La magistrada Carolina García Durrif ha comunicado al expolítico Íñigo Errejón que no admite su personación en las diligencias previas abiertas tras la denuncia de una segunda actriz contra él por una presunta agresión sexual dado que las mismas han sido archivadas este lunes después de que “la víctima no ratificara su denuncia”.

En la providencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, la jueza de la Sección de Violencia sobre la Mujer Plaza número 12 indica que, no obstante, “le hace saber” a través de su letrada de la denuncia presentada contra él y del archivo de la misma. En este sentido, también se dirige en la misma resolución a la Asociación de Defensa Integral de Víctimas de Delito Especializa de que tampoco acepta su personación como acusación popular por idéntico motivo y dada la naturaleza del delito perseguido.

Este mismo lunes la magistrada también ha notificado su auto de archivo, en el que recuerda que la representación legal de la víctima solicitaba como medida de protección que se le “otorgara la condición de testigo protegido conforme a los dispuesto en la ley orgánica 19/1994 de protección de testigos y peritos en causas criminales, a fin de preservar su identidad y datos personales, para evitar los riesgos que su condición de personaje público pudieran producir en su persona”.

Y explica que, “citada la denunciante a fin de resolver, previa identificación, sobre la proteccion solicitada y proceder a la ratificación de la denuncia, llegado el día señalado, compareció el letrado que refería ostentar su representacion letrada -Alfredo Arrién-, no compareciendo en efecto la denunciante”.

La jueza indica que solo se conocen las iniciales de la víctima y que pudiendo acudir a ratificar la denuncia no lo hizo, compareciendo en su lugar su abogado “quien refería ostentar su representacion letrada, sin que este extremo se haya podido comprobar al no haber comparecido la denunciante a ratificar dicha designación”.Y añade que el letrado le trasladó que había hablado con su cliente y que ésta le había transmitido no iba a comparecer porque “tenía más que perder que ganar”.

Ante eso, dado que no se ratificó la denuncia, dado que se desconoce su identidad y puesto que no es demostrable que Arrién ostente la representación de la víctima, la jueza indica que no le queda otra que, “constatada la ausencia de voluntad de denunciar los hechos por parte de la víctima, ”archivar el procedimiento por falta del requisito de procedibilidad para poder investigar los hechos“. Con todo, advierte de que la resolución no es firme y contra la misma cabe recurso de reposición, ante la propia juez, o de apelación, diréctamente ante la Audiencia Provincial.

Fue el viernes pasado cuando trascendió que la actriz que denunció a finales de febrero al exdiputado no ratifacaba ante la jueza su denuncia en la que relataba que había sido violada por él. Esta denuncia suponía la segunda causa abierta contra el expolítico dado que se sumaba a la presentada por la intérprete Elisa Mouliaá. Fuentes del entorno de la víctima señalaron a elDiario.es que en su decisión de no acudir a ratificar su acusación pesó el miedo a ser identificada en el proceso judicial que se abría.

Antes, el pasado 24 de febrero, se conoció que había presentado esa denuncia contra el expolítico acusándole de un delito de agresión sexual. En su escrito solicitaba al juzgado tener el estatus de “testigo protegido” para reservar su identidad dado que es un personaje de relevancia pública y, si se desvelaran sus datos personales, “supondría un riesgo real, concreto y grave para su derecho fundamental a la intimidad y a la propia imagen”.

El relato que recoge la denuncia

En el relato de hechos de la denuncia se recogía que la presunta violación tuvo lugar el 16 de octubre de 2021 en el domicilio del expolítico y después de haber participado ambos en una fiesta en Móstoles en la que consumieron “alcohol y cocaína”. Hasta llegar a ese punto hubo una relación previa entre ambos que cuajó en Instagram, donde mantuvieron conversaciones privadas por mensajería. Tras varias semanas, él propuso seguir hablando por Telegram dado que esta 'app' permite programar la destrucción de las conversaciones, siempre según esa denuncia que no ha sido ratificada ante la Justicia.

En septiembre de 2021, la actriz y el político decidieron verse en persona por primera vez. «El encuentro tuvo lugar en el domicilio del denunciado, donde conversaron y consumieron bebidas. Durante dicho encuentro se produjo un acercamiento de carácter intimo, consistiendo exclusivamente en besos, sin que existiera penetración ni otro tipo de relación sexual», explicaba la denuncia para puntualizar que, desde el inicio, Errejón “comenzó a manifestar conductas de carácter controlador y celoso” y que esto derivó en que buscó tener poder de decisión sobre cómo vestía o tener acceso a su ubicación en tiempo real.

La denuncia, tras estos antecedentes llega al 16 de octubre de 2021, y describe pormenorizadamente todos los pasos que llevaron a esa violación, resaltando que ella manifestó reiteradamente y de forma expresa su negativa a mantener relaciones sexuales, y añadiendo que Errejón llegó a “intimidarla de manera directa y eficaz” con expresiones como “si gritas será peor” o “si te resistes será peor”.

La actriz que denunció a finales de febrero al exdiputado Íñigo Errejón no ha ratificado ante la jueza su denuncia en la que relataba que había sido violada por él. Ahora, el asunto queda abocado al archivo, y eso a pesar de que hace escasos días la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 12 de Madrid había admitido a trámite la denuncia, en lo que suponía la segunda causa abierta contra el expolítico dado que se sumaba a la presentada por la intérprete Elisa Mouliaá. Fuentes del entorno señalan que en su decisión ha pesado el miedo a ser identificada en el proceso.

Según adelanta The Objective y ha confirmado en fuentes de la representación legal de la presunta víctima elDiario.es, desde el despacho de Paredes y Asociados advierten de que la decisión de la actriz puede no ser definitiva e intentarán seguir adelante. Cabe recordar que en el otro caso, Mouliaá también decidió dar un paso atrás y renunciar a ser acusación particular, si bien posteriormente se retractó de esa decisión y siguió adelante como parte personada en la causa contra Errejón.

En el caso de la segunda denunciante, fue el pasado 24 de febrero cuando trascendió que había presentado una denuncia contra el expolítico acusándole de un delito de agresión sexual. En su escrito solicitaba al juzgado tener el estatus de «testigo protegido» para reservar su identidad dado que es un personaje de relevancia pública y, si se desvelaran sus datos personales, «supondría un riesgo real, concreto y grave para su derecho fundamental a la intimidad y a la propia imagen». Según El Confidencial, la actriz ha sufrido un “ataque de pánico” por las consecuencias que tendría para ella el caso.

Fuentes de la defensa de Errejón indican que en este asunto el político “nunca ha tenido la condición de investigado” y que la no ratificación ante la jueza por parte de la presunta víctima no les sorprende porque todo hacía presumir que los fines de la misma eran “más televisivos que de justicia material, a fin de reforzar la debilitada credibilidad social y mediática de la Sra. Mouliaá en relación con su propio procedimiento”.

El relato de hechos

En el relato de hechos de la denuncia se recogía que la supuesta violación tuvo lugar el 16 de octubre de 2021 en el domicilio del expolítico y después de haber participado ambos en una fiesta en Móstoles en la que consumieron alcohol y cocaína. Pero hasta llegar a ese punto hubo una relación previa entre ambos que cuajó en Instagram, donde mantuvieron conversaciones privadas por mensajería. Tras varias semanas, él propuso seguir hablando por Telegram dado que esta app permite programar la destrucción de las conversaciones, siempre según esa denuncia que no ha sido ratificada ante la Justicia.

En septiembre de 2021, la actriz y el político decidieron verse en persona por primera vez. «El encuentro tuvo lugar en el domicilio del denunciado, donde conversaron y consumieron bebidas. Durante dicho encuentro se produjo un acercamiento de carácter intimo, consistiendo exclusivamente en besos, sin que existiera penetración ni otro tipo de relación sexual», explicaba la denuncia para puntualizar que desde el inicio Errejón “comenzó a manifestar conductas de carácter controlador y celoso” y que esto derivó en que buscó tener poder de decisión sobre cómo vestía o tener acceso a su ubicación en tiempo real.

La denuncia, tras estos antecedentes llega al 16 de octubre de 2021, y describe pormenorizadamente todos los pasos que llevaron a esa supuesta violación, resaltando que ella manifestó reiteradamente y de forma expresa su negativa a mantener relaciones sexuales, y añadiendo que Errejón llegó a “intimidarla de manera directa y eficaz” con expresiones como “si gritas será peor” o “si te resistes será peor”.

Una segunda mujer ha denunciado a Íñigo Errejón por una presunta agresión sexual en octubre de 2021 en el domicilio del exdiputado. Su abogado, Alfredo Arrien Paredes —el mismo que eligió Elisa Mouliaá—, ha solicitado al juzgado que se proteja la identidad de la denunciante.

En la denuncia interpuesta ante los jugados de violencia sobre la mujer de Madrid, a la que ha tenido acceso EFE y que fue adelantada en Cuatro, el abogado de esta nueva denunciante relata que en 2021 comenzó su contacto con Errejón primero por redes sociales, luego mediante Telegram y finalmente en persona. Tras un par de encuentros a ella le pareció que él era controlador, y cita como ejemplo que quería saber dónde estaba ella, y descubrió que tenía pareja a pesar de que se lo había negado.

Según su relato, el 16 de octubre de 2021 estaba en una boda y Errejón le propuso que fuera con él a una fiesta en Móstoles (Madrid), pagándole el taxi para que fuese, y allí, tras beber y consumir cocaína ambos, según el relato de la denuncia, Errejón tuvo “comportamientos que podían interpretarse como controladores, celosos o posesivos”. Mantuvieron un encuentro sexual y luego fueron a la casa de él, y asegura que tanto en el trayecto como en el piso Errejón la obligó a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento, llegando a decirle “si gritas será peor” o “si te resistes será peor”.

La denunciante se fue del domicilio y luego volvió a ver a Errejón una vez más, y al ver que persistía en su comportamiento controlador no volvió a quedar, dice la denuncia, según EFE. Luego sufrió ataques de ansiedad y tuvo que comenzar un tratamiento psicológico.

El texto detalla que este miércoles, 24 de febrero, la denunciante fue a la Policía Nacional a interponer la denuncia pero, “dado que los agentes tenían obligación de introducir los datos en el sistema Viogén, al cual tienen acceso numerosos profesionales de distintos ámbitos”, instaron al letrado a acudir directamente ante la Sección de Violencia de Violencia sobre la Mujer del tribunal de Instancia de Madrid, para preservar el anonimato.

Desde el entorno del exdiputado han asegurado que es “una mera denuncia anónima y de hechos inciertos”. Y critican que, aunque el abogado haya pedido preservar la intimidad de la mujer, fue “a un programa de prime time para leer en directo” la denuncia. “Todo hace presumir que los fines de esa denuncia son más televisivos, que de justicia material, a fin de reforzar la debilitada credibilidad social y mediática de la señora Mouliaá en relación con su propio procedimiento”, añaden esta fuentes.

En caso de Mouliaá, la Audiencia de Madrid tiene que pronunciarse sobre el último recurso presentado por el exdirigente político. La defensa del exportavoz de Sumar recurrió la resolución en la que el magistrado Adolfo Carretero informaba de que la actriz continuaba como acusación en el procedimiento, después de que este órgano judicial preguntase al respecto tras el primer anuncio de Mouliaá de que dejaba el caso.

Este procedimiento ha sufrido varios giros, después de que la actriz anunciase en redes sociales que retiraba su acusación contra el también cofundador de Podemos por motivos personales y de salud, aunque aclaró que no se retractaba de los hechos que denunció en 2024. Carretero le pidió presentar su escrito de renuncia debidamente, es decir, firmado por su abogado o procurador, si bien a los días la actriz cambió de parecer y anunció que seguía adelante. “Ahora sí que voy a ir hasta el final”, dijo hace dos semanas ante la prensa, tras informar al juez de que continuaba como acusación, al considerar que la decisión de la Fiscalía de pedir la absolución de Errejón “no puede quedar impune”. En consecuencia, el juez Carretero continuó adelante con el procedimiento y citar al exdirigente político, si bien finalmente ha suspendido la citación.

Esta causa se remonta a finales de octubre de 2024, cuando Elisa Mouliaá denunció públicamente en la red X haber sido víctima de acoso sexual por parte de Errejón. Ese mismo día presentó denuncia ante la Policía, relatando tres episodios de agresión sexual ocurridos en una noche de septiembre de 2021. Errejón dimitió de todos sus cargos políticos.

En paralelo a este procedimiento, el exportavoz de Sumar mantiene una querella por presuntas calumnias contra Elisa Mouliaá, que se sigue en otro juzgado de Madrid.

El juez Adolfo Carretero sigue adelante con los trámites del procedimiento abierto contra Iñigo Errejón tras la decisión de Elisa Mouliaá de mantener la acusación de abuso sexual contra él. En un auto fechado este jueves, el magistrado da por “no ratificada” la renuncia que anunció la actriz en un primer momento. En consecuencia, rechaza la petición de archivo formulada por el exdiputado y le cita el próximo martes 17 de febrero para notificarle la apertura de juicio oral. 

El pasado 4 de febrero, Mouliaá anunció en sus redes sociales que había comunicado al juzgado que se retiraba del procedimiento por “razones estrictamente personales y de salud”. El escrito, sin embargo, no estaba firmado por su abogado y su procurador, por lo que no tenía validez a efectos procesales. Apenas seis días después, la actriz cambió de criterio y su letrado acudió al juzgado para dejar “sin efecto” una renuncia que nunca se había ratificado formalmente.

Por tanto, el procedimiento sigue ahora su curso como si la denunciante no hubiera realizado ninguno de estos movimientos. Errejón está citado de nuevo para recoger el auto de apertura de juicio oral y la Audiencia Provincial, que es la instancia superior, tiene previsto fijar una nueva fecha para resolver los recursos presentados tanto por él como por la Fiscalía contra la decisión del juez instructor de sentar al exdiputado en el banquillo.

La Audiencia Provincial se reunió el pasado lunes para deliberar sobre estos recursos. Sus magistrados, sin embargo, optaron por dirigirse a Carretero para pedirle que aclarase si había recibido el escrito por el que la actriz comunicó que renunciaba a la acusación e instándole a aclarar si había tomado alguna decisión al respecto.

Ante los medios, Mouliaá explicó esta semana que su cambio de criterio se debía al reciente escrito de conclusiones en el que la Fiscalía afirma que “no hay delito” y que pedirá su absolución en caso de que la causa llegue a juicio. “He decidido que voy a continuar adelante en el procedimiento porque es deleznable que la Fiscalía haya escrito un escrito de absolución diciendo que además sí hubo consentimiento”, afirmó la actriz.

El Ministerio Público sostiene que no hay pruebas de que Errejón “fuera consciente por los hechos anteriores y por la forma en la que actuó la denunciante” de que ella no deseaba esa relación. En su escrito de conclusiones, del pasado enero y conocido esta semana, la fiscal afirma que la actriz no puso “oposición” cuando el exdiputado le dio un primer beso y que, después, él accedió cuando ella le dijo que parara porque no le estaba agradando un encuentro sexual debido a la “premura” y “vehemencia” con la que él estaba actuando. 

El juez instructor, sin embargo, consideró que los hechos pueden ser constitutivos del antiguo delito de abuso sexual porque el exdiputado de Sumar “no empleó la violencia o intimidación”. Los hechos denunciados por la actriz se remontan a octubre de 2021, antes de la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí que integró toda la violencia sexual bajo la denominación de agresión.

En su denuncia, Mouliaá relató haber sufrido tocamientos, besos no consentidos y comentarios de índole sexual por parte de Errejón al menos en tres ocasiones en la misma noche de octubre de 2021, antes, durante y después de una fiesta a la que acudieron en casa de unos amigos de ella. Errejón reconoció que quedó con Mouliaá, pero insistió en que todo fue consentido.

En su resolución, el juez Carretero otorgó credibilidad al relato de la denunciante, que constituye el principal “indicio probatorio” ante la ausencia de testigos presenciales de unos hechos que se habrían producido en la intimidad. El magistrado considera que su declaración fue “coherente en lo esencial” aunque no recordara algunos “detalles secundarios”, como si la habitación donde se habrían producido parte de los tocamientos tenía o no pestillo.

El magistrado admitió que la sometió a un “largo y exhaustivo” interrogatorio, en el que llegó a preguntarle si había denunciado por despecho. Y que ella “mantuvo la coherencia” y explicó que si no respondió a uno de los presuntos abusos —como sí hizo ante el tercer episodio— fue porque estaba “aturdida” y “bloqueada” ante la situación

Elisa Mouliaá cambia de criterio y anuncia ahora a los medios que seguirá como acusación particular en el procedimiento por abuso sexual contra el exdiputado Íñigo Errejón. Ante las puertas de los juzgados de Plaza Castilla, la actriz ha expresado su indignación con el reciente escrito de conclusiones en el que la Fiscalía afirma que “no hay delito”, al que ha atribuido su rectificación. “He decidido que voy a continuar adelante en el procedimiento porque es deleznable que la Fiscalía haya escrito un escrito de absolución diciendo que además sí hubo consentimiento”, ha dicho Mouliáa a los medios visiblemente nerviosa.

Mouliaá ha anunciado que va “a ir hasta el final”. La actriz ha asegurado que está sufriendo por atreverse a haber dicho “la verdad para proteger a las mujeres”. “No me he inventado una sola coma (...) Ninguna víctima se merece esto por haber dado la cara”, ha añadido. La actriz denunció en octubre de 2024 que el exdiputado la había agredido sexualmente tres años antes. Hace sólo seis días, Mouliaá había anunciado a través de sus redes sociales que renunciaba a seguir en la causa. En su mensaje adjuntaba un pantallazo de un escrito presentado al juzgado en el que alegaba “razones estrictamente personales y de salud”. 

Sin embargo, ese escrito no estaba firmado por su abogado y su procurador “como es preceptivo”, por lo que el instructor de la causa, Adolfo Carretero, requirió a la actriz que subsanara ese defecto para dar trámite a su petición de archivo. Le advirtió de que, si no lo hacía, el procedimiento continuaría al haberse dictado ya auto de apertura de juicio oral y haber formulado el escrito de acusación en el que había reclamado tres años de cárcel para que el fuera portavoz parlamentario de Sumar. 

El pasado noviembre, el juez Adolfo Carretero propuso sentar en el banquillo al exportavoz de Sumar al considerar que existen “indicios” de que agredió sexualmente a Mouliaá. Según el magistrado, propinó a la actriz “un beso inconsentido” y le realizó “tocamientos sexuales con un leve forcejeo”. Errejón impugnó esa decisión ante los jueces de la Audiencia Provincial, que tenían previsto reunirse este lunes para deliberar sobre su recurso. Los magistrados, sin embargo, optaron por dirigirse a Carretero para pedirle que aclarase si había recibido el escrito por el que la actriz comunicó que renunciaba a la acusación e instándole a aclarar si había tomado alguna decisión al respecto.

La Fiscalía también ha pedido el archivo de la causa y ha anunciado que, si finalmente hay juicio, pedirá su libre absolución. El Ministerio Público sostiene que no hay pruebas de que Errejón “fuera consciente por los hechos anteriores y por la forma en la que actuó la denunciante” de que ella no deseaba esa relación. En su escrito de conclusiones, del pasado enero y conocido esta semana, la fiscal afirma que la actriz no puso “oposición” cuando el exdiputado le dio un primer beso y que, después, él accedió cuando ella le dijo que parara porque no le estaba agradando un encuentro sexual debido a la “premura” y “vehemencia” con la que él estaba actuando. 

Este martes, el instructor había citado a Errejón para notificarle la apertura de juicio oral en su contra pero suspendió la citación por “seguridad jurídica”. La defensa del exparlamentario solicita la suspensión de una comparecencia judicial y el archivo definitivo de la causa basándose en la renuncia de la denunciante.

Penélope desciende de sus aposentos privados a la gran sala de palacio y se encuentra con un trovador que canta, para la multitud de pretendientes, las vicisitudes que sufren los héroes griegos en su viaje de regreso al hogar. El tema no le agrada porque su esposo Ulises se halla en esa tesitura en aquellos momentos. La reina pide al cantante que elija otra pieza más alegre. Telémaco, su hijo, interviene de inmediato para ejercer su masculinidad recién estrenada, pues acaba de salir del cascarón. “Madre mía, vete adentro de la casa y ocúpate de tus labores propias, del telar y de la rueca… El relato estará al cuidado de los hombres y sobre todo al mío. Mío es, pues, el gobierno de la casa”. En este relato que recoge Homero en su Odisea sitúa la gran historiadora británica Mary Beard el primer momento documentado de un hombre diciéndole a una mujer que se calle, que su voz no había de ser escuchada en público. La historia data de tres mil años pero esa manía con silenciar a las mujeres pervive todavía hoy en nuestras sociedades modernas.

En Afganistán, los talibanes han prohibido que las voces femeninas puedan ser escuchadas fuera de sus casas. Les está prohibido hablar en voz alta o cantar y no pueden dejarse oír por quienes no sean de su familia. Me dirán que es una aberración más del apartheid de género que azota a ese país —que lo es— pero no es sólo una casualidad irracional de esos salvajes que detentan el poder en Kabul sino la consecuencia de una tradición ancestral de los afganos. En tiempos de la supuesta democracia que cayó en 2021, los hombres silenciaban sin pudor los auriculares en el parlamento cuando hablaban las diputadas y senadoras y los políticos retiraban el micrófono a las periodistas que hacían preguntas incómodas. No nos rasguemos las vestiduras con el mundo afgano puesto que un tal Trump y su equipo responden de manera igualmente intempestiva ante las preguntas molestas de las periodistas. “Cerdita estúpida”, “eres lo peor, nunca te he visto sonreír”, les dice el autócrata, entre otras lindezas. 

En occidente, el desprecio de la voz de las mujeres —cuando se hace patente en ámbitos de hegemonía masculina— está tan arraigado que lo hemos normalizado. Ni siquiera nos damos cuenta de que existe pero salpica a todos los estamentos, sin olvidar el judicial donde las mujeres deben comportarse como heroínas dispuestas a pasar por el cadalso si quieren denunciar a un hombre por acoso, especialmente, si es de carácter sexual. Ese trato vejatorio pero espontáneo se manifiesta cuando se busca silenciar a las que denuncian ante los tribunales, ignorar a las que tratan de defender sus posiciones —incluso si ocupan puestos de poder— y desacreditar las acusaciones o la simple exposición de los hechos. Acallar, ignorar y negar son las tres caras de un mismo prisma que busca deslegitimar la palabra femenina cuando queremos hacernos oír como voces de autoridad. Porque, en realidad, lo que se niega es el valor de la palabra de las mujeres.

El hartazgo de Elisa Mouliaá, que ha tirado la toalla en la causa judicial, tras el calvario que ha sufrido durante año y medio del proceso de su acusación a Iñigo Errejón por acoso sexual, es un ejemplo de lo que muchas otras sufren y padecen. Tras haber visto el doloroso interrogatorio al que fue sometida por el juez (por su notoriedad, difundido públicamente), a nadie puede extrañar que ninguna otra en sus circunstancias se haya atrevido a acudir a la Justicia donde, a buen seguro, se encontraría igualmente tratada por el mismo tribunal. Sin prejuzgar la culpabilidad del acusado al que le asiste la presunción de inocencia, me atrevo a afirmar que Mouliaá ha sido innecesaria y cruelmente martirizada y revictimizada. Me basta para ello, tomar en cuenta la decisión del juez que encontró indicios suficientes para instruir la causa y la opinión de la fiscalía que dio veracidad a sus palabras. El sufrimiento procesal sólo ha sido una parte del castigo recibido por la acusadora puesto que en internet se ha abierto barra libre para la jauría juzgadora que la ha Hostigado con los más descarnados veredictos condenatorios. Ocurrió en redes sociales y también en comentarios de la noticia de su renuncia en este y otros diarios. Llamarla mentirosa fue lo más suave que le dijeron en una conversación espeluznante donde vi salir a la luz del anonimato toda la bilis machista, seguramente, escondida bajo el rostro de personas supuestamente progresistas. Ya dijo Errejón que, a veces, entre lo que defiendes y lo que haces hay un mundo cuando reconoció haber “llegado al límite de la contradicción entre el personaje y la persona”.

Cuando creíamos que esta sociedad había cambiado, que hoy no serían posibles juicios como los de La Manada o la tortura a la que sometieron su partido y sus vecinos a Nevenka, resulta que estamos en lo mismo. Que en el caso de la edil de Móstoles, el PP sigue creyendo que la mejor defensa es guardar silencio, como le dijeron a la concejala cuando se quejaba del acoso del alcalde. En el colmo del cinismo, mientras Ayuso acusa a la víctima y cierra filas con el presunto acosador, los populares se llenan la boca de palabras gruesas regodeándose en los casos de acoso de los socialistas, como hicieron en el Senado con Francisco Salazar, a quien sólo castigó su partido cuando salieron a la luz sus obscenidades. Callar es por lo que optaron las mujeres que sumaron sus casos a los de Mouliaá en redes sociales pero nunca denunciaron en los tribunales. Siguen pensando que el silencio las protege. Cuando es todo lo contrario y sólo dando voz a las agresiones y abusos se puede luchar contra ellos. Pero a las víctimas no se les puede exigir que se entreguen ciegamente a la jauría que las va a despedazar. Hay que levantar la voz. Pero la sociedad y las instituciones tienen la obligación de defendernos.

No basta con disponer de leyes tan avanzadas como las que hemos alcanzado en España. Como dice Anna Caballé, “por sí solos, los derechos formales son sacos vacíos”. Aunque la ley garantiza una asistencia especializada jurídica, psicológica y social a las víctimas, no parece que esto haya ocurrido hasta ahora. El sistema ha fallado y se impone una urgente revisión y corrección para que las administraciones a las que corresponda la competencia asuman su culpa y corrijan las carencias. No es de recibo que, año tras año, veamos cómo algunas autonomías cierran sus ejercicios sin haber gastado los presupuestos destinados a violencia de género. Además, es necesario que cambien las estructuras sociales y, especialmente, los ámbitos de poder. Es urgente dotar a las instituciones e invertir, de verdad, esos recursos públicos especializados para acompañar a las víctimas, aliviar su sufrimiento y evitar la revictimización en un proceso en el que buscan justicia y no venganza. Hay que darles credibilidad desde el principio, para que no desistan. Lo que subyace en todas las denuncias de malos tratos y acoso a las mujeres -especialmente si es sexual- siempre es la desconfianza y la puesta en cuestión de sus acusaciones. Porque no nos creen.

Todas conocemos a chicas que han sido agredidas, abusadas, importunadas o amenazadas por varones en su ámbito de trabajo, en la familia, en un taxi o en una noche de copas, sin que se hayan planteado siquiera denunciar. Es más, quienes lo hacen, terminan por retirarse de la causa para evitar mayores sufrimientos. Urge un estudio riguroso de los elevados porcentajes de las denuncias de acoso que son retiradas porque saben que su palabra va a ser cuestionada y serán ellas las acusadas. Este miedo tiene que cambiar de bando. 

A todos esos opinadores que han condenado ya y tildado de mentirosa a Mouliaá, me gustaría hacerles la pregunta que lanzó al aire mi colega Cristina Fallarás, en TVE: “¿Qué razones llevaron a Elisa Mouliaá a mentir sin necesidad, sabiendo la que se le venía encima y que lo único que podía hacer era perder?”. Es una cuestión interesante que nos lleva a preguntarnos, una vez más, ¿por qué no nos creen a las mujeres cuando hablamos de acoso y consentimiento? ¿Por qué nadie nos inquiere los detalles de un robo cuando denunciamos que nos han sustraído el bolso pero nos preguntan cómo fueron los detalles íntimos del sobeteo de pechos, pubis y nalgas? Es la credibilidad de las voces femeninas la que está en juego y, sobre todo, cuando se ve amenazada la primacía de la iniciativa sexual que siempre han llevado los varones mientras a nosotras ni se nos concedía el derecho al consentimiento. Y otra vez con lo mismo: es la resistencia a asumir que somos la mitad de la población con igualdad de derechos en todos los ámbitos públicos y privados. Que debemos compartir espacios y disfrute sin supremacía de nadie sobre nadie. Más allá del consentimiento, nosotras decidimos si queremos o no iniciar, continuar o terminar una relación. Es nuestra decisión y nuestra palabra. Empecemos por aceptarlo, compañeros.

“La verdad no siempre es hermosa”, dice un antiguo proverbio taoísta, “y las palabras hermosas no siempre son verdad”. La decisión que tomó ayer Elisa Mouliaá de retirar su denuncia por abuso sexual contra Íñigo Errejón nos obliga hoy a confrontar algunas verdades sobre este caso que nos arrastró hace un año a alguno de los rincones más oscuros de nuestra sociedad, por más que no nos parezcan bonitas.

La primera verdad es que Íñigo Errejón es inocente. En realidad, ya lo era antes, como lo somos todos, mientras no se demuestre lo contrario. Pero además ahora lo es sin ningún género de duda, porque no pesan sobre él más denuncias ni más acusaciones por ningún delito. 

La segunda verdad es que hoy habrá quienes consideren todo esto un disparate; quienes ya habían decidido que Íñigo Errejón era culpable y sientan ahora que la renuncia les resulta disonante. Y esto ocurre porque, contrariamente a lo que podría parecer, el “caso Errejón” nunca se originó en una investigación periodística rigurosa, es decir, en un trabajo que buscara la verdad reuniendo todas las pruebas disponibles. Más bien, tras la primera denuncia anónima —publicada desde una cuenta privada en una red social— se sucedieron otros relatos anónimos, los testimonios de la propia Mouliaá y una auténtica avalancha de comentarios y ‘noticias’ que daban por hecho que aquel que hasta entonces había sido el “niño bonito” de la izquierda ocultaba bajo la superficie un monstruo.

Y como ocurre que todas las personas sensibles ansiamos, desesperadamente, encontrar una reparación a los crímenes que se cometen contra las mujeres, es esperable y hasta comprensible que haya gente que sienta decepción con este desenlace. Gente que hubiera deseado una condena. Pero si lo que buscamos es justicia, entonces lo que querremos es la verdad.

Y hoy, frente a la retirada de esta denuncia y a la inexistencia de otras que respalden las acusaciones que se vertieron, resulta evidente que aquel proceso en el que se declaró culpable a Íñigo Errejón de unos delitos que no había cometido fue, como señala Santiago Alba Rico, un “linchamiento”, una condena instantánea “a una muerte civil sin rehabilitación posible como resultado de un escarnio público en el que se cruzaron a veces todos los límites.” 

La tercera verdad que nos deja este proceso es que el personaje de Íñigo Errejón, la cara pública que había cultivado durante años, se desmoronó en aquel proceso. De manera que en aquel momento descubrimos una cuarta verdad adicional, quizás la más fea de todas, y es que la política es en realidad una mentira: un teatro, una representación en la que unos actores hacen un papel. Unos hacen de sindicalistas, otros, de paisanos, otros hacen de vengadores y otros, de intelectuales. Normal, que cuando alguien se sale del papel, lo saquen del escenario a toda prisa, no vaya a ser que les estropee la obra.

Pero, cuidado, porque esa mentira no es una desviación maligna de sus ejercientes, ni mucho menos se limita a Íñigo Errejón. Somos nosotros mismos los que exigimos de la política una performance que es de principio a fin una farsa: la exigencia de que nuestros representantes sean unos seres sobrenaturales sin frustraciones, miedos, fobias, limitaciones y pulsiones inconfesables. Como tahúres expertos en hacernos trampas al solitario, primero exigimos una cosa inalcanzable y luego nos enfadamos cuando no están a la altura de lo que esperábamos de ellos.

Y a los demás, ¿qué verdad nos queda de todo esto? ¿Qué podemos concluir? ¿Qué hacemos con las sospechas, los rumores y las acusaciones que no han sido respaldadas ni por una verdad judicial, ni por una verdad periodística? No soy religiosa, pero hay un pasaje de la Biblia que siempre me ha gustado. Uno que se cita mucho, generalmente muy mal. 

En el Evangelio de Juan, los fariseos llevan ante Jesús a María Magdalena, a quien dicen haber sorprendido en adulterio, y le plantean una pregunta aparentemente sencilla:

“Según la Ley de Moisés, esta mujer debe ser apedreada. ¿Tú qué dices?”

El episodio suele leerse como una lección moral sobre no juzgar a los demás, porque todos somos culpables —“el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra”—, pero esa interpretación no es cierta. El propio texto aclara que no le preguntan para conocer su opinión, sino “para tenderle una trampa y poder acusarlo”.

Los fariseos no buscan justicia, sino una contradicción. Si Jesús aprueba la lapidación, traiciona su mensaje de misericordia. Si la rechaza, se coloca fuera de la Ley judía y puede ser acusado de herejía (y, además, de desafiar la autoridad romana, que se reservaba el derecho a aplicar la pena de muerte).

Lo que Jesús hace entonces no es absolver a la mujer ni relativizar la ley. Hace algo mucho más incómodo: se niega a juzgar fuera de un sistema de justicia. No porque no exista la verdad, sino porque sin procedimiento, sin garantías, sin reglas comunes no puede haber una verdad compartida. Los fariseos no pueden encontrar la verdad porque no la están buscando: solo quieren ejecutar una condena imponiendo su propia cosmovisión. Allí donde no hay sistema, no hay justicia posible, solo violencia revestida de moral.

Eso es lo que este caso nos obliga a aceptar, por más que nos incomode, por más feo que nos parezca: para que exista verdad, tiene que existir un método para alcanzarla. La verdad no es una intuición colectiva ni una mayoría emocional. Es un resultado siempre provisional de un proceso lento, imperfecto, lleno de límites, pero infinitamente mejor que su alternativa. Hoy existen leyes, tribunales y un periodismo que investiga delitos con herramientas mucho más sofisticadas que las de cualquier turba digital. Nada de eso es infalible. Pero es lo único que separa la justicia del linchamiento.

Y es difícil, y doloroso, porque se suceden los casos y las acusaciones de violencia. Pero ocurre que aprender a vivir sin una verdad definitiva —sin una certeza moral absoluta sobre cada caso— es una de las tareas más difíciles de nuestro tiempo. Una que no significa vivir sin ley. Significa aceptar que no todo puede ser juzgado por nosotros, que no toda acusación puede resolverse en el espacio público, que hay verdades a las que solo se puede llegar —o no llegar— a través de un sistema. En una época saturada de falsas verdades, quizá la madurez consista precisamente en esto: en soportar la incomodidad de no saber, de no juzgar, y aun así defender con firmeza la presunción de inocencia y la ley que hace posible que, al final, la verdad exista.

Fe de erratas: en este artículo de opinión se hacía alusión a que Íñigo Errejón estaba en tratamiento por adicción a las drogas, una afirmación que ha sido eliminada por ser errónea.

Elisa Mouliaá ha comunicado al juzgado que se retira del procedimiento iniciado contra el exdiputado Íñigo Errejón tras la agresión sexual denunciada por la actriz en octubre de 2024. En el escrito afirma que lo hace por “razones estrictamente personales y de salud”. “He permanecido sola sosteniendo todo esto y no puedo seguir haciéndolo. No porque no sea verdad, sino porque nadie debería cargar sola con algo así”, recoge en un comunicado que ha publicado en sus redes sociales.

El pasado noviembre, el juez de Madrid Adolfo Carretero propuso sentar en el banquillo al exportavoz de Sumar al considerar que existen “indicios” de que agredió sexualmente a Mouliaá. Según el magistrado, propinó a la actriz “un beso inconsentido” y le realizó “tocamientos sexuales con un leve forcejeo”. Errejón impugnó esa decisión ante los jueces de la Audiencia Provincial, que tenían previsto reunirse el próximo lunes para deliberar sobre su recurso. La actriz había reclamado tres años de cárcel para que el fuera fundador de Podemos.

En las últimas semanas había trascendido que la Fiscalía había pedido el archivo de la causa y que no iba a presentar acusación contra el exdiputado. El Ministerio Público otorgó “plena credibilidad” a su declaración, pero sostenía que no hay pruebas de que Errejón “fuera consciente por los hechos anteriores y por la forma en la que actuó la denunciante” de que ella no deseaba esa relación.

Fuentes de la defensa de Errejón aseguran que van a mantener la querella por calumnias que presentó contra la actriz y afirman que su objetivo es “demostrar hasta el final que es inocente”. Errejón la denunció después de que ella le acusara a través de varios mensajes en sus redes sociales de haber extorsionado a dos de los testigos de la causa. “Desde el primer momento hemos mantenido la misma postura: confiamos en la justicia y queremos que sea en el marco del proceso judicial en el que esclarezcan los hechos”, dicen estas mismas fuentes.

En el citado comunicado, la actriz afirma que ella “dio la cara” cuando salieron a la luz denuncias anónimas contra el exparlamentario y se especuló con la posibilidad de que fueran falsas. “Di ese paso a solas, para confirmar que todo eso era cierto cuando se ponía en duda y para proteger a otras mujeres. Con el tiempo, ninguna otra víctima ha dado el paso. He permanecido sola sosteniendo todo esto y no puedo seguir haciéndolo. No huyo, termino mi parte demostrando que no quiero dinero ni protagonismo: la verdad ya camina sola”, añade. En su escrito al juzgado, la actriz sostiene que el hecho de ser la única acusación particular en la causa “ha incrementado su sensación de exposición y desgaste personal”.

El artículo 191 del Código Penal establece que para proceder por los delitos de agresiones sexuales y acoso sexual será precisa denuncia de la presunta víctima o querella del Ministerio Fiscal. La retirada de Mouliaá de la acusación particular deja la causa en el aire, dado que la Fiscalía ha solicitado su archivo. La Asociación de Defensa Integral de Víctimas Especializada (Adive), que ejerce la acción popular, ha anunciado que mantendrá la acusación.

El juez Adolfo Carretero ha abierto juicio oral contra el exdiputado y exportavoz parlamentario de Sumar Íñigo Errejón por la agresión sexual denunciada por la actriz Elisa Mouliaá. Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el magistrado da un día a Errejón para que preste una fianza de 30.000 euros para “asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérsele”.

El instructor, además, cita a Errejón el próximo 15 de enero a las 09.30 horas a fin de “emplazarle, requerirle y notificarle el auto de apertura de juicio oral”. El pasado mes de noviembre el instructor dictó auto de procesamiento contra Errejón después de trece meses de investigación en los que tomó declaración al propio Errejón, a Mouliaá, a testigos y a psiquiatras.

Tanto la Fiscalía como el acusado han recurrido ante la Audiencia Provincial la decisión del magistrado de procesar al exdiputado, que abandonó la política en octubre de 2024 tras recibir acusaciones de acoso machista. La instancia superior todavía no se ha pronunciado.

La actriz, por su parte, ya ha presentado su escrito de acusación en el que reclama que se abra juicio contra el exdiputado y que sea condenado a tres años de cárcel. Le acusa de un delito continuado de abuso sexual. También pide que Errejón sea condenado a indemnizarla con 30.000 euros “por daños morales y por los daños sufridos a consecuencia del abuso sexual o, subsidiariamente la que se determine en su caso, en fase de ejecución”.

En su denuncia, Mouliaá relató haber sufrido tocamientos, besos no consentidos y comentarios de índole sexual por parte de Errejón al menos en tres ocasiones en la misma noche de octubre de 2021, antes, durante y después de una fiesta a la que acudieron en casa de unos amigos de ella. Errejón reconoció que quedó con Mouliaá, pero insistió en que todo fue consentido.

La Fiscalía no acusará al exdiputado Iñigo Errejón por la agresión sexual denunciada por la actriz Elisa Mouliaá y ha pedido el archivo de la causa, según ha adelantado El Español y han confirmado fuentes jurídicas a elDiario.es. El pasado noviembre, el juez de Madrid Adolfo Carretero propuso sentar en el banquillo al exportavoz de Sumar al considerar que existen “indicios” de que agredió sexualmente a Mouliaá. 

Mouliaá, explica la Fiscalía, ha manifesado que “se sintió cohibida y que en realidad no quería una relación sexual en los términos que finalmente se desarrolló”. El Ministerio Público otorga “plena credibilidad” a su declaración, pero sostiene que no hay pruebas de que Errejón “fuera consciente por los hechos anteriores y por la forma en la que actuó la denunciante” de que ella no deseaba esa relación. Cuando ella le dijo “expresamente” que no quería, él “cesó en su acción”, sostiene su escrito.

El magistrado consideró que los hechos pueden ser constitutivos del antiguo delito de abuso sexual porque el exdiputado de Sumar “no empleó la violencia o intimidación”. Los hechos denunciados por la actriz se remontan a octubre de 2021, antes de la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí que integró toda la violencia sexual bajo la denominación de agresión.

La Fiscalía, sin embargo, defiende que los indicios son “insuficientes” como para formular escrito de acusación contra Errejón, que abandonó la política en octubre de 2024 tras recibir acusaciones de acoso machista. Su defensa ya recurrió la decisión del juez de sentarle en el banquillo ante la Audiencia Provincial, que todavía no se ha pronunciado.

La Fiscalía entiende que el auto de procesamiento del juez Carretero es correcto, pero también que no hay pruebas para que Errejón sea juzgado o condenado. Ha presentado un escrito en el que pide el sobreseimiento provisional “toda vez que practicadas cuantas diligencias de instrucción se han considerado necesarias para el esclarecimiento de los hechos no ha quedado suficientemente justificada la perpetracion del delito”, explica.

La actriz, por su parte, ya ha presentado su escrito de acusación en el que reclama que se abra juicio contra el exdiputado y que sea condenado a tres años de cárcel. Le acusa de un delito continuado de abuso sexual. También pide que Errejón sea condenado a indemnizarla con 30.000 euros “por daños morales y por los daños sufridos a consecuencia del abuso sexual o, subsidiariamente la que se determine en su caso, en fase de ejecución”.

En su denuncia, Mouliaá relató haber sufrido tocamientos, besos no consentidos y comentarios de índole sexual por parte de Errejón al menos en tres ocasiones en la misma noche de octubre de 2021, antes, durante y después de una fiesta a la que acudieron en casa de unos amigos de ella. Errejón reconoció que quedó con Mouliaá, pero insistió en que todo fue consentido.

En su resolución, el juez Carretero otorgó credibilidad al relato de la denunciante, que constituye el principal “indicio probatorio” ante la ausencia de testigos presenciales de unos hechos que se habrían producido en la intimidad. El magistrado considera que su declaración fue “coherente en lo esencial” aunque no recordara algunos “detalles secundarios”, como si la habitación donde se habrían producido parte de los tocamientos tenía o no pestillo.

El magistrado admitió que la sometió a un “largo y exhaustivo” interrogatorio, en el que llegó a preguntarle si había denunciado por despecho. Y que ella “mantuvo la coherencia” y explicó que si no respondió a uno de los presuntos abusos —como sí hizo ante el tercer episodio— fue porque estaba “aturdida” y “bloqueada” ante la situación.

La actriz Elisa Mouliaá ha reclamado que se abra juicio contra el exdiputado Íñigo Errejón y que sea condenado a 3 años de cárcel, ya que le acusa de un delito continuado de abuso sexual.

En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, Mouliaá pide que Errejón sea condenado a indemnizarla con 30.000 euros “por daños morales y por los daños sufridos a consecuencia del abuso sexual o, subsidiariamente la que se determine en su caso, en fase de ejecución”.

También solicita que se abra pieza separada de responsabilidad civil contra el acusado, así como se le requiera el abono de fianza y, en caso de no ser abonada, se realicen diligencias para averiguar su situación patrimonial.

Errejón, que niega los hechos, recurrió su procesamiento por un presunto delito de agresión sexual que habría cometido contra la actriz una noche de octubre de 2021, al entender que no existen “mínimos indicios” de culpabilidad. Su defensa sostiene que las diligencias practicadas durante la fase de investigación “descartan la existencia de mínimos indicios de criminalidad y corroboran el inventado relato de la denunciante”.

Casi ninguna agresión sexual sucede ante testigos; de hecho, la mayoría ocurren en dormitorios, en portales, en baños, en ascensores, en coches, en domicilios… en lugares donde sólo hay dos personas, el agresor y la víctima. Sin embargo, cada vez que una mujer denuncia una agresión sexual aparece una pregunta que en casi ningún otro delito surge: “¿hay testigos?”, como si la violencia sexual necesitara de espectadores para existir para hacer depender la credibilidad de las mujeres víctimas de un tercero que certifique lo ocurrido. Así, la ausencia de testigos presenciales, lo más común en este tipo de delitos, se convierte en los casos de agresión sexual en una anomalía sospechosa. 

El auto que propone juzgar a Íñigo Errejón por un delito contra la libertad sexual, sin pretenderlo (y quizá tampoco sin que lo esperáramos), desmonta muchos de los argumentos machistas que se suelen usar para poner en duda la credibilidad de las mujeres que denuncian este tipo de agresiones. La resolución reconoce que las lagunas o contradicciones de Elisa Mouliaá son explicables por el bloqueo emocional, por la situación vivida y por la personalidad y notoriedad del presunto agresor. También señala el auto que el retraso en denunciar no invalida por sí solo su credibilidad como víctima, puesto que el relato encaja con los datos objetivos disponibles y, por tanto, su declaración constituye una prueba suficiente para iniciar un procedimiento penal. Ni el bloqueo emocional, ni el miedo, ni tardar en denunciar están reñidos con la coherencia del testimonio de Elisa Mouliaá. Todo aquello que tantas veces se usa contra las mujeres que denuncian violencia sexual se interpreta en este auto, con rigor, conforme a la doctrina del Tribunal Supremo.

Más allá de este caso concreto, y ampliando el análisis a tantos otros casos de violencia sexual contra las mujeres, es necesario subrayar que el trauma de una mujer que es víctima de este tipo de agresiones tiene su propio calendario y este, rara vez coincide con el del proceso penal. Pocos delitos exigen, como ocurre en los delitos contra la libertad sexual, que las víctimas tengan que “justificar” por qué no actuaron “de la forma correcta”, por qué no evitaron la agresión, por qué no dijeron que “no” cuando el agresor se les abalanzó sin usar violencia, por qué no huyeron cuando el galán resultó ser un monstruo. En este ámbito no se trata sólo de “creer o no creer”, sino de comprender cómo reaccionan los cuerpos y las mentes ante una situación límite, cómo opera el shock, la parálisis, la disociación o el bloqueo. Es necesario entender cómo se actúa la situación de prevalencia del agresor sobre su víctima para el silenciamiento de esta.

Quienes trabajan a diario con estos casos (psicólogas especializadas, juristas formadas en violencia sexual…,) saben que la clave no está únicamente en la credibilidad del relato, sino en analizar su coherencia relacionándola con cómo se comporta una víctima ante una agresión inesperada, cómo el vínculo previo, la confianza o la admiración pueden influir en la voluntad, cómo el miedo o la sorpresa pueden inmovilizar, cómo la culpa puede moldear la memoria, bloquear recuerdos y retrasar la denuncia... Por eso es tan importante la especialización entre las y los profesionales que escuchan, atienden, acompañan y operan en los procesos donde se dilucida si hay violencia sexual. Porque sin ese conocimiento experto se corre el riesgo de juzgar la reacción de las mujeres víctimas con parámetros ajenos a la psicología del trauma dejándose llevar por los sesgos machistas, clasistas y racistas que nos atraviesan si no somos conscientes de ellos.

Muchas de las mujeres que son víctimas de violencia sexual (mayores y menores de edad) son elegidas por el agresor en un momento en el que no esperan peligro, en un espacio del que no pueden salir y dentro de una relación que anula la capacidad real de decidir. En esos contextos, la posibilidad de negarse a la relación sexual no desaparece por falta de voluntad, sino porque se vuelve irreal o directamente imposible, como sucede en esas relaciones donde el desequilibrio (por edad, admiración o posición) limita la capacidad real de decidir. Es donde el consentimiento deja de ser una simple cuestión de “sí” o “no” para convertirse en algo que buena parte de las juristas feministas y la psicología del trauma llevan tiempo explicando. Cuando existe una situación de prevalencia, de bloqueo emocional o de desorientación, derivada de la confianza previa, de la admiración o de la sorpresa, la ausencia de resistencia no equivale al consentimiento.

El auto del caso Errejón apunta precisamente en esa dirección. Describe cómo la denunciante pudo quedar aturdida, bloqueada y sin capacidad real de reacción, y cómo esa falta de respuesta no invalida su relato. No entra directamente a determinar si hubo o no consentimiento, pero sí establece que la no reacción puede ser un efecto de las circunstancias y no necesariamente una señal de voluntad. Algo que desmonta uno de los prejuicios más persistentes a la hora de juzgar estos casos de violencia sexual, la idea de que, si una mujer no se resiste “lo suficiente”, aquello que pasó debe interpretarse como una relación consentida. Por eso este auto importa. Porque llega después de episodios recientes, como el del caso Dani Alves, que mostraron lo fácil que es que los viejos estereotipos vuelvan a imponerse sobre el análisis riguroso del trauma. Y porque recuerda algo esencial: que la justicia no puede retroceder en la comprensión de estas violencias, ni volver a medir el consentimiento con parámetros que nunca fueron justos ni reales.

El juez de Madrid Adolfo Carretero propone sentar en el banquillo al exdiputado Íñigo Errejón al considerar que existen “indicios” de que agredió sexualmente de la actriz Elisa Mouliaá, según la resolución a la que ha tenido acceso elDiario.es. El magistrado considera que los hechos pueden ser constitutivos del antiguo delito de abuso sexual porque el exdiputado de Sumar “no empleó la violencia o intimidación”. Los hechos denunciados por la actriz se remontan a octubre de 2021, antes de la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí que integró toda la violencia sexual bajo la denominación de agresión.

El auto que da cierre a la instrucción recoge que Errejón “dio un beso inconsentido, realizó tocamientos sexuales con un leve forcejeo e intentó un tocamiento sexual”, aunque desistió “ante la oposición de la víctima”. Mouliaá y Errejón comparecieron por primera vez en sede judicial el 16 de enero después de que en octubre de 2024 la presentadora denunciara al exdiputado. Errejón abandonó la política en octubre de 2024 tras recibir acusaciones de acoso machista. Su defensa recurrirá la decisión.

En su denuncia, Mouliaá relató haber sufrido tocamientos, besos no consentidos y comentarios de índole sexual por parte de Errejón al menos en tres ocasiones en la misma noche de octubre de 2021, antes, durante y después de una fiesta a la que acudieron en casa de unos amigos de ella. Errejón reconoció que quedó con Mouliaá, pero insistió en que todo fue consentido.

En su resolución, el juez Carretero otorga credibilidad al relato de la denunciante, que constituye el principal “indicio probatorio” ante la ausencia de testigos presenciales de unos hechos que se habrían producido en la intimidad. El magistrado considera que su declaración fue “coherente en lo esencial” aunque no recordara algunos “detalles secundarios”, como si la habitación donde se habrían producido parte de los tocamientos tenía o no pestillo. Admite que la sometió a un “largo y exhaustivo” interrogatorio, en el que llegó a preguntarle si había denunciado por despecho. Y que ella “mantuvo la coherencia” y explicó que si no respondió a uno de los presuntos abusos —como sí hizo ante el tercer episodio— fue porque estaba “aturdida” y “bloqueada” ante la situación.

Existen, además, algunos testimonios de referencia, como el de su padre y de dos amigas; así como pruebas periciales. Entre ellas, el informe del psiquiatra que trató a la presentadora antes y después de los hechos y a quien comentó tres días después de verse con Errejón que había tenido un “problema” con un famoso político que no le quiso detallar y que tenía ansiedad por ello. Además, este profesional detectó que la actriz tenía estrés postraumático en una sesión “muy posterior a los hechos”.

El juez afirma que el hecho de que Mouliaá dijera por teléfono a una amiga que le parecía que los hechos no eran delito, pero que tenía que denunciar “no supone que no lo sean”. “La denunciante no es experta en Derecho ni tiene que calificar los hechos, bastando que los exponga, como ha hecho”, escribe el magistrado.

“Los indicios existen”

La resolución concluye que “los indicios existen” y que “no han sido totalmente desvirtuados” por la versión de Errejón y por la prueba documental y pericial que presentó su defensa. El exdiputado reconoció que “la besó en el ascensor, la toqueteó y manoseó en la fiesta y empezó a tocarla en su casa”, pero todo ello con su consentimiento y sin que la notase bebida. También afirmó que permitió que se fuera cuando quiso “con la mayor normalidad”.

Según el auto, Errejón defendió que la denuncia no es cierta y que se debía al “afán de notoriedad” de Mouliaá para lucrarse en los medios a su costa, ya que su carrera como actriz no iba bien. Su defensa aportó una conversación de WhatsApp con la actriz después de los presuntos hechos que el instructor considera “intrascendente”. De hecho, el juez recuerda que varios peritos explicaron en el juzgado que es “frecuente” que mujeres maltratadas o abusadas mantengan contactos con sus agresores “por dependencia emocional” o para que se disculpen de sus actos o les pidan perdón.

Carretero entiende también que el hecho de que Mouliaá acudiera cobrando a platós de televisión no resta credibilidad a su testimonio, pues esas intervenciones no difieren de lo dicho en sede judicial. Y subraya que la denunciante tiene “derecho” a “contar su intimidad como quiera en un Estado democrático”.

La defensa del exdiputado recurrirá la decisión del magistrado al considerar que su auto “ignora” el resultado de las pruebas practicadas y las “reinterpreta de forma alejada de la realidad”. Asimismo, el entorno de Errejón entiende que el juez justifica “de forma incomprensible e insólita” las supuestas “contradicciones” de la denunciante y obvia lo declarado por los “testigos imparciales” que estuvieron presentes en la fiesta y se apoya únicamente en los testigos de parte propuestos por la denunciante, que no estuvieron presentes en la misma.

Loreto Arenillas deja el acta en la Asamblea de Madrid después de que Más Madrid haya reconocido que ella no encubrió a Íñigo Errejón. En una carta publicada en su cuenta de X explica que abandona el partido cinco meses después de que estallase el 'caso Errejón' y la formación política la cesara de todas sus responsabilidades.

El partido y la ya exdiputada, que fue jefa de gabinete de Errejón, han lanzado a la vez un comunicado en X en el que se desvincula a Arenillas del encubrimiento al fundador del partido. El secretario general de Más Madrid, Gabriel Ortega, reconoce que la formación se equivocó al publicar el pasado 25 de octubre en sus redes sociales el cese de Arenillas “de todas sus responsabilidades y cargos del partido”. Ese anuncio se hizo un día después del tsunami que sacudió a todas las formaciones en las que militó Errejón, tras la dimisión del exportavoz de Sumar por acusaciones de presuntos abusos que se comenzaron a difundir en redes sociales.

“Queremos manifestar de forma tajante que consideramos que no has encubierto esas acciones reprobables”, expone Ortega en una carta publicado en su cuenta y dirigida a Arenillas, en la que también expresa el “pesar” del partido “por las consecuencias negativas que lo acontecido en octubre de 2024 hayan podido provocar” a su ya exdirigente. “Todo esto se produjo en unas circunstancias difíciles para la organización”, añade el secretario general de Más Madrid.

Ortega reconoce “un reproche ético” a la dirección de su partido por “publicar el acuerdo del cese inmediatamente después de su adopción, dada su singular relevancia mediática y el daño personal irreversible”. En el comunicado que hizo el partido en ese momento, explicaron que le pidieron que dimitiese de todos sus cargos por un episodio que tomó relevancia pública tras la salida de Errejón.

Los hechos que provocaron el enfrentamiento entre Arenillas y el partido se produjeron en junio de 2023, por una denuncia anónima publicada en redes sociales. En un hilo de Twitter, borrado posteriormente, una mujer acusaba a Errejón de haberle tocado el culo y a la ya exdiputada de encubrir posteriormente el episodio, tratando de “mediar” para que no hiciese público lo ocurrido.

Tras el estallido del 'caso Errejón', Más Madrid aseguró en un comunicado que “las explicaciones” que dio Arenillas sobre estos hechos, cuando se abordaron internamente, no se correspondían “con la realidad” que el partido aseguró conocer el pasado mes de octubre. En una rueda de prensa posterior, Rita Maestre volvió a señalar que su ya excompañera de partido actuó en 2023 “de motu proprio” e intervino “a espaldas de la organización, de la ejecutiva y del partido”.

Sin embargo, este miércoles, Más Madrid ha querido desvincularse de esas acusaciones, asegurando en el comunicado que valoraban la dedicación política de Arenillas y su trabajo en el partido. “Queremos también poner en valor tu trayectoria, tu compromiso, esfuerzo y tu inquebrantable compromiso con el feminismo”, ha reseñado Ortega.

Con este comunicado público de Más Madrid, Arenillas ha anunciado que cierra su etapa en el partido. “A partir de ahora, empiezo una vida alejada de la política institucional”, ha explicado Arenillas, también en X. La exdiputada madrileña ha querido dirigirse en su carta de despedida a su formación: “Quiero dar las gracias a la dirección de MM que finalmente ha rectificado y reconocido que nunca encubrí nada. Para mí, que la verdad fuera pública e indiscutida era fundamental para poder dejar atrás esta etapa”.

Arenillas realiza una reflexión sobre el sufrimiento vivido en los últimos meses, reconoce que el señalamiento público y el de su partido le ha “roto en mil pedazos” y que sin el apoyo de su entorno “no hubiera podido” afrontar esta situación. “Se juzga rápido, sin derecho a una defensa y la pena es el linchamiento más brutal que nadie podría imaginar”, detalla la exdiputada, que considera que “pocos se pueden imaginar el dolor que puede llegar a causar” la violencia digital y “la indefensión”.

“Aunque el derecho al olvido no está garantizado y la huella digital asociará mi nombre y apellidos a versiones falaces y manipuladas que, al final, haya un reconocimiento público y explícito sobre mi honorabilidad me permite seguir avanzando en mi vida y poder, al fin, respirar sin angustia”, señala. Llegar a este punto, en el que el partido le eximía de toda culpa, era lo que buscaba Arenillas, que no ha dejado su escaño hasta que Más Madrid no ha hecho esta disculpa pública. Para ella era “fundamental” que “la verdad fuera pública e indiscutida” para “poder dejar atrás esta etapa”.

El Comité de Garantías avaló a Arenillas

A lo largo de todo el procedimiento seguido por Arenillas para recurrir sus ceses, el Comité de Garantías de Más Madrid le dio la razón y tumbó parcialmente la destitución de sus cargos internos. Este órgano reprochó al partido diversas irregularidades, entre ellas, la publicación de los ceses “sin haber facilitado antes un espacio adecuado y suficiente en que se pudieran explicar las razones de la misma a la afectada, y en que esta pudiera alegar lo que considerara oportuno”.

Arenillas celebra esta decisión, que se conoció en diciembre, y considera que le ayuda a “reafirmar” su “confianza tanto en las organizaciones políticas, como en la democracia”. Y concluye: “Espero que esta experiencia tan dura para mí, sirva de impulso para apostar por una política más elevada en el futuro, donde nadie tenga que atravesar lo mismo que yo”.

La autora no acude a la entrevista. Después de dos llamadas, contesta que está en comisaría porque le han robado el primer ejemplar de Hijas del hormigón. Aida dos Santos (Algarve, 1992) ha generado tanta expectación en torno a su primer ensayo que este episodio resulta casi plausible. “Me han hecho ya cinco o seis entrevistas y esta es la primera con el libro ya escrito”, comenta al otro lado del teléfono. Hijas del hormigón, editado por Debate (2025), es el resultado de varios años de trabajo y de entrevistas a 175 mujeres de todas las periferias de España entre más de mil interesadas.

Aida ha conversado con quienes cruzan a diario las avenidas que separan los barrios del centro y con quienes nunca han salido del suyo. Con todas esas voces ha tejido un relato colectivo que no solo documenta las dificultades que han atravesado –precariedad, violencia, desarraigo– sino que también testimonia las formas en que han resistido y transformado su entorno. “Ahí donde leas y asientas en silencio, eso a mí también me pasa, estará la prueba”, reza el prólogo de este ensayo que sale a la venta este jueves 6 de marzo.

Antes de nada, fútbol. ¿Por qué es del Atleti?

No hay una cuestión romántica en que yo sea del Atleti, no he visto un partido de fútbol con mi padre en la vida. Cuando vivía con mis abuelos sí, de todos los equipos donde jugase un portugués, hasta del Madrid de Figo. Jugaba al fútbol en el colegio de Moratalaz, pero cuando nos fuimos a vivir a Alicante allí me encontré que era solo cosa de niños. Me hice del Atleti cuando acabé la carrera, cuando me tuve que poner a buscar trabajo y lo primero y mejor pagado que me salió fue ser camarera en una peña del Vicente Calderón. Que el Atleti pasara de fase de grupos en la Champions suponía una noche más de curro. En aquel momento el Cholo era mi profeta: partido a partido, nunca dejes de creer… Me saqué el abono más barato en 2016, ya siendo teleoperadora, para despedirme del estadio.

¿De dónde surgió la idea de hacer este libro?

De sentir que las particularidades de las mujeres de clase trabajadora no se veían reflejadas ni en la literatura obrerista de autores que hablasen de cuestiones de clase, ni en la literatura feminista que abordase experiencias de mujeres rompiendo techos de cristal enfrentándose a los hombres en espacios de poder.

¿Qué distingue a Hijas de otras obras de literatura obrerista y feminista?

De la obrerista, en que habla de la clase obrera en femenino; no podemos obviar que las mujeres en el mercado de trabajo están en una posición subalterna, ocupando peores puestos y cobrando menos que los hombres trabajadores. Y de la feminista en que abordo las dificultades de las empleadas, no las aspiraciones de clase de sus jefas. Millones de mujeres no pueden ni siquiera soñar con romper el techo de cristal; se dedican a barrer los pedazos, se están dejando la salud en cuidar para que otras puedan conciliar.

Las pijas están acostumbradas al discurso feminista del empoderamiento, y yo abogo por un feminismo que recrimina a las mujeres que ocupan posiciones de poder que lo hayan hecho sobre la precariedad de sus subordinadas y la explotación de las empleadas del hogar

¿Cree que alguien se ofenderá cuando lo lea?

El libro no es para nada generoso con la patronal empresarial que tenemos en nuestro país. Tampoco con las cúpulas sindicales ni políticas. No es un libro que espere ser bienvenido ni por jefas ni por compañeros de trabajo. Quizá a quienes más le pueda molestar es a las pijas, que están acostumbradas al discurso feminista del empoderamiento, y yo abogo por la emancipación, desde un feminismo que recrimina a las mujeres que ocupan posiciones de poder que lo hayan hecho sobre la precariedad de sus subordinadas en la empresa y de la explotación de las empleadas del hogar.

Pero no todas sus entrevistadas son mujeres de clase baja, también las hay que ganan pasta. ¿Dónde empieza y dónde acaba el privilegio de clase?

Las mujeres en posiciones de poder no son unas privilegiadas per sé. Soy consciente de que las ricas también lloran, de que incluso Ana Patricia Botín ha podido sufrir comportamientos sexistas y de que Botín será subalterna de cualquier fondo de inversión que tenga más poder que el Banco Santander. La cuestión es si quieres alcanzar las posiciones de poder para ejercerlo de la misma manera que lo han estado haciendo históricamente los hombres y las mujeres burguesas, regodeándote en la meritocracia; o de si quieres que haya realmente una transformación en la distribución de la riqueza, que haya cambios en cómo se toman las decisiones empresariales, en el sistema educativo, en la consulta médica, en la representatividad de las mujeres en el cine y en las series. ¿Te haces arquitecta para proponer un diseño diferente de la ciudad o solo para ganar dinero proponiendo lo que ya hacía Calatrava? De eso va el libro.

Es decir, que una mujer privilegiada solo es subalterna en menos ocasiones que una mujer trabajadora.

El capital económico, cultural y social de las privilegiadas las mantiene a salvo de ciertos indicadores de vulnerabilidad. No es lo mismo salir del parking de tu casa conduciendo tu propio coche para llegar a una oficina en la que tú das las órdenes, que salir cuando aún es de noche y exponerte a que te acosen en un transporte público masificado sabiendo que si te enfrentas al tío y llamas a la policía, vas a llegar tarde al trabajo. Pero eso no quiere decir que la mujer rica esté a salvo de la violencia sexual, porque no hay nada que nos demuestre que los hombres de clase trabajadora sean más agresivos ni machistas que los hombres ricos.

Las ciudades segregan por clases a sus habitantes, ¿lo hacen también por género? Como dice Jorge Dioni, ya quizá no son el segundo sexo, pero sí el segundo coche.

La segregación de clase es bastante clara. Se ve en los mapas de la renta media. Gracias a los últimos avances en digitalización y datos abiertos, podemos comprobar calle a calle cómo las fronteras naturales de las ciudades se han convertido en fronteras de clase. Y hay una decisión política detrás de que haya una orilla rica y una orilla pobre. En prácticamente todas nuestras capitales se ha utilizado las vías de tren, las autovías, los soterramientos, o la no proyección de un puente para aislar a la clase trabajadora.

Los ricos de verdad están totalmente fuera del esquema urbano porque viven en urbanizaciones cerradas a las afueras o en pisos de lujo con medidas de seguridad. Las ciudades proyectadas para la productividad han diseñado que los trayectos que realizan los hombres de casa al trabajo en coche sean más cómodos que los que realizan las mujeres de casa al colegio, al mercado o al trabajo mismo. Solo hay que ver las que se montan en la puerta de los colegios por culpa del cochismo. Si no hay una red de transporte público que conecte tu barrio con el polígono industrial, donde sí hay plazas de parking, al empleo industrial, con mejores sueldos que los servicios feminizados, accederán los que tienen carné y coche, los hombres.

¿Cuántas mujeres forman parte de la población inactiva o del desempleo feminizado por no tener cómo desplazarse al trabajo?

Cuando hacemos investigación cuantitativa en cuestiones de género, lo que nos encontramos es que no todo se ha preguntado y que tampoco hay forma de contabilizarlo. Podemos saber cuántas mujeres no tienen empleo. También podemos saber su grado de empleabilidad, porque disponer de carné de conducir y de vehículo propio lo mejora en las estadísticas del propio Servicio Público de Empleo. Pero jamás podremos saber cuántas mujeres han entrado en una aplicación de búsqueda de empleo y al ver dónde está el centro de trabajo han decidido no aplicar porque saben que no van a poder desplazarse hasta allí.

A nosotras se nos enseña a limpiar desde muy pequeñas, a veces como castigo por no sacar buenas notas, a los chicos se les quita la play pero las tareas domésticas no entran dentro sus obligaciones diarias

Hay cuestiones que son puramente objetivas y tienen una base material que la estadística jamás podrá reconocer. Podemos preguntarlo en un cuestionario y tener una idea, pero será una proyección sobre una muestra, jamás tendremos el dato exacto de cuántas lo han hecho, porque en el momento en el que una mujer entra a una página de búsqueda de empleo no sabemos por qué decide salir sin enviar el currículum. Y tampoco sabremos nunca cuántas chicas han podido perder la oportunidad laboral de su vida, porque aquel día hubo un retraso en el autobús, un retraso en el metro o un retraso en la Renfe que le hizo no llegar a tiempo a la entrevista.

En Hijas dice: “Ser ama de casa es antinatural, preparar a alguien para ese rol requiere de al menos 20 años de socialización y entrenamiento dirigido por madres no remuneradas. El orden social quiebra cuando una de ellas pone pie en pared”.

Esa instrucción a veces se hace con violencia, hay entrevistadas que han recibido palizas por no hacerle la cama a sus hermanos. A nosotras se nos enseña a limpiar desde muy pequeñas, a veces como castigo por no sacar buenas notas; a los chicos se les quita la Play, pero las tareas domésticas no entran dentro sus obligaciones diarias. Así está pasando, como cuentan las entrevistadas, que la convivencia en pareja es muy difícil porque los hombres llegan a la edad adulta sin saber poner la lavadora.

Por otro lado, está el no reconocer que ser ama de casa es un trabajo, no remunerado, pero un trabajo que también está sujeto a unos horarios y a una planificación. Una generación concreta de entrevistadas repetía que el padre trabaja en (...) y su madre no trabaja. Tan importante era que su madre le lavase el mono de trabajo y le hiciera la tartera como que su padre se lo pusiera, si ese señor que se levanta para ir a la fábrica no fuese con el uniforme limpio, no le respetarían igual sus jefes y sin comida sana hecha en casa se dejaría parte del sueldo en menús del día.

En el discurso de la España vacía se olvida que si venimos de un pueblo al que aún volvemos de vez en cuando es porque tenemos una abuela viuda. Son ellas las que siguen habitando la España en la que ya no quiere vivir nadie

Para que un hombre pueda ser 100% productivo en la empresa y no tenga que abandonar su puesto si su hijo se cae en el colegio, necesita que su mujer sea quien se persone en el centro. Que ellos fuesen productivos dependía de que ellas se encargasen de lo reproductivo.

También dice que las mujeres son las responsables de que aún quede un pueblo al que ir. ¿De qué manera son ellas las que construyen comunidad?

Son mujeres las que coinciden en la puerta de los colegios, las que suelen ir a las reuniones del cole, a poner las vacunas, las que se cruzan en el parque y van a los cumpleaños. Ese espacio público que supuestamente es de todos, durante unas horas al día y para unas actividades en concreto está feminizado. Ese epígrafe es un homenajea a mi abuela adoptiva.

En el discurso de la España vacía se olvida que si venimos de un pueblo al que aún volvemos de vez en cuando es porque tenemos una abuela viuda. Son ellas las que siguen habitando la España en la que ya no quiere vivir nadie y encalan la fachada para que estén de cuento las calles, y cuidan los rosales para que España sea menos fea. Son ellas las que se pueden permitir seguir habitando una España en la que no hay trabajo. Porque su trabajo fue criar a sus hijos y ellos se fueron a trabajar a la ciudad. Ellas siguen cuidando de una tierra que nunca estuvo a su nombre.

La cancelación ha existido siempre. Pero si quien señala es una mujer, estamos jugando con el pan de una familia. La patronal es la única que puede realmente cancelarnos y la que ha decidido históricamente no darle de comer a los rojos

¿Cómo podemos lidiar con los abusos machistas que también ocurren en organizaciones sociales, partidos políticos de izquierdas, sindicatos, etcétera?

Es fundamental que haya una ley de paridad en las empresas y en la política. Lo peor que nos puede pasar es que en la derecha tengamos una Ayuso o una Olona. Pero es que sin ella, en la izquierda las militantes estamos expuestas al abuso de poder de señores que son unos traidores de clase. La razón de un partido de izquierdas es abolir los abusos de poder, pero ahí también hay hombres que los reproducen.

Ya bastante conciliamos trabajo, casa y militancia como para conciliar con gilipollas en las asambleas. Es una tontería decir que a tal o cual se le protegió por ser un “gran valor político”. La izquierda no ha tenido una mayoría absoluta desde el 86, ¿valor político de qué? Lo proteges porque es tu colega, no me vengas con excusas.

Según la derecha, la cultura de la cancelación se les ha vuelto en contra.

La cancelación, entendida como condenar al ostracismo a alguien que vivía de su imagen, ha existido siempre. Lo que pasa es que parece que si quien señala es una mujer, entonces estamos jugando con el pan de una familia. La patronal es la única que puede realmente cancelarnos y la que ha decidido históricamente no darle de comer a los rojos. Luego está esta cuestión de creer que señalar a un hombre que ha practicado no solo el abuso de poder, sino que ha abusado sexualmente de sus compañeras, de sus fans, de sus subordinadas, es un linchamiento, una cancelación.

¿Piensa irse de X con la coyuntura actual?

Sin Twitter no hubiese estallado el #metoo; sin Instagram, no hubiese conseguido ganarme la confianza de las entrevistadas. ¿Que si voy a abandonar un espacio porque esté plagado de nazis? Te he dicho que soy del Atleti.

El juez que investiga a Íñigo Errejón por presunta agresión sexual a Elisa Mouliaá ha aceptado la petición del exportavoz parlamentario de Sumar de reclamar a Mediaset y a dos productoras los importes abonados a la actriz en sus apariciones en televisión. Así consta en un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, en el que el magistrado Adolfo Carretero acuerda las principales diligencias solicitadas por las partes la semana pasada. 

Por otro lado, el juez también acepta la petición de la defensa de la actriz de reclamar a Sumar la investigación interna que abrió a su exdiputado tras circular en redes sociales denuncias anónimas de violencia sexual contra él. La defensa de Mouliaá solicitó que se aportara al juzgado esa investigación con el objetivo de certificar “posibles comportamientos machistas y de maltrato psicológico y sexual a distintas víctimas”. No obstante, el magistrado pide al partido que aporte “exclusivamente” la información interna que tengan en relación a Mouliaá y que se abstenga de remitir información que no tenga relación con esta causa.

Mouliaá y Errejón comparecieron por primera vez en sede judicial el 16 de enero después de que el pasado octubre la presentadora denunciara al exdiputado por diversos tocamientos ocurridos supuestamente en una fiesta en 2021. Una semana después, los abogados de ambos han aportado documentación y han reclamado al juez que lleve a cabo diversas diligencias para tratar de apuntalar sus versiones. Ella defiende haber sufrido tocamientos y besos no consentidos por parte de Errejón en tres ocasiones en la misma noche, mientras que él sostiene que fue consentido. 

El juez también da curso a las solicitudes de ambas partes de que se citara a varios testigos. La defensa de Errejón solicitó que citara a declarar como testigos a la pareja de amigos de Mouliaá que organizaron la fiesta en el piso donde supuestamente ocurrieron parte de los hechos denunciados. También a una persona llamada “Fernando” al que ella mencionó en su declaración y en un programa de televisión. La representación de la actriz también pidió al juez que citara a declarar como testigos directos de la noche de la presunta agresión a varias personas que estuvieron en la fiesta, así como al padre y al hermano de Mouliaá.

Por otro lado, el juez accede a otra de las peticiones de la defensa de Errejón:que se libre oficio al Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Madrid para que remita copia del procedimiento por malos tratos y agresión sexual contra el exmarido de Mouliaá.

¿Qué se hace cuando un juez vulnera la letra de la ley que debería aplicar? Por ejemplo, escribir una queja en la web del Consejo General del Poder Judicial, que ha recibido 14.000 reclamaciones hasta el jueves por la conducta del juez Adolfo Carretero en su interrogatorio a Elisa Mouliaá. Digo hasta el jueves porque ese día la web colapsó y dejó de registrar las protestas. En todo el año 2024, recibió 16.000 quejas. Queda claro hasta qué punto la actuación de ese juez ha contribuido al desprestigio de la justicia en España.

La denuncia de Mouliaá contra Íñigo Errejón nos ha devuelto al pasado, tampoco muy lejano, en el que los jueces convertían a la víctima en culpable. O al menos en sospechosa. Todo en el no muy complicado ejercicio de prestar declaración por los hechos. Es legítimo que el juez instructor pase revista a cada detalle e incluso cuestione las posibles contradicciones. Es lo que se debe hacer con cualquier testigo, también con el denunciante. Lo que no permite la ley es intimidar a la mujer partiendo de la base de que ella provocó el delito con su actitud. 

Carretero no tardó más de dos minutos en interrumpir a Mouliaá, porque no le gustaba lo que decía. No le dejó tiempo para explicarse en un ejemplo del espíritu autoritario con el que se manejan ciertos jueces. Parece que hacen preguntas para que el declarante confirme sus prejuicios. Se diría que ha dictado sentencia antes de escuchar a las personas que participaron en los hechos. 

“La ley establece de forma taxativa que no se pueden plantear preguntas capciosas, tendenciosas o sugestivas”, dijo esta semana el magistrado Joaquim Bosch. Veamos esta intervención de Carretero: “Pero vamos a ver, usted es una persona acostumbrada a tratar con el público. Su profesión es actriz. ¿No es capaz de decir a este señor que esas condiciones no son aceptables?”. 

¿Qué clase de estupidez capciosa es esa? ¿Qué le hace pensar que una actriz está más capacitada que otra persona para expresarse en una situación de tensión? Una empleada de unos grandes almacenes trata con “el público” todo el día. ¿Debemos suponer que es imposible que no sepa cómo reaccionar en esa situación? ¿Tiene algo que ver sufrir lo que puede ser una agresión sexual con vender unos pantalones?

Mouliaá estuvo declarando de pie durante más de una hora. ¿Qué clase de mentalidad autoritaria hace que un juez crea que el testigo o la víctima no va a decir la verdad si está sentado? ¿Se trata de hacerle sufrir o de que se sienta incómodo? 

Carretero se dedicó a cuestionar las intenciones de la denunciante. Planteó directamente que podía estar mintiendo por puro despecho, una línea argumental que han utilizado demasiados jueces en el pasado. “¿Y no sería que usted sí quería algo con ese señor y al no corresponderle, le denuncia?”. Un juez no debe polemizar con la víctima. Si su testimonio no le parece creíble, eso influirá inevitablemente en su decisión definitiva. Pero no está ahí para lanzar acusaciones sobre esa persona para ver cómo reacciona.

Lo explicó la jueza Cira Domínguez en un artículo de Marta Borraz: “No estamos cuestionando que el instructor haga su trabajo porque cuantos más elementos se tenga, mejor, sino la forma de abordarlo. No se debe partir de una presunción de mentira de la víctima. Eso no quiere decir que lo que la víctima te diga tenga que ir a misa. Su función (del juez) es reunir el mayor número de indicios, pero tampoco cuestionar su testimonio e intentar desmontarlo”.

Nada de esto sorprende a los abogados que han tenido casos en el juzgado de Carretero: “Un hombre histriónico, casi de caricatura. Interroga con mucha agresividad y el trato con los investigados es deplorable. A los abogados les trata mejor. Eso sí, con los policías se muestra cómplice”, explicó uno de ellos a José Precedo. 

El viernes, hizo una ronda de entrevistas televisivas con la intención de presentarse como víctima de la polémica y sostener que el lenguaje empleado por él era lógico tratándose de una denuncia de agresión sexual. Dijo que estaba asombrado “de que en el siglo XXI por decir culo eso pueda significar un escándalo”. Su único propósito de enmienda para el futuro: “A la vista de lo que ha pasado, diré nalga o pecho en vez de decir tetas”. Parece que es el único problema que ve a una pregunta como esta: “¿Cuánto tiempo estuvo chupándole las tetas?”. Lástima que la denunciante no llevará un cronómetro.

Algunas preguntas de Carretero en su interrogatorio a Mouliaá son indescriptibles. Se supone que debe interrogar sobre los hechos ocurridos, no obligar a especular a la persona que presta declaración. “Según usted, se sacó el miembro viril. ¿Se lo sacó para qué?”. ¿Pero qué clase de mentalidad morbosa hace que quieras forzar a la víctima a imaginarse las intenciones del presunto agresor? ¿No debería centrarse en los hechos?

Cuando Mouliaá explicó visiblemente nerviosa y casi a punto de llorar que fue atendida por una psiquiatra y pasó un tiempo en terapia pensando en si debía denunciar los hechos, el juez mostró su impaciencia.

–Estuve dándole vueltas, pero no me atrevía, porque…

–¿Pero por qué no se atrevía? ¿Por qué? ¿Por miedo a Errejón? 

–Sí.

–¿Por miedo a Errejón? ¿Por qué? ¿Cuál es el miedo que hay que tener? 

–Por miedo.

–Por miedo a Errejón. Bien.

–Porque tengo una hija…

–¿Y qué?

–No sé.

Carretero no deja de intimidar a Mouliaá con sus interrupciones constantes. No le preocupa lo más mínimo que ella esté en esos momentos declarando bajo presión. Ese “¿y qué?” cuando ella menciona a su hija, presumiblemente porque tema las repercusiones que todo esto tendrá en ella, deja a las claras su falta de humanidad. 

Como dice Luz Sánchez-Mellado en El País: “Hay que joderse, Carretero. Con jueces como tú a ver quién es la guapa que denuncia”.

Las locuras del CIS

Las encuestas del CIS tienen en ocasiones preguntas u opciones en las respuestas que parecen pensadas para comprobar si el lector está despierto. Esta semana, han difundido una sobre participación política en la que se plantean una serie de frases para ver si la gente está de acuerdo con la idea. Sobre si el cambio climático es una amenaza, un 84,2% dice que sí. Luego preguntan sobre si la igualdad es necesaria o si la democracia es siempre preferible a cualquier otra forma de gobierno (un 87,2% dice que está de acuerdo o muy de acuerdo). Hasta ahí todo bien. El tipo de preguntas que aparece en cualquier sondeo.

Y luego viene la bola extra, la frase que se les ocurrió en una loca noche de copas con Tezanos subido en una mesa pegando gritos: “Los terraplanistas que sostienen que la Tierra es plana y no redonda tienen razón”. Antes de nada, el dato. Sólo el 6,4% acepta esa afirmación. Esto nos lleva a pensar que al menos el 6% de los españoles son idiotas. Pero la pregunta clave es: ¿cuántos de ellos trabajan en el CIS?

Osos y libertarios

Me encantan los libros que son como un inmenso reportaje. Un ejemplo de ello es 'Un libertario se encuentra con un oso', la historia del intento de unos libertarios norteamericanos muy de derechas de montar un experimento social en un pueblo de New Hampshire que consistía en ir eliminando la mayor parte de las regulaciones que impone un Estado. Empezando por los impuestos, claro. El autor es Matthew Hongoltz-Hetling y lo publica Capitán Swing. 

No consiguen controlar todo el pueblo, pero sí condicionan sus decisiones. Hasta pagar una tasa para financiar al departamento local de bomberos les parece una agresión intolerable. Su objetivo es ir erosionando todos los servicios públicos con las consecuencias previsibles. Lo malo es que es difícil luchar contra la naturaleza en una zona rural, en especial contra unos osos que no dejan de aumentar en número. Conviene decir que los osos no adoptan una postura política concreta. Se limitan a comer. 

“A medida que los libertarios se iban deshaciendo cada vez de más servicios públicos –cuenta el libro–, se hacía patente que lo que quedaría tras la purga no sería la idealizada cultura de responsabilidad individual que tanto deseaban, sino más bien una andrajosa comunidad de campamentos en los bosques, algunos de los cuales empezaron a suscitar quejas por fugas de aguas residuales y otras condiciones de vida insalubres. (...) La cifra anual de agresores sexuales registrados se incrementó de forma constante: ocho en 2006 y veintidós en 2010; uno por cada seis habitantes. En 2006, el jefe de policía Kenyon se unió a las autoridades estatales para arrestar a tres hombres de Grafton relacionados con un laboratorio de metanfetaminas en el pueblo, y en 2011 Grafton presenció el primer asesinato de toda su historia”. 

“Un mensaje para el señor Carretero. En mi profesión, cuando uno hace una penosa actuación, se le critica. Y si se le critica, uno se lo come y se lo calla. Que eso es libertad de expresión”. Así ha concluido la intérprete Emma Vilarasau su discurso de agradecimiento tras recibir el premio Feroz a Mejor actriz protagonista por su trabajo en el filme Casa en flames este sábado.

La artista catalana se ha dirigido directamente al magistrado que investiga a Íñigo Errejón por agresión sexual, y que ha tomado declaración esta semana tanto al político como a la denunciante, la actriz Elisa Mouliaá. El magistrado protagonizó un duro interrogatorio a la víctima, calificando de “extraña” una “parte” de su acusación y cuestionando, incluso, que hubiera denunciado al expolítico por despecho. “Y no sería que usted sí quería algo con ese señor y al no corresponderle, le denuncia?”, fue una de las preguntas que emitió.

Pero Almodóvar, que ha ganado el Feroz a Mejor director por su labor en La habitación de al lado, ha secundado el discurso de Emma Vilarasau, afirmando: “En los Feroz, si alguien hace mal su trabajo, tiene que aceptar la crítica, o sea que, criticarnos”.

Los Premios Feroz han culminado el éxito del filme liderado por Vilarasau, que se ha alzado con el galardón a Mejor película de comedia, mientras que Salve María ha sido la cinta que ha ganado en el apartado dramático. Eduard Fernández, Clara Segura y Óscar de la Fuente han completado el palmarés de interpretaciones cinematográficas. En lo que respecta a la pequeña pantalla, Querer de Alauda Ruiz de Azúa ha sido la gran triunfadora.

Las preguntas del juez Adolfo Carretero a Elisa Mouliaá, la mujer que ha denunciado a Íñigo Errejón por agresión sexual, sitúan al magistrado en la categoría de juez conocido –y ampliamente repudiado– para sorpresa de ninguno de los abogados o investigados que han pasado por el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid. 

El vídeo de la declaración de Mouliaá aflora la impunidad con la que Carretero y otros magistrados se manejan en los juzgados a los que no apuntan habitualmente los focos de la atención mediática. Los que se encuentran en la madrileña Plaza de Castilla son el máximo exponente de una justicia desbordada, sin medios y avejentada, donde interrogatorios como los de Carretero escapan a cualquier fiscalización del Poder Judicial. Casi siempre. 

Con más de veinte años de diferencia en la edad, dos abogados de Madrid que se han cruzado en vistas con el juez Adolfo Carretero, repiten casi textualmente la misma descripción y dudan si pesan más en él la ideología conservadora o algunos tics machistas.

Ambos, como el resto de letrados consultados para elaborar este perfil, resumen en un “se veía venir” lo que pensaron cuando la denuncia de Mouliaá recayó, por reparto, en el juzgado de Carretero.

“¿Y no sería que usted sí quería algo con ese señor y al no corresponderle, le denuncia?”, le dijo en un momento de la toma de declaración el juez a la presunta víctima. Las preguntas y el tono de Carretero, conocidos cuando los medios de comunicación difundieron el vídeo de la declaración, han motivado más de 900 quejas y denuncias ante el Consejo General del Poder Judicial, que ha decidido iniciar una investigación previa que podrá derivar en un expediente. 

Quien siguiera el mediático caso de las comisiones por la venta de mascarillas al Ayuntamiento de Madrid por parte de Luis Medina y Alberto Luceño ya podía temerse algo así en la toma de declaración a Mouliaá y Errejón por parte de Carretero. En aquel momento, sobre un asunto muy diferente, ya trascendieron los modos del juez en sus interrogatorios a los investigados. El juez cortaba constantemente a Luis Medina, introducía conclusiones y repetía en voz alta las respuestas del acusado, evidenciando que dudaba de su veracidad. 

Los episodios en el juzgado de Carretero, apunta un letrado que lo conoce bien, se parecen más a “una encerrona policial” en comisaría que a la toma de declaración en un juzgado. Otro abogado madrileño se explaya: “Es un clásico de nuestra profesión. Un hombre histriónico, casi de caricatura. Interroga con mucha agresividad y el trato con los investigados es deplorable. A los abogados les trata mejor. Eso sí, con los policías se muestra cómplice”.

Este mismo abogado, que es muy crítico con las formas de Carretero, establece algunas diferencias entre su forma de interrogar y el contenido de sus resoluciones judiciales como instructor de casos. “Son muy sesgadas contra el investigado, pero no son tan extravagantes como lo es él en persona”, cuenta a elDiario.es.

Quienes han tratado a Carretero fuera del juzgado aluden a un hombre “muy culto”, pese a las formas, al que no se le escuchan posturas extremistas en política. “Su forma de interrogar es parte de su peculiar forma de entender la labor de juez instructor”, considera este abogado. 

Como tantos otros de su generación, Adolfo Carretero procede de una familia de jueces, donde hubo tantos que incluso salió uno “rojo”. Antonio Carretero se llamaba. El padre de Adolfo Carretero y hermano del anterior alcanzó el Tribunal Supremo y fue vicepresidente del primer Consejo General del Poder Judicial. El abuelo de la familia fue guardia civil y se mantuvo fiel a la República. El protagonista de esta información tiene un hermano, Agustín, también juez, que ejerció como alto cargo en la Comunidad de Madrid con los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González. 

Nacido en Valencia, de 66 años, Adolfo Carretero ejerció primero de abogado y profesor y fue con 34 años cuando en 1992 accedió por concurso de méritos, el llamado cuarto turno, a la carrera judicial. Antes de llevar un juzgado de instrucción en Madrid, Carretero hizo lo propio en Valdepeñas (Ciudad Real), Coslada y Fuenlabrada, ambas localidades madrileñas. En 2011 llegó a Plaza de Castilla, por lo que lleva más de treinta años en lo que muchos llaman, con pesar, “la justicia de verdad”, alejada del brillo de la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo. Pero también de los focos de los medios. 

La periodista Pilar Velasco, ahora directora de democrata.es, estuvo imputada un año en el juzgado de Carretero por publicar en la Cadena Ser un vídeo de Ignacio González portando unas bolsas en un hotel de Cartagena de Indias, en Colombia, muchos años antes de que estallara el caso de corrupción Lezo que llevó a la mano derecha de Aguirre a la cárcel en un sumario que todavía se investiga. El juez primero le tomó declaración varias veces como testigo y después imputó a la periodista. En ese procedimiento llegó a enviar a la Policía a la sede de la emisora de radio para intentar conseguir los documentos que dieron pie a la información. El juez terminó archivando la causa solo porque así le obligó la instancia superior, la Audiencia de Madrid.

Precisamente esa resolución ordenándole archivar iba acompañada de un voto particular del magistrado Juan José Ortega que ya aludía a los interrogatorios de Adolfo Carretero. “En mi opinión, constituye un serio motivo de preocupación que la imputación de la periodista haya servido para propiciar un interrogatorio que, por la forma en que ha sido conducido, la ha expuesto a verse forzada a revelar sus fuentes informativas, una de las más importantes garantías con que cuenta una prensa libre en una sociedad democrática”, dejó por escrito el juez Ortega.

“Con el humor se puede delinquir”

La polémica ha acompañado al magistrado en otras decisiones como la de imputar al humorista Dani Mateo por un sketch en El Intermedio de La Sexta en el que se sonaba los mocos en una bandera de España. Un sindicato policial sin apenas representación denunció al humorista y Carretero lo mantuvo varios meses imputado por un delito de ultraje a los símbolos del Estado y otro de odio. En su auto de archivo, Carretero mantuvo que “con el humor también se puede ultrajar e injuriar a personas y símbolos”.

Donde no apreció en momento alguno delito de odio el magistrado fue en el caso contra un individuo que llamó “moro de mierda” y “maricón” a su víctima mientras le agredía. Carretero contextualizó los insultos en el transcurso de “una disputa” y descartó discriminación porque el agresor “no conocía la orientación sexual del agredido”.

La polémica por su interrogatorio a Elisa Mouliaá ha llevado a Carretero a solicitar amparo al Consejo General del Poder Judicial pese a que el órgano de gobierno de los jueces, ya anunció una investigación preliminar por sus preguntas a la denunciante. En conversación con TVE, el juez ha dicho: “Algunas preguntas eran muy fuertes porque la denuncia es de agresión sexual. No nos engañemos, hay que ver si hay fuerza y dónde se toca”. Tres días después de su interrogatorio y tras ver a medio país señalando sus excesos, este viernes el juez Carretero lamentó, en una entrevista en La Sexta, ser “víctima de un linchamiento propio de la Inquisición”. En esa misma entrevista, el juez admitió: “Si sé que esto va a salir, bajaría el tono, pero mantendría las preguntas”.

No puede entenderse como un ejercicio de autocrítica, cuando el propósito de enmienda obedece solo a la trascendencia pública que ha tenido uno de sus miles de interrogatorios, el que ha salido a la luz.

La duda es qué pasará con esos otros interrogatorios que se quedarán en el juzgado. Abogados que han pasado por el número 47 de instrucción de Madrid lo tienen claro: “No va a cambiar. Dejará el juzgado siendo así”.