El PP también cierra filas con Vox a cuenta del cese de Marta Tejero como directora del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) tras apenas tres meses en el cargo. La responsable de cuestiones como los centros de acogida para inmigrantes, en el foco de la extrema derecha desde su llegada al Gobierno de Jorge Azcón, renunció por motivos personales y a ello se ha agarrado la portavoz del Ejecutivo, la también vicepresidenta Mar Vaquero, quien ha pedido desvincular de “cuestiones polémicas” su cese.

Hasta tres veces le han preguntado a la número dos de Azcón en el Gobierno por la renuncia de Tejero, y en otras tantas se ha remitido a la versión oficial. Hay que recordar que entre las competencias del IASS están la gestión de estancia temporal de menores extranjeros, los centros de menores, el acogimiento familiar, las adopciones o la prestación aragonesa complementaria del ingreso mínimo vital (IMV), todos ellos asuntos en los que Vox ha mostrado sus posiciones más extremistas desde la puesta en marcha de la coalición.

En este tiempo, la Consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia –que tiene al frente a Alejandro Nolasco, de Vox– ha cargado semana sí, semana también contra los menores migrantes, ha reclamado más actividad policial dentro de estas instalaciones, ha puesto el foco en la edad de estos niños, niñas y jóvenes y ha lanzado iniciativas como la retirada de la paga semanal solo a los menores extranjeros.

Nada de ello estaría, según Vaquero, en la marcha de Marta Tejero, que fue nombrada a finales del mes de mayo. La vicepresidenta y portavoz ha pedido “respeto” para la decisión de la exdirectora del IASS y ha reclamado que no se vincule con las decisiones de Vox: “Reconducir y orientar (su cese) a cuestiones polémicas no forma parte de nuestro día a día”, ha señalado.

De hecho, según Vaquero la “principal labor” que ha llevado a cabo en el corto periodo de tiempo en el que ha ejercido como responsabla de Servicios Sociales es la gestión de las evacuaciones en los incendios de este verano, en asuntos como la búsqueda de “alojamientos” o la participación en las reuniones del CECOPI.

El Departamento de Desregulación, ha apuntado la portavoz autonómica, ya está “trabajando” en el relevo, que se hará efectivo en los próximos días. Y ha querido dejar claro que la marcha de Tejero “no afecta al día a día” del IASS, que “sigue trabajando con total normalidad”.

Aragón abre curso político este martes con un Gobierno autonómico aún a medio gas y dos socios que se rehúyen para minimizar al máximo el riesgo de que surjan grietas: PP y Vox han evitado en este tiempo juntarse incluso en las fotos, con la extrema derecha poniendo el foco semana sí, semana también en los menores migrantes no acompañados. Tras el sobresalto de los incendios, por el que ambos partidos tendrán que dar explicaciones en las Cortes, llega un periodo con un objetivo principal: que la comunidad vuelta a tener unos Presupuestos tras dos ejercicios de prórroga.

La imagen más llamativa de este periodo, un buen ejemplo de la marcha de la coalición en esta primera fase, se dio en junio, cuando los dos vicepresidentes –Mar Vaquero, del PP, y Alejandro Nolasco, de Vox– evitaron coincidir frente a las cámaras en la sala de prensa, cuando primero una y luego el otro subieron al estrado a dar sendos mensajes contrarios a la inmigración. Juntos, pero no revueltos. La propia gestión de los fuegos del verano ha sido significativa, con consejeros y directores generales de uno y otro partido divididos en las apariciones públicas.

El principal objetivo de Azcón en su segunda legislatura como presidente autonómico es, como mínimo, que la coalición dure más que la anterior, rota en julio de 2024, menos de un año después de su formación. Pese a que en aquella situación primó más la política nacional, los populares han evitado en todo momento desde la toma de posesión de las consejerías –Vox se quedó con Servicios Sociales, con rango de Vicepresidencia, más Medio Ambiente y Agricultura– que surja cualquier fricción entre los socios.

Y eso que el vicepresidente de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, ha estirado hasta el límite el chicle de la gestión de los menores migrantes y de los centros de acogida. Al punto de que la propia directora del Instituto Aragonés de Servicios Sociales presentó este lunes su dimisión, oficialmente por “motivos personales” pero con el trasfondo de las continuas polémicas de Nolasco en este ámbito. En todo caso, en las filas del PP el silencio sobre los pasos que da Vox es absoluto: por cualquier rendija se puede colar el virus de una hipotética ruptura.

El único conato de desacuerdo se vivió a finales de mayo, cuando Nolasco anunció un refuerzo policial en los centros de acogida legalmente inviable –y que además queda fuera de la competencia de su Departamento– y que fue replicado por la vicepresidenta y portavoz Mar Vaquero, del PP, quien constató públicamente que la medida no era “posible”. El máximo responsable de Vox en Aragón evitó el choque y se limitó a señalar que buscarían “otras opciones”. Desde entonces, nada más.

Las consecuencias de los incendios

Uno de los temas candentes del otoño va a ser, sin duda, las consecuencias políticas por los incendios de este verano, con el peor balance que ha vivido Aragón desde que hay registros y con actuaciones muy polémicas como las obras en la carretera A-132, autorizadas por el Ejecutivo autonómico y en las que se originó el incendio de Las Peñas de Riglos, que llegó hasta el mismo San Juan de la Peña.

Este mismo lunes, los portavoces de los grupos se han reunido con la presidenta de las Cortes y un asunto común que ha surgido ha sido el de los fuegos, y la necesidad de impulsar una comisión de investigación en la que se debata qué ha podido fallar. Así lo ha reclamado por ejemplo el representante de Chunta, Jorge Pueyo, para quien Azcón debe “depurar responsabilidades” ante las “absolutas negligencias” que desde su punto de vista se han dado. También lo ha pedido Tomás Guitarte (Aragón-Teruel Existe), quien ha puesto a su vez el foco en la proliferación de centros de datos.

Por su parte, la portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ha propuesto acordar un “Plan Aragón 2027” frente a las emergencias climáticas que nazca “desde el consenso” y que recoja las “propuestas e ideas” de quienes viven en el territorio. “Desde el PSOE tendemos la mano. Lo vivido este verano nos tiene que llamar a todos a trabajar desde la unidad y la responsabilidad”, ha señalado la dirigente socialista, que ha pedido “más prevención, más medios, mejores condiciones laborales de los profesionales y un operativo preparado los doce meses del año”.

El entendimiento de la oposición con el Gobierno, en todo caso, se antoja casi imposible y más con la posición mantenida por Vox, para el que detrás de los incendios estaría el “fanatismo climático de la izquierda” y no la falta de medios que denuncian los bomberos forestales en la comunidad.

Además, la principal medida que debe ver la luz en los próximos meses es el Presupuesto autonómico de 2027 tras dos ejercicios de prórroga, algo inédito desde la debilidad parlamentaria en la primera legislatura del socialista Javier Lambán (2015-2019). Para ello deberán fructificar unas negociaciones entre el PP y Vox que nunca han sido fáciles, aunque el clima actual es mucho más propicio que en el pasado. En principio, en septiembre los socios deberían sacar adelante el techo de gasto para llegar con plazo suficiente al 31 de diciembre con la ley presupuestaria aprobada.

Escasa actividad legislativa

Y es que el hecho de haber tenido que prorrogar las cuentas de 2024 dos años seguidos ha supuesto que Aragón se haya situado entre las comunidades autónomas con menor incremento en políticas sociales. Mientras, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha venido advirtiendo de la “incertidumbre institucional” que genera la falta de presupuestos, algo que dificulta “la labor de supervisión fiscal”. La falta de cuentas fue precisamente el argumento que llevó a Azcón a convocar elecciones a finales del año pasado.

En materia legislativa, fuera de los presupuestos el PP tratará de que vea la luz la ley de Vivienda que tramita desde la legislatura pasada, para la que no ha tenido problemas en introducir la 'prioridad nacional' requerida por Vox. De hecho, la actividad normativa en las Cortes desde 2023 ha estado bajo mínimos debido a la fragilidad parlamentaria del PP de Azcón, ya que solo han visto la luz legislaciones de poco calado, otras que venían del Ejecutivo de Lambán y derogaciones ideológicas como la de la Ley de Memoria Democrática.

Para tapar esta parálisis legislativa, los populares continuarán llevando a la Cámara autonómica cuestiones de ámbito nacional, como la crisis inmigratoria en Ceuta. Y en asuntos que les puedan afectar también tratarán de girar el foco hacia Madrid, con el ejemplo de la proliferación de centros de datos en la comunidad y el decreto ley sobre estas instalaciones que desarrolla el Gobierno central.

La gestión de los centros de menores migrantes en Aragón, en la picota por las continuas polémicas de la Vicepresidencia autonómica de Vox, se ha cobrado su primera víctima. Marta Tejero, directora del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) ha dimitido este lunes tras poco más de tres meses en el cargo, con lo que abre una crisis en el Ejecutivo autonómico.

La marcha de Tejero se produce oficialmente “por motivos personales”, según una nota hecha pública por el Gobierno de Aragón. Sin embargo, el cese llega tras un tumultuoso periodo en el que Vox ha centrado sus políticas públicas precisamente en los menores migrantes y en los centros de acogida. Durante este periodo, la extrema derecha ha reclamado más actividad policial dentro de estas instalaciones –lo que fue frenado desde el PP–, ha puesto el foco en la edad de estos niños, niñas y jóvenes y ha lanzado iniciativas como la retirada de la paga semanal solo a los menores extranjeros.

En la mencionada nota, el Departamento de Desregulación, Bienestar Social y Familia –que tiene al frente a Alejandro Nolasco, de Vox– ha agradecido a la ya exdirectora del IASS “los servicios prestados” en este tiempo, en el que según el Ejecutivo ha desarrollado “una labor en aras a la mejora constante de los servicios sociales de la comunidad autónoma de Aragón”. “Su gestión fue fundamental para permitir el traslado de las personas mayores que tuvieron que ser desalojadas a consecuencia del incendio forestal en las Cinco Villas a la residencia Mimara en Zaragoza durante el pasado mes de julio”, ha incidido el mencionado Departamento.

Aún no ha trascendido quién va a suceder a Tejero, psicóloga de formación y que hasta su nombramiento era precisamente jefa del servicio de Menores del propio IASS, un puesto funcionarial. Este relevante organismo se ocupa de cuestiones como las residencias de mayores, la dependencia, la gestión de estancia temporal de menores extranjeros, los centros de menores, el acogimiento familiar, las adopciones o la prestación aragonesa complementaria del ingreso mínimo vital (IMV).

Un pacto de Gobierno, dos interpretaciones. La crisis humanitaria en Ceuta y el previsible traslado de menores migrantes a otras comunidades para descongestionar el colapso de la ciudad autónoma ha forzado la primera revisión del acuerdo de Gobierno PP-Vox en Andalucía, rubricado hace poco más de un mes.

El curso político se ha reabierto este lunes con la primera reunión del Consejo de Gobierno presidido por Juanma Moreno tras las vacaciones de un agosto cargado de tensión política, consecuencia de la entrada irregular de 80.000 inmigrantes a Ceuta. Hasta el momento la crisis, aún por resolver, se ha saldado con 145 fallecidos en las aguas del Estrecho y unos 5.000 extranjeros (las cifras oficiales fluctúan mucho) que permanecen, malviviendo, en las calles y playas de Ceuta, en condiciones muy precarias.

En ese grupo están los menores extranjeros que cruzaron la frontera sin estar acompañados de un adulto, una cifra que tampoco está cerrada, pero que ya ha desbordado las instalaciones de acogida del Gobierno ceutí, siempre por encima de sus capacidades. El problema concreto de estos menores interpela directamente al resto de gobiernos autonómicos -la mayoría del PP- que están obligados a acogerles solidariamente en la medida de posibilidades, en cumplimiento de la última reforma de la Ley de Extranjería.

Y aquí es donde se ha generado la primera (y previsible) brecha entre Vox y el PP de Juanma Moreno. El Gobierno andaluz ha respaldado la ayuda extraordinaria de 25 millones de euros propuesta por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para la atención a esos niños inmigrantes que entraron en Ceuta. El vicepresidente segundo de la Junta, consejero de Turismo y Justicia y líder del partido ultra, Manuel Gavira, ha respondido de inmediato solicitando la convocatoria de la comisión de seguimiento del pacto de gobierno.

Ese acuerdo dice taxativamente “no más MENAS” y que la Junta se opondrá por todos los medios, también legales, a la llegada de niños extranjeros a Andalucía. Sin embargo, el mismo párrafo termina matizando que la Junta cumplirá la legalidad vigente. En esa dualidad ambigüa se han empezado a mover ya los socios de Gobierno, tratando de conjugar ambas tesis políticas con la realidad, sin que por el momento conste que el Gobierno central haya trasladado a la Junta el número de menores que enviará a Andalucía ni que ésta lo haya admitido o rechazado.

Antes de llegar a la crisis de Ceuta se enconase durante un mes, Gavira ya advirtió de que Andalucía no recibiría a esos niños: “Que vuelvan con sus padres”, dijo a principios de agosto. Ahora, el vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Antonio Sanz, niega que haya “ningún conflicto real” con sus socios, tras pedirles públicamente la convocatoria urgente de la comisión de seguimiento del pacto.

A la portavoz de la Junta, vicepresidenta tercera y consejera de Hacienda, Carolina España, le han preguntado hasta en cinco ocasiones por las tensiones que la crisis de Ceuta traslada a la convivencia con sus socios de Gobierno, y ésta ha hecho malabarismos para conjugar ambas posturas políticas y negar ninguna tensión en el ambiente. “No se preocupen ustedes, de momento no tenemos tensión entre los socios de gobierno y esperemos que así siga”, ha terminado respondiendo a la quinta pregunta sobre este asunto.

La portavoz de la Junta ha empezado su comparecencia ante la prensa, tras la primera reunión del Consejo de Gobierno, refiriéndose a la crisis humanitaria de Ceuta y cargando toda la responsabilidad de la gestión en el Ejecutivo de Sánchez. Pero no ha sabido responder de cuántas plazas dispone Andalucía para acoger a menores y cuántas están ocupadas en la actualidad. La Consejería de Asuntos Sociales, responsable de esta materia, tampoco ha proporcionado esos datos a este periódico.

El Ejecutivo de Moreno no quiere situarse en ese escenario aún y dilata una respuesta clara sobre cómo gestionará sus competencias en la acogida de menores extranjeros no acompañados. Es decir, cómo cumplirá la ley sin soliviantar a sus socios de Vox, con los que han firmado un documento político trufado de medidas claramente antiinmigrantes, cuando no directamente xenófobas. “No se ha incumplido el pacto. No veo inestabilidad ni problemas en el acuerdo con nuestro socio de gobierno, hay buenas relaciones con ellos”, se ha esforzado por responder la portavoz de la Junta.

Carolina España se ha ceñido al guión. El problema de la acogida de los menores extranjeros de Ceuta en Andalucía llegará cuando el Gobierno central traslade oficialmente esa petición y, hasta entonces, el Ejecutivo de Moreno hará equilibrios entre las dos lecturas de su pacto con Vox. “Que den los pasos necesarios en cuanto a la tramitación”, ha dicho la portavoz, apelando al Ejecutivo de Sánchez. “Nosotros cumpliremos el acuerdo y la ley. Y en el acuerdo está dicho que cumpliremos la ley”, ha sentenciado.

La consejera portavoz ha tratado de desviar la presión hacia el Gobierno central, un marco en el que coincide al 100% con su aliado ultraderechista. Cuando le han preguntado si Andalucía acogerá a menores migrantes de Ceuta, España se ha remitido a las palabras de los ministros que aseguraron que todos los que han cruzado irregularmente volverán a Marruecos. “Marlaka y Albares han dicho que todos los que han entrado ilegalmente a Ceuta tienen que salir de Ceuta. Lo ha dicho el Gobierno y la UE, esperemos que el Gobierno cumpla su palabra. Tienen un mando único, pero cada día dicen una cosa diferente”, asegura.

El Gobierno andaluz no ha hecho pública la fecha de la reunión entre los socios, invocada por el líder regional de Vox y vicepresidente segundo, para abordar el acuerdo a la luz de los acontecimientos en Ceuta. Los consejeros del PP lo enmarcan en la “normalidad”. “Hay conversaciones casi a diario”, dicen.

La tensión política en Andalucía que ha desatado la crisis migratoria no se circunscribe solo al Palacio de San Telmo, sede de la Junta. La presidenta del Parlamento andaluz, la popular Ana Mestre, ha convocado una izada de la bandera española el próximo 2 de septiembre en solidaridad y apoyo a Ceuta, una convocatoria de la que se han excluido las formaciones de izquierdas que acusan a PP y Vox de “instrumentalizar” el malestar que sufre ahora la ciudad autónoma. Tampoco acudirán a las manifestaciones convocadas a las puertas de los ayuntamientos andaluces, muchos de ellos gobernados por los socialistas.

Podemos Santander y la asociación Pasaje Seguro han llevado ante la Fiscalía mensajes que califican a menores migrantes como “carne humana” y a través de un escrito conjunto solicitan al ministerio público que investigue la posible existencia de un delito de odio en contenidos difundidos en redes sociales por la plataforma Remigración y Reconquista y la Asociación Alfonso I.

En los mismos, y según los denunciantes, se refieren a menores extranjeros como “otra tanda de menas” y “otra tanda de carne humana con la que trafica el Gobierno” y difunden expresiones como que “tengamos que comernos a inmigrantes”, para concluir afirmando que “es necesaria la remigración”.

Según han informado Podemos y Pasaje en un comunicado, la denuncia parte de un vídeo sobre la acogida en Cantabria de menores migrantes procedentes de Ceuta en el que se utilizan las citadas expresiones, que ambas organizaciones consideran que pueden constituir un delito de odio. Posteriormente, añaden, se contrapone su llegada con las “dificultades económicas, familiares y de acceso a la vivienda de los españoles”.

En el escrito presentado ante Fiscalía, Podemos y Pasaje aportan el archivo audiovisual íntegro, su transcripción y certificaciones electrónicas de las publicaciones, además de diferente documentación destinada a acreditar su contexto y difusión.

Según indican, el mensaje en cuestión “no aparece de forma aislada”, ya que entre la documentación aportada también figura una publicación de presentación de Remigración y Reconquista en la que la propia plataforma establece entre sus objetivos “detener la sustitución de nuestro pueblo”, junto a “devolver la dignidad a los españoles” y “defender nuestra identidad y soberanía”.

Igualmente, y tal y como aseguran, se ha documentado otra publicación en la que se caracteriza un movimiento migratorio como una “invasión inducida”.

Desde Podemos Santander y Pasaje Seguro consideran que se puede discrepar de políticas públicas, incluidas las migratorias, pero no se puede “normalizar que se hable de seres humanos como tandas o carne humana” y “mucho menos” cuando se trata de menores. Por eso, piden a la Fiscalía que investigue los hechos, determine la autoría y responsabilidad sobre la elaboración y difusión de estos contenidos y valore su posible relevancia penal.

El secretario general del PSOE de Castilla y León y portavoz socialista en las Cortes de Castilla y León, Carlos Martínez, ha tildado de “ilegal” al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP), por tratar de incumplir con la redistribución de menores migrantes tras la crisis migratoria de Ceuta.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este jueves en la Cámara autonómica, Martínez ha subrayado la necesidad de contar con una Junta que “vaya más allá de la empatía y la solidaridad” y que “sea sensible, tenga alma y cumpla con la legalidad”.

“Hoy el ilegal es el presidente de la Junta de Castilla y León, dando una vez más un desplante, ya que no sólo es un ejercicio de deslealtad institucional, no acudiendo a las convocatorias que ponen encima de la mesa del gobierno de España para poder plantear soluciones de forma conjunta, sino ya intentando negarse al cumplimiento de la legalidad, sino que es la redistribución de los menores”, ha asegurado.

El portavoz socialista ha extendido esta responsabilidad a Vox, socio de gobierno del PP en Castilla y León y que allí donde gestiona las competencias de infancia (Extremadura y Aragón, además de Castilla y León) rechazó acudir a la Conferencia Sectorial de Infancia de este jueves y exigió el retorno de los migrantes a sus países de origen.

A su juicio, el presidente autonómico y sus socios “dan la espalda a los problemas reales que tiene la ciudadanía” en contraposición a la llamada “prioridad nacional” y ha defendido la necesidad de atender la crisis que afecta a la Ciudad Autónoma.

“Vamos a abandonar los gestos y las manifestaciones impostadas para intentar sacar un rédito a parte de todas estas crisis, vamos a resolver la crisis y para ello necesitamos del cumplimiento de la legalidad”, ha planteado.

Por su parte, la portavoz parlamentaria del PP, Leticia García, ha reprochado a Martínez su falta de “decoro” por estas afirmaciones por insultar a Mañueco en un asunto tan grave y ha acusado al líder socialista de actuar al igual que su partido a nivel nacional, al estar, en su opinión, instalado en “una crítica sistemática, vacía y sin trabajo alguno”.

La Junta insiste en recurrir el reparto de menores

La Junta de Castilla y León reclama al Gobierno que “analice bien la situación” y actúe dentro de sus competencias ante la crisis migratoria de Ceuta, “un fracaso de gestión”, y defiende su opción al recurso en el reparto de menores migrantes, que deben retornar a Marruecos con sus familias.

El portavoz del gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo, ha insistido a preguntas de los medios en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en que tras varias semanas de crisis el Gobierno no ha sido capaz ni siquiera de “dar una visión general de lo que quiere hacer”.

“Esperamos que analice bien la situación y tome las decisiones en función de sus competencias en control de fronteras”, ha insistido en relación con la reunión de la Comisión Sectorial de Infancia de este jueves, a la que asiste Castilla y León, y que abordará la atención a los menores que siguen en Ceuta.

Fernández Carriedo ha reiterado que lo sucedido en Ceuta es “un fracaso de gestión del Gobierno”, en su capacidad de controlar las fronteras, y ha lamentado que se siga semanas después sin datos precisos, sin resolver el problema y con diferentes interpretaciones en el Gobierno en función de los ministros.

Por ese motivo, la Junta exige al Ejecutivo central que actúe en el marco de sus competencias, aplique la normativa y envíe de vuelta a Marruecos a los migrantes, y en el caso de los menores, abra el correspondiente expediente individual para que vuelvan con sus familias, “que es el primer objetivo”, ha insistido.

El portavoz autonómico también ha defendido la opción de la Junta de recurrir cualquier expediente de menores que llegue incompleto, que no esté suficientemente elaborado o que no garantice el retorno con sus familias, que ya se ha anunciado por parte del vicepresidente primero, Carlos Pollán (Vox).

Castilla y León, junto a las otras tres comunidades autónomas con un gobierno de coalición PP-Vox, Aragón y Extremadura, han rechazado asistir a la reunión de este jueves con el Ministerio de Juventud e Infancia, y este miércoles anunciaron que impugnarán judicialmente los posibles traslados de menores desde Ceuta.E

Amnistía Internacional ha solicitado al Gobierno de Castilla-La Mancha que facilite la reubicación de los niños, niñas y adolescentes que han llegado solos a Ceuta y que garanticen su acogida digna y la protección efectiva de todos sus derechos.

Esta petición de la organización humanitaria llega después de las declaraciones realizadas este jueves por la consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Bárbara García Torijano, en las que afirmaba que la región no cuenta en estos momentos con la capacidad de albergar a menores procedentes de Ceuta, y un día después de que Emiliano García-Page descartase que Castilla-La Mancha se vaya a ofrecer para acoger a estos menores migrantes e instara al Gobierno de Pedro Sánchez a devolver a todos los “que han entrado ilegalmente”. Además, se produce el mismo día en que se celebrará la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, en la cual se votará un crédito extraordinario de 25 millones de euros a Ceuta para atender a las niñas y niños que entraron desde Marruecos

La organización ha trasladado su preocupación por la posición manifestada por el presidente del Gobierno regional de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, de no asumir la acogida de menores migrantes procedentes de Ceuta, según ha informado Amnistía Internacional a través de un comunicado.

Preguntan al Gobierno si ha cambiado de postura

“Estas declaraciones contrastan con la respuesta que Amnistía Internacional Castilla-La Mancha recibió recientemente del Gabinete de la Consejería de Bienestar Social”, han asegurado desde Amnistía Internacional, señalando que el Ejecutivo regional les había trasladado su “plena colaboración institucional y solidaridad”.

Amnistía Internacional ha asegurado que la Consejería afirmaba asimismo que, aunque la situación supone un esfuerzo importante para el sistema de protección de menores, requiere “el compromiso y la implicación de todas las partes involucradas”.

Además, las declaraciones ofrecidas esta semana tanto por Page como por García Torijano contrastan con las que ofreció a primeros de agosto José Manuel Caballero, vicepresidente segundo del Ejecutivo regional. En esos primeros días tras la llegada de miles de migrantes a Ceuta, Caballero aseguró que el Gobierno de Page permanecía “a la espera” de conocer el reparto de menores llegados a Ceuta y apostaba por la “solidaridad”, afirmando que la acogida deberíaá realizarse “por igual” en el resto de las comunidades autónomas españolas.

Por ello, Amnistía Internacional Castilla-La Mancha ha dirigido una carta a la Presidencia del Gobierno autonómico para solicitar que aclare si se ha producido un cambio en la posición mantenida hasta ahora por Castilla-La Mancha respecto a la acogida y reubicación de niños, niñas y adolescentes no acompañados procedentes de Ceuta.

La organización ha señalado que la situación en Ceuta sigue siendo “especialmente preocupante”, subrayando que hay cientos de menores que permanecen en situación de calle y sin tener cubiertas adecuadamente necesidades básicas, así como su preocupación sobre si los procesos de determinación de la edad se están llevando a cabo con todas las garantías de derechos humanos y que persistan menores que no han sido adecuadamente identificados, censados y filiados por las instituciones públicas.

Amnistía Internacional ha solicitado a Castilla-La Mancha que mantenga “el compromiso que ha venido demostrando hasta ahora y continúe participando en la acogida y reubicación de los niños, niñas y adolescentes no acompañados que se encuentran en Ceuta, en aplicación de los mecanismos de solidaridad y corresponsabilidad vigentes”.

La organización ha recordado la recomendación de garantizar la protección jurídica efectiva de estos niños y niñas, incluido su derecho a solicitar protección internacional, y que no se vulnere en ningún caso el principio de no devolución. “Cualquier decisión que se adopte debe estar basada en el principio del interés superior del menor”, han indicado.

Los trabajadores sociales critican los discursos “que criminalizan”

También desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de Castilla-La Mancha se han manifestado de forma pública este jueves para criticar la negativa del Gobierno regional a dar acogida a los menores migrantes llegados este verano a Ceuta.

Así, han recordado al Ejecutivo de Page que “existe la obligación legal y constitucional” de colaborar con otras autonomías. “Castilla-La Mancha no puede eludir el modelo de acogida vinculante ante situaciones de contingencia humanitaria en territorios fronterizos. El reparto corresponsable es un mandato legal y un mecanismo de justicia distributiva para garantizar que ningún territorio se vea desbordado en la atención a la infancia”, afirma el Colegio en un comunicado.

El texto remarca que “toda actuación de los poderes públicos que afecte a personas menores de edad debe situar en el centro su interés superior, su dignidad y la garantía efectiva de sus derechos” y que “los menores migrantes son, ante todo, niños y niñas en situación de extrema vulnerabilidad”, por lo que considera que “el principio del interés superior del menor debe prevalecer sobre cualquier otra consideración política, demográfica o de control fronterizo”.

Además, afirman que están “totalmente fuera de lugar discursos que criminalicen” o términos como “invasión”, empleado en el día de ayer por Page en diversas ocasiones, para referirse a la infancia desprotegida.

“Por todo ello, instamos a los responsables políticos de nuestra comunidad autónoma a actuar con responsabilidad, mantener la cordura institucional, a cumplir estrictamente con los marcos legales de protección a la infancia y a liderar desde el ejemplo de la solidaridad, el respeto a los derechos humanos y el compromiso con el bienestar social”, culminan desde el Colegio de Trabajo Social regional.

Castilla-La Mancha no cuenta en estos momentos con la capacidad de albergar a menores procedentes de Ceuta, según ha advertido este jueves la consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Bárbara García Torijano.

Estas declaraciones se producen de forma previa a la celebración de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, en la cual se votará un crédito extraordinario de 25 millones de euros a Ceuta para atender a las niñas y niños que entraron desde Marruecos y un día después de que Emiliano García-Page descartase que la región que preside acogiera a estos menores migrantes e instara al Gobierno de Pedro Sánchez a devolver a todos los “que han entrado ilegalmente”.

“En estos momentos nuestro sistema no lo soporta más”, ha señalado la titular de Bienestar Social durante una entrevista concedido a la Cadena Ser y recogida por Europa Press. “En este momento Castilla-La Mancha está en una situación en donde todo su sistema está sobre ocupado y no puede asumirlo”, ha apuntado.

García Torijano ha apuntado que se trata de una situación conocida por el Ministerio de Juventud e Infancia tras la coordinación de acogidas durante los últimos meses.

Por otra parte, la consejera ha recordado que la Conferencia contaba únicamente con un punto del orden del día centrado en “los 25 millones para Ceuta para poder atender esta crisis”, habiéndose incorporado un segundo punto de información “para poder saber o abordad un poco más esta crisis que está sucediendo”. “Entiendo que ahí ya nos explicarán como quieren trabajarlo”, ha apuntado.

La consejera ha abogado por “seguir trabajando el posible retorno de estos menores a su situación, a su lugar de origen” a través de “las entidades sociales de primera acogida”, apuntando su confianza en que “el objetivo y el compromiso del Ministerio es poder atender esta crisis directamente por parte del Gobierno central”.

“Creo que también están los planes del ministerio trabajar con las entidades sociales de allí de Marruecos no del propio terreno para poder garantizar que los niños y niñas puedan allí ya tener oportunidades de futuro”, ha señalado.

“Crisis muy superior”

En línea con la posición manifestada por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, la consejera de Bienestar Social ha apuntado que la crisis de Ceuta “es una crisis muy superior”, trascendiendo la mera cuestión migratoria.

García Torijano ha apuntado que se trata de una cuestión “control de fronteras” y ha manifestado que “hay que dar una respuesta general”, al tratarse de una cuestión de Estado. “Desde luego que lo que ha pasado en este verano en Ceuta no debía de haber pasado y debía de haberse controlado de otra manera”, ha manifestado García Torijano.

Preguntada por la cuestión de la financiación a las comunidades autónomas, la titular de Bienestar Social ha recordado que “a las comunidades autónomas nos supone un coste importante que hay que asumir y que el gobierno de España desde luego debería de asumirlo”.

Sin embargo, ha desligado la respuesta a la crisis de Ceuta de esas políticas de acogida apuntando que “por mucho que las comunidades autónomas queramos aportar y queramos ayudar y queramos tener solidaridad esto no responde solamente a eso”.

No obstante, la postura mantenida esta semana tanto por Page como por García Torijano contrasta con la que ofreció a primeros de agosto José Manuel Caballero, vicepresidente segundo del Ejecutivo regional. En esos primeros días tras la llegada de miles de migrantes a Ceuta, Caballero aseguró que el Gobierno de Page permanecía “a la espera” de conocer el reparto de menores llegados a Ceuta y apostaba por la “solidaridad”, afirmando que la acogida deberíaá realizarse “por igual” en el resto de las comunidades autónomas españolas.

Castilla-La Mancha no acogerá a algunos de los menores migrantes llegados a territorio español tras la crisis migratoria de Ceuta.

Así lo ha trasladado este miércoles el presidente del Ejecutivo autonómico, Emiliano García-Page, que ha calificado de “invasión” la entrada en territorio ceutí desde Marruecos de miles de personas migrantes, ocurrida a finales del mes de julio.

“Yo creo que el Gobierno tiene que cumplir con la palabra que ha dado y devolver a todos los que han entrado ilegalmente”, ha asegurado Page a preguntas de los medios de comunicación, añadiendo que no cumplir ese “compromiso”, sería “tanto como provocar nuevas invasiones”.

“Si es una vulneración de la integridad territorial de España, si los ministros del Gobierno de España y el presidente han dicho por activa y por pasiva que se van a devolver a todos y que pierdan la esperanza incluso de pasar a la península, creo que tienen que cumplir con ese compromiso”, ha añadido el presidente castellanomanchego.

Durante su intervención, Page ha rechazado referirse a esta situación como a un problema de migración y en su lugar ha repetido términos como “invasión”, “violación de la integridad territorial” o “problema de seguridad nacional”. Un problema al que “hay que responder con toda la fuerza del Estado”, ha considerado.

Respuesta “insuficiente”

Page ha criticado la actuación del Gobierno de España, asegurando que “la respuesta ha sido evidentemente insuficiente de todo punto de vista, creo que lo piensa todo el mundo en España”. “El que piense de otra manera simplemente es que no ha visto lo que ha pasado”, ha añadido.

El líder socialista también ha valorado la polémica surgida entre los ministerios de Defensa y de Interior a cuenta del papel que jugó el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en esta crisis migratoria, tras el cruce de declaraciones entre la titular de Defensa, Margarita Robles, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Así, ha asegurado no “tener la más mínima idea” sobre si el CNI advirtió a las fuerzas de seguridad del estado sobre esta entrada con antelación, pero ha lamentado que, “si a la impotencia en control fronteras” se suman estas “discrepancias y contradicciones” entre ministerios, “solo podemos mucha zozobra, mucho desasosiego y mucha incertidumbre”.

Page también ha pedido que se aclare “qué hay detrás de esto, por qué ha pasado, que lleguemos a esa conclusión y sobre todo cómo poder prevenirlo”.

Pacto de Estado sobre migración

El presidente autonómico ha reclamado, por otra parte, “que se abran negociaciones entre el gobierno y la oposición para alcanzar un auténtico pacto de Estado en relación con la migración”. “Un buen pacto de Estado en materia de migración no le tendría que terminar de gustar a ninguno de los radicales en unos extremos y en otros”, ha declarado García-Page.

Para el jefe del Ejecutivo castellanomanchego, “en el actual ambiente político de crispación, de frentismo, hay tantos muros que es imposible alcanzar un acuerdo”.

Sin embargo, ha asegurado que “se necesita que se saque del frentismo barato y del populismo barato el cómo tratar humana y legalmente a las personas que quieren venir desde fuera por necesidad, pero sabiendo que todo tiene que tener un límite y que todo tiene que tener un perímetro”.

El vicepresidente primero de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán (Vox), ha comunicado a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que el Gobierno autonómico impugnará judicialmente todos los expedientes individuales de menores extranjeros no acompañados de Ceuta que no concluyan con su retorno a Marruecos.

Pollán ha trasladado esta posición en una carta remitida este miércoles a la ministra, un día antes de la celebración de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, convocada para este jueves 27 de agosto. Castilla y León tampoco acudirá a la reunión y ha pedido que conste en el acta su voto negativo al acuerdo de distribución territorial de menores desde Ceuta a otras comunidades.

La Conferencia Sectorial tiene previsto abordar, entre otros asuntos, la distribución a Ceuta de 25 millones de euros destinados en 2026 a financiar la atención a niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados. La Junta anticipa su rechazo a cualquier acuerdo que implique el traslado de estos menores a otros territorios.

Pollán reclama al Ministerio que concluya antes los expedientes individualizados de cada menor y determine si procede la reunificación familiar o el retorno al país de origen. La Junta sostiene que cualquier traslado a otra comunidad debería producirse después de resolver esta situación y con una valoración individualizada del interés superior del menor.

En su escrito, el vicepresidente de la Junta habla de una “infiltración masiva de decenas de miles de extranjeros” que, según su versión, habría forzado las fronteras españolas, y califica lo sucedido como un “acto de guerra híbrida”. También se refiere a los menores como personas que habrían entrado “ilegalmente” en España y denuncia lo que considera un “reparto caprichoso, aleatorio y arbitrario” por parte del Gobierno.

Piden el expediente completo de cada menor

El vicepresidente primero ha reclamado además que el Ministerio remita a Castilla y León el expediente completo de cada menor cuyo traslado se pretenda, incluida la documentación relativa a la localización de sus familiares, la determinación de su edad, la valoración de su interés superior y la resolución adoptada sobre su traslado.

La Junta ha defendido su posición en la necesidad de priorizar, según su interpretación de la legislación española y de los compromisos internacionales asumidos por España, la reunificación familiar y el retorno al país de origen cuando corresponda. Pollán ha afirmado que trasladar a los menores a otros puntos de España durante la tramitación de estos procedimientos podría dificultar la localización de sus familias y retrasar su resolución.

En el caso de los menores marroquíes, la carta ha explicado al acuerdo suscrito entre España y Marruecos en 2007, que contempla el retorno asistido de los menores a sus familias o a instituciones de tutela del país de origen. La Junta ha recordado que este marco debe ser tenido en cuenta antes de cualquier eventual traslado a otra comunidad autónoma.

Una oposición que ya había comunicado la Junta

La carta mandada por el vicepresidente de Vox ratifica la posición que anunció el pasado jueves el portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo (PP), quien adelantó que los Servicios Jurídicos estudiaban ir a los tribunales si el Gobierno central trasladaba a la Comunidad a alguna de las 500 menores migrantes procedentes de Ceuta si la medida acaba “perjudicando” los “intereses” autonómicos. El consejero también acusó el gobierno de Pedro Sánchez de protagonizar “un fracaso más” en la gestión de las fronteras tras la crisis migratoria

Pollán, por su parte, ha recordado en su misiva que la Comunidad ya había comunicado el pasado 8 de agosto su rechazo a la propuesta y que, según ha indicado, los argumentos planteados entonces no han recibido respuesta por parte del Ministerio.

El vicepresidente primero ha apuntado que Castilla y León no puede aceptar el traslado de menores procedentes de Ceuta, incluidos los llegados a territorio español los días 30 y 31 de julio, porque la Comunidad se encuentra, según afirma, en una situación de saturación. La carta reclama al Gobierno central que se abstenga de preparar o ejecutar nuevos traslados mientras no hayan concluido los expedientes individualizados previstos en la legislación.

El vicepresidente se ha reiterado así en sus palabras de este lunes en la visita al Centro de Menores Zambrana, de Valladolid, cuando dijo que es “imposible” que Castilla y León acoja a los menores migrantes tras la crisis migratoria de Ceuta porque el sistema de acogida de la comunidad ha superado el límite.

“La capacidad ahora mismo está al límite y está superada. Si hablamos de esos ochocientos y pico que el Gobierno de España piensa que pueden acogerse aquí, es absolutamente imposible”, aseguró a los periodistas.

Pollán pide medidas por las agresiones denunciadas en Ceuta

El escrito incluye varias peticiones relacionadas con la situación de seguridad en Ceuta. Pollán reclama al Ministerio que adopte medidas para evitar nuevas agresiones sexuales contra niñas y adolescentes, tanto españolas como extranjeras, y que se identifique a los autores de los delitos denunciados para que sean juzgados y, en su caso, condenados.

Asimismo, pide que se agilicen los procedimientos de reunificación familiar y retorno de las menores extranjeras que hayan sido víctimas de agresiones sexuales en Ceuta, una cuestión que vincula en su carta con la necesidad de que estas menores puedan regresar cuanto antes a su entorno familiar.

En un comunicado difundido por Vox sitúa esta posición dentro de una estrategia común de los gobiernos autonómicos en los que el partido participa. Los vicepresidentes de Castilla y León, Extremadura y Aragón han anunciado que no acudirán a la Conferencia Sectorial y que se opondrán al reparto de menores procedentes de Ceuta.

El comunicado de Vox señala además que los tres vicepresidentes anuncian recursos judiciales contra los expedientes que no concluyan con el retorno de los menores a Marruecos.

Puente: “¿Y qué políticas de fomento de la natalidad ha hecho la derecha?”

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha cuestionado la postura de la Junta para recurrir y no acoger menores. En un mensaje en la red social X, el socialista vallisoletano ha cuestionado las políticas de fomento de natalidad que ha hecho “la derecha” en Castilla y León en 40 años de gobierno y ha hecho que pierda “165.000 habitantes”.

En su publicación el ministro ha interpelado a “ todos los fascistas y energúmenos”, que según él “es sinónimo”, que defienden “mejor políticas de fomento de natalidad en Castilla y León” que acoger a menores para preguntarles por estas políticas

“¿Qué políticas de natalidad puedes hacer en una tierra con una población de casi 50 años de media? Vuestras políticas han convertido Castilla y León en un geriátrico a cielo abierto. Así que menos patalear, que la culpa es enteramente vuestra”, ha remachado el ministro.

Puente, sobre la oposición de la Junta acoger menores de Ceuta: “¿Y qué políticas de fomento de la natalidad ha hecho la derecha en Castilla y León, que lleva 40 años gobernando ininterrumpidamente para perder 165.000 habitantes?

El vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales de la Junta, Carlos Pollán (Vox), ha asegurado este martes que es “imposible” que Castilla y León acoja a los menores migrantes tras la crisis migratoria de Ceuta porque el sistema de acogida de la comunidad ha superado el límite.

“La capacidad ahora mismo está al límite y está superada. Si hablamos de esos ochocientos y pico que el Gobierno de España piensa que pueden acogerse aquí, es absolutamente imposible”, ha respondido a los periodistas tras una reunión de trabajo en el Centro de Menores Zambrana, de Valladolid.

Pollán ha insistido en que el Ejecutivo debe cumplir con la Ley de Extranjería y devolver a estos niños a sus familias o la institución titular marroquí correspondiente.

“Lo que no pueden es estar preparando el reparto de todos esos inmigrantes ilegales cuando ellos no cumplen previamente con el proceso que tienen que realizar en función de esa ley”, ha criticado.

Asimismo, ha reiterado que no acudirá a la Conferencia Sectorial de Infancia prevista para este jueves, a la que tampoco acudirán otras dos autonomías en las que estas competencias las dirigen consejeros de Vox, como es el caso de Aragón y Extremadura.

Críticas a la gestión sanitaria en Ceuta

El vicepresidente primero de la Junta también ha criticado que el Gobierno no haya sabido gestionar la crisis migratoria pese a que la competencia de Sanidad no está transferida a la Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.

“Óscar Puente dijo que este era otro problema que había solucionado Pedro Sánchez. Marlaska, Albares. Todos tenían solucionado el tema y no han sido capaces ni de solucionar la sanidad, que es competencia suya”, ha afirmado.

La crisis humanitaria provocada por la entrada de decenas de miles de personas desde Marruecos a Ceuta ha avivado el discurso racista y xenófobo de las derechas españolas, que compiten en soflamas que no distinguen edad, condiciones ni procedencia. PP y Vox han abundado desde el primer momento en mensajes deshumanizadores y en señalar a los migrantes como portadores de enfermedades, ladrones, invasores y violadores. Empujan también para que el Gobierno incumpla la ley con la “deportación” de los menores, mientras se oponen a acoger en las comunidades que gobiernan a 500 niñas que entraron solas en España.

“La inseguridad, el temor y el hartazgo de la ciudadanía es visible en cada rincón de esta ciudad”. “Miles de personas están vagando sin ninguna expectativa”. “Son los ingredientes adecuados para un problema serio de seguridad”. “Puede desembocar en graves incidentes”. “Tuberculosis, sarna y enfermedades infectocontagiosas”. “Ni mayores ni menores. Han de regresar todos. Y cuando digo todos, son todos”.

Son solo algunas de las frases pronunciadas por Alberto Núñez Feijóo durante su visita a Ceuta el pasado miércoles, pese a que los y las expertas sostienen que “los migrantes no traen enfermedades” sino que “las contraen por las malas condiciones en las que están” y recuerdan la flagrante ilegalidad que supondría devolver en bloque a los menores.

Otros portavoces del PP han abundado en una estrategia que pretende patrimonializar el miedo que sienten algunos de los habitantes de Ceuta ante la situación, con centenares de personas que sobreviven en las calles desde hace más de tres semanas ante la falta de recursos suficientes para todos. “Si sus hijos tuviesen que volver al colegio en Ceuta en septiembre, ¿usted les mandaría en estas condiciones?”, apuntó este mismo viernes el dirigente Juan Bravo.

Su aliado de Vox, Santiago Abascal, se ha expresado en términos similares desde el inicio de la crisis. “La corrupción socialista mata y la invasión migratoria promovida por Pedro Sánchez nos arruina, mata y trae crimen”, dijo en Ceuta. “No queremos violadores, los queremos deportados”, añadió, también sin diferenciar menores de mayores y pese a los impedimentos legales que existen.

Es la tendencia de ambas formaciones en las últimas semanas. El dirigente de Vox José María Figaredo pidió “cazar” a las personas que permanecen en Ceuta, e ironizó con los más de 100 muertos ahogados durante la entrada masiva al hablar de “pescar” a migrantes en el mar. Unas expresiones que le han valido una denuncia ante la Fiscalía. Ante el miedo a una condena, ha intentado justificarse, pero no ha rectificado.

Dirigentes de ambos partidos han competido en ver quién decía la frase más llamativa. El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, dijo que “criaturas” (en referencia a mujeres menores de edad) “han sido agredidas sexualmente en los centros sanitarios de la ciudad autónoma”. De los Santos reclamó “confinar” a estas personas, “que siguen deambulando poniendo en peligro a la población”. Su compañera Alma Ezcurra dijo que la del Trampolín “podría parecer que es una playa de Marruecos o una playa de Mali, pero resulta que es una playa española”.

Desde Vox, un senador extremeño fruto del acuerdo con el PP buscó referencias más lejanas al decir que las playas de Ceuta “recuerdan parajes propios de Haití en un país turístico como España”. Ángel Pelayo añadió que la ciudad vive “un ambiente de terror, especialmente las mujeres”, y advirtió de una “bomba epidemiológica”. En la misma senda, la responsable de Sanidad del PP, Carmen Fúnez, sostuvo que “está en riesgo la salud de todos los ceutíes”.

Los militares españoles desplazados a la ciudad han denunciado casos de sarna. Pero ellos mismos han señalado que se debe a “deficiencias graves” en la higienización de las bases donde han sido alojados. Desde el propio Ministerio de Defensa han desvinculado los contagios del contacto con personas migrantes porque ya había dos casos anteriores al 30 de julio.

“Pedir que se cumpla la ley no es ser racista”, se justificó Feijóo en Ceuta. “Pedir que se proteja la frontera no es racismo. Pedir que se identifique y se expulse a todos los que permanecen de manera irregular no es racismo. Pedir que los niños puedan andar seguros por sus calles no es racismo. Pedir que las mujeres puedan salir tranquilas y no con el miedo generado por 15 violaciones en los últimos días no es racismo”.

Los menores, principales señalados

Si algo diferencia la actual crisis de otras anteriores es la postura del PP ante los menores que han entrado solos en España. Este mismo viernes, Juan Bravo planteó expresamente la “deportación” de los niños, mientras sus gobiernos autonómicos son contrarios a acoger a 500 niñas que el Gobierno quiere trasladar a la Península.

La respuesta del Gobierno llegó desde la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, quien aseguró que hablar de deportar a niños y niñas es una barbaridad“ y que ”Feijóo se está sumando a las posiciones racistas de Vox“.

La gestión de los menores es especialmente molesta para el PP, que necesita de Vox para gobernar en comunidades y ayuntamientos. Según todos los sondeos, Feijóo también dependerá de Abascal si quiere ser presidente del Gobierno. En las últimas campañas, la ultraderecha ha alentado el miedo a estos niños con la difusión de bulos sobre ellos. En 2024, Vox rompió los primeros gobiernos autonómicos compartidos con el PP precisamente a cuenta de la acogida de menores migrantes.

En la nueva hornada de acuerdos de gobierno, el PP y Vox han dejado por escrito su oposición expresa al acogimiento de estos niños, pese a que la ley obliga a ello. De hecho, en plena crisis de Ceuta Extremadura se ha hecho cargo de cuatro menores procedentes de la ciudad autónoma, aunque sin relación con la entrada de finales de julio.

Esta semana, el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, visitó Ceuta. Por la mañana, su vicepresidente, el ultra Manuel Gavira expresó que la Junta se opondría “por tierra, por mar y por aire”. Moreno, que ha cultivado un perfil pretendidamente moderado en los últimos años, no desdijo a su ‘número dos’. “Todas las ciudades de Europa se sienten atacadas”, dijo Moreno, quien preside el Comité de las Regiones de la UE. “Está en juego la defensa de Ceuta y Melilla y su población”, apuntó. Sobre los menores, se limitó a decir: “Tienen que volver al punto de origen”.

También la solución a la crisis que plantean ambos partidos es muy similar, y pasa por “militarizar” la frontera, así como permitir a agentes armados repeler las entradas de personas de forma irregular y cerrar el paso entre los dos países “de forma permanente”, en palabras de Abascal. O un “refuerzo permanente de la Guardia Civil y de la Policía Nacional”, como dijo Feijóo.

PP y Vox han señalado expresamente que el motivo de la “invasión” y de la actitud del Gobierno es que “Marruecos tiene informaciones y pruebas de Sánchez, de corrupciones y mafias que desconocemos”, en palabras del líder de la ultraderecha. El dirigente del PP Jaime de los Santos se preguntó: “¿Le tienen arrinconado [a Pedro Sánchez] porque poseen algún tipo de información privada que le dejaría en el peor de los lugares?”.

Para terminar el cuadro xenófobo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, señaló a las personas que han entrado en España como “terroristas”.

Pero Ayuso no se limitó a desgranar su discurso antiinmigración. También dejó una frase llamativa en una reciente entrevista que coincidió en el tiempo con las visitas de Feijóo y Moreno a la ciudad autónoma. “No se puede utilizar tampoco Ceuta como un escaparate”, aseguró en pleno escándalo por el ático que su Gobierno compró, supuestamente, como oficina temporal para ella misma y su equipo.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha asegurado este jueves que Extremadura “siempre va a cumplir con la legalidad” al ser preguntada por el traslado a la península de menores migrantes desde Ceuta a distintas comunidades autónomas.

Guardiola se ha pronunciado sobre esta cuestión tras participar en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), instalado en el Punto de Mando Avanzado de Pinofranqueado, desde donde se coordina la respuesta al incendio forestal que afecta a la comarca cacereña de Las Hurdes y que ya ha calcinado unas 4.800 hectáreas.

La presidenta ha comparecido junto a sus dos vicepresidentes, Abel Bautista, responsable de las competencias en materia de emergencias, y Óscar Fernández, líder de Vox en Extremadura. Fernández se ha desplazado este jueves hasta Pinofranqueado, después de que en los últimos días fuera el también dirigente de Vox y consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, Juan José García, quien acompañara a Guardiola o Bautista en la zona.

A preguntas de los periodistas, Guardiola ha señalado que ningún representante del Gobierno central se ha puesto en contacto con la Junta para informar sobre el traslado desde Ceuta a la península de 500 niñas migrantes. La presidenta ha matizado, no obstante, que en estos momentos la prioridad del Ejecutivo extremeño está centrada en la coordinación de los trabajos para controlar y extinguir el incendio de Las Hurdes.

“Extremadura siempre va a cumplir con la legalidad, siempre”, ha reiterado Guardiola.

La presidenta extremeña ha vuelto a defender que “lo lógico, lo normal y lo que tiene que hacer el Gobierno de España es trabajar para que esos menores puedan volver con sus familias”. A su juicio, ese “debe de ser el objetivo prioritario” ante la situación migratoria que atraviesa Ceuta.

Guardiola también ha reclamado al Ejecutivo de Pedro Sánchez que tenga “presencia en Ceuta” para hacer frente a la situación. La presidenta extremeña se ha referido a la llegada de menores a la ciudad autónoma como una “crisis migratoria” y ha hablado de “una invasión que ha sufrido una ciudad española”.

La crisis humanitaria desatada en Ceuta a cuenta de la entrada de 82.000 personas desde Marruecos, y la permanencia de miles de ellas en la ciudad autónoma, se ha convertido en otro elemento que la oposición está aprovechando para atacar al Gobierno. Pese a denunciar una “invasión” y una quiebra de la “integridad territorial” de España, PP y Vox han optado por señalar la responsabilidad casi exclusiva del Ejecutivo español en lo ocurrido los pasados 30 y 31 de julio en la frontera con Marruecos, a quien exigen muchas menos explicaciones. Y han decidido no ofrecer ninguna colaboración de sus propios gobiernos para aligerar la “presión” que vive Ceuta y que denuncia el propio partido de Alberto Núñez Feijóo.

El PP ha activado esta semana una ofensiva total contra el Gobierno. El propio Feijóo ha suspendido sus vacaciones para viajar a Ceuta y comparecer junto al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas. Ante los periodistas, el líder de la oposición aseguró que el Ejecutivo “no estuvo a la altura” antes, durante ni después de la invasión. “La situación no está normalizada”, dijo Feijóo, quien denunció que “sigue sin ordenarse el retorno de todas las personas que invadieron y permanecen” en Ceuta. “El Gobierno no entiende que hay una situación excepcional y que han de aplicarse medidas excepcionales”, apuntó.

Feijóo también alentó el miedo a las personas migrantes. No solo anticipó “una crisis de salud pública” por “casos de tuberculosis y de sarna”, así como de otras “enfermedades infectocontagiosas”. También señaló que “la inseguridad y el temor y el hartazgo de la ciudadanía es visible en cada rincón de esta ciudad”. “Esta es una ciudad agotada y hay un Gobierno ausente”, acusó. “Estos son los ingredientes adecuados para un problema serio de seguridad, que es lo que aquí se está sufriendo y lo que puede desembocar en graves incidentes. Insisto, puede desembocar en graves incidentes si no se hace nada”, zanjó.

Los ceutís, dijo Feijóo, “siguen sufriendo el abandono del Gobierno de la nación”. “Una ciudad española ha sido invadida en pleno 2026 y los máximos responsables de dar respuesta a algo así pretenden tratarlo como un simple episodio de verano, despachándolo en redes sociales por videoconferencia o recomendando playas, música y libros en redes sociales”, acusó el líder del PP.

“Es demoledor que hayan comparecido antes algunos primeros ministros europeos por el caso de Ceuta que el presidente del Gobierno de España”, dijo Feijóo. “Es demoledor que se haya empleado más firmeza para atacar a nuestros socios europeos que para defender nuestra frontera”, añadió. “Y es demoledor que se esté ahora actuando con más dureza contra los que están sufriendo esta situación que contra los que la han ocasionado”, apuntó.

“Es hora de decir que hasta aquí hemos llegado. La absoluta irresponsabilidad del Gobierno central está desprotegiendo a más de 80.000 españoles que residen en Ceuta”, concluyó el líder de la oposición.

Feijóo siguió así el mismo discurso que los diferentes portavoces del PP han proferido en las últimas semanas. Con una notable diferencia: no planteó la colaboración del resto de comunidades autónomas, once de las cuales están presididas por su partido.

El motivo es que Feijóo rechaza acoger en la Península a 500 menores no acompañadas que sobreviven sin hogar ni manutención en la ciudad autónoma tras cruzar la frontera. El anuncio del PP de negarse al traslado de estas niñas, que legalmente debería hacerse con el acuerdo de las comunidades autónomas y de la propia ciudad de Ceuta, supone un problema para el Gobierno y para las menores.

El PP, en contra de atender a los menores

Los gobiernos autonómicos son los responsables legales del acogimiento de los menores, pero la semana pasada descartaron el mero debate de este reparto en una reunión de responsables regionales de Infancia con el Gobierno. Una cita de la que se ausentaron la que los representantes de Vox encargados de esta materia en los ejecutivos autonómicos que comparten con el PP, y con el “respeto” de sus socios.

El próximo día 27 está previsto que sean los consejeros del ramo quienes se reúnan con la propia ministra. El orden del día solo recoge la aprobación de la entrega de 25 millones de euros a Ceuta precisamente para la atención de menores migrantes. Pero sobre la mesa estará también qué hacer con los niños y niñas que entraron este mes de julio y que, de momento, permanecen varados en la ciudad autónoma sin un destino claro.

Este miércoles, tanto la portavoz en el Senado, Alicia García, como el vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo, ya anticiparon la posición del PP. “Si hay petición de Marruecos para que vuelvan los niños, si Europa ha dicho que por favor vuelvan los niños y los no niños, los que han entrado de manera irregular, ¿qué más necesita el Gobierno?”, dijo Bravo. García añadió: “¿Qué problema hay? ¿Qué problema tiene el Gobierno?”. Todo, después de denunciar durante los últimos días las agresiones sexuales que están sufriendo estas mismas menores.

El “problema” lo resumió el propio Vivas en la comparecencia con Feijóo. El presidente de Ceuta dijo que es preceptivo “que Marruecos emita un informe acerca de la familia o de la entidad que se va a hacer cargo de ese menor”. “Si Marruecos de verdad, como está diciendo, quiere colaborar, esperemos emita esos informes”, añadió.

Es decir, que no se puede devolver a los menores porque Marruecos no está colaborando para ello. Es, precisamente, lo que explicó el eurodiputado del PP Javier Zarzalejos este mismo miércoles. Quien fuera secretario general de Presidencia durante los ocho años de Gobierno de José María Aznar reconoció en una entrevista que “hay una distancia bastante notable entre lo que dice Marruecos y lo que hace”.

En la misma línea se han pronunciado presidentes autonómicos del PP. Por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso aseguró en una entrevista que “hay que cuidar a los que están porque ya es algo que hemos asumido”, en referencia a los menores acogidos en los sistemas públicos. “Pero ya no más”, añadió inmediatamente. En la misma entrevista, Ayuso dijo que “no se puede utilizar tampoco Ceuta como un escaparate”. También el presidente murciano, Fernando López Miras, o la extremeña, María Guardiola, se han expresado de forma similar. Vivas también dijo que el Gobierno “no ha hecho ninguna petición” ni ha “pedido activar ningún mecanismo de traslado a estas niñas” a la Península. “No hemos podido decir que no porque no se ha planteado”, concluyó.

Infancia responde: “Deportar niños es ilegal”

La comparecencia de Vivas junto a Feijóo reforzó en el seno del Gobierno la tesis de que el presidente ceutí está lejos esta vez de facilitar la cooperación para afrontar el inmenso desafío que supone la gestión de esta crisis. Aseguran en el Ejecutivo que no es cierto que Juan Jesús Vivas no conociera los planes de traslado de 500 niñas a la Península, una opción que están convencidos de que no solo supone poder dar un trato digno desde el punto de vista humanitario a esas menores, sino también aliviar la situación de evidente saturación de Ceuta.

“No puede decir que no tiene constancia. Hemos estado en coordinación con Ceuta desde el primer momento. Hemos trabajado todas las opciones y vías para la acogida de los niños y niñas en península. Yo misma trasladé personalmente al presidente Vivas todas las vías posibles en la reunión del 8 agosto y él vio bien explorarlas. Todas”, reaccionó la ministra de Infancia, Sira Rego, en sus redes sociales.

El planteamiento de Infancia es simple: deportar a niños y a niñas sin garantizar su seguridad y sin un acuerdo de reagrupación con el país de origen es imposible porque es ilegal. Y ante la situación límite que vive Ceuta y la falta de capacidad para garantizar unas mínimas condiciones a esas niñas y niños se ha planteado un traslado temporal a la Península mientras se resuelven sus casos de manera individualizada. Y por eso, aseguran, no entienden la postura de Vivas si no es por mera estrategia política de oposición del PP al Gobierno.

“Tanto Feijóo como Vivas saben que es ilegal devolver a niños y niñas migrantes a Marruecos si no se garantiza su interés superior. Y eso pasa, en primer lugar, por atenderles de manera correcta, escucharles y saber si cuentan con una familia a la que volver. El artículo 35.5 de la Ley de Extranjería es claro: la reunificación familiar solo es posible ”si se dieran las condiciones adecuadas“ para ello. Es ilegal repatriar a un niño o a una niña si no se comprueban de forma individualizada estas condiciones”, apuntan desde el Ministerio.

Para sortear la unánime falta de colaboración de las comunidades autónomas gobernadas por el PP (con o sin Vox), el plan de Infancia para esas 500 niñas contempla una vía para que organizaciones de protección a la infancia desarrollen la acogida y el cuidado de los perfiles más vulnerables en recursos adaptados en la península y sin necesidad de trasladar la tutela a las comunidades autónomas.

Pero mientras, Vox tira del PP hacia sus posiciones y ha registrado en el Congreso una proposición no de ley para reclamar que el Gobierno restrinja la asistencia sanitaria a los inmigrantes en situación irregular en Ceuta. Su intención, según el texto recogido por Europa Press, es trasladar en transporte sanitario hasta la frontera con Marruecos a quienes no requieran tratamientos urgentes, incluidos los que actualmente estén hospitalizados en la ciudad autónoma, para que sean atendidos por los servicios sanitarios de ese país.

Un país, Marruecos, que se libra de las críticas de la oposición. Feijóo planteó este miércoles que, si llega a la Moncloa, apostará por “mantener una relación de vecindad y de amistad” con el país que dirige Mohamed VI. “Es la única relación inteligente para el pueblo marroquí y el pueblo español”, añadió. Eso sí, apostilló, “una buena relación se basa en la reciprocidad, y la reciprocidad se basa a su vez en el respeto mutuo, en la lealtad y en la confianza”.

“España no busca enemigos”, apuntó, para añadir: “España no busca conflictos. España no amenaza a nadie, pero tampoco va a admitir amenazas ni chantajes. Y, hay declaraciones de ministros y de otros altos cargos marroquíes que no ayudan en nada. Al contrario. Están perjudicando la vecindad, la amistad, la lealtad y la confianza”.

El PP no acepta el plan del Gobierno para trasladar desde Ceuta a la Península a 500 niñas que entraron en España en el paso de la frontera de los pasados 30 y 31 de julio. El partido que lidera Alberto Núñez Feijóo ha asegurado este miércoles que solo hay una opción: que las menores sean devueltas a Marruecos. Para ello dan por bueno el supuesto ofrecimiento del país regido por Mohamed VI para el retorno de las menores y plantean el soporte legal del pacto migratorio europeo, que no está todavía en marcha en España.

Así lo ha expresado el propio Feijóo este miércoles en una rueda de prensa en Ceuta junto al presidente de la ciudad autónoma, Juan José Vivas. “En ningún caso puede otorgarse derechos a quien ha participado en una invasión ilegal. Ni mayores ni menores. Han de regresar todos”, ha sostenido el líder de la oposición, quien ha reiterado la idea de diferentes maneras. “Deben volver bien de manera voluntaria o mediante expulsión. Pero todos. Y cuando digo todos, son todos. En ningún caso puede crearse un precedente perverso de otorgar derechos a quien ha participado en una invasión ilegal”, ha asegurado.

La posición del PP ya la habían apuntado otros dirigentes durante todo el día.“Si hay petición de Marruecos para que vuelvan los niños, si Europa ha dicho que por favor vuelvan los niños y los no niños, los que han entrado de manera irregular, ¿qué más necesita el Gobierno?”, ha asegurado esta mañana el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, en una entrevista en Antena 3.

El Gobierno contempla aplicar una vía para que organizaciones de protección a la infancia desarrollen la acogida y el cuidado de los perfiles más vulnerables en recursos adaptados en la península, sin necesidad de trasladar la tutela a las comunidades, en su mayoría en manos del PP. La cifra concreta de menores de edad a las que afectará es provisional y puede cambiar.

En opinión de los dirigentes del PP, debe primar “el interés superior del menor” que “es estar con su familia”, a pesar de que cientos de niños prefirieron jugarse la vida al abandonar Marruecos para entrar en Ceuta.

En el mismo sentido se ha manifestado la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, quien ha asegurado en una rueda de prensa que “Marruecos ha solicitado” el regreso de los menores que saltaron la frontera hace casi tres semanas. García ha recordado que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares “dijo que así se haría”, que el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, “lo confirmó” y que “Europa lo reclama”.

“¿Qué problema hay? ¿Qué problema tiene el Gobierno?”, se ha cuestionado García, quien ha dicho que “hay que cumplir el pacto” migratorio europeo “reconoce a Marruecos como país seguro para el retorno”.

Ambos dirigentes han obviado que dicho pacto europeo no ha sido todavía adoptado por la legislación española, por lo que no está vigente formalmente. Además, el propio pacto establece que los menores de edad que migran solos deben recibir un tratamiento individualizado, que analice su situación específica y determine si es viable la devolución en condiciones seguras para los niños.

El PP asume en Europa que Marruecos no los acoge

Mientras el PP español da por buena la voluntad de Marruecos de acoger a sus propios menores, desde Bruselas no parecen tenerlo tan claro. El presidente de la Comisión de libertades civiles, justicia y asuntos exteriores del Parlamento europeo, Javier Zarzalejos -eurodiputado del PP-, ha exigido este miércoles a Marruecos pasar de “las declaraciones a los hechos” con los menores de Ceuta que permanecen en la Ciudad autónoma desde la invasión del pasado mes de julio.

En una entrevista en 'Canal Sur radio' recogida por Europa Press, Zarzalejos ha recordado que, en relación con los menores, los instrumentos jurídicos de los que dispone Europa prevén, en primer lugar, garantizar su asistencia; buscar la reagrupación familiar o la entrega a los servicios sociales de sus países de origen; y el asilo en caso de que lo pidan y que, de ser concedido, hace que los menores pasen a ser responsabilidad del Estado.

Aunque Marruecos ha expresado su intención de que vuelvan todos los menores que entraron a finales de julio de manera irregular en Ceuta, “hay una distancia bastante notable entre lo que dice y hace”, se ha lamentado el presidente de la comisión de libertades civiles.

Zarzalejos ha recordado que estos menores están en situación de vulnerabilidad; se desconocen sus condiciones sanitarias y, en el caso de las niñas, su vulnerabilidad se acentúa ante posibles abusos sexuales.

Hay palabras que terminan diciendo demasiado poco. Mena es una de ellas. Cuatro letras que aparecen a diario en el debate político, en los titulares y en las redes sociales y que, sin embargo, pueden acabar ocultando quiénes hay detrás: menores de edad. Un acrónimo que no explica de dónde vienen, qué dejaron atrás ni qué esperan encontrar al llegar a España. Tampoco cuenta el miedo de cruzar el mar siendo adolescente, la incertidumbre de desembarcar en un país desconocido o la dificultad de empezar de nuevo cuando todavía no se ha terminado de crecer.

Ibrahim conoce bien esa sensación. Llegó a España con 15 años, solo y después de cruzar el Mediterráneo en patera. En la ciudad marroquí de Beni Melal, situada entre el Atlas Medio y la llanura de Tadla, en el centro del país, quedaron sus padres y hermanos. Aquí, para recibirle, ni un solo adulto de referencia. “Durante la travesía no dejaba de pensar en qué me iba a ocurrir cuando pusiera los pies en tierra”, cuenta a elDiario.es Región de Murcia.

Ahora es mayor de edad y trabaja como barbero en el municipio murciano de Molina de Segura. Cuando mira atrás, recuerda sobre todo el miedo de aquellos primeros momentos y “la sensación de encontrarme por primera vez en la vida completamente solo y en un lugar desconocido del que no sabía más palabras que la alineación del Barça”, sonríe. La historia de Ibrahim ayuda a entender qué hay detrás de la etiqueta que domina buena parte de la discusión política.

La última crisis migratoria —y humanitaria— de Ceuta, en la que según la ONG Caminando Fronteras al menos 141 personas han muerto ahogadas en el mar, ha vuelto a poner el foco sobre un sistema de protección que las comunidades autónomas reclaman reforzar. En la Región de Murcia, el Gobierno autonómico advierte de que sus recursos están tensionados y pide más financiación y coordinación al Estado.

Pero el debate se desarrolla en un clima político cada vez más áspero. Vox ha convertido la acogida de menores extranjeros no acompañados en uno de los principales ejes de su discurso migratorio en la Región. Desde su reclamación de que los centros de acogida para menores “se abran en Marrakech, no en la Región de Murcia”, hasta pedir para ellos “el billete de vuelta”, los representantes de Abascal en esta comunidad autónoma —como en otras— estigmatiza a la infancia vulnerable, llegando a pedir el abandono de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Entrar en el sistema de protección

En Murcia, como en el resto de comunidades autónomas, la llegada de un menor extranjero no acompañado activa un sistema que pertenece al ámbito de la Protección a la infancia, no al de Extranjería. Cuando un adolescente es localizado sin referentes familiares, la Administración autonómica asume su tutela y debe garantizar alojamiento, alimentación, educación, asistencia sanitaria, apoyo psicológico y acompañamiento hasta la mayoría de edad.

Pero para quien acaba de llegar, el procedimiento administrativo es solo una parte de la historia. Ibrahim recuerda que, después de la travesía en patera, la primera parada fue la del auxilio inmediato, a cargo de Cruz Roja: “Me dieron una manta, zumos y un bocadillo que me comí mientras no paraba de llorar”, recuerda este joven. Luego pasó por un proceso de identificación, valoración de la edad y una revisión médica antes de ser trasladado a un recurso residencial más estable. En su caso, el centro de menores tutelados Rosa Peñas, en la pedanía murciana de Santa Cruz.

Ahí empezó una etapa que —cuenta— le “cambió la vida”: “Me preparó para tener las oportunidades que no existían para mí en mi pueblo”. Allí aprendió castellano, normas de convivencia, a recuperar rutinas y a compartir espacios. Retomó los estudios y aprendió el oficio del que hoy vive.

Un camino en el que fueron básicos educadores y trabajadores sociales, psicólogos, personal sanitario y profesionales de formación e inserción laboral que forman parte de los equipos que acompañan a estos adolescentes. El objetivo, al menos sobre el papel, no es únicamente protegerlos durante unos meses. Es prepararlos para cuando dejen de estar bajo tutela.

Una discusión política que deja poco espacio para sus historias

Según la capacidad ordinaria fijada por el Estado para los sistemas autonómicos de protección, a la Región de Murcia le correspondían 517 plazas de referencia en el momento en que se elaboró el artículo. En junio de 2026 el Gobierno central actualizó esa capacidad y fijó para Murcia 553 plazas.

La cifra se ha convertido en uno de los puntos de fricción entre Murcia y el Gobierno central. El Ejecutivo autonómico reclama que se tenga en cuenta la ocupación real de los recursos, el coste de la atención y la presión que soporta la Región por las llegadas directas y las derivaciones. Una confrontación política que se produce mientras el sistema intenta atender a adolescentes que, como Ibrahim, no tienen capacidad para resolver por sí mismos buena parte de los problemas a los que se enfrentan.

Solo durante el mes de julio llegaron a la Región 132 menores por vía marítima, a los que se suman los derivados por el Gobierno central desde Canarias y Ceuta y los trasladados al antiguo Hospital Naval de Cartagena. Este centro, gestionado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, alberga a más de un millar de menores, pese a que su capacidad inicial era de 600 personas.

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, ha advertido de que la Región no puede asumir más menores migrantes no acompañados y reclama mayor coordinación e información previa entre administraciones.

Vox va más allá. La formación rechaza frontalmente la acogida y defiende el retorno de los menores a sus países de origen, mientras les criminaliza vinculando el debate migratorio con la seguridad o les culpa de las dificultades del acceso de los españoles a los servicios públicos, como la sanidad.

En ese escenario, el término “mena” corre el riesgo de convertirse en el protagonista de una discusión en la que los propios menores apenas tienen voz.

Youssef, Mamadou e Ibrahim: tres historias detrás de una etiqueta

Como Ibrahim, Youssef también salió de Marruecos siendo apenas un niño. Su objetivo era trabajar y ayudar económicamente a su familia. Igual que el de Mamadou, que llegó a las costas de Águilas desde su Senegal natal después de cruzar varias fronteras. El viaje fue tortuoso y todavía sufre sus consecuencias: unas terribles pesadillas relacionadas con lo vivido durante el camino.

Tres historias diferentes y un punto en común: ninguno de ellos llegó a España con la vida resuelta. Los profesionales que trabajan con estos jóvenes insisten precisamente en esa idea. “Son adolescentes. Tienen las mismas preocupaciones que cualquier joven: estudiar, hacer amigos, encontrar un trabajo, independizarse…”, explica una trabajadora de la Fundación Diagrama.

La organización gestiona programas de inserción para menores extranjeros no acompañados y distintos recursos residenciales, entre ellos los hogares “SuñuKeur” —“nuestra casa”, en lengua wólof— y “Ankaso Alguazas”.

Ahí, cada pequeño paso —una conversación en castellano, un título, unas prácticas, un primer empleo— puede marcar la diferencia entre depender de un sistema de protección o comenzar a construir una vida autónoma.

Cumplir 18: la tutela se acaba, la incertidumbre no

Cumplir 18 años es uno de los momentos más delicados para estos adolescentes. La tutela desaparece y pasan a ser legalmente adultos. El cambio administrativo es inmediato. La madurez personal, sin embargo, no funciona con la misma velocidad.

Por eso existen programas de emancipación y preparación para la vida independiente destinados a jóvenes tutelados y extutelados en riesgo de exclusión social.

En esta etapa resultan fundamentales la documentación, la formación y una red de apoyo. Quienes consiguen un empleo o continúan estudiando tienen más posibilidades de consolidar su proyecto de vida. Pero muchos se encuentran con otra carrera de obstáculos: acceder a una vivienda digna y encontrar un empleo estable en un mercado laboral que tampoco resulta sencillo para los jóvenes que han crecido aquí.

Más allá de cifras y etiquetas

La discusión sobre la migración seguirá basándose en cifras. Habrá que seguir debatiendo sobre plazas, recursos, financiación, competencias y reparto territorial. Es una parte imprescindible del problema y también de su solución.

Pero, mientras instituciones y partidos políticos discuten sobre estadísticas, derivaciones y endurecen sus posiciones, las historias de vida de chavales como Ibrahim, Youssef o Mamadou siguen transcurriendo, como pueden, al margen de los titulares.

Quizá por eso, cuando se habla de menores extranjeros no acompañados, convendría recordar qué hay exactamente detrás de esas cuatro palabras; que antes que un problema que repartir entre administraciones, son menores que, arriesgando sus todavía cortas vidas, llegaron solos huyendo del hambre, la guerra o la falta de oportunidades; y que necesitan protección y ayuda para dejar de estarlo.

El Gobierno y las comunidades autónomas se reunirán este jueves por primera vez para abordar la acogida de los menores migrantes no acompañados tras la entrada de decenas de miles de personas a Ceuta. La ciudad vive una crisis humanitaria por la permanencia en sus calles de un número de personas por ahora desconocido, entre ellos muchos niños y niñas. La cita, de carácter preliminar y técnico, viene marcada por el plante de tres comunidades gobernadas por el PP y cuyos responsables de Infancia son de Vox.

Aragón, Extremadura y Castilla y León no enviarán ningún representante a una reunión cuyo único punto del orden del día es avanzar en el envío urgente y extraordinario de 25 millones de euros a Ceuta para paliar la situación que se vive en la ciudad española localizada en el norte de África. La cita ni siquiera es definitiva. Están convocados directores generales, de perfil técnico y no político. Será a finales de agosto cuando se celebre la conferencia sectorial, ya con presencia de la ministra de Infancia, Sira Rego, y de los respectivos consejeros autonómicos.

Desde el Gobierno rebajan la importancia de la cita, que será telemática, y ponen en duda que se aborde siquiera en el turno de ruegos y preguntas la situación en Ceuta. En realidad, la ciudad autónoma ya sufría un problema de saturación antes de la reciente crisis migratoria, como ocurre también en Canarias, aunque la gravedad ha aumentado, y mucho, con la entrada de cientos de menores hace ahora dos semanas.

PP y Vox pusieron su proa al Ejecutivo desde el primer instante, sin exigir cuentas a Marruecos. “Yo no creo, honradamente, que le tenga que pedir explicaciones a Marruecos”, dijo el líder de la oposición el pasado lunes en una entrevista. Pero la legislación en España es clara y las competencias para la acogida de menores solos, sean migrantes o no, es de las comunidades autónomas.

Lo planteó poco después de la entrada de decenas de miles de personas el propio presidente de Ceuta, Juan José Vivas. El veterano dirigente del PP dijo que esperaba que los recientes pactos de su partido con Vox no “complicasen” el cumplimiento de la ley para la acogida de menores migrantes.

El líder ultra, Santiago Abascal, replicó que “ni un euro de los españoles” debe destinarse a los “menas” —como dice despectivamente—, a los “invasores” y a las mafias. En Aragón, el vicepresidente y jefe autonómico de Vox, Alejandro Nolasco, ha suprimido la ayuda semanal de 17 euros a los menores migrantes no acompañados tutelados por su Gobierno en tres centros. También ha señalado públicamente a niños concretos.

Todo, con el respaldo expreso del presidente autonómico, Jorge Azcón, quien también ha dado vía libre al plante que tanto Aragón como la Extremadura de María Guardiola o la Castilla y León de Alfonso Fernández Mañueco protagonizarán este jueves.

Fuentes autonómicas del PP aseguran a este medio que “se respeta la decisión”. “Nuestra posición ya era oponernos por todas las vías legales a los envíos de menores pactados unilateralmente con los independentistas vascos y catalanes”, apuntan las mismas fuentes. El problema para el PP es que una reciente reforma de la ley de extranjería ha sistematizado el cálculo de cuántos menores debe acoger cada comunidad autónoma en función tanto de sus capacidades como del número de chavales que ya tiene bajo su tutela.

El PP dice que Ceuta no puede sola y deja en el aire su ayuda

Feijóo siempre ha presumido de cumplir la ley, y en esta crisis el PP ha vuelto a reiterar que lo harán. Pero sus socios de gobierno en estas regiones, además de en Andalucía, han hecho del racismo, la xenofobia y el señalamiento a los menores uno de sus principales ejes políticos electorales.

Ya en 2024 Vox rompió los primeros gobiernos autonómicos que firmó con el PP con la excusa de la acogida de menores migrantes desde Ceuta y Canarias. Ahora bien podrían volver a hacer lo mismo, por lo que la situación para la derecha es difícil de sostener.

Buena prueba de ello fueron las declaraciones de la vicesecretaria de sectorial del PP, Alma Ezcurra, este miércoles durante una visita a Ceuta. La dirigente, encargada de Feijóo para fijar la doctrina programática del partido, se reunió con Vivas, y después aseguró ante los medios que la ciudad no puede asumir por sí misma la tutela de cientos de menores. Pero, a la vez, negó que el resto de comunidades que gobierna el PP puedan hacerlo. “Es curioso que el debate gire en torno a qué van a hacer las comunidades. No sabemos de dónde son, si tienen familia, de dónde vienen, qué edad tienen. ¿Cómo vamos a saber qué hacer con ellos?”, dijo Ezcurra.

Reagrupación de menores

La primera de las alternativas en la que trabaja el Gobierno para paliar el colapso de Ceuta y la situación de emergencia humanitaria que afrontan miles de menores de edad no acompañados que entraron hace dos semanas en suelo español es la reagrupación familiar. Según fuentes del Ejecutivo, los funcionarios públicos que tratan directamente con esos menores para su censo en el sistema de acogida se están encontrando con todo tipo de casuísticas, a las que las administraciones ahora intentan dar la mejor solución.

Algunos de ellos, por ejemplo, han intentado volver a Marruecos por la frontera ante la falta de expectativas en la ciudad autónoma, tal y como hicieron decenas de miles de adultos durante las 48 horas siguientes al cruce. Sin embargo, la legislación obliga expresamente al país de llegada, en este caso España, a hacerse cargo de la tutela y la acogida de los menores de edad, y en ningún caso a devolverlos a sus países de origen “en caliente”. Ante la imposibilidad legal de dar una respuesta automática y garantista a los menores que manifiesten expresamente su deseo de volver a Marruecos con sus familias, el Ejecutivo español ya trabaja con el Gobierno marroquí un procedimiento extraordinario.

“La prioridad absoluta es que todos los menores puedan volver con sus familias a Marruecos”, dijo esta semana el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. Un planteamiento que comparte el Partido Popular y que incluso reclama Marruecos, que ha exigido a España estos días en boca de varios portavoces el regreso de sus jóvenes. Para el caso de los menores que manifiestan abiertamente su rechazo a volver a Marruecos, el Gobierno también trabaja en una alternativa a los centros de acogida: la reagrupación familiar con parientes directos que puedan acreditar su vínculo familiar y tengan residencia legal en España o en otro país de la Unión Europea. Se espera que ese trabajo administrativo previo que se realiza ya sobre el terreno tras el estudio de la situación de cada menor no acompañado en Ceuta reduzca ostensiblemente el número final de menores que tendrán ser acogidos por las comunidades autónomas.

La Vicepresidencia de Desregulación, Bienestar y Familia, dirigida por Vox, ha vuelto a utilizar este miércoles el portal oficial del Gobierno de Aragón para difundir un suceso protagonizado por un menor migrante acogido en uno de los centros de la Comunidad. En esta ocasión, el departamento de Alejandro Nolasco ha publicado una nota sobre un menor de nacionalidad argelina del centro CATIM de Zaragoza que, según relatan, ha sido detenido en varias ocasiones por su presunta implicación en varios robos a mujeres de avanzada edad.

La información publicada en Aragón Hoy identifica el centro en el que se encuentra acogido el menor y aporta detalles sobre su origen y su fecha de nacimiento declarada. La nota explica que ingresó en el CATIM el pasado 1 de abril y que cumplirá los 18 años el próximo mes de noviembre.

Según la versión difundida por el Gobierno de Aragón, la última detención se produjo el pasado domingo, 9 de agosto, después de que presuntamente empujara a una mujer de avanzada edad y le arrancara las cadenas de oro que llevaba. Varios testigos habrían señalado que el autor huyó hacia el centro de menores, donde los agentes procedieron a detenerlo. El Ejecutivo asegura que durante el arresto el joven se enfrentó a los policías.

La nota repasa también otras dos detenciones y llega a afirmar que esta persona “presentaba evidentes síntomas de estar drogada”. Tras las tres detenciones, el menor quedó en libertad y regresó al centro de acogida.

Un patrón de comunicación

La publicación de este miércoles supone un nuevo episodio en la estrategia de comunicación que la Vicepresidencia de Nolasco viene manteniendo en torno a los menores extranjeros no acompañados. El departamento ya recurrió en julio al portal institucional para informar de otros sucesos protagonizados por menores acogidos en centros de Aragón, aportando en algunos casos datos sobre su procedencia, edad o el lugar en el que se encontraban tutelados.

El uso de la web oficial del Gobierno autonómico para difundir este tipo de sucesos ya generó polémica el pasado mes. Entonces, la Asociación de Periodistas de Aragón y el Colegio Profesional de Periodistas de Aragón trasladaron el asunto a la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo de la FAPE.

El organismo consideró que no podía abrir un expediente porque las publicaciones no procedían de un medio de comunicación, sino de un portal institucional. Sí reclamó, no obstante, que se aplicasen las obligaciones éticas recogidas en el Código Deontológico del Periodismo en el tratamiento de las migraciones y que se extremase la protección de los menores y colectivos vulnerables, además de evitar enfoques que pudieran favorecer su estigmatización.

En aquella ocasión, el presidente aragonés, Jorge Azcón, evitó cuestionar abiertamente la decisión de su socio de Gobierno. “Yo defiendo que se publique la verdad, que contemos hechos”, afirmó entonces, aunque añadió que si los hechos no estaban contrastados su opinión era contraria.

Azcón vuelve a cargar contra la política migratoria

Precisamente este miércoles, coincidiendo con la publicación de la nueva nota, Azcón ha vuelto a pronunciarse sobre la política migratoria del Gobierno central. Durante su visita a Galáctica, en Arcos de las Salinas (Teruel), con motivo del eclipse total de sol, el presidente aragonés ha defendido que Aragón no participe en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia en la que se abordará el reparto de menores no acompañados procedentes de Ceuta.

Azcón ha considerado que esta reunión va a resolver “muy pocos problemas” y ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de ser “incapaz” de defender las fronteras y de afrontar la situación de la ciudad autónoma.

“Es incapaz de resolver dos de los problemas fundamentales que tenemos en este momento, que es la ausencia absoluta de una política de inmigración y la ausencia de la defensa de nuestras fronteras”, ha señalado.

El presidente aragonés ha defendido que el Gobierno de España debería “defender las fronteras como reclaman los socios europeos” y contar con una política migratoria que, a su juicio, no genere conflictos “dentro de nuestras fronteras y con los socios europeos”.

Azcón ha atribuido la decisión de no acudir a la Conferencia Sectorial al departamento dirigido por Vox y ha asegurado que no es “nada nuevo”.

Cinco personas se sientan alrededor de una mesa en una de las aulas de la Nau Bostik, en Barcelona. Van a clase para aprender darija, la variedad del árabe que se habla en Marruecos. Quien guía la sesión es Talal El Khalloufy, un joven marroquí de 26 años que llegó solo a Catalunya hace tres años y que hoy enseña su lengua materna gracias a Prollema, un proyecto de la asociación La Muga que forma y remunera a jóvenes migrantes para que impartan clases de sus idiomas de origen.

“No queremos que nos vean solo como personas que necesitan ayuda. Los jóvenes migrantes podemos aportar mucho a la sociedad”, resalta Talal. En la misma línea opina Hadjer Rahou, joven argelina de 25 años que da clases en Girona de darija y árabe clásico: “Muchas veces la gente no es consciente de que tenemos potencial. Solo necesitamos que alguien nos escuche y valore nuestra formación y capacidades”.

En un momento de la clase que imparte Talal, una de las asistentes comenta que algunas palabras le recuerdan al catalán, lo que da pie a una conversación sobre los vínculos históricos entre las lenguas, y alumnos y profesor empiezan a buscar ejemplos: tawla recuerda a taula, c a balcó y blassa a plaça. Durante dos horas, los alumnos practican expresiones cotidianas, aprenden léxico y gramática, corrigen la pronunciación y hacen preguntas sobre la cultura marroquí.

“Pensaba que a nadie le interesaría nuestra lengua por la imagen negativa que a veces se tiene de nosotros. Descubrir que hay personas que quieren aprenderla cambia por completo la forma en que te sientes acogido”, afirma Amine Oubihi, otro de los jóvenes vinculados al proyecto.

Los alumnos de Talal cursan el intensivo que la fundación ha organizado durante el mes de julio en Barcelona. Consiste en dos sesiones semanales de dos horas durante un mes. A lo largo del año también se organizan cursos en Girona y Tarragona. Todos los profesores son jóvenes que emigraron solos y que, antes de incorporarse al proyecto, se encontraban en situación de exclusión social. Prollema les ofrece una formación que les capacita para impartir clases de sus lenguas maternas.

“Queríamos cambiar la mirada infantilizada y asistencialista con la que se suele acompañar a los jóvenes migrantes: dejar de verlos como objetos para reconocerlos como sujetos con voz, historias, experiencias y capacidad de decisión”, explican desde la asociación.

El proyecto, nacido en 2015 dentro de la asociación cultural La Muga, ofrece un salario a los docentes, además de una formación teórica y práctica de cinco meses que les habilita para impartir clases. Entre las lenguas que se enseñan se encuentran el amazig del Rif, el árabe clásico, el darija, el fula, el wolof y el mandinká. La entidad se financia con subvenciones del Ayuntamiento de Barcelona y de la Generalitat, además de las cuotas de los alumnos.

“Cuando llegas sola y sin papeles sientes que no tienes un lugar en la sociedad y que no vales nada, y proyectos como este te permiten demostrar quién eres”, señala Hadjer. “Quiero que la gente vea que las personas migrantes también podemos tener estudios o una carrera universitaria”. Para ella, dar clases es una forma de romper los estereotipos que todavía pesan sobre quienes migran.

Licenciada en Traducción e Interpretación en Argelia, se vio obligada a emigrar a España en busca de mejores condiciones económicas para ayudar a su familia. “Yo no he venido aquí porque quiera viajar, sino porque no me quedaba otra opción”, asegura. Mientras espera la regularización de su situación administrativa, sueña con poder trabajar con contrato y seguir ayudando a su familia para, algún día, regresar a su tierra.

“Las personas migrantes muchas veces no necesitamos solo dinero, sino que alguien nos escuche, nos entienda y nos dé la oportunidad de construir una nueva vida”, añade. Desde Prollema recalcan que su objetivo es que los jóvenes se sientan “escuchados, acompañados y capaces de proyectar un futuro”.

Talal llegó a Catalunya hace tres años desde Fez, su ciudad natal. Tras pasar varias noches durmiendo al raso por las calles de Girona, su educadora social le habló del proyecto y decidió apuntarse. Después de completar la formación y las prácticas, empezó a dar clases el año pasado.

Además de formación y empleo, Prollema también ofrece alojamiento mientras los jóvenes avanzan en su proceso de integración. Actualmente, Talal reside en la Nau Bostik, un centro cultural y social autogestionado en el barrio barcelonés de La Sagrera, el mismo lugar donde se imparten las clases. Allí también vivió durante un tiempo Amine, junto a otros participantes del proyecto.

La idea es que permanezcan allí hasta contar con unos ingresos estables que les permitan acceder a un alquiler. Los ingresos que obtienen con las clases no siempre son regulares, ya que no todos los meses hay suficientes grupos.

Otro de los aspectos que más valoran los jóvenes que dar clases va mucho más allá de la remuneración económica. Talal pasó una etapa especialmente dura durante su proceso de integración por el hecho de estar solo y sentirse discriminado. “Me afectó muchísimo sufrir discriminación. Más de una vez, cuando paso por delante de alguien, esconde el bolso, o si me siento en un banco o en un asiento, se levantan y se marchan”.

En ese contexto, asegura que empezar a dar clases en Prollema fue un refugio. “Para mí, Prollema es una joya. Me ayudó a coger fuerzas para seguir adelante. Ahora me siento mucho mejor y estoy viviendo una etapa muy bonita. Después de pasarlo realmente mal al principio de mi llegada, lo único que buscaba era, además de una tranquilidad económica, sentirme válido como persona”.

Amine destaca las relaciones personales que ha construido, tanto con otros jóvenes que atraviesan situaciones similares como con alumnos catalanes. “Más allá del trabajo o del intercambio cultural, cuando acabas de llegar y no conoces a nadie, lo que necesitas es una red de apoyo”. “Si no tienes a tu familia, a tus amigos ni a nadie que te apoye, es muy fácil acabar mal en un país extranjero”, sentencia.

Otro de los pilares de la iniciativa es que los jóvenes puedan conservar su identidad mientras construyen su nueva vida en Catalunya. “Una buena acogida es aquella que te permite construir un futuro sin tener que renunciar a quién eres”, señalan desde la asociación. Hadjer lo resume con claridad: “Pensar que porque una persona lleve hijab significa que no se integra en la sociedad es ignorancia pura. Yo hablo catalán y castellano, quiero trabajar y aportar mis cualidades aquí en Catalunya”.

Desde Prollema insisten en que no se trata de “dejar atrás la lengua, la cultura o la identidad para integrarse”, sino de poder conservarlas mientras se adquieren “las herramientas necesarias para formar parte de la comunidad”.

Canarias no participará en la acogida obligatoria de los menores migrantes que han llegado a Ceuta. Las islas no recibirán a ninguno de estos jóvenes porque aún están en situación de contingencia migratoria, es decir, con los recursos por encima de su capacidad ordinaria, tal y como han explicado desde la Consejería de Bienestar Social del Gobierno autonómico a Canarias Ahora. Según sus datos, atienden en sus centros a unos 2.600 o 2.700 jóvenes ''fijos'', teniendo en cuenta que la cifra varía en función de las llegadas de nuevos menores no acompañados y de las salidas de otros jóvenes hacia centros de protección de la Península.

Las derivaciones que han permitido aliviar el colapso de los centros de Canarias se enmarcan en la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería. Esta norma obliga a reubicar en un plazo máximo de 15 días a todos los menores que lleguen a territorios declarados en situación de contingencia migratoria. El Gobierno de Canarias pidió al Estado esta declaración hace ya casi un año, a finales de agosto de 2025. Entonces, tutelaba a más de 5.017 niños y adolescentes sin familia, a pesar de tener una capacidad ordinaria de 737 menores.

En junio, el Ejecutivo autonómico rechazó la posibilidad de que se levantara la contingencia migratoria. ''No es ni responsable ni solidario que este mecanismo desaparezca de las islas'', subrayó la consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto. ''Es necesario que se regule y se garantice la distribución justa y equilibrada de todos los menores en todas las comunidades, y más cuando hay regiones que ni siquiera han llegado a su cifra de capacidad ordinaria'', añadió.

Aun así, el Gobierno canario ha ido cerrando algunos de sus recursos de acogida por la baja ocupación de los mismos y está reorganizando los que tiene abiertos. En la actualidad las islas cuentan con 86 centros, indica el área que dirige la consejera Candelaria Delgado. En abril cerró sus puertas el centro de menores de Mácher (Lanzarote), donde vivían trece menores que fueron alojados en otros recursos. En julio cerraron otros dos centros en Fuerteventura, los de Ayagaures y Ancor.

25 millones para Ceuta

El Gobierno de Canarias, gobernado por Coalición Canaria y el Partido Popular, sí apoyará en la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia de este jueves 13 de agosto la transferencia de 25 millones de euros a Ceuta para la atención de los menores extranjeros no acompañados. Candelaria Delgado ha defendido que estos jóvenes necesitan ser trasladados a otras regiones y ser atendidos con los fondos que se asignen a cada territorio. Así, en declaraciones recogidas por Efe, la consejera ha recordado que la distribución obligatoria está establecida por un decreto ley.

Según los últimos datos del Ministerio de Juventud e Infancia, el número de menores que ya han podido ser identificados asciende a 1.342. El proceso de filiación continúa y la ministra Sira Rego ha asegurado que está siendo ''complicado'' por el volumen de llegadas y el desborde de los servicios.