La oposición carga contra Azcón por la retirada de la paga a menores migrantes: “Vox marca la agenda de su Gobierno”

La decisión del Gobierno de Aragón de retirar la gratificación semanal de 17 euros a los menores extranjeros no acompañados tutelados por la comunidad mientras la mantiene para los menores españoles ha unido este martes a la oposición en sus críticas al Ejecutivo de Jorge Azcón. PSOE, Chunta Aragonesista e Izquierda Unida han exigido al presidente aragonés que rectifique una medida que consideran discriminatoria y han rechazado que el líder del PP trate de desvincularse de una decisión adoptada por el departamento que dirige Vox.

La portavoz del PSOE en las Cortes, Mónica Iglesias, ha acusado al Gobierno de Aragón de “mentir de manera deliberada” y ha defendido que la asignación no es una “paguita” ni una “propina”, sino “una herramienta educativa” que las entidades sociales utilizan para favorecer la autonomía y la integración de los menores tutelados. “Solo se retira en este caso a los menores extranjeros”, ha recordado.

Iglesias ha sostenido además que la medida contradice el compromiso adquirido por el PP cuando presentó su acuerdo de gobierno con Vox y aseguró que todas las actuaciones se desarrollarían dentro de la legalidad. “Esta medida no está dentro de la legalidad vigente”, ha afirmado. A su juicio, “Vox está haciendo lo que dijo que haría; es el precio que pagamos para que el señor Azcón sea presidente”.

La dirigente socialista ha dirigido buena parte de sus críticas al presidente autonómico, al que ha acusado de eludir su responsabilidad política. “El señor Jorge Azcón ya no puede esconderse. No puede decir que preguntemos al departamento de Vox”, ha señalado. “Tiene que explicar si desconocía una decisión de este calado adoptada por su Gobierno o si la conocía y ha decidido desentenderse”. En su opinión, el presidente debe “desautorizar la medida, ordenar que se retire o asumirla como propia” y no “esconder la cabeza como un avestruz mientras Vox marca la agenda” de su Ejecutivo.

La portavoz socialista también ha denunciado la forma en que, a su juicio, se ha gestionado internamente la medida. Según ha explicado, el PSOE ha tenido acceso a dos correos electrónicos enviados por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS): en uno se solicita recopilar de forma urgente los datos económicos de los menores extranjeros y, en otro, identificar a las entidades que han criticado la decisión. “Esto es coacción a las entidades que están cumpliendo con su trabajo”, ha asegurado. “No solo se señala a unos menores por su origen, también a quienes se atreven a discrepar”. Además, ha anunciado que el PSOE solicitará la intervención de la Justicia de Aragón al considerar que la decisión vulnera la normativa vigente.

CHA denuncia a Nolasco por delito de odio

Las críticas también han llegado desde Chunta Aragonesista, que este martes ha presentado una denuncia ante la Fiscalía contra el vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, al apreciar un posible delito de prevaricación y otro de odio por la instrucción que retira la asignación semanal a los menores extranjeros tutelados mientras la mantiene para los españoles. La formación ha solicitado además la suspensión cautelar de la medida.

Su presidente, Jorge Pueyo, ha acusado a Nolasco de actuar “por racismo y xenofobia” y ha cuestionado que la supresión de la ayuda afecte únicamente a los menores extranjeros. “Si el señor Nolasco considera que estas asignaciones son injustificadas, ¿por qué las elimina exclusivamente para los menores extranjeros?”, se ha preguntado. A su juicio, una vez que Aragón asume la tutela de un menor, también adquiere la responsabilidad de garantizar su protección y autonomía, “porque bajo la tutela del Gobierno de Aragón no debería haber menores de primera y menores de segunda”.

Pueyo considera que la instrucción vulnera la Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y la legislación aragonesa, además de provocar “el señalamiento público de un colectivo especialmente vulnerable”. También ha rechazado que Vox justifique la medida con el supuesto ahorro económico para crear plazas residenciales para mayores. “El mismo Gobierno que perdona cientos de millones en impuestos a grandes empresas ahora se dedica a recortar 17 euros a la semana a unos chavales. Es cuestión de prioridades”, ha afirmado.

Izquierda Unida también ha cargado contra el Gobierno de Aragón y ha exigido a Jorge Azcón que frene una medida que considera “racista, inconstitucional y moralmente miserable”. La coordinadora de la formación en Aragón, Marta Abengochea, ha acusado a Vox de utilizar a la infancia migrante “para alimentar el odio” y de convertir las instituciones “en una herramienta para enfrentar a la sociedad aragonesa”.

Abengochea ha recordado que la asignación semanal forma parte de los recursos que utilizan las entidades sociales para favorecer la integración, la autonomía y la transición a la vida adulta de los menores tutelados. “Retirarles esa pequeña asignación no mejora absolutamente nada. No favorece la convivencia, no mejora la integración y no contribuye a construir una sociedad más segura. Solo sirve para estigmatizar y castigar”, ha afirmado. Asimismo, ha respaldado la decisión del Ministerio de Juventud e Infancia de acudir a la Fiscalía al considerar que la medida podría vulnerar derechos fundamentales.

La dirigente de IU también ha dirigido sus críticas contra Azcón por intentar desvincularse de una decisión adoptada por uno de sus vicepresidentes. “¿Dónde está el señor Azcón? No puede esconderse detrás de un departamento cuando fue él quien decidió colocar al señor Nolasco al frente de esta consejería”, ha afirmado. En su opinión, el presidente debe aclarar si comparte una medida que, según ha dicho, “rompe el principio de igualdad, criminaliza a menores por su origen y sitúa al Gobierno de Aragón en una posición incompatible con los valores constitucionales”.

En la misma línea, el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha sostenido que el presidente aragonés “no puede escudarse” en que la decisión corresponde a Vox porque la Ley de Presidencia le convierte en el responsable de coordinar la acción del Ejecutivo. “Él tiene que responder por todo este tipo de medidas”, ha afirmado, antes de insistir en que la retirada de la asignación a los menores extranjeros tutelados tiene “muy difícil sustento jurídico” y recordar que el Ministerio ya ha trasladado el caso a la Fiscalía.