Los pliegos vigentes desmontan el “ahorro” prometido por Vox al suprimir la paga semanal a los menores migrantes en Aragón

180.000 euros que se podrían destinar a siete plazas en residencias de ancianos. Con esta premisa justificó el vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco (Vox), la retirada de la asignación semanal a los menores extranjeros no acompañados tutelados. Sin embargo, los conciertos que regulan la gestión de los centros de acogida incluyen esa prestación dentro del precio por plaza y una de las entidades gestoras, que prefiere mantener el anonimato, sostiene que ese dinero “no se devuelve” a la Administración, sino que se destinará a otros gastos del propio servicio.

Los propios conciertos contrastan con el principal argumento económico empleado por el Ejecutivo para defender la medida. Nolasco anunció este lunes la supresión de la paga semanal de 17 euros que reciben los menores extranjeros no acompañados tutelados por la Administración y aseguró que permitirá ahorrar 180.000 euros al año. Sin embargo, los conciertos vigentes enmarcan esta asignación dentro del conjunto de prestaciones que deben garantizar las entidades gestoras, al mismo nivel que el alojamiento, la manutención, la atención educativa o el acompañamiento a la autonomía. Los pliegos no solo incluyen el “dinero de bolsillo de asignación semanal”, sino que obligan además a disponer de un “protocolo de dinero de bolsillo e incentivos” para regular su entrega.

Según explica una de las organizaciones que gestiona estos recursos, el importe que abona el Gobierno de Aragón por cada plaza concertada es fijo y no varía por la retirada de esta prestación: “Ese dinero no se devuelve. Si no se destina a la paga semanal, habrá que emplearlo en otros gastos”, señala la entidad. Entre ellas cita actividades educativas y de ocio, salidas culturales o gastos extraordinarios, como la compra de unas gafas para poder ver el eclipse o cualquier otra necesidad que pueda surgir durante la estancia en el centro. Esos fondos, añade, deberán utilizarse para cubrir otras necesidades de los menores o financiar actividades previstas dentro del proyecto educativo de los centros.

La propia Orden que regula estos conciertos, además de exigir que los centros dispongan de un “protocolo de dinero de bolsillo e incentivos”, establece que las entidades concertadas asumirán, entre otros gastos, el material escolar, las actividades de ocio y tiempo libre, los campamentos de verano y el “dinero de bolsillo de asignación semanal”. Asimismo, recoge que deberán proporcionar a los menores los recursos necesarios para la vida diaria, entre ellos los “gastos de bolsillo”. La Orden que regula actualmente estos conciertos continúa en vigor y el Gobierno no ha aprobado, por el momento, una nueva norma que la sustituya o modifique. Pese a ello, el Departamento defiende que la instrucción remitida a los centros es el instrumento que debe aplicarse mientras se tramitan los nuevos conciertos.

El Departamento de Bienestar Social y Familia sostiene que la instrucción remitida a los centros “prevalece” porque el Gobierno de Aragón es el titular del servicio y las entidades deben ajustarse a las condiciones que establezca el Ejecutivo. Añade que ni la Orden ni los conciertos tienen rango de ley y anuncia que los nuevos conciertos incorporarán estas nuevas condiciones, aunque todavía no concreta cuándo se firmarán. Respecto al ahorro anunciado por Nolasco, el Departamento explica que los 180.000 euros corresponden a una estimación calculada a partir del número de menores tutelados, los 17 euros semanales y las 52 semanas del año. El Departamento no aclara si ese ahorro implicará una reducción del importe de los conciertos vigentes o de qué manera se trasladará al presupuesto autonómico mientras estos continúen en vigor.

El anuncio del Ejecutivo afecta exclusivamente a los menores extranjeros que forman parte del sistema de acogida, no a los españoles, tal y como confirmó el propio departamento a este diario. El Gobierno de Aragón sostiene que la ayuda a los menores migrantes “carecía de cobertura normativa” y que su supresión responde a un criterio de legalidad, aunque hasta ahora formaba parte del funcionamiento habitual de estos centros y de los conciertos suscritos con las entidades gestoras.

Aplicación inmediata antes de la instrucción

La retirada de la asignación ya ha comenzado a aplicarse en los centros, pese a que la instrucción interna anunciada por el Gobierno de Aragón todavía no se ha publicado. El mismo lunes en que Nolasco hizo público el anuncio, la Dirección Gerencia del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) remitió un correo urgente a las entidades gestoras para solicitar el importe de la asignación semanal, el número de menores que la percibían y el gasto total correspondiente a 2024 y 2025. Horas después envió un segundo mensaje en el que pidió que comunicaran si alguna entidad se había adherido o compartía un comunicado crítico con la retirada de la ayuda.

Una de las entidades afectadas asegura que, junto a esas comunicaciones, recibió la orden de dejar de abonar la asignación con efecto inmediato, a pesar de que la instrucción que debe regular formalmente la medida aún no ha sido publicada. La organización considera además que la decisión entra en conflicto con los conciertos actualmente en vigor, ya que estos siguen recogiendo el dinero de bolsillo entre las prestaciones incluidas en el servicio.

Frente político y judicial

La retirada de la asignación semanal de 17 euros a los menores extranjeros no acompañados ha desencadenado un choque político y jurídico. El Ministerio de Juventud e Infancia ha trasladado el caso a la Fiscalía de Sala de Menores al considerar que puede existir una discriminación por razón de origen, al mantener la ayuda para los menores españoles tutelados y eliminarla únicamente para los extranjeros. El departamento que dirige Sira Rego sostiene que la medida podría vulnerar los artículos 14 y 39 de la Constitución y recuerda que el dinero de bolsillo tiene un carácter educativo y favorece la autonomía de los menores.

La oposición también ha cargado contra el Ejecutivo de Jorge Azcón. El PSOE ha anunciado que solicitará la intervención de la Justicia de Aragón y ha acusado al Gobierno de asumir el discurso de Vox, mientras CHA ha presentado una denuncia ante la Fiscalía al apreciar posibles indicios de prevaricación y de un delito de odio. IU ha calificado la decisión de “racista”, “inconstitucional” y “moralmente miserable” y ha reclamado su retirada inmediata.

Sin embargo, el PP ha evitado cuestionar públicamente la decisión de su socio de gobierno. Tanto el presidente, Jorge Azcón, como la portavoz del Ejecutivo, Mar Vaquero, han remitido el asunto a la Consejería de Bienestar Social y Familia y a los informes jurídicos que deben sustentar la medida. El Gobierno ha defendido que responde al acuerdo de coalición con Vox y ha insistido en que su aplicación deberá ajustarse a la legalidad.