El Palacio de San Telmo en Sevilla, sede de la Junta de Andalucía, ha sido este jueves escenario de una mini cumbre entre el Gobierno andaluz de Juanma Moreno y el ceutí de Juan Jesús Vivas, donde ambos presidentes han escenificado la relación privilegiada entre ambos territorios ante la crisis humanitaria y migratoria que golpea a la ciudad autónoma desde hace dos meses, cuando entraron ilegalmente 80.000 personas desde Marruecos.

Los dos presidentes, en un acto protocolario en el Salón de los Espejos, han anunciado acuerdos de sus respectivos gobiernos y de ambas cámaras de comercio, en materia de internacionalización de proyectos empresariales, universidades, innovación, turismo, cultura, deporte, comunicaciones y transporte. Pero nada sobre inmigración.

En el turno de preguntas, los periodistas le han preguntado si no habían abordado ningún compromiso en materia migratoria, habida cuenta que Andalucía y Ceuta tienen suscrito un convenio de colaboración, vigente desde 2021, para “agilizar” el traslado de menores extranjeros no acompañados en caso de “contingencia migratoria” como la que sufre la ciudad autónoma. Ni Vivas ni Moreno han hecho referencia a ese acuerdo en su exposición inicial y, cuando les han preguntado, ambos se han reafirmado en su negativa a invocar el convenio.

“Hemos utilizado y puesto en marcha [el convenio] contra un fenómeno migratorio normal, pero esto no es un fenómeno migratorio normal. Es una invasión, una violación de la soberanía territorial de España”, ha subrayado Moreno. El presidente Vivas, en la misma línea, ha destacado que “la inmigración es una consecuencia de lo que ha ocurrido, no es la causa”, y ha insistido en que sería “equivocado” cambiar “el foco” sobre la gravedad del problema, que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tildó el primer día de “invasión de la soberanía territorial de España”.

Andalucía y Ceuta tienen firmado un convenio de colaboración para “agilizar” la acogida e integración de menores extranjeros no acompañados en esta comunidad y aliviar así la “crisis migratoria” que ya sufría entonces la ciudad autónoma. Se trata de un “instrumento de cooperación interautonómico”, que fuera “estable en el tiempo”, y que a día de hoy sigue “en activo y está desarrollándose”, reconocen en la Junta.

Sin embargo, ambos presidentes han rechazado explícitamente invocar ese convenio para el traslado provisional de los niños que entraron en la incursión irregular de 80.000 inmigrantes a Ceuta que tuvo lugar hace justo dos meses -unos 2.500 siguen allí, según el Gobierno central-, que serían acogidos por la Junta de Andalucía mientras se tramitan sus expedientes.

El encuentro ha tenido lugar en el Salón de los Espejos, espacio privilegiado de San Telmo para visitas oficiales, donde ambos han visibilizado un tándem que escenifica el vínculo especial de Andalucía con Ceuta, recogidos en ambos Estatutos de Autonomía. “Andalucía jamás os dejará solos. Esta es tu casa”, ha comenzado Moreno, en un encuentro en el que han participado miembros de ambos gobiernos, pero también representantes del mundo empresarial de Ceuta y Andalucía.

Moreno ha pedido “no dejar que se apague el foco” sobre la crisis migratoria de Ceuta, denunciando el “caos” que vive la ciudad autónoma, que aún acoge a unos 10.000 inmigrantes que entraron de forma irregular hace justo dos meses. El presidente de la Junta ha ofrecido “apoyo y colaboración”, pero no ha hecho mención al convenio de colaboración para “contingencias migratorias”.

El presidente de la Junta ha anunciado una batería de acuerdos suscritos entre ambos gobiernos en materia de proyección empresarial, turismo, transporte y comunicaciones, cultura, deporte, innovación y universidades. Ninguna propuesta en materia migratoria. La Junta pondrá a disposición de las empresas de Ceuta la Agencia Trade, para promover internacionalmente proyectos de actividad económica.

Moreno también ha anunciado acuerdos entre ambas cámaras de comercio y en materia de turismo una promoción conjunta para atraer turistas a ambos lados del estrecho, una mejor conectividad entre el puerto de Málaga y Ceuta (vía helicópteros), y estudian subvenciones para el pasaje del ferry que conecta Andalucía con la ciudad autónoma.

En su turno, Vivas ha hecho un recordatorio tremendo de la situación que persiste en su ciudad: “Ceuta vive una de las situaciones más difíciles de su historia reciente. Hace dos meses sufrimos una invasión con la entrada masiva de 90.000 personas, usando la inmigración como un arma. La situación sigue siendo absolutamente insostenible. Continúan allí unas 15.000 repartidas en campamentos de acogida y esto está teniendo un impacto demoledor. Es un deterioro gravísimo de la seguridad, de los servicios fundamentales, educación y sanidad, deteriora nuestra convivencia y estamos en alerta en cuanto a la seguridad nacional”, ha dicho.

El presidente ceutí ha denunciado que sus ciudadanos han visto “mermados” sus derechos fundamentales. “Hemos perdido parte de libertad, vivimos en una olla a presión. El día a día de Ceuta parece una crónica de sucesos: altercados, reyertas, delitos, violencias. Es insoportable. No estamos dispuesto a que esto sea así. La única manera de volver a la normalidad es mediante el retorno a Marruecos de todos los que entraron de forma ilegal”, ha sentenciado.

Los dos vicepresidentes del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero (PP) y Alejandro Nolasco (Vox), han comparecido este lunes en una rueda de prensa conjunta en la que han anunciado que el Gobierno de Aragón recurrirá ante el Tribunal Supremo el Real Decreto 556/2026, aprobado el pasado 30 de junio, que actualiza la capacidad ordinaria de las comunidades autónomas para la acogida de menores extranjeros no acompañados. El Ejecutivo autonómico solicitará además la suspensión cautelar de la norma mientras se resuelve el recurso.

El anuncio llega pocos días antes de que el próximo 5 de octubre venza el plazo para poder recurrir el mencionado real decreto. Y se produce en un contexto en el que Aragón no llena ni de lejos las plazas debe tener creadas: al 30 de junio, el número de menores migrantes tutelados en la comunidad era de 238, muy lejos de la capacidad ordinaria de 476 niños, niñas y jóvenes que fija la normativa. Y en la actualidad, según han confirmado fuentes de la Vicepresidencia de Vox, se ha reducido a 222 menores extranjeros tutelados,

La cifra objeto de polémica se enmarca en el sistema estatal de redistribución de menores migrantes puesto en marcha el año pasado para situaciones de contingencia migratoria extraordinaria. El Gobierno de Aragón sostiene que el Estado no puede imponer esta actualización sin respetar las competencias autonómicas y cuestiona tanto el procedimiento seguido como el propio sistema de redistribución. “El Real Decreto de 30 de junio que quiere endosar a Aragón 476 menores migrantes invade competencias autonómicas”, ha señalado durante la rueda de prensa.

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha señalado que Aragón no es la única comunidad que ha recurrido el decreto y ha acusado al Gobierno central de actuar “al margen de los acuerdos de la conferencia sectorial que se habían tomado siempre por unanimidad”. Vaquero ha añadido que “el Ejecutivo estatal está sobrepasando las competencias no solamente de Aragón sino del resto de comunidades autónomas”.

Ley orgánica

El Ejecutivo de Aragón considera además que la norma regula una materia que, a su juicio, debería estar reservada a una ley orgánica y que se ha aprobado sin contar con la comunidad. Por ello, pedirá al Supremo que paralice provisionalmente sus efectos. “Por eso vamos a solicitar en este recurso la suspensión cautelar de este Real Decreto para que no pueda surtir efecto alguno mientras se determina sobre su legalidad”, ha explicado Alejandro Nolasco, vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia.

La cifra de 476 plazas no suponen el traslado automático de otros 476 menores a la comunidad . El decreto establece la capacidad ordinaria que corresponde a la comunidad dentro del sistema estatal y sirve como referencia para el mecanismo de redistribución cuando se declara una situación de contingencia.

El Gobierno aragonés sostiene que su red de protección ya está por encima de la capacidad que tiene asignada y cuestiona que el Estado pueda seguir derivando menores a la comunidad. “Lo que sí que le puedo decir con seguridad absoluta es que sobrepasamos con mucho la capacidad que tenemos y que nos ha venido fijada por ley”, ha asegurado.

La mitad de las plazas

Sin embargo, los datos oficiales rebajan a 238 los menores extranjeros no acompañados tutelados por Aragón a 30 de junio, una cifra que equivale aproximadamente a la mitad de las 476 plazas de capacidad fijadas para la comunidad.

El Ejecutivo autonómico mantiene que el problema no se limita al número de menores tutelados en un momento concreto, sino a los traslados que se realizan desde otros territorios en aplicación del sistema estatal. Aragón asegura haber recurrido los expedientes individuales y haber obtenido 17 resoluciones judiciales favorables.

La disputa se extiende ahora también a los menores procedentes de Ceuta. El Gobierno de Aragón rechaza asumir nuevos traslados y defiende que la solución debe pasar por el retorno de los menores a sus familias y países de origen cuando legalmente proceda.

“La propuesta es que se vuelvan todos a su casa. Esa es la propuesta lógica y legal”, ha defendido Nolasco. Además, ha insistido en esa posición al reclamar que se tenga en cuenta el vínculo familiar de los menores: “El interés superior del menor es que estén con sus padres en su país de origen”.

La Comunitat Valenciana acollia, a 31 d'agost de 2026, un total de 1.152 xiquets, xiquetes i adolescents migrants no acompanyats, segons els registres de dades oficials. Aquesta xifra representa una proporció d'un menor per cada 5.000 habitants al territori valencià. D'acord amb la capacitat ordinària aprovada pel Consell de Ministres el passat 29 de juny, davall les directrius del Reial decret llei 2/2025 per a la garantia de l'interés superior de la infància davant de contingències migratòries extraordinàries, la xarxa pública valenciana hauria de comptar amb 1.903 places estructurals. D'aquesta manera, l'ocupació actual del sistema se situa en el 60% de la seua capacitat ordinària, una xifra allunyada dels relats de sobresaturació del 180% argumentats pel Consell de Pérez Llorca.

L'evolució del sistema reflecteix un creixement moderat en els últims mesos. A començaments de 2025, abans de l'entrada en vigor del Reial decret llei 2/2025, la Comunitat Valenciana acollia 1.017 menors migrants no acompanyats. En el transcurs d'un any i mig, el nombre de xiquets i xiquetes davall la tutela autonòmica s'ha incrementat únicament en 135 persones.

Segons fonts de l'Executiu central, aquestes xifres demostren que l'aplicació del mecanisme d'acollida vinculant i solidària aprovat l'any passat a penes ha tingut incidència sobre la capacitat del sistema valencià. I afigen que, per al finançament d'aquestes places, el Govern d'Espanya va entregar l'any passat a la Generalitat fons extraordinaris per un import de 7.414.575 euros, als quals se suma una assignació addicional de 2.601.726 euros en aquest exercici.

Des del Ministeri de Joventut i Infància defensen que la solidaritat amb la ciutat autònoma de Ceuta exigeix el compromís actiu de les comunitats autònomes, competents en exclusiva en la protecció de menors. Fonts del departament ministerial sostenen que la via per a articular el trasllat és la firma de convenis bilaterals per a la derivació de xiquets i xiquetes de les instal·lacions ceutines. “El cas de Navarra ha demostrat que, amb voluntat política, és molt senzill”, assenyalen des del Ministeri, i recorden l'obligació de dotar correctament els sistemes públics per a disposar de les places fixades en la capacitat ordinària, evitar “informacions falses” a l'opinió pública i dimensionar els recursos en lloc d'aplicar reduccions fiscals a les rendes més altes.

Aquesta discrepància en el ball de xifres es produeix en un escenari de creixent tensió política entre les dos administracions. El portaveu del Consell, Miguel Barrachina, ha afirmat aquest mateix divendres que no existeix “cap comunicació oficial” per part del Govern central i ha insistit que les instal·lacions públiques estan “al 180 %” de la seua capacitat, per la qual cosa descarta la recepció de més menors. Consultada per elDiario.es, la Conselleria de Serveis Socials, responsable de l'acollida de menors migrants, s'ha remés a les paraules de Barrachina d'aquest mateix divendres: “Res a afegir”.

En els mateixos termes es va expressar fa uns dies el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, qui va reiterar el seu rebuig frontal al trasllat des de Ceuta després de qualificar l'entrada de migrants a finals de juliol com una “invasió” i defensar el retorn immediat dels xiquets als seus països d'origen davall la premissa que “els xiquets on millor estan és amb els seus pares”.

La Comunitat Valenciana acogía a 31 de agosto de 2026 a un total de 1.152 niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, según los registros de datos oficiales. Esta cifra representa una proporción de un menor por cada 5.000 habitantes en el territorio valenciano. De acuerdo con la capacidad ordinaria aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 29 de junio, bajo las directrices del Real Decreto-ley 2/2025 para la garantía del interés superior de la infancia ante contingencias migratorias extraordinarias, la red pública valenciana debería contar con 1.903 plazas estructurales. De este modo, la ocupación actual del sistema se sitúa en el 60% de su capacidad ordinaria, una cifra alejada de los relatos de sobresaturación del 180% argumentados por el Consell de Pérez Llorca.

La evolución del sistema refleja un crecimiento moderado en los últimos meses. A comienzos de 2025, con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 2/2025, la Comunitat Valenciana albergaba a 1.017 menores migrantes no acompañados. En el transcurso de un año y medio, el número de niños y niñas bajo tutela autonómica se ha incrementado únicamente en 135 personas.

Según fuentes del Ejecutivo central, estas cifras demuestran que la aplicación del mecanismo de acogida vinculante y solidaria aprobado el pasado año apenas ha tenido incidencia sobre la capacidad del sistema valenciano. Y añaden que para la financiación de estas plazas, el Gobierno de España entregó el pasado año a la Generalitat fondos extraordinarios por un importe de 7.414.575 euros, a los que se suma una asignación adicional de 2.601.726 euros en el presente ejercicio.

Desde el Ministerio de Juventud e Infancia defienden que la solidaridad con la ciudad autónoma de Ceuta exige el compromiso activo de las comunidades autónomas, competentes en exclusiva en la protección de menores. Fuentes del departamento ministerial sostienen que la vía para articular el traslado es la firma de convenios bilaterales para la derivación de niños y niñas de las instalaciones ceutíes. “El caso de Navarra ha demostrado que, con voluntad política, es muy sencillo”, señalan desde el Ministerio, y recuerdan la obligación de dotar de manera correcta los sistemas públicos para disponer de las plazas fijadas en la capacidad ordinaria, evitar “informaciones falsas” a la opinión pública y dimensionar los recursos en lugar de aplicar reducciones fiscales a las rentas más altas.

Esta discrepancia en el baile de cifras se produce en un escenario de creciente tensión política entre ambas administraciones. El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha afirmado este mismo viernes que no existe “ninguna comunicación oficial” por parte del Gobierno central y ha insistido en que las instalaciones públicas están “al 180 por ciento” de su capacidad, por lo que descarta la recepción de más menores. Consultada por elDiario.es la Conselleria de Servicios Sociales, responsable de la acogida de menores migrantes, se ha remitido a las palabras de Barrachina de este mismo viernes: “Nada que añadir”.

En los mismos términos se expresó hace unos días el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, quien reiteró su rechazo frontal al traslado desde Ceuta tras calificar la entrada de migrantes a finales de julio como una “invasión” y defender el retorno inmediato de los niños a sus países de origen bajo la premisa de que “los niños donde mejor están es con sus padres”.

El dipòsit de pasteres de Ses Salines es va convertir aquest dimarts en l'escenari triat pel president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, per reclamar al Govern central que freni l'arribada de persones migrants a les illes. El PSIB-PSOE li ha recriminat que “posés” davant diverses de les embarcacions, acusant-lo de “deshumanitzar-les” i de convertir els menors migrants en “munició política”. “Els menors no són una fotografia per alimentar el conflicte entre partits”, asseveren els socialistes.

Galmés va aprofitar la seva presència al costat de les pasteres per anunciar una carta a Pedro Sánchez en la qual reclama que la pròxima reunió d'alt nivell entre Espanya i Algèria, prevista per a l'octubre, es tradueixi en “mesures urgents i concretes” per frenar les arribades a Balears. Entre les seves peticions inclou reforçar la cooperació amb Algèria, impulsar polítiques en origen i facilitar els procediments de retorn de menors migrants quan existeixin familiars que puguin fer-se càrrec d'ells.

La portaveu socialista en el Consell, Catalina Cladera, ha qüestionat aquest dimecres les imatges difoses i ha reclamat al mateix temps a l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) que concreti el nombre de menors migrants que es troben sota tutela de la institució. “No és acceptable que el PP de Mallorca converteixi els menors migrants en material de confrontació política”, ha assenyalat Cladera, que ha acusat el Consell de presentar a aquestes persones fonamentalment com a “xifres” dins de les seves reivindicacions a l'Executiu central.

El PSIB sosté que les reclamacions de Galmés es produeixen en un context en el qual Vox, soci del PP al Consell Insular, manté una posició més restrictiva respecte a l'acollida de menors migrants. Els socialistes recorden que la formació de Santiago Abascal ha defensat que la capacitat ordinària d'acollida de menors estrangers sigui zero.

“Almenys, en la foto de davant de les pasteres, Galmés no apareix rient com va fer mesos enrere”, ha afirmat Cladera, en referència a unes imatges anteriors del president del Consell que els socialistes ja havien criticat.

La portaveu socialista considera que el PP ha d'aclarir si pretén desenvolupar una política pròpia en matèria migratòria o si, per contra, està adoptant posicions cada vegada més pròximes al discurs de Vox. Cladera ha reclamat que la resposta institucional combini el control de les fronteres i la lluita contra les xarxes de tràfic de persones amb la protecció dels drets dels migrants i, especialment, dels menors.

Crítiques a la gestió dels menors

El PSIB també ha retret al Consell la seva posició respecte a l'acollida de menors migrants i ha qüestionat la seva participació en els mecanismes de coordinació entre administracions. Cladera ha criticat que el PP reclami recursos a l'Estat mentre, segons els socialistes, “boicoteja” determinades reunions de coordinació i rebutja assumir nous menors procedents d'altres comunitats autònomes. També ha qüestionat que el Consell prioritzi les directrius polítiques del PP estatal davant els recursos econòmics disponibles per reforçar l'atenció a les persones migrants.

Els socialistes reclamen que la gestió migratòria s'abordi de manera coordinada entre les administracions autonòmica, insular i estatal, així com amb les institucions europees. “Una societat democràtica, europea i solidària ha de ser capaç de controlar les fronteres, combatre les màfies i ordenar els fluxos migratoris sense perdre mai la humanitat”, ha afirmat Cladera.

Així mateix, considera que el debat s'hauria de centrar en la capacitat de les administracions per respondre a les arribades, garantir l'atenció dels menors i disposar de recursos suficients, en lloc de convertir les pasteres en un nou escenari d'enfrontament polític. “El PP ha de decidir si vol governar des de la responsabilitat o si prefereix competir amb Vox en el terreny del discurs més dur contra les persones migrants”, ha conclòs Cladera.

El depósito de pateras de Ses Salines se convirtió este martes en el escenario elegido por el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, para reclamar al Gobierno que frene la llegada de personas migrantes a las islas. El PSIB-PSOE le ha recriminado que “posara” ante varias de las embarcaciones, acusándolo de “deshumanizarlas” y de convertir a los menores migrantes en “munición política”. “Los menores no son una fotografía para alimentar el conflicto entre partidos”, aseveran los socialistas.

Galmés aprovechó su presencia junto a las pateras para anunciar una carta a Pedro Sánchez en la que reclama que la próxima reunión de alto nivel entre España y Argelia, prevista para octubre, se traduzca en “medidas urgentes y concretas” para frenar las llegadas a Balears. Entre sus peticiones incluye reforzar la cooperación con Argelia, impulsar políticas en origen y facilitar los procedimientos de retorno de menores migrantes cuando existan familiares que puedan hacerse cargo de ellos.

La portavoz socialista en el Consell, Catalina Cladera, ha cuestionado este miércoles las imágenes difundidas y ha reclamado al mismo tiempo al Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) que concrete el número de menores migrantes que se encuentran bajo tutela de la institución. “No es aceptable que el PP de Mallorca convierta los menores migrantes en material de confrontación política”, ha señalado Cladera, que ha acusado al Consell de presentar a estas personas fundamentalmente como “cifras” dentro de sus reivindicaciones al Ejecutivo central.

El PSIB sostiene que las reclamaciones de Galmés se producen en un contexto en el que Vox, socio del PP en el Consell Insular, mantiene una posición más restrictiva respecto a la acogida de menores migrantes. Los socialistas recuerdan que la formación de Santiago Abascal ha defendido que la capacidad ordinaria de acogida de menores extranjeros sea cero.

“Al menos, en la foto de delante de las pateras, Galmés no aparece riendo como hizo meses atrás”, ha afirmado Cladera, en referencia a unas imágenes anteriores del presidente del Consell que los socialistas ya habían criticado.

La portavoz socialista considera que el PP debe aclarar si pretende desarrollar una política propia en materia migratoria o si, por el contrario, está adoptando posiciones cada vez más próximas al discurso de Vox. Cladera ha reclamado que la respuesta institucional combine el control de las fronteras y la lucha contra las redes de tráfico de personas con la protección de los derechos de los migrantes y, especialmente, de los menores.

Críticas a la gestión de los menores

El PSIB también ha reprochado al Consell su posición respecto a la acogida de menores migrantes y ha cuestionado su participación en los mecanismos de coordinación entre administraciones. Cladera ha criticado que el PP reclame recursos al Estado mientras, según los socialistas, “boicotea” determinadas reuniones de coordinación y rechaza asumir nuevos menores procedentes de otras comunidades autónomas. También ha cuestionado que el Consell priorice las directrices políticas del PP estatal frente a los recursos económicos disponibles para reforzar la atención a las personas migrantes.

Los socialistas reclaman que la gestión migratoria se aborde de manera coordinada entre las administraciones autonómica, insular y estatal, así como con las instituciones europeas. “Una sociedad democrática, europea y solidaria ha de ser capaz de controlar las fronteras, combatir las mafias y ordenar los flujos migratorios sin perder nunca la humanidad”, ha afirmado Cladera.

Asimismo, considera que el debate debería centrarse en la capacidad de las administraciones para responder a las llegadas, garantizar la atención de los menores y disponer de recursos suficientes, en lugar de convertir las pateras en un nuevo escenario de enfrentamiento político. “PP debe decidir si quiere gobernar desde la responsabilidad o si prefiere competir con Vox en el terreno del discurso más duro contra las personas migrantes”, ha concluido Cladera.

Centrar las políticas migratorias en reducir las llegadas puede “producir resultados inmediatos”, pero no elimina las causas que empujan a las personas a desplazarse. El informe Ruta atlántica, Sahel y Canarias, elaborado por el Instituto Español de Análisis Migratorio (IEAM) en colaboración con el Gobierno de Canarias y presentado este martes, confirma lo que diferentes organizaciones especializadas en derechos humanos llevan meses advirtiendo. Aunque las llegadas al Archipiélago hayan caído en un 55,1%, las muertes no han desaparecido, ni tampoco los peligros ni las vulnerabilidades de quienes cruzan el Atlántico.

Cuando las políticas públicas se enfocan exclusivamente en los flujos visibles, se transforman las rutas, aumentan los peligros y se invisibilizan las vulnerabilidades. El texto, al que ha tenido acceso esta redacción, propone una serie de ejes para vertebrar una estrategia “duradera” cambiando “de escala y de objetivo”. No se trata solo de reducir los flujos, sino de reducir también las muertes, la rentabilidad de las “economías criminales”, reforzar las alternativas locales y hacer “creíble” la movilidad regular, apunta el informe. 

El documento ha sido elaborado a raíz de un taller organizado en Gran Canaria que reunió a representantes institucionales, fuerzas de seguridad, organizaciones internacionales, actores humanitarios, organizaciones de la sociedad civil, investigadores, representantes europeos y africanos y a expertos en rutas migratorias, protección, criminalidad organizada y cooperación al desarrollo.

Superar la lectura eurocéntrica de las movilidades africanas

El primer paso para diseñar políticas públicas efectivas es, según el IEAM, “superar la lectura eurocéntrica de las movilidades africanas. ”Los desplazamientos desde África Occidental y el Sahel no se orientan principalmente hacia Europa. La mayoría de las movilidades son intraafricanas“, indican. Si Europa solo presta atención a lo que llega a sus fronteras, añaden, corre el riesgo de ”comprender mal“ las dinámicas profundas que estructuran la movilidad en la región.

El segundo, comprender que contener la ruta atlántica no es sinónimo de resolverla. El informe mantiene que las cifras de llegadas es un indicador utilizado a menudo de forma “excesivamente simplista” como medida del movimiento migratorio. Estos números no siempre permiten captar las salidas frustradas, las movilidades que se recomponen o las trayectorias que quedan fuera de los mecanismos de observación. 

Las personas que regresan pueden hacerlo endeudadas, traumatizadas, avergonzadas o percibidas como personas que han fracasado

En esta línea, la disminución de las llegadas puede reflejar un refuerzo de las interceptaciones, una espera prolongada en determinados territorios, el desplazamiento hacia otros puntos de salida o una invisibilización “creciente” de los trayectos.

El Instituto justifica esta conclusión en diferentes hechos: los precios del paso no han bajado de manera significativa; algunas redes siguen activas, pero han modificado sus puntos de operación; hay personas que esperan en zonas mineras, agrícolas, urbanas o fronterizas; la presión migratoria sigue siendo perceptible a través de las interceptaciones; las rutas se desplazan hacia zonas menos vigiladas; algunas nacionalidades asociadas a la ruta atlántica están aumentando en otras, como la del Mediterráneo occidental; y el número de fallecidos ha aumentado.

El ejemplo de Níger

El IEAM pone como ejemplo la experiencia de Níger. En 2015, la criminalización de ciertas formas de movilidad hizo que las rutas antes conocidas, visibles y organizadas se desplazaran hacia itinerarios clandestinos, más alejados de los pueblos, menos accesibles para el socorro y más expuestos a grupos armados, bandidos y abusos. 

“La consecuencia no fue la desaparición de la movilidad, sino su clandestinización. Las personas siguieron desplazándose, pero en condiciones más peligrosas. Las redes informales y criminales ganaron importancia, precisamente porque las rutas regulares o toleradas resultaban cada vez más difíciles de utilizar”, detalla el informe. 

Muchos menores llamados “no acompañados” cuentan en realidad con referentes familiares: padres, tíos, hermanos, miembros de la comunidad. La separación física no implica necesariamente abandono

Esta lógica, advierten, puede reproducirse en la ruta canaria. El aumento de los controles en Mauritania y Senegal puede desplazar las salidas hacia Gambia, Guinea o Guinea-Bisáu, surgiendo trayectos más largos, arriesgados y con una mayor dependencia de los intermediarios.

Acompañamiento en los retornos 

A pesar de los riesgos, las salidas persisten. Esto se debe, entre otras razones, a que en varios contextos de África Occidental la migración no es una decisión estrictamente individual, sino familiar y comunitaria. “Una familia puede vender bienes, movilizar recursos, contraer deudas u organizar colectivamente la salida de un joven. Este se convierte entonces en portador de esperanza, apoyo financiero potencial y símbolo de un éxito esperado”, detalla el informe.

“Decir a los jóvenes que la ruta es peligrosa no basta. Muchos ya lo saben. Para que el riesgo vuelva a ser disuasorio es necesario que exista una alternativa creíble: empleo, formación, movilidad legal, seguridad local, acceso a los servicios, reconocimiento social y posibilidad de construir un futuro sin partir”, propone el texto del IEAM.

De este modo, el joven que se marcha no solo lleva a cuestas su propio proyecto, sino las expectativas de una comunidad. Las redes sociales, así como la diáspora, amplifican esta dinámica, difundiendo imágenes de éxito y relatos de oportunidades. Sin embargo, “a menudo invisibilizan la precariedad administrativa, la deuda, las discriminaciones, las condiciones de trabajo, la soledad o las expulsiones”.

Por ello, el IEAM sostiene que el retorno no debe concebirse como una operación “logística” o “administrativa”, sino que se trata de un momento humano, familiar y social “extremadamente sensible”. “Las personas que regresan pueden hacerlo endeudadas, traumatizadas, avergonzadas o percibidas como personas que han fracasado”, indica el texto. 

Las operaciones de retorno, plantean los expertos, deben combinar acompañamiento económico, psicosocial, mediación familiar, inserción comunitaria, seguimiento en el tiempo e implicación de las colectividades locales y de la diáspora.

Un enfoque de género e infancia ''más robusto''

El informe también hace mención a las vulnerabilidades específicas que enfrentan las mujeres y las niñas. Los riesgos a los que quedan expuestas durante el trayecto y tras la llegada van más allá de la explotación sexual, y entre ellos están los matrimonios forzados, la dependencia de un hombre que ya haya llegado al país de destino, la explotación doméstica, la violencia de género, la trata y las situaciones de coacción familiar. 

También alertan de que determinar la edad de las mujeres jóvenes también puede ser más complejo que en el caso de los hombres, planteando importantes desafíos en materia de protección de los menores. “Los mecanismos de acogida, evaluación, orientación y seguimiento deben integrar, por tanto, un enfoque de género más robusto”, insisten. 

Respecto a la infancia migrante, los expertos proponen revisar el vocabulario. “Muchos menores llamados ”no acompañados“ cuentan en realidad con referentes familiares: padres, tíos, hermanos, miembros de la comunidad. La separación física no implica necesariamente abandono”, destacan. En contextos de conflicto o pobreza extrema, la salida del menor puede ser considerada como una medida de protección. Aun así, recuerdan, esta realidad “no reduce las responsabilidades de protección de los Estados de acogida”, sino que exige integrar a las familias en el acompañamiento y en las soluciones. 

La Junta de Andalucía ha confirmado que ha acogido en uno de sus centros al menor migrante que llegó desde Ceuta a Jerez de la Frontera (Cádiz) en los bajos del autobús del Real Valladolid, al que se subió después de que el equipo pucelano jugara el domingo en la ciudad autónoma, en la sexta jornada de LaLiga Hypermotion.

Fuentes de la Consejería de Servicios Sociales, Familia e Igualdad han explicado a EFE que el joven se encuentra en un centro de la comunidad andaluza, aunque han declinado dar más detalles al tratarse de un menor de edad.

El joven, que se subió a los bajos del autobús en Ceuta, viajó en este espacio los 45 minutos que dura el trayecto del ferry entre la ciudad autónoma y la península, así como la hora que se tarda en ir desde el puerto hasta la ciudad de Jerez de la Frontera.

No fue hasta que el menor vio que se quedaba sin fuerza para seguir, tras casi dos horas, cuando pidió ayuda a gritos que escuchó el centrocampista del Valladolid Iván Alejo, quien alertó a sus compañeros de que había alguien en el eje de las ruedas del autobús.

El vehículo paró entonces en una gasolinera y los miembros del equipo sacaron al menor de los bajos, dándole comida, bebida y ropa mientras llegaba la Guardia Civil, que tramitó los procedimientos pertinentes que han llevado a la acogida del menor en un centro de la Junta de Andalucía.

Víctor Orta, director deportivo del Real Valladolid, señaló a EFE que la actuación de sus jugadores le hizo sentir “orgulloso” por su actitud “humana y solidaria” que hizo posible salvar una vida.

El PSOE andaluz está desplegando una batería de iniciativas parlamentarias para exigir al Gobierno de Juanma Moreno que cumpla con sus “obligaciones y compromisos” con la ciudad autónoma de Ceuta, que sufre una crisis humanitaria y migratoria sin precedentes desde hace mes y medio.

Una de esas propuestas es la presentación de una queja formal contra la Junta ante el Defensor del Pueblo Andaluz y de la Infancia, anunciada este martes por la secretaria general de los socialistas, María Jesús Montero, para que “investigue el incumplimiento” del convenio suscrito con el Gobierno ceutí para “agilizar” el traslado de menores migrantes a Andalucía en caso de “contingencia migratoria”, como la que está viviendo la ciudada autónoma.

El convenio bilateral se firmó en 2021, fue renovado en enero de 2024, es un compromiso “estable en el tiempo” y está “vigente” hasta 2028. Ambas administraciones firmaron un marco de colaboración para el acogimiento y la integración de menores extranjeros no acompañados llegados a Ceuta, con el objeto de descongestionar los servicios asistenciales de la ciudad autónoma en caso de llegadas masivas, como la que se produjo en 2021 con la entrada irregular de unos 10.000 inmigrantes (1.500 niños).

El Gobierno de Moreno se ha apeado de ese convenio, que es un acuerdo de voluntad política con Ceuta, por varias razones: primero, porque el presidente ceutí, el popular Juan Jesús Vivas, no lo ha invocado para aliviar la presión migratoria que está sufriendo su ciudad (con 2.000 menores filiados y en torno a mil deambulando por las calles, según la estimación del Ministerio de Infancia); segundo, porque Moreno cree que acoger a esos niños en Andalucía, aunque fuera de forma provisional, provocaría un “efecto llamada” que perjudicaría a Ceuta, “que vería llegar a 200.000 menores más”. Y tercero, porque “la Comisión Europea desactivaría el espacio Schengen si los inmigrantes pisasen suelo continental”, un argumento que Moreno dio en sede parlamentaria, pero que no es exacto (no hay ninguna directriz europea que sostenga esta tesis, aunque sí ha habido presiones políticas de Bruselas y otros países miembros que han acusado a España de provocar un “efecto llamada” con su procedimiento de regularización masiva de inmigrantes).

Así las cosas, a Montero le han preguntado este martes en el Parlamento cómo valora que el presidente Vivas, el principal interesado en descongestionar la presión migratoria que sufre su ciudad, no haya invocado el convenio bilateral que tiene suscrito con Andalucía, una región que acoge ahora a 1.800 menores -a 31 de agosto- y con una capacidad ordinaria de acogida de 3.009 plazas.

“Yo conozco muy bien a Vivas, he negociado con él y, ¿quién le ha visto y quién le ve? Vivas está más al servicio de Génova [sede nacional del PP] que de la ciudadanía ceutí. El problema migratorio golpea a Ceuta, el primer impulsor del cambio legal [la reforma de la Ley de Extranjería] fue Vivas, porque sabía que tenía que hacer uso de ese artículo. Hemos visto una mutación en él, de colaboración a confrontación. No salgo de mi asombro, no le pega al Gobierno de Ceuta confrontar con el Gobierno de España por el simple interés partidista, y tarde o temprano lo pagará el gobierno de Ceuta, no se puede alimentar el odio, la confrontación y el racismo”, ha dicho Montero.

Las plazas que tiene Andalucía y las que debería tener

La capacidad ordinaria de acogida es una fórmula que estableció el Gobierno en un Real Decreto para reubicar solidariamente a los niños extranjeros entre las comunidades autónomas en función de su población. Es decir, no son las plazas disponibles que tiene Andalucía, sino las que “debería tener” en función de esa fórmula.

Según ese cálculo, Andalucía aún podría acoger a 1.200 menores más, pero la Junta rechaza esa fórmula de reparto (aunque también se niega a confirmar el número de menores que tiene acogidos y el número de plazas reales de las que dispone).

La consejera de Igualdad, Dolores López, ha reiterado este martes que “Andalucía tiene sus recursos por encima de su capacidad. Hemos sobrepasado la capacidad de los recursos. El Gobierno de Pedro Sánchez nos reventó el sistema”, pero ha eludido dar el número actualizado de menores acogidos y las plazas con las que cuenta su red de acogida.

Juanma Moreno firmó hace tres meses un acuerdo de Gobierno con Vox que recoge explícitamente el rechazo a acoger más niños extranjeros: “No más MENAS”, dice el texto, aunque acto seguido subraya que la Junta siempre cumplirá la “legalidad vigente”. La Ley de Extranjería, tras la reforma del artículo 35 el año pasado, obliga a las comunidades a un acogimiento proporcional de niños inmigrantes. El Ejecutivo andaluz presentó un recurso contra esa reforma, pero ha venido cumpliendo con la ley y Moreno ha asegurado que lo seguirá haciendo, porque su acuerdo de Gobierno con Vox así lo establece.

Sin embargo, los menores no acompañados que están deambulando por Ceuta no entran ahora mismo en ese escenario, porque aún no se han tramitado sus expedientes: para conocer su situación personal, ver si es posible el reagrupamiento familiar en Marruecos o garantizar un traslado con todos sus derechos a la península, en caso de no ser viable el regreso con sus padres.

Estos niños se encuentran en una situación provisional, para la cual, la ministra de Infancia, Sira Rego, ha invocado los convenios bilaterales de Ceuta con otras comunidades, como Andalucía, o con ONGs especializadas en este asunto. Una fórmula para descongestionar los ya muy tensados servicios públicos de la ciudad autónoma, pero que ha encontrado un rechazo en bloque de todas las regiones del PP (Sólo Navarra, gobernada por el PSOE, se ha ofrecido).

En el PSOE andaluz son conscientes que la crisis migratoria de Ceuta, dilatada en el tiempo, está achicharrando al Gobierno de España, más que a otras administraciones. Montero, como en el entorno del presidente Pedro Sánchez, acusan al PP y a sus gobiernos regionales de querer “cronificar” el problema. En las encuestas -la última el CIS- el Ejecutivo central es el gran damnificado político de esta crisis, pero el principal beneficiario no es el PP, sino Vox.

“Han querido convertir esta crisis migratoria tan compleja para hacer populismo, mimetizan el discurso con Vox. No se puede actuar con la situación de esta manera, si fuera por ellos, aquí sin cumplimiento legal, lo que proponen es meter a todos en algún sitio sin ningún derecho internacional, y el Gobierno trabaja para que retornen a su lugar de origen, pero con todas las garantías”, ha zanjado Montero.

El pasado 31 de agosto, un mes después de la entrada ilegal de 80.000 inmigrantes en Ceuta desde Marruecos, Andalucía contabilizaba 1.800 menores extranjeros en sus casas de acogida.

La cifra es inferior a la que había registrado ocho meses antes, el 31 de agosto de 2025, cuando la Junta enumeró a 1.954 niños migrantes (154 menos), según los datos oficiales que maneja la Consejería de Servicios Sociales, Familias e Igualdad. La presión migratoria en Andalucía -principalmente en pateras que cruzan el Estrecho- es fluctuante, pero en el último medio año ha experimentado un leve retroceso.

Esos 1.800 menores extranjeros atendidos en Andalucía -un dato que la Junta ha evitado hacer público- revelan que la capacidad ordinaria de acogida de esta comunidad está al 59,8%, esto es, con margen aún para atender a otros 1.200 niños migrantes de los más de 2.000 filiados en Ceuta. El Real Decreto de capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de menores extranjeros, aprobado el pasado junio, estableció una fórmula para reordenar el reparto desigual la presión migratoria por comunidades.

La capacidad ordinaria es un término clave porque calcular cuántos niños debe acoger cada región en función de su población y sus recursos, es decir, la fórmula sirve para detectar dónde era más deficitaria la solidaridad, y cuáles estaban más saturadas y podían reclamar más financiación al Estado. En ese cálculo, a Andalucía le correspondía -por volumen de población- disponer de 3.009 plazas para menores migrantes.

De ahí que el Ministerio de Infancia, que pilota Sira Rego, considere que esa comunidad tiene aún margen para aliviar la presión en Ceuta y acoger a más niños de forma provisional mientras se tramitan sus expedientes. Según los datos oficiales a los que ha tenido acceso este periódico, Andalucía tiene ocupada casi el 60% de su capacidad ordinaria de acogida y aún podría recibir a unos 1.200 menores más.

Hasta ahora, la Junta había evitado hacer públicos los datos de niños extranjeros atendidos por sus Servicios Sociales, porque su rechazo no tiene tanto que ver con números y capacidad como con una estrategia conjunta de todas las comunidades del PP (incluida Ceuta) que pasa por concentrar toda la presión en el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

El presidente de la Junta, que firmó hace tres meses un pacto de Gobierno con Vox rechazando explícitamente la acogida de niños migrantes (“No más MENAS”), ha explicado esta semana su negativa a cooperar con Ceuta con diversos argumentos: primero, que el presidente ceutí, el popular Juan Jesús Vivas, no ha invocado el convenio bilateral suscrito con Andalucía para “agilizar” el traslado de niños a esta comunidad en caso de “contingencia migratoria” (vigente desde 2024).

Segundo, que recibir a esos niños en la península provocaría un “efecto llamada” en la propia ciudad autónoma, con “200.000 menores más”. Tercero, que “la Comisión Europea ha advertido que esos migrantes no pueden pisar suelo continental, porque si lo hacen, se desactiva automáticamente el espacio Schengen”.

Esto último ha sido desmentido por las autoridades europeas. No hay ninguna directriz comunitaria que desactive el espacio Schengen en caso de entrada de inmigrantes, aunque políticamente la situación de Ceuta sí ha puesto a España en contra de la mayoría de países miembros, y ha generado tensiones especialmente con Italia y Dinamarca, que acusan a Sánchez de incentivar la inmigración irregular con su proceso de regularización masiva.

La oposición de izquierdas en bloque está presionando a Moreno sobre este flanco, recordándole que la acogida de menores no acompañados es competencia de Ceuta y de Andalucía, y que está en manos de ambos barones del PP aliviar la presión migratoria en la ciudad autónoma hasta que se resuelvan los expedientes individuales de cada niño.

El jueves, el presidente andaluz ofreció un nuevo argumento durante una entrevista en Onda Cero: “¿Usted aceptaría acoger a menores que ahora mismo están en Ceuta sin un refugio?”, le preguntaron. Moreno respondió lo siguiente: “El Gobierno de España tiene la capacidad legal de trasladar menores a la península. Ya lo ha hecho, y Andalucía tiene un recurso presentado cuando hizo aquel primer reparto, nos dijeron que teníamos que asumir 600 menores, pero a Cataluña y al País Vasco, cero. En Andalucía estamos por encima del 100% [de capacidad], porque nosotros seguimos acogiendo a menores no acompañados, los que van llegando en las pateras”.

En efecto, el reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería sirvió precisamente para eso: que la reubicación de menores migrantes no dependiera de la voluntad solidaria de las comunidades, sino que esa solidaridad fuera obligatoria. Es el Gobierno quien puede, ahora con la nueva ley, forzar a las comunidades a acoger un número X de niños extranjeros, en función de su capacidad ordinaria.

Pero no puede mover a esas personas sin tramitar primero sus expedientes y garantizar sus derechos. Es en ese impasse en el que la ministra Rego propuso a las comunidades acuerdos bilaterales para repartir la presión migratoria de Ceuta entre todos, de forma temporal. Es a eso a lo que se ha cerrado en banda Moreno (Navarra sí ha ofrecido esa ayuda), a pesar de tener un convenio suscrito con la ciudad autónoma, desde 2024, que ambos territorios han usado en el pasado sin que se desate la polémica.

Al ser preguntado si es el pacto PP-Vox en Andalucía y el rechazo taxativo al acogimiento de menores lo que tiene maniatado al presidente de la Junta, Moreno explicó que “el acuerdo dice que voluntariamente no sumamos más menores no acompañados, pero la ley la cumplimos”. “Los que llegan a través de pateras tenemos la obligación de acogerlos, y lo hemos hecho. Esta misma semana, la pasada y la anterior”, ha subrayado, que defiende que Ceuta no se apoyo en Andalucía para aliviar su carga migratoria, porque “en que esas personas pongan un pie en la península, que es su objetivo, Ceuta se convierte en el punto de entrada a Europa. Y eso puede atraer un efecto llamada y otra invasión”.

La Junta de Castilla y León ha defendido ahora que no dispone de mecanismos para negociar directamente con los países de origen la repatración forzosa de los menores extranjeros no acompañados que tutela. Según ha explicado, el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago (PP), cualquier acuerdo en esta materia debe pasar necesariamente por el Gobierno central, ya que que las relaciones con terceros Estados le corresponden al Gobierno central.

Este matiz se produce apenas 24 horas después de que la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, liderada por Carlos Pollán, de Vox, defendiera que Castilla y León iba a explorar “al máximo” la posibilidad de alcanzar acuerdos con esos países al amparo del artículo 35.2 de la Ley de Extranjería, Dicho artículo recoge que las comunidades “podrán establecer acuerdos con los países de origen” para procurar que la atención y la integración social de los menores se realicen en su entorno de procedencia, siempre que se garantice la protección del interés de los menores y se establezcan mecanismos de seguimiento.

“No hay ningún mecanismo por el que la Comunidad Autónoma pueda hacerlo por su cuenta porque no tenemos competencia”, ha afirmado González Gago a preguntas de los periodistas en León. El consejero ha añadido que cualquier interlocución “sería una actividad contraria a nuestra estructura de autonomía y a nuestra Constitución”.

“Es posible participar, pero siempre por el cauce debido de la Administración del Estado”, ha resumido.

González Gago no ha descartado que la Junta pueda participar en estos procedimientos, pero ha insistido en que tendrá que hacerlo dentro del cauce de las competencias estatales, pasando por el Ministerio de Asuntos Exteriores y por las embajadas y consulados españoles.

Preguntado expresamente por la posibilidad de utilizar el artículo 35.2 que había planteado Pollán, González Gago ha reiterado que el Gobierno autonómico está “estudiando el cauce”. “Es un procedimiento complejo, multilateral, a muchas partes y, por lo tanto, cuando lo tengamos claramente definido, se lo trasladaremos a la ciudadanía”, ha apuntado.

Pollán insiste en que los “menores tienen que estar con sus familias”

A pesar de las explicacion de Gago, que también estuvo al frente de los Servicios Jurídicos de la Junta antes de saltar al Consejo de Gobierno del Ejecutivo autonómico, Pollán ha apuntado que quieren que “el Gobierno de España cumpla con la legislación nacional e internacional y con el principio del interés superior del menor”. Esto sería, como ha explicado, “que los menores tienen que estar con sus familias”, ya sea “en el Reino de Marruecos o en los países de origen”.

Ese jueves Pollán había anunciado que la Junta pretendía recurrir a esta vía para tratar de retornar a los 164 menores extranjeros no acompañados que tutela actualmente Castilla y León. Desde su Consejería se dfendía que la capacidad de acogida de la Comunidad está sobrepasada y mantiene su oposición al reparto de menores entre autonomías.

La Junta afirma que ha iniciado procedimientos con anterioridad

En el Consejo de Gobierno de este jueves, el portavoz portavoz del Gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo, aseguró que la Administración ya había recurrido anteriormente la acogida de menores y que había iniciado procedimientos en otros momentos. Asimismo, también indicó que se estudiaría “caso por caso” antes de deportar.

La Junta se comprometió a facilitar la información sobre esos procedimientos, incluidos los datos relativos a cuántos se habían iniciado y cuál había sido su resultado. Sin embargo, esos datos no han sido facilitados todavía.

En su intervención, a preguntas de los periodistas, el portavoz no llegó a concretar quién llevará el peso de esas negociaciones con los países de origen de los menores -que ahora se ha matizado con que se necesita a Exteriores-, de cuántos países se trata, o el coste estimado de esos procedimientos que pretenden aplicar.

Carriedo sí que defendió que “los menores migrantes con quienes mejor están es con sus familias” y repitió el mantra impuesto por el pacto de PP y Vox en 2022 en el que se aseguraba que Castilla y León es “una tierra de acogida lo demuestran los datos de afiliados extranjeros a la Seguridad Social, los que vienen a trabajar y a integrarse”. Para este Ejecutivo, y el de la pasada legislatura, su postura “no ha cambiado: inmigración legal y ordenada que se integra social y laboralmente”.

La Junta cifra actualmente en 164 los menores extranjeros no acompañados bajo su tutela y sitúa en 130 las plazas de acogida disponibles, lo que utiliza como argumento para defender que el sistema está sobreocupado. Al mismo tiempo, el Ejecutivo autonómico ha anunciado recursos contra el mecanismo estatal de reparto de menores entre comunidades.

CCOO pide a la Junta que deje de usar a los menores extranjeros como “arma política”

El sindicato CCOO ha pedido a la Junta de Castilla y León que deje de utilizar a los menores extranjeros no acompañados como “arma política contra el Gobierno central”, al afirmar que los 164 tutelados actualmente por el Ejecutivo autonómico y los que pudieran llegar en el futuro están “mejor con sus padres” y buscarán fórmulas para repatriarlos, informa EFE

En un comunicado, el secretario de migraciones de CCOO de Castilla y León, Javier Moreno, ha considerado que se trata de una “actitud irresponsable”, que no tiene en cuenta que la normativa internacional apela a que las administraciones públicas garanticen la protección de los menores de edad.

El responsable de CCOO ha subrayado que los menores extranjeros que llegan solos a España se encuentran en una situación de “especial vulnerabilidad” y, por tanto, “deben recibir la máxima protección por parte de las administraciones públicas”.

Moreno ha preguntado a los responsables de la Junta si van a contactar directamente con sus familias en los países de origen o si “simplemente” se trata de un “titular con fines electoralistas”.

Sobre la negativa a acoger nuevos menores procedentes de Ceuta, el representante de CCOO ha recordado que en las reuniones a las que se niega a acudir el consejero competente en esta materia, Carlos Pollán (Vox), el Ministerio de Infancia ha aprobado el reparto de 35 millones de euros destinados a financiar la acogida de menores migrantes no acompañados entre las distintas comunidades autónomas.

“No es responsable que Castilla y León no estuviera representada en una reunión donde se decidía la financiación para atender a estos menores”, ha criticado el representante de CCOO, que entiende que esa ausencia refleja una actitud “xenófoba y racista”.

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo (PP), ha insistido este jueves en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en que la Comunidad es “tierra de acogida” a la vez que ratificaba la intención del vicepresidente primero de la Junta, Carlos Pollán (Vox), de deportar a “todos” los menores no acompañados que está tutelando, 164. Para ello tirará del artículo 35.2 de la Ley de Extranjería que establece que “las Comunidades Autónomas podrán establecer acuerdos con los países de origen dirigidos a procurar que la atención e integración social de los menores se realice en su entorno de procedencia. Tales acuerdos deberán asegurar debidamente la protección del interés de los menores y contemplarán mecanismos para un adecuado seguimiento por las Comunidades Autónomas de la situación de los mismos”.

“Que es una tierra de acogida lo demuestran los datos de afiliados extranjeros a la Seguridad Social, los que vienen a trabajar y a integrarse. Es la línea en que queremos seguir, no ha cambiado, inmigración legal y ordenada que se integra social y laboralmente”, ha afirmado. Lo que no ha explicado Fernández Carriedo es quién llevará el peso de esas negociaciones con los países de origen de los menores, de cuántos países se trata, o el coste estimado de esos procedimientos que pretenden aplicar porque “los menores migrantes con quienes mejor están es con sus familias”. Aunque se le ha preguntado varias veces por qué ahora ha decidido devolver a todos los menores y no antes, el portavoz se ha escudado en que pretenden beneficiarlos. Finalmente, sí ha llegado a asegurar que ya otras veces han recurrido la acogida, pero no ha aclarado cuántas veces y cuántos de esos recursos acabaron con la deportación de un menor.

Fernández Carriedo se ha escudado en que se han superado las capacidades de acogida de Castilla y León, de 130 plazas, ya que ahora tutelan a 164 menores no acompañados. Respecto al coste estimado de las deportaciones ha comentado que “eso no es lo importante” y que es un procedimiento que “tendría que haber liderado España”, por lo que la Junta no se va a quedar parada “ante la inacción del Gobierno”.

Posteriormente, ha precisado que las deportaciones se estudiarán “caso por caso”. La Junta de Castilla y León se ha comprometido a facilitar más datos sobre los recursos que se presentaron en años anteriores.

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha anunciado este martes que Castilla-La Mancha acogerá este jueves a 14 menores migrantes procedentes de Ceuta, entre ellos una niña, tras desbloquearse los expedientes este mismo lunes.

El Gobierno regional ya avanzó la necesidad de ser “solidarios” con la situación, aunque advirtió a finales de agosto de la falta de capacidad para recibir a más niños y niñas en su sistema de acogida, que ahora realiza en el marco de la aplicación del Real Decreto-ley de medidas relativas a la distribución de menores migrantes.

García Torijano ha realizado este anuncio durante su atención a los medios con motivo del vermú solidario celebrado en el Parque de la Concordia de Guadalajara, durante las Ferias y Fiestas de la ciudad, en el que también ha participado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

“Seguimos cumpliendo con el real decreto ley”, ha señalado la consejera, quien ha explicado que la comunidad autónoma mantiene “la misma línea de colaboración con esta situación y con otras que se han dado parecidas”.

“Somos una comunidad autónoma solidaria”

“Desde Castilla-La Mancha queremos seguir reforzando la idea que somos una comunidad autónoma solidaria”, ha afirmado García Torijano, quien ha añadido que la región entiende que tiene que “dar la posibilidad de aportar las herramientas y las posibilidades que tenemos en nuestra comunidad autónoma para poder ayudar a los demás”.

La consejera ha reconocido que la aplicación del real decreto ley está resultando complicada porque ya han sido muchas más acogidas que se han recepcionado en Castilla-La Mancha.

Ahora, los 14 menores procedentes de Ceuta “van a tener la posibilidad de tener oportunidades” mientras se continúa trabajando en la agrupación familiar, que, según ha indicado, es “el primer paso para todos los niños y niñas”, con el objetivo de que “se volvieran con sus familias”.

“Nosotros ponemos a disposición los medios, los mecanismos que tenemos para poder atender a estas circunstancias”, ha subrayado García Torijano, quien ha concretado que los 14 menores llegarán a la Comunidad Autónoma “esta misma semana, el jueves”, en base a los expedientes trasladados y al Real Decreto-ley.

El fantasma de una nueva avalancha migratoria sobre Balears ha vuelto al debate político, pero las cifras dibujan por ahora un escenario mucho menos excepcional. Mientras el PP reclama al Gobierno central explicaciones por un informe policial sobre llegadas de migrantes al archipiélago -que los conservadores interpretan como una confirmación de que las islas se encuentran bajo una alerta de “alto riesgo” ante una posible “entrada masiva” de migrantes-, la ruta argelina se mantiene prácticamente estable: 4.934 personas llegaron por vía marítima entre enero y agosto, apenas un 1,7% más que en el mismo periodo de 2025, según datos del Ministerio del Interior.

Frente al temor a que puedan desembarcar de golpe “100 o 200 pateras” -en palabras del presidente del Consell de Eivissa, Vicent Marí-, las entidades como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) señalan que la ruta está “más o menos controlada”, como señala la directora general de esta organización, Mónica López, en declaraciones a elDiario.es.

La polémica saltó durante la semana pasada. En una comparecencia en el Congreso de los Diputados, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez negó que la Policía Nacional hubiera advertido de un “riesgo alto” en la ciudad autónoma en los días previos a la crisis fronteriza en Ceuta, si bien confirmó la existencia de un informe que se refería a la Península y a Balears: “Se ha dicho también que la Policía Nacional había advertido una semana antes de un riesgo alto en Ceuta. Y no es correcto. Ese informe existió, pero hablaba exclusivamente de las llegadas marítimas a la península y a las Islas Baleares y no, por tanto, a la frontera ceutí”, fueron sus palabras. El documento fue elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), dependiente de la Policía Nacional.

Menos de 24 horas después, la líder autonómica, Marga Prohens, compareció de forma extraordinaria para solicitar “por todos los canales formales” información acerca del informe policial al que se refería Sánchez. La dirigente conservadora acusó al Ejecutivo central de “ocultar” una información que, a su juicio, comprometía la seguridad de las islas, y reclamó saber qué hizo el Estado desde que tuvo conocimiento de ella y por qué no fue comunicada a las autoridades baleares. “Creemos que es muy grave la ocultación de esta información tan sensible al Govern de las Illes Balears”, insistió Prohens.

Después de que saliera a la luz esta información, Vicent Marí (PP), presidente del Consell d’Eivissa, aseguró en una entrevista a Periódico de Ibiza y Formentera que tenía “pesadillas” alrededor de la idea de que pudieran “llegar aquí 100 o 200 pateras de golpe”, extremo que nunca ha ocurrido desde que se consolidara la ruta argelina. “Estamos asistiendo a un goteo constante de pateras desde una ruta consolidada que es Argelia, aunque el Gobierno lo niegue. Ya llegan más migrantes en patera a Baleares que a Canarias, con lo cual está claro que es una ruta consolidada”, afirmó Marí. Esta travesía se ha consolidado como el cruce migratorio más transitado para llegar a España, superando a la ruta atlántica hacia Canarias, así como a los trayectos desde el norte de Marruecos, como informó elDiario.es.

“La ruta está más o menos controlada”

“Nosotros entendemos que quien tiene esa información o quien puede tener esas alertas, lógicamente, es el Gobierno, el Ministerio del Interior y el CNI -que depende del Ministerio de Defensa-”, responde la portavoz de CEAR, a la pregunta sobre si considera posible que lleguen, de un plumazo, centenares de cayucos a las costas pitiusas. “Creo que las cifras respecto al año anterior suponen un incremento de unas 80 personas, con lo cual parece que esa ruta está más o menos controlada”. “Sobre que pudiera haber una previsión de llegadas de muchas embarcaciones, nosotros desde luego desconocemos el dato”, incide López.

La directora general de CEAR explica que la respuesta institucional que se ha ofrecido cuando se ha producido la llegada de embarcaciones precarias a los archipiélagos canario y balear “ha funcionado”. López diferencia así la acción gubernamental como consecuencia de la crisis -fronteriza primero y humanitaria después- de Ceuta, que considera “lenta”. “Balears sí que es verdad que el verano pasado tuvo una crisis importante de capacidad de acogida para las personas que estaban llegando”, reconoce. “Se han realizado traslados [de migrantes adultos] a la península y creo que la situación está más o menos normalizada”, añade.

Fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia explican a este diario, en cuanto a los menores, que las derivaciones están reguladas por el Real Decreto-ley 2/2025. “No opera en Balears porque no está en contingencia migratoria extraordinaria. Solo en Canarias, Ceuta y Melilla. Son 2.000 los menores trasladados desde esos territorios desde esos tres territorios de la península en los últimos 12 meses”, aseguran.

La lectura e interpretación que hace el Govern acerca de los datos, sin embargo, es otra. Fuentes de la Conselleria de Presidencia, Coordinación de Acción de Gobierno y Cooperación Local afirman a este diario que incluso con los informes quincenales del Ministerio [del Interior], se demuestra que “se mantiene la tendencia al alza”, debido a la subida del 1,7%. La Conselleria compara estos datos con los de la ruta canaria, que se reduce un 57,4%. “Es decir, en Balears llegan ya prácticamente las mismas personas que a Canarias, que ha pasado de unas 12.000 el año pasado por estas fechas a poco más de 5.000”, puntualizan.

El Govern balear ve una tendencia al alza

Además, el Govern del PP -que legisla en en minoría con apoyos puntuales de Vox- considera que los informes quincenales “pueden variar mucho” de una quincena a otra, por varios motivos: mala mar, embarcaciones que han llegado dos días más tarde o porque las llegadas de los últimos días del mes entran en un informe o en el siguiente. “Querer concluir que ‘ya estamos mejor’ con estos datos es, como mínimo, precipitado”, consideran. A juicio del Ejecutivo autonómico, hay que tomar como referencia el último informe anual de riesgos de Frontex (Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas), de junio, que señala que durante el primer trimestre de 2026 las llegadas cayeron un 40% en Europa y un 60% a través de la ruta canaria. En paralelo, aseguran que la ruta argelina hacia Balears sube un 17%, aunque este dato no aparece en el informe.

Concretamente, sobre la ruta del Mediterráneo occidental –que es más amplia que la argelina porque abarca Marruecos, Mauritania y Senegal, además de Argelia–, el informe señala que se espera que “continúe una tendencia estable y ligeramente al alza”, durante este 2026. Y añade que lo más destacable, en este sentido, es “el creciente uso de la ruta más larga y peligrosa entre Argelia y las Illes Balears, cada vez más utilizada por migrantes somalíes, malienses y guineanos”, nacionalidades que anteriormente estaban más asociadas a las rutas del Mediterráneo central y de África occidental.

El último informe de Frontex señala "el creciente uso de la ruta más larga y peligrosa entre Argelia y las Illes Balears, cada vez más utilizada por migrantes somalíes, malienses y guineanos", nacionalidades anteriormente más asociadas a las rutas del Mediterráneo central y de África occidental

El informe de Frontex (Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas) atribuye estos cambios al endurecimiento de los controles en Libia, Túnez y Mauritania, que está desviando los flujos hacia Argelia “como punto de partida alternativo”. “La propia Argelia es tanto país de origen como de tránsito, y los argelinos representaron cerca del 54% de las detecciones en la ruta del Mediterráneo occidental en 2025”. Las causas son el desempleo juvenil estructural y el descontento de la población con la clase política, a juicio de la agencia europea.

El Ejecutivo insiste: “El ritmo de llegadas es inasumible”

“Ojalá pudiéramos decir que la tendencia está bajando. Pero, desgraciadamente, la realidad es otra”, afirma la Conselleria de Presidencia. Las fuentes consultadas señalan, así, que la tendencia al alza continúa y que este ritmo de llegadas “es inasumible para un territorio como Balears”. Añaden que a 9 de septiembre han contabilizado 484 personas en más de una veintena de cayucos.

En este 2026 han llegado casi 5.300 personas, según el recuento del Govern. “Además, están los 916 menores que tutelan actualmente los consells insulars, cuando la capacidad ordinaria establecida por el Estado es de 434”, apuntan. Por todo ello, el Ejecutivo autonómico reclama que Frontex tenga “una presencia permanente en las fronteras marítimas de las islas”.

Ojalá pudiéramos decir que la tendencia está bajando. Pero, desgraciadamente, la realidad es otra

Conselleria balear de Presidencia

El Ministerio del Interior, por su lado, explica a este diario que, a 31 de agosto de 2025, el incremento de llegadas en comparación con el año anterior ascendía al 78%. “Desde entonces la tendencia ha ido descendiendo progresivamente. Terminó 2025 en un ascenso del 24,5% y la tendencia durante 2026 ha sido de desaceleración hasta alcanzar algunos descensos o subidas leves”, apuntan. Así, Interior señala que se aplica “una política migratoria preventiva, basada en la cooperación bilateral con los países de origen y tránsito de la migración en la lucha contra las mafias que trafican con personas”. Una acción que, a juicio del Gobierno, está funcionando y que “evita en origen el 40% de las salidas irregulares”.

El Ministerio del Interior explica que se está aplicando “una política migratoria preventiva, basada en la cooperación bilateral con los países de origen y tránsito de la migración en la lucha contra las mafias que trafican con personas"

La repatriación colectiva de menores es ilegal

El posicionamiento de las administraciones autonómicas –el PP gobierna en todos los consells insulars, y también en el Govern– es que los menores no acompañados “tienen que estar con sus padres”. “Pensar que podemos acoger a todo el mundo, eso es estar equivocado. Hay que ayudar a estos países en origen. Los menores no tienen que estar en centros de acogida aquí en Ibiza o en cualquier otro lugar de España. Tienen que estar con sus padres”, afirmó Marí. Y añadió que si hace falta hay que “ayudar” a los países de origen para evitar la llegada de migrantes.

Independientemente de cuál sea la gestión que ejerza el Estado así como las comunidades autónomas para recibir la llegada de menores, la repatriación colectiva es ilegal, según la jurisprudencia dictada por el Tribunal Supremo. Lo que puede hacer el Govern –ya lo ha hecho, sin éxito– es pedir la modificación del sistema de reparto, regulado por el Decreto-ley 2/2025, que es la normativa que aprobó el Gobierno para la creación del sistema obligatorio de reparto de menores migrantes en situaciones de emergencia.

En este sentido, López recuerda que para que los menores puedan volver con sus padres, hay que “cumplir unos estrictos procedimientos para no devolver a los menores a un contexto en el que no pueden estar”. “La premisa de que los niños siempre están mejor con sus padres no se cumple en todos los casos. Pero ni con niños migrantes ni con niños españoles”, advierte la directora general de CEAR.

En la misma línea, explica que hay que tener en cuenta “el interés superior del menor”, ya que en la legislación de un Estado de derecho tiene que haber “procedimientos que garanticen que esos niños no van a ser devueltos a un espacio en el que no se les va a tratar conforme al derecho”. Irene Graíño, técnica de incidencia política de la Plataforma de Infancia, coincide: cualquier repatriación que se realice a niñas, niños y adolescentes “debe realizarse a través del procedimiento adecuado que está establecido siguiendo todas las garantías necesarias, escuchando a las niñas, niños y adolescentes y realizando una determinación del interés superior del menor”.

Las entidades piden “solidaridad interterritorial”

En cuanto a las crisis de acogida que se puedan generar debido a la llegada de menores, Graíño hace un llamamiento a todas las administraciones públicas para que “se comprometan con el principio de solidaridad interterritorial y que se activen, en este sentido, los mecanismos para activar soluciones que permitan, por ejemplo, traslados a la península de niñas, niños y adolescentes”. El mes pasado, el Gobierno y las comunidades autónomas se reunieron para abordar la atención a los menores en Ceuta, pese al plantón de tres comunidades gobernadas por el PP y cuyos responsables de Infancia son de Vox.

“Estamos muy preocupadas porque todavía hay muchas niñas, niños y adolescentes en situación de calle en una situación de extrema precariedad y vulnerabilidad sin tener un acceso adecuado a agua, alimentación y alojamiento adecuado, sin poder cubrir sus necesidades básicas e igualmente sin poder tener acceso digno y adecuado a la atención sanitaria”, lamenta Graíño, en referencia a la crisis humanitaria de Ceuta. Además, recuerda que todavía “hay muchísimas niñas que siguen sin estar identificadas debidamente de acuerdo a lo que establece nuestro ordenamiento jurídico”. “Esto debe realizarse con la máxima premura posible debido a que es una garantía para que puedan acceder al resto de sus derechos”, apunta.

Estamos muy preocupadas porque todavía hay muchas niñas, niños y adolescentes en situación de calle en una situación de extrema precariedad y vulnerabilidad sin tener un acceso adecuado a agua, alimentación y alojamiento adecuado y sin poder cubrir sus necesidades básicas

Irene Graíño — Técnica de incidencia política de la Plataforma de Infancia

La directora general de CEAR, sin embargo, cree que el problema “no está en el reparto que se hace de los menores”, sino que está “en que las comunidades autónomas se niegan a asumir ese reparto”. “Ese, para mí, es el verdadero problema. Es un problema de facto. Ha pasado con Canarias, está pasando con Ceuta: hay comunidades autónomas que se niegan a asumir a esos menores en caso de que se activase la necesidad de reparto”, lamenta López.

La portavoz de CEAR señala que, al final, todo tiene que ver con “las políticas europeas, no solo con las españolas y no solo con las de las comunidades autónomas”. El contexto actual es el Pacto Europeo de Migración y Asilo, aunque las políticas de externalización de fronteras y securitarias son anteriores. López señala que el control de fronteras para impedir la llegada de migrantes lleva produciéndose, al menos, desde la década de los 2000. Entre ellos, cita los acuerdos de la UE y España con Mauritania, Marruecos y Turquía.

“Es una consecuencia de esa política de externalización de fronteras que para nosotros ha fracasado. Porque si estamos viviendo crisis migratorias como la que hemos vivido el mes pasado en Ceuta después de 20 años de políticas de externalización de fronteras y de control migratorio, es que algo está fallando”, advierte. CEAR propone, desde el principio de la crisis fronteriza que derivó en una crisis migratoria, el traslado de los migrantes a la península. “Ha funcionado en el caso balear y canario”. Así se evitaría que ciudades como Ceuta, o como podría pasar en el archipiélago canario –que tienen una frontera y un territorio limitado– “colapsen o tengan problemas de convivencia”, concluye.

El fantasma d’una nova allau migratòria sobre les Balears ha tornat al debat polític, però les xifres dibuixen, ara per ara, un escenari molt menys excepcional. Mentre el PP reclama al Govern central explicacions per un informe policial sobre les arribades de migrants a l’arxipèlag –que els conservadors interpreten com una confirmació que les illes es troben sota una alerta de “risc alt” davant una possible “entrada massiva” de migrants–, la ruta algeriana es manté pràcticament estable: 4.934 persones van arribar per via marítima entre gener i agost, només un 1,7% més que en el mateix període de 2025, segons dades del Ministeri de l’Interior.

Davant la por que puguin desembarcar de cop “100 o 200 pasteres” –en paraules del president del Consell d’Eivissa, Vicent Marí–, entitats com la Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat (CEAR) assenyalen que la ruta està “més o menys controlada”, com assenyala la directora general d’aquesta organització, Mónica López, en declaracions a elDiario.es.

La polèmica va esclatar durant la setmana passada. En una compareixença al Congrés dels Diputats, el president del Govern, Pedro Sánchez, va negar que la Policia Nacional hagués advertit d’un “risc alt” a la ciutat autònoma els dies previs a la crisi fronterera a Ceuta, si bé va confirmar l’existència d’un informe que es referia a la Península i a les Balears: “També s’ha dit que la Policia Nacional havia advertit una setmana abans d’un risc alt a Ceuta. I no és correcte. Aquest informe va existir, però parlava exclusivament de les arribades marítimes a la península i a les Illes Balears i no, per tant, a la frontera de Ceuta”, van ser les seves paraules. El document va ser elaborat pel Centre Nacional d’Immigració i Fronteres (CENIF), dependent de la Policia Nacional.

Menys de 24 hores després, la líder autonòmica, Marga Prohens, va comparèixer de manera extraordinària per sol·licitar “per tots els canals formals” informació sobre l’informe policial a què es referia Sánchez. La dirigent conservadora va acusar l’Executiu central d’“ocultar” una informació que, al seu parer, comprometia la seguretat de les illes, i va reclamar saber què va fer l’Estat des que en va tenir coneixement i per què no es va comunicar a les autoritats balears. “Creiem que és molt greu l’ocultació d’aquesta informació tan sensible al Govern de les Illes Balears”, va insistir Prohens.

Després que aquesta informació sortís a la llum, Vicent Marí (PP), president del Consell d’Eivissa, va assegurar en una entrevista al Periódico de Ibiza y Formentera que tenia “malsons” al voltant de la idea que poguessin “arribar aquí 100 o 200 pasteres de cop”, fet que mai no ha succeït des que es va consolidar la ruta algeriana. “Estem assistint a un degoteig constant de pasteres procedents d’una ruta consolidada que és Algèria, encara que el Govern ho negui. Ja arriben més migrants en pastera a les Balears que a les Canàries, de manera que és evident que és una ruta consolidada”, va afirmar Marí. Aquesta travessia s’ha consolidat com el creuament migratori més transitat per arribar a Espanya, per sobre de la ruta atlàntica cap a les Canàries, així com dels trajectes des del nord del Marroc, com va informar elDiario.es.

“La ruta està més o menys controlada”

“Nosaltres entenem que qui té aquesta informació o qui pot tenir aquestes alertes, lògicament, és el Govern, el Ministeri de l’Interior i el CNI –que depèn del Ministeri de Defensa–”, respon la portaveu de CEAR quan se li pregunta si considera possible que arribin, de cop, centenars de cayucos a les costes pitiüses. “Crec que les xifres respecte de l’any anterior suposen un increment d’unes 80 persones, de manera que sembla que aquesta ruta està més o menys controlada”. “Sobre el fet que pogués haver-hi una previsió d’arribada de moltes embarcacions, nosaltres, des de CEAR, desconeixem la dada”, insisteix López.

La directora general de CEAR explica que la resposta institucional que s’ha ofert quan s’ha produït l’arribada d’embarcacions precàries als arxipèlags canari i balear “ha funcionat”. López diferencia així l’actuació governamental a conseqüència de la crisi –primer fronterera i després humanitària– de Ceuta, que considera “lenta”. “És cert que les Balears l’estiu passat van tenir una crisi important de capacitat d’acollida per a les persones que arribaven”, reconeix. “S’han fet trasllats [de migrants adults] a la península i crec que la situació està més o menys normalitzada”, afegeix.

Fonts del Ministeri de Joventut i Infància expliquen a aquest diari, pel que fa als menors, que les derivacions estan regulades pel Reial decret llei 2/2025. “No opera a les Balears perquè no es troben en contingència migratòria extraordinària. Només a les Canàries, Ceuta i Melilla. Són 2.000 els menors traslladats des d’aquests territoris des d’aquests tres territoris de la península en els darrers dotze mesos”, asseguren.

La lectura i interpretació que fa el Govern sobre les dades, però, és una altra. Fonts de la Conselleria de Presidència, Coordinació de l’Acció de Govern i Cooperació Local afirmen a aquest diari que, fins i tot amb els informes quinzenals del Ministeri [de l’Interior], es demostra que «es manté la tendència a l’alça», a causa de l’increment de l’1,7%. La Conselleria compara aquestes dades amb les de la ruta canària, que es redueix un 57,4%. “És a dir, a les Balears ja arriben pràcticament les mateixes persones que a les Canàries, que han passat d’unes 12.000 l’any passat per aquestes dates a poc més de 5.000”, puntualitzen.

El Govern balear veu una tendència a l'alça

A més, el Govern del PP –que governa en minoria amb suports puntuals de Vox– considera que els informes quinzenals “poden variar molt” d’una quinzena a l’altra, per diversos motius: mala mar, embarcacions que han arribat dos dies més tard o perquè les arribades dels darrers dies del mes entren en un informe o en el següent. “Voler concloure que ‘ja estem millor’ amb aquestes dades és, com a mínim, precipitat”, consideren. A parer de l’Executiu autonòmic, cal prendre com a referència l’últim informe anual de riscos de Frontex (Agència Europea de la Guàrdia de Fronteres i Costes), del juny, que assenyala que durant el primer trimestre de 2026 les arribades van caure un 40% a Europa i un 60% a través de la ruta canària. Paral·lelament, asseguren que la ruta algeriana cap a les Balears augmenta un 17%, tot i que aquesta dada no apareix a l’informe.

Concretament, sobre la ruta de la Mediterrània occidental –que és més àmplia que l’algeriana perquè inclou el Marroc, Mauritània i el Senegal, a més d’Algèria–, l’informe assenyala que s’espera que “continuï una tendència estable i lleugerament a l’alça” durant aquest 2026. I afegeix que el més destacable, en aquest sentit, és “l’ús creixent de la ruta més llarga i perillosa entre Algèria i les Illes Balears, cada vegada més utilitzada per migrants somalis, malians i guineans”, nacionalitats que anteriorment estaven més associades a les rutes de la Mediterrània central i de l’Àfrica occidental.

L'últim informe de Frontex assenyala "el creixent ús de la ruta més llarga i perillosa entre Algèria i les Illes Balears, cada vegada més utilitzada per migrants somalis, malians i guineans", nacionalitats anteriorment més associades a les rutes de la Mediterrània central i de l'Àfrica occidental

L’informe de Frontex (Agència Europea de la Guàrdia de Fronteres i Costes) atribueix aquests canvis a l’enduriment dels controls a Líbia, Tunísia i Mauritània, que està desviant els fluxos cap a Algèria “com a punt de partida alternatiu”. “La mateixa Algèria és tant país d’origen com de trànsit, i els algerians van representar prop del 54% de les deteccions a la ruta de la Mediterrània occidental el 2025”. Les causes són l’atur juvenil estructural i el descontentament de la població amb la classe política, segons l’agència europea.

L'Executiu insisteix: “El ritme d'arribades és inassumible”

“Tant de bo poguéssim dir que la tendència està baixant. Però, malauradament, la realitat és una altra”, afirma la Conselleria de Presidència. Les fonts consultades assenyalen, així, que la tendència a l’alça continua i que aquest ritme d’arribades “és inassumible per a un territori com les Balears”. Afegeixen que, fins al 9 de setembre, han comptabilitzat 484 persones en més d’una vintena de caiucs.

Aquest 2026 han arribat gairebé 5.300 persones, segons el recompte del Govern. “A més, hi ha els 916 menors que actualment tutelen els consells insulars, quan la capacitat ordinària establerta per l’Estat és de 434”, apunten. Per tot plegat, l’Executiu autonòmic reclama que Frontex tingui “una presència permanent a les fronteres marítimes de les illes”.

Tant de bo poguéssim dir que la tendència està baixant. Però, malauradament, la realitat és una altra

Conselleria balear de Presidència

El Ministeri de l’Interior, per la seva banda, explica a aquest diari que, fins al 31 d’agost de 2025, l’increment de les arribades en comparació amb l’any anterior ascendia al 78%. “Des d’aleshores la tendència ha anat baixant progressivament. El 2025 va acabar amb un augment del 24,5% i la tendència durant el 2026 ha estat de desacceleració fins a assolir algunes davallades o pujades lleus”, apunten. Així, Interior assenyala que s’aplica “una política migratòria preventiva, basada en la cooperació bilateral amb els països d’origen i trànsit de la migració en la lluita contra les màfies que trafiquen amb persones”. Una actuació que, segons el Govern, està funcionant i que “evita en origen el 40% de les sortides irregulars”.

El Ministeri de l'Interior explica que s'està aplicant “una política migratòria preventiva, basada en la cooperació bilateral amb els països d'origen i trànsit de la migració en la lluita contra les màfies que trafiquen amb persones"

La repatriació col·lectiva de menors és il·legal

La posició de les administracions autonòmiques –el PP governa a tots els consells insulars, i també al Govern– és que els menors no acompanyats “han d’estar amb els seus pares”. “Pensar que podem acollir tothom és estar equivocat. Cal ajudar aquests països d’origen. Els menors no han d’estar en centres d’acollida aquí a Eivissa o en qualsevol altre lloc d’Espanya. Han d’estar amb els seus pares”, va afirmar Marí. I va afegir que, si cal, s’han d’“ajudar” els països d’origen per evitar l’arribada de migrants.

Independentment de quina sigui la gestió que exerceixin l’Estat i les comunitats autònomes per rebre l’arribada de menors, la repatriació col·lectiva és il·legal, segons la jurisprudència dictada pel Tribunal Suprem. El que pot fer el Govern –ja ho ha fet, sense èxit– és demanar la modificació del sistema de repartiment, regulat pel Decret llei 2/2025, que és la normativa que va aprovar el Govern per a la creació del sistema obligatori de repartiment de menors migrants en situacions d’emergència.

En aquest sentit, López recorda que, perquè els menors puguin tornar amb els seus pares, cal “complir uns procediments estrictes per no retornar els menors a un context en què no puguin estar”. “La premissa que els nens sempre estan millor amb els seus pares no es compleix en tots els casos. Però ni amb nens migrants ni amb nens espanyols”, adverteix la directora general de CEAR.

En la mateixa línia, explica que cal tenir en compte “l’interès superior del menor”, ja que en la legislació d’un estat de dret hi ha d’haver “procediments que garanteixin que aquests nens no seran retornats a un espai on no seran tractats d’acord amb el dret”. Irene Graíño, tècnica d’incidència política de la Plataforma d’Infància, coincideix: qualsevol repatriació que es faci de nenes, nens i adolescents “s’ha de realitzar mitjançant el procediment adequat que està establert, seguint totes les garanties necessàries, escoltant les nenes, nens i adolescents i fent una determinació de l’interès superior del menor”.

Les entitats demanen “solidaritat interterritorial”

Pel que fa a les crisis d’acollida que es puguin generar a causa de l’arribada de menors, Graíño fa una crida a totes les administracions públiques perquè “es comprometin amb el principi de solidaritat interterritorial i que s’activin, en aquest sentit, els mecanismes per activar solucions que permetin, per exemple, trasllats a la península de nenes, nens i adolescents”. El mes passat, el Govern i les comunitats autònomes es van reunir per abordar l’atenció als menors a Ceuta, malgrat el boicot de tres comunitats governades pel PP i els responsables d’Infància de les quals són de Vox.

“Estem molt preocupades perquè encara hi ha moltes nenes, nens i adolescents en situació de carrer, en una situació d’extrema precarietat i vulnerabilitat, sense tenir un accés adequat a aigua, alimentació i allotjament adequat, sense poder cobrir les seves necessitats bàsiques i igualment sense poder tenir un accés digne i adequat a l’atenció sanitària”, lamenta Graíño, en referència a la crisi humanitària de Ceuta. A més, recorda que encara “hi ha moltíssimes nenes que continuen sense estar identificades degudament d’acord amb el que estableix el nostre ordenament jurídic”. “Això s’ha de fer amb la màxima celeritat possible, perquè és una garantia perquè puguin accedir a la resta dels seus drets”, assenyala.

Estem molt preocupades perquè encara hi ha moltes nenes, nens i adolescents en situació de carrer en una situació d'extrema precarietat i vulnerabilitat sense tenir un accés adequat a aigua, alimentació i allotjament adequat i sense poder cobrir les seves necessitats bàsiques

Irene Graíño — Tècnica d'incidència política de la Plataforma de la Infància

La directora general de CEAR, però, creu que el problema “no és en el repartiment que es fa dels menors”, sinó que està “en el fet que les comunitats autònomes es neguen a assumir aquest repartiment”. “Aquest, per a mi, és el veritable problema. És un problema de facto. Ha passat amb les Canàries, està passant amb Ceuta: hi ha comunitats autònomes que es neguen a assumir aquests menors en cas que s’activés la necessitat de repartiment”, lamenta López.

La portaveu de CEAR assenyala que, al final, tot té a veure amb “les polítiques europees, no només amb les espanyoles i no només amb les de les comunitats autònomes”. El context actual és el Pacte Europeu de Migració i Asil, tot i que les polítiques d’externalització de fronteres i de caràcter securitari són anteriors. López assenyala que el control de fronteres per impedir l’arribada de migrants es duu a terme, almenys, des de la dècada dels 2000. Entre d’altres, cita els acords de la UE i Espanya amb Mauritània, el Marroc i Turquia.

“És una conseqüència d’aquesta política d’externalització de fronteres que, per a nosaltres, ha fracassat. Perquè si vivim crisis migratòries com la que hem viscut el mes passat a Ceuta després de vint anys de polítiques d’externalització de fronteres i de control migratori, és que alguna cosa està fallant”, adverteix. CEAR proposa, des del principi de la crisi fronterera que va derivar en una crisi migratòria, el trasllat dels migrants a la península. “Ha funcionat en el cas balear i canari”. Així s’evitaria que ciutats com Ceuta, o com podria passar a l’arxipèlag canari –que tenen una frontera i un territori limitat–, “col·lapsin o tinguin problemes de convivència”, conclou.

La acogida de menores migrantes de Ceuta en plena crisis humanitaria está en el ojo del huracán, tanto a nivel autonómico como estatal, en un momento en el que se reclama a las comunidades del Partido Popular que se signifiquen para que se agilicen los trámites para su derivación a la península. Sin embargo, para que esto suceda ya, es Ceuta la primera que podría dar el paso con Andalucía al tener un convenio firmado con la Junta que aún se encuentra inactivo y para el que las plataformas de ayuda a la infancia piden altura de miras: “Las decisiones que conciernen a los niños y niñas se tienen que tomar sin el elemento político, porque la prioridad es acoger a los menores”.

Así se pronuncia Javier Cuenca, director de Save the Children en Andalucía. “No deberíamos entrar en cálculos políticos, más bien, el Gobierno andaluz tiene que actuar conforme a la Ley de Infancia autonómica”, subrayando que “la Junta siempre ha mostrado una predisposición en la acogida de niños y niñas vulnerables, como muestra ese convenio firmado con Ceuta”. El acuerdo firmado en 2022, y renovado en 2024, agilizaba ese trámite siempre y cuando la ciudad autónoma activara este procedimiento, que no ha sido reclamado a la Junta en un contexto en el que el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha vuelto a evidenciar su rechazo.

En una atención dada este miércoles a medios desde Granada, Moreno manifestó que su deseo era que el Gobierno de Pedro Sánchez encontrara la manera de que “esos menores vuelvan con sus familias”, para lo que se ha escudado en la visión de la Unión Europea, afirmando que “ha mostrado claramente que es la filosofía que hay que seguir”. Sin embargo, tal y como reseña el director de Save the Children, lo primero que se debe hacer es entrevistar y evaluar a estos menores de forma individual para discernir cuál es la mejor solución: si la vuelta en origen, si una reagrupación con sus familias en España o un traslado a la península bajo el amparo del sistema de protección nacional atendiendo siempre al interés superior del menor previsto en la ley.

“Episodios de xefonobia y discursos de odio”

Tras 40 días de crisis humanitaria, el cansancio se extiende, tanto entre los propios habitantes de la ciudad como en las personas migrantes que entraron de forma irregular al país el pasado 30 y 31 de julio, como entre las asociaciones que están a pie de calle. Fuentes consultadas por este medio, que prefieren mantener el anonimato, advierten de la situación de sinhogarismo de los menores y de cómo las plazas abiertas se llenan rápidamente a la que un centro se habilita. Este clima de saturación incrementa los discursos de odio que amenazan con extenderse por la ciudad, como relataba la enviada especial de elDiario.es Gabriela Sánchez.

Una vez notificada la emergencia, un equipo de Save the Children se trasladó a la ciudad autónoma para hacer un diagnóstico de las necesidades más urgentes de la población, detalla Cuenca. Los especialistas en protección de la infancia y el equipo de apoyo psicosocial identificaron casos potenciales de trata y prostitución, y han puesto el foco en la salud mental de estos menores debido al impacto de unas experiencias tan traumáticas, las cuales “siguen sufriendo casi un mes y diez días después”.

La Junta siempre ha defendido la acogida, al igual que siempre hemos defendido que Andalucía cuente con los recursos necesarios para garantizar la acogida para que se pueda dar las mismas oportunidades tanto a ellos como al resto de niños y niñas en el sistema de protección"

Javier Cuenca — Director de Save the Children Andalucía

En conversación con los agentes locales y la red asociativa, así como con la esfera institucional ceutí, se dedican a reportar los casos de especial vulnerabilidad y, además, informan a los niños y niñas sobre sus derechos, ya que muchos de ellos, desorientados, prefieren huir a ser atendidos porque creen, erróneamente, que serán devueltos a Marruecos en el acto. Así, lamenta “los episodios de xefonobia y discursos de odio” de los que ha tenido constancia en un sistema “ya sobrepasado”.

“Más allá de que se pueda revisar para maximizar su eje de actuación, este convenio debería activarse, porque entendemos que la Junta siempre ha defendido la acogida, al igual que siempre hemos defendido que Andalucía cuente con los recursos necesarios para garantizar la acogida para que se pueda dar las mismas oportunidades tanto a ellos como al resto de niños y niñas en el sistema de protección, la prioridad es esta”, y defiende Cuenca, “el sistema de protección estatal, autonómico y ceutí tienen un reto que afrontar”.

El último informe recabado por la organización identifica que hay 42 niñas que están expuestas tanto a la violencia física como sexual. Con ellas, empezarán las entrevistas para hacer posible el traslado a la península de 500 niñas que propuso el Ministerio de Juventud e Infancia a través de un convenio firmado con las entidades privadas, una cuestión que anunció hace tan solo unos días la ministra Sira Rego y para el que todavía pesa la negativa de la ciudad ceutí.

Al respecto, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, pedía a la bancada del PP durante su intervención en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, que colaborara y destensara las relaciones para que estas 500 menores se beneficien de la medida y se traigan a “sus 11 comunidades autónomas para ayudarlas”. Además, incidió en que “lo más grave” es que denominan “a los niños invasores y están gobernando con los que dicen que los cacemos uno a uno”.

Rechazo de Vox y acusaciones de las izquierdas a Moreno

Sin embargo, la oposición es fuerte, y más desde tierras andaluzas. Vox se afianza en el acuerdo de gobierno con el PP andaluz para que se rechace frontalmente cualquier acogida. Rodrigo Alonso, portavoz adjunto del grupo Vox en el Parlamento, aseveró este miércoles que la solución es “abrir la valla y devolverlos a todos a su lugar de origen”, ya que “lo de Ceuta no es una crisis humanitaria ni migratoria, es una invasión en toda regla perpetrada por Marruecos”. Cabe recordar que las contingencias migratorias están definidas por la Ley de Extranjería, dándose cuando por fuerza mayor quedan colapsados los controles fronterizos y, también, los sistemas de acogidas (en al menos tres veces su capacidad) por la llegada de migrantes.

El Gobierno de la Junta no está solicitando que haya acogida de menores en Andalucía cuando hay un convenio para ello

Esperanza Gómez — Por Andalucía

Por su parte, María Márquez, la vicesecretaria general del PSOE-A, ha vuelto a poner el foco en el convenio firmado entre la Junta y el Gobierno de Cueta: “¿Qué ha cambiado desde entonces para que Moreno haya pasado de tener el corazón 'así de grande' a decir, literalmente, que los menores no pueden pisar la península?”, cuestionó desde el Parlamento andaluz. En el fuego cruzado entre las partes, alineó la idea de que no se ha hecho efectivo el acuerdo debido a que Moreno “está anteponiendo la estrategia del PP a nivel nacional, que pretende la confrontación con el Gobierno de España, en vez de resolver el problema”.

A estas críticas se sumó Esperanza Gómez, diputada de Por Andalucía, que tildó de “conchabeo” la renuncia de Juan Jesús Vivas y Moreno a dar salida al pacto renovado en 2024. “El Gobierno de la Junta no está solicitando que haya acogida de menores en Andalucía cuando hay un convenio para ello”, en un momento en el que el Gobierno ceutí “está desbordado porque no tiene capacidad para asumir tanta población que ha llegado de golpe”.

Mientras, el presidente popular de Ceuta buscaba este martes el apoyo del bloque conservador en Bruselas y mantenía una reunión con el comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner. “Ceuta es una olla a presión que en cualquier momento puede estallar”, advertía, para lo que logró finalmente que la Eurocámara se comprometiera en una resolución a que dispondrán sus esfuerzos en conseguir la “vuelta a la normalidad” de la ciudad autónoma.

El Gobierno central y las comunidades autónomas aprobaron una partida de 25 millones de euros para Ceuta por la crisis tras la entrada de unas 80.000 personas procedentes de Marruecos y que ha acabado con la vida de más de 140 personas. Además, Andalucía también participó en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, como remarca el director autonómico de Save the Children. “Hay niños y niñas viviendo en la calle con una comida al día”, recuerda, así que contempla este crédito como una manera de atender de forma urgente estas necesidades imperiosas.

Ante la magnitud de la catástrofe migratoria, entiende que “será difícil gestionar esta cantidad cuando el sistema está superado”, por lo que insiste en que la evaluación individual de los menores extranjeros no acompañados se deben producir lo más rápido posible, “siempre que la opción elegida, de traslado, reunificación o vuelta al origen, sea adecuada y respetuosa con los derechos de la infancia”.

Primera derrota parlamentaria

PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía lograron este miércoles tumbar dos proposiciones no de ley relativas a la crisis en Ceuta a debatir en el pleno del Parlamento andaluz la próxima, en las que incluían los términos “invasión” e instaban al Gobierno central a exigir responsabilidades a Marruecos, así como a expulsar a las personas extranjeras en situación irregular.

El Reglamento del Parlamento andaluz recoge que se necesita una mayoría reforzada para llevar al pleno medidas relacionadas con competencias nacionales. Es decir, obtener el apoyo de al menos tres grupos de la Cámara o dos tercios de los diputados (73 de los 109 diputados). De esta forma, las izquieras aprovecharon la letra pequeña para hacer valer su veto, ya que PSOE, Por Andalucía y Adelante suman 41 escaños frente a los 68 de PP y Vox, así que no se debatirán estos apartados.

En consecuencia, el vicepresidente segundo y líder andaluz de Vox, Manuel Gavira, arremetió ayer contra la oposición con que “los mismos que se llenan la boca hablando de democracia hoy impiden siquiera debatir la defensa de España”. Casi al unísono, Antonio Sanz, consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, también se encaró con la unión de las izquierdas: “Han perdido los papeles”, determinó, siendo este uno de los puntos en los que coinciden los conservadores con sus socios de gobierno. Con el inicio del curso político, PP y Vox echarán mano de su mayoría parlamentaria para aprobar las medidas del Gobierno andaluz, pese a este primer escollo.

Ceuta no ha reclamado la activación del acuerdo que suscribió con Andalucía en el año 2021, y renovado en 2024, para el traslado y la acogida de menores extranjeros no acompañados a pesar de la crisis humanitaria que vive la ciudad autónoma en estos momentos, según ha podido confirmar este medio. Fuentes del gobierno ceutí determinan que “aún estamos en fase de emergencia”, llevando a los menores que se encuentran “en la calle” a los recursos que hay disponibles, y dan a entender que hasta que no se solucione este episodio “no habrá un siguiente paso”.

Este impasse se da en un momento en el que el Ministerio de Juventud e Infancia propuso trasladar de manera inmediata a 500 niñas a la península y distribuirlas en grupos de entre 20 y 30 menores a través de un convenio firmado con las entidades privadas. El Ministerio apuntó directamente a la negativa de Ceuta a realizar este trámite, aunque el gobierno ceutí niega tener constancia por escrito de que haya este número de plazas disponibles en los organismos privados, como adelantó El Pais. Un cruce de acusaciones que se enmarca dentro de la confrontación con el Gobierno de Pedro Sánchez y la oposición del Partido Popular a la acogida de los menores.

El convenio de colaboración fue firmado entre los gobiernos autonómicos del PP, encabezados por Juanma Moreno y Juan Jesús Vivas, para “dar respuesta a las diferentes contingencias migratorias” con relación a la aprobación del Modelo de gestión de contingencias migratorios por Acuerdo de la Conferencia Sectorial de la Infancia y la Adolescencia, en su reunión de 2022.

El convenio, elaborado hace cuatro años, se trata de “un instrumento de cooperación interautonómico que permita la derivación e integración de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados entre las partes firmantes de forma ágil y que sea estable en el tiempo, mientras continúe desarrollándose la crisis migratoria que afecta a la Ciudad de Ceuta”, destacaba. Por su parte, la Consejería de Inclusión Social ha guardado silencio a las preguntas de este medio sobre si habría recibido una petición formal por parte de Ceuta para activar este acuerdo.

Contingencia migratoria

Por tanto, las administraciones, con la firma de Alberto Ramón Gaitán, titular de la Consejería de Presidencia y Gobernación de la Ciudad Autónoma de Ceuta, y Loles López, al cargo de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, “se comprometen mutuamente a llevar a cabo todas las actuaciones administrativas, y en su caso ante los órganos judiciales y el Ministerio Fiscal, para la asunción [por parte de Andalucía] de la tutela de dichos niños, niñas y adolescentes”, según ha podido comprobar este medio.

Un dispositivo que se pondría en marcha cuando no haya familiares que puedan asumir la guarda de estos menores y que se hallen en centros de protección o “en alguno de los dispositivos de emergencia habilitados temporalmente como consecuencia de haberse sobrepasado las previsiones de acogimiento” en los centros de acogida, “habiendo igualmente desbordado los recursos con los que darle una completa atención”. En el caso de Ceuta, la ciudad atiende alrededor de un millar de menores extranjeros en sus centros, aunque la capacidad sea de 29 menores migrantes no acompañados. Por tanto, se excede en ocupación treinta veces su capacidad ordinaria, por encima de las tres veces con las que se define la situación de contingencia migratoria extraordinaria en la ley de Extranjería.

El protocolo establece que será la Consejería de Presidencia y Gobernación ceutí la que seleccionará a los menores que presenten “una mayor idoneidad” para su traslado a Andalucía y, en virtud de los expedientes recibidos, será la Consejería de Inclusión Social la que “estudiará los informes recibidos, aceptando o denegando dicho traslado y tutela, en función de la disponibilidad de recursos residenciales específicos para dar respuesta adecuada a las necesidades de los menores propuestos”.

Unas líneas que se adelantaban a la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería para obligar al hermanamiento entre autonomías y en la que se establece en su último apartado que “las Comunidades Autónomas podrán llegar a acuerdos con las Comunidades Autónomas donde se encuentren los menores extranjeros no acompañados para asumir la tutela y custodia, con el fin de garantizar a los menores unas mejores condiciones de integración”. Unos pasos que ya están dados en Andalucía y para los que, a esta fecha, no se cuenta con autorización.

Al respecto, Toni Martín, portavoz parlamentario del PP-A, mencionó este miércoles que el convenio suscrito entre Andalucía y Ceuta estaba “en activo y se está desarrollando”. Pero, a raíz del informe policial que señala a Marruecos como posible instigador de la entrada irregular de personas migrantes a Ceuta, añadía que “pone claramente en duda que estemos ante una contingencia migratoria”, aunque como recoge su definición, se haya dado una situación que supera por fuerza mayor las capacidades de la administración y de sus controles fronterizos.

Moreno asume el “efecto llamada”

La narrativa del presidente andaluz, Juanma Moreno, ha ido cambiando en el último mes desde que traspasaran de forma irregular 80.000 personas la frontera con Marruecos el pasado 30 y 31 de julio. En la visita institucional hecha a la ciudad autónoma el pasado 20 de agosto, la primera de las autonomías, evitó abrir un escollo con su socio de Gobierno, Vox, y respondió brevemente que la acogida de menores se haría con base a la ley, tal y como recoge la cláusula que impera en el acuerdo firmado con la ultraderecha en el que está la propuesta “No más MENAS”.

Con el fin de apaciguar las aguas en la sede de la Junta, donde el líder de la ultraderecha y vicepresidente segundo, Manuel Gavira, ya insistía en que ni “por tierra, por mar y aire” se acataría tal traslado, Moreno dejó en el aire la acción de su gobierno. Una cuestión que ha cambiado en las últimas jornadas, cuando ha dispersado las dudas sobre su postura, ya que, en el desayuno informativo organizado en Madrid junto a Alberto Núñez Feijóo este 7 de septiembre, junto a otros diez presidentes autonómicos del PP y el lider ceutí, Juan Jesús Vivas, relacionó directamente las preguntas sobre la acogida puntual de menores con el “efecto llamada”.

“Es que ahí hay un problema importantísimo que indican todos: por un lado la UE ya ha advertido de que no pueden pisar la península esos migrantes, y lo ha dicho de manera muy clara, y lo segundo: el efecto llamada sería inmediato”, respondió a los medios. Por su parte, el presidente ceutí reclamaba en Madrid implicación por parte del Gobierno de Pedro Sánchez y de las instituciones europeas, sosteniendo que “Ceuta no aguanta más. Estamos en una situación límite. Ceuta no puede vivir en una olla a presión” y que se necesitaban “más medios”.

A lo largo de estas semanas, la Consejería de Inclusión Social y Juventud no ha aclarado cuál es el número de menores extranjeros no acompañados acogidos hasta este momento y las plazas disponibles, mientras que la portavoz de la Junta y vicepresidenta primera, Carolina España, remitía ayer martes al ramo en la rueda posterior al Consejo de Gobierno preguntada por la actualización de estos datos y añadía que “el presidente había sido suficientemente claro” sobre su posicionamiento. A 30 de junio de 2026, Andalucía acogía a 1.669 niños y niñas y adolescentes extranjeros no acompañados, según fuentes oficiales, y, a partir del Real Decreto-ley 2/2025, debería contar con 3.009 plazas estructurales para su atención. Por tanto, está al 55,47% de su capacidad.

Piden el traslado a la península

Las asociaciones que tienen licitados los servicios para la atención a menores extranjeros no acompañados a la región han declinado hacer valoraciones a este medio y, varias de ellas, resaltan que las gestiones de la Junta de Andalucía están siendo “muy discretas” y “herméticas”.

En todo caso, confirman que no se ha dado ningún traslado de menores hacia la península desde el 31 de julio y que ahora los esfuerzos están centrados en la búsqueda o habilitación de recursos, ya sean casas de voluntarios o centros que llenan rápidamente sus plazas para la acogida de los menores que están en situación de calle, al igual que en la asistencia y búsqueda de recursos para los niños y niñas. Se muestran preocupados por la dilatación en el tiempo de esta derivación que podría “tardar meses” si no se articulan los mecanismos necesarios: “Es un problema social, humanitario, político, y nadie quiere significarse”, apuntan las fuentes consultadas.

Quien sí ha puesto voz a lo que viven estas plataformas es José Miguel Morales, director general de la Federación Sur Acoge, que está presente en Ceuta para colaborar con el equipo de cinco personas que se estableció en la ciudad desde el inicio de la crisis humanitaria.

“Resulta evidente que las múltiples expresiones de solidaridad con Ceuta deben traducirse en descongestionar la situación de emergencia y eso pasa necesariamente por un traslado a la península, sobre todo, de las mujeres que han sido agredidas sexualmente, de los solicitantes de asilo y de los menores no acompañados”, indica por teléfono. “Tiene que haber una coherencia con la convocatoria de solidaridad y la implicación de todas las comunidades autónomas en la aceptación de los menores, por su protección y, también, para descongestionar esta situación”.

En las calles de la urbe hay mucha gente que vive sin recursos a la intemperie, describe, y respira ese clima de “cansancio” por parte de los habitantes, “porque parece que no hay desbloqueo”. La federación trabaja en colaboración con otras entidades y gestionan un centro para mujeres y mujeres con niños que abrió el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para su acogida. Ahora, hay cuatro personas más que han ido a reforzar y apoyar la actividad que continúa siendo dura en el día a día.

A este testimonio, habría que añadir el comunicado de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Accem y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que el pasado 18 de agosto se pronunciaron sobre las condiciones de los menores extranjeros no acompañados, recordando que cuentan con un régimen de protección jurídica reforzado basado en el interés superior del menor, por lo que se quedan bajo la tutela de los servicios autonómicos desde su llegada. Una cuestión en la que, por ahora, no ha entrado Andalucía.

El presidente andaluz, Juanma Moreno, ya había dado un giro a las políticas migratorias de su Gobierno al fimar, el pasado julio, un pacto con Vox que asume la práctica totalidad de sus propuestas antiinmigrantes: “No más MENAS”, reza el documento. Pero este lunes, en Madrid, Moreno ha dado un volantazo imprevisto a su discurso, abrazando la tesis del “efecto llamada” de la ultraderecha para negar la acogida de niños inmigrantes de Ceuta en Andalucía.

El dirigente popular ha asistido esta mañana, junto a Alberto Núñez Feijóo y otros diez presidentes autonómicos del PP, a un desayuno informativo del líder ceutí, Juan Jesús Vivas, y a la entrada le han preguntado si está de acuerdo con que las comunidades “puedan acoger a menores inmigrantes de forma puntual” mientras se resuelve el expediente de los 2.000 niños ya filiados que colapsan las instalaciones de Ceuta, tras la entrada irregular de 80.000 extranjeros el pasado agosto.

Este periódico lleva una semana haciéndole la misma pregunta a la Consejería de Inclusión Social y Juventud, que se ha negado sistemáticamente a responder ni a facilitar el número de menores extranjeros acogidos en este momento y las plazas disponibles. Moreno sí ha respondido, por primera vez, alineándose con la tesis de la dirección nacional del PP y haciendo suyo el lenguaje antiinmigrante de Vox -“efecto llamada”; “invasores”- que él mismo negaba antes de las elecciones andaluzas del 17 de mayo, cuando aún disfrutaba de mayoría absoluta.

“Es que ahí hay un problema importantísimo que indican todos: por un lado la UE ya ha advertido de que no pueden pisar la península esos migrantes, y lo ha dicho de manera muy clara, y lo segundo: el efecto llamada sería inmediato”, ha respondido Moreno en Madrid.

En la misma frase, el presidente andaluz se refiere a los inmigrantes como “ciudadanos”, “personas” e “invasores”. “Si los ciudadanos migrantes, esos ciudadanos, esas personas que han cruzado la frontera de manera irregular consiguen su objetivo de pasar a la Europa continental, evidentemente el efecto llamada será enorme. Por tanto, tendremos una nueva sacudida en la frontera de Ceuta y probablemente otra invasión. Lo que recomiendan todos los especialistas es que vuelvan a Marruecos, al país de origen, que es la única solución que tiene ahora mismo el problema”, ha respondido a la pregunta de los menores en Madrid.

Este planteamiento, calcado, lo escuchaba hace apenas dos meses el propio Moreno de boca del líder regional de Vox y portavoz en el Parlamento, Manuel Gavira: “Los niños tienen que estar con sus padres”. Entonces el presidente andaluz le afeaba que ofreciera “soluciones simples a problemas complejos”, y le reprochaba “demostrar desconocimiento” de la ley, que prohíbe “deportar sin más a esos niños, que tienen derechos nada más pisar nuestro país”.

Ahora, el dirigente popular, en consonancia con el resto de barones territoriales de su partido, ha cargado toda la responsabilidad de solucionar la crisis migratoria y humanitaria en Ceuta sobre los hombros de Pedro Sánchez. “Para solucionarlo, el Gobierno se tiene que arremangar y ponerse a trabajar desde ya”, ha subrayado, tras criticar que aún no tenga “datos precisos” de las personas que siguen de forma irregular en Ceuta, y condenar la “falta de atención”, la “indolencia” y la “situación caótica” que puede provocar “un polvorín con consecuencias imprevisibles”.

Del “corazón grande” de Andalucía al “efecto llamada”

El pasado 2 de julio, el presidente Juanma Moreno y el líder andaluz de Vox, Manuel Gavira, firmaron un acuerdo de Gobierno PP-Vox que incluye, por encima de otras políticas, 12 puntos con medidas prioritarias para luchar contra la inmigración, todas ellas a implementar en la primera mitad de la legislatura.

La primera es el rechazo frontal al acogimiento de menores extranjeros no acompañados, algo que el Gobierno andaluz venía haciendo, incluso antes de que el PP nacional votara en el Congreso contra la reforma exprés de la Ley de Extranjería que obliga a ser solidarias a las comunidades insolidarias con este asunto (reforma del artículo 35 vía Real Decreto Ley).

Andalucía tiene una suerte de hermanamiento con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, no sólo por su proximidad geográfica, sino porque comparten el peso abrumador de la presión migratoria en el Estrecho, frontera sur de la Unión Europea con África. El Ejecutivo de Moreno firmó en 2024 un convenio con el Gobierno ceutí -que hoy sigue “activo y en desarrollo”- para “agilizar” el traslado de niños inmigrantes no acompañados a Andalucía ante “contingencias” o “crisis migratorias” como las que sufrió Ceuta en 2021 -con la entrada irregular de 10.000 inmigrantes (1.500 menores), o la que sufrió hace 40 días (80.000 inmigrantes, 2.000 menores ya filiados).

El acuerdo de Gobierno PP-Vox en Andalucía, sellado un mes antes de esa crisis humanitaria, reproduce las cláusulas y medidas antiinmigración que la ultraderecha llevaba toda la legislatura defendiendo, casi siempre contestadas en el Parlamento por el propio Moreno. Se recuerda, sobre todo, aquel encontronazo verbal en el Pleno de la Cámara entre el presidente de la Junta y el portavoz de Vox, Manuel Gavira (hoy vicepresidente segundo), cuando el popular subrayó el “corazón asín de grande” de los andaluces para acoger a niños inmigrantes que cruzaban la frontera.

El acuerdo de Gobierno PP-Vox en Andalucía desbarata parte de aquel discurso, recoge las mismas políticas antiinmigrante que ya firmaron los gobiernos de coalición de Extremadura, Aragón y Castilla y León, y pone especial hincapié en el rechazo al acogimiento de menores migrantes, competencia de las comunidades. Sin embargo, todas esas medidas aparecen matizadas en el documento con constantes referencias al “cumplimiento de la legalidad vigente”. “El PP siempre va a cumplir la ley”, han reiterado desde el entorno de Moreno, cuando se le ha preguntado por la pretendida ambiguedad del documento político firmado con Vox.

El socio ultraderechista de Moreno, que pilota una vicepresidencia segunda y la consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, hace una lectura distinta de ese mismo documento: “Vamos a acabar con el efecto llamada que hace que toda África esté mirando al Sur de Europa para poder entrar”, repiten los de Santiago Abascal en Andalucía, antes y despues de la última crisis migratoria en Ceuta.

Por primera vez, Juanma Moreno ha replicado hoy ese discurso mismo discurso, junto a su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, y el propio Vivas, con quien firmó hace dos años un convenio de colaboración para descongestionar a Ceuta ante la llegada masiva de menores inmigrantes.

El convenio entre Andalucía y Ceuta para “dar respuesta a las diferentes contingencias migratorias” entronca, de hecho, con la política desarrolallada por el Ministerio de Infancia, que pilota Sira Rego, en el Gobierno de Sánchez. El documento apela al “Modelo de gestión de contingencias migratorias por Acuerdo de la Conferencia Sectorial de la Infancia y la Adolescencia en su reunión de 27 de julio de 2022, que prevé la activación de un Plan de Respuesta ante contingencias migratorias que determine las necesidades de traslados entre Comunidades Autónomas”.

La ministra Rego es quien ha propuesto dos fórmulas transitorias para descongestionar las instalaciones ceutíes mientras se resuelve el expediente de esos 2.000 menores no acompañados: bien a través de convenios con ONG, bien a través de convenios bilaterales entre Ceuta y otras comunidades autónomas, como el que tiene firmado Moreno con Vivas desde 2021 (prorrogado en 2024), aún en vigor. Preguntada al respecto, la Consejería de Inclusión Social no aclara si el Gobierno de Vivas ha invocado ese convenio, pidiendo el traslado de algunos menores extranjeros a Andalucía. Tampoco aclaran si la consejera andaluza del ramo, Loles López, ha llamado a su homólogo en Ceuta para ofrecerle esta ayuda que regula el convenio.

A 30 de junio de 2026, Andalucía acoge a 1.669 niños y adolescentes extranjeros no acompañados, según fuentes oficiales. La capacidad ordinaria aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 29 de junio, según las directrices del Real Decreto-ley 2/2025, por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias, Andalucía debería contar con 3.009 plazas estructurales para la atención de la infancia y la adolescencia migrante no acompañada, según reza en la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Con esos números, Andalucía se sitúa al 55,47% de su capacidad ordinaria para acogimiento de niños extranjeros no acompañados.

El PP también cierra filas con Vox a cuenta del cese de Marta Tejero como directora del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) tras apenas tres meses en el cargo. La responsable de cuestiones como los centros de acogida para inmigrantes, en el foco de la extrema derecha desde su llegada al Gobierno de Jorge Azcón, renunció por motivos personales y a ello se ha agarrado la portavoz del Ejecutivo, la también vicepresidenta Mar Vaquero, quien ha pedido desvincular de “cuestiones polémicas” su cese.

Hasta tres veces le han preguntado a la número dos de Azcón en el Gobierno por la renuncia de Tejero, y en otras tantas se ha remitido a la versión oficial. Hay que recordar que entre las competencias del IASS están la gestión de estancia temporal de menores extranjeros, los centros de menores, el acogimiento familiar, las adopciones o la prestación aragonesa complementaria del ingreso mínimo vital (IMV), todos ellos asuntos en los que Vox ha mostrado sus posiciones más extremistas desde la puesta en marcha de la coalición.

En este tiempo, la Consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia –que tiene al frente a Alejandro Nolasco, de Vox– ha cargado semana sí, semana también contra los menores migrantes, ha reclamado más actividad policial dentro de estas instalaciones, ha puesto el foco en la edad de estos niños, niñas y jóvenes y ha lanzado iniciativas como la retirada de la paga semanal solo a los menores extranjeros.

Nada de ello estaría, según Vaquero, en la marcha de Marta Tejero, que fue nombrada a finales del mes de mayo. La vicepresidenta y portavoz ha pedido “respeto” para la decisión de la exdirectora del IASS y ha reclamado que no se vincule con las decisiones de Vox: “Reconducir y orientar (su cese) a cuestiones polémicas no forma parte de nuestro día a día”, ha señalado.

De hecho, según Vaquero la “principal labor” que ha llevado a cabo en el corto periodo de tiempo en el que ha ejercido como responsabla de Servicios Sociales es la gestión de las evacuaciones en los incendios de este verano, en asuntos como la búsqueda de “alojamientos” o la participación en las reuniones del CECOPI.

El Departamento de Desregulación, ha apuntado la portavoz autonómica, ya está “trabajando” en el relevo, que se hará efectivo en los próximos días. Y ha querido dejar claro que la marcha de Tejero “no afecta al día a día” del IASS, que “sigue trabajando con total normalidad”.

Aragón abre curso político este martes con un Gobierno autonómico aún a medio gas y dos socios que se rehúyen para minimizar al máximo el riesgo de que surjan grietas: PP y Vox han evitado en este tiempo juntarse incluso en las fotos, con la extrema derecha poniendo el foco semana sí, semana también en los menores migrantes no acompañados. Tras el sobresalto de los incendios, por el que ambos partidos tendrán que dar explicaciones en las Cortes, llega un periodo con un objetivo principal: que la comunidad vuelta a tener unos Presupuestos tras dos ejercicios de prórroga.

La imagen más llamativa de este periodo, un buen ejemplo de la marcha de la coalición en esta primera fase, se dio en junio, cuando los dos vicepresidentes –Mar Vaquero, del PP, y Alejandro Nolasco, de Vox– evitaron coincidir frente a las cámaras en la sala de prensa, cuando primero una y luego el otro subieron al estrado a dar sendos mensajes contrarios a la inmigración. Juntos, pero no revueltos. La propia gestión de los fuegos del verano ha sido significativa, con consejeros y directores generales de uno y otro partido divididos en las apariciones públicas.

El principal objetivo de Azcón en su segunda legislatura como presidente autonómico es, como mínimo, que la coalición dure más que la anterior, rota en julio de 2024, menos de un año después de su formación. Pese a que en aquella situación primó más la política nacional, los populares han evitado en todo momento desde la toma de posesión de las consejerías –Vox se quedó con Servicios Sociales, con rango de Vicepresidencia, más Medio Ambiente y Agricultura– que surja cualquier fricción entre los socios.

Y eso que el vicepresidente de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, ha estirado hasta el límite el chicle de la gestión de los menores migrantes y de los centros de acogida. Al punto de que la propia directora del Instituto Aragonés de Servicios Sociales presentó este lunes su dimisión, oficialmente por “motivos personales” pero con el trasfondo de las continuas polémicas de Nolasco en este ámbito. En todo caso, en las filas del PP el silencio sobre los pasos que da Vox es absoluto: por cualquier rendija se puede colar el virus de una hipotética ruptura.

El único conato de desacuerdo se vivió a finales de mayo, cuando Nolasco anunció un refuerzo policial en los centros de acogida legalmente inviable –y que además queda fuera de la competencia de su Departamento– y que fue replicado por la vicepresidenta y portavoz Mar Vaquero, del PP, quien constató públicamente que la medida no era “posible”. El máximo responsable de Vox en Aragón evitó el choque y se limitó a señalar que buscarían “otras opciones”. Desde entonces, nada más.

Las consecuencias de los incendios

Uno de los temas candentes del otoño va a ser, sin duda, las consecuencias políticas por los incendios de este verano, con el peor balance que ha vivido Aragón desde que hay registros y con actuaciones muy polémicas como las obras en la carretera A-132, autorizadas por el Ejecutivo autonómico y en las que se originó el incendio de Las Peñas de Riglos, que llegó hasta el mismo San Juan de la Peña.

Este mismo lunes, los portavoces de los grupos se han reunido con la presidenta de las Cortes y un asunto común que ha surgido ha sido el de los fuegos, y la necesidad de impulsar una comisión de investigación en la que se debata qué ha podido fallar. Así lo ha reclamado por ejemplo el representante de Chunta, Jorge Pueyo, para quien Azcón debe “depurar responsabilidades” ante las “absolutas negligencias” que desde su punto de vista se han dado. También lo ha pedido Tomás Guitarte (Aragón-Teruel Existe), quien ha puesto a su vez el foco en la proliferación de centros de datos.

Por su parte, la portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ha propuesto acordar un “Plan Aragón 2027” frente a las emergencias climáticas que nazca “desde el consenso” y que recoja las “propuestas e ideas” de quienes viven en el territorio. “Desde el PSOE tendemos la mano. Lo vivido este verano nos tiene que llamar a todos a trabajar desde la unidad y la responsabilidad”, ha señalado la dirigente socialista, que ha pedido “más prevención, más medios, mejores condiciones laborales de los profesionales y un operativo preparado los doce meses del año”.

El entendimiento de la oposición con el Gobierno, en todo caso, se antoja casi imposible y más con la posición mantenida por Vox, para el que detrás de los incendios estaría el “fanatismo climático de la izquierda” y no la falta de medios que denuncian los bomberos forestales en la comunidad.

Además, la principal medida que debe ver la luz en los próximos meses es el Presupuesto autonómico de 2027 tras dos ejercicios de prórroga, algo inédito desde la debilidad parlamentaria en la primera legislatura del socialista Javier Lambán (2015-2019). Para ello deberán fructificar unas negociaciones entre el PP y Vox que nunca han sido fáciles, aunque el clima actual es mucho más propicio que en el pasado. En principio, en septiembre los socios deberían sacar adelante el techo de gasto para llegar con plazo suficiente al 31 de diciembre con la ley presupuestaria aprobada.

Escasa actividad legislativa

Y es que el hecho de haber tenido que prorrogar las cuentas de 2024 dos años seguidos ha supuesto que Aragón se haya situado entre las comunidades autónomas con menor incremento en políticas sociales. Mientras, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha venido advirtiendo de la “incertidumbre institucional” que genera la falta de presupuestos, algo que dificulta “la labor de supervisión fiscal”. La falta de cuentas fue precisamente el argumento que llevó a Azcón a convocar elecciones a finales del año pasado.

En materia legislativa, fuera de los presupuestos el PP tratará de que vea la luz la ley de Vivienda que tramita desde la legislatura pasada, para la que no ha tenido problemas en introducir la 'prioridad nacional' requerida por Vox. De hecho, la actividad normativa en las Cortes desde 2023 ha estado bajo mínimos debido a la fragilidad parlamentaria del PP de Azcón, ya que solo han visto la luz legislaciones de poco calado, otras que venían del Ejecutivo de Lambán y derogaciones ideológicas como la de la Ley de Memoria Democrática.

Para tapar esta parálisis legislativa, los populares continuarán llevando a la Cámara autonómica cuestiones de ámbito nacional, como la crisis inmigratoria en Ceuta. Y en asuntos que les puedan afectar también tratarán de girar el foco hacia Madrid, con el ejemplo de la proliferación de centros de datos en la comunidad y el decreto ley sobre estas instalaciones que desarrolla el Gobierno central.