La Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha y Plena inclusión Castilla-La Mancha han formalizado un convenio de colaboración para la promoción de la accesibilidad cognitiva, la formación y la atención a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. 

El documento ha sido suscrito por el delegado del Gobierno en la comunidad, José Pablo Sabrido, y el director gerente de Plena inclusión Castilla-La Mancha, Daniel Collado.

La iniciativa parte de la necesidad de avanzar en la formación y sensibilización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y del personal de la Administración General del Estado en Castilla-La Mancha, así como en la mejora de la accesibilidad cognitiva y comunicativa de sus dependencias, procedimientos y materiales.

Además parte de la premisa de “una especial necesidad de atención y acompañamiento adecuado” a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que sean víctimas, testigos o aquellas que participen en procedimientos administrativos o judiciales, tal y como recoge la Ley del Estatuto de la Víctima del Delito.

Coordinación para garantizar derechos

El delegado del Gobierno ha agradecido a todas las organizaciones que se dedican a luchar por la inclusión de las personas con discapacidad, destacando que “realizan una labor fundamental”. En este sentido, ha puesto en valor que, de no ser por el asociacionismo, el avance para la consecución de la igualdad real iría a otro ritmo.

Además, Sabrido querido destacar que este acuerdo pone en evidencia el compromiso del Gobierno con la inclusión de las personas con discapacidad y que, por ende, “nadie puede quedar atrás en el ejercicio de los derechos, todos somos iguales y vamos todos avanzando de la mano”.

Por último, el delegado del Gobierno ha elogiado la labor de integración de las personas con discapacidad, que cumplen con sus deberes y cuyos derechos hay que garantizar tras el trabajo conjunto entre todas las administraciones y asociaciones.

Es un paso muy decisivo para que una parte importante de la sociedad vea garantizados sus derechos

Por parte de Plena inclusión Castilla-La Mancha, Daniel Collado ha valorado este acuerdo como un “paso adelante” fundamental en la coordinación dentro de Castilla-La Mancha, agradeciendo el compromiso de la Delegación y de las plantillas de Policía y Guardia Civil.

“Es un paso muy decisivo para que una parte importante de la sociedad vea garantizados sus derechos cuando estos han sido vulnerados o cuando la persona ha podido ser responsable de una presunta falta o delito”, ha explicado Collado.

Por ello, el protocolo establece un marco de actuación coordinada para desarrollar medidas destinadas a garantizar la accesibilidad cognitiva en depedencias, procedimientos y documentos de uso público y administrativo; la formación y sensibilización del personal de la Administración General del Estado y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la región; la atención adecuada a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y la coordinación institucional para promover una seguridad ciudadana inclusiva.

Ámbitos de colaboración

El protocolo, que tendrá una vigencia de cuatro años, se centra, principalmente, en los siguientes ejes operativos dentro del territorio castellanomanchego:

Para velar por el cumplimiento de estos objetivos en Castilla-La Mancha, se constituirá una Comisión de Seguimiento paritaria que se reunirá al menos una vez al año para planificar y evaluar las actuaciones derivadas del protocolo.

Este acuerdo se fundamenta en el marco legal vigente, incluyendo el Estatuto de la Víctima del Delito y la Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030.

“Cuando alguien baila tú no ves a una persona con discapacidad, ves a alguien que está bailando, y que lo está haciendo muy bien. Las personas somos diferentes, no todos somos igual de guapos y estupendos, pero formamos parte de la sociedad y tenemos un gran potencial”. Estas son las palabras de Mariángeles García, portavoz de Castilla-La Mancha Activa, una organización sin ánimo de lucro que desarrolla diferentes proyectos en defensa de los colectivos vulnerables.

Uno de estos proyectos es 'Danza Inclusiva', una iniciativa que quiere lanzar un claro mensaje: “Todos podemos”. Este proyecto surge a partir “de la demanda que existía en Ciudad Real por hacer alguna actividad de danza, sobre todo inclusiva, porque había varias personas que lo practicaban y quería ampliar”.

Nació en Ciudad Real y después llegó a Daimiel. Apenas cuenta “con un pequeño presupuesto”, pero ha logrado la participación de personas de todas las edades, “desde los veintipocos hasta los setenta y muchos años”, con más alumnas que alumnos. “Por el momento contamos con 10 alumnos, que son los mismos que teníamos el año pasado en la segunda edición, ocho mujeres y dos varones”, explica. Mariángeles señala que “el año pasado fue un éxito y culminó con una actuación superemocionante en un instituto de Daimiel”.

Ese proyecto, como su propio nombre indica sigue diferentes líneas de inclusión. Primeramente, por la movilidad, el local en el que se realizan los bailes es “totalmente accesible”, donde cuentan con la colaboración de la Academia Amanecer: “Las coreografías también se adaptan a las personas que tienen diferentes posibilidades de movilidad, ya sea que vayan en silla de ruedas, que tienen más o menos movilidad en los brazos”, pero también “adaptadas para chicos que no tienen dificultad de movilidad, pero sí una discapacidad de tipo intelectual”. Mariángeles asegura que “tocan un poco de todo en cuanto a estilos de baile”, desde bachata, rock and roll o música contemporánea, entre otros.

Fortalecer la amistad y sentir que son capaces

La portavoz de Castilla-La Mancha Activa asegura que a los participantes “les ha cambiado bastante la vida”, sobre todo en una lucha contra el capacitismo: “Una persona que vive y se mueve en silla de ruedas, pensar que podría bailar cuando a lo mejor había sido su sueño era casi impensable, y ahora lo están consiguiendo. Tienen una gran satisfacción cuando te lo cuentan, cómo se sienten maravillosamente bien pudiendo bailar”.

Mariángeles expone que para los alumnos y alumnas de Danza Inclusiva, “al final es como una necesidad, están esperando a que llegue el día de la clase porque se sienten muy bien y les gusta mucho” y que “están enganchados al baile”.

Las clases no son solo un espacio en el que desarrollan habilidades de danza, sino también un lugar de escucha, en el que construir relaciones de amistad y también fortalecer las de familia. “Hay dos chicos que su pareja de baile una es su hermana y la de otro es su madre, y es impactante ver también como la familia forma parte del ocio, que es algo que hace que conozcan mucho mejor la realidad de esa persona. Es fundamental que la familia nos acompañe y en este caso lo hemos conseguido”, explica Mariángeles.

Danza Inclusiva pretende que adquieran hábitos, rutinas, tomar partido de un pasatiempo como la danza, pero también de formar parte de un grupo y sellar el sentimiento de compañerismo: “Al final generan comunidad entre ellos. Son un grupo, un equipo, donde trabajan las habilidades sociales, el autoliderazgo. Por ejemplo en personas con discapacidad de tipo intelectual refuerzan determinadas habilidades que luego se van notando en su vida diaria”, señala la portavoz. Además, Mariángeles García apunta que de esta manera “trabajan la autoestima, el respeto, el sentirse realizados, en definitiva sentir que son capaces”.

Un proyecto con matrícula abierta permanente

Durante el desarrollo del proyecto participan en diferentes exhibiciones donde muestran todo lo que van aprendiendo. “El año pasado estuvimos en Fuente el Fresno, y luego tuvimos una actuación final ante 400 chavales de instituto, donde nos preguntaban cómo bailaban, donde de una de las coreografías el grupo levantaba a una de las chicas que va en silla de ruedas, y al final se van con la idea de que todos podemos”, recuerda Mariángeles.

Un proyecto que, en definitiva, quiere dar un claro mensaje: “El hecho de tener una discapacidad nos supone que no seamos capaces. Creo que el efecto transformador es importante en este tipo de proyectos”.

Las clases de Danza Inclusiva se celebran una vez a la semana, “debido a que tenemos poquito presupuesto” ya han comenzado en Damiel. Mariángeles García señala que la matrícula se mantiene abierta durante todo el proyecto: “Cualquiera que desee apuntarse puede hacerlo, ya sea en abril, mayo o en agosto”.

Como novedad, esta edición en 2026 van a dedicar una pequeña partida económica para “colaborar con algún gasto de desplazamiento, por si a alguien de alguna localidad cercana a Daimiel le interesa venir”. Mariángeles García anima a todas las personas que estén interesadas a que den un paso adelante y se apunten, y que si les gusta bailar “no dejen de intentarlo”, ya que “hay que tener en cuenta que no son profesionales, y es un grupo muy majo, que le van a acoger muy bien y a ayudar”.

El CD Tenerife EDI hará frente este fin de semana a la segunda fase de LaLiga Genuine Moeve, la gran competición española del fútbol inclusivo que alcanza en la temporada 25-26 su octava edición. Hasta el próximo domingo, el equipo blanquiazul, dirigido por Eduardo Báez, compartirá en la Ciudad Deportiva Bahía de Cádiz, en el municipio de Puerto Real, una concentración que reúne a 26 de los 49 conjuntos participantes en el torneo.

Tras la cita inaugural celebrada en Tarragona en noviembre pasado, el Cádiz CF actúa como coanfitrión de esta segunda ronda, que se completará en marzo en Gijón con el bloque restante de clubes inscritos. Hasta el próximo mes de junio de 2026, todos los clubes participarán en un total de cuatro concentraciones repartidas en el territorio peninsular. Como el resto de los participantes, el CD Tenerife EDI está formado por jugadores de ambos sexos que hayan cumplido dieciséis años y posean una discapacidad intelectual de al menos un 33 por ciento.

La expedición tinerfeñista está integrada por 16 jugadores: Kevin González, Sergio Hicks, Cristo Quintero, Cristian Carvajal, Himar Rodríguez, Ruymán Luis, Kilian García, Noé Martín, José Ángel Fernández, Carlos Jorge Martín, Pedro Bouza, Marcos Hernández, Iván Acosta, Alejandro Ramos, Francisco Domínguez y Fermín Moreno. Junto a Eduardo Báez, completan el cuadro técnico Ricardo de Carlos (preparador de porteros), Irene del Valle (preparadora física) y Priscila Cruz (delegada).

El CD Tenerife EDI tiene programados dos partidos en el campo 4 de la Ciudad Deportiva Bahía de Cádiz. Así, este sábado, día 31, se medirá con el Córdoba CF (17:00, hora canaria). Un día después lo hará contra el Fundación Club Atlético de Madrid (11:30 h.c.).

Cada partido de LaLiga Genuine consta de cuatro periodos de diez minutos con dos de intermedio tras el primero y el tercero y un descanso de cinco tras el segundo. Ganar una parte del partido otorga un punto en la clasificación final, aunque lo que prima en las normas de juego de la competición es vivir y compartir momentos inspiradores que rompan barreras.

Además del Cádiz CF, el otro anfitrión de esta segunda fase será el Real Sporting de Gijón (7 y 8 de marzo). A su vez, el Granada CF acogerá la tercera ronda (25 y 26 de abril), junto con el Burgos CF (30 y 31 de mayo). En estos dos tramos, los clubes son asignados a una de las dos sedes.

La fase final de la temporada acogerá la cuarta y última fase, que en 2026 tendrá lugar, por primera vez, en las instalaciones de la Real Federación Española de Fútbol de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid). De allí saldrán los tres campeones de la clasificación de Fair Play y los tres campeones deportivos.

El nadador extremeño Guillermo Gracia, natural de Cáceres, ha sido galardonado con la medalla de oro en la categoría masculina de la primera edición de los Premios Princesa de Girona a los Valores de Jóvenes Deportistas, en un acto celebrado el 10 de diciembre en el Auditorio Josep Irla de Girona.  

Con apenas 21 años y una trayectoria deportiva extraordinaria marcada por la superación, Gracia —quien tiene síndrome de Down y ha ganado múltiples títulos mundiales en natación adaptada— fue reconocido no solo por sus logros competitivos, sino también por su compromiso con la inclusión, la actitud positiva y el ejemplo que representa para la juventud. Su lema, “mi capacidad es mayor que mi discapacidad”, ha inspirado a miles de personas dentro y fuera del ámbito deportivo.  

La ceremonia, impulsada por la Fundación Princesa de Girona, pone en valor el deporte como herramienta de crecimiento personal, transformación social y cohesión comunitaria, destacando la importancia de los valores más allá de las medallas.  

En la misma categoría, el gimnasta vasco Eneko Lambea recibió la plata y el golfista Javier de Bethencourt el bronce. En la femeninª, el oro fue para la gimnasta rítmica Inés Bergua, la plata para la skater Julia Benedetti y el bronce para la escaladora Iziar Martínez. Además, la Asociación Autismo Melilla fue reconocida como entidad destacada por su labor en favor de la inclusión de personas con trastorno del espectro autista a través del deporte.  

Autoridades como el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, entre otros dirigentes y representantes del tejido social y deportivo, participaron en la entrega de los galardones, subrayando el papel del deporte como motor de transformación y referencia para las generaciones jóvenes.  

Este reconocimiento al nadador cacereño se suma a una meteórica carrera internacional que lo ha colocado como uno de los deportistas con discapacidad intelectual más destacados de España y del mundo, reforzando su estatus de referente de superación y resiliencia. “Esto es para vosotros, para mi gente extremeña”, dijo al recibir el galardón con su inconfundible y perenne sonrisa.

En Castilla-La Mancha, tierra de horizontes amplios donde el viento mueve molinos y voluntades, todavía hay realidades que el silencio intenta esconder. Una de ellas es la que viven miles de personas con discapacidad y sus familias, que cada día empujan las puertas del mundo para que se abran… y muchas veces siguen encontrándolas entrecerradas. Hoy, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, no celebramos una fecha: celebramos una causa. No reivindicamos un colectivo: defendemos a la ciudadanía. No pedimos favores: exigimos derechos humanos. Porque los derechos no son negociables, porque la dignidad no se pide, se respeta, y porque la inclusión no es un eslogan, sino una obligación ética y legal.

En nuestra región, que ha demostrado a lo largo de los años una creciente sensibilidad hacia las personas con discapacidad, lo cierto es que quienes recorremos centros educativos, asociaciones, pueblos y barrios lo sabemos bien: queda mucho por hacer. Seguimos encontrando a jóvenes que no pueden acceder a estudios o empleos adecuados por falta de apoyos, familias agotadas por trámites interminables, personas con discapacidad intelectual que aún deben “demostrar” lo que al resto se le reconoce de manera inmediata, pueblos sin accesibilidad mínima y cuidados invisibles que recaen casi siempre sobre las mismas personas: las mujeres. Estamos mejor que hace veinte años, pero cuando hablamos de derechos humanos, “mejor” nunca es suficiente.

Quien ha trabajado, convivido o acompañado a personas con discapacidad sabe que no hablamos de carencias, sino de potencias. Hablamos de creatividad, de resiliencia y de una manera distinta —y profundamente humana— de mirar el mundo. En estas tierras nuestras, donde el esfuerzo es parte de la identidad colectiva, las personas con discapacidad nos enseñan que la grandeza de una comunidad se mide por la manera en que trata a quienes encuentran más barreras en su camino. He visto en aulas rurales a niños que incluyen sin preguntar, a jóvenes con discapacidad levantar proyectos que otros consideraron imposibles y a personas que, pese a la discriminación o al abandono institucional, siguen defendiendo con fuerza su derecho a un futuro digno. No hay mayor lección de coraje ni mejor motivo para seguir luchando.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad nos recuerda que la exclusión no nace de las limitaciones personales, sino de las barreras sociales, culturales y estructurales. Y esas barreras —aunque duela admitirlo— siguen presentes en Castilla-La Mancha: autobuses inaccesibles, comunicaciones incompletas, falta de apoyos para una vida independiente, prejuicios que se disfrazan de buena intención y políticas que aún no acompañan con la intensidad que requiere la justicia social. La Agenda 2030 lo resume en un mandato inapelable: no dejar a nadie atrás. Y eso incluye a la Castilla-La Mancha rural, a los pueblos pequeños, a las familias sin recursos y a las personas con grandes necesidades de apoyo, que continúan siendo invisibles para la administración y, a veces, para la propia sociedad.

Este 3 de diciembre no queremos aplausos; queremos compromisos reales. Pedimos valentía a los gobiernos, coherencia a los responsables públicos, empatía activa a la ciudadanía y sensibilidad sostenida a los medios de comunicación, cuyo altavoz puede cambiar destinos. Necesitamos una región accesible, donde cada municipio sea transitable para todos; inclusiva, donde la escuela garantice de verdad el derecho a aprender juntos; justa, donde trabajar no sea un privilegio, sino un derecho accesible; y libre de prejuicios, donde la discapacidad deje de verse como una excepción y se reconozca como parte legítima de la diversidad humana. La inclusión no se construye con discursos, sino con presupuestos, políticas mantenidas, formación, respeto y actitudes que se revisan día a día.

Castilla-La Mancha puede ser referente. Tenemos profesionales extraordinarios, familias incansables, asociaciones que actúan como auténticos sistemas de apoyo, jóvenes que no entienden de etiquetas, docentes que hacen milagros en aulas sin recursos y personas con discapacidad que demuestran una y otra vez que el problema nunca fue su capacidad, sino la mirada que se les imponía. Por todo ello, hoy afirmamos que nuestras diferencias no deben separarnos, sino unirnos; que la discapacidad no puede volver a ser excusa para negar derechos; y que nuestra región debe ser ejemplo de una humanidad que no abandona a nadie. No podemos esperar otros cincuenta años para comprobar que el esfuerzo ha valido la pena. El momento es ahora, el compromiso es aquí y la responsabilidad es de todos. Que este 3 de diciembre no sea solo un día, sino un punto de inflexión hacia la igualdad real.

“Come empanadas argentinas deliciosas una vez por mes y personas con discapacidad te las lleva a casa”. Esta propuesta sencilla que resume el proyecto de 'Lunita. Empanadas con alma' es, en realidad, mucho más. La idea busca ofrecer “oportunidades dignas y sostenibles para jóvenes con discapacidad intelectual que, por sistema, quedan fuera del mercado laboral”, explica su creador, Damián Santiago en la página web. Acaba de ponerse en marcha y funciona como un sistema de suscripción, “como si pagarás Netflix”, aclara. El cliente paga según las empanadillas que quiera recibir y la empresa contrata a una persona con discapacidad para hacer los repartos en Logroño y las localidades cercanas.

Todo nace por Jimena, la hija de 13 años de Damián, que padece el síndrome CTNNB1, el único caso en La Rioja. Tiene discapacidad intelectual desde que nació, microcefalia y dificultades motoras, de habla y para expresar sus emociones. Hace tres años, su padre decidió crear un negocio para ella. “Para que sobreviva a su padre y a su madre y pueda generar ingresos superiores a la ayuda que le correspondería”, explica.

Así nació 'lollevobien.com', con esa expresión que Jimena repite sin parar y que le gusta tanto. Una comunidad para apoyar a la familia de la que surgieron productos en venta, como “la agenda amarilla para ser mágico al cabo de un año” o “los calcetines rompe obstáculos que te los pones y todo el mundo se parte de tu mal gusto, pero no deja de recordarte que tienes un objetivo muy importante”. De ahí surgió un club por membresía en el que unas cien personas de nueve países dan clases y se crea networking.

“Ya habíamos alimentado el espíritu, la mente y faltaba alimentar el estómago”. Y así empezó a fraguarse 'Lunita'. Sería una empresa de venta de empanadas como las prepara Damián. “Todos los españoles que las prueban dicen que son exquisitas”. Y con personas con discapacidad intelectual como repartidores. “En este caso no nace por Jimena porque para ella sería muy difícil por su discapacidad, pero a través de la asociación del síndrome CTNNB1 o del colegio Marqués de Vallejo al que asiste Jimena, conozco muy de cerca la problemática para la empleabilidad de estas personas”.

De hecho, no es la primera vez que desarrolla una idea similar. Hace unos años tenía una granja y suscribió un acuerdo con una ONG para que jóvenes con discapacidad pudieran trabajar y aprender un oficio. Así conoció a Eloy, un joven con autismo con un 33% de discapacidad que, como remarca Damián, “lleva 18 años tratando de tener un trabajo estable y solo dos lo ha conseguido”. Eloy será el primer empleado de Mi Lunita, pero para ello es necesario alcanzar los 100 suscriptores, 100 personas que se comprometan a comprar estas empanadas una vez por mes. Aunque ya está en marcha y de momento Damián está entregando los encargos, Damián asegura no poder contratar al primero hasta que no haya 100 miembros “porque tiene que ser sostenible económicamente”.

El objetivo principal, como señala el creador, “es crear una empresa que se adapte a las personas con discapacidad y no al revés”. Por ello, los detalles son muy importantes: no trabajarán más de tres horas seguidas porque, como apunta Damián, “las personas con discapacidad no tienen capacidad de concentración”, el reparto se hará solo al mediodía y los repartidores irán siempre acompañados.

La ilusión es total en la familia y en el club de fans de Jimena, de donde han salido las personas que financian el proyecto o los profesionales que han creado la marca, la página web o gestionan las redes sociales. También quienes se sumen a través de 'Lunita' entrarán automáticamente en la comunidad. 'Lunita' ya está en marcha y ahora solo espera crecer para poder ofrecer “empanadillas con alma” a los vecinos y vecinas de Logroño pero, sobre todo, oportunidades a personas que, como Jimena y Eloy, buscan oportunidades para construir un futuro más amable.

El viernes 14 de noviembre, el Salón de Actos de Cajalmendralejo en Cáceres será escenario de un coloquio centrado en la cooperación y la discapacidad, una cita que busca reforzar la inclusión social y la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual en Extremadura.

El encuentro, que comenzará a las 11:30 horas, será inaugurado por María Isabel Flores Hidalgo, trabajadora social de la Fundación Hermanos para la Igualdad y la Inclusión Social (FUNDHEX), entidad promotora del acto junto al Instituto Iberoamericano de Investigación y Apoyo a la Discapacidad Intelectual. Darán la bienvenida Jorge Villar, vicepresidente de la Asociación Extremeña de Fundaciones, AFEX, y Antonio Ventura, presidente del Inibedi.

Durante la jornada intervendrán representantes y especialistas de organizaciones como Fundación Cajalmendralejo, INIBEDI, AFEX y PLACEAT Plena Inclusión, además de figuras relevantes en el ámbito de la inclusión como Francisco de Jesús Valverde Luengo, ex presidente de PLACEAT, y Juan José Salado Sánchez, director de la Fundación Ciudadana. Además de Iván Torres Sanz de Cáritas Diocesana, Jorge Mena, presidente de FUNDHEX, Inmaculada Viondi, psicóloga de AEXPAINBA y José Matías Sánchez, apoderado de FECODES.

El coloquio pretende ser un espacio de diálogo y cooperación entre la sociedad civil, las administraciones públicas y el tejido asociativo, con el objetivo de avanzar hacia políticas inclusivas y acciones coordinadas que garanticen la plena participación de las personas con discapacidad.

La iniciativa cuenta con la colaboración de las Diputaciones de Cáceres y Badajoz, y se enmarca en una estrategia regional de cooperación que promueve la igualdad de oportunidades y la accesibilidad universal en todos los ámbitos de la vida social y comunitaria.

Este encuentro no solo busca visibilizar la realidad de las personas con discapacidad intelectual, sino también fomentar alianzas que impulsen cambios estructurales hacia una Extremadura más justa, diversa e inclusiva.

Plena inclusión Castilla-La Mancha ha presentado la guía 'Sexualidad y planes de vida. El derecho al disfrute de una sexualidad plena, responsable, consentida, respetuosa y en condiciones de igualdad para todas las personas con discapacidad intelectual', un trabajo pionero a nivel europeo que sitúa la sexualidad como “un pilar esencial” del bienestar, la inclusión y la autodeterminación personal.

Este documento lo han presentado el director gerente de Plena Inclusión Castilla-La Mancha, Daniel Collado; el coordinador de Vida Independiente del Servicio de Capacitación de Asprona, Marcelino López; y la presidenta de la Asociación Discapacidad y Sexualidad, Natalia Rubio.

El director gerente de Plena Inclusión Castilla-La Mancha ha indicado que esta guía “no es más que una parada nueva en el camino” de un trabajo que la entidad viene desarrollando “desde hace mucho tiempo” cuando la federación tomó conciencia de que “era algo necesario”. “La sexualidad es una dimensión de vida más y a veces no tan bien tratada como otras cuestiones de la vida que nos parecen más habituales y más necesarias y sin embargo tiene un apartado especial y por lo tanto nosotros hemos querido poner el foco en esta cuestión”, ha subrayado.

Este trabajo, ha manifestado, ofrece resultados y herramientas a la hora de abordar la sexualidad al tiempo que también incide en la prevención y las cuestiones que tienen que ver con el abuso con el fin de que las personas con discapacidad intelectual tengan herramientas “útiles” y sean capaces de saber “dónde están los límites”.

De su lado, el coordinador de Vida Independiente del Servicio de Capacitación de Asprona ha apuntado que esta guía es “fruto de mucho trabajo” para mejorar la vida de las personas con discapacidad intelectual. “La sexualidad muchas veces ha sido un tabú y si a ese tabú le sumamos la palabra discapacidad intelectual, pues se abre un abismo en el que han sido los grandes olvidados”.

“Esta herramienta trata la sexualidad desde un plano muy amplio”, ha destacado, para afirmar que esta herramienta va a servir a los profesionales de la discapacidad tener una “línea base” de la que partir y ver cómo pueden formular los resultados “que al final tenemos que meter dentro de los planes individuales de cada una de las personas y ver cómo abordar esos objetivos de apoyo y cómo los vamos a trabajar”.

“De la teoria a la acción”

Durante la presentación, la presidenta de la Asociación Sexualidad y Discapacidad ha destacado que esta guía “marca un antes y un después” en la forma de acompañar la vida de las personas con discapacidad intelectual. “Incluir la sexualidad en los proyectos de vida de las personas con discapacidad intelectual no es una opción, es una obligación ética y un imperativo de justicia”, ha afirmado.

“Negar su sexualidad es vulnerar un derecho fundamental y obstaculizar su inclusión plena. Con esta guía, pasamos de la teoría a la acción, invitando a una revolución para dejar atrás mitos, tabúes y la sobreprotección, sustituyéndolos por acompañamiento y apoyos respetuosos”, ha argumentado.

Rubio ha subrayado que esta herramienta surge de la necesidad de transformar el marco teórico de los derechos en un recurso práctico y operativo, haciendo efectivos los derechos sexuales y reproductivos reconocidos por la Convención de la ONU La guía se sustenta en dos pilares metodológicos.

Por un lado, la Planificación Centrada en la Persona (PCP), que coloca a la persona en el centro de su proyecto vital y, por otro, una metodología participativa y accesible, con materiales en lectura fácil y una aplicación web interactiva, que garantizan que la voz de cada persona sea escuchada y respetada.

De esta forma, la nueva publicación incluye una Herramienta de Indagación Vital en Sexualidad, estructurada en nueve dimensiones (como autoconocimiento, intimidad, salud sexual o derechos) y tres niveles de profundización, adaptables a cada persona. Se apoya además en el Modelo de Calidad de Vida de Schalock y Verdugo, evidenciando que una sexualidad plena impacta directamente en el bienestar emocional, las relaciones interpersonales y la autodeterminación. Asimismo, su diseño combina un enfoque ético, técnico y humano, que convierte la sexualidad en un ámbito más del proyecto de vida de cada persona, al mismo nivel que el empleo, la vivienda o la participación social.

Un trabajo colectivo

Esta guía es fruto del trabajo conjunto de la Red de Sexualidad e Igualdad de Plena inclusión Castilla-La Mancha, integrada por diez entidades federadas: Amafi, Afanias, Asprona, Adina, Adin, Zaragüelles, Afas, Down Toledo, Las Encinas y Ada.

Las entidades han desarrollado un trabajo colaborativo de referencia nacional, impulsando la visibilidad y el reconocimiento del derecho a la sexualidad de las personas con discapacidad intelectual.

“El objetivo es empoderar a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo como agentes protagonistas de su propia vida”, ha explicado Rubio, “permitiéndoles expresar sus deseos, prioridades y necesidades en el ámbito afectivo, sexual y relacional, e integrarlos de forma tangible en su proyecto vital”.

La guía --que se puede consultar enla web https://www.plenainclusionclm.org/-- no es solo un manual, pretende inspirar a profesionales, familias y a la sociedad en general a trabajar conjuntamente para que todas las personas, sin excepción, puedan construir proyectos de vida verdaderamente plenos, en los que la sexualidad se viva con libertad, respeto y apoyo.

La Policía Nacional ha detenido en Zaragoza a cuatro personas como presuntas responsables de los delitos de pertenencia a grupo criminal, amenazas, estafa y blanqueo de capitales. Se trata de la segunda fase de una operación policial llevada a cabo en el mes de abril en la que el Grupo I UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) de la Brigada Provincial de Policía Judicial detuvo a dos personas que captaban a personas con discapacidades intelectuales para abrirles cuentas bancarias con las que realizar estafas.

En esta ocasión, gracias a una actuación conjunta del Grupo de delincuencia económica de la BPPJ y el Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Centro, se ha conseguido desarticular un entramado delincuencial asentado en el barrio zaragozano del Gancho en el que varios individuos amenazaban a otros para que contactaran con personas con discapacidad intelectual con el fin de abrirles cuentas bancarias a su nombre mediante engaños. Estas personas pasaban a figurar como 'mulas bancarias', titulares de cuentas perceptoras de dinero procedente de estafas.

La investigación consiguió identificar a diversas personas como titulares de cuentas perceptoras de dinero procedentes de 9 estafas denunciadas por todo el país, del tipo hijo en apuros, alquileres vacacionales, sextorsión y compraventas fraudulentas de vehículos por importe de 32.800 euros.

Tras detectar que siete de ellas tenían diferentes discapacidades intelectuales pasaron a ser tratadas como víctimas ya que los autores se aprovechan de su condición para mediante engaños convencerlos para abrir cuentas bancarias que eran manejadas por las personas que los captaban. Abrieron a nombre de sus víctimas elegidas más de 20 cuentas bancarias.

Eran los captadores los que controlaban esas cuentas, y tras recibir en ellas el dinero procedente de las estafas, lo extraían en diferentes cajeros. Los dos cabecillas de la organización y los dos captadores que actuaban para ellos fueron detenidos y puestos a disposición judicial.

Dos extrabajadores de una residencia para personas con discapacidad intelectual de Madrid han aceptado condenas de hasta casi cuatro años de prisión después de reconocer que grabaron en vídeo y fotografiaron de forma humillante a varios residentes y compartieron esas imágenes en grupos de WhatsApp con otros trabajadores. Los dos, que fueron despedidos por la Fundación ANDE en marzo de 2021, grabaron y difundieron a estas personas con discapacidad intelectual desnudas o en el baño con comentarios como “mira qué tripa” y lo hicieron, según los jueces, “movidos por su carácter despreciativo hacia la situación de discapacidad intelectual de los residentes”.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, a la que ha tenido acceso elDiario.es, explica que los dos condenados, un hombre y una mujer trabajaron en una de las residencias privadas que la Fundación ANDE tiene en la región. Fue entre los primeros meses de 2020 y marzo de 2021 –mientras la pandemia de COVID sacudía estos centros– cuando, según han reconocido ellos mismos y reflejan los jueces en su sentencia, empezaron a grabar y fotografiar a varios residentes con sus móviles para mofarse de ellos ante otros trabajadores.

Los residentes, destacan los jueces, eran personas con discapacidad intelectual severa que muchas veces no comprendían lo que estaba pasando y que, además, no podían “defenderse” o identificar que lo que hacían estos dos trabajadores no estaba bien. Frente a esa indefensión, los trabajadores de la residencia actuaron impulsados por “su carácter despreciativo hacia la situación de discapacidad intelectual de los residentes”, según los jueces.

Uno de los inculpados fue el que grabó y difundió la mayor parte de los vídeos de cuatro de los residentes entre el verano de 2020 y el momento de su despido en marzo del año siguiente. En uno de ellos se podía ver a la víctima con los pantalones bajados mientras hablaba por teléfono. Otro de ellos fue fotografiado en la cama sin camiseta mientras el acusado comentaba: “Mira qué tripa”.

Todas esas fotos fueron enviadas a un grupo de WhatsApp que compartían con otros trabajadores de la residencia. Un vídeo, en el que también participó la otra condenada, mostraba a uno de los internos subido a una grúa –necesaria para incorporar a personas con problemas de movilidad– y dando vueltas para que se mareara. “¿Estás en el parque de atracciones?”, preguntaba uno de los condenados en el vídeo para humillar al afectado.

No tendrán que entrar obligatoriamente en prisión

La investigación arrancó ese mismo 2021 en un juzgado de la Plaza de Castilla y llegó a juicio en abril de 2025 con un pacto entre la Fiscalía y los acusados que, en la práctica, no implica su entrada obligatoria en prisión. Uno de ellos, el que grabó la mayor parte de los vídeos y sacó las fotos para después difundirlos, es condenado a un total de tres años y diez meses de presidio, además de una multa de 450 euros y una década de inhabilitación para volver a trabajar en ámbitos como una residencia.

Este trabajador ha confesado un delito contra la dignidad y dos más contra la intimidad mientras que la otra sancionada es condenada a cinco meses de prisión y la misma multa e inhabilitación por otro delito contra la dignidad. Los jueces de la Audiencia Provincial de Madrid tienen ahora por delante la decisión de si sus condenas se ejecutan y entran de forma efectiva en la cárcel. Los dos han pedido la suspensión de las sanciones y el fiscal Ángel Guzmán no se ha opuesto, teniendo en cuenta que ningún delito concreto ha sido penado con más de dos años de prisión. Cada una de las víctimas será indemnizada con los 625 euros que consignaron los condenados como parte del pacto.

La Fundación ANDE, en la que estaban empleados los dos condenados cuando humillaron y vejaron a los residentes, llegó a ser considerada responsable civil subsidiaria pero finalmente no fue inculpada. La Fiscalía retiró su petición de que la Fundación tuviera que hacerse cargo de las indemnizaciones si los condenados no pagaban, devolviendo la fianza de 3.000 euros que le había sido impuesta antes del juicio. Por el momento la Fundación no ha contestado a la petición de información de este periódico.

“Todavía queda mucho por hacer”. Esta es la advertencia que han dejado por escrito este jueves dos magistradas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre los derechos de las personas con discapacidad intelectual que están acusadas en juicios en España. Las das juezas de Estrasburgo, entre ellos la española María Elósegui, consideran que las leyes nacionales están “muy lejos” de garantizar los estándares europeos en protección a los discapacitados intelectuales en los procesos penales.

La opinión de la jueza española y de la magistrada francesa Stéphanie Mourou-Vikström está incluida en un voto concurrente en una sentencia del TEDH que ha rechazado la demanda de un hombre parcialmente incapacitado por sus problemas psiquiátricos condenado por defraudar a Hacienda. Los jueces de Estrasburgo consideran que el condenado sí tuvo un juicio justo, al contrario de lo que alegaba el hombre, defendido por los letrados Arnau Xumetra y Josep Maria Torrent.

Más allá de coincidir en el resultado del caso concreto, las dos magistradas advierten en su voto concurrente de los déficits que presenta el sistema legal español a la hora de asegurar los derechos de los acusados con discapacidad intelectual. La falta de medios para facilitar la mera comprensión de un procedimiento o de sus derechos lleva a las personas con problemas mentales detenidas a depender de la empatía y la buena voluntad de abogados y jueces. Ambas se dan en algunos casos, pero en otros no.

“El sistema legal español debe mejorar y desarrollar con mayor claridad medidas positivas” respecto a los acusados con discapacidad intelectual, apuntan las dos magistradas en su voto concurrente, donde dejan constancia de las lagunas de España en este campo en comparación con otros países de nuestro entorno.

En Irlanda, Francia y Luxemburgo, explican las magistradas, es posible solicitar adaptaciones procesales durante los procesos penales respecto de personas diagnosticadas con una enfermedad mental. En Irlanda, agregan, corresponde a los abogados solicitar adaptaciones procesales, y no al juez hacerlo de oficio, y existe una clara distinción procesal la discapacidad como causa para poner fin al juicio o como razón para que se adopten medidas especiales para ayudar a una persona con dificultades intelectuales o de comunicación.

Por el contrario, la legislación española en este sentido está mucho menos desarrollada, tal y como vienen denunciando desde hace años entidades del tercer sector, colectivos de discapacitados y algunos abogados, fiscales y magistrados. El Colegio de la Abogacía de Barcelona estudia crear un turno de oficio específico para atender a estas personas.

El caso que ha llegado y ha sido desestimado por el TEDH trata sobre un hombre de Menorca al que un juzgado de Ciutadella declaró en 2016 parcialmente incapacitado al hombre y ordenó que se le pusiera bajo curatela, como apoyo en la toma de decisiones. Informes forenses acreditaron que de niño sufrió un desorden de déficit de atención por hiperactividad que le había dejado secuelas y que mostraba signos de un trastorno de la personalidad con rasgos esquizofrénicos.

Los informes de su proceso civil de incapacitación constataron que la condición médica del hombre podía alterar su capacidad para comprender sus acciones y actuar adecuadamente, especialmente en lo relativo a tareas administrativas.

Sin embargo, el hombre, investigado desde 2013 por fraude fiscal, fue llevado igualmente a juicio ante la Audiencia de Barcelona. Los forenses catalanes concluyeron que, pese al historial psiquiátrico del hombre, “era capaz de identificar la diferencia entre el bien y el mal y de actuar adecuadamente”. En ese momento, no detectó “signos de ningún desorden cognitivo o volitivo”, por lo que concluyó que estaba en condiciones de enfrentarse a un juicio, al contrario de lo alegado por la defensa.

La sección 2ª de la Audiencia de Barcelona, que le juzgó y condenó, encargó dos informes forenses y, conforme a sus conclusiones, decidió que podía enfrentarse a la vista oral, algo que avalaron posteriormente tanto el Tribunal Supremo como el Constitucional, que inadmitió su recurso de amparo.

La petición de esos dos informes forenses lleva a los jueces europeos a concluir que la Audiencia de Barcelona sí garantizó al hombre su derecho a un juicio justo y a la defensa, ya que se verificó si el acusado “entendía los cargos y el alcance del procedimiento penal”. Los jueces españoles, agrega el TEDH, también analizaron los informes adicionales aportados por la defensa y “se aseguraron de que pudiera ejercer su derecho a guardar silencio”.

El Ciclo de Cine sobre Discapacidad Intelectual celebra su 11.ª edición con las mujeres como principales protagonistas de las películas que se van a proyectar durante este evento. Las proyecciones tendrán lugar en el Círculo del Arte de Toledo del 10 al 13 de marzo a las 19 horas. Estas películas abordan historias de superación y pretenden dar voz a aquellas personas que tienen una discapacidad y “acercar” su vida a la sociedad.

El director gerente de Plena Inclusión Castilla-La Mancha, Daniel Collado y el director de Festival de Cine Social de Castilla-La Mancha (FECISO), Tito Cañada, han presentado el programa del próximo Ciclo de Cine sobre Discapacidad Intelectual. Este festival quiere “llegar al corazón y hacer reflexionar a la sociedad”, tal y como ha destacado Tito Cañada, en una rueda de prensa en la que ha participado la . Además, les ha acompañado la concejala de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores, Marisol Illescas.

Programa de la 11 edición del Ciclo de Cine sobre Discapacidad Intelectual

El lunes de 10 marzo a las 19 horas tendrá lugar la proyección de Loli Tormenta (2023), una película dirigida por Agustí Villaronga que narra la historia de Loli, una otrora deportista de élite que al fallecer su hija se hace cargo de sus nietos. Diagnosticada de Alzheimer debe ocultar su enfermedad para evitar que le arrebaten la custodia y narra su historia de superación.

El martes 11 de marzo a la misma hora se proyectarán una selección de cortometrajes, sobre el que Tito Cañada ha destacado Yaya (2023), que trata la historia de una joven chilena con Síndrome de Down que, cansada de que la traten como a una niña pequeña y la ignoren, se rebela contra lo establecido junto a una amiga.

Para el miércoles 12 de marzo, los asistentes podrán disfrutar de Va a ser que nadie es perfecto (2006), del director Joaquín Oristrell, una comedia española que narra la historia de tres amigos con discapacidad que encuentran a personas en su entorno que también poseen capacidades especiales. En este caso “es una ficción más ficcionable, pues los actores no poseen discapacidad real”.

Por último, el jueves 13 de marzo a la misma hora cerrará el ciclo la película La historia de Marie Heurtin (2014), dirigida por Jean-Pierre Améris, que trata la vida de una persona sordociega que en el siglo XIX que aprendió a comunicarse y a valerse por sí misma.

Daniel Collado ha destacado que “hay dar a conocer la realidad de algunas personas que sufren limitaciones en su vida y en su día a día, como la discapacidad intelectual. Muchas veces somos la sociedad las que les ponemos dificultades, pero hay que tratar de normalizarlas y evitarlas”.

La Fundación Soliss y el Grupo CECAP han firmado un acuerdo para impulsar la inclusión en el empleo de las personas con discapacidad intelectual a través de la iniciativa Futurempleo que incluye acciones de formación teórica y práctica.

El acto de firma ha contado con la presencia del presidente del Grupo de Entidades Sociales CECAP, Andrés Martínez Medina, y el director general de la Fundación Soliss, César Duro. Durante el evento, Andrés Martínez Medina ha destacado que “este acuerdo es un ejemplo de cómo la colaboración entre entidades público-privadas puede generar un impacto real en la vida de las personas con discapacidad intelectual”. Por su parte, César Duro ha subrayado que “desde Fundación Soliss seguimos apostando por este proyecto porque creemos en su capacidad de transformar el futuro laboral de muchas personas”.

Gracias a este acuerdo, se garantiza la continuidad de las acciones de formación teórica y práctica en entornos laborales normalizados, facilitando el acceso al empleo de personas con discapacidad intelectual. Este modelo de colaboración, renovado año tras año, refleja el compromiso de ambas fundaciones con la generación de oportunidades reales para este colectivo.

Curso de Funciones Básicas de la Industria Alimentaria

Esta formación está diseñada para proporcionar conocimientos y habilidades esenciales en el sector de la alimentación. Con un nivel de cualificación profesional 1, permitirá a los participantes desarrollar tareas de apoyo en la elaboración, tratamiento y conservación de productos alimentarios. La formación cuenta con un contenido adaptado, tutorización individualizada y apoyo profesional especializado, garantizando así una experiencia de aprendizaje accesible y eficaz.

El curso se impartirá de lunes a jueves, entre el 17 de febrero y el 15 de mayo de 2025, ofreciendo a los alumnos una oportunidad real de aprendizaje práctico en un entorno laboral normalizado.

Con esta nueva acción formativa, el programa continúa generando oportunidades reales de inserción laboral, fomentando la autonomía y el desarrollo profesional de sus participantes.

Objetivos prioritarios de Futurempleo

Ente los objetivos de Futurempleo se incluyen facilitar el acceso al empleo de personas en riesgo de vulnerabilidad social, mejorar su cualificación mediante formación profesional y acciones inclusivas, y sensibilizar a la sociedad y las empresas sobre la importancia de la inclusión laboral. Además, se busca impulsar buenas prácticas empresariales en el marco de la responsabilidad social y desarrollar estudios que analicen las barreras de acceso al mercado laboral de colectivos vulnerables, en colaboración con el tejido empresarial de Toledo.

Futurempleo se ha consolidado como un referente en la capacitación e inclusión laboral, ofreciendo un itinerario formativo adaptado a las necesidades de cada participante y garantizando su incorporación a un entorno profesional adecuado.

La renovación de este convenio refuerza “el objetivo común de seguir construyendo una sociedad más justa e inclusiva”.

La Sindicatura de Greuges, el Defensor del Pueblo catalán, ha recomendado que las personas con discapacidad intelectual que cumplen penas de prisión no permanezcan internas en centros penitenciarios, sino que se busquen alternativas más adecuadas para su situación como la semilibertad o el tercer grado.

Según los datos de la Sindicatura, en las cárceles catalanas había 236 discapacidades intelectuales en 2024, 218 hombres y 18 mujeres, un 1,8% de todos los reclusos, pero con un porcentaje mayor en las mujeres que en los hombres. Solo 136 tienen certificado oficial de discapacidad.

En su informe anual de 2024, el Mecanismo Catalán de Prevención de la Tortura (MCPT), el organismo de la Sindicatura encargado de velar por los derechos humanos en las cárceles, concluye que la prisión no es un lugar adecuado para estas personas, informa la Agència Catalana de Notícies (ACN).

El MCPT ha pedido que los condenados puedan cumplir las penas de forma alternativa. “La apuesta por el medio abierto de las personas con discapacidad intelectual debe ser una prioridad”, ha manifestado la síndica, Esther Giménez-Salinas.

La falta de medios para facilitar la mera comprensión de un procedimiento o de sus derechos lleva a las personas con discapacidad intelectual detenidas a depender de la empatía y la buena voluntad de abogados y jueces.

Los tribunales deberían derivar a estas personas hacia otros recursos más adecuados a su situación. Sin embargo, al no hacerse --a menudo porque en esta fase no se detecta la discapacidad-- hay que asumir el problema desde la administración penitenciaria, indica la Sindicatura. “Todavía existen carencias que hacen que no se les preste una atención adecuada a sus necesidades”, ha denunciado la síndica.

Para empezar, no existen unidades específicas para atender las necesidades de este colectivo, a excepción del Departamento de Atención Especializada (DAE) de la prisión de Quatre Camins, en la Roca del Vallès (Barcelona), que trabaja bajo los principios de comunidad terapéutica. Se trata de una unidad de convivencia con 35 plazas, apartada de los módulos ordinarios del centro penitenciario. Se creó en la década de 1990 para abordar el gran problema de la adicción a las drogas de la población reclusa.

La síndica ha reclamado extender esta unidad a todos los centros, toda vez que algunos centros penitenciarios disponen de un departamento donde los presos con discapacidad conviven con las que no tienen este diagnóstico pero cuya situación vulnerable hace aconsejable que permanezcan en unidades de este tipo.

En suma, la falta de unidades específicas hace que, en la práctica, la mayoría de personas con discapacidad convivan mezcladas con otros internos vulnerables, ya sea porque sufren una patología mental, un problema de consumo de alcohol o drogas o una discapacidad. En algunas ocasiones, además, la estancia en estos espacios alternativos está limitada a dos años.

Otros centros penitenciarios, como el de Ponent, en Lleida, o el de Dones, en Barcelona, ni siquiera tienen previsto disponer de este espacio para atender a los internos en situación de vulnerabilidad.

El informe pone de manifiesto que las mujeres con discapacidad sufren una doble discriminación, porque o bien no existe un espacio específico para ellas o bien el que hay es claramente insuficiente. Existe un porcentaje elevado de personas con DID que no tienen el certificado oficial de discapacidad ni están detectadas como personas vulnerables. Por tanto, están ubicadas en módulos ordinarios e, incluso, se pueden encontrar en aislamiento de forma prolongada.

Giménez-Salinas, y el adjunto general, Jaume Saura, han entregado este lunes por la tarde al presidente del Parlament, Josep Rull, el 14º informe del MCPT. Durante 2024 se visitaron 35 centros con personas privadas de libertad o institucionalizadas. La mayoría de las visitas (19) corresponden a comisarías de policía, tanto de Mossos d'Esquadra (7) como, sobre todo, de policías locales (12).

También se visitaron 8 prisiones, 6 centros de justicia juvenil, un centro sociosanitario y un servicio de atención hospitalaria psiquiátrica. Como cada año, el informe contiene las fichas de todas las visitas, en las que se recogen las principales observaciones y conclusiones del Equipo de Trabajo del MCPT para cada centro visitado, así como las recomendaciones que se derivan.

“No recuerdo casi nada del día del juicio porque estaba muy medicada”. María (nombre ficticio) empieza así a responder al cuestionario que elDiario.es le ha enviado a la prisión de mujeres de Wad-Ras de Barcelona. Es una persona con discapacidad intelectual privada de libertad, a la espera de que el Supremo confirme o no su sentencia, tras un paso por la Justicia penal que evidencia las trabas del sistema para este colectivo.

La falta de medios para facilitar la mera comprensión de un procedimiento o de sus derechos lleva a las personas con discapacidad intelectual detenidas a depender de la empatía y la buena voluntad de abogados y jueces. Ambas se dan en algunos casos, pero en otros no, incluso en un mismo procedimiento. Así le ocurrió a María. 

Tras ser detenida nada más aterrizar en El Prat de Llobregat, María sí pudo comprender de qué se le acusaba. “Gracias a mi abogada y a la primera jueza, que se portó muy bien y fue amable porque sabía de mi enfermedad”, explica la mujer. Pero un año después, tras permanecer este tiempo en prisión preventiva, todo cambió durante el juicio en la Audiencia de Barcelona.

“Me medicaron mucho antes de ir para que no pasara nada. Me dijeron que era por si me ponía violenta. Me costaba seguir el juicio. Estaba casi en blanco y ahora no recuerdo casi nada”, recuerda María, que denuncia que los médicos de la cárcel “no escuchan bien” y le han cambiado varias veces de medicación sin comunicárselo de forma adecuada. “No sé qué es lo que tomo. Nunca me explican, aunque me dieron un informe antes del juicio pero no entendimos nada”, escribe desde Wad-Ras.

La interna, al no tener todavía condena firme por estar pendiente su recurso ante el Supremo, permanece en el módulo de enfermería y con el protocolo antisuicidios activado. Pero, en caso de confirmarse su pena, podría ser trasladada con las presas comunes. “Me siento mal y muy sola aquí. Toda mi familia, que cuidaba de mí, está fuera”, lamenta María.

“La primera vez que hablé con ella ya vi que algo no iba bien, y procuré explicarlo a la jueza de guardia, que sí lo entendió”, recuerda la letrada Helena Aixelà, que ha asistido por el turno de oficio (percibiendo una retribución mínima) a María durante todo el proceso. 

El testimonio de María constata las trabas con las que se encuentran los detenidos o imputados con discapacidad intelectual cuando cruzan una comisaría, un juzgado o las puertas del centro penitenciario. El primer obstáculo suele ser entender lo que les están diciendo el juez, el fiscal o su abogado. Si la jerga jurídica ya es compleja para un ciudadano cualquiera, para las personas con discapacidad intelectual el lenguaje del juzgado puede llegar a convertirse en una barrera.

María fue condenada (su caso se encuentra pendiente de recurso ante el Tribunal Supremo) con la atenuante simple de alteración psíquica, en base al dictamen de los psiquiatras de la cárcel. Su documentación de su país de origen le reconoce una discapacidad intelectual del 74%. 

La clienta de Aixelà no pudo pagar informes psiquiátricos propios de cara al juicio porque carecía de recursos económicos. La abogada advierte de la desigualdad de clase que, muchas veces, acompaña la discapacidad: “Solo suele resultar castigado el eslabón más débil del grupo delictivo, que además reciben una pena agravada que no merecen”.

“Es necesario dotar de mayor preparación a los operadores jurídicos a la hora de tratar a las personas con discapacidad intelectual”, pide Aixelà. La letrada, sin embargo, advierte de una premisa necesaria antes de cualquier medida: “Tiene que haber más empatía hacia estas personas por parte de todos los intervinientes en el proceso penal, del abogado al forense”.

Más preocupación en jueces, fiscales y abogados

El caso de María no es una excepción. El pasado mes de octubre, Naciones Unidas dictaminó que España vulneró los derechos de un acusado con una discapacidad intelectual del 73% por no haber adaptado su juicio. La Audiencia Provincial de Toledo condenó en 2015 a Esteban a 25 años de prisión por homicidio y robo en una vivienda. A pesar de acreditar su grado de discapacidad intelectual, esta no se tuvo en cuenta ni en sus declaraciones ni durante el juicio. El magistrado que presidió la vista le llegó a decir que no se hiciera “el tonto” porque no le iba a servir de nada.

Invisibles durante años para medios de comunicación y operadores jurídicos, el auge de los detenidos con enfermedades y discapacidad intelectual ha provocado que jueces, fiscales y abogados empiecen a preocuparse y ocuparse de esta realidad. El pasado mes de octubre, durante una jornada organizada por el Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), el decano de los letrados barceloneses, Jesús Sánchez, se comprometió a estudiar la implantación un turno de oficio dedicado a la asistencia de detenidos con discapacidad. 

Para el abogado Miguel Capuz, todo se reduce a una cuestión de voluntad política para invertir más recursos, por ejemplo a través de la figura de los facilitadores que ayuden a comprender lo que ocurre dentro de la sala a los acusados con discapacidad. El letrado insiste además en el “olvido normativo” que presentan las leyes penales: “En 2023 el legislador introdujo la figura del discapacitado perjudicado, pero se olvidó del encausado, cuando el proceso penal es una cosa muy seria”.

En primer Foro Nacional Derechos de las Personas con Discapacidad organizado por el ICAB participaron el magistrado del Tribunal Supremo Javier Hernández y el fiscal especialista Fernando Santos, que admitieron sin medias tintas la mala situación en la que se encuentran las personas con discapacidad, sobre todo intelectual, cuando se cruzan con la Justicia penal. 

“La discapacidad intelectual es un factor de marginalización tremendo que nos compele a todos los operadores y nos obliga a un cambio total de forma de trabajo”, advirtió el magistrado Hernández, quien destacó que, en muchas ocasiones, el lenguaje ya se convierte “en una barrera” para las personas con discapacidad intelectual, quienes además presentan mayor probabilidad de sugestión y de conductas adaptativas. Esto es, el “hazme caso a mí”, en palabras del juez, y no comprobar que se ha entendido lo que se ha dicho.

La actual inercia de los procesos penales hace que, salvo mirada atenta (e inusual) de un operador jurídico, la persona con discapacidad intelectual “quede desprovista y marginalizada del proceso penal y del ejercicio de sus propios derechos”, lamentó el magistrado. “Estamos unidos en la profunda melancolía, pero queremos trabajar por un escenario nuevo con las escasas herramientas de las que disponemos, hay que activarlas”, apostilló Hernández.

Santos puso como ejemplo la situación del centro penitenciario de su provincia, Córdoba, donde el 18% de la población reclusa tiene una discapacidad psíquica. “El denominador común sigue siendo la omisión: omisión del legislador que no legisla, de la administración que no administra y del movimiento de la discapacidad que no la reivindica”, lamentó, para criticar la “falta conocimiento y de sensibilidad en los operadores jurídicos”, en un ejercicio de autocrítica poco habitual en instancias judiciales y fiscales. 

Plena inclusión Castilla-La Mancha ha pedido “mayor atención” para las mujeres con discapacidad intelectual coincidiendo con el 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

“Queremos alzar la voz en nombre de las mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo, quienes sufren una violencia, en demasiadas ocasiones, invisibilizada”, asegura la entidad, que apunta a “cifras que hablan por sí solas”, ya que las mujeres con discapacidad tienen entre dos y diez veces más posibilidades de ser víctimas de violencia sexual.

A pesar de que existen leyes que buscan garantizar su protección, Plena Inclusión sostiene que “la realidad demuestra que el acceso a una justicia efectiva continúa siendo un desafío para muchas de ellas”. Las pruebas judiciales suelen ser, abundan, “especialmente complejas para las mujeres con discapacidad intelectual”.

La realidad demuestra que el acceso a una justicia efectiva continúa siendo un desafío para muchas de ellas. Las pruebas judiciales en casos de violencia sexual suelen ser especialmente complejas para las mujeres con discapacidad intelectual

En su opinión, “las herramientas legales no están adaptadas a sus necesidades, lo que genera enormes barreras a la hora de recordar detalles, expresarse con claridad, entender los riesgos, identificar emociones, manejar la atención o responder preguntas complejas”. 

Las mujeres con discapacidad intelectual, recuerdan, son “ciudadanas de pleno derecho” y exigen que las administraciones públicas y los recursos especializados en violencia de género en Castilla-La Mancha se adapten y sean inclusivos con estas mujeres, proporcionando apoyo específico y teniendo en cuenta sus particularidades. 

 Reclaman “medidas concretas”

Plena inclusión Castilla-La cree “fundamental implementar medidas concretas que protejan, intervengan, eduquen y, sobre todo, apoyen a estas mujeres”. Hay que asegurar, dicen, que puedan acceder a recursos y servicios que les permitan vivir y ser atendidas de manera segura y digna. “Juntas exigimos el fin de la violencia, mayor compromiso y una sociedad que no deje a ninguna mujer atrás”.  

Plena inclusión Castilla-La Mancha aglutina a unas 60 entidades de la región y representa a 8.500 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Además, está compuesta por unos 2.700 profesionales, 1.000 voluntarios y voluntarias y 240 centros. Su objetivo es trabajar para la plena inclusión de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias, promoviendo su calidad de vida y defendiendo sus derechos.

Sandra Güemes es vecina de Paiporta y habitualmente, los lunes, martes y jueves, lleva a su hijo de cinco años con Trastorno del Espectro Autista (TEA) al Caip Patraix, un centro de atención integral donde recibe distintas sesiones de logopedia, terapia ocupacional y psicología. Antes de la riada que destrozó esa zona cero, la madre no estaba segura de desplazarse hasta la capital valenciana para las sesiones: “Cancelamos la cita y eso probablemente nos salvó la vida”.

Ahora, tras más de dos semanas de la catástrofe que se ha saldado con más de 200 fallecidos, Güemes ha abierto una iniciativa de donación porque con la tromba de agua perdió su coche y por la limitada condición económica de su familia les es imposible costearse otro vehículo. “No tenemos forma de llevarlo a sus terapias. Son importantes para su rutina porque le ayudan a ser autónomo”, explica la afectada, y añade que el autobús “es inviable porque se pone muy nervioso”.

Además, su colegio situado en el mismo municipio en el que residen, el CEIP Rosa Serrano, ha estado cerrado hasta este 12 noviembre, y está volviendo a abrir sus puertas de forma progresiva, tal y como muestra la circular 3/2024 de la Conselleria de Educación. En su centro educativo, dispone de distintos apoyos como un educador, audición y lenguaje, y pedagogía terapéutica, y tanto ellos como los especialistas del centro de Patraix son necesarios para “su desarrollo personal”.

El segundo día de la DANA, Dylan no quiso vestirse porque no podía borrar de su memoria cómo la tromba de agua desdibujó la normalidad de los habitantes de Paiporta. “Ha estado en casa durante una semana y media porque el barro no le gusta sensorialmente, y sabe que ocurre algo y que no está como siempre. Me han dicho que siga una rutina en casa, que no esté en pijama, que tenga ratos de tele, pero también de juegos educativos... ”, explica Güemes. La madre espera volver al día a día y que Dylan pueda recibir sus sesiones lo más pronto posible.

Colaboración del tercer sector: terapias a domicilio y donaciones

El pasado 29 de octubre, la riada arrasó con el centro de desarrollo infantil y atención temprana de la Federación Valenciana de Personas con Discapacidad Intelectual (Fevadis), ubicado en Aldaia, una de las localidades más castigadas en l'Horta Sud. En este local, se atendía a niños con un diagnóstico de algún tipo de discapacidad, trastorno del desarrollo o un posible riesgo de sufrirlo. Los bebés prematuros también se derivaban a este centro. Alicia Angulo Ramiro, coordinadora de Fevadis, explica que en este servicio existe “personal especializado en estimulación temprana como psicólogos infantiles, logopedas, fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales”, concretamente nueve miembros más la dirección.

El material que se usaba en las sesiones ha quedado totalmente anegado y prácticamente inservible, especialmente la parte terapéutica. “Hay piezas que cuestan más de 300 euros. El material terapéutico es muy caro, y es la pérdida más grande”, subraya.

En línea similar, Angulo Ramiro añade que, como entidad sin ánimo de lucro, el dinero que reciben no pueden gastarlo en inversiones: “No tenemos capacidad para comprar material inventariable, como un columpio de 800 euros, porque funcionamos a través de subvenciones concretas que salen una vez cada dos años. Por eso es más complejo recuperar este tipo de objetos”.

Muebles, dispositivos electrónicos o el material terapéutico son las donaciones que más necesitan estos centros para recuperar su actividad lo más pronto posible. Por este motivo, intentan solicitar estas necesidades a distintas empresas que estén dispuestas a donarlo. “Tenemos una nave donde estamos almacenando las ayudas que nos van llegando”, manifiesta. Además, les han trasladado a los centros que les manden unas listas de urgencias para destinarles estas donaciones: “Una empresa de alquiler de coches nos ha cedido una furgoneta. He llegado a recoger 26 mesas en un día”. La coordinadora reconoce que aunque todo este esfuerzo “implique mucha gestión, merece la pena porque muchos de estos centros no disponen de fondos que ”puedan usar alegremente“.

Ahora, con los siete terapeutas del centro y con la colaboración de otros voluntarios, intentan no dejar sin asistencia a las familias y, en particular, a los cien niños que necesitan una atención continua. Todo el equipo involucrado se organiza para realizar videollamadas o acudir presencialmente a los domicilios, a pesar de las restricciones de acceso a varios pueblos. “Vamos de casa en casa, ya sea caminando o aparcando a las afueras. Esto retrasa el servicio habitual, donde nos encargábamos de una atención individualizada y el seguimiento de cada caso”, destaca.

Además, Angulo Ramiro insiste en que hay familias que prefieren que no vaya nadie a sus hogares porque desconfían del personal que no conocen: “Se ven obligadas a contarles su vida entera [a los voluntarios] y nosotros no podemos darles acceso a nuestros sistemas por la protección de datos. Hay personas con buena voluntad dispuestas a ayudar pero es complicado en esta situación donde hay menores e historias complicadas y personales”.

La coordinadora aclara que intentan centrarse en la red habitual porque es la que más controlan y así evitar “que se les vaya de la mano”. No quieren ejercer como “una empresa de logística”, sino centrarse en la naturaleza de la federación, y confiesa que estas labores, sin cesar, les están suponiendo un “sobreesfuerzo”: “Somos muchas personas las que estamos haciendo una doble jornada”.

Desde Fevadis aseguran que la directora general de personas con discapacidad de la Generalitat Valenciana, Bárbara Congost, se ha mostrado preocupada en todo momento y ha ofrecido su “apoyo humano”. Sin embargo, no hay noticias de futuras ayudas económicas para rescatar este tipo de servicio, muchos de ellos destrozados por esa tromba de agua que ha provocado una perpetua marca en el imaginario colectivo valenciano.

En la organización Plena Inclusión CV, movimiento de asociaciones de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, ya acudían a los hogares de estas personas e incluso los acompañaban al médico o al dentista. Pero tras la DANA, la Fundació Mira'm -organización de personas con autismo- contactó con ellos y decidieron extender “la iniciativa a todas las familias que lo necesitaban, independientemente de si las entidades formaban parte del movimiento o no”.

En palabras de María Antonia Ferrús, presidenta de Plena Inclusión CV, pusieron en marcha un grupo de WhatsApp para reunir voluntarios capacitados y cerca de las zonas para asistir a las familias que lo necesitaban. Paralelamente, también organizaron un sistema de difusión para que las personas afectadas solicitaran ese apoyo, ya sea “para acompañar al niño o al adulto mientras los padres estaban estuvieran atendiendo otras necesidades o simplemente que estuvieran con un especialista” y ayudarles a regular su estado emocional“.

En un primer momento, los afectados pedían material básico como pañales o algún alimento en particular, pero con el paso de los días, las demandas se han ido concretando: “Ahora necesitan material específico de apoyo como comunicadores, tablets o libros. Los voluntarios, a cada casa que van, llevan una bolsa con enseres básicos, además de lo que necesite concretamente la familia”. A ello, añade que también están ofreciendo los donativos que les llegan a otros centros, como gabinetes privados o colegios que “les hacen llegar lo que necesitan”.

Después de dos semanas de la riada histórica, se han apuntado más de 500 personas en la solicitud, y son más de 60 familias quienes reciben asistencia a domicilio, tal y como confirma Ferrús. “Prácticamente estamos en todos los pueblos afectados del área de Valencia. También hemos ido a zonas que no han sido directamente perjudicadas, pero que los niños y niñas no podían desplazarse a sus colegios habituales. A las zonas cero no hemos podido entrar porque existen familias están en una fase de crisis y necesitan recuperarse”, incide la presidenta de la plataforma.

De las entidades que forman parte de la agrupación, Fevadis es una de ellas, junto al centro ocupacional La Torre, que ha “sufrido daños estructurales y materiales gravísimos”; o el CEA Catarroja, que no pertenece a Plena Inclusión CV, pero que también ha quedado devastado.

“Hemos tenido muchas ofertas de otros centros para acoger a los alumnos. La colaboración con la administración ha sido muy estrecha y nos hemos sentido acompañados”, destaca. Concretamente, explica que María del Rosario Escrig Llinares, directora de Innovación e Inclusión Educativa se ha ocupado, caso por caso, en realojar a los niños y niñas afectadas en otros colegios.

“La reconstrucción, el apoyo emocional o la solidaridad seguirán siendo esenciales después de esta crisis”, apunta Ferrús, porque es una situación “que va para largo y necesita el apoyo de toda la sociedad”: “Que no se olviden de nosotros”.

Herramientas para evitar la incertidumbre

Las personas con discapacidad intelectual o trastorno del desarrollo suelen tener una serie de pautas en su día a día que les ayuda en su propio desarrollo. Esta deriva propiciada por la DANA incentiva a que los más pequeños se sientan desamparados cuando no acuden a sus centros a cumplir con sus terapias.

“Hay que explicarles lo que sucede en cada momento. Si no tenemos herramientas, hay que consultar con profesionales o buscar materiales. Hay que poner sobre la mesa qué vamos a hacer antes de que sucede para no añadir sorpresa ni ansiedad”, explica Angulo Ramiro, de Fevadis.

Asimismo, desde Fevadis quisieron crear sus propios materiales educativos, pero con la falta de tiempo la multitud de iniciativas que estaba surgiendo quisieron darles protagonismo. Una de las impulsoras de un cuento ilustrado sobre la lluvia es Brenda Campos, psicóloga educativa. En su perfil en Instagram (@breneducates), la autora promociona esta historia creada en primera persona y adaptada a cada niño para que “pueda familiarizarse con los nuevos cambios y lidiar con la incertidumbre”. El recurso visual está disponible tanto en castellano como en valenciano, y se puede descargar para rellenar los huecos desde casa.

“La idea nace porque no vi cuentos destinados a niños con diversidad funcional, y pensé que era buena idea para que pudieran entender bien la situación, sobre todo si han sido afectados por esta catástrofe. En una noche, canalizando el insomnio y el malestar empecé a escribirlo”, cuenta Campos a este medio.

Además, la psicóloga recomienda que los familiares validen los sentimientos de sus hijos con frases como “entiendo cómo te sientes” o “¿Qué podemos hacer para ayudarte a sentirte mejor?”; e intentar ofrecer actividades como “pintar o pasear”. “Estén donde estén, tienen que tratar de seguir con una rutina y si están en un espacio que no es su casa, tienen que identificarla como suya, con sus pertenencias, juguetes, etc.”, recalca.

Peticiones a las administraciones

Como primera evaluación de los daños tras la riada, hasta el momento, se han contabilizado 1625 personas con discapacidad residentes en los municipios afectados por la DANA; 32 centros residenciales se encuentran inoperables, afectando a 1315 residentes; y 36 Centros Especiales de Empleo han sufrido daños.

Así es como lo muestran los datos del informe del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana (CERMI CV). Las organizaciones que forman parte, como Asocide CV, Aspace CV, Calcsicova, Cocemfe CV, Faeb CV, Feder CV, Federació Salut Mental CV, Fesa, Fesord CV, Fevadace, Helix, Impulsa Igualdad CV, ONCE y Plena Inclusión CV han puesto de manifiesto la situación de vulnerabilidad de las personas con discapacidad, así como la de sus familias.

Desde el comité se han creado protocolos de atención para reponer material dañado del catálogo ortoprotésico; la provisión de medicación esencial; el reparto de material necesario en las entidades que forman parte; y la difusión de información con asistencia jurídica para resolver trámites de las personas que lo necesiten. Además, se ha impulsado una colaboración con la Plataforma del Tercer Sector de Acción Social de la Comunidad Valenciana y la Conselleria de Servicios Sociales, con el objetivo de coordinar esfuerzos y agilizar la asistencia en los municipios que más lo necesiten.

Según declaraciones de Luis Vañó, presidente del CERMI CV, el dosier es una garantía para que “las personas con discapacidad no se queden atrás en situaciones de emergencia”. A ello, añade que desde la plataforma trabajarán para que las ayudas “lleguen a los más necesitados” y que el proceso de “recuperación sea inclusivo y equitativo”.

El documento pide que se lancen fondos concretos para paliar la destrucción de las infraestructuras y los dispositivos ortoprotésicos; transportes adaptados; y la creación de redes de apoyo psicológico y asistencia personalizada para las familias damnificadas.

Todas estas demandas se ha remitido a la Dirección General de Personas con Discapacidad de la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda; al CERMI Estatal; al Gobierno estatal; y al Parlamento Europeo.

No le salen las cuentas a las asociaciones y entidades agrupadas en el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) en Andalucía. Como avanzó este periódico hace un par de semanas, el sector ha dicho basta y ha decidido alzar la voz “por una financiación justa”, a corto plazo, y por un cambio en el modelo que permita atender con garantías a las más de 700.000 personas con discapacidad que representa, y a sus familias, a través de sus 18 entidades miembros. Quieren “hacer visibles” sus reivindicaciones, para lo cual han previsto un calendario de movilizaciones, que se han de sumar a las previstas por el actual sistema de dependencia. Y advierten: “Subiremos el nivel de las protestas si no obtenemos respuesta”.

La situación es “crítica”, ya que una serie de circunstancias “han llevado al límite al sector”, que está “a un paso del colapso”, ha dicho la presidenta de CERMI Andalucía, Marta Castilla, en rueda de prensa este miércoles en Sevilla. Entre los causantes está “el sobreesfuerzo y los sobrecostes que las entidades sociales tuvieron que hacer durante la etapa de la pandemia para poder preservar la salud y seguridad de las personas con discapacidad unido a la alta inflación, nuevos costes salariales derivados de la subida del SMI y actualización de los convenios colectivos y la infrafinanciación de la administración pública”, ha destacado Castillo, quien ha lamentado que “la labor esencial que realizamos no viene apoyada adecuadamente desde los estamentos públicos ni privados”.

Además, este tipo de entidades aportan al PIB andaluz “una cifra de negocio importante cada año, con más de 11.000 empleos directos y 30.000 indirectos”. “Las entidades que forman CERMI Andalucía son las principales empresas de las ciudades en las que prestan servicios, más allá de la labor social que desempeñamos y que son nuestra razón de ser. Dejar caer a este sector sería un grave problema para las personas con discapacidad y sus familias, pero no menos importante para trabajadores, empresas auxiliares y distintas administraciones en todo el territorio andaluz”, ha resaltado.

Al margen de las movilizaciones y de las reivindicaciones, la situación puede tener consecuencias directas. Castillo ha anunciado que las entidades que tienen servicios concertados, especialmente servicios de atención residencial y de centros de día y atención temprana, están ante “una delicada situación que puede derivar en el cierre de sus instalaciones y por tanto del servicio que prestan a las personas con discapacidad”.

Actualización automática

A juicio de CERMI Andalucía, actualmente los servicios que prestan están “en riesgo” por la imposibilidad de asumir los gastos que acarrean, ya que las tarifas están desfasadas y no cubren el gasto real. La entidad solicita la revisión al alza del coste plaza y la creación de un sistema automático de actualización de precios de los servicios. Para el movimiento de la discapacidad andaluza, “es fundamental realizar un estudio del coste real de sostenimiento de los centros y servicios para asegurar su sostenimiento a largo plazo y no depender, como hasta ahora, de mejoras puntuales basadas únicamente en disponibilidad y criterios presupuestarios, sino en un análisis previo y riguroso del coste real de los servicios”.

Para ello, como ya informó este medio, se propone un nuevo modelo de financiación que contemple la actualización de su coste de forma automática y permanente conforme al IPC, además de tener en cuenta el incremento de los convenios colectivos de los profesionales que trabajan en los centros y servicios de las entidades.

Las reivindicaciones de la discapacidad van dirigidas tanto a la Junta de Andalucía y como al Gobierno Nacional. Así, al Ejecutivo de Pedro Sánchez le exigen  que elabore y apruebe un Pacto de Estado para la viabilidad del sistema y asegurar que todas las personas tengan los mismos derechos en los distintos territorios. Por ello hay que incrementar la financiación del nivel mínimo de protección, que es abonado íntegramente por la Administración general del Estado (AGE), en función del número de personas en situación de dependencia que se encuentren recibiendo una prestación efectiva; y así alcanzar progresivamente el 50% de financiación de cada administración.

CERMI prevé concentraciones en los centreos los días 24 y 31 de octubre, y acciones provinciales dos veces por semana (martes y jueves) durante todo el mes de noviembre. Así, buscan visibilizar las necesidades de financiación justa para sus entidades, con una manifestación final en San Telmo el 3 de diciembre, que culminará la campaña de reivindicación con una gran convocatoria.

José Luis Sáenz-Benito Ruiz tiene 65 años, Jesús Sáinz Sáenz de Camporredondo tiene 71. Ambos llegaron a la asociación IGUAL A TI cuando esta asociación atendía a menores con necesidades especiales y propias de menores. Con el tiempo esos menores crecieron y se convirtieron en adultos, y como ellos, sus necesidades también cambiaron. Ahora, como es el caso de Pepe, son personas mayores y continúan en IGUAL A TI, entidad que desde hace 60 años atiende a personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Al margen del alumnado del Colegio de Educación Especial Los Ángeles, la edad media de las personas apoyadas en los centros y servicios de adultos supera los 46 años. En total, 268 personas son mayores de 18 años, 131 mayores de 45 años y 21 mayores de 65 años.

Pepe tiene 65 años y vive con su madre de 92

Pepe fue uno de los primeros niños que llegó a IGUAL A TI. Ahora tiene 65 años y continúa viviendo con su madre Emilia de 92 que afirma orgullosa que de momento puede atenderlo bien aunque es consciente de que con los años va perdiendo facultades. “Es un niño con muchas dificultades y venir a los talleres de la asociación es para él el todo”. Y es que Pepe pasa todas las mañanas en la asociación, en los talleres de IGUAL A TI seleccionando tornillos, brocas... a los que acude todos los días, “no quiere faltar ni uno solo, no falta nunca a su trabajo”. Por las tardes, también tiene una cita a la que nunca falla, un paseo por Logroño de 7 a 8 de la tarde con un amigo. El resto del tiempo lo pasa viendo partidos de fútbol porque un desgaste de las vértebras, le impide practicar deporte. “Le gusta ir a ver los partidos a los distintos campos de fútbol”. Emilia y Pepe viven solos en casa. “Tengo poca ayuda”, confiesa Emilia aunque insiste en que de momento se encuentra bien y con fuerzas para seguir atendiendo y cuidado de su hijo de 57.

Lo ideal para Pepe sería una residencia para para personas con discapacidad intelectual y del desarrollo con personal cualificado

Emilia Ruiz Garzón, madre de Pepe

Aún así, es consciente de que el tiempo pasa y a sus 91 años le preocupa el futuro de su hijo. “Lo ideal para Pepe sería una residencia para para personas con discapacidad intelectual y del desarrollo con personal cualificado”. El problema, que no existe una residencia de estas características en La Rioja.

En La Rioja, la red de plazas públicas del servicio de atención residencial, incluidas las estancias temporales residenciales, del sistema riojano para la autonomía personal la dependencia es de 230 de las que sesenta las gestiona IGUAL A TI; 48 en la residencia Los Valles en Logroño y otras 12 en la residencia Valle del Cidacos en Calahorra. Sesenta plazas para las que ya hay una lista de espera de 4 años y que ofrecen a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo un hogar cuando carecen de él o que, por circunstancias personales, no pueden convivir con sus familias.

23 años en la residencia de IGUAL A TI de Logroño

Es el caso de Jesús Sáenz de Camporedondo que a sus 71 años lleva 23 años viviendo en Los Valles de Logroño y trabaja en el centro ocupacional de la asociación. Es el más mayor de la residencia. Él es de Rincón de Soto y cuando se quedó solo, “cuando todos fallecieron, quedábamos las tías”. Ella es Pilar. Tiene 81 años. “Jesús vivía en Rincón de Soto, pero nosotros teníamos nuestra vida en Logroño”. Fue el hijo de Pilar el que descubrió la asociación IGUAL A TI y consiguió una plaza para Jesús. Pilar vive sola. Ya sólo tiene una hermana que se ha quedado ciega y sorda. Y desde hace más de dos décadas es como una madre para Jesús. “Nos llamamos todos los días”. Y comparte con Emilia los mismos miedos. “Me preocupa que tenga que salir de aquí porque estando él aquí, estoy tranquila, sé cómo está y cómo le cuidan”.

Y es que para Jesús, la residencia Los Valles se ha convertido en su hogar y el resto de compañeros y compañeras ya son su otra familia. Los Valles es como una pequeña comunidad de vecinos de la que Jesús es el presidente desde hace diez y eso que las votaciones son cada dos años. “Ahora estamos mucho mejor que hace años cuando compartíamos habitación 7-8 personas, ahora tenemos una individual”. Y en esa pequeña comunidad de vecinos, organizan actividades con las asociaciones vecinales de la zona, cultivan el huerto, atienden a la colonia felina e incluso han escrito dos libros que han adaptado a lectura fácil y que han presentado en Madrid. En estos 22 años reconoce que afortunadamente todo ha mejorado mucho, al margen de dejar de compartir habitación. “Antes salíamos a la calle y la gente del barrio nos llamaban subnormales, ahora estamos perfectamente integrados, participamos en las actividades del barrio y nos sentimos queridos por el vecindario”. Y ahí es donde quiere quedarse Jesús, en el barrio, en la residencia que considera su hogar y que afortunadamente no tendrá que abandonar cuando cumpla los 65 años.

La esperanza de vida ha aumentado y hay madres que nunca se jubilan y que continúan al pie del cañón con 80 y 90 años

Jorge Ortega González — Presidente de IGUAL A TI

Jesús tiene suerte porque la lista de espera para ingresar en esta residencia es de 4 años, lista de espera que también hay en en Centro de Atención a Personas con Discapacidad Psíquica (CAPDP Santa Lucía de Fuenmayor). Y es que esta es precisamente una de las reivindicaciones del presidente de la entidad riojana, Jorge Ortega González. “En La Rioja no hay ninguna residencia especializada para personas con discapacidad intelectual y estas personas, a medida que van cumpliendo años necesitan, además de los apoyos propios de la edad, los relativos a su discapacidad intelectual”.

La esperanza de vida cada vez es mayor “y hay madres que nunca se jubilan y que continúan al pie del cañón con 80 y 90 años”. Un buen ejemplo son Emilia y Pilar para las que desde la asociación se piden más apoyos. “Es necesario una residencia adecuada para este tipo de personas”, considera Ortega, pero los recursos económicos son los que son. Razón por la que también pone sobre la mesa la necesidad de reforzar y ampliar los apoyos para que las personas mayores con discapacidad intelectual puedan seguir viviendo en sus domicilios, en sus casas, en su entorno natural... “porque si a Pepe le quitamos el paseo diario con su amigo le hacemos una gran trastada”.

Jesús y Pepe son personas mayores y personas con discapacidad. Esta semana se ha celebrado el Día del Mayor. Un colectivo que en La Rioja aglutina a más d 95.200 personas de más de 60 años y entre los que también personas con discapacidad con necesidades de atención propias de la edad y de su discapacidad. Y más concretamente, unas 2.264 personas de entre 60 y 64 años en La Rioja tienen alguna discapacidad, cifra que aumenta a más de 6.300 de 65 a 79 años. Con más de 80 años, ahora mismo en La Rioja hay 4.100 personas con alguna discapacidad.

El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado en su sesión de este miércoles la proposición de ley presentada por el grupo Por Andalucía para facilitar el acceso de personas con discapacidad a la función pública, mediante una reforma parcial del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

El orden del día de la sesión plenaria de este miércoles contemplaba el debate para la toma en consideración de esta proposición de ley, si bien el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, ha informado en el salón de plenos de una alteración de ese orden del día para proceder directamente a la tramitación directa mediante el procedimiento de lectura única de esta iniciativa.

En virtud de este procedimiento de lectura única, la proposición de ley se ha sometido este mismo miércoles a votación para su aprobación, que ha salido adelante con el apoyo unánime de los diputados presentes en el Pleno.

Dado que esta iniciativa debe continuar su tramitación en el Congreso de los Diputados, una vez aprobada en el Pleno del Parlamento será necesario designar a tres diputados que vayan a defenderla a la Cámara Baja, según ha informado Jesús Aguirre, que ha emplazado a los grupos a presentar candidatos para acudir al Congreso en defensa de esta ley.

Pruebas prácticas en vez de exámenes

Se trata, concretamente, de la proposición de ley a tramitar ante la Mesa del Congreso de los Diputados relativa a reforma parcial del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

La iniciativa persigue que se eleve a la Mesa del Congreso de los Diputados una propuesta de modificación del artículo 61.2 del texto refundido de la citada normativa, con el fin de incluir que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59, las pruebas de acceso para las personas con discapacidad intelectual consistan en una prueba de situación que permita valorar las habilidades y destrezas necesarias para el desempeño de las tareas propias del puesto de trabajo.

Se aspira así a sustituir el examen de acceso de las personas con discapacidad intelectual por una especie de prueba práctica en la que se evalúen sus competencias para desempeñar el trabajo, y no unos conocimientos teóricos que les cuesta adquirir y que, sobre todo, “les cuesta demostrar en un examen test que no está concebido para personas que no entienden el concepto de trampa que entraña todo examen de este tipo, aunque sea fácil”, según argumentan desde el grupo impulsor de esta iniciativa.

La parlamentaria de Por Andalucía Esperanza Gómez ha defendido este miércoles ante el salón de plenos que, en días como éste, es “un orgullo aún mayor” ser diputada andaluza, al hilo de esta iniciativa y la unanimidad que ha concitado, con la que el Parlamento andaluz queda “al margen de la crispación” actual, en unos momentos en los que “la política está tan denostada”, según ha subrayado.

Valoraciones de los grupos

El resto de grupos parlamentarios también ha contado con un turno de palabra para valorar la tramitación de esta iniciativa, que el diputado del PP-A Juan Manuel Marchal ha destacado que “redundará en beneficio de las personas con discapacidad intelectual, de sus derechos, de su empleabilidad e inserción laboral, y que además redundará en la dignificación de su vida y en ayudarles a conseguir la independencia y la autosuficiencia que tienen y que se merecen”.

Por su parte, la parlamentaria del PSOE-A Pilar Navarro ha sostenido que esta proposición de ley es “justa en sí misma y de puro sentido común”, por lo que ha trasladado su enhorabuena a los proponentes de la misma, subrayando que esta iniciativa “va a servir para ayudar a muchas personas que lo tienen muy difícil en su día a día, y que merecen que les ayudemos”, ha concluido.

Por último, el diputado de Vox Benito Morillo ha defendido que la proposición de ley objeto de debate este miércoles es “una buena iniciativa porque ayuda a mejorar en cierta forma a un núcleo de población con graves problemas de integración”, a pesar de que proceda de un grupo político que se sitúa “en las antípodas” de las posiciones de Vox, según ha apostillado.

Esta iniciativa ha contado también con el criterio favorable del Consejo de Gobierno andaluz del PP-A, que en su reunión del pasado 26 de agosto dio su visto bueno a la tramitación de esta proposición de ley.