Los líderes de decenas de países se reunieron en Mozambique hace una década con el objetivo de liberar al mundo de una de sus armas más traicioneras: las minas antipersona. Años antes habían firmado un tratado histórico que prohibía su uso, producción y almacenamiento. En el encuentro de Mozambique se fijaron un objetivo ambicioso: terminar con ellas para 2025. 

El año 2025 ha llegado y lo que se avecina es muy diferente, pues cinco países europeos han anunciado que serán los primeros que se retiren del tratado. Todos son miembros de la OTAN y tienen frontera con Rusia. Justifican su preocupación por la creciente amenaza que representa Vladímir Putin. 

Los organismos de derechos humanos califican la medida de escandalosa y alertan de que supone caminar por una “pendiente resbaladiza” que comienza con la recuperación de las minas antipersona y termina con la erosión de otras reglas internacionales del derecho humanitario. 

La noticia del retroceso provocó una reacción visceral en Jody Williams, la premio Nobel de la Paz que desempeñó un papel clave con su contribución al amplio consenso mundial que terminó con la prohibición de las minas antipersona. A sus 74 años, declara a The Guardian: “Me dan ganas de gritar”. “Es realmente alucinante, las minas antipersona no detienen una invasión, las minas antipersona no influyen en el resultado de una guerra; lo único que hacen es mutilar o matar a tu propia gente, por eso me alucina, es tan estúpido”, censura.

Williams se unió a la causa en los años noventa, cuando un amigo le presentó al veterano de Vietnam y firme activista por la paz Bobby Muller. Muller y Williams fundaron lo que se convirtió en la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Antipersona (ICBL, por sus siglas en inglés), que desde 1992 ha ido creciendo hasta incluir a unas 1.300 ONG en 90 países. 

Ante la renuencia de los gobiernos a modificar el tratado de armas existente para incluir la prohibición de las minas antipersona, Williams y la ICBL trabajaron durante años en la creación de un nuevo acuerdo. El resultado fue el Tratado de Ottawa, que se logró en 1997 y figura entre los acuerdos internacionales más aceptados del mundo, con más de 160 firmantes.

El Nobel de la Paz que Williams y la ICBL recibieron conjuntamente ese año fue una manera de subrayar la importancia que el tratado tendría para proteger a los civiles de los estragos de la guerra. Sus frutos no se hicieron esperar: las víctimas anuales de minas antipersona pasaron de más de 25.000 a menos de 4.000; más de 55 millones de minas antipersona almacenadas fueron destruidas; y el número de países que las fabricaban pasó de decenas a unos pocos. 

Aun así, varios de los países más poderosos del mundo se negaron a firmar. Estados Unidos, China y Rusia, miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, siguen resistiéndose a tomar medidas para terminar con esta arma. “Tuvimos que hacerlo fuera de la ONU porque allí cualquier país puede vetar o interponerse”, explica Williams. 

Como la mayoría de los acuerdos internacionales sobre armas, el Tratado de Ottawa incluye un mecanismo para los países que se quieran retirar. Para Williams, esa cláusula sigue siendo poco lógica, teniendo en cuenta las razones que llevaron a la firma en un primer momento. “No debería estar ahí”, critica, y añade: “Si puedes entender la lógica de prohibir las minas antipersona, no vas a abandonar el tratado después y a causar un desastre matando a tu propia gente”. 

Williams habla con The Guardian desde su casa en Vermont (EEUU) semanas después de que los ministros de Defensa de Estonia, Letonia, Lituania y Polonia publicaran una declaración conjunta explicando por qué querían abandonar el tratado. “Las amenazas militares a los Estados miembros de la OTAN fronterizos con Rusia y Bielorrusia han aumentado significativamente”, escribieron. “Con esta decisión enviamos un mensaje claro: nuestros países están preparados y pueden utilizar todas las medidas necesarias para defender nuestra necesidad de seguridad”, añadían. 

Finlandia se les unió poco después. Su primer ministro, Petteri Orpo, consideró que la marcha atrás era necesaria para dar a su país “la posibilidad de prepararse de manera más versátil ante los cambios en el entorno de seguridad”. 

Rusia, que nunca firmó el tratado, ha utilizado las minas antipersona de manera generalizada desde que comenzó su invasión a gran escala de Ucrania, convirtiéndola en el país más minado del mundo. 

Williams entiende el nerviosismo de estos países fronterizos con Rusia. “No es ilógico, entiendo el miedo; en un mundo ideal, o algo así, tal vez una barrera hecha de minas antipersona tendría sentido”, dijo, pero advierte: “Pero no es así, [las minas antipersona] no impiden que unos soldados decididos entren en batalla; lo único que se consigue es un caos posterior en el que tu propia población es la amenazada”. 

Las estadísticas parecen confirmar su opinión. Entre el 70% y el 85% de las personas que mueren o son heridas por minas antipersona son civiles. Casi un 40% del total de víctimas son niños. 

Williams alerta por lo que implica el retroceso y por que varios gobiernos echen por tierra los intentos de proteger a los civiles del efecto de las guerras. “Es un momento crítico”, dice. “La retirada de las minas antipersona tiene un impacto en la forma en que uno piensa sobre la importancia de las leyes de la guerra, una parte de las leyes de la guerra tiene que ver con proteger a los civiles de la infamia del conflicto”. 

Días antes, Williams había viajado a Jerusalén y a Cisjordania para reunirse con mujeres en la primera línea de resistencia contra una violencia que calificó de “genocidio”. En su regreso a EEUU se encontró con la noticia de que Donald Trump recortaba los efectivos del Pentágono dedicados a evitar daños contra civiles durante las operaciones militares de Estados Unidos. “Son todas esas cosas juntas”, señala, en referencia a los indicios de que el cambio es más generalizado. “Atenta contra la creencia en la importancia de las leyes de la guerra”, lamenta.

Traducido por Francisco de Zárate.

Noruega se queda sola como el único país occidental y de la OTAN con frontera terrestre con Rusia que no ha decidido reintroducir en su arsenal las minas antipersona, un tipo de arma muy polémica, ya que su uso ha sido condenado durante décadas por causar grandes daños en la población civil en guerras y está prohibido por un acuerdo internacional.

La decisión de Noruega contrasta con la de Finlandia, que la semana pasada anunció que seguirá el ejemplo de Polonia y los países bálticos (Estonia, Letonia y Lituania), de abandonar el tratado de Ottawa firmado en 1997, que regula la abolición del uso de las minas antipersona. En el acuerdo, hasta ahora, habían participado 164 países, pero no Rusia ni otras potencias militares como Estados Unidos y China.

En pleno debate sobre el rearme europeo, el primer ministro conservador, Petteri Orpo, justificó la controvertida decisión de volver a utilizar las minas porque Rusia, dijo, “representa una amenaza a largo plazo para la seguridad de Finlandia y Europa”. El Ministerio de Defensa de Finlandia ha llegado a la conclusión de que se adaptan bien para defender los 1.340 kilómetros de frontera oriental, al ser “un arma sencilla, económica de producir y a la vez temible”, según argumenta Defensa un informe.

Sin embargo, esta decisión ha sido criticada por su vecina nórdica Noruega, que también comparte una frontera de unos 200 kilómetros con Rusia en el círculo polar ártico. El ministro de Asuntos Exteriores noruego, Espen Barth Eide, aseguró que su país no contempla la posibilidad de volver a tener minas terrestres antipersona, armas que no distinguen entre personas civiles y combatientes.

“Esta decisión en particular (de Finlandia) es algo que lamentamos”, agregó. En una entrevista con Reuters, Eide dijo que, para Noruega, un país que suele ser activo en la diplomacia en el ámbito humanitario, es importante mantener “un estigma global contra un arma que mutila y que mata mucho, incluso después de haber terminado una guerra”. “Si empezamos a debilitar nuestro compromiso, facilitaremos que las facciones beligerantes de todo el mundo vuelvan a utilizar estas armas, porque se reduce el estigma”, argumentó.

Denominado formalmente 'convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción', el tratado fue parte de la respuesta internacional al sufrimiento que producen estas armas, que, como denuncia el Comité Internacional de la Cruz Roja, siguen causando amputaciones y muertes incluso después de terminados los conflictos armados, y por lo general son los civiles los que sufren sus consecuencias.

Cambio de postura de Finlandia

Espen Barth Eide también aseguró que no le preocupa que la frontera de su país pueda quedar debilitada por no cambiar su política respecto al uso de minas antipersona, como sí han hecho los otros cinco aliados de la OTAN que hacen límite con Rusia. “Contamos con un sistema de defensa avanzado y muy moderno. Hemos adquirido sistemas extremadamente avanzados que pueden atacar desde tierra, aire y mar”, dijo Eide.

En cambio, Finlandia, un país que llamó a las puertas de la OTAN cuando Rusia invadió Ucrania en 2022, ha presentado el uso de las minas antipersona como un paso necesario en un contexto en que “Europa, en su conjunto, debe asumir una mayor responsabilidad manejando su seguridad”, afirmó el primer ministro.

En una entrevista con la cadena pública YLE, el Almirante de la armada finlandesa Juhani Kaskeal defendió que las minas pueden ser una herramienta útil en las fronteras de la OTAN y argumentó que “no son los finlandeses los que pisarán las minas, sino quien quiera cruzar la frontera con intenciones hostiles”. El oficial explicó que actualmente “son un arma más moderna y mucho mejores que las que había hace 30 años”, ya que, dijo, “hoy llevan un mecanismo de autodestrucción que permite que las minas caduquen y dejen de ser un peligro”.

En Finlandia, el debate entre las preocupaciones humanitarias por el uso de minas antipersona y las prioridades de defensa nacional ha hecho que su relación con el tratado de Ottawa haya sido siempre compleja. El país nórdico se adhirió a la prohibición del uso de estas armas en el año 2012, siendo el último miembro de la Unión Europea en hacerlo.

Esta semana, la ministra de Asuntos exteriores finlandesa, Elina Valtonen, ha defendido que, a pesar de la decisión de reintroducir el uso de minas, su país “continúa defendiendo el derecho internacional humanitario”, y se ha comprometido “a participar en campañas de reducción de los daños causados por las minas”.

Críticas internacionales

La vuelta del uso de minas antipersona por países europeos ha sido criticada por organizaciones internacionales de peso. “La decisión del Gobierno finlandés de abandonar la Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersona es un preocupante paso atrás que socava aún más el consenso mundial destinado a minimizar el daño a los civiles durante los conflictos armados”, ha denunciado Amnistía Internacional. Por parte de Cruz Roja, su portavoz en Noruega, Nina Pedersen, reitera que son un arma “cruel que hiere, mata y mutila a civiles en todos los conflictos que se han utilizado”. “El hecho de que la guerra se acerque no modifica los horribles efectos a largo plazo de su uso”, ha dicho.

También se han alzado voces en contra dentro de Finlandia, donde una iniciativa ciudadana ha reunido 50.000 firmas para pedir a los políticos que reconsideren su posición al respecto. Sin embargo, parece que tanto en el Parlamento finlandés como en la opinión pública hay consenso sobre la decisión de minar la frontera rusa. El periódico de más tirada del país, Helsingin Sanomat, escribió en un editorial que esta decisión “dice mucho sobre el clima de preocupación en Finlandia”. “Además de la amenaza rusa, muchos se preguntan si se puede confiar en la OTAN. Al mismo tiempo, el derecho internacional está erosionándose, y las razones humanitarias ya no tienen el peso que tenían antes. Los tiempos actuales han hecho volver a sacar las minas. Esto es comprensible”, concluyó el medio.

Pero la decisión de Finlandia, Polonia, Estonia, Letonia y Lituania preocupa mucho a Aksel Steen-Nilsen, director del proyecto de acción contra minas y desarme en Norwegian People’s Aid, una de las organizaciones mundiales que más experiencia tiene en la limpieza de explosivos en zonas de conflicto. En una entrevista con elDiario.es, lamenta la salida de estos países del tratado de Ottawa, “porque ha sido un acuerdo de enorme éxito durante tres décadas”.

“Incluso si las minas antipersona son utilizadas por ejércitos muy competentes y profesionales como los de la OTAN, con el tiempo se tiende a perder el control de la ubicación exacta de las minas terrestres”, explica el experto. “Luego, cuando el conflicto termina y hay que empezar a limpiar las minas terrestres, se crean grandes problemas”.

Nielsen se muestra pesimista por las consecuencias que puede conllevar el uso de minas por parte de los ejércitos europeos. “Definitivamente, enviará una señal muy negativa al resto del mundo”, dice. “Los países europeos hemos intentado mantener una postura firme en cuanto a las razones morales sobre qué armas se pueden usar y cuáles no. Pero ahora no podremos discutir con los países que violan el derecho internacional humanitario, porque en Europa también hemos optado por hacerlo”.

El Gobierno finlandés ha anunciado este martes su decisión de retirarse de la Convención sobre la Prohibición de las Minas Antipersonales, también conocida como Tratado de Ottawa, con el fin de proteger su frontera oriental con Rusia, la más extensa de un país de la OTAN.

Finlandia se suma así a otros países de la región que también han decidido abandonar el tratado, entre ellos Polonia, Estonia, Letonia y Lituania, que hicieron un anuncio similar el pasado 18 de marzo.

El primer ministro finlandés, Petteri Orpo, ha dicho además que el gasto en defensa aumentará hasta alcanzar el 3% del producto interior bruto (PIB) en 2029 para financiar la compra de este tipo de minas y que se pondrá en marcha una reforma del Ejército de Tierra del país nórdico.

“Me gustaría aprovechar esta oportunidad para subrayar que los finlandeses no tienen de qué preocuparse. Finlandia es un país seguro. Con estas medidas, queremos asegurarnos de que la defensa de Finlandia también esté en buena forma en los próximos años”, ha declarado Orpo en una rueda de prensa junto a varios ministros.

El titular de Defensa, Antti Häkkänen, ha señalado que la reintroducción de las minas antipersonales permitirá aumentar la capacidad de defensa de Finlandia, ya que son un arma defensiva muy eficaz en caso de una invasión por tierra.

“Inevitablemente pondrá en peligro vidas civiles”

Finlandia fue uno de los últimos países de Europa en ratificar la Convención de Ottawa en 2012, una decisión que le obligó a retirar las miles de minas antipersonales diseminadas a lo largo de la frontera con Rusia desde los tiempos de la Unión Soviética. 

Denominado formalmente 'convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción', el tratado se abrió a la firma en 1997 y entró en vigor en marzo de 1999 como parte de la respuesta internacional al sufrimiento que producen estas armas, que no distinguen entre personas civiles y combatientes.

Antes de la salida de estos países, el tratado había sido ratificado por más de 160 naciones. Algunos de los principales productores y usuarios actuales y pasados de minas como Estados Unidos y Rusia no lo han firmado.

Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, las minas antipersona siguen causando amputaciones y muertes incluso después de terminados los conflictos armados, y por lo general son los civiles los que sufren sus consecuencias.

En este sentido, Amnistía Internacional (AI) ha denunciado que la decisión del país nórdico de salirse del tratado “es un preocupante paso atrás que socava aún más el consenso mundial encaminado a reducir al mínimo los daños a la población civil durante los conflictos armados”.

“Esta medida, que sigue a la reciente retirada de Lituania de la Convención sobre Municiones en Racimo, va en contra de décadas de progreso en la eliminación de la producción, transferencia y uso de armas intrínsecamente indiscriminadas”, dice Esther Major, directora adjunta del Programa de Investigación para Europa de AI. “Pedimos al gobierno finlandés que dé marcha atrás en esta decisión que inevitablemente pondrá en peligro vidas civiles”.

Noruega, que también hace frontera con Rusia, ha marcado distancias con Finlandia y ha criticado la medida de su vecino nórdico, asegurando que no dará este paso. “Esta decisión particular (de Finlandia) es algo que lamentamos”, ha dicho el ministro de Exteriores noruego, Barth Eide, en una entrevista con Reuters. “Si empezamos a debilitar nuestro compromiso, se facilita que las facciones beligerantes de todo el mundo vuelvan a utilizar estas armas, porque se reduce el estigma”.

Polonia y los países bálticos –Lituania, Letonia y Estonia– han anunciado su intención de retirarse de la convención de Ottawa que prohíbe las minas antipersona, según han anunciado los cuatro países, que hacen frontera con territorio ruso.

“Con esta decisión enviamos un mensaje claro: nuestros países están preparados y pueden utilizar todas las medidas necesarias para defender nuestras necesidades de seguridad”, dicen los ministros de Defensa de los países en un comunicado conjunto, en el que explican que han tomado “unánimemente” la decisión de recomendar la retirada argumentando que la situación de seguridad en la región “se ha deteriorado significativamente” desde la ratificación del tratado.

Denominado formalmente 'convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción', el tratado se abrió a la firma en 1997 y entró en vigor en marzo de 1999 como parte de la respuesta internacional al sufrimiento que producen estas armas, que no distinguen entre personas civiles y combatientes.

El Comité Internacional de la Cruz Roja denuncia que las minas antipersona siguen causando amputaciones y muertes incluso después de terminados los conflictos armados, y por lo general son los civiles los que sufren sus consecuencias.

El tratado ha sido ratificado por más de 160 naciones. Algunos de los principales productores y usuarios actuales y pasados de minas como Estados Unidos y Rusia no lo han firmado.

Abandonar el tratado permitirá a Polonia y a los tres países bálticos, naciones que forman parte de la Unión Europea, volver a almacenar minas terrestres.

En su comunicado, los ministerios señalan que las “amenazas militares a los Estados miembros de la OTAN fronterizos con Rusia y Bielorrusia han aumentado significativamente”. “A la luz de este inestable entorno de seguridad marcado por la agresión de Rusia y su continua amenaza a la comunidad euroatlántica, es esencial evaluar todas las medidas para reforzar nuestras capacidades de disuasión y defensa”.

“Creemos que en el actual entorno de seguridad es primordial proporcionar a nuestras fuerzas de defensa flexibilidad y libertad de elección para utilizar potencialmente nuevos sistemas y soluciones de armamento que refuercen la defensa del vulnerable flanco oriental de la Alianza”, reza la declaración.

“A pesar de nuestra retirada, seguiremos comprometidos con el derecho internacional humanitario, incluida la protección de los civiles durante un conflicto armado. Nuestras naciones seguirán defendiendo estos principios mientras atienden nuestras necesidades de seguridad”, concluyen.

En 1997 se firmó del Tratado de Ottawa para la Prohibición de las Minas Antipersona. Coincidiendo con aquel hecho histórico, fue presentado en noviembre de ese mismo año en el Círculo de Bellas Artes el proyecto Vidas Minadas, del fotógrafo y periodista Gervasio Sánchez.

Ahora, después de más de dos décadas y con un drama todavía latente en la actualidad, regresa con Vidas Minadas, 25 años, una exposición en la que a través de un centenar de fotografías recupera la historia de los protagonistas del proyecto que inició en 1995. El fotógrafo quiere mostrar la evolución de los afectados y los problemas que han tenido que superar.

Los personajes pertenecen a nueve países del mundo, entre ellos los más minados como Afganistán, Angola, Irak y Camboya. Gervasio Sánchez lleva trabajando con víctimas de esta lacra desde septiembre de 1995. En 1997, 2002 y 2007 presentó diferentes versiones de esta muestra que recorre la mayor parte de su vida profesional.Vidas Minadas es un proyecto inacabable, al igual que son infinitas las secuelas que provocan las minas antipersona.

Los estragos que provocan las minas son para toda la vida. Las víctimas de este proyecto fueron elegidas al azar en países africanos como Angola y Mozambique, asiáticos como Camboya, Afganistán e Irak, latinoamericanos como El Salvador, Nicaragua y Colombia o europeos como Bosnia-Herzegovina.

Se cruzó con ellas en hospitales a punto de ser amputados o malheridos con posibilidades de morir cuando eran menores, en centros ortopédicos donde intentaban volver a andar con piernas de plástico, en fundaciones donde eran maltratadas y abusadas o en familias que sobrevivían con muchas dificultades.

Ahora, en esta exposición muestra la forma en la que les ha cambiado la vida y cómo han conseguido salir adelante después de cruzarse con una de estas minas antipersona. Gracias a las nuevas tecnologías, el fotógrafo mantiene el contacto permanente con varias de ellas y se informa en tiempo real de sus problemas más acuciantes, se alegra de sus pequeños triunfos, se entristece con las malas noticias.

La muestra se puede visitar en la Sala Picasso del Círculo de Bellas Artes hasta el próximo 24 de abril. La entrada general tiene un precio de 5,50 euros y del 22 al 24 de febrero incluye hacer la visita guiada a la exposición con el propio autor de la muestra. Puedes acceder a la venta de entradas y reservar plaza a través de este enlace.

Sofía Elface Fumo tenía 11 años cuando salió a recoger leña junto con su hermana pequeña cerca de su casa en Massaca, Mozambique, y pisó una mina antipersona en noviembre de 1993. Lo siguiente que recuerda es estar en una cama del hospital. “Quería levantarme y no lo conseguía. Mi mamá me colocaba para dormir, pero yo quería levantarme. Mi mamá me colocó de nuevo para dormir y me dijo: ‘Sofía, no tienes piernas, ya no tienes piernas’”, dice a elDiario.es. Aquel día, Sofía perdió las dos piernas y su hermana María, de ocho años, murió un mes después en el hospital.

Las fotografías de Sofía Elface Fumo junto a sus hijos ocupan la portada de Vidas Minadas. 25 años, del periodista Gervasio Sánchez. En el libro –publicado por la editorial Blume en colaboración con DKV seguros, Iberia y Euskal Fondoa–, el fotógrafo hace un seguimiento a lo largo de los años de la vida de distintas personas víctimas de este tipo de armas. El trabajo llega también en forma de exposición a La Lonja de Zaragoza, donde puede visitarse hasta el 7 de enero de 2024. Después llegará al Círculo de Bellas Artes de Madrid.

“Llevaba 12 años trabajando en zonas de guerra. Estaba harto. Harto de contar los muertos por miles, en ejércitos de ceros, sin nombres y apellidos. Yo buscaba una historia para particularizar el dolor ajeno y poner nombres y apellidos a la violencia. Y al final se convirtió un poco en un anclaje para seguir creyendo en este oficio”, dice Sánchez a elDiario.es sobre este proyecto, que ha tomado forma en cuatro libros bajo el mismo título (Vidas Minadas) y distintas edades (Cinco años después, Diez años y 25 años).

Sus páginas recogen historias como las de Sofía Elface Fumo (Mozambique), Manuel Orellana (El Salvador), Medy Ewaz Ali (Afganistán), Adis Smajic (Bosnia-Herzegovina), Sokheurm Man (Camboya) o Mónica Paola Ardila (Colombia). Historias, con nombres y apellidos, marcadas por una mina.

Este tipo de armamento está prohibido por la Convención de 1997 sobre la prohibición de las minas antipersona y sobre su destrucción. Sin embargo, más de dos décadas después de su adopción, cerca de 60 millones de personas en más de 70 países siguen viviendo bajo la amenaza de estos artefactos, según la ONU.

Un legado aterrador

“Incluso después de que paren los combates, los conflictos suelen dejar tras de sí un legado aterrador: minas y artefactos explosivos que ensucian las comunidades”, dijo el secretario general de la ONU, António Guterres, con motivo del Día Internacional de información sobre el peligro de las minas, el 4 de abril. “La paz no aporta ninguna garantía de seguridad cuando las carreteras y los campos están minados, cuando las municiones sin explotar amenazan el regreso de las poblaciones desplazadas y cuando los niños encuentran y juegan con objetos brillantes que explotan”.

Manuel Orellana tenía nueve años cuando empezó la guerra en El Salvador, en 1980. “Siento que toda la vida he vivido en guerra”, explica a elDiario.es. Vivía en Arcatao, de donde huyó junto con sus padres a Honduras en 1983, para regresar tres años más tarde a su país. El 12 de diciembre de 1991, apenas un mes antes de la firma del acuerdo de paz de El Salvador, salió a recoger café en el volcán de San Salvador y pisó una mina. Perdió las dos piernas.

“Fueron 12 años de guerra, se sabía que todo el territorio salvadoreño estaba minado por todos los lados”, dice Orellana. “Trabajábamos en la agricultura con mis padres, pero en noviembre, diciembre y enero son los cortes de café en El Salvador. Teníamos que ir trabajar, a ganarnos algunos dineros para poder hacer, como se dice, la compra de Navidad. Andaba con mi cuñado y fue así que tuve la mala suerte de pisar la mina”.

Cuando el conflicto acabó, la violencia en El Salvador siguió. “Tengo dos hijos que han estado a punto de morir por las pandillas. El primero venía de la universidad, se suben las maras o las pandillas a un bus pidiéndoles dinero a todos. Vino mi hijo, les dio unas monedas y se las tiraron a la cara cuando vieron que era muy poco dinero. Le sacaron una pistola, se la pusieron en la cabeza y le dispararon. Y gracias a Dios, el arma no disparó”, dice el salvadoreño. Cuenta que, a otro de sus hijos, Manuelito, el menor de los cuatro, le pidieron el móvil cuando volvía de estudiar y tuvo que dárselo cuando le amenazaron con tirarlo del autobús. Su hija, añade, también ha tenido problemas con las pandillas.

Para toda la vida

Sánchez recuerda que España es una de las principales potencias del mundo en exportación de armamento –en concreto, la octava, según el último informe del Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)–. “Estamos en la Champions League en venta de armas”, dice el autor de Vidas Minadas.

Las consecuencias de las armas, para quien las sufre, son duraderas, remarca el periodista. “Una mina es para toda la vida. Lo que le ha pasado a Sofía, con 11 años, y las 10 veces que ha cambiado de prótesis, o Manuel, que lleva más de una docena cambiando de prótesis desde que tenía 20 años”.

Sin sus piernas, Sofía ya no podía ayudar a su madre, traer leña a casa, cargar cosas pesadas y cuidar de sus hermanos. Manuel no podía trabajar en la agricultura.

El salvadoreño aprendió a coser. “Con eso hemos sobrevivido. Hemos aprendido a hacer camisetas y uniformes deportivos, y gracias a eso hemos logrado salir adelante y sacar a mis hijos adelante. Tengo tres hijos que han ido a la universidad y uno que está trabajando. Gracias al esfuerzo que hemos hecho mi esposa y yo”, dice.

Sofía consiguió acabar la educación secundaria en una escuela a casi diez kilómetros de su casa, a la que acudía en silla de ruedas. Sin embargo, no pudo estudiar en la universidad porque en 1999 nació su primer hijo. “Tengo cinco hijos. Tengo que criar, tengo que trabajar, tengo que dar y tengo que enseñar. Entonces, tengo que afrontar la vida, con dificultades, pero de frente”, dice la mozambiqueña.

Vidas minadas

Manuel jugando con un globo junto a su hija Tania. Sofía hablando por teléfono en la cama junto con su hijo Gervasio. Muchas de las fotografías que aparecen en Vidas Minadas. 25 años están protagonizadas por víctimas de minas antipersona junto a sus hijos. Sofía y Manuel coinciden en que los suyos han sido su gran impulso. “Son auténticos héroes que se enfrentan a la violencia con gran dignidad”, dice Sánchez sobre los protagonistas de su proyecto.

“Para mí, ha sido muy bonito porque siento que el proyecto puede ayudar muchísimo. A nosotros, porque dan a conocer nuestros problemas y también para hacer que todos los países que están fabricando minas ya no lo sigan haciendo”, explica Orellana.

Sofía habla de la importancia de dar a conocer lo que les sucedió y hace referencia a la actual guerra de Ucrania, en la que se está utilizando este tipo de armamento. Admite que le afecta que se siga usando allí. “Creo que hay algunas zonas que pueden estar minadas, puede haber amputados, y la vida va a ser difícil”, dice.

La mujer mozambiqueña explica divertida que, al principio, cuando conoció a Gervasio Sánchez y este le empezó a hacer preguntas, pensaba que era algo temporal, pero no fue así. “Nos convertimos en una familia grande: [compartimos] mis alegrías y las de él también; mis tristezas y las de él”.

Gervasio abandona el tono crítico y sonríe cuando recuerda que Sofía le puso su nombre a su quinto hijo. “Por un lado, me emocioné muchísimo. Por otro lado, dije: 'Vaya putada que le estás haciendo al crío', porque yo lo pasé muy mal cuando era pequeño”. Mientras habla de todo lo que ha supuesto para él el proyecto, “Gervasito”, el hijo de Sofía, juega en la sala contigua.

“Al principio, eran lágrimas de felicidad”, explica Oksana Balandina, de 23 años, sobre su primer baile de casada que una enfermera de un hospital de Ucrania grabó en vídeo y que ahora se ha compartido en redes sociales en todo el mundo.

Hace seis semanas, Oksana pisó una mina cuando volvía a casa con su novio, Viktor Vasyliv, que tiene su misma edad. Habían corrido el riesgo de ir a buscar provisiones para vecinos ancianos de su calle en Lisichansk, una ciudad situada en el sudeste de Ucrania y que está en primera línea de fuego del conflicto bélico.

Oksana, enfermera de pediatría y madre de una niña de cinco años, Diana, y de un niño de siete, Illia, tuvo la suerte, según los médicos, de sobrevivir a la explosión, pero perdió las dos piernas y cuatro dedos de la mano izquierda. 

En una conversación con The Guardian, agachado al lado de la silla de ruedas de su mujer, Viktor - que es carpintero- explica que Oksana ha tenido momentos de total desesperación en los que ha gritado que quería morir. Sin embargo hoy, mientras se toma un café en un vaso desechable y toma el sol delante del hospital municipal de Leópolis, Oksana, que sonríe con facilidad, afirma sentirse más fuerte y estar agradecida mientras retira pétalos de flores de la mejilla de su marido.

La joven cree que, en parte, su cambio de actitud se debe a las muestras de apoyo de personas desconocidas de todo el mundo que se han emocionado con las imágenes de un vídeo que se compartió en las redes sociales hace dos semanas. Muestran cómo Viktor coge en brazos a su novia, vestida de blanco, y la abraza con fuerza mientras ella apoya su cabeza sobre el hombro de su marido y bailan al ritmo de la música que suena en un ordenador portátil.

Oksana publicó el vídeo en la red social TikTok y desde entonces ha colgado otros, más cortos, en los que se la puede ver haciendo ejercicios de rehabilitación al compás de la música. Los vídeos se han visto miles de veces y han generado las muestras de apoyo que, según Viktor, han sido muy valiosas para su esposa durante estas duras semanas.

“El baile fue una completa sorpresa”, explica ella. “Habíamos vuelto al hospital desde el registro civil y Natalia y Olesia [voluntarias del hospital] habían traído un vestido y un ordenador portátil para la música. Natalia nos preguntó: '¿Qué clase de boda es esta sin un baile?'. Fue un momento de pura alegría y felicidad”, añade sobre su respuesta cuando Viktor la cogió en brazos: “Luego llegó el baño de realidad. Nunca me imaginé que mi primer baile de casada fuera a pasar en estas circunstancias”.

Por supuesto, los momentos duros han sido incontables, sobre todo cuando ha tenido que explicar a sus hijos lo que le ha pasado. Los niños se han quedado con su abuelo en la región de Poltava, en el este del país.

Oksana y Viktor esperan que ella pueda hacer la rehabilitación en un hospital especializado de algún país de la Unión Europea. Hace semanas que no ven a los niños. 

“Miré y mis pies no estaban ahí”

La pareja señala que el recuerdo de ese día y la dureza de su vida en Ucrania son difíciles de superar. El relato evidencia la extraordinaria fortaleza de Oksana.

“Volvíamos a casa, hay un arroyo al fondo de nuestro jardín, así que quisimos tomar un atajo y cogimos un camino de tierra”, cuenta Oksana. “Conocíamos muy bien este camino. Yo iba delante y mi marido y un amigo detrás, y vi un misil no muy lejos de nosotros, me giré hacia Viktor y le grité: 'Cariño, mira'. Me miró y de repente salí volando por los aires, escuché un fuerte ruido en mis oídos. Miré mis pies y no estaban allí. Solo los huesos”. Viktor corrió hacia ella. Estaba sin aliento, presa del pánico, dice. “Primero pensé que todo había terminado”, recuerda. “Entonces, empezó a moverse. Me gritó que llamara a la ambulancia. Pero se negaron a acercarse porque tenían miedo de las minas. Dijeron que era necesario desminar la zona”, recuerda.

El amigo de la pareja llamó por teléfono al padrastro de Oksana. “Así que entre todos la llevamos hasta la ambulancia”, dice Viktor: “Oksana, a pesar de estar en estado de shock, estuvo al frente de la situación en todo momento. Me sacudió para que yo también saliera del estado de shock en el que estaba, fue ella quien me dijo que llamara a la ambulancia. No sé cuándo habría reaccionado si ella no me hubiera ayudado. Luego nos ayudó la técnica auxiliar de la ambulancia”, relata.

“La auxiliar de la ambulancia era una chica joven e inexperta. Al parecer, nunca había visto algo así. Así que la ayudé. Conocía mejor mis venas. Pedí oxígeno, pero no tenían”, explica Oksana. “Cuando llegamos al hospital, vi a mi madre. La vi y grité 'mamá', y perdí el conocimiento”, dice.

Oksana sí recuerda breves fragmentos de las conversaciones de los médicos que intentaban salvar su vida. “Cuando íbamos de camino al hospital, los auxiliares de la ambulancia decían: 'Si al menos pudiera llegar al hospital'. Cuando llegamos al hospital, los médicos decían: 'Si consiguiera salir con vida de la operación'. Pero, cuando pasó el efecto de la anestesia y recuperé el sentido común, me di cuenta de todo lo que había perdido. Pensé que ya no me quedaba nada. Me entró el pánico, no quería vivir, no quería que mis hijos me vieran así”.

Comentarios que dan felicidad

Oksana fue trasladada de Lisichansk a la ciudad de Dnipro, situada 322 kilómetros más al oeste. “Los médicos hicieron una gran labor. Me ayudaron mucho”, dice. “Me di cuenta de que mi vida no había terminado. Tengo que seguir adelante y necesito seguir adelante por el bien de mis hijos”, cuenta.

Viktor añade: “Oksana estaba muy deprimida, gritaba que no quería vivir. Pero en Dnipro la trataron unos médicos de rehabilitación increíbles. Fueron su fuente de inspiración. También la actividad en TikTok. Empezó a publicar algunos vídeos, recibió muchos comentarios positivos que le subieron la moral”.

Viktor le propuso matrimonio el 27 de abril y se casaron al día siguiente. “Publiqué los vídeos solo para mí”, explica Oksana. “En ningún momento pensé en hacerme viral, solo quería documentar el proceso de recuperación. Cómo va la rehabilitación... y más adelante, cuando con suerte tenga prótesis, cómo voy aprendiendo a caminar con ellas”, dice.

“Eso la ayuda. Cada vez que tiene un minuto, intenta leer los comentarios a los vídeos. Sonríe, es más feliz”, dice Viktor.

Oksana dice que está decidida a rehacer su vida y continuar la carrera de medicina en el campo de la rehabilitación: “Y mostrar a los demás, a partir de mi propio ejemplo, que no hay que rendirse, que todo es posible y que tenemos que seguir viviendo pase lo que pase”.

De niña, Hana Khider soñaba con Sinjar. Nacida y criada en Siria, recuerda cuando su madre le contaba historias sobre esa zona del norte de Irak donde vivía parte de su familia. “Siempre lo imaginé y lo tuve en mente. Era hermoso y pacífico”, explica sin perder la sonrisa durante una videollamada.

Ahora vive en un pueblo de Sinjar con su marido y sus tres hijos, muy cerca del monte del mismo nombre, un lugar “muy especial para nuestra comunidad”. Khider es yazidí, una comunidad que cree que esa cima rocosa es el lugar donde el Arca de Noé tocó tierra. Generaciones enteras de personas perseguidas lo consideran un refugio sagrado.

Esa misma montaña fue el lugar donde Khider y otros 40.000 yazidíes lograron salvarse de la persecución del Estado Islámico en agosto de 2014. Expulsados de sus aldeas, acamparon allí durante meses -algunos durante años- tras un genocidio que, según la ONU, supuso la masacre de 5.000 yazidíes y la captura de hasta 7.000 mujeres y niñas. Los miembros del ISIS las compraban como esclavas sexuales. “Temimos por nuestras vidas”, dice Khider, que ahora tiene 28 años y explica cómo los combatientes del ISIS rodearon la montaña.

Ella logró escapar al Kurdistán, donde vivió en un campo de desplazados internos hasta que su pueblo fue liberado. Regresó a casa junto a su familia en mayo de 2016. Una vez allí, unos meses más tarde, decidió presentarse a un trabajo para desminar en el Grupo Asesor de Minas (MAG por sus siglas en inglés), una organización no gubernamental que encuentra y elimina minas y explosivos en lugares en conflicto.

Liberar la tierra del peligro de muerte

“Todos los yazidíes quieren hacer algo para que Sinjar vuelva a ser como antes de la guerra”, dice Khider. “Así que cuando oí hablar de una organización que se deshace de restos bélicos, que libera la tierra del peligro de muerte, sentí que quería trabajar con ellos”. La tierra en la que se ubica la comunidad yazidí aún sufre la infección que el ISIS dejó como legado. Además de todo tipo de municiones sin explotar (morteros, proyectiles o granadas) el ISIS dejó artefactos explosivos improvisados por todas partes. Los colocó dentro de cualquier recipiente, de ollas a teléfonos móviles. Incluso dentro de juguetes.

Ahora, los equipos de desminado peinan cuidadosamente el terreno y trabajan hasta dentro las casas para identificar esos artefactos explosivos improvisados que siguen matando y mutilando. A principios de diciembre, cuatro niños jugaban en el pueblo de Qabasiya, a diez minutos en coche al sur de Sinjar. Dos de ellos murieron al pisar uno de esos artefactos. Los otros dos están en el hospital con heridas graves.

Por eso Khider no está sola. Cada vez más mujeres yazidíes dan el paso de convertirse en desminadoras. “Mi trabajo lanza un mensaje al ISIS: 'Somos fuertes y no nos van a derrotar”, dice. Su determinación salta a la vista en 'Into The Fire', un documental reciente de National Geographic que sigue el trabajo de Khider como responsable de un equipo de desactivadora de minas. En una escena está cuidando el jardín y dando de comer a sus tres hijos; en la siguiente está detonando morteros, retirando minas y buscando artefactos explosivos en ciudades devastadas por la guerra. Lo hace con un sombrero de ala ancha y un par de pendientes de oro que brillan bajo el sol.

El desminado solía considerare hasta ahora como “cosa de hombres”, debido al peligro y a la exigencia física que requiere: es un trabajo lento y arduo. Pero esta visión está cambiando. Khider supervisa un equipo mixto formado por 14 personas. Comienza su jornada laboral a las cinco de la mañana, cuando llega a la base del MAG para recibir instrucciones y reunirse con su equipo. A continuación se dirigen a un lugar contaminado y limpian artefactos explosivos hasta la hora de comer.

Sobre el terreno, cada paso que da Khider está lleno de peligro, pero también la aproxima al Sinjar que soñaba en su infancia: un lugar pacífico y sin explosivos.

Avance hacia la igualdad

Su trabajo forma parte de un gran avance hacia la igualdad de género en un sector dominado hasta ahora por hombres. Le pregunto si alguna vez se ha enfrentado con resistencias masculinas en su rol de jefa de equipo: “Cuando comencé a trabajar como desminadora junto a mis compañeras a muchos se les hizo extraño. Pero también se mostraron muy abiertos. Recibí el apoyo de mi marido, de mi familia, de mis parientes y de los propietarios de las tierras que limpiamos”.

Holivan Khero tiene 22 años, realiza este trabajo en un lugar cercano y está de acuerdo con Khider: “En nuestra comunidad, hombres y mujeres somos iguales, no hay problema porque yo sea desminadora. La gente está orgullosa de mí”, dice. “No tengo miedo”.

Su familia viajó a Alemania tras el genocidio pero ella quiso quedarse para ayudar en la reconstrucción de su comunidad. “Si nuestra tierra estuviera limpia y sin ese peligro [los artefactos explosivos], mi familia seguiría aquí”, dice. Tras ella, en la pared, puede verse un mapa del norte de Irak. Está lleno de puntos rojos que marcan las zonas contaminadas. Son como puntos de luz que señalan las cicatrices ocultas de la guerra.

En 2016, MAG fue la primera organización de desminado que desplegó mujeres en Irak. Hoy emplea a 24 mujeres yazidíes. Jack Morgan, director de la organización en el país, dice que planean contratar a otras 10 mujeres de Mosul en cuestión de semanas. “Están convencidas de limpiar esta tierra”, dice. “Tienes la sensación de que para ellas se trata de algo personal”.

A principios de enero, un empleado de MAG murió a principios de este mes en una explosión en un almacén de municiones en la región iraquí de Telefar. Tenía 24 años. Su fallecimiento recuerda los peligros a los que se enfrentan todos los días los desactivadores de minas.

1.800 kilómetros cuadrados de tierra con explosivos

En Irak hay unos 1.800 kilómetros cuadrados de tierra contaminada por explosivos (una superficie mayor que la zona metropolitana de Londres), como resultado de los distintos conflictos surgidos en las últimas décadas: la guerra entre Irán e Irak e los 80, la Guerra del Golfo, la invasión liderada por Estados Unidos en 2003 y la ocupación de parte del país por el ISIS en 2014.

El gobierno iraquí se ha marcado febrero de 2028 como plazo para limpiar el territorio. Morgan cree que ese objetivo es demasiado optimista. “El año pasado, los y las desminadoras despejaron poco más de 15 kilómetros cuadrados”, dice. La llegada de la COVID-19 no ha ayudado. Este año MAG ha conseguido desarmar apenas 1.200 minas, normalmente serían 6.750.

Líbano: 70 muertos y 470 heridos desde 2006

Líbano es otro país de Oriente Medio que desafía lenta pero inexorablemente las normas de género en lo que respecta al desminado. El pasado mes de septiembre viajé allí para observar el trabajo de MAG en el sur del país. La tierra, abrasada por el sol, irradiaba calor mientras cruzábamos el río Litani, que serpentea por un valle entre imponentes y escarpadas montañas. El sur del Líbano es conocido por sus tierras fértiles; pasamos por olivares y manzanos. Nuestro conductor enumeró todos los productos que aquí crecen: albaricoques, higos, tabaco. Parecía idílico. Pero, según MAG, desde 2006 y han muerto 70 personas a causa de la explosión de minas y artefactos similares en el país. La cifra de heridos asciende a 470.

Llegamos hasta la Línea Azul, una frontera de 120 kilómetros entre Israel y Líbano, actualmente vigilada por cascos azules de Naciones Unidas. A medida que nos acercábamos, veíamos cada vez más señales de advertencia en forma de triángulo rojo con una calavera y huesos cruzados. Hay que tener mucho cuidado al pisar. Aquí quedan algunas de las 400.000 minas colocadas por Israel durante la ocupación del sur del Líbano en la década de los 80. Durante una guerra corta pero intensa peleada en 2006, Israel también lanzó cuatro millones de bombas de racimo sobre la zona. Alrededor del 40% no explota al tocar tierra. Al igual que las minas terrestres, las bombas de racimo esperan a la vista, o levemente enterradas, hasta que un civil desprevenido las pisa, a veces décadas después.

Un equipo de desminadores del MAG limpiaban parte del terreno. Tenían bastante trabajo. Caminamos hacia ellos con mucha precaución. Levantaron la vista y nos saludaron. Al mirar más de cerca, me di cuenta de que en el grupo había varias mujeres. En Líbano, MAG emplea a 30 mujeres.

Una de ellas es Hala Naame, de 31 años, originaria de un pueblo cercano a Nabatieh, la ciudad donde MAG tiene su sede. De pelo largo y oscuro y sonrisa tímida, llevaba trabajando desde el amanecer con temperaturas que alcanzan los 37 grados durante la tarde. Embutida en la pesada armadura protectora debía sentirse como si estuviera en el interior de un horno. Pero Naame no se inmutó.

“Me preocupa que mi hijo pueda morir al pisar una mina”

“Cuando estoy desminando mi prioridad es la seguridad porque tengo una familia”, me dijo durante su descanso para comer. Tiene un hijo de cinco años. “Me preocupa que pueda morir o terminar herido si pisa una mina; a todos los niños les encanta jugar al aire libre”, decía.

El equipo me mostró el campo de minas en el que trabajaba, cerca de un pueblo llamado Houla. Las minas antipersona están entre la vegetación o semienterradas. Detonaron 11 en tres explosiones controladas; la onda expansiva se abrió paso entre los árboles. Una vez despejada esa tierra, los agricultores podrán utilizarla de nuevo para cultivar y pastar ganado, la principal fuente de ingresos del sur de Líbano.

En lo que va de año, MAG ha retirado cerca de 15.000 minas en Líbano. Mofida Majzoub, nacida en Sidón es, a sus 40 años, la supervisora de la organización en el noreste del país, la zona que linda con la frontera Siria. Antes era fotógrafa. Tras 25 días de formación se convirtió en desminadora. Corría 2016. En 2019, fue ascendida a supervisora y tiene a su cargo un equipo de 12 personas. “Me aseguro de que se sigan los procesos para que los desminadores trabajen seguros. Es una gran responsabilidad. Ríe. Algunos de mis amigos dicen: 'Estás loca'”.

No es suficiente con hacer un buen trabajo: hay que cambiar las actitudes

Durante el viaje, me he encontrado con mujeres en todos los pasos del desminado. Desde las relaciones con la comunidad hasta jefas de equipo y coordinadoras de programas. Pese a lo que pudiera parecer, el proceso avanza lento. Una encuesta realizada en 2019 por Mines Action Canada a 12 organizaciones dedicadas a la retirada de minas terrestres en todo el mundo entre las que se encontraban MAG, Halo Trust y Danish Demining Group descubrió que sólo el 20% de los empleados en terreno en este sector son mujeres.

Hiba Ghandour, responsable de género y diversidad de MAG en Líbano, afirma que la incorporación de más mujeres a los puestos operativos no se producirá de la noche a la mañana: “Es un proceso, pero lo estamos consiguiendo. No hay nada escrito; aprendemos sin parar. No debería existir ningún trabajo del que alguien pueda decir que no es para mujeres”. Sobre todo, con la situación económica que atraviesa Líbano, dar oportunidades a las mujeres es hoy más importante que nunca. “He oído al 90% de nuestro personal femenino decir: 'Ayudamos a nuestros maridos, a nuestros padres, a las familias; sin nosotras no sobrevivirían'”.

Para quienes creen que las mujeres son incapaces de asumir el rol de desminadoras, Ghandour les responde que, en cada formación que imparte, siempre hay alguien que pregunta: “¿Es trabajo para mujeres?”. Siempre hay algún supervisor que responderá y explicará que las trabajadoras de su equipo lo hacen mejor que algunos hombres, a veces mejor que cualquier hombre.

A veces no es suficiente con hacer un buen trabajo; hay que cambiar las actitudes. Arianna Calza Bini, directora del Programa de Género y Acción contra las Minas (GMAP) del Centro Internacional de Desminado Humanitario de Ginebra, imparte sesiones de formación sobre la integración de la perspectiva de género a personas que trabajan en el sector del desminado por todo el mundo. Recuerda varias sesiones con mujeres de Oriente Medio que le dijeron que sus colegas masculinos “les hacen constantemente preguntas como: '¿Qué haces aquí? ¿Por qué no estás en casa con tus hijos? ¿Por qué estáis trabajando vosotras y no vuestros maridos?”. Explica: “A menudo se considera que el desminado es empleo para ex-militares, hombres”.

Bridget Forster fue miembro del ejército británico y ahora trabaja para el Servicio de Acción contra las Minas de las Naciones Unidas (UNMAS). Recuerda que le dijeron que era “demasiado débil para cavar un agujero” cuando comenzó a trabajar en el sector del desminado. En 2018 terminó su formación en desactivación de artefactos explosivos (EOD) y se convirtió en una de las ocho mujeres que trabajan para el UNMAS galardonadas en 2019 con el premio del secretario general de la ONU a la paridad de género. Espera que sirva para “un cambio de mentalidad”.

Desactivadas 7.500 restos explosivos en Palestina

Después de una temporada destinada en Libia, hoy es la responsable del programa UNMAS en Palestina. Supervisa la misión de retirada de minas liderada por Naciones Unidas en Gaza y Cisjordania. La UNMAS comenzó a trabajar allí en 2009 tras la guerra de 2008-2009 entre Gaza e Israel que dejó tras de sí gran cantidad de explosivos sin detonar, un volumen que aumenta cada vez que la violencia se recrudece, la última vez en 2019.

Por ahora, el gobierno palestino bajo la supervisión de la UNMAS y la propia misión han retirado más de 7.500 restos explosivos de guerra. El 90% de su equipo en Palestina son mujeres. Desde la misión, se anima a las mujeres de Gaza a participar en formaciones sobre los riesgos de los explosivos y a planear estrategias para que sus viviendas estén mejor preparadas cuando estalle la próxima guerra.

“Lo único que tenemos que hacer es fijarnos en la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que se refiere a la implicación de las mujeres en la construcción de paz. Pese a lo que me dicen muchos hombres, las mujeres sí quieren participar en la construcción de paz.

Cuando nos acercamos a las mujeres de las comunidades, una de ellas dice: “Gracias, tienen que escuchar nuestra voz, podemos marcar la diferencia y nadie nos lo había pedido antes”. Añaden también que así se contribuye al empoderamiento de la siguiente generación. Eso, para Gaza, significa mucho porque “se había impuesto una sensación de impotencia e incapacidad para la acción. Están encerradas en una prisión al aire libre”.

“Fui prisionera en mi propia casa”

Shahad Alobaid tiene 30 años y trabaja como oficial de enlace de la UNMAS en Mosul (Irak), donde desempeña una labor fundamental: contacta con la población, recopila información sobre artefactos sin explotar y prioriza las tareas de los equipos de limpieza. Estudiaba el último curso de inglés en la Universidad de Mosul cuando el ISIS se extendió por el país en 2014. Su padre no le permitió a ella ni a sus tres hermanas menores salir de casa mientras el ISIS ocupaba la ciudad. Temía por sus hijas. “Fui prisionera en mi propia casa durante 30 meses”, dice. “Fueron días y noches muy largos”. Todo se complicó cuando su padre murió de un ataque al corazón en 2016. “Después de eso, mis hermanas y yo, ya no teníamos nada que perder. Estaba lista para morir”.

El barrio en el que vive Alobaid fue liberado por las fuerzas iraquíes en enero de 2017. “Solo pensé en conseguir un trabajo para alimentar a mi familia”. Comenzó a hacerlo como intérprete para una empresa privada de desminado en abril de 2017 y después pasó a ejercer como oficial de enlace con UNMAS. “Era la única chica del equipo en Mosul. La mayoría eran exmilitares, oficiales de alta graduación, de generales a tenientes. Me veían como a una niña”. Dice que les llevó tiempo aceptarla: “Tuve que demostrarles que podía hacerlo”.

Al principio tampoco fue fácil convencer a su madre. Solo aceptó que su hija mayor trabajara desminando con una condición: “Que no le dijera nada a nadie, ni familiares ni vecinos, lo que estaba haciendo. Que dijera que trabajaba en la universidad”. Logró mantener el secreto nueve meses. “En cuanto mi madre vio la confianza que tenía para hablar con los demás y que estaba ayudando a mis vecinos, se sintió muy orgullosa”.

Alobaid -como el resto de mujeres que desminan- pone su esfuerzo al servicio de Mosul, devastada por la guerra, reconstruyéndola desde los cimientos. Así, también se reconstruye a sí misma: “Siento que vuelvo a ser un ser humano”.

Traducido por Alberto Arce

Una de las características más llamativas, y francamente inquietantes, de Trump es su habilidad para cargarse algunas de las pocas cosas que se han hecho bien en la promoción de seguridad global. La salida de Estados Unidos del pacto que limitaba el programa nuclear iraní (que, de momento, ha conllevado que Irán deje de cumplir con las limitaciones previstas) es quizá la más llamativa. Pero acabamos de conocer otra: eliminar la prohibición de usar minas antipersona por parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

Un duro golpe al Tratado de Ottawa que prohíbe las minas antipersona desde 1997. Considerado un hito de la movilización de la sociedad civil y de los esfuerzos diplomáticos en el ámbito de la paz, el anuncio de Trump puede debilitar un proceso de desarme que, además de referente, ha sido útil y muy efectivo en la reducción de una amenaza sangrante.

Pero vayamos por partes.

La crueldad de las minas antipersona

Durante la Segunda Guerra Mundial empezó a usarse una variante de la mina antitanque: una mina que explotaba por el contacto de una persona. Las minas antipersona no pretendían tanto matar como herir, para generar más frustración en las víctimas, más carga en la comunidad y más gasto en salud.

Su bajo coste y su fácil manejo, la convirtieron en un arma muy usada en muchos conflictos. Minar era fácil, desminar costoso, humana y económicamente. Así que, una vez terminado el conflicto armado, persistían zonas minadas. Hoy en día, aún se registran víctimas por minas 'sembradas' hace décadas.

Por todo ello las minas antipersona fueron consideradas como un arma especialmente cruel y dañina, de impactos indiscriminados y que afectaba, de forma principal, a la población civil.

La prohibición de las minas, un tratado icónico

Las dos últimas décadas han sido especialmente activas por lo que respecta a desarme. Al margen del régimen de las armas de destrucción masiva, los Estados siempre fueron reticentes a dejarse limitar sus arsenales de armas convencionales y siempre consiguieron –con la inestimable ayuda de la industria militar frenar los diversos intentos de desarme.

Sin embargo, fruto del trabajo de las ONG -con la complicidad de algunos Estados- en 1997 se consiguió algo que parecía imposible: un tratado que prohibía las minas. Muchas cosas posteriores (tratado bombas racimo, tratado comercio armas, etc.) no se pueden entender sin el ejemplo e impulso de las minas. Un activismo reconocido por el Nobel de la Paz: en 1997 premió a la Campaña contra las minas (ICBL) y en 2017 a la Campaña contra las armas nucleares (ICAN).

Estados Unidos: fuera y dentro del Tratado

Estados Unidos, pese a la voluntad inicial de Bill Clinton, nunca fue miembro del tratado de prohibición de las minas que, hoy en día, agrupa a 164 países. Sin embargo, en 2014 Obama decidió asumir en la práctica sus obligaciones. EEUU ha sido, también, uno de los principales donantes mundiales en proyectos de desminado y tratamiento de víctimas.

Un tratado útil, una irresponsabilidad máxima

La irresponsabilidad de Trump es clamorosa cuando se ven los cambios producidos por la existencia del tratado.

Antes del tratado, 50 países eran productores y había 160 millones de minas antipersona en todo el mundo. Su uso provocaba decenas de miles de víctimas al año. Hoy, después de 20 años de Tratado, solo 11 países no han prohibido su producción (lo que no quiere decir que las produzcan), se han reducido en más de 100 millones las existencias de minas y su uso está documentado en pocos conflictos. Lo más importante: las cifras de víctimas se han reducido notablemente. Pero para evitarlas totalmente, queda mucho por hacer: conseguir la prohibición total e invertir mucho más en desminado y asistencia a víctimas.

Prohibir las minas es algo necesario desde una visión humanitaria y de seguridad. Y el Tratado de Ottawa, un instrumento que ha permitido enormes avances en la reducción del sufrimiento humano causado por las minas. Torpedear el tratado y la prohibición, es abrir la puerta a más y mayores sufrimientos.

Bekele Gonfa, víctima y activista de la Campaña, lo señala con precisión: “Es una noticia extremadamente triste escuchar a los líderes de Estados Unidos denunciar un tratado que salva vidas y que ha sido adoptado por la mayoría del mundo”.

Hurgando entre las raíces y el barro de un pequeño trozo de tierra, asoma la oxidada aleta del mortero. También, el símbolo de una calavera tachada con unos huesos cruzados. Aki Ra cree que esta bomba, escondida en esta zona de Siem Reap, en la Camboya rural, lleva bajo tierra unos 40 años. Si no la hubiera encontrado, otra persona más podría haber pasado a engrosar la larga lista de víctimas mortales. Desde finales de los años sesenta hasta los noventa, unas 20.000 personas han muerto tras pisar accidentalmente uno de estos artefactos.

En los dos meses que han estado desminando una superficie de unas 9,5 hectáreas en el distrito de Chi Kraeng, el fundador de Cambodian Self Help Demining (CSHD por sus siglas en inglés, que significa Autoayuda Camboyana para el Desminado), y su equipo han encontrado cerca de 100 explosivos. A pesar de que desde 2008 se han dedicado a diario con la detección y detonación de estos explosivos, ninguno de sus trabajadores ha resultado herido por uno de los artefactos.

“Todas las heridas son de cobra”, explica Aki Ra, el fundador de la organización. “Cortamos hierba, las cobras viven allí, así que te muerden la mano. Cuando una cobra ha atacado a un miembro de mi equipo, les he hecho un corte en la herida y les he sacado sangre. Ha pasado tres veces y ninguno de ellos ha muerto”.

Sin rastro de serpientes en el día de hoy, el equipo de Ra excava alrededor de la bomba, la saca y la lleva a un agujero más profundo. Luego se sitúa en el extremo seguro de un cable de 100 metros conectado a un proyectil, silban, lanzan gritos de advertencia y ¡explosión! Una mina menos. Ya solo quedan unos seis millones de minas más en Camboya.

El Gobierno camboyano quiere que en 2025 el país esté libre de minas terrestres y de otros artefactos explosivos. Sin embargo, lo cierto es que en la primera mitad de 2019 las víctimas mortales como consecuencia de la explosión de minas terrestres se ha duplicado –62 en comparación de las 31 en el mismo período de 2018–, así que el objetivo, aunque urgente, parece poco realista.

Una mujer que se presenta como la señora Yorn perdió la pierna izquierda cuando era adolescente, al explotar una mina escondida entre la vegetación, a pocos metros de su casa. De hecho, en otra ocasión, cortaba el césped de su casa y otra mina estalló, y la metralla la hirió en la boca. Yorn, que ahora tiene 55 años, afirma que su vida es “difícil”. “A veces siento dolor porque todavía tengo fragmentos [de metal de minas terrestres] en el cuerpo”, explica.

Durante las labores de desminado, el equipo de Ra ofrece asistencia médica básica a los aldeanos empobrecidos que viven cerca, como un servicio adicional para aquellos que no pueden permitirse desplazarse hasta un hospital o comprar material médico y medicamentos. Sin embargo, el equipo no tiene suficientes conocimientos como para extraer el metal incrustado en el cuerpo.

“Antes de perder la pierna, mi vida era mejor”, lamenta Yorn. “Trabajaba duro y tenía mucha comida”. Ahora, su familia depende en gran medida de la caridad. Ra envía a un socio a su coche a buscar una manta y algo de dinero para donárselo. Yorn y algunos de sus nietos pequeños juntan sus manos en un gesto de agradecimiento mientras él regresa al vehículo. Los lugareños pobres como Yorn se ven obligados a vivir en tierras que son baratas, precisamente porque están llenas de minas.

El CSHD cuenta con 40 empleados que trabajan en diez provincias del país y afirma que desde su fundación en 2008 ha conseguido limpiar 175 campos de minas. Suele trabajar en aldeas ignoradas por ONG de mayor tamaño y por la Autoridad de Acción contra las Minas de Camboya del Gobierno.

“Otra aldea nos necesita”, señala Ra, mientras su equipo hace un breve descanso para comer arroz y pescado. “Si nos quedamos demasiado tiempo, otras personas sufren, así que tenemos que irnos”.

De los enfrentamientos al desminado

Es difícil no ver la historia de Ra como un caso de redención. A mediados de la década de los sesenta, cuando tenía unos 10 años –no está seguro de su edad, pero cree que tiene 45–, fue reclutado por los Jemeres rojos [Khmer Roug] del dictador camboyano Pol Pot. Sus padres figuran entre los millones de camboyanos asesinados por el régimen.

Ra libró una guerra en la selva contra las fuerzas vietnamitas entrantes, y colocó minas alrededor de la provincia de Siem Reap. Aunque ha escrito sobre la brutalidad de las comunas de los Jemeres rojos, afirma que después de que le entregaron un fusil AK47 las cosas mejoraron. “Me alegré de poner minas... Las armas parecían juguetes. Ametralladoras, artillería, granadas, cohetes... las explosiones y los golpes eran como música, tambores. Éramos felices cantando canciones y luchando”.

Sin embargo, no compartía la visión genocida del Khmer Rouge, y a principios de la década de los 80 a Ra lo convencieron para que se uniera al ejército de Vietnam. Cuando, en los noventa, los soldados vietnamitas se replegaron, Ra se unió al ejército nacional de Camboya. Cuando los enfrentamientos cesaron, empezó a ayudar a los voluntarios civiles a retirar las minas. 

En aquel momento, todavía no disponían de detectores de metales. “Construí un artilugio para desatornillar minas”, dice Ra. “Utilizábamos hierba o trozos de madera para quemarlas y destruirlas”.

Había visto las consecuencias letales de estos artefactos así que estaba muy concienciado. “Cuando las personas pierden una pierna, al principio ni siquiera son conscientes de que se ha producido una explosión. Cuando finalmente consiguen ver a través del humo se percatan de que han perdido una parte de su cuerpo y es entonces cuando empiezan a sentir el dolor. Durante la guerra, algunas personas perdieron las dos piernas y luego se suicidaron. Yo les decía: '¡Alto, amigo!', pero disparaban”.

Cuando a principios de la década de los noventa la ONU envió fuerzas para el mantenimiento de la paz a Camboya, Ra trabajó en las labores de desminado. “La ONU me mostró que en otras partes del mundo hay escuelas, hospitales, comida. Entonces lo entendí. Decidí reconciliarme con los malos recuerdos del pasado. Quería hacer de mi país un lugar seguro.”

Ra tenía una colección de minas desactivadas y cobraba un dólar a aquellos turistas que quisieran verla. Además, tenía un don para manipular explosivos, así que en 1997, abrió el Museo de Minas Terrestres de Camboya, cerca de Angkor Wat. En 2007, él y su esposa, Hourt, decidieron reubicar el museo justo al norte de la ciudad de Siem Reap y abrir un pequeño orfanato.

Con fondos de la organización benéfica estadounidense Landmine Relief Fund, Ra fundó el CSHD. Aunque muchos lo consideran un héroe, recientemente ha protagonizado un incidente que le ha valido comentarios menos elogiosos. En agosto de 2018, el museo de Ra se incendió y la Policía que se desplazó hasta el lugar encontró granadas, balas y minas que son ilegales en Camboya.

Ra fue detenido con cargos de posesión de armas de fuego, y el museo estuvo cerrado durante tres meses, mientras las autoridades sopesaban si cumplía con todos los requisitos legales. De hecho, antes del incidente la relación de Ra con las autoridades ya era tensa, su trabajo, y el de otras ONG, ha evidenciado que desde que el primer ministro Hun Sen llegó al poder en 1985, el Gobierno no ha sido capaz de abordar de una forma integral el complejo problema de la presencia de minas terrestres en las tierras. El Gobierno afirma que para solucionar esta cuestión necesita contar primero con grandes donantes de la comunidad internacional. Al mismo tiempo, unas imágenes del primer ministro con un reloj de pulsera que cuesta millones de dólares se han hecho virales.

El Gobierno suele detener a sus detractores así que resulta comprensible que Ra no quiera hablar de sus problemas legales. Se limita a afirmar que las raciones de arroz que le dieron en la cárcel no eran “del día” y que durante el tiempo que estuvo detenido durmió, o mejor dicho no durmió, en una celda con otros 30 presos. “Estoy bien”, señala, “respeto la ley. La ley puede meterme en la cárcel”.

Ra consiguió evitar una condena más larga, reabrir su museo y volver a trabajar.

Si quiere terminar con todas las minas terrestres de Camboya, tendrá que seguir trabajando durante muchos años más, y espera que sus tres hijos, o al menos uno de ellos, quieran seguir con su labor al frente de la organización. De hecho, su segundo hijo se llama Mina.

Muchas personas admiran su labor. Hak Hort, de 33 años, es uno de ellos. A finales de la década de los noventa, una mina terrestre terminó con la vida de su hermano y de su hermana. En una de sus misiones de desminado, Ra visitó la aldea de Hort cerca de Siem Reap y se conocieron. Hort se fue a vivir al orfanato.

“Estaba feliz de vivir con él, ya que esto significaba que podía ir a la escuela”, explica Hort durante una visita al museo de Ra. Hasta la fecha, han vivido en el orfanato unos 100 niños. Mientras observa un cuadro que representa un grupo de cuerpos mutilados por las minas, junto a aldeanos que sollozan, Hort añade: “Ra ha ayudado a muchas personas”.

Traducido por Emma Reverter

El número de víctimas por explosiones de minas antipersona en el mundo registró en 2016 el mayor aumento desde 1999, cuando se empezaron a contabilizar, según un informe publicado este jueves en Estados Unidos.

El informe, elaborado por la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Antipersona (ICBL), indica que los afectados por las detonaciones de estas armas de guerra alcanzaron los 8.605, de los que murieron al menos 2.089, una cifra cercana a los 9.229 contabilizados en 1999. Las víctimas sufrieron así las consecuencias de conflictos bélicos en países como Afganistán, Libia, Ucrania o Yemen.

En 2016 también se computó la mayor cantidad de casos de víctimas infantiles y de damnificados por minas improvisadas desde el inicio del registro en 1999, según el estudio.

La mayoría de los alcanzados por la explosión de uno de estos artefactos, el 78%, era población civil –una tendencia similar a la de ejercicios anteriores–, de los cuales el 42% era menor de edad.

Myanmar y Siria protagonizaron de nuevo la instalación de nuevas armas de este tipo por parte de sus fuerzas estatales, un fenómeno que ICBL calificó de “poco usual” en el mundo y que ambos países llevan albergando desde 1997 y 2012, respectivamente.

Más extendido fue el uso por parte de grupos armados no estatales, que optaron por esta implantación en nueve países: Afganistán, India, Irak, Myanmar, Nigeria, Pakistán, Siria, Ucrania y Yemen.

Como parte de las acciones para acabar con los espacios minados, los países trabajaron en asegurar las áreas previamente minadas e informaron de 170 kilómetros cuadrados de territorio libre de minas -cercano a las cifras de 2015- y de la destrucción de más de 232.000 minas terrestres.

En total, aún existen 61 países “contaminados” por estos artefactos, de los que 31 forman parte del Tratado sobre Prohibición de las Minas Antipersona, que pide la limpieza del territorio en un plazo de diez años, un margen que solo apuntan a cumplir Chile, República Democrática del Congo, Mauritania y Perú.

Por su parte, Argelia y Mozambique confirmaron el desminado total de sus territorios en 2016 y Bielorrusia completó la destrucción de sus reservas. Los Estados miembros del acuerdo contra el uso de minas destruyeron 2,2 millones de reservas de estos explosivos en 2016, de una cantidad acumulada de 53 millones.

Angola, Ecuador, Irak, Tailandia y Zimbabue se encuentran a la espera de que se les apruebe una prórroga en los plazos para el desminado antes de que finalice 2017.

Quien no ha reclamado una extensión de este lapso incurriendo, por tanto, en una violación del acuerdo es Ucrania, que no cumplió el desmantelamiento ni la eliminación de las reservas en el tiempo previsto.

Otro de los datos que refleja el informe es que, por primera vez desde 1999, Colombia no registró el uso de estos materiales por parte de grupos no estatales.

En 2016, se incrementaron las donaciones globales para la acción contra las minas hasta los 564 millones de dólares, lo que implica 40 millones más que en 2015.

Estas contribuciones incluyen el desminado, la asistencia a víctimas, la educación sobre el riesgo de esos artefactos, la destrucción de reservas, la monitorización y otras campañas.

El pacto sobre la prohibición de minas se convirtió en ley internacional en 1999 y engloba hoy a un total de 162 Estados que son parte de esa normativa.

Mohamed vivía en Raqqa, ciudad siria controlada por el Estado Islámico (ISIS) que ha sido, desde hace seis años, escenario de bombardeos, combates, persecuciones y decapitaciones públicas. La situación, cada vez más insostenible, le empujó a huir al norte del país con su familia, pero una mina truncó su intento de escapar. 

“Quedarse equivale a morir entre las bombas o de un disparo”, explica en un testimonio recopilado por Médicos Sin Fronteras (MSF). Decidió montarse con dos de sus hijos en una moto prestada. “Tan solo llevábamos unos 100 metros recorridos, cuando de pronto la moto pasó por encima de una mina y los tres saltamos por los aires”, recuerda Mohamed.

“Mi hijo estaba inconsciente y tenía heridas en la frente, mi hija en los ojos y yo en la barbilla, el cuello y las manos. Esperamos a que pasara un coche por el camino. Vi a mi hijo morir entre mis brazos. Murió y tuve que abandonar su cuerpo allí”, relata.

Cuando consiguió llegar al hospital de Raqqa, un miembro del Estado Islámico impidió que les atendieran. “Dejadle morir ahí”, dijo. Finalmente, pudo recibir asistencia médica y desde enero vive en un campamento del norte de Siria.

Mohamed es el nombre ficticio de uno de los muchos desplazados que, según MSF, han sido víctimas de las minas antipersona y municiones sin detonar que, en el séptimo año de guerra, “están sembrados por todas partes”, desde carreteras y campos de cultivo hasta las propias viviendas de la población.

Son las conclusiones del nuevo informe de la organización humanitaria, Listas para detonar, basado en los testimonios de sus equipos médicos, pacientes y familiares. El estudio revela que, desde 2015, “cada vez que el Estado Islámico se ha retirado de un territorio” tras las batallas en el norte de Siria, “se localizan un gran número de minas y trampas explosivas” que afectan a la población que huye de los combates, pero también a la que vuelve a sus hogares.

Explosivos en alfombras, neveras y peluches

Los artefactos de fabricación casera han sido instalados alrededor de instalaciones militares o cerca de posiciones de tiro que pretendían proteger, explican desde la organización. “Pero también se han encontrado artefactos explosivos improvisados en campos, calles y viviendas; colocados en puertas o bajo objetos de uso cotidiano”, añaden. 

“Es extremadamente peligroso para la población regresar a sus hogares”, apunta Karline Kleijer, responsable de emergencias para Siria de MSF. “Han puesto trampas explosivas por todas partes: debajo de las alfombras, en las neveras e incluso en los muñecos de peluche de los niños”, prosigue. Se trata, según el estudio, de artefactos de fabricación casera que “parecen haber sido colocados con el objetivo de infringir un daño indiscriminado contra los civiles que vuelven a sus localidades”. 

Una muestra del alcance de estas “trampas explosivas” son los datos del hospital de Manyib, localidad de la provincia de Alepo, que durante el verano pasado, cuando la población comenzó a volver a sus casas, recibió más de 190 personas heridas por estos artefactos.

“Durante la batalla, los combatientes del ISIS ocupaban las casas y obligaban a las familias a salir. Cuando tenían que retirarse, instalaban trampas explosivas en la vivienda que abandonaban”, relata a MSF un médico que estuvo en la localidad durante los combates. 

Proyectiles sin explotar de los ataques de la coalición 

La organización humanitaria también se refiere al hospital de Kobane, que en un solo día, el 25 de noviembre de 2016, atendió a ocho personas heridas por las explosiones. Un año antes, la población comenzó a regresar a Kobane cuando el ISIS empezó a retirarse tras meses de enfrentamientos con las milicias kurdas del YPG.

Los habitantes encontraron entonces sus ciudades y pueblos plagados de minas y artefactos explosivos, muchos de ellos proyectiles que, según MSF, quedaron sin explotar tras los más de 700 ataques aéreos de las fuerzas de la coalición internacional, liderada por Estados Unidos.

En abril de 2015, 47 personas fallecieron y 19 resultaron heridas como consecuencia de las explosiones de estos artefactos en Kobane. La organización Handicap International estimó una media de diez piezas de munición por metro cuadrado y concluyó que estos dispositivos explosivos “estaban diseñados específicamente para incapacitar, herir o matar a la gente”, de acuerdo con la investigación de MSF.

La situación en Kobane y Manyib se asemeja “sorprendentemente”, según el estudio, a la de otros escenarios de combates contra el Estado Islámico, como Palmira (Siria), Ramadi (Irak) y Sirte (ciudad del norte de Libia).

“Cuando un animal se acerca, todos salimos corriendo”

En el este de la ciudad norteña de Tal Abyad, escenario de combates entre las milicias kurdas y el ISIS, los habitantes de las zonas rurales conviven a diario con esta realidad. MSF recoge las palabras de Shyiar, residente en la aldea de Jirn: “Algunos campos de cultivos siguen siendo peligrosos y los aldeanos tienen miedo de mandar a sus hijos a la escuela del pueblo”.

Jasem M, su vecino, convive con dos minas a escasos metros de su puerta. “No puedo dormir, estoy siempre preocupado por que uno de mis hijos, un perro o una oveja pise una de las minas que hay alrededor de la casa. Cuando un animal se acerca a la vivienda, todos salimos corriendo por miedo a que estalle a su paso”, afirma.

“Mientras siga habiendo minas y artefactos explosivos sin detonar, la población atrapada por el conflicto no podrá huir. Y los que huyeron previamente, tampoco podrán regresar a sus hogares. Del mismo modo, las organizaciones de ayuda humanitaria tampoco podrán llevar a cabo sus proyectos”, explica MSF.

La ONG denuncia que, por el momento, “casi ninguna organización, ni humanitaria ni militar, está llevando a cabo actividades de desminado, lo que obliga a la población a hacer esa labor”, con consecuencias, a menudo, “letales”. Según las autoridades locales, la policía local estableció una unidad de cinco voluntarios en Kobane. “Sus integrantes, que tenían una experiencia limitada, han fallecido todos” tras la explotación de estos artefactos“, denuncian.

Por esta razón, MSF pide un “mayor apoyo para asegurar el rápido desminado humanitario” e insta a las partes del conflicto a garantizar la protección de los civiles y la llegada de la ayuda. 

Alcanzar la paz en Colombia pasa por la ratificación del acuerdo entre el Gobierno y las FARC anunciado el pasado 25 de agosto. El pueblo será quien tenga la última palabra en un plebiscito que se celebrará el próximo 2 de octubre, pero no bastará con eso. “La paz no es solamente la ausencia del conflicto armado, los acuerdos son solamente la base que permitiría la consecución de paz verdadera”, decía esta semana la premio Nóbel de la Paz, Jody Williams.

A la barrera de las diferencias, las tensiones y el reto de la reinserción de los guerrilleros, se suman los obstáculos que quedaron en el camino a lo largo de estos 52 años de conflicto. Algunos, también, en forma de metralla. Según datos del Gobierno, en los últimos 25 años, 11.458 personas han sido víctimas de las minas antipersona que utilizaron ambas partes la guerrilla y que hoy siguen repartidas por buena parte del territorio colombiano. De ellas, el 40% son civiles.

En los oídos de Arturo retumba aún el zumbido de la explosión que le hizo perder el pie izquierdo. “Caminaba tranquilo por mis tierras de cultivo porque se suponía que allí no había minas. Nadie imagina que le vaya a pasar algo así”, dice. Agradece estar vivo y que su hermano saliera ileso, pero admite que le angustia no saber de qué vivir ahora.

“La gente tiene que saber que los estragos humanitarios que generan los artefactos explosivos y restos de guerra no desaparecerán de la noche a la mañana”, recuerda el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). En el segundo país del mundo con más víctimas de minas antipersona –solo por detrás de Afganistán, según Acnur–, parte de su población reclama que se prioricen las labores de desminado y se atienda a los supervivientes.

El reto de volver a casa

La cicatriz de Carlos acabó por darle una nueva vida. Tras perder una pierna al pisar una mina, acudió al taller de Cali para que le fabricasen una prótesis. Ahora es él quien aprende el oficio: “Siempre somos los civiles los que más sufrimos. Yo tengo miedo de volver al campo”, dice mientras sostiene el brazo ortopédico que está fabricando para otro afectado.

Como él, más del 12% de la población colombiana que se vio obligada a abandonar sus hogares durante los años de conflicto podría encontrar en los acuerdos de paz el primer paso para volver a casa. “Pero el retorno debe ir acompañado de una certeza que les garantice que el territorio es verdaderamente seguro”, apunta la ONG HALO Trust. En 693 de los 1096 municipios del país –los que se consideran “áreas peligrosas”–, esa garantía aún no existe.

Si bien las labores de desminado están dando sus frutos y las cifras de víctimas se han reducido drásticamente desde que en 2014 se iniciaron las conversaciones con las FARC, en lo que va de año 72 personas han pisado alguno de estos explosivos. Fuera de estas estadísticas oficiales quedan, además, las miles de familias que viven aisladas sin poder salir de sus territorios.

“Hay zonas del país que nunca han tenido heridos o accidentes, pero que están afectadas por la limitación del acceso a los cultivos y terrenos fértiles, la muerte del ganado y otros animales de los que dependen para subsistir, o la deserción escolar”, recuerda un informe de CICR. Según el Gerente de Operaciones de HALO Trust Colombia, Yeison Villamil, entre los casos de este tipo “destacan los de las comunidades afrocolombianas e indígenas, especialmente vulnerables”.

Desminar un 60% del país

Hasta diciembre, la comunidad de Chocó (al noroeste del país) solo conocía la realidad de las explosiones a través de los periódicos, pero la situación cambió con la muerte de un campesino pocos días antes de Navidad. Aún cuando la región se estaba tiñendo de luto, otras dos personas fallecieron al pisar otra mina cuando los vecinos se organizaban para rescatar a primero. Nunca antes se habían registrado accidentes de este tipo en la zona.

“Son indicadores que muestran que hay más áreas que pueden ser peligrosas para la población civil y sobre las que no se sabe exactamente qué grado de contaminación tienen”, dice CICR.

Con estos desafíos en mente llegaba el Acuerdo sobre Limpieza y Descontaminación del Territorio, firmado el 7 de marzo de 2015 por el Gobierno y las FARC, donde ambas partes del conflicto se mostraban dispuestas a trabajar conjuntamente para liberar Antioquia y Meta (las localidades más afectadas) de minas antipersona y otros restos de armamento.

Actualmente se desconoce el número de minas que puede haber y su localización exacta, por lo que “concretar una fecha para terminar la limpieza de los campos es imposible”, dice a eldiario.es Álvaro Jiménez, coordinador nacional de la Campaña Colombiana Contra Minas (CCCM). Sí se sabe, sin embargo, que hay minas en más del 60% del territorio colombiano.

A la espera de que se unan más organizaciones, las labores de desminado humanitario las lleva a cabo el Ejército, la CCCM, Handicap International, Halo Trust y Ayuda Popular Noruega, aunque reconocen que faltan manos. El reto de ser un país libre de minas antipersona para el año 2021 se afrontó con la promesa de una ayuda internacional que a día de hoy no se ha movilizado. Sobre la iniciativa de apoyo económico para el desminado en Colombia que emitieron EEUU y Noruega en febrero de este año, Jiménez admite que “se han hecho los anuncios, pero el proceso aún no ha iniciado”.

Con la única protección de chaleco y un casco de plástico, civiles como Marleny adelantan la labor. “Uno tiene mucho miedo a encontrarse una mina, pero una vez que la encuentra también siente una satisfacción enorme, porque sabe que ya nadie va a parar en ella”, dice la joven.

No le tiembla el pulso. A su espalda lleva la práctica, la templanza y unas horas de formación impartidas por la ONG HALO Trust, en las que aprendió a desarticular los explosivos manualmente. “Al ser minas artesanales su contenido metálico es muy escaso y la detección es muy difícil. Tenemos que hacerlo así”, explica. Se juega la vida por devolvérsela a la población en riesgo de Sonsón, donde las víctimas superan ya las 2.400 personas.

Otra forma de vivir la guerra

El último eslabón de la cadena lo componen los que se quedan. Quienes aprenden a vivir con las secuelas que les dejó el pisotón que cambió sus vidas, y los que les ayudan o ponen piedras en su camino. El médico de Jaime fue de los segundos: “Me dijo que me dedicara a vender lotería porque al haberme quedado ciego ya no servía para nada más”, recuerda.

Gracias a que no le escuchó ahora tiene una microempresa, pero reconoce que “el problema no es solo para uno, sino para toda la familia y para toda la sociedad, porque hay mucha discriminación”. La misma discriminación que vivió Heriberto nada más salir del hospital tras su accidente: “Me dediqué un tiempo a pedir limosna porque me quedé sin nada. La gente me empujaba, los carros me atropellaban y me dejaban tirado en la calle... Hemos vivido la guerra de muchas formas”, recuerda.

Hoy Colombia acaricia con los dedos el fin de una guerra que, como apunta Heriberto, debe cerrarse en todas sus versiones. Las negociaciones en despachos transcurren mientras el silbato del campo de Antioquia suena de nuevo para marcar el inicio de las tareas de desminado del día. “Si algún día la guerra llega a su fin, sobre el terreno quedarán este tipo de problemas”, recuerda el ICRC, que añade: “No se sabe cuándo los colombianos podrán volver a caminar sin miedo”.

“Si me encontrara al piloto estadounidense que arrojó la bomba por la que perdí uno de mis brazos… solo le suplicaría… le suplicaría que no volviera a hacer algo así”. Este estremecedor testimonio forma parte del vídeo reportaje que eldiario.es ha elaborado en Laos, la nación más bombardeada de toda la Historia.

Entre 1964 y 1973 Estados Unidos lanzó más de dos millones de toneladas de explosivos sobre su territorio. Los aviones norteamericanos completaron un total de 580.000 misiones; lo que representa una misión cada 8 minutos, 24 horas al día, durante 9 años. Todo formó parte de una guerra secreta e indiscriminada con la que Washington intentaba, supuestamente, detener el avance comunista en Indochina.

Los expertos calculan que una de cada tres de aquellas bombas no explosionó y su mortal amenaza permaneció latente. En los últimos 40 años más de 20.000 laosianos, entre ellos cerca de 8.000 niños, han muerto o han sufrido amputaciones y otras secuelas físicas y psíquicas por la explosión de uno de estos artefactos. En lo que llevamos de año se han producido 30 incidentes que se han cobrado medio centenar de muertos y heridos.

Hemos hablado con las víctimas, con las ONG que se encargan de luchar contra esta terrible lacra y hemos recorrido el país asiático para conocer cómo sus habitantes han tratado de adaptarse e incluso sacar provecho de la mortal cosecha que sembró el ejército del Tío Sam.

Amanece en una pequeña y polvorienta ciudad del norte de Camboya. Anlong Veng fue el último bastión de los Jemeres Rojos antes de su rendición definitiva y de la muerte de su siniestro líder, Pol Pot, en 1998.

Como cada mañana, Susanna Smale y su traductora, Ron Soktoeur, se suben al todoterreno que les conducirá hasta alguno de los campos de minas que están siendo batidos por sus equipos. Susanna es la coordinadora de la ONG Halo Trust en Oddar Meanchey, probablemente la provincia camboyana que cuenta con un mayor número de artefactos explosivos sin detonar.

“Estos arrozales que ves a la derecha los limpiamos el pasado año y, poco antes, aseguramos esta carretera por la que circulamos ahora; estaba llena de minas antipersona y antitanque”. Camboya es el tercer destino, tras Nagorno Karabaj y Zimbabue, en el que Susanna se enfrenta a estos pequeños pero letales enemigos: “Halo Trust llegó a este país en 1991. Desde entonces hemos destruido más de 270.000 minas antipersona, 4.000 minas antitanque y cerca de 180.000 obuses, bombas de racimo y otro tipo de explosivos sin detonar. A ello hay que unir el trabajo que realizan otras ONG y el Gobierno camboyano”.

Estas impresionantes cifras se traducen en otra estadística mucho más humana: la labor de desminado ha permitido reducir el número de víctimas desde el millar que se registraba anualmente a comienzos de los 90, hasta las 154 que se produjeron el pasado año.

Campos de batalla latentes

La embarrada pista termina en un pequeño chamizo donde la organización ha montado su cuartel operativo. Estamos en Trapeang Tav, una pequeña comunidad agrícola que llevan desminando desde 2006. Susanna y Ron se colocan sus chalecos antifragmentación y sus caretas protectoras: “En esta zona hay una gran densidad de minas porque los vietnamitas tenían una base muy cerca de aquí y la rodearon de artefactos”.

Caminamos entre estacas teñidas de color rojo que marcan la frontera entre el terreno asegurado y el que está pendiente de batir; ellas representan la única barrera entre la vida y la muerte. Los tétricos carteles con la calavera y el mensaje “danger!! mines!!”, escrito en inglés y camboyano, alertan del peligro latente. En varios puntos se ve a hombres y mujeres vestidos con trajes especiales y armados con modernos detectores. “Cerca de 1.000 personas trabajan para la organización; el 99% son camboyanos. Todos han sido formados para realizar esta labor. Desde que yo estoy aquí no hemos tenido ningún accidente… pero en estos años se han producido varias desgracias. El peor enemigo del desminador es la relajación. Es un trabajo minucioso y sistemático en el que no te puedes confiar ni un solo minuto”.

Ron informa a Susanna de la aparición de la primera mina del día: “Tiene un radio letal de 10 metros y se activa al pisarla o mediante cable trampa. Le pondremos una carga de TNT y la detonaremos”. Tras alejarnos a la distancia de seguridad establecida, se produce la explosión. El rostro de Susanna revela una leve sonrisa tras la que se oculta un solo pensamiento: ¡Una menos! “Acabar con las minas no solo supone permitir un acceso seguro para la gente y eliminar el riesgo de que pierdan sus vidas; significa que las tierras pueden volver a ser utilizadas por la población. Puedes ver allí, en la distancia, una de las zonas que hemos limpiado y que ya está siendo cultivada. Tan pronto como acabemos de limpiar este campo de minas la gente vendrá y cultivará estas tierras con lo que podrán incrementar sus ingresos”.

Tras comprobar que los trabajos continúan sin novedad, Susanna y Ron ponen rumbo a un nuevo destino. Solo en su provincia cuentan con 22 secciones operativas y más de 250 efectivos: “Nuestra prioridad a la hora de realizar el desminado siempre es el grado de riesgo para la población. En junio murió un agricultor al pisar una mina antitanque con su tractor. Era un campo que no sabíamos que estaba minado y que se encontraba en una zona cercana a varias aldeas. Inmediatamente suspendimos las tareas que llevábamos a cabo en otro lugar menos sensible y mandamos nuestros equipos hacia allí. Siempre intentamos reaccionar con rapidez y flexibilidad. Nuestros peores enemigos son la climatología y la orografía. Las lluvias paralizan durante días nuestros trabajos que ya de por sí son complicados en un terreno escarpado repleto de ríos y junglas”.

Susanna confía en que este 2015 sea el primer año en que el número de víctimas no alcance el centenar. Un pequeño consuelo que no es tal si echamos la vista atrás: desde 1979, 25.000 camboyanos han muerto y más de 40.000 han sufrido traumáticas amputaciones. Más del 90% eran civiles y, muchos de ellos, niños. Se trata únicamente de los casos contabilizados formalmente por instituciones y ONG. Los expertos aseguran que existen miles de víctimas más de las que no ha quedado constancia alguna en los libros de registro.

Demasiados culpables

Esta siembra mortal tiene muchos responsables tanto locales como internacionales. Todos los bandos que participaron en las sucesivas guerras que asolaron el país en las décadas de los 60, 70, 80 y 90 contribuyeron a generar, en mayor o menor medida, este perverso legado.

Los estadounidenses lanzaron al menos 500.000 toneladas de bombas, principalmente, sobre el centro y el este del país. Lo hicieron de forma indiscriminada y secreta. Hubo que esperar hasta la llegada de Bill Clinton a la Casa Blanca para que, gracias a la desclasificación de diversa documentación, nos enteráramos de que los bombardeos habían comenzado en 1965 y no en 1969 como se había revelado anteriormente. Los ataques fueron de tal magnitud que, cuando finalizaron en 1973, las provincias camboyanas cercanas a la frontera con Vietnam se habían convertido en un terreno repleto de cráteres y de miles de artefactos sin explotar.

Un nivel similar de responsabilidad en la situación actual tiene Vietnam y el Gobierno títere que colocó en Phnom Penh tras invadir el país y expulsar a los Jemeres Rojos. Los hombres de Pol Pot huyeron a Tailandia y desde allí organizaron constantes asaltos contra las posiciones del Ejército de ocupación. Para evitar estas incursiones, los vietnamitas pusieron en marcha la operación “Muro de Bambú” o “Cinturón K5”. Los 750 kilómetros de frontera entre Camboya y Tailandia fueron blindados con densos campos de minas. Esta letal decisión se tomó con el acuerdo de los dirigentes camboyanos leales a Hanoi, entre los que se encontraba Hun Sen, el eterno primer ministro del país.

El resto de contendientes también puso su grano de arena para dejar inhabitable la nación. Los Jemeres Rojos utilizaron minas para proteger sus bases y los territorios que iban conquistando. Las fuerzas monárquicas y nacionalistas las emplearon en su lucha contra los vietnamitas... Incluso muy recientemente, entre 2007 y 2011, como consecuencia de diversos incidentes armados con sus vecinos tailandeses, existen más que indicios de que el Ejército camboyano volvió a minar algunas zonas de su frontera norte junto al estratégico templo de Prasat Preah Vihear. La siembra mortal continúa.

“¿Hay alguien en España que pueda enviarme una pierna ortopédica?”, suplica trémula Cemile, de 35 años y tendida en un colchón en el suelo de una enfermería improvisada en el pueblo fronterizo de Suruç. Su huida de Kobani a la desesperada, vadeando la verja que separa esa localidad kurdo-siria con Turquía, le costó un muñón en la pierna izquierda.

Kobani está, desde hace tres meses, asediada por el ISIS. Los yihadistas acechan por este, oeste y sur. Al norte, la puerta fronteriza sellada a la entrada de armas y voluntarias kurdo turcos, el alambrado de espino y un cinturón de minas conforman lo que los kurdos llaman “el cuarto frente”.

Human Rights Watch cuenta al menos tres muertos y nueve heridos por las minas desde el inicio del sitio. La mayoría de víctimas son niños. La hija de Cemile, siete años, se quemó la cara al explotar la mina que hirió a su madre. Mohamed Jalil e Idris Jalo, ambos jóvenes de la aldea de Tel Shair, murieron mientras cruzaban a Turqía.

En el corredor de Tel Shair, extendido de oeste a norte de la plaza sitiada, se han registrado hasta 70 explosiones de minas entre el 15 de septiembre pasado y el 15 de noviembre. No siempre provocaron víctimas, pero podrían haber más: en esa misma zona aguardan unos 2.000 civiles, junto a sus vehículos e únicas posesiones, porque Turquía no les ha permitido introducirlos en su suelo.

Las minas antipersona persiguen, en un conflicto bélico, causar el número máximo de bajas en el enemigo para dañar su aparato logístico. En especial cuando, en vez de matar, incapacitan a quien las pisa, pues saturan los servicios sanitarios en la retaguardia. Importa poco que sean objetivos civiles o militares. Por eso África y los Balcanes siguen repletos de ellas. La Campaña para la Prohibición de las Minas Antipersona informa de que 2013 hubo 2.403 bajas civiles en todo el mundo por minas antipersona, un 7% más que en 2012. La mitad de ellas fueron niños.

Estos artefactos son unos viejos conocidos de los kurdos, población que habita a banda y banda de las divisorias de Oriente Medio desde hace tantos siglos que hasta comparte lazos familiares. En la década de los cincuenta del siglo pasado, alegando la necesidad “evitar los cruces ilegales”, Turquía enterró 615.419 minas a lo largo de sus 911 kilómetros de frontera con Siria.

La turco-siria es la franja más minada por las fuerzas de seguridad de Ankara. Pero a día de hoy 194.033 minas separan Irán de Turquía – o Rojhelat de Bakur Kurdistan, en términos políticos kurdos – y 68.896 explosivos por presión permanecen en 384 kilómetros de alambre con ‘Başûr Kurdistan’ o Irak.

En 1984 la guerrilla kurdo turca Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) emprende su lucha armada. El enfrentamiento –los milicianos se basan en Irak para atacar- sirvió de excusa para que, a pesar de asumir en 2004 las exigencias de la Convención de Ottawa de acabar con las minas antipersona, hoy sólo se haya limpiado el 1% de las minas.

El plazo para acabar con las zonas minadas acababa este 2014. Turquía ha logrado una prórroga hasta 2022 con la excusa de que la falta de coordinación, problemas meteorológicos y amenazas para la seguridad nacional complican las tareas de retirada de artefactos.

El PKK, por su parte, se comprometió con la organización humanitaria Appel de Genève a dejar de usar minas antipersona y erradicarla de sus arsenales en 2006. En el año siguiente, según anuncia el ente en su web, eliminaron 770 minas antipersona y 2.500 artefactos explosivos. No hay datos acerca de en qué zonas podrían quedar minas antipersona del PKK colocadas. Hasta marzo de 2013, cuando anunció un alto al fuego para negociar la paz con Turquía, la guerrilla atentó con minas activadas por control remoto.

Mientras tanto el contador de víctimas sigue subiendo. Los de Kobani fueron los últimos de un recuento de más de 168 bajas civiles – 56 de ellos muertos - sólo entre 2004 y 2012 según cifras oficiales turcas. El supervisor de la Campaña para la Prohibición de las Minas Antipersona pone en cuestión las cifras turcas y eleva a 377 el número de bajas.

Datos del supervisor señalan que 1.269 personas, la mayoría soldados turcos, murieron entre 1984 y 2010 por minas activadas por presión, por control remoto u otros explosivos. Según la Fundación Turca para los Derechos Humanos (TIHV) 128 menores murieron entre 1999 y 2011 por minas antipersona. Son casos como el de Behzat Özer, publicado en Eldiario.es.

Quienes huyen de Siria también han sufrido las minas puestas en los límites fronterizos por el régimen de Bashar Asad. Human Rights Watch también denunció por ello en 2012 a Damasco, que al no ser firmante de la Convención de Ottawa se desconoce cuántos explosivos ha desperdigado. Tampoco hay datos claros de cuántas víctimas han dejado.

Este medio entrevistó hace dos años a Ahmed –nombre ficticio-, un opositor veinteañero en suelo turco, que relataba artimañas para atravesar campos que suponían minados. “Algunos sirios usaron animales domésticos, los cuales hacían caminar justo frente a ellos. Algunos campesinos llegaron a perder todas su vacas por el estallido de minas”.

Con el tiempo, dice Ahmed, perfeccionaron las técnicas. “Se esturreaba por el suelo un tipo de queso sirio, muy oloroso, y se esperaba a que jabalíes u otros animales salvajes acudiesen atraídos por él. Si no morían, se podía pasar”. Por último, asegura, se instalaron grandes bolas de metal negra frente a tractores, los cuales se hacían pasar por el minado.

Para los kurdos, la instalación de aquel amasijo de alambres hace un puñado de décadas supuso un agravante. “Al no poder cruzarlo de forma legal para visitar a sus familias porque se les exige documentación oficial de los que suelen carecer”, enfatiza Nihayet, miembro del Consejo Femenino de Suruç “al final acaban caminando por campos de minas hasta dar con un agujero en la valla”.

Aunque también hay terrenos minados alrededor de cuarteles policiales y en la tensa frontera con Armenia, los kurdos siguen viendo la colocación de minas como parte de una guerra no sólo contra el PKK, sino contra toda su población. Nihayet, se reafirma al concluir: “Las minas son un arma para separar social, económica y culturalmente a los kurdos”.

Hace diez años, Óscar Darío Arias, un joven campesino colombiano, estaba labrando la tierra cuando golpeó una mina antipersonal. La explosión se llevó su vista y tuvieron que amputarle los antebrazos. “Óscar pensó que su vida se iba a acabar, pero decidió seguir adelante”, cuenta Johana Huertas, coordinadora nacional del Programa de Acción Contra Minas de Handicap International-Colombia. Johana lleva ocho años trabajando para esta organización que presta asistencia a los sobrevivientes de accidentes con minas. La historia de Óscar, quien hoy estudia en la Universidad de Antioquia, es un destacado jugador de goalball y trabaja como guía turístico, es la que más la ha marcado en todo este tiempo. “Tras el accidente, su proceso de aprendizaje y rehabilitación ha sido tremendo, es un ejemplo para su familia y para el resto de víctimas y personas con discapacidad”.

En Colombia, uno de los países con mayor número de víctimas de minas del mundo junto con Camboya y Afganistán, existen registros oficiales de víctimas de minas terrestres desde 1999. En la actualidad se han contabilizado 10.557 sobrevivientes, de los cuales, el 39% son civiles. “Son cifras significativas, sobre todo si tenemos en cuenta que el 20% de ese 39% son niños y niñas”, destaca Huertas por Skype, en un descanso entre las sesiones de la 13ª Reunión de los Estados Parte del Tratado sobre la Prohibición de Minas, celebrada a principios de diciembre en Ginebra.

Unos días antes, se presentaba en la ciudad suiza el informe anual de la Campaña Internacional para la Prohibición de Minas Terrestres (ICBL, por sus siglas en inglés), un trabajo que, por un lado, arroja algunas cifras esperanzadoras pero que evidencia también esa tendencia a que las minas impacten, principalmente, sobre la población civil. En 2012 se registró el número más bajo de nuevas víctimas desde que comenzara a elaborarse este estudio en 1999. El total de víctimas de minas y otros restos explosivos de guerra fue de 3.628 personas frente a las 4.474 de 2011, un 19% menos. De una tasa de incidencia de 25 víctimas diarias en 1999 se ha pasado a diez en la actualidad, lo que representa una reducción del 60 por ciento. No obstante, se debe tener en cuenta que son muchos los estados y zonas donde no se elaboran registros, por lo que todo hace suponer que las cifras reales son superiores.

“Esta reducción es una buena noticia y creo que en parte se puede reconocer que está relacionada con el éxito del Tratado de Ottawa de 1997, pero también es importante advertir de que a pesar del menor número de nuevas víctimas, el total de sobrevivientes sigue aumentando cada año y eso incrementa las necesidades de asistencia, porque esta condición se prolonga por el resto de sus vidas”, afirma Megan Burke, coordinadora del Proyecto de Redes de Sobrevivientes del ICBL y del equipo del Asistencia a Víctimas del Monitor de Minas Terrestres.

Ocho de cada diez de estas nuevas víctimas son civiles. “Sólo el 20% de las víctimas de minas son militares o combatientes. En 2012, aumentó el número de víctimas civiles, que más o menos se solía situar en torno al 75%. Además, ha subido el porcentaje de niños hasta un 47% así como el de mujeres, actualmente en un 13%, tres puntos más que el año anterior, una diferencia significativa a la que tendremos que dar una explicación y seguimiento”, explica Burke, quien asegura que en estos momentos se desconoce a qué puede deberse esa variación en el impacto sobre las mujeres.

Pese a que el uso de minas antipersona se ha reducido significativamente en los últimos años y que el Tratado de Ottawa prohíbe el uso, la producción, la acumulación y la transferencia de minas antipersonales a los 161 Estados Parte, países como Yemen, Sudán del Sur, Sudán y Turquía ha empleado este tipo de armas. Según el Monitor de Minas Terrestres, a lo largo de 2013, lo han hecho también grupos armados no estatales de Afganistán, Myanmar, Pakistán, Siria, Tailandia, Túnez Yemen y Colombia.

De sobrevivientes a activistas

La violencia del conflicto armado ya había provocado un desplazamiento forzado de la familia de Cristian. Este colombiano, el mayor de nueve hermanos, tenía 16 años cuando, “el 5 de agosto de 2006”, recuerda perfectamente la fecha, explotó una mina en el campo donde jugaba con tres de sus hermanos. “Solamente sentimos la explosión, no sabíamos nada más, ni quién la activó ni nada, solo la explosión y que después nos despertamos en ese mismo lugar, nos miramos unos a otros, y salimos corriendo”, relata.

Cristian sabe que fueron relativamente afortunados, sobrevivieron todos y no hubo consecuencias físicas graves más allá de las heridas por esquirlas y secuelas menores. Pero al accidente le siguió un nuevo desplazamiento, esta vez a la ciudad. “Después del accidente nos fuimos a Medellín y ahí nos tocó volver a empezar de cero sin saber cómo, fue muy duro”, recuerda.

“Es verdad que un accidente así le cambia a uno la forma de pensar, fue como una oportunidad, un volver a nacer y a trazar nuevos proyectos de vida”, cuenta Cristian, que ha viajado a Ginebra con Handicap International Colombia para participar en tareas de incidencia política. “Este año, tenemos el gran reto de hablar con el gobierno colombiano para recordarle que, en pleno proceso de paz, se deben seguir dando los esfuerzos pertinentes para cumplir con los compromisos del Plan de Acción de Minas y transmitirle cuáles son las necesidades de las víctimas para que se las atienda de la mejor forma posible”, sostiene Johana Huertas.

En un caso como el colombiano, las víctimas de minas terrestres suelen sufrir un impacto triple: el del accidente, la discapacidad y el desplazamiento. “Son personas con una vulnerabilidad muy especial, pues la mayoría vive en entornos rurales y tiene un nivel educativo muy bajo”, explica la coordinadora de Handicap Colombia. “Las mayores necesidades tienen que ver con la rehabilitación y las víctimas se encuentran con muchas barreras para acceder a la red oficial de servicios, tienen que hacer frente a distintos obstáculos, como la distancia a la que se encuentran los centros especializados, las dificultades de transporte, el coste… Además, los supervivientes no siempre reconocen su afectación, es necesario un gran trabajo de atención psicosocial, no solo con las víctimas sino también con los cuidadores y cuidadoras”, detalla Huertas.

El mozambiqueño Luis Wamusse tenía la edad que ahora tiene Cristian cuando, en 1984, perdió la pierna derecha y dos dedos a consecuencia de una mina. “Cuando sufrí el accidente no pude continuar con mi carrera, tuve que interrumpir mis estudios”, recuerda. Hace ocho años, Wamusse y otro compañero crearon RAVIM, la Red de Asistencia a Víctimas de Minas, una organización compuesta por sobrevivientes que trata de ofrecer asistencia a las víctimas, especialmente a aquellas que se encuentran en zonas recónditas de Mozambique.

“El impacto de un accidente con mina es muy fuerte y traumático. Significa que, en muchos casos, esa persona no va a poder volver a realizar actividades que eran habituales en su vida”, comenta. Wamusse habla con Desalambre minutos antes de presentar en Ginebra un estudio que ha elaborado su organización en el que se constata que el 90 por ciento de los sobrevivientes mozambiqueños han perdido la capacidad de hacer lo que hacían antes del accidente y que, en la mayoría de los casos, experimentan grandes desafíos a la hora de acceder a material de compensación como muletas, prótesis o sillas de ruedas. “Esto dificulta enormemente la rehabilitación, especialmente para los sobrevivientes de las zonas recónditas, donde carecen de acceso a este tipo de materiales”, apostilla.

Precisamente Maputo, la capital mozambiqueña, acogerá el próximo año la conferencia de revisión del Tratado de Ottawa. Wamusse se ha marcado el objetivo de que su país consiga ser declarado para ese entonces como país libre de minas, siguiendo la estela de otros que han declarado haber completado esta limpieza en 2012 como República Democrática del Congo, Dinamarca, Gambia, Jordania y Uganda. En la última década se han eliminado del suelo más de 3,3 millones de minas.