El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha defendido este sábado en su discurso en el Comité Federal de su partido el acuerdo que el presiente del Gobierno, Pedro Sánchez, alcanzó con la dirección de ERC sobre un nuevo sistema de financiación que permitiera a esta Comunidad recaudar el 100% de sus impuestos.

El acuerdo, condición sine qua non para que Illa pudiera ser investido con los votos de ERC, ha generado malestar en una parte de los barones regionales del socialismo español por temor a que su implantación implique una infrafinanciación a sus respectivas Comunidades Autónomas. En el marco de este recelo, Illa ha querido transmitir en su discurso un mensaje de firmeza y confianza en que el nuevo sistema no olvidará la solidaridad de Catalunya hacia las demás Comunidades del Estado.

“Lo he dicho en público y en privado, mi proyecto es un autogobierno fuerte –en el que se inscribe el acuerdo de financiación– y una implicación en la mejora de España en una Europa de horizonte federal”, ha declarado el presidente catalán, que también ha reiterado que “Catalunya no solo no se va, sino que vuelve” en referencia al fin de la etapa del procés.

“Os hablo hoy como primer secretario del PSC y presidente de la Generalitat”, ha proseguido Illa. “He sido ministro de España, sé lo que es España y lo que es Cataluña, sé que estoy dónde estoy como resultado de un esfuerzo colectivo de todas y todos vosotros”, ha agregado con afán tranquilizador y finalmente ha prometido a sus compañeros: “El mismo entusiasmo, la misma convicción, el mismo esfuerzo desinteresado y la misma ayuda que hemos sentido los socialistas catalanes la vamos a devolver multiplicada”.

Siete años de las 'leyes de desconexión'

Illa ha querido referir especialmente la superación del momento más complicado de la etapa del procés, los meses de septiembre y octubre de 2017. “Hoy hace exactamente siete años, el Parlament de Catalunya aprobaba las leyes de desconexión, dando inicio a la mayor crisis territorial de nuestra democracia”, ha recordado. 

Tras preguntarse cómo había sido posible pasar en siete años de una mayoría independentista a otra, la actual, socialista y con un gobierno catalán prácticamente monocolor del PSC, Illa ha respondido con convicción: “Ha sido el diálogo, la política del diálogo; han sido sido los indultos, que para algunos rompían España; ha sido la modificación del Código Penal, que para estos mismos volvía a romper España”.

“Y ha sido la ley de amnistía”, ha proseguido el president, “una ley que, pese a que algunos se resisten a aplicar, no solo no ha roto nada, sino que ha ayudado a superar, por el bien de Catalunya y España, unos años malos para todos de los que el resultado de las elecciones del 12 de mayo son testimonio”. 

Sánchez pide profundizar en el estado federal

Las palabras de Illa van en la misma línea del discurso que antes ha efectuado el presidente del Gobierno, que ha abierto la puerta a más autogobierno fiscal para otras Comunidades entre las críticas de varios líderes territoriales al pacto alcanzado en Catalunya. Además, Sánchez ha confirmado que optará a la reelección como secretario general de los socialistas.

El presiente ha solicitado el respaldo de su partido para profundizar en un modelo federal que otorgue más capacidad de autogobierno al conjunto de Comunidades Autónomas al tiempo que aseguraba que la reforma del modelo de financiación que su Ejecutivo llevará a cabo será beneficiosa para el conjunto de territorios porque servirá para ahondar en las políticas públicas que defienden los socialistas.

Respecto a las criticas del Partido Popular al modelo de financiación propuesto en el acuerdo, Sánchez ha acusado a los conservadores de querer tender una cortina de humo: “La financiación autonómica es una coartada. Es la enésima excusa con la que pretenden ocultar su proyecto neoliberal”.

Malestar a las puertas de Ferraz

Pero pese a los discursos de Illa y Sánchez, el malestar se ha dejado notar en este Comité Federal. Por primera vez en mucho tiempo este foro se ha convertido en un ágora de intensa discusión interna en la que a las voces críticas habituales de los barones socialistas de manchegos y aragoneses se han sumado otros dirigentes.

A nivel de calle y las puertas de la sede de Ferraz, a su llegada al cónclave varios líderes territoriales se han mostrado críticos con la reforma del sistema de financiación pactada con Esquerra a cambio de la investidura de Salvador Illa como president de la Generalitat. En este contexto, las palabras más contundentes han sido las de Emiliano García-Page, el más combativo de los barones.

“Vengo con una enorme preocupación por el país y por los valores fundacionales de la izquierda y de la socialdemocracia. La propuesta que he leído, que es de Esquerra, es más egoísta que socialista. Es incomprensible e indefendible”, ha protestado Paje ante los micrófonos para después ingresar en el Comité.

Los sistemas que generan estructuras de poder son el político (poder público) y el sistema económico (poder privado). El neoliberalismo consiguió, durante décadas, el predominio de las oligarquías y el mercado frente al Estado y la sociedad, provocando la desarticulación entre economía, poder público y comunidad en todas las escalas.

El resultado han sido crisis financieras globales, como la del 2008; el aumento de la desigualdad social interna y externa; la atomización de las sociedades; la precarización del trabajo y un desastre medioambiental que amenaza con la extinción masiva de las especies en la tierra, incluida la humana.

La respuesta a esta crisis multidimensional exige cambios estructurales sin precedentes por la intensidad y la velocidad de las transformaciones que hacen falta. Hoy más que nunca necesitamos un Estado democrático fuerte que sea capaz de liderar la transición ecológica para la justicia social.

Como dice Alba Rico, “un Estado fuerte es la libertad de expresión, los servicios públicos, los sindicatos, la sociedad civil, los movimientos sociales, los DDHH; un Estado fuerte es el que -más allá de la forma del régimen- protege una administración republicana independiente capaz de seguir los procedimientos al margen de amiguismos y sectarismos. No hay legitimidad democrática ni ejercicio democrático sin un Estado fuerte”.

La monarquía es sencillamente incompatible con la democracia que se sustenta en la idea de la igualdad política. No hay nada más contario a la igualdad política que la principal institución que representa al Estado se base en el principio de desigualdad

En España, la legitimidad democrática y el ejercicio democrático necesita de un triple refuerzo: república, federalismo y laicidad.

La monarquía es sencillamente incompatible con la democracia que se sustenta en la idea de la igualdad política. No hay nada más contario a la igualdad política que la principal institución que representa al Estado se base en el principio de desigualdad. Podrán intentar hacer todas las campañas para mejorar la imagen de la monarquía española, como la que están desplegando en torno a Leonor de Borbón, pero la realidad es tozuda, la impopularidad de la monarquía avanza de la mano de su fracaso. La impunidad con la que ha actuado Juan Carlos I cuestiona toda la institucionalidad monárquica. La falta de transparencia, los privilegios que extienden su inviolabilidad a cualquiera de sus actos, son las derivaciones de esta institución anacrónica basada en el principio de la discriminación por razón del nacimiento. La ciudadanía tiene el derecho a elegir como quiere que se establezca constitucionalmente la jefatura del Estado, y tarde o temprano lo conseguiremos.

En España el estado autonómico carece del mecanismo de articulación federal entre las Comunidades Autónomas y el estado. La ausencia de este mecanismo ha provocado una doble dinámica: una dinámica separatista que ha tomado especial trascendencia en Cataluña y una dinámica centralista impulsada por los partidos de la derecha estatal. Ambas dinámicas debilitan al Estado: una porque lo fragmenta, la otra porque lo desarticula.

El estado democrático y las comunidades políticas son las construcciones sociales que nos garantizan la vida y la convivencia pacífica, fundiéndose en un proyecto colectivo de país para garantizar la seguridad, la igualdad y la libertad en democracia.

Estado democrático pluralista y comunidad, lejos de ser realidades políticas antagónicas, establecen entre sí una dinámica virtuosa de modo que sin estado democrático y pluralista no hay comunidad sólida y sin comunidad no hay estado fuerte que pueda funcionar democráticamente.

Estado democrático pluralista y comunidad, lejos de ser realidades políticas antagónicas, establecen entre sí una dinámica virtuosa de modo que sin estado democrático y pluralista no hay comunidad sólida y sin comunidad no hay estado fuerte y democrático

La Andalucía del 4D y del 28F fue la que imprimió una dinámica federal frente a los nacionalismos y al centralismo excluyentes. La ausencia de Andalucía como sujeto político en la nueva disputa territorial, provoca una distorsión del equilibrio territorial que puede derivarse en una recuperación del proyecto radicalmente asimétrico que logramos frustrar con una movilización popular sin precedentes con el referéndum del 28F de 1980.

Toda forma de implantar un nuevo modelo territorial que no tenga en cuenta la solidaridad entre Comunidades será tan sólo la constatación de que tras los relatos sobre la plurinacionalidad asimilada al plurilingüismo solo se esconden proyectos para acrecentar la desigualdad y los privilegios.

La laicidad es una seña de identidad consustancial a la soberanía del poder civil, la libertad individual y la democracia. Cada persona es titular del derecho a la libertad ideológica y a sus propias convicciones y creencias. Por ello el ejercicio de la libertad de pensamiento y de conciencia tiene una enorme trascendencia pública. Ello exige que el Estado proporcione garantías y regule su ejercicio de forma constitucionalmente adecuada, garantizando su neutralidad con respecto a cualquier confesión religiosa.

En España estamos viviendo el escándalo por la impunidad con la que la Iglesia católica ha actuado para silenciar los miles de casos de pederastia, que el informe del Defensor del Pueblo ha cuantificado en unas 440.000 personas. Al igual que la impunidad de Juan Carlos I, tanto el hecho de que estos delitos hayan podido llevarse a cabo amparados en la negación o la minimización de los abusos, son un claro exponente de una situación estructural: la desigualdad genera injusticias endémicas porque sitúa a sus actores al margen del sistema democrático.

Por ello, es una tarea ineludible para el posible nuevo gobierno de coalición progresista la revisión de los acuerdos entre España y la Santa Sede de 1979; la reversión de las inmatriculaciones fraudulentas; eliminar los privilegios fiscales; dejar de financiar con fondos públicos la enseñanza privada y garantizar la neutralidad religiosa de los espacios y servicios públicos.

República, federalismo y laicismo son en última instancia expresiones de la correlación de fuerzas entre el poder político y las oligarquías, expresiones de la igualdad política frente a la desigualdad que es consustancial al poder económico.

El estado español, dominado tradicionalmente por las élites económicas y por la derecha política, no ha logrado construirse como un estado fuerte, reformar el modelo económico, crear un robusto sistema de bienestar y dotarse de una estructura plenamente democrática y pluralista. Las deficiencias del sistema económico y del sistema político provocan desigualdad, paro y destrucción ambiental, generando una insatisfacción ciudadana creciente que están aprovechando las fuerzas enemigas de la democracia.

Conquistar un estado republicano, federal y laico es un objetivo que deberían compartir todas las personas que defienden la democracia, pero hoy además es una necesidad si queremos un Estado fuerte que pueda impulsar la transición ecológica para la justicia social.

Un historiador tan notable como Pierre Vilar mantuvo la tesis de que en el mundo, de tanto en tanto, se producían coyunturas, esto es, ocasiones de cambios y, por tanto, de aperturas a coordenadas distintas. Ahora, tal vez, los españoles nos encontramos en una de ellas. Hasta el 23J se añoraba las de la Transición para, a continuación, deplorar que ahora no se diera nada de eso; el 24J, sin embargo, hizo acto de presencia la Coyuntura: los resultados electorales fueron una auténtica carambola pero como España vive en una crisis territorial a punto de gangrenarse, o sea, improrrogable, esa mezcla de Azar y Necesidad comenzó a dibujar una Ocasión.

Es más: hay cosas importantes que ya se han dibujado. Por ejemplo, la instauración del plurilingüismo en las instancias del Poder Legislativo, acabando con la imposición de que una ciudadanía con cuatro lenguas sólo pudiera expresarse ahí en una. Hay que felicitarse por eso eso pero, al mismo tiempo, pensar que el centro del tablero de ajedrez ha sido ocupado de nuevo con el concepto de una diversidad nacional fijada solo por sus lenguas, que fue por donde se marchó en la Transición hasta que, sorpresivamente, saltó el movimiento andaluz por un autogobierno al mismo nivel que Cataluña, el País Vasco y Galicia.

La exigencia de su conquista para Andalucía no provenía ya de una personalidad resumida en un idioma oprimido, sino de un devenir secular de subordinación al que (con tantos o más rasgos identitarios que otros) habría sido destinada por las fuerzas que regían los destinos del Estado.

La reivindicación de la Autonomía prendió en todos los organismos democráticos antifranquistas (la Junta Democrática principalmente) pero, del conjunto de las llamadas “regiones”, solo la andaluza otorgó al autogobierno un lugar preeminente al fundirse la vieja exigencia del acceso a la tierra por los desheredados con la aspiración de todos a gobernarse por sí mismos.

Así se llenó el territorio “neoautonómico” de esa actividad y entusiasmo que sólo se hacen presentes en la Historia cuando una colectividad toma conciencia de estar construyéndose a sí misma

Por eso, tras la muerte de Franco, la corriente antifranquista se transformó en una especie de movimiento de liberación sin precedentes porque, aunque ni de lejos contemplara el independentismo, exigía la Autonomía como parte indispensable de una Democracia Social, algo nuevo con respecto a la idea de autogobierno de las “nacionalidades históricas” de entonces.

Para todos cuantos vivimos aquellos años (de 1977 a 1981), el proceso hasta el Referéndum del “28-F (sobre todo, a partir de que el Gobierno de la UCD lo torpedeara) habría que haberlo calificado de ”Levantamiento Civil“, dado que tuvieron lugar las movilizaciones ciudadanas más importantes de la Historia reciente de España (8 manifestaciones con 2 millones de personas en el 77 y cifras similares en 1979), el triunfo arrrollador de los partidos y fuerzas pro-autonomistas en las elecciones municipales del 79, el desencadenamiento del proceso desde esos municicipios, la ruptura de la UCD andaluza, esto es, del partido gobernante en España. Los casi 3 millones de votos sobre seis y medio de habitantes (incluyendo la población no electora y los múltiples defectos del censo en territorios con un número ingente de emigrantes) en el referéndum, y, sobre todo, el altísimo porcentaje de población activa que, durante meses, vistió de verde y blanco las calles de las mil ciudades, pueblos y anexos del suelo andaluz aunque el gasto publicitario de la Junta Preautonómica (que no podía hacer campaña) se redujera al pequeño cartel de una ”blanquiverde“ desplegada en un balcón con geranios.

 Así consiguió Andalucía acceder al nivel de “nacionalidad histórica”, reflejada en la existencia de un Parlamento y unas competencias de las que, además de ella, solo gozaban Cataluña, el País Vasco y Galicia. Y, sobre todo, así se llenó el territorio “neoautonómico” de esa actividad y entusiasmo que sólo se hacen presentes en la Historia cuando una colectividad toma conciencia de estar construyéndose a sí misma.

No es verdadera la idea, establecida a posteriori, de que la vertebración y el cambio de los casi 90.000 km sureños de España se originara en Madrid. Casi todo lo que englobó esa ordenación e innovación, incluida la Exposición Universal, se gestó en la imaginación y las instituciones autóctonas y al margen de una derecha y una izquierda capitalinas, que no comprendían nada de lo que pasaba y seguían pensando que Andalucía era aquella a la que, en el siglo XVI, los embajadores venecianos llamaban “granero, bodega y establo” de España, traducida ahora a riqueza y clientela electoral.

Es incomprensible que haya quienes, habiendo estado al frente de los más altos organismos del autogobierno, no se acuerden del papel trascendental que cumplieron entonces

Sin embargo, desgraciadamente, por ahí fue derivando todo para que ahora, en la coyuntura de una posible “Segunda Transición” con el Federalismo como meta, no se diga sobre el papel de Andalucía en ello. Es natural que andaluces como Felipe González o Alfonso Guerra, que nunca comprendieron y casi nunca apoyaron de verdad la autonomía (gracias a ellos siguen existiendo las Diputaciones Provinciales), no lo hagan y dediquen sus mandobles a Pedro Sánchez con un ardor europeísta digno de líderes polacos y húngaros, o que los despojos de la cúpula del andalucismo anden tan perdidos como el barco del arroz.

Pero es incomprensible que haya quienes, habiendo estado al frente de los más altos organismos del autogobierno, no se acuerden del papel trascendental que cumplieron entonces ni de que, en la campaña del segundo Estatuto de Autonomía, defendieran aprobar (tal como sucedió) que en su art. 1 dijera: “Andalucía, como nacionalidad histórica y en el ejercicio del derecho de autogobierno que reconoce la Constitución”, se constituye en Comunidad Autónoma... en el marco de la nación española“.

Han olvidado su papel trascendental en el pasado y no son conscientes del que habrían de desempeñar para abrir el futuro. A los demás también se nos ha olvidado exigírselo. Y así nos va.

 Pero recordemos que ya en los tiempos de Roma, a la diosa de Oportunidad la pintaban calva para simbolizar que era imposible agarrarla por los pelos si se la dejaba pasar.

La administración Biden ha cruzado una nueva línea en su apoyo a Kiev con la decisión de enviar sistemas Patriot de defensa aérea y de interceptación de misiles para ayudar a Ucrania en su guerra con Rusia.

El sistema, que incluye un potente radar, es probable que sea muy eficaz para la defensa de Ucrania, y representa un paso adelante significativo en la dimensión y complejidad del apoyo estadounidense. Pero a largo plazo, regalar estos prestigiosos sistemas también implica un desafío para la OTAN.

Joe Biden había descartado el envío de sistemas Patriot a Ucrania. El cambio en la política parece haber surgido tras el enorme ataque de Rusia contra infraestructuras civiles críticas de Ucrania, que ha dejado sin electricidad a gran parte del país. Para reforzar su reserva, Rusia está ahora tratando de conseguir misiles balísticos iraníes y fabricar más, lo que significa que estos ataques se pueden mantener durante un tiempo prolongado. Defender a Ucrania de esos misiles se ha convertido en una prioridad humanitaria.

El Patriot es uno de los sistemas de defensa aérea y de interceptación de misiles más eficaces del mundo. Arabia Saudí lo ha empleado en los últimos cinco años para derribar cientos de misiles de diseño iraní disparados por los hutíes. Además de proteger a las ciudades ucranianas, esta defensa aérea de medio alcance también puede servir para liberar parcialmente de esa tarea a los sistemas de misiles ucranianos S-300, ampliando así la cobertura aérea en la línea del frente.

Es importante destacar que el sistema no proporcionará una protección inmediata y lo más probable es que los ataques rusos contra la infraestructura energética de Ucrania se mantengan en el corto plazo. El Patriot es un sistema complejo de manejar y de mantener. Otros equipos que se entregaron en el pasado, sin la formación necesaria para su cuidado y reparación en condiciones de combate han sufrido problemas de mantenimiento. Garantizar que los ucranianos puedan utilizar el sistema de una manera sostenible llevará su tiempo.

Existencias limitadas

Ucrania se ha ido haciendo más dependiente de la ayuda internacional a medida que sus existencias de misiles de defensa antiaérea disminuían, del mismo modo que ahora depende de sus socios para la mayoría de sus vehículos blindados y munición de artillería. Es una dependencia que conlleva sus riesgos, especialmente cuando las existencias de sus aliados son limitadas.

Hay quien teme que cierto tipo de apoyo militar a Ucrania aumente el riesgo de una espiral bélica, pero ese no ha sido el criterio que frenó hasta ahora el envío de sistemas Patriot. Estados Unidos tiene bastantes menos Patriot de los que serían necesarios para defender sus fuerzas en el Indo-Pacífico, según su propio análisis operativo. Además, los actuales clientes del Patriot siguen demandándolo sin cesar, desde Suecia hasta Arabia Saudí (Riad gasta todos los meses un número importante de misiles para defender sus infraestructuras críticas), y los niveles de fabricación son bajos.

Perder poder de disuasión

En cierto sentido, los problemas con el suministro del Patriot son una muestra del desafío general que representa el suministro de municiones a Ucrania. El consumo de munición de las fuerzas armadas ucranianas rebasa con creces al suministro disponible, con su artillería gastando cañones a un ritmo que supera al de las posibilidades de reemplazo.

La erosión de las industrias de defensa de la OTAN ha dejado a la alianza en malas condiciones para soportar una operación sostenida de alta intensidad. Con sistemas como el Patriot, el desafío es aún mayor por lo mucho que se tarda en fabricar armas de precisión como los misiles de defensa aérea, en comparación con el que haría falta para fabricar proyectiles de artillería no guiados.

La invasión rusa de Ucrania debería fomentar la regeneración de la base industrial en los países miembros de la OTAN, invirtiendo en herramientas críticas de maquinaria y en fábricas de municiones. Pero eso es algo que lleva tiempo. En el intervalo hasta que se disponga de un mayor suministro, y con la actual presión sobre la demanda, también existe el riesgo de que, al proporcionar sistemas clave a Ucrania, Occidente lo haga a costa de su postura de disuasión frente a China por sus amenazas a la independencia de Taiwán.

Para resolver estas tensiones, Estados Unidos y otros socios de Ucrania han tenido que mantener un prudente equilibrio entregando sistemas que la industria de defensa de la OTAN podía seguir fabricando, que los militares ucranianos podían aprender a usar y las propias necesidades de seguridad de los donantes.

No es una solución mágica

Aunque el Patriot representa una buena opción para interceptar misiles balísticos y de crucero dirigidos contra ciudades ucranianas, es importante que los oficiales de defensa aérea en el terreno comprendan que el suministro de estas municiones no es infinito y jerarquicen su uso. El Patriot puede derribar perfectamente al Shahed-136, un dron kamikaze de fabricación iraní que también se ha usado para atacar infraestructuras energéticas, pero Ucrania se quedaría sin misiles rápidamente si lo utiliza para eso.

Eso fue lo que ocurrió con el GMLRS, un cohete de largo alcance entregado a Ucrania. Al principio, las fuerzas ucranianas tenían el cuidado de usar el GMLRS solo contra objetivos de alta prioridad, pero su empleo se ha ido haciendo más generalizado. Contribuyó a la liberación de Jersón, pero el ritmo de consumo de estos misiles ha sido en gran medida superior al nivel que podían abastecer los aliados de Kiev.

La entrega de los Patriot, como la de otros sistemas que se suministraron antes, no será una solución mágica. Ofrece a Ucrania una defensa contra una amenaza concreta. Pero el despliegue a gran escala de un mecanismo asequible y sostenible para vencer contra el resto de amenazas a la seguridad energética ucraniana requerirá del dinero y pensamiento creativo de los aliados de Kiev.

Para la estabilidad del mundo también es vital que el suministro de estos sistemas esté acompañado por la capacidad industrial de reabastecer las reservas de la OTAN, y que China esté convencida de que si hay un conflicto de mayor envergadura, la producción podrá mantenerse.

* Jack Watling es investigador senior de guerra terrestre en el think-tank Royal United Services Institute.

Traducción de Francisco de Zárate

Parece dibujado y definido para aplicarlo a la actual situación que atraviesa Catalunya, y a la posición adoptada por ciertos políticos y colectivos que con su actitud poco reflexiva y errática, más parece que estén en el proceso de visiones que de escuchar la razón. Lo ocurrido en las últimas horas en el Parlament así lo indica, mucho más analizando la posición de su “supuesto” President, Quim Torra. Los casos más representativos de esa sinrazón siguen haciendo de las suyas.

De una parte Carles Puigdemont que desde su atalaya de Waterloo más bien parece un Napoleón de tres al cuarto, que un President del siglo XXI. Los despropósitos que va haciendo en el Parlamento Europea son de récord. Que si me apunto a los verdes, pero retiro la petición porque sé que no me van a admitir, que si saco cartelitos como un veinteañero, etc.

También su sucesor Torra, puesto a dedo al más puro estilo de la Roma imperial, aunque con menos bagaje político le imita en eso de dar continuamente bandazos. Lo ocurrido en los últimos tiempos indica hasta donde ambos han perdido la razón. Pero el problema más preocupante no es que existan dos President, el real y el ficticio, que están metidos en un constante esperpento creando desasosiego a la ciudadanía de allí y de aquí, sino que les sigan un sector de la sociedad catalana absolutamente radicalizado.

Da la sensación de que no son ellos quienes lideran sino muy al contrario, van como borreguitos detrás de quienes les marcan el camino, en especial los sectores más radicales, Junts per Catalunya, CUP, CDR, ANV y Omnium. ¿Todos los personajes de esta comedia bufa son iguales? ¿Todos están afectados por el virus que intenta reflejar Goya en su grabado? Algunos sí como ya hemos analizado. Incluso en la otra orilla existen personajes como Casado, Abascal o Arrimadas que caminan por la misma senda de pérdida de la razón y camino al desvarío.

Pero afortunadamente para nuestros dos países comienzan a aparecer otros que o nunca la han perdido como Iceta, Sánchez e Iglesias, o la han recuperado a tiempo como Junqueras. Oriol Junqueras es un político formado y culto que no debería estar ya en la cárcel, especialmente porque alguien así resulta necesario en el sector independentista. Sus últimas reflexiones indican que otra política es posible desde esa orilla.

Gentes así son necesarias para Catalunya, pero especialmente son útiles para España, especialmente en un momento tan complejo como éste. Junqueras tiene ascendente sobre un sector importante del independentismo, especialmente ERC, que le escucha y respeta y es alguien con quienes gentes como Iceta, Asens, Sánchez e Iglesias se pueden y deben entender y acordar. Quizás el mejor resumen de sus propuestas que expresó hace mese en una entrevista que conviene releer, sea que la vía adecuada para resolver la crisis catalana es la del “diálogo, el acuerdo y el pacto”. O que el “ruido y la gesticulación no sirve para nada”, al tiempo que reiteraba la “obligación” de gobernar para “todos”.

Por último, Junqueras siempre ha rechazado cualquier expresión violenta y ha considerado un “error incomprensible” el creer que se puede conseguir algo con incidentes, en una clara descalificación a los CDR, CUP e incluso a sectores radicales de Junts per Catalunya. Leer reflexiones de este calado nos saca de la sensación de melancolía actual, e indica que otra manera de hacer política es posible en Catalunya.

Lo mejor que le puede pasar a ERC es consolidar la ruptura con Junts per Cat escenificada el pasado martes en el Parlament y volar autónomamente. Se puede y se debe despertar de ese sueño de la razón, que nos está produciendo monstruos. Junqueras junto a Iceta y Asens en Catalunya y con Pedro Sánchez y Pablo Iglesias desde España deben de aprovechar esta ocasión, fortalecer a las gentes sensatas y aislar a las radicales.

Para eso hace falta como ya se ha comentado en innumerables ocasiones, imaginación, buscando nuevas soluciones para viejos problemas, audacia en especial para sacarle de la cárcel y generosidad, dosis enormes de generosidad. Evitar por todos los medios imaginables un choque de consecuencias imprevisibles, entre dos trenes que ahora caminan por la misma vía uno hacia el otro a una velocidad de vértigo.

La dura confrontación Estado-Catalunya es la herencia de un problema sin resolver desde nuestra Transición: las tensiones centro-periferia. Quizás la existencia de ETA que obligaba a dirigir las miradas hacia Euskadi ignorando a Catalunya, haya tenido algo que ver con haber dejado pudrir la situación actual. Eso más una serie de errores del PP, comenzando por el movimiento que dio lugar a la sentencia del Tribunal Constitucional, contra un Estatut que gozaba de un apoyo casi unánime.

Porque desde la desaparición de ETA mientras en Catalunya la tensión aumenta, en Euskadi un PNV sensato y responsable está sacando el máximo rendimiento a sus 6 diputados, permitiendo la investidura de Pedro Sánchez y con toda probabilidad la aprobación de los presupuestos de este año.

Así la ciudadanía vasca se ve beneficiada, sólo tenemos que ver los últimos indicadores económicos, mientras la catalana resulta perjudicada. Una serie de interrogantes se abren ahora: ¿Realmente existe alguien capaz de evitar ese choque? ¿Cuáles serían las condiciones mínimas para evitarlo? ¿Cómo buscar una alternativa que satisfaga a la inmensa mayoría de la ciudadanía catalana, pero igualmente a la española? ¿Qué ocurrirá si nuevamente cerramos la herida en falso?

Quizás sería posible si se escuchara más a personajes de la talla de José Antonio Pérez Tapias, o Andrés Perelló. Especialmente el primero, que durante años ha teorizado sobre la necesidad de abrir un proceso constituyente, que nos lleve a un Estado Federal Plurinacional. Transformar España en una Nación de Naciones. Explorando también la vía del artículo 92 de nuestra Constitución, para poder satisfacer la demanda ajustada a derecho del “derecho a decidir”, que debiera ser uno de los derechos fundamentales en nuestro país.

Recordar que en su apartado 1 señala, “Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos”. Una interpretación flexible e inteligente podría dar lugar que ese “todos” se refiriera a “todos” los ciudadanos catalanes. ¿Por qué no? La clave aquí sería pues la palabra “consultivo”.

Para eso haría falta una gran dosis de generosidad por ambas partes, con el fin de lograr un amplio acuerdo que contemple el compromiso. De que si en esa consulta con arreglo a nuestra Constitución el resultado es favorable a la independencia, en un plazo razonable, que podría ser 5 años, se produjeran las correcciones necesarias para hacer un referéndum legal decisorio y si fuera negativo dejar zanjado el tema al menos por el mismo periodo de tiempo. Todo ello debiera ir acompañado de un nuevo pacto fiscal, que de alguna manera fuera equiparando Catalunya con Navarra y Euskadi.

En definitiva, como señalaba un desaparecido y lúcido Enrique Curiel, siempre preocupado por lo que pasaba en Euskadi y Catalunya, ser capaces de construir una “casa común” con diferentes pisos independientes, donde seamos capaces de sentirnos cómodos todos, vascos, catalanes, o andaluces. ¿Evitaría esto ese choque de trenes? Probablemente sí. Como dijo una lúcida Gemma Nierga al final de la manifestación contra el asesinato de Ernest Lluch, precisamente en Barcelona: “señores políticos ustedes que pueden dialoguen”. ¿Serán capaces de hacerlo hasta las últimas consecuencias?

La aparición de este actualizado Pedro Sánchez más el nuevo clima de entendimiento con Podemos, PNV, ERC e incluso con Bildu, puede favorecerlo. Sólo falta que en la otra orilla surja un personaje de peso que colabore con valentía. ¿Un nuevo y sensato Oriol Junqueras como Pere Aragonés, al menos mientras el primero sale de prisión? Igualmente en este nuevo escenario resultará imprescindible sustituir los actuales halcones de Junts per Catalunya por palomas.

Sensatez, diálogo, negociación, acuerdo transversal, imaginación, audacia, generosidad, unidad de las izquierdas, estatales y periféricas. Por estos conceptos y valores pasa la solución.

Veremos.

En los primeros días del pasado mes de octubre se pudo comprobar que la Declaración Unilateral de Independencia era un espejismo. Lo que parecía verosímil en la distancia, se desvanecía en la proximidad. El 21D hemos podido comprobar que el 155 CE no es menos espejismo que la DUI. La “vuelta a la normalidad” ha desaparecido en cuanto se han contado los votos.

La DUI y el 155 CE son la expresión de la QUIEBRA DE LA CONSTITUCIÓN TERRITORIAL DE 1978. Son las dos caras de la misma moneda. Todo viene de aquí. Sin Constitución hay desorden. Mejor dicho: no puede no haber desorden. Esto es lo que diferencia a un país democráticamente constituido de otro que no lo está. Sin democracia no hay constitución. Con democracia no puede no haberla. Y cuando la constitución quiebra, el resultado es el desorden.

En España nos hemos quedado sin constitución territorial. La constitución territorial de 1978 se hizo básicamente para resolver la integración de Catalunya en el Estado. Lo demás vendría por añadidura. Porque el problema de la constitución territorial de España se llama Catalunya.

Para dar respuesta a ese problema se diseñó la fórmula constitucional del 78: el Pacto entre el Parlament y las Cortes Generales y la ratificación de dicho pacto por los ciudadanos de Catalunya en referéndum. Pacto+Referéndum. Esa es la constitución territorial. No los artículos del Título VIII y los artículos del Estatuto, que lo ciudadanos no los han leído ni los van a leer y que la mayor parte de ellos no sabrían cómo interpretar. Lo que sí saben los ciudadanos es que sus representantes han pactado con los representantes de todos los ciudadanos del Estado un texto y que han ratificado dicho texto en referéndum. Y el resultado de ese pacto y de ese referéndum no puede ser desconocido.

Esta constitución territorial entró en quiebra con la STC 31/2010. El Tribunal Constitucional desautorizó el pacto entre el Parlament y las Cortes Generales y desconoció el resultado del referéndum, condenando de esta manera a Catalunya al DESORDEN. Los ciudadanos de Catalunya no pueden reconocerse en un “bloque de la constitucionalidad” que no es el que pactaron sus representantes con los representantes de los ciudadanos del resto del Estado y que ellos aprobaron en referéndum. Y un “bloque de constitucionalidad” sin adhesión ciudadana es estéril. La vida política en Catalunya desde 2010 es desordenada y estéril.

Y con desorden y esterilidad en Catalunya hay desorden y esterilidad en el conjunto del Estado. Si Catalunya no puede autogobernarse democráticamente, España tampoco puede hacerlo. Esto lo sabían los constituyentes de 1978 y por eso diseñaron la constitución territorial de la forma en que lo hicieron.

Y avisaron de que del éxito de dicha constitución territorial dependería el éxito de la Constitución. En la sesión de 5 de mayo de 1978 en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, al iniciarse el debate constituyente y hacer la valoración de conjunto del Proyecto de Constitución, todos los portavoces de los grupos parlamentarios en ese debate, Felipe González, Fraga Iribarne, Miguel Herrero, Tierno Galván, Miquel Roca… coincidieron en que la Constitución de 1978 sería juzgada por el éxito o el fracaso que tuviera su constitución territorial.

El éxito fue inequívoco hasta 2010. En ese año Catalunya se quedó sin constitución territorial. Y al quedarse sin Constitución Catalunya, nos hemos quedado sin Constitución todos.

Esta es la naturaleza del problema con el que tenemos que enfrentarnos. Estamos instalados en el desorden y en la esterilidad. No solamente en Catalunya sino en toda España.

Y del desorden y la esterilidad únicamente se puede salir, democráticamente, con una Reforma de la Constitución, que, en lo que a la constitución territorial se refiere, exige una nueva Constitución. No es posible recuperar la fórmula de 1978. La Constitución tiene que definir la estructura del Estado. No basta con que la Constitución remita a los Estatutos de Autonomía, como ocurrió en 1978. Tiene que ser la propia definición la que defina la constitución territorial.

Esto se llama Constitución Federal.

En cierta ocasión, un pedagogo afirmó que en demasiadas ocasiones se defiende el diálogo con el monólogo. Esto, quizás, es lo que está ocurriendo en Catalunya. Las unilateralidades, la direcciones en un único sentido, la falta de transversalidad provocan un escenario político de confrontación nada aleccionador para la ciudadanía. A los y las socialistas, no nos gustan los bloques, ni la separación artificial entre constitucionalistas o no constitucionalistas. Nos gustan los pactos; pactos para la convivencia, pactos para el progreso, pactos para un futuro mejor.

Cuando el diálogo político se rompe es preciso que la ciudadanía decida de nuevo mediante procesos electorales. Por ello, desde el PSOE y del PSC insistentemente hemos apremiado a la convocatoria electoral. Se vencieron las resistencias y el 21 de diciembre, la ciudadanía catalana tomará decisiones sobre su futuro. Pero con el 21D no se termina la crisis catalana.

Los resultados electorales nos expondrán la voluntad de la ciudadanía catalana sobre cómo quieren construir su país. Los socialistas tenemos anhelos fundados en que la ciudadanía catalana apueste mayoritariamente por vías federales. Unas vías que hablan de un proyecto común pero diverso de España en un horizonte europeo, también federal. Deseamos unas elecciones que conduzcan hacia un Gobierno catalán dialogante, amable e integrador. Es decir, otro Gobierno diferente al anterior. Esa es la apuesta que realizan nuestros compañeros catalanes.

Y desde el PSOE tenderemos la mano a aquel Gobierno resultante de las elecciones que apueste por el diálogo. Nuestra mano tendida se encuentra en la propuesta de Reforma Constitucional. Una propuesta que desde hace tiempo venimos proclamando. Consideramos que es un buen momento para renovar el pacto constitucional desde su reforma. Abordando el ordenamiento territorial de España. Y, ¿por qué no?, también el modelo social desde un pacto de rentas y desde una redistribución de la riqueza más justa. Porque el PSOE quiere hablar de España, quiere compartir su modelo y quiere escuchar qué otros modelos se plantean.

El llamado Estado de la Autonomías creado en el contexto histórico que fue la Transición ha dado buenos frutos en estos 40 años. La mochila adquirida no se puede arrojar por el sumidero pero es conveniente adecuarla y reformarla. Adecuarla al proceso constituyente que supuso la Unión Europea, a los nuevos tiempos sociales y también a una nueva ordenación territorial. Una ordenación territorial de corte federal, nítida, concisa, en cuanto al reparto competencial. También cooperadora entre Comunidades Autónomas y Administración Central. Abierta a la singularidad de los territorios desde el reconocimiento de la plurinacionalidad. Algo que la Constitución del 78 no pudo hacer por los momentos históricos de los que se partía. Todos y todas somos personas de nuestro tiempo y los constitucionalistas lo fueron del suyo.

Tras el último Congreso del PSOE, con proceso de primarias incluido, consolidamos nuestro compromiso como alternativa de izquierdas con vocación de Estado; de Estado demócrata y social. “Somos la izquierda”. Desde ese espacio, asistimos con preocupación a la desorientación de Podemos. Es tal su desorientación que ni siquiera son capaces de participar en la reforma constitucional. Quizás porque participar implica tener un proyecto para España del que carecen en la actualidad. Como algunos dirigentes señeros de Podemos afean a su líder: No basta con sumar espacios de protesta, es necesario sumar positivamente desde un proyecto común de España. Que dejen de obsesionarse por atacar al PSOE y caminemos todos a trabajar por una España al servicio de los ciudadanos/as.

Final y honestamente, en el proceso de Catalunya hemos actuado desde la convicción de nuestros principios y valores arriba declarados; sin esperar nada a cambio. Nuestro lógica no es judicial, es política y democrática desde el respeto a la legalidad.

Tanto el PSOE, como alternativa real al Gobierno del PP, como el PSC, como partido del catalanismo cívico, tenemos mucho por decir. Queda mucho por escribir. El 21D se abre un nuevo escenario para fortalecer espacios comunes y reencuentros. En ese escenario al que aspiramos, que nadie dude que seremos agentes facilitadores, nunca rémoras. La opción del socialismo es una opción de esperanza en el futuro.

Esta semana conocíamos el veto por parte del PP en el Senado a una propuesta realizada por Compromís para prohibir el fracking en España. La votación se llevó a cabo en la Comisión de Medio Ambiente, de la que es vocal el senador por Cantabria del PP Javier Fernández, exconsejero de Medio Ambiente durante el Gobierno de Ignacio Diego.

Durante los años que ocupó dicho puesto, Javier Fernández fue uno de los redactores de la Ley Antifracking de Cantabria, posteriormente tumbada por el Tribunal Constitucional por invasión de competencias estatales, a petición del propio PP. El exconsejero se ausentó de la votación, no siendo capaz de defender su postura contraria a esta práctica. Ya en 2013 los senadores cántabros del PP habían votado a favor de la realización del fracking en España, pese a mostrarse como férreos adversarios del mismo en Cantabria.

La mayor parte de reacciones que hasta ahora ha suscitado dicha votación se centran en la incoherencia de los senadores populares y en su falta de voluntad y compromiso con la defensa de los intereses de Cantabria en Madrid. Desde luego, no seré yo quien niegue este punto de vista, pues es evidente. Los dos grandes partidos estatales llevan décadas mostrando su falta de compromiso con esta tierra. Sin embargo, pienso que debemos dar un paso más en las conclusiones a extraer.

Debemos de preguntarnos por qué al PP le resulta tan fácil votar en Madrid en un sentido opuesto a su postura en Cantabria. Por el amplio consenso existente en la sociedad cántabra contra la fractura hidráulica, el anterior Ejecutivo tuvo que desarrollar una Ley autonómica que prohibía la práctica del fracking en nuestra tierra.

Su desarrollo y su aprobación supusieron legitimar al PP cántabro, frente a la postura favorable al fracking del exministro de Industria José Manuel Soria. Sin embargo, a petición del propio PP, el Tribunal Constitucional anuló esta norma considerando que invadía competencias estatales al vulnerar la Ley del Sector de Hidrocarburos, según la cual, corresponde a la Administración General del Estado otorgar las autorizaciones y permisos relativos a hidrocarburos cuando afecte al ámbito de más de una Comunidad y en las zonas de subsuelo marino.

Es decir, que la razón última de la reiterada actitud del PP se debe a que los cántabros carecemos de los mecanismos necesarios para decidir sobre lo que queremos o no queremos que hagan con nuestro territorio.

Desde Podemos, tenemos la capacidad, la legitimidad y la potencia mediática suficiente como para, teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, poner encima de la mesa el verdadero debate que subyace a esta noticia: el déficit de capacidad de decisión del pueblo cántabro.

La incoherencia del PP tiene que ser denunciada. Pero el statu quo territorial que permite que se pueda llevar a cabo esa práctica incoherente, también. Por lo tanto, es hora de plantearnos el modelo territorial del Estado y el papel de Cantabria en el mismo. De discutir sobre la vigencia del actual modelo autonómico y la necesidad de repensarlo y avanzar hacia un modelo realmente federal. Y de debatir también sobre qué actores políticos y al servicio de qué intereses se benefician del modelo actual.

A Miguel Ángel Revilla y el regionalismo hegemónico que él representa dentro de su partido le conviene perpetuar el statu quo territorial basado en una descentralización no federalizada que provoca que pensemos la política cántabra en una eterna lógica de relación -de dependencia- con Madrid. Así, puede continuar mostrándose como el único actor capaz de defender los intereses de Cantabria dentro de este marco, jugando el papel de mediador entre el pueblo cántabro y el Estado central.

Durante el ciclo corto electoral, especialmente en las primeras elecciones generales, desde Podemos Cantabria optamos por disputar esta idea. En gran medida para atraer a votantes regionalistas desencantados con la práctica política del PP y el PSOE en relación con las demandas territoriales de Cantabria. Sin embargo, pasado el periodo electoral, nos toca ser protagonistas e impulsores del debate territorial y cómo queremos que sea la inserción de Cantabria en el conjunto del Estado.

Nos toca pensar en una auténtica federalización de España y el papel que desde Cantabria queremos jugar en la misma. Federalización que no tiene que ver con el actual modelo de Estado unitario descentralizado que genera las lógicas de dependencia “provincialistas” descritas anteriormente, de las que tanto se aprovechan personas como Revilla, sino con la construcción de un modelo desde los diferentes constituyentes libres que se asocien en una federación.

Un modelo federal que desborde los márgenes clientelares del Régimen del 78, en el que las competencias de los diferentes entes federados y las del Estado federal se delimiten y diferencien claramente, quedando explícitamente reflejadas tanto en la Constitución federal como en la de cada uno de los entes federados, desarrolladas y aprobadas sin la participación del Estado federal en el proceso. Un Estado en el que exista un Senado federal que represente los intereses de los territorios federados y en el que se garantice la participación de estos en la reforma de la Constitución federal.

En este modelo Cantabria debería ser, si así lo queremos los cántabros y las cántabras, una de las partes federadas. Con nuestra propia Constitución, elaborada y aprobada aquí, en la que quedaran claras nuestras competencias. Con la autonomía financiera necesaria como para desarrollarnos como pueblo. Y con la asunción del principio de lealtad federal para contribuir en el desarrollo del conjunto.

Si nos seguimos quedando en la superficie del problema, seguiremos alimentando los monstruos producto de las fallas del actual modelo autonómico. Demos un paso adelante, sentémonos y debatamos qué organización territorial queremos en España y cómo queremos insertarnos en ella desde Cantabria.

1. Definamos federalismo

De manera casi telegráfica, federalismo es un pacto libremente establecido entre distintos entes territoriales para conformar un Estado basado en la conciliación del autogobierno de las partes con un gobierno compartido. Podemos añadir que un Estado es federal cuando cumple tres requisitos. El primero de ellos es la convivencia del principio de jerarquía normativa (constitución, ley, reglamento) con el principio horizontal de competencia. Federal es, en suma, aquel Estado cuyas competencias se distribuyen entre varios Estados federados y un Estado federal. La distribución de competencias, por supuesto, se hace en la constitución federal. Valen cláusulas que permitan la transferencia de competencias de un nivel a otro como en Alemania, valen también cláusulas como la norteamericana que atribuye al nivel federado todo lo no expresamente atribuido al nivel federal en la constitución. Lo que no vale es un modelo como el establecido en los artículos 148 y 149 de la Constitución española de 1978 que, por ejemplo, atribuye a las comunidades autónomas la competencia en educación, al tiempo que permite la pervivencia de un Ministerio de Educación con un presupuesto superior a los 3.000 millones de euros para este año.

La segunda línea maestra del federalismo es la llamada separación vertical de poderes, que implica que cada Estado federado tiene poder legislativo, ejecutivo y judicial propios y distintos del gobierno, el parlamento y la justicia federal. De otra forma vista, la separación vertical de poderes significa que los Estados federados tienen constituciones (no cartas otorgadas, no leyes orgánicas, no estatutos de autonomía) aprobadas en referéndum, sin intervención del nivel federal y sometidas a cláusulas de reforma recíprocas a las de la constitución común. Estas constituciones tienen por supuesto la capacidad de organizar la administración territorial interna. No se entendería, por ejemplo, que la constitución federal impusiera –como hace la española de 1978– la provincia como forma de organización supramunicipal. No es de recibo en un modelo federal que persistan –como sucede en la España autonómica– hasta cinco planos administrativos (diputaciones, diputaciones forales, regiones forales, nacionalidades históricas, comunidades autónomas...) entre el municipio y el Estado central.

Y la tercera, pero no la menos importante de las líneas maestras, es la hacienda propia de cada Estado federado. Haciendas que expresan su autonomía financiera y que son soporte y garantía de sus políticas públicas. Muy lejos del modelo de financiación autonómica español, es imprescindible saber cuánto aporta cada estado miembro al estado común y cuánto recibe. Es imprescindible que cada Estado establezca y recaude sus impuestos y contribuya a la financiación común de acuerdo con su capacidad y según su necesidad. Lo insostenible es un modelo como el español que atribuye a Madrid un PIB superior al andaluz, tendencialmente igual al catalán y falsamente formado por la contabilización central de recursos generados en la periferia. Un ejemplo: todo el valor añadido generado en el puerto de Algeciras es contabilizado en Madrid. Otro: lo producido por 27 de las 35 empresas del IBEX es contabilizado en Madrid.

2. La peculiaridad española

Tal vez un cuarto requisito del federalismo sea la clara determinación de los sujetos firmantes del pacto federal. Aquí aparece la peculiaridad española: las actuales 17 comunidades autónomas no pueden ni quieren con la misma intensidad ser sujetos del pacto federal. Empezando por Madrid, siguiendo por las pequeñas uniprovinciales, parece claro que no hablamos de la misma vocación política de autogobierno que si hablamos de Cataluña o Euskadi.

Tres soluciones se apuntan: la primera consistiría en reconocer la naturaleza plurinacional del Estado español y permitir la convivencia de Estados nominales que carezcan de norma constitucional propia, sólo sometidos a la constitución federal, con otros que sí la tengan y se encuentren sujetos a las dos. La segunda, más compleja, consistiría en reducir el número de unidades federadas, por ejemplo, incorporando las uniprovinciales a otras o forzando la aparición de una sola Castilla como sujeto de un pacto federal. La tercera y peor, mezcla sucedánea de las dos anteriores, sería el falso federalismo: una reforma constitucional para “federalizar” las autonomías que ya existen, maquillar el Senado y, por supuesto, incluir una mención especial a Cataluña. Dado que Euskadi y Navarra ya tienen sus haciendas propias y sus “menciones especiales”, la cosa quedaría así: el actual estado autonómico con todos sus anacronismos y disfunciones, más un pacto entre nacionalidades históricas y el resto de España, incluída en el resto Andalucía.

3. El patrimonio constitucional andaluz

Sea cuál sea la solución después del 20D, dos cosas deben quedar claras. La primera es que, por una vez en la historia, los andaluces para autoorganizarnos no tenemos que resolver el puzzle español. Nos basta con reivindicar nuestra posición constitucional. No tenemos que remontarnos a Tartessos, ni a Abderramán I, somos pueblo en el sentido constitucional de la palabra. Y lo segundo que debe quedar claro es que Andalucía es la única comunidad autónoma que ha ejercido su derecho a decidir y que ha expresado su vocación de autogobierno. El 4 de diciembre de 1977, millón y medio de andaluces salieron a la calle para exigir igual trato en la futura constitución española. Ese día, Andalucía reivindicaba lo que hoy llamaríamos su “derecho a decidir”: quería ser como la que más –no como las demás, sino como la que más–.

Esta movilización ciudadana sin precedentes torció el rumbo constituyente: en la nueva constitución habría nacionalidades y habría regiones (artículo 2), pero habría también una cláusula constitucional –el artículo 151–, infame en sus exigencias, pero que permitía la conversión en nacionalidad de lo proyectado como región.  Y por segunda vez, las campanas de la historia sonaron aquí, porque el 28 de febrero de 1980, a pesar de la campaña del gobierno, el pueblo andaluz no sólo fue el único del Estado español que utilizaba la cláusula infame, sino que además ganaba la autonomía plena en referéndum. El 4D Andalucía reivindicó su derecho a decidir, el 28F lo ejerció.

El 4D de nuestros padres se parece mucho al 15M de nuestros hijos: un golpe en la mesa que fue capaz de modificar los cimientos del Estado que pretendían diseñar unos pocos de espaldas a la gente. Del 4D nació Andalucía como unidad política federable, del 15M nació Podemos como instrumento de empoderamiento ciudadano. La Andalucía del 4D y el 28F es parte del patrimonio constitucional ciudadano que Podemos ha heredado y que transferirá al proceso constituyente. Entre otras cosas, porque eso significa Podemos Andalucía, la unión de dos palabras de tamaño histórico.

“Mi nacionalismo, antes que andaluz, es humano. Creo que, por el nacimiento, la naturaleza señala a los Soldados de la Vida el lugar en donde han de luchar por ella. Yo quiero trabajar por la causa del espíritu en Andalucía, porque en ella nací. Si en otra parte me encontrare, me esforzaría por esta causa con igual fervor”.

Estas palabras de Blas Infante podrían ser un buen resumen de la posición de Podemos respecto a la articulación territorial de España. No hablamos de lucha, pero sí de defensa de las identidades territoriales y nacionales. No podemos negar que estamos en un estado plurinacional, en el que es cierto que compartimos muchos lazos históricos. Aunque la justificación historicista nos podría llevar a establecer lazos similares con Portugal o con el sur de Italia, sin que a nadie se le ocurriera poner en duda su nacionalidad.

En España hemos sufrido durante 40 años el rodillo nacional-centralista de una dictadura que impuso un modelo en el que todo el Estado español debía ser igual: tener una misma lengua, una misma cultura, una misma identidad.

Lo malo es que muchos han llegado a interiorizar ese discurso y hacerlo suyo. Y no me refiero solo a la derecha, también desde la izquierda se alzan voces centralistas a las que les cuesta reconocer la diversidad del Estado español, en lugar de contemplarla como un legado de riqueza cultural.

De ahí que surjan esos “Soldados de la Vida”, de los que hablaba Blas Infante, que se lanzan a la defensa de esa identidad nacional propia, frente a la agresión de lo externo.

Permítanme que recurra a esa metáfora del Padre de la Patria Andaluza, pero no me tomen al pie de la letra. No estamos defendiendo en ningún caso el uso de la violencia en la defensa de la identidad territorial o nacional de una comunidad.

Andalucía es un caso particular dentro del debate sobre el nacionalismo en España. Muy diferente del nacionalismo catalán, vasco o gallego. Porque aquí, todos y todas nos sentimos profundamente andaluces. Está tan grabado a fuego en nuestra cultura que nadie lo pone en duda. Lo damos por hecho, y, por tanto, el debate no está tan marcado como en otros territorios.

De hecho, cuando desde las instituciones quisieron quitarnos el nivel de autonomía que nos correspondía, los andaluces y andaluzas salimos a la calle el cuatro de diciembre para reclamar el ahora tan en boga derecho a decidir.

Unos sucesos en los que no podemos dejar de recordar el desgraciado incidente que le costó la vida a mi paisano, Manuel José García Caparrós, muerto ese cuatro de diciembre de 1977 en una manifestación en defensa del autogobierno regional.

Una unidad popular que también tuvo su reflejo político en el Pacto de Antequera. Un acuerdo que firmaron el cuatro de diciembre de 1978 un total de 11 fuerzas políticas, comprometiéndose a lograr en el menor tiempo posible el mayor grado de autonomía. Un acuerdo sin parangón en el resto de las actuales comunidades autónomas.

Nuestra es la historia de Tartessos. Capitales como Córdoba o Itálica relumbraron en la Antigua Roma. Al-Andalus forjó su gran legado cultural y político. Sin olvidar que el Siglo de Oro, la Generación del 98 o la Generación del 27 tuvieron acento andaluz.

No olvidemos que la industrialización comenzó en Andalucía, hasta que la mala gestión de unos y los intereses políticos de otros nos dejaron a la cola del desarrollo. Y ahí seguimos.

Ese ha sido el precio que hemos tenido que pagar. Desde Madrid se ha tratado siempre de relegar a Andalucía a un segundo o tercer plano. Y no digamos de la lucha absurda abierta por Cataluña contra los andaluces. Una lucha en la que el PER suele ser un arma arrojadiza. Y no es que compartamos un modelo que a todas luces es un fracaso, pero que sí supone un importante impulso para las economías rurales, a falta de otras soluciones mejores. Pues el PER tiene un presupuesto de unos 200 millones de euros, más o menos lo mismo que le cuesta a Cataluña su televisión autonómica. Por no hablar de que para garantizar la continuidad de las inversiones de Volkswagen en España, el Gobierno va a tener que poner 1.500 millones de euros. Unas inversiones que irán a Navarra y Cataluña, las comunidades con más inversiones y más nivel de renta. Una relación a todas luces injusta, de la que nadie habla.

No se trata de abrir una lucha entre territorios, sino de mostrar el trato tan injusto y malintencionado que recibimos los andaluces y que, desgraciadamente, no ha contado con un gobierno que haya sabido ponerse en su sitio. Al final, a los andaluces nos siguen dejando las migajas y, encima, con programas ineficaces que nos siguen manteniendo en un segundo plano.

Los andaluces defendemos la unidad en la diversidad. Una frase que puede parecer extraña, pero que no lo es tanto. De hecho, ocurre en nuestra propia tierra. Las diferencias que existen entre la Andalucía oriental y la occidental, en acentos o tradiciones, no impiden que nos sintamos parte de un todo.

Para Podemos, la unidad plurinacional debe basarse en el reconocimiento de esa diversidad. Debemos avanzar hacia el estado federal al que tanto miedo se ha tenido en este país. Un miedo incompresible cuando estados federales, como la misma Alemania, otorga menos competencias a sus Lander que España a sus comunidades.

Los nacionalismos juegan con los sentimientos de la población, con esas ganas de ser Soldados de la Vida que luchan por lo suyo. Ahí debemos poner el acento, en no luchar contra nada, sino unir para sumar.

Este año me ha alegrado sobremanera que una de las películas que España ha preseleccionado para los Oscar sea vasca y esté rodada en euskera. Y mi reflexión fue: ¿por qué no ha ocurrido esto antes? Debemos impulsar un modelo de reconocimiento y aceptación de las diferencias nacionales en España como parte de nuestra riqueza común y no como algo que nos distancie. Y por supuesto, defender a Andalucía no como las demás, sino como la que más.

Espero que algún día en las series españolas, los criados y criadas dejen de tener acento andaluz. También que el señorito a caballo deje se ser una de las imágenes que tienen de nosotros más allá de Despeñaperros. Espero que la normalidad se imponga, y también la sensatez.

La historia debe recordarse para no repetir errores, y también para recordarnos que una vez fuimos grandes y que podemos volver a serlo. Cuando los andaluces nos empeñamos en algo, nadie nos puede parar. Y ahora tenemos la oportunidad de demostrarlo. Demostremos al mundo y a este Estado plurinacional que se puede abrir un debate sobre el modelo territorial, no para arrojar una cortina de humo sobre el escándalo del 3%, sino para traer concordia, progreso y justicia entre las diferentes naciones que componen España.

Nueva Canarias ha defendido este sábado la necesidad de abordar una “profunda reforma” de la Constitución, tras 37 años de vigencia de la misma. 

El presidente de los nacionalistas y portavoz parlamentario, Román Rodríguez. señala en un comunicado que en esta reforma debe avanzarse “hacia un Estado federal, así como incorporar a la Carta Magna los derechos sociales básicos y blindar el Régimen Económico y Fiscal (REF)”.

Para la formación nacionalista, habrá una oportunidad tras las próximas elecciones generales, con un Congreso de los Diputados “sin mayorías absolutas, más plural y en un marco en el que la mayoría de las formaciones políticas defiende abordar dicha reforma”.

El presidente de Nueva Canarias considera que es imprescindible “avanzar hacia un Estado federal, con más competencias de las comunidades autónomas; un federalismo asimétrico, de forma diferenciada en función de sus circunstancias geográficas, históricas, culturales, etc.”

Rodriguez plantea que la reforma incorpore los derechos ambientales y sociales básicos (educativos, sanitarios, dependencia…) a la Carta Magna, “evitando que su cumplimiento quede al albur de la interpretación de los gobiernos de turno”. En ese sentido, considera esencial la modificación del artículo 135 que da primacía al cumplimiento de la deuda y el déficit sobre los derechos sociales.

REF y Estatuto

En lo que respecta a Canarias, Román Rodríguez destaca la exigencia de la incorporación del REF al texto Constitucional. “Solo incluyéndolo en la Constitución es posible blindar tanto la parte fiscal como la económica –ayudas al transporte de pasajeros y mercancías, desalación de aguas, producción de energía, telecomunicaciones…- del REF”.

De lo contrario, asevera el líder de Nueva Canarias, “como hemos comprobado estos años, incluso con sentencias judiciales al respecto, no obligan a que los contenidos del REF sean tenidos en cuenta a la hora de elaborar los Presupuestos Generales del Estado (PGE); no siendo suficiente, tampoco, su inclusión en el Estatuto”.

NC defiende la ampliación del autogobierno pero ha sido “muy crítica” con la reforma estatutaria, a la que no apoyó en el Parlamento canario, por ser realizada “sin ningún debate social y en un momento político en el que no tiene posibilidades de prosperar”.

Por ello,  entiende que la tramitación del nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias debería postergarse hasta que se produzcan los cambios constitucionales. “De no hacerse así tendríamos un Estatuto completamente desfasado, no acorde con los nuevos tiempos y, por tanto, inoperativo”, concluye Román Rodríguez.

Los socialistas cierran filas sobre el proyecto de Estado Feberal en la reunión del Consejo de Política Federal, que ha reunido a los barones del partido en Sevilla para establecer las principales líneas de actuación de cara a las generales y exhibir su poder territorial. En el terreno del modelo del país, la reunión ha ratificado lo ya dicho en otras ocasiones: el PSOE quiere que España vaya hacia un Estado Federal y en esa línea encaminará una parte de la reforma de la Constitución que quiere poner sobre la mesa nacional.

El mantra que se ha repetido en la sala de prensa y en los pasillos ha sido el de “Proyecto Federal sí pero con los mismos derechos y libertades para todas las Comunidades Autónomas”. “¿Tensión?, ¿qué tensión?” declaraba uno de los presentes en relación al intercambio de declaraciones entre Susana Díaz y Pedro Sánchez esta última semana a cuenta del modelo de país.

Porque Susana Díaz y la federación andaluza han lanzado un aviso a Pedro Sánchez y a Ferraz esta semana: no va a haber proyecto federal sin la participación y voz de Andalucía. Aunque no se sabe si quiso frenar los brotes de desacuerdo en este punto antes de que surgieran o la federación andaluza había vislumbrado algún problema previo con alguna federación autonómica en concreto. Aún así, Pedro Sánchez le contestó calmando los ánimos de la presidenta andaluza antes de llegar a la reunión y asegurando que “no tenía nada de lo que preocuparse”.

El espíritu de Granada

Así que los deberes ya estaban suficientemente hechos antes de dar el sí definitivo a este capítulo en Sevilla. Y el resultado no es otro que el que se lleva gestando desde hace algo más de dos años en el seno del partido, cuando Griñán puso sobre la mesa una propuesta federal elaborada por la Fundación Alfonso Perales. Fue durante las reuniones sobre el problema de Cataluña entre Mariano Rajoy y Artur Mas, presidente de la Generalitat, cuando los socialistas andaluces vieron la posibilidad de que se decidieran cambios en el modelo territorial de forma bilateral y sin contar con todas las regiones.

Ese renovado espíritu federal, muy inspirado en las recurrentes aspiraciones del 28F, se tradujo en una Declaración de Granada firmada en julio de 2013, poco antes de que Susana Díaz fuera investida presidenta de Andalucía por primera vez en relevo de Griñán.

El que fuera presidente andaluz buscaba convertir a la región en la llave para abrir la puerta a un modelo de Estado que apaciguase las tensiones entre el nacionalismo y el centralismo con términos como igualdad, solidaridad y respeto a la diversidad. Los mismos términos que este lunes se han utilizado en el Consejo y que han recalcaldo tanto Susana Díaz como Pedro Sánchez en sus intervenciones públicas, y que casan con ese afán por “la centralidad” que exhiben los socialistas para distinguirse de la “insensibilidad” de la derecha y de la “irresponsbilidad”, a su juicio, de formaciones como Podemos.

Pedro Sánchez ha asegurado que “el PSOE siempre ha defendido la unidad de España en todos los territorios, incluido Cataluña” y que la reforma constitucional que propone pretende “garantizar la mejor articulación de esa unidad ”. Susana Díaz, por su parte, ha definido la unidad del país como “el terreno donde el PSOE se siente cómodo”. Ambos han invocado la Declaración del Granada como hoja de ruta en este tema donde la “igualdad y la unidad son elementos irrenunciables”, insiste Díaz.

En ese concepto de igualdad entre territorios, ambos han mencionado el asunto de la financiación autonómica “totalmente injusta”

Ante la crisis del Estado autonómico surgen dos respuestas, la federal del Partido Socialista y la plurinacional de Podemos.

Ante tal disyuntiva, resulta preciso aclarar, mediante un examen comparado, cómo se han plasmado federalismo y plurinacionalidad. Pero también insistir en que la decisión no es cuestión técnica, sino ciudadana y democrática.

Poco se ofrece si se habla sólo de federalismo o sólo de plurinacionalidad, aunque tampoco se añadiría mucho si se propone la conjugación de un federalismo plurinacional sin concretarse qué naciones concurren al mismo.

El singular sistema de autonomías territoriales en España hace aguas. Por una parte, hay dos Comunidades, el País Vasco y Cataluña, a las que les estallan las costuras sin tener a mano una sastrería, ni propia ni española, que sepa reajustarlas. Por otra, el conjunto de las autonomías sigue sin contar con un espacio de encuentro e interlocución. El Senado nació inútil y no hay a la vista otro foro intercomunitario capaz de mediar. El Tribunal Constitucional se ha incapacitado. La puntilla la ha dado la crisis por habérsele aprovechado para una recentralización cada vez más alejada del “derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones” proclamado por la Constitución.

El aprovechamiento se produce doblemente en direcciones contrarias, la ensimismada de “la gran nación” por supuesto española (Felipe VI de Castilla, V de Aragón y I de España dicit) y la insolidaria de “la unitat dels de casa” (con algo más de circunloquio, Artur Mas diu), compartiendo ambas efectos sensibles de exclusión aun en línea diversa. Como remedio por parte de posiciones no ventajistas, se ofrecen dos fórmulas, la del federalismo por el Partido Socialista Obrero Español y la de la plurinacionalidad por Podemos. Ambas miran al ajuste del autogobierno. La segunda reconoce la existencia interna de naciones por derecho propio no dependiente.

Comencemos advirtiendo que no se trata de planteamientos incompatibles, sino complementarios. Bastaría con mirar a un caso bien a la vista en el corazón de Europa, el de la Confederación Helvética, mal llamada Suiza. Se ha consolidado garantizando e institucionalizando una plurinacionalidad, aunque así no se le llame, sólo que de comunidades muy cerradas entre sí. Hacia esta dirección camina la Bélgica igualmente plurinacional, aunque tampoco se proclame tal. Otros federalismos europeos adolecen de una inferior capacidad para la asunción de plurinacionalidad. Los Países Bajos, mal llamados Holanda, no han integrado, por su diferencia religiosa, al Flandes católico, la actual población flamenca de Bélgica, con la que comparten lengua. Por sus métodos de incorporación sumamente autoritarios, la Alemania federal tiene hoy un radio político bastante inferior al que culturalmente aspiraba. Y en todo caso se trata, en ambos casos, el neerlandés y el alemán, de proyectos de integración monoculturales, esto es mononacionales, a través, eso sí, del federalismo. El Reino Unido de la Gran Bretaña no acaba de definir un modelo ni federal ni plurinacional.

La imagen imperante de lo que sea o deba ser el federalismo no se ha formado en Europa, sino en los Estados Unidos de América, por su sistema que nació incluso abierto a la incorporación de nuevos Estados bajo la fórmula constante de la federación. Pero es a su vez un federalismo que se origina y reproduce, no mediante la incorporación de comunidades plurales, sino de forma clónica y expansiva, sobre una base de homogeneidad cultural a efectos políticos entre la pluralidad de pueblos indígenas, población afrodescendiente, territorios anexionados (parte del mexicanos y otros no contiguos: Alaska, Hawai, Puesto Rico, algunas de las Islas Vírgenes, Guam…) e inmigraciones varias desigualmente integradas en la ciudadanía. Con la reducción a reservas de los pueblos indígenas resistentes al exterminio, se trata de un federalismo que nació y se mantiene como forma de colonialismo. Lo es de fuerte presencia plurinacional, pero de no menos enérgica vocación mononacional, pese a todos sus problemáticos acomodamientos, inclusive el de la autonomía constitucional de un centenar de pueblos indígenas.

Por lo general, el federalismo por las Américas tuvo y mantiene la función colonial de reproducción interna de Estados, con este u otro nombre, para el dominio del territorio. No son excepción ni México ni Venezuela ni Brasil ni Argentina. Hay un caso de constitucionalismo de fondo plurinacional aunque así tampoco se reconozca. Es el de Canadá, que en cuanto tal se limita a la articulación entre matrices europeas, la anglófona y francófona, con postergación igualmente colonial de los respectivos pueblos indígenas. Y últimamente, entrándose en el nuevo milenio, se producen novedades de primer orden. Las actuales Constituciones del Ecuador y de Bolivia se declaran expresamente plurinacionales en función precisamente anticolonial, por consideración ante todo a la presencia de pueblos o naciones indígenas, unos pueblos o naciones que se consideran ahora como sujetos de un derecho constituyente a la propia autonomía. Concurre un derecho internacional, asumido en ambos casos, que hoy les reconoce el derecho a la libre determinación como fundamento del autogobierno.

La Constitución de Bolivia resulta la de mayor interés por hacer además el intento de articular dicho derecho de los pueblos indígenas y el acceso a la autonomía de las regiones o Departamentos, esto es, dicho al modo español y guardándose las distancias, por atender a un mismo tiempo el derecho de “las nacionalidades” y el de “las regiones” como supuestos de autonomía distintos entre sí en fundamento y en alcance. Nacionalidad también es denominación adoptada por la zona para los pueblos indígenas, aunque la diferencia con el uso español resulta relevante por causa del reconocimiento internacional y constitucional de su derecho de base a la libre determinación. Ahí está el reto, común con España, de la organización de autogobierno de nacionalidades y autonomía de regiones. Aquí, en nuestro caso, se viene en cambio eludiendo esa distinción de supuestos justamente marcada por la propia Constitución.

En el caso más desafiante del Estado Plurinacional de Bolivia, como así oficialmente ahora se identifica, la puesta en práctica no es alentadora. De forma incongruente, la autonomía departamental se sitúa por encima del autogobierno indígena y la misma resulta a su vez bastante inferior, por hacer la comparación, a las autonomías regionales en España. Y falta mediación para articular lo uno y otro, una mediación que sólo puede ofrecer el federalismo, si quiere decirse, asimétrico, justificadamente tal por haberse de distinguir, en la terminología española, entre nacionalidades y regiones. El federalismo con vocación de simetría, como a menudo se le predica en España, es el mononacional. En dicha línea, pese a su profesión de plurinacionalidad, la Constitución de Bolivia declara al Estado descentralizado, no federal. Y no se está allí acudiendo al federalismo para esa difícil articulación entre sujetos constituyentes de diverso derecho.

Existe un impedimento adicional para adoptarse en España modelos originarios de América. El derecho internacional reconoce hoy el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas como base del autogobierno. Naciones Unidas reconoce muchos en las Américas, pero uno solo por Europa, el pueblo saami, mal llamado lapón, que se extiende entre Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia, en esas antípodas europeas de España. Aquí, en España, no se cuenta con dicha base de derecho internacional para la distinción entre nacionalidades y regiones. Lo que se tiene es la evidencia y el reconocimiento de existencia de las primeras. El dato de la pluralidad constitutiva es común. Catalanes no son solamente “els de casa” ni nación es tan sólo España. Entre referencias federales y plurinacionales, reconozcamos que no contamos con modelos ni americanos ni europeos en los que mirarnos y a los que mirar. Tampoco la Unión Europea es un ejemplo. Se forma en exclusiva por Estados sin espacio apropiado para regiones, ya no digamos para nacionalidades.

Tenemos casos de federalismo no plurinacional y de plurinacionalidad no federal junto a singularidades ni federales ni plurinacionales como la española fallida. Ante la necesidad de reformularla, poco se ofrece si se habla sólo de federalismo o sólo de plurinacionalidad, aunque tampoco se añadiría mucho si se propone la conjugación de un federalismo plurinacional sin concretarse qué naciones concurren y cómo se articulan entre sí y con las regiones. No basta con el conjuro de la logomaquia. Si la referencia de la plurinacionalidad fuera Bolivia, podrá resultar peor el remedio que la enfermedad. Y no digamos de las referencias usuales para el federalismo.

Entre federalismo y plurinacionalidad, hay mucho que inventar, pero mejor que el invento no quede confiado a expertos o expertas en sus laboratorios a cubierto, en tribunal o en universidad, en fundación o en gabinete, ni a cúpulas de partidos hechas a políticas no participativas y al control de la representación. Que unos y otras participen en el debate, cómo no, pero no permitamos que monopolicen propuestas ni, aún menos, decisiones. Procedamos al aire libre. ¿Podemos? Mi palabra no es más que un voto. Y son muchos los votos necesarios para que la situación no siga degradándose.

El presidente nacional de Ciudadanos de Centro Democrático (CCD), Lorenzo Olarte, ha dado a conocer este sábado los objetivos y el programa de su nuevo partido con el que se propone conseguir “la refundación y la refundición” del centro y reformar la Constitución para crear un Estado federal asimétrico.

Según informa el partido en un comunicado, Olarte, en el acto de presentación de su nueva formación en Madrid, ha instado a que dejar de ser “súbditos para ser ciudadanos”, en recuerdo al fundador de Unión de Centro Democrático, el fallecido Adolfo Suárez.

Basándose en la tolerancia, progreso y consenso como valores primordiales, Olarte ha dicho que CCD tiene como fin “adecuar la política a la realidad de la vida”.

“Mi principal meta es conseguir la refundación y refundición total del centro, aportando mi experiencia política y sumándola a la madurez y juventud de los miembros de los órganos de gobierno de Ciudadanos de Centro Democrático (CCD)”, ha señalado Olarte.

El líder de esta nueva formación considera que deben atraer a los “dialogantes, mediadores, tolerantes, moderados, realistas, coherentes y de centro”.

Olarte ha presentado también las principales líneas programáticas del CCD, entre las que destaca una reforma constitucional “que nos lleve a un Estado federal asimétrico” y una nueva Ley Electoral “que garantice el principio de proporcionalidad y un sistema electoral con listas abiertas”.

También aboga por una “división real” de poderes; la responsabilidad subsidiaria de los partidos políticos, en el caso de que alguno de sus representantes con cargo público cometa un delito; y la transparencia política, con el depósito de los candidatos en el partido de su declaración de renta y bienes, que deberán actualizar anualmente si son electos, indica la nota.

El CCD propugna además, según ha explicado Lorenzo Olarte, una administración pública al servicio del ciudadano.