Tal y como está el mundo, corremos el riesgo de que pasen desapercibidos relevantes asuntos de Estado y pronunciamientos judiciales que deberían suscitar conversación pública y tener consecuencias políticas. Me refiero a la reciente Sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz, sección de Ceuta, del pasado 11 de septiembre.

Los días 13, 14, 15 y 16 de agosto de 2021, hasta 55 menores no acompañados tutelados por la Ciudad Autónoma de Ceuta fueron entregados a las autoridades marroquíes de forma sumaria, sin cumplir el procedimiento legalmente establecido. Estas entregas fueron organizadas, con plena consciencia de su ilegalidad, por la entonces Delegada del Gobierno —representante del Gobierno central en Ceuta— y por la entonces Vicepresidenta Primera del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Ambas han sido condenadas en la referida sentencia por un delito de prevaricación administrativa.

Las entregas fueron ilegales sin ningún género de dudas. Así lo declaró ya de forma definitiva la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, en Sentencia de 22 de enero de 2024. Se hicieron al margen de la Ley de Extranjería, que establece que para expulsar a un menor es necesario un procedimiento individualizado en el que el menor sea escuchado, si tiene suficiente madurez, y en el que se recabe informe de los servicios de protección y del Ministerio Fiscal. Nada de esto se hizo y el Acuerdo con Marruecos de 2007, que invocaban las procesadas, solo sirve para facilitar la ejecución de una resolución de repatriación previa y legalmente adoptada, que no existió. Esta actuación habría vulnerado, además, el Derecho internacional de los derechos humanos, en concreto el artículo 4 del Protocolo nº 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe las devoluciones colectivas.

Los menores ilegalmente entregados a Marruecos habían accedido a Ceuta a través de la playa de Tarajal entre los días 17 y 18 de mayo de 2021, junto con aproximadamente 15.000 personas, de las cuales unos 1.200 serían menores de edad —cifras tomadas de la sentencia penal—. Se trataba de un episodio excepcional, que se interpretó como ejemplo de una especie de “guerra híbrida” en la que migrantes y refugiados son convertidos en munición por parte de los Estados. Ahora bien, tal y como se declara en la Sentencia del Supremo —en sintonía con el Ministerio Fiscal—, la gravedad de aquellos acontecimientos no habilitó al Estado a actuar al margen de la ley, máxime cuando las entregas se verificaron tres meses después.

La sentencia del Tribunal Supremo contiene otro pronunciamiento de gran calado jurídico. Sin necesidad de saber cuál fue el destino de los menores, declara vulnerado el derecho a la integridad física y moral de los mismos (artículo 15 de la Constitución). Efectivamente, el procedimiento omitido era el cauce para garantizar los derechos de los menores. Al prescindir de él, al ser entregados sin indagar cuál era su situación o de qué infierno podían venir huyendo, no pudo actuarse de acuerdo con el interés superior del menor y se les puso en serio peligro de sufrir padecimiento corporal o psíquico.

A todo ello, la reciente sentencia penal de la Audiencia Provincial de Cádiz añade que las mencionadas devoluciones no solo fueron ilegales, sino también constitutivas de un delito de prevaricación, cuya gravedad es importante aprehender pues quien actúa ilegalmente no lo hace por descuido, sino de forma deliberada y, además, en el ejercicio de la función pública. Como explica muy bien la Audiencia Provincial, tal proceder menoscaba un bien jurídico colectivo, “el recto y normal funcionamiento de la Administración pública” y el sometimiento de la Administración a la ley, que constituye un pilar básico del Estado de Derecho.

Aunque no ha quedado judicialmente probado que las acusadas recibieran órdenes, resulta inverosímil que actuaran por su cuenta y no contaran, al menos, con el visto bueno de instancias superiores del Ministerio del Interior. En primer lugar, por la envergadura de las entregas, que se interrumpieron por intervención judicial pero que estaban previstas para muchos más niños. En segundo lugar, el Sr. Grande-Marlasca, ha venido mostrando un contumaz respaldo a la actuación ahora declarada delictiva. Por otra parte, hay constancia en la sentencia de las conversaciones entre la Vicepresidenta Primera de la Ciudad Autónoma de Ceuta y la Directora del Gabinete de la entonces Vicepresidencia Primera del Gobierno de España, Sra. Carmen Calvo, en las que consta cómo se pretendía “inventar un procedimiento que la Fiscalía pudiera admitir” o “doblar la mano a la Fiscalía”. Son, otra vez, “las cloacas” del Estado, utilizadas ahora contra menores vulnerables.

Más allá de la ausencia de reacción o responsabilidad política, resulta desalentadora la profunda contradicción del Gobierno central, que se declara dispuesto a combatir el discurso de odio de la extrema derecha, mientras en la frontera actúa al margen de la ley, tratando a menores como si fueran fardos y dando con ello un ejemplo que socava la cultura de los derechos humanos.

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Este 6 de febrero se cumplen 10 años de la tragedia de la playa del Tarajal, una década desde que 14 personas que trataban de llegar a nado a nuestra costa murieron ahogadas entre disparos de la guardia civil. Algunos de sus cuerpos ni siquiera pudieron ser identificados, otros, ni siquiera recuperarse. La investigación abierta para esclarecer lo ocurrido se saldó con la exculpación de los agentes implicados. Puedes ver el programa completo en vídeo aquí:

Diez años después del Tarajal, lejos de aprender de errores pasados, todo ha ido a peor: nuestras fronteras son más mortíferas, nuestras políticas migratorias más letales. De Ceuta y Melilla a la ruta Canaria o Libia, Lampedusa o Lesbos, de los acuerdos de externalización de fronteras con Senegal y Túnez al nuevo pacto migratorio europeo, la Europa de las fronteras mata.

El último síntoma de un sistema enfermo son las imágenes de las centenares de personas demandantes de asilo hacinadas en el aeropuerto de Madrid Barajas desde hace semanas. Por todo esto, en este programa  abordamos la necropolítica migratoria europea. 

Hablamos con Gabriela Sánchez, jefa de sección de Desalambre de ElDiario.es, con Miguel Ángel Cortés, abogado del turno de oficio que en las últimas semanas ha asistido legalmente a más de una decena de solicitantes de asilo en Barajas y con Elena Muñoz, coordinadora del área jurídica de CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado). Y volvemos a Canarias, la principal frontera de entrada de personas migrantes a España en 2023, desde donde hablamos con Natalia González Vargas, periodista de Canarias Ahora. 

Y para analizar lo que supone el nuevo Pacto Migratorio Europeo, que amplifica esos muros para seguir forjando esa Europa fortaleza, nos acompaña el periodista José Bautista, experto en migraciones y miembro de la organización PorCausa.

La sección cuarta del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de amparo interpuesto por tres ONG en contra del archivo del caso Tarajal, que investigaba la muerte de 14 personas en su intento de llegar a Ceuta a nado, respondido con pelotas de goma y botes de humo por parte de la Guardia Civil.

Tras el cierre definitivo de la causa por parte del Supremo en junio de 2022, las ONG Coordinadora de Barrios Asociación Pro Derechos Humanos de España y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado acudieron al Alto Tribunal a través de una demanda de amparo por una supuesta vulneración del derecho a la vida y del derecho a la tutela judicial efectiva en el carpetazo de la investigación.

La demanda registrada por las ONG plantea al Constitucional un asunto “sobre el que aún no existe doctrina del Tribunal Constitucional: la obligación general del Estado de proteger por ley el derecho a la vida”, sostiene las organizaciones en un comunicado.

“Es una oportunidad para que se establezca doctrina constitucional que proteja el derecho a la vida de las personas migrantes en las fronteras”, han afirmado desde la ONG. “Confiamos en que, casi diez años después, se haga justicia y no se vuelvan a repetir hechos tan graves como los sucedidos aquel 6 de febrero de 2014”, añade Elena Muñoz, coordinadora del Área Jurídica de CEAR.

En junio del año pasado, el Supremo consideró que no cabía recurso de casación contra el auto de sobreseimiento libre de la Audiencia Provincial de Cádiz -con sede en Ceuta- porque se trataba de un procedimiento incoado por un Juzgado de lo Penal antes de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 5 de octubre de 2015.

La sentencia ratificó el cierre de un largo procedimiento, caracterizado por una sucesión de archivos de los juzgados ceutíes y reaperturas ordenadas por la Audiencia Provincial hasta que en 2020 los magistrados de este tribunal concluyeron que el operativo de la Guardia Civil, que disparó pelotas de goma y botes humo cerca de donde nadaban los inmigrantes, se realizó “con la utilización de medios de control de masas de forma adecuada y proporcional a las circunstancias del caso”.

La Corte descartó acusar de homicidio imprudente a todos los agentes imputados por una posible mala actuación de alguno de los miembros del Instituto Armado. “Sería descabellado atribuir a todos y cada uno” de los guardias civiles imputados, “la responsabilidad criminal por alguna hipotética desviación de algún miembro del grupo más descuidado o incluso malintencionado”.

El auto recalcó que la actuación fue llevada a cabo “por una fuerza militarizada bajo un mando” (el capitán responsable del operativo) “que si bien no dio una orden expresa para la utilización del material antidisturbios, llevó a efecto algunos lanzamientos y disparos para que sus subordinados lo emularan, de manera que al no existir dicho concierto de voluntades, tendría que haberse determinado qué actos concretos protagonizados por cada uno de los investigados provocaron” la muerte de 14 personas.

Sobre la denegación de auxilio a los migrantes que trataban de rodear el espigón a nado, la Audiencia Provincial descartó que los agentes imputados tuviesen el deber de auxiliarles. “Los guardias civiles que estaban en el espigón o la playa, no tenían obligación de socorrer a los nadadores”, sentenciaron los tres magistrados de la Sala. La Corte justificó que “no se ha acreditado que los mismos les hicieran algún requerimiento al respecto” ni “existe prueba alguna de que en su presencia, en la parte española, se estuviera nadie ahogando ni en peligro”.

Los jueces de la resolución ratificada mencionaron una serie de grabaciones que, según concluyeron, “corroboraban” que los guardias civiles de tierra como los del servicio marítimo, “mostraron en todo momento una actitud de ayuda a los inmigrantes que se encontraban en la zona española, rescatando desde la patrullera a todos los que no se dirigieron a la orilla”. La acusación popular sostiene que estas imágenes son posteriores al momento en que se produjeron los fallecimientos, cuando consideran que deberían haber sido auxiliados, mientras el grupo se encontraba acumulado en el agua mientras continuaban los disparos de pelotas de goma y botes de humo.

Ceuta y Douala están hermanadas por el dolor, la lucha y la resistencia.

Cada 6 de febrero 14 familias miran hacia la playa del Tarajal, rememoran la masacre de aquel día, y se unen para compartir el sufrimiento constante que desde hace ahora nueve años se ha instalado en sus vidas.

Este 2023 la conmemoración es en el barrio de Bonaberi, cerca del río Wouri. Faltarán algunos padres que se han ido muriendo durante este tiempo esperando respuestas, pero el testigo del sostenimiento de la memoria lo han heredado otros familiares: hijos, hermanas, sobrinos, tías, primos... Porque además del dolor, el deseo de justicia también se transmite de generación en generación. Es algo humano, lo hemos visto en otras masacres, algunas no tan lejanas en el espacio, como las asesinadas de la guerra civil española.

Así, con humanidad y memoria responden las familias a los ataques que como víctimas han recibido durante este tiempo desde los poderes político y judicial.

Por eso recordar es importante; para mí aquel día de 2014 se siente como si fuese hoy. En la retina están las imágenes de los cuerpos que quedaron en Marruecos postrados en las morgues, a los que se identificaron y enterraron en el cementerio de Tetuán. En la remembranza aparece Wafo, el padre de Armand, que llegó desde Camerún al hospital de Mdieq, y al ver el cuerpo de su hijo por primera vez señalaba una herida mortal en la cabeza mientras pedía llevárselo a su país para que descansara al lado de sus ancestras. Lo consiguió, fue el único de aquellos muchachos que volvió a su tierra y pudo ser enterrado con dignidad.

Los cuerpos que llegaron a Ceuta tuvieron menos suerte. Solo Nana Chimie Roger, que llevaba sus documentos, fue identificado; el resto sufrió la injusticia racista con la que las administraciones españolas reciben a las personas en frontera y las atraviesa, incluso cuando están muertas.

Porque en estos nueve años varios gobiernos y un puñado de jueces han contribuido a lanzar el mensaje de la deshumanización y la impunidad en la frontera. “Ni derecho a ser identificados después de haberlos matado”, clamaba un familiar.

Tarajal fue tan terrible que pensamos que sería un punto de inflexión, mostraba de una manera tan cruel las políticas de control de fronteras que muchas creímos que no se podría ir más lejos. Nos equivocamos, solo era el principio.

Si ante aquella masacre las administraciones de la “democracia” española pudieron sostener la impunidad, les ha sido fácil continuar construyendo un territorio fronterizo regado de muertes y desapariciones.

Y así ha sido, las víctimas de la Frontera Occidental Euroafricana han aumentado de forma terrible en estos años. El Observatorio del Colectivo Ca-minando Fronteras contabiliza 11.522 muertas y desaparecidas desde el 2018 en las rutas de acceso al Estado español, la mayoría de ellas en el mar. El Mediterráneo y el Atlántico son unas grandes fosas que se tragan más del 80% de los cadáveres, lo que contribuye a proteger la impunidad de los victimarios. Las rutas marítimas son tan peligrosas que solo tienen que dejarles morir. La omisión del deber de socorro es un arma letal que el año pasado acabó con 6 vidas al día.

Aunque los Estados ensayan mostrando la violencia en la frontera en un macabro ejercicio de pornografía del dolor dirigido a instalar la normalización de los ataques a las personas en movimiento. El pasado 24 de junio, Marruecos quería mostrar las imágenes de la masacre perpetrada en la frontera de Melilla y Nador. Nos escenificaron los gendarmes de este país lo que el ministro de Exteriores español pedía a la OTAN: que la migración fuese considerada como una “amenaza híbrida”, otro sueño húmedo de los constructores de la Europa fortaleza. El país alauita dejó claro que no había límites en esa guerra contra la población en movimiento y el Estado español y Europa asintieron sin pudor. A pesar de que estos meses el debate se ha centrado sobre si en ese 24 de junio hubo muertos en la línea divisoria de los dos países, lo cierto es que la responsabilidad de las muertes fue transnacional, como lo fueron de nuevo las acciones de omisión del deber de socorro.

Más de 100 personas fueron desaparecidas forzosas aquel día mientras estaban en manos de fuerzas de seguridad españolas y marroquíes. Las familias, la mayoría de ellas de Sudán, han lanzado búsquedas desesperadas que no han tenido ninguna respuesta hasta el momento.

Melilla y Darfour han quedado así también hermanadas por el dolor, la lucha y la resistencia.

Porque la memoria es la herramienta de combate de miles de familiares que buscan verdad, reparación, justicia y no repetición en las fronteras.

Porque en el río Wouri de Camerún se sienten hoy los gritos de dolor y resistencia que cortaron el silencio el 6 de febrero de 2014 en la playa de Tarajal.

Unas 400 personas han participado este sábado en Ceuta en la X Marcha por la Dignidad, que ha vuelto a recorrer a pie toda la ciudad autónoma hasta la frontera del Tarajal para denunciar las “políticas migratorias racistas que cada año se cobran la vida de miles de personas en las fronteras” de la Unión Europea.

Lo han hecho reivindicando “memoria y justicia” en vísperas del noveno aniversario de la muerte de al menos 14 migrantes de origen subsahariano el 6 de febrero de 2014, cuando la Guardia Civil hizo uso de material antidisturbios para repeler a un grupo de alrededor de 300 personas que intentaban acceder a nado a territorio español.

Nueve años después de la tragedia, la investigación judicial abierta, que estuvo a punto de sentar en el banquillo a 16 guardias civiles por homicidio imprudente (se libraron al aplicar la ‘doctrina Botín’), fue cerrada definitivamente por el Tribunal Supremo en junio del año pasado. 

El Constitucional todavía está estudiando si admite o no a trámite los recursos de amparo presentados por varias organizaciones no gubernamentales y en nombre de las familias de los fallecidos (a las que ni siquiera se ha permitido viajar a España) por vulneración de sus derechos fundamentales a la vida, la tutela judicial efectiva y la integridad moral, según ha indicado en declaraciones a elDiario.es la abogada de Coordinadora de Barrios, Patricia Fernández.

“Las muertes del Tarajal no son un hecho aislado: desde hace más de 15 años estamos viviendo un ascenso de la represión y de la violencia en las fronteras por parte de los Estados europeos y concretamente en la sur española”, ha advertido el manifiesto que se ha leído junto al espigón marítimo fronterizo en el que se produjo la tragedia de 2014, donde se ha guardado un minuto de silencio y se han colocado velas en recuerdo de Roger, Yves, Samba, Larios, Daouda, Luc, Youssouf, Armand, Ousmane, Keita, Jeannot, Oumarou, Blasie y otro varón no identificado.

“Solo vamos a conocer la realidad de la frontera sur si hacemos memoria porque el criminal mata y después quita importancia a lo ocurrido, la muerte hermenéutica”, ha advertido la letrada en el panel que ha compartido por la mañana con los activistas Sani Ladan, Youssef M. Ouled y Soda Niasse sobre los deberes de memoria y hospitalidad y el racismo institucional y social.

Fernández ha repasado las “tragedias” más sonadas para los derechos de los migrantes acontecidas durante los últimos 20 años, desde la muerte de cinco varones de origen subsahariano en la valla de Ceuta en septiembre de 2005 hasta los al menos 23 fallecidos en la de Melilla en junio de 2022 pasando por las resoluciones judiciales que han respaldado las ‘devoluciones exprés’.

“Lo que sucede en las fronteras no se puede disociar del racismo de Estado”, ha enlazado Ladan la intervención de Fernández con la de Ouled, que ha alertado de que la utilización de sistemas de inteligencia artificial para controlar las fronteras solamente conduce a convertirlas en “más mortales”. 

Racismo “estructural y sistémico”

“Tendemos a decir que en España no hay racismo, que no es como el de Estados Unidos, que no es para tanto, pero es posible otra forma de gestionar las migraciones, como hemos visto con Ucrania”, ha comparado el periodista marroquí. “El imaginario colectivo ha asumido que la migración es una amenaza para Europa y esa es otra tragedia más para los Derechos Humanos, somos poco conscientes de nuestro racismo por su carácter estructural y sistémico”, ha alertado Fernández.

Niasse ha enfatizado la necesidad de que un país como España donde supuestamente prima “el derecho a la vida y la hospitalidad” se garantice “que primen sobre cualquier ley” y toda persona pueda llegar aquí “por vías legales, ordenadas, regulares y seguras para no dejar de ser migrante, sino temporalmente huésped y seguidamente ciudadana”.

“Más sufrimiento que vida”

Los manifestantes, en su mayoría personas procedentes de la península y residentes en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta, también han recordado a última hora de la tarde sobre la arena del Tarajal a Moussa, el joven guineano de 20 años que el pasado 26 de enero se quitó la vida colgándose de un árbol a las puertas de ese equipamiento, al que le había sido vetada la entrada. 

Sus compañeros han lamentado que se fue con “más sufrimiento que vida” y han reclamado al Ministerio de Inclusión que no vuelva a expulsar a “ningún” acogido y que ofrezca programas “de recuperación y apoyo” tras las “situaciones dramáticas y violentas” que padecen en sus rutas migratorias.

Cientos de personas han salido a la calle en Bilbao e Irún, cerca de la frontera entre Euskadi y Francia, para exigir justicia para las personas muertas “por culpa de las políticas migratorias racistas” y “una mayor seguridad” en las fronteras. Según han denunciado, cada año se suman las víctimas que “provoca este sistema violento y racista, negándoles el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”.

Las manifestaciones han tenido lugar este sábado debido a que el próximo 6 de febrero es el día de la memoria de los fallecidos en las fronteras y en la vía migratoria. Día que en el que se homenajea a los 14 migrantes de origen subsahariano que fallecieron ese mismo día de 2014 tratando de cruzar a nado desde Marruecos hasta Ceuta. Las víctimas formaban parte de un grupo de entre 200 y 300 personas que trataron de llegar nadando las costas españolas, cuando un operativo de 56 agentes de la Guardia Civil descargó sobre ellos 145 balas de goma y cinco botes de humo de ocultación, con el objetivo de frustrar la tentativa y dispersarlos, provocando lo que se denominó como 'la tragedia del Tarajal'. “Las muertes del Tarajal no son un hecho aislado. Desde hace más de 15 años, se está viviendo un ascenso de la represión y de la violencia en las fronteras por parte de los Estados europeos y concretamente en la Frontera Sur española”, han denunciado en la concentración de Bilbao colectivos como la asociación Ongi etorri Errefuxiatuak, SOS Racismo y CNAAE (Comunidad Negra Africana y Afrodescendiente).

En la concentración de Bilbao, que ha tenido lugar frente al Teatro Arriaga, los manifestantes han realizado una 'performance' para mostrar la “cruda realidad” de los migrantes, de manera que, uno de los miembros de la protesta, vestido de blanco se ha tumbado en una manta roja rodeada de velas, simulando ser un migrante fallecido tras tratar de cruzar la frontera. Junto a él han protestado decenas de personas con pancartas en las que se leía “las fronteras cerradas matan”, “las vidas negras importan” o “cientos de desaparecidas sin nombre”.

Mientras, en Irún, la asociación Irungo Harrera Herria ha denunciado el “continuo control policial y acoso” que dificulta el paso de personas migrantes en una concentración a ambos lados del puente que divide Euskadi de Francia. “Cruzar la frontera o el puente no es un problema, pero la policía está haciendo controles continuos, y los migrantes regresan. Las personas migrantes no tienen garantizadas las vías seguras y toman caminos más peligrosos para avanzar”, ha lamentado la portavoz de la asociación, Oihana Galardi.

Según ha criticado, por tratar de cruzar la frontera, muchas personas optan por llegar hasta Hendaya a nado y varias de ellas han perdido la vida en los últimos años tratando de hacerlo. Por ello, ve la necesidad de retirar físicamente la “garita policial o caseta” sobre el puente, ya que dificulta el normal tránsito transfronterizo de la comarca. “Una vez más necesitamos corredores seguros entre Hendaia y Baiona, y también en toda la zona Schengen”, ha insistido durante la protesta.

Desde el año 2014, el primer sábado del mes de febrero, diferentes colectivos sociales de Ceuta y del resto de España, convocamos un acto en homenaje a las víctimas de la masacre del Tarajal. Este año, de nuevo, nos volveremos a reunir para recordar a las 15 personas que perdieron la vida tras aquella actuación desproporcionada y violenta de la Guardia Civil. 

No se trata solo de recordar a aquellas personas fallecidas, sino que la Marcha del Tarajal tiene un componente reivindicativo muy intenso ya que pone de relieve, un año más, la absoluta falta de interés de la Justicia y de las autoridades españolas por aclarar las responsabilidades que se derivan de aquellas muertes. Nueve años después seguimos sin encontrar respuestas, seguimos sin haber puesto fin a la impunidad que protege a las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la Frontera Sur. 

Este año, además, la Marcha del Tarajal se hace especialmente relevante ante los hechos ocurridos en Melilla el pasado 24 de junio. En el paso fronterizo del Barrio Chino, entre Melilla y Nador, perdieron la vida, al menos, 23 personas, aunque las cifras no oficiales se elevan por encima de las 60. 

Los hechos de Tarajal y del Barrio Chino se parecen tanto, que la segunda tragedia no se explica sin la primera. En efecto, de nuevo en Melilla, la actuación conjunta de los cuerpos policiales de Marruecos y de España provocó una tragedia injustificable. De nuevo, las personas muertas fueron migrantes desesperados por lograr superar las vallas que marcan las políticas migratorias españolas y europeas. 

También en lo que pasó hay muchas coincidencias. En los discursos que acusaban a las personas migrantes de violentas. Y en las mentiras. Tanto Fernández Díaz en su momento, como Grande-Marlaska este año, dieron versiones que pronto fueron desmentidas.

También en lo que pasó después hay muchas coincidencias. En los discursos que acusaban a las personas migrantes de violentas. Y en las mentiras. Tanto Fernández Díaz en su momento, como Grande-Marlaska este año, dieron versiones que pronto fueron desmentidas por la fuerza de los testimonios, de los informes y, sobre todo, de las imágenes, que evidenciaron que la versión oficial distaba mucho de la real. Y pese a ello, ambos siguieron en su cargo. Por tanto, no hay diferencia en esto entre un Gobierno del Partido Popular y el llamado gobierno más progresista de la historia de España. 

Asimismo, Tarajal y Barrio Chino también comparten impunidad. Aunque en un primer momento, la Fiscalía abrió investigación por los hechos de Melilla, algo que no ocurrió en 2014. No obstante, con el archivo de las actuaciones el pasado mes de diciembre, el efecto que se ha producido es el mismo: la sensación de impunidad, de que las muertes de las personas migrantes que se producen tratando de entrar en territorio español no interesan. No interesan para rescatarlas cuando naufragan, para identificarlas cuando aparecen, ni para depurar responsabilidades cuando perecen fruto de una actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

Si en el año 2014 la Justicia hubiera actuado con celeridad y de forma pertinente, si se hubiera investigado la actuación que dio lugar al ahogamiento de 15 personas en la playa del Tarajal, si se hubiesen puesto en marcha los mecanismos jurídicos oportunos para determinar quiénes fueron los responsables de que a las personas en el mar se les disparasen pelotas de goma y se tratase de destrozar sus flotadores, es evidente que la actuación en Melilla el pasado 24 de junio habría sido muy diferente. Porque solo así se podría haber generado una cultura de la responsabilidad y de la proporcionalidad entre los agentes fronterizos. Y solo así se podría haber evidenciado que las vidas de las personas migrantes también importan y que la muerte de una persona que trata de entrar en España se va a investigar tal y como se investiga la muerte de cualquier persona en territorio español. 

Sin embargo eso no ocurrió, y por eso hoy lamentamos la muerte de tantas personas en la frontera entre Nador y Melilla, la mayoría de ellas provenientes de un país en conflicto, Sudán. Es también esa la razón que nos lleva, un año más, a participar en la Marcha del Tarajal: recordar a esas personas y, sobre todo, exigir el fin de la impunidad en nuestras fronteras.

Julio de 2020. La sede en Ceuta de la Audiencia Provincial de Cádiz da carpetazo a la causa del Tarajal, que investigaba la muerte de 14 personas en la frontera de la ciudad autónoma en un intento de entrada a nado respondido por la Guardia Civil con pelotas de goma y botes de humo lanzados hacia el agua. La intervención se hizo, según los jueces, “de forma adecuada y proporcional a las circunstancias del caso”. Los guardias civiles implicados, que llegaron a estar imputados y procesados, “no tenían obligación de socorrer” a los migrantes, apuntó el auto, ratificado por el Supremo en junio de este año tras un largo procedimiento que nunca culminó en la apertura de juicio oral. 

Diciembre de 2022. La Fiscalía archiva la única investigación abierta sobre la tragedia de Melilla. “Los agentes mantuvieron en todo momento una conducta proporcionada a la gravedad de los hechos que se estaban produciendo, consistentes en el ataque masivo a una frontera española”, concluyó el Ministerio Público. “Los agentes que formaban parte del operativo en tierra no eran conscientes, ni podían serlo, del riesgo que se estaba generando en el interior del patio, por lo que difícilmente pudieron plantearse la posibilidad de adoptar medidas para evitar lo que dramáticamente sucedió”.

Entre las muertes del Tarajal y la tragedia de Melilla transcurrieron más de ocho años, pero -al menos por el momento- el resultado de las investigaciones abiertas en España ha sido el mismo: carpetazo sin culpables oficiales, olvido de las familias de las víctimas y escasa cooperación con Marruecos para esclarecer lo ocurrido. Aunque con menor repercusión mediática, otros casos de fallecimientos de personas migrantes en su intento de alcanzar suelo español también han tenido desenlaces semejantes. 

Seis meses después de los hechos sucedidos en la valla melillense, los allegados de la mayoría de fallecidos y desaparecidos continúan sin saber dónde se encuentran los restos de sus seres queridos, no han sido reparados por las autoridades ni han alcanzado respuestas por parte de la Fiscalía. Nueve años después de las muertes del Tarajal, los familiares de las víctimas, organizados en una asociación en Camerún, tampoco han encontrado justicia y cuatro de los cuerpos siguen sin identificar, reposando en nichos sin nombre en Ceuta. 

No son casos excepcionales, se trata del destino habitual de las investigaciones sobre tragedias migratorias. No siempre llegan a iniciarse pero, si lo hacen, estos procedimientos suelen acabar archivados sin culpables oficiales. El hecho de que las muertes ocurran entre dos países, la colaboración habitual entre autoridades de distintos Estados para frenar las entradas irregulares, la opacidad que suele reinar en las zonas de seguridad impuestas en los perímetros fronterizos y la “deshumanización” de las personas migrantes son algunas de las razones escondidas detrás de la “impunidad”, alertan las expertas consultadas por elDiario.es. 

“Los dos casos más graves, Tarajal y Melilla, han quedado sin culpables. Además del archivo de la tragedia del 24 de junio, nueve años después, las muertes de Ceuta también siguen impunes. No ha habido juicio en los dos ejemplos prácticos que tenemos, donde han fallecido un importante número de personas. A las familias no se les ha contado una verdad jurídica sobre qué ha ocurrido con sus familiares, no ha habido reparación”, sostiene Elena Muñoz, responsable jurídica de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). “Fallamos a las familias, pero también falla el sistema: si quedan impunes se puede volver a repetir”, añade la letrada. 

Helena Maleno, investigadora de migraciones y fundadora del colectivo Caminando Fronteras, y su equipo han estado en contacto directo con las familias de miles de personas fallecidas o desaparecidas en nuestras fronteras, a través de su sistema de monitorización y alertas de personas en riesgo en el mar. Durante más de dos décadas, su organización ha llamado la atención de cada muerte fronteriza de la que tenía confirmación. Su balance: “Nunca hemos tenido constancia de que haya habido ninguna condena por un fallecimiento en una frontera”. 

Causas

La dificultad de acceso a la justicia es otro de los muros con los que se chocan los familiares de las víctimas. “La impunidad forma parte de la idiosincrasia de la frontera. La impunidad define a la frontera. La colaboración transnacional en la frontera provoca que sea muy complicado buscar culpables desde los tribunales nacionales”, apunta Maleno. 

Las expertas mencionan, por un lado, las características propias de las migraciones clandestinas y la respuesta de las autoridades para explicar los motivos que obstaculizan la búsqueda de responsabilidades en los tribunales. “A nivel jurídico, es complejo vincular la imputación de delitos a las personas responsables. Y, en las fronteras pueden jugar distintos ordenamientos jurídicos de distintos países, lo que deriva a que estemos ante procedimientos más complejos”, añade Muñoz.

Por otro lado, ambas especialistas apuntan a la falta de voluntad ligada al racismo institucional y social: “Si esto sucede en un avión o en un ferri y fallecen decenas de personas, habría una investigación. Y, como sociedad, también se exigiría una investigación hasta que se esclarezcan los hechos y se depuren las responsabilidades”, considera la abogada de CEAR. “El control de las fronteras es un negocio y, ello, acompañado del racismo institucional provoca que haya una impunidad total y absoluta. Si eres una persona negra y migrante te pueden enterrar sin buscar tu identidad, pero si una persona blanca aparece en el mar en otras circunstancias, la reacción sería otra”, indica Maleno.

El ejemplo del Tarajal

En junio de este año, el Tribunal Supremo desestimó los recursos de casación presentados por varias organizaciones contra la decisión de la Audiencia Provincial de Cádiz de archivar la causa del Tarajal. La sentencia ratificó el cierre de un largo procedimiento, caracterizado por una sucesión de archivos de los juzgados ceutíes y reaperturas ordenadas por la Audiencia Provincial de Cádiz, hasta que en 2020 los magistrados de este tribunal concluyeron que el operativo de la Guardia Civil, que disparó pelotas de goma y botes humo cerca de donde nadaban los inmigrantes, se realizó “con la utilización de medios de control de masas de forma adecuada y proporcional a las circunstancias del caso”.

La Corte descartó acusar de homicidio imprudente a los 16 agentes imputados por una posible mala actuación de alguno de los miembros del Instituto Armado. “Sería descabellado atribuir a todos y cada uno” de los guardias civiles imputados, “la responsabilidad criminal por alguna hipotética desviación de algún miembro del grupo más descuidado o incluso malintencionado”, concluyeron los jueces. 

Sobre la denegación de auxilio a los migrantes que trataban de rodear el espigón a nado, la Audiencia Provincial descartó que los agentes imputados tuviesen el deber de auxiliarles. “Los guardias civiles que estaban en el espigón o la playa, no tenían obligación de socorrer a los nadadores”, sentenciaron los tres magistrados de la Sala. La Corte justificó que “no se ha acreditado que los mismos les hicieran algún requerimiento al respecto” ni “existe prueba alguna de que en su presencia, en la parte española, se estuviera nadie ahogando ni en peligro”.

Durante los ocho años de procedimiento, los juzgados pasaron de señalar a los inmigrantes como responsables de su muerte, a afirmar que las fronteras no son “una zona de excepción” y apuntar a los guardias civiles ante un posible delito de homicidio imprudente. De considerar que estos “no precisaban ayuda”, a concluir que “los agentes investigados podían haberles auxiliado y se abstuvieron” sin justificación. Y, finalmente, llegó el archivo definitivo. 

La acusación popular –formada por tres ONG– denunció trabas constantes a las diligencias solicitadas. Un ejemplo: pasaron cinco años y dos archivos provisionales hasta que el juzgado ceutí encargado del caso accedió, empujado por la Audiencia Provincial, a llamar a declarar a algunos de los supervivientes de la tragedia, testigos claves de los hechos. La magistrada llegó a justificar su negativa a solicitar su declaración por residir “sin papeles” en Alemania, algo que finalmente se demostró que no era impedimento para formalizar la testificación a través de una videollamada. 

Tirar de la 'doctrina Botín'

En 2019, el último archivo librado por el juzgado ceutí tiró de la misma argumentación jurídica que libró al banquero Emilio Botín de sentarse en el banquillo: la doctrina Botín. Las trabas con las que se han chocado las familias de dos de las víctimas en la identificación de los cuerpos hallados en Ceuta y la consiguiente denegación de su personación como acusación particular se convirtieron en claves del auto que desencadenó el cierre de la causa. Los familiares de los fallecidos, aunque lo intentaron, no lograron personarse, explica su letrada. Los progenitores de seis de las víctimas solicitaron sin éxito hasta en tres ocasiones su participación en el proceso. De haber encontrado una respuesta positiva por parte del juzgado, la doctrina Botín no podría haberse aplicado.

Algunos de los padres, madres y hermanos de las víctimas de la tragedia del Tarajal se encontraron con otro escollo a lo largo del procedimiento judicial, el que más dolor provoca a las familias afectadas: casi nueve años después, de los cinco cadáveres localizados en Ceuta los días posteriores a las muertes del Tarajal, solo uno ha sido identificado por las autoridades españolas. La Guardia Civil puso nombre meses después a Roger Nana, de nacionalidad camerunesa, gracias a un teléfono móvil que guardaba en sus pantalones.

Los otros cuatro cuerpos aún reposan en nichos sin nombre del cementerio ceutí de Santa Catalina, después de ser enterrados poco más de 24 horas después de su hallazgo. Mientras, los ocho cuerpos encontrados en el lado marroquí de la frontera fueron identificados en la morgue de Fndeq (Castillejos) y Mdieq (Rincón) por amigos de las víctimas y por la ONG Caminando Fronteras, a través de fotografías enviadas por sus familiares, según la organización.

Los cuerpos de tres de las víctimas, Larios Fotio, Ousmane Hassan y Samba Banjai, no han sido identificados de manera oficial. La ONG Caminando Fronteras intuye que podrían corresponder a los cadáveres hallados en Ceuta, pero las familias también se han topado con constantes obstáculos en su intento de someterse a las pruebas de ADN para lograr una confirmación.

Carpetazo al caso de las muertes del Tarajal. El Tribunal Supremo ha desestimado los recursos de casación presentados por varias organizaciones contra la decisión de la Audiencia Provincial de Cádiz de archivar la causa sobre la muerte de 14 personas en un intento de entrada a nado que fue respondido por la Guardia Civil con pelotas de goma y botes de humo lanzados hacia el agua.

El Supremo considera que no cabe recurso de casación contra el auto de sobreseimiento libre -interpuesto por las organizaciones Coordinadora de Barrios, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y Observatori DESC- porque se trata de un procedimiento incoado por un Juzgado de lo Penal antes de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 5 de octubre de 2015, según la sentencia a la que ha accedido elDiario.es.

La sentencia ratifica el cierre de un largo procedimiento, caracterizado por una sucesión de archivos de los juzgados ceutíes y reaperturas ordenadas por la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Ceuta, hasta que en 2020 los magistrados de este tribunal concluyeron que el operativo de la Guardia Civil, que disparó pelotas de goma y botes humo cerca de donde nadaban los inmigrantes, se realizó “con la utilización de medios de control de masas de forma adecuada y proporcional a las circunstancias del caso”.

El archivo de la Audiencia

La Corte descartó acusar de homicidio imprudente a todos los agentes imputados por una posible mala actuación de alguno de los miembros del Instituto Armado. “Sería descabellado atribuir a todos y cada uno” de los guardias civiles imputados, “la responsabilidad criminal por alguna hipotética desviación de algún miembro del grupo más descuidado o incluso malintencionado”.

El auto recalcó que la actuación fue llevada a cabo “por una fuerza militarizada bajo un mando” (el capitán responsable del operativo) “que si bien no dio una orden expresa para la utilización del material antidisturbios, llevó a efecto algunos lanzamientos y disparos para que sus subordinados lo emularan, de manera que al no existir dicho concierto de voluntades, tendría que haberse determinado qué actos concretos protagonizados por cada uno de los investigados provocaron” la muerte de 14 personas.

Sobre la denegación de auxilio a los migrantes que trataban de rodear el espigón a nado, la Audiencia Provincial descartó que los agentes imputados tuviesen el deber de auxiliarles. “Los guardias civiles que estaban en el espigón o la playa, no tenían obligación de socorrer a los nadadores”, sentenciaron los tres magistrados de la Sala. La Corte justificó que “no se ha acreditado que los mismos les hicieran algún requerimiento al respecto” ni “existe prueba alguna de que en su presencia, en la parte española, se estuviera nadie ahogando ni en peligro”.

Los jueces de la resolución ratificada mencionaron una serie de grabaciones que, según concluyeron, “corroboraban” que los guardias civiles de tierra como los del servicio marítimo, “mostraron en todo momento una actitud de ayuda a los inmigrantes que se encontraban en la zona española, rescatando desde la patrullera a todos los que no se dirigieron a la orilla”. La acusación popular sostiene que estas imágenes son posteriores al momento en que se produjeron los fallecimientos, cuando consideran que deberían haber sido auxiliados, mientras el grupo se encontraba acumulado en el agua mientras continuaban los disparos de pelotas de goma y botes de humo.

En este caso concreto, lejos de garantizar los derechos humanos y proteger a las personas que intentaban alcanzar la costa, en lugar de prestar auxilio, las autoridades españolas antepusieron la defensa de la frontera, dejando a estas personas en una situación de absoluta desprotección. No podemos olvidar que la defensa de las fronteras debe ser compatible con la defensa de los derechos humanos.

Algunas organizaciones como Amnistía Internacional denunciamos públicamente la necesidad de que se llevara a cabo una investigación inmediata, exhaustiva y efectiva del uso excesivo de la fuerza por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por otro lado, varias asociaciones presentaron una denuncia que dio lugar a que se iniciara una investigación judicial sobre todo lo ocurrido.

Desde entonces, el largo camino recorrido por las familias de las víctimas para saber lo que pasó ese día con sus familiares y obtener justicia ha estado y sigue estando lleno de obstáculos. A día de hoy, las familias no solo no han obtenido verdad, justicia y reparación, sino que tampoco han podido identificar los cadáveres de sus familiares porque las autoridades han desatendido sus peticiones y necesidades. En este punto me pregunto a qué se debe esa manifiesta falta de humanidad y, sinceramente, no encuentro razón para ello.   

El proceso judicial tampoco ha sido fácil. La causa se ha archivado hasta en tres ocasiones. El último archivo se produjo en octubre del año pasado tras la petición de la Fiscalía, entre otras, por considerar que no había delito. Tampoco se admitió por parte del Tribunal la personación como acusación particular de los familiares de las víctimas. A día de hoy seguimos esperando que se haga justicia. Seis años después nos encontramos nuevamente ante una situación de impunidad y falta de rendición de cuentas muy preocupante.

El auto del tribunal recoge expresamente que miembros de la Guardia Civil investigados en la causa utilizaron material de dispersión para disuadir a las personas que se encontraban en el mar, disparando en consecuencia bolas de goma y botes de humo al mar en que nadaban. Dicha actuación, según el propio auto, pudo contribuir, a título de imprudencia a la muerte por ahogamiento de las mismas, concurriendo indicios de falta de proporcionalidad de la actuación desplegada por los investigados. También omitieron socorrer a las personas que se hallaban nadando en el mar con riesgo vital.

Sin embargo, todas estas cuestiones han quedado pendientes de analizar por la falta de celebración de juicio y archivo de la causa. No sabemos qué responderán los tribunales en segunda instancia, pero ojalá nada de esto se ahogue entre papeles y archivos como se ahogaron las esperanzas de las personas que murieron buscando una vida mejor.

Frente a un olvido que no podemos permitir, los actos se repiten en este sexto aniversario: el Congreso guardará un minuto de silencio por las víctimas en las fronteras y habrá un acto público de Memoria de las Víctimas de Tarajal a las 19 horas en la Fiscalía General (Paseo de la Castellana, 5). Porque la esperanza por alcanzar verdad, justicia y reparación no terminará.

El Tenisca buscará en campo propio ante un sobresaliente Gran Tarajal un triunfo que no sólo podría permitirle un magnífico inicio de año, sino que también podría otorgarle el preciado galardón de líder.

Pero no debería ser precisamente el primer puesto de la tabla la principal prioridad del cuadro palmero para este encuentro frente al cuadro majorero, puesto que también tiene en mente aún los cinco goles encajados en Fuerteventura, de ahí que no sólo se conforme con ganar, sino que, además, intente conseguir un abultado marcador.

Esta ilusionante oportunidad palmera de encaramarse en lo más alto de la tabla no será posible si el Marino, actual líder, sorprender a su vecino Buzanada en el Clementina de Bello, hecho que si llegase a suceder dejaría a esta escuadra en una y comprometida encrucijada, al acercarse un poco más al descenso de Categoría.

Otro que también afrontará con ilusión este segundo tramo es el Atlético Paso, puesto que si logra vencer al San Mateo en el Municipal pasense y sus dos competidores más directos sufren sendos reveses podría obtener de nuevo la condición de líder, dejando al mismo tiempo a su rival sin ya casi opción alguna.

El quinto clasificado Tamaraceite deberá aplazar su compromiso liguero por sus obligaciones coperas, de ahí que deba aguardar al miércoles para disputar su encuentro en el Juan Guedes ante un Atlético Tacoronte que no debería permitirse ceder los tres puntos si no quiere verse de nuevo flirteando con los puestos de descenso.

Dos equipos que también tendrán muchísimo interés en añadir tres nuevos puntos a sus respectivos casilleros son Tenerife B y Unión Viera, puesto que los mismos podrían permitir que tanto unos como otros continúen soñando con la posibilidad de acercarse al cada vez más competido cuarto lugar de la tabla.

Otro que también es consciente que para no perder la estela del cuarteto de cabeza deberá realizar un esfuerzo extra es el San Fernando, por lo que tiene claro que para no distanciarse aún más deberá ganar a un Atlético Unión Güímar que llegará a Maspalomas atenazado por esa intimidadora línea que marca la zona de descenso.

En el resto de partidos se estará pendiente principalmente de ganar para alcanzar cuanto antes la permanencia, como por ejemplo, el choque que medirá en el Argelio Tabares al Santa Úrsula y al Lanzarote, encuentro trascendental para los tinerfeños, puesto que si gana podría abandonar el descenso e implicar de paso a su rival.

El Ibarra es otro de los equipos que tendrá la inexorable obligación de ganar para eludir toda posibilidad de caer en el descenso, en esta ocasión su rival en el Dionisio González será un Las Palmas C que, si bien está en la zona tranquila, no dispone aún de los puntos suficientes como para permitirse muchas concesiones.

Uno que si afrontará una crucial y comprometida confrontación será el Mensajero, puesto que si regresa de vacío de Fuerteventura podría caer en puestos de descenso, razón lo suficientemente como peligrosa como para hacer casi que lo indecible en Los Pozos para ganar a un cada vez más solido Puerto La Cuadra.

Y por último, el colista Santa Brígida tendrá en Los Olivos una buena oportunidad para ilusionarse de nuevo con mantener la Categoría, y es precisamente su rival, el TNK Vera, un equipo lo bastante accesible como para creer en la remontada, hecho que si sucediese podría también asentarle un duro golpe anímico a su rival.

PARTIDOS

Viernes, día 10

21.00: Buzanada-Marino (Clementina Bello) William Luis Acosta.

Sábado, día 11

16.30: Santa Úrsula-Lanzarote (Argelio Tabares) Josué González Pérez.

17.00: Ibarra-Las Palmas C (Dionisio González) Abdelkrim Brahim Ahmed.

Domingo, día 12

12.00: Tenerife B-Unión Viera (Geneto) Airán Fariña Delgado.

12.00: Tenisca-Gran Tarajal (Virgen de las Nieves) Carlos Franco Galván.

12.00: Unión Puerto-Mensajero (Francisco Melián) Alejandro Tomé Alonso.

12.00: Santa Brígida-Vera (Los Olivos) Héctor Bouzas Laconti.

12.00: Atlético Paso-San Mateo (El Paso) Pablo González Redondo.

12.00: S.Fernando-At. U.Güimar (Maspalomas) Josué Rembado Rodríguez.

Miércoles, día 15

17.45: Tamaraceite-Atlético Tacoronte (Juan Guedes) Gamaliel Escobar López

“Todo estaría perdido, si el mismo cuerpo (...) ejerciese estos tres poderes: el de hacer las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas, y el de juzgar los crímenes o las diferencias entre los particulares”.

Charles Louis de Secondat, señor de la Brède y barón de Montesquieu

Yo tuve una casa desde cuyas ventanas divisaba la frontera de El Tarajal y la ensenada de Ceuta y, sobre ellas, la puesta de sol descendiendo en una amorosa curva hacia la zona de Tetuán. Yo no soy la baronesa Blixen, pero también tuve una casa en África, cuando las fronteras no tenían alambradas y hasta se podía pasar a pie por García Aldave si te descuidabas, en las zonas en las que la demarcación había desaparecido. Eran unos tiempos difíciles de resoñar ahora que gritan cosas sobre muros inexpugnables. Nada hay más inexpugnable que la estulticia y la inhumanidad.

Quizá por eso no me haya pasado desapercibida esa noticia semisepultada esta semana, entre los temas que parecen serios, en la que se nos decía que, de nuevo, la magistrada instructora de Ceuta ha decidido sobreseer y archivar las actuaciones contra los 16 guardias civiles procesados por la actuación que produjo la muerte de 15 seres humanos en 2014. Cuando yo miraba hacia el sur desde mi azotea, no había cadáveres flotando en el agua. Pero no iba a contarles mi vida, sino todo lo sangrante que se esconde tras la decisión de una magistrada, María de la Luz Lozano, de archivar la causa contra los 16 guardias civiles, a los que ella misma había procesado un mes antes, a pesar de que considera, ella misma lo escribe, que “estamos en presencia de indicios de delito de homicidio imprudente y de delitos de denegación de auxilio”.

Que debe ser duro irte a dormir archivando algo que tú misma dices que es indiciariamente delictivo y que le ha costado la vida a personas inocentes. No sé yo si la conciencia se puede adormecer por efecto de una llamada doctrina que no es sino una legislación hecha “por puñetas” para restringir, ni más ni menos, que una institución de rango constitucional como es la acusación popular. En su día, solo se pensó estar legislando “ad hoc” para salvar al hombre más poderoso de España, Emilio Botin, pero la “creatividad” siempre se dispara y se ha revelado como un potente Mr Proper para limpiar y ocultar todo aquello que al poder no gusta.

Lo de la magistrada Lozano debe ser duro de roer por las noches. Podía haberle echado valor y haberlos enviado a la Audiencia para ser juzgados y que hubiera sido el tribunal el que se encargara de perpetrar la infamia, pero esa cobardía no deja de ser una postura provocada por la insólita e inaudita posición de la Fiscalía, ejecutora de la política criminal de Pedro Sánchez, y de la Abogacía del Estado que tiene por cliente a ese mismo Gobierno. Que es muy duro ser progresista y aceptar que arropar y exculpar a unos guardias civiles esté por encima de la depuración de responsabilidades por la muerte de 15 seres humanos, algunos de los cuales lo fueron porque desde una patrullera no se les socorrió, y no quiero ni escribir de qué color tenían la piel porque entiendo que a ninguna de estas instancias, ni a ningún ser decente, debería importarle.

Esta impunidad que se está esparciendo sobre las muertes de El Tarajal, sobre los cadáveres que flotaban en esa frontera sobre la que la propia magistrada ha escrito que no hace decaer los derechos humanos, procede en primer lugar de la inacción de la Fiscalía y de la dejación de su obligada defensa de la legalidad pero, y muy importante, de la “legislación” emanada de un órgano que no está llamado a legislar sino a aplicar la ley, cual es el Tribunal Supremo. La doctrina Botín, que nunca ha sido ni siquiera visada por el Tribunal Constitucional, no es sino la ley de la máxima puñeta pergeñada y diseñada para exculpar a un banquero, recortando el alcance de una institución constitucional cual es la acusación popular, sin ninguna participación del Poder Legislativo. Lo que consigue la ley de las puñetas con la misma –siempre aplicada pro reo de cuello blanco y próximo al poder, repasen los casos– es que los protegidos por ella no sean ni siquiera juzgados. No se trata de si son culpables o inocentes, tanto Botín como los guardias civiles, sino simplemente de que no sean ni siquiera sometidos al arbitrio de un tribunal.

La doctrina Botín no es sino uno de los ejemplos que existen de la amplitud con la que el Tribunal Supremo ha ido adoptando decisiones que suponen, en realidad, modificaciones o disposiciones que por su alcance o crean ley o la modifican y que deberían haber sido adoptadas por el Parlamento, dado que al Poder Judicial solo le es dado aplicar las leyes juzgando y ejecutar sus sentencias. En los últimos tiempos, la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha entrado en una verdadera vereda legislativa que está supliendo, superando o alterando los designios que el legislador, la voz del pueblo, ha tenido para las cosas. Los acuerdos de pleno NO jurisdiccional han creado unas normas que alteran leyes o las crean y, por cierto, ¿qué narices es una reunión de magistrados no jurisdiccional? ¿Para alterar las leyes? ¿Por qué han podido variar los casos en los que un delito es juzgado por el tribunal del jurado más allá de lo que la Ley del Jurado aprobado por las Cortes recoge? ¿Por qué se alteró la LOPJ para ampararlos en esta y tantas modificaciones?

Esta legislación de las puñetas, que no les corresponde; esta creación de derecho que no es propia de un diseño como el español, lo cierto es que casi siempre obra y apunta en la misma dirección, que no es sino la de beneficiar al poderoso. No hay muchos ejemplos de la creatividad jurídica pro reo que no beneficien a los de siempre. ¿Han oído hablar de la atenuante analógica de cuasiprescripción? O sea que no está prescrito pero le falta poquito así que... ¿ustedes creen que se le ha aplicado a los robagallinas?

Todos los poderes tienden a expandirse, como los gases nobles, y a invadir los espacios de los otros. Pero no hay expansión más peligrosa que la del Tercer Poder, dado que está construido para ser el único que no tiene controles ajenos a él mismo, excepto los gestos y las denuncias de los pobres escribidores a los que, como ustedes saben, nadie nos hace ni caso.

Yo, como les he dicho, tenía una casa desde la que veía El Tarajal y ahora una en la Villa y Corte desde la que veo las injusticias y los excesos. Era tan ingenua que nunca pensé que tendría que llorar la pérdida de la decencia de las instituciones desde ninguna de ellas.

Por tercera vez y un mes después de procesar a 16 guardias civiles, el juzgado de instrucción número 6 de Ceuta ha archivado este miércoles la causa del Tarajal “exclusivamente por aplicación de la 'Doctrina Botín”. A pesar de detectar “la presencia de indicios de delito” en la actuación de los agentes, la jueza se ha aferrado al recurso de la Fiscalía y la falta de personación de acusación particular (las familias de las víctimas) para tirar de la misma argumentación jurídica que libró al banquero Emilio Botín de sentarse en el banquillo hace doce años.

Las trabas con las que se han chocado las familias de dos de las víctimas en la identificación de los cuerpos hallados en Ceuta y la consiguiente denegación de su personación como acusación particular se han convertido en claves de este nuevo giro del procedimiento que investiga la muerte de 14 personas el 6 de febrero de 2014 en un intento de entrada irregular a la ciudad autónoma disuadido por la Guardia Civil con material antidisturbios.

Sin ser de obligado cumplimiento, la doctrina Botín, establecida en 2007 por el Tribunal Supremo, sostiene que la acusación popular no es suficiente para sentar en el banquillo a un investigado si no acusa también la Fiscalía o la víctima del delito. Y, en este caso, los familiares de los fallecidos, aunque lo han intentado, no han logrado personarse.

Los progenitores de seis de las víctimas solicitaron sin éxito hasta en tres ocasiones su participación en el proceso. De haber encontrado una respuesta positiva por parte del juzgado, la doctrina Botín no podría haberse aplicado.

En octubre de 2014, la abogada de la familia, Patricia Fernández Vicens, registró en el juzgado ceutí una primera solicitud de personación de las familias de seis de las víctimas, residentes en Camerún, acompañada de los poderes notariales originales y fotocopias de los certificados de nacimiento de sus hijos, fallecidos el 6 de febrero en la frontera del Tarajal.

Para formalizar este trámite, los padres de los fallecidos organizados en la asociación Familiares Víctimas del Tarajal acudieron a dependencias consulares de España en Camerún para realizar los poderes notariales que permitiesen ser representados en la causa por la letrada de la organización Coordinadora de Barrios. La primera magistrada encargada del caso, María del Carmen Serván, inadmitió la solicitud, bajo la exigencia de contar con los certificados de nacimiento originales, en vez de fotocopias.

Tiempo después, la abogada de los familiares de las víctimas cumplió con la exigencia de la magistrada. Los progenitores de los fallecidos enviaron a España los certificados de nacimiento originales que acreditaban su vínculo paterno filial con Larios Fotio, Armand Ferdinad Souop Tagne, Aboubakar Oumaru Maiga, Daouda Mahama, Bikai Luc Firmin, Ousmane Hassan, seis de los fallecidos en el intento de entrada. El 17 de febrero de 2015 se entregaron al juzgado los documentos enviados desde Douala, junto a una traducción jurada, según queda registrado en el sumario de la causa.

Las familias de las víctimas volvieron solicitar personarse como acusación particular el 25 de febrero de 2015, pero no recibieron respuesta, asegura Fernández Vicens. En octubre de ese mismo año, llegó el primer archivo de la causa, anulado posteriormente por la Audiencia Provincial de Cádiz. En enero de 2018, el juzgado ceutí decretó un segundo carpetazo, una decisión increpada de nuevo por la instancia superior.

El 24 de septiembre de este año, el juzgado, con una nueva magistrada al frente, dio un giro a los autos concluidos por sus antecesoras. María de la Luz Lozano Gago procesó a 16 agentes, dio por finalizado el proceso de instrucción y enfiló el caso a la apertura de juicio oral con dos tareas pendientes: la personación de las familias como acusación particular y la identificación de cuatro de los cinco cuerpos hallados en España los días posteriores a la tragedia. Entonces, el pasado 1 de octubre, una vez más, los padres y madres de los fallecidos solicitaron de nuevo su participación en el proceso. Querían acusar a los 16 agentes investigados, ante el temor de que acabó por cumplirse: que la Fiscalía no lo hiciese y la magistrada decidiese aplicar la doctrina Botín.

Dos días antes de firmar el auto que daría carpetazo al caso, Lozano Gago respondió a la solicitud de la abogada de las familias de las víctimas. De nuevo, inadmitida. La jueza se aferra a la anterior negativa emitida por el juzgado, que en su momento solicitó los certificados originales. Sin embargo, insisten desde la acusación popular, estos documentos fueron entregados en 2015. Fernández Vicens asegura a eldiario.es que, además de recurrir el archivo de la causa, solicitará de nuevo la personación de las familias, en cuya ausencia basa la jueza el cierre del caso.

Los obstáculos a identificar los cuerpos de sus hijos

Pero algunos de los padres, madres y hermanos de las víctimas se han encontrado otro escollo a lo largo del procedimiento judicial, el que más dolor provoca a las familias afectadas. Cinco años después, de los cinco cadáveres localizados en Ceuta los días posteriores a las muertes del Tarajal, solo uno ha sido identificado por las autoridades españolas. La Guardia Civil puso nombre meses después a Roger Nana, de nacionalidad camerunesa, gracias a un teléfono móvil que guardaba en sus pantalones.

Los otros cuatro cuerpos aún reposan en nichos sin nombre del cementerio ceutí de Santa Catalina, después de ser enterrados poco más de 24 horas después de su hallazgo. Mientras, los ocho cuerpos encontrados en el lado marroquí de la frontera fueron identificados en la morgue de Fndeq (Castillejos) y Mdieq (Rincón) por amigos de las víctimas y por la ONG Caminando Fronteras, a través de fotografías enviadas por sus familiares, según la organización.

Los cuerpos de tras de las víctimas, Larios Fotio, Ousmane Hassan y Samba Banjai, no han sido identificados de manera oficial. La ONG Caminando Fronteras intuye que podrían corresponder a los cadáveres hallados en Ceuta, pero las familias se han topado con constantes obstáculos en su intento someterse a las pruebas de ADN para lograr una confirmación.

La última tentativa se produjo el pasado 28 de agosto. A través de la ONG Coordinadora de Barrios, las madres de Larios Fotio y de Ousmane Hassane pidieron al juzgado que solicitase de oficio al Consulado General de España en Yaounde (Camerún) la realización de las pruebas de ADN para poder ser cotejadas con las muestras de los cuerpos sin identificar localizados en Ceuta, registradas en la base datos FENIX. La magistrada Lozano Gago también inadmitió la diligencia de investigación pericial. Para la jueza, la identificación de los cuerpos “tan solo” podía “conducir a una dilación indebida del procedimiento”, y matiza que “nada impide” que puedan solicitar su práctica en la fase de juicio oral.

Desde el mismo 6 de febrero de 2014 empezaron las complicaciones en relación a la identificación de los cuerpos. Aquella mañana la Guardia Civil halló al menos tres cuerpos en aguas fronterizas entre España y Marruecos. “En la esquina del espigón hay dos cadáveres. Vamos a proceder a sacarlos”, anunció un miembro del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil a través de las comunicaciones radiofónicas. Pocos segundos después, la voz de un superior, el mando del operativo, lanzó la orden contraria: “Eso está en Marruecos. Lo hacen ellos”.

Los agentes españoles se encontraban a tan solo unos metros de ellos, pero la Guardia Civil abandonó los dos cuerpos en el mar. El de Larios, el de Oussman, el de Samba. O ninguno de ellos.

Aquel día España se desentendió de esos dos cadáveres, pero Marruecos nunca los recogió. Los cuerpos sin vida deambularon durante días por las aguas fronterizas, hasta que se acercaron demasiado. Durante los días posteriores, fueron apareciendo en la orilla ceutí. Ya presentaban un importante grado de descomposición, por lo que su identificación a través de fotografías pasó a ser imposible. Todos fueron enterrados poco más de 24 horas después de su localización.

La Abogacía del Estado, el equipo jurídico que representa los intereses del Gobierno, ha recurrido el procesamiento de 16 agentes de la Guardia Civil en el caso de las muertes de Ceuta. Sus argumentos se resumen en una de las frases incluidas en el recurso de apelación presentado ante el juzgado ceutí: la acusación “resulta insostenible”, según el escrito, “si los fallecimientos no se produjeron en España, si ninguna actuación de la fuerza española se desplegó en el lado marroquí del mar, si los nadadores que alcanzaron la costa española fueron auxiliados por los agentes y fueron rechazados en frontera sin que presentaran lesiones”.

Las imágenes oficiales que recogen lo ocurrido el 6 de febrero de 2014, sin embargo, contradicen o añaden matices importantes a algunas de estas afirmaciones sobre las que el Gobierno sostiene la defensa de los agentes procesados:

La Abogacía del Estado sostiene que las pelotas de goma y botes de humo arrojados por la Guardia Civil para evitar la entrada de los migrantes “en ningún caso alcanzaron ni sobrepasaron la zona marroquí”. La letrada, Zaida Isabel Fernández Toro, reitera que “la actividad de contención” de la entrada irregular “se desplegó exclusivamente en la línea fronteriza y no en el lado” de Marruecos.

Los vídeos oficiales muestran, sin embargo, varios disparos de botes de humo y balas de goma lanzados por los agentes desde el espigón del Tarajal hacia las aguas de Marruecos, donde se encontraba el mayor número de migrantes.

A las 7:38 de la mañana, las cámaras térmicas de la frontera captan el primer lanzamiento de un bote de humo hacia el lado marroquí. Según informes de la Guardia Civil, los inmigrantes se encontraban “unos sobre otros”, “formando un embudo”. Su situación era de riesgo. El proyectil cae muy cerca del lugar donde estaban acumulados, dentro del agua, como puede observarse en el siguiente vídeo.

Cerca de las 7.50 horas, los agentes españoles lanzaron un segundo bote de humo a la zona marroquí. Las imágenes demuestran que este cae sobre algunas personas subsaharianas que, envueltas por el humo, siguen nadando en aguas marroquíes, muy próximas a las rocas.

Además de botes de humo, los agentes también dispararon pelotas de goma hacia el otro lado de la frontera, según queda reflejado en las grabaciones. En algunas ocasiones, las bolas caen muy cerca de los migrantes que nadaban cerca de la esquina superior derecha del espigón del Tarajal.

Las imágenes también muestran la actuación de un agente de la Guardia Civil que se posiciona en la esquina más cercana a Marruecos y comienza a disparar pelotas de goma hacia el grupo de inmigrantes, situado todavía en aguas marroquíes. La cámara térmica ubicada en el Monte Hacho capta al menos cinco lanzamientos consecutivos muy cerca de estas personas. La mala calidad de las imágenes impide comprobar si alguna de las bolas impacta contra los inmigrantes. El miembro del Instituto Armado llega a inclinarse con la bocacha hacia los subsaharianos antes de disparar.

Posteriormente, el capitán jefe de la Unidad de la Compañía Rural de Seguridad Ciudadana de Ceuta, responsable del grupo de antidisturbios durante el operativo del 6 febrero de 2014, reconoció ante la Policía Judicial haber disparado pelotas de goma para dar ejemplo al resto de agentes.

Según su declaración, el miembro del Instituto Armado “pidió un fusil a un agente y varias pelotas, efectuando disparos al agua a distancia prudencial de los nadadores”, con la intención de que los agentes lo “imitaran”. El capitán aseguró que “fue un acto reflejo, para que vieran que su jefe se implicaba como ellos en intentar evitar el paso de la frontera”.

En sede judicial, el guardia civil negó que disparase hacia aguas marroquíes y defendió que ninguna pelota impactó sobre los inmigrantes.

“Los inmigrantes que accedieron a la playa ceutí del Tarajal, bien por sus propios medios, bien auxiliados por los servicios marítimos, lo hicieron en perfecto estado de salud, y por ese motivo pudieron ser rechazados en frontera de manera inmediata”, defiende el escrito de la Abogacía del Estado. El documento también destaca que “fueron rechazados en frontera sin que presentaran lesiones”. Las imágenes oficiales se contradicen esta afirmación.

Aquella mañana de febrero, las 23 personas que lograron acceder al lado español de la frontera fueron devueltas en caliente a Marruecos por la Guardia Civil. Las grabaciones de las cámaras de vigilancia reflejan que, como reconocieron desde Interior posteriormente, ninguno de los expulsados fue sometido a una mínima revisión médica. Las autoridades españolas justificaron entonces que “ninguno lo necesitaba”.

Al menos una de las personas entregadas de forma inmediata a Marruecos estaba totalmente exhausta en el momento de la devolución, como puede observarse en los vídeos oficiales. El joven subsahariano es acompañado por un guardia civil a la valla fronteriza. Aunque prácticamente no puede mantenerse en pie, un agente abre la puerta de la alambrada y le empuja hacia el lado marroquí.

En las imágenes de Interior también aparece uno de los agentes trasladando a empujones a uno de los recién llegados a Ceuta a nado. El guardia lleva del cuello a esta persona y le amenaza con la porra. Mientras, él intenta caminar con gran dificultad y tropieza varias veces.

Finalmente, llegan a la zona de la playa de El Tarajal donde esperan retenidos el resto de las personas interceptadas. Después de ser empujado por el agente por última vez, el superviviente cae, intenta levantarse y, exhausto, vuelve a derrumbarse en el suelo, como puede observarse en el siguiente vídeo:

Desde la Abogacía sostienen que “se ha acreditado con las pruebas incorporadas a las presentes actuaciones que no se produjo ningún fallecimiento en el lado español del mar”. Las distintas declaraciones y diligencias apuntan a que las muertes se produjeron probablemente en aguas marroquíes, aunque no hay ninguna prueba que lo acredite.

Todo ocurrió en apenas unos metros de aguas fronterizas: la guardia civil disparaba desde el lado español mientras los migrantes nadaban en el lado marroquí.

Durante la misma mañana del 6 de febrero de 2014, el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) localizó dos cadáveres en aguas marroquíes (muy próximos a la línea fronteriza). “En la esquina del espigón hay dos cadáveres. Vamos a proceder a sacarlos”, decía por radio un miembro del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil, en conversaciones difundias por el Ministerio de Interior. Pocos segundos después, la voz de un superior, el mando del operativo, lanzó la orden contraria: “Eso está en Marruecos. Lo hacen ellos”.

Supuestamente, las fuerzas marroquíes eran las encargadas de recogerlos, pero nunca lo hicieron.

Uno de esos dos cuerpos aparece en una imagen publicada por El Faro de Ceuta e incluida en el sumario judicial. El cadáver estaba sumergido junto a la esquina del espigón del lado marroquí, en esa misma zona donde habían estado apelotonados.

Unas horas después del incidente, en la costa del lado marroquí aparecieron nueve cuerpos. En España se localizaron cinco cadáveres durante los días posteriores. Entonces, el Gobierno del PP insistió en que todas las víctimas del 6 de febrero fallecieron en aguas marroquíes y el hallazgo de cinco cuerpos en Ceuta se debía al “cambio de corriente”.

“El grupo de personas que trataba de entrar en Ceuta no lo hacía de manera pacífica, sino que lo hacía aprovechando la noche, en avalancha y de manera violenta, utilizando palos y lanzando piedras, desbordando el dispositivo marroquí, causando lesiones a varios agentes así como daños materiales en la garita”, espeta la Abogacía del Estado.

El grupo de cerca de 200 personas se adentraron de madrugada y a la carrera en la zona fronteriza entre Marruecos y España. Las imágenes muestran una masa de personas desbordando el dispositivo de los agentes marroquíes, aunque no se identifica en ese momento de las imágenes la “violencia” citada en el escrito. De hecho, los inmigrantes no consiguen entrar en España por la frontera terrestre y se desvían hacia el espigón dentro del mar, donde 14 de ellos se ahogaron.

La abogada del Estado menciona “lesiones a varios a agentes” y “daños materiales en la garita” fronteriza para justificar la respuesta de la Guardia Civil con material antidisturbios.

Sin embargo, el lanzamiento de piedras hacia la frontera española por parte de un grupo de inmigrantes no sucede ni antes ni durante del intento de entrada a España. Como se aprecia en los vídeos oficiales, al altercado ocurre casi una hora después de los ahogamientos, cuando los inmigrantes ya han sido devueltos y saben que varios de sus compañeros han muerto.

A las 8:26h, un inmigrante logra zafarse de la línea de gendarmes marroquíes, corre hacia la valla y tira una piedra en dirección a la zona española, momento en el que es retenido por los militares marroquíes para que vuelva con el grupo. En su camino, el hombre se tira al suelo y patalea. Más tarde, otros siguen sus pasos y arrojan piedras a la zona española.

En febrero de 2014, el Gobierno del Partido Popular ya manipuló los tiempos de las imágenes oficiales para justificar el uso de material antidisturbios como respuesta a la violencia de los migrantes, cuando el orden de los hechos es el contrario.

La Abogacía del Estado ha presentado un escrito en defensa de los 16 agentes de la Guardia Civil que fueron procesados por la muerte de 14 migrantes en El Tarajal, en febrero de 2014, en un intento de entrada a Ceuta. En ese documento se solicita la absolución de los agentes. “No se produjo ningún fallecimiento en el lado español del mar”, apunta el escrito que ha adelantado El Confidencial y ha confirmado eldiario.es.

“Se ha acreditado con las pruebas incorporadas a las presentes actuaciones que no se produjo ningún fallecimiento en el lado español del mar, los 23 inmigrantes que accedieron a la playa ceutí del Tarajal, bien por sus propios medios, bien auxiliados por los servicios marítimos, lo hicieron en perfecto estado de salud, y por ese motivo pudieron ser rechazados en frontera de manera inmediata; los buzos que peinaron la zona el día de los hechos y el día siguiente confirmaron que no se había producido ningún fallecimiento en el lado español”, explica la Abogacía.

La jueza encargada de la instrucción del caso de las muertes de Ceuta decidió, después de dos intentos de sobreseimiento por parte del mismo tribunal, procesar a los 16 guardias civiles por el fallecimiento de los 14 migrantes. A lo largo de su auto, al que accedió eldiario.es, María de la Luz Lozano Gago recuerda que “si bien es cierto la protección de la frontera se activa frente a intentos de entrada ilegal”, ello “no puede dar pábulo a sobreentender, ni remotamente, que las fronteras o espacios entre las mismas son zonas de excepción en relación a los derechos humanos”.

Sin embargo, la Abogacía justifica que “no se ha producido, y por tanto no consta, ninguna resolución posterior, casi seis años después del inicio de las actuaciones, que permita converger la existencia de presuntos hechos punibles o relevantes desde un punto de vista penal y la identidad de los presuntos responsables”.

El documento, además, describe la versión del Gobierno de cómo ocurrieron los hechos. Un intento de entrada a Ceuta que describen como “avalancha”. “Con fecha 6 de febrero de 2014, sobre las 5:45 horas, una avalancha de unas 200-300 personas de etnia subsahariana pretendía entrar de forma ilegal desde Marruecos a Ceuta (España), accediendo por la orilla del mar (Playa del Tarajal) bordeando el espigón que delimita la frontera. (...) El grupo de personas que trataba de entrar en Ceuta no lo hacía de manera pacífica, sino que lo hacía aprovechando la noche, en avalancha y de manera violenta, utilizando palos y lanzando piedras, desbordando el dispositivo marroquí, causando lesiones a varios agentes así como daños materiales en la garita”.

Contra la instrucción

La Abogacía del Estado arremete contra la instrucción de María de la Luz Lozano Gago porque ha generado a los guardias civiles “una clara vulneración del derecho de defensa, en particular, el derecho básico y esencial que toda persona a quien se le atribuya un hecho punible merece”.

Asimismo, añade que “las diligencias se han convertido en una suerte de investigación genérica de hechos, que no revisten trascendencia penal (...) o que al menos son de imposible atribución a ninguna de las personas que se encuentran imputadas, y cuyo objeto parece que se ha centrado en demostrar la corrección de actuación de los agentes de la Guardia Civil, en definitiva, su propia inocencia, desconociendo los pilares básicos de un Estado de derecho”.

“La instructora parte de una primera premisa errónea, al señalar que 'las personas inmigrantes estaban bajo control de fuerzas del orden españolas'. Tan solo se encontraron bajo las fuerzas del orden españolas los 23 inmigrantes que lograron acceder al territorio español, y que posteriormente fueron rechazados”, comenta la Abogacía del Estado. “Todos y cada uno de mis representados tuvieron una actuación impecable desde un punto de vista objetivo”, agrega.

La Abogacía cree que “resulta insostenible” que los guardias civiles sean procesados porque “los fallecimientos no se produjeron en España, ninguna actuación de la fuerza española se desplegó en el lado marroquí del mar, los nadadores que alcanzaron la costa española fueron auxiliados por los agentes y fueron rechazados en frontera sin que presentaran lesiones”.

No murieron por la Guardia Civil

Para la Abogacía la actuación de los agentes fue proporcional porque “los medios antidisturbios se lanzaron, en un primer momento, con la finalidad de contención, y con la idea de prolongar la frontera física entre Ceuta y Marruecos, a lo largo de la línea del mar, y posteriormente para canalizar a los inmigrantes que habían alcanzado aguas españolas a la playa como zona segura, evitando que nadaran mar adentro”. “En ningún caso alcanzaron ni sobrepasaron la zona marroquí. En ningún caso se lanzaron con la finalidad de alcanzar a los inmigrantes”, añade.

Además, ninguno de los migrantes habría muerto por la actuación de la Guardia Civil: “Los cadáveres aparecieron sin flotador y con varias prendas de ropa. La causa de la muerte es anoxia anóxica. Solo dos de los cinco cadáveres presentan lesiones, pero se trata de lesiones calificadas como no vitales. Del cadáver hallado el día 15 de febrero de 2014, sobre las 10:30 horas, se dice que las lesiones presentan forma cuadrangular (que excluiría que el mismo recibiera un impacto de bola o bote de humo)”.

Había transcurrido un año y medio tras las muertes de Ceuta cuando el juzgado de instrucción decretó el archivo provisional de la causa. La jueza encargada entonces del caso exculpó a los 16 guardias civiles investigados y señaló la responsabilidad de los migrantes en su propio fallecimiento. Las víctimas “asumieron el riesgo de entrar ilegalmente en territorio español” e hicieron “caso omiso de las actuaciones disuasorias” de los agentes, decía María del Carmen Serván. “Los inmigrantes -destacaba- no eran personas en peligro en el mar”.

Cuatro años después, el mismo juzgado, con una nueva magistrada al frente, ha procesado a los 16 miembros del Instituto Armado, apoyándose en la normativa internacional en materia de derechos humanos.

El tribunal ha pasado de señalar a los inmigrantes como responsables de su muerte, a afirmar que las fronteras no son “una zona de excepción” y apuntar a los guardias civiles ante un posible delito de homicidio imprudente. De considerar que estos “no precisaban ayuda”, a concluir que “los agentes investigados podían haberles auxiliado y se abstuvieron” sin justificación.

Durante la mañana del 6 de febrero de 2014, 14 personas murieron en un intento de entrada a Ceuta a nado disuadido por la Guardia Civil con pelotas de goma y botes de humo hacia el agua, en la zona donde se encontraban cientos de migrantes. El giro de la posición del juzgado ceutí ha sido celebrado por la acusación popular, mientras que desde la defensa de los guardias civiles han tachado el nuevo auto de “contradictorio” con lo estipulado a lo largo de cinco años de procedimiento.

“Con esta nueva juez, el cambio de criterio es evidente”, sostiene Gonzalo Boye, letrado del Observatorio de Drets Humans (DESC), una de las organizaciones personadas en la causa como acusación popular. Las ONG celebran el procesamiento de los 16 guardias civiles en el último auto, que enfila el procedimiento hacia la apertura de juicio oral a la espera de recibir el posicionamiento de las acusaciones.

“Las víctimas merecen justicia, nada puede aliviar perder a un hijo. Para las familias, -el auto- puede ser una luz en medio de un proceso tan largo, objeto de dos archivos que todas las acusaciones logramos levantar”, apunta Paloma Favieres, abogada de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). “Todo esto es muy importante en una batalla que a veces dimos por perdida”, confiesa.

Patricia Fernández, abogada de la ONG Coordinadora de Barrios, considera que se trata de un “paso imprescindible para enjuiciar los hechos y buscar responsabilidad” de las 14 muertes ocurridas el 6 de febrero de 2014. No obstante, la jurista cuestiona la llegada del final de la instrucción sin haber completado todas las diligencias solicitadas. Entre ellas se encuentra la identificación de los cuerpos de las víctimas enterradas en el cementerio de Ceuta a través del cotejo del ADN con sus familiares, una actuación descartada por el juzgado el pasado 16 de septiembre. Del mismo modo, tampoco se ha concluido la toma de declaración de uno de los tres supervivientes llamados por la jueza.

Desde la defensa de los guardias civiles procesados también han resaltado el giro de la investigación, pero con el objetivo de cuestionar su resultado. “Lamentamos que tras dos archivos anteriores, donde se evidenciaba la inexistencia de responsabilidad penal, ahora, la Señora Instructora de la causa, con la misma carga de pruebas, vea indicios de delito en la actuación de los guardias civiles”, ha sostenido Jesús Martín Vázquez, letrado de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, que está prestando asistencia jurídica a los agentes investigados.

“Nos sentimos profundamente desamparados y desprotegidos por parte de los diferentes gobiernos en situaciones como la que nos ocupa, cuando no hacemos otra cosa que cumplir con lo que se nos encomienda, que como en este caso es impermeabilizar la frontera española”, ha afirmado desde la asociación.

Cinco años de instrucción y dos archivos

El largo procedimiento judicial, que acumula más de cinco años y escasos avances, ha estado interrumpido por dos archivos provisionales, seguidos de sus correspondientes órdenes de reapertura por parte de la Audiencia Provincial de Cádiz, dictadas tras varios recursos de apelación presentados por las ONG de la acusación popular.

En octubre de 2015, después de solicitar una serie de informes policiales y llamar a declarar a 16 guardias civiles como investigados, la magistrada María del Carmen Serván concluyó el primer sobreseimiento provisional de la causa. Este auto sostenía que los agentes de la Guardia Civil emplearon el material antidisturbios “con efecto disuasorio” y aseguró que “no existe ningún indicio que permita afirmar que los agentes imputados hicieron un uso inadecuado del material”.

“Los inmigrantes asumieron el riesgo de entrar ilegalmente en territorio español por el mar a nado, en avalancha, aprovechando la noche, vistiendo gran cantidad de ropa y haciendo caso omiso a las actuaciones disuasorias tanto de las fuerzas marroquíes como de la Guardia Civil”, zanjaba la jueza. En enero de 2017, la Audiencia Provincial de Cádiz rechazó el sobreseimiento. Según argumentó, el juzgado ceutí no realizó todas las pesquisas necesarias antes de dictar su carpetazo.

“Ante un supuesto de un calado humano, social y jurídico tan grande no debían escatimarse esfuerzos de cara a agotar las diligencias indagatorias”, espetaron los jueces de la Audiencia Provincial, que también cuestionaron las “prisas innecesarias” en la realización de los informes forenses de los cinco cuerpos hallados en España, que fueron enterrados en poco más de las 24 horas posteriores a su localización.

El caso regresó al juzgado de instrucción número 6 de Ceuta. Un año después, en enero de 2018, una nueva magistrada al frente de la investigación, Macarena García Recio, decretó el segundo archivo del caso.

La tardía declaración de los supervivientes

“De lo actuado no aparece debidamente justificada la perpetración de los diferentes delitos que han dado motivo a la formación de la causa [...] por lo que procede decretar el sobreseimiento libre de las actuaciones”, afirmó la jueza. En su escrito, García Recio descartó la viabilidad de llamar a declarar a dos supervivientes de la tragedia, propuestos por la acusación popular, por residir de forma irregular en Alemania. “Ni siquiera tendrían fuerza suficiente para ello, dado que dichas personas no se encuentran residiendo legalmente en Alemania, por lo que no podrían trasladarse a España para poder practicar la prueba con el carácter de preconstituida”, justificó.

Una vez más, la decisión del juzgado ceutí fue reprendida por la Audiencia Provincial, que exigió de nuevo la reapertura del caso. “Lamentablemente, en este momento procesal, transcurrido más de un año desde el anterior, nos encontramos en la misma situación”, consideraron los jueces Rosa María de Castro, Luis de Diego y Fernando Tesón en agosto de 2018.

“Descarta la práctica de la prueba testifical, sin haberse realizado el más mínimo intento de oír a los testigos propuestos y admitidos, sólo con el razonamiento al que llega la instructora de que dichas personas no se encuentran residiendo legalmente en Alemania”, recriminaron los jueces, quienes instaron al juzgado ceutí a desarrollar la toma de declaración a través de videoconferencia, como suele hacerse en estos casos. La causa es reenviada al juzgado de Ceuta.

El caso llegó a las manos de una nueva magistrada, María de la Luz Lozano Gago, la tercera en más de cinco años de instrucción. Tras las consecutivas directrices de la Audiencia Provinical de escuchar a los supervivientes de la tragedia, el juzgado ceutí accedió a llamar a declarar a tres testigos. Dos de ellos, un residente en Madrid y otra en Berlín, testificaron por videoconferencia. El tercero, un joven que era menor de edad cuando intentó sortear el espigón del Tarajal aquel 6 de febrero de 2014, no pudo completar su declaración debido a un fallo técnico en su videollamada, relatan fuentes jurídicas.

La magistrada titular del juzgado de instrucción no vio necesario repetir la testifical y descartó ordenar la identificación de los cuerpos enterrados en un cementerio de Ceuta, como solicitó la organización Coordinadora de Barrios. Este martes, Lozano Gago ha firmado el auto de preparación de juicio oral, en el que concluye la existencia de indicios de homicidio imprudente y omisión de auxilio entre los 16 guardias civiles investigados.

El cuadro palmero del Atlético Paso debutará en la recién iniciada competición en campo propio ante un majorero Gran Tarajal al que intentará desbancar de su flamante liderato en esta segunda jornada de la Liga en el grupo canario (XII) de Tercera División.

Este enfrentamiento entre dos de los recién llegados a este Grupo XII acaparará un interés especial, no sólo por la primera aparición del cuadro palmero tras la suspensión de su encuentro en la jornada inaugural, sino también por comprobar si el cuadro de Fuerteventura se mostrará con la misma contundencia que en su estreno liguero ante el Tenisca (5-0).

Otra confrontación interesante será la que se dispute en la Ciudad Deportiva de Geneto entre su propietario Tenerife B y el Marino, principalmente porque ambos tratarán de refrendar ya desde estos primeros choques que sus nombres deben figurar entre los favoritos a copar los puestos altos.

El Mensajero será otros de los ya clásicos equipos que parte con optimistas expectativas, por lo que también tiene claro que para intimidar ya desde esta jornada lo conveniente será sorprender al Santa Brígida en esta localidad grancanaria, propósito nada fácil de llevar a cabo ante un más que serio adversario.

Dos equipos que también supieron ganar en la primera jornada y, que, por tanto, se encuentran ya en los primeros puestos, Tamaraceite y Vera, medirán sus fuerzas en el Juan Guedes con una única intención, y no será otra que la de sumar un segundo triunfo con el que asirse a esta privilegiada zona noble.

Otros dos equipos que también tienen en mente hacerse un hueco en el cuarteto de cabeza, Tenisca y Lanzarote, afrontarán su particular compromiso en el Virgen de las Nieves en una comprometida situación, sobre todo para los palmeros, dado el gran y preocupante varapalo recibido el pasado domingo en Fuerteventura.

El tinerfeño Ibarra solventó con tres puntos su primer desplazamiento, por lo que también ocupa los primeros puestos de la tabla, posición que, sin lugar a dudas, querrá mantener, aunque para ello deberá derrotar en el Villa Isabel a un Güímar que sólo pudo cosechar un empate en su encuentro ante el San Fernando.

De esta manera, este último equipo, el San Fernando, recibirá en sus instalaciones de la Ciudad Deportiva de Maspalomas a un tinerfeño Atlético Tacoronte que querrá resarcirse de una cruel derrota que, en el tramo final del encuentro le endosó el Tamaraceite. Un equipo al que no le fue nada mal en el inicio del campeonato fue al Santa Úrsula, al ser capaz de puntual en la complicada plaza de Arrecife, arranque que podría mejorarse considerablemente si fuese capaz de salir victorioso en el Argelio Tabares ante un Unión Viera que, por el contrario, su comienzo no fue el deseado.

Buzanada y Las Palmas C también sufriendo sendos reveses en sus respectivas puestas de largos, razones suficientemente como para hacer todo lo posible por subsanarlas lo más pronto posible, y nada mejor que con la consecución de los tres puntos que ambos se disputarán en el campo del cuadro tinerfeño. Y por último, los cinco goles encajados por el majorero Puerto La Cuadra también deberían suponer un gran estímulo en Los Pozos para que el cuadro local haga lo indecible para superar al San Mateo, equipo que aún no ha mostrado su potencial debido a la suspensión de su primer encuentro ante el palmero Paso. 

Los encuentros de este jornada que se inicia mañana con sus correspondientes horarios, campos y árbitros, son los siguientes:

Viernes, día 30: 21.00:

Ibarra - Atlético

Unión Güímar (Villa Isabel) Airán Fariña Delgado

Sábado, día 31:

12.00: Tamaraceite - TNK Vera (Juan Gudes) Gamalier Escobar López

16.30: Santa Úrsula - Unión Viera (Argelio Tabares)Josué González Pérez

17.00: Buzanada - Las Palmas C (Clementina de Bello) Daniel Clemente Manrique

Domingo, día 1:

12.00: Tenerife B Marino ( Geneto) Tomás David Rodriguez Correa

12.00: Tenisca - Lanzarote (Virgen de las NIeves) Pablo González Redondo

12.00: Atlético Paso - Gran Tarajal ( El Paso) Eduardo Manuel Pérez Hernández

12.00: San Fernando - Atlético Tacoronte (Maspalomas) Kevin Muñoz Guerra

12.00: Santa Brígida - Mensajero (Los Olivos) Aitor Ramírez Ramos

12.00: Unión Puerto - San Mateo (Los Pozos) Rayco Miguel Marrero García

Dos supervivientes de las muertes del Tarajal han declarado por primera vez ante el juzgado que investiga el fallecimiento de 14 personas en aguas fronterizas de Ceuta en febrero de 2014. Después de cinco años sin haber llamado a declarar a los testigos presenciales, los testimonios de dos de ellos han sido escuchados por el juzgado de instrucción número 6  de la ciudad autónoma, como había exigido en dos ocasiones la Audiencia Provincial de Cádiz. Ambos apuntan al lanzamiento de pelotas de goma y botes de humo por parte de la Guardia Civil como causa de las muertes, según fuentes jurídicas. 

L.A, una mujer de origen camerunés residente en Alemania que formó parte del grupo de personas que intentó llegar a la playa del Tarajal el 6 de febrero de 2014, prestó su declaración desde Berlín el pasado 25 de marzo a través de videoconferencia. Fuentes jurídicas presentes en la declaración aseguran a eldiario.es que, en base a su testimonio, ella observó a agentes de la guardia civil disparar pelotas de goma tanto desde el espigón fronterizo como desde la garita. 

Según su relato, apuntan las mismas fuentes, a L. A. le afectó directamente el gas lanzado por los agentes de la Guardia Civil hacia el agua dado que indica que “empezaron a quemarle los ojos y sufrió un desmayo en el agua”. Finalmente, un compañero la trasladó a la playa donde, según ha explicado, no había asistencia sanitaria sino que únicamente se “ayudaron entre ellos”. Posteriormente, vio varios cuerpos sin vida de sus compañeros tumbados en la playa. 

Por su parte, este lunes ha llegado el turno de la declaración de H. K., otro de los supervivientes de las muertes del Tarajal, un testigo propuesto por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Su declaración tuvo lugar en Madrid, donde reside de forma regular.

Fuentes jurídicas relatan a eldiario.es que, en este caso, H. K. ha relatado haber sido una de las primeras personas en introducirse en el agua en su intento de rodear a nado el espigón fronterizo del Tarajal, cuando reparó en que los agentes de la Guardia Civil estaban lanzando botes de humo. El joven ha asegurado en sede judicial que comenzó a nadar mar adentro para esquivar el material antidisturbios, hacia una pequeña embarcación que “parecía de la guardia civil” con la intención de que lo rescatasen. 

Sin embargo, según su testimonio, el testigo observó que los agentes “estaban golpeando con palos” a quienes nadaban, por lo que regresó al lado marroquí de la playa, apuntan fuentes jurídicas. 

La acusación popular permanece pendiente de la celebración declaración de un tercer testigo, presentado por Observatori DESC, residente en Hamburgo. 

La Audiencia Provincial de Cádiz ordenó el pasado 31 de agosto la reapertura del caso que investiga la muerte de 14 personas el 6 de febrero de 2014 en un intento de entrada a Ceuta disuadido por la Guardia Civil con pelotas de goma y botes de humo. Se trataba de la segunda vez que la Audiencia Provincial de Cádiz exigía al juzgado de instrucción número 6 de Ceuta, encargado del caso.

El juzgado consideraba que, una vez más, el tribunal ceutí encargado de la instrucción “no había agotado la investigación” y había decretado el archivo del caso sin llevar a cabo las pruebas solicitadas, entre ellas, escuchar a los testigos y supervivientes de lo ocurrido el 6 de febrero de 2014.

“Descarta la práctica de la prueba testifical, sin haberse realizado el más mínimo intento de oír a los testigos propuestos y admitidos, sólo con el razonamiento al que llega la instructora de que dichas personas no se encuentran residiendo legalmente en Alemania”, concluían los magistrados.

El auto se refería a las diligencias solicitadas por la acusación popular después de haber ordenado la primera reapertura de la causa en enero de 2017.  Entre ellas, se encontraba la petición de contactar con varios testigos de lo ocurrido el 6 de febrero de 2014 en la frontera del Tarajal. La voz de una de ellas, L. A. ya ha sonado en sede judicial. 

En el cementerio de Santa Catalina de Ceuta, en un humilde nicho condecorado con un ramo de margaritas, descansa Roger Chimi. Su cuerpo fue el primero en aparecer dos días después del fatídico 6 de febrero de 2014, cuando un grupo de personas migrantes trataban de llegar a las costas españolas a través del espigón marítimo de El Tarajal, mientras la Guardia Civil lanzaba pelotas de goma y botes de humo, saldándose con la vida de 14 personas.

Cinco años más tarde, a grito de “Tarajal, no olvidamos” o “España paga, Marruecos maltrata”, medio millar de personas llegadas de diferentes partes del Estado español y otros puntos europeos han recorrido las calles de Ceuta, en lo que han llamado la VI Marcha por la Dignidad. Un encuentro reivindicativo para hacer memoria por las víctimas mortales de la tragedia: Roger, Yves, Samba,Larios, Daouda, Luc, Youssouf, Armand, Ousmane, Keita, Jeannot, Oumarou, Blasie y otra persona no identificada; así como para exigir “justicia y reparación” para los supervivientes, de los cuales, 23 fueron devueltas a Marruecos sin acceso a ningún procedimiento formal.

Precisamente, en la pancarta de cabecera podía leerse: “Ni en caliente, ni exprés. Las devoluciones son ilegales”, una reivindicación presente en todo momento.

Arona, un joven senegalés de 25 años estaba en primera fila de la caminata, alzando su voz con los demás. En esta ocasión, ha viajado desde Madrid, donde ahora vive, hasta Ceuta. “Yo también he pasado por un proceso migratorio y eso mismo me pudo pasar a mí. Es injusto que siga habiendo muertes en las fronteras”, lamenta el joven.

Se muestra nervioso y emocionado. Su mente es ahora una coctelera de recuerdos. Memorias del día en el que otros ocho chicos como él se perdieron en mitad el mar mientras naufragaban en una barca de juguete, en su periplo hasta Europa. Fueron rescatados por Salvamento Marítimo y, aunque no cruzaron al Viejo Continente, fueron transferidos a Ceuta. Durante los 11 meses en los que vivió en la ciudad autónoma, la Asociación Elin fue su refugio. “Era mi casa, el espacio donde la gente me valoraba y yo me sentía útil”, recuerda con emoción su paso por esta entidad que trabaja en la acogida e interculturalidad de las personas refugiadas y migrantes.

Por eso, durante la tarde del viernes, nada más llegar a Ceuta, se sumó a los preparativos de las pancartas que se han podido ver durante la marcha. “Boza significa libertad” o “Stop fronteras”, son algunos de los lemas que muchos chicos y chicas migrantes plasmaron sobre cartulinas en distintos idiomas.

Al final del recorrido, en el Espigón del Tarjal, a los pies de la valla, se ha colocado una placa conmemorativa “en memoria de las quince personas que el 6 de febrero de 2014, en busca de una vida mejor, lo único que encontraron fue la muerte” y se ha encendido una vela por cada una de las víctimas.

“Nos unimos, para exigir, que se cumpla la legalidad internacional, que se haga justicia y que estos hechos no queden impunes”, leía Arona en voz alta el manifiesto, al que se han adherido más de 50 asociaciones y colectivos y que ha dado cierre al acto.

Un encuentro que, dicen, seguirán haciendo “hasta que haya justicia y reparación para las víctimas y familiares del 6F, hasta que no dejemos de ver muerte, violencia, impunidad y vulneración de leyes y derechos humanos cada día en nuestras fronteras”.

En el quinto aniversario de las muertes del Tarajal, el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú-En Marea ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) para exigir al Gobierno avanzar en la “recuperación de la memoria de las víctimas de los procesos migratorios”. En este sentido, propone la aplicación de una batería de medidas, como la creación de un observatorio destinado a identificar a las personas fallecidas en las fronteras y localizar a sus familiares.

Con el recuerdo de las muerte de 14 personas en la frontera de Ceuta el 6 de febrero de 2014, entre pelotas de goma y botes de humo de la Guardia Civil, el grupo parlamentario, la agrupación ha pedido de nuevo la concesión de visados de carácter humanitario a algunos de los familiares de los fallecidos aquella mañana, constituidos en la Asociación de Víctimas de Tarajal, para avanzar en la identificación de los fallecidos que aún continúan en una tumba sin nombre en la ciudad autónoma. El Gobierno de Mariano Rajoy les denegó en dos ocasiones el permiso de entrada a España.

“El Estado español debe adoptar todas las medidas posibles con el fin de poder identificar los cuerpos que se hallan enterrados en Ceuta”, reza la PNL registrada este miércoles en el Conrgeso de los Diputados. Esta actuación, continúa, “permitiría la personación de sus familiares en el procedimiento judicial y la restitución, al menos en parte, del daño sufrido por estas familias”.

Más allá del caso Tarajal, Unidos Podemos-En Comú-En Marea destaca que no se trata “de una cuestión exclusiva de las víctimas del 6 de febrero de 2014” sino que defiende abordarlo desde un enfoque más amplio para avanzar en “la memoria de las víctimas de los procesos migratorios”.

Con vistas a esta finalidad, realizar investigaciones “exhaustivas, veraces, e independientes” sobre las circunstancias en las que se producen las muertes en las fronteras, “garantizando la identificación de los cuerpos y estableciendo un registro de personas fallecidas, identidad y lugar en el que se encuentran enterradas en caso de no ser repatriadas”.

Para trabajar en esta tarea, el grupo apuesta por la creación de un “Observatorio para la memoria y reparación de las víctimas de los procesos migratorios” encargado de “la investigación de las muertes y la identificación de las personas fallecidas [...] así como la localización y comunicación efectiva a sus familias” así como su “acompañamiento psicosocial en el caso de ser necesario.

La PNL que Unidos Podemos pretende debatir en el Congreso también solicita al Gobierno “la facilitación de visados humanitarios” a las personas fallecidas en su intento de entrara a España de forma clandestina para “posibilitar la personación como acusación popular en caso de que así lo deseen”.

En esta línea, la proposición insta al Ejecutivo a “apoyar la labor” de las organizaciones que se hacen cargo de la identificación de personas fallecidas en las fronteras y del contacto con familiares. Algunas de las ONG encargadas de esta labor de forma independiente son Caminando Fronteras, Andalucía Acoge, Prodein, o Coordinadora de Barrios.

Por último, la agrupación parlamentaria defiende establecer el día 6 de febrero como el “Día de las víctimas de las fronteras”, como ya pidieron el año pasado ante el Parlamento Europeo más de 100 entidades sociales europeas.