“La brigada política no existió”.

“La operación catalana de verdad fue la del referéndum ilegal”.

“La Operación Cataluña es el invento de un periodista”

Estas tres afirmaciones han sido reproducidas, con casi idéntica literalidad y de forma recurrente, por los miembros del Gobierno de Mariano Rajoy que han comparecido ante la comisión de investigación de la Operación Cataluña en el Congreso de los Diputados, así como por el portavoz del actual Partido Popular ante la misma, Rafael Hernando. Ni una reciente sentencia judicial del Tribunal Supremo, ni los testimonios y documentos aportados a distintas causas judiciales, ni la asunción en sede parlamentaria de aquellas maniobras parapoliciales por algunos de sus protagonistas han movido ni un milímetro a los ministros del PP de su tesis negacionista acerca de la última guerra sucia en España. 

La interpretación de la realidad ha alcanzado el paroxismo en determinados pasajes de las comparecencias. Los portavoces esperaban la explicación de Jorge Fernández Díaz a su mentira sobre que no conocía al comisario Villarejo, habiendo defendido en visitas anteriores a la Cámara Baja que había saludado en dos ocasiones jamás se había reunido con él. Después de esa afirmación, El País publicó una grabación en la que Fernández Díaz dice a Villarejo: “Negaré bajo tortura que esta reunión ha existido”. Pese a ello, Fernández Díaz insistió en la mentira y aludió a “las maravillas de la inteligencia artificial” para arrojar dudas sobre la autenticidad de la grabación.

Este mismo lunes, la que fuera vicepresidenta única del Gobierno y responsable político del CNI, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo que el único informe PISA que conoció en su época de Gobierno fue la evaluación de la Unión Europea sobre la situación del sistema educativo en cada país miembro, ignorando el dosier Pablo Iglesias Sociedad Anónima (PISA) que tantos titulares dio a los medios afines a aquel Gobierno, cuyo Ministerio del Interior reconoció la autoría.

En cuanto a la forma de trasladar el mensaje negacionista hubo matices. Del circunloquio a la mentira evidente en el caso de Fernández Díaz pasando por la arrogancia de Mariano Rajoy, quien despachó con displicencia las intervenciones de los portavoces parlamentarios independentistas y de la izquierda. Ante la pregunta de Ione Belarra de si los estaba tomando por tontos al negar las evidencias, Rajoy replicó: “Con su permiso, no voy a responder a esa pregunta”.

La operación Cataluña es, a día de hoy, la única de las tres grandes ofensivas contra la oposición que practicó el Gobierno del PP que no ha motivado una gran causa judicial. Las maniobras contra el ex tesorero del PP Luis Bárcenas para salvar a la formación del caso de la caja B serán juzgadas dentro de un año en la Audiencia Nacional. En el banquillo se sentarán dos de los protagonistas que han comparecido en el Congreso por la operación Cataluña, Fernández Díaz, y su número dos, Francisco Martínez. Se enfrentan a 15 años de cárcel. 

Los informes falsos y las maniobras de intoxicación contra Podemos centran otra causa en la Audiencia Nacional, está en fase de instrucción y con un amplio recorrido por delante, si se atiende a los avances y vías abiertas en las últimas semanas. El ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, es el principal investigado. 

Pero la Operación Cataluña no tiene causa propia pese a haber aparecido en procedimientos seguidos en la Audiencia Provincial de Madrid, las piezas del caso Villarejo en la Audiencia Nacional, dos juzgados de Andorra y otros de Cataluña. Recientemente, el Tribunal Supremo ha confirmado la condena al director operativo de la Policía durante la primera legislatura de Rajoy, el comisario Eugenio Pino, por revelación de secretos. 

El comisario Pino intentó impulsar la causa contra los Pujol introduciendo información que había sido previamente robada. Los hechos probados representan un recorrido por las prácticas del término periodístico y político ‘Operación Cataluña’, pero que no sea mencionada de ese modo en la resolución sirvió a Rajoy y a Soraya para negarle la categoría de reconocimiento judicial a aquellas maniobras. 

Esa ausencia de una gran causa judicial sobre las maniobras contra el separatismo y el apoyo del electorado conservador a cualquier actuación contra los “enemigos de España” han espoleado las intervenciones de Rajoy y sus ministros, que han aprovechado sus intervenciones para defender la aplicación del artículo 155 en Catalunya. 

Montoro: “Para Operación Cataluña, la de su rescate”

El que fuera ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, versionó la tesis de que la única operación Cataluña fue el desafío soberanista. “De operación Cataluña solo conozco una, la de su rescate”, dijo respecto de la aplicación del Fondo de Liquidez Autonómica. “Quien dejó a Cataluña en quiebra fue el tripartito catalán (PSC, ERC e ICV) y provocó una crisis fiscal formidable”, añadió. 

Solo el número dos de Interior Francisco Martínez, ex militante del Partido Popular y hoy enfrentado al mayor desafío judicial de cuantos han comparecido, se prestó a explicar su negación de la Operación Cataluña. “Lo que hace el Ministerio del Interior es identificar un riesgo que compromete el orden constitucional [en alusión al proceso soberanista en Catalunya] y que, desde el punto de visa de la seguridad, pueda provocar delitos. Entonces, el Estado actúa. Pero si estamos hablando de una estrategia escrita con un desarrollo como la Estrategia de Seguridad Nacional o contra la Ciberdelincuencia, eso [la Operación Cataluña] no existe”, explicó. 

A la pregunta de la portavoz de ERC, Pilar Vallugera, sobre la existencia de un “deep state (estado profundo)”, Francisco Martínez respondió: “Yo no lo llamaría así, pero los ministros llegan con un tren que está en marcha a la velocidad del AVE y que tiene que seguir haya el ministro que haya. No me consta el 'deep state' pero los Cuerpos, en su parte operativa, tienen que actuar con cierta o mucha autonomía respecto de los responsables políticos en cada momento”.

La incredulidad de los portavoces de los grupos hacía que algunos apelaran al delito de falso testimonio. No tuvo ningún efecto. Sáenz de Santamaría dijo que nunca había recibido un informe del Centro Nacional de Inteligencia sobre político catalán alguno. 

En esta coyuntura, la respuesta a qué hacían allí los ex ministros del Partido Popular fue ofrecida por el portavoz de la formación en esta comisión, Rafael Hernando, quien aseguró en dos de sus intervenciones que la Operación Cataluña fue “el invento de un periodista”.

Cuatro años después de la aplicación del artículo 155 de la Constitución para intervenir la Generalitat de Catalunya, las derechas vuelven a agitar el mecanismo que permite al Gobierno central hacerse con competencias autonómicas. Esta vez, a cuenta de la decisión del Tribunal Supremo de inadmitir un recurso del Govern contra las sentencias que obligan a fijar en el sistema educativo catalán un mínimo del 25% de clases en castellano. El líder del PP, Pablo Casado, ha exigido este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que active el procedimiento para asumir las competencias en Educación, y le ha ofrecido el apoyo de los senadores de su partido. Ciudadanos también ha hecho la misma petición.

La consecuencia de la providencia del Supremo, hecha pública el martes, es el final del sistema de inmersión lingüística tal y como estaba diseñado. Un modelo que ha estado en la picota judicial desde la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto, emitida en 2010. Desde entonces han gobernado a nivel estatal los dos principales partidos, el PSOE y, sobre todo, el PP.

Casado acudió este miércoles a la puerta de la Delegación del Gobierno de Madrid, donde un puñado de policías nacionales se concentraron contra la reforma de la ley mordaza. El presidente del PP llegó, hizo declaraciones, un par de fotos y se volvió a marchar de un acto donde coincidió con el líder de Vox, Santiago Abascal, y los dirigentes de Ciudadanos Edmundo Bal y Begoña Villacís. Ninguno se cruzó palabra, al menos en público. De hecho, Casado y Abascal no estuvieron ni juntos en la foto oficial con los convocantes. Entre los asistentes destacaban las banderas de España y del pseudosindicato del partido ultraderechista.

“La Generalitat ya ha dicho que no va cumplir la resolución del Supremo y ha derivado la responsabilidad a los centros”, arrancó Casado, quien señaló a continuación la responsabilidad del Gobierno de coalición de “hacer cumplir las sentencias”. “Si la Generalitat se declara en rebeldía, Pedro Sánchez tiene que hacer todo lo que esté a su alcance para que se cumpla”, continuó. “Le ofrecemos los votos para que España aplique directamente esa sentencia en la Educación en Catalunya”, añadió, para concluir que, si no lo hace, “Sánchez podría estar prevaricando”. “Le ofrezco los senadores para aplicar el 155”, zanjó.

También la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha reclamado que se aplique el 155 y, de hecho, ha arremetido contra el PP por intentar apropiarse de esta propuesta. “Bienvenidos, porque el PP levantó el 155 en 2018 cuando todavía no se cumplían las sentencias, se adoctrinaba”, aseguró en una declaración en el Congreso. “Que actúen, porque nosotros ya advertimos de que no se habían solucionado los problemas”, ha añadido.

De hecho, en mayo de ese año, el por entonces líder de Ciudadanos reclamó al presidente del Gobierno, un Mariano Rajoy al que apenas le quedaban días en la Moncloa aunque por entonces no lo sabía, que extendiera la aplicación del 155 para controlar los Mossos, TV3, las finanzas y la política exterior de Catalunya.

Para entonces ya había un nuevo Govern en la Generalitat. Tras las elecciones de diciembre del 2017, convocadas por el Gobierno central precisamente en aplicación del 155, Junts, ERC y la CUP mantuvieron la mayoría absoluta del Parlament, pese a que Ciudadanos ganó aquellos comicios. Arrimadas fue la candidata, aunque en 2019 desembarcó en el Congreso para acompañar a Albert Rivera en la doble cita electoral de aquel año.

Aquella fue la época con los mejores resultados electorales de Ciudadanos: triunfo en Catalunya y tercera fuerza en el Estado, con 57 escaños, en abril. En la repetición de noviembre se desplomaron hasta los 10 diputados, por detrás incluso de ERC.

En cuanto a Vox, mantiene su posición maximalista. Si el pasado 10 de septiembre Abascal pidió un “155 permanente” que no tiene cabida en la Constitución, el martes dijo querer “suspender la autonomía” catalana.

De hecho, la aplicación del artículo 155 de la Constitución establece una serie de requisitos entre los que están, por ejemplo, que el Gobierno debe especificar qué se está incumpliendo por parte del ejecutivo autonómico, así como las medidas concretas que se quieren poner en marcha desde la administración central. La tesis de una aplicación generalizada o inconcreta que esgrimen Ciudadanos y Vox no tiene mucha cabida.

Para ponerlo en marcha es necesario el apoyo de la mayoría absoluta del Senado. En 2017 el PP la tenía, pero aún así el PSOE le dio su apoyo. Ahora, sería imprescindible que ambos partidos sumaran sus votos para llegar a la mitad más uno de los senadores, toda vez que es impensable que grupos como el de ERC o el del PNV se prestaran a promover la iniciativa.

La ofensiva de las derechas se produce justo cuando el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos han cerrado la mayoría parlamentaria necesaria para aprobar los Presupuestos de 2022, que recogen ya las inversiones de los fondos europeos y que dotan a la legislatura de estabilidad para que Sánchez la alargue, si quiere, hasta su final natural previsto para 2023.

El Gobierno, de momento, ha señalado que es la Generalitat de Catalunya la que debe hacer cumplir las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad. Pero el Govern ya ha dicho que no tiene intención de hacerlo, lo que puede anticipar una disputa entre ambos ejecutivos. Si la aprobación de las cuentas públicas del año que viene no peligra, sí lo hace el apoyo a otras materias. Por ejemplo, Pedro Sánchez ya asume el retraso de la Ley de Memoria precisamente por no poder atraer a ERC, que la consideraba insuficiente.

Pero en la agenda legislativa del Gobierno hay cuestiones cruciales, como la derogación de la reforma laboral o la redefinición del sistema de pensiones, para las que PSOE y Unidas Podemos sí precisan de los votos de los independentistas catalanes, entre otros. Y ambas forman parte de las leyes que España ha comprometido ante Europa.

La ministra de Educación, Pilar Alegría, aseguró este miércoles que “hay que ejecutar la sentencia porque es firme”. Desde el Ministerio apuntan que le corresponde al TSJC, y no al Gobierno, instar a que se aplique la resolución judicial, de acuerdo con la ley 29/1998 de la jurisdicción contenciosa administrativa. Si en dos meses no se cumpliese la sentencia y la Generalitat persistiese en la desobediencia, entonces las partes afectadas sí podrían solicitar la ejecución forzosa. También el líder del PSC, Salvador Illa, ha reclamado que se cumplan las sentencias.

Durante esos dos meses las derechas ejercerán una gran presión sobre el Gobierno, tal y como ha puesto de manifiesto la reacción a la resolución del Supremo. Pero ya será en otros escenario, con los Presupuestos aprobados y una tensión menor sobre Moncloa.

A veces pueden faltar las palabras comedidas o ecuánimes para describir una situación rayana en lo ridículo. La actual mortandad de vida en el Mar Menor es una de ellas, sobre todo si se tienen en cuenta las recientes tomas de postura y evaluaciones tanto de los portavoces del Gobierno regional, como de los llamados científicos que siguen integrados en ese comité ad hoc que tan buenos servicios está prestando a los gobernantes murcianos… y a la agroindustria en general.

Que se sepa, repasando la legislación vigente en el Estado español, es decir, en el Estado de las Autonomías, al ejecutivo murciano corresponden, entre otras y como al resto de gobiernos autónomos, las competencias político-administrativas en materia de a) Agricultura y Ganadería; b) Protección del Medio Ambiente; c) Ordenación del Territorio y Litoral; d) Vertidos de tierra a mar; e) Depuración de aguas; y f) Autorizaciones y concesiones de aguas dentro del territorio de la comunidad autónoma.

Por tanto, lo que parece no ser más que una panda de amiguetes circunstanciales reunidos en torno a Fernando López Miras -panda que dizque nos gobierna- es tan responsable de esos seis rubros como lo es de la Sanidad, la Educación o los Servicios Sociales, por referir algún paralelismo fácilmente comprensible.

Algunos de esos coleguis, especialmente quienes detentan, y no ostentan, las funciones de Agricultura y Medio Ambiente y Ordenación del Territorio –-éase, los consejeros Luengo y Díez de Revenga- llevan meses alardeando y refregándonos por las narices la supuesta y pretendida mejora de las aguas del Mar Menor, a pesar de que no se ha puesto coto en modo alguno a las causas reales y últimas del ecocidio que sufre la laguna interior que fue y debería seguir siendo la joya de la corona ambiental y turística de Murcia.

La catástrofe mortífera de vida marina de octubre de 2019 se está repitiendo ahora -ya llevamos casi una semana- sin que desde aquel entonces los responsables, o sea, el gobierno autónomo que tiene transferidas las competencias pertinentes, haya sido capaz de reorientar mínimamente la contaminación de la laguna debida a escorrentías agrícolas de abonos con fosfatos y nitratos procedentes del Campo de Cartagena que circunda el Mar Menor. Además de las de malolientes purines producidos por los tres cuartos de millón de cerdos que engordan en el entorno de la laguna.

Y resulta que al mandatario murciano, tras resucitar de su molicie estival al tercer día del episodio mortífero y andar en lancha sobre las aguas, lo único que se le ocurre es repetir corregida y aumentada la rancia cantinela de que la culpa es del cha-cha-cha y de que quiere “las competencias de costa y cuenca” y de que se irá al juzgado si Pedro Sánchez -que, como Zapatero, tiene la culpa de todo- sigue comportándose, según el egregio lorquino, como el perro del hortelano: ni come ni deja comer.

Si estuviéramos en una región seria, esa visión del presidente autonómico debería ser tachada de surrealismo gamberro, más propio de adolescentes irresponsables cuyo principal objetivo es escandalizar al público bienpensante y eludir responsabilidades antes que gestionar de forma mínimamente coherente los problemas que se presentan.

Hay más, porque su solución de urgencia para paliar el corriente agravamiento del ecocidio marmenorense está calcada de lo que propuso VOX tras la mortandad de peces de octubre de 2019: dragar la gola de Marchamalo para aumentar el intercambio de aguas entre la laguna y el Mar Mediterráneo. Vemos así que, de nuevo y una vez más, ante cualquier dificultad seria que afronta, López Miras se echa en manos de la extrema derecha y de cualquier arribista sin escrúpulos dispuestos a rubricar sus ridículas boutades y, también, apuntalarlo ad aeternum en la poltrona de San Esteban.

Con semejantes “soluciones” y con reacciones cortoplacistamente insensatas, tanto como con la continua elusión de actuaciones políticas eficientes, lo que está pidiendo a gritos desde hace tiempo el Ejecutivo murciano no son precisamente más competencias, sino todo lo contrario: que desde el Gobierno del Estado se le aplique parcialmente el artículo 155 de la Constitución para retirarle las potestades administrativas que tiene y no quiere o no sabe usar. Visto lo visto, sólo así será posible un intento serio de revertir el ecocidio del Mar Menor. El tiempo corre y se va agotando. Vale.

Ni el Gobierno ni la Corona tuvieron nada que ver en el cambio de las sedes sociales de Banc Sabadell y CaixaBank durante los primeros días de octubre de 2017. Al menos así lo aseguran sus dirigentes. Los responsables de ambas entidades han comparecido este martes en la comisión del Parlament sobre los efectos del artículo 155 para insistir en que no recibieron presiones de ningún tipo. “La decisión fue puramente técnica y no política”, ha asegurado Josep Oliu, presidente del Banc Sabadell. “La situación era excepcional”, ha remachado Jordi Gual, presidente de CaixaBank.

Durante la primera semana de octubre de 2017, las retiradas de depósitos del Banc Sabadell alcanzaron los 4.600 millones de euros. En el caso de CaixaBank, eran “exponenciales” y ascendieron a 7.000 millones. “Todos los indicadores estaban en rojo”, ha señalado Oliu. “Había inquietud por una posible salida de Catalunya de la Unión Europea”.

Oliu y Gual han comparecido en la cámara catalana junto a Isidre Fainé, histórico presidente de CaixaBank y actualmente presidente de la Fundación de la misma entidad. A pesar de que Fainé ha empezado su comparecencia asegurando que él no tiene poder de decisión sobre la entidad porque está en la fundación y ambas están separadas, ha estado continuamente matizando o añadiendo información a las respuestas de Gual.

Tanto Gual como Oliu han insistido en que las retiradas de depósitos que les empujaron a cambiar la sede venían de clientes particulares. Ambos han negado que la administración o empresas públicas participaran en esa retirada de depósitos y el líder del Sabadell ha afirmado que durante ese octubre los fondos provenientes del sector público incluso aumentaron en 1.000 millones. También ha concretado que el 57% de las retiradas de fondos pertenecían a clientes catalanes.

Oliu ha explicado que el 5 de octubre de 2017, tras decidir cambiar la sede del banco a Alicante, se reunió en primer lugar con Oriol Junqueras, en ese momento vicepresidente y conseller de Economía. Posteriormente se vio con Carles Puigdemont y llamó por teléfono a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell y al ministro de Economía, Luis de Guindos. Tras contactar a los representantes públicos, comunicó la decisión al Banco de España y al Banco Central Europeo.

“Fue una decisión extraordinariamente difícil”, ha proseguido el máximo dirigente del Sabadell. “Fue muy frustrante para mí y nadie lo lamentó más que yo: soy catalán de toda la vida”. Gual ha hablado en los mismos términos y ha señalado que la prioridad de CaixaBank era proteger los ahorros de sus clientes y los puestos de trabajo. “Eso fue lo que guió nuestro comportamiento”, ha insistido. “No formamos parte de ningún contubernio ni estratagema”.

Fainé, por su parte, ha recordado que lleva trabajando en la banca desde los 19 años. “Los temas de confianza o se matan rápido o el problema se hace cada vez mayor”, ha espetado para justificar la decisión de su banco de trasladar la sede a Valencia. “Para mi los ahorros son sagrados y no se puede jugar con ellos”.

Ambas entidades rechazan volver a Catalunya

Tanto Oliu como Fainé y Gual han descartado, por el momento, devolver las sedes sociales de sus entidades a Catalunya. “Estamos muy bien en la sede de Valencia”, ha respondido Gual.

Oliu ha señalado en la misma dirección y ha descartado que el Sabadell vuelva a radicar su sede social en Catalunya. “Cuando uno cambia la sede social es porque suceden cosas graves, para volverla a cambiar probablemente debe haber motivaciones importantes”, ha asegurado. “Ahora mismo no se dan las circunstancias ni está sobre la mesa un posible retorno”.

Con todo, Oliu ha matizado que “el futuro siempre da muchas vueltas” y ha recordado que el principal centro corporativo de su entidad sigue estando en Sant Cugat (Barcelona). “La sede histórica es y seguirá siendo Sabadell”, ha añadido.

Las últimas elecciones catalanas que se celebraron el 20 de diciembre de 2017 fueron convocadas por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que había destituido al Govern y disuelto el Parlament haciendo uso de las medidas aprobadas por la Senado en aplicación del artículo 155 de la Constititución.

Las próximas elecciones han sido anunciadas ya por el president Quim Torra, pero serán convocadas “de facto” por el Tribunal Supremo (TS) en el momento en que anuncie la fecha en la que hará pública la sentencia, en la que muy probablemente confirmará sentencia de inhabilitación del president dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

A partir de ese momento, el president Quim Torra sabrá que ha perdido el control de la prerrogativa de la disolución, de la que únicamente podrá hacer uso antes de que su inhabilitación sea definitiva.

Más de dos años después de hacer uso del artículo 155, no solamente no se ha vuelto a la normalidad previa a la aplicación del mismo, que era la finalidad que se decía perseguir, sino que se ha generado una nueva normalidad, que no puede ser aceptada como tal, pero de la que cada vez resulta más difícil salir. La forma en que se van a convocar las nuevas elecciones es un botón de muestra. Por segunda vez consecutiva una operación central en el sistema democrático, como es la convocatoria electoral, se produce de forma anómala.

Es lo que suele ocurrir con la aplicación de las normas de excepción. Que se sabe cómo se entra, pero no cómo se sale. En teoría se trata de un instrumento para volver a la normalidad, pero su aplicación suele alterar la normalidad sobre la que se proyecta de tal manera que, cuando se quiere dar marcha atrás, no hay normalidad a la que volver.

Es lo que ha pasado en Catalunya. El remedio del 155 se ha acabado convirtiendo en peor que la enfermedad que con el mismo se pretendía combatir. Si en lugar de destituir al Govern y disolver el Parlament, se hubiera forzado que fuera el president Puigdemont el que disolviera y convocara elecciones, reconociendo con ello de manera implícita el fracaso de la aventura de la convocatoria del referéndum de independencia, teniendo que gestionar las tensiones entre los propios partidos nacionalistas (las famosas 155 monedas de plata de Gabriel Rufián) y obligando a los ciudadanos catalanes a emitir un juicio en caliente sobre la irresponsabilidad de la acción del Govern y del Parlament, se decidió tirar por la calle de enmedio y activar el 155. Y no solamente eso, sino que a la destitución del Govern y disolución del Parlament se anudaría sin solución de continuidad la interposición de querellas, que quebraron la posibilidad misma de que de las elecciones catalanas convocadas para el 20 de diciembre pudiera salir una legislatura con una apariencia mínima de normalidad.

Con la perspectiva que proporciona el tiempo transcurrido, se ve claro que recurrir al artículo 155 fue un error. En el mes de octubre quedó de manifiesto que la independencia había sido un “espejismo”, una “ilusión óptica” (Diccionario de la RAE), que se había diluido al contacto con la realidad. Se debía haber dejado que los propios ciudadanos tuvieran que hacer el ajuste de cuentas con el fracaso al que sus propios dirigentes los habían llevado y que aprendieran que los “límites constitucionales-estatutarios” son los propios elementos constitutivos del derecho a la autonomía. Que sin ellos no es posible el ejercicio del derecho a la autonomía. Y que la relación de fuerzas entre el Estado y la Comunidad Autónoma no permitía aventuras desconocedoras de dichos límites.

Tanto desde las instituciones catalanas como desde las españolas se tiene que hacer una revisión de lo que se ha hecho y contraer el firme propósito de no volver a tropezar en la misma piedra. Pues, si la independencia y la República catalana fue un espejismo, la pretensión de resolver el problema que la persecución de tal espejismo había provocado, mediante la aplicación del artículo 155 y el recurso simultáneo a los tribunales de justicia no lo era menos.

De hecho, las consecuencias de la aplicación del 155 han resultado ser mucho peores que las de la convocatoria del referéndum. Y mucho más prolongadas en el tiempo.

Hace tres años, Oriol Junqueras soltó una frase en una entrevista en RAC-1 que se acabó convirtiendo en una especie de mantra en ERC y en un lema para sus colaboradores: “El junquerismo es amor”. A la práctica, este eslogan más propio de un manual de autoayuda que de un argumentario político, se traducía en no responder en público a los ataques de los adversarios (ni tampoco a los de los socios de gobierno) y en intentar no dar titulares a los periodistas. Desde ese 11 de enero del 2017, la vida de Junqueras ha cambiado mucho, cabría pensar que a peor, aunque escuchándole este martes en su comparecencia en el Parlament puede llegarse a la conclusión de que o bien es un buen actor o lleva su estancia en la cárcel mejor de lo que sería natural.

Aquí van tres de las frases que dejó caer, como siempre sin papeles, en su intervención ante los integrantes de la comisión que investiga la aplicación del artículo 155 y que sirven para ilustrar el estado de ánimo del que fuera vicepresidente del Govern: “Estoy feliz, como casi siempre”, “no tenemos miedo, no lo hemos tenido nunca y menos ahora; la cárcel es un paso más hacia la libertad” y “no deseamos nunca ningún mal a nadie”.

Donde reina el amor, sobran las leyes, escribió Platón, y Junqueras hizo suya esta máxima al dedicar muy poco tiempo a hablar del 155 y, en cambio, mucho a filosofar. Apareció Séneca y su zasca a Nerón: “Tu poder radica en mi miedo: ya no tengo miedo, tú ya no tienes poder”, y también Thoreau, el empresario y filósofo norteamericano que se ha convertido en uno de los nombres preferidos de los presos independentistas por ser un ideólogo de referencia de la desobediencia civil.

Junqueras, arropado por la plana mayor de ERC, con su mujer Neus discretamente sentada entre ellos, y con el actual vicepresidente y delfín, Pere Aragonès, a su lado, acudió al Parlament a proclamar que los republicanos han decidido que enarbolan la bandera del diálogo (la expresión es suya) y que no piensan amedrentarse (como demostraron el día anterior al plantarle cara al presidente Torra). Eso sí, con el mismo tono del profesor que nunca ha dejado de ser, ese estilo que tanto gusta a los suyos y que pone de los nervios a sus adversarios, evidenció que la bandera del diálogo no es una bandera blanca e insistió en que su apuesta sigue siendo la celebración de otro referéndum. 

Descontada la cúpula y los asesores de ERC, la mayoría de los presentes en la sala en la que se celebró la comisión habían hablado en algún momento con Junqueras durante estos más de dos años que lleva en la cárcel. Es el caso del diputado de los 'comuns' en el Congreso Jaume Asens, –al que le tocó estar en la misma fila que a Pilar Rahola– o de los periodistas que estaban en la sala.

En cambio, para los diputados de Ciudadanos era la primera vez que tenían delante a Junqueras desde que entró en prisión. A diferencia de socialistas y populares, que no asistieron ni a esta ni a ninguna de las sesiones anteriores de esta comisión, los de Ciudadanos hicieron una excepción. Aunque solo fue un ratito porque ni siquiera se quedaron a escuchar la respuesta de Junqueras a sus preguntas.   

Lorena Roldán, en una intervención íntegramente en castellano (había muchas cámaras y no solo de medios catalanes) denunció que el líder de ERC no hubiese pedido perdón en todo este tiempo y le espetó que no es ningún mártir. “¿No se arrepiente del daño provocado a los catalanes?”, le preguntó sin esperar a ver qué le contestaba Junqueras. La respuesta posterior fue que no tenía inconveniente en excusarse ante los ciudadanos a los que pudiese haber causado “malestar”. Sonó a excusatio non petita pero es más de lo que han reconocido otros artífices del procés.

Junqueras fue la estrella de la jornada, como se comprobó en la expectación creada. El resto de presos que desfilaron después por la comisión dejaron un mensaje incómodo sobre todo para los que, fuera de la cárcel, toman ahora las decisiones. Jordi Turull fue uno de los que habló más claro para recriminar el espectáculo dado por los partidos independentistas el día anterior en el Parlament. “Ahora sí que me meteré en un avispero: en prisión, cuando vivimos momentos tristes es cuando vemos episodios como el de ayer [por el lunes]. Si quieren que encerrados en la celda seamos más felices, ya sé que no es lo que debería decir, pero episodios como los de ayer, por favor, no los hagan; están a tiempo”, lamentó el que fuera conseller de Presidència.

Quim Torra no estaba en la sala para escucharle. Había recibido a primera hora a los presos a su llegada a la Cámara, con abrazo incluido a Junqueras, pero a media mañana se trasladó al Palau de la Generalitat para empezar a deshojar la margarita. Son más los que le piden que no convoque aún las elecciones aunque la última palabra solo la tiene él.

Lo que Torra no podrá ofrecer a los presos de JxCat ni a los votantes que estos días se lamentan es la unidad independentista que reclaman para que no se repitan días “tristes”, que es como calificó Quim Forn el pleno de este lunes. “No necesitamos peleas de postureo”, remató Dolors Bassa. Nunca hubo unidad, tampoco cuando Junqueras, Turull, Forn y Bassa compartían gobierno. Pero entonces había un objetivo común, celebrar el 1-O, gente en la calle animándoles y un esfuerzo por intentar disimular en público las diferencias.

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha advertido al Gobierno central de que no va a negociar “la libertad y los derechos de los padres de la Región de Murcia, ya que eso es innegociable”, en referencia al 'pin parental' y le ha sugerido que mire a Cataluña si quiere aplicar el artículo 155 de la Constitución.

De esta forma se ha referido López Miras al requerimiento del Ministerio de Educación, que dirige Isabel Celáa, que da un mes a Murcia para que retire el 'pin parental' o llevará a la Región a los tribunales.

El presidente murciano ha lamentado que cada día intenten “subir el tono desde el Gobierno, el PSOE y Unidas Podemos para que no se hable de lo que se tiene que hablar, y es de cómo están poniendo al servicio de los intereses de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias las instituciones, y de cómo han nombrado a una diputada del PSOE fiscal general del Estado”.

Asimismo, ha calificado de “barbaridad” el planteamiento de la futura delegada del Gobierno para la Violencia de Género y todavía diputada de Podemos Victoria Rosell, quien ha puesto sobre la mesa este lunes la posibilidad de aplicar al Gobierno de Murcia el artículo 155 de la Constitución si el Ejecutivo autonómico sigue adelante con el 'pin parental'.López Miras le ha advertido de que “se ha equivocado de ventanilla”.

“Ante los que tienen que depositar toda la acción de la justicia no es ante los padres y madres de la Región de Murcia, sino ante aquellos que han querido romper España desde Cataluña”, ha concluido.

“Guárdate de entrar en pendencias; pero, una vez en ella, obra de modo que sea el contrario quien se guarde de ti”

William Shakespeare, Hamlet

Hubo tiempo para todo. Hubo tiempo para la indignación, para la rabia, para el asco y, cómo no, para la ilusión, la esperanza y el orgullo de millones de españoles que creen posible una sociedad más acorde a sus ideales. Se lo expliqué ya en “Apocalipsis de esperanza” y el sábado ni el discurso de Iglesias, ni el de Garzón, ni los abrazos y los guiños con Sánchez ni la forma de este de enmendar el pasado dejó sin materia a todos aquellos que les depositaron con el voto su ilusión. Habrá glosadores y analistas para todo ello. Yo, sin embargo, voy a detenerme en ese momento en que me quedé helada, paralizada, estupefacta. Ese momento en el que me di cuenta de que todo aquello sobre lo que llevo tiempo alertando, sobre lo que otros compañeros han apuntado en este y otros medios libres y valientes, se materializaba en la tribuna del Congreso.

Me quedé detenida en el momento de LA amenaza.

Y es que el sábado, el presunto líder de un partido de gobierno se subió al púlpito del templo de la democracia para amenazar a sus adversarios políticos con intentar apartarlos del gobierno, no por las normas indicadas para ello en la Constitución, –moción de censura, elecciones– sino mediante la utilización espuria de canales no previstos para ellos. Ayer Casado se subió a la tribuna y amenazó directamente a Sánchez con intentar destituirlo por medios ajenos a los democráticos, obviando que el principio de legitimidad es el fluido que da vida a todo el ordenamiento de un Estado de Derecho democrático.

Se lo traduzco. Casado se permitió amenazar al que opta a ser por medio de la soberanía nacional el próximo presidente del Gobierno, con apartarlo de su cargo utilizando torticeramente los mecanismos jurídicos. Y cuando un tipo se atreve a eso en un Parlamento es porque está muy decidido y, sobre todo, porque está muy seguro de que existe alguna posibilidad de que sus manejos obtengan algún refrendo mediante la prevaricación impune de quien sí puede cometer este delito.

Casado amenazó a Sánchez, y a todos los demás, con utilizar su poder en la sombra para desbancarlo de forma espuria. Eso, o es imbécil. Como no creo lo segundo he de colegir lo primero.

Por eso me quedé helada. La guerra judicial, el lawfare que en estas mismas páginas les avanzaba Escolar, pasó de ser un recurso en la sombra a una amenaza hecha desde la sede de la soberanía nacional. Poca broma. Al menos en un país con verdadera sensibilidad democrática no solo no haría gracia sino que produciría un terremoto de indignación. Hasta de los propios miembros de su partido. Rajoy sabe perfectamente hasta qué punto fue inane la amenaza, pero calla.

Voy a reproducirla íntegra, esa amenaza indigna, porque quizá fue una de las cosas más graves que se escucharon en el Congreso. “Señor Sánchez, si Torra no cesa en su cargo en la próximas horas, usted debería iniciar el requerimiento del cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y si no las acata, debería activar de inmediato el artículo 155 (...) pero si no lo hace le recuerdo que podría estar incurriendo en la prevaricación por hacer resoluciones injustas por rédito electoral y partidista y, en ese caso, le aseguro que actuaremos con la misma firmeza que con Torra” .

No se quién es el malvado que escribió tales frases pero hace falta ser idiota para leerlas en un Parlamento democrático. Sí, idiota. Las pocas líneas precedentes aglutinan tal cantidad de despropósitos democráticos, constitucionales y legales que ya les digo yo que si a mí me escribe eso un asesor le digo que lo lea su padre. Excepto que todo te dé igual, tanto para decirlo como para hacerlo, y ahí reside la gravedad de LA amenaza. En esto lleva razón Torra, porque hoy es él y mañana es Sánchez o cualquier otro. Hoy es el que lleva la máscara del malo y mañana, cualquiera a los que los amos del cotarro se la quieran colocar.

-“Si Torra no cesa de su cargo en las próximas horas...” La resolución de la JEC no ha sido aún notificada. Además de eso, Torra tiene derecho a recurrirla ante la Sala Tercera y a solicitar, como hará, unas medidas cautelarísimas para paralizar la resolución de ese órgano administrativo puesto que su aplicación produciría un daño irreversible. Si la Sala Segunda no lo condenara en la casación ¿cómo volvería a ser president? Más allá del despropósito democrático y de los errores jurídicos de la JEC, Casado, como todos, tendrá que esperar a los cauces judiciales previstos. Recuerden cómo la JEC se sacó de la manga la prohibición a Puigdemont de presentarse a los comicios europeos y cómo el Supremo anuló tal despropósito y hoy es eurodiputado. La JEC, por mucho que la controles por la puerta de atrás, no es un tribunal.

-“Usted debería iniciar el requerimiento de sus obligaciones constitucionales”. En ningún sitio se dice que sea tarea del presidente del Gobierno el ejecutar las decisiones ni de órganos administrativos ni de los tribunales. Es una aberración. La única obligación constitucional en juego ahora es la de respetar el sistema de recursos y de sometimiento a la jurisdicción. Un sometimiento al que también se debe la JEC. Los únicos derechos constitucionales en juego ahora mismo son los de Torra a que se le respete el derecho a una segunda instancia penal y a la representación política.

-“Si no lo hace, le recuerdo que podría estar incurriendo en una prevaricación”. Esta frase ya no es de que te hayan regalado el título de Derecho sino de no haber escuchado siquiera una exposición de alguien que sepa algo. La prevaricación consiste en el DICTADO de una RESOLUCIÓN injusta a sabiendas. Pero ¿qué resoluciones dicta o dictaría un presidente del Gobierno en este caso? Casado inventó ayer la prevaricación por omisión de dictado de lo que no te compete dictar. No se puede ser más perverso o más idiota.

Por otra parte, es obvio que el presidente del Gobierno no puede prevaricar. Nadie ha discutido tal cosa hasta ahora, dado que el principio de legalidad impregna todo el ordenamiento jurídico. El presidente del Gobierno como ente individual solo está llamado a: nombrar y cesar ministros, presentar la cuestión de confianza o disolver el Parlamento, todos ellos actos POLÍTICOS en los que no tiene cabida la prevaricación. También le compete dirigir un órgano colegiado cual es el Consejo de Ministros. En la dirección de tal órgano colegiado no cabe tampoco la prevaricación. En una democracia las Cortes no prevarican y el presidente del Gobierno hace actos políticos, pero no prevarica tampoco.

Si Casado ignora todo esto, que no es difícil, sí estoy segura de que está rodeado de muchas personas que lo saben perfectamente. Por eso cuando el líder de la oposición afirma en un parlamento “actuaremos (judicialmente) contra usted” está haciendo una declaración de lawfare, de guerra jurídica, sin precedentes y sin paliativos. Por eso me quedé helada.

Así que esa es la amenaza. Y uno no declara la guerra si no cree que tiene las armas. Y dado que las armas de la legalidad constitucional no juegan en su favor ¿qué otras armas tiene el señor Casado? ¿Cómo se atreve a amenazar en la sede de la soberanía popular al presidente del Gobierno que saldrá de ella con destituirle usando otros métodos que no sean los parlamentarios o las urnas?

Dedicado a todos aquellos jueces y fiscales y juristas de oposición que se molestan cuando alertamos de la batalla sucia en la que les utilizarán de peones.

Desde aquí pido al gobierno surgido del abrazo de la izquierda que esté alerta y que guarde la templanza. Las amenazas no se olvidan pero hay que gestionarlas con toda la inteligencia que sobra en este gobierno que se avecina.

El Senado importa, y mucho. Por ello, es fundamental que, tras el 10 de noviembre, los socialistas revalidemos la mayoría absoluta que nos concedieron las urnas el pasado 28 de abril.

Es cierto que sus competencias son menos conocidas y, por qué no decirlo, reconocidas, que las del Congreso de los Diputados. Sin embargo, en la Cámara Alta se deciden cuestiones muy importantes que influyen directamente en la acción de gobierno y por tanto en la vida de los españoles, y que se desarrolla en tres ámbitos: político, económico y presupuestario, y judicial.

La importancia política del Senado es obvia, ya que es en esta cámara donde se vota la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Al respecto hay una cosa clara; el botón rojo del 155 lo activa quien vulnera el orden constitucional y el Estatuto de Autonomía, por tanto son los líderes independentistas los únicos responsables de su aplicación. Dicho esto, también es evidente que una parte de la derecha lleva tiempo manoseando dicho artículo de forma irresponsable y partidista al exigir su aplicación, con carácter permanente y aunque no existan motivos reales y objetivos para hacerlo.

El presidente Pedro Sánchez lo ha repetido siempre: vamos a garantizar con firmeza el cumplimiento estricto de la Ley. Al respecto, el pasado mes de julio, la sentencia del Tribunal Constitucional estableció los límites explícitos de la aplicación del artículo 155, dándonos la razón a los socialistas. La irresponsabilidad y el uso partidista en un asunto como éste en nada ayuda ni a resolver los problemas, ni a mantener la convivencia, ni a defender la propia Constitución, porque la degrada y la trivializa.

Por ello, es vital que en el Senado exista una mayoría responsable y seria, una mayoría que tenga como prioridad resolver los problemas, fomentar la convivencia, y defender con firmeza, pero también con proporcionalidad, la aplicación del 155 en caso de que exista una razón legal y real para ello. Ni más ni menos.

Y hoy por hoy, esa mayoría solamente la puede representar el PSOE.

La puerta para las políticas de izquierda

También el Senado decide en lo económico y social. Tiene en exclusiva la capacidad de abrir o cerrar la puerta a políticas de izquierdas que devuelvan a los españoles y españolas lo que le hurtó la derecha durante 7 años, ya que tiene la llave, y no hay copia en el Congreso, para aprobar o vetar el techo de gasto. Hablamos nada menos que de dotar a las comunidades autónomas de más fondos para educación, sanidad, políticas sociales o ayudas a la dependencia. 6.000 millones de euros, 2.500 de ellos para las comunidades autónomas, que la derecha hurtó a todos los españoles a finales de 2018 al vetar el techo de gasto con su mayoría absoluta.

Una mayoría con altura de miras en aquel momento habría actuado con responsabilidad y sobre todo con lealtad a los españoles y españolas, poniendo a su disposición esos fondos tan necesarios.

Y hoy por hoy, esa mayoría también solo la puede representar el PSOE.

Por último, es en el Senado donde se nombra a la mitad del Consejo General del Poder Judicial, el máximo órgano de gobierno de los jueces y juezas en España. Es este órgano el que decide, a su vez, el nombramiento de los miembros de los altos tribunales, que son los que juzgan, por ejemplo, los casos de corrupción que afectan directamente al Partido Popular. Esta es una de las razones por las que la derecha quiere recuperar el control del Senado tras el 10 de noviembre, sin embargo es necesaria una mayoría que vele por la Justicia y no por la impunidad.

Y de nuevo, esa mayoría también solamente la representa el PSOE.

Han bastado solo tres ejemplos para mostrar la importancia capital del Senado. Aplicación del artículo 155 de la Constitución, capacidad para poder aumentar la inversión en educación y en sanidad, y el futuro del poder judicial español. Tres razones de peso para evitar que la Cámara Alta vuelva a caer en manos de una derecha que no dudará en utilizar esta institución de manera partidista y como lugar de crispación y veto, dando de nuevo la espalda a la ciudadanía.

Solamente una mayoría socialista, todavía más contundente que la salida de las urnas el pasado 28 de abril, puede garantizar que el Senado sea un lugar de encuentro, una institución para todos y todas, y no un arma para dividir y bloquear España. El 10 de noviembre el Senado también cuenta, por eso hay que inundar las urnas de votos socialistas en las papeletas sepia.

No cabe duda de que el intento nacionalista de constituir Catalunya como un Estado independiente se saldó con un fracaso. Los propios partidos nacionalistas lo reconocieron participando en las elecciones autonómicas catalanas el 20 de diciembre de 2017 convocadas no por el president de la Generalitat, sino por el presidente del Gobierno de España. Han participado después en las elecciones generales del 28 de abril así como en las municipales y europeas del 26 de mayo de 2019, todas ellas celebradas simultáneamente en todos los territorios integrados en el Estado español.

¿Qué ha podido querer decir Pedro Sánchez al urgir al nacionalismo catalán a que “reconozca su fracaso”? ¿No considera suficiente reconocimiento no solamente esta participación electoral, sino la participación en la moción de censura que hizo a Pedro Sánchez presidente del Gobierno? ¿Se ha olvidado Pedro Sánchez de que sin el nacionalismo catalán no hubiera sido presidente? ¿Y que dicha participación se produjo tras la aplicación del artículo 155 y con los dirigentes nacionalistas en el exilio o en prisión?¿Está exigiéndoles que dejen de ser nacionalistas?

La convivencia del nacionalismo español con cualquier otro nacionalismo en general, pero sobre todo, con el nacionalismo catalán en particular no ha sido fácil. Esa difícil convivencia ha marcado la historia constitucional de España. Desde 1812 hasta 1931 el nacionalismo español es el único que ha tenido reconocimiento constitucional. Vinculado siempre a la monarquía y subordinado durante la mayor parte del periodo al principio monárquico-constitucional como fuente de legitimidad del sistema político, que no fue, justamente por ello, un Estado constitucional, sino una monarquía constitucional. De ahí que las constituciones españolas desde la de 1812 en adelante se promulgaran como “Constitución de la Monarquía Española”. No del Estado o de la Nación, sino de la monarquía. Solo nacionalismo español, pero un nacionalismo debilitado, subordinado a la institución monárquica.

A partir de 1931, el nacionalismo español sigue siendo el único reconocido constitucionalmente, pero con dos singularidades que lo diferencian del reconocido anteriormente desde 1812.

En primer lugar, el pueblo español, la nación española, se convierte en la única fuente de legitimidad del Estado, que ahora sí es un Estado Constitucional democrático. Las constituciones dejan de ser de la Monarquía Española. Sin monarquía en la fórmula de gobierno en la Constitución de 1931. Con monarquía en la de la Constitución de 1978. Con una negación de la democracia entre ambas durante el Régimen nacido de la Guerra Civil. /p>

En segundo lugar, aunque los demás nacionalismos hispánicos no obtienen reconocimiento en la Constitución, sí condicionan la estructura del Estado, que deja de ser la de un Estado unitario y centralista, para convertirse en un Estado políticamente descentralizado, “integral” en 1931, “autonómico” en 1978. El nacionalismo catalán ha sido la clave en dicho proceso de descentralización política del Estado.

El nacionalismo español solo ha tenido consistencia para servir de fundamento a un Estado Constitucional cuando ha tenido que convivir con los otros nacionalismos hispánicos en general y, sobre todo, con el nacionalismo catalán. La hegemonía del nacionalismo español sobre los demás ha sido indiscutible, pero sin el reconocimiento constitucional de las “regiones” (1931) o las “nacionalidades y regiones” (1978), no ha podido expresarse de manera democrática.

La democracia en España ha sido el resultado de la confluencia del nacionalismo español con otros nacionalismos, especialmente con el nacionalismo catalán y también, aunque en menor medida, con el vasco. Nunca podremos saber si la democracia se hubiera podido imponer en España sin dicha confluencia, con base exclusivamente en el nacionalismo español, pero el hecho acreditado es que las dos únicas experiencias democráticas se han producido a partir de dicha confluencia.

El fracaso de la democracia es el fracaso de la confluencia del nacionalismo español con los demás nacionalismos hispánicos. Esto es lo que nos estamos jugando casi desde el comienzo del siglo XXI, con el Plan Ibarretxe en un primer momento y con la reforma del Estatuto de Autonomía de Catalunya después. El reto del Plan Ibarretxe se pudo superar sin quiebra constitucional. El de la reforma del Estatuto de Autonomía de Catalunya no ha sido posible. El Tribunal Constitucional, con su sentencia sobre el Estatuto, quebró el pacto constituyente, que exigía el pacto entre el Parlament y las Cortes Generales más el referéndum de los ciudadanos de la nacionalidad catalana para la aprobación y reforma del Estatuto. Desautorizó con dicha sentencia el pacto entre los dos parlamentos y desconoció el resultado del referéndum. Contra esta quiebra del bloque de la constitucionalidad se ha estado rebelando pacíficamente el nacionalismo catalán de manera ininterrumpida. La respuesta del Estado ha sido la callada por respuesta primero y la aplicación del 155 después de forma que doy conocida por los lectores.

El interrogante se impone: ¿estamos ante un fracaso del nacionalismo catalán exclusivamente o ante un fracaso también del nacionalismo español? ¿Se puede gobernar democráticamente España criminalizando al nacionalismo catalán?

Cuando el 5 de mayo de 1978 se inició el debate propiamente constituyente en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, se dedicó la sesión a una valoración general del Proyecto de Constitución publicado en el Boletín Oficial de las Cortes el 17 de abril. No se discutió sobre ningún artículo, sino sobre “la” Constitución, sobre lo que representaba para la España democrática que se pretendía constituir.

En dicha sesión participaron no los portavoces de los grupos parlamentarios, con la excepción de Herrero de Miñón y Manuel Fraga, sino que lo hicieron los presidentes o secretarios generales de los diferentes partidos políticos. No intervinieron Peces Barba o Solé Tura o Raúl Morodo o Roca, sino Felipe González, Santiago Carrillo, Tierno Galván o Jordi Pujol. Fraga ocupaba ambos puestos. No era el grupo parlamentario, sino el partido político el que se posicionaba.

Todos coincidieron en que la Constitución de 1978 sería juzgada en el futuro por la capacidad que tuviera para dar respuesta al problema de la estructura del Estado. Todos los problemas constitucionales eran importantes, pero del éxito de la operación de sustituir el Estado unitario y centralista por otro políticamente descentralizado dependería el juicio final. El Estado unitario y centralista no podía ser la forma de Estado de la democracia española. En la compatibilidad del principio de unidad política del Estado con el ejercicio del derecho a la autonomía de las “nacionalidades y regiones” estaría el secreto del éxito o fracaso de la Constitución. En esto hubo unanimidad.

Construir un Estado a partir de la decisión constituyente del artículo 2 de la Constitución consumió los primeros años de vida de la Constitución y exigió negociaciones políticas difíciles e ingeniería constitucional atrevida. Pero en un plazo relativamente breve se consiguió sustituir el Estado unitario por el Estado de las Autonomías. En 1983 España se había “territorializado” por completo en diecisiete comunidades autónomas. Inmediatamente después se constituirían Ceuta y Melilla como ciudades autónomas.

El bloque de la constitucionalidad integrado por la Constitución y los diecisiete más dos Estatutos de Autonomía ha estado en vigor en la forma en que fue aprobado por los procedimientos previstos en la Constitución sin que se produjera la suspensión de ninguna parte del mismo en ninguna parte del territorio del Estado hasta el mes de octubre de 2017, en que, con la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Catalunya, se produjo la primera quiebra en la Constitución Territorial.

Desde entonces, aunque las medidas aprobadas para la aplicación del 155 han dejado de estar en vigor, la sombra del 155 sigue proyectándose sobre Catalunya. En las últimas elecciones generales celebradas el 28A, los tres partidos de la derecha española, PP, Ciudadanos y VOX, concurrieron con una propuesta de aplicación inmediata y por tiempo indefinido del artículo 155 en Catalunya. Tras la sentencia del Tribunal Constitucional, esa aplicación indefinida ya no sería posible. Pero la amenaza del 155 sigue viva, como el propio presidente en funciones recordó hace unos días en la Cadena SER.

El 155 se ha convertido, o como realidad o como amenaza, en la Constitución Territorial de Catalunya. Lo que en la Constitución figura como excepción, se está convirtiendo, a veces de manera real y permanentemente como amenaza política, en la norma. Formalmente la Constitución Territorial sigue siendo la misma para Catalunya que para las demás Comunidades Autónomas. Materialmente, no es así.

La Constitución del 78 dejó de ser una historia de éxito, en mi opinión, antes de que se produjera la aplicación del artículo 155. La Constitución Territorial había dejado de operar en Catalunya desde la Sentencia del Estatut. Ahí empezó el fracaso de la Constitución. La aplicación del 155 fue la culminación del desorden en que se instaló Catalunya tras dicha sentencia. De aquel desorden procedería el desorden general en el sistema político español a partir de las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015, que nos ha conducido a celebrar cuatro elecciones en cuatro años, dos de ellas por imposibilidad de investir a un presidente del Gobierno. Mi impresión es que vamos a seguir instalados en el desorden tras el 10N.

Los constituyentes del 78 nos avisaron con razón de que en la estructura del Estado nos jugábamos el éxito o fracaso de la Constitución. Así ha sido.

Albert Rivera aún espera la respuesta del presidente en funciones, Pedro Sánchez, a la carta que le envió ayer por la tarde solicitándole una reunión para instarle a que aplique ya el 155 en Catalunya ante el llamamiento de Quim Torra al desacato cuando se conozca la sentencia del procés. Pero ha dejado claro que si finalmente cierra esa reunión con el Jefe del Ejecutivo irá únicamente para tratar ese asunto que considera “de suma gravedad” pero no para negociar a cambio con Sánchez el apoyo o la abstención de Ciudadanos a su investidura. “La defensa de la Constitución no es una negociación, es una obligación de Sánchez aplicarla. No hay que negociar nada”, ha sentenciado Rivera.

Rivera quiere una reunión pese a que ayer Sánchez le llamó “hipócrita” durante el cara a cara que ambos mantuvieron en la primera sesión de control al Gobierno. Además, afirmó que es “un político ausente al que nadie entiende ya, ni dentro ni fuera de su partido”. “No le tengo en cuenta que ayer nos insultara. Le tiendo la mano más allá de sus teatros”, ha señalado el líder de Ciudadanos en la primera rueda de prensa que convoca tras estar en silencio todo el mes de agosto.

Rivera ha argumentado que Ciudadanos no tiene la culpa de que el dirigente del PSOE no logre apoyos para continuar en La Moncloa. “Ni siquiera se quiere reunir con Iglesias. ¿Cómo puede conseguir apoyos sin conseguir negociar ni llamar a su socio de Gobierno? Si fracasa es un fracaso de Sánchez y tomaremos nota. Ha perdido seis meses con teatro y fotos”, ha lamentado, para añadir luego que toda esta escenificación se conocerá “como el extraño caso de Sánchez, que no aceptaría ni siquiera un apoyo gratuito de Podemos”.

“No lo había visto nunca, quiere ser presidente de Gobierno pero no quiere que le hagan presidente de Gobierno. No lo entiendo”, ha afirmado, para sentenciar a continuación: “Está más solo que nunca”.

El ambiente entre ambos dirigentes no es lo que se dice distendido. En el debate europeo celebrado este miércoles Sánchez acusaba a Rivera de “sobreactuar” con la cuestión de Cataluña y, refiriéndose al 155, le dijo que antes tendría que haber “unas Cámaras y un Gobierno que deje de estar en funciones” y que esté “en plenas capacidades”.

Asimismo, le recordó que el PSOE ya apoyó en el Senado esta medida cuando gobernaba Mariano Rajoy, tras el referéndum y la declaración unilateral de independencia de 2017 en Cataluña. Ahora Rivera apela a aquel consenso para volver a aplicar el artículo de la Constitución para evitar que Torra “vuelvas a las andadas”. “¿De verdad vamos a permitir que se incumplan las leyes y que Torra siga llamando a la rebelión y mandando en los Mossos y haga una policía política?”

Rivera ha lamentado que Sánchez ante esta situación “no hace nada, calla y otorga y mira para otro lado”. “Su respuesta es insultar a Ciudadanos y culpar de todo a los constitucionalistas, a los que le pedimos una reunión y tenemos sentido de Estado”, ha añadido.

“Hay que enviarle urgentemente a Torra el mensaje de que no la vais a volver a liar porque no os vamos a dejar”, ha insistido, para lo que ha pedido al presidente en funciones que “es mejor estar juntos” aparcando las posibles discrepancias que tengan en otros temas.

El líder de Cs ha terminado adelantando que si hay una repetición electoral su partido la afrontará “como una segunda oportunidad” para alcanzar la estabilidad que el país necesita.

El pacto suscrito entre Ciudadanos y el PSOE en el Ayuntamiento de Mijas (Málaga) para que ambos gobiernen durante cuatro años, con los socialistas gestionando la alcaldía, incluye 60 medidas de distinto calado para sacar adelante la economía y la sociedad locales, además de la aplicación, si es necesario, del artículo 155 de la Constitución en Catalunya.

Entre medidas como construir un skatepark, finalizar los trámites para licitar la piscina cubierta o fijar nuevos incentivos para las empresas, destaca la primera porque sobrepasa el carácter puramente municipal del resto. En esta localidad malagueña, con más de 80.000 habitantes y cerca de cien millones de presupuesto, el PSOE y Ciudadanos han llegado a un acuerdo de Gobierno que se abre con el siguiente párrafo:

“Defenderemos desde nuestro municipio la unidad de España y el Estado de las Autonomías como garantía de un país de ciudadanos libres e iguales. Contemplamos la utilización de todos los instrumentos de nuestro Estado democrático de Derecho para hacer frente al separatismo y a cualquier amenaza hacia nuestra Constitución, así como para asegurar la convivencia, la protección de los derechos de todos los ciudadanos y la neutralidad de las instituciones y espacios públicos, incluida la aplicación del artículo 155 en Cataluña en caso de que el Govern de la Generalitat siga sin acatar el orden constitucional. Garantizamos el respeto y la visibilidad de los símbolos y enseñas oficiales en todas las dependencias públicas de nuestro Ayuntamiento”.

Tanto PSOE como Ciudadanos consideran que no hay nada llamativo en que el alcalde, Josele González (PSOE), y Juan Carlos Maldonado (Cs) hayan firmado ese documento.

“Lo tenían que firmar para pactar”

Desde el partido naranja se explica a eldiario.es/andalucia que “no es algo extraño ni nuevo, sino que se propuso en base a la decisión de Ciudadanos de que, aunque el PP tiene preferencia en los pactos de Gobierno, donde haya que hablar con otros partidos se alcanzarían un acuerdo en base a este decálogo”.

De este modo, por encima de las propuestas para el desarrollo del pueblo, ambas formaciones han alcanzado el acuerdo para que el decálogo de Ciudadanos forme parte de la base de la firma: “Se dijo desde el principio que se alcanzaría un acuerdo siempre que suscribiesen un decálogo cuyo primer punto fuese ese”.

Josele González asegura que lo que se recoge en el punto 1 “no difiere mucho de nuestros planteamientos a nivel nacional del partido, donde siempre se ha defendido el diálogo y el consenso, pero si no hay solución, hay mecanismos desde la Constitución que son perfectamente aplicables”, explica. “El conflicto catalán nos atañe a todos”, añade.

Fuentes socialistas resaltan el carácter simbólico del párrafo y lo tildan de “anécdota”: “No va más allá”. “Entre tener un acuerdo con 60 medidas para los mijeños y no tenerlo por esto, preferimos tenerlo”, añaden desde el PSOE.

Además, resaltan que se trata de una exigencia genérica de Ciudadanos en todos los acuerdos de gobierno municipales a los que ha llegado. No obstante, la fórmula difiere. En Málaga capital, donde el PP gobierna gracias al apoyo de los dos concejales de Ciudadanos, el texto no es tan concreto, de modo que el acuerdo entre Ciudadanos y PP contempla defender “desde Málaga la unidad de España y el Estado de las Autonomías como garantía de un país de ciudadanos libres e iguales, recurriendo al artículo 155 de la Constitución si fuera necesario”.

El apoyo de Ciudadanos a la investidura de Josele González llegó sobre la bocina, y con casi un mes de retraso respecto a los demás municipios. Él mismo admitió que la misma mañana del 6 de julio pensaba que no sería alcalde. Pero la negativa del PP mijeño, liderado por Ángel Nozal, a una fórmula de cogobierno con Ciudadanos provocó el apoyo in extremis del partido naranja al PSOE.

En ello fue decisiva la animadversión entre Maldonado y Nozal. Maldonado fue alcalde de Mijas en el anterior mandato, cuando gobernó primero con el apoyo del PP, luego con el apoyo del PSOE y Costa del Sol Sí Puede y, finalmente, únicamente con el apoyo del PSOE.

Reparto de competencias

Tanto PSOE como Ciudadanos defienden que se ha llegado a un pacto de gobierno con más de 60 medidas con el objetivo de “dar estabilidad” al municipio.

El equipo de Gobierno lo integran los ocho concejales del PSOE y los seis de Cs. Este último contará con 12 áreas de gobierno, entre ellas las de Infraestructuras y Obras, Urbanismo y Patrimonio, Medio Ambiente y Playas, Turismo y Sanidad y Consumo. También serán responsabilidad del partido naranja Deportes, Servicios Operativos, Atención Ciudadana, Parque Móvil, Extranjeros, Urbanizaciones y Zonas Rurales y Educación, así como la Tenencia de Alcaldía de Las Lagunas.

El PSOE, por su parte, contará con las áreas de Presidencia, Régimen Interior y Asuntos Jurídicos; Seguridad Ciudadana --Policía Local, Tráfico, Bomberos y Protección Civil--; Servicios Sociales, Igualdad, Diversidad y Banco de Alimentos; Limpieza Viaria y Recogida de Residuos; Recursos Humanos; Compras y Contratación; Movilidad, Taxis, Transportes y Aparcamientos; Vía Pública e Inspección; Hacienda, Catastro y Estadística; Fomento del Empleo; Participación Ciudadana y Fiestas; Parques y Jardines; Tercera Edad; Juventud; Medio de Comunicación, Nuevas Tecnologías y Calidad de la Administración; Cultura; Patrimonio Histórico, etcétera. Además, gestionan también la Tenencia de Alcaldía de La Cala.

El pleno del Tribunal Constitucional ha avalado por unanimidad la aplicación del artículo 155 en Catalunya. El alto tribunal ha adoptado su decisión en dos sentencias que desestiman las reclamaciones fundamentales de los recursos presentados por Unidas Podemos y el Parlament de Catalunya.

Se ha estimado únicamente la impugnación a la regla que impedía la publicación oficial de disposiciones normativas, sin autorización previa del Gobierno. 

Los miembros del Constitucional llevan varias semanas deliberando sobre una sentencia cuyo contenido íntegro aún se desconoce. Por el momento los servicios de prensa del organismo solo han distribuido el contenido de la parte dispositiva, sin más detalles sobre un texto que pretendía construirse como un manual de uso para el 155 de cara al futuro. Según fuentes del tribunal las deliberaciones han sido discretas y encauzadas a la búsqueda de puntos en común que permitiesen una decisión unánime, como la que finalmente se ha producido.  

El Tribunal Supremo ha vuelto a avalar la aplicación que el Gobierno de Mariano Rajoy efectuó del artículo 155 de la Constitución en uno de sus ámbitos más polémicos: el cese del Govern de la Generalitat que encabezaba Carles Puigdemont. El Alto Tribunal ha desestimado el recurso contencioso-administrativo que el expresident interpuso contra su cese, y le ha obligado a pagar 3.000 euros en costas.

En su sentencia, la sección cuarta de la Sala de lo contencioso administrativo del Supremo concluye que Puigdemont “dejó de actuar desde la lógica y desde las exigencias de sus competencias y de su posición constitucional, estatutaria y legal”, lo que avala su cese por parte del Gobierno.

El tribunal no se ahorra críticas al expresident y asegura que “desnaturalizó y devaluó su estatus constitucional y estatutario”, por lo que determina que la aplicación del 155 no vulneró sus derechos políticos recogidos en el artículo 23 de la Constitución, tal y como alegaba Puigdemont. En suma, para el Supremo la aplicación del 155 fue “proporcional y justificada de la potestad de intervención y coerción que se atribuye al Estado”.

Remarca además el tribunal que “la desnaturalización del ejercicio del cargo” por parte de Puigdemont se dejó ver “en especial” en el intercambio de requerimientos y cartas entre el expresident y Rajoy en los días previos a la aplicación del 155, cuando el entonces presidente del Gobierno preguntó a Puigdemont si efectivamente el día 10 de octubre se había declarado o suspendido la independencia. El Supremo destaca que Puigdemont “desatendió” los requerimientos.

El pasado mes de marzo, la Sala de lo contencioso-administrativo del Supremo ya dio su visto bueno a la disolución del Parlament y la convocatoria electoral que ordenó Rajoy en base al 155, que fue la otra decisión que más dudas y recursos suscitó además del cese del Govern. El Alto Tribunal lo justificó por “la extraordinaria gravedad de lo sucedido”. Con todo, el Tribunal Constitucional todavía tiene que resolver los recursos de Unidos Podemos y el Parlament sobre si la aplicación del 155 que ordenó el Gobierno de Rajoy se adecuó a la Carta Magna o fue más allá de lo permitido.

El Tribunal Constitucional todavía tiene pendiente de resolver los recursos de Unidos Podemos y el Parlament sobre si la aplicación del 155 que ordenó el Gobierno de Rajoy se adecuó a la Carta Magna o fue más allá de lo permitido. A la espera de lo que decida el Constitucional, la Sala de lo contencioso administrativo del Supremo ha dado un espaldarazo a la decisión del Ejecutivo de disolver el Parlament mediante el 155, una de las competencias exclusivas del president de la Generalitat que Rajoy se arrogó en virtud del 155 y que más dudas generó entre los juristas.

El Supremo ha rechazado el recurso de varios diputados catalanes y ha avalado que Rajoy decidiera disolver el Parlament y convocar las elecciones anticipadas del 21 de diciembre con el 155. El Alto Tribunal lo justifica por “la extraordinaria gravedad de lo sucedido”.

Los parlamentarios catalanes de JxSí y la CUP, además de al Constitucional, recurrieron ante el Tribunal Supremo la disolución del Parlament y la convocatoria de elecciones autonómicas al entender que Rajoy había vulnerado sus derechos políticos arrogándose una competencia, la de adelantar los comicios al Parlament, que el Estatut limita en exclusiva al president de la Generalitat.

Por contra, el Supremo concluye que el Gobierno central “es competente para acordar la disolución del Parlamento de Cataluña y convocar elecciones como consecuencia del artículo 155”. La citada “extraordinaria gravedad de lo sucedido” es el principal fundamento jurídico que identifica el Supremo para justificar su aval a la medida.

“Y no está demás subrayar -agrega el Supremo- que todos los partidos políticos concurrieron a las elecciones, cuyos resultados no se han cuestionado dando lugar al nombramiento de nuevo Presidente de la Generalitat de Cataluña”.

El parlamento de Murcia, en el pleno celebrado el jueves 21 de febrero, ha aprobado la propuesta de “la aplicación firme e inmediata del artículo 155 de la Constitución Española en Catalunya”, con los 26 votos a favor de PP y Ciudadanos, en contra de los 19 de PSOE y Podemos. En la propuesta presentada por el Grupo Parlamentario Popular se ha reivindicado, además, “el espíritu de la Transición Española”.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Víctor Martínez, ha dicho durante su intervención en la tribuna que “al nacionalismo del señor Torra no se le combate con 'buenismo', ni cumbres bilaterales ni relatores, que solo apoyan Pedro Sánchez y Diego Conesa, sino con la ley, una ley vulnerada sistemáticamente en Cataluña, donde hay un Gobierno que vive permanentemente del enfrentamiento con el Estado”. “No se puede dialogar con quien no quiere escuchar, con quien amenaza la convivencia y chantajea al Estado. Se han intentado muchas formas de diálogo con el nacionalismo, pero ha sido infructuoso”, ha añadido Martínez, para quien “Torra está incapacitado para el diálogo”.

Víctor Martínez ha agregado que “el diálogo en Cataluña se ha intentado de forma sistemática durante muchos años, pero ha sido infructuoso”, y que “el levantamiento del artículo 155 por parte del Gobierno socialista de Pedro Sánchez ha traído la vuelta de los CDR, cumbres bilaterales y la figura del relator”.

Asimismo, el portavoz parlamentario del PP ha puesto en valor “el proceso de la Transición Española, el reconocimiento de nuestros símbolos, el respeto a la bandera y a la figura de nuestro rey Felipe VI”.

Víctor Martínez ha defendido finalmente que la Transición “ha dado los mejores años de nuestra vida común y ha consolidado el Estado del Bienestar, pese a que partidos como Podemos ponen en duda la importancia de esta etapa”.

Esta democracia a la carta en la que parecen haberse instalado políticas y políticos de todo el Estado es abusiva, absurda, acomodaticia, caprichosa, infantil, vulnerable, frágil, agotadora, cara y parece un berrinche. Hemos dejado pasar mucho. Estamos ya acostumbradas y acostumbrados a que la mitad de las cosas que nos digan sean mentiras, a su corrupción, su jactancia, su impunidad. Y ahora nos estamos acostumbrando a que cuando algo no les parece bien propongan un cambio de presidencia: nuevas elecciones, nuevos envíos de propaganda que nadie lee y otro zarpazo innecesario al dinero público.

Para más inri lo hacen, cada vez con más frecuencia, acusándose las unas a los otros de ser poco demócratas. Ellas, ellos, que parecen haber olvidado que hacer política es pactar; escuchar a quien no piensa como tú; buscar lugares de encuentro y conciliación que logren que las distancias sean más cortas, el respeto más fundamental y el interés por el bienestar de la ciudadanía más genuino. La última, de los partidos independentistas catalanes, si bien podría obedecer a una intención de desobediencia justificada, visto lo visto, es sumamente complicada de asumir como votante.

Yo estoy a favor de un referéndum en Catalunya y actúo para conseguirlo. De modo que en las últimas elecciones voté por un partido que lo defendiera. Pero no hubiera esperado que las condiciones impuestas al Gobierno de España para sentarse a negociar con Catalunya se convirtieran en un ultimátum de tanto calibre (y tampoco esperaba que el socialismo español, o lo que queda de él, sucumbiera con tanta facilidad). Entiendo el hartazgo de las políticas y políticos catalanes tratando de pactar con gran parte de la clase política española; entiendo y comparto la sensación de incomprensión que invade desde hace años Catalunya; y defiendo, como tantas otras personas, el derecho a una información justa que la ciudadanía española en su conjunto creo que no está recibiendo. O cuando menos no de manera masiva. Es más, considero que esta es una de las principales consecuencias del procés: la negación de una información fidedigna a la ciudadanía española; que si no fuera por medios independientes y consecuentes se pretendería que estuviera, literalmente, en babia.

Por otro lado, en Catalunya se sabe que quien más independentistas ha creado han sido los gobiernos de derecha española y su séquito de altavoces públicos, comediantes de medio pelo, semi periodistas, alarmistas y empresarios gustosos de asustarnos a unas y a otros para que nos quedemos inmóviles. Siempre inmóviles. Sabemos que han gastado miles de euros del erario público, ellos y ellas sí, en despotricar, insultar, desacreditar y mentir con una impunidad absoluta. Y sin duda, ahora, tras las elecciones del 28 de abril, si la derecha se impone en España como reacción, también, a este proceso catalán que ha sacudido los cimientos del Estado, sucederá lo que pide el independentismo desde la aplicación del artículo 155: Se ensanchará la base. Porque en efecto la derecha es una fábrica de independentistas, igual que en muchos lugares del Estado es una fábrica de indignación masiva: lo hemos visto en las reacciones a la violación múltiple de Pamplona o en la pasada manifestación por el día de la mujer trabajadora.

Si gana la derecha y vuelve a aplicar un 155, las catalanas y los catalanes nos sentiremos todavía más intervenidos y coartados y sumaremos más voces a favor de un referéndum; y eso, a pesar de la incomodidad y el sufrimiento, será mejor a la larga. Aunque preferiríamos no tener que hacerlo así. Lo sabemos en Catalunya y lo saben todos los partidos alarmistas que rebosan odio e ignorancia en micrófonos y pantallas desde todos los rincones.

Pero aunque esto sea cierto y aunque se tema un nuevo 155 y aunque nos hagan lamentar un día tras otro que los presos políticos estén siendo juzgados, como nos hicieron sufrir Pablo Hassel o los titiriteros de Madrid, mi voto no es un pagaré. Yo no voté desde Catalunya para que mi voto sumara en la posibilidad de poner ultimátums. No soy una moneda de cambio. Soy una ciudadana libre con derecho a ser representada por alguien que valiente y legítimamente defienda sus ideas y sus proyectos; por alguien que sea capaz de sentarse a negociar con quien piense de otra manera; capaz de escuchar y repensar. Alguien educado, preparado para la contienda política y con interés para que ese sea el foro: parlamentario, diplomático, civilizado. Y esto no ha sucedido. Por eso yo y millones de personas de todo el país nos sentimos estafadas. Su democracia a la carta es un abuso. Y no importa lo que genere estratégicamente esta nueva convocatoria electoral. No estamos hablando de Pablo, Albert, Santiago, Pedro, Irene, Quim, Oriol, Marta, Anna o Ada. Estamos hablando de nosotras, de nosotros. De una ciudadanía que elige a personas para que hagan lo que mayoritariamente queremos hacer todas y todos: detener esta espiral de pataletas, berrinches, acusaciones, gritos, insultos, descalificaciones, competitividad, personalismo y brillo. No queremos ganar a toda costa. Queremos pactar a toda costa. Sabemos, aunque una gran parte de la clase política parezca haberlo olvidado, que pactar es ganar.

Y entiendo muchas de las razones, todas y todos nosotros las entendemos; sabemos de los límites a los que nos están llevando y del hartazgo y de la manipulación emocional. Pero aún así, mayoritariamente, somos un país pacífico, hijas y nietas de la guerra, poco responsables con la memoria histórica pero esencialmente tranquilo, con secuelas pero dialogante, y por supuesto no tan extremista como nos repiten una y otra vez. No tan histéricos. No, no somos enfermas y enfermos sociales escondidos tras una sociedad contagiosa. Somos un país con muchas cosas a favor que deberíamos usar para hacer política, no campañas. O eso creo yo como ciudadana: Que les deberíamos recordar a la clase política que el postureo es cobardía y egocentrismo. Y que nosotras, nosotros, votamos porque queremos acuerdos que busquen el bien común. El mío y el de todas las personas que no piensan como yo. Ofensas aparte.

El Tribunal Supremo ha rechazado que los seis exconsellers en prisión provisional comparezcan ante el Parlament en la comisión de investigación sobre el 155 por la “inminencia” del inicio del juicio. En un auto redactado por el magistrado que presidirá el juicio al 'procés', Manuel Marchena, deniega la petición de comparecencia de los acusados que había realizado el presidente del Parlament, Roger Torrent, pero deja la puerta abierta a que lo hagan “en otro momento procesal”, una vez se haya celebrado la vista oral.

Los magistrados que juzgarán el 1-O consideran incompatible la declaración en el Parlament de Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull, Dolors Bassa, Raül Romeva y Joaquim Forn con el juicio que arrancará en las próximas semanas en el Supremo, ya que los hechos que enjuiciará el tribunal e investigará el Parlament están “íntimamente ligados”.

“Es previsible –concluye el Supremo– que se produzcan indeseadas interferencias entre la comparecencia ante la comisión y el derecho de defensa de los acusados en el acto del juicio oral”.

Torrent había pedido que los seis exconsellers declararán presencialmente o por videoconferencia. El pasado 22 de enero, fecha prevista para la comparecencia de los exconsellers, los grupos de JxCat, ERC, CUP y 'comuns' no habían recibido respuesta del Supremo y criticaron el “absoluto menosprecio” del alto tribunal.

Los seis exconsellers de la Generalitat acusados de rebelión que permanecen en prisión provisional no declararán este martes en la comisión del Parlament sobre los efectos del 155 en la que estaban citados. “La comparecencia hoy es inviable”, ha dicho el presidente de la comisión, Antoni Morral (JxCat), que ha optado por aplazar sin nueva fecha la declaración. Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn y Dolors Bassa no han comparecido porque el Tribunal Supremo no ha decidido si autoriza su declaración como testigos ante la Cámara catalana.

Los grupos de JxCat, ERC, Catalunya en Comú y la CUP han criticado al Tribunal Supremo por “obstaculizar” la comparecencia de los exconsellers. Han acusado al tribunal de “ofender” y actuar con “menosprecio absoluto” al Parlament ya que el presidente del Parlament, Roger Torrent, comunicó al Supremo la última semana de diciembre que los exconsellers estaban citados este martes y el Alto Tribunal todavía no se ha pronunciado sobre si autoriza a los políticos en prisión a declarar.

De esta forma, aunque con críticas, la Cámara catalana acepta que la comparecencia como testigos de los exconsellers en prisión esté supeditada a lo que decida el Supremo. El Alto Tribunal todavía no ha tomado una decisión, si bien pidió el viernes a acusaciones y defensas que se posicionaran. El plazo termina el jueces.

Tal y como avanzó este diario, la Fiscalía informará en contra de que los exconseller en prisión declaren ante Parlament, ya sea de forma presencial o por videoconferencia. Su comparecencia, según el ministerio público, puede interferir en el juicio que arrancará en el Supremo en las próximas semanas.

“Instamos al Supremo a permitir la comparecencia de los diputados y denunciamos que no se respete nuestro derecho como diputados para interpelar a las personas citadas”, han asegurado en un comunicado conjunto los grupos de JxCat, ERC, Catalunya en Comú y la CUP. El resto de grupos parlamentarios no participa en la comisión del 155.