El mundo entero está pendiente del mundial de fútbol que se celebra en América, pero a más de 8.000 kilómetros de distancia otro torneo se disputa en Canarias. En Tacoronte, un municipio rural de poco más de 20.000 habitantes, los jóvenes africanos que viven en Tenerife han organizado la Mini Copa África 2026. En el campo de El Cantillo no hay tantos focos ni cámaras como en Estados Unidos, pero sí hay unos valores y una intención clara: promover el respeto, la integración y la convivencia.

“Frente a los discursos de odio que hay por ahí y hablando de prioridades nacionales, para nosotros la prioridad nacional es el respeto a los derechos humanos”, dice Miguel Llorca, una de las personas que ha hecho posible esta competición y que coordina el Campus Sansofé, un proyecto impulsado por la Universidad de La Laguna para favorecer a través del deporte la inclusión de los jóvenes migrantes y los menores tutelados.

En la Mini Copa África participan 150 jugadores de entre 14 y 22 años, nacionales de diferentes países y distribuidos en ocho equipos: Mauritania, República Democrática del Congo, Cabo Verde, Gambia, Marruecos, Senegal, Guinea y Canarias. La idea le llegó a Modou Lamin (Gambia, 2007) a través de Instagram. “Vi que en Barcelona llevan años haciéndola y que la gente iba a ver los partidos y pensé: si en Barcelona pueden hacer este torneo, en Canarias, donde también hay bastante inmigración, también podemos”, cuenta a este periódico. Modou compartió su idea con sus compañeros Buba, Alex y Babacar y se pusieron manos a la obra.

Modou llegó a Canarias con 14 años desde Serekunda, la ciudad más poblada de Gambia. “Mi primera opción era ser futbolista”, cuenta. Sin embargo, como le pasa a muchos otros jóvenes migrantes que viajan a las islas, tuvo que priorizar encontrar otro trabajo para poder pagar el alquiler al cumplir la mayoría de edad. Ahora tiene 19 años es ayudante de cocina, pero sigue disfrutando del fútbol cada vez que sale al campo.

Para Buba (Gambia, 2007), otro de los organizadores del torneo, el fútbol es “una manera de poder integrarte, hacer amigos y conocer a la gente, sus historias, sus culturas y sus tradiciones”. Él llegó a Canarias con 14 años en 2020. “El fútbol para mí es como para un niño cualquiera que sueña con jugar, que llegará a ser profesional o no, pero que por lo menos disfruta de ello y lo pasa bien”, afirma.

Por esta razón, la Mini Copa África 2026 cuenta también con una selección llamada “Canarias”, integrada por jóvenes de Tenerife. “Nos pareció un buen gesto porque hoy estamos donde estamos gracias a las islas, que nos están apoyando”, explica Buba. El joven gambiano insiste en que para ellos, “esto va mucho más allá del fútbol”. “Se trata de unir culturas, ofrecer una imagen positiva de la comunidad africana en Tenerife y apoyar a los jóvenes recién llegados. Estamos viniendo aquí para tener una vida mejor, para ayudar, para trabajar, para ser felices”, subraya.

“Estamos haciendo esto para que la gente que piensa cosas malas sobre nosotros vea que da igual si yo soy de Gambia y tú eres de aquí y el otro es de allá. Lo importante es que todos somos iguales y que lo pasemos bien”, añade Modou.

Otro de los propósitos de esta competición es apoyar a los jóvenes talentos de las islas. Durante años, muchos de ellos no han podido jugar partidos por las dificultades impuestas por la FIFA para poder federarse. Miguel Llorca explica que, a raíz de una queja presentada ante la Diputación del Común, este problema se ha conseguido solventar, aunque matiza que los menores migrantes no acompañados deben enfrentarse a un engorroso trámite burocrático para obtener ficha.

A modo de agradecimiento, la diputada del común, Lola Padrón, fue la encargada de hacer el saque de honor en la inauguración del campeonato el pasado 29 de junio. “Canarias y África están unidas por la geografía, pero también por vínculos humanos, sociales y culturales que debemos cuidar. Iniciativas como esta ayudan a mirar a la juventud migrante no desde la distancia, sino desde la participación, el talento, el esfuerzo y la convivencia”, ha valorado Padrón.

El campeonato arrancó con un partido entre el equipo de veteranos de la Unión Deportiva (UD) Las Palmas y otro formado por menores africanos. La Fundación de la UD Las Palmas, a través del proyecto CONVIDA, es una de las entidades que ha colaborado para sacar adelante este torneo, junto al Campus Sansofé, la UD Tacoronte, la asociación Aquí Estamos Migrando, Casa África o la asociación de árbitros ATANFE. La final se disputa este 11 de julio en El Cantillo, entre las selecciones de Gambia y Senegal, pero los jugadores ya están pensando en la próxima edición, reconoce Llorca.

Entre los partidos y el trabajo, Buba y Modou intentan sacar algún hueco para seguir el Mundial. “Desde pequeño, de las selecciones de África siempre he ido con Senegal porque mi país no juega, pero del mundo occidental siempre voy con España, porque soy del Barça y mi jugador favorito de todos los tiempos es Iniesta”, ríe. Modou, su compañero de selección, quería que ganara Portugal por ser el último mundial de Cristiano.

Durante meses, Vox ha sostenido desde el Gobierno de Aragón que la comunidad no podía asumir la llegada de más menores migrantes no acompañados. Ha defendido que los centros estaban saturados, ha impulsado medidas como el refuerzo de la seguridad en estos recursos y ha llegado a acusar a los medios de comunicación de ocultar información sobre este colectivo. Sin embargo, los registros oficiales dibujan una realidad distinta. A 30 de junio de 2026, Aragón tutela a 238 niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, según los datos a los que ha tenido acceso elDiario.es. La cifra equivale a un menor por cada 6.000 habitantes y sitúa a la comunidad al 50% de la capacidad ordinaria que el Estado considera necesaria para atender a este colectivo.

El pasado 29 de junio, el Consejo de Ministros aprobó la capacidad estructural de acogida que corresponde a cada comunidad autónoma en aplicación del Real Decreto-ley 2/2025, la norma que regula la respuesta ante situaciones de contingencia migratoria extraordinaria. En el caso de Aragón, esa capacidad se fijó en 476 plazas. Con los 238 menores que tutela actualmente, el sistema autonómico se encuentra lejos de ese límite.

Los registros oficiales muestran, además, que la entrada en vigor del nuevo modelo de reparto apenas ha modificado la situación en Aragón. Antes de la aprobación del Real Decreto-ley, a comienzos de 2025, la comunidad acogía a 218 menores migrantes no acompañados. Un año y medio después son veinte más, una evolución que contrasta con el discurso sobre una supuesta sobresaturación del sistema mantenido por el Ejecutivo autonómico.

A ello se suma la financiación transferida por el Estado para atender a estos menores. El Gobierno central destinó el pasado año 3.258.150 euros extraordinarios a Aragón y este martes aprobará un nuevo reparto de 577.083 euros para reforzar la atención a la infancia migrante no acompañada.

Meses de ofensiva contra los menores

Las cifras llegan después de meses en los que Vox ha situado a los menores migrantes en el centro de su estrategia política desde su entrada en el Gobierno de Aragón. El partido ha defendido reiteradamente que los centros de acogida estaban saturados y ha endurecido progresivamente su discurso contra este colectivo. En mayo, el Ejecutivo anunció, a petición de Vox, un refuerzo de la seguridad en los centros específicos para menores migrantes no acompañados. La medida fue criticada por organizaciones sociales y profesionales del sistema de protección, que consideraron que contribuía a estigmatizar a estos adolescentes y recordaron que las competencias sobre estos recursos corresponden al Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS).

Semanas después, el vicepresidente Alejandro Nolasco presentó un paquete de medidas centradas en este colectivo, entre ellas la realización de pruebas forenses para determinar la edad de quienes generaran dudas sobre su documentación o el impulso de retornos a sus países de origen, pese a que la comunidad autónoma carece de competencias para ello. Durante esa comparecencia mezcló datos de delincuencia general con cifras sobre menores extranjeros para tratar de establecer una relación entre inmigración y violencia y llegó a cuestionar la edad de una niña de nueve años, asegurando que podría tener 13, una circunstancia que, en cualquier caso, no alteraría su condición de menor no acompañada.

La escalada continuó cuando el portal oficial de información del Gobierno de Aragón difundió una noticia sobre un menor migrante investigado por una agresión sexual, una utilización de los canales institucionales que fue criticada por entidades sociales y juristas por considerar que contribuía a señalar a un colectivo especialmente vulnerable. Posteriormente, Nolasco volvió a cargar contra los medios de comunicación aragoneses, a los que acusó de no informar sobre los menores migrantes “porque están a la orden de determinados partidos políticos”. Ese mismo día presentó un documento con el que trató de sostener la relación entre inmigración y delincuencia, un informe que posteriormente fue respaldado por el presidente aragonés, Jorge Azcón.

Ese documento agrupaba en una misma categoría menores detenidos, investigados, denunciados, sometidos a medidas judiciales, implicados en incidentes ocurridos dentro de centros de protección o incluidos en expedientes internos, pese a tratarse de situaciones con consecuencias jurídicas muy diferentes. Tampoco explicaba los criterios de selección de los casos, no contextualizaba esas cifras respecto al conjunto de los cerca de 1.700 menores tutelados por el sistema aragonés y utilizaba conceptos que no existen en el ordenamiento penal español. Especialistas consultados por este periódico advirtieron por ello de que las conclusiones del documento debían interpretarse con cautela.

Pese a esas objeciones, Azcón respaldó públicamente a su vicepresidente cuando fue preguntado por la polémica en las Cortes de Aragón. El presidente aseguró que apoyaba a todos los miembros de su Gobierno “si dicen la verdad y siempre que estén dentro de la legalidad”. Todo ello mientras el Ejecutivo autonómico mantiene su rechazo al modelo estatal de reparto de menores migrantes y ha recurrido judicialmente distintos aspectos de la norma.

El debate político ha coincidido, además, con las críticas de profesionales del sistema de protección de menores, aunque por motivos diferentes. Trabajadores y entidades sociales llevan meses denunciando que el Ejecutivo autonómico ha reducido recursos propios destinados a la protección de la infancia con el cierre de tres centros y la pérdida de unas 70 plazas en los últimos años. A su juicio, los problemas del sistema responden a decisiones de gestión y no al número de menores migrantes tutelados por la comunidad.

Los datos nacionales tampoco respaldan otra de las principales tesis defendidas por PP y Vox: la existencia de un supuesto “efecto llamada” provocado por el nuevo sistema de reparto. Según los datos oficiales a los que ha tenido acceso elDiario.es Aragón, actualmente hay menos de 14.000 menores migrantes no acompañados en el sistema de protección español, la cifra más baja desde julio de 2024. A finales de 2024 y comienzos de 2025 el número llegó a superar los 16.000, pero desde entonces la evolución ha sido descendente de forma prácticamente continuada. En el último año, más de un millar de adolescentes han abandonado el sistema tras alcanzar la mayoría de edad. Los datos del Observatorio Permanente de la Inmigración apuntan, además, que el 62% de las personas extuteladas figuraba afiliado a la Seguridad Social en junio de 2025, un indicador de su incorporación al mercado laboral tras abandonar el sistema de protección.

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán (Vox), ha anunciado que condicionará las subvenciones a Cáritas y otras ONG a su apoyo a migrantes irregulares como parte de su plan para “comabtir la inmigración ilegal”. Así lo ha expuesto ante los medios después de reunirse con Cáritas, entidad dependiente de la Iglesia Católica cuya labor “pegada al territorio y a las personas vulnerables” ha puesto en valor. En concreto, Carlos Pollán se ha centrado en el trabajo de Cáritas en “adicciones, infancia y mayores”, obviando la labor de Cáritas en la integración de los migrantes y su defensa de procesos como la regularización extraordinaria.

Pollán ha avanzado que los nuevos directores generales —de Desregulación y Familia, que eran diputados autonómicos de Vox— están 'avanzando' en “el conocimiento de su actividad” de cara a los presupuestos de la Comunidad de 2027. El vicepresidente autonómico ha garantizado que se mantendrán las subvenciones previstas para 2026, pero ha adelantado que habrá cambios en las próximas cuentas. “A partir de hoy empezaremos a valorar y a estudiar todas las ayudas y subvenciones que se están repartiendo a través de las asociaciones. En Cáritas pueden estar tranquilos porque realizan una labor muy importante en infancia, adicciones y mayores y esa labor van a seguir haciéndola”, ha apostillado.

Carlos Pollán ha asegurado que, una vez incorporados los nuevos directores generales, Castilla y León continuará con la misma línea de política migratoria que en Aragón o Extremadura, donde los educadores sociales han protestado por vincular a los menores no acompañados con la delincuencia. Carlos Pollán ha prometido que se “auditará el gasto en inmigración ilegal” y que ni se habilitarán ni rehabilitarán espacios para menores. También se endurecerá el régimen interno en dichos centros.

Recurso de la asignación de menores a proteger

La Junta de Castilla y León anunció este domingo que recurrirá el Real Decreto 556/2026 que ha aprobado la capacidad del sistema de protección y tutela de los menores extranjeros no acompañados, que ha asignado a Castilla y León una capacidad de 833 personas, superior a los 783 consignados en 2025 (que también está impugnado). El Ejecutivo autonómico tiene dos meses para presentar el recurso, según ha informado el vicepresidente.

Carlos Pollán ha defendido que es “inasumible” atender a este número de menores, aunque no por recursos humanos o materiales: “No es una cuestión de financiación ni de recursos ni de plazas, sino que nos oponemos frontalmente a la política migratoria de Pedro Sánchez, por principios y por responsabilidad política”, ha defendido el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, quien ha cargado contra la “estafa migratoria” de Sánchez.

Además, ha avanzado que se realizarán pruebas para determinar la edad de los menores —a través de Fiscalía— y se intentará repatriar a aquellos que no las superen, atendiendo al artículo 35.2 de la Ley de Extranjería, que permite establecer acuerdos con los países de origen para que la “atención e integración social” se realice “en su entorno de procedencia”, siempre que se asegure “la protección del interés de los menores” y se realice un seguimiento por parte de las autonomías.

Al ver el acuerdo de PP y Vox en Andalucía, en el que la inmigración en el segundo punto, en el que se habla de prioridad nacional, hay una pregunta irremediable: ¿Ha mentido Juanma Moreno? ¿Ha traicionado a sus propios votantes? Hacemos un repaso a las distintas declaraciones que el presidente andaluz ha hecho en campaña y a lo largo de los años, siendo sutil en sus palabras, pero asumiendo que sus postulados nada tenían que ver con los de la extrema derecha.

Ahora que el PP ya ha pactado con Vox incluso en Andalucía… ¿Se allana el terreno para Feijóo a nivel nacional? Lo hablamos con los periodistas de elDiario.es Aitor Riveiro y Daniel Cela.

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Los educadores y educadoras sociales de Aragón han salido en defensa de los menores migrantes, un colectivo al que el vicepresidente del Ejecutivo autonómico por Vox, Alejandro Nolasco, pone semana sí y semana también en la diana al vincularlos con la delincuencia. Según los profesionales del sector, “esta narrativa” solo consigue fomentar “la estigmatización de quienes más protección necesitan”. Y lo hace con el agravante de utilizar para ello su posición institucional en el Gobierno de Aragón.

El duro comunicado del Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Aragón (CEES Aragón) llega días después de que el presidente autonómico, el popular Jorge Azcón, diera su respaldo expreso a la postura de Nolasco: respaldará a todos sus consejeros y consejeras, afirmó en el pleno de las Cortes de Aragón, “si dicen la verdad y siempre que estén dentro de la legalidad”. Sin mencionar, eso sí, que el día previo el líder de la extrema derecha en la comunidad había mezclado datos para tratar de relacionar a los menores migrantes con la delincuencia.

Los educadores sociales centra su censura a Nolasco en varios puntos. Sobre el fondo de las declaraciones del vicepresidente de Vox, el colegio profesional sostiene que “vuelve a asociar” a los menores migrantes sin referentes familiares en Aragón “con la delincuencia y la violencia”, y apunta que los datos difundidos “carecen de rigor”.

Sus palabras “no son inocuas”

La entidad advierte de que las palabras de un cargo público “no son inocuas”: cuando una institución generaliza sobre un colectivo vulnerable y proyecta sobre él “una imagen de amenaza”, se alimentan “el miedo, el rechazo social y los discursos de odio”, lo que dificulta los procesos de inclusión que sostienen a diario los servicios sociales y el sistema de protección de menores.

Desde su experiencia profesional, los educadores sociales subrayan que trabajan con menores que han vivido “procesos migratorios extremadamente duros”, marcados por pérdidas, violencia, separación familiar y experiencias traumáticas, y que reducir esa realidad a estereotipos constituye “una grave irresponsabilidad institucional”. No niegan la existencia de “situaciones complejas” que requieren respuesta judicial, pero rechazan que se utilicen para “criminalizar a toda una infancia”.

El comunicado pone el acento en que la “inmensa mayoría” de los menores atendidos en el sistema de protección “participan en procesos educativos positivos cuando cuentan con acompañamiento y estabilidad”, y subraya que resulta “especialmente preocupante” que este discurso proceda precisamente de quien ostenta “responsabilidades directas” sobre las políticas de infancia y protección de menores en Aragón.

Contra los periodistas

Por último, CEES Aragón reitera su respaldo a los equipos educativos que trabajan en los recursos de protección de menores, recuerda que todos los niños y adolescentes son sujetos de derechos “con independencia de su origen o situación administrativa” conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño, e insta a los responsables públicos a ejercer “un liderazgo institucional responsable” basado en el rigor y el respeto a los y las profesionales del sector.

Anteriormente fue el Colegio de Periodistas de Aragón el que reprochó el tono, el lenguaje y los mensajes expresados por el vicepresidente autonómico de Vox. La semana pasada, Nolasco llegó a afear a una periodista que repreguntase sobre la cuestión ante las dudas generadas por los datos aportados, con los que la extrema derecha trata de vincular a los menores migrantes con la delincuencia.

D.D. es un joven senegalés de 17 años que llegó a España en 2024 con la esperanza de encontrar trabajo y ayudar a su madre. Al principio recorrió distintos centros de acogida y albergues para personas sin hogar, mientras intentaba abrirse camino lejos de casa. Hace unos meses se trasladó a Sevilla para trabajar en el campo, hasta que el sábado 6 de junio ingresó en el hospital Virgen Macarena tras sufrir un grave episodio de salud mental. El pasado lunes 22 recibió el alta. Cuando cruzó la puerta del centro hospitalario ya no tenía cama asignada, ni un lugar donde continuar su recuperación. En plena ola de calor, D.D. volvió directamente a la calle.

Su caso resume una cadena de “errores institucionales” que las plataformas de apoyo a personas migrantes llevan años denunciando. Cuando recaló en territorio español a través de Canarias, manifestó ser menor de edad, pero nunca se le identificó como tal. No se abrió un expediente de determinación de edad, no intervino la Fiscalía de Menores y tampoco fue inscrito en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados (RMENA), pese a que lo exige la legislación vigente. Desde entonces quedó atrapado en un limbo burocrático del que aún no ha salido: su país de origen lo reconoce como menor de edad, pero la Administración española lo registró como adulto a su llegada.

Como consecuencia de esa identificación errónea, fue derivado al circuito de atención para personas adultas, donde se le animó a presentar una solicitud de protección internacional. Así obtuvo la conocida como “tarjeta roja”, el documento que acredita –a los mayores de edad– la condición de solicitante de asilo. En esa tarjeta figura una fecha de nacimiento que, según la documentación oficial de su país de origen, no es la suya.

Una vez se estabilizó en territorio español, D.D realizó los trámites para recuperar su documento de identidad senegalés. Este periódico ha podido comprobar la existencia de una carta nacional de identidad, expedida por el Consulado de Senegal en Madrid en mayo de este año, que sitúa su fecha de nacimiento en noviembre de 2008. elDiario.es también ha tenido acceso a los escritos remitidos por Laia Costa, activista jurídica especializada en derechos de menores no acompañados, a la Junta de Andalucía, la Fiscalía de Menores, el Hospital Virgen Macarena, ACCEM y ACNUR antes de que se produjera el alta hospitalaria.

En ellos se advertía de la minoría de edad del joven, de su situación de “extrema vulnerabilidad” y de la necesidad de activar un recurso habitacional adecuado antes de que abandonara el hospital, en aras de evitar que el joven volviera a la calle, como finalmente ha sucedido. La jurista alertaba además de que dejar a un menor con problemas de salud mental sin alojamiento tras el alta médica “constituiría una omisión grave que podría ser calificada como abandono de menor”, según el Código Penal. Pese a ello, el alta se produjo y D.D. salió del hospital sin que se hubiera activado ninguna medida preventiva de protección que garantizara su correcta recuperación.

Atrapado entre dos vidas

“Es como si tuviera dos vidas”, resume una de las activistas que lo acompaña desde su etapa en Extremadura. Una de ellas aparece en la documentación expedida por las autoridades senegalesas que refleja que a día de hoy tiene 17 años y, por tanto, sigue siendo menor de edad. La otra es la que figura en buena parte de su recorrido administrativo en España desde que llegó a Canarias, donde fue incorporado al circuito de atención para personas adultas.

A juicio de la activista jurídica, el conflicto radica en el valor que las administraciones conceden a los distintos documentos que obran en el expediente. “El artículo 323 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que los documentos extranjeros tendrán en España el mismo valor que los documentos públicos españoles, mientras no sean impugnados judicialmente”, explica Costa.

Sin embargo, aun existiendo documentación expedida por el Consulado de Senegal que acredita su minoría de edad, parte de su trayectoria administrativa en España continúa vinculada a los datos con los que fue registrado al llegar a Canarias y que posteriormente quedaron reflejados en su documentación como solicitante de protección internacional. “La tarjeta roja es únicamente un documento acreditativo de su condición de solicitante de asilo; no constituye en modo alguno una resolución de determinación de edad ni tiene valor probatorio sobre la edad del solicitante”, sostiene la jurista.

La situación de “desprotección” en la que se encuentra actualmente D.D. es, según Costa, “consecuencia directa del error institucional inicial”: no haber sido identificado como menor desde su llegada. Se trata de una práctica recurrente en el sistema de acogida: la “sistemática falta de identificación adecuada” de los menores migrantes que llegan por la ruta canaria. De acuerdo con la jurista, numerosos menores que llegan a través de Canarias quedan inicialmente fuera de los mecanismos de identificación y protección previstos para la infancia migrante, una situación sobre la que el Defensor del Pueblo ha llamado la atención en reiteradas ocasiones por el riesgo de desprotección que genera.

Fuentes de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía consultadas por este periódico indican que el caso está en manos de la Fiscalía de Menores, después de que el hospital se lo remitiera. Hasta que el Ministerio Público no acredite que es menor, añaden las fuentes, el Gobierno andaluz no puede activar las medidas de protección que corresponden.

Según ha podido saber este diario, la Fiscalía ha citado al joven este jueves para la realización de pruebas de determinación de edad. Una decisión que ha sido recibida con críticas por parte de las personas que acompañan su caso, que cuestionan la necesidad de recurrir a estas pruebas cuando existe documentación oficial de su país de origen que acredita su fecha de nacimiento.

Un caso especialmente sensible

Si el caso de D.D. preocupa a las organizaciones que le acompañan no es únicamente por el fallo de identificación, sino por su situación de especial vulnerabilidad. El joven acaba de salir de un ingreso hospitalario por problemas de salud mental y, según apuntan las personas que siguen su caso, carece de la estabilidad necesaria para afrontar en solitario tanto su tratamiento como los trámites administrativos que condicionan su futuro.

“D.D. no sabe leer y necesita apoyo constante”, explica una de las activistas que le acompaña desde hace meses. “Lo que necesita ahora mismo es estabilidad habitacional, un lugar donde vivir y alguien que le ayude a seguir el tratamiento que le han pautado”, insiste.

La preocupación también aparece reflejada en el expediente médico del hospital sevillano. En uno de los informes a los que ha tenido acceso este periódico, los profesionales sanitarios solicitan que se realicen “cuantas actuaciones sean precisas por las entidades competentes para facilitar” al joven el acceso a sus derechos de protección y subrayan que disponer de “un espacio estructurado donde vivir y apoyos válidos tendrá una repercusión pronostica positiva”.

Actualmente, D.D. permanece en un asentamiento chabolista de La Rinconada. Las personas que le acompañan temen que las altas temperaturas de estos días, unidas a la falta de estabilidad y a las dificultades para seguir correctamente la medicación prescrita, compliquen aún más su recuperación.

Desde la plataforma de apoyo a personas migrantes sostienen que la responsabilidad de protegerle corresponde a la Fiscalía de Menores y a la Junta mientras se resuelve definitivamente su situación. Recuerdan que el único momento en el que el joven ha sido tratado como menor desde que llegó a España fue durante su ingreso hospitalario, donde fue atendido en el área de menores después de que se aportara la documentación expedida por las autoridades senegalesas.

Por ello exigen su reconocimiento inmediato como menor extranjero no acompañado y la apertura de un expediente de tutela por parte de la Junta de Andalucía, al considerar que es la administración competente por encontrarse actualmente en su territorio. “Nos preocupa la deshumanización que se está normalizando y el incumplimiento constante de las normas destinadas a proteger a menores sin red familiar ni apoyo”, denuncian desde la plataforma.

Mientras las administraciones verifican la edad de D.D, el joven sigue esperando. Tiene una carta de nacimiento reconocida por su país de origen, una cita para someterse a pruebas de determinación de edad y un tratamiento médico que continuar. Pero, por ahora, sigue sin tutela, sin alojamiento estable y sin un lugar seguro donde recuperarse.

El Gobierno de Canarias ha rechazado que la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, tenga la intención de convocar a la comunidades autónomas para valorar la posibilidad de levantar la situación de contingencia migratoria extraordinaria después de un año de traslado de menores migrantes no acompañados, iniciado tras la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, aprobado en el Congreso de los Diputados con el respaldo de todos los grupos excepto PP y Vox.

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad de Canarias, Nieves Lady Barreto, ha pedido “lealtad institucional” durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que ha presidido este lunes el vicepresidente del Ejecutivo regional, Manuel Domínguez, del PP.

Barreto recordó que Canarias acoge en estos momentos a 2.700 niños, niñas y jóvenes migrantes no acompañados, lo supone “triplicar” la capacidad ordinaria del archipiélago, que está fijada en 737 menores. Sin embargo, hay que señalar que hace un año eran más de 5.000 los menores tutelados por el Gobierno canario y que en la actualidad el propio Gobierno de Canarias ha comenzado a cerrar centros de acogida por baja ocupación. La llegada de migrantes por vía irregular, además, ha descendido en las islas más de un 70% en lo que va de año. Es por ello que la ministra emplazó a las comunidades a valorar una fecha para poner fin a la contingencia “extraordinaria”.

Sin embargo, Barreto entiende que “no es ni responsable ni solidario que este mecanismo desaparezca en la islas”, ya que, dijo, “es necesario que se regule y se garantice la distribución justa y equilibrada de todos los menores en todas las comunidades, y más cuando hay regiones que ni siquiera han llegado a su cifra de capacidad ordinaria”. Pese a estar junto a Domínguez en la rueda de prensa, que es además, presidente del PP de Canarias, no hizo ninguna mención a que son precisamente las comunidadades gobernadas por ese partido las que han dificultado hasta ahora, incluso recurriendo a los tribunales, la acogida de estos menores.

Finalmente, la consejera ha reclamado al Gobierno de España que tenga “responsabilidad, lealtad institucional y humanidad” en este asunto.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha indicado este jueves que convocará a Canarias para evaluar el momento en el que decretar el fin de la contingencia migratoria extraordinaria en el archipiélago.

Esto se debe, según ha indicado en declaraciones al programa Buenos Días Canarias de RTVC, recogidas por Europa Press, a que el sistema de acogida de Canarias “se ha descongestionado de manera significativa” tras la aplicación del proceso de acogida solidaria y vinculante de infancia migrante no acompañada, que calificó de “todo un éxito”.

Rego ha considerado que la tendencia apunta a la distensión del sistema de acogida, subrayando la “eficacia” del proceso de acogida de infancia migrante no acompañada que su Ministerio puso en marcha hace un año tras la reforma de la Ley de Extranjería.

Cabe recordar que ese cambio en el modelo de acogida (modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería) fue solicitado por el propio Gobierno de Canarias y aprobado en el Congreso de los Diputados con el apoyo de todos los grupos excepto PP y Vox. Desde entonces, las comunidades gobernadas por el PP han intentado boicotear la acogida de menores no acompañados y algunas han recurrido a los tribunales.

La situación ha cambiado tanto que los centros de menores migrantes empiezan ya a quedarse vacíos en Canarias. Los de Ayagaures y Ancor, en Fuerteventura, con 24 y 25 plazas respectivamente, cerrarán sus puertas el próximo uno de julio. La Consejería de Bienestar Social reconoció este mismo miércoles que se ha reducido la presión por los traslados de menores a La Península y que han bajado las llegadas por lo que ha iniciado una reorganización de estos centros. 

Rego ha resaltado los más de 2.000 expedientes que se han tramitado, ya que ha subrayado que “son niños, niñas y adolescentes que ya están en la península”.

Canarias recibirá este año cuatro millones de euros más para la acogida de infancia migrante no acompañada, según avanzó Rego este miércoles, al tiempo que ha recordado que en el año 2025 el archipiélago ha recibido 140 millones (más de la mitad del presupuesto total del Gobierno para este fin).

Rego también se ha referido al Pacto Europeo de Migración y Asilo, señalando que la propuesta de Juventud e Infancia es que la figura del representante legal que debe acompañar a la infancia migrante no acompañada sea un abogado del turno de oficio específico de infancia.

Vox ha vuelto a hacer uso del portal oficial del Gobierno de Aragón para poner en la diana a un menor migrante. Pese a las críticas por la utilización ideológica de una web ideada para informar sobre la actividad del Ejecutivo autonómico, la formación de extrema derecha ha publicado una nota sobre la supuesta fuga de un centro de acogida de un “peligroso” adolescente tras una “brutal agresión”.

Pese a la naturaleza del portal Aragón Hoy, destinado a dar a conocer la acción del Gobierno, la Vicepresidencia de Desregulación, Bienestar y Familia –en manos de Vox– da detalles muy concretos sobre el menor, incluida su nacionalidad y su localidad natal. Desgrana unos hechos según los cuales participó en una revuelta interna en el centro, del que también da a conocer su ubicación, y le dedica calificativos como que fue el “cabecilla” de la pelea, que se “ensañó” con la víctima o que “se desconocen sus posibles antecedentes policiales o delictivos”.

En la nota, el vicepresidente Alejandro Nolasco acusa al “Gobierno de (Pedro) Sánchez” de “amparar” estas “conductas y situaciones intolerables” y exige al delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, que “deje de ser cómplice”. Asimismo, reclama a Beltrán “que se implique directamente para que la Policía encuentre, detenga y ponga ante la Justicia a este presunto menor de edad, que no puede campar a sus anchas de forma descontrolada y que jamás debería haber sido acogido por el Gobierno de España ni mucho menos entregado forzosamente a Aragón”.

No es la primera vez que Vox lleva a cabo una práctica que no se había dado hasta ahora, y que supone una vuelta de tuerca en la agenda ultra de la formación, que desde que ha vuelto a entrar en el Gobierno de Azcón ha puesto a los menores migrantes que llegan sin padres ni madres a la comunidad en el centro del debate.

Hace tres semanas, el portal Aragón Hoy ya informó, también desde la Vicepresidencia de Desregulación, del supuesto caso de un menor que agredió a una trabajadora social en un centro de acogida del Gobierno de Aragón. La formación ultra incluso dio detalles del joven, del que reveló su edad y su nacionalidad.

Posteriormente, la Asociación de Periodistas de Aragón, que agrupa también al Colegio Profesional, trasladó a la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo una solicitud de valoración sobre “diversos comunicados institucionales” difundidos desde la Vicepresidencia de Nolasco a partir de “quejas por parte de colegiados y asociados, pero también de otros ciudadanos ajenos a la profesión”.

Entre otras cuestiones, trasladó a la Comisión el uso reiterado del término ‘mena’, pese a que la ‘Guía didáctica para el correcto tratamiento mediático de las migraciones’ impulsada por el propio Gobierno de Aragón y el Colegio Profesional de Periodistas de Aragón desaconseja expresamente su uso para referirse a personas, y advertía del carácter despectivo y estigmatizante que ha adquirido esa denominación.

El Tribunal Supremo (TS) ha inadmitido el recurso interpuesto por Aragón contra el Gobierno central con motivo de la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería para garantizar una acogida digna de los niños y adolescentes no acompañados que llegan a España. En concreto, se trata de la impugnación presentada por el Ejecutivo de Jorge Azcón ante el supuesto silencio del Consejo de Ministros en torno a los criterios de aplicación del sistema de distribución por parte de las comunidades autónomas.

La sala concluye que el Ejecutivo autonómico dirigió su apelación “contra una actuación no susceptible de impugnación contencioso-administrativa”, y por ello acuerda la inadmisión del procedimiento.

Desde el Ministerio de Juventud e Infancia han subrayado que las pautas han sido públicas desde el principio puesto que así figuran en el Real Decreto-ley 2/2025 y en los siguientes decretos de desarrollo. Del mismo modo, estos criterios –sostienen– fueron debatidos en las distintas conferencias sectoriales convocadas a tales efectos, sin que ninguna región propusiese en ellas otras reglas alternativas.

Fuentes ministeriales recuerdan que con este son ya al menos cinco los “varapalos judiciales” que recibe el Gobierno aragonés desde la aprobación del Real Decreto-ley para la acogida solidaria y vinculante de la infancia y la adolescencia migrante no acompañada. A ello, añaden, se suman las resoluciones desfavorables que en esta misma línea también se han producido respecto a las acciones legales similares emprendidas por otras administraciones como Andalucía, Baleares o la Comunidad Valenciana.

La ministra Sira Rego ha vuelto a defender “un mecanismo de solidaridad interterritorial que ha permitido destensar los sistemas de acogida en Canarias, Ceuta y Melilla, los territorios declarados en contingencia migratoria extraordinaria”. “Esto se ha traducido en una mejor atención a los niños, niñas y adolescentes que han sido trasladados al resto de comunidades autónomas del Estado”, manifiesta. Según Rego, “el Gobierno de España hace lo contrario a lo que hacen la derecha y la ultraderecha allá dónde gobiernan. Nosotros reforzamos derechos donde otros pactan racismo. Y esto no se negocia”.

La administración autonómica, que desde el inicio se ha opuesto al reparto obligatorio aprobado en la última modificación de la norma de extranjería, puso en marcha ya en la pasada legislatura una estrategia de judicialización de todo el proceso. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya tumbó primero las medidas cautelares solicitadas por el Ejecutivo autonómico para evitar dar a conocer sus datos de distribución y luego la propia impugnación. Y la Audiencia Nacional desestimó las demandas planteadas frente a la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia.

Por otra parte, existen también cuatro sentencias, dictadas por un órgano de instancia de Ceuta, que anulan el traslado a la Comunidad de otros tantos jóvenes extranjeros no acompañados. Los fallos no son firmes y responden a las impugnaciones presentadas por el Gobierno de Aragón contra el desplazamiento de estos chicos.

El PSOE de Extremadura ha exigido este viernes a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que aclare “de manera inmediata” cuál es su posición ante el anuncio realizado por el vicepresidente del Ejecutivo autonómico y consejero de Servicios Sociales, Óscar Fernández Calle, de recurrir a los tribunales cualquier traslado de menores migrantes no acompañados a la comunidad autónoma.

El portavoz del PSOE extremeño, Manuel González Andrade, ha asegurado que la presidenta no puede mantenerse “de perfil” ante una cuestión que ha calificado de grave. “Guardiola tiene que decir qué opina”, ha reclamado, al tiempo que ha recordado que en Extremadura “no existen dos gobiernos diferentes, uno del PP y otro de Vox”, sino un único Ejecutivo responsable de las decisiones que adopta.

En ese sentido, ha sostenido que cuando un miembro del Consejo de Gobierno anuncia una medida de este tipo “no habla en nombre propio”, sino como vicepresidente de la Junta de Extremadura. Por ello, ha instado a la presidenta a explicar si respalda la decisión anunciada por Fernández Calle o si está dispuesta a desautorizarla.

González Andrade ha cargado además contra las declaraciones del dirigente de Vox, que, a su juicio, “emanan racismo y xenofobia” y responden a una forma de hacer política basada en el señalamiento de personas vulnerables. Según ha señalado, la eliminación de la solidaridad y la justicia social de la acción política termina derivando en anuncios como el realizado por el vicepresidente extremeño.

El portavoz socialista ha vinculado estas declaraciones con las decisiones adoptadas por el Gobierno autonómico en materia de cooperación internacional. Así, ha recordado la supresión de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el cese de su dirección y la desaparición de fondos destinados a estas políticas en los presupuestos regionales.

Asimismo, ha advertido de que la decisión anunciada por Fernández Calle “roza los límites de lo legal y, sobre todo, los límites de lo humano”. A su juicio, tratar a menores migrantes como un problema y no como personas que necesitan protección supone alejarse de los valores que deben inspirar la acción pública.

Por último, González Andrade ha defendido que Extremadura ha sido tradicionalmente una tierra solidaria y ha reclamado al Ejecutivo autonómico que abandone los discursos de confrontación. “Lo que está en juego no es solo una decisión administrativa, sino el modelo de sociedad que queremos construir y los valores que deben representar las instituciones públicas”, ha concluido.

Fue en el año 2006 cuando por primera vez, desde el Gobierno Español y teniendo en la presidencia a José Luis Rodríguez Zapatero, se solicitó el reparto de infancia no acompañada a las comunidades autónomas. La Rioja, bajo la presidencia de Pedro Sanz, fue la única Comunidad Autónoma que se opuso. El pretexto para ello fue argumentar que nuestros colegios tenían el mayor porcentaje de infancia de procedencia extranjera de todo el país, como si la llegada de algunos adolescentes a nuestro territorio fuera a suponer el desbordamiento de nuestro sistema educativo. Esto supuso un conflicto de 2 años entre el gobierno central y el autonómico al retirar una subvención de 4,3 millones de euros para atender a personas migrantes al no cumplir nuestra comunidad la condición de acoger a personas menores de origen extranjero procedentes de Canarias, y que zanjó la Audiencia Nacional en enero de 2008, desestimando el recurso contencioso presentado por el Gobierno de la Rioja.

A partir de ahí la respuesta del ejecutivo riojano siempre ha sido la negativa o una respuesta tibia, independientemente de quien haya gobernado. Hemos de recordar que el máximo de chicos que han pasado por nuestro sistema de protección de menores ha sido de 17 durante el año 2024. La consecuencia de esta realidad ha supuesto que, mientras en los últimos 20 años, el resto de comunidades autónomas ha creado protocolos y recursos de todo tipo (habitacionales, formativos, relativos al empleo), con muy diferente calidad según el territorio, La Rioja no ha sido capaz de articular un escudo protector eficaz para la llegada de estas niñas, niños y adolescentes en la actualidad. 

En respuesta a esta insolidaridad institucional por parte de La Rioja durante los últimos 20 años, el gobierno central en la actualidad, con la entrada en vigor del Decreto Ley en agosto de 2025, y ante la necesidad de hacer un reparto entre las diferentes comunidades autónomas, ha cargado a La Rioja con un número de personas menores difícil de asumir por parte de nuestra comunidad, por lo menos, y a nuestro entender, en el corto plazo. 

Siguiendo con los problemas enumerados en el encabezamiento de este artículo no podemos dejar de denunciar los discursos de odio lanzados desde hace años hacia el colectivo de infancia no acompañada. Y sí, lo remarcamos, INFANCIA, porque además de ser personas menores de edad, también son otras muchas cosas: niñas y niños, adolescentes, hijas e hijos, nietas y nietos, hermanas y hermanos; por lo tanto, sujetos de derecho, contemplado tanto en nuestras leyes autonómicas y estatales como en los tratados internacionales suscritos por España. 

Un niño, niña o adolescente que se siente acogido, cuidado, querido y con todas sus necesidades básicas cubiertas será extraño que tenga conductas disruptivas, a no ser que ya arrastre traumas de su niñez, como pasa en todas las sociedades. 

Los casos que hayan podido suceder en ciertos territorios siempre van acompañados de situaciones de hacinamiento y maltrato institucional. Centros como el de primera acogida de Hortaleza en Madrid o la Purísima en Melilla arrastran un historial de atropellos hacia la infancia no acompañada muy fácil de rastrear en medios de comunicación por sus continuos despropósitos, por ejemplo, duplicando el número de niños, niñas o adolescentes que su capacidad permite. En el caso del centro de Hortaleza solo hace falta indagar los medios para comprobar que las últimas denuncias por hacinamiento datan de julio de 2024, cuando la Sección de Menores de la Fiscalía Provincial de Madrid respondió incoando expediente gubernativo para analizar la situación de dicho centro, ante la insostenible situación de albergar a más de un centenar de menores en un espacio proyectado para no superar las 35 plazas. 

Es por todo esto por lo que desde nuestro colectivo no deja de sorprendernos la respuesta que está dando la Consejería de Salud y Políticas Sociales, volviendo a un modelo de grandes centros, desterrado de nuestra comunidad desde el cierre de Residencia Iregua, con ocurrencias como comprar un convento religioso a las afueras de Logroño por más de dos millones de euros, o la petición al Ministerio de Transición Ecológica para utilizar la finca de Ribavellosa, en Almarza de Cameros, donde las posibilidades reales de integración en la comunidad serían nulas. 

Ante todo lo descrito anteriormente, desde nuestro grupo de trabajo solicitamos a los políticos de nuestra comunidad y de nuestro país, siempre contando con las recomendaciones realizadas desde UNICEF (agencia de las Naciones Unidas dedicada a proteger los derechos de los niños y niñas en todo el mundo), las siguientes peticiones: 

Una coordinación directa y continua entre el gobierno central y el gobierno autonómico, asumiendo cada cual sus responsabilidades y, sobre todo, no utilizando este tema como arma electoral. 

Al Ministerio de Juventud e Infancia, que mida bien la llegada de infancia no acompañada, con una comunicación directa con la Consejería, donde se dispongan los mecanismos necesarios para acoger y proteger en buenas condiciones a las personas menores que vayan llegando. 

A la Consejería de Salud y Políticas Sociales, que no caigan en medidas precipitadas que supongan un retroceso en la atención a estos muchachos. Solo prestándoles un cuidado personalizado y ubicándoles en hogares de acogida o en otras modalidades de vida familiar, se conseguirá lo que la ciudadanía quiere, jóvenes preparados, integrados en nuestra sociedad y que aporten allí donde se les necesite. Pedimos valentía a la consejería para comprar viviendas ubicadas en el casco urbano, diseminadas por toda la ciudad, y que suponga una inclusión social real en nuestros barrios, donde las personas menores puedan llegar a sentirse enraizadas y pertenecientes a la sociedad de acogida. Este modelo de acogimiento residencial ya está funcionando en nuestro sistema de protección, solo tienen que darle continuidad y no dejarse arrastrar por modelos menos inclusivos y más guetizantes.

Y también solicitamos a la ciudadanía que no se dejen llevar por los discursos de odio ni el racismo. Estos niños, niñas y adolescentes no son ladrones, violadores ni delincuentes. Han venido en busca de un futuro más próspero, a un lugar donde saben que tendrán más oportunidades que en sus países de origen y en donde podrán lograr una mejor vida, sobre todo, para ayudar a sus familias, como cualquiera de ustedes querría. 

Comisión de infancia y juventud del Colegio profesional de educadores y educadoras sociales (Miguel Ángel Blanco Briongos, Laura Cañas Ruiz, Victoria Jiménez Neila, Iván Pérez Ramírez, Erika Picado Ortiz, Soledad Ruiz Urzanqui y Carlos Terroba García)

La escena fue ilustrativa. La vicepresidenta y portavoz, Mar Vaquero (PP), daba cuenta a primera hora de este jueves ante los medios de una sentencia favorable a Aragón sobre el acogimiento de un menor migrante. Lo hacía en la sala de prensa del Ejecutivo autonómico: sentado frente a ella, el otro vicepresidente, Alejandro Nolasco (Vox), esperaba su turno. Tras las pertinentes preguntas, una cortinilla en el 'streaming' oficial dio paso instantes después al propio Nolasco, quien volvió a trasladar mensajes de corte xenófobo. Vaquero evitó así la foto con el dirigente de la extrema derecha, pero no un objetivo ultra que los propios populares parecen comprar: que el debate público esté saturado de mensajes contra la inmigración.

Cuando se cumple un mes de la toma de posesión de los consejeros del Gobierno de Aragón, tras un pacto entre el PP y Vox por el que la extrema derecha asumió tres consejerías, una de ellas con rango de vicepresidencia, el presidente Azcón parece avasallado por el discurso de la extrema derecha, que ha centrado el tiro en los extranjeros. Si ese 4 de mayo el jefe del Ejecutivo lanzó una advertencia a sus socios y reclamaba a los nuevos consejeros que fueran “prudentes y discretos” porque lo contrario, según argumentó, solo servía para “fracasar”, el caso que le han hecho al líder popular parece ser nulo.

Una de las muestras más evidentes de este alejamiento de la prudencia y la discreción son las notas de prensa publicadas desde la Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, encabezada por el propio Nolasco y punta de lanza de la batalla ideológica de Vox, hasta el punto de que el único cometido de la Vicepresidencia parece ser combatir la inmigración. Así, el Ejecutivo autonómico ha llegado a hacer informaciones colgadas en el portal oficial en las que daban cuenta de simples sucesos, como una agresión en un centro de acogida autonómico.

Las continuas alusiones de Nolasco a menores migrantes, a los que denomina con tono despectivo “menas”, ha llevado incluso al Colegio de Periodistas de Aragón a llamar la atención del vicepresidente autonómico, al trasladar a la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo las quejas por el tratamiento en varios comunicados de cuestiones relacionadas con migración y colectivos vulnerables. Aragón suscribió en 2022 una 'Guía didáctica para el correcto tratamiento mediático de las migraciones' que ha saltado por los aires en apenas cuatro semanas.

Este mismo jueves, en la mencionada rueda de prensa, Nolasco ha sido el primero en informar de un suceso en Caspe del que ni la Guardia Civil había dado cuenta: una reyerta que ha terminado con un muerto. El vicepresidente ya hablaba entonces de “asesinato” y lo vinculaba con la inmigración y con la seguridad en la localidad caspolina, donde la tasa de foráneos es elevada y hay una importante bolsa de temporeros. En general, el consejero de Desregulación ha dedicado la jornada en exclusiva al suceso: se ha desplazado por la mañana a Caspe, donde ha informado de que la víctima era valenciana –algo que la Guardia Civil no confirmó–, y por la tarde ha exigido al delegado del Gobierno en Aragón que informara “sobre la residencia legal o ilegal” del detenido.

Sin iniciativa

Y ¿qué papel han jugado el PP y Jorge Azcón en estas semanas? Lo cierto es que los populares parecen haber cedido por completo la iniciativa a la extrema derecha. Más allá del día a día, el pulso informativo ha sido para Vox. Hubo un conato de enfrentamiento entre los dos partidos tras pedir la extrema derecha que la Unidad Adscrita a Aragón de la Policía Nacional vigilara los centros de menores migrantes, pero las aguas volvieron pronto a su cauce. En este tiempo, el líder del PP ha parecido estar más pendiente de hurgar en la herida del PSOE que de contrarrestar la labor de la extrema derecha, a la que ha evitado cualquier tipo de crítica pese al destemplado comienzo de legislatura.

Además, la sintonía entre ambas formaciones a la hora de aplicar la denominada prioridad nacional ha sido total, en especial en materia de vivienda, una competencia que recae en el PP.

En los populares, la consigna por ahora es evitar el conflicto con el incómodo socio. Este mismo jueves, la vicepresidenta Vaquero ha sido cuestionada sobre qué ha cambiado para que el Gobierno de Aragón tenga ahora que llevar a cabo pruebas de edad a todos los menores migrantes, no solo en los casos bajo sospecha. La número dos de Azcón en el Ejecutivo lo ha dejado claro, aunque entre líneas: la novedad es que hay una coalición PP-Vox y que ahora las competencias en Servicios Sociales recaen en la extrema derecha. Es decir, que los populares se ven obligados a transigir con la agenda ultra. Y no hay más discusión.

Mientras, la oposición continúa desnortada. En especial, el PSOE, que asiste atónito a la sucesión de revelaciones judiciales provenientes de Madrid. Pero también Chunta, Aragón Existe e Izquierda Unida, a las que apenas se les ha oído. En esta tesitura, la principal voz crítica hacia el Gobierno autonómico proviene del delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, que ha tenido que salir a responder, casi día sí y día también, al vicepresidente Nolasco con sus ataques en inmigración y seguridad ciudadana.

Periodistas de Aragón, que agrupa a la asociación homónima y al Colegio Profesional, ha trasladado a la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo una solicitud de valoración sobre diversos comunicados institucionales difundidos recientemente por el departamento de Desregulación, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón.

La entidad profesional y colegial ha recibido diversas quejas por parte de colegiados y asociados, pero también de otros ciudadanos ajenos a la profesión, respecto a algunos de estos textos, especialmente en cuestiones relacionadas con migración y colectivos vulnerables.

Ambas organizaciones dudan acerca de que determinados enfoques y expresiones utilizados puedan entrar en contradicción con las recomendaciones recogidas en el Código Deontológico del Periodismo y con la ‘Guía didáctica para el correcto tratamiento mediático de las migraciones’, impulsada conjuntamente por el propio Gobierno de Aragón y el Colegio Profesional de Periodistas de Aragón.

Esta guía fue elaborada precisamente para promover un tratamiento informativo riguroso, contextualizado y no estigmatizante de las migraciones, así como para prevenir discursos discriminatorios o simplificaciones que puedan afectar a la convivencia social.

El término 'mena'

La petición remitida a la Comisión se refiere, entre otros aspectos, al uso reiterado del término ‘mena’, pese a que la guía desaconseja expresamente el uso de acrónimos para referirse a personas, y advierte del carácter despectivo y estigmatizante que ha adquirido esa denominación.

Asimismo, desde Periodistas de Aragón se observa una reiterada asociación entre migración, inseguridad y conflictividad, así como referencias insistentes a nacionalidades y orígenes en contextos delictivos o conflictivos sin una justificación informativa clara.

Periodistas de Aragón subraya que los hechos relatados en algunos de estos comunicados poseen evidente interés público y, en algunos casos, una indudable gravedad. Precisamente por ello considera necesario reforzar el rigor, la proporcionalidad y el respeto a los principios éticos en la comunicación institucional.

Los mecanismos de autorregulación y reflexión deontológica fortalecen la calidad democrática, la convivencia y la credibilidad del periodismo y de la comunicación pública.

El vicepresidente de Aragón, Alejandro Nolasco, ha decidido pasar de los discursos a los hechos y mover ficha con una de las banderas políticas de Vox: vincular menores migrantes y delincuencia. Aunque carece de competencias directas en materia de seguridad, el dirigente ha escenificado este martes la puesta en marcha de un protocolo de vigilancia reforzada en los centros de menores extranjeros no acompañados dependientes de la comunidad autónoma. Para desplegar esta iniciativa, Nolasco cuenta con la Unidad Adscrita de la Policía Nacional, que depende de Departamento de Hacienda e Interior, en manos del PP.

La medida llega acompañada del habitual discurso de Vox sobre los jóvenes que llegan a España sin la compañía de sus progenitores. El departamento de Nolasco justifica el plan por la “alarmante acumulación de altercados, algunos de especial gravedad”, supuestamente protagonizados por “un número significativo” de menores. Con ello, el vicepresidente busca reforzar su perfil político y evidenciar que Vox intenta aplicar su agenda incluso en áreas donde sus competencias son limitadas.

El problema es que el refuerzo anunciado no depende realmente de su Consejería. Nolasco no recurrirá a seguridad privada, que sí podría contratar desde su área, sino a la Unidad Adscrita de la Policía Nacional en Aragón, un cuerpo que depende orgánicamente del Departamento de Hacienda e Interior, dirigida por el popular Roberto Bermúdez de Castro. El vicepresidente ya se ha reunido con el responsable de la unidad, Félix Jodrá, para impulsar el protocolo, una medida que podría entenderse como una injerencia pero que desde su entorno aseguran que “todo el Gobierno conocía” la iniciativa.

Con este movimiento, Nolasco no solo sitúa el foco político sobre los menores extranjeros, sino que además invade un terreno especialmente sensible para el PP: la gestión de la seguridad y la coordinación policial. La iniciativa puede interpretarse como un intento de marcar perfil propio y condicionar la agenda del Gobierno de coalición.

“Grave conflictividad”

El vicepresidente sostiene que la situación de “grave conflictividad” en estos centros supone “una amenaza cierta y contrastada” tanto para los trabajadores como para el resto de menores acogidos. “Ni son hechos aislados ni son aislados los casos de menas que los protagonizan”, ha insistido, reforzando el relato de Vox sobre inmigración e inseguridad. Unos datos que ayer fueron negados tanto por el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, como por la propia alcaldesa de Zaragoza, la popular Natalia Chueca. Ambos calificaron a Zaragoza como una de las ciudades más seguras de España con bajo índice de criminalidad.

El protocolo, según el Gobierno aragonés, persigue un doble objetivo: reforzar la seguridad en el interior y exterior de los centros y garantizar el deber de tutela de la administración sobre los menores. Entre las medidas previstas figuran controles de acceso, vigilancia perimetral y refuerzo de la seguridad exterior.

Los primeros contactos para desarrollar el plan comenzaron la semana pasada con una reunión entre Nolasco y el comisario de la Unidad Adscrita. Unos encuentros que continuarán produciéndose para perfilar este plan de acción en el que ya están trabajando los servicios del ejecutivo autonómico. El vicepresidente recuerda que entre las funciones de esta unidad policial figura la vigilancia de edificios públicos y servicios dependientes de la comunidad autónoma.

La ofensiva de Vox se completa con el reiterado rechazo del Ejecutivo aragonés a aceptar más menores extranjeros no acompañados y con sus críticas a la política migratoria del Gobierno central, una posición que puede tensionar la convivencia interna con el PP en un asunto especialmente delicado en el que los populares se remiten al cumplimiento de la legalidad.

Hace casi cuatro años, Midu se disponía a migrar por segunda vez antes de haber cumplido los 25. Primero, abandonó su Argelia natal para ir a Turquía. Pero allí no consiguió mejorar su situación y decidió probar suerte en Europa. Así que puso rumbo a Alemania, donde le esperaban algunos familiares.

Surcó a pie buena parte de los 2.000 kilómetros de la Ruta de los Balcanes, una travesía que, aunque peligrosa y dura, es una de las principales vías de entrada de decenas de miles de refugiados y migrantes. Midu consiguió llegar, pero su viaje no había de acabar ahí. Aunque trabajó durante más de un año y medio en una conocida cadena de zapaterías y podía acreditar arraigo, el gobierno alemán le negó el permiso de residencia. Y le tocó volver a empezar.

Esa vez decidió poner rumbo a Barcelona. De eso han pasado apenas 10 meses, pero hoy se encuentra a punto de graduarse en mecatrónica, en pleno proceso de regularización y tomando té con menta junto a sus nuevos compañeros de piso. Todo jóvenes que, como él, se han visto obligados a dejar sus hogares para subsistir y que, en el transcurso entre dejar una vida y empezar otra, han vivido migraciones traumáticas. En algunos casos, hasta han tenido que dormir en la calle antes de volver a encontrar un techo.

Midu vive con una quincena de personas en una amplia casa del barrio de Vallcarca. Una casa que tiene un nombre: Es una BACstation, un recurso residencial gestionado por BarcelonActua, una iniciativa impulsada por la convocatoria de proyectos sociales de la Fundació “la Caixa”. Además de esta, tienen otras dos y acogen a un total de 55 personas. Esta entidad lleva años trabajando con migrantes en situación de vulnerabilidad, pero no fue hasta 2020 cuando iniciaron el proyecto de viviendas.

“Nosotros estábamos calentitos en casa, pasando el confinamiento, y ellos vivían en la calle. Todo lo que habíamos trabajado para que pudieran regularizar su situación y encontrar trabajo se estaba perdiendo”, cuenta Laia Serrano, directora de BarcelonActua. Al principio, consiguieron movilizar a 25 familias para que acogieran a jóvenes. Luego, viendo que la demanda era alta, les surgió la posibilidad de alquilar un hostal que estaba vacío por la pandemia, donde acogieron a 32 personas. Al cabo de un mes, el Ayuntamiento les pidió habilitar un nuevo hostal, que también se llenó en seguida.

Así, ese proyecto que debía ser temporal, se acabó convirtiendo en una iniciativa permanente. “Vimos que aquel era el camino”, sigue Serrano. Así que juntaron recursos y acabaron alquilando tres casas –van camino de la cuarta– para dar un techo a estos jóvenes. “Por mucho trabajo que se haga para integrar a la gente, el sinhogarismo es muy duro. Siempre hay un momento de inflexión en el que alguien que duerme en la calle pasa al lado oscuro. El objetivo es actuar antes”, añade.

Midu estuvo en esa cuerda floja. Cuando llegó a Barcelona, pudo costearse un hostal, pero el dinero de sus anteriores trabajos se fue acabando. “Dejé de poder pagar. Buscaba trabajo, pero también qué comer, dónde dormir... Fueron días difíciles”, explica, lacónico. Viendo que cubrir sus necesidades básicas le estaba costando más de lo esperado, empezó a investigar quién podía ayudarle. Y así dio con BarcelonActua, que le ofreció entrar en uno de sus pisos.

Los requisitos son pocos: ser migrante, tener más de 18 años, estar empadronado, dispuesto a trabajar y, detalle no menor, a aprender catalán. El joven argelino los cumplía todos y se mudó a principios de marzo.

En este tiempo, ha vuelto a estudiar y se está preparando el examen final de un Grado Superior que dejó a medias antes de migrar. También se ha matriculado en la escuela de idiomas para iniciarse en el catalán y perfeccionar un castellano más que decente. “Es muy importante hablar las lenguas de aquí, todas las que haya, porque es una manera de conocer el sitio en el que me quiero quedar”, dice Midu, que habla seis idiomas. Él es un ejemplo que demuestra la cifra de que el 70% de jóvenes migrantes se han incorporado al mercado de trabajo.

Sortear el racismo inmobiliario

Las viviendas de BarcelonActua tienen grandes espacios comunes en los que los habitantes pueden pasar el rato, tanto entre ellos como con la amplia red de voluntarios que tiene la entidad. “La clave de la integración es la socialización”, remarca Serrano. Cuentan con parejas lingüísticas, profesores de repaso y gente que, simplemente, va a pasar el rato con ellos y les acompaña a conocer la ciudad. “Hemos creado un equipo de fútbol y también tenemos un grupo para ir al teatro”, cuenta Midu, que se declara amante de las actividades culturales.

La idea es que estos jóvenes, después de lo que han pasado, tengan una vida lo más normal posible y, aunque estén lejos de sus familias, puedan contar con una red de apoyo. Todo ello teniendo en cuenta que el objetivo último es su plena integración en Catalunya. Y eso pasa, necesariamente, por encontrar un trabajo. Con la actual falta de mano de obra, desde la entidad reconocen que no es difícil que los chicos consigan un sueldo; lo que sí es más complicado es que sea un empleo con contrato.

“Hay mucho racismo y muchas empresas que se aprovechan de la vulnerabilidad de estas personas”, aseguran desde BarcelonActua. Por ello, han establecido convenios con diversas compañías locales para emplear a los jóvenes que tienen acogidos. Una de ellas es la cadena de supermercados Veritas, que en el último año ha dado trabajo a 13 usuarios de esta entidad. “Lo mejor es que les tienen de cara al público, con lo que ellos pueden practicar idiomas y, además, se hace un trabajo de concienciación antirracista con los clientes”, explica Serrano.

Zakaria es uno de esos trabajadores. Él se emancipó de BarcelonActua en enero y todavía conserva el trabajo en el supermercado, un empleo que compagina con sus estudios en la Escuela de Instaladores de Barcelona. Este marroquí de 24 años arribó a las Canarias cuando apenas había cumplido los 18 y se le dibuja una sonrisa de oreja a oreja cuando presume de su primer “trabajo legal”.

Él pudo evitar vivir en la calle porque encontró una entidad canaria que le ofreció un techo y le abrió las puertas a una escuela en la que empezó a estudiar diseño gráfico mientras trabajaba de lo que le saliera. Siempre sin contrato. Estuvo dos años en esa situación, hasta que decidió probar suerte en otro sitio. Así llegó a la capital catalana, no sin antes haber contactado previamente con BarcelonActua.

“No somos estrictos con los requisitos; simplemente pedimos que tengan ganas de trabajar e integrarse”, explican desde la entidad. Y tienen bastante lista de espera. A pesar de que hay mucha gente que llama a sus puertas, nunca dejan que nadie se vaya de sus pisos hasta que ha conseguido un permiso de trabajo y un nuevo contrato de alquiler. “¿De qué serviría todo el trabajo que hemos hecho si, de un día para otro, les echamos a la calle y se quedan sin techo?”, se pregunta Serrano.

Ese proceso puede tardar más o menos, dependiendo de la persona y la suerte que tenga. El permiso de trabajo no suele ser un problema teniendo en cuenta que tienen con un empleo casi asegurado. El problema, cuentan, es encontrar un alquiler por su cuenta. “Ni te imaginas la de racismo que hay”, se lamenta Zakaria. Él ha sufrido en sus propias carnes el desprecio de parte de la sociedad catalana; ha tenido que aguantar identificaciones policiales por el color de su piel y también ha visto cómo le negaban un alquiler por llamarse como se llama.

El racismo inmobiliario, lacra que en España es practicada por el 99% de agencias, según un informe de Provivienda, es bien conocido por Zakaria. Él entró en el piso de BarcelonActua en 2022, sin estudios acabados, trabajo o permiso de residencia. Cuatro años después, ya había conseguido todo eso y se había cerciorado de que Catalunya es el lugar en el que se quiere quedar. Pero cuando le tocó emanciparse, todo fueron puertas cerradas. “No lo entendía, se suponía que lo había hecho todo bien”, cuenta el joven.

Esta es una realidad que se repite constantemente entre los usuarios de la entidad. Por eso, y conscientes de que no pueden tenerlos eternamente bajo su ala, pero tampoco pueden echarlos a los leones, desde BarcelonActúa han alargado un poco su acompañamiento. Ellos mismos han alquilado dos pisos con cuatro plazas cada uno, para aquellos jóvenes a los que les cueste más independizarse.

“No es ningún regalo”, advierte Serrano. Quienes acceden a este recurso tienen trabajo, por lo que pagan su parte de alquiler y los gastos. “Es simplemente una manera de darles algo más de tiempo”, cuenta la directora de la entidad, que alerta de que, si bien hace años el gran escollo para la integración de los migrantes era acceder al mercado laboral, ahora es la vivienda.

“Es muy difícil irte de tu casa sin saber a dónde vas o qué va a pasar”, se lamenta Midu. Para él, el camino acaba de empezar y para Zakaria se empieza a enderezar. “Yo he sacrificado mucho, ha sido largo y duro, pero ahora, por fin, soy feliz”, dice. Se pasó más de tres años sin poder ver a su madre. “Estudié y trabajé cada día, hasta obtener el permiso y estar seguro de que, si me iba, me dejarían volver a entrar en España”, dice este joven marroquí que, durante el tiempo que duró el proceso de su regularización rezaba para que nadie de su familia enfermara.

Finalmente, eso no pasó. Hace poco, pudo volver a Marruecos y ver a su madre. Cuando lo cuenta, su mirada se ilumina, igual que la de Midu cuando le escucha hablar. A pesar de que no comparten origen, sus historias tienen mucho en común. Y, aunque se llevan casi cinco años, el más joven de ellos actúa de mentor: “Tienes que darlo todo. Tener disciplina y buscar las cosas buenas. No te concentres en el mal ambiente. Esto será una montaña rusa, pero tú intenta buscar una línea recta y llegarás al final. Te lo prometo”.

El Ararteko, la Defensoría del Pueblo vasca, ha instado a la Diputación de Bizkaia a garantizar que los procesos para regularizar la situación administrativa de los menores extranjeros que se encuentran en el Dispositivo Asistencial de Emergencia El Vivero, en Galdakao, comiencen “lo antes posible” tras su ingreso en el sistema de protección, respetando los plazos legales. Del mismo modo, también recomienda que desde el centro no comuniquen medidas generales que restrinjan derechos, como informar a los residentes que no se tramitarán sus documentos ni se les dará acceso a formación durante su estancia en el centro.

Estas son algunas de las recomendaciones del Ararteko tras realizar dos inspecciones en el centro el 6 y el 16 de junio de 2025 y entrevistarse con un responsable y 17 de los 39 residentes que se encontraban en acogida en aquel momento. El 70% de los menores en acogida llevaban más de tres meses en el centro, pese a que se creó de carácter “excepcional, temporal y transitorio” y al estar vinculado al programa de acogida de urgencia, la permanencia de los adolescentes debería ser preferentemente inferior a 60 días.

En el informe realizado por el Ararteko, del 27 de marzo de 2026, se detalla que el centro funciona principalmente como un recurso asistencial de “comida y cama”. No se realiza una intervención educativa profunda ni se tramita documentación de extranjería mientras están allí, posponiendo estos procesos hasta que son trasladados a otros centros. La única actividad formativa que reciben los menores es una hora diaria de castellano, lo cual se considera “insuficiente para su integración”. Además, no tienen acceso a formación externa ni a aprendizaje de oficios. Tampoco se les realiza un reconocimiento médico inicial, solo acuden al médico en caso de dolencia, y no se les empadrona en Galdakao debido a la supuesta provisionalidad de su estancia.

“Se les informa de manera consistente por parte del equipo educativo del centro y por parte del coordinador del servicio foral, que, de manera general y mientras estén en Vivero, no se les va a ofrecer formación externa ni se les van a tramitar papeles (documentación de extranjería consistente en autorización de residencia y trabajo). Sienten su estancia en El Vivero como un paréntesis en su proyecto migratorio que dura demasiado”, recoge el informe del Ararteko.

Según el Ararteko, los menores que residen en El Vivero sienten una gran “desesperanza y frustración”. “Quieren estudiar, formarse, aprender castellano, un oficio, conseguir autorización de residencia y trabajo para, finalmente, poder trabajar cuanto antes y tener una vida autónoma. Aparcados, en ese tiempo no sucede nada, lo que produce desesperanza, una gran frustración y un profundo malestar. Sin referentes familiares ni red, se sienten desprotegidos como personas menores cercanas a la mayoría de edad, sin un plan de intervención formativa y de transición a la edad adulta, temiendo poder acabar en situación de calle a pesar de haber migrado como menores de edad solos y estar en el sistema de protección”, detalla el documento.

En este sentido, de cara a ofrecer una mejor atención a los menores, el Ararteko insta a la Diputación a intensificar la enseñanza del idioma con una mayor carga horaria para facilitar la integración de los menores y recomienda elaborar un proyecto de intervención individualizado para cada joven que guíe el trabajo del equipo educativo, incluso si la estancia se prolonga más de lo deseado. También considera importante seguir buscando “fórmulas innovadoras y estables” para la atención de menores extranjeros sin referentes familiares, dada la tendencia estable de llegadas.

Por último, dado que el carácter excepcional y temporal del centro El Vivero finaliza en 2026, el Ararteko insta a la Diputación de Bizkaia a valorar la idoneidad de la experiencia y definir alternativas definitivas que cumplan con la normativa. “El DAE El Vivero, conforme a su calificación de 'excepcional', es un recurso definido como temporal, por un período máximo (incluida su prórroga) de año y medio. En el año 2026 finaliza este período, en el que habrá de valorarse la idoneidad de la experiencia y definir alternativas estables y conforme a norma para la adecuada atención a estos adolescentes en situación de desprotección. El Ararteko se mantendrá atento a la evolución de la propuesta”, concluye el informe.

La consejera canaria de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha pedido al Gobierno central que agilice la prórroga del modelo de acogida de los menores migrantes no acompañados entre todas las autonomías tras el plantón que han protagonizado este miércoles las comunidades presididas por el PP en la Conferencia Sectorial de Infancia. A la cita, que ha tenido que cancelarse por falta de quórum, solo asistieron con presencia del PP Ceuta y Canarias.

En declaraciones a los medios tras haberse suspendido la celebración de la reunión prevista para este miércoles, Delgado ha considerado que las comunidades autónomas “son libres de hacer y no hacer lo que estimen conveniente”, aunque ha indicado que en un estado democrático “lo lógico es venir y, si hay que protestar, se viene y se protesta en el órgano que está creado para eso”.

“Lo que sí le hemos pedido a la ministra es que debido a que no hemos podido celebrar hoy esta Conferencia sectorial, que se agilice la toma de decisión por parte del Consejo de Ministros para aprobar ese nuevo Real Decreto que avale esa nueva prórroga y que sigamos trabajando”, ha explicado Delgado.

Para la consejera canaria, la situación producida este miércoles es un “déjà vu” de lo que ocurrió en julio del año pasado cuando se iba a abordar este asunto, por lo que ha dicho que el Gobierno “tendrá que seguir realizando reales decretos iguales” a los ya aprobados en los que se refleje la nueva contingencia migratoria “con los datos que hay sobre la mesa en este 2026”.

Delgado ha asegurado que van a seguir trabajando con la normativa aprobada en el Congreso hace un año, que les “avala” para seguir trabajando con las nuevas llegadas y con las derivaciones de aquellos menores que superen esa contingencia migratoria acordada.

En ese sentido, ha subrayado que desde la Consejería están trabajando “muy bien” con las subdelegaciones del Gobierno en Canarias, ya que “se ha engrasado muy bien esa maquinaria, que costó al principio, con las derivaciones de los expediente”, y que seguirán colaborando también con los ministerios de Juventud e Infancia y de Seguridad Social y Migraciones.

Ante el plantón de todas las regioines presididas por el PP, excepto Ceuta, la consejera canaria ha recordado que tiene “todo el apoyo” del Gobierno de Canarias (donde gobiernan el Partido Popular y Coalición Canaria) y que están trabajando “en la línea del pacto” que tienen. “Estamos muy bien”, ha incidido.

“Ya cada uno tomará sus decisiones, nosotros seguiremos igual que hemos hecho hasta ahora”, ha añadido Delgado, que además ha recordado que “hay muchos recursos en el Tribunal Supremo y en el Constitucional” y que hay que esperar a ver cómo se resuelven.

El Gobierno de La Rioja ha tomado la decisión de “no acudir” a la reunión prevista en la que la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, iba a informar a las comunidades autónomas sobre el número de plazas mínimas de las que deben disponer para la acogida de menores migrantes solos. Una postura que adoptan al no contar “con información, criterios claros o la transparencia deseada” por parte del Ministerio.

Finalmente la conferencia sectorial de Infancia no ha podido celebrarse por falta de “quórum” tras el 'plantón' de las comunidades autónomas del PP, excepto Ceuta y Canarias. Así lo han informado fuentes del departamento que dirige Sira Rego a los medios de comunicación presentes en el Ministerio de Trabajo y Economía Social, donde iba a tener lugar el encuentro. En julio del año pasado las comunidades gobernadas por el PP también plantaron a la ministra en la sectorial.

A preguntas de los periodistas tras informar de los asuntos aprobados por el Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo riojano, Alfonso Domínguez, ha expresado que, a pesar de no acudir, “el Gobierno riojano cumple con sus obligaciones de manera responsable, solidaria, con rigor y profesionalidad”.

En este sentido, Domínguez recuerda que “hemos acogido a los menores asignados por el Gobierno de España pero insistimos que es algo impuesto, con un proceso opaco, sin transparencia, que no nos permite conocer con antelación los principales criterios de acogida”. Algo que “genera muchas dificultades” porque La Rioja “ha rebasado ya las capacidades de acogida y ha puesto nuestro sistema de acogida de menores en tensión”.

Una situación que “continúa ahora mismo por parte del Gobierno de España y por lo tanto esta mañana había que tomar decisiones muy importantes sobre dicha acogida y nos habían convocado a una reunión sin información ni transparencia y sin la documentación clara para tener una posición de voto”. A pesar de ello, reitera, “siempre cumplimos con nuestras obligaciones y somos solidarios porque lo que queremos es acoger a los menores de la mejor manera posible”.

La portavoz del Grupo Parlamentario de IU, Henar Moreno, ha reclamado al Gobierno riojano la puesta en marcha de un plan específico de transición a la vida adulta para los menores no acompañados cuando cumplan los 18 años. Una iniciativa que aborde la formación y también medidas de emergencia habitacional, para evitar que cuando cumplan la mayoría de edad “no tengan donde alojarse”.

Moreno ha recordado “la mayoría de los chicos y chicas que están viniendo a nuestra comunidad autónoma -un 80 por ciento- están muy cercanos al cumplimiento de la mayoría de edad y por tanto el Gobierno de La Rioja debe sobre todo ejercer sus propias competencias”.

Estas, ha explicado, pasan por “establecer un programa fundamental de transición a la vida adulta”, ya que los menores no acompañados o los tutelados por el Gobierno “requieren también de ese apoyo institucional para esa transición a la vida adulta, sobre todo, en un momento en el que fundamentalmente el problema de la vivienda es un problema capital”. Frente a ello, ha puesto en valor las distintas medidas que está desarrollando el Ministerio de Juventud e Infancia, tales como “un plan de acompañamiento de políticas públicas en materia de inserción laboral que se va a gestionar a través del INJUVE”.

En este punto, Moreno ha lamentado que el Gobierno riojano en materia de menores migrantes no acompañados tiene un problema de “falta de transparencia, y de falta de información, no tanto del lugar donde se ubican, sino, sobre todo, de las condiciones en las que se están acogiendo, de que los centros donde se acojan o los pisos donde estén reúnan las mínimas condiciones y sobre todo también del número de niños y niñas y de los recursos que se están destinando para atender las necesidades vitales”.

Para IU “un presidente de La Rioja como Gonzalo Capellán que se las da de un presidente independiente que actúa al margen de las políticas del Partido Popular, debe poner este plan en práctica con uno de los sectores más vulnerables de nuestra población; en lugar de recurrir reales decretos que garantizan derechos para estas personas”.

Finalmente, Moreno ha indicado que “vamos a impulsar y vamos a exigir del Gobierno de La Rioja que deje de hacerle el juego, como está haciendo la consejera Martín, sistemáticamente boicoteando todas las conferencias sectoriales, a la derecha y a la extrema derecha de nuestro país y que se ponga a hacer aquello de lo que dicen presumir como es una gestión centrada en la persona”.