Cáritas La Rioja considera que la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno supone un paso de justicia social y de reconocimiento de derechos para muchas personas migrantes que llevan tiempo viviendo en La Rioja. El responsable del Programa de Personas sin hogar, Temporeros y Migrantes de Cáritas La Rioja, Marcos Montoya, rsubraya que “esta regularización extraordinaria es un éxito colectivo, una buena noticia y un avance real para muchas personas que llevan años sosteniendo su vida aquí, pero a las que se les ha negado durante demasiado tiempo un acceso efectivo a derechos básicos”. A su juicio, la medida “les ayudará a salir de la vulnerabilidad, precisamente porque abre la puerta al empleo formal, a una mayor estabilidad y a un reconocimiento administrativo que condiciona muchos otros ámbitos de la vida”.

No obstante, la entidad muestra su preocupación por el despliegue territorial previsto para gestionar los trámites y por los tiempos de respuesta. En primer lugar, considera insuficiente que la atención presencial se limite a tres oficinas de Logroño, sin puntos habilitados en otras cabeceras de comarca. “No podemos permitir que una medida de esta importancia dependa del código postal o de la capacidad de cada persona para desplazarse, conseguir una cita o manejar una tramitación compleja”, advierte Montoya.

En este sentido, Cáritas La Rioja pone el foco de manera especial en la situación de La Rioja Baja. La entidad estima que en esa zona podrían beneficiarse de esta medida alrededor de 2.000 personas que, en las condiciones actuales, tendrían que desplazarse hasta Logroño si necesitan atención presencial. “Nos preocupa especialmente que no haya puntos activados en otras zonas de la comunidad. Para muchas personas en situación administrativa irregular, el desplazamiento no es una cuestión menor, sino una barrera añadida”, expone el responsable del programa.

La segunda inquietud tiene que ver con los plazos. Aunque la norma establece un máximo de tres meses para resolver las solicitudes, Cáritas teme que, si no se refuerzan los medios disponibles, la respuesta administrativa pueda demorarse más en la práctica. “Aun así, celebramos que durante este periodo se les vaya a facilitar una autorización provisional para que puedan trabajar y acceder a otros derechos que hasta ahora no tenían reconocidos”, añade Montoya.

Junto a ello, Cáritas La Rioja valora que la norma aprobada esta semana contemple una vía específica para personas solicitantes de protección internacional que hubieran iniciado su solicitud antes del 1 de enero de 2026 y prevea también un régimen transitorio para determinados expedientes ya en tramitación. A juicio de la entidad, este enfoque puede facilitar la regularización de situaciones que llevaban tiempo bloqueadas y ofrecer respuesta a realidades diversas marcadas por la incertidumbre.

Acompañamiento desde Cáritas La Rioja

En este contexto, Cáritas La Rioja ya está reforzando su capacidad de acompañamiento. La entidad va a habilitar distintos puntos de información y asesoramiento repartidos por la Comunidad para orientar a las personas que puedan acogerse a esta medida. Además, ha destinado un técnico de referencia a la coordinación de todo el proceso y trabaja en la formación de un equipo de voluntariado que permita ampliar la atención en las próximas semanas. “Nuestro objetivo es claro: que nadie con posibilidad de regularizar su situación se quede fuera por falta de información, apoyo o recursos”, afirma el responsable del Programa de Personas sin Hogar, Temporeros y Migrantes.

Asimismo, Cáritas La Rioja anima a las personas que puedan verse beneficiadas por esta medida a informarse a través de canales oficiales y de entidades sociales de confianza. La entidad recuerda que, ante un proceso excepcional y complejo, es especialmente importante contar con información contrastada y acompañamiento adecuado para evitar confusiones y que ninguna persona quede fuera por desconocimiento, desinformación o bulos.

“La migración no puede abordarse desde el prejuicio”

El acompañamiento a las personas en situación administrativa irregular es una de las líneas estratégicas aprobadas en la última asamblea de Cáritas La Rioja. Según el IX Informe FOESSA de La Rioja, las personas migrantes figuran entre los colectivos que concentran mayor riesgo de exclusión en la comunidad, junto con la infancia y las mujeres.

Desde esa realidad, Cáritas insiste en que la migración no puede abordarse desde el prejuicio. “Se están generando importantes prejuicios hacia las personas y familias migrantes. Sin embargo, debemos entender que la migración no es un problema, sino una realidad y una necesidad para nuestra sociedad. Necesitamos a estas personas para que el país siga funcionando; de lo contrario, ya habríamos colapsado. Son una riqueza que nos plantea el reto de la acogida y la integración”.

Por ello, la entidad celebra una regularización que contribuirá a mitigar la exclusión que sufren muchas personas en la región. “La situación administrativa irregular les impedía acceder a un contrato de trabajo y les cerraba la puerta a derechos y oportunidades básicas. Cuando estas personas trabajaban, muchas veces lo hacían en la economía sumergida, con el consiguiente riesgo de explotación y de inestabilidad permanente”, concluye Marcos Montoya.

Hace tiempo que la ropa de segunda mano dejó de ser una moda y ha pasado a formar parte de la vida de muchos ciudadanos. En el local de Calle Platería de Moda Re-, en el corazón de Murcia, la clientela es diversa y abarca todas las edades. Muchos de sus visitantes acuden a las instalaciones con frecuencia: lo demuestra la dependienta Jessica González al despedir al perro de un cliente por su nombre.

“Para mí ha sido volver a empezar a vivir. Vengo una hora antes porque me encanta mi trabajo”, explica a este diario la malagueña, que reside en Murcia desde hace 14 años, emocionada al pensar en el giro de 180 grados que ha dado su vida desde que es parte del proyecto de inserción Eh! Laborasortancias de Cáritas. “Nunca había cogido un ordenador en la vida. Me han puesto un maestro para mí nada más, de lenguaje y matemáticas”. A sus casi 50 años, ha encontrado su vocación, añade.

Cáritas tiene cuatro tiendas de segunda mano en la Región de Murcia: una en la capital, una en Cartagena, una en Lorca y otra en Caravaca de la Cruz. Durante 2025, Eh! Laboras recogió 567.051 kilos de ropa a través de 121 contenedores distribuidos en 27 municipios, aumentando un 15% el volumen con respecto al año anterior. Para Francisco Martínez, responsable de la línea textil de la empresa de inserción Eh! Laboras de Cáritas, lo más importante del proyecto es su impacto en la huella ecológica: “Hay que entrar a comprar por el beneficio medioambiental que podemos dejar a las generaciones siguientes”.

Toda la ropa recogida en contenedores de Cáritas se traslada a una planta donde se decide de qué manera se puede reciclar o reintroducir en circuitos de venta o donación. Tomasz Pyzik, un ciudadano polaco de 43 años, residente en Murcia desde hace nueve, se encarga de la logística. Sus ojos han visto ya muchos rincones de la Región. La vida le dio un revés personal hace un tiempo y en Cáritas ha encontrado una familia. “En la Región de Murcia hay mucha explotación y el trabajador no vale mucho. Pero aquí he encontrado mi valor de nuevo como persona y como hombre”, cuenta, con una sonrisa.

El proyecto textil de inserción de Cáritas se desarrolla a nivel estatal, donde existen casi 200 tiendas de Moda Re-. Martínez asegura que cada año se aumenta la recogida de prendas, porque la gente está más concienciada. El siguiente paso, cuenta, será conseguir que poco a poco las pedanías de la Región de Murcia también se sumen a ese esfuerzo colectivo.

Un futuro que se cocina a fuego lento

Caminando junto a Adela y Antonio, educadora y trabajador social, respectivamente, nos acercamos al barrio de San Antón. Todas las personas que trabajan en la empresa de inserción les guardan un especial cariño: su labor consiste principalmente en trazar un plan de acción personalizado para cada uno de ellos, con objetivos que deben cumplir y formaciones que pueden completar para enriquecer su experiencia laboral y lograr insertarse con éxito en el mercado una vez finalizado su tiempo en Eh! Laboras. Pueden estar un máximo de tres años, pero la media suele quedarse entre seis meses y un año.

En la calle Santa Cecilia se encuentra la Escuela de Hostelería de Cáritas, que cuenta con un restaurante y una cafetería. En nueve años que lleva la escuela en marcha, 1.500 alumnos de 52 nacionalidades han pasado por sus modernas instalaciones, ya sea en cocina o en sala. La tasa de inserción, asegura Pilar García, su coordinadora, es del 95%. “Para mí, ellos son ejemplo de amor y supervivencia; aprendo todos los días”, comenta, arropada por dos alumnos de origen subsahariano, Mahamadou Keita y Mohameth Ngom. Este último, un senegalés de apenas 17 años, compagina su trabajo en la empresa de inserción —donde ahora mismo se encuentra en la cercana cafetería Detroit, también gestionado por la Escuela de Hostelería— con sus estudios de electricidad y su rol como delantero en el club de fútbol de Beniaján. Si tuviera que elegir, se queda con la hostelería: “Me gustaría ser jefe de sala”.

García explica que los alumnos y trabajadores de la Escuela de Hostelería tienen la oportunidad de formarse en instalaciones de primer nivel y participar en la preparación de caterings para más de 400 personas. Gracias a un acuerdo con el Ayuntamiento de Santomera, también proporcionan comida de lunes a viernes a una escuela infantil del municipio, además de atender a los clientes de la cafetería y el restaurante. Los menús, muy elaborados, utilizan productos de la tierra, incidiendo en la importancia de la economía circular y sostenible.

Construir segundas oportunidades

La tercera rama de Eh! Laboras está centrada en reformas y construcción. La coordina Juan José Lucas, ingeniero de profesión. “Hacemos todo tipo de trabajo, en albañilería, carpintería, cerrajería... Estamos más especializados en albañilería, pladur y pintura. Mantenemos tanto nuestras instalaciones como distintas viviendas de particulares. También tenemos un convenio con el Ayuntamiento de Murcia para el mantenimiento de los centros culturales, centros de mayores, bibliotecas, auditorios...”, explica a este periódico.

Para Lucas, lo que más valor tiene es la responsabilidad y el compromiso. El equipo lo componen cinco oficiales y cinco trabajadores de inserción: “Hemos pasado de tener muy pocos trabajadores a tener un grupo de cinco y cinco. Mucho más volumen de trabajo, mucha más facturación, muchos más proyectos, muchos más compromisos, muchos más objetivos y muchos más compañeros con los que trabajamos”. 

Lucas reconoce que le da pena cuando un compañero se marcha. Él mismo conoce bien el mercado y hace todo de su parte para que sea contratado en una empresa afín, desde sugerir formaciones hasta rotar a los trabajadores en diferentes proyectos para que adquieran la mayor experiencia posible. Juan Antonio Gil, sentado a su lado, asiente mientras habla. “Yo entiendo que esto tiene que ser un ciclo. Igual que a mí me ha hecho falta, entiendo que le puede hacer falta a otra gente”, señala, asegurando que le gustaría continuar dedicándose a la albañilería. Al igual que el resto de trabajadores de inserción, destaca la importancia del buen ambiente y la familia que forma el equipo, que va mucho más allá de lo profesional: también fomenta un cambio psicológico y personal para todos los que forman parte, especialmente después de haber vivido situaciones complicadas.

La Universidad de La Rioja y Cáritas La Rioja han celebrado esta mañana, en el Aula Magna del Edificio Quintiliano, la Jornada de desarrollo y exclusión social en La Rioja a la luz del IX Informe FOESSA, un espacio de reflexión y divulgación dirigido a profesionales del Trabajo Social y los Servicios Sociales, doctorandos, alumnado, entidades del Tercer Sector y voluntariado. La actividad ha incluido una conferencia de Pedro Fuentes, miembro del Equipo de Estudios de FOESSA, en la que ha presentado los principales resultados del informe para La Rioja, así como una mesa de debate centrada en tres enfoques para estudiar y medir la pobreza y la exclusión social en España.

En el acto de apertura, Sergio Pérez, director del Departamento de Derecho de la Universidad de La Rioja, ha señalado que “el diagnóstico del IX Informe FOESSA es muy alarmante” por el crecimiento de la desigualdad y por la dificultad para recuperar niveles de igualdad tras cada crisis, y ha añadido que esa situación conduce a “la conclusión de un cierto fracaso de nuestras políticas sociales”. En ese contexto, ha considerado que el informe interpela también al ámbito académico: “Necesitamos repensar lo que estamos haciendo, las políticas sociales que estamos aplicando; precisamos trascender el modelo de gestión pública, de intervención pública sobre lo social que tenemos”.

Por su parte, David García, director de Cáritas La Rioja, ha subrayado en la inauguración: “Me gustaría que este informe sirviese para indignarnos, retemblarnos, avergonzarnos, irritarnos. Es decir, que nos saque de la indiferencia”. Además, ha apelado a situar en primer plano valores que sostienen el trabajo de la acción social: “Represento a Cáritas, una entidad que, como otras que están aquí hoy, intentamos priorizar el respeto, la dignidad y la solidaridad. Y hay otra palabra que nos interpela: amor. Pongamos el amor en primer plano en nuestras vidas, el amor como factor de cambio”.

IX Informe FOESSA en La Rioja

El IX Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en La Rioja, elaborado por la Fundación FOESSA a partir de 556 encuestas a hogares, estima que en la comunidad unas 50.000 personas viven en exclusión social, de las que alrededor de 27.000 lo hacen en exclusión severa, el tramo de mayor vulnerabilidad. Entre 2018 y 2024, la exclusión social en La Rioja aumenta y el deterioro se concentra especialmente en las situaciones más graves: la exclusión severa pasa de afectar al 4,5 % de la población riojana en 2018 al 8,7 % en 2024.

El informe identifica dos grandes motores que se retroalimentan: la vivienda y el empleo. En vivienda, el estudio sitúa el “cuello de botella” de la integración social: en 2024, el 14,3 % de la población y el 11,6 % de los hogares en La Rioja presentaba algún problema de exclusión en esta dimensión. Un 8 % de los hogares sufría gastos excesivos de vivienda, lo que implica que, una vez descontados esos gastos, el hogar queda por debajo del umbral de pobreza severa. Además, en torno a 10.000 personas estarían en situación de vivienda insegura y unas 26.000 en vivienda inadecuada por problemas de habitabilidad, insalubridad o hacinamiento.

En empleo, el informe advierte de una paradoja: la creación de empleo y cierta estabilización del mercado laboral no se traslada con la misma intensidad a los hogares más vulnerables. Aunque el salario medio crece, el avance real queda muy reducido al descontar la inflación, y persisten indicadores de precariedad, como la parcialidad involuntaria o la inestabilidad, que limitan la capacidad de sostener una vida digna.

Asimismo, el informe subraya también que la exclusión social tiene rostros especialmente reconocibles: personas migrantes, infancia y juventud.

Inquietud por la brecha generacional

La jornada ha sido organizada por el Área de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de La Rioja y coordinada por Domingo Carbonero, profesor de Trabajo Social y Servicios Sociales de la UR, y Carmelo Juárez, responsable de Comunicación Cristiana de Bienes de Cáritas La Rioja. En declaraciones a los medios, ambos han valorado muy positivamente el desarrollo del encuentro y la participación del público.

Carmelo Juárez ha enmarcado la jornada como un nuevo paso en la difusión del informe FOESSA en La Rioja, con un doble propósito: acercar los principales resultados del diagnóstico y, al mismo tiempo, profundizar en la dimensión metodológica, es decir, en las formas desde las que se estudia y se mide la pobreza y la exclusión social.

En ese sentido, Juárez ha subrayado la importancia de llevar este conocimiento al entorno universitario: “Aunque ya saben que existe y lo conocen, queremos dar a conocer más a fondo qué es el informe FOESSA y la importancia que tiene. Al final, la mayoría de quienes han estado hoy aquí son los trabajadores sociales del futuro”. Además, ha defendido la utilidad del informe para contextualizar la intervención social cotidiana: “Van a trabajar en el día a día con la persona, pero a eso hay que ponerle marco y referencias de entorno. Eso es lo que nos da FOESSA y eso es lo que les hemos presentado”.

El responsable de Cáritas La Rioja ha valorado especialmente la respuesta del alumnado, “muy participativo” y ha destacado sus inquietudes: “En el diálogo ha emergido con fuerza una preocupación transversal: la brecha entre generaciones y una dicotomía social que dificulta que muchas personas jóvenes consoliden proyectos de vida en un contexto de incertidumbre y dificultades crecientes”.

Por su parte, Domingo Carbonero ha destacado el valor de celebrar este tipo de encuentros en el ámbito universitario, “como un espacio neutral” y de generación de conocimiento, que permite investigar, comprender y trabajar “con rigor” sobre la pobreza y la exclusión social. En su opinión, además, este formato facilita acercar la investigación a quienes se están formando y poner en relación informes de referencia con trabajos académicos y herramientas de medición aplicadas al estudio de la exclusión, favoreciendo un diálogo directo que no siempre es posible.

En cuanto al papel del Trabajo Social, el profesor ha señalado que, en una sociedad “cada vez más diversa”, la profesión adquiere una relevancia creciente para acompañar necesidades complejas y para mejorar la relación de las personas con un sistema de protección social pensado a veces “para masas”. En ese contexto, ha puesto el ejemplo del acceso a derechos y prestaciones: “En el debate ha salido el problema de la información en el acceso al Ingreso Mínimo Vital. Esa aproximación la hacen los trabajadores sociales, y tenemos que entrenar para que la información sea más eficiente y llegue bien”.

Juventud, vivienda y empleo: preocupaciones cercanas

Tras la conferencia de Pedro Fuentes y el descanso, ha tenido lugar la mesa “Formas de medición y de estudio de la pobreza y la exclusión social en España”, centrada en cómo se construyen los diagnósticos que orientan la acción social y las políticas públicas. En ella, Marina Sánchez-Sierra, técnica y miembro del Comité Técnico de la Fundación FOESSA, ha explicado cómo se analiza la pobreza y la exclusión social a través de la Encuesta FOESSA; Alejandro Sanz, investigador de EAPN, ha presentado las principales aportaciones del informe anual “El Estado de la Pobreza”; y Esther Raya, profesora de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de La Rioja, ha abordado el estudio de la exclusión social mediante la Escala SISO de Situación Social.

En declaraciones a los medios de comunicación, Marina Sánchez-Sierra ha valorado especialmente la interacción con el alumnado: “Hablar de estos temas con la juventud es muy interesante, porque ya no hablamos de cosas que les suceden a ‘otros’. Cuando hablamos de vivienda o de precariedad en el empleo, hablamos de realidades que todos conocemos y que nos tocan más o menos de cerca”.

La profesional ha recordado que el IX Informe FOESSA es el resultado de un trabajo “intenso y colaborativo” en el que participan más de un centenar de investigadores de distintos centros, universidades y entidades, y que se apoya en una metodología rigurosa. Los resultados de esta investigación apuntan, ha señalado, a una desigualdad persistente y a una integración cada vez más frágil: “Vemos una integración social cada vez más precaria: más hogares en esa cuerda floja que se mantienen en integración, pero no saben si podrán seguir o cómo afrontar otro vaivén”.

En ese marco, Sánchez-Sierra ha planteado una reflexión de fondo: “Estamos ante un modelo social agotado; no son cuestiones coyunturales, sino estructurales. Es necesario pasar a un nuevo modelo donde se pongan en el centro los cuidados, desde la interdependencia que tenemos unas personas de otras y también desde la ecodependencia que todos tenemos con el planeta”. También ha señalado la acumulación de crisis en los últimos años como un factor que dificulta la recuperación: “Cada vez es más difícil recuperar la ‘posición inicial’ porque no hay tregua”.

David García de la Cal es el nuevo director de Cáritas La Rioja. Toma el relevo de José Andrés Pérez, muy implicado en la misión de la entidad desde hace dos décadas y al frente de ella desde septiembre de 2023, quien seguirá estrechamente vinculado a la dirección como delegado episcopal de Cáritas Diocesana de La Rioja.

El nuevo director llega al cargo tras haber sido responsable de Proyecto Hombre La Rioja desde octubre de 2012 hasta diciembre de 2025, mantiene una vinculación constante con el ámbito social, también desde el voluntariado, y participa en grupos y comunidades cristianas. “Es un profesional bien conocido en el ámbito social riojano, con una extraordinaria capacidad de trabajo, seriedad y gran visión de futuro”, ha afirmado José Andrés Pérez en la presentación. Además, ha definido el relevo como una buena noticia para Cáritas ya que “siempre son buenos los impulsos nuevos” para seguir respondiendo junto con el equipo y el voluntariado a los grandes retos que enfrenta la sociedad.

Con este nombramiento, David García asume también la presidencia del patronato de las dos fundaciones vinculadas a Cáritas Diocesana de La Rioja: Fundación Cáritas Chavicar, recurso específico en materia de empleo, y Proyecto Hombre La Rioja, orientado a la prevención y al tratamiento de las adicciones. 

Dos retos: vivienda y empleo

En el acto de presentación, David García ha afirmado: “Asumo la responsabilidad de dirigir Cáritas con ilusión, ganas y mucho respeto por continuar la tarea de grandes personas que han estado en este puesto antes que yo, Marcial Menchaca, Luis Lleyda, Fernando Beltrán y mi predecesor, José Andrés. Soy consciente del peso de la misión, pero me da paz sentir que soy un instrumento de Dios. Para mí este cargo es un servicio, un servicio a la Iglesia, un servicio a Dios”.

Entre sus prioridades más inmediatas, David García ha explicado que quiere “ver y escuchar” a compañeros, voluntariado, patronos y sociedad para concretar líneas de trabajo, y ha remarcado una idea central: “Quiero dar a conocer la tarea de Cáritas. Ya se conoce lo que hace y ahora quiero proyectar el fondo que hay detrás de su labor, de cada una de esas personas que pone su vida, su amor, su fe y su confianza. ¿Por qué? Porque creo que, si la sociedad lo percibe, además de respetar a la entidad, que creo que ya lo hace, va a apoyarla. Es necesario que se conozca, se ame y se crea en Cáritas”.

En cuanto a los retos de la entidad, el nuevo director ha señalado dos necesidades que considera prioritarias: “La vivienda y un empleo digno”. “Con vivienda y con empleo se da dignidad y se puede lograr la inclusión de todas estas personas con las que nosotros trabajamos para que salgan de la exclusión social. Éste siempre ha sido el objetivo de Cáritas”.

Cáritas Española ha defendido este jueves la regularización de migrantes pactada por el Gobierno y Podemos, y ha rechazado la idea de que las personas en situación de vulnerabilidad supongan una carga para la sociedad. “En nuestra sociedad no hay parásitos”, ha afirmado Manuel Bretón, presidente de la organización, durante la presentación del IX Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social. Bretón ha señalado que agilizar la regularización administrativa, garantizar empleo digno y acceso a vivienda es crucial para la integración de la población migrante, que sufre tasas de exclusión casi cuatro veces superiores a las de los ciudadanos españoles.

El informe, elaborado por más de 140 investigadores, apunta que España, a pesar de su crecimiento económico y la creación de empleo, se adentra en una “sociedad del desasosiego” marcada por la precariedad laboral, la exclusión habitacional y el debilitamiento de la clase media. Según la fundación FOESSA, la exclusión social severa afecta a 4,3 millones de personas, y la irregularidad administrativa multiplica los riesgos: dos de cada tres personas extracomunitarias sin papeles viven en exclusión.

Migración: una realidad estructural

El encuentro se ha celebrado en un contexto político marcado por el anuncio del Gobierno y Podemos de una regularización extraordinaria de migrantes que podría beneficiar a más de 500.000 personas. La medida, que se aprobará por la vía de urgencia mediante real decreto, permitirá regularizar a quienes acrediten estar en España antes del 31 de diciembre de 2025, carezcan de antecedentes penales y hayan permanecido al menos cinco meses en el país.

Bretón ha defendido la iniciativa y ha recordado el papel de Cáritas y de la Iglesia en su impulso. “La inmigración no es un problema, es una realidad”, ha defendido. España ha pasado de ser un país emisor a uno receptor de inmigración, con 8,8 millones de personas nacidas en el extranjero, un 18,2% de la población.

Según el informe FOESSA, la población migrante es clave para el crecimiento demográfico y económico, pero sufre tasas de exclusión muy superiores: las personas extranjeras padecen casi cuatro veces más exclusión severa que las de nacionalidad española.

El informe subraya que la irregularidad administrativa es un factor decisivo: dos de cada tres personas extracomunitarias sin papeles viven en exclusión. “Agilizar la regularización, garantizar empleo digno y acceso a vivienda es crucial para la integración”, explica FOESSA.

La desigualdad no admite ambigüedades

Frente a quienes cuestionan la generosidad del sistema de protección social, Bretón ha contestado: “En nuestra sociedad no hay parásitos”. El informe desmonta la idea de que las ayudas desincentivan el empleo y muestra que la mayoría de los hogares en situación de vulnerabilidad buscan trabajo y formación, pese a los obstáculos burocráticos.

El presidente de Cáritas ha apelado también al mundo empresarial, reunido en el acto de CEDE este jueves, a asumir el riesgo sistémico de la desigualdad. “No hay empresas sostenibles en sociedades rotas”, ha advertido, proponiendo pasar de la “ética del buen vecino” a la del “buen antepasado”, pensando en el impacto de las decisiones actuales sobre las generaciones futuras.

“La desigualdad es una palabra feísima”, ha concluido Bretón. “No admite ambigüedades: o se combate o se construye”. También ha incidido en que el IX Informe FOESSA no pide compasión, sino responsabilidad política y social ante una fractura que, de no abordarse, amenaza la cohesión democrática del país.

Más allá de la pobreza

El IX Informe FOESSA amplía el foco más allá de la pobreza monetaria y analiza la exclusión social a partir de 37 indicadores agrupados en ocho ámbitos, entre ellos empleo, vivienda, salud, educación o relaciones sociales. “No es solo una fotografía, es un vídeo”, ha explicado Bretón, en referencia al seguimiento de tendencias desde hace décadas, como la caída de la clase media.

Al mismo tiempo, Cáritas denuncia que la precariedad laboral se ha normalizado y afecta a casi la mitad de la población activa. “Me creo los datos del Gobierno sobre la mejora del empleo, pero no constituye una protección general”, afirmó el presidente de Cáritas, recordando que “la mitad de las personas que acuden a Cáritas son trabajadores”.

La vivienda aparece como el otro gran motor de la exclusión. Uno de cada cuatro hogares sufre problemas de acceso a una vivienda digna, en un país que, paradójicamente, lidera Europa en viviendas vacías y secundarias. “Hace veinte años nadie habría imaginado esta emergencia habitacional”, ha señalado Bretón, quien recordó que España es el país europeo donde los jóvenes se emancipan más tarde.

Juventud e infancia, las grandes afectadas

El informe dedica especial atención a la infancia y la juventud, a las que identifica como las grandes perdedoras del modelo actual. La precariedad laboral, la temporalidad, los bajos salarios y los precios de la vivienda alimentan una sensación de pesimismo generalizado, denuncia la ONG. “Estamos creando una generación que va a vivir peor que sus padres”, ha advertido Bretón, un fenómeno inédito en la historia reciente del país.

FOESSA desmonta además el relato meritocrático: el origen familiar pesa hoy más que el esfuerzo individual. El estudio sostiene que la movilidad social se ha frenado y el ascenso social ya no funciona como promesa colectiva, lo que erosiona el contrato social y la confianza en el sistema.

A estas brechas se suman otras: de género, generacional y digital. Pese a la “revolución laboral femenina”, las mujeres siguen soportando la mayor parte del trabajo doméstico y de cuidados, especialmente en familias monoparentales encabezadas por mujeres, uno de los rostros más visibles de la exclusión.

Alrededor de dos millones de personas viven en exclusión social en Andalucía, una situación que afecta al 23,1% de la población en 2024 y que sigue sin superar los valores previos a la crisis sanitaria. A ello, habría que añadirle que hay 270.000 personas más en exclusión severa, es decir, un 10,2% de los andaluces tienen problemas graves para su subsistencia, donde la vivienda y el empleo son las principales barreras para prosperar.

Así lo determina el IX Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en Andalucía, presentado este martes en el Palacio arzobispal de Sevilla, en el que se detalla que la media andaluza supera claramente a la estatal, con un 19,3%. Además, se adelanta que hay un “retroceso” en la integración plena en la sociedad, ya que solo cuatro de cada diez personas no presentan hoy día ningún indicador de exclusión. “La vivienda es el epicentro de la desigualdad en Andalucía”, señaló Daniel Rodríguez de Blas, coordinador del estudio, puesto que el precio de compra de un inmueble “se ha disparado” un 65% con respecto a 2018. En cuanto al alquiler, solo un 15% de la población utiliza esta modalidad, pero el 43% de las personas inquilinas se encuentra en riesgo de pobreza.

Este mercado inmobiliario genera que más de 400.000 hogares andaluces vivan por debajo del umbral de la pobreza severa después de pagar los gastos de vivienda y suministros. Una cifra que está “completamente desconectada de la evolución de los salarios, ya que el empleo ha perdido su fuerza para garantizar la integración social”, subrayó. En este sentido, el salario medio es 7,6 puntos más bajo a la media estatal, destaca el informe, y una de cada diez familias tiene como sustentador principal a una persona con inestabilidad laboral grave.

Derecho 'fake'

Con respecto a la crisis habitacional, se determina que hay 1 millón de viviendas inseguras, es decir, aquellas que carecen de un contrato de titularidad, y 1,2 millones de viviendas son inadecuadas a raíz de que presentan problemas relacionados con la insalubridad. En este contexto, el experto determinó que “la vivienda es el gran cuello de botella” y el derecho constitucional que garantiza su acceso es “fake”, dado que “la mejora económica seguirá sin traducirse en integración social”. A pesar de los balances trimestrales en el mercado laboral, donde Andalucía ha alcanzado niveles de paro similares a 2007, la inflación ha engullido el crecimiento del salario mínimo interprofesional (SMI) o de las subidas de los convenios colectivos: “Tener trabajo reduce el riesgo de exclusión, pero no lo elimina, y la acción pública es más necesaria en aquellas personas que ocupan empleos de baja calidad”.

Asimismo, casi la mitad de los hogares de la región no puede afrontar gastos inesperados y el 16% acumula impagos referidos a la vivienda, “se sigue dando una inseguridad económica cronificada y, con respecto al Ingreso Mínimo Vital (IMV), llega a seis de cada diez personas, pero es insuficiente”. La falta de información o la complejidad burocrática para su acceso son algunos de los impedimentos, explicó Rodríguez de Blas. Además, la Renta Mínima de Inserción Social que concede la Junta de Andalucía “ha sufrido una caída drástica” y “llega tarde o es insuficiente”, por lo que su papel para complementar el IMV queda en agua de borrajas.

Pese a las dificultades, hay una evolución positiva de los indicadores de pobreza en la comunidad, pasando de un 15,9% en 2021 a un 12,8% en 2024 la tasa de riesgo de pobreza. “Andalucía avanza, pero no gracias a su sistema público: en el modelo hay signos evidentes de agotamiento”, sostuvo ante los medios de comunicación, “cuando el éxito se presenta como un mérito individual, el fracaso se acaba interpretando como una irresponsabilidad individual, lo que se traduce en una mirada injusta que rompe la cohesión social e ignora la solidaridad”. Un hecho que entronca directamente, a su juicio, “con la desafección democrática”, más cuando hay 580.000 personas que viven en la autonomía sin derecho a votar frente a las 300.000 de 2018.

Migración y nuevo pacto social

La cara más acuciante del informe FOESSA es la migración. La exclusión social afecta a casi la mitad de las personas con nacionalidad extranjera, un 48%, más del doble que quienes tienen nacionalidad española, en un 20%. A tenor de este dato, el coordinador valoró de forma positiva el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Podemos para la regularización extraordinaria de 500.000 inmigrantes. “Esta medida nos habla de justicia social y reconoce el derecho de muchas personas, de muchos vecinos que ya vivían con nosotros, más cuando el informe nacional recoge que el 68% de las personas en situación irregular está en exclusión, por lo que es el colectivo más castigado”, aseveró.

En un momento en el que casi tres de cada diez menores viven en situación de exclusión, hay más factores que hacen replantearse el ascensor social, como que uno de cada cinco hogares sufra exclusión vinculada a la salud y las dificultades para la compra de medicamentos se haya extendido a 1,3 millones de personas. “La capacidad de pago marca cada vez más la diferencia entre quienes pueden acceder a los servicios privados y los que acuden a los servicios públicos cada vez más tensionados”, resumió.

Con la perspectiva de garantizar un crecimiento conjunto, el investigador recomendó “un cambio de rumbo claro: reconocernos como interdependientes y ecodependientes”, con un fin que, a veces, se antoja utópico, como lograr “un nuevo pacto social que refuerce el estado de bienestar para garantizar vidas dignas”.

Unas 50.000 personas en La Rioja viven en exclusión en La Rioja de las que 27.000 están en exclusión severa, el mayor tramo de vulnerabilidad. Son cifras extraidas del IX Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en La Rioja, una radiografía que ha analizado Cáritas La Rioja y que confirma el avance de la fragmentación social y el ensanchamiento de la brecha entre quienes logran sostener una vida digna y quienes quedan atrapados en la precariedad. 

El informe, que forma parte un estudio a nivel estatal, sitúa el análisis riojano en un contexto nacional de clase media en retroceso y de exclusión que no cede pese a las fases de recuperación económica. En La Rioja, la exclusión severa prácticamente se ha doblado respecto a 2018, mientras la integración plena crece, dibujando una sociedad más polarizada.

El director de Cáritas La Rioja, José Andrés Pérez, ha puesto imagen a la dimensión humana de estas cifras: “Si todas las personas en exclusión en La Rioja se cogieran de la mano, formarían una cadena de unos 30 kilómetros, capaz de unir Logroño con Nájera. Detrás de estos números hay vidas bloqueadas y esfuerzos cotidianos por salir adelante”. “Este informe describe un modelo social agotado que produce desigualdad, precariedad y fractura. No fallan las personas, falla el sistema. Tres de cada cuatro hogares en exclusión severa activan estrategias de inclusión –trabajan o buscan empleo, se forman, activan redes–, pero chocan con las barreras estructurales de un sistema que proclama derechos universales, pero restringe el acceso efectivo a ellos, especialmente en vivienda y salud. Necesitamos un cambio de rumbo valiente hacia una sociedad del cuidado, la interdependencia y la justicia social y ecológica. Eso exige instituciones públicas fuertes y una sociedad civil activa, capaces de cooperar en políticas que prevengan la exclusión desde su origen”, ha destacado.

Pérez ha estado acompañado por el coautor del informe y miembro del Equipo de Estudios de la Fundación FOESSA, Pedro Fuente, y el responsable de Comunicación Cristiana de Bienes de Cáritas La Rioja, Carmelo Juárez. Fuentes ha detallado la realida social de La Rioja: “Desde 2018 hasta 2024, en La Rioja se observa que la exclusión social aumenta en 4,1 puntos, el deterioro se ha concentrado en las situaciones de mayor vulnerabilidad social: la exclusión social severa casi duplica su incidencia y pasa de afectar al 4,5 por ciento de la población riojana en 2018, al 8,7 por ciento en 2024. Hoy la exclusión social en La Rioja, al igual que en España, funciona sobre dos motores principales que se retroalimentan: la vivienda y el empleo. La vivienda expulsa del territorio y de una vida digna, a la vez que el empleo ha perdido su capacidad para rescatarnos de esa expulsión”.

Vivienda, el epicentro de la desigualdad

El estudio identifica la vivienda como epicentro de la desigualdad: en 2024, el 14,3 por ciento de la población y el 11,6 por ciento de los hogares en La Rioja presentaba algún problema de exclusión en esta dimensión. El 8 por ciento de los hogares sufría gastos excesivos de vivienda, lo que significa que, descontados los gastos de vivienda, ese hogar queda con unos ingresos por debajo del umbral de la pobreza severa.

Alrededor de 10.000 personas estarían en una situación de vivienda insegura, y unas 26.000 personas en una vivienda inadecuada por problemas de habitabilidad, insalubridad o hacinamiento. La carestía del alquiler golpea con especial dureza a los hogares con menos ingresos: el 34,2 por ciento de la población en riesgo de pobreza vivía de alquiler, el doble que en el conjunto de la población.

La vivienda se ha convertido en el cuello de botella de la integración social en La Rioja. Por ello, desde Cáritas La Rioja urgen a la creación de un parque estable de alquiler social y piden adecuar las ayudas a los costes reales, así como reforzar la coordinación entre políticas de vivienda y servicios sociales.

Empleo: se recupera, pero no siempre protege

La Rioja crea empleo y estabiliza parte del mercado laboral, pero la mejora no se traslada con la misma intensidad a los hogares. “Entre 2018 y 2023 el salario medio bruto mensual creció un 20 %; sin embargo, descontada la inflación, el avance real se reduce a apenas un 3 %. Resultado: hay más trabajo, pero una parte de la población sigue en la cuerda floja”, ha expuesto el experto de Cáritas Española.

La precariedad tampoco desaparece. Un 12 % de los hogares presenta algún indicador de exclusión laboral; destacan la parcialidad involuntaria y la inestabilidad laboral grave (≈4 %). “De ahí la paradoja: la recuperación del empleo convive con el crecimiento de la exclusión. Por estos motivos, las políticas de inclusión deben actuar en dos frentes complementarios: apoyo efectivo a las personas desempleadas y mejora de la calidad del empleo (reducir parcialidad e inestabilidad, elevar salarios en términos reales y reforzar la protección). Así el trabajo volverá a ser un verdadero motor de integración”, ha afirmado.

La erosión de la equidad en el cuidado de la salud 

En 2024, un 10 % de la población riojana –más de 35.000 personas– se encontraba afectada por algún problema de exclusión social en la dimensión de la salud, y la causa principal es económica. Un 7 por ciento de los hogares no podía comprar medicación ni mantener tratamientos. Las carencias se concentran en prestaciones con copago o fuera de la cartera pública, como odontología, con necesidades sin cubrir en el 45 % de la población; prótesis dentales, inasumibles para el 28 por ciento y gafas/audífonos, fuera del alcance del 24 por ciento. Además, un 6 por ciento no accede a terapia psicológica por su coste. 

Los rostros de la exclusión

La exclusión social en La Rioja tiene rostros reconocibles. El primero está marcado por el origen y la nacionalidad. Como ha precisado Pedro Fuentes, “las tasas de exclusión entre las personas con nacionalidad extranjera se sitúan en torno al 60 por ciento, seis veces más que entre quienes tienen nacionalidad española”. Este diferencial evidencia que la irregularidad administrativa, las barreras en el acceso a la vivienda y la discriminación en el mercado laboral multiplican el riesgo para la población migrante.

El segundo rostro es el de la infancia y la juventud, donde la vulnerabilidad es singular. “Entre los menores de 18 años la exclusión alcanza el 28 por ciento, cinco veces más que entre las personas mayores de 65 años (6 por ciento)”, ha concretado. El impacto se agrava en los hogares con niños: los hogares con dos o más menores presentan una incidencia del 34 por ciento, frente al 8 por ciento de los hogares formados solo por adultos, y los hogares con menores representan el 69 % de toda la población excluida en la comunidad. “Cuando hay menores en casa, cualquier fragilidad en ingresos o vivienda se convierte en una barrera estructural para la inclusión”, ha añadido.

La juventud se ve además atrapada por un mercado laboral que penaliza su entrada y continuidad. En palabras de Fuentes, “la tasa de paro entre los menores de 30 años ronda el 22 por ciento, más del doble que la tasa general (10 por ciento)”. A ello se suma la inestabilidad laboral –parcialidad e intermitencia–, que merma la capacidad de ahorro, y el encarecimiento de la vivienda, factores que “retrasan la emancipación y prolongan trayectorias de precariedad, incluso entre jóvenes ocupados”. El resultado es una generación que, pese a formarse y trabajar, no logra consolidar proyectos de vida autónomos sin apoyos eficaces en empleo y vivienda.

Pobreza y garantía de ingresos: lo que mejora y lo que falta

Desde 2019, el riesgo de pobreza ha pasado del 12 % al 19 % en 2024 (unas 62.000 personas), y la pobreza severa del 5,7 % al 6,5 % (en torno a 21.000). El sistema de garantía de rentas no acompasa esta realidad: a los cuatro años de su puesta en marcha, el IMV solo alcanza al 66 % de quienes viven en pobreza severa en La Rioja, y la renta mínima autonómica ha reducido su cobertura del 1,84 % (≈2.300 titulares en 2018) al 0,61 % (≈1.000 en 2023).

En palabras de Pedro Fuentes: “La comunidad crece en pobreza mientras la cobertura de las rentas mínimas se debilita y la información sigue siendo una barrera crítica. Reforzar la renta mínima autonómica como complemento funcional del IMV es una prioridad si queremos reducir privación y llegar a quien más lo necesita”.

Karen Cacique se levanta cada día antes de las 7.00 para plegar el sofá cama en el que duerme junto a su marido y sus dos hijos mayores. El salón comedor debe estar recogido porque a esa hora se despiertan para ir a trabajar los otros dos inquilinos del piso que comparte en el barrio de Trinitat Vella, en Barcelona. Con solo un baño para todos, las rutinas de primera hora no son fáciles. “Si algún niño se demora, de repente ya te están mirando mal”, reconoce.

La familia de Karen, que llegó de Perú a la capital catalana en marzo de 2025, vive de realquiler en un comedor. La pareja, ambos de 36 años, pagan 170 euros de mensualidad, con gastos incluidos, por dormir en un sofá abatible con sus hijos de catorce y ocho años. El tercero, de año y medio, descansa en una cuna a su lado. “Es incómodo”, repite la mujer. “Antes, bajábamos al parque para que los niños jugasen y se cansasen, y solo subían a cenar y a dormir, pero ahora en invierno no sé qué hacer”, se lamenta. 

Si la crisis del alquiler ha disparado desde hace años el subarrendamiento precario de habitaciones, casos como el de la familia Cacique suponen una vuelta de tuerca más a la problemática habitacional entre los más vulnerables. Cáritas ha dado la voz de alerta. “Atendemos a gente que duerme en el salón de casa, en literas en la cocina, en la sala de la lavadora… Cada vez pasa más”, advierte Sònia Lacalle, responsable de la asesoría Jurídica Social de la entidad. 

Las casuísticas son muy diversas, comenta Lacalle, pero suelen tener en común que afectan a familias migrantes, sin papeles y que consiguen esos realquileres a través de contactos. El acuerdo suele ser siempre de palabra, sin contrato de por medio, y es habitual que el recién llegado ni siquiera sepa quién es el propietario del piso. “Hemos tenido casos de familias que están en pisos ocupados sin saberlo, y que lo descubren cuando llega la orden de desahucio y se quedan en la calle”, explica Lacalle. 

Criar tres niños desde un comedor

Karen encontró su actual alojamiento en el barrio Trinitat Vella antes de llegar a España. Lo hizo por WhatsApp a través del contacto de un familiar. Así recaló en el salón de la vivienda en la que duermen otros dos adultos. Uno de ellos es el que les realquila a ellos. Por ahora, con los trabajos esporádicos que consigue el marido de Karen, ya sea de pintor de paredes o de operario de mudanzas, llegan justos a pagar la mensualidad. 

Pero tanto como el dinero, a Karen le preocupa la convivencia con sus tres hijos en un hogar compartido con extraños. Lo comenta durante una charla en el Espacio Polivalente Santa María Magdalena de Cáritas. Allí acude dos veces por semana al grupo de crianza, para compartir preocupaciones con otras madres, y a poner lavadoras, porque en casa no puede abusar de ellas. Igual que hay horario para la cocina, también le han dicho que no puede pasarse con las coladas. 

Las lista de dificultades cotidianas que supone criar a tres niños desde el comedor de un piso es larga. No son solo los horarios de las estancias. Está por ejemplo el ruido. “Sobre todo, el del bebé”, afirma. “Esto incomoda mucho y entonces trato de calmarlo, y si no lo consigo algunas veces recurro al móvil, pero entonces todos lo quieren”, relata Karen. Tampoco hay espacio para hacer los deberes escolares. “Tenemos la mesa del salón, pero cuando están los demás ya nos sentamos en el sofá”, se lamenta. 

Durante la conversación, que se desarrolla mientras su hija de ocho años se entretiene en la sala de juegos de Cáritas, la palabra que repite una y otra vez es “incomodidad”. O su antónimo: “La situación nos pone tristes, porque no podemos darles a nuestros hijos una comodidad mínima, al menos hasta que nos establezcamos y encontremos algo mejor”. 

Cada vez más hacinamiento

Aunque en Cáritas no disponen de datos sobre esta derivada más extrema de la crisis del alquiler, sus informes anuales sí dejan entrever esta tendencia. En la encuesta de su informe FOESSA constatan que un 13,5% de los ciudadanos de la Diócesis de Barcelona ya viven en una situación de “hacinamiento grave”. Además, de todos los usuarios a los que atienden en esta zona, el 40,6%, en total 14.624 personas, viven en habitaciones de realquiler. Y otro 10,5%, 3.027 personas, entran en la categoría de “acogidas”, que incluyen quienes duermen en soluciones improvisadas dentro de un piso, ya sean acogidos por un familiar o pagando. 

Estos últimos han pasado de ser el 7,8% de los usuarios en 2021 al 10,5% actual. Pero lo que preocupa más si cabe es que su situación se está cronificando entre los extranjeros. “La inserción residencial tiene etapas, y suele comenzar en un sofá, acogido durante unos días o una semana, forma parte del aterrizaje o la toma de contacto en un país”, explica Carolina Orozco, investigadora postdoctoral de Geografía en la Universitat de Barcelona. “Pero estas situaciones transitorias se están extendiendo en el tiempo, y las familias pasan de estar acogidas a pagar un alquiler, con lo que se acaba explotando la urgencia y la necesidad de un techo”, desarrolla. 

Orozco explica que los arrendadores pueden ser a veces grupos organizados o caseros que quieren extraer el máximo lucro de un piso. Pero hay otro perfil más común. “En estos casos el titular del contrato puede ser tan precario que necesita realquilar, y si lo hace es por lo tanto por necesidad, porque también es incómodo para él”, afirma. 

Aun así, añade Sònia Lacalle, quien subarrienda sigue teniendo la sartén por el mango. Esto lo padece también Karen, a quien sus compañeros de piso ya le han dejado caer que deberán buscarse pronto una alternativa. Si algún día les quieren echar, ningún contrato les vincula a ese techo. 

“Vamos mirando precios de pisos, pero son demasiado elevados”, comenta. Sin tener su situación administrativa regularizada, y sin una sola nómina, reconocen que arrendar una vivienda en Barcelona es “imposible”. Una mejora sería alquilar una habitación para ellos solos. Pero tampoco es fácil. “Los precios siguen siendo muy elevados, y muchos te dicen que no quieren niños”, se resigna. 

Un paso adelante para la familia sería encontrar trabajo. Pero Karen añade un pero a su situación, que hace que solo su marido esté buscando empleo: no se atreve a dejar solos en casa a los niños, aunque el mayor sea ya adolescente. “Yo tengo que estar ahí siempre, porque las personas que viven en el piso son conocidas, pero tampoco mucho”, zanja. 

El cardena Joan Josep Omella, arzobispo de Barcelona, insta a las administraciones a cooperar y “buscar una solución entre todos” para el “drama” de las personas sinhogar. Lo ha dicho pocas horas después de que centenares de personas hayan sido expulsadas del instituto ocupado B9 de Badalona en el que ha sido el mayor desalojo de España.

“O encontramos una solución o el barco se hunde”, ha apuntado Omella, señalando que ninguna administración o entidad puede solucionar en solitario el problema. “¿Por qué no remamos todos en la misma dirección?”, se ha preguntado, durante la rueda de prensa de la presentación del informe FOESSA 2024. El cardenal se ha mostrado decepcionado tras el desalojo del instituto, algo que, dice, “todo el mundo sabíamos que pasaría”, por lo que pensaba que las administraciones “activarían lo que les toca”.

Se refiere a la activación de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Badalona y a la prestación de viviendas de emergencia temporal para los desalojados que, según los mismos afectados y las entidades que les acompañan, no se están proporcionando. Con todo, Omella ha apuntado que Càritas está “a disposición” de los desalojados, pero ha recordado que las entidades también tienen todos sus recursos residenciales llenos y con listas de espera.

“Las personas no somos enemigos”, ha añadido Omella, quien ha hecho un llamado a la solidaridad en una sociedad “cada vez más individualista”.

La vivienda, principal factor de desigualdad

Càritas Barcelona ha presentado este miércoles el informe FOESSA 2024, en el que se apunta que la vivienda es el principal eje de desigualdad en la diócesis de Barcelona, donde el 26% de la población tiene dificultades relacionadas con la vivienda y el 13,5% vive en situación de “hacinamiento” grave“.

El informe alerta de que más del 15% de la población se queda en situación de pobreza severa después de alcanzar el gasto de la vivienda. El 26,6% tiene dificultades relacionadas con la vivienda. Estas dificultades afectan, así, a unos 225.000 hogares y más de 730.000 personas.

El alquiler, apuntan, se ha convertido en una “trampa de pobreza” porque el porcentaje de personas en riesgo de pobreza que viven en régimen de alquiler casi triplica a las que viven en régimen de propiedad. Mientras el 8,2% de las personas que viven régimen de propiedad están en riesgo de pobreza, en el caso del alquiler la cifra se eleva hasta el 22,3%.

El trabajo deja de ser un elemento “protector”

El estudio indica que la precariedad “se ha convertido en la nueva normalidad” en la diócesis de Barcelona y que el empleo está perdiendo la “capacidad protectora”: el 57,5% de las personas que se encuentran en una situación de exclusión social viven en hogares encabezados por alguien que trabaja. La situación es más difícil para personas migrantes y jóvenes, alertan, porque tienen mayores tasas de paro.

Por su parte, el director de Cáritas Barcelona advirtió de que, pese a estar en un “tiempo de bonanza”, un tercio de la población está en riesgo de “caer” en función de la coyuntura económica. “El mercado no sirve para garantizar que las personas puedan tener ingresos suficientes para tener una vida digna”, insisten.

El informe, realizado a partir de entrevistas a 602 hogares y 1.519 personas durante el 2024, alerta de que se está consolidando “un modelo de sociedad en la cuerda floja” en el que un 37,3% tiene un nivel de integración “precaria”. Es decir, que es “más susceptible de verse afectada” por problemas como la vivienda, el empleo y la salud.

El estudio avisa de que “la recuperación económica no llega a todos” y que cerca del 17% de la población de la diócesis de Barcelona, más de 450.000 personas, se encuentra en situación de exclusión social. En el caso de la población extranjera, la tasa es 2,4 veces superior.

El programa 'Ola de Frío 2025-2026' arranca este martes en Mérida con el objetivo de reforzar y garantizar el apoyo integral y la atención a las necesidades básicas de las personas sin hogar. La delegada de Servicios Sociales, Catalina Alarcón, ha destacado que este recurso, gestionado por Cáritas Diocesana Mérida-Badajoz, en coordinación con Policía Nacional y Policía Local, garantizará una atención básica durante los meses más fríos del año.

También ha avanzado que el programa, que incluye un de 20 plazas, en horario de 18:00 a 9:00 horas, proporcionará cena, desayuno y pernocta en el Comedor Social de Mérida. Se trata de un centro de emergencia, gestionado por Cáritas Diocesana Mérida-Badajoz, que es “un recurso de mínima exigencia, una alternativa a vivir en la calle donde se favorece el cambio y mejora de las personas”, ha explicado Alarcón.

Además, ha señalado que “se brindará acceso a duchas, lavandería y servicios de ropero, en coordinación con el comedor social”, porque “lo que se pretende es ofrecer un lugar seguro donde se proporcionará atención y cuidados básicos”.

La delegada de Servicios Sociales también ha asegurado que el Ayuntamiento trabajará en coordinación con Cruz Roja, Policía Nacional y Policía Local para que “puedan derivar a este recurso a todas las personas que se encuentren en situación de calle”.

Cabe destacar que este programa cuenta con una financiación municipal, a través del convenio de colaboración que el Ayuntamiento de Mérida mantiene con Cáritas Diocesana de Mérida- Badajoz, que incluye el Centro Padre Cristobal y el Programa `Ola de Frío´, y que en este año 2025 se ha incrementado en 5.000 euros, alcanzando los 36.000 euros.

Cáritas y Fundación Foessa han presentado el IX Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en Castilla-La Mancha, un estudio que determina que la exclusión social afecta al 20% de la población de la región y que fija la “brecha generacional” como una de las claves de la construcción de una “sociedad desigual”, con la vivienda y el empleo como “ejes articuladores” de la exclusión.

Así lo han puesto de manifiesto en rueda de prensa el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves; la presidenta de Cáritas en la región, Rosa García, y la técnico de la Fundación de Estudios Sociales y Sociología Aplicada (Foessa), Marina Sánchez.

Según ha explicado Marina Sánchez, la exclusión social ha aumentado y ya afecta a 428.000 personas en la región, poniendo de manifiesto la “gran paradoja castellanomanchega” por la que la recuperación del empleo no se traduce en una reducción de la exclusión social.

De esta manera, aunque entre 2018 y 2024 el número de personas ocupadas se ha incrementado en un 11,7% en la región, el “estancamiento de los salarios en términos reales”, así como el precio de la vivienda y la precariedad laboral, hacen que “trabajar ya no garantice la inclusión social”. Según Sánchez, esto se refleja en otro dato del informe de Foessa, ya que aunque entre 2018 y 2023 el sueldo medio creció un 14%, los salarios en euros reales se han reducido en un 3,6%.

Todo esto hace que en Castilla-La Mancha se observe “un retroceso de las situaciones más favorables”, las de “integración plena” y que, aunque mejore la dimensión laboral y la del consumo se mantenga “prácticamente estable”, empeoren el resto, como son la vivienda, la educación, la salud, el conflicto y el aislamiento social “y especialmente la dimensión política”.

“No fallan las personas, falla el sistema”

La técnico de Fundación Foessa ha puesto el foco en que, además, “no fallan las personas, falla el sistema”, desterrando “el mito de la pasividad de las personas en situación de pobreza y exclusión”. “Esa idea de que viven de prestaciones sociales sin buscar soluciones o emprender acciones para su inclusión es falsa, tal y como lo demuestra la evidencia”, ha manifestado.

En este sentido, Marina Sánchez ha apuntado que “la mayoría de hogares en exclusión trabajan o buscan empleo, estudian, se forman, activan redes y siguen planes de inclusión” pero “chocan con barreras estructurales”.

Así, apunta que tres de cada cuatro hogares en exclusión severa activan estrategias de inclusión “pero se topan con dispositivos fragmentados” y con recursos “escasos y muy poco personalizados”.

La vivienda, epicentro de la exclusión

Sánchez ha vuelto a insistir en la vivienda como un “epicentro” de la desigualdad, aseverando que el 22% de la población castellanomanchega está afectada por algún rasgo de exclusión residencial.

En este punto, ha hecho hincapié en que los precios de compra y alquiler crecen “mucho más rápido que los salarios”, apuntando que entre 2018 y 2024 el Índice de Precios de la Vivienda subió un 23%, “una cifra muy lejana al incremento de los salarios”.

Unas cifras de riesgo que aumentan aún más en el caso del alquiler, donde según el informe el 47% de las personas que viven en este régimen están en riesgo de pobreza.

Todo esto se refleja en que 89.000 hogares de la región destinan tantos recursos al pago de la vivienda y los suministros que “una vez pagados, se quedan por debajo del umbral de la pobreza severa”.

La reducción de las rentas mínimas

Por otra parte, Marina Sánchez ha afirmado que el sistema de garantía de ingresos en la región “no está a la altura de las necesidades” ya que, aunque el Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha ampliado su cobertura, solo llega al 51% de las personas en pobreza severa de la Comunidad Autónomo.

Una brecha que se justifica en que el 64% de los hogares en pobreza severa no ha oído hablar de este ingreso. “La brecha no es solo administrativa, es informativa”, ha puntualizado.

En todo caso, ha criticado que Castilla-La Mancha se ha situado entre las comunidades autónomas que “han aprovechado la introducción del IMV para reducir la cobertura y el gasto de su sistema de rentas mínimas”.

Era uno de los últimos deseos del papa Francisco antes de morir, pero por el momento Israel está impidiendo que se lleve a cabo por completo. El papamóvil que el difunto pontífice utilizó en su visita a Belén en el año 2014 ha sido presentado este martes en esta misma localidad palestina de la Cisjordania ocupada, después de que haya sido convertido en una clínica médica móvil con el objetivo de ayudar a los heridos y enfermos de Gaza.

El papamóvil que el difunto papa Francisco utilizó durante su visita a Belén llegó a dicha localidad cisjordana este martes rebautizado como 'vehículo de la esperanza' y convertido en clínica itinerante con destino Gaza, pero las autoridades israelíes aún no han dado el visto bueno para que el vehículo acceda a la Franja.

Según declaraciones del secretario general de Caritas Internationalis, Alistair Dutton, recogidas por EFE, “en estos momentos, se está negociando su entrada en Gaza”. La intención es que el remozado papamóvil se sume a otras diez clínicas itinerantes con las que Cáritas cuenta en el enclave palestino y que “han sido dañadas durante los dos años de guerra”. Según Dutton, esta nueva clínica móvil “empezaría a coordinarse con ellas para ver dónde resultaría más útil”.

Cáritas incide en que el lanzamiento de este vehículo llega en un momento de extrema necesidad humanitaria y recuerda que las agencias de Naciones Unidas estiman que más de 20.000 niños han sido asesinados “desde la escalada del conflicto” mientras que decenas de miles sufren heridas, enfermedades prevenibles, desnutrición y traumas psicológicos severos. Según las autoridades sanitarias de Gaza, Israel ha matado a 69.756 gazatíes y 170.946 han resultado heridos desde que comenzó su ofensiva militar hace más de dos años, ahora con un alto el fuego en el que se siguen produciendo muertos a diario.

En una carta en la que da la bienvenida a la iniciativa, el papa León XIV señala: “Es mi esperanza que este vehículo continúe llevando salud y compasión a los niños en las zonas de conflicto, particularmente en Gaza. Esta nueva misión refleja el amor y la solidaridad incorporada en el legado del papa Francisco”.

El vehículo, que ha sido sometido a una reestructuración completa, ha sido adaptado para circular entre las destruidas calles de Gaza y con el objetivo de que pueda acceder a zonas inaccesibles para ambulancias normales. Ya en su interior, la clínica móvil cuenta con un espacio de trabajo médico, que incluye un área de triaje y examinación con equipos para la estabilización de traumatismos, cuidados para amputaciones o tratamientos pediátricos de emergencia.

Además, el 'vehículo de la esperanza' ha sido equipado también con unidades de refrigeración para transportar vacunas o permitir el transporte seguro de insulina o antibióticos pediátricos. El coche posee también un sistema energético independiente que le permite operar durante hasta ocho horas sin conexión con la red eléctrica.

El proyecto fue aprobado personalmente por el papa Francisco a principios de 2025, cuando escribió una carta al cardenal de Estocolmo, Anders Arborelius, para autorizar la iniciativa y transformar el papamóvil que utilizó en su visita a Belén de 2014 en un “instrumento humanitario”.

Según explica Cáritas en una nota de prensa, “guiado por esa decisión” el nuevo papamóvil ha sido reconstruido como una clínica pediátrica móvil destinada a proveer de cuidados imprescindibles para la vida para niños desplazados y heridos por la guerra. Y añade: “con los hospitales en ruinas y los accesos limitados gravemente, el vehículo provee no solo tratamiento médico sino un símbolo vital de esperanza”.

El cardenal Arborelius, obispo de Estocolmo, ha declarado que “en tiempos como este, se necesitan señales de esperanza con urgencia” y ha añadido que está “convencido” de que este papamóvil reconvertido “puede realmente servir su propósito, a saber, convertirse en una herramienta práctica para los trabajadores humanitarios y en un genuino vehículo de la esperanza para aquellos que más la necesitan”.

“Esto no es solo una intervención médica, es nuestra responsabilidad moral frente a una catástrofe en desarrollo”, afirmó durante la presentación Anton Asfar, secretario general de Cáritas Jerusalén y líder del proyecto. Asfar declaró que este vehículo es un paso más para “reducir el sufrimiento de los más vulnerables, especialmente los niños”. A día de hoy, más de 130 miembros de Cáritas siguen trabajando en el interior de Gaza, donde esta organización católica mantiene operativos cinco puntos de atención médica y varias unidades móviles que ofrecen atención primaria o apoyo psicosocial.

“No podemos esperar las condiciones perfectas. Los niños no pueden esperar. Este vehículo nos permite servirles donde están, no donde es conveniente”, añadió Anton Asfar.

Al acto de presentación del papamóvil, celebrado en el patio trasero de una cafetería cercana a la Basílica de la Natividad, venerada por la tradición cristiana como el lugar donde nació Jesucristo, acudió una niña gazatí para hacer una pequeña ofrenda floral al cardenal Arborelius. También asistió el doctor Ramzi Khoury, presidente del Fondo Nacional Palestino, y que calificó la llegada del renovado papamóvil como “camino hacia la paz” y de “entendimiento entre cristianos y musulmanes en Palestina”.

Aragón avanza hacia una situación de casi pleno empleo y presenta indicadores macroeconómicos favorables, pero esa mejora no se traduce en un mayor bienestar para toda la población. Al contrario: la exclusión social se ha disparado en los últimos seis años y afecta ya a 300.000 personas, un 22,9% de la población, diez puntos más que en 2018. Así lo alerta el Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social elaborado por la Fundación Foessa para Cáritas, presentado este miércoles.

El estudio —realizado a partir de 586 encuestas en Aragón y más de 12.000 en el conjunto del país— revela que la exclusión social alcanza al 22,9% de la población aragonesa, una proporción superior a la media española, y que la exclusión severa se ha duplicado, situándose entre 110.000 y 179.000 personas. Todo ello en una comunidad que registra una reducción del paro del 11% al 8%. 

El director de Cáritas Aragón, Carlos Gómez, ha destacado esta paradoja: “En Aragón se está generando mucho empleo y los indicadores económicos son muy positivos, pero hay un reparto muy desigual de la riqueza. El empleo ya no garantiza el acceso al bienestar”. Gómez habla de un “empobrecimiento claro de las clases medias” y de un aumento del número de personas que cobran salarios mínimos independientemente de su cualificación académica.

El responsable de Cáritas advierte además de la creación de “nuevos perfiles de pobreza”, fruto de crisis encadenadas que dejan a sectores que antes vivían con estabilidad en una situación de incertidumbre permanente. “Nuestro progreso como sociedad sería que Cáritas no tuviera que existir para cubrir necesidades básicas. Hoy seguimos lejos de ese objetivo”, lamenta.

El sociólogo Pedro Fuentes, de Fundación Foessa, ha insistido en la misma idea: “Tres de cada cuatro hogares que están en exclusión severa trabajan, buscan empleo, estudian o siguen planes de inclusión. No fallan las personas: falla el sistema”. Subraya que la desigualdad es hoy “el principal motor de la pobreza y la exclusión” y que España mantiene “una de las tasas de desigualdad más altas de Europa”.

Vivienda: el gran freno a la inclusión

El informe identifica la vivienda como el principal motor de exclusión. Entre 2018 y 2024, el precio de compra ha aumentado un 38%, y el precio del alquiler entre un 21% y un 24%, alcanzando una media de 716 euros mensuales. La especulación y la escasa oferta agravan la situación: Aragón presenta un 50% de hogares con gastos excesivos, lo que significa que la mitad de los núcleos familiares entra en umbral de pobreza severa tras pagar vivienda y suministros.

Más de 237.000 personas viven en situación de vivienda insegura o inadecuada. Los incrementos más drásticos se producen en hogares con personas con movilidad reducida y en aquellos atenazados por gastos inmobiliarios excesivos. “Sin una política pública fuerte en vivienda, la mejora económica nunca se traducirá en integración social”, advierte Fuentes, que insiste en que este ámbito “debe convertirse en un pilar del bienestar”.

La segunda gran barrera es el empleo. Aunque Aragón crea puestos de trabajo y reduce la temporalidad, con los salarios reales los ciudadanos han perdido poder adquisitivo, según el informe, y la precariedad laboral “matiza la mejora”. El mercado está cada vez más dualizado: crecen los trabajos de alta cualificación y los de baja cualificación, pero desaparecen los empleos intermedios, tradicionalmente los que garantizaban estabilidad y ascenso social. “Trabajar ya no asegura escapar de la exclusión”, resume Fuentes. De hecho, el informe señala que entre 2023 y 2024 ha crecido la población con empleo situada en riesgo de pobreza, reflejo de una inflación que ha encarecido de forma notable vivienda, alimentación y suministros sin que los salarios evolucionen al mismo ritmo.

Jóvenes, hogares con hijos y población extranjera, los más golpeados

La exclusión afecta especialmente a perfiles muy concretos. Entre los menores de 28 años, la tasa asciende al 36%, una cifra que refleja la dificultad para acceder a un empleo que permita emanciparse y vivir sin precariedad. Los hogares con dos o más hijos registran tasas muy superiores a la media, y las personas de nacionalidad extranjera presentan tasas de exclusión que triplican las de la población española.

La salud también emerge como un eje crítico: el 18,8% de los hogares tiene problemas para afrontar medicamentos, tratamientos o productos sanitarios. Las dificultades para costear prótesis dentales, gafas o terapia psicológica se han convertido en un obstáculo estructural. El uso de seguros privados aumenta, lo que “ensancha aún más la brecha” entre quien puede pagar y quien queda fuera.

El informe señala además la “caída drástica” de la renta mínima aragonesa tras la implantación del Ingreso Mínimo Vital. La inversión ha pasado de 48 millones en 2020 a menos de dos millones en 2023, una reducción del 96%. La cobertura también ha caído de manera drástica: hoy solo llega a una parte mínima de la población vulnerable.

A pesar de la implantación del IMV, solo alcanza al 60% de las personas en pobreza severa en Aragón. Pero lo más preocupante, según Foessa, es el desconocimiento: el 57% de los hogares en pobreza severa afirma no haber recibido nunca información sobre esta prestación. “Existe un agujero informativo que deja fuera a quienes más lo necesitan”, advierte Fuentes.

Cáritas y Foessa reclaman políticas públicas ambiciosas, sostenidas en el tiempo y centradas en vivienda, empleo y garantía de ingresos. Consideran imprescindible recuperar una renta mínima autonómica sólida, complementaria al IMV, y situar la vivienda “en el centro de la política social”. “La exclusión refleja las fallas de un modelo que proclama derechos pero limita el apoyo”, señala Fuentes. Para Gómez, el reto es claro: “Una sociedad dualizada no progresa. Necesitamos un horizonte donde los derechos humanos y sociales estén garantizados para todos”.

Cáritas Comunitat Valenciana ha lanzado una seria alerta tras presentar este miércoles el Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en la Comunitat Valenciana 2025: una de cada cinco familias del territorio vive hoy en situación de exclusión social, un dato que apenas ha variado desde 2018 pese a la recuperación económica.

El estudio, elaborado dentro de un proyecto estatal en el que participan 140 investigadores de 51 universidades, centros de investigación, fundaciones y entidades del Tercer Sector, concluye que quienes más sufrieron la crisis financiera de 2007 y el impacto de la COVID-19 “siguen sin recuperarse” y que, casi dos décadas después, una parte significativa de la población continúa sin ver mejoras reales en sus condiciones de vida.

La presentación del informe ha corrido a cargo de Marina Sánchez – Sierra Ramos, miembro del equipo técnico de la Fundación FOESSA, y María Moscardó Bolinches, referente del Informe FOESSA en la Comunitat Valenciana, acompañadas por Víctor Mellado Pomares, director de Cáritas Diocesana de Orihuela–Alicante y presidente de Cáritas Comunitat Valenciana.

Menos estabilidad, más precariedad y vivienda cada vez más inaccesible

El documento evidencia un deterioro progresivo de la estabilidad de los hogares valencianos: desde 2018, disminuye el número de familias que se mantienen fuera de la precariedad y crece el de quienes viven al límite. Entre las cifras más preocupantes destaca que el 48,3% de las personas que viven de alquiler está en riesgo de pobreza, un fenómeno agravado por el incremento del precio del alquiler, que se ha duplicado entre 2015 y 2024.

FOESSA advierte de que el acceso a la vivienda se ha convertido en un problema estructural: al destinar una mayor parte de sus ingresos al alquiler, los hogares reducen su capacidad de consumo en aspectos esenciales, acercándose peligrosamente a la pobreza. Para muchas familias acompañadas por Cáritas, alquilar una habitación —antes una solución temporal— se ha convertido en la única alternativa viable.

El estudio señala además que 1,2 millones de personas en la Comunitat Valenciana tienen dificultades asociadas a la vivienda, desde la imposibilidad de afrontar gastos imprevistos hasta problemas en la climatización, la falta de sistemas de evacuación de aguas residuales o la ausencia de agua caliente.

El empleo ya no garantiza condiciones de vida dignas

El Informe FOESSA confirma que la mejora global del empleo no está traduciendo en una vida mejor para amplias capas de trabajadores. Según la Encuesta EINSFOESSA, realizada a 603 familias valencianas, 126.000 hogares tienen a todos sus miembros activos en desempleo, y el 10,5% de las personas ocupadas se encuentra en exclusión social.

El mercado laboral valenciano sigue marcado por sectores de baja estabilidad, especialmente el turismo y la hostelería, donde la creación y destrucción de empleo se produce con extrema rapidez. Además, unas 120.000 personas ocupan empleos considerados de exclusión —venta ambulante, empleadas del hogar no cualificadas o trabajos eventuales agrícolas, entre otros—, lo que dificulta su acceso a una vida digna.

Los rostros de la exclusión: mujeres, menores, hogares monoparentales y población extranjera

El informe pone el foco en los perfiles más afectados por la exclusión social. Según FOESSA, esta impacta especialmente en hogares encabezados por mujeres sin estudios, personas desempleadas o de nacionalidad extranjera, así como en familias con menores, hogares monoparentales, sin ingresos o en pobreza severa.

La población extranjera es uno de los colectivos más castigados: el 45,4% de las personas de nacionalidad extranjera en la Comunitat se encuentran en exclusión social. El tamaño del hogar y su composición —especialmente las familias numerosas o monoparentales— son factores determinantes en el riesgo de exclusión.

El informe también alerta sobre la fragilidad de los vínculos comunitarios. 149.000 hogares valencianos carecen de redes de apoyo, lo que incrementa el aislamiento social. Las personas en exclusión tienen más del doble de probabilidades de estar desconectadas de su entorno vecinal, lo que agrava sus dificultades cotidianas.

Un modelo social agotado y la necesidad de un cambio de rumbo

FOESSA describe un modelo socioeconómico que “produce desigualdad, precariedad y fractura”, y que desgasta tanto a las personas como al planeta. Frente a ello, se identifican señales de esperanza en las redes comunitarias, los movimientos sociales y la solidaridad cotidiana.

El informe afirma que mantener las políticas actuales “nos conduce al colapso social y ecológico” y propone un cambio de paradigma hacia una sociedad basada en el cuidado, la interdependencia y la justicia social y ecológica. Para ello, reclama políticas públicas fuertes, integrales y estructurales que aborden las raíces de la desigualdad en ámbitos como la vivienda, el empleo, la protección social y la fiscalidad.

FOESSA plantea una encrucijada: continuar por la senda del individualismo y la desigualdad o apostar por un nuevo modelo de justicia y responsabilidad compartida. “Ese es el camino que, desde FOESSA y Cáritas, creemos posible y necesario”, han afirmado sus responsables.

Un informe con base sólida: encuestas a más de 12.000 hogares

El estudio forma parte del Informe FOESSA 2025, construido a partir de encuestas realizadas a más de 12.000 hogares en todo el país. Además del informe general, se han elaborado 22 informes territoriales con la participación de 40 investigadores, que serán presentados entre noviembre y febrero en todas las comunidades autónomas, Ceuta, Melilla, Ibiza, Albacete y la Diócesis de Barcelona.

La Fundación FOESSA, creada por Cáritas Española en 1965, tiene como misión analizar la realidad social, económica y cultural de España para contribuir a la transformación social.

Unas 343.000 personas están en situación de exclusión (moderada o severa) en Galicia, el 12,7% de la población, según el IX Informe Foessa publicado por Cáritas España este miércoles. En detalle, cerca de la mitad de esos gallegos en exclusión, 167.400 personas (6,2% de la población) padecen un grado severo, según este informe con datos de 2024.

Con todo, este 6,2% de exclusión severa es inferior al 8,8% de media del país. Supone un ligero descenso respecto al 6,6% que registraba la comunidad gallega en este estudio en 2018. Mientras, la población gallega en exclusión moderada es el 6,5% del total, por lo que baja casi cuatro puntos respecto al 10,2% de 2018. Por su parte, 43,5% de los habitantes de Galicia cuentan con una integración plena y el 43,8%, con una integración precaria.

Datos de España

El IX Informe FOESSA, presentado este miércoles por Cáritas Española, ha advertido sobre un “proceso inédito de fragmentación social” en España, con una “aparente bonanza” que convive con “una de las tasas de desigualdad más altas de Europa”, y que llevan a “una sociedad del desasosiego” en la que 4,3 millones de personas viven en una situación de exclusión severa, un tercio menores de edad, es decir, 1,4 millones de niños.

“Este informe nos sitúa ante una encrucijada. Podemos seguir por el camino actual, el del individualismo, la desigualdad y la insostenibilidad, que nos lleva a una sociedad del miedo. O podemos elegir un cambio de rumbo valiente, construir un nuevo imaginario social basado en el cuidado mutuo, la justicia y la responsabilidad compartida”. Cáritas Española presentó este mediodía su IX Informe FOESSA, con una llamada de atención ante un “proceso inédito de fragmentación social” que está viviendo España y que, por primera vez, está amenazando seriamente a la clase media, según explican.

Así, la entidad católica advirtió cómo “tras dos décadas de crisis encadenadas, las fases de recuperación no han cerrado la brecha y han llevado a España a contar con una de las tasas de desigualdad más altas de Europa”. Según el informe, realizado por un equipo de 140 investigadores procedentes de universidades, centros de investigación, fundaciones y Tercer Sector, la integración social se erosiona y la exclusión grave permanece muy por encima de los niveles de 2007. Así, En 2024, la exclusión severa se sitúa un 52% por encima de 2007, afectando a 4,3 millones de personas. Un tercio de ellos son niños.

“Estamos ante un momento histórico de profunda complejidad”, subrayó la secretaria general de Cáritas, Natalia Peiro, quien incidió en un fallo sistémico que provoca que tres de cada cuatro hogares vivan en situación de exclusión, ajustando gastos, buscando empleo, y topándose con “barreras estructurales”. El informe “demuestra que no fallan las personas, falla el sistema”, añadió Raúl Flores, coordinador del mismo. “La desigualdad es lo que genera pobreza”.

“La conclusión es un golpe a nuestra promesa de igualdad de oportunidades. La exclusión social se hereda, y es necesario actuar para compensar las desigualdades de origen porque el código postal y la mochila familiar pesan más que la capacidad y que el esfuerzo”, indicó Flores.

La vivienda, un derecho 'fake'

Entre los principales factores de exclusión están la vivienda y el empleo. Así, uno de cada cuatro hogares no puede considerarse digno y el 45% de la población que vive en régimen de alquiler se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social, la cifra más alta de la UE. “El alquiler se ha convertido en una trampa de pobreza”, constata Cáritas. “La vivienda es un derecho ”, subrayó el responsable del informe.

Pese a la mejora de los datos del empleo, FOESSA insiste en que “la precariedad laboral se ha convertido en la nueva normalidad, afectando a casi la mitad (47,5%) de la población activa”. Una situación que afecta a 11,5 millones de personas atrapadas en diversas formas de inseguridad laboral. De hecho, más de un tercio de la población excluida moderada o severa trabaja.

Junto a estos dos factores, se suman otros cuatro, que ejercen como multiplicadores de la desigualdad: la educación, el origen familiar, la salud y las relaciones sociales. El dato es rotundo: si una persona no consigue completar estudios superiores a la ESO, su riesgo de caer en exclusión severa se multiplica por 2,7.

El segundo factor es el familiar. Así, se constata que los hijos de personas con bajo nivel educativo tienen más del doble de probabilidades de caer en situaciones de pobreza que los de progenitores altamente formados. En lo tocante a la salud, el informe FOESSA muestra cómo la desigualdad también se mide en años de vida, con elementos como la malnutrición, las listas de espera o el acceso a una sanidad pública de calidad. De este modo, el informe denuncia que el 6% de las familias más vulnerables que tenían una enfermedad grave no recibió atención médica el año pasado, el doble que en el conjunto de la sociedad. La salud mental también se resiente.

Soledad, migraciones y brecha de género

Junto a ello, Cáritas observa una “herida más profunda”, el de la soledad, que supone “una fractura aterradora” para las personas en exclusión, cuyo nivel de aislamiento se ha quintuplicado, pasando del 3,2% en 2018 al 16,6% en 2024. “El informe nos alerta sobre cómo nuestro ‘escudo comunitario’, se está debilitando justo donde más se necesita. Donde se tejen vínculos, la exclusión se vuelve reversible; donde se rompen, la dependencia se acelera. Reconstruir esos lazos exige reconocer lo relacional como estratégico: las políticas deben medir y fortalecer el capital social (familia, vecindad, asociaciones) con acciones preventivas y comunitarias”, indicó Flores.

La brecha de género también tiene un hueco en la exclusión, que sigue penalizando a los hogares encabezados por mujeres, Del total de hogares excluidos graves, casi la mitad están encabezados por mujeres (el 42%, más de 15 puntos porcentuales desde 2007).

7 de cada diez personas en exclusión son españolas, aunque los datos muestran “una brecha persistente y preocupante: casi la mitad (47,4%) de la población de origen inmigrante está en exclusión, una tasa que casi triplica la de la población autóctona (15,3%)”, sacude el informe. “Es una evidencia que esta irregularidad está repuntando, agravada por la lentitud de los trámites que deja a miles de personas en un limbo, el 62% de quienes no tienen papeles afirma estar intentando regularizarse”, especialmente entre la población africana. “Esta falta de una política pública de integración ambiciosa y transversal desde el primer momento es una asignatura pendiente que genera y perpetúa la exclusión”, destacó Raúl Flores.

El informe también señala que los problemas son “síntomas de un modelo de sociedad que genera estructuralmente desigualdad, precariedad y fractura”. Para Flores, “vivimos en una sociedad del desasosiego (…), en una sociedad ecológicamente vulnerable, anímicamente desasosegada y socialmente desgarrada”. Junto a ello, el drama de la huella ecológica, que en España triplica la capacidad de su territorio. O, en otras palabras: si todo el mundo viviera como lo hace la población en España, necesitaríamos el equivalente a 2,5 planetas.  A mayor ingreso, más consumo de las “élites climáticas” con consumos sobredimensionados. Y es que “esta crisis climática y ecológica no es un problema aparte; es una ‘metacrisis’, una crisis sistémica y universal que atraviesa y agrava todas las demás dimensiones sociales, económicas y políticas que hemos analizado. Abordarlas por separado o con las lógicas actuales resulta contradictorio e ineficaz”, destacaron los responsables del informe FOESSA.

A menudo, se señala a la población migrante, proyectando sobre ella miedos e inseguridades, a pesar de que los datos de este informe, como hemos repetido, demuestran que la exclusión no tiene su origen ni causa en la inmigración, aunque sí algunas de sus peores consecuencias

Un caldo de cultivo en el que la desconfianza y el miedo “se instrumentalizan políticamente”, denuncia Cáritas, quien observa cómo se construyen identidades excluyentes y ‘enemigos simbólicos’ para desviar la atención de las causas estructurales. “A menudo, se señala a la población migrante, proyectando sobre ella miedos e inseguridades, a pesar de que los datos de este informe, como hemos repetido, demuestran que la exclusión no tiene su origen ni causa en la inmigración, aunque sí algunas de sus peores consecuencias”, advirtió Raúl Flores.

Todo ello lleva a un cambio de valores: si hace décadas se priorizaba la igualdad, ahora se antepone la libertad personal a la igualdad social. Un relato que no es inocente, ya que, denuncia el informe, legitima la desigualdad y oculta las barreras estructurales. “Vivimos una sociedad fragmentada, donde el individualismo rompe la red comunitaria y nos aísla. Una sociedad herida que se manifiesta con desesperanza, especialmente en las nuevas generaciones, como angustia ecológica. Cuando la conciencia del riesgo no genera acción colectiva, sino repliegue, la esperanza se quiebra, dejando una profunda cicatriz emocional”, alertó.

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El PP no votará a favor de la iniciativa popular para regularizar a cientos de miles de migrantes que ya viven y trabajan en España, según ha anunciado hoy la dirección del partido. Una propuesta que llegó al Congreso en 2024 en forma de iniciativa legislativa popular con más de 500.000 firmas. La norma fue impulsada por la Iglesia española a través de Cáritas, entre otras organizaciones sociales. Entonces, el PP sí apoyó la admisión a trámite. Un año y medio después, Alberto Núñez Feijóo ha radicalizado su discurso antiinmigración y lo ha escorado a la derecha para competir electoralmente con Vox y otras fuerzas que han emergido en los últimos tiempos.

“Le reconozco que en este momento no sé en qué punto de tramitación está, pero en tanto no sean admitidas nuestras enmiendas, que es lo que nos parece razonable que hay que hacer con ello, nosotros no votaremos a favor de esa ILP”, ha asegurado la vicesecretaria de Coordinación Sectorial en una rueda de prensa este lunes.

Ezcurra ha reconocido que el PP votó a favor de la admisión a trámite solo por la presión social del medio millón de firmas que apoyaron la iniciativa. “Lo hablamos la semana pasada. Vamos a ver. Ya lo expliqué muy bien, creo”, ha arrancado la hoy portavoz del PP. “Dije que la ILP se votó porque era la ILP con mayor respaldo en democracia. Nos parecía que lo más sensato, con independencia de estar más de acuerdo o menos de acuerdo con el contenido, [que] lo mínimo que teníamos que hacer era darle una oportunidad y darle un cauce de debate”.

“Y una vez que le hemos dado cauce de debate, lo que hicimos fue presentar una serie de enmiendas que no fueron admitidas”, ha señalado Ezcurra.

La proposición de ley lleva 18 meses de trámite parlamentario, y de momento languidece en el Congreso a la espera de un acuerdo que permita armar una mayoría suficiente para someter la propuesta al Pleno.

Inconcreción en el “visado por puntos”

También ha tenido que responder sobre el inconcreto anuncio que realizó este fin de semana Feijóo sobre un “visado por puntos” para las personas extranjeras que quieran migrar a España. Una idea que el PP ya llevó en su programa electoral de 2023, e incluso antes: Mariano Rajoy ya lo planteó en 2008.

La vicesecretaria, encargada precisamente de coordinar la propuesta del PP en materia de inmigración, no ha definido cuáles serán los baremos ni cómo se aplicarán de forma concreta. Por ejemplo, cómo se premiará la proximidad cultural a España o cómo se definirá qué personas y de qué países reciben menos puntos por, supuestamente, no respetar los “valores” españoles.

Ezcurra ha planteado “objetivar la entrada de inmigrantes” y dar prioridad a quienes tengan “más capacidad de integración, conocimiento del idioma” y que apliquen para “sectores prioritarios” como pueden ser “salud, cuidados, servicios, sector primario, construcción, transporte o digitalización”.

La vicesecretaria no ha concretado cuántos puntos se darán en cada apartado o cómo se repartirán, pero ha comprometido un “modelo justo” en el que sean “responsables los países emisores” (sic) de personas migrantes. Si no colaboran, ha sostenido, “perderán privilegios y ayudas”.

Ezcurra se ha escudado en que el procedimiento concreto “está en elaboración”, pese a que el PP prometió tener todo su plan migratorio listo para este mes de septiembre. La vicesecretaria ha dicho que sus modelos son “Canadá o Australia”. “Sabemos qué funciona y qué no”, ha concluido.

Centenares de ciudadanos han pasado este jueves por la sede de Cáritas La Rioja para celebrar una nueva edición de San Mateo Solidario. La entidad ha organizado actividades para todas las edades con el objetivo de sensibilizar y recaudar fondos por un fin social. Grandes y pequeños han disfrutado de un gran bingo, talleres infantiles, la música en directo de DJ Pedrote y una degustación del pincho de champiñón acompañado de vino de Rioja o agua.

Además, los asistentes han podido acercarse al tendedero de historias de personas y programas de Cáritas, visitar la carpa de sensibilización de Chavicar Sostenible y conocer la campaña “Llamados a encontrarnos”, destinada a la captación de socios y donantes. En el evento han participado representantes de instituciones autonómicas y locales, así como los vendimiadores de San Mateo. Todos ellos han sido recibidos por el director de Cáritas La Rioja, José Andrés Pérez, y el subdelegado de la entidad, Fernando Beltrán. Así, el director de Cáritas ha relatado que “San Mateo Solidario ya se ha convertido en un acto tradicional de las fiestas y ese es nuestro deseo: hacer presente a Cáritas y, con ella, a todas las personas a las que acompañamos. Queremos darles voz también en este contexto festivo”.

Pérez ha señalado que esta cita es también una manera de mostrar el lado positivo de la vida de las personas a las que apoya la entidad social: “A menudo se percibe que Cáritas solo anuncia desgracias, pero no es así. La vida también está llena de momentos alegres y de celebración, y para nosotros es importante que todas las personas puedan disfrutar de las fiestas, que nadie se quede al margen”.

Asimismo, el director ha recordado el fin solidario del evento: “Todo lo recaudado se destina a los programas de Cáritas La Rioja, que son muchos. Por ejemplo, ahora mismo la vivienda es una preocupación absolutamente fundamental, algo que tratamos de paliar con nuestro programa de alojamientos temporales. Además, en esta época de inicio de curso, también destinamos muchos recursos a ayudas para material escolar y comedor. Cada aportación suma y nos permite dar respuesta a necesidades reales de las familias”.

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha condenado a la entidad Cáritas Diocesana de Santander al pago de una indemnización de más de 76.000 euros a un trabajador que solicitó la extinción de su relación contractual por incumplimiento empresarial grave y acoso laboral.

La sentencia de la Sala de lo Social del TSJC, dictada el pasado 2 de junio y que confirma una anterior del Juzgado de lo Social, la ha dado a conocer UGT con autorización expresa del trabajador afectado, según ha informado el sindicato.

El TSJC condena a la entidad al pago de dos indemnizaciones, una de 66.854 euros por extinción del contrato por incumplimiento grave de la empresa y otra de 10.000 euros por vulneración de derechos fundamentales.

En la sentencia, se condena a Cáritas Diocesana de Santander tras corroborar los hechos denunciados por el trabajador, que prestaba sus servicios desde octubre de 2009 como educador en el taller ocupacional de la entidad social en La Albericia.

En junio de 2022, Cáritas dividió la jornada laboral completa del educador a una media jornada en su puesto en el taller ocupacional donde se encargaba de personas sin hogar que realizaban tareas ocupacionales y otra media en el departamento de Administración en la sede central de Santander, en la calle Rualasal.

En septiembre de ese mismo año de 2022, la entidad decidió proceder al cierre y desmantelamiento del taller ocupacional y el demandante volvió a ser cambiado de puesto con jornada completa en tareas de subalternas en Administración y Gestión en la sede central.

“No se le asignan tareas propias de educador ni se le incluyó en proyectos que desarrollaba la empresa en las que trabajaban otros educadores”, apunta la sentencia, que agrega que “además se le asigna a un puesto de trabajo en la biblioteca donde estaba solo, sin acceso a teléfono y con un ordenador muy antiguo; cuando, en cambio, las otras dos compañeras tenían medios adecuados y compartían despacho”.

El fallo judicial apunta que el trabajador, que argumentó en su demanda que “se le había degradado en sus funciones, había sufrido de malos tratos de palabra y la empresa le había aislado, tanto desde el punto vista funcional como espacial”, pasó a una baja por incapacidad temporal desde el 14 de noviembre de 2022 al 24 de junio de 2024, que luego se prolongó en un segundo período desde el 19 de agosto hasta el 24 de septiembre de 2024.

En el mismo mes de septiembre de 2024, Cáritas le comunicó una modificación sustancial de condiciones de trabajo por la que cambiaría de nuevo su puesto de trabajo al de técnico auxiliar, medida que el educador impugnó judicialmente.

La sentencia indica que el educador sufrió incapacidad temporal por nerviosismo y que un informe del departamento de Psicología del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla reconocía “síntomas agudos de ansiedad vegetativa, insomnios y labilidad afectiva” y “un cuadro de ansiedad que ha evolucionado de forma tórpida”.

Tal y como hizo en primera instancia el Juzgado de lo Social, el TSJC confirma acoso laboral al trabajador, que Cáritas Diocesana ha rechazado durante el proceso judicial, por lo que le correspondería una indemnización por despido improcedente de 45 días por año de servicio con un máximo de 42 mensualidades, tal y como estipula el convenio colectivo.

Cáritas alerta a la ciudadanía de los intentos de estafa que están circulando a nivel estatal, también en La Rioja, a través de Facebook para obtener datos de la ciuadanía de manera fraudulenta y utilizando el nombre y la imagen de la institución a cambio de una falsa ayuda económica.

A través de una nota de prensa, la entidad asegura que ya han formulado la correspondiente denuncia ante la Policía Nacional y también han contactado con la red social para solicitar la eliminación de este contenido. Además, está estudiando emprender las acciones legales que correspondan.

En los últimos días, y especialmente a lo largo del día de ayer, la organización ha recibido por distintas fuentes, al menos dos anuncios en Facebook que se están compartiendo a través de WhatsApp que difunden una imagen y un mensaje de Cáritas totalmente falsos.

La estafa consiste en solicitar una serie de datos personales a cambio de una ayuda económica y, además, anima a las personas a compartir esta página para que esos fondos sean transferidos. Por lo que Cáritas pide a las personas que hayan recibido este mensaje que no lo compartan con nadie a través de ningún canal (redes sociales, WhatsApp, Telegram,...).

Ante cualquier duda a la hora de pedir ayuda o hacer efectiva la solidaridad con las personas en situación de exclusión, desde Cáritas La Rioja recomiendan consultar siempre los canales oficiales: su página web www.caritaslarioja.org, sus perfiles verificados en redes sociales o a través de su número de teléfono (941 25 23 40). También se puede acudir a la web de Cáritas Española, donde se encuentra información verificada sobre todas las campañas y vías de colaboración.