Consejo de Derechos Humanos, instando a 'Ruanda a modelar los valores de la Commonwealth de democracia, estado de derecho y respeto por los derechos humanos'”.

El director de Amnistía Internacional en Reino Unido, Sacha Deshmukh, ha tachado este miércoles la política del Gobierno de “cruel” y de “espectáculo vergonzoso”. “No debemos olvidar que las personas que anoche iban a ser expulsadas a Ruanda no han hecho más que ejercer su derecho a solicitar asilo en el Reino Unido”, ha dicho. “Todo este esquema mal concebido es una repetición desesperada y triste de un acuerdo similar y ahora abandonado alcanzado por Israel en virtud del cual también expulsó a Ruanda a refugiados y personas que buscaban asilo”. Para Deshmukh el plan es “un abandono claro y vergonzoso de la responsabilidad del Reino Unido bajo la Convención de Refugiados”.

Las organizaciones como Care4Calais, que han lanzado la campagna #spodeportation, siguen ahora trabajando para frenar las deportaciones desde el punto de vista legal.

¿A cuántas personas afectaría?

Cuando anunció el plan, Johnson dijo que permitiría enviar a Ruanda a “decenas de miles” de personas. Pero desde mediados de abril los objetivos del plan se han ido reduciendo, como explica The Guardian. Ya a principios de mayo The Times informó que las propias previsiones del Ministerio del Interior sugerían que el número de personas elegibles para el programa en un año sería de unos 300. El primer vuelo del martes inicialmente tenía que enviar a unas 30 personas a Ruanda. Finalmente el número se rebajó a siete.

¿Por qué el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha paralizado el primer vuelo?

Una hora y media antes de que el primer vuelo planeado por el Gobierno británico despegara, el Tribunal de Estrasburgo acogió el recurso presentado para paralizar la expulsión de un solicitante de asilo identificado como K. N., un hombre de nacionalidad iraquí de 54 años al que a principios de junio se le notificó que su solicitud de asilo había sido declarada inadmisible y que sería enviado a Ruanda el 14 de junio. Sin embargo, el 27 de mayo de 2022, un médico del Centro de Expulsión de Inmigrantes había emitido un informe indicando que el solicitante podría haber sido víctima de tortura. La Corte ha concluido que el hombre “no debe ser expulsado hasta que expire un periodo de tres semanas tras la decisión final en la revisión judicial que está teniendo lugar”.

¿Qué pasará ahora?

La ministra de Trabajo y Pensiones, Thérèse Coffrey, en una entrevista a la cadena Sky News ha dicho este miércoles “estar segura” de que el Gobierno británico recurrirá la decisión del Tribunal de Estrasburgo. Ante el aluvión de recursos recibidos contra las deportaciones, el primer ministro Johnson amenazó con sacar al Reino Unido de la Convención Europea de Derechos Humanos y acusó a los abogados que presentaron las demandas de ayudar a los traficantes que explotan a los refugiados en el Canal de la Mancha. “¿Será necesario cambiar algunas leyes para poder avanzar? Podría ser así y todas las opciones están en constante revisión”, dijo.

En respuesta a la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Patel dijo el martes que estaba “decepcionada” pero aseguró que mantendrá los planes. “No seremos disuadidos de hacer lo correcto y cumplir con nuestros planes para controlar las fronteras de nuestra nación”, afirmó. “Nuestro equipo legal está revisando cada decisión tomada en este vuelo y la preparación para el próximo vuelo ya ha comenzado”. Pero el programa se enfrenta a más desafíos legales y para julio se espera el fallo del Tribunal Superior de Londres sobre la legalidad del plan. El juez rechazó la semana pasada los recursos que pedían medidas cautelares contra las deportaciones, una decisión respaldada el lunes por la Corte de Apelaciones.  

Los recursos legales de los solicitantes de asilo que iban a ser expulsados el martes por el Reino Unido en un vuelo a Ruanda han impedido la salida del avión, que esperaba desde hace horas la luz verde para despegar. La ONG Care for Calais, al igual que los medios británicos, han informado poco después de las 22.00 hora local (21.00 GMT) de que ya no quedaba ninguna persona dentro del avión gracias a la acción de la Justicia y que por tanto el vuelo no saldrá del aeródromo militar Boscombe Down, en Amesbury (oeste de Inglaterra).

En las últimas horas, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha ordenado la paralización de la expulsión de varias de las siete personas que debían ir a bordo del primer vuelo de estas características, que ha provocado la polémica en el Reino Unido y el rechazo desde el príncipe Carlos, heredero de la Corona, hasta la cúpula de la Iglesia Anglicana.

En su decisión de paralizar la expulsión del solicitante de asilo identificado como K.N, de nacionalidad iraquí y nacido en 1968, el TEDH resuelve que el hombre “no debe ser expulsado hasta que expire un periodo de tres semanas tras la decisión final en la revisión judicial que está teniendo lugar”. Se espera que los tribunales ingleses decidan en julio si la deportación de los solicitantes de asilo a Ruanda, gracias a un programa acordado con el gobierno de ese país, se ajusta a la ley y puede continuar.

La corte de Estrasburgo ha tomado en consideración la preocupación sobre estas expulsiones expresada por el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y también la ausencia de un mecanismo legal que obligue al Reino Unido a aceptar a K.N. en su territorio si su solicitud de asilo tiene éxito. El TEDH reconoció que este tipo de decisiones cautelares solo se conceden “de forma excepcional, cuando los solicitantes de otro modo sufrirían el riesgo de daño irreversible”.

El secretario general de la ONU, António Guterres, lamentó este martes el plan del Reino Unido para enviar a Ruanda a demandantes de asilo que llegan a su territorio de forma irregular y confió en que ningún otro país siga su ejemplo.

El Gobierno británico persistirá en sus planes

La ministra británica del Interior, Priti Patel, se ha mostrado “sorprendida” por la intervención del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para paralizar la deportación de un grupo de solicitantes de asilo a Ruanda, aunque ha asegurado que no se dejará “disuadir” en su empeño de expulsar a los solicitantes de asilo.

En un comunicado después de que la Justicia impidiese el despegue del primer vuelo de esas características a Ruanda, Patel calificó de “sorprendente” la intervención del TEDH “pese a los repetidos éxitos en nuestros tribunales nacionales”. “No nos disuadirán de hacer lo correcto y llevar a cabo nuestros planes para controlar las fronteras de nuestro país”, ha dicho la ministra, que pergeñó el acuerdo con el Gobierno de Ruanda para que ese país africano acoja a los solicitantes de asilo que entraron en Reino Unido irregularmente.

Ha asegurado también que el equipo legal de su departamento está evaluando la situación y que “muchos de los que han sido sacados de este vuelo irán en el siguiente”, cuya preparación “empieza ahora”.

La Ertzaintza ha detenido este jueves en Donostia al que fuera miembro de ETA Xabier Atristain, según ha informado el Departamento de Seguridad a Europa Press. El arresto llega después que el que Tribunal Supremo haya rechazado su petición de revisar su condena tras el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que consideró vulnerado su derecho a un proceso con todas las garantías al no haberse motivado suficientemente la decisión judicial que le impidió designar a un abogado de su elección durante un interrogatorio policial.

Los magistrados del Supremo han considerado que, aun prescindiendo de las declaraciones afectadas por la vulneración apreciada por el TEDH, existen otras pruebas por las que se hubiera podido llegar a la misma conclusión sobre los hechos que fundamentan su condena. Por ello, han concluido que en este caso no procede revisar la sentencia. En un auto firmado este pasado mismo miércoles, la Sala de lo Penal ha desestimado el recurso de revisión que presentó Atristain y ha confirmado la resolución por la que se le condenó a 17 años de prisión por un delito de pertenencia a organización terrorista y tenencia de armas y explosivos.

El Supremo ha adoptado esta decisión después de que la Fiscalía se opusiera a admitir el recurso de Atristain. Los magistrados han defendido que -aun sin la declaración que el miembro de ETA prestó en sede policial- la convicción sobre la existencia de los explosivos y armas se asienta en otras fuentes de prueba distintas. Además, ha recordado que el TEDH obligó ya a España a indemnizar a Atristain con 12.000 euros en concepto de daño moral y 8.000 por costas y gastos para reparar el daño causado con la vulneración de sus derechos, subrayando que Estrasburgo no realizó argumentación alguna que permita “una mayor actuación para la reparación”.

Así, como lo leen. Así parece que anda la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, a tenor de lo publicado el pasado 14 de mayo por el diario ABC. ¡Qué desastre! ¡Qué ataque a la justicia, al derecho, a las siempre injustas víctimas de tan tremendos delitos y a la sociedad en general!

En serio lo digo porque, ciertamente, sería un desastre que fuera de este modo. Pero ocurre que las cosas no son exactamente así o, mejor dicho, no son en absoluto así. Afortunadamente no lo son, pues sería una hecatombe que un tribunal fuera manejado y empujado por uno de sus miembros, salvo que ese empuje trate de aplicar la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos –TEDH–, una jurisprudencia que el magistrado De Prada conoce a la perfección.

Todo este aparente –y muy intencionadamente buscado lío– deriva de dos sentencias dictadas recientemente por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en las que se absuelve a los (ex)miembros de ETA Gorka Palacios Alday y Juan Carlos Iglesias Chouza, alias “Gadafi”, de sendos delitos de atentado en Madrid, con una veintena de personas heridas, y de asesinato por cinco disparos de un agente de la Guardia Civil en Bilbao. Sentencias según las cuales ni Palacios ni “Gadafi”, en el tiempo de su detención policial, tuvieron derecho a defensa letrada de su libre designación y ambos estuvieron incomunicados sin que se justificara esta restricción más allá de la general previsión legal, lo que ha llevado al Tribunal a tales absoluciones, por considerar que no existía prueba válida para las condenas. Y ha de añadirse que, según estas sentencias, incluso si no se hubiera aplicado la doctrina del TEDH, tampoco habría habido base suficiente para las condenas según el resultado de las pruebas practicadas en el juicio oral. Pero, desde luego, no ha sido una “ocurrencia” del magistrado de Prada, no –aunque habría podido ser una muy buena, cabal y profundamente argumentada “ocurrencia” desde este punto de vista jurídico–.

Y es que resulta que el TEDH ha dictado, también recentísimamente, una sentencia –ya firme– según la cual España vulneró el derecho a un proceso justo de quien fuera miembro de ETA, Xabier Atristrain. Vulneración que se habría producido por la aplicación en determinada forma del régimen de incomunicación de cinco días previsto en nuestro ordenamiento jurídico para las personas detenidas por delitos de terrorismo. Aplicación de la incomunicación que el Tribunal de Estrasburgo entiende vulneró el “derecho a un proceso justo y equitativo” y al “derecho a defenderse” de dicho ciudadano. Lo que el TEDH sustenta en que las declaraciones realizadas por Atristrain en el tiempo de la detención en sede policial fueron una base significativa para su condena y que su derecho a la defensa resultó irreparablemente perjudicado.

Al hilo de esta sentencia se ha producido un debate –recurrente ya– sobre el alcance de la doctrina sentada por el TEDH, esto es, si solo es aplicable al caso resuelto o si también es extensible a otros casos. Lo que no cabe ni siquiera pretender solucionar en este espacio, sino que es –una vez más– cuestión a determinar por el Tribunal que, en cada caso, deba resolver respecto de las alegaciones que se realicen en ese sentido. Lo que la Audiencia Nacional deberá hacer en cada ocasión. Y no entro en detalles sobre la solución correcta porque no soy, en modo alguno, una experta en el tema.

Pero lo que me preocupa no es la concreta respuesta a un dilema jurídico –jurídico puro, sí, pero teniendo en cuenta en su integridad la normativa supranacional e internacional y su interpretación judicial–. Me inquieta el tenor del debate y los términos en que se plantea. Me desasosiega que se genere la idea –absurda y, por tanto, falsa– de que las cosas puedan ser como el ABC y otros medios las cuentan. 

De un lado, porque, con independencia del alcance que se pueda dar a esta doctrina del TEDH, se está contraponiendo el derecho –en la integral interpretación dada por este Tribunal– a una idea concreta de “justicia” que no puede sostenerse ya desde el punto de vista del respeto a los derechos humanos de todas las personas. 

De otro lado, porque no puede admitirse que sea creíble que ningún miembro de ningún tribunal pueda ser “empujado” a firmar una resolución de tal calado –ni de ningún calado, la verdad–, salvo que el “empujón” proceda de una instancia como el TEDH. Y, desde luego, no solo en estos casos, sino en cualesquiera otros, quienes juzgan y deciden tienen mi respeto –alguien dirá que “corporativista”–, aunque pueda hacer crítica jurídica –ojo, jurídica– de su decisión. 

Crítica que, en esta ocasión, por parte de tales medios, ha superado –una vez más en el caso del magistrado de Prada– todos los límites. Pues, en los términos que el propio ABC refiere, este juez “utiliza un fallo europeo a favor de un preso de ETA para exonerar a otros”, “empuja a la Audiencia Nacional a absolver etarras” o “tensiona a la Audiencia”, de modo que lo que acontece es que se habría interpretado de manera utilitarista, en un determinado sentido, el alcance de esta doctrina del TEDH. 

Y, sin embargo, desde el mismo elemental sentido común, ya ven, ni puede razonablemente entenderse que el magistrado “empujador” tenga poderes extrasensoriales distintos de un extraordinario conocimiento del derecho –en toda su amplitud– que le permitan manejar un tribunal, ni puede admitirse el menosprecio hacia el resto de sus miembros o la consideración de que sean personas ignorantes, timoratas o manipulables y que puedan dejarse “empujar” sin un buen y fundamentado impulso jurídico. No se olvide que cada sentencia de las comentadas ha sido firmada por los tres miembros del Tribunal y que, en consecuencia, cada cual responde íntegramente de la decisión.

Sin dejar de lado el nada despreciable detalle del recorrido judicial que aún les queda a estas sentencias –comenzando por el recurso de casación ante el Tribunal Supremo–, en el que, sin prejuzgar ahora absolutamente nada, habrá de resolverse la cuestión controvertida.

En cuanto al furibundo –y, en mi opinión, manifiestamente injusto– ataque personal que contiene el artículo que ha dado pie a este comentario, poco cabe decir. Como ya ha expresado en un comunicado la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia, a la que pertenezco –no lo oculto, claro–, son descalificaciones personalizadas totalmente intolerables y no amparadas por los derechos a la libertad de expresión y de información. 

Solo es de esperar –y espero, aunque con poca convicción, qué se le va a hacer, que no sea demasiado tiempo– que el CGPJ reaccione ante un ataque de este calibre a todo un Tribunal, aunque no provenga propiamente de un poder del Estado sino de un muy poderoso poder social.

La máxima autoridad judicial europea en materia de derechos humanos y libertades fundamentales, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha admitido a trámite una demanda contra el Estado español por vulnerar la libertad de expresión y la libertad de reunión y manifestación. La registró el sindicato gallego Central Unitaria de Traballadores (CUT) en octubre del pasado año, después de que la justicia española le prohibiese realizar la marcha del Primero de Mayo de 2020 al argumentar que prevalecía el derecho a la salud. Que el sindicato se comprometiese a no incumplir ninguna de las restricciones entonces vigentes debido a la epidemia de coronavirus –de hecho, planteaban manifestarse con una caravana de automóviles, una persona en cada vehículo– no sirvió de nada.

La CUT llevó su iniciativa hasta el Tribunal Constitucional. Este, reunido de urgencia el 30 de abril de 2020, ratificó entonces la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y señaló en un auto que no se daban “las circunstancias que permitan el ejercicio del derecho de reunión por la situación de pandemia”. La primera negativa la había dado la Delegación del Gobierno en Galicia, a la que la central había comunicado once días antes su intención de organizar una protesta en coche durante el Día de los Trabajadores en Vigo. Ni siquiera la circunstancia de a finales de abril haber comenzado ya la primera desescalada de medidas contra el COVID hizo que la administración permitiese el acto. Ni que se comprometiese a “atender a cualquier otro indicación desde el Gobierno o las autoridades sanitarias” al ser “consciente del contexto sanitario”.

“La relación entre el derecho a la vida y el de reunión exige una ponderación por la que, ante la falta de las garantías de seguridad en una situación de máximo contagio, ha de primar el primer derecho”, escribió el Constitucional, antes de añadir que “el derecho de manifestación no es, como no lo es ninguno, un derecho ilimitado”. La CUT recuerda en su demanda ante el Tribunal Europeo que entonces el Tribunal Superior de Justicia de Aragón sí autorizó una caravana idéntica organizada por la Intersindical de Aragón, además de dispositivos similares “para animar a la población”, mayormente confinada durante aquellas semanas.

En la exposición de hechos de la denuncia, el sindicato concluye que, por primera vez en sus más de 20 años de historia, “en un contexto de clara oposición al gobierno por la destrucción de puestos de trabajo, no pudo realizar su manifestación por haber sido declarada prohibida por dicho Gobierno”. Durante la rueda de prensa de este lunes en la que hizo público el movimiento de la Sección Tercera del TEDH, el sindicato afirmó que “la admisión a trámite caracteriza a la perfección la farsa institucional existente en el poder judicial del Estado español. El sacrificio gratuito de derechos colectivos en el Estado, lleno de magistrados que son meras correas de transmisión de los intereses de su partido, debe ser otra vez corregido por instituciones externas”.

La demanda ha sido admitida a trámite, algo no muy habitual. Fuentes del sindicato cifran en más del 90% las rechazadas ya en primera en instancia. En este caso, la corte europea inadmitió uno de los tres supuestos invocados por la CUT, el referido al artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, sobre el derecho a un proceso justo. Pero sí asumió los otros dos, que remiten a los apartados 10 –libertad de expresión– y 11, libertad de reunión y asociación. Según el reglamento del TEDH, ahora comienza una fase “no contenciosa” en la que las partes disponen hasta el 13 de enero de 2022 para llegar a un acuerdo amistoso sobre el fondo del asunto. Para ello, las partes deben responder a tres preguntas. La primera, si “puede el demandante ser víctima de la presunta violación de los artículos 10 y 11”. La segunda, si el demandante “sufrió una injerencia en sus derechos de libertad de expresión o reunión”. Y la tercera, si la prohibición de la manifestación fue “proporcionada a los fines legítimos perseguidos” o podría alcanzarse “el mismo o comparable resultado con medidas menos estrictas”.

De no haber pacto, el Estado español tendrá 12 semanas para presentar sus alegaciones. Entonces comienza la fase contenciosa. De haber sentencia, que fuentes conocedoras del proceso consideran altamente probable al haber superado el trámite de la admisión, existe una instancia de apelación, la llamada Gran Sala del TEDH.

Gonzalo Durán, el alcalde de Vilanova de Arousa (Pontevedra) por el PP, no se conforma con la sentencia firme de la Audiencia Provincial que lo condena por un delito de “falta de respeto y consideración debida a la autoridad”. Lo cometió, según la Justicia, cuando llamó “chacha para todo” a la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva (PSOE). El regidor ha anunciado que va a presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Si no prospera, tiene pensado el paso siguiente: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Ha informado de sus decisiones a través de un comunicado del Ayuntamiento publicado un día después de que se conociese que la Audiencia Provincial desestimaba el recurso presentado contra la condena y ratificaba la pena. La nota de prensa indica que Durán considera que se está vulnerando su derecho fundamental a la libertad de expresión. “Dado que el derecho a la libertad de expresión está previsto y tutelado por los diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que es parte España, de no obtenerse el amparo del Tribunal Constitucional se interpondría el consiguiente recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, indica.

El regidor de Vilanova ha rechazado, a lo largo del proceso judicial, pedir disculpas y ha considerado que hay una “persecución política” contra él. Dijo incluso que la condena no se debía a la parte de sus afirmaciones en las que llama a la representante política “chacha para todo”, sino a que, a continuación, se refirió al alcalde de Vigo, Abel Caballero, como “anciano”.

El fallo judicial, sin embargo, considera que las declaraciones “evidencian una falta de respeto o menosprecio hacia el principio de autoridad representado por la presidenta de la Diputación de Pontevedra, que excede el normal ejercicio del derecho fundamental de libertad de expresión”. La condena es un mes de multa con una cuota diaria de 12 euros“.

En el comunicado del Ayuntamiento de Vilanova, el teniente de alcalde descarta que Durán vaya a presentar la dimisión.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha fallado este martes que el envenenamiento mortal en 2006 de Aleksander Litvinenko con polonio 210, en Reino Unido, “es imputable a Rusia”, tras la negativa a enviar los documentos de la investigación y al “no refutar la posible implicación del Estado”.

La sentencia concluye así que Rusia violó el derecho a la vida (que está protegido por el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos) de Litvinenko, tanto en el aspecto material como procesal, ya que las autoridades rusas “no realizaron una investigación interna efectiva”.

El Tribunal de Estrasburgo ha apoyado la investigación británica, que concluyó que los rusos Andrei Lugovoi y Dimitri Kovtun se reunieron en tres ocasiones en 2006 con Litvinenko y en todas ellas se hallaron restos de polonio 210. La primera fue la cena en un restaurante, tras la cual el exespía del KGB ya tuvo vómitos. La segunda fue en encuentro entre Litvinenko y Lugovoi, y en la tercera quedaron los tres para tomar un té en el bar del hotel donde se hospedaban.

Litvinenko, que había obtenido en 2001 asilo en Reino Unido, murió el 23 de noviembre de 2006 por un envenenamiento por radiación “causado por concentraciones muy elevadas de polonio 210 que había entrado en su cuerpo a través de un compuesto soluble”, según ha recogido la sentencia de Estrasburgo a partir de la investigación británica.

“Bajo órdenes” rusas

Lugovoi y Kovtun fueron acusados de asesinato en Reino Unido y se solicitó su extradición. El primero fue elegido diputado en la Duma rusa en 2007 y contó con inmunidad parlamentaria. La entrega del segundo fue rechazada por Moscú. El fiscal general de Rusia abrió una investigación penal “de la que apenas se tiene información”, según el fallo del Tribunal de Estrasburgo, que ha recordado que el Gobierno ruso “se ha abstenido de aportar la información reclamada”.

La investigación británica “reveló las motivaciones que podrían haber llevado al Estado ruso a desear la muerte de Litvinenko y la existencia de vínculos entre Lugovoi y Kovtun y las autoridades rusas”. Además, establece que ambos “actuaron bajo las órdenes” de los servicios de inteligencia rusos (FSB).

Según el fallo, Rusia tendrá que indemnizar con 100.000 euros por daños morales y 22.500 por gastos y honorarios a la demandante, la viuda de Litvinenko, Maria Anna Carter (Marina Litvinenko), ruso-británica nacida en 1962 y residente en Londres.

La sentencia de la Sala Tercera de la Corte europea ha contado con el voto contrario del juez ruso, Dimitri Dedov.

Por su parte, Moscú no ha aceptado esta decisión del TEDH. “Es poco probable que el TEDH tenga competencias y capacidades tecnológicas para tener información sobre ese asunto”, ha dicho el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria. Peskov ha agregado que los resultados de la investigación del “caso Litvinenko” aún “no están”, por lo que sacar conclusiones es algo “infundado”.

A la pregunta sobre si Rusia aceptará la decisión del TEDH, Peskov ha respondido: “No estamos dispuestos a hacer caso a estas decisiones”.

Envenenamiento de Serguéi Skripal

Este martes también ha habido avances en el caso de los envenenamientos del exagente ruso Serguéi Skripal y su hija Yulia en la localidad de Salisbury (sur de Inglaterra) en marzo de 2018. Un tercer espía ruso, identificado como Denis Sergeev, ha sido acusado de estar implicado, según ha informado la Policía británica.

Sergeev, que en Reino Unido empleaba el alias Sergey Fedotov, se enfrenta a varios delitos que incluyen el intento de asesinato de Skripal y Yulia y del expolicía Nick Bailey por envenenamiento con el agente químico Novichock, un caso que desencadenó una crisis diplomática entre Londres y Rusia.

“El equipo investigador ha recabado evidencias que sugieren que Petrov, Boshirov y Fedotov han trabajado juntos previamente y en nombre del Estado ruso en operaciones llevadas a cabo fuera de Rusia”, ha indicado este martes el subcomisario Dean Haydon, coordinador nacional de la unidad antiterrorista del Reino Unido.

En concreto, la policía acusa a Sergeev de siete delitos, entre ellos tres de intento de asesinato y conspiración para asesinar a Skripal, el de ocasionar daños físicos con intención a Yulia y al agente Bailey, así como posesión y uso de un arma química.

Se trata de los mismos cargos por los que ya rinden cuentas otros dos sospechosos en el incidente ya identificados por la policía en 2018: Alexander Mishkin, que se hacía llamar Alexander Petrov en este país, y Anatoliy Chepiga, que utilizaba la identidad de Ruslan Boshirov en Reino Unido.

Los investigadores han vinculado pruebas que relacionan a los tres sujetos con los servicios de inteligencia militar rusa -GRU- y que demuestran que el trío estuvo antes implicado en operaciones similares en otros países como Bulgaria y la República Checa.

“Los tres son individuos peligrosos. Han intentado asesinar a personas en el Reino Unido, y han traído armas químicas extremadamente peligrosas a este país por medios desconocidos”, ha señalado Haydon. La cantidad de Novichok encontrada en un frasco de perfume era “bastante significativa y si se hubiera puesto en circulación entre la ciudadanía, sin duda habría matado a cientos, sino a miles de personas”, ha recordado el subcomisario.

No habrá extradición

Sergeev aterrizó en el aeropuerto británico de Heathrow el 2 de marzo de 2018 en un vuelo procedente de Moscú y llegó al país unas cuatro horas antes de que lo hicieran Mishkin y Chepiga. Los tres hombres se vieron varias veces los días previos al envenenamiento, tanto en el exterior como en locales cerrados y Sergeev no abandonó Londres.

Por su parte, Nick Price, responsable de la División antiterrorista especial de crimen y antiterrorismo de la Fiscalía británica, ha confirmado este martes que este país no solicitará a Rusia la entrega de Fedotov “pues la Constitución rusa no permite la extradición de sus propios nacionales y Rusia lo ha dejado claro tras peticiones de extradición en otros casos”.

La residencia oficial de Downing Street ha informado este martes de que el Ministerio de Exteriores abordará este asunto este martes con el embajador ruso en el Reino Unido, Andrei Kelin. “Siempre hemos dicho que esta no fue operación clandestina y solo el Estado ruso tenía los medios técnicos, la experiencia y los motivos para llevar a cabo este ataque”, ha señalado un portavoz de Downing Street, y ha resaltado que Reino Unido hará todo lo posible por extraditar a los responsables si salen de Rusia.