El Ararteko, la Defensoría del Pueblo vasca, ha instado a la Diputación de Bizkaia a garantizar que los procesos para regularizar la situación administrativa de los menores extranjeros que se encuentran en el Dispositivo Asistencial de Emergencia El Vivero, en Galdakao, comiencen “lo antes posible” tras su ingreso en el sistema de protección, respetando los plazos legales. Del mismo modo, también recomienda que desde el centro no comuniquen medidas generales que restrinjan derechos, como informar a los residentes que no se tramitarán sus documentos ni se les dará acceso a formación durante su estancia en el centro.

Estas son algunas de las recomendaciones del Ararteko tras realizar dos inspecciones en el centro el 6 y el 16 de junio de 2025 y entrevistarse con un responsable y 17 de los 39 residentes que se encontraban en acogida en aquel momento. El 70% de los menores en acogida llevaban más de tres meses en el centro, pese a que se creó de carácter “excepcional, temporal y transitorio” y al estar vinculado al programa de acogida de urgencia, la permanencia de los adolescentes debería ser preferentemente inferior a 60 días.

En el informe realizado por el Ararteko, del 27 de marzo de 2026, se detalla que el centro funciona principalmente como un recurso asistencial de “comida y cama”. No se realiza una intervención educativa profunda ni se tramita documentación de extranjería mientras están allí, posponiendo estos procesos hasta que son trasladados a otros centros. La única actividad formativa que reciben los menores es una hora diaria de castellano, lo cual se considera “insuficiente para su integración”. Además, no tienen acceso a formación externa ni a aprendizaje de oficios. Tampoco se les realiza un reconocimiento médico inicial, solo acuden al médico en caso de dolencia, y no se les empadrona en Galdakao debido a la supuesta provisionalidad de su estancia.

“Se les informa de manera consistente por parte del equipo educativo del centro y por parte del coordinador del servicio foral, que, de manera general y mientras estén en Vivero, no se les va a ofrecer formación externa ni se les van a tramitar papeles (documentación de extranjería consistente en autorización de residencia y trabajo). Sienten su estancia en El Vivero como un paréntesis en su proyecto migratorio que dura demasiado”, recoge el informe del Ararteko.

Según el Ararteko, los menores que residen en El Vivero sienten una gran “desesperanza y frustración”. “Quieren estudiar, formarse, aprender castellano, un oficio, conseguir autorización de residencia y trabajo para, finalmente, poder trabajar cuanto antes y tener una vida autónoma. Aparcados, en ese tiempo no sucede nada, lo que produce desesperanza, una gran frustración y un profundo malestar. Sin referentes familiares ni red, se sienten desprotegidos como personas menores cercanas a la mayoría de edad, sin un plan de intervención formativa y de transición a la edad adulta, temiendo poder acabar en situación de calle a pesar de haber migrado como menores de edad solos y estar en el sistema de protección”, detalla el documento.

En este sentido, de cara a ofrecer una mejor atención a los menores, el Ararteko insta a la Diputación a intensificar la enseñanza del idioma con una mayor carga horaria para facilitar la integración de los menores y recomienda elaborar un proyecto de intervención individualizado para cada joven que guíe el trabajo del equipo educativo, incluso si la estancia se prolonga más de lo deseado. También considera importante seguir buscando “fórmulas innovadoras y estables” para la atención de menores extranjeros sin referentes familiares, dada la tendencia estable de llegadas.

Por último, dado que el carácter excepcional y temporal del centro El Vivero finaliza en 2026, el Ararteko insta a la Diputación de Bizkaia a valorar la idoneidad de la experiencia y definir alternativas definitivas que cumplan con la normativa. “El DAE El Vivero, conforme a su calificación de 'excepcional', es un recurso definido como temporal, por un período máximo (incluida su prórroga) de año y medio. En el año 2026 finaliza este período, en el que habrá de valorarse la idoneidad de la experiencia y definir alternativas estables y conforme a norma para la adecuada atención a estos adolescentes en situación de desprotección. El Ararteko se mantendrá atento a la evolución de la propuesta”, concluye el informe.

La consejera canaria de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha pedido al Gobierno central que agilice la prórroga del modelo de acogida de los menores migrantes no acompañados entre todas las autonomías tras el plantón que han protagonizado este miércoles las comunidades presididas por el PP en la Conferencia Sectorial de Infancia. A la cita, que ha tenido que cancelarse por falta de quórum, solo asistieron con presencia del PP Ceuta y Canarias.

En declaraciones a los medios tras haberse suspendido la celebración de la reunión prevista para este miércoles, Delgado ha considerado que las comunidades autónomas “son libres de hacer y no hacer lo que estimen conveniente”, aunque ha indicado que en un estado democrático “lo lógico es venir y, si hay que protestar, se viene y se protesta en el órgano que está creado para eso”.

“Lo que sí le hemos pedido a la ministra es que debido a que no hemos podido celebrar hoy esta Conferencia sectorial, que se agilice la toma de decisión por parte del Consejo de Ministros para aprobar ese nuevo Real Decreto que avale esa nueva prórroga y que sigamos trabajando”, ha explicado Delgado.

Para la consejera canaria, la situación producida este miércoles es un “déjà vu” de lo que ocurrió en julio del año pasado cuando se iba a abordar este asunto, por lo que ha dicho que el Gobierno “tendrá que seguir realizando reales decretos iguales” a los ya aprobados en los que se refleje la nueva contingencia migratoria “con los datos que hay sobre la mesa en este 2026”.

Delgado ha asegurado que van a seguir trabajando con la normativa aprobada en el Congreso hace un año, que les “avala” para seguir trabajando con las nuevas llegadas y con las derivaciones de aquellos menores que superen esa contingencia migratoria acordada.

En ese sentido, ha subrayado que desde la Consejería están trabajando “muy bien” con las subdelegaciones del Gobierno en Canarias, ya que “se ha engrasado muy bien esa maquinaria, que costó al principio, con las derivaciones de los expediente”, y que seguirán colaborando también con los ministerios de Juventud e Infancia y de Seguridad Social y Migraciones.

Ante el plantón de todas las regioines presididas por el PP, excepto Ceuta, la consejera canaria ha recordado que tiene “todo el apoyo” del Gobierno de Canarias (donde gobiernan el Partido Popular y Coalición Canaria) y que están trabajando “en la línea del pacto” que tienen. “Estamos muy bien”, ha incidido.

“Ya cada uno tomará sus decisiones, nosotros seguiremos igual que hemos hecho hasta ahora”, ha añadido Delgado, que además ha recordado que “hay muchos recursos en el Tribunal Supremo y en el Constitucional” y que hay que esperar a ver cómo se resuelven.

El Gobierno de La Rioja ha tomado la decisión de “no acudir” a la reunión prevista en la que la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, iba a informar a las comunidades autónomas sobre el número de plazas mínimas de las que deben disponer para la acogida de menores migrantes solos. Una postura que adoptan al no contar “con información, criterios claros o la transparencia deseada” por parte del Ministerio.

Finalmente la conferencia sectorial de Infancia no ha podido celebrarse por falta de “quórum” tras el 'plantón' de las comunidades autónomas del PP, excepto Ceuta y Canarias. Así lo han informado fuentes del departamento que dirige Sira Rego a los medios de comunicación presentes en el Ministerio de Trabajo y Economía Social, donde iba a tener lugar el encuentro. En julio del año pasado las comunidades gobernadas por el PP también plantaron a la ministra en la sectorial.

A preguntas de los periodistas tras informar de los asuntos aprobados por el Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo riojano, Alfonso Domínguez, ha expresado que, a pesar de no acudir, “el Gobierno riojano cumple con sus obligaciones de manera responsable, solidaria, con rigor y profesionalidad”.

En este sentido, Domínguez recuerda que “hemos acogido a los menores asignados por el Gobierno de España pero insistimos que es algo impuesto, con un proceso opaco, sin transparencia, que no nos permite conocer con antelación los principales criterios de acogida”. Algo que “genera muchas dificultades” porque La Rioja “ha rebasado ya las capacidades de acogida y ha puesto nuestro sistema de acogida de menores en tensión”.

Una situación que “continúa ahora mismo por parte del Gobierno de España y por lo tanto esta mañana había que tomar decisiones muy importantes sobre dicha acogida y nos habían convocado a una reunión sin información ni transparencia y sin la documentación clara para tener una posición de voto”. A pesar de ello, reitera, “siempre cumplimos con nuestras obligaciones y somos solidarios porque lo que queremos es acoger a los menores de la mejor manera posible”.

La portavoz del Grupo Parlamentario de IU, Henar Moreno, ha reclamado al Gobierno riojano la puesta en marcha de un plan específico de transición a la vida adulta para los menores no acompañados cuando cumplan los 18 años. Una iniciativa que aborde la formación y también medidas de emergencia habitacional, para evitar que cuando cumplan la mayoría de edad “no tengan donde alojarse”.

Moreno ha recordado “la mayoría de los chicos y chicas que están viniendo a nuestra comunidad autónoma -un 80 por ciento- están muy cercanos al cumplimiento de la mayoría de edad y por tanto el Gobierno de La Rioja debe sobre todo ejercer sus propias competencias”.

Estas, ha explicado, pasan por “establecer un programa fundamental de transición a la vida adulta”, ya que los menores no acompañados o los tutelados por el Gobierno “requieren también de ese apoyo institucional para esa transición a la vida adulta, sobre todo, en un momento en el que fundamentalmente el problema de la vivienda es un problema capital”. Frente a ello, ha puesto en valor las distintas medidas que está desarrollando el Ministerio de Juventud e Infancia, tales como “un plan de acompañamiento de políticas públicas en materia de inserción laboral que se va a gestionar a través del INJUVE”.

En este punto, Moreno ha lamentado que el Gobierno riojano en materia de menores migrantes no acompañados tiene un problema de “falta de transparencia, y de falta de información, no tanto del lugar donde se ubican, sino, sobre todo, de las condiciones en las que se están acogiendo, de que los centros donde se acojan o los pisos donde estén reúnan las mínimas condiciones y sobre todo también del número de niños y niñas y de los recursos que se están destinando para atender las necesidades vitales”.

Para IU “un presidente de La Rioja como Gonzalo Capellán que se las da de un presidente independiente que actúa al margen de las políticas del Partido Popular, debe poner este plan en práctica con uno de los sectores más vulnerables de nuestra población; en lugar de recurrir reales decretos que garantizan derechos para estas personas”.

Finalmente, Moreno ha indicado que “vamos a impulsar y vamos a exigir del Gobierno de La Rioja que deje de hacerle el juego, como está haciendo la consejera Martín, sistemáticamente boicoteando todas las conferencias sectoriales, a la derecha y a la extrema derecha de nuestro país y que se ponga a hacer aquello de lo que dicen presumir como es una gestión centrada en la persona”.

El Gobierno de Cantabria que preside María José Sáenz de Buruaga (PP) ha solicitado de nuevo la expatriación de los diez menores extranjeros tutelados que han llegado a la comunidad desde Ceuta y Canarias entre el 3 de febrero y el 23 de marzo. Un trámite que la administración autonómica hace cada vez que llega un niño migrante a Cantabria dentro del sistema de acogida del Estado justificándolo en que “el interés superior del menor se satisface con la reagrupación con su familia en su país de origen”.

De hecho, es una medida recurrente. En la última ocasión, el Gobierno de Buruaga solicitó la devolución de cuatro menores extranjeros el mismo día que exigió a la alcaldesa de Cartes, Lorena Cueto (PSOE), paralizar la orden de cierre del centro de acogida que el Ejecutivo autonómico ha instalado en el municipio. Ambas decisiones, aparentemente contradictorias entre sí, se tomaron en la misma reunión del Consejo de Gobierno el pasado 5 de febrero y en plena polémica por la instalación de este hogar de emergencia para niños y niñas.

Ahora, el Consejo de Gobierno del 20 de marzo ha acordado autorizar a la Dirección General del Servicio Jurídico interponer un recurso contra las resoluciones de las delegaciones de Gobierno de Ceuta y Canarias por la que se traslada y reubica a las personas menores de edad que han llegado a Cantabria en las últimas semanas.

Cada vez que llega un menor procedente de Ceuta, Melilla o Canarias, el Gobierno del PP en Cantabria recurre lo que denomina “traslados forzosos” -en vocabulario de la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río- y la reubicación de estos niños por parte del Estado.

La irrupción de unos jóvenes de extrema derecha en las aulas de la Universidad de Cantabria (UC) el pasado 12 de marzo para incitar a concentrarse contra los centros de menores extranjeros no acompañados ese mismo día ha obligado a la creación de un protocolo institucional de actuación y comunicación que la institución ha enviado este martes por la mañana mediante un correo interno. El protocolo es consecuencia directa de estos hechos, pero la UC lo ha denominado “protocolo de actuación ante incidencias en los espacios docentes”.

El documento enviado, ha destacado la UC en el correo, será ampliado próximamente. Por lo tanto, aún falta por concluir un protocolo oficial interno “unificado” para todos los centros, teniendo en cuenta las características “específicas” de cada uno de ellos. Por ahora, el protocolo, al que ha tenido acceso elDiario.es, pide a los docentes que avisen a seguridad ante “cualquier incidencia que interrumpa, perturbe o amenace” la clase , como “la entrada no autorizada de personas externas, comportamientos disruptivos o agresivos, conflictos dentro del aula o situaciones que generen alarma, amenaza o riesgo para la comunidad universitaria”.

Según este documento, una vez haya intervenido la persona de seguridad o haya controlado el docente la “interrupción”, tal como lo denomina la UC, el protocolo pide al profesorado que documenten e informen de la fecha, hora y asignatura, con “una descripción objetiva, si es posible, personas implicadas y medidas adoptadas”.

La UC ha evitado entrar en el contenido xenófobo de la reciente irrupción de unos jóvenes con mensajes xenófobos contra los migrantes y ha dado por hecho que los profesores saben del incidente, tal y como se da a entender en el cuerpo de texto del correo del protocolo enviado: “Queremos agradecer vuestra rápida respuesta, vuestra predisposición y la ayuda prestada ante los incidentes ocurridos en algunas aulas la semana pasada”, ha escrito la vicerrectora de Sostenibilidad y Espacios.

Sin embargo, varios docentes consultados por elDiario.es desconocían hasta este lunes los hechos del día 12 de marzo, por lo que no supieron interpretar un correo posterior, que la UC envió el pasado día 19, pidiendo a los profesores que se llamase a seguridad si se produjesen “interrupciones” de las clases, sin especificar cuál era la razón de la petición.

Situación “incómoda y poco adecuada”

“Como sabéis, un grupo de jóvenes solicitó acceder a determinadas clases para dirigirse al alumnado. Aunque inicialmente la entrada parecía pacífica, la situación terminó resultando incómoda y poco adecuada para un espacio docente debido tanto al contenido del mensaje transmitido como a la grabación de algunos videos sin permiso para su difusión”, señalan desde la UC.

Varios docentes que, hasta este lunes día 23, desconocían los hechos, y que no habían prestado atención al correodel día 19, han señalado que en el correo del protocolo del día 24 tampoco se hace mención a los incidentes, por lo que advierten de que habrá profesorado que no sepa interpretar las indicaciones, por desconocer el origen de los hechos.

Tal y como indicaron las fuentes oficiales de la Universidad de Cantabria a elDiario.es, la institución espera que “se trate de un hecho aislado, pues en ninguna universidad debería producirse una situación que afecte al bienestar de estudiantes y al profesorado”.

La Delegación del Gobierno en Canarias ha informado este jueves de que ha autorizado el traslado a la Península de un total de 928 migrantes menores de edad no acompañados desde que se declaró la situación de emergencia migratoria extraordinaria en el archipiélago, el pasado 29 de agosto.

La representación del Ejecutivo central en las islas ha indicado que a estos expedientes se suman los 494 archivados por mayoría de edad del migrante o por informe negativo del Ministerio Fiscal.

La Delegación del Gobierno ha recordado que la autorización de estos traslados se ha tramitado en aplicación del artículo 5 y la disposición adicional primera del Real Decreto 658/2025, por el que se regulan las medidas a adoptar en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria para la protección del interés superior de la infancia y la adolescencia migrante no acompañada.

Según esta norma, el Gobierno canario dispone de cinco días naturales desde la notificación de la resolución para hacer efectivo ese traslado a las distintas comunidades autónomas de destino. 

La Fiscalía de Cantabria ha abierto diligencias tras la denuncia de Podemos para que investigara si determinadas actuaciones del Ayuntamiento de Cartes (PSOE) en el centro de menores migrantes habilitado por el Gobierno de Cantabria en el municipio “se ajustaron a la legalidad y al principio del interés del menor”.

El ministerio público ha admitido a trámite la denuncia del Podemos, que “está en estudio” y “se están realizando diligencias”, han indicado fuentes fiscales a Europa Press.

Podemos puso en conocimiento de la Fiscalía la publicación en redes sociales de información que permitiría identificar la localización de la casa de acogida, lo que a juicio de esta formación “podría haber comprometido la confidencialidad y seguridad de los menores”.

Asimismo, denunció una resolución municipal que ordenaba al Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) y la Fundación Cuin, gestora del centro, la “paralización inmediata” de la actividad del centro de menores, “una medida que afectaba directamente al funcionamiento de un recurso de primera acogida”, que ha generado un debate nunca visto en Cantabria por los derechos de los menores, entre el PSOE cántabro y el Gobierno del Partido Popular, primordialmente.

No obstante, la justicia suspendió la orden de la alcaldesa, la socialista Lorena Cueto, que en la resolución municipal llegó a decir que el Ayuntamiento pensaba precintar las instalaciones, retirar materiales u ordenar a las empresas de servicios energéticos la supresión del suministro, como agua o luz.

Hay un cartel rojo, negro y blanco, que hace no mucho estaba en un muro en el paseo Altamira 142, de Santander, en el que se ve un pie pisando una esvástica. Está inspirado en una foto de 1936 que se llama Aixafem el feixisme (Aplastamos el fascismo), del fotógrafo Pere Catalá. En el cartel se lee 'Las calles contra el fascismo'. Y así se llama un reciente colectivo en Cantabria, que este sábado ha organizado, con Pasaje Seguro, una manifestación, este sábado, a la que han asistido unas 350 personas, contra los discursos “racistas y xenófobos” que ha generado el centro de acogida de los menores de Cartes.

Dos de los integrantes de Las calles contra el fascismo -cuyos integrantes llaman 'Las calles'-, explican por separado el por qué del colectivo cántabro. Laura Fernández tiene 38 años, es educadora social y dice que “siempre” se ha considerado antifascista, pero hasta 2024, en Las Calles contra el Fascismo, nunca había militado en ningún colectivo antifascista. Javier López tiene 43 años, es informático y empezó a militar en 2025: “Por una enfermedad, estuve fuera del mundo durante seis años y, cuando volví a la vida, vi que la extrema derecha se estaba haciendo con todo; había que plantarle cara y en 'Las calles' lo estaban haciendo”.

El lema de vuestra manifestación de este sábado es ‘Bienvenidos, el odio no tiene cabida en Cantabria’, pero la realidad es que VOX tiene representación parlamentaria en Cantabria. ¿Cómo convive este lema con esta realidad de voto?

Javier López: Sí, VOX tiene presencia en el parlamento, pero sus votos no representan a la mayoría de Cantabria. La mayoría de Cantabria no está con estas ideas de extrema derecha. Desde la hermandad de las cuatro villas -alianza medieval entre Santander, San Vicente de la Barquera, Laredo y Castro Urdiales-, a nuestros puertos han llegado desde emperadores a apátridas y todos han tenido su sitio. Cántabro se puede ser por nacimiento y por adopción. El discurso de VOX no representa a Cantabria.

¿Qué ha cambiado para que, cada vez, en España se les vote más?

Javier López: Ahora están bien financiados, desde luego. Los colectivos de extrema derecha están muy bien financiados, tienen muchísimo dinero, a nivel europeo y a nivel local. Los mensajes globales se replican a pequeña escala en grupos como la asociación de ultraderecha Alfonso I, en Santander. Coincidiendo con el problema en Cartes, este grupo local presentó un proyecto nacional de remigración, un eufemismo que significa deportación forzosa. No se puede separar a unos de otros. Y VOX es la alternativa al partido de la derecha, entonces la gente descontenta con el PP les vota porque no cree que haya alternativa, como un castigo al PP, pero no tengo una respuesta clara, no sé si alguien la tiene. 

¿Qué nos dice como sociedad el caso de Cartes?

Laura Fernández: El caso de Cartes evidencia la deriva de la extrema derecha y la ola reaccionaria. No solo tiene que ver con una cuestión de racismo y xenofobia porque un grupo de menores extranjeros venga a vivir al pueblo y lo que su integración conlleva; hablamos de cosas más serias y graves como la ola reaccionaria en la que nos estamos viendo inmersas. Esto tiene que ver con los colectivos más amenazados, entre los que destaca la población migrante actualmente, que son utilizados como chivos expiatorios en cuestiones de precariedad y de la vida que tenemos actualmente, que para nada tiene que ver con que haya un mayor o menor número de personas migrantes en nuestro país. 

Javier López: Ha salido un estudio de CTXT en el que los menores extranjeros no acompañados eran lo más odiado por la extrema derecha. Cualquier persona que enfoque su odio hacia chavales que se han jugado la vida en el mar o saltando unas concertinas, que están solos, está actuando de forma inhumana. Esta gente de extrema derecha se aprovecha de los problemas sociales y hacen uso del señalamiento a estos chavales que tienen más difícil defenderse, para canalizar a la sociedad hacia ahí. Sin embargo, en Cartes, han salido vecinos para decir que a los niños no se les toca, salir a explicarles a sus vecinos que lo que estaban haciendo no tenía ni pies ni cabeza y que los chavales tienen derecho a estar ahí. Cartes es un pueblo en el que hay muchos inmigrantes y siempre han convivido de forma pacífica. El problema es que a la extrema derecha se les deja hacer cosas que probablemente constituyan delito de odio.

La alcaldesa de Cartes en ningún momento se ha posicionado contra los gritos de odio

¿Qué echáis en falta, en el caso de Cartes, que diga la alcaldesa socialista?

Javier López: En Cantabria se han abierto varios centros de menores y no ha habido problemas. Laura nos hablaba de cómo, en 2016, llegaban niños de dos en dos cada día a un centro y no había estos problemas. Sobre el PSOE, no tenemos un acuerdo dentro de la asamblea porque hay militantes socialistas, pero a título personal, quiero confiar en que los procesos internos del partido hagan lo que tengan que hacer. La alcaldesa en ningún momento se ha posicionado contra los gritos de odio de algunos vecinos ni sobre la visita que ha montado VOX, este jueves, en sus calles, pero no creo que quitarle las siglas a la alcaldesa suponga un cambio en el pueblo. 

¿Alguno de los partidos o sindicatos mayoritarios se han puesto en contacto con Las calles contra el fascismo?

Javier López: No, ningún partido. Algunas personas que militan en el grupo y forman parte de partidos han trasladado el malestar que hay a sus partidos, pero a los dos partidos grandes les cuesta mucho posicionarse porque, en mi opinión personal, les da miedo las consecuencias que puede tener plantar cara a VOX: al PP porque le dejen de votar y al PSOE le da miedo que dejen de ver como partido de centro y lo vean como un partido de extrema izquierda. Con los sindicatos, hay gente que milita en nuestra asamblea, y nos hemos puesto en contacto para que formen parte de la manifestación, pero no ha habido respuesta.

Vayamos atrás, ¿de dónde viene y cuándo nace como colectivo Las calles contra el fascismo?

Javier López: Viene del lema de una manifestación de 2024, 'El rock contra el fascismo', contra la celebración de un festival de extrema derecha llamado Galerna Fest, organizado por la asociación de ultraderecha Alfonso I, que es gente que se denominan escuadristas -grupo armado de jóvenes prefascistas italianos-. 

Laura Fernández: Queríamos dar una respuesta unitaria en Cantabria para demostrar que estábamos en contra de ese discurso de extrema derecha, entre asociaciones y personas individuales. Después de la manifestación de 2024, algunas personas sentimos esa inquietud de seguir formándonos en antifascismo y en cómo dar una respuesta a la ola reaccionaria que estamos viviendo. 

Javier López: Decidieron que hay que dar una continuidad y se empieza a hacer actividades formativas y actos culturales, como un modo de llegar a la gente, de poder educarnos todos en que lo distinto, lejos de ser malo, es positivo. Hay gente, a título personal, de asociaciones antifascistas, de asociaciones feministas, anarquistas, del PSOE, de Podemos, de CCOO o de la CNT. Eso hace a veces que llegar a consensos no sea fácil, pero demuestra lo variada que es nuestra sociedad y que todos tenemos en común que tenemos que oponernos al odio. Acordamos mantener el nombre, Las calles contra el fascismo, porque era la herencia de la manifestación, era el mensaje que lanzábamos a la ciudad de Santander. 

¿Y cómo habéis evolucionado desde entonces?

Javier López: Somos una asamblea desde 2025, no buscamos ser una asociación. Nos formamos para revisar cómo ha sido históricamente la batalla contra la extrema derecha, qué ha funcionado y qué no, por qué se repiten constantemente los patrones y así poder utilizarlo en esta actualidad del siglo XXI. Estamos en un momento en el que es necesario posicionarse, cualquier persona que crea en la igualdad, tiene que posicionarse, porque la extrema derecha se posiciona y machaca a los vulnerables y se está haciendo fuerte en España y si nadie le planta cara, veremos aquí lo que está pasando en Estados Unidos o Latinoamérica. 

¿Habéis contactado con otras asociaciones a nivel nacional?, ¿Tenéis intención de crecer como colectivo más allá de Cantabria?

Javier López: Hemos contactado con grupos antifascistas en ciudades en las que tiene presencia la asociación Alfonso I, porque está en Santander, pero está en más ciudades y antes fue Frente Nacional y antes fue Falange Cantabria y se les ha permitido tener un bar clandestino en el que hacen conciertos y charlas con discursos de odio. Además, aquí tienen una rama juvenil, que se llama Vanguardia Juvenil, y tienen muchos contactos con Casa Pound, que es la extrema derecha italiana, a la derecha de Meloni. Pero no, no buscamos ni expandirnos ni dar lecciones.

En España, se ha vendido mucho que los que salen a la calle con el aguilucho son unos pocos nostálgicos

En esa aprendizaje sobre qué se ha hecho bien y mal que mencionabas antes, ¿qué se ha hecho para que estemos como estamos ahora mismo?

Javier López: Uno de los mayores problemas que ha habido siempre en la lucha contra el fascismo es que se le deja pasar, como una anécdota. En España, se ha vendido mucho que los que salen a la calle con el aguilucho son unos pocos nostálgicos de los que no hay que preocuparse. Y se les deja ir haciendo. Y, por ejemplo, lo que está pasando ahora en Cantabria -el caso del centro de menores de Cartes-: hoy son unos niños, que son pobres, que no importan, porque sus derechos no le importan a la mayoría de la gente, pero después serán los pensionistas, los enfermos, los pobres, porque el fascismo siempre va, colectivo a colectivo, enfrentando a los anteúltimos los últimos con un mensaje de odio y aprovechándose de las desgracias que tiene cada uno. Hacen hincapie en que le van a quitar el trabajo a la gente que está precaria; que le van a quitar la vivienda a la gente que no puede pagar un alquiler… Y desvían la atención de las cosas importantes para que te centres en el que tiene menos que tú. 

¿Están, en sentido literal, las calles contra el fascismo ahora mismo en España?

Javier López: Yo soy optimista, dentro del grupo las opiniones son muy diversas. Creo que la mayoría de españoles está en contra de la violencia y del odio, solo quiere vivir en paz, saludar a su vecino y llegar a final de mes. El problema es que la etiqueta de antifascista tiene una connotación negativa para una parte de la sociedad porque le tocó estar en un bando en la guerra civil, porque en España tenemos esa herencia de la guerra civil que no se ha olvidado. Quiero pensar que la mayoría de gente es antifascista aunque no lo sepa.

¿Qué representa ahora mismo el antifascismo en España?, ¿la sociedad se identifica con el término?

Laura Fernández: Cuando hablamos de fascismo hay que tener claro que el fascismo se adapta a los nuevos tiempos, no tiene que ver con fascismo de los años treinta. Ahora hay un fuerte vínculo identitario con conceptos como la familia tradicional o la cultura nacional, respecto al acceso a los servicios públicos. Se señala a quien menos tiene, ahora a los migrantes, como las personas que vienen a quitarnos aquello que no tenemos, cuando no es así. Creo que hay muchas más personas concienciadas con los derechos humanos y que no quieren caer en discursos de extrema derecha, pero cuando se habla de antifascismo, se ha polarizado tanto el tema, como si fueran dos tribus enfrentadas, fascistas contra antifascistas, que hay muchas personas que no quieren identificarse con lo antifascista porque piensan que es estar dentro de un grupo que está enfrentándose a otro. Cuando esto no va de dos bandos, va de personas que defendemos los derechos humanos, que no queremos que se criminalice a nadie por su género, su condición social, su diversidad o el país del que provenga. 

Javier López: Hay que distinguir la sociedad de la política. Hay gente que tiene claro que la etiqueta correcta es la antifascista y hay gente que esa etiqueta no le gusta. Pero a nivel de autoridades, estamos atendiendo a una criminalización en Estados Unidos, en Europa, en España. Se está condenando a gente justificando que es un delito de odio ser antifascista, cuando lo único que supone ser antifascista es estar en contra del odio, señalar los crímenes que las autoridades no están queriendo confrontar.

El caso de Cartes evidencia la deriva de la extrema derecha

¿Nos movilizamos como sociedad por los derechos de las personas inmigrantes?, ¿nos apela?

Javier López: Creo que muchos sí; muchos tenemos claro que las personas migrantes ahora son nuestros vecinos que han venido a buscarse un futuro. A cualquier persona que se preocupa de sus vecinos, le tiene que preocupar que el portavoz nacional de VOX en Inmigración, Samuel Vázquez -que visitó Cartes este jueves-, haya dicho recurrentemente que en su partido están dispuestos a cambiar la ley para quitarles la nacionalidad a las personas inmigrantes.

Laura Fernández: Nos sentimos más cerca (de las personas inmigrantes) de lo que creemos o de lo que nos hacen ver los partidos políticos o algunos medios. Son nuestros vecinos, trabajamos con ellos, van al colegio con nuestros hijos, son amigos nuestros. Cuando nos acercamos a ellas, nos damos cuenta de que no son ese grupo de personas extrañas que nos hacen creer. Hay personas que luchan codo a codo con las personas migrantes y lo demuestra la reciente regularización. Desde Las calles contra el fascismo creemos que todas las personas migrantes, independientemente de su situación administrativa, tienen que tener los mismos derechos que nosotras; lo matizo porque la extrema derecha también está usando el argumento de migrantes en situación regularizada administrativamente frente a los que no. 

Da la impresión de que en España observamos todas las acciones del ICE en Estados Unidos con atención, pero con distancia, ¿hay tanta distancia?

Javier López: Esas estrategias las planteaba VOX antes de que el ICE estuviese pateando puertas en EEUU. Y las devoluciones en caliente en Europa no son una cosa de ayer. Todo va a lo mismo: sembrar una política del miedo que inmovilice a la gente. Cuando te da miedo de que le pase algo a tu familia, eres capaz de conceder que a otra familia le vaya mal. Esas estrategias son una manera de aprovechar el miedo, responde a los manuales clásicos de autoritarismo, con ese odio ganan poder político y , una vez en el poder, se demoniza la democracia, como está haciendo Trump con las próximas elecciones en noviembre.

Hoy la persecución es contra las personas inmigrantes, ¿mañana?, ¿pasado? 

Laura Fernández: Ahora pensamos que todo tiene que ver con la persecución de las personas migrantes, pero hay más colectivos. Las mujeres, el feminismo también es un chivo expiatorio de la extrema derecha. Las mujeres tenemos que ser conscientes de que los derechos adquiridos podemos perderlos. Las personas LGTBIQ+ están siendo muy criminalizadas por la extrema derecha en otros países. No nos damos cuenta de que se empieza por un grupo de personas en concreto, pero que luego va afectando a la mayor parte de la sociedad y que el discurso de la extrema derecha no va a estar a favor de las personas precarias, que es la mayoría, si no que va a estar a favor del capitalismo y de los que mas tienen.

La Delegación del Gobierno en Canarias ha informado este jueves de que ha culminado en la última semana otros 58 expedientes de menores migrantes no acompañados para su traslado a Península en aplicación tanto del artículo 5 como de la disposición adicional primera del Real Decreto 658/2025.

La Delegación agrega que la cifra de expedientes firmados desde la reforma de la Ley de Extranjería asciende ya a 612.

A estos procedimientos tramitados por la Subdelegación del Gobierno en Las Palmas y la Subdelegación en Santa Cruz de Tenerife se suman 283 archivados por mayoría de edad del migrante y/o por informe negativo del Ministerio Fiscal -once de ellos en la última semana-.

La Delegación ha indicado que de acuerdo con el Real Decreto por el que se regulan las medidas a adoptar en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria para la protección del interés superior de la infancia y la adolescencia migrante no acompañada, desde la notificación de la resolución de ubicación y traslado la comunidad autónoma, en este caso el Gobierno de Canaria, debe ejecutar la salida del menor hacia la región de destino en un plazo máximo de cinco días naturales.

Las organizaciones Pasaje Seguro y Las Calles Contra El Fascismo han hecho este jueves un llamamiento a la participación en la manifestación convocada este sábado 14 de febrero en Santander por el conflicto alrededor del centro de menores no acompañados de Cartes. 

Bajo el lema 'Bienvenidas, el odio no cabe en Cantabria', el objetivo de la marcha, que discurrirá, a partir de las 12.00 horas, desde la Delegación del Gobierno en Cantabria hasta la sede del Gobierno autonómico, es expresar la bienvenida y acogida a los niños migrantes que están llegando a la comunidad autónoma desde Canarias y Ceuta, así como el rechazo a los ataques racistas y xenófobos que han recibido.

En nombre de ambas entidades, Jesús Puente (Pasaje Seguro) y Javier López (Las Calles contra el Fascismo), han denunciado la negativa de PP y Vox respecto al cambio de la Ley de Extranjería que hubiera facilitado el traslado de los niños que se encuentran hacinados en Canarias. “La ley hace que sea la comunidad autónoma la que se tiene que hacer cargo, el decreto ley está suponiendo derivación de estos menores desde Canarias a Cantabria”, explican.

En su opinión, “el Gobierno de Cantabria está poniendo todo tipo palos en las ruedas”. Prueba de ello, dicen, es que “hay 18 niños ya en Cantabria a los que les ha abierto un expediente de deportación, aunque al mismo tiempo se hayan puesto en marcha servicios sociales de acogida”.

Sobre la polémica de las últimas semanas generada en torno al centro de acogida de Cartes, estos colectivos consideran que tanto porque la normativa así lo sostiene como por sentido común “nunca se debe publicitar la dirección de esos centros como se ha hecho”. En esta línea, inciden en que “la reacción a la apertura del centro ha sido absolutamente racista e insostenible, considerando que es un castigo”.

Javier López (Las Calles contra el Fascismo) ha confiado en que el Ayuntamiento de Cartes, tras reconsiderar su posición, adopte una actitud más proactiva a favor de la acogida y contribuya a una mejor convivencia en el pueblo. “Desde Pasaje Seguro y Las Calles contra el Fascismo defendemos una convivencia que ya existe con personas migrantes que viven y trabajan con nosotros pero que tienen menos derechos porque no tienen papeles”, ha subrayado.

“Es una muy mala solución atacar a gente que nos amenaza con su pobreza”, reiteran. Por esa razón, ambas organizaciones esperan que la manifestación del próximo sábado “marque el comienzo de un movimiento de solidaridad con personas migrantes” porque “hay una ofensiva absolutamente racista contra personas migrantes que sitúa a niños y niñas migrantes como elemento de ataque, como foco” y, a su juicio, “se trata de una ofensiva cobarde por parte de la ultraderecha”.

“El delito de odio debe ser perseguido”

“Hoy Vox está en Cartes y nosotros nos preguntamos sobre la legalidad de este acto”. Desde Pasaje Seguro y Las Calles Contra El Fascismo han considerado que “Vox está promoviendo sistemáticamente un discurso de odio contra niños inmigrantes, diciendo que los niños son invasores, delincuentes, presuntos violadores… ¿Cuál es la legalidad de esta actuación en medio de la calle? Hay una amenaza real de delito de odio y debe de ser perseguida”, han argumentado.

“Instamos a que Delegación de Gobierno y la Fiscalía analicen con lupa todo lo que digan y que se denuncie”, ya que “lo que Vox pretende hacer en Cartes es incendiar emocionalmente el pueblo, una política de agresión verbal que redunda en agresiones físicas a las que no se les pone coto”, han denunciado.

Para Puente, “criminales son los que calumnian y la criminalidad no ha crecido con la llegada de la inmigración”. El representante de Pasaje Seguro ha recordado que “hablan de remplazo cultural y nosotros no aceptamos el mundo idealizado de nacional catolicismo que propone Vox, con una cultura que ellos se inventan. Queremos y creemos en una sociedad mestiza”.

López, por su parte, ha señalado que el martes pasado se dirigieron a la Delegación de Gobierno para alertar de esta convocatoria por medio de una instancia. “Sabemos que Delegación de Gobierno ha pedido que nuevas manifestaciones no pasen por delante del centro de menores pero han seguido pasando, este último fin de semana, por ejemplo”, ha asegurado.

“La Guardia Civil no les identificó. Según testigos, se trata de una asociación cántabra relacionada con más fascistas de otros países de Europa, como Francia e Italia, y que se ha expandido por Asturias o Madrid y han invitado dentro de dos semanas al líder de CasaPound, un grupo neofascista italiano.

“La extrema derecha no está en contra de la inmigración, quiere siervos, que acepten que son ciudadanos de segunda”, ha remarcado Puente. El portavoz de Pasaje Seguro ha añadido que Amnistía Internacional ha escrito a la alcaldesa de Cartes y a la directora general de Servicios Sociales exigiendo una respuesta. “El PSOE hoy tiene que decir algo, no hemos oído a la alcaldesa expresarse en contra de que la extrema derecha utilice a niños vulnerables”, ha concluido.

El Gobierno de Cantabria que preside María José Sáenz de Buruaga (PP) solicitó la devolución de cuatro menores extranjeros no acompañados el mismo día que exigió a la alcaldesa de Cartes, Lorena Cueto (PSOE), paralizar la orden de cierre del centro de acogida que el Ejecutivo autonómico ha instalado en el municipio. Ambas decisiones, aparentemente contradictorias entre sí, se tomaron en la misma reunión del Consejo de Gobierno el pasado 5 de febrero y en plena polémica por la instalación de este hogar de emergencia para niños y niñas.

Por un lado, según informó el propio Gobierno, se ratificó la decisión adoptada de urgencia el día anterior para recurrir la resolución de la alcaldesa de Cartes, en la que ordenaba la inmediata paralización de la actividad del centro de acogida y amenazaba con precintar el edificio y cortar el agua y la luz. Por otro, en la misma sesión, se aprobó recurrir la llegada a Cantabria desde Canarias de cuatro menores de edad a quienes se identifica con las siglas de sus nombres y apellidos.

La diferencia es que, en este último caso, no se informó del asunto a los medios de comunicación. La nota de prensa que difundió el Gobierno de Cantabria sobre la reunión -que se puede consultar en la web oficial- no hace mención en ningún momento a este acuerdo.

Tal y como ha adelantado en exclusiva elDiario.es, no es la primera vez que el Ejecutivo omite decisiones de calado cuando comunica los acuerdos del Consejo de Gobierno, como la autorización del gasto de 216 millones, que finalmente fueron 40 millones más, del convenio singular con el hospital Santa Clotilde para la privatización de diferentes servicios sanitarios, o la transferencia de 45 millones de euros al fondo de imprevistos, que maneja con absoluta autonomía el consejero de Economía, sin explicar de qué partidas proceden ni cuál será su destino final.

Los recursos contra la llegada de menores migrantes dejan en evidencia al Gobierno de María José Sáenz de Buruaga (PP) y en especial a la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río (PP), encargada de defender públicamente su traslado a Cartes y de afear la reacción de la alcaldesa socialista, Lorena Cueto, que calificó de “castigo” la apertura de un centro de acogida en su pueblo con el silencio cómplice del PSOE, que no pidió perdón hasta que se lo exigieron desde Madrid una semana más tarde.

“Me preocupa que estén protegidos”

Dos días antes de pedir su devolución al Gobierno de España, la consejera Begoña Gómez del Río dijo públicamente en rueda de prensa: “Me preocupa que estén protegidos, que estén atendidos y que nadie estigmatice a los menores. Eso es lo que me preocupa”.

Incluso calificó como “un hecho gravísimo” la amenaza de la resolución municipal de precintar el edificio y cortar los suministros de agua y energía: “Cuestión que está prohibida por la ley cuando estamos hablando de personas vulnerables”, apostilló. Obviamente, ahora cobra otro sentido al conocerse que en paralelo se recurría su llegada.

Gómez del Río también denunció que esta decisión implicaría “dejar en la calle y sin alternativa a los dos primeros menores no acompañados que ya han llegado. Y se prevé que otros cuatro lleguen hoy, miércoles”, añadió. Podría referirse a los mismos cuatro menores que trataron de devolver solo unas horas más tardes, aunque obvió esta decisión del Gobierno en sus múltiples comparecencias públicas durante la pasada semana en relación al centro de acogida de Cartes. También en las últimas horas ha mantenido el mismo discurso, asegurando incluso que su departamento “busca la protección de los menores” y “recuperar la normalidad”.

Otros ocho recursos en diciembre

No es la primera vez que sucede. Cada vez que llega un menor procedente de Ceuta, Melilla o Canarias, el Gobierno del PP en Cantabria recurre los “traslados forzosos” -en vocabulario de la consejera de Inclusión Social- y la reubicación de estos niños por parte del Estado.

Aunque, a raíz del polémico rechazo a la instalación de un centro de acogida en Cartes, el Gobierno del PP se había cambiado los papeles con el PSOE y ha defendido su atención públicamente. Mientras, según se ha desvelado ahora, tramitaba su devolución de forma simultánea y sin comunicarlo a la opinión pública.

Sin ir más lejos, mientras el Gobierno de Cantabria compraba en diciembre de 2025 el edificio en Cartes que iba a servir para la acogida -atendidos por la Fundación Cuin- recurrió la llegada de otros ocho menores desde Canarias, según se aprobó en el Consejo de Gobierno del día 18 de ese mes. Tampoco se informó de este particular.

En cuanto a la ausencia de referencias en el comunicado oficial del Consejo de Gobierno más reciente, del 5 de febrero de 2026, se consideró más relevante informar de la modificación del contrato de la obra de sustitución de tuberías para la mejora de la eficiencia del Plan Hidráulico de Liébana que de los cuatro recursos contra la llegada de menores.

De hecho, frente a este silencio la nota de prensa sí que es prolija en detalles sobre la sustitución de una tubería colgada mediante trabajos verticales “con apoyo de medios de elevación de cargas suficientemente estrechos para permitir el paso alternativo de vehículos ya que hasta ahora el emplazamiento de la maquinaria implicaba la utilización de ambos carriles y, por tanto, el corte total de la carretera”.

El magistrado titular de la plaza n.º 2 de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Santander ha confirmado que suspende la resolución de la alcaldesa de Cartes que ordenaba la paralización inmediata del centro de acogida para menores migrantes en el municipio.

Tras la medida cautelarísima adoptada el pasado jueves a petición del Gobierno de Cantabria y sin escuchar a la administración demandada -el Ayuntamiento de Cartes-, el órgano judicial dio tres días al Consistorio para que presentara alegaciones.

El Ayuntamiento respondió con un escrito el viernes pasado expresando que no se oponía a la suspensión y este lunes el magistrado, en un auto dado a conocer a primera hora de esta tarde, confirma la medida y da por cerrado el incidente cautelar.

Dado que el Ayuntamiento no ha alegado motivo alguno para entender que la decisión adoptada no sea correcta o que su mantenimiento produce una perturbación grave de los intereses generales o de un tercero, incluso manifiesta su expreso acatamiento, el magistrado confirma que la resolución de la alcaldesa queda en suspenso.

“La falta de oposición por la administración demandada a la adopción de la medida cautelar interesada en su momento determina la no imposición de costas”, concluye el auto.

La consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río (PP), ha asegurado este lunes que su departamento está trabajando en “buscar la protección de los menores” y “recuperar la normalidad” en Cartes, tras la polémica vivida en las dos últimas semanas en el municipio a raíz de la llegada de menores migrantes no acompañados a un centro de urgencia habilitado por el Gobierno de Cantabria en el Camino Real.

Así lo ha manifestado este lunes a preguntas de los medios de comunicación, en las que ha incidido en esta pretensión del Ejecutivo para que la localidad recobre la “normalidad”, existente en otros municipios donde se ubican este tipo de hogares.

En cuanto a la resolución judicial que suspende cautelarmente la orden de la alcaldesa de Cartes, Lorena Cueto (PSOE), en la que ordenaba la paralización inmediata del centro de acogida, como solicitó el Gobierno, la consejera ha señalado que se están siguiendo los trámites procedimentales oportunos.

Además, ha apuntado que desconoce si la regidora ha presentado alegaciones al mismo, para lo que la justicia le dio un plazo de tres días, aunque el Ayuntamiento descartó esta posibilidad en un comunicado remitido del viernes.

Por último, Gómez del Río ha reiterado la “preocupación” de su departamento por la protección de los menores migrantes que llegan a Cantabria y ha afirmado que el Ejecutivo acatará las decisiones judiciales, “como no puede ser de otra manera”.

Izquierda Unida ha condenado la decisión del Ayuntamiento de Casalarreina, gobernado por el PSOE, de rechazar la cesión de las antiguas escuelas como recurso de acogida para niños y niñas migrantes no acompañados, tras lo que han calificado como una “campaña de presión alentada por el discurso del odio de la extrema derecha”.

La formación considera especialmente grave que esta decisión se haya justificado en la “respuesta social de rechazo”, un eufemismo que, a juicio de IU, enmascara actitudes xenófobas que no pueden marcar la agenda institucional. “Cuando una administración pública se deja llevar por el ruido o los bulos que criminalizan a menores migrantes, está legitimando el racismo institucional”, ha señalado su diputado regional, Carlos Ollero.

“Lo que ha hecho el alcalde socialista de Casalarreina, Félix Caperos, es ceder ante la presión del miedo. Y lo peor es que lo ha hecho con la complicidad de su partido”, ha declarado Ollero. “Su secretario general anunció públicamente que se acogería a estos niños y niñas. Hoy vemos que eran solo promesas vacías.”

Desde Izquierda Unida alertan de que no se trata de un caso aislado ni de una cesión puntual, sino del reflejo de una tendencia política alarmante: “El PSOE está cayendo peligrosamente en el marco de las derechas. Está tan cerca del PP que empieza a parecer su sombra. Y hablamos de un PP cada vez más derechizado, que no oculta ya su desprecio por los derechos humanos cuando se trata de migración”, ha denunciado Ollero.

“No hay moderación posible cuando hablamos de niños y niñas en situación de extrema vulnerabilidad. No hay punto medio. No podemos normalizar que se cierre la puerta a menores que huyen de la violencia, la pobreza o la guerra. Eso no es prudencia institucional, es racismo.”

Asimismo, IU recuerda que La Rioja ha sido históricamente una tierra acogedora, solidaria y comprometida con los derechos humanos, algo que, según el partido, no se está reflejando en las políticas actuales del Gobierno autonómico ni en muchos ayuntamientos.

Izquierda Unida exige al Gobierno de La Rioja que no retroceda en su compromiso con la acogida de menores migrantes, y que garantice espacios dignos y seguros para ellos en todos los municipios de la comunidad. Del mismo modo, llama al Partido Socialista a no traicionar los valores de justicia, igualdad y solidaridad. “Necesitamos representantes que estén a la altura de la sociedad riojana, no que agachen la cabeza ante los prejuicios. La convivencia no se defiende excluyendo, sino integrando, con políticas valientes y recursos suficientes”, ha concluido Ollero.

La alcaldesa de Cartes, Lorena Cueto (PSOE), ha dado marcha atrás y ha anunciado que el Ayuntamiento no va a presentar alegaciones a las medidas cautelares decretadas por la Justicia, por las que se suspendió la orden de la regidora de paralizar la actividad en el centro de acogida de menores migrantes no acompañados habilitado por el Gobierno de Cantabria en el municipio. Sin embargo, no aclara qué pasará con la resolución municipal.

En un auto, la Sección Segunda de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Santander aceptó las medidas cautelares solicitadas por el Ejecutivo autonómico (PP) y daba tres días para pronunciarse al Consistorio, que no alegará contra la resolución judicial, que respeta y acata por el bien de los menores.

“Tanto el Ayuntamiento como el auto emitido por el Tribunal de Instancia coincidimos en la necesidad de que lo fundamental es garantizar los derechos y la protección de los menores, por eso respetamos y acatamos la decisión judicial”, ha explicado Cueto en un comunicado este viernes.

Así, el Consistorio acata el auto judicial, dictado este pasado jueves, que acuerda la suspensión de la orden de paralización inmediata de las actividades de la vivienda de acogida de menores extranjeros no acompañados ubicada en el Camino Real de la localidad.

En su escrito de respuesta al tribunal, el Ayuntamiento indica que acata las medidas cautelares y asume el cumplimiento del mismo en aplicación del principio de interés superior del menor.

Asimismo, deja constancia de que ese “interés superior del menor, su bienestar y su cuidado, así como el de los trabajadores afectados por la actividad, ha sido siempre el elemento fundamental que ha regido la actuación municipal”.

“Para el Ayuntamiento de Cartes y para mí la prioridad es la acogida, el bienestar, la protección y la seguridad de los menores”, ha expresado Cueto, que ha insistido en que desde todas las áreas municipales se va a trabajar para que “Cartes sea hogar para estos niños y niñas”.

“Vamos a poner a disposición de la Fundación Cuin -encargada de la gestión del centro- todas las dotaciones y los recursos educativos, sociales, culturales y deportivos de los que disponemos para que los niños y niñas que lleguen puedan desarrollar su vida con plena normalidad”, ha añadido la alcaldesa, que el miércoles pidió a través de las redes sociales “perdón” por lo sucedido en torno al centro y se comprometió a acoger menores en el municipio.

Previamente, también había pedido “perdón en nombre de otros” su jefe de filas, el secretario general del PSOE de Cantabria y, además, delegado del Gobierno en la comunidad autónoma, Pedro Casares, con motivo de la polémica generada, aunque no se planteó expulsar a Cueto del partido, mientras desde otras formaciones, como PRC e Izquierda Unida, han pedido la dimisión de la alcaldesa.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego (Sumar), ha pedido a la alcaldesa de Cartes, Lorena Cueto (PSOE), que “rectifique de inmediato, pida disculpas y cumpla la ley”.

“Identificar la llegada de niños y niñas a un pueblo como un castigo o amenazar con cierres o cortes de agua es absolutamente intolerable”, ha afirmado en un mensaje a través de sus redes sociales, recogido por Europa Press, que concluye aseverando que “con los derechos de la infancia no se juega”.

Así lo ha manifestado después de la rueda de prensa que la consejera de Inclusión Social del Gobierno de Cantabria, Begoña Gómez del Río (PP), ha ofrecido esta tarde donde ha informado de una resolución firmada por la alcaldesa para paralizar la actividad del centro de acogida que el Ejecutivo ha habilitado en el municipio donde acogerá a 18 menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias.

Fuentes del Ministerio, además, han afirmado a esta agencia que los derechos de los niños y niñas tienen que estar “por encima de debates electoralistas o estrategias cortoplacistas”.

Al respecto, han insistido en que es “deber” de todas la administraciones “velar por los derechos de niños, niñas y adolescentes y cumplir la ley”, además de incidir en que “no pueden negarse a su acogimiento”.

Por otra parte, han denunciando “la deslealtad” que determinadas comunidades autónomas están llevando a cabo “al decidir no informar a los ayuntamientos de los lugares donde se realizará dicha acogida”, algo que la alcaldesa de Cartes ha reprochado a la consejera cántabra. “Esperamos que esto no sea una estrategia para azuzar un clima de odio contra estos niños y niñas”, han sostenido desde el Ministerio.

Por último, han puesto en valor las movilizaciones de vecinos que “han salido a defender los derechos de los niños frente al racismo”.

El Gobierno de Cantabria ha presentado este miércoles, ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), las medidas cautelarísimas frente a la resolución dictada por la alcaldesa de Cartes, Lorena Cueto (PSOE), en la que, según el Ejecutivo autonómico, se ordena la paralización “inmediata” de la actividad del hogar de acogida de emergencia habilitado por el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) en el municipio para acoger 18 menores migrantes no acompañados.

Fuentes del Gobierno regional han confirmado a Europa Press que se ha formalizado la petición de las cautelarísimas ante al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), que prevé resolver a partir de mañana, jueves.

Con las medidas, el Ejecutivo regional pide a la Justicia que se paralice la orden del Ayuntamiento, en la que alega motivos urbanísticos para frenar la actividad en el centro destinado a acoger a estos menores, después de que la Fundación Cuin, gestora del centro, recibiera dicha resolución ayer al mediodía.

La consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río (PP), anunció este martes por la tarde en rueda de prensa que la regidora de Cartes había ordenado paralizar la actividad en el centro destinado a acoger menores migrantes, alegando “motivos urbanísticos”, cuya resolución había recibido la Fundación Cuin, gestora del centro.

No obstante, la alcaldesa negó posteriormente en un comunicado que su resolución paralizara la acogida de dichos menores y aseguraba que iban a “garantizar” su acogida, su bienestar y su protección, estableciendo “una serie de medidas urbanísticas”. Este miércoles, a través de su perfil personal de Facebook, la alcaldesa ha pedido perdón.

Si alguien, en un futuro más o menos cercano, ha de tener miedo de andar solo de noche por las calles de Cartes, no será ningún vecino, sino cualquier menor migrante que tenga que residir en este municipio. 

Cartes, como seguramente ahora cualquier otro ayuntamiento de Cantabria, ha caído preso del miedo, del pánico ante 'el otro' y de ahí solo media un paso a los plenos protagonizados por los más airados, a las vigilias a las puertas de centros de acogida vacíos, a cargos públicos que han hecho del soplar y sorber a la vez un oficio y un artificio propios de malabaristas. 

Los jóvenes migrantes concentrados en la España insular y periférica serán repartidos por todo el país, siendo 18 los que ahora puede recibir Cantabria, territorio capaz de dar cabida a 600.000 habitantes, abrir sus puertas a 400.000 turistas cada año y gestionar un presupuesto de 3.500 millones de euros. Se conoce que Cantabria ya está al límite y no tiene capacidad de albergar a más. O tal vez sí y que no sea un territorio de acogida ante los que sufren, sino un espacio que tiene derecho reservado de admisión, léase xenófobo.

El Gobierno autonómico (PP), después de que Camargo, municipio de su signo político, se negara a una inversión de 30 millones de euros para acoger a refugiados menores de edad, ha devuelto la pelota a los socialistas, eligiendo un municipio de este signo político, como es Cartes, sabedor de que una cosa es predicar y otra dar trigo.

El miedo es la COVID de la democracia. Sabemos que el miedo es una enfermedad muy contagiosa cuya velocidad de propagación es proporcionalmente directa a la desinformación, los bulos y el desconocimiento de los datos reales. Porque los datos ya no importan, lo que importan son las sensaciones. 

Yendo a lo práctico, y visto que sacar a relucir los datos contrastados es un trabajo absurdo, solo queda preguntarse dónde estaban los contrapesos hace unos días. En el pleno de la pasada semana, ¿dónde estaban los líderes de partidos para arropar a la alcaldesa? ¿Dónde estaban las organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos humanos? ¿Dónde estaban los vecinos de Cartes que conservan un mínimo de racionalidad y no salen corriendo como pollos descabezados? 

Después han ido llegando, con concentraciones como las de IU, pero también han llegado los que cuelgan carteles y pescan en el caldero revuelto del odio.

El miedo es libre, pero el engaño es deliberado. Puedo entender el miedo, pero no los argumentos torticeros de los que propalan infundios y mucho menos las excusas para escurrir el bulto. Decir que la casa de acogida es pequeña y que los menores estarán hacinados, calificar la mera llegada como un castigo, dar por supuestos delitos sin que haya ocurrido nada, decir que Cartes no es lugar adecuado porque tiene dos torreones al final de una calle, insinuar que el municipio puede ser solidario, pero en otro lugar o de otra forma (?), decir… tal vez habría que empezar por dejarse de fariseísmos, decir lo que se piensa de verdad y lo que se piensa es en la pérdida de votos ante la oleada de xenofobia que sacude nuestras sociedades. Ese es otro tipo de miedo.

El municipio de Cartes era conocido estos días por dos cosas: por sus torreones y por encabezar el ranking mundial de árboles de Navidad más altos. A partir de ahora lo será por una tercera: ser un municipio inamistoso. 

Es fácil presumir de buenos sentimientos en Navidad, lo difícil es practicarlo el resto del año.

Casi 1.000 menores migrantes no acompañados han sido reubicados desde Canarias, Ceuta y Melilla a otras comunidades autónomas con menor presión migratoria en apenas cinco meses, un proceso que ha culminado sin que se haya producido ningún problema de convivencia.

Así lo ha señalado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha hecho balance de estos traslados como resultado de la reforma de la ley de extranjería llevada a cabo el año pasado y la orden del Supremo sobre los menores solicitantes de asilo en Canarias.

Sobre estos últimos, Torres ha precisado que, del listado inicial con 1.000 jóvenes, finalmente fueron 693 los susceptibles de ser traslados, los cuales ya están todos en el sistema de protección internacional gestionado por el Gobierno central: 440 de ellos están ya en la península, 127 permanecen en Canarias y 126 han cumplido la mayoría de edad e igualmente han pasado al sistema de asilo.

De esos 127, casi 100 han pedido quedarse en el archipiélago por tener arraigo en las islas y 29 podrán ser reubicados: “Indudablemente, se ha acabado el hacinamiento”, ha valorado el ministro, que preside la Comisión Interministerial de Inmigración.

En cuanto a la reforma de la ley de extranjería, que creó un mecanismo para, por primera vez, acoger a estos jóvenes que llegaban a Canarias, Ceuta y Melilla entre otras las comunidades para que no se hicieran cargo de ellos solo las de llegada, Torres ha recordado que existen dos procedimientos.

Uno de ellos es el que establece que, en un plazo de 15 días, tienen que ser trasladados a otras comunidades todos los jóvenes que lleguen a una autonomía ya declarada en contingencia migratoria: actualmente, Canarias, Ceuta y Melilla.

En cuanto a este procedimiento, el ministro ha celebrado que hoy se está tardando entre 20 y 25 días en completar un proceso en el que participa la Fiscalía, el propio menor, la comunidad de entrada y la de salida, que puede -y de hecho, algunas lo están haciendo- recurrir el expediente de traslado.

Comunidades a distintas velocidades

En el caso de Canarias, Torres ha detallado que el Gobierno central ha culminado en total 523 expedientes positivos pero solo se han trasladado 174, un 33,26%, mientras que la situación en Ceuta y Melilla es algo diferente: en la primera ciudad autónoma se ha trasladado 260, el 77,38% de los expedientes resueltos, y en la segunda 52, lo que supone el 82,53%.

“Las velocidades no son las mismas”, ha valorado el ministro, antes de “tender la mano” a los gobiernos autónomicos para “caminar” ya que, según los plazos del real decreto que reformó la Ley de Extranjería, el próximo mes de marzo tendrían que estar reubicados todos estos menores.

Torres ha explicado que el real decreto ley establecía que el Gobierno debía tener todos los expedientes de los jóvenes que estaban en comunidades en contingencia migratoria en el mes de noviembre y no ha sido así: En ese plazo solo recibieron 432 de unos 2.000 en el caso de Canarias; 108 de 495 de Ceuta y 30 de 76 de Melilla.

Por su parte, el ministro ha garantizado que el Gobierno seguirá trabajando con esfuerzo y “recursos de toda índole” para dar “la mayor y mejor respuesta” a un mecanismo que “defiende los derechos humanos”, es “histórica”, “justa”, “solidaria” y fruto de un “concepto de Estado”.

Torres pide una reflexión al PP y Vox

El ministro ha recalcado que todos estos traslados se han completado “sin ningún problema de convivencia y sin alterar el normal desenvolvimiento” de las familias, las personas, y los propios chicos, que “dejan de estar hacinados, están escolarizados y haciendo vida normal”.

Para Torres, el hecho de que la convivencia se mantenga “de manera totalmente normalizada” debería hacer reflexionar al PP y Vox, partidos que votaron en contra del real decreto ley para crear este modelo de reubicación.

A este se oponen la gran mayoría de comunidades gobernadas por el PP: once autonomías han recurrido la norma al Tribunal Constitucional -todas del PP menos Castilla-La Mancha- y algunas, como Madrid, también han recurrido ante el Supremo algunas de las decisiones del Ejecutivo al respecto y las propuestas de traslado que les afectan.

“Lo que estamos haciendo es defender los derechos humanos de personas que son vulnerables porque son menores de edad y cuyo único fin es tener la mejor de las respuestas por parte de los organismos públicos”, ha aclarado Torres.