María del Carmen derrocha energía. Le cuenta su vida a cualquiera que le pregunte, habla rápido y se muestra muy alegre. Nadie diría que hace seis años, la primera vez que cruzó las puertas de Hogar 2000, lo hizo en silla de ruedas, con unas cataratas muy avanzadas y sumida en una depresión.

Ella es una de las 29 residentes que viven actualmente en este centro de Toledo que acoge a personas con problemas de salud mental o enfermedades crónicas. Pero no se trata solo de una cuestión médica: aquí llegan quienes tampoco tienen recursos económicos ni apoyo familiar.

La diversidad de situaciones es alta, aunque con un patrón común. “Son personas que normalmente no han tenido una buena vida”, cuenta Lorena Aguado, terapeuta ocupacional del centro. “Ya sea porque no tienen recursos económicos o porque vienen de adicciones como alcohol o drogas”. Cuando a alguien en esas circunstancias le sobreviene una enfermedad incapacitante —como un ictus o un trastorno mental grave—, se genera una situación de dependencia sin un entorno que pueda o quiera hacerse cargo.

Es entonces cuando aparece Hogar 2000.

Un recurso público gestionado por Cáritas

Hogar 2000 es un recurso sociosanitario gestionado por Cáritas e integrado en la red pública de la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha. Es esta última entidad la que lo financia mediante subvención en un 75% y la que deriva a los nuevos residentes hasta aquí.

En 2026 cumple 25 años desde la colocación de su primera piedra y, en todo este tiempo, ha alojado entre sus paredes a más de 300 personas. Sus 29 plazas están hoy todas ocupadas, con una lista de espera para entrar “bastante grande”, según sus trabajadores.

María del Carmen (57 años), la mujer que abre este reportaje, es una de ellas. Llegó a través de los servicios sociales tras una etapa depresiva en la que no salía de la cama ni comía, lo que la debilitó hasta el punto de necesitar temporalmente una silla de ruedas para desplazarse. Tiene tres hijos, aunque solo mantiene contacto con Asier, el pequeño, de 23 años, del que tiene una fotografía que, asegura, lleva “a todos lados”.

Para ella, Hogar 2000 es su segunda casa, porque le ofrece todo lo que necesita. “Tienes tu habitación, tu ducha y tus cinco comidas; tienes excursiones…”.

Joaquín es otro de los residentes. Lleva dos años en el centro, al que llegó desde otro albergue de Cáritas después de sufrir un ictus y dos infartos cerebrales que le causaron un importante deterioro cognitivo y físico. Antes había vivido con desconocidos en una casa okupa en muy malas condiciones de salubridad.

A sus 59 años, recuerda que se dedicaba a la jardinería en Madrid, que estudió Derecho y que le gustaba jugar al ajedrez. Por desgracia, a consecuencia del ictus, todos esos recuerdos se han emborronado debido a las lagunas de memoria que le han quedado como secuelas.

Pese a su estado de salud, también está contento de estar aquí. “Aquí me cuidan y me atienden muy bien. ¿Qué más quiero?”, dice.

Lorena Aguado explica que lo que intentan los trabajadores es mejorar su autonomía personal “en la medida de lo posible”. “Es decir, si se puede lograr que la persona salga autónoma, se intenta, pero es verdad que no suelen ser la mayoría de los casos y el objetivo es trabajar en su comodidad y en que su última etapa de la vida sea en las mejores condiciones posibles”.

En el centro también se les ayuda en todo tipo de gestiones: a los inmigrantes sin papeles, a regularizar su situación; a quienes puedan tener derecho, a conseguir una pensión; e incluso a recuperar el contacto con la familia, si el residente quiere intentarlo.

“Tenemos un residente que es de Nigeria y no tiene documentación. Como solo habla inglés, había tenido muchos problemas de comunicación y no se sabía si tenía familia. Cuando llegó aquí, conoció a otra chica también de Nigeria a la que le dio el nombre de un familiar. Nos pusimos a buscar y dimos con él. Gracias a ello, él ahora está haciendo videollamadas con su familia”, cuenta Lorena.

“Vienen emocionalmente muy dañados”

El equipo es amplio y variado: 21 personas entre psicóloga, enfermera, terapeuta ocupacional, trabajadora social, auxiliares de enfermería y equipo de atención sociosanitaria, además del personal de limpieza y cocina.

Como terapeuta ocupacional, el trabajo de Lorena se centra en ayudarles a recuperar su autonomía dentro de lo posible: mejorar la capacidad de hacer tareas domésticas o introducir adaptaciones para que retomen la rutina que llevaban antes. “También hago un trabajo rehabilitador para que las personas que tengan una disfuncionalidad física no vayan a peor, sino que se mantengan o mejoren. Y luego también hago mucho un trabajo grupal con ellos, de darles rutinas con diferentes tipos de talleres”.

La psicóloga del centro es Carmen Iglesias. Como son personas “que vienen emocionalmente muy dañadas”, explica, su trabajo consiste en acompañar y ayudarlas a trabajar las emociones. “Hay personas que sí que mejoran anímicamente, pero hay otras con las que, como su situación de salud mental está muy cronificada, es complicado”.

Una de las señas del centro es su aislamiento. Se levanta a las afueras de Toledo, rodeado de fincas y zonas agrícolas, a unos diez minutos en coche del centro de la ciudad.

La ubicación se escogió a propósito. La primera piedra de Hogar 2000 se puso en 2001, siendo concebido en origen como un lugar para atender a personas con VIH en un momento en el que el estigma y los prejuicios hacia esta enfermedad seguían muy extendidos en la sociedad. Por eso se consideró que lo mejor era tratarlas en una zona apartada. Gracias a ese emplazamiento, el espacio nunca fue un problema y pudo diseñarse desde cero una residencia adaptada a las necesidades.

El edificio cuenta con varias salas comunes donde los residentes pasan la mayor parte del tiempo —hacen talleres, ven la tele—, además de varios patios, pistas deportivas, un gimnasio para la rehabilitación física y habitaciones, comedor y cocina.

Aunque lo gestiona Cáritas, una ONG de la Iglesia católica, al tratarse de un recurso público la religión no es un requisito para entrar. En el centro hay una pequeña capilla donde se celebra misa los domingos, pero la asistencia no es obligatoria. “De hecho, tenemos una mujer que es de Guinea Ecuatorial y musulmana. Ella reza en su alfombra cuando le toca, celebra el Ramadán y no come cerdo. Se respeta la religión y no se obliga a nadie”, indica Lorena.

“Familia”

En todos estos años, el centro ha vivido situaciones complicadas. La pandemia fue una de ellas. “Se contagiaron varias personas que afortunadamente tenían la capacidad cognitiva para estar en su habitación y no salir”, recuerda la terapeuta ocupacional. “Pero los que no estaban tan bien no comprendían que tenían que quedarse encerrados, así que era imposible tenerlos en una habitación. Como yo había pasado el COVID, me encargué de ese grupo para que no estuvieran en contacto con los demás que sí estaban aislados”.

La borrasca Filomena fue otro momento crítico. Dejó el centro aislado durante varios días y los trabajadores que estaban de turno tuvieron que quedarse allí en los primeros días, sin posibilidad de relevo. “Hubo residentes a los que sí se les tuvo que sacar en todoterreno porque tenían que acudir a tratamientos médicos urgentes como diálisis”.

Es en estas situaciones difíciles cuando se muestra que la convivencia de residentes y trabajadores ha forjado lo que todas las personas entrevistadas en este reportaje denominan como “una familia”.

María del Carmen y Joaquín ponen un ejemplo muy sencillo, pero muy representativo, que se dio en una de las últimas excursiones a Toledo que hicieron los residentes.

“Íbamos caminando, él estaba cansado y le dije que se agarrase del brazo”, cuenta ella.

“Me dice: 'Agárrate a mí'”, confirma él.

“Es que estaba ya el hombre cansado de tanto andar. A ver, para eso estamos, para ayudarnos entre nosotros”, remata María del Carmen.

Familia.

Han transcurrido casi dos semanas desde que el 24 de junio dos terremotos sacudieran la zona norte de Venezuela, provocando una catástrofe humana y social de enorme magnitud. Los últimos balances hablan ya de más de tres mil personas fallecidas, más de dieciséis mil heridas y miles de familias que han perdido su vivienda, sus medios de vida o sus espacios cotidianos de seguridad.

Las cifras ayudan a comprender la dimensión del desastre, pero no alcanzan a decirlo todo. Detrás de cada número hay una vida interrumpida, una familia rota, una casa convertida en escombros, una comunidad que intenta reconocerse de nuevo entre el miedo, el duelo y la incertidumbre. Son los rostros, las historias y los testimonios personales los que nos acercan verdaderamente al sufrimiento vivido por tantas familias venezolanas.

Los medios de comunicación han recogido relatos que permiten intuir la hondura de lo ocurrido. La publicista Migdalia Carros fue rescatada bajo los escombros del edificio en el que residía, en el municipio de Chacao. Tras el rescate explicaba que había bajado al infierno en apenas 39 segundos, el tiempo que duró el temblor. Sobrevivió, pero perdió a su padre en el derrumbe. En una sola vida se concentra así la paradoja de tantas catástrofes: la alegría inmensa de seguir con vida y el dolor irreparable de la pérdida.

También es necesario reconocer la respuesta solidaria ofrecida desde distintos países, con el envío de equipos de rescate, bomberos, personal sanitario y ayuda humanitaria. A esta respuesta se suma el trabajo de muchas entidades sociales y humanitarias presentes en el propio territorio, entre ellas Cáritas Venezuela, cuya cercanía a las comunidades afectadas resulta especialmente importante.

En los primeros días, la urgencia se mide en horas: rescatar, atender heridas y asegurar agua, alimentos, refugio y medicamentos. Pero, como ocurre en los grandes desastres, con el paso del tiempo las esperanzas de rescate se reducen, los equipos internacionales comienzan a retirarse y los medios de comunicación desplazan su atención hacia otros acontecimientos.

Sin embargo, para las personas damnificadas, la emergencia no termina cuando desaparece de los titulares. En ese momento comienza una etapa más larga, silenciosa y menos visible: la reconstrucción de viviendas, la recuperación de medios de vida, la atención sanitaria y emocional, el acompañamiento del duelo y la protección de quienes han quedado en una situación de mayor desamparo. Cuando el ruido informativo se apaga, sostener la vida sigue siendo necesario.

Como recuerda el papa Francisco, “el bien, como también el amor, la justicia y la solidaridad, no se alcanzan de una vez para siempre; han de ser conquistados cada día”. Por eso, el área de Cooperación Internacional de Caritas Gipuzkoa mantiene activa su campaña de emergencia a favor de las personas y familias venezolanas damnificadas. Esta llamada se inscribe en la dimensión universal de la caridad, en el compromiso con la justicia global y en la comunicación cristiana de bienes. La solidaridad cristiana no se limita a una reacción inmediata ante el impacto de la tragedia; busca sostener procesos, acompañar comunidades y afirmar que ninguna vida queda fuera de nuestra responsabilidad común.

Desde esta mirada, la cooperación no se entiende como una ayuda distante, sino como una relación fraterna entre comunidades. Caritas acompaña a través de las Caritas hermanas y de las Iglesias locales, reconociendo su presencia, su conocimiento del territorio y su capacidad para estar junto a las personas afectadas antes, durante y después de la emergencia. Esa cercanía permite que la ayuda no sea solo respuesta puntual, sino también reconstrucción de vínculos, fortalecimiento comunitario y esperanza compartida.

En 2025, Caritas Gipuzkoa destinó más de 600.000 euros a proyectos de cooperación internacional en nueve países, orientados especialmente a la seguridad alimentaria, la educación, la promoción de las mujeres y el fortalecimiento de comunidades locales. Esta trayectoria expresa una convicción profunda: la caridad, cuando está unida a la justicia, no conoce fronteras y se hace concreta allí donde la vida está más amenazada.

Que la solidaridad con Venezuela no decaiga significa no pasar página demasiado pronto. Significa permanecer cerca cuando la urgencia deja paso a la reconstrucción. Significa acompañar el duelo, sostener la esperanza y ayudar a que las familias puedan recuperar, poco a poco, un lugar seguro donde vivir.

Porque cada gesto de apoyo, por pequeño que parezca, puede convertirse en una forma concreta de esperanza para quienes han perdido casi todo. Y porque, ante el sufrimiento de un pueblo hermano, la distancia nunca puede ser excusa para la indiferencia.

El Ayuntamiento de Arona, en colaboración con Cáritas Diocesana de Tenerife ha presentado este mediodía el informe Las personas en situación de exclusión residencial extrema en el municipio de Arona 2025, un diagnóstico pionero elaborado por la entidad eclesial que saca a la luz una realidad “invisibilizada” en uno de los principales destinos turísticos del sur de Tenerife.

En una nota, Cáritas revela que el estudio identifica a 307 personas en situación de sinhogarismo entre 2024 y 2025. No obstante, las estimaciones sobre asentamientos informales elevan la cifra real a un rango de entre 470 y 885 personas.

Lejos del denominado “efecto llamada”, el informe señala que el 52,1% de las personas afectadas lleva más de un año en exclusión residencial, y un 14% supera los cinco años. El perfil mayoritario corresponde a hombres (77,9%) de entre 36 y 65 años (64,2%), aunque destaca el incremento de mujeres (22,1%) y de unidades familiares con menores, que se han duplicado desde el primer semestre de 2025.

Además, el sinhogarismo en Arona presenta una importante dimensión migratoria: el 69,8% de las personas afectadas son de origen extranjero y un 36,2% extracomunitarias, lo que agrava su situación debido a las dificultades administrativas que pesentan.

Una emergencia habitacional invisibilizada

El informe de Cáritas, basado en 172 entrevistas en profundidad, ha permitido localizar 22 asentamientos informales en el municipio aronero, que incluyen chabolas, cuevas, edificios inacabados y caravanas.

En este sentido, los datos más relevantes reflejan una situación de extrema vulnerabilidad:

Asimismo, Cáritas Diocesana de Tenerife advierte de que “no se puede normalizar que personas vivan sin acceso a agua o electricidad, expuestas a la violencia y a enfermedades”. Así, desde la entidad eclesial subrayan que este estudio “no es solo un diagnóstico, sino una herramienta para impulsar respuestas urgentes y coordinadas”.

Por todo ello, el documento plantea una batería de propuestas orientadas a generar un impacto real en el municipio, “desde un enfoque de derechos, con perspectiva de género e interseccionalidad”.

Según asegura Cáritas, estas medidas se integran en el desarrollo del plan estratégico municipal que actualmente impulsa el Ayuntamiento.

El consistorio de Arona, por su parte, ha anunciado su compromiso de trabajar de forma coordinada con el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias para implementar soluciones eficaces. “Conocer la realidad es el primer paso para transformarla. Y este informe nos obliga a pasar de la visibilización a la acción”, concluye el equipo técnico.

Cáritas Regional de Castilla-La Mancha ha presentado su Memoria Institucional 2025. El documento atestigua un contexto de “cronificación” de la exclusión social en la comunidad autónoma y pone el acento en la relevancia de la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Por ello, esta entidad lanza una invitación a toda la sociedad para sumar fuerzas y estrategias orientadas a “proteger la dignidad de las personas más vulnerables”.

Durante el año 2025, la acción de Cáritas benefició directamente a un total de 52.252 personas en Castilla-La Mancha. Asimismo, su labor en cooperación internacional llegó a 15.204 personas en 14 países, en un escenario global “complejo” marcado por conflictos armados y crisis alimentarias.

Los datos los han presentado Ángel Román Idígoras, obispo de Albacete y obispo acompañante de Cáritas regional; Rosa García Fernández de Sevilla, presidenta de la entidad; y Amador Casquero Fernández, coordinador regional. Todos han coincidido en que las cifras desvelan “una radiografía social preocupante”, que coincide con las “alarmantes” conclusiones del IX Informe FOESSA en Castilla-La Mancha, que constata que la exclusión social afecta ya al 20% de la población regional.

El informe subraya que el sistema actual presenta “fallas estructurales”, dado que tres de cada cuatro hogares en exclusión severa activan de forma autónoma estrategias de inclusión “sin lograr salir de ella”, confirmando que “disponer de un empleo ya no es garantía para evitar la vulnerabilidad”.

Vivienda, migraciones y empleo

El análisis de Cáritas identifica la vivienda como el “epicentro de la desigualdad”, afectando al 22% de la población de la región debido a alquileres “inasumibles o infravivienda”. “El empleo precario y las trabas administrativas cronifican la pobreza, afectando con dureza a los jóvenes y a la población migrante”, agrega.

De hecho, el perfil de atención de la Memoria 2025 muestra que el 58% de las personas beneficiadas fueron extranjeras frente al 42% de nacionalidad española.

Rosa García ha destacado que un tiempo “marcado por discursos de odio”, es necesario “reorientar el corazón hacia la fraternidad humana y visibilizar los gestos que generan esperanza” porque “la transformación social es una tarea colectiva”.

Toda esta labor de acompañamiento e inserción social supuso una inversión total de 23.494.830 euros en 2025. El modelo de financiación de Cáritas en Castilla-La Mancha regional mantiene su “independencia y fuerte arraigo social”: el 58% de los fondos fueron propios y privados (procedentes de donaciones y recursos institucionales), mientras que el 42% restante provino de subvenciones y convenios con las distintas administraciones públicas (local, provincial, regional y estatal).

Este despliegue económico y social fue posible gracias al “motor humano” de la organización, que en 2025 contó con 3.979 personas voluntarias, 419 técnicos contratados, 2.301 socios y 7.234 donantes, además del apoyo clave de los sacerdotes de la red de Cáritas Parroquiales.

Por su parte, el obispo de Albacete ha recordado que Cáritas es “la propia Iglesia en acción” y ha elogiado la entrega de todos sus agentes: “La construcción del bien requiere de hombres y mujeres que en nuestro día a día se convierten en verdaderos 'mártires de lo cotidiano': personas que escuchan, que cuidan y consuelan con discreción”.

Por su parte, Amador Casquero ha puesto el acento en que “detrás de cada estadística hay una historia única” y ha desglosado el número de personas atendidas por programas específicos durante el pasado ejercicio.

Ante esta realidad “multidimensional”, la entidad urge a las administraciones y al tejido social a afrontar “de manera prioritaria” retos como el acceso a la vivienda social, el impulso al empleo inclusivo, el refuerzo de los sistemas de garantía de ingresos y la regularización e integración de las personas migrantes.

También urgen a la mejora de los cuidados a mayores, el combate contra la despoblación en el mundo rural, la equidad educativa, el blindaje de la sanidad (especialmente la salud mental), el fortalecimiento de la cooperación internacional y una mejor respuesta ante emergencias civiles.

700 euros por una habitación para cuatro personas. Cien euros más al mes por permitir que estén empradonados en ella. Más de trescientos euros por una habitación en un piso insalubre con cucharachas “a patadas”. Son algunos ejemplos de lo que sucede en la trastienda del mercado de alquiler de Cantabria mientras se multiplican los beneficios para los propietarios e intermediarios.

El mapa del alquiler en Cantabria es hoy una mancha roja que asfixia el presupuesto de sus residentes. Desde el año 2015, el precio medio del arrendamiento en la comunidad ha experimentado un incremento del 33,6%, según  los datos de alquileres calle a calle publicados por el Ministerio de Vivienda, cuya comparativa se detiene en el año 2024.

La subida media en Santander alcanza el 35%, el 31% en Torrelavega, el 34% en Castro Urdiales y Piélagos y el 32% en Camargo, los cinco municipios más poblados de la comunidad.  

Esta escalada de precios no es solo una cifra estadística, es la frontera que separa la integración de la exclusión social para cientos de personas. Lo paradójico de esta situación es que, mientras el acceso a una vivienda digna se vuelve una misión imposible para colectivos vulnerables, el sector de las inmobiliarias vive una edad de oro que recuerda a los años de efervescencia de la burbuja (2004-2007).

La franquicia Tecnocasa, por ejemplo, inauguró su primera oficina en Cantabria en abril de 2022 y actualmente ya cuenta con 15 sedes repartidas por la comunidad (doce en Santander, dos en Camargo y una en Astillero), con agentes comerciales captando inmuebles 'a puerta fría', es decir, casa por casa ofreciendo tasar y comprar viviendas. Esta expansión comercial contrasta drásticamente con una realidad de exclusión residencial que ya afecta a casi una cuarta parte de la población.

Un derecho convertido en barrera de exclusión

Según el reciente Informe sobre exclusión y desarrollo social en Cantabria 2025 de FOESSA, la exclusión social en la comunidad en seis años ha pasado de afectar al 10,8% de la población al 14,2%. Esto significa que alrededor de 83.000 personas en Cantabria se encuentran en alguna situación de exclusión.

De todas las dimensiones analizadas, la vivienda es, con diferencia, la más problemática: el 23,2% de la población cántabra sufre algún tipo de exclusión vinculada a su hogar. Es precisamente este escenario lo que ha llevado el pasado 6 de junio a cerca de un millar de personas a participar en la manifestación 'Cantabria para vivir', respaldada por colectivos sociales de diversa índole pero unidos por esta reivindicación a una vivienda digna recogida en el artículo 47 de la Constitución española.

Cáritas, a través de una campaña bautizada como ‘Inmobiliaria La Injusticia’, ha denunciado recientemente que las personas a las que acompañan ni siquiera pueden plantearse acceder a una vivienda completa.

No es solo una cuestión de falta de ingresos, ya que incluso teniendo nóminas, los filtros de los seguros de impago o la exigencia de adelantar varias mensualidades actúan como muros infranqueables.

El hacinamiento ha crecido en España un 43% desde 2018, empujando a 3,4 millones de personas a compartir espacios mínimos, volver a casa de sus progenitores o instalarse en “nanopisos”, según el mismo estudio de FOESSA. La consecuencia es una huida desesperada hacia el alquiler de habitaciones, un mercado a menudo desregulado y plagado de prácticas abusivas.

‘Alquiler de nómina’ y la extorsión por el padrón

En este escenario de necesidad han surgido figuras de explotación que hasta hace poco eran marginales o, incluso, impensables. El testimonio de Jhosseline, una mujer de 33 años y nacionalidad peruana, relata un periplo de supervivencia que ilustra la crueldad del mercado actual. Ella y su familia (marido y dos hijas de 6 y 13 años) llegaron a vivir en un piso compartido con más de 15 personas en la calle Alonso de Santander, donde las condiciones eran insalubres y los conflictos constantes. Pagaban 700 euros por una habitación para los cuatro.

Además, una práctica cada vez más habitual es el cobro de una tasa por empadronarse. Les pidieron 100 euros mensuales más por persona para permitirles figurar en el padrón municipal. “Era una necesidad básica, la puerta para la sanidad o cualquier ayuda, pero no pudimos hacerlo porque sumaba 400 euros extra al alquiler”, explica, “una cantidad inalcanzable para nosotros en ese momento”.

Después de aquello, y ante la imposibilidad de pasar los filtros de las inmobiliarias, la desesperación les llevó a recurrir al conocido como ‘alquiler de nómina’: pagaron 350 euros a un tercero para usar su documentación y poder firmar un contrato de vivienda. Jhosseline admite que tuvo que “negar” la existencia sus hijas y de su marido, fingiendo que solo ella y el titular de la nómina vivirían allí para evitar que el propietario o el seguro de alquiler rechazaran el contrato, ya que “las cláusulas prohibían las mascotas y los niños”. El miedo a ser descubiertos era tal que, durante las vacaciones escolares, sacaba a sus hijas de casa todo el día para evitar que los vecinos se quejaran de ruido y el dueño descubriera que vivían allí.

Actualmente, aunque tanto ella como su marido han regularizado su situación y trabajan en los sectores de ayuda a domicilio y reformas, respectivamente, pagan 1.000 euros por un piso, una situación que define como “sobrevivencia, prácticamente trabajar y sobrevivir”. En su opinión, los precios de hace algo más de tres años, cuando llegaron a España, eran caros pero ahora son “un grito” (expresión peruana para calificar algo de muy exagerado).

Vivir en una habitación sin contrato tras 42 años de trabajo

A sus 61 años, Carlos, natural de Santander y técnico especializado en mantenimiento de ascensores y escaleras mecánicas, representa la vulnerabilidad de quienes, tras una vida laboral extensa y especializada -28 años en una conocida multinacional y un total de 42 años de trabajo-, se ven expulsados del sistema.

Su situación actual, tras haber consumido su prestación por desempleo, es una lucha constante por la dignidad en un entorno hostil. Vive en una habitación por la que paga 320 euros en una casa que él mismo define como “en ruinas”, donde convive con una suciedad extrema, con “cagadas de gatos y cucarachas a patadas”.

Su exclusión no es solo habitacional, sino también de derechos básicos. A pesar de pagar su mensualidad puntualmente, la propietaria se niega a hacerle un contrato y a empadronarle, por lo que no puede desgravar el alquiler. Aunque ha ganado el pasado mes de marzo un juicio en el que se le reconoce su incapacidad permanente, la burocracia retrasa por el momento el cobro de la prestación con carácter retroactivo que ha de abonarle la Seguridad Social y con la que espera poder aliviar su precariedad. La espera le obliga por ahora a sobrevivir con la ayuda de 480 euros (subsidio para mayores de 52 años) y el apoyo de las tarjetas monedero de Cáritas para alimentación e higiene, ya que tiene unos gastos mínimos en medicamentos de unos 60 euros mensuales. Su opinión sobre el mercado de la vivienda es clara: “La única solución real es construir vivienda social”, no solo para venta, sino específicamente “para alquileres asequibles”, opina.

Fadi, la juventud que aspira a “una vida normal”

A sus 28 años recién cumplidos, Fadi, que llegó a España en 2024 desde Túnez en busca de un futuro mejor, tiene alquilada actualmente una habitación de un piso ubicado en la zona santanderina de Cuatro Caminos. Su día a día está marcado por una serie de peculiares restricciones impuestas por el propietario, con el que convive. No se le permite usar la ducha antes de las 10 de la mañana “para no molestar” y solo tiene permiso para lavar su ropa una vez cada quince días. Cuando llegó a esta vivienda le dijeron que podría hacerlo una vez a la semana. Estas reglas dice que limitan su higiene y autonomía, ya que cada mañana tiene que ir a Torrelavega, donde está terminando un curso de hostelería en el que tiene puestas todas sus expectativas laborales, y le gustaría poderse duchar antes de salir de casa.

La vivienda es para él uno de los principales obstáculos en su deseo de progresar: “Solo quiero una vida normal, tomar un café, comprarme la comida y ropa que me gusta y trabajar para ayudar a mi familia”. Fadi agradece insistentemente el acompañamiento que está recibiendo por parte de las profesionales de Cáritas, que no solo le ayudan con el alquiler, sino que se coordinan con otras instituciones como la fundación Diagrama para su formación y la gestión de sus trámites de regularización, cuya solicitud acaba de presentar. Este futuro camarero ansía poder acceder a un trabajo este verano en uno de los sectores clave de la economía de Cantabria, la hostelería, con un déficit de personal que el presidente de los profesionales del gremio, Eduardo Lamadrid, admite como endémico y “difícil de solventar”.

La urgencia de una alternativa social

Mientras en Cantabria el índice de precios ha subido un 38,4% (periodo 2018-2024), por encima del aumento de las rentas familiares (30,7%), el mercado ha empujado a las personas con menos recursos a situaciones de vivienda insegura o inadecuada, que ya afectan al 10,9% de la población (unas 60.000 personas).

La realidad actual muestra que, para muchos residentes en Cantabria, el hogar ha dejado de ser un refugio para convertirse en un escenario de supervivencia donde se alquilan hasta los derechos más básicos.

El director de Cáritas Diocesana de Canarias, Gonzalo Marrero, ha alertado este martes de que las personas que han atendido durante el año 2025 han crecido un 2%, hasta situarse en 21.372 ciudadanos y 7.633 hogares en la provincia de Las Palmas, según datos recogidos en la Memoria Institucional del año 2025 de la organización.

Asimismo, Marrero ha destacado en una rueda de prensa, junto al obispo de Canarias, José Mazuelos, y la secretaria general de Cáritas de Las Palmas, Caya Suárez, que precisan de más recursos para atender, sobre todo, el servicio de comedor, las ayudas de alquiler, de suministro de agua y luz, de medicamentos y para la cobertura a las personas mayores, ya que no llegan a cubrir la demanda existente.

El director ha recalcado que las aportaciones de las administraciones no se ajustan al coste de los servicios que ofrece Cáritas para atender las necesidades de las personas más vulnerables de la provincia de Las Palmas, al tiempo que ha resaltado que las cuotas y donaciones particulares han disminuido porque el encarecimiento de la vida también afecta a sus colaboradores.

En 2025 las donaciones en especie cayeron un 60 % y el aumento del 3,1% en el coste de la vida encareció el mantenimiento de proyectos y servicios como el comedor social, ha advertido.

Marrero ha enfatizado que los recursos tienen que llegar a tiempo y las administraciones deben dar una respuesta eficiente a los que están atrapados en la pobreza y en la exclusión social, que cada vez son más, por la “injusta distribución de la riqueza”, ya que Canarias es la comunidad autónoma que más crece y España el país de la UE cuya economía aumenta por encima de la media europea, pero la “pobreza se cronifica y se hereda en las islas”.

La memoria de Cáritas Diocesana de Las Palmas de 2025, que se ha presentado este martes, lleva por ello como lema 'Falla el sistema, no las personas', y detecta cinco “claves”: el aumento de la pobreza frente al crecimiento de la economía; la emergencia habitacional, con la vivienda como primer motor de desigualdad en Canarias; la precariedad del empleo; la falta de recursos públicos como “escudo social”, y el aumento de la pobreza infantil, ha indicado Marrero.

El obispo ha destacado que, según la Fundación Foessa, más de medio millón de personas se encuentran en Canarias en situación de exclusión social, lo que obedece a un fenómeno estructural, continuado en el tiempo, al que el sistema no da respuesta, y no logran salir del círculo.

Entre esas personas, ha subrayado, se encuentran los migrantes, el 54 % de las atendidas el pasado año por Cáritas, una realidad que con la próxima visita del papa León XIV “será aún más visible”, ha considerado.

En cuanto a las personas atendidas, la secretaria general de Cáritas de Las Palmas ha recalcado que se ha constatado un estancamiento en la precariedad de las personas más vulnerables y la incorporación de otras con situaciones más severas.

Casi la mitad de los hogares (el 46%) acudieron por primera vez a Cáritas en 2025 con perfiles más jóvenes, mayoritariamente mujeres y de origen extranjero en situación irregular, que se encuentran fuera del alcance de las políticas públicas.

“La aparición de nuevas familias en nuestros dispositivos está íntimamente relacionada con las dificultades de acceso a la vivienda, la precariedad laboral y la gestión de la migración”, ha abundado Suárez.

Más del 80% de las 655 mujeres atendidas por Cáritas en 2025 eran extranjeras, la mitad de ellas en situación administrativa irregular.

En cuanto a la precarización habitacional, Suárez ha considerado que es “alarmante”.

Ha expuesto que “se están normalizando prácticas abusivas” en torno a la vivienda que derivan en exclusión residencial: alquiler de infraviviendas, familias hacinadas en habitaciones, alquiler de literas, viviendas sin suministros, viviendas sin contrato, alquiler de empadronamientos, entre otros casos.

Según los datos del pasado año, un 35% de las familias atendidas vive en régimen precario y un 21% se ve obligado a compartir vivienda“, ha destacado la secretaria general de Cáritas, que ha subrayado también que la ONG ayudó a 306 familias con menores para que no se quedaran en la calle, lo que supuso un aumento del 26 % en este tipo de intervenciones respecto a 2024.

Suárez ha hecho hincapié en que el 21% de las personas que atendieron contaba con un empleo, pero en condiciones precarias.

Cáritas atendió a 1.604 personas en situación de sin hogar, un 2,1% más que en 2024. 

Claudia Patricia ingresó en un alojamiento de urgencia gestionado por Cáritas Toledo junto a su hija que sufre un autismo severo. Se le ayudó a gestionar una plaza especializada para la menor y, finalmente, pudieron acceder a una vivienda normalizada y un empleo estable en octubre de 2025..

Diana Carolina llegó a España embarazada y sin red de apoyo, y cuenta que Cáritas le dio techo y acompañamiento humano. Otro caso es el de J.M.D.L., quien tras años de trabajo terminó viviendo en la calle tras una crisis personal, y el albergue de Cáritas en Toledo fue el punto de partida para recuperar su identidad y dignidad: “No solo me ofrecieron un techo, me ofrecieron escucha y respeto”, relata.

Son testimonios recogidos en la Memoria Económica correspondiente a 2025 que acaba de publicar Cáritas Toledo y que confirma “un empeoramiento de los indicadores de exclusión” en esta provincia.Los datos son demoledores: hay más pobreza y más personas vulnerables.

La radiografía de la acción social realizada por la entidad refleja un incremento de la vulnerabilidad en el que, entre sus 43 programas, identifica la vivienda “como una de las grandes y más severas pobrezas de la sociedad actual”.

El encarecimiento de los precios en el mercado libre, señala el informe, “ha provocado una saturación en los recursos de alojamiento” que proporciona la entidad. También hay “una reducción” drástica en la rotación de las familias acogidas, dadas las enormes dificultades existentes para acceder a un alquiler convencional.

La entidad cuenta en Toledo con el Centro de Alojamiento de Urgencia y Residencial 'Cardenal González Martín', en Talavera de la Reina está el Centro de Alojamiento de Urgencia y Residencial 'Virgen de Guadalupe', en Villacañas el Albergue (CBE) 'Casa San José y en Quintanar de la Orden la Casa Belem..

Además dispone de recursos de estancia en Sonseca, la Parroquia de San Juan Bautista en La Puebla de Almoradiel y la Ermita de San Roque en Villanueva de Alcardete.

La metodología de trabajo en estos espacios no es meramente asistencial; se basa en el “acompañamiento residencial y Desarrollo personal, proporcionando un recurso temporal que sirva como plataforma de estabilidad para iniciar itinerarios de inserción personalizados y supervisados”, según recoge el informe.

Además de las plazas residenciales, los centros de Toledo y Talavera ofrecen Atención Diurna, espacios de acogida donde se prestan servicios básicos a personas no alojadas.

Después hay vivienda para familias y colectivos específicos como núcleos familiares en exclusión, familias monoparentales y mujeres víctimas de violencia o personas migrantes para las que gestionó recursos habitacionales críticos para evitar la exclusión residencial de unidades familiares con menores. En concreto, en el alojamiento familiar de urgencia 'Madre Teresa' de Toledo atendió a 86 personas (34 hombres y 52 mujeres), beneficiando a un total de 122 individuos.

En este contexto, la Red de Centros para Personas Sin Hogar de la Archidiócesis atendió a 1.770 personas, destacando el albergue de Toledo con 485 usuarios y el de Talavera de la Reina con 204.

De hecho, el esfuerzo financiero para los programas de vivienda fue considerable para sostener los recurso residenciales. El gasto en el programa de Personas sin Hogar ascendió a 406.989 euros, el área aociosanitaria (Hogar 2000) requirió una inversión de 876.225 euros y los albergues específicos en localidades como Toledo y Talavera gestionaron presupuestos considerables (421.460 euros y 249.502 euros respectivamente) para cubrir gastos de personal contratado, mantenimiento de instalaciones y suministros.

Aumenta más de un 14% el número de personas atendidas

En 2025, Cáritas Diocesana de Toledo atendió de forma directa a 9.215 personas, lo que permitió alcanzar a un total de 19.663 beneficiarios en toda la Archidiócesis. Estas cifras suponen un incremento neto del 14,6% en atención directa (+1.176 personas) y del 17,2% en el volumen de beneficiarios totales (+2.881 personas) respecto al año anterior.

El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, ha subrayado el carácter “profundamente humano” de este balance. “y ha reconocido que ”las cifras reflejan una realidad que no podemos esquivar: la demanda de ayuda social sigue al alza y las situaciones de vulnerabilidad se están agravando y haciendo cada vez más complejas“.

Las cifras reflejan una realidad que no podemos esquivar: la demanda de ayuda social sigue al alza y las situaciones de vulnerabilidad se están agravando y haciendo cada vez más complejas

Francisco Cerro Chaves — Arzobispo de Toledo

El arzobispo, que preside la entidad, ha recordado la labor de los 1.156 voluntarios, así como trabajadores de la entidad, que sostienen las 117 Cáritas parroquiales y las dos interparroquiales de Talavera de la Reina y Seseña.

“Una tendencia progresiva a la feminización de la pobreza”

Los datos de la memoria económica también confirman “una tendencia progresiva hacia la feminización de la pobreza y un repunte de la vulnerabilidad infantil”. En el área de familia, mujer y vida, Cáritas Toledo atendió a 259 personas.

El año pasado se puso en marcha el Hogar Belén, un recurso de alojamiento temporal cofinanciado por la Fundación La Caixa orientado a la semiautonomía e integración de mujeres víctimas de violencia y sus hijos.

En lo que tiene que ver con el área de inclusión y migrantes, Cáritas refleja un incremento al atender a 508 personas (frente a las 495 del ejercicio anterior).

La entrada en vigor del nuevo Reglamento de Extranjería disparó las consultas sobre el proceso de regularización de migrantes

De hecho, el informe recoge que “la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Extranjería disparó las consultas sobre el proceso de regularización de migrantes”.

En este sentido, Cáritas Diocesana de Toledo explica que “priorizó y adaptó sus Escuelas de Acogida, ofreciendo formaciones específicas en valores constitucionales, igualdad de género y derechos, obligatorias para la obtención del Informe de Integración”.

Microcredenciales para la inserción laboral con la UCLM

En cuanto al empleo y la inserción laboral, la entidad atendió a 894 personas. Una de las novedades fueron las formaciones de microcredenciales en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), especializando a 101 alumnos en sectores como la agricultura ecológica, la atención sociosanitaria y el comercio. Por su parte, la empresa de inserción Inserta Toledo generó 28 puestos de trabajo directos y gestionó la recogida de 1.053,4 toneladas de residuo textil a través de su red de contenedores.

También se ha dado cuenta de la constitución de la nueva Cáritas parroquial de El Toboso y se consolidó la red de economatos Cor IESU, con 15 economatos, asistiendo mensualmente a 950 familias.

En el entorno rural, el Proyecto San José prestó cobertura a cerca de 1.300 familias en municipios de menos de 9.000 habitantes. En el apartado sociosanitario, el centro residencial Hogar 2000 atendió a 36 personas con enfermedades crónicas avanzadas, prestando un soporte médico, psicosocial y de salud mental especializado.

¿Cómo se financia?

Cáritas Toledo ha explicado que para sostener la red de recursos y poder hacer frente a las distintas pobrezas, se ejecutó una inversión social total de 5,74 millones de euros. Esta cifra responde, asegura, “a una estricta política de racionalización, control de costes internos y revisión de proveedores implementada para mitigar el impacto de la inflación y el encarecimiento de los suministros básicos”. Un encarecimiento, abunda, que ha sido “especialmente gravoso en los centros residenciales abiertos las 24 horas del día”.

La estructura de ingresos mantuvo “el modelo estratégico de sostenibilidad de la entidad”, con más fondos privados que públicos, y con el objetivo de “salvaguardar la independencia de la acción caritativa”.

Cáritas Toledo se financia en un 53% con fondos privados. Entre ellos, con las aportaciones de 678 socios, 1.172 donantes puntuales y 3.352 colaboradores económicos vía canales digitales (Bizum). En el tejido corporativo destaca la alianza con 43 empresas, además del apoyo de la Fundación La Caixa y la Fundación Mutua Madrileña.

La financiación pública asciende a un 47% y corresponde a subvenciones y convenios finalistas con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha , el Gobierno de España, el Fondo Social Europeo , la Diputación Provincial de Toledo y diversos ayuntamientos de la archidiócesis, como Toledo, Talavera e Illescas

El balance económico fue aprobado por el Consejo Diocesano del 27 de mayo y, al igual que en los últimos tres ejercicios, será sometido a una auditoría externa independiente antes de su publicación íntegra en la web institucional.

Cáritas Diocesana de Valladolid ha lanzado este lunes un llamamiento a los propietarios de viviendas vacías o que habitualmente ofrecen en alquiler, para que las pongan a disposición de las personas más vulnerables mediante rentas asequibles.

“Apelamos a la conciencia y solidaridad (de los titulares) para hacerlas asequibles y ponerlas a disposición de quienes más lo necesitan con el fin de que puedan desarrollar una vida digna”, ha explicado el delegado episcopal de Cáritas Valladolid, José Colinas, durante la presentación de la Memoria 2025.

A lo largo del pasado año Cáritas apoyó económicamente a 430 familias (más de un millar de personas en total) mediante 389.000 euros destinados al pago de alquileres y suministros básicos, pero también acogió, a través de sus propios recursos residenciales, a casi un centenar de personas de cincuenta y cinco familias sin hogar.

En la carencia de una vivienda digna tiene su origen “muchos de los problemas” que afectan a las personas sin recursos, ya que con frecuencia “condiciona la salud física, emocional, psicológica e incluso social: sin una vivienda es imposible tener una vida digna”, ha añadido Colinas.

Ayudas directas

Unos 700.000 euros invirtió Cáritas a través de su red diocesana en la provincia de Valladolid para acompañar a 6.195 personas en 4.152 hogares a través de algunos de los programas que desarrolla: personas mayores; empleo y economía solidaria; infancia, juventud y familia; vivienda; mujer; adicciones y prisión; y acogida.

“Son muchas las personas que reciben pero que también quieren corresponder, ofrecerse, ”aportar en la construcción de una sociedad más fraterna y solidaria en forma de voluntarios“, ha observado el delegado episcopal.

No solo se trata de paliar situaciones de emergencia, sino también de “crear espacios, un tejido social y relacional que permita responder cuando otros fallan: este es nuestro modelo de solidaridad subsidiaria”, ha precisado por su parte Guenter Eduardo Boelhoff, presidente de Cáritas en Valladolid.

A modo de ejemplo, Boelhoff se ha referido al proceso de regularización extraordinaria de imigrantes que, en el caso de Valladolid, han recibido la ayuda de Cáritas en forma de acompañamiento, asesoramiento e incluso económico para la obtención de certificados requeridos en la documentación de este proceso.

Cáritas La Rioja atendió en el año 2025 a un total de 2.356 personas, registró 5.662 beneficiarios y ofreció 19.352 respuestas a través de sus programas de acogida, acompañamiento e inclusión social con la vivienda como principal preocupación de la entidad al considerarla “el epicentro de la pobreza”. Para responder a estas situaciones, Cáritas destinó 226.875,90 euros a ayudas directas de los que 144.196,37 euros, el 63 por ciento, se dedicaron a los gastos vinculados a la vivienda.

La entidad ha presentado este viernes su Memoria Anual con los datos registrados en 2025. Una presentación que realizan, tal y como ha indicado el director, David García, “para tratar de hacer ver a la sociedad que detrás de los números hay personas, hay familias y hay niños con situaciones muy complicadas. Si se conoce lo que hacemos, podemos valorar y se puede apoyar”.

Tener trabajo no quiere decir que una persona no viva en la pobreza

David García — Director de Cáritas en La Rioja

Acompañado por el obispo de la Diócesis Calahorra La Calzalda- Logroño, Santos Montoya, y por el delegado episcopal de Cáritas Diocesana de La Rioja, José Andrés Pérez, García ha querido dejar claro que “tener trabajo no quiere decir que una persona no viva en la pobreza”.

El director de Cáritas ha querido poner nombre a los cuatro problemas fundamentales de los beneficiarios de Cáritas. En concreto, de los 226.875,90 euros, 9 de cada 10 euros se concentran en cuatro ámbitos fundamentales: Vivienda (63 por ciento), alimentación (18 por ciento), apoyo en gastos relacionados con la educación (7 por ciento) y gastos de salud e higiene (un 5 por ciento). Es decir, el 94 por ciento de las ayudas de Cáritas van a dar respuesta “a los derechos fundamentales de las personas”.

En cuanto al perfil de las personas atendidas se mantiene la misma tendencia que en años anteriores; El 52 por ciento son mujeres, el 70 por ciento personas extracomunitarias y el 36 por ciento están en situación administrativa irregular. Además, el 30 por ciento de las personas acompañadas acudió por primera vez a Cáritas.

Desde la entidad quieren poner el foco en un dato, los hogares riojanos con hijos a cargo representan prácticamente la mitad de las atenciones. El 26 por ciento correspondió a familias formadas por una pareja con uno o varios hijos y el 17 por ciento a hogares monoparentales“. Además, casi un tercio de los beneficiarios eran menores de edad (30 por ciento) y, en concreto, 18,5 por ciento eran menores de 11 años.

La vivienda, el problema “más urgente y más difícil”

Con respecto al problema fundamental de acceso a la vivienda, desde Cáritas advierten de que es el problema “más urgente y el más difícil de solucionar”. El mercado de alquiler “impone barreras muy duras a las personas más vulnerables con precios elevados, exigencias de garantías económicas, escasez de oferta y estigmatización de familias migrantes, monoparentales, con menores o con ingresos irregulares”, han advertido de Cáritas.

En datos, Cáritas proporcionó en 2024 ayudas a 449 personas cuyo hogar era una habitación, 170 de ellas eran menores de edad. En 2025, por su parte, esta cifra ha crecido hasta las 802 personas, un 78,6 por ciento más que el año anterior, 187 de ellas menores. Por ello la entidad “urge a avanzar en la creación de un parque público de vivienda de alquiler social,a adecuar las ayudas públicas a los costes reales del mercado y a reforzar la coordinación entre las políticas de vivienda y los servicios sociales”.

“No basta con atender la emergencia. Necesitamos políticas estructurales y sostenidas”, ha afirmado. Con ello, insiste, la vivienda “no puede seguir siendo el factor que expulsa a las personas de sus procesos de inclusión. Hace falta una apuesta pública decidida, con recursos suficientes y con una mirada coordinada entre administraciones”.

Alojamientos temporales

Para intentar paliar esta situación, Cáritas cuenta con el Proyecto de Alojamientos Temporales que, en 2025 acompañó a 21 familias, con un total de 74 personas beneficiarias, de las que 39 eran menores. El programa dispone de 21 viviendas distribuidas en dos fases, una de acompañamiento integral, con 15 viviendas en régimen de cesión de uso y otra de autonomía y alquiler, con seis viviendas en las que las familias acceden a un alquiler adaptado a sus ingresos.

Además en 2025 se incorporaron cuatro viviendas en zonas rurales, cedidas por la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño, que han permitido acompañar a cuatro familias, con 12 beneficiarias. “Queremos dar las gracias al obispo por impulsar esta iniciativa. Estas viviendas nos permiten responder a una necesidad habitacional y, al mismo tiempo, favorecen oportunidades de empleo, arraigo y vida en el entorno rural”, añade.

Desde Cáritas también han puesto el foco en aquellas personas que se encuentran en una situación administrativa irregular y proceso de regularización. En 2025, 856 personas, el 36 por ciento de las personas atendidas, se encontraban en situación administrativa irregular, lo que supone un aumento de más de cinco puntos respecto al año anterior. También ha querido valorar de forma positiva el proceso de regularización extraordinaria.

Con respecto a las familias con hijos y menores, la memoria de 2025 muestra que el 45 por ciento de los casos atendidos por Cáritas La Rioja correspondió a este tipo de familias. “Cuando hay niños y niñas o adolescentes a cargo, las dificultades económicas tienen un impacto más profundo y duradero”, ha reflexionado. Finalmente, y entre otros datos, el director ha destacado que el 30 por ciento de las personas beneficiarias de Cáritas en 2025 eran menores de 18 años y el 18,5 por ciento de ellos, niños menores de 11 años.

Cáritas Diocesanas de Tenerife alerta de que se ha normalizado la precariedad y son más graves las situaciones de exclusión, ya que el sinhogarismo ha aumentado en un 70 % en los últimos cinco años. El año pasado atendió a 12.466 personas, un 16,5 % menos que en 2024.

Son datos correspondientes a la memoria de Cáritas provincial presentada este martes por el obispo de la Diócesis Nivariense, Eloy Santiago, y por el director de la entidad social de la Iglesia en Santa Cruz de Tenerife, Juan Rognoni, quien ha reclamado “un nuevo pacto social donde las personas estén en el centro” de la acción.

Además, Rognoni ha reclamado políticas públicas valientes y sostenidas, no sólo de carácter asistencial, para que “nadie quede descartado” por la precariedad laboral y en el acceso a la vivienda, al tiempo que el obispo Eloy Santiago ha calificado de “alarmante” las cifras de sinhogarismo y de exclusión social, y ha pedido “no mirar para otro lado”.

(Habrá Ampliación)

Aunque el estereotipo diga lo contrario, para verse en la calle no hace falta ser alcohólico, drogadicto o venir de una pobreza extrema. Basta con un golpe de mala suerte y unas circunstancias adversas para que, en un mercado inmobiliario cada vez más tenso, tener una casa o pagar el alquiler deje de estar al alcance de muchos. “Yo me vi en una situación complicada, solo y sin redes familiares a las que poder volver”, confiesa Carlos, que tiene 35 años y ha pasado el último mes en un centro temporal para personas sin hogar. Después de días complicados, ha encontrado trabajo como ayudante de pintor. “Cuando no tienes casa, tampoco hay donde ducharte o asearte antes de una entrevista, por ejemplo. Y entonces, todo empeora”, explica desde la habitación compartida donde ahora pasa las noches. Él logró una plaza en el CEDIA de Lucero, un centro de atención e información las 24 horas que pertenece a Cáritas y que, pocas semanas después de su marcha, recibirá una visita especial: la del papa León XIV.

El mismo día de su llegada, después de un primer recibimiento institucional en el Palacio Real, la segunda parada de León XIV será este espacio de acogida en la calle Cullera. Está en el distrito de Latina y no es un recurso público, aunque sí gratuito para los usuarios: forma parte de la red de Cáritas Diocesana, el brazo de la Iglesia católica para acciones sociales. Un día, una delegación del Vaticano acudió a ver las instalaciones y observar sus actividades, con talleres de inclusión para los usuarios o herramientas de atención psicológica. Tiempo después supieron que el Papa había escogido este centro de personas sin hogar para conocerlo personalmente en su primer viaje oficial a Madrid.

El espacio dispone actualmente de 92 plazas, con 47 de ellas dirigidas a hombres para pasar la noche, 20 para las mujeres y otras 25 que funcionan como centro de día. La mayoría de la gente permanece aproximadamente un mes, aunque el responsable del centro avisa de que cada caso es muy distinto: hay quienes llegan en situación de alta vulnerabilidad y necesitan más tiempo, e incluso un 20% de sus usuarios tienen un trabajo remunerado, pero necesitan ahorrar para pagar la fianza y el primer mes de un alquiler. “Hace años ayudábamos a algunos a pagar la entrada para un piso de alquiler. Ahora, cuando lo hacemos, es para acceder a una habitación que puede llegar a los 600 euros mensuales”, destaca Juan José Gómez, al frente del centro.

“Intentamos ayudarles a recuperar su dignidad, primero con recursos básicos como una cama, comida, ropa o ducha y, luego, orientándoles en la búsqueda de empleo o con apoyo psicológico”, añade en declaraciones a los medios ofrecidas esta mañana. Sobre qué empuja a estas personas a terminar en situación de calle hay múltiples respuestas. El propio coordinador del centro señala que cada vez acuden más jóvenes en situación precaria, e incluso dos de cada diez usuarios llegan con trabajo y cobrando un sueldo, pero no pueden permitirse un alquiler en un mercado “inaccesible”, en palabras de Gómez. En 2025 pasaron por allí 2.534 personas, pero solo dieron plaza a 880.

“Está claro que es un recurso limitado para la alta demanda que existe en Madrid, pero es la capacidad que tenemos”, reconoce Gómez, aludiendo a que el CEDIA debe ser un complemento de los espacios públicos disponibles. Uno de ellos, precisamente, es la campaña anual contra el frío, en la que el Ayuntamiento despliega un dispositivo especial junto al Samur Social para ofrecer alojamiento o comida caliente y evitar las noches al raso en invierno. Allí fue la primera vez que Carlos, actualmente en el CEDIA de Cáritas, accedió a un servicio destinado a personas sin hogar. Alguien que conoció en esos días le recomendó buscar plaza en este centro de la Iglesia, sin saber aún que acabaría entre los lugares que recibirán en junio a León XIV.

“Yo espero que la visita del Papa nos traiga visibilidad y cambie en algo las políticas públicas del Ayuntamiento. Porque quien diga que nos va bien en materia de servicios sociales, miente”, sentencia el joven, apuntando a centros “sin limpieza o higiene” que prefiere no mencionar. En total, la red municipal dispone de seis espacios de acogida (San Isidro, La Rosa, Juan Luis Vives, Puerta Abierta, Beatriz Galindo y Pedro Meca) repartidos en la capital. Todos ellos suman 1.210 plazas disponibles que, este año, pretenden ampliarse hasta las 1.400. Sin embargo, por sí sola no puede absorber toda la demanda de que existe: solo el año pasado, los equipos de calle del Ayuntamiento de Madrid atendieron a más de 13.000 personas sin hogar.

“Al Papa también le pediremos que se mejoren las políticas sociales destinadas al sinhogarismo”, añade uno de los trabajadores de Cáritas en la calle Cullera, en una jornada de puertas abiertas que ha tenido lugar este martes. A lo largo del año pasado, atendieron a más de 2.500 personas en situación de calle. Pero el proyecto empezó siendo algo mucho más pequeño: un recorrido en furgoneta con café caliente para los perfiles vulnerables. De eso hace ya medio siglo, y no fue hasta 2008 que aterrizaron en Lucero ya como centro integral de acogida. Actualmente, entre sus usuarios hay una mayoría de hombres (75%), y solo un 25% son mujeres. Acuden sobre todo españoles, latinoamericanos u otros migrantes de origen magrebí y subsahariano, según ha expuesto el responsable del centro.

Sin embargo, le preocupa que en los últimos años reciban cada vez a más jóvenes. “La edad media es de 37 años, pero la mayoría entra en una horquilla de entre 35 y 50 años”, ha añadido, incidiendo en que la realidad actual de Madrid son “unos sueldos muy precarios” y un difícil acceso a la vivienda. Esteban, trabajador del centro y migrante de 26 años, explica que en sus instalaciones hay distintos modelos de habitación (individuales, dobles o con cinco camas) ya que “el sueño es complicado” y cada persona tiene unas necesidades concretas. “Algunos roncan, otros tienen problemas para dormir y muchos chicos llegan de madrugada, agotados de trabajar”, subraya. Así que tratan de adaptarse a cada situación individual en un contexto donde cada vez más usuarios tienen empleo, pero no vivienda.

En su experiencia, el miedo más habitual entre quienes viven en la calle no es únicamente dormir al raso, sino perder las pocas pertenencias que conservan. Por eso, también incluyen servicios de consigna que el centro mantiene en la planta baja. Otras veces, resume el empleado, “lo único que tienen cabe al lado de la cama”. Las duchas, la ropa limpia o el acceso a una cena caliente forman parte de una rutina básica que, para muchos, resulta imprescindible antes de acudir a una entrevista de trabajo o intentar mantener un empleo precario.

Esteban insiste en que el recurso tiene limitaciones y que no puede dar respuesta a todos los perfiles. Antes de acceder, cada persona pasa una entrevista previa y existen criterios específicos de admisión, como la exclusión de mayores de 65 años o de personas con patologías graves que requieren otro tipo de atención especializada.

Han llegado a recibir solicitudes de familias enteras, parejas o personas con trayectorias muy distintas que, en otros recursos sociales, se encuentran “listas de espera de hasta un año” para poder entrar. Aunque el responsable del centro apuntala que muchos de sus usuarios han podido dejar la calle, los trabajadores reconocen que a veces “es difícil lograr una mejora si no hay cambios estructurales” en la atención al sinhogarismo. “Hace falta iniciativa propia, pero también recursos reales para que el trabajo pueda dar resultados”, concluye otro de los empleados del centro. Para la visita del Papa, tratarán de no enredarse en preparativos: quieren que se los conozca sin edulcorantes.

Cáritas La Rioja considera que la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno supone un paso de justicia social y de reconocimiento de derechos para muchas personas migrantes que llevan tiempo viviendo en La Rioja. El responsable del Programa de Personas sin hogar, Temporeros y Migrantes de Cáritas La Rioja, Marcos Montoya, rsubraya que “esta regularización extraordinaria es un éxito colectivo, una buena noticia y un avance real para muchas personas que llevan años sosteniendo su vida aquí, pero a las que se les ha negado durante demasiado tiempo un acceso efectivo a derechos básicos”. A su juicio, la medida “les ayudará a salir de la vulnerabilidad, precisamente porque abre la puerta al empleo formal, a una mayor estabilidad y a un reconocimiento administrativo que condiciona muchos otros ámbitos de la vida”.

No obstante, la entidad muestra su preocupación por el despliegue territorial previsto para gestionar los trámites y por los tiempos de respuesta. En primer lugar, considera insuficiente que la atención presencial se limite a tres oficinas de Logroño, sin puntos habilitados en otras cabeceras de comarca. “No podemos permitir que una medida de esta importancia dependa del código postal o de la capacidad de cada persona para desplazarse, conseguir una cita o manejar una tramitación compleja”, advierte Montoya.

En este sentido, Cáritas La Rioja pone el foco de manera especial en la situación de La Rioja Baja. La entidad estima que en esa zona podrían beneficiarse de esta medida alrededor de 2.000 personas que, en las condiciones actuales, tendrían que desplazarse hasta Logroño si necesitan atención presencial. “Nos preocupa especialmente que no haya puntos activados en otras zonas de la comunidad. Para muchas personas en situación administrativa irregular, el desplazamiento no es una cuestión menor, sino una barrera añadida”, expone el responsable del programa.

La segunda inquietud tiene que ver con los plazos. Aunque la norma establece un máximo de tres meses para resolver las solicitudes, Cáritas teme que, si no se refuerzan los medios disponibles, la respuesta administrativa pueda demorarse más en la práctica. “Aun así, celebramos que durante este periodo se les vaya a facilitar una autorización provisional para que puedan trabajar y acceder a otros derechos que hasta ahora no tenían reconocidos”, añade Montoya.

Junto a ello, Cáritas La Rioja valora que la norma aprobada esta semana contemple una vía específica para personas solicitantes de protección internacional que hubieran iniciado su solicitud antes del 1 de enero de 2026 y prevea también un régimen transitorio para determinados expedientes ya en tramitación. A juicio de la entidad, este enfoque puede facilitar la regularización de situaciones que llevaban tiempo bloqueadas y ofrecer respuesta a realidades diversas marcadas por la incertidumbre.

Acompañamiento desde Cáritas La Rioja

En este contexto, Cáritas La Rioja ya está reforzando su capacidad de acompañamiento. La entidad va a habilitar distintos puntos de información y asesoramiento repartidos por la Comunidad para orientar a las personas que puedan acogerse a esta medida. Además, ha destinado un técnico de referencia a la coordinación de todo el proceso y trabaja en la formación de un equipo de voluntariado que permita ampliar la atención en las próximas semanas. “Nuestro objetivo es claro: que nadie con posibilidad de regularizar su situación se quede fuera por falta de información, apoyo o recursos”, afirma el responsable del Programa de Personas sin Hogar, Temporeros y Migrantes.

Asimismo, Cáritas La Rioja anima a las personas que puedan verse beneficiadas por esta medida a informarse a través de canales oficiales y de entidades sociales de confianza. La entidad recuerda que, ante un proceso excepcional y complejo, es especialmente importante contar con información contrastada y acompañamiento adecuado para evitar confusiones y que ninguna persona quede fuera por desconocimiento, desinformación o bulos.

“La migración no puede abordarse desde el prejuicio”

El acompañamiento a las personas en situación administrativa irregular es una de las líneas estratégicas aprobadas en la última asamblea de Cáritas La Rioja. Según el IX Informe FOESSA de La Rioja, las personas migrantes figuran entre los colectivos que concentran mayor riesgo de exclusión en la comunidad, junto con la infancia y las mujeres.

Desde esa realidad, Cáritas insiste en que la migración no puede abordarse desde el prejuicio. “Se están generando importantes prejuicios hacia las personas y familias migrantes. Sin embargo, debemos entender que la migración no es un problema, sino una realidad y una necesidad para nuestra sociedad. Necesitamos a estas personas para que el país siga funcionando; de lo contrario, ya habríamos colapsado. Son una riqueza que nos plantea el reto de la acogida y la integración”.

Por ello, la entidad celebra una regularización que contribuirá a mitigar la exclusión que sufren muchas personas en la región. “La situación administrativa irregular les impedía acceder a un contrato de trabajo y les cerraba la puerta a derechos y oportunidades básicas. Cuando estas personas trabajaban, muchas veces lo hacían en la economía sumergida, con el consiguiente riesgo de explotación y de inestabilidad permanente”, concluye Marcos Montoya.

Hace tiempo que la ropa de segunda mano dejó de ser una moda y ha pasado a formar parte de la vida de muchos ciudadanos. En el local de Calle Platería de Moda Re-, en el corazón de Murcia, la clientela es diversa y abarca todas las edades. Muchos de sus visitantes acuden a las instalaciones con frecuencia: lo demuestra la dependienta Jessica González al despedir al perro de un cliente por su nombre.

“Para mí ha sido volver a empezar a vivir. Vengo una hora antes porque me encanta mi trabajo”, explica a este diario la malagueña, que reside en Murcia desde hace 14 años, emocionada al pensar en el giro de 180 grados que ha dado su vida desde que es parte del proyecto de inserción Eh! Laborasortancias de Cáritas. “Nunca había cogido un ordenador en la vida. Me han puesto un maestro para mí nada más, de lenguaje y matemáticas”. A sus casi 50 años, ha encontrado su vocación, añade.

Cáritas tiene cuatro tiendas de segunda mano en la Región de Murcia: una en la capital, una en Cartagena, una en Lorca y otra en Caravaca de la Cruz. Durante 2025, Eh! Laboras recogió 567.051 kilos de ropa a través de 121 contenedores distribuidos en 27 municipios, aumentando un 15% el volumen con respecto al año anterior. Para Francisco Martínez, responsable de la línea textil de la empresa de inserción Eh! Laboras de Cáritas, lo más importante del proyecto es su impacto en la huella ecológica: “Hay que entrar a comprar por el beneficio medioambiental que podemos dejar a las generaciones siguientes”.

Toda la ropa recogida en contenedores de Cáritas se traslada a una planta donde se decide de qué manera se puede reciclar o reintroducir en circuitos de venta o donación. Tomasz Pyzik, un ciudadano polaco de 43 años, residente en Murcia desde hace nueve, se encarga de la logística. Sus ojos han visto ya muchos rincones de la Región. La vida le dio un revés personal hace un tiempo y en Cáritas ha encontrado una familia. “En la Región de Murcia hay mucha explotación y el trabajador no vale mucho. Pero aquí he encontrado mi valor de nuevo como persona y como hombre”, cuenta, con una sonrisa.

El proyecto textil de inserción de Cáritas se desarrolla a nivel estatal, donde existen casi 200 tiendas de Moda Re-. Martínez asegura que cada año se aumenta la recogida de prendas, porque la gente está más concienciada. El siguiente paso, cuenta, será conseguir que poco a poco las pedanías de la Región de Murcia también se sumen a ese esfuerzo colectivo.

Un futuro que se cocina a fuego lento

Caminando junto a Adela y Antonio, educadora y trabajador social, respectivamente, nos acercamos al barrio de San Antón. Todas las personas que trabajan en la empresa de inserción les guardan un especial cariño: su labor consiste principalmente en trazar un plan de acción personalizado para cada uno de ellos, con objetivos que deben cumplir y formaciones que pueden completar para enriquecer su experiencia laboral y lograr insertarse con éxito en el mercado una vez finalizado su tiempo en Eh! Laboras. Pueden estar un máximo de tres años, pero la media suele quedarse entre seis meses y un año.

En la calle Santa Cecilia se encuentra la Escuela de Hostelería de Cáritas, que cuenta con un restaurante y una cafetería. En nueve años que lleva la escuela en marcha, 1.500 alumnos de 52 nacionalidades han pasado por sus modernas instalaciones, ya sea en cocina o en sala. La tasa de inserción, asegura Pilar García, su coordinadora, es del 95%. “Para mí, ellos son ejemplo de amor y supervivencia; aprendo todos los días”, comenta, arropada por dos alumnos de origen subsahariano, Mahamadou Keita y Mohameth Ngom. Este último, un senegalés de apenas 17 años, compagina su trabajo en la empresa de inserción —donde ahora mismo se encuentra en la cercana cafetería Detroit, también gestionado por la Escuela de Hostelería— con sus estudios de electricidad y su rol como delantero en el club de fútbol de Beniaján. Si tuviera que elegir, se queda con la hostelería: “Me gustaría ser jefe de sala”.

García explica que los alumnos y trabajadores de la Escuela de Hostelería tienen la oportunidad de formarse en instalaciones de primer nivel y participar en la preparación de caterings para más de 400 personas. Gracias a un acuerdo con el Ayuntamiento de Santomera, también proporcionan comida de lunes a viernes a una escuela infantil del municipio, además de atender a los clientes de la cafetería y el restaurante. Los menús, muy elaborados, utilizan productos de la tierra, incidiendo en la importancia de la economía circular y sostenible.

Construir segundas oportunidades

La tercera rama de Eh! Laboras está centrada en reformas y construcción. La coordina Juan José Lucas, ingeniero de profesión. “Hacemos todo tipo de trabajo, en albañilería, carpintería, cerrajería... Estamos más especializados en albañilería, pladur y pintura. Mantenemos tanto nuestras instalaciones como distintas viviendas de particulares. También tenemos un convenio con el Ayuntamiento de Murcia para el mantenimiento de los centros culturales, centros de mayores, bibliotecas, auditorios...”, explica a este periódico.

Para Lucas, lo que más valor tiene es la responsabilidad y el compromiso. El equipo lo componen cinco oficiales y cinco trabajadores de inserción: “Hemos pasado de tener muy pocos trabajadores a tener un grupo de cinco y cinco. Mucho más volumen de trabajo, mucha más facturación, muchos más proyectos, muchos más compromisos, muchos más objetivos y muchos más compañeros con los que trabajamos”. 

Lucas reconoce que le da pena cuando un compañero se marcha. Él mismo conoce bien el mercado y hace todo de su parte para que sea contratado en una empresa afín, desde sugerir formaciones hasta rotar a los trabajadores en diferentes proyectos para que adquieran la mayor experiencia posible. Juan Antonio Gil, sentado a su lado, asiente mientras habla. “Yo entiendo que esto tiene que ser un ciclo. Igual que a mí me ha hecho falta, entiendo que le puede hacer falta a otra gente”, señala, asegurando que le gustaría continuar dedicándose a la albañilería. Al igual que el resto de trabajadores de inserción, destaca la importancia del buen ambiente y la familia que forma el equipo, que va mucho más allá de lo profesional: también fomenta un cambio psicológico y personal para todos los que forman parte, especialmente después de haber vivido situaciones complicadas.

La Universidad de La Rioja y Cáritas La Rioja han celebrado esta mañana, en el Aula Magna del Edificio Quintiliano, la Jornada de desarrollo y exclusión social en La Rioja a la luz del IX Informe FOESSA, un espacio de reflexión y divulgación dirigido a profesionales del Trabajo Social y los Servicios Sociales, doctorandos, alumnado, entidades del Tercer Sector y voluntariado. La actividad ha incluido una conferencia de Pedro Fuentes, miembro del Equipo de Estudios de FOESSA, en la que ha presentado los principales resultados del informe para La Rioja, así como una mesa de debate centrada en tres enfoques para estudiar y medir la pobreza y la exclusión social en España.

En el acto de apertura, Sergio Pérez, director del Departamento de Derecho de la Universidad de La Rioja, ha señalado que “el diagnóstico del IX Informe FOESSA es muy alarmante” por el crecimiento de la desigualdad y por la dificultad para recuperar niveles de igualdad tras cada crisis, y ha añadido que esa situación conduce a “la conclusión de un cierto fracaso de nuestras políticas sociales”. En ese contexto, ha considerado que el informe interpela también al ámbito académico: “Necesitamos repensar lo que estamos haciendo, las políticas sociales que estamos aplicando; precisamos trascender el modelo de gestión pública, de intervención pública sobre lo social que tenemos”.

Por su parte, David García, director de Cáritas La Rioja, ha subrayado en la inauguración: “Me gustaría que este informe sirviese para indignarnos, retemblarnos, avergonzarnos, irritarnos. Es decir, que nos saque de la indiferencia”. Además, ha apelado a situar en primer plano valores que sostienen el trabajo de la acción social: “Represento a Cáritas, una entidad que, como otras que están aquí hoy, intentamos priorizar el respeto, la dignidad y la solidaridad. Y hay otra palabra que nos interpela: amor. Pongamos el amor en primer plano en nuestras vidas, el amor como factor de cambio”.

IX Informe FOESSA en La Rioja

El IX Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en La Rioja, elaborado por la Fundación FOESSA a partir de 556 encuestas a hogares, estima que en la comunidad unas 50.000 personas viven en exclusión social, de las que alrededor de 27.000 lo hacen en exclusión severa, el tramo de mayor vulnerabilidad. Entre 2018 y 2024, la exclusión social en La Rioja aumenta y el deterioro se concentra especialmente en las situaciones más graves: la exclusión severa pasa de afectar al 4,5 % de la población riojana en 2018 al 8,7 % en 2024.

El informe identifica dos grandes motores que se retroalimentan: la vivienda y el empleo. En vivienda, el estudio sitúa el “cuello de botella” de la integración social: en 2024, el 14,3 % de la población y el 11,6 % de los hogares en La Rioja presentaba algún problema de exclusión en esta dimensión. Un 8 % de los hogares sufría gastos excesivos de vivienda, lo que implica que, una vez descontados esos gastos, el hogar queda por debajo del umbral de pobreza severa. Además, en torno a 10.000 personas estarían en situación de vivienda insegura y unas 26.000 en vivienda inadecuada por problemas de habitabilidad, insalubridad o hacinamiento.

En empleo, el informe advierte de una paradoja: la creación de empleo y cierta estabilización del mercado laboral no se traslada con la misma intensidad a los hogares más vulnerables. Aunque el salario medio crece, el avance real queda muy reducido al descontar la inflación, y persisten indicadores de precariedad, como la parcialidad involuntaria o la inestabilidad, que limitan la capacidad de sostener una vida digna.

Asimismo, el informe subraya también que la exclusión social tiene rostros especialmente reconocibles: personas migrantes, infancia y juventud.

Inquietud por la brecha generacional

La jornada ha sido organizada por el Área de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de La Rioja y coordinada por Domingo Carbonero, profesor de Trabajo Social y Servicios Sociales de la UR, y Carmelo Juárez, responsable de Comunicación Cristiana de Bienes de Cáritas La Rioja. En declaraciones a los medios, ambos han valorado muy positivamente el desarrollo del encuentro y la participación del público.

Carmelo Juárez ha enmarcado la jornada como un nuevo paso en la difusión del informe FOESSA en La Rioja, con un doble propósito: acercar los principales resultados del diagnóstico y, al mismo tiempo, profundizar en la dimensión metodológica, es decir, en las formas desde las que se estudia y se mide la pobreza y la exclusión social.

En ese sentido, Juárez ha subrayado la importancia de llevar este conocimiento al entorno universitario: “Aunque ya saben que existe y lo conocen, queremos dar a conocer más a fondo qué es el informe FOESSA y la importancia que tiene. Al final, la mayoría de quienes han estado hoy aquí son los trabajadores sociales del futuro”. Además, ha defendido la utilidad del informe para contextualizar la intervención social cotidiana: “Van a trabajar en el día a día con la persona, pero a eso hay que ponerle marco y referencias de entorno. Eso es lo que nos da FOESSA y eso es lo que les hemos presentado”.

El responsable de Cáritas La Rioja ha valorado especialmente la respuesta del alumnado, “muy participativo” y ha destacado sus inquietudes: “En el diálogo ha emergido con fuerza una preocupación transversal: la brecha entre generaciones y una dicotomía social que dificulta que muchas personas jóvenes consoliden proyectos de vida en un contexto de incertidumbre y dificultades crecientes”.

Por su parte, Domingo Carbonero ha destacado el valor de celebrar este tipo de encuentros en el ámbito universitario, “como un espacio neutral” y de generación de conocimiento, que permite investigar, comprender y trabajar “con rigor” sobre la pobreza y la exclusión social. En su opinión, además, este formato facilita acercar la investigación a quienes se están formando y poner en relación informes de referencia con trabajos académicos y herramientas de medición aplicadas al estudio de la exclusión, favoreciendo un diálogo directo que no siempre es posible.

En cuanto al papel del Trabajo Social, el profesor ha señalado que, en una sociedad “cada vez más diversa”, la profesión adquiere una relevancia creciente para acompañar necesidades complejas y para mejorar la relación de las personas con un sistema de protección social pensado a veces “para masas”. En ese contexto, ha puesto el ejemplo del acceso a derechos y prestaciones: “En el debate ha salido el problema de la información en el acceso al Ingreso Mínimo Vital. Esa aproximación la hacen los trabajadores sociales, y tenemos que entrenar para que la información sea más eficiente y llegue bien”.

Juventud, vivienda y empleo: preocupaciones cercanas

Tras la conferencia de Pedro Fuentes y el descanso, ha tenido lugar la mesa “Formas de medición y de estudio de la pobreza y la exclusión social en España”, centrada en cómo se construyen los diagnósticos que orientan la acción social y las políticas públicas. En ella, Marina Sánchez-Sierra, técnica y miembro del Comité Técnico de la Fundación FOESSA, ha explicado cómo se analiza la pobreza y la exclusión social a través de la Encuesta FOESSA; Alejandro Sanz, investigador de EAPN, ha presentado las principales aportaciones del informe anual “El Estado de la Pobreza”; y Esther Raya, profesora de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de La Rioja, ha abordado el estudio de la exclusión social mediante la Escala SISO de Situación Social.

En declaraciones a los medios de comunicación, Marina Sánchez-Sierra ha valorado especialmente la interacción con el alumnado: “Hablar de estos temas con la juventud es muy interesante, porque ya no hablamos de cosas que les suceden a ‘otros’. Cuando hablamos de vivienda o de precariedad en el empleo, hablamos de realidades que todos conocemos y que nos tocan más o menos de cerca”.

La profesional ha recordado que el IX Informe FOESSA es el resultado de un trabajo “intenso y colaborativo” en el que participan más de un centenar de investigadores de distintos centros, universidades y entidades, y que se apoya en una metodología rigurosa. Los resultados de esta investigación apuntan, ha señalado, a una desigualdad persistente y a una integración cada vez más frágil: “Vemos una integración social cada vez más precaria: más hogares en esa cuerda floja que se mantienen en integración, pero no saben si podrán seguir o cómo afrontar otro vaivén”.

En ese marco, Sánchez-Sierra ha planteado una reflexión de fondo: “Estamos ante un modelo social agotado; no son cuestiones coyunturales, sino estructurales. Es necesario pasar a un nuevo modelo donde se pongan en el centro los cuidados, desde la interdependencia que tenemos unas personas de otras y también desde la ecodependencia que todos tenemos con el planeta”. También ha señalado la acumulación de crisis en los últimos años como un factor que dificulta la recuperación: “Cada vez es más difícil recuperar la ‘posición inicial’ porque no hay tregua”.

David García de la Cal es el nuevo director de Cáritas La Rioja. Toma el relevo de José Andrés Pérez, muy implicado en la misión de la entidad desde hace dos décadas y al frente de ella desde septiembre de 2023, quien seguirá estrechamente vinculado a la dirección como delegado episcopal de Cáritas Diocesana de La Rioja.

El nuevo director llega al cargo tras haber sido responsable de Proyecto Hombre La Rioja desde octubre de 2012 hasta diciembre de 2025, mantiene una vinculación constante con el ámbito social, también desde el voluntariado, y participa en grupos y comunidades cristianas. “Es un profesional bien conocido en el ámbito social riojano, con una extraordinaria capacidad de trabajo, seriedad y gran visión de futuro”, ha afirmado José Andrés Pérez en la presentación. Además, ha definido el relevo como una buena noticia para Cáritas ya que “siempre son buenos los impulsos nuevos” para seguir respondiendo junto con el equipo y el voluntariado a los grandes retos que enfrenta la sociedad.

Con este nombramiento, David García asume también la presidencia del patronato de las dos fundaciones vinculadas a Cáritas Diocesana de La Rioja: Fundación Cáritas Chavicar, recurso específico en materia de empleo, y Proyecto Hombre La Rioja, orientado a la prevención y al tratamiento de las adicciones. 

Dos retos: vivienda y empleo

En el acto de presentación, David García ha afirmado: “Asumo la responsabilidad de dirigir Cáritas con ilusión, ganas y mucho respeto por continuar la tarea de grandes personas que han estado en este puesto antes que yo, Marcial Menchaca, Luis Lleyda, Fernando Beltrán y mi predecesor, José Andrés. Soy consciente del peso de la misión, pero me da paz sentir que soy un instrumento de Dios. Para mí este cargo es un servicio, un servicio a la Iglesia, un servicio a Dios”.

Entre sus prioridades más inmediatas, David García ha explicado que quiere “ver y escuchar” a compañeros, voluntariado, patronos y sociedad para concretar líneas de trabajo, y ha remarcado una idea central: “Quiero dar a conocer la tarea de Cáritas. Ya se conoce lo que hace y ahora quiero proyectar el fondo que hay detrás de su labor, de cada una de esas personas que pone su vida, su amor, su fe y su confianza. ¿Por qué? Porque creo que, si la sociedad lo percibe, además de respetar a la entidad, que creo que ya lo hace, va a apoyarla. Es necesario que se conozca, se ame y se crea en Cáritas”.

En cuanto a los retos de la entidad, el nuevo director ha señalado dos necesidades que considera prioritarias: “La vivienda y un empleo digno”. “Con vivienda y con empleo se da dignidad y se puede lograr la inclusión de todas estas personas con las que nosotros trabajamos para que salgan de la exclusión social. Éste siempre ha sido el objetivo de Cáritas”.

Cáritas Española ha defendido este jueves la regularización de migrantes pactada por el Gobierno y Podemos, y ha rechazado la idea de que las personas en situación de vulnerabilidad supongan una carga para la sociedad. “En nuestra sociedad no hay parásitos”, ha afirmado Manuel Bretón, presidente de la organización, durante la presentación del IX Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social. Bretón ha señalado que agilizar la regularización administrativa, garantizar empleo digno y acceso a vivienda es crucial para la integración de la población migrante, que sufre tasas de exclusión casi cuatro veces superiores a las de los ciudadanos españoles.

El informe, elaborado por más de 140 investigadores, apunta que España, a pesar de su crecimiento económico y la creación de empleo, se adentra en una “sociedad del desasosiego” marcada por la precariedad laboral, la exclusión habitacional y el debilitamiento de la clase media. Según la fundación FOESSA, la exclusión social severa afecta a 4,3 millones de personas, y la irregularidad administrativa multiplica los riesgos: dos de cada tres personas extracomunitarias sin papeles viven en exclusión.

Migración: una realidad estructural

El encuentro se ha celebrado en un contexto político marcado por el anuncio del Gobierno y Podemos de una regularización extraordinaria de migrantes que podría beneficiar a más de 500.000 personas. La medida, que se aprobará por la vía de urgencia mediante real decreto, permitirá regularizar a quienes acrediten estar en España antes del 31 de diciembre de 2025, carezcan de antecedentes penales y hayan permanecido al menos cinco meses en el país.

Bretón ha defendido la iniciativa y ha recordado el papel de Cáritas y de la Iglesia en su impulso. “La inmigración no es un problema, es una realidad”, ha defendido. España ha pasado de ser un país emisor a uno receptor de inmigración, con 8,8 millones de personas nacidas en el extranjero, un 18,2% de la población.

Según el informe FOESSA, la población migrante es clave para el crecimiento demográfico y económico, pero sufre tasas de exclusión muy superiores: las personas extranjeras padecen casi cuatro veces más exclusión severa que las de nacionalidad española.

El informe subraya que la irregularidad administrativa es un factor decisivo: dos de cada tres personas extracomunitarias sin papeles viven en exclusión. “Agilizar la regularización, garantizar empleo digno y acceso a vivienda es crucial para la integración”, explica FOESSA.

La desigualdad no admite ambigüedades

Frente a quienes cuestionan la generosidad del sistema de protección social, Bretón ha contestado: “En nuestra sociedad no hay parásitos”. El informe desmonta la idea de que las ayudas desincentivan el empleo y muestra que la mayoría de los hogares en situación de vulnerabilidad buscan trabajo y formación, pese a los obstáculos burocráticos.

El presidente de Cáritas ha apelado también al mundo empresarial, reunido en el acto de CEDE este jueves, a asumir el riesgo sistémico de la desigualdad. “No hay empresas sostenibles en sociedades rotas”, ha advertido, proponiendo pasar de la “ética del buen vecino” a la del “buen antepasado”, pensando en el impacto de las decisiones actuales sobre las generaciones futuras.

“La desigualdad es una palabra feísima”, ha concluido Bretón. “No admite ambigüedades: o se combate o se construye”. También ha incidido en que el IX Informe FOESSA no pide compasión, sino responsabilidad política y social ante una fractura que, de no abordarse, amenaza la cohesión democrática del país.

Más allá de la pobreza

El IX Informe FOESSA amplía el foco más allá de la pobreza monetaria y analiza la exclusión social a partir de 37 indicadores agrupados en ocho ámbitos, entre ellos empleo, vivienda, salud, educación o relaciones sociales. “No es solo una fotografía, es un vídeo”, ha explicado Bretón, en referencia al seguimiento de tendencias desde hace décadas, como la caída de la clase media.

Al mismo tiempo, Cáritas denuncia que la precariedad laboral se ha normalizado y afecta a casi la mitad de la población activa. “Me creo los datos del Gobierno sobre la mejora del empleo, pero no constituye una protección general”, afirmó el presidente de Cáritas, recordando que “la mitad de las personas que acuden a Cáritas son trabajadores”.

La vivienda aparece como el otro gran motor de la exclusión. Uno de cada cuatro hogares sufre problemas de acceso a una vivienda digna, en un país que, paradójicamente, lidera Europa en viviendas vacías y secundarias. “Hace veinte años nadie habría imaginado esta emergencia habitacional”, ha señalado Bretón, quien recordó que España es el país europeo donde los jóvenes se emancipan más tarde.

Juventud e infancia, las grandes afectadas

El informe dedica especial atención a la infancia y la juventud, a las que identifica como las grandes perdedoras del modelo actual. La precariedad laboral, la temporalidad, los bajos salarios y los precios de la vivienda alimentan una sensación de pesimismo generalizado, denuncia la ONG. “Estamos creando una generación que va a vivir peor que sus padres”, ha advertido Bretón, un fenómeno inédito en la historia reciente del país.

FOESSA desmonta además el relato meritocrático: el origen familiar pesa hoy más que el esfuerzo individual. El estudio sostiene que la movilidad social se ha frenado y el ascenso social ya no funciona como promesa colectiva, lo que erosiona el contrato social y la confianza en el sistema.

A estas brechas se suman otras: de género, generacional y digital. Pese a la “revolución laboral femenina”, las mujeres siguen soportando la mayor parte del trabajo doméstico y de cuidados, especialmente en familias monoparentales encabezadas por mujeres, uno de los rostros más visibles de la exclusión.

Alrededor de dos millones de personas viven en exclusión social en Andalucía, una situación que afecta al 23,1% de la población en 2024 y que sigue sin superar los valores previos a la crisis sanitaria. A ello, habría que añadirle que hay 270.000 personas más en exclusión severa, es decir, un 10,2% de los andaluces tienen problemas graves para su subsistencia, donde la vivienda y el empleo son las principales barreras para prosperar.

Así lo determina el IX Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en Andalucía, presentado este martes en el Palacio arzobispal de Sevilla, en el que se detalla que la media andaluza supera claramente a la estatal, con un 19,3%. Además, se adelanta que hay un “retroceso” en la integración plena en la sociedad, ya que solo cuatro de cada diez personas no presentan hoy día ningún indicador de exclusión. “La vivienda es el epicentro de la desigualdad en Andalucía”, señaló Daniel Rodríguez de Blas, coordinador del estudio, puesto que el precio de compra de un inmueble “se ha disparado” un 65% con respecto a 2018. En cuanto al alquiler, solo un 15% de la población utiliza esta modalidad, pero el 43% de las personas inquilinas se encuentra en riesgo de pobreza.

Este mercado inmobiliario genera que más de 400.000 hogares andaluces vivan por debajo del umbral de la pobreza severa después de pagar los gastos de vivienda y suministros. Una cifra que está “completamente desconectada de la evolución de los salarios, ya que el empleo ha perdido su fuerza para garantizar la integración social”, subrayó. En este sentido, el salario medio es 7,6 puntos más bajo a la media estatal, destaca el informe, y una de cada diez familias tiene como sustentador principal a una persona con inestabilidad laboral grave.

Derecho 'fake'

Con respecto a la crisis habitacional, se determina que hay 1 millón de viviendas inseguras, es decir, aquellas que carecen de un contrato de titularidad, y 1,2 millones de viviendas son inadecuadas a raíz de que presentan problemas relacionados con la insalubridad. En este contexto, el experto determinó que “la vivienda es el gran cuello de botella” y el derecho constitucional que garantiza su acceso es “fake”, dado que “la mejora económica seguirá sin traducirse en integración social”. A pesar de los balances trimestrales en el mercado laboral, donde Andalucía ha alcanzado niveles de paro similares a 2007, la inflación ha engullido el crecimiento del salario mínimo interprofesional (SMI) o de las subidas de los convenios colectivos: “Tener trabajo reduce el riesgo de exclusión, pero no lo elimina, y la acción pública es más necesaria en aquellas personas que ocupan empleos de baja calidad”.

Asimismo, casi la mitad de los hogares de la región no puede afrontar gastos inesperados y el 16% acumula impagos referidos a la vivienda, “se sigue dando una inseguridad económica cronificada y, con respecto al Ingreso Mínimo Vital (IMV), llega a seis de cada diez personas, pero es insuficiente”. La falta de información o la complejidad burocrática para su acceso son algunos de los impedimentos, explicó Rodríguez de Blas. Además, la Renta Mínima de Inserción Social que concede la Junta de Andalucía “ha sufrido una caída drástica” y “llega tarde o es insuficiente”, por lo que su papel para complementar el IMV queda en agua de borrajas.

Pese a las dificultades, hay una evolución positiva de los indicadores de pobreza en la comunidad, pasando de un 15,9% en 2021 a un 12,8% en 2024 la tasa de riesgo de pobreza. “Andalucía avanza, pero no gracias a su sistema público: en el modelo hay signos evidentes de agotamiento”, sostuvo ante los medios de comunicación, “cuando el éxito se presenta como un mérito individual, el fracaso se acaba interpretando como una irresponsabilidad individual, lo que se traduce en una mirada injusta que rompe la cohesión social e ignora la solidaridad”. Un hecho que entronca directamente, a su juicio, “con la desafección democrática”, más cuando hay 580.000 personas que viven en la autonomía sin derecho a votar frente a las 300.000 de 2018.

Migración y nuevo pacto social

La cara más acuciante del informe FOESSA es la migración. La exclusión social afecta a casi la mitad de las personas con nacionalidad extranjera, un 48%, más del doble que quienes tienen nacionalidad española, en un 20%. A tenor de este dato, el coordinador valoró de forma positiva el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Podemos para la regularización extraordinaria de 500.000 inmigrantes. “Esta medida nos habla de justicia social y reconoce el derecho de muchas personas, de muchos vecinos que ya vivían con nosotros, más cuando el informe nacional recoge que el 68% de las personas en situación irregular está en exclusión, por lo que es el colectivo más castigado”, aseveró.

En un momento en el que casi tres de cada diez menores viven en situación de exclusión, hay más factores que hacen replantearse el ascensor social, como que uno de cada cinco hogares sufra exclusión vinculada a la salud y las dificultades para la compra de medicamentos se haya extendido a 1,3 millones de personas. “La capacidad de pago marca cada vez más la diferencia entre quienes pueden acceder a los servicios privados y los que acuden a los servicios públicos cada vez más tensionados”, resumió.

Con la perspectiva de garantizar un crecimiento conjunto, el investigador recomendó “un cambio de rumbo claro: reconocernos como interdependientes y ecodependientes”, con un fin que, a veces, se antoja utópico, como lograr “un nuevo pacto social que refuerce el estado de bienestar para garantizar vidas dignas”.

Unas 50.000 personas en La Rioja viven en exclusión en La Rioja de las que 27.000 están en exclusión severa, el mayor tramo de vulnerabilidad. Son cifras extraidas del IX Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en La Rioja, una radiografía que ha analizado Cáritas La Rioja y que confirma el avance de la fragmentación social y el ensanchamiento de la brecha entre quienes logran sostener una vida digna y quienes quedan atrapados en la precariedad. 

El informe, que forma parte un estudio a nivel estatal, sitúa el análisis riojano en un contexto nacional de clase media en retroceso y de exclusión que no cede pese a las fases de recuperación económica. En La Rioja, la exclusión severa prácticamente se ha doblado respecto a 2018, mientras la integración plena crece, dibujando una sociedad más polarizada.

El director de Cáritas La Rioja, José Andrés Pérez, ha puesto imagen a la dimensión humana de estas cifras: “Si todas las personas en exclusión en La Rioja se cogieran de la mano, formarían una cadena de unos 30 kilómetros, capaz de unir Logroño con Nájera. Detrás de estos números hay vidas bloqueadas y esfuerzos cotidianos por salir adelante”. “Este informe describe un modelo social agotado que produce desigualdad, precariedad y fractura. No fallan las personas, falla el sistema. Tres de cada cuatro hogares en exclusión severa activan estrategias de inclusión –trabajan o buscan empleo, se forman, activan redes–, pero chocan con las barreras estructurales de un sistema que proclama derechos universales, pero restringe el acceso efectivo a ellos, especialmente en vivienda y salud. Necesitamos un cambio de rumbo valiente hacia una sociedad del cuidado, la interdependencia y la justicia social y ecológica. Eso exige instituciones públicas fuertes y una sociedad civil activa, capaces de cooperar en políticas que prevengan la exclusión desde su origen”, ha destacado.

Pérez ha estado acompañado por el coautor del informe y miembro del Equipo de Estudios de la Fundación FOESSA, Pedro Fuente, y el responsable de Comunicación Cristiana de Bienes de Cáritas La Rioja, Carmelo Juárez. Fuentes ha detallado la realida social de La Rioja: “Desde 2018 hasta 2024, en La Rioja se observa que la exclusión social aumenta en 4,1 puntos, el deterioro se ha concentrado en las situaciones de mayor vulnerabilidad social: la exclusión social severa casi duplica su incidencia y pasa de afectar al 4,5 por ciento de la población riojana en 2018, al 8,7 por ciento en 2024. Hoy la exclusión social en La Rioja, al igual que en España, funciona sobre dos motores principales que se retroalimentan: la vivienda y el empleo. La vivienda expulsa del territorio y de una vida digna, a la vez que el empleo ha perdido su capacidad para rescatarnos de esa expulsión”.

Vivienda, el epicentro de la desigualdad

El estudio identifica la vivienda como epicentro de la desigualdad: en 2024, el 14,3 por ciento de la población y el 11,6 por ciento de los hogares en La Rioja presentaba algún problema de exclusión en esta dimensión. El 8 por ciento de los hogares sufría gastos excesivos de vivienda, lo que significa que, descontados los gastos de vivienda, ese hogar queda con unos ingresos por debajo del umbral de la pobreza severa.

Alrededor de 10.000 personas estarían en una situación de vivienda insegura, y unas 26.000 personas en una vivienda inadecuada por problemas de habitabilidad, insalubridad o hacinamiento. La carestía del alquiler golpea con especial dureza a los hogares con menos ingresos: el 34,2 por ciento de la población en riesgo de pobreza vivía de alquiler, el doble que en el conjunto de la población.

La vivienda se ha convertido en el cuello de botella de la integración social en La Rioja. Por ello, desde Cáritas La Rioja urgen a la creación de un parque estable de alquiler social y piden adecuar las ayudas a los costes reales, así como reforzar la coordinación entre políticas de vivienda y servicios sociales.

Empleo: se recupera, pero no siempre protege

La Rioja crea empleo y estabiliza parte del mercado laboral, pero la mejora no se traslada con la misma intensidad a los hogares. “Entre 2018 y 2023 el salario medio bruto mensual creció un 20 %; sin embargo, descontada la inflación, el avance real se reduce a apenas un 3 %. Resultado: hay más trabajo, pero una parte de la población sigue en la cuerda floja”, ha expuesto el experto de Cáritas Española.

La precariedad tampoco desaparece. Un 12 % de los hogares presenta algún indicador de exclusión laboral; destacan la parcialidad involuntaria y la inestabilidad laboral grave (≈4 %). “De ahí la paradoja: la recuperación del empleo convive con el crecimiento de la exclusión. Por estos motivos, las políticas de inclusión deben actuar en dos frentes complementarios: apoyo efectivo a las personas desempleadas y mejora de la calidad del empleo (reducir parcialidad e inestabilidad, elevar salarios en términos reales y reforzar la protección). Así el trabajo volverá a ser un verdadero motor de integración”, ha afirmado.

La erosión de la equidad en el cuidado de la salud 

En 2024, un 10 % de la población riojana –más de 35.000 personas– se encontraba afectada por algún problema de exclusión social en la dimensión de la salud, y la causa principal es económica. Un 7 por ciento de los hogares no podía comprar medicación ni mantener tratamientos. Las carencias se concentran en prestaciones con copago o fuera de la cartera pública, como odontología, con necesidades sin cubrir en el 45 % de la población; prótesis dentales, inasumibles para el 28 por ciento y gafas/audífonos, fuera del alcance del 24 por ciento. Además, un 6 por ciento no accede a terapia psicológica por su coste. 

Los rostros de la exclusión

La exclusión social en La Rioja tiene rostros reconocibles. El primero está marcado por el origen y la nacionalidad. Como ha precisado Pedro Fuentes, “las tasas de exclusión entre las personas con nacionalidad extranjera se sitúan en torno al 60 por ciento, seis veces más que entre quienes tienen nacionalidad española”. Este diferencial evidencia que la irregularidad administrativa, las barreras en el acceso a la vivienda y la discriminación en el mercado laboral multiplican el riesgo para la población migrante.

El segundo rostro es el de la infancia y la juventud, donde la vulnerabilidad es singular. “Entre los menores de 18 años la exclusión alcanza el 28 por ciento, cinco veces más que entre las personas mayores de 65 años (6 por ciento)”, ha concretado. El impacto se agrava en los hogares con niños: los hogares con dos o más menores presentan una incidencia del 34 por ciento, frente al 8 por ciento de los hogares formados solo por adultos, y los hogares con menores representan el 69 % de toda la población excluida en la comunidad. “Cuando hay menores en casa, cualquier fragilidad en ingresos o vivienda se convierte en una barrera estructural para la inclusión”, ha añadido.

La juventud se ve además atrapada por un mercado laboral que penaliza su entrada y continuidad. En palabras de Fuentes, “la tasa de paro entre los menores de 30 años ronda el 22 por ciento, más del doble que la tasa general (10 por ciento)”. A ello se suma la inestabilidad laboral –parcialidad e intermitencia–, que merma la capacidad de ahorro, y el encarecimiento de la vivienda, factores que “retrasan la emancipación y prolongan trayectorias de precariedad, incluso entre jóvenes ocupados”. El resultado es una generación que, pese a formarse y trabajar, no logra consolidar proyectos de vida autónomos sin apoyos eficaces en empleo y vivienda.

Pobreza y garantía de ingresos: lo que mejora y lo que falta

Desde 2019, el riesgo de pobreza ha pasado del 12 % al 19 % en 2024 (unas 62.000 personas), y la pobreza severa del 5,7 % al 6,5 % (en torno a 21.000). El sistema de garantía de rentas no acompasa esta realidad: a los cuatro años de su puesta en marcha, el IMV solo alcanza al 66 % de quienes viven en pobreza severa en La Rioja, y la renta mínima autonómica ha reducido su cobertura del 1,84 % (≈2.300 titulares en 2018) al 0,61 % (≈1.000 en 2023).

En palabras de Pedro Fuentes: “La comunidad crece en pobreza mientras la cobertura de las rentas mínimas se debilita y la información sigue siendo una barrera crítica. Reforzar la renta mínima autonómica como complemento funcional del IMV es una prioridad si queremos reducir privación y llegar a quien más lo necesita”.

Karen Cacique se levanta cada día antes de las 7.00 para plegar el sofá cama en el que duerme junto a su marido y sus dos hijos mayores. El salón comedor debe estar recogido porque a esa hora se despiertan para ir a trabajar los otros dos inquilinos del piso que comparte en el barrio de Trinitat Vella, en Barcelona. Con solo un baño para todos, las rutinas de primera hora no son fáciles. “Si algún niño se demora, de repente ya te están mirando mal”, reconoce.

La familia de Karen, que llegó de Perú a la capital catalana en marzo de 2025, vive de realquiler en un comedor. La pareja, ambos de 36 años, pagan 170 euros de mensualidad, con gastos incluidos, por dormir en un sofá abatible con sus hijos de catorce y ocho años. El tercero, de año y medio, descansa en una cuna a su lado. “Es incómodo”, repite la mujer. “Antes, bajábamos al parque para que los niños jugasen y se cansasen, y solo subían a cenar y a dormir, pero ahora en invierno no sé qué hacer”, se lamenta. 

Si la crisis del alquiler ha disparado desde hace años el subarrendamiento precario de habitaciones, casos como el de la familia Cacique suponen una vuelta de tuerca más a la problemática habitacional entre los más vulnerables. Cáritas ha dado la voz de alerta. “Atendemos a gente que duerme en el salón de casa, en literas en la cocina, en la sala de la lavadora… Cada vez pasa más”, advierte Sònia Lacalle, responsable de la asesoría Jurídica Social de la entidad. 

Las casuísticas son muy diversas, comenta Lacalle, pero suelen tener en común que afectan a familias migrantes, sin papeles y que consiguen esos realquileres a través de contactos. El acuerdo suele ser siempre de palabra, sin contrato de por medio, y es habitual que el recién llegado ni siquiera sepa quién es el propietario del piso. “Hemos tenido casos de familias que están en pisos ocupados sin saberlo, y que lo descubren cuando llega la orden de desahucio y se quedan en la calle”, explica Lacalle. 

Criar tres niños desde un comedor

Karen encontró su actual alojamiento en el barrio Trinitat Vella antes de llegar a España. Lo hizo por WhatsApp a través del contacto de un familiar. Así recaló en el salón de la vivienda en la que duermen otros dos adultos. Uno de ellos es el que les realquila a ellos. Por ahora, con los trabajos esporádicos que consigue el marido de Karen, ya sea de pintor de paredes o de operario de mudanzas, llegan justos a pagar la mensualidad. 

Pero tanto como el dinero, a Karen le preocupa la convivencia con sus tres hijos en un hogar compartido con extraños. Lo comenta durante una charla en el Espacio Polivalente Santa María Magdalena de Cáritas. Allí acude dos veces por semana al grupo de crianza, para compartir preocupaciones con otras madres, y a poner lavadoras, porque en casa no puede abusar de ellas. Igual que hay horario para la cocina, también le han dicho que no puede pasarse con las coladas. 

Las lista de dificultades cotidianas que supone criar a tres niños desde el comedor de un piso es larga. No son solo los horarios de las estancias. Está por ejemplo el ruido. “Sobre todo, el del bebé”, afirma. “Esto incomoda mucho y entonces trato de calmarlo, y si no lo consigo algunas veces recurro al móvil, pero entonces todos lo quieren”, relata Karen. Tampoco hay espacio para hacer los deberes escolares. “Tenemos la mesa del salón, pero cuando están los demás ya nos sentamos en el sofá”, se lamenta. 

Durante la conversación, que se desarrolla mientras su hija de ocho años se entretiene en la sala de juegos de Cáritas, la palabra que repite una y otra vez es “incomodidad”. O su antónimo: “La situación nos pone tristes, porque no podemos darles a nuestros hijos una comodidad mínima, al menos hasta que nos establezcamos y encontremos algo mejor”. 

Cada vez más hacinamiento

Aunque en Cáritas no disponen de datos sobre esta derivada más extrema de la crisis del alquiler, sus informes anuales sí dejan entrever esta tendencia. En la encuesta de su informe FOESSA constatan que un 13,5% de los ciudadanos de la Diócesis de Barcelona ya viven en una situación de “hacinamiento grave”. Además, de todos los usuarios a los que atienden en esta zona, el 40,6%, en total 14.624 personas, viven en habitaciones de realquiler. Y otro 10,5%, 3.027 personas, entran en la categoría de “acogidas”, que incluyen quienes duermen en soluciones improvisadas dentro de un piso, ya sean acogidos por un familiar o pagando. 

Estos últimos han pasado de ser el 7,8% de los usuarios en 2021 al 10,5% actual. Pero lo que preocupa más si cabe es que su situación se está cronificando entre los extranjeros. “La inserción residencial tiene etapas, y suele comenzar en un sofá, acogido durante unos días o una semana, forma parte del aterrizaje o la toma de contacto en un país”, explica Carolina Orozco, investigadora postdoctoral de Geografía en la Universitat de Barcelona. “Pero estas situaciones transitorias se están extendiendo en el tiempo, y las familias pasan de estar acogidas a pagar un alquiler, con lo que se acaba explotando la urgencia y la necesidad de un techo”, desarrolla. 

Orozco explica que los arrendadores pueden ser a veces grupos organizados o caseros que quieren extraer el máximo lucro de un piso. Pero hay otro perfil más común. “En estos casos el titular del contrato puede ser tan precario que necesita realquilar, y si lo hace es por lo tanto por necesidad, porque también es incómodo para él”, afirma. 

Aun así, añade Sònia Lacalle, quien subarrienda sigue teniendo la sartén por el mango. Esto lo padece también Karen, a quien sus compañeros de piso ya le han dejado caer que deberán buscarse pronto una alternativa. Si algún día les quieren echar, ningún contrato les vincula a ese techo. 

“Vamos mirando precios de pisos, pero son demasiado elevados”, comenta. Sin tener su situación administrativa regularizada, y sin una sola nómina, reconocen que arrendar una vivienda en Barcelona es “imposible”. Una mejora sería alquilar una habitación para ellos solos. Pero tampoco es fácil. “Los precios siguen siendo muy elevados, y muchos te dicen que no quieren niños”, se resigna. 

Un paso adelante para la familia sería encontrar trabajo. Pero Karen añade un pero a su situación, que hace que solo su marido esté buscando empleo: no se atreve a dejar solos en casa a los niños, aunque el mayor sea ya adolescente. “Yo tengo que estar ahí siempre, porque las personas que viven en el piso son conocidas, pero tampoco mucho”, zanja. 

El cardena Joan Josep Omella, arzobispo de Barcelona, insta a las administraciones a cooperar y “buscar una solución entre todos” para el “drama” de las personas sinhogar. Lo ha dicho pocas horas después de que centenares de personas hayan sido expulsadas del instituto ocupado B9 de Badalona en el que ha sido el mayor desalojo de España.

“O encontramos una solución o el barco se hunde”, ha apuntado Omella, señalando que ninguna administración o entidad puede solucionar en solitario el problema. “¿Por qué no remamos todos en la misma dirección?”, se ha preguntado, durante la rueda de prensa de la presentación del informe FOESSA 2024. El cardenal se ha mostrado decepcionado tras el desalojo del instituto, algo que, dice, “todo el mundo sabíamos que pasaría”, por lo que pensaba que las administraciones “activarían lo que les toca”.

Se refiere a la activación de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Badalona y a la prestación de viviendas de emergencia temporal para los desalojados que, según los mismos afectados y las entidades que les acompañan, no se están proporcionando. Con todo, Omella ha apuntado que Càritas está “a disposición” de los desalojados, pero ha recordado que las entidades también tienen todos sus recursos residenciales llenos y con listas de espera.

“Las personas no somos enemigos”, ha añadido Omella, quien ha hecho un llamado a la solidaridad en una sociedad “cada vez más individualista”.

La vivienda, principal factor de desigualdad

Càritas Barcelona ha presentado este miércoles el informe FOESSA 2024, en el que se apunta que la vivienda es el principal eje de desigualdad en la diócesis de Barcelona, donde el 26% de la población tiene dificultades relacionadas con la vivienda y el 13,5% vive en situación de “hacinamiento” grave“.

El informe alerta de que más del 15% de la población se queda en situación de pobreza severa después de alcanzar el gasto de la vivienda. El 26,6% tiene dificultades relacionadas con la vivienda. Estas dificultades afectan, así, a unos 225.000 hogares y más de 730.000 personas.

El alquiler, apuntan, se ha convertido en una “trampa de pobreza” porque el porcentaje de personas en riesgo de pobreza que viven en régimen de alquiler casi triplica a las que viven en régimen de propiedad. Mientras el 8,2% de las personas que viven régimen de propiedad están en riesgo de pobreza, en el caso del alquiler la cifra se eleva hasta el 22,3%.

El trabajo deja de ser un elemento “protector”

El estudio indica que la precariedad “se ha convertido en la nueva normalidad” en la diócesis de Barcelona y que el empleo está perdiendo la “capacidad protectora”: el 57,5% de las personas que se encuentran en una situación de exclusión social viven en hogares encabezados por alguien que trabaja. La situación es más difícil para personas migrantes y jóvenes, alertan, porque tienen mayores tasas de paro.

Por su parte, el director de Cáritas Barcelona advirtió de que, pese a estar en un “tiempo de bonanza”, un tercio de la población está en riesgo de “caer” en función de la coyuntura económica. “El mercado no sirve para garantizar que las personas puedan tener ingresos suficientes para tener una vida digna”, insisten.

El informe, realizado a partir de entrevistas a 602 hogares y 1.519 personas durante el 2024, alerta de que se está consolidando “un modelo de sociedad en la cuerda floja” en el que un 37,3% tiene un nivel de integración “precaria”. Es decir, que es “más susceptible de verse afectada” por problemas como la vivienda, el empleo y la salud.

El estudio avisa de que “la recuperación económica no llega a todos” y que cerca del 17% de la población de la diócesis de Barcelona, más de 450.000 personas, se encuentra en situación de exclusión social. En el caso de la población extranjera, la tasa es 2,4 veces superior.