Conflicto laboral en una industria de caucho de Arnedo. La dirección de Elastorsa (Elastómeros Riojanos S.A.) ha iniciado de forma unilateral y sin acuerdo con los sindicatos un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que incluye a la totalidad de su plantilla, compuesta en total por 140 trabajadores.

El expediente, justificado por la dirección debido a causas productivas y organizativas —no económicas—, establece un tope máximo de 30 días laborables de suspensión por trabajador hasta el próximo 31 de diciembre. Aunque la empresa rebajó sus pretensiones iniciales (que aspiraban a un máximo de 60 días de afectación y a prolongar el escenario hasta marzo), la falta de consenso en las condiciones ha abocado el conflicto a la vía judicial y el comité de empresa, formado por CCOO y UGT, ya ha presentado la demanda.

El funcionamiento del ERTE se está aplicando mediante un goteo constante. La dirección está comunicando individualmente cada jueves qué operarios pasarán al desempleo la semana siguiente. El impacto ya es visible en la planta: la primera semana de aplicación afectó a 7 trabajadores, mientras que en la segunda la cifra se elevó hasta los 17 afectados.

Hasta el momento, las suspensiones de contrato se están ejecutando por semanas completas, obligando a los damnificados a consumir sus prestaciones de paro, aunque el comité reconoce la incertidumbre de no saber si los próximos relevos se organizarán por días sueltos o por semanas. Los sindicatos lamentan la postura de la empresa, que se ha negado a complementar económicamente los conceptos mínimos para evitar que la plantilla pierda las vacaciones o la parte proporcional de sus pagas extraordinarias.

Durante el periodo de consultas, los representantes de los trabajadores pusieron sobre la mesa una alternativa amparada por el Convenio General de la Industria Química para mantener los salarios al 100% y blindar las prestaciones públicas: un sistema de flexibilidad horaria inversa. La propuesta consistía en que el personal dejara de trabajar las horas sobrantes en este momento de baja actividad para recuperarlas posteriormente —cuando se reactivaran los pedidos— mediante jornadas ampliadas o turnos voluntarios en sábados y domingos.

Sin embargo, tras dos reuniones en las que las partes estaban muy alejadas en las formas de recuperar dicha jornada, la dirección de Elastorsa rompió las negociaciones. El comité denuncia que, tras comprometerse a trasladar una nueva propuesta en el encuentro del pasado 26 de junio, la empresa no ha dado ninguna respuesta y ha ejecutado el expediente.

El escenario se vuelve aún más complejo en el plano normativo. El pasado 30 de junio, el comité expuso la situación ante la Inspección de Trabajo, solicitando formalmente un control horario estricto en la planta de Arnedo. Los sindicatos albergan “sospechas” de que se están realizando horas por encima de la jornada normal en la fábrica mientras se envía a gente al desempleo.

A falta de una resolución por parte de la Inspección, el comité ya prepara las medidas judiciales contra Elastómeros Riojanos por el ERTE aplicado. Desde la representación de los trabajadores concluyen de forma tajante sobre la estrategia de la dirección: “Es más fácil que los salarios de la plantilla los pague el SEPE que lo pagamos todos y todas”.

La empresa NIDEC ARISA ha trasladado este martes la relación de personas trabajadoras que han solicitado acogerse voluntariamente al Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Del total de 56 extinciones inicialmente planteadas por la empresa, se han presentado 35 solicitudes de adhesión voluntaria.

Tras su valoración, la empresa ha aceptado 26 solicitudes, mientras que 9 personas voluntarias no han sido admitidas, argumentando que dicha decisión responde a razones organizativas y productivas que hacen necesaria la permanencia de esos puestos de trabajo. La aceptación de estas 26 adhesiones voluntarias supone una reducción muy significativa del número de extinciones de carácter forzoso, que pasan a representar aproximadamente el 50 por ciento de las bajas inicialmente previstas.

Este hecho contribuye a minimizar el impacto social y el carácter traumático que conlleva un proceso de despido colectivo, al permitir que una parte importante de las salidas se produzca por decisión voluntaria de las personas trabajadoras. La empresa también ha informado de que contactará telefónicamente con cada una de las personas afectadas para comunicarles la fecha efectiva de finalización de su contrato.

Como criterio general, las extinciones se producirán entre el 15 de julio y el 31 de agosto, si bien, de forma excepcional, algunas podrán materializarse hasta el 15 de septiembre con el fin de garantizar la finalización de determinados proyectos o trabajos ya iniciados. En cualquier caso, el acuerdo alcanzado contempla la posibilidad de que las extinciones puedan ejecutarse hasta el 31 de diciembre, en función de las necesidades organizativas y productivas de la empresa.

Asimismo, en aquellos casos en los que no pueda respetarse el plazo legal de preaviso, la empresa abonará la compensación económica correspondiente, cantidad que será regularizada e incluida en la liquidación y el finiquito de cada persona trabajadora en el momento de la extinción de su contrato.

UGT FICA, mayoritaria en el comité, valora “positivamente que el proceso haya permitido canalizar un elevado número de solicitudes voluntarias, reduciendo así el alcance de las extinciones forzosas y mitigando el impacto que este procedimiento tendrá sobre la plantilla. No obstante, seguirá vigilante para garantizar el estricto cumplimiento del acuerdo alcanzado”.

En este sentido, UGT FICA realizará un seguimiento permanente de la aplicación del ERTE a través de la Comisión de Seguimiento prevista en el acuerdo y velará porque todas las medidas se apliquen conforme a lo pactado, supervisando el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la empresa y defendiendo en todo momento los derechos e intereses de la plantilla.

El Comité de Empresa de Nidec Arisa (compuesto por UGT, CCOO y USO) ha informado de un principio de acuerdo con la propia empresa que reduciría de 56 a 53 los afectados por despido (ERE) y que podría contar con mejoras sustanciales para el resto de los trabajadores afectados por el ERTE. Un preacuerdo que deberá ser validado por la plantilla antes de ser confirmado ante la empresa.

Tras remitir a ARISA las propuestas acordadas de la plantilla en las diferentes asambleas mantenidas a lo largo de la pasada semana, ambas partes han procedido a la negociación de los términos planteados de modo que finalmente se ha alcanzado un principio de acuerdo.

Tal y como se ha trasladado en la tarde de hoy mediante comunicación informal a los propios trabajadores “y que se explicará mañana presencialmente en sendas asambleas informativas”, de producirse un ERE con acuerdo, éste aumentaría la indemnización a 25 días por año trabajado, con un máximo de 14 mensualidades y reduciría el número de personas afectadas a 53, con la posibilidad de acogerse voluntariamente al ERE, siempre que existan razones organizativas que lo permitan, siendo la empresa quien, en última instancia, determine si la solicitud puede ser aceptada.

Por su parte, en el caso de que el ERTE se firme mediante acuerdo, se ha conseguido una mejora sustancial de la propuesta de la empresa alcanzando el 100% del complemento de vacaciones y de las pagas extraordinarias, y la limitación de la afectación máxima hasta el 70 %, incluso en el peor de los escenarios previstos. Además se aplicarían distintos complementos salariales durante los periodos de suspensión.

Las diferencias entre un procedimiento acordado y otro sin acuerdo son importantes y afectan al número de personas implicadas, a las indemnizaciones, a la posibilidad de acogerse voluntariamente al ERE y a las condiciones económicas durante la aplicación del ERTE.

Por ello “es especialmente importante analizar y valorar los términos de la propuesta con las personas trabajadoras”.

Es decir, el documento alcanzado constituye un preacuerdo, que deberá ser ratificado por la mayoría de la plantilla mediante votación antes de su firma definitiva el próximo jueves, 9 de julio.

La Representación Legal de las Personas Trabajadoras (RLPT) siempre ha defendido una negociación que permita minimizar el impacto sobre la plantilla, mejorando tanto las condiciones económicas como las garantías sociales.

Acercamiento entre las partes negociadoras en ARISA. En las últimas horas, dirección y comité de empresa han mantenido un encuentro en el que “se ha producido un acercamiento entre las partes negociadoras”. Así lo ha trasladado el Comité a los trabajadores a través de un comunicado a la plantilla.

Tras este primer acercamiento, ambas partes volverán a sentarse la próxima semana. Una reunión a la que el Comité de Empresa dice acudir “con un compromiso firme y la voluntad de seguir trabajando para encontrar fórmulas que permitan alcanzar un acuerdo lo más justo posible”.

Y es que reiteran que el objetivo sigue siendo “minimizar al máximo el impacto de las salidas previstas y proteger las condiciones laborales de las personas que permanezcan en la plantilla”. Así, y aunque reconocen que “todavía quedan aspectos importantes por negociar”, parece que hay optimismo porque “el escenario actual permite continuar avanzando en la búsqueda de soluciones que mejoren la propuesta inicial planteada por la empresa”.

Este viernes, el Comité de Empresa ha convocado una asamblea informativa para trasladar a “con total transparencia el estado de las negociaciones, las principales cuestiones tratadas y las cifras que a cifra de hoy están sobre la mesa”. Asamblea en la que también se ofrecen a resolver “las dudas que puedan surgir”.

El pasado mes de junio, la dirección de la empresa Nidec Arisa afincada en Navarrete y dedicada al suministro de piezas para el automóvil, planteó al Comité de Empresa un expediente de regulación de empleo (ERE) con 56 despidos y un expediente temporal (ERTE) entre la plantilla de 217 trabajadores. De esta forma, la propuesta inicial de la empresa implicaría la reducción del 26 por ciento de la plantilla, además de las medidas que afectarían al 74 por ciento restante.

El Comité de Empresa de ARISA ha solicitado “una reunión urgente” con la Consejería de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo del Gobierno de La Rioja ante la situación actual de la empresa. Aseguran que las posiciones entre el Comité y la empresa “continúan muy alejadas” y la primera traslada “con total claridad” su “enorme preocupación por las condiciones del ERTE planteado”.

El objetivo de este encuentro -han explicado en un comunicado interno a la plantilla- es trasladar “de primera mano la preocupación por la situación que atraviesa NIDEC ARISA” y solicitar “el apoyo y la implicación institucional en un momento especialmente difícil para la empresa, la plantilla y sus familias”. La propuesta inicial de la empresa planteaba un ERE que afectaría a 56 de sus 217 trabajadores y un ERTE al resto de empleados.

Entienden desde el Comité que las administraciones públicas deben conocer la realidad de este proceso y colaborar, en la medida de sus posibilidades, para favorecer soluciones que contribuyan al mantenimiento de la actividad industrial y del empleo, indica el comunicado.

Dentro de la negociación, desde el Comité expresan que ambas partes han expuesto y argumentado sus propuestas iniciales sobre las condiciones de las medidas de amortización de puestos de trabajo planteadas por la empresa. “Desde este momento podemos adelantar que las posiciones continúan muy alejadas y que, a día de hoy, no existe un escenario cercano que permita alcanzar un entendimiento”.

Nuevas reuniones para acercar posturas

En relación con el ERTE, que sigue siendo la cuestión que más preocupa a la parte social por “el enorme impacto que tendría sobre la plantilla”, la empresa ha presentado una primera propuesta. Esta será analizada en profundidad por la representación de las personas trabajadoras y, en la próxima reunión, “presentaremos una contraoferta con el objetivo de mejorar sustancialmente las condiciones planteadas”.

Ambas partes se han emplazado a la siguiente reunión del calendario de negociación “con el compromiso de seguir realizando propuestas que permitan acercar posturas y hacer lo menos traumáticas posible las salidas inicialmente planteadas por la empresa, de las que, por el momento, continúa sin moverse”. No obstante,“ queremos trasladar con total claridad nuestra enorme preocupación por las condiciones del ERTE planteado”.

La empresa mantiene una propuesta con una afectación que oscilaría entre el 50 por ciento y el cien por cien de los días de trabajo mensuales, durante un periodo de un año. Se trata de un planteamiento que, en las condiciones actuales, la parte social considera “absolutamente inasumible para la plantilla de NIDEC ARISA”.

Desde la representación social ya han manifestado a la dirección “que no es razonable pretender que las personas trabajadoras asuman un auténtico acto de fe”. “Y lo calificamos así porque, a día de hoy, el horizonte de carga de trabajo continúa siendo muy incierto”, afirman.

La propia empresa reconoce que no existen proyectos firmados para la fabricación de nuevas prensas, al menos durante 2027, por lo que resulta “muy difícil” pedir a la plantilla que soporte un ERTE “de esta magnitud sin garantías objetivas de recuperación de la actividad”.

Finalizan desde el Comité de Empresa expresando que su responsabilidad es continuar negociando “con rigor, exigiendo toda la información necesaria y defendiendo alternativas que reduzcan al máximo el impacto de las medidas planteadas”. Por ello, insisten, “seguiremos trabajando con firmeza para que cualquier medida que finalmente se adopte sea proporcionada, justificada y lo menos lesiva posible para las personas trabajadoras”.

La planta valenciana de Ford tiene en marcha la negociación del escenario de condiciones laborales y salariales de la plantilla, mientras afronta la última parte del ERTE Red acordado para dos años y la próxima preparación de la factoría para el nuevo modelo de la saga Bronco que saldrá de sus instalaciones de Almussafes.

La Comisión negociadora del Acuerdo por la Electrificación 2030, constituida el 20 de mayo, ha celebrado esta semana su tercera reunión y en ella se han evidenciado discrepancias en asuntos retributivos entre la empresa y la parte social, donde están representados UGT y STM-Intersindical Valenciana.

El contenido que se alcance en el seno del Acuerdo 2030 regirá las condiciones laborales y salariales de la plantilla, de 4.142 trabajadores, en los próximos años, el marco laboral que entrará en vigor a partir de 2027 y que posteriormente se convertirá en el convenio colectivo.

El Acuerdo actual está vigente hasta finales de año pero su negociación se ha adelantado con motivo de la necesidad de crear los equipos de lanzamiento del Bronco, un SUV compacto robusto y multienergía, que se ensamblará en la planta a partir de 2028.

La empresa ya planteó una mayor flexibilidad laboral y contención salarial, mientras que los sindicatos reclaman la vinculación de los salarios al coste real de la vida: UGT pide el IPC más un 1 % o un 1,5 % anual, así como una cláusula de revisión salarial con efecto retroactivo, y una garantía global que proteja hasta una posible subida de un 20 % en cuatro años; y STM garantizar al menos el incremento del IPC más un 2 % y, mientras no se recupere el poder adquisitivo perdido, el IPC más el 4 %.

Además del modelo de la saga Bronco, UGT reclama la asignación a la planta valenciana de dos nuevos vehículos para desarrollar, fabricar y vender en Europa.

Ford Europa ya anunció que renueva su negocio de turismos con cinco vehículos multienergía (entre ellos el citado Bronco) totalmente nuevos, que “combinan el ADN off-road con un siglo de tradición en rallies”. Dos de ellos se fabricarán en sociedad con Renault y, respecto a los otros dos, UGT cree que están pensados para Valencia.

Ante estas peticiones, la dirección de la compañía ha argumentado que ha analizado la situación del sector y la cuantificación de las propuestas no se adapta a la realidad, mientras UGT, sindicato mayoritario, ha defendido la legitimidad de su propuesta.

La próxima reunión, la cuarta, se celebrará en diez o quince días, y la negociación se prolongará sin fecha límite.

Días de ERTE

En la Comisión mixta de seguimiento del ERTE Red del 3 de junio se comunicaron los días de parada para este mes de junio, julio y agosto, un total de 21 días en la planta de vehículos y 7 días en motores.

En junio y en vehículos, los días de parada que quedan por delante son 22, 23, 25 y 26 (toda la cuarta semana, el 24 es festivo por San Juan), 29 y 30, y coincidirá con el 22, 23 y 29 en motores; en julio serán el 1, 6, 17, 20, 27 y 31 en vehículos y el 17 y 20 en motores; y en agosto no habrá producción en todo el mes al tener las vacaciones del lunes 3 al viernes 21 y ERTE el 24, 25, 26, 27, 28 y 31, con el 24 también en motores.

En el marco del expediente, vigente hasta finalizar el año, la Generalitat trasladó en esas fechas que ha procesado el pago de los meses de enero y febrero, y la empresa regularizará los adelantos en la nómina de junio.

El edificio de la Junta General del Principado de Asturias, sede del parlamento regional, está situado a menos de un kilómetro del Paseo de los Álamos, en el campo San Francisco de Oviedo/Uviéu, y en este pulmón verde de la capital asturiana los trabajadores de la empresa TYC Narcea han instalado unas tiendas de campaña.

Es el último cartucho que les queda a los trabajadores de la explotación minera de Vega de Rengos, en el concejo asturiano de Cangas del Narcea, para hacerse visibles a los ojos de los representantes de los partidos políticos asturianos.

Necesitan que les vean, les escuchen e intenten agilizar todos los trámites para que 56 trabajadores de la mina no pierdan su empleo. Las cartas de despido, en aplicación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), se harán efectivas este próximo 30 de junio. Otros 12 trabajadores permanecerán adscritos a labores de mantenimiento.

Los ánimos están “altos”

La media de edad de los trabajadores se sitúa en 40 años. El más joven tiene 22 y el más veterano 62. La mayoría están casados y tienen hijos e hijas. Hay incluso alguno que ya tiene nietos. Pero también los solteros reivindican su derecho a conservar su puesto de trabajo. Todos ellos son profesionales, muchos con varios años de antigüedad y amplia experiencia en la mina, que luchan unidos por mantener la actividad minera en la comarca suroccidental asturiana.

Los trabajadores hacen turnos de 24 horas y se van relevando. El pasado miércoles, Diego, Miguel, Kike y Alberto estaban 'de guardia' en la acampada. Al igual que Carlos Ambres y Julio Menéndez Toral, que cogieron el testigo, todos ellos reconocían a elDiario.es que los ánimos entre los acampados “estaban altos” y resaltaban la importancia de permanecer unidos en la lucha para tratar de llevar al ánimo de los políticos que no pueden permanecer ajenos a una situación que dejará en la calle a 56 trabajadores.

La ayuda de la comarca suroccidental

Toda la zona del Suroccidente asturiano se ha volcado con los trabajadores: hostelería, comercios... Les ofrecen comida, bebida, aprovisionamiento para pasar lo mejor que puedan el día y la noche durante la acampada.

También la Policía Local de Oviedo y los concejales de Izquierda Unida (IU)-Convocatoria por Oviedo han ido a visitarles al Paseo de los Álamos para interesarse por ellos y preguntarles si necesitan algo, unos gestos que han agradecido los mineros acampados.

Del ERTE al ERE

El año pasado la empresa entró en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y este año están inmersos en otro, pero a partir del 30 de junio todo se complicará cuando se aplique un Expediente de Regulación de Empleo (ERE).

La plantilla, integrada por 68 trabajadores, aceptó el ERE el pasado 1 de junio después de que la empresa se comprometiera a la readmisión de los despedidos cuando se autorice la vuelta a la actividad en la mina.

La muerte de Óscar y Anilson 

La actividad en la mina se paralizó el pasado mes de noviembre a raíz del accidente mortal en el que perdieron la vida dos de sus compañeros: Óscar Díaz Rodríguez, de 32 años y vecino de Cangas de Narcea, y Anilson Soares de Brito, de 42 años y vecino de Villablino.

Óscar Díaz, de 32 años, había crecido en Posada de Rengos. Sus compañeros le definen como una persona tranquila y discreta, con una forma de trabajar “impecable” y un sentido de la responsabilidad “intachable”.

Anilson Soares, de 42 años y vecino de Villablino, había emigrado desde Cabo Verde en busca de una oportunidad laboral que le permitiera una vida mejor. Formaba parte de la segunda generación de caboverdianos que se asentaron hace cincuenta años en la comarca de Laciana, para trabajar en las empresas del carbón de las cuencas leonesas. Padre de dos hijos, de 15 y de 10 años, sabía que la mina que le daba un respiro en la vida, también se la arrebataba. Su hermano Adolfo había muerto, en noviembre de 2007, cuando trabajaba en una explotación de Hijos de Baldomero, en Laciana. Solo tenía 27 años.

Atrapados en la mina

Los dos mineros habían quedado atrapados por un derrumbe en el nivel dos de la explotación de Vega de Rengos, de la empresa TYC Narcea. Al conocer la noticia del accidente laboral de Óscar y Anilson, el presidente del Principado, Adrián Barbón, suspendió un acto en Salamanca donde iba a intervenir y se trasladó a Asturias para conocer de primera mano la situación.

En esa ocasión, transmitió sus condolencias a los familiares y compañeros mineros, a través de su perfil oficial en X, que reproducimos a continuación.

Hoy, son los propios mineros a los que aquel fatídico 21 de noviembre transmitió su pesar por la muerte de sus compañeros quienes le recuerdan en una pancarta que él, que siempre se remite a sus orígenes familiares como 'hijo de minero', es quien puede ofrecerles una solución a los otros padres, hermanos, tíos, sobrinos y abuelos de mineros.

El papel de Barbón, 'hijo de minero'

Los trabajadores han pedido la mediación del presidente asturiano e incluso los alcaldes y alcaldesas de la comarca suroccidental asturiana se han reunido con él para que agilice los trámites y que los mineros puedan volver al tajo.

Los alcaldes y alcaldesas han acudido al Paseo de los Álamos para solidarizarse con la plantilla de TYC Narcea y transmitirles un mensaje de apoyo y solidaridad.

La unión entre los trabajadores en cuantas acciones realicen para defender sus empleos es fundamental y un factor decisivo para tratar de lograr su objetivo final de reanudar la actividad en la mina.

La evolución

El portavoz de los mineros, Carlos Menéndez, es delegado de Comisiones Obreras (CCOO) en la empresa y acumula más de 20 años de experiencia en las minas, primero en Carbonar y actualmente en TYC Narcea. Asegura que los ánimos “están muy altos”; una expresión que viene a corroborar las declaraciones de sus compañeros Diego, Miguel, Kike, Alberto, Carlos y Julio.

Carlos Menéndez relata a eldiario.es Asturias qué pasos se han seguido hasta llegar a la situación límite de acampar en el Paseo de los Álamos.

La paralización de actividad

“Nosotros estamos luchando para tener un proyecto de explotación que ya se envió en abril de 2025. Estábamos trabajando bajo un Proyecto de Investigación Complementaria (PIC). A raíz del accidente de Cerredo/Zarréu, donde se mataron cinco compañeros el año pasado, a nosotros se nos paró nuestra explotación y empezaron a pedirnos todo tipo de documentación. Estuvimos dos meses y medio de ERTE”, explica el portavoz.

Todos los permisos, en regla

El accidente de Cerredo/Zarréu ocurrió el 31 de marzo de 2025 y se llevó por delante la vida de los trabajadores Jorge Carro, Rubén Souto Robla, Amadeo Bernabé, Iván Radio y David Álvarez.

“A raíz de ese accidente, la administración certificó que toda la documentación que requería, en materia de seguridad y de permisos, en Vega de Rengos estaba en regla y dieron la autorización para seguir trabajando bajo el PIC”, comenta Carlos Menéndez.

La responsabilidad

Pero llegó otra fecha negra para la minería asturiana. El 21 de noviembre de 2025, todo volvió a cambiar. Ese día, se produjo el accidente laboral en el que murieron Óscar y Anilson y, a raíz del siniestro, Minas paralizó el PIC y toda la actividad.

“Desde entonces, solo deja hacer unos trabajos de mantenimiento, mientras se elabora un informe de seguridad del accidente para determinar quién es el responsable”, expone el portavoz.

Concentraciones y una marcha

Posteriormente se creó una subcomisión de seguridad, y el 28 de enero pasado llegaron a la conclusión, después de varios informes de la empresa, de hacer unos labores de mantenimiento de la rampa.

“Desde ese momento -prosigue el portavoz- estamos luchando. Realizamos cuatro concentraciones y una marcha en Oviedo porque no se nos dejaba entrar a la mina a trabajar, ni extraer carbón, ni hacer nada, porque aunque estuviera la comisión aprobada, faltaba que el director de Minas, Javier Cueli, firmara y nos diera autorización”.

Una espera que dura 15 meses

“A la vez , la empresa en abril del año pasado también había enviado el proyecto de explotación que es el que nos permite explotar, sacar carbón, vender, comercializar... Se mandó en abril del año pasado y llevamos esperando 15 meses. Sabemos que a otras empresas en tres meses se lo habían concedido. Minas se ha puesto ahora con él. El problema es que ni te dan razones, ni te dan plazos”, lamenta.

El proyecto de explotación hay que sacarlo a la luz pública para que se abra un plazo de alegaciones. Tiene que ir al Ministerio de Medio Ambiente y tiene que pasar unos trámites que llevan unos tiempos.

La devolución de las ayudas

Por otro lado, desde la Ley del Cambio Climático del 2022, cualquier empresa que haya cerrado y hubiera obtenido ayudas tiene que devolverlas y ahora el Instituto de Transición Justa (ITJ) tiene que hacer una consulta para saber si la empresa tiene que devolver o no las ayudas.

“Nosotros tenemos el PIC desde el 2021. Ha habido cuatro ampliaciones y luego la quinta ya nos pone que está permitido hasta que se nos apruebe el Procedimiento Escrito de Trabajo (PETS), o sea, es ilimitado. No sé qué figura legal han buscado, pero ahora lo tenemos paralizado y ahora mismo no se nos permite extraer carbón, con lo cual la empresa, al no poder extraer ni vender carbón desde el 21 de noviembre, primero nos metió en un ERTE y ahora tenemos un ERE de extinción con 56 despedidos y 12 personas que quedarán para realizar labores de mantenimiento”, indica Carlos Menéndez.

La polémica

El problema está en el tejado de la administración. El Instituto de Transición Justa (ITJ) consultó a Bruselas y le respondió que las ayudas son estatales y, por lo tanto, se remiten a Madrid. Y han dicho a los trabajadores que no saben cuál es el procedimiento a seguir, según manifiesta el portavoz.

“El ITJ ha mandado a la Abogacía del Estado que le remita un informe de cómo va a ser el procedimiento que se va a seguir para saber si hay o no que devolver ayudas. Nosotros creemos -dice Carlos Menéndez- que no hay que devolverlas porque las ayudas al cierre las tuvo en la antigua mina, que era Carbonar Narcea”, añade.

El papel del ITJ

Carlos Menéndez habló con la directora del ITJ, Judit Carreras García, hace un mes y le dijo que tenía el borrador del informe delante de la mesa, que lo iba a revisar y que disponía de diez días para mandárselo a la empresa y a partir de ese momento empezarían a contar tres meses para que pueda confirmar si hay o no que devolver y la cuantía de las ayudas.

“Este viernes pasado, Judit Carreras habló con la empresa y le dijo que han tenido problemas y ha cambiado el abogado del Estado y que ahora en diez días le va a remitir a la empresa la información y a partir de ahí empiezan a contar los tres meses. Eso quiere decir que la decisión del ITJ se va a producir a finales de septiembre y antes no habrá proyecto de explotación, mientras que el ITJ no se pronuncie”, indica.

Los cálculos

Ese retraso implicaría que hasta que el ITJ no se pronuncie y se apruebe el proyecto, se saque a información pública y se revisen posibles alegaciones, antes de enero o febrero de 2027 no será posible que los trabajadores vuelvan a la explotación minera, según los cálculos del portavoz.

“En Madrid van a mirar con un informe jurídico si es legal que puedan empezar a sacar a información pública el informe antes de que el ITJ responda. Lo que tenemos claro los trabajadores -asegura Carlos Menéndez- es que la empresa Carbonar, que era la antigua propietaria, cobró al cierre más de 30 millones de euros de ayudas”.

Las diferencias

“Nosotros lo que tenemos ahora en común con la otra empresa, aparte de lo que son las instalaciones pero están fuera, los primeros 40 metros de entrada de la mina y una chimenea de ventilación. Creemos que lo único que se debería devolver como mucho sería eso, pero es de los años 80 del siglo pasado, ya no es de Carbonar, sino que es de Velasco, del anterior propietario, que no recibió ayudas, con lo cual creemos que no hace falta devolver nada”, argumenta.

Los trabajadores cuentan con informes que sostienen esta afirmación y han enviado dos -uno de ellos consta de 33 hojas- donde se explica todo lo que es una concesión minera.

“¿Cuáles son las cuadrículas mineras donde estaba explotando Carbonar? ¿Dónde está explotando TYC Narcea? ¿Cuáles son las diferencias?. El carbón que se extraía antes era carbón térmico y ahora ninguno es una antracita de bajo volátil. Son tantas, tantísimas las diferencias que lo único común es que estamos en el mismo sitio y tenemos los 40 metros de la entrada de la mina”, ilustra.

Carlos Menéndez estima que desde el primer día que se les dio el PIC ya se tendría que haber informado desde el Gobierno del Principado a Madrid, no ahora, sino hace cuatro años: “De ahí, las informaciones que salieron publicadas donde en Madrid decían que no sabían que se estaba extrayendo carbón en la mina”.

El apoyo de la comarca

La presidenta de la Asociación de Comarcas Mineras (ACOM) y alcaldesa de Ibias, Gemma Álvarez, pidió el pasado jueves “agilidad administrativa” para la reapertura de la mina de TYC Narcea, de Vega de Rengos, en el concejo de Cangas del Narcea.

Antes de participar, junto a los alcaldes asturianos integrantes de la entidad, en una reunión con Adrián Barbón, Álvarez explicó que la administración está “bloqueando los trámites necesarios” para retomar la actividad en la mina de Vega de Rengos, paralizada desde el pasado 21 de noviembre tras el accidente mortal en el que fallecieron Óscar y Anilson.

“Setenta familias llevan meses sin trabajo tras la paralización de la explotación”, afirmó Álvarez, quien lo califica como un problema “puramente administrativo” con consecuencias para la comarca.

Justicia con las comarcas mineras

Los alcaldes están “bastante preocupados por saber a dónde se están destinando todos los fondos de transición”, reconoció, tras advertir de que el dinero “acaba destinándose a otras zonas de costa”.

La alcaldesa también exigió “el compromiso y la justicia” con las comarcas mineras y solicitó que “esos fondos vayan destinados a las zonas mineras” y no a otros territorios ajenos a la transición energética que afecta directamente a estos municipios.

La economía doméstica y el paro

Mientras los políticos, desde sus despachos, buscan soluciones, sigue la protesta en la calle. Los trabajadores de TYC Narcea están dispuestos a seguir con la acampada “indefinidamente”.

La economía doméstica no solo no es boyante, sino que incluso para más de un trabajador se complica al tener agotado el subsidio de desempleo. El año pasado, los trabajadores ya estuvieron afectados por un ERTE, al que se ha sumado otro este año y actualmente viven bajo la amenaza de un ERE inminente.

“Hay compañeros que ya venían de otros sitios, que habían agotado el paro, y esto es como la minería, que lleva muchos años en guerras. La situación es muy complicada y eso que estamos hablando de que, en el caso de que se pueda arreglar, llegamos a las fechas de octubre y noviembre”, expone.

Carlos Menéndez no obvia que las complicaciones se verán a partir del próximo 30 de junio, fecha en la que se aplica el ERE: “Lo comprobaremos cuando pase un mes y ya no tengamos ingresos o los ingresos provengan del paro, donde ya sabemos que las cuantías son para subsistir, es decir, poco y mal”, sostiene.

La tensión laboral vuelve a instalarse en la Base Naval de Rota. La plantilla de la empresa concesionaria de los servicios aeroportuarios, VERSAR Global Services, afronta un nuevo escenario de incertidumbre tras la apertura de un expediente temporal de regulación de empleo (ERTE) que afectará a buena parte de los trabajadores entre el próximo 25 de mayo y el 15 de julio, en un contexto marcado por años de conflicto sindical, negociaciones enquistadas y acusaciones de imposición empresarial.

El último episodio se ha producido esta misma semana, durante la primera reunión oficial entre la dirección de la multinacional y el Comité de Empresa después de que la compañía comunicara el 8 de mayo su intención de aplicar un ERTE alegando causas organizativas y productivas derivadas de las obras en la pista de vuelo del aeropuerto militar. El encuentro, celebrado en un hotel de la localidad gaditana, reunió al director de la empresa, responsables de Recursos Humanos y representantes legales de la compañía, además de los miembros del comité y sus asesores sindicales.

Sin embargo, lo que inicialmente se había planteado como una negociación sobre un único expediente acabó derivando en un escenario mucho más complejo. Según denuncia la representación de los trabajadores, la empresa comunicó “sin previo aviso” un cambio sustancial en su estrategia laboral al anunciar que prevé ejecutar dos ERTE distintos. El primero, inicialmente justificado por motivos organizativos y productivos, pasaría a tramitarse como un ERTE por causa de fuerza mayor, manteniendo el mismo calendario previsto entre mayo y julio.

La principal preocupación de la plantilla llegó con el anuncio de un segundo ERTE posterior, esta vez nuevamente por causas organizativas y productivas, pero sin fecha concreta de finalización. La empresa habría vinculado esta segunda medida a una supuesta reducción de vuelos y actividad en las instalaciones aeroportuarias de la base, llegando incluso a apuntar, según trasladan los representantes sindicales, a las restricciones del Gobierno español sobre determinados vuelos relacionados con operaciones militares de Estados Unidos en el conflicto con Irán.

Una década de enfrentamientos laborales

El Comité de Empresa rechaza frontalmente esa argumentación y sostiene que la actividad vinculada a los destructores estadounidenses destinados al escudo antimisiles mantiene una importante carga de trabajo logístico tanto en el aeropuerto como en el muelle marítimo de la base. De hecho, aseguran que preguntaron directamente a la dirección si existía algún perjuicio económico derivado de esa situación y que la empresa negó que estuviera alegando pérdidas económicas.

El trasfondo del conflicto se remonta a más de una década de enfrentamientos laborales entre la concesionaria y la representación sindical. Los trabajadores llevan años reclamando un convenio colectivo propio adaptado a las particularidades del servicio que se presta a la Marina de Estados Unidos, al considerar que muchas de las funciones que desempeñan no están reconocidas ni remuneradas adecuadamente bajo el convenio Handling que, según denuncian, fue impuesto de forma unilateral por la empresa.

Ese clima de desconfianza había provocado ya inquietud desde el primer momento en que se comunicó el expediente temporal. La plantilla temía que la medida pudiera convertirse en una antesala de nuevos recortes laborales tras varios años marcados por despidos y reducciones de personal. La modificación del planteamiento inicial durante la reunión del pasado día 18 ha intensificado aún más esas sospechas.

Desde el Comité de Empresa también critican que durante el periodo de ERTE la compañía pretenda que los salarios sean asumidos por el Estado mientras, sostienen, continúa percibiendo los ingresos derivados de su contrato con la Marina estadounidense. “No entendemos que semejante situación pueda asumirse con normalidad”, apuntan los representantes de los trabajadores, que consideran insuficientemente aclarado el impacto económico real de las medidas planteadas por la empresa.

La negociación continúa abierta, aunque todavía no se han abordado las condiciones concretas de los expedientes planteados. Mientras tanto, el comité ya estudia posibles acciones legales, movilizaciones y nuevas protestas sindicales ante una situación que consideran “injusta” para la plantilla y sus familias.

El Gobierno vasco destinará dos millones de euros a complementar el subsidio por desempleo de los trabajadores afectados por un ERTE como consecuencia de la guerra de Irán. La medida, en línea con la que se adoptó durante la crisis de la COVID-19, se acompaña de otros 100 millones para fomentar la contratación y se ha ratificado este martes en la Mesa de Diálogo Social, en la que se sienta el Gobierno vasco la patronal Confebask y los sindicatos CCOO y UGT -ELA y LAB no participan- y que ha celebrado su primer encuentro en lo que va de legislatura. La medida anunciada tras este encuentro se adelantó ya de hecho en la presentación del conjunto de medidas para mitigar los efectos de la guerra en la economía vasca el pasado mes de marzo, aunque ahora se ha ampliado algo los posibles trabajadores beneficiados, respecto al anuncio inicial.

En concreto, si en principio se anunció el complemento de los ERTE, de hasta 150 euros mensuales para personas con salarios por debajo de los 20.000 euros, la medida se ha ampliado para los afectados con bases de cotización inferiores o iguales a 23.000 euros y por un importe de 175 euros mensuales para personas con una jornada de trabajo superior al 50% y de 125 euros mensuales para quienes tengan una jornada inferior al 50%. “Se trata de apoyar a los trabajadores más vulnerables y con salarios más reducidos”, ha dicho el vicelehendakari Mikel Torres, siempre que provengan de sectores afectados por la guerra de Irán y que con el compromiso de que se mantenga el empleo. De forma paralela se activarán fórmulas de acceso a la contratación con discriminación positiva para desempleados y empresas afectadas por las consecuencias de la guerra por un importe máximo de 100 millones de euros.

En la reunión de este martes se han acordado también las bases de la futura Ley vasca de Participación Institucional, el avance en el desarrollo de un modelo propio de formación para personas trabajadoras y la creación de un grupo de trabajo sobre migraciones en el mercado laboral, según ha informado Torres. Respecto a la Ley de Participación Institucional, Torres ha resaltado que “consolidará el papel estructural del diálogo social en Euskadi”. “Estamos construyendo una arquitectura institucional más sólida, transparente y participativa, que sitúa el diálogo en el centro de la acción pública”, ha afirmado. Asimismo, ha destacado que esta ley abrirá un proceso de reflexión sobre el papel de sindicatos y organizaciones empresariales en el sistema democrático y económico vasco y de hecho, ha anunciado que habrá “discriminaciones” y consecuencias“ para los agentes sociales que no quieran participar en los órganos de dirección colegiada. ”Todos tienen el valor de poder participar y contribuir en el ámbito directo e institucional y está claro que aquellas personas u organizaciones que no quieran participar, no pueden tener el mismo beneficio de aquellas que sí participan en esos procesos“, ha indicado.

En concreto, se apunta que la norma regularía las diferentes formas de sustitución para el caso de que alguno de los agentes sociales no participe de forma efectiva o renuncie a su derecho de nombramiento, “evitando que se produzca un menoscabo de su capacidad de intervención en aquella parte que pudiese quedar infrarrepresentada”. Por último, se ha acordado que deberían quedar fuera de esa norma todas las estructuras actuales creadas para la canalización del diálogo directo entre los agentes sociales, como el Consejo de Relaciones Laborales y el Consejo Económico y Social.

Por último, la Mesa de Diálogo Social ha acordado crear un grupo de trabajo sobre migraciones en el mercado laboral vasco, orientado a anticipar retos y aprovechar oportunidades. “La migración es una realidad estructural que debemos gestionar con responsabilidad, garantizando procesos seguros, ordenados y respetuosos con los derechos humanos”, ha indicado el vicelehedakari. En este grupo de trabajo se analizará el papel de la migración laboral ante los retos demográficos y de empleo en Euskadi. Entre sus funciones estará el análisis continuo del impacto de la migración en el empleo, la identificación de necesidades de empresas y trabajadores, y la elaboración de propuestas para su traslado a la Mesa de Diálogo Social.

La gestión de las piscinas y centros deportivos municipales de Zaragoza continúa en una situación de “incertidumbre” tras el anuncio de la UTE Piscinas Zaragoza (Salzillo Servicios Integrales–Imesapi) de activar un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) que afectaría a 50 trabajadores, toda la plantilla de los centros Alberto Maestro y Palafox. La empresa justifica esta decisión en la finalización del contrato actual, prevista para el 30 de abril, y en la ausencia de licitación de los nuevos pliegos por parte del Ayuntamiento de Zaragoza. Sin embargo, el Consistorio emitió la semana pasada una orden de continuidad para garantizar la prestación del servicio.

Esta decisión no ha despejado el escenario laboral, sino que ha añadido más incertidumbre entre las partes implicadas. El delegado de personal de UGT en Piscinas Zaragoza, Víctor Escorza, explica que la empresa todavía no dispone de una comunicación oficial clara de esa orden de continuidad y que, por tanto, no ha descartado aún activar el ERTE que, según trasladó a la representación laboral, se plantea con una duración de hasta 12 meses. La empresa ha comunicado a fuentes sindicales que mantienen prevista la reunión del 14 de abril donde se comunicará la decisión.

La empresa ha avanzado que acudirá a la vía judicial contra esta decisión al considerar que el Ayuntamiento “se ha negado a actualizar los costes laborales” y por no haber sacado a licitación el contrato en los plazos oportunos.

El Ayuntamiento emitió la orden el pasado 1 de abril con el objetivo de garantizar la prestación del servicio en los centros deportivos afectados —entre ellos Alberto Maestro, Tenerías y Palafox— así como en varias piscinas de verano de la ciudad. Se trata de asegurar que las instalaciones sigan funcionando con normalidad mientras se culmina la nueva adjudicación de los contratos.

Sin embargo, esto no ha tranquilizado a los trabajadores. “Lo que hay ahora mismo es una incertidumbre total. La empresa no sabe exactamente cómo interpretar la orden de continuidad porque dice que no la tiene comunicada oficialmente en todos sus términos. Hemos tenido conversaciones en las que les hemos trasladado que el ERTE, tal y como estaba planteado, decaería con esta orden, pero siguen sin tener claro qué van a hacer”, señala Escorza. El representante sindical añade que la empresa está valorando distintos escenarios. “Están enfadados y están estudiando posibilidades. A día de hoy no saben si van a seguir adelante con el ERTE o si esto cambia completamente la situación”, afirma.

Escorza insiste en que, desde el punto de vista de la representación de los trabajadores, el expediente no tiene base suficiente en el nuevo contexto administrativo abierto por el Ayuntamiento. “Jurídicamente esto no tiene ni pies ni cabeza. Nosotros lo vamos a denunciar porque entendemos que este ERTE no estaría amparado en estas condiciones. La empresa dice lo contrario, que el Ayuntamiento no ha cumplido los plazos de la licitación y que por eso podrían seguir adelante, pero nosotros no lo compartimos”, sostiene.

El sindicato denuncia además que la plantilla se encuentra en una situación de inseguridad prolongada. “Estamos en medio de todo esto los trabajadores, que somos los que sufrimos la incertidumbre. No tenemos garantías de nada. El Ayuntamiento da por buena la orden de continuidad, pero a día de hoy no hay una comunicación cerrada ni una solución definitiva”, apunta Escorza.

UGT ha solicitado una audiencia con la consejería competente y advierte de que se emprenderán acciones legales si el ERTE finalmente se materializa en las condiciones actuales. Además, el sindicato recuerda que la empresa ha llegado a plantear la posibilidad de cerrar las instalaciones a partir del 1 de mayo si no se resuelve la situación contractual.

El Ayuntamiento, por su parte, defiende que la orden de continuidad responde a razones de interés público y a la necesidad de garantizar servicios esenciales, y asegura que permitirá mantener abiertos los centros mientras se tramitan los nuevos contratos. La orden establece que la continuidad del servicio se realizará bajo las mismas condiciones técnicas previstas en los pliegos del contrato vencido, y con los precios unitarios originalmente fijados, sin aplicar las bajas ofertadas por los adjudicatarios anteriores, y solo por las horas efectivamente trabajadas.

Según informó el Ayuntamiento, esta decisión responde “a la necesidad de garantizar que las instalaciones deportivas municipales continúen abiertas y funcionado con normalidad, ofreciendo seguridad, mantenimiento y atención adecuada a todas las personas usuarias”. La orden de continuidad se mantendrá hasta la entrada en vigor de los nuevos contratos, actualmente en tramitación, con el objetivo de asegurar la prestación de estos servicios públicos esenciales.

El comité de empresa de Ramondin Cápsulas, ubicada en la localidad alavesa de Laguardia, ha decidido denunciar a la compañía ante la Inspección de Trabajo por los “incumplimientos graves” de los acuerdos de la mesa de negociación del ERTE que está vigente desde el pasado 9 de febrero. También acudirán al Preco en el Consejo de Relaciones Laborales, que depende del Gobierno vasco. Fuentes sindicales han lamentado tener que recurrir a la vía judicial y administrativa, pero han recalcado que la “prioridad absoluta” es la defensa de las condiciones laborales de la plantilla y el cumplimiento estricto de la legalidad vigente y “los acuerdos alcanzados de buena fe”.

El conflicto surge apenas un mes después de que ambas partes llegaran a un preacuerdo que debía regir la actividad de la empresa hasta el 31 de julio de 2026, periodo en el que estará vigente el ERTE. En dicho documento se establecían una serie de garantías fundamentales y se establecían las secciones afectadas por el ERTE, prácticamente la totalidad de la plantilla, de 350 trabajadores, porque “no había carga de trabajo”. Sin embargo, las centrales denuncian que están trabajando con normalidad dos secciones que iban a parar, sin levantar por ello el ERTE, cuando lo que debe hacerse, “si empieza a haber carga de trabajo es levantar la regulación”. “No puedes aplicar la regulación a la carta”, denuncian.

Además, el acuerdo contempla que debe hacerse un preaviso de cuatro días laborables para las afectaciones y la creación de un calendario mensual; el compromiso de que la afectación fuera equitativa y solidaria, sin exceder en ningún caso el 40% de la jornada. Y en cuanto a los complementos salariales que debían alcanzar hasta el 80% del salario real diario a partir del día 21 de afectación, además del respeto íntegro a la antigüedad y las pagas extraordinarias. Por otra parte, se establecía la prohibición estricta de realizar horas extraordinarias, nuevas contrataciones o externalizaciones de funciones (subcontratas) durante la vigencia del expediente.

El ERTE, que la empresa planteó ante la caída del consumo del vino, ya que fabrica las cápsulas que van en los tapones de estas botellas, estará vigente hasta finales del mes de julio, y se está aplicando los jueves y viernes. El comité, compuesto por UGT, CCOO, ELA y LAB, espera que la empresa reconduzca la situación y cumpla los acuerdos.

Los empleados de la multinacional Sabic en Cartagena han protagonizado este miércoles una protesta masiva a las puertas de la factoría, donde han recibido entre abucheos al director de la empresa en Europa, Rütger Bosch. Los trabajadores, que piden transparencia sobre su futuro y la venta de los activos de la multinacional saudí a un fondo inversor alemán, han zarandeado el vehículo de Boch cuando accedía a la planta de La Aljorra.

El presidente del comité de empresa, Pascual Sánchez, ha denunciado que la reunión que han mantenido con el directivo europeo ha causado aún más incertidumbre y angustia a los empleados de la planta: “Hace doce días [Rütger Bosch] dijo que se había producido la venta a Mutares, que no sabían en qué fecha se iba a materializar, pero que el fruto de ese acuerdo era el cierre de la planta. Ahora dice que durante 2026 la planta seguirá siendo de Sabic, y que cuando llegue Mutares el año que viene no es seguro si cerrarán la planta”.

Sánchez ha recordado que el cese de producción ya ha sido comunicado a la autoridad laboral, por lo que considera este giro de Sabic una “tomadura de pelo” al comité de empresa y a los trabajadores: “Quieren mantener la producción este año y seguir ganando dinero para que después llegue un fondo buitre y nos cierre”.

El presidente del comité ha apuntado que evadir oficializar el cierre mientras la planta está en manos de Sabic podría ser una estrategia de la compañía para no tener que aplicar medidas sociales que palíen los despidos: “Lo primero que le hemos pedido al director europeo es que queremos negociar con la central en Holanda las medidas sociales. Por mucho que digan que no son ellos las que las van a ejecutar, tienen que hacerse responsables”, ha exigido. “Queremos un asesoramiento legal de calidad pagado por Sabic y elegido por nosotros para poder hacer un seguimiento de este proceso”, ha añadido.

De no cumplirse las peticiones de los trabajadores, ejecutarán un calendario de paros de producción: “Vamos a parar la producción y hasta que no tengamos una respuesta clara y una negociación clara que salve a las personas, no vamos a seguir trabajando”, ha anunciado. “No vamos a seguir produciendo mientras ultiman sus instalaciones en Arabia, para que acto seguido nos despidan cuando estén terminadas”, ha apuntado Sánchez.

“No podemos permitir que en Cartagena se nos esté engañando para que sigamos trabajando y que cuando llegue el 1 de enero directamente nos cierren y nos echen a la calle”, ha insistido.

3.500 empleos directos e indirectos

El desmontaje y la deslocalización han sido procesos que CCOO describe como “paulatinos pero constantes”. En 2019 había cuatro plantas en las instalaciones de La Aljorra que daban empleo a 800 personas. La primera planta que se cerró fue la de Ultem, en 2020, con un ERE que supuso el despido de 76 trabajadores. En 2023 se anunció el cierre de la planta de Lexan 2, tras dos ERTES con 112 despidos. En la actualidad sobreviven dos plantas que dan empleo a 500 personas de plantilla directa -350 de ellos, en Lexan 1-. Por otro lado, decenas de empresas auxiliares suman otros 3.000 puestos de trabajo, considerando el empleo indirecto y el inducido.

La dirección de SABIC ha anunciado este mes de enero el cierre de la planta Lexan 1 tras la compra de la factoría por el fondo de inversión alemán Mutares. Tal y como describe CCOO, el grupo inversor “no ofrece ninguna confianza ni seguridad de continuidad en la producción ni a medio ni a corto plazo”. Dicha planta está dedicada específicamente a la fabricación de resinas de policarbonato de alto rendimiento, un material clave para diversas industrias.

CCOO ha hecho un llamamiento a todas las administraciones para que eviten el cierre de la planta y los despidos que ello conllevaría: “Ni la comarca de Cartagena ni la Región de Murcia pueden permitir la desaparición de uno de los pilares fundamentales de la economía industrial”.

El comité de empresa de Sabic ha anunciado un calendario de movilizaciones en Cartagena contra el desmantelamiento de Lexan 1, una de las dos plantas industriales de fabricación de plásticos en la diputación de La Aljorra, empezando con una manifestación el próximo 3 de febrero hasta la Asamblea Regional. Ni la fecha ni el itinerario son casualidad, ya que ese día se conmemora el 34 aniversario el asalto al Parlamento regional a causa del decaimiento del tejido industrial de Cartagena en los años 90.

A la manifestación del próximo día 3 de febrero le seguirá el 5 de febrero una moción de apoyo de los grupos con representación en la Cámara autonómica. Mientras, la próxima semana los representantes de la plantilla se reunirán con PP, PSOE y Sumar: “En principio sí que estamos teniendo mucho apoyo de las fuerzas políticas”, ha explicado Pascual Sánchez, presidente del comité de empresa.

“Aunque la compañía ha anunciado el cierre de una planta, todavía no estamos ni en un periodo de consulta. Este proceso de venta se va a alargar a lo largo de meses”, ha abundado Sánchez, que ha lamentado que “la incertidumbre y la falta de información hace que la plantilla esté en una situación alterada, nerviosa, muchos de ellos saben que van a acabar en el paro”.

“Llevamos seis años sufriendo un proceso de desmantelación, de salida de la industria hacia el exterior. Hemos visto cómo nuestra propia compañía instalaba capacidad productiva en China y Arabia y, simultáneamente, cerraba planta aquí. Esto ha culminado con un anuncio de cierre no inmediato”, ha descrito el presidente del comité de empresa.

“Durante años hemos puesto de manifiesto la falta de leyes que protejan el producto fabricado en Europa frente al que está viniendo de Asia y el Pacífico, que tiene unos estándares de calidad, seguridad, higiene y medio ambiente mucho más bajos, pero que entran a un precio mucho menor”.

3.500 empleos directos e indirectos

El desmontaje y la deslocalización han sido procesos que CCOO describe como “paulatinos pero constantes”. En 2019 había cuatro plantas en las instalaciones de La Aljorra que daban empleo a 800 personas. La primera planta que se cerró fue la de Ultem, en 2020, con un ERE que supuso el despido de 76 trabajadores. En 2023 se anunció el cierre de la planta de Lexan 2, tras dos ERTES con 112 despidos. En la actualidad sobreviven dos plantas que dan empleo a 500 personas de plantilla directa -350 de ellos, en Lexan 1-. Por otro lado, decenas de empresas auxiliares suman otros 3.000 puestos de trabajo, considerando el empleo indirecto y el inducido.

La dirección de SABIC ha anunciado este mes de enero el cierre de la planta Lexan 1 tras la compra de la factoría por el fondo de inversión alemán Mutares. Tal y como describe CCOO, el grupo inversor “no ofrece ninguna confianza ni seguridad de continuidad en la producción ni a medio ni a corto plazo”. Dicha planta está dedicada específicamente a la fabricación de resinas de policarbonato de alto rendimiento, un material clave para diversas industrias.

CCOO ha hecho un llamamiento a todas las administraciones para que eviten el cierre de la planta y los despidos que ello conllevaría: “Ni la comarca de Cartagena ni la Región de Murcia pueden permitir la desaparición de uno de los pilares fundamentales de la economía industrial”.

La dirección de Windar Renovables, compañía del sector de la energía eólica terrestre y marina, comenzará a aplicar desde hoy, miércoles, el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) negociado el pasado verano con los representantes de los trabajadores. La medida afectará a 34 trabajadores de las filiales asturianas Tadarsa Eólica, Dacero y Windar Offshore.

Un ERTE que coincide con las negociaciones que el grupo empresarial mantiene para llevar adelante un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para 27 trabajadores de Windar Wind Services que habían sido trasladados a su centro productivo de Ferrol (Galicia) el pasado mes de enero.

Un ERTE para 34 trabajadores

El número de trabajadores afectados por el ERTE asciende a 34 distribuidos de la siguiente manera: siete adscritos a Tadarsa Eólica, 12 en Dacero y 15 en Vindar Offshore.

La vigencia del ERTE se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026 y se basa en causas organizativas y productivas.

El despido de empleados en Ferrol

La empresa continuó adelante con su propuesta de despido para los 27 trabajadores desplazados a Ferrol en la reunión que, ayer, mantuvo con la mesa de negociación.

La compañía justifica el ERE en la falta de trabajo y la imposibilidad de reubicaciones en otros centros productivos.

Por su parte, CCOO, el sindicato mayoritario en Windar, ha defendido la idea de que la empresa, que tiene a más de un millar trabajadores en plantilla, asuma esos empleos por la capacidad que tiene en sus seis centros de trabajo.

La política de Trump contra los eólicos

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, reconoció a mediados del pasado mes de septiembre que existía “preocupación” por el ERE planteado por la empresa.

A su juicio, esta situación estaba influenciada por el entorno mundial, con un gran peso de la política de Donald Trump “contra los eólicos”, que trajo como consecuencia “cancelación de contratos y falta de carga laboral”, que al final se traduce en estos expedientes.

Borja Sánchez también consideraba que contribuía a esta compleja situación la entrada de productos de otros países, de manera notable de China y de todo el continente asiático, que “hoy por hoy no compiten en las mismas condiciones”.

No obstante, el consejero recordaba que desde el Gobierno de Asturias se estaba haciendo “lo posible” para que Windar sea una empresa “competitiva” y, en este sentido, mencionaba la “subvención millonaria” para una futura inversión de la compañía en Avilés.

La plantilla de la empresa Eserman se concentraba en la tarde de este miércoles en la Concha de la Música del Paseo de San Gregorio de Puertollano (Ciudad Real) para rechazar el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) planteado por causas organizativas y productivas tras el sorpresivo cese, a instancias de Eserman, de su relación contractual como operador logístico con Repsol Química, que ha derivado en la imposibilidad de que la plantilla de la contrata, que cuenta con unos 60 trabajadores, acceda a las instalaciones de la multienergética.

La protesta discurría entre la indignación y la ansiedad de trabajadores y familiares que, sobre todo, exigen a Repsol que acabe cuanto antes con el periodo de incertidumbre y acorte el periodo de sucesión y contratación con una nueva empresa. También han acudido destacados sindicalistas, el alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz, con casi todo su equipo de gobierno, y representantes de los grupos municipales de PSOE e IU.

En declaraciones a los periodistas, el presidente del comité de empresa, Juan Andrés Olmedo, y el secretario general de CCOO Industria en Ciudad Real, Víctor Manuel Arias, han recordado que los trabajadores rechazan el ERTE que han sufrido sin previo aviso, y más tras conocer que Repsol sigue pagando los servicios de Eserman. Además, piden a Repsol que seleccione con celeridad a la nueva empresa adjudicataria para proceder a la subrogación de los puestos de trabajo. Esta es la principal preocupación: realmente nadie tiene la certeza de si llegará una nueva empresa y si esta procederá a una subrogación de toda la plantilla manteniendo los derechos adquiridos.

“Sin pronunciamiento de esa nueva empresa no tenemos ningún tipo de certeza”, ha dicho Olmedo, aunque en el corto plazo ha apuntado a la posibilidad de que Eserman pueda plantearse la retirada del ERTE para negociar un permiso retribuido hasta el 30 de septiembre, fecha en la que expira el contrato con Repsol. En todo caso, ha recordado que existe un compromiso entre la Inspección de Trabajo y Repsol Química, firmado en 1995, por el que se comprometió la subrogación en los pliegos de licitación para las empresas adjudicatarias.

De su lado, Víctor Manuel Arias ha incidido en esa negociación del permiso retribuido “para que los trabajadores eviten el limbo jurídico y estén protegidos hasta el mes de septiembre”, pero ha puesto el foco en Repsol. “La Coordinadora de Contratas de Comisiones Obreras se creó precisamente para solventar estas problemáticas, y a los trabajadores y trabajadoras de Eserman se les tiene que subrogar sí o sí”, ha dicho, al tiempo que ha asegurado que para ello “se pondrá toda la organización sindical al servicio de los trabajadores”.

Críticas al alcalde

A preguntas de los periodistas, Arias se ha referido a la presencia del alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz, quien ha asistido a la concentración en apoyo a los trabajadores. En este sentido ha recordado que el alcalde “debería solucionar también los problemas de la empresa en la que tenía participación”, y le ha afeado que haya llegado con un mensaje poco concreto que ha añadido más inquietud a la plantilla. “Lo que tiene que hacer es ayudar y no venir a echarse fotos”, ha zanjado Arias.

En los mismos términos se ha expresado la secretaria general de Comisiones Obreras en la provincia de Ciudad Real, Esther Serrano, quien ha insistido en que el alcalde “debería hacer todo lo que esté en su mano, y lo que sobra son las fotos”.

En todo caso Serrano ha agradecido la actitud y el trabajo del comité de empresa y de la plantilla de Eserman, “que han mostrado desde el principio una actitud dialogante y responsable, consiguiendo así que se mantenga la paz social en estos momentos tan difíciles”; y ha exigido a Repsol celeridad en el proceso de sucesión de empresas. “Repsol le debe mucho a Puertollano, y los trabajadores y la gente de Puertollano han dado hasta sus vidas por esta empresa”, ha finalizado.

Parada temporal en Repsol Química

Repsol ha decidido llevar a cabo una parada temporal de las unidades del área Química del complejo industrial de Puertollano para acometer ajustes en las instalaciones tras la comunicación de la resolución anticipada del contrato por parte del operador logístico Eserman, que se ocupaba de los trabajos de envasado y expedición de producto en el área Química.

Está previsto que la parada de unidades dure el menor tiempo posible. En todo caso, la compañía subraya que mantienen su actividad productiva con toda normalidad el resto de unidades del complejo industrial de Puertollano.

Con respecto a Eserman, Repsol recuerda que se ha comprometido, desde el primer momento, a abonar el importe de los servicios correspondientes hasta el 30 de septiembre, con el fin de que el operador logístico pueda continuar haciendo frente a sus obligaciones en vigor.

La dirección de la empresa Eserman ha comunicado a la representación legal de los trabajadores destinados en el centro de Repsol Química en Puertollano (Ciudad Real) el inicio de un ERTE de suspensión de contratos de trabajo por causas organizativas y productivas tras el cese de la relación contractual con Repsol Química, que ha derivado en la imposibilidad de que la plantilla de Eserman acceda a las instalaciones de la multienergética.

Ante esta situación, y no siendo posible el acceso a las instalaciones de Repsol Química en Puertollano, Eserman ha emplazado al comité de empresa para este lunes, 4 de agosto, a las 12.30 horas para iniciar el ERTE.

Según especifica la empresa en su comunicación, consultada por Europa Press, en la propuesta de extinción se abonará, junto a la prestación por desempleo, un complemento salarial hasta el cien por cien del salario neto, “a fin de que los trabajadores no salgan económicamente perjudicados y la empresa pueda hallar una solución a la falta de ocupación efectiva, impuesta por el cliente”.

Eserman avanza que esta situación se prolongará hasta que se produzca el proceso de subrogación de plantilla al nuevo adjudicatario del servicio, tal y como consta en el pliego de condiciones de Repsol Química.

Parada temporal de las unidades de Química

De su lado, Repsol ha decidido llevar a cabo una “parada temporal” de las unidades del área Química del complejo industrial de Puertollano para acometer “ajustes en las instalaciones” tras la comunicación de la resolución anticipada del contrato por parte del operador logístico Eserman, que se ocupaba de los trabajos de envasado y expedición de producto en el área Química.

Está previsto que la parada de unidades iniciada este jueves “dure el menor tiempo posible”. En todo caso, la compañía subraya que mantienen su actividad productiva con toda normalidad el resto de unidades del complejo industrial de Puertollano.

Mientras, los más de 60 trabajadores de Eserman en Puertollano siguen asistiendo con gran inquietud a la sucesión de acontecimientos, con momentos de tensión contenida, después de que la empresa haya comunicado a Repsol Química la finalización de su relación contractual en el centro de logística operativa de Puertollano a partir del 30 de septiembre.

Esta sorpresiva decisión ha provocado que Repsol Química haya ordenado este miércoles el “cese de actividad” de todo el personal en el interior del recinto y que se impida el acceso a los trabajadores.

El Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que Bridgestone planea llevar a cabo en su planta de Puente San Miguel afectará a toda la plantilla que ha quedado tras el proceso de despidos, 235 trabajadores, y se aplicará durante 42 jornadas entre el próximo mes de agosto y marzo de 2026.

Con ello se busca liberar unos almacenes que se encuentran “bastante llenos”. En concreto, esta fábrica de neumáticos acumula actualmente unas 52.000 cubiertas y el objetivo de la dirección es rebajarlas hasta las 30.000, según ha explicado a Europa Press el presidente del comité de empresa, Álvaro Castillo (UGT), tras finalizar la primera reunión entre la empresa y la representación sindical para abordar el ERTE.

Un encuentro convocado en la mañana de este martes, solo un día después de que Bridgestone anunciara públicamente su intención de aplicar el ERTE en esta fábrica tras el reciente Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que ha afectado a 188 empleados.

Desde los sindicatos señalan que, durante la negociación del ERE que se ha llevado a cabo en los últimos meses, “ya veíamos que íbamos a acabar en un ERTE”, si bien en esta primera reunión han mostrado su malestar por verlo publicado este lunes en la prensa sin haber recibido ellos información, más allá de que se les comunicó la intención de iniciar el proceso y se les pidió que conformaran la mesa negociadora.

Precisamente por la previsión de llegar al ERTE, en el acuerdo que cerró el ERE se dejó firmado que la compañía complementará la prestación por desempleo de los trabajadores afectados hasta el 100% de su salario bruto anual.

Según ha detallado Castillo, la aplicación del Expediente de Regulación Temporal de Empleo trasladado por la empresa será de 25 días en este segundo semestre de 2025, en concreto entre el 21 de agosto y el 31 de diciembre, con una media de unos cinco días de ERTE al mes. Ya en 2026 se aplicarían otros 17 días entre el 1 de enero y el 31 de marzo.

Para lo que queda de este año el objetivo es reducir unas 11.300 cubiertas de los almacenes, y para el periodo de afectación del próximo ejercicio otras 7.600 más.

Estos son los datos que desde la empresa han trasladado en la primera reunión al comité, que volverán a encontrarse este jueves 10, una vez que la representación de los trabajadores haya analizado toda la documentación recibida y pueda plantear sus preguntas.

Al respecto, el comité de empresa ya ha remitido la información a sus servicios jurídicos para velar por que se cumplen las condiciones para acudir al ERTE, tras lo que valorará la postura de la empresa y trasladará sus dudas.

Por el momento, ha pedido a la dirección que elabore un plan de ventas “fuerte” con el que poder sacar material de los almacenes, en lugar de hacerlo reduciendo las jornadas de trabajo de los empleados.

Como han indicado a esta agencia desde el comité, la empresa argumenta que paga un dinero por el almacén que ahorraría si no tuviera tanto estocaje. A ello se suma que las cubiertas tienen una caducidad y, si se siguen acumulando, “al final serán para tirar”.

Las estadísticas de desempleo son muy positivas, y en mayo, por cuarto mes consecutivo, descendió el paro en la Comunitat Valenciana (-1,61%), situándose la cifra de desempleados en 297.450, lo que supone que por primera vez desde septiembre de 2008, el paro se sitúa por debajo del umbral de las 300.000 demandantes de empleo en el territorio valenciano.

Precisamente, la evolución del desempleo en la Comunitat Valenciana fue uno de los aspectos destacados por secretario de Estado de Trabajo, Juanjo Pérez Rey, el pasado martes: “Es una magnífica noticia para el Gobierno que el paro se siga reduciendo en una comunidad que ha sufrido un shock climático como la DANA del pasado 29 de octubre, que provocó la destrucción física de infraestructuras productivas”.

A juicio de Pérez Rey, que no se esté incrementando el desempleo sino que lo que está pasando es que se está reduciendo el paro al mismo tiempo que se genera empleo siete meses después de que se haya sufrido una de las mayores catástrofes que ha padecido España “confirma el éxito de las medidas impulsadas por el Gobierno tras la DANA”.

Así, de los 33.737 trabajadores incorporados al mecanismo del ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) por fuerza mayor, tan solo quedan en ERTE 2.750. “La gran mayoría, el 92,4% han vuelto a sus empleos y están trabajando a plena normalidad”, destaca el secretario de Estado, para quien esta herramienta, habilitada en el contexto de la pasada reforma laboral, permitió que no fuera necesario ningún ajuste y que los expedientes se aplicaran de forma automática.

Además de los ERTE, señala Pérez Rey, los planes de empleo desplegados en las localidades afectadas por la DANA vinculados a la reconstrucción también “han ayudado a que la protección social sea un mecanismo más eficaz en la gestión de la catástrofe”.

Impacto, menor del que se preveía

Tino Calero, secretario general de UGT-PV, reconoce tras el temporal de hace siete meses, temían que el impacto sobre las empresas y los puestos de trabajo fuera mucho mayor. “Esos cerca de 34.000 trabajadores corresponden al conjunto de España, y de ellos 29.755 son valencianos, que habrían cobrado prestación por desempleo”. “Tal y como reflejan los datos, el impacto ha sido menor del que podíamos prever”, sostiene Calero.

El secretario general de UGT-PV subraya cómo los datos de afiliación a la Seguridad Social, “exceptuando algunas pequeñas localidades, en la mayor parte de los casos de municipios afectados por la DANA se ha generado empleo, igual que también se ha producido un crecimiento de empresas en sectores como el agrícola, los servicios o la construcción; no así en industria”.

“Los ERTE han servido para garantizar el mantenimiento de los puestos de trabajo y que las empresas hayan podido mantener su actividad económica, aunque sigue habiendo empresas en dificultades”, sostiene Calero, para quien habrá que estar pendientes del futuro: “Los datos, si comparamos el último trimestre del año pasado con los del primero de 2025, son positivos, y eso es bueno a futuro, porque lo peor ya ha pasado y se ha demostrado la capacidad de mantener el empleo”. E insiste, “esperamos que los más de 2.000 trabajadores que quedan en ERTE puedan incorporarse lo antes posible a la actividad”.

Desde CCOO-PV, su secretaria general, Ana García Alcolea, se expresaba en esta misma línea: “Los instrumentos puestos en marcha fruto del diálogo social, como son los ERTE, han propiciado una recuperación más rápida, tanto de la economía como del empleo, cuando estábamos convencidos de que el impacto iba a ser mayor; si no se hubieran activado los ERTE, que han funcionado muy bien, el aumento del desempleo hubiera sido mucho mayor”.

De igual modo, otras medidas fruto del diálogo social, como la subida del salario mínimo interprofesional y unos mejores salarios, “han servido para activar el consumo interno, lo que a su vez lleva a la creación de empleo”. Respecto a los planes de empleo, impulsados en la mayoría de localidades afectadas por el temporal de octubre, García reclama conocer los datos concretos para hacer un seguimiento: “Es cierto que es algo temporal, pero puede servir de estímulo para que trabajadores que estaban en situación de desempleo regresen al mercado laboral”.

Recuperación “a dos velocidades”

Según un informe sobre la situación económica en la provincia de Valencia seis meses después de la DANA elaborado por CaixaBank Research, la recuperación se ha producido “a dos velocidades”: el consumo cayó drásticamente en los días posteriores al temporal pero después la mejora fue “rápida”, de forma que un mes después, el ritmo de crecimiento del gasto de los residentes de la zona afectada “superaba el promedio” del conjunto territorio español. No obstante, el consumo de los habitantes de la zona cero continúa por debajo del de hace un año, una situación que podría estar causada porque hay un “gran número de comercios que todavía no han retomado su actividad”.

En el caso del impacto en las empresas, CaixaBank Research explica que ha sido desigual, “según su tamaño”; las grandes empresas “capearon mejor el temporal”. Su facturación, explican, cayó un 85% en los días posteriores a la DANA, pero en abril se encontraba “tan solo un 3% por debajo de la del año pasado”. En el caso de las empresas pequeñas, la caída de su facturación en los días posteriores a la DANA fue del 98%, “muy superior a la de las grandes empresas”. Además, en abril la facturación de las pequeñas empresas aún se encontraba “un 21% por debajo de la del mismo periodo del año pasado”.

Les estadístiques de desocupació són molt positives, i al maig, per quart mes consecutiu, va descendir l’atur a la Comunitat Valenciana (-1,61%), situant-se la xifra d’aturats en 297.450, cosa que suposa que per primera vegada des de setembre del 2008, l’atur se situa per davall del llindar dels 300.000 demandants d’ocupació en el territori valencià.

Precisament, l’evolució de la desocupació a la Comunitat Valenciana va ser un dels aspectes destacats per secretari d’estat de Treball, Juanjo Pérez Rey, dimarts passat: “És una notícia magnífica per al Govern que l’atur continue reduint-se en una comunitat que ha patit un xoc climàtic com la DANA del 29 d’octubre passat, que va provocar la destrucció física d’infraestructures productives”.

Segons el parer de Pérez Rey, que no s’incremente la desocupació sinó que el que passa és que es redueix l’atur al mateix temps que es genera ocupació set mesos després que s’haja patit una de les catàstrofes més grans que ha esdevingut a Espanya “confirma l’èxit de les mesures impulsades pel Govern després de la DANA”.

Així doncs, dels 33.737 treballadors incorporats al mecanisme de l’ERTO (expedient de regulació temporal d’ocupació) per força major, tan sols en queden en ERTO 2.750. “La gran major part, el 92,4%, han tornat a les seues ocupacions i estan treballant a plena normalitat”, destaca el secretari d’estat, per a qui aquesta eina, habilitada en el context de la reforma laboral passada, va permetre que no calguera cap ajust i que els expedients s’aplicaren de manera automàtica.

A més dels ERTO, assenyala Pérez Rey, els plans d’ocupació desplegats en les localitats afectades per la DANA vinculats a la reconstrucció també “han ajudat al fet que la protecció social siga un mecanisme més eficaç en la gestió de la catàstrofe”.

Impacte, menys del que es preveia

Tino Calero, secretari general d’UGT-PV, reconeix després del temporal de fa set mesos, que tenien por que l’impacte sobre les empreses i els llocs de treball fora molt més gran. “Aquests gairebé 34.000 treballadors corresponen al conjunt d’Espanya, i d’ells, 29.755 són valencians, que haurien cobrat prestació per desocupació”. “Tal com reflecteixen les dades, l’impacte ha sigut menys del que podíem preveure”, sosté Calero.

El secretari general d’UGT-PV subratlla que les dades d’afiliació a la Seguretat Social, “llevat d’algunes localitats menudes, en la major part dels casos de municipis afectats per la DANA s’ha generat ocupació, igual que també s’ha produït un creixement d’empreses en sectors com l’agrícola, els serveis o la construcció, però no en indústria”.

“Els ERTO han servit per a garantir el manteniment dels llocs de treball i que les empreses hagen pogut mantindre la seua activitat econòmica, encara que continua havent-hi empreses en dificultats”, sosté Calero, per a qui caldrà estar pendents del futur: “Les dades, si comparem l’últim trimestre de l’any passat amb les del primer del 2025, són positives, i això és bo a futur, perquè el pitjor ja ha passat i s’ha demostrat la capacitat de mantindre l’ocupació”. I insisteix, “esperem que els més de 2.000 treballadors que queden en ERTO puguen incorporar-se al més prompte possible a l’activitat”.

Des de CCOO-PV, la seua secretària general, Ana García Alcolea, s’expressava en aquesta mateixa línia: “Els instruments posats en marxa fruit del diàleg social, com són els ERTO, han propiciat una recuperació més ràpida, tant de l’economia com de l’ocupació, quan estàvem convençuts que l’impacte seria més gran; si no s’hagueren activat els ERTO, que han funcionat molt bé, l’augment de la desocupació hauria sigut molt més gran”.

De la mateixa manera, altres mesures fruit del diàleg social, com la pujada del salari mínim interprofessional i uns salaris millors, “han servit per a activar el consum intern, cosa que, al seu torn, porta a la creació d’ocupació”. Pel que fa als plans d’ocupació, impulsats en la major part de les localitats afectades pel temporal d’octubre, García reclama saber les dades concretes per a fer-ne un seguiment: “És cert que és una cosa temporal, però pot servir d’estímul perquè treballadors que estaven en situació de desocupació tornen al mercat laboral”.

Recuperació “a dues velocitats”

Segons un informe sobre la situació econòmica a la província de València sis mesos després de la DANA elaborat per CaixaBank Research, la recuperació s'ha produït “a dues velocitats”: el consum va caure dràsticament en els dies posteriors al temporal però després la millora va ser “ràpida”, de manera que un mes després, el ritme de creixement de la despesa dels residents de la zona afectada “superava la mitjana” del conjunt territori espanyol. No obstant això, el consum dels habitants de la zona zero continua per davall del de fa un any, una situació que podria ser causada perquè hi ha un “gran nombre de comerços que encara no han représ la seua activitat”.

En el cas de l'impacte en les empreses, CaixaBank Research explica que ha sigut desigual, “segons la seua grandària”; les grans empreses “van capejar millor el temporal”. La seua facturació, expliquen, va caure un 85% en els dies posteriors a la DANA, però a l'abril es trobava “tan sols un 3% per davall de la de l'any passat”. En el cas de les empreses xicotetes, la caiguda de la seua facturació en els dies posteriors a la DANA va ser del 98%, “molt superior a la de les grans empreses”. A més, a l'abril la facturació de les xicotetes empreses encara es trobava “un 21% per davall de la del mateix període de l'any passat”.

El Comité de Empresa que representa a los 340 trabajadores de la factoría de Lingotes Especiales de Valladolid ha explicado este jueves que la firma este pasado miércoles renunció a aplicar el ERTE planteado a principios de marzo, que desde este jueves debía verse en el servicio de mediación autonómico SERLA, y que no ha afectado ni un solo día a la plantilla.

El sindicato independiente vallisoletano del metal, Sivame, que ocupa la presidencia y la secretaría del comité de empresa, ha explicado en un comunicado que la empresa comunicó a la representación de los trabajadores esa renuncia a aplicar el ERTE, que había anunciado que procedería hacer uso de manera unilateral, tras no haber llegado a un acuerdo con el comité de empresa en el periodo de consultas.

Sivame ha explicado que la empresa no les ha informado “a los trabajadores de los motivos por los que toma está decisión”, aunque han recordado que desde el principio del proceso ya sostuvieron que “no había justificación para plantear dicha medida, y así se defendió en el proceso de negociación y ante la inspección de trabajo por parte de toda la representación”.

“Tanto es así que el comité decidió impugnar dicho expediente ante los tribunales y ambas partes estaban citadas al procedimiento de mediación en el SERLA en la mañana de hoy día 15 de mayo y ante el juzgado de lo social en el mes de septiembre”, han recordado. Ahora, con la decisión de la empresa “dichas citas quedan sin efecto ante la decisión de la empresa de renunciar a dicho ERTE sin haber llegado a afectar a la plantilla con un solo día de aplicación”.

El sindicato ha confiado en que “en el futuro cualquier medida que se plantee aplicar sea de manera consensuada con el Comité de empresa, dado que la plantilla de Lingotes Especiales siempre ha demostrado ser tremendamente, a veces incluso en exceso, comprensiva con situaciones delicadas para el negocio que se hayan podido dar en el pasado”.