El Gobierno vasco destinará dos millones de euros a complementar el subsidio por desempleo de los trabajadores afectados por un ERTE como consecuencia de la guerra de Irán. La medida, en línea con la que se adoptó durante la crisis de la COVID-19, se acompaña de otros 100 millones para fomentar la contratación y se ha ratificado este martes en la Mesa de Diálogo Social, en la que se sienta el Gobierno vasco la patronal Confebask y los sindicatos CCOO y UGT -ELA y LAB no participan- y que ha celebrado su primer encuentro en lo que va de legislatura. La medida anunciada tras este encuentro se adelantó ya de hecho en la presentación del conjunto de medidas para mitigar los efectos de la guerra en la economía vasca el pasado mes de marzo, aunque ahora se ha ampliado algo los posibles trabajadores beneficiados, respecto al anuncio inicial.

En concreto, si en principio se anunció el complemento de los ERTE, de hasta 150 euros mensuales para personas con salarios por debajo de los 20.000 euros, la medida se ha ampliado para los afectados con bases de cotización inferiores o iguales a 23.000 euros y por un importe de 175 euros mensuales para personas con una jornada de trabajo superior al 50% y de 125 euros mensuales para quienes tengan una jornada inferior al 50%. “Se trata de apoyar a los trabajadores más vulnerables y con salarios más reducidos”, ha dicho el vicelehendakari Mikel Torres, siempre que provengan de sectores afectados por la guerra de Irán y que con el compromiso de que se mantenga el empleo. De forma paralela se activarán fórmulas de acceso a la contratación con discriminación positiva para desempleados y empresas afectadas por las consecuencias de la guerra por un importe máximo de 100 millones de euros.

En la reunión de este martes se han acordado también las bases de la futura Ley vasca de Participación Institucional, el avance en el desarrollo de un modelo propio de formación para personas trabajadoras y la creación de un grupo de trabajo sobre migraciones en el mercado laboral, según ha informado Torres. Respecto a la Ley de Participación Institucional, Torres ha resaltado que “consolidará el papel estructural del diálogo social en Euskadi”. “Estamos construyendo una arquitectura institucional más sólida, transparente y participativa, que sitúa el diálogo en el centro de la acción pública”, ha afirmado. Asimismo, ha destacado que esta ley abrirá un proceso de reflexión sobre el papel de sindicatos y organizaciones empresariales en el sistema democrático y económico vasco y de hecho, ha anunciado que habrá “discriminaciones” y consecuencias“ para los agentes sociales que no quieran participar en los órganos de dirección colegiada. ”Todos tienen el valor de poder participar y contribuir en el ámbito directo e institucional y está claro que aquellas personas u organizaciones que no quieran participar, no pueden tener el mismo beneficio de aquellas que sí participan en esos procesos“, ha indicado.

En concreto, se apunta que la norma regularía las diferentes formas de sustitución para el caso de que alguno de los agentes sociales no participe de forma efectiva o renuncie a su derecho de nombramiento, “evitando que se produzca un menoscabo de su capacidad de intervención en aquella parte que pudiese quedar infrarrepresentada”. Por último, se ha acordado que deberían quedar fuera de esa norma todas las estructuras actuales creadas para la canalización del diálogo directo entre los agentes sociales, como el Consejo de Relaciones Laborales y el Consejo Económico y Social.

Por último, la Mesa de Diálogo Social ha acordado crear un grupo de trabajo sobre migraciones en el mercado laboral vasco, orientado a anticipar retos y aprovechar oportunidades. “La migración es una realidad estructural que debemos gestionar con responsabilidad, garantizando procesos seguros, ordenados y respetuosos con los derechos humanos”, ha indicado el vicelehedakari. En este grupo de trabajo se analizará el papel de la migración laboral ante los retos demográficos y de empleo en Euskadi. Entre sus funciones estará el análisis continuo del impacto de la migración en el empleo, la identificación de necesidades de empresas y trabajadores, y la elaboración de propuestas para su traslado a la Mesa de Diálogo Social.

La gestión de las piscinas y centros deportivos municipales de Zaragoza continúa en una situación de “incertidumbre” tras el anuncio de la UTE Piscinas Zaragoza (Salzillo Servicios Integrales–Imesapi) de activar un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) que afectaría a 50 trabajadores, toda la plantilla de los centros Alberto Maestro y Palafox. La empresa justifica esta decisión en la finalización del contrato actual, prevista para el 30 de abril, y en la ausencia de licitación de los nuevos pliegos por parte del Ayuntamiento de Zaragoza. Sin embargo, el Consistorio emitió la semana pasada una orden de continuidad para garantizar la prestación del servicio.

Esta decisión no ha despejado el escenario laboral, sino que ha añadido más incertidumbre entre las partes implicadas. El delegado de personal de UGT en Piscinas Zaragoza, Víctor Escorza, explica que la empresa todavía no dispone de una comunicación oficial clara de esa orden de continuidad y que, por tanto, no ha descartado aún activar el ERTE que, según trasladó a la representación laboral, se plantea con una duración de hasta 12 meses. La empresa ha comunicado a fuentes sindicales que mantienen prevista la reunión del 14 de abril donde se comunicará la decisión.

La empresa ha avanzado que acudirá a la vía judicial contra esta decisión al considerar que el Ayuntamiento “se ha negado a actualizar los costes laborales” y por no haber sacado a licitación el contrato en los plazos oportunos.

El Ayuntamiento emitió la orden el pasado 1 de abril con el objetivo de garantizar la prestación del servicio en los centros deportivos afectados —entre ellos Alberto Maestro, Tenerías y Palafox— así como en varias piscinas de verano de la ciudad. Se trata de asegurar que las instalaciones sigan funcionando con normalidad mientras se culmina la nueva adjudicación de los contratos.

Sin embargo, esto no ha tranquilizado a los trabajadores. “Lo que hay ahora mismo es una incertidumbre total. La empresa no sabe exactamente cómo interpretar la orden de continuidad porque dice que no la tiene comunicada oficialmente en todos sus términos. Hemos tenido conversaciones en las que les hemos trasladado que el ERTE, tal y como estaba planteado, decaería con esta orden, pero siguen sin tener claro qué van a hacer”, señala Escorza. El representante sindical añade que la empresa está valorando distintos escenarios. “Están enfadados y están estudiando posibilidades. A día de hoy no saben si van a seguir adelante con el ERTE o si esto cambia completamente la situación”, afirma.

Escorza insiste en que, desde el punto de vista de la representación de los trabajadores, el expediente no tiene base suficiente en el nuevo contexto administrativo abierto por el Ayuntamiento. “Jurídicamente esto no tiene ni pies ni cabeza. Nosotros lo vamos a denunciar porque entendemos que este ERTE no estaría amparado en estas condiciones. La empresa dice lo contrario, que el Ayuntamiento no ha cumplido los plazos de la licitación y que por eso podrían seguir adelante, pero nosotros no lo compartimos”, sostiene.

El sindicato denuncia además que la plantilla se encuentra en una situación de inseguridad prolongada. “Estamos en medio de todo esto los trabajadores, que somos los que sufrimos la incertidumbre. No tenemos garantías de nada. El Ayuntamiento da por buena la orden de continuidad, pero a día de hoy no hay una comunicación cerrada ni una solución definitiva”, apunta Escorza.

UGT ha solicitado una audiencia con la consejería competente y advierte de que se emprenderán acciones legales si el ERTE finalmente se materializa en las condiciones actuales. Además, el sindicato recuerda que la empresa ha llegado a plantear la posibilidad de cerrar las instalaciones a partir del 1 de mayo si no se resuelve la situación contractual.

El Ayuntamiento, por su parte, defiende que la orden de continuidad responde a razones de interés público y a la necesidad de garantizar servicios esenciales, y asegura que permitirá mantener abiertos los centros mientras se tramitan los nuevos contratos. La orden establece que la continuidad del servicio se realizará bajo las mismas condiciones técnicas previstas en los pliegos del contrato vencido, y con los precios unitarios originalmente fijados, sin aplicar las bajas ofertadas por los adjudicatarios anteriores, y solo por las horas efectivamente trabajadas.

Según informó el Ayuntamiento, esta decisión responde “a la necesidad de garantizar que las instalaciones deportivas municipales continúen abiertas y funcionado con normalidad, ofreciendo seguridad, mantenimiento y atención adecuada a todas las personas usuarias”. La orden de continuidad se mantendrá hasta la entrada en vigor de los nuevos contratos, actualmente en tramitación, con el objetivo de asegurar la prestación de estos servicios públicos esenciales.

El comité de empresa de Ramondin Cápsulas, ubicada en la localidad alavesa de Laguardia, ha decidido denunciar a la compañía ante la Inspección de Trabajo por los “incumplimientos graves” de los acuerdos de la mesa de negociación del ERTE que está vigente desde el pasado 9 de febrero. También acudirán al Preco en el Consejo de Relaciones Laborales, que depende del Gobierno vasco. Fuentes sindicales han lamentado tener que recurrir a la vía judicial y administrativa, pero han recalcado que la “prioridad absoluta” es la defensa de las condiciones laborales de la plantilla y el cumplimiento estricto de la legalidad vigente y “los acuerdos alcanzados de buena fe”.

El conflicto surge apenas un mes después de que ambas partes llegaran a un preacuerdo que debía regir la actividad de la empresa hasta el 31 de julio de 2026, periodo en el que estará vigente el ERTE. En dicho documento se establecían una serie de garantías fundamentales y se establecían las secciones afectadas por el ERTE, prácticamente la totalidad de la plantilla, de 350 trabajadores, porque “no había carga de trabajo”. Sin embargo, las centrales denuncian que están trabajando con normalidad dos secciones que iban a parar, sin levantar por ello el ERTE, cuando lo que debe hacerse, “si empieza a haber carga de trabajo es levantar la regulación”. “No puedes aplicar la regulación a la carta”, denuncian.

Además, el acuerdo contempla que debe hacerse un preaviso de cuatro días laborables para las afectaciones y la creación de un calendario mensual; el compromiso de que la afectación fuera equitativa y solidaria, sin exceder en ningún caso el 40% de la jornada. Y en cuanto a los complementos salariales que debían alcanzar hasta el 80% del salario real diario a partir del día 21 de afectación, además del respeto íntegro a la antigüedad y las pagas extraordinarias. Por otra parte, se establecía la prohibición estricta de realizar horas extraordinarias, nuevas contrataciones o externalizaciones de funciones (subcontratas) durante la vigencia del expediente.

El ERTE, que la empresa planteó ante la caída del consumo del vino, ya que fabrica las cápsulas que van en los tapones de estas botellas, estará vigente hasta finales del mes de julio, y se está aplicando los jueves y viernes. El comité, compuesto por UGT, CCOO, ELA y LAB, espera que la empresa reconduzca la situación y cumpla los acuerdos.

Los empleados de la multinacional Sabic en Cartagena han protagonizado este miércoles una protesta masiva a las puertas de la factoría, donde han recibido entre abucheos al director de la empresa en Europa, Rütger Bosch. Los trabajadores, que piden transparencia sobre su futuro y la venta de los activos de la multinacional saudí a un fondo inversor alemán, han zarandeado el vehículo de Boch cuando accedía a la planta de La Aljorra.

El presidente del comité de empresa, Pascual Sánchez, ha denunciado que la reunión que han mantenido con el directivo europeo ha causado aún más incertidumbre y angustia a los empleados de la planta: “Hace doce días [Rütger Bosch] dijo que se había producido la venta a Mutares, que no sabían en qué fecha se iba a materializar, pero que el fruto de ese acuerdo era el cierre de la planta. Ahora dice que durante 2026 la planta seguirá siendo de Sabic, y que cuando llegue Mutares el año que viene no es seguro si cerrarán la planta”.

Sánchez ha recordado que el cese de producción ya ha sido comunicado a la autoridad laboral, por lo que considera este giro de Sabic una “tomadura de pelo” al comité de empresa y a los trabajadores: “Quieren mantener la producción este año y seguir ganando dinero para que después llegue un fondo buitre y nos cierre”.

El presidente del comité ha apuntado que evadir oficializar el cierre mientras la planta está en manos de Sabic podría ser una estrategia de la compañía para no tener que aplicar medidas sociales que palíen los despidos: “Lo primero que le hemos pedido al director europeo es que queremos negociar con la central en Holanda las medidas sociales. Por mucho que digan que no son ellos las que las van a ejecutar, tienen que hacerse responsables”, ha exigido. “Queremos un asesoramiento legal de calidad pagado por Sabic y elegido por nosotros para poder hacer un seguimiento de este proceso”, ha añadido.

De no cumplirse las peticiones de los trabajadores, ejecutarán un calendario de paros de producción: “Vamos a parar la producción y hasta que no tengamos una respuesta clara y una negociación clara que salve a las personas, no vamos a seguir trabajando”, ha anunciado. “No vamos a seguir produciendo mientras ultiman sus instalaciones en Arabia, para que acto seguido nos despidan cuando estén terminadas”, ha apuntado Sánchez.

“No podemos permitir que en Cartagena se nos esté engañando para que sigamos trabajando y que cuando llegue el 1 de enero directamente nos cierren y nos echen a la calle”, ha insistido.

3.500 empleos directos e indirectos

El desmontaje y la deslocalización han sido procesos que CCOO describe como “paulatinos pero constantes”. En 2019 había cuatro plantas en las instalaciones de La Aljorra que daban empleo a 800 personas. La primera planta que se cerró fue la de Ultem, en 2020, con un ERE que supuso el despido de 76 trabajadores. En 2023 se anunció el cierre de la planta de Lexan 2, tras dos ERTES con 112 despidos. En la actualidad sobreviven dos plantas que dan empleo a 500 personas de plantilla directa -350 de ellos, en Lexan 1-. Por otro lado, decenas de empresas auxiliares suman otros 3.000 puestos de trabajo, considerando el empleo indirecto y el inducido.

La dirección de SABIC ha anunciado este mes de enero el cierre de la planta Lexan 1 tras la compra de la factoría por el fondo de inversión alemán Mutares. Tal y como describe CCOO, el grupo inversor “no ofrece ninguna confianza ni seguridad de continuidad en la producción ni a medio ni a corto plazo”. Dicha planta está dedicada específicamente a la fabricación de resinas de policarbonato de alto rendimiento, un material clave para diversas industrias.

CCOO ha hecho un llamamiento a todas las administraciones para que eviten el cierre de la planta y los despidos que ello conllevaría: “Ni la comarca de Cartagena ni la Región de Murcia pueden permitir la desaparición de uno de los pilares fundamentales de la economía industrial”.

El comité de empresa de Sabic ha anunciado un calendario de movilizaciones en Cartagena contra el desmantelamiento de Lexan 1, una de las dos plantas industriales de fabricación de plásticos en la diputación de La Aljorra, empezando con una manifestación el próximo 3 de febrero hasta la Asamblea Regional. Ni la fecha ni el itinerario son casualidad, ya que ese día se conmemora el 34 aniversario el asalto al Parlamento regional a causa del decaimiento del tejido industrial de Cartagena en los años 90.

A la manifestación del próximo día 3 de febrero le seguirá el 5 de febrero una moción de apoyo de los grupos con representación en la Cámara autonómica. Mientras, la próxima semana los representantes de la plantilla se reunirán con PP, PSOE y Sumar: “En principio sí que estamos teniendo mucho apoyo de las fuerzas políticas”, ha explicado Pascual Sánchez, presidente del comité de empresa.

“Aunque la compañía ha anunciado el cierre de una planta, todavía no estamos ni en un periodo de consulta. Este proceso de venta se va a alargar a lo largo de meses”, ha abundado Sánchez, que ha lamentado que “la incertidumbre y la falta de información hace que la plantilla esté en una situación alterada, nerviosa, muchos de ellos saben que van a acabar en el paro”.

“Llevamos seis años sufriendo un proceso de desmantelación, de salida de la industria hacia el exterior. Hemos visto cómo nuestra propia compañía instalaba capacidad productiva en China y Arabia y, simultáneamente, cerraba planta aquí. Esto ha culminado con un anuncio de cierre no inmediato”, ha descrito el presidente del comité de empresa.

“Durante años hemos puesto de manifiesto la falta de leyes que protejan el producto fabricado en Europa frente al que está viniendo de Asia y el Pacífico, que tiene unos estándares de calidad, seguridad, higiene y medio ambiente mucho más bajos, pero que entran a un precio mucho menor”.

3.500 empleos directos e indirectos

El desmontaje y la deslocalización han sido procesos que CCOO describe como “paulatinos pero constantes”. En 2019 había cuatro plantas en las instalaciones de La Aljorra que daban empleo a 800 personas. La primera planta que se cerró fue la de Ultem, en 2020, con un ERE que supuso el despido de 76 trabajadores. En 2023 se anunció el cierre de la planta de Lexan 2, tras dos ERTES con 112 despidos. En la actualidad sobreviven dos plantas que dan empleo a 500 personas de plantilla directa -350 de ellos, en Lexan 1-. Por otro lado, decenas de empresas auxiliares suman otros 3.000 puestos de trabajo, considerando el empleo indirecto y el inducido.

La dirección de SABIC ha anunciado este mes de enero el cierre de la planta Lexan 1 tras la compra de la factoría por el fondo de inversión alemán Mutares. Tal y como describe CCOO, el grupo inversor “no ofrece ninguna confianza ni seguridad de continuidad en la producción ni a medio ni a corto plazo”. Dicha planta está dedicada específicamente a la fabricación de resinas de policarbonato de alto rendimiento, un material clave para diversas industrias.

CCOO ha hecho un llamamiento a todas las administraciones para que eviten el cierre de la planta y los despidos que ello conllevaría: “Ni la comarca de Cartagena ni la Región de Murcia pueden permitir la desaparición de uno de los pilares fundamentales de la economía industrial”.

La dirección de Windar Renovables, compañía del sector de la energía eólica terrestre y marina, comenzará a aplicar desde hoy, miércoles, el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) negociado el pasado verano con los representantes de los trabajadores. La medida afectará a 34 trabajadores de las filiales asturianas Tadarsa Eólica, Dacero y Windar Offshore.

Un ERTE que coincide con las negociaciones que el grupo empresarial mantiene para llevar adelante un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para 27 trabajadores de Windar Wind Services que habían sido trasladados a su centro productivo de Ferrol (Galicia) el pasado mes de enero.

Un ERTE para 34 trabajadores

El número de trabajadores afectados por el ERTE asciende a 34 distribuidos de la siguiente manera: siete adscritos a Tadarsa Eólica, 12 en Dacero y 15 en Vindar Offshore.

La vigencia del ERTE se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026 y se basa en causas organizativas y productivas.

El despido de empleados en Ferrol

La empresa continuó adelante con su propuesta de despido para los 27 trabajadores desplazados a Ferrol en la reunión que, ayer, mantuvo con la mesa de negociación.

La compañía justifica el ERE en la falta de trabajo y la imposibilidad de reubicaciones en otros centros productivos.

Por su parte, CCOO, el sindicato mayoritario en Windar, ha defendido la idea de que la empresa, que tiene a más de un millar trabajadores en plantilla, asuma esos empleos por la capacidad que tiene en sus seis centros de trabajo.

La política de Trump contra los eólicos

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, reconoció a mediados del pasado mes de septiembre que existía “preocupación” por el ERE planteado por la empresa.

A su juicio, esta situación estaba influenciada por el entorno mundial, con un gran peso de la política de Donald Trump “contra los eólicos”, que trajo como consecuencia “cancelación de contratos y falta de carga laboral”, que al final se traduce en estos expedientes.

Borja Sánchez también consideraba que contribuía a esta compleja situación la entrada de productos de otros países, de manera notable de China y de todo el continente asiático, que “hoy por hoy no compiten en las mismas condiciones”.

No obstante, el consejero recordaba que desde el Gobierno de Asturias se estaba haciendo “lo posible” para que Windar sea una empresa “competitiva” y, en este sentido, mencionaba la “subvención millonaria” para una futura inversión de la compañía en Avilés.

La plantilla de la empresa Eserman se concentraba en la tarde de este miércoles en la Concha de la Música del Paseo de San Gregorio de Puertollano (Ciudad Real) para rechazar el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) planteado por causas organizativas y productivas tras el sorpresivo cese, a instancias de Eserman, de su relación contractual como operador logístico con Repsol Química, que ha derivado en la imposibilidad de que la plantilla de la contrata, que cuenta con unos 60 trabajadores, acceda a las instalaciones de la multienergética.

La protesta discurría entre la indignación y la ansiedad de trabajadores y familiares que, sobre todo, exigen a Repsol que acabe cuanto antes con el periodo de incertidumbre y acorte el periodo de sucesión y contratación con una nueva empresa. También han acudido destacados sindicalistas, el alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz, con casi todo su equipo de gobierno, y representantes de los grupos municipales de PSOE e IU.

En declaraciones a los periodistas, el presidente del comité de empresa, Juan Andrés Olmedo, y el secretario general de CCOO Industria en Ciudad Real, Víctor Manuel Arias, han recordado que los trabajadores rechazan el ERTE que han sufrido sin previo aviso, y más tras conocer que Repsol sigue pagando los servicios de Eserman. Además, piden a Repsol que seleccione con celeridad a la nueva empresa adjudicataria para proceder a la subrogación de los puestos de trabajo. Esta es la principal preocupación: realmente nadie tiene la certeza de si llegará una nueva empresa y si esta procederá a una subrogación de toda la plantilla manteniendo los derechos adquiridos.

“Sin pronunciamiento de esa nueva empresa no tenemos ningún tipo de certeza”, ha dicho Olmedo, aunque en el corto plazo ha apuntado a la posibilidad de que Eserman pueda plantearse la retirada del ERTE para negociar un permiso retribuido hasta el 30 de septiembre, fecha en la que expira el contrato con Repsol. En todo caso, ha recordado que existe un compromiso entre la Inspección de Trabajo y Repsol Química, firmado en 1995, por el que se comprometió la subrogación en los pliegos de licitación para las empresas adjudicatarias.

De su lado, Víctor Manuel Arias ha incidido en esa negociación del permiso retribuido “para que los trabajadores eviten el limbo jurídico y estén protegidos hasta el mes de septiembre”, pero ha puesto el foco en Repsol. “La Coordinadora de Contratas de Comisiones Obreras se creó precisamente para solventar estas problemáticas, y a los trabajadores y trabajadoras de Eserman se les tiene que subrogar sí o sí”, ha dicho, al tiempo que ha asegurado que para ello “se pondrá toda la organización sindical al servicio de los trabajadores”.

Críticas al alcalde

A preguntas de los periodistas, Arias se ha referido a la presencia del alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz, quien ha asistido a la concentración en apoyo a los trabajadores. En este sentido ha recordado que el alcalde “debería solucionar también los problemas de la empresa en la que tenía participación”, y le ha afeado que haya llegado con un mensaje poco concreto que ha añadido más inquietud a la plantilla. “Lo que tiene que hacer es ayudar y no venir a echarse fotos”, ha zanjado Arias.

En los mismos términos se ha expresado la secretaria general de Comisiones Obreras en la provincia de Ciudad Real, Esther Serrano, quien ha insistido en que el alcalde “debería hacer todo lo que esté en su mano, y lo que sobra son las fotos”.

En todo caso Serrano ha agradecido la actitud y el trabajo del comité de empresa y de la plantilla de Eserman, “que han mostrado desde el principio una actitud dialogante y responsable, consiguiendo así que se mantenga la paz social en estos momentos tan difíciles”; y ha exigido a Repsol celeridad en el proceso de sucesión de empresas. “Repsol le debe mucho a Puertollano, y los trabajadores y la gente de Puertollano han dado hasta sus vidas por esta empresa”, ha finalizado.

Parada temporal en Repsol Química

Repsol ha decidido llevar a cabo una parada temporal de las unidades del área Química del complejo industrial de Puertollano para acometer ajustes en las instalaciones tras la comunicación de la resolución anticipada del contrato por parte del operador logístico Eserman, que se ocupaba de los trabajos de envasado y expedición de producto en el área Química.

Está previsto que la parada de unidades dure el menor tiempo posible. En todo caso, la compañía subraya que mantienen su actividad productiva con toda normalidad el resto de unidades del complejo industrial de Puertollano.

Con respecto a Eserman, Repsol recuerda que se ha comprometido, desde el primer momento, a abonar el importe de los servicios correspondientes hasta el 30 de septiembre, con el fin de que el operador logístico pueda continuar haciendo frente a sus obligaciones en vigor.

La dirección de la empresa Eserman ha comunicado a la representación legal de los trabajadores destinados en el centro de Repsol Química en Puertollano (Ciudad Real) el inicio de un ERTE de suspensión de contratos de trabajo por causas organizativas y productivas tras el cese de la relación contractual con Repsol Química, que ha derivado en la imposibilidad de que la plantilla de Eserman acceda a las instalaciones de la multienergética.

Ante esta situación, y no siendo posible el acceso a las instalaciones de Repsol Química en Puertollano, Eserman ha emplazado al comité de empresa para este lunes, 4 de agosto, a las 12.30 horas para iniciar el ERTE.

Según especifica la empresa en su comunicación, consultada por Europa Press, en la propuesta de extinción se abonará, junto a la prestación por desempleo, un complemento salarial hasta el cien por cien del salario neto, “a fin de que los trabajadores no salgan económicamente perjudicados y la empresa pueda hallar una solución a la falta de ocupación efectiva, impuesta por el cliente”.

Eserman avanza que esta situación se prolongará hasta que se produzca el proceso de subrogación de plantilla al nuevo adjudicatario del servicio, tal y como consta en el pliego de condiciones de Repsol Química.

Parada temporal de las unidades de Química

De su lado, Repsol ha decidido llevar a cabo una “parada temporal” de las unidades del área Química del complejo industrial de Puertollano para acometer “ajustes en las instalaciones” tras la comunicación de la resolución anticipada del contrato por parte del operador logístico Eserman, que se ocupaba de los trabajos de envasado y expedición de producto en el área Química.

Está previsto que la parada de unidades iniciada este jueves “dure el menor tiempo posible”. En todo caso, la compañía subraya que mantienen su actividad productiva con toda normalidad el resto de unidades del complejo industrial de Puertollano.

Mientras, los más de 60 trabajadores de Eserman en Puertollano siguen asistiendo con gran inquietud a la sucesión de acontecimientos, con momentos de tensión contenida, después de que la empresa haya comunicado a Repsol Química la finalización de su relación contractual en el centro de logística operativa de Puertollano a partir del 30 de septiembre.

Esta sorpresiva decisión ha provocado que Repsol Química haya ordenado este miércoles el “cese de actividad” de todo el personal en el interior del recinto y que se impida el acceso a los trabajadores.

El Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que Bridgestone planea llevar a cabo en su planta de Puente San Miguel afectará a toda la plantilla que ha quedado tras el proceso de despidos, 235 trabajadores, y se aplicará durante 42 jornadas entre el próximo mes de agosto y marzo de 2026.

Con ello se busca liberar unos almacenes que se encuentran “bastante llenos”. En concreto, esta fábrica de neumáticos acumula actualmente unas 52.000 cubiertas y el objetivo de la dirección es rebajarlas hasta las 30.000, según ha explicado a Europa Press el presidente del comité de empresa, Álvaro Castillo (UGT), tras finalizar la primera reunión entre la empresa y la representación sindical para abordar el ERTE.

Un encuentro convocado en la mañana de este martes, solo un día después de que Bridgestone anunciara públicamente su intención de aplicar el ERTE en esta fábrica tras el reciente Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que ha afectado a 188 empleados.

Desde los sindicatos señalan que, durante la negociación del ERE que se ha llevado a cabo en los últimos meses, “ya veíamos que íbamos a acabar en un ERTE”, si bien en esta primera reunión han mostrado su malestar por verlo publicado este lunes en la prensa sin haber recibido ellos información, más allá de que se les comunicó la intención de iniciar el proceso y se les pidió que conformaran la mesa negociadora.

Precisamente por la previsión de llegar al ERTE, en el acuerdo que cerró el ERE se dejó firmado que la compañía complementará la prestación por desempleo de los trabajadores afectados hasta el 100% de su salario bruto anual.

Según ha detallado Castillo, la aplicación del Expediente de Regulación Temporal de Empleo trasladado por la empresa será de 25 días en este segundo semestre de 2025, en concreto entre el 21 de agosto y el 31 de diciembre, con una media de unos cinco días de ERTE al mes. Ya en 2026 se aplicarían otros 17 días entre el 1 de enero y el 31 de marzo.

Para lo que queda de este año el objetivo es reducir unas 11.300 cubiertas de los almacenes, y para el periodo de afectación del próximo ejercicio otras 7.600 más.

Estos son los datos que desde la empresa han trasladado en la primera reunión al comité, que volverán a encontrarse este jueves 10, una vez que la representación de los trabajadores haya analizado toda la documentación recibida y pueda plantear sus preguntas.

Al respecto, el comité de empresa ya ha remitido la información a sus servicios jurídicos para velar por que se cumplen las condiciones para acudir al ERTE, tras lo que valorará la postura de la empresa y trasladará sus dudas.

Por el momento, ha pedido a la dirección que elabore un plan de ventas “fuerte” con el que poder sacar material de los almacenes, en lugar de hacerlo reduciendo las jornadas de trabajo de los empleados.

Como han indicado a esta agencia desde el comité, la empresa argumenta que paga un dinero por el almacén que ahorraría si no tuviera tanto estocaje. A ello se suma que las cubiertas tienen una caducidad y, si se siguen acumulando, “al final serán para tirar”.

Las estadísticas de desempleo son muy positivas, y en mayo, por cuarto mes consecutivo, descendió el paro en la Comunitat Valenciana (-1,61%), situándose la cifra de desempleados en 297.450, lo que supone que por primera vez desde septiembre de 2008, el paro se sitúa por debajo del umbral de las 300.000 demandantes de empleo en el territorio valenciano.

Precisamente, la evolución del desempleo en la Comunitat Valenciana fue uno de los aspectos destacados por secretario de Estado de Trabajo, Juanjo Pérez Rey, el pasado martes: “Es una magnífica noticia para el Gobierno que el paro se siga reduciendo en una comunidad que ha sufrido un shock climático como la DANA del pasado 29 de octubre, que provocó la destrucción física de infraestructuras productivas”.

A juicio de Pérez Rey, que no se esté incrementando el desempleo sino que lo que está pasando es que se está reduciendo el paro al mismo tiempo que se genera empleo siete meses después de que se haya sufrido una de las mayores catástrofes que ha padecido España “confirma el éxito de las medidas impulsadas por el Gobierno tras la DANA”.

Así, de los 33.737 trabajadores incorporados al mecanismo del ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) por fuerza mayor, tan solo quedan en ERTE 2.750. “La gran mayoría, el 92,4% han vuelto a sus empleos y están trabajando a plena normalidad”, destaca el secretario de Estado, para quien esta herramienta, habilitada en el contexto de la pasada reforma laboral, permitió que no fuera necesario ningún ajuste y que los expedientes se aplicaran de forma automática.

Además de los ERTE, señala Pérez Rey, los planes de empleo desplegados en las localidades afectadas por la DANA vinculados a la reconstrucción también “han ayudado a que la protección social sea un mecanismo más eficaz en la gestión de la catástrofe”.

Impacto, menor del que se preveía

Tino Calero, secretario general de UGT-PV, reconoce tras el temporal de hace siete meses, temían que el impacto sobre las empresas y los puestos de trabajo fuera mucho mayor. “Esos cerca de 34.000 trabajadores corresponden al conjunto de España, y de ellos 29.755 son valencianos, que habrían cobrado prestación por desempleo”. “Tal y como reflejan los datos, el impacto ha sido menor del que podíamos prever”, sostiene Calero.

El secretario general de UGT-PV subraya cómo los datos de afiliación a la Seguridad Social, “exceptuando algunas pequeñas localidades, en la mayor parte de los casos de municipios afectados por la DANA se ha generado empleo, igual que también se ha producido un crecimiento de empresas en sectores como el agrícola, los servicios o la construcción; no así en industria”.

“Los ERTE han servido para garantizar el mantenimiento de los puestos de trabajo y que las empresas hayan podido mantener su actividad económica, aunque sigue habiendo empresas en dificultades”, sostiene Calero, para quien habrá que estar pendientes del futuro: “Los datos, si comparamos el último trimestre del año pasado con los del primero de 2025, son positivos, y eso es bueno a futuro, porque lo peor ya ha pasado y se ha demostrado la capacidad de mantener el empleo”. E insiste, “esperamos que los más de 2.000 trabajadores que quedan en ERTE puedan incorporarse lo antes posible a la actividad”.

Desde CCOO-PV, su secretaria general, Ana García Alcolea, se expresaba en esta misma línea: “Los instrumentos puestos en marcha fruto del diálogo social, como son los ERTE, han propiciado una recuperación más rápida, tanto de la economía como del empleo, cuando estábamos convencidos de que el impacto iba a ser mayor; si no se hubieran activado los ERTE, que han funcionado muy bien, el aumento del desempleo hubiera sido mucho mayor”.

De igual modo, otras medidas fruto del diálogo social, como la subida del salario mínimo interprofesional y unos mejores salarios, “han servido para activar el consumo interno, lo que a su vez lleva a la creación de empleo”. Respecto a los planes de empleo, impulsados en la mayoría de localidades afectadas por el temporal de octubre, García reclama conocer los datos concretos para hacer un seguimiento: “Es cierto que es algo temporal, pero puede servir de estímulo para que trabajadores que estaban en situación de desempleo regresen al mercado laboral”.

Recuperación “a dos velocidades”

Según un informe sobre la situación económica en la provincia de Valencia seis meses después de la DANA elaborado por CaixaBank Research, la recuperación se ha producido “a dos velocidades”: el consumo cayó drásticamente en los días posteriores al temporal pero después la mejora fue “rápida”, de forma que un mes después, el ritmo de crecimiento del gasto de los residentes de la zona afectada “superaba el promedio” del conjunto territorio español. No obstante, el consumo de los habitantes de la zona cero continúa por debajo del de hace un año, una situación que podría estar causada porque hay un “gran número de comercios que todavía no han retomado su actividad”.

En el caso del impacto en las empresas, CaixaBank Research explica que ha sido desigual, “según su tamaño”; las grandes empresas “capearon mejor el temporal”. Su facturación, explican, cayó un 85% en los días posteriores a la DANA, pero en abril se encontraba “tan solo un 3% por debajo de la del año pasado”. En el caso de las empresas pequeñas, la caída de su facturación en los días posteriores a la DANA fue del 98%, “muy superior a la de las grandes empresas”. Además, en abril la facturación de las pequeñas empresas aún se encontraba “un 21% por debajo de la del mismo periodo del año pasado”.

Les estadístiques de desocupació són molt positives, i al maig, per quart mes consecutiu, va descendir l’atur a la Comunitat Valenciana (-1,61%), situant-se la xifra d’aturats en 297.450, cosa que suposa que per primera vegada des de setembre del 2008, l’atur se situa per davall del llindar dels 300.000 demandants d’ocupació en el territori valencià.

Precisament, l’evolució de la desocupació a la Comunitat Valenciana va ser un dels aspectes destacats per secretari d’estat de Treball, Juanjo Pérez Rey, dimarts passat: “És una notícia magnífica per al Govern que l’atur continue reduint-se en una comunitat que ha patit un xoc climàtic com la DANA del 29 d’octubre passat, que va provocar la destrucció física d’infraestructures productives”.

Segons el parer de Pérez Rey, que no s’incremente la desocupació sinó que el que passa és que es redueix l’atur al mateix temps que es genera ocupació set mesos després que s’haja patit una de les catàstrofes més grans que ha esdevingut a Espanya “confirma l’èxit de les mesures impulsades pel Govern després de la DANA”.

Així doncs, dels 33.737 treballadors incorporats al mecanisme de l’ERTO (expedient de regulació temporal d’ocupació) per força major, tan sols en queden en ERTO 2.750. “La gran major part, el 92,4%, han tornat a les seues ocupacions i estan treballant a plena normalitat”, destaca el secretari d’estat, per a qui aquesta eina, habilitada en el context de la reforma laboral passada, va permetre que no calguera cap ajust i que els expedients s’aplicaren de manera automàtica.

A més dels ERTO, assenyala Pérez Rey, els plans d’ocupació desplegats en les localitats afectades per la DANA vinculats a la reconstrucció també “han ajudat al fet que la protecció social siga un mecanisme més eficaç en la gestió de la catàstrofe”.

Impacte, menys del que es preveia

Tino Calero, secretari general d’UGT-PV, reconeix després del temporal de fa set mesos, que tenien por que l’impacte sobre les empreses i els llocs de treball fora molt més gran. “Aquests gairebé 34.000 treballadors corresponen al conjunt d’Espanya, i d’ells, 29.755 són valencians, que haurien cobrat prestació per desocupació”. “Tal com reflecteixen les dades, l’impacte ha sigut menys del que podíem preveure”, sosté Calero.

El secretari general d’UGT-PV subratlla que les dades d’afiliació a la Seguretat Social, “llevat d’algunes localitats menudes, en la major part dels casos de municipis afectats per la DANA s’ha generat ocupació, igual que també s’ha produït un creixement d’empreses en sectors com l’agrícola, els serveis o la construcció, però no en indústria”.

“Els ERTO han servit per a garantir el manteniment dels llocs de treball i que les empreses hagen pogut mantindre la seua activitat econòmica, encara que continua havent-hi empreses en dificultats”, sosté Calero, per a qui caldrà estar pendents del futur: “Les dades, si comparem l’últim trimestre de l’any passat amb les del primer del 2025, són positives, i això és bo a futur, perquè el pitjor ja ha passat i s’ha demostrat la capacitat de mantindre l’ocupació”. I insisteix, “esperem que els més de 2.000 treballadors que queden en ERTO puguen incorporar-se al més prompte possible a l’activitat”.

Des de CCOO-PV, la seua secretària general, Ana García Alcolea, s’expressava en aquesta mateixa línia: “Els instruments posats en marxa fruit del diàleg social, com són els ERTO, han propiciat una recuperació més ràpida, tant de l’economia com de l’ocupació, quan estàvem convençuts que l’impacte seria més gran; si no s’hagueren activat els ERTO, que han funcionat molt bé, l’augment de la desocupació hauria sigut molt més gran”.

De la mateixa manera, altres mesures fruit del diàleg social, com la pujada del salari mínim interprofessional i uns salaris millors, “han servit per a activar el consum intern, cosa que, al seu torn, porta a la creació d’ocupació”. Pel que fa als plans d’ocupació, impulsats en la major part de les localitats afectades pel temporal d’octubre, García reclama saber les dades concretes per a fer-ne un seguiment: “És cert que és una cosa temporal, però pot servir d’estímul perquè treballadors que estaven en situació de desocupació tornen al mercat laboral”.

Recuperació “a dues velocitats”

Segons un informe sobre la situació econòmica a la província de València sis mesos després de la DANA elaborat per CaixaBank Research, la recuperació s'ha produït “a dues velocitats”: el consum va caure dràsticament en els dies posteriors al temporal però després la millora va ser “ràpida”, de manera que un mes després, el ritme de creixement de la despesa dels residents de la zona afectada “superava la mitjana” del conjunt territori espanyol. No obstant això, el consum dels habitants de la zona zero continua per davall del de fa un any, una situació que podria ser causada perquè hi ha un “gran nombre de comerços que encara no han représ la seua activitat”.

En el cas de l'impacte en les empreses, CaixaBank Research explica que ha sigut desigual, “segons la seua grandària”; les grans empreses “van capejar millor el temporal”. La seua facturació, expliquen, va caure un 85% en els dies posteriors a la DANA, però a l'abril es trobava “tan sols un 3% per davall de la de l'any passat”. En el cas de les empreses xicotetes, la caiguda de la seua facturació en els dies posteriors a la DANA va ser del 98%, “molt superior a la de les grans empreses”. A més, a l'abril la facturació de les xicotetes empreses encara es trobava “un 21% per davall de la del mateix període de l'any passat”.

El Comité de Empresa que representa a los 340 trabajadores de la factoría de Lingotes Especiales de Valladolid ha explicado este jueves que la firma este pasado miércoles renunció a aplicar el ERTE planteado a principios de marzo, que desde este jueves debía verse en el servicio de mediación autonómico SERLA, y que no ha afectado ni un solo día a la plantilla.

El sindicato independiente vallisoletano del metal, Sivame, que ocupa la presidencia y la secretaría del comité de empresa, ha explicado en un comunicado que la empresa comunicó a la representación de los trabajadores esa renuncia a aplicar el ERTE, que había anunciado que procedería hacer uso de manera unilateral, tras no haber llegado a un acuerdo con el comité de empresa en el periodo de consultas.

Sivame ha explicado que la empresa no les ha informado “a los trabajadores de los motivos por los que toma está decisión”, aunque han recordado que desde el principio del proceso ya sostuvieron que “no había justificación para plantear dicha medida, y así se defendió en el proceso de negociación y ante la inspección de trabajo por parte de toda la representación”.

“Tanto es así que el comité decidió impugnar dicho expediente ante los tribunales y ambas partes estaban citadas al procedimiento de mediación en el SERLA en la mañana de hoy día 15 de mayo y ante el juzgado de lo social en el mes de septiembre”, han recordado. Ahora, con la decisión de la empresa “dichas citas quedan sin efecto ante la decisión de la empresa de renunciar a dicho ERTE sin haber llegado a afectar a la plantilla con un solo día de aplicación”.

El sindicato ha confiado en que “en el futuro cualquier medida que se plantee aplicar sea de manera consensuada con el Comité de empresa, dado que la plantilla de Lingotes Especiales siempre ha demostrado ser tremendamente, a veces incluso en exceso, comprensiva con situaciones delicadas para el negocio que se hayan podido dar en el pasado”.

Arluy ha informado a los trabajadores del turno de noche (entre 15-19 personas) que deben recuperar las horas no trabajadas durante el pasado 28 de abril, día del apagón, además de amenazarles con un ERTE si no cumplen. El secretario del Comité de Empresa de Arluy de CCOO, Rubén Santamaría, ha explicado a Rioja2 que ha sido esta mañana de miércoles cuando les han comunicado la decisión. “Esta mañana nos han dado la sorpresa y nos han comunicado que el personal del turno de noche del día 28 de abril tenía que recuperar las horas aunque todavía no nos han dicho cuándo”. Una decisión que no entienden ni aceptan porque “fue la propia empresa la que ese día comunicó y escribió a los trabajadores del turno de noche para que no fueran a trabajar porque no había luz”.

Y además, fundamenta su rechazo en el Estatuto de los Trabajadores. “La Ley protege a los trabajadores”, insiste Santamaría en referencia al artículo 37.3 g del Estatuto que establece un permiso retribuido de hasta cuatro días por imposibilidad de desplazarse o de desarrollar la actividad laboral con normalidad.

El texto, que rige las condiciones mínimas para cualquier trabajador, asegura que “la persona trabajadora, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración” bajo determinadas circunstancias y por un determinado periodo de texto. Y precisa que los empleados tienen derecho a un permiso de “hasta cuatro días por imposibilidad de acceder al centro de trabajo o transitar por las vías de circulación necesarias para acudir al mismo, como consecuencia de las recomendaciones, limitaciones o prohibiciones al desplazamiento establecidas por las autoridades competentes, así como cuando concurra una situación de riesgo grave e inminente, incluidas las derivadas de una catástrofe o fenómeno meteorológico adverso”.

Y además, Santamaría recuerda otro artículo del Estatuto de los Trabajadores relativos a la jornada que recoge que mediante convenio colectivo o, en su defecto, por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, se podrá establecer la distribución irregular de la jornada a lo largo del año. En defecto de pacto, la empresa podrá distribuir de manera irregular a lo largo del año el diez por ciento de la jornada de trabajo.

Además, el mismo artículo establece que dicha distribución deberá respetar en todo caso los periodos mínimos de descanso diario y semanal previstos en la ley y el trabajador deberá conocer con un preaviso mínimo de cinco días el día y la hora de la prestación de trabajo resultante de aquella. La compensación de las diferencias, por exceso o por defecto, entre la jornada realizada y la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo legal o pactada será exigible según lo acordado en convenio colectivo o, a falta de previsión al respecto, por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores. En defecto de pacto, las diferencias derivadas de la distribución irregular de la jornada deberán quedar compensadas en el plazo de doce meses desde que se produzcan.

Por todo ello, desde el Comité de Empresa lo tienen claro: “rechazamos estas amenazas y no vamos a permitir este atropello”, reitera el portavoz de CCOO La Rioja y advierte de que van a estar vigilantes y llegar hasta el final. Así se lo han comunicado al resto de trabajadores de la empresa en unos momentos “complicados porque también estamos negociando el convenio”.

La empresa Siemens Gamesa ha comunicado al comité de empresa de la planta de Ágreda (Soria) la intención de iniciar dos expedientes de regulación de empleo para una plantilla de 270 empleados, uno de ellos sería un ERTE temporal, afectando a 176 trabajadores y otro un ERE de extinción, con 70 despidos.

Así lo han comunicado desde CCOO este martes a través de una nota de prensa en la que han asegurado que los expedientes afectan a cerca de 250 personas trabajadoras lo que supone un 92,5% de la plantilla. El comité de empresa de Siemens Gamesa ha lamentado la decisión de la empresa de iniciar dos expedientes de regulación de empleo en los próximos meses.

La primera reunión con los sindicatos está prevista para el próximo lunes 28 de abril y, durante esta semana, los representantes de las personas trabajadoras comunicarán las personas que estarán en la mesa de negociación por la parte social, que será del comité al completo, con un total de 13 delegados.

UGT rechaza los procesos de ERTE y ERE

El sindicato UGT reclama alternativas a los procesos de ERE y ERTE anunciados este martes por Siemens Gamesa para la planta de Ágreda (Soria), al exigir su viabilidad en el corto, medio y largo plazo.

Así lo ha comunicado el sindicato a través de una nota de prensa en la que han confirmado el anuncio de la compañía Siemens Gamesa al comité de empresa de la planta en Agreda sobre la implementación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará hasta a setenta trabajadores.

Además, ha comunicado la puesta en marcha de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que podría afectar hasta a 176 personas durante un período de entre 18 y 24 meses, de forma que la suma de ambos procesos afectará al total de la plantilla actual.

Desde UGT FICA, han lamentado profundamente la decisión de la empresa, ya que, hasta la fecha y ante la falta de carga de trabajo, “hemos intentado obtener información para buscar alternativas a los procesos ahora planteados sin obtener respuesta por parte de la empresa” lo que, finalmente, “nos ratifica en nuestros peores augurios”.

La Federación entiende que, en la coyuntura actual y después de Siemens Energy, grupo al que pertenece Siemens Gamesa Agreda, haya mejorado las perspectivas de negocio para el año y aumentado la previsión de beneficios, el grupo “debiera aprovechar la capacidad productiva de Agreda y explorar otras líneas de negocio para garantizar la empleabilidad de toda la plantilla”.

Según UGT, todos estos hechos dan a entender que la empresa “ha actuado de mala fe, ha ocultado sus intenciones durante meses” pese a nuestras reiteradas solicitudes de información sobre una decisión que, vista con perspectiva, parece que tenía tomada desde hace tiempo.

Para ello, desde el sindicato solicitan la implicación de todas las instituciones “hasta sus últimas consecuencias”, especialmente, la del Gobierno de España, que concedió avales por valor de 1.200 millones que debían servir “para garantizar el futuro de todos los trabajadores y trabajadoras de Siemens Gamesa en Agreda”, han concluido.

El Mecanismo Red que aprobó el Gobierno a final de año para la industria del automóvil cubre a más de 4.300 trabajadores, según los primeros datos publicados, del mes de enero, por el Ministerio de Trabajo. Todos corresponden a empleos en la Comunitat Valenciana, región para la que estaba especialmente pensada la medida que impulsó el Ministerio de Trabajo tras la emergencia de la DANA y debido a la crisis que enfrenta la factoría de Ford en Almussafes.

En concreto, el Mecanismo Red –nueva modalidad de ERTE creado en la reforma laboral– ha alcanzado a 4.343 trabajadores, la gran mayoría hombres (3.770) y el resto mujeres (573). Todos ellos, con su contrato totalmente suspendido, sin ninguna persona incluida en la modalidad de reducción de jornada.

Los datos han superado los cálculos iniciales de Trabajo, que consideraba que la medida podía “salvar unos 3.000 empleos”. De los 4.300 trabajadores incluidos por el momento en el Mecanismo Red, la inmensa mayoría corresponden a la actividad “fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques” y los 26 restantes a la “venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas”.

En el Ministerio de Trabajo subrayan que “el Mecanismo Red de la automoción aprobado en Consejo de Ministros el 23 de diciembre de 2024 permite evitar medidas traumáticas respecto del empleo evitando la destrucción de puestos de trabajo en un sector clave en la industria española y, particularmente, en las exportaciones”.

4.200 trabajadores son de la Ford de Almussafes

Con los datos provisionales que publica el Ministerio, se puede ver que el grueso de los afectados son empleados de la factoría Ford de Almussafes, para la que de partida se prevía que el Mecanismo Red tuviera un alcance importante por la situación “de supervivencia” de la que advertía la plantilla.

El registro del regulación de empleo del Ministerio refleja que tres empresas se han acogido al Mecanismo Red. Una de ellas tiene más de 5.000 trabajadores, la Ford de Almussafes, que concentra a la inmensa mayoría de los afectados por el ERTE: 4.242 personas.

Le sigue otra empresa con entre 50 y 249 empleados en total, que ha incluido en el Mecanismo Red a 75 trabajadores, y una tercera compañía, con 26 personas alcanzadas.

El Ministerio de Trabajo destacó con su aprobación que el Mecanismo Red “implica un compromiso de mantenimiento del empleo durante dos años para las empresas que se acojan”. Además, el departamento de Yolanda Díaz recuerda también que “el compromiso de recualificación de este mecanismo contribuye, además, a una verdadera transición justa del sector”.

Carlos Mazón torna a fer tard. Aquesta vegada, el cap del Consell va prometre el gener passat una ajuda de 360 euros per als treballadors i treballadores afectats per la DANA que estigueren acollits a un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) per força major. Quasi 11 milions d’euros va assegurar el president de la Generalitat que es destinarien als 30.000 treballadors en aquesta situació laboral per la riuada passada que va assolar més de 70 municipis valencians.

En declaracions pròpies de Mazón, tota persona afectada per un ERTO FM es podia acollir a un complement de 360 euros, “en un pagament únic, automàtic, sense burocràcia, ni paperassa, que s’abonarà el mes de gener”. No obstant això, no va ser fins al mes de febrer passat que es va publicar el decret, fet que va endarrerir el pagament d’aquesta ajuda i va augmentar, una vegada més, la crispació ciutadana per la lenta gestió del Govern valencià, aquesta vegada, en el compte oficial d’Instagram de la Generalitat amb comentaris com “Deia al gener… ara al febrer… es plantaran al març i no res”, expressa un usuari en la xarxa social.

“Els que vam estar en ERTO al novembre no tenim dret a l’ajuda”

Així mateix, un dels requisits principals d’aquesta resolució és haver estat en ERTO entre l’1 i el 31 de desembre, un criteri que deixaria milers de treballadors sense aquesta compensació, com és el cas d’R.B, testimoniatge que s’ha posat en contacte amb elDiario.es per a denunciar que la selecció l’exclou dels 360 euros perquè va estar en expedient de regulació durant el mes de novembre. “El perjudici econòmic que jo he patit per percebre el 70% de la base reguladora és el mateix que han patit els meus companys; ells, repartit entre novembre i desembre, i jo, durant novembre”, detalla.

En aquest sentit, l’afectada insisteix que aquesta mesura provoca un “gran greuge comparatiu” entre treballadors que no estigueren acollits a un ERTO al novembre per haver estat amb tasques de neteja en les empreses perjudicades i que, posteriorment, al desembre hagen estat almenys un dia emparats per aquest mecanisme legal.

“No té sentit que hi haja gent com jo que hem estat 31 dies complets en ERTO i no tinguem drets a l’ajuda. És totalment incomprensible, injust, aleatori i arbitrari el criteri utilitzat per a ser-ne beneficiari”, denúncia l’afectada en el recurs de reposició que ha presentat durant aquesta setmana i que espera que ho esmenen com més prompte millor. Aquest mitjà s’ha posat en contacte amb la Conselleria d’Educació, Cultura, Universitats i Ocupació diverses vegades, però no hi ha hagut resposta.

Carlos Mazón vuelve a llegar tarde. En esta ocasión, el jefe del Consell prometió el pasado enero una ayuda de 360 euros para aquellos trabajadores y trabajadoras afectados por la DANA que estuvieran acogidos a un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor. Casi 11 millones de euros aseguró el president de la Generalitat que se iban a destinar a los 30.000 trabajadores en esta situación laboral por la pasada riada que asoló más de 70 municipios valencianos.

En declaraciones propias de Mazón, toda persona afectada por un ERTE FM se podía acoger a un complemento de 360 euros, “en un pago único, automático, sin burocracia, ni papeleo, que se abonará en el mes de enero”. Sin embargo, no fue hasta el pasado mes de febrero cuando se publicó el decreto, atrasando el pago de esta ayuda y aumentando, una vez más, la crispación ciudadana por la lenta gestión del gobierno valenciano, esta vez, en la cuenta oficial de Instagram de la Generalitat con comentarios como “Decía en Enero....ahora en Febrero....se plantarán en Marzo y nada”, expresa un usuario en la red social.

“Los que estuvimos en ERTE en noviembre no tenemos derecho a la ayuda”

Asimismo, uno de los requisitos principales de esta resolución es haber estado en ERTE entre el 1 y el 31 de diciembre, un criterio que dejaría a miles de trabajadores sin esta compensación, como es el caso de R.B, testimonio que se ha puesto en contacto con elDiario.es para denunciar que la selección la excluye de los 360 euros porque estuvo en expediente de regulación durante el mes de noviembre. “El perjuicio económico que yo he sufrido por percibir el 70% de la base reguladora es el mismo que han sufrido mis compañeros; ellos repartido entre noviembre y diciembre, y yo, durante noviembre”, detalla.

En este sentido, la afectada insiste en que esta medida provoca un “gran agravio comparativo” entre trabajadores que no estuvieran acogidos a un ERTE en noviembre por haber estado con tareas de limpieza en las empresas perjudicadas y que, posteriormente, en diciembre hayan estado al menos un día amparados por este mecanismo legal.

“No tiene sentido que haya gente como yo que hemos estado 31 días completos en ERTE y no tengamos derechos a la ayuda. Es totalmente incomprensible, injusto, aleatorio y arbitrario el criterio utilizado para ser beneficiario”, denuncia la afectada en el recurso de reposición que ha presentado durante esta semana y que espera que lo subsanen cuanto antes. Este medio se ha puesto en contacto con la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo en varias ocasiones, pero no ha habido respuesta.

El pasado septiembre, la Fundación SAMU reconoció en la Audiencia Nacional haber aplicado un ERTE injustificado a 300 empleados, como publicó elDiario.es. Los responsables de la entidad sin ánimo de lucro, que acumula contratos públicos millonarios en multitud de servicios para colectivos vulnerables, evitó así ir a juicio a través de un acuerdo en sede judicial con los sindicatos por el que debía abonar a los trabajadores los salarios no percibidos entre noviembre y enero. Sin embargo, “no han pagado absolutamente nada”, denuncian en CCOO y UGT. No es la única irregularidad: la Administración lleva meses instándole a que presente las cuentas anuales como exige la ley, sin éxito.

La perplejidad de los sindicatos es total. Después de la conciliación en sede judicial, “no han pagado a ningún trabajador”, critica Gloria Mora, colaboradora de la Secretaría de política sindical de UGT Servicios Públicos. El acta firmada en sede judicial recogía la obligación de la entidad presidida por Carlos González-Escalada Álvarez de abonar el 30% de las remuneraciones hasta el 30 de noviembre y el 70% restante, hasta el 31 de enero. Además, debía devolver al SEPE las prestaciones de desempleo cobradas por la plantilla durante el ERTE.

“En noviembre, se excusaron en que algunos trabajadores no habían firmado un escrito con las prestaciones por desempleo recibidas”, explica Mora, que destaca que no se pagó a ningún empleado, tampoco los que sí lo habían formalizado. “Como lo ponían como excusa, se le entregaron esas autorizaciones a la fundación, que las entregamos también en la Audiencia Nacional, y aun así después nos vimos en la misma situación en enero. No han pagado nada”, denuncia Pedro Ocaña, secretario de Enseñanza privada y Servicios socioeducativos de CCOO.

Los sindicatos afirman que la entidad ya no da “ninguna explicación” a los impagos. Mientras, en estos meses la Fundación SAMU ha seguido sumando nuevas adjudicaciones públicas. Una de las últimas, el pasado 30 de enero, con un contrato de más de 6,7 millones de euros del Consell d’Eivissa para el acogimiento residencial de 32 menores migrantes en los próximos dos años.

Como viene sucediendo en Canarias, donde la Fundación SAMU es una de las ONG y entidades que más contratos públicos recibe en la atención a menores migrantes, la concesión pública en Ibiza es fruto de un proceso “negociado sin publicidad por razones de imperiosa urgencia”, recoge la licitación.

Los sindicatos temen que la fundación SAMU tampoco haya devuelto al SEPE el dinero público cobrado en el ERTE irregular, sobre el que la Inspección de Trabajo constató que no se había presentado “la documentación legalmente establecida” para ejecutar las suspensiones de contratos. “A los trabajadores al menos no les ha llegado ninguna comunicación del SEPE”, advierte la representante de UGT.

Como consecuencia, los representantes de los trabajadores han acudido de nuevo a los tribunales para forzar la ejecución del acuerdo judicial. La Audiencia Nacional ha citado a la entidad el próximo 26 de marzo. elDiario.es intentó el viernes recabar la versión de la Fundación SAMU, sin obtener respuesta.

De unas cuentas con “defectos” al silencio ante la Administración

Con el lema “nos encanta salvar vidas”, la Fundación SAMU es una entidad del tercer sector con sede en Sevilla, fundada en 1998 por el coronel médico Carlos Álvarez Leiva, que había creado unos años antes una empresa de cobertura médica y ambulancias. Cuarenta años después de la primera piedra del hoy Grupo SAMU, “la aventura de una familia”, varias empresas rodean a la fundación, que ha crecido mucho y ha ido diversificando sus actividades.

Esta metamorfosis ha sido impulsada sobre todo por uno de los hijos del fundador, Carlos González-Escalada Álvarez, que preside en la actualidad el grupo SAMU, como él mismo destaca. Además de las ambulancias, prestan otros muchos servicios, principalmente a través de licitaciones públicas, que atienden a personas con discapacidad, con problemas de salud mental, de acogimiento de menores y, en los últimos años, un gran crecimiento de menores migrantes no acompañados, entre otros.

“En 2010, un año antes de mi ascenso a director general, SAMU facturó 8,4 millones”, indicaba Carlos González-Escalada Álvarez el año pasado, según una crónica publicada por la Fundación SAMU. “Hoy, cuando dejo mi puesto ejecutivo, la marca SAMU factura cerca de 100 millones de euros, tiene más de 120 centros de trabajo y presencia en seis países”, añadió.

Sin embargo, las últimas cuentas de la fundación SAMU –correspondientes a 2023– no se conocen formalmente porque la entidad no ha cumplido con otro mandato legal, esencial para la transparencia de este tipo de entidades sin ánimo de lucro: la presentación de estados financieros anuales ante el Protectorado de Fundaciones, tal y como exige la ley.

Según ha podido saber este medio, la Fundación SAMU presentó unas cuentas de 2023, pero contenían varios errores, por lo que el Protectorado de Fundaciones de Andalucía le requirió a finales de septiembre que los subsanaran y las volvieran a enviar. Después de meses de insistencia, la fundación no ha respondido al requerimiento de la Administración.

Finalmente, “se dictó Resolución de desistimiento con fecha 24 de febrero de 2025 por no subsanarse los defectos observados en el examen de dichas cuentas anuales”, indica el Protectorado de Andalucía a una solicitud de información pública cursada. El órgano ha “instado nuevamente a la presentación de unas nuevas cuentas anuales del ejercicio 2023”, añade.

Posible causa judicial y otras dudas

Que una fundación no responda a los requerimientos de la Administración “no es nada habitual”, afirma José Pedreira Menéndez, director del área de entidades no lucrativas del bufete Garrido. “Lo normal es que los patronos respondan a los requerimientos de subsanación de las cuentas, porque se exponen a una causa judicializada. Puede haber responsabilidades personales para ellos”, explica el abogado, que destaca que las fundaciones suelen ser bastante transparentes.

Pedreira explica que, en estos casos de falta de respuesta, la Administración puede acudir a un juzgado para exigir a la fundación que cumpla con el mandato de presentar las cuentas anuales. “Si los patronos se niegan a entregar la documentación, el juez puede imponer multas coercitivas, por ejemplo 300 euros por cada día de retraso, e incluso puede remover de su puesto a los patronos”, explica el abogado.

No presentar las cuentas anuales “tiene además consecuencias fiscales” para las fundaciones, añade Pedreira, ya que es un requisito para el tratamiento especial por el que no pagan el Impuesto de Sociedades y tampoco tributan las donaciones que reciben. “Si no presentas las cuentas, pierdes automáticamente el régimen fiscal especial”, advierte el abogado.

El sindicato CCOO fue el primero en poner la lupa sobre las cuentas de la Fundación SAMU, e indicar ciertas sospechas sobre ellas, debido al estudio de las cifras provisionales que la entidad presentó para justificar el ERTE. La fundación argumentó la necesidad de aplicar las suspensiones de contratos debido a causas económicas, por supuestas pérdidas en 2023. Después, en el pacto en sede judicial, SAMU reconoció que el ERTE estaba “injustificado”.

“La negativa de la empresa a facilitar documentación adicional que permitiese verificar el registro de determinadas transacciones económicas con empresas del grupo era sinónimo de que Fundación SAMU continuó generando beneficios económicos durante 2023, y no pérdidas, como pretendían hacer creer”, apuntaron en CCOO con la retirada del ERTE.

Las transacciones económicas entre empresas del grupo y entidades vinculadas son un punto dudoso en las cuentas de la fundación desde hace años. En las de los últimos ejercicios, 2022 y 2021, que ha consultado este medio, el auditor firma una opinión “con salvedades” precisamente por este motivo. Indica que la fundación mantiene transacciones significativas con partes vinculadas y que no ofrece la documentación necesaria para comprobar su correcta valoración. En 2022, las transacciones con empresas vinculadas a la fundación ascendieron a 2,9 millones de euros.

¡Buenos días!

¿Cómo llevas la semana? Nosotros tuvimos este lunes un encuentro con socios por haber alcanzado el número mágico de 100.000. Fue muy emotivo y emocionante. Lo más importante fueron los testimonios de los socios.  

La verdad es que siempre comentamos en la redacción la importancia y el valor de esas miles de personas que deciden dar su dinero por un producto que podrían leer gratis. Más aún cuando los sueldos en España siguen siendo escuálidos. A pesar de que el salario mínimo se ha incrementado un 61% desde 2018 y que la reforma laboral ha conducido a una caída sin precedentes de la temporalidad, la realidad es que los salarios en España comparados con el resto de Europa son muy bajos. 

Si durante estos años de alta inflación los márgenes y beneficios empresariales han crecido con mucha fuerza, especialmente en sectores como el energético o la banca, solo hay que ver el fuerte reparto de dividendos, los sueldos no han seguido la misma estela. El fiasco es que los sueldos medios se han incrementado en mucho menor medida y solo han subido entre un 2% y un 5% en estos ejercicios.

De esta manera si en 2018 el 47,6% de los trabajadores (casi 9 millones de personas) tenían salarios de entre 0 euros y 15.000 euros brutos al año, en 2023 eran un 36,1% (7,25 millones). Mientras que en 2018 un 32,6% de los empleados (6,76 millones) tenían sueldos de entre 14.000 euros y 30.000 euros brutos y en 2023 son el 40,4% ( 8,11 millones). Por encima de 50.000 euros solo están el 8% de los asalariados.

Para decirlo de otra manera, el salario mínimo se está convirtiendo en habitual, está ya acercándose al salario medio, con lo que eso comporta. Cepyme, la patrona de la pequeña y mediana empresa, se quejaba amargamente de que el SMI de 1.184 euros “supone el 70% del salario medio ordinario de jornada completa” a la vez que admitía que estas empresas son “más intensivas en asalariados de remuneraciones bajas”. Claro, luego se quejan de que no encuentran mano de obra. Aquí tienes mucha más información sobre el problema económico que destapan el salario mínimo y los impuestos: tienen que subir los sueldos medios.  

Y por eso la polémica, con conflicto incluido entre los socios de Gobierno, por el IRPF del SMI no tiene mucho sentido. Lo que hay que buscar es que, sin caer en la trampa de bajada de impuestos que tratan de inculcar desde las derechas, crear una estructura salarial de manera que los perceptores del salario mínimo alcancen un sueldo neto que sea el 60% de la media salarial, como marca el objetivo de la Carta Social Europea. Así lo explica el secretario general de CCOO, Unai Sordo, en esta entrevista para elDiario.es.  

Este país necesita que suban los sueldos y se paguen más impuestos. Este país necesita salarios más altos e impuestos más justos.

El gráfico

Cuando hablamos de subir sueldos estamos hablando de justicia social. Buenos datos para los más débiles del sistema. La pobreza se redujo de nuevo en España, tras el incremento registrado el año pasado debido a la crisis de inflación. La población con ingresos por debajo del umbral de la pobreza bajó al 19,7% en 2024. Es un dato relevante ya que se sitúa así por debajo de la barrera del 20%, que no se franqueaba desde 2008, al inicio de la Gran Recesión. Medidas como la subida del salario mínimo, la reforma laboral que redujo el empleo temporal y el lanzamiento de ayudas como el ingreso mínimo vital han ayudado a reducir la pobreza, así como la EAPN estimó que los ERTE y otras medidas del escudo social evitaron que 1,5 millones de personas cayeran en la pobreza. Todavía hay mucho que hacer. Aquí te contamos cómo la pobreza cae a mínimos de 2008 pese al “agujero” de la vivienda.

Hablando de viviendas... 

El dato

126.761 visados de viviendas nuevas

Se han concedido hasta noviembre de 2024. Estos permisos son los que habilitan para la construcción de viviendas. No están los datos completos del año pasado, pero estamos hablando del número de visados mayor en 15 años y supera ya al de 2009, el año siguiente al estallido de la burbuja inmobiliaria. El Ministerio de Vivienda celebró el dato de visado asegurando que desde 2018 el número de visados no superaba al de nuevos hogares creados. Se cumple así una de las premisas para reducir el problema de la vivienda con más construcción, pese al stock de 450.000 viviendas nuevas sin vender, aunque la vicepresidenta de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), Carolina Roca, señala que se deberían estar construyendo y poniendo en el mercado entre 200.000 y 250.000 viviendas al año ante una tensión de demanda que “sigue siendo creciente”. De hecho, en 2024 creció un 11,2% el número de hipotecas concedidas, que alcanzan su precio máximo desde 2007, Así que no parece que el problema de precios se vaya a solventar a corto plazo si no es por la intervención pública del mercado. Aquí te explicamos cómo España construye el mayor número de viviendas tras la burbuja inmobiliaria pero no está claro que eso baje los precios.

Entrepreneur

“Viva la libertad, Carajo”, gritaba en X el presidente de Argentina, Javier Milei, para promocionar una de las últimas estafas conocidas de criptomonedas. Milei hacia uno de sus panegíricos hablando de libertad y emprendimiento promocionando a Libra, una moneda virtual que ha terminado siendo una vía para que unos sinvergüenzas se hagan millonarios con los ahorros de los incautos que creyeron al ultra argentino. Milei luego vino diciendo que no promocionó la criptomoneda fraudulenta, que la difundió o se cortó una parte de la entrevista en el canal TN porque podría complicar la situación judicial del presidente argentino. Un engaño como político que va respaldando criptomonedas fraudulentas que acaban en pérdidas para los ciudadanos. Aquí te contamos quién es quién en el entramado de la criptomoneda fraudulenta que promocionó Milei, mientras que aquí te explicamos las claves del proyecto fantasma y el puñado de criptobros que se llevan millones en el escándalo 'Libragate' del presidente argentino.

Por cierto, la viñeta es del gran Manel Fontdevila.

Cada vez que habla sube el pan

Tenemos que ser inteligentes y lúcidos sobre lo que está enfrente de nosotros. Las guerras comerciales y los aranceles punitivos no dan resultado a nadie porque impulsan la inflación y golpean a los trabajadores, empresas y consumidores

Ursula von der Leyen — Presidenta de la Comisión Europea

Podemos estar de acuerdo con las palabras de la presidenta de la Comisión Europea, pero lo que tenemos enfrente es a un personaje que solo se mueve por sus intereses y que está poniendo la economía global patas arriba con amenazas de aranceles y una actitud intimidante si no se compran productos de Estados Unidos. Es difícil entender la parsimonia y la falta de contundencia de la Unión Europea a la hora de dar una “respuesta proporcional” a la declaración de guerra comercial por parte de Donald Trump, aunque los aranceles que afectan a la “reciprocidad” no están ni siquiera diseñados. Todavía hay mucha incertidumbre, aunque hay sectores como el vino que se están adelantando a las posibles consecuencias, pero parece que el impacto de una guerra comercial entre ambos bloques sería significativo en la automoción, la industria química, la tecnología y la alimentación. Aquí te explicamos cómo una UE descolocada se prepara para el impacto de los aranceles de Trump.  

Bien público

Cada vez hay más empresas que se acogen a los ERTE cuando vienen mal dadas. En 2024, España alcanzó el récord histórico de 21,8 millones de personas trabajando tras la creación de 468.100 puestos de trabajo, pero esto no significa que no haya empresas que mueran o que tengan que buscar fórmulas para seguir operando. Afortunadamente, cada vez más compañías no optan por los despidos, sino que al aplicar expedientes de regulación de empleo optan por los ERTE, aunque hay grandes compañías como Cellnex que terminan despidiendo.  En 2024, unos 189.200 trabajadores se vieron afectados por expedientes de regulación, un 4,5% más que un año antes: a través de ERTE se vieron afectados 151.800 personas, mientras que otras 37.400 estuvieron incluidas en despidos colectivos. Aquí tienes un reportaje de Laura Olías sobre cómo los ERTE amortiguaron la mayor parte de los ajustes de plantilla en 2024 y el golpe de la DANA. 

Nos gusta la competencia

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Cuando las cosas no van bien en una empresa, hay una palabra que asusta especialmente en las plantillas: ERE. En 2024, unos 189.200 trabajadores se vieron afectados por expedientes de regulación, un 4,5% más que un año antes. El grueso de los ajustes se realizaron a través de ERTE, que afectaron a 151.800 personas, mientras que otras 37.400 estuvieron incluidas en despidos colectivos. La catástrofe de la DANA, a finales de año, también se ha canalizado principalmente a través de ERTE, reforzados en la reforma laboral con el respaldo de sindicatos y patronales. 

Los ERTE aglutinaron al grueso de las personas afectadas por expedientes de regulación y también concentraron el mayor incremento en los ajustes realizados en el último año. Así, los trabajadores en ERTE aumentaron un 5% respecto a 2023, mientras que las personas incluidas en despidos colectivos se incrementaron un 2,4%.

Dentro de los ERTE, para la gran mayoría de personas afectadas suponen la suspensión de sus contratos (143.000), a los que se suman un número mucho más reducido de ERTE con reducción de la jornada (8.700 personas). 

Hay que recordar que estos datos corresponden a un mercado laboral en crecimiento en los últimos años. En 2024, España alcanzó el récord histórico de 21,8 millones de personas trabajando tras la creación de 468.100 puestos de trabajo.

Raúl Olmos, de Acción Sindical de CCOO, destaca que la estadística de regulación de empleo refleja “muy buenos datos”, casi iguales que en 2023, con menos empujón del empleo y además teniendo que enfrentar la catástrofe de la DANA a final de año. “Si quitáramos el efecto de la DANA, creo que los datos hubieran sido incluso un poco inferiores a los de 2023”, valora Fernando Luján, Vicesecretario General de Política Sindical de UGT.

“Afortunadamente, el mercado laboral está tirando muy bien”, reconocen también fuentes consultadas de la patronal CEOE, que destacan que las cifras de despidos colectivos se mantienen “muy reducidas”.

Sindicatos y patronales advierten de que esta estadística de regulación de empleo, y especialmente cuando los datos de despidos colectivos son bajos como ahora, las circunstancias particulares de un solo expediente de cierta relevancia –como el de unas 3.400 personas de Telefónica del año pasado– tienen mucha influencia en la imagen final. Así, pueden provocar importantes oscilaciones en los datos porcentuales, que no siempre son tan relevantes con la mirada amplia a todo el mercado de trabajo.

El “éxito” en la pandemia y el impulso de la reforma laboral

Aunque los ERTE se conocieron de manera masiva durante la pandemia, ya existían como herramienta en la legislación laboral y concentraban gran parte de los ajustes que se realizaban en las empresas. Sin embargo, como refleja el anterior gráfico, en los últimos años su uso se ha extendido más aún y aglutinan un mayor porcentaje de los ajustes totales que se realizan en el mercado laboral. 

La experiencia de la COVID popularizó mucho más este instrumento, también entre las pequeñas empresas. Pero además fue clave el “gran éxito” de los ERTE, como lo calificó la OCDE, ya que no solo se utilizaron en la emergencia por el coronavirus, sino que después no se convirtieron masivamente en ERE, protegiendo cientos de miles de puestos de trabajo y una importante parte del tejido productivo español.

“Desde la pandemia se ha abierto mucho el espacio de los ERTE frente al despido colectivo. Esto tiene que ver con la buena situación económica y del empleo, así como que el foco de la pandemia, cuando se vio como una herramienta posible para proteger la actividad y el empleo. Ayudó a ver el ERTE como referente porque funcionó”, argumenta Raúl Olmos (CCOO).

Y ese foco fue acompañado después por su impulso normativo a través de la reforma laboral, pactada con los sindicatos mayoritarios y las patronales. Se incentivaron los ERTE existentes (por fuerza mayor y por causas objetivas, denominados ETOP) y se crearon la nueva modalidad del Mecanismo Red, para futuras crisis cíclicas y sectoriales.

“Estos datos son una muestra más de que el impulso a estos expedientes de regulación temporal que pactamos en la reforma laboral de 2021 fue el adecuado”, opina Fernando Luján (UGT), que considera que el auge de los ERTE sobre los despidos colectivos es otra cara del “éxito” de la reforma laboral, menos conocido que el desplome de la temporalidad, pero también de gran relevancia.

A nivel sectorial, el que más ha acudido a las herramientas de regulación de empleo es la industria del automóvil, que está afrontando una transformación con el auge del vehículo eléctrico, entre otros retos. A final de año, el Gobierno aprobó en concreto para este sector un Mecanismo Red específico, que planteó el Ministerio de Trabajo ante las demandas de los sindicatos, especialmente para proteger los puestos de trabajo de la Ford de Almussafes en la Comunitat Valenciana.

En la patronal también comparten como “muy buena noticia” el aumento de “flexibilidad interna” frente a las extinciones de contratos, una medida que destacan que la CEOE pactó en la reforma laboral. En la actualidad, en la organización empresarial responden que no tienen una preocupación especial por ningún sector económico, dada “la buena marcha” del mercado de trabajo. Eso sí, en el horizonte reconocen que están pendiente de los aranceles que está anunciado EEUU.

Protector ante la catástrofe de la DANA

Otra de las muestras de la mayor utilización de los ERTE ha sido la catástrofe por la DANA, sobre todo en la Comunitat Valenciana, aunque también en algunas localidades de Castilla-La Mancha, como Letur.

El grueso del impacto en el empleo de la catástrofe se ha canalizado de momento a través de los ERTE. Según los datos del Ministerio de Trabajo, 31.442 trabajadores y trabajadoras se vieron afectados por ERTE por la DANA (30.622 suspensiones de contrato y 820 reducciones de jornada), “todos ellos por causa de fuerza mayor”.

En los sindicatos apuntan que son conscientes de que algunos negocios no podrán reabrir por la devastación que supuso la DANA, pero subrayan la relevancia de que los ERTE actúen como contención de la destrucción masiva de empleo como primera respuesta a una crisis. “También lo vimos con los ERTE de La Palma y la utilización de los ERTE durante los problemas por las cadenas de suministros”, indica Fernando Luján.

A la espera de la prueba definitiva, cómo se comporta el mercado laboral y los ERTE en una futura crisis económica de calado, sindicatos y patronales celebran estas primeras muestras de éxito de las medidas pactadas. “Además, sin el mecanismo de ajuste que antes suponían los contratos temporales y que ya no existe”, destaca Raúl Olmos.