El último ciclo de elecciones autonómicas ha reforzado la presencia de la ultraderecha de Vox en casi media docena de territorios. En Aragón, Castilla y León y Extremadura los de Santiago Abascal ya han conseguido varias consejerías, mientras que en Andalucía negocian el precio de permitir la investidura de Moreno Bonilla. Unas conversaciones y pactos políticos que han llegado poco después de que los abogados de Vox pidieran, sin éxito, la imputación de tres de esos presidentes autonómicos por cuatro delitos distintos por la gestión de la ola de incendios del verano de 2025. La última solicitud de imputación contra Juanma Moreno Bonilla, María Guardiola y Alfonso Fernández Mañueco fue realizada al Tribunal Supremo en marzo.

El partido de Santiago Abascal anunció el pasado mes de septiembre que tenía intención de desplegar su habitual estrategia penal para abordar la gestión de la ola de incendios que en el verano de 2025 arrasó más de 343.000 hectáreas en todo el país, el peor año del siglo con respecto a la superficie forestal calcinada, y varias víctimas mortales. Vox acudió al Tribunal Supremo para pedir la imputación del presidente del Gobierno y de varios ministros, pero también de los presidentes y consejeros de varias comunidades autónomas afectadas: Castilla y León, Andalucía, Extremadura, Galicia y Asturias.

En ese momento Vox no formaba parte de ningún gobierno autonómico tras la ruptura con el PP consumada un año antes. Pero sí sostenía a varios de ellos donde los de Alberto Núñez Feijóo no tenía mayoría absoluta. Esas peticiones de imputación llegaron a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en la primera semana de septiembre de 2025 y fueron rechazadas en marzo de 2026 por el magistrado Julián Sánchez Melgar. El Supremo recordó a Vox entonces que no podía pedir imputaciones de cargos públicos por la “mera detentación” de ese cargo. Y que en el caso de los presidentes autonómicos ni siquiera era el tribunal competente para abrir o rechazar una investigación.

Vox volvió a la carga con un recurso presentado a finales de marzo y que fue rechazado de forma definitiva a principios de mayo. Pedían que se reconsiderara su negativa a abrir una causa contra el ejecutivo central y los gobiernos autonómicos. Para cuando fue presentado el recurso, las elecciones en Extremadura y Castilla y León ya se habían celebrado. Se resolvió semana y media antes de los comicios de Andalucía, con la campaña ya en marcha.

En septiembre de 2025 la querella de Vox atribuyó cuatro delitos a los presidentes de estas tres comunidades autónomas: homicidio imprudente, incendio, prevaricación y otro más contra los derechos de los trabajadores. Entre duras acusaciones de haber tenido una actuación “negligente” y de haber incurrido en una “inexistencia de previsión”. PP y PSOE, dijo entonces Santiago Abascal, habían estado “lanzándose las competencias asquerosamente” incurriendo en “terrorismo climático”. Previamente el eurodiputado Jorge Buxadé había hablado de “bipartidismo pirómano”.

De querellarse a pactar

La querella de Vox contra el Gobierno y estos presidentes autonómicos ha seguido viva hasta que el Tribunal Supremo dictó el archivo definitivo hace menos de un mes. Un proceso judicial preliminar que, como es habitual con las denuncias y querellas de Vox, no ha pasado ni el primer filtro de los jueces de lo Penal, pero que se ha solapado en el tiempo con los procesos electorales autonómicos de los últimos meses en los que los de Santiago Abascal han hecho todo lo posible por pasar a gobernar con los dirigentes a los que acusaban de cuatro delitos distintos.

Vox pactó su entrada en el gobierno extremeño de María Guardiola a mediados del pasado mes de abril tras una primera investidura fallida. Su negociación con Alfonso Fernández Mañueco para formar parte del ejecutivo de Castilla y León, la tierra más afectada por los incendios del año pasado, ha fructificado esta misma semana. En Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla necesita de los votos de Vox para revalidar su presidencia y, por el momento, la extrema derecha ha mostrado su “mano tendida” al presidente autonómico al que hace unas pocas semanas pretendían imputar. Si a finales de 2025 Vox centró su crítica política en la gestión medioambiental de los territorios, ahora la clave para pactar es la denominada 'prioridad nacional'.

El partido de extrema derecha siguió en septiembre de 2025 la estrategia que desarrolla desde hace años contra sus rivales políticos, sobre todo de los partidos de izquierda. Denuncias y querellas sistemáticamente rechazadas por el Tribunal Supremo entre acusaciones de judicializar la vida política española y de pretender la imputación de un cargo público por el hecho de ostentar ese puesto, sin especificar qué actuaciones concretas se le atribuyen.

En los autos que han rechazado esta querella por los incendios de 2025 el Supremo recuerda que sus múltiples acciones penales fallidas contra rivales políticos ya han generado una doctrina propia sobre este asunto. Por ejemplo, recuerda el magistrado Sánchez Melgar, cuando en 2020 se querellaron contra el Gobierno por la gestión de la crisis del coronavirus y la Sala de lo Penal ya rechazó su iniciativa con argumentos similares.

Las querellas por la gestión de los incendios no abarcaban solo gobiernos regionales que Vox había apoyado y que ahora pretende integrar, sino también a Alfonso Rueda (Galicia) y a Adrián Barbón (Asturias), de PP y PSOE respectivamente. Las acusaciones contra ellos tampoco prosperaron por falta de competencia. El objetivo de Vox era, como es habitual, montar una macrocausa pero los jueces no ven delito posible en la actuación del Gobierno central y no son competentes para juzgar a presidentes autonómicos.

La extrema derecha, zanja el Supremo, ha actuado “expresando únicamente reproches genéricos válidos para cualquier impugnación” mientras que “no analiza la conducta de los querellados en cada uno de los hechos esgrimidos”. Entre los querellados, dos presidentes autonómicos con los que ha pactado un gobierno y otro con el que pretende hacerlo en los próximos meses.

El líder del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha anunciado este viernes que la semana que viene su grupo parlamentario registrará en las Cortes una proposición de ley de reforma de la actual normativa de atención a las víctimas de violencia de género, para retomar esos trabajos y “desenmascarar” a PP y Vox.

En la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Portavoces, Martínez ha subrayado que será “la primera piedra de toque” para el nuevo gobierno de coalición formado por PP y Vox, que ve como una “confluencia de intereses personales y partidistas” y dirigido por dos “funambulistas” que hacen “equilibrios”.

Sobre este texto, el socialista ha detallado que sí incorpora muchos de los acuerdos alcanzados con el PP en la ponencia de esta ley en la pasada legislatura, además de contar con el respaldo de asociaciones feministas y plataformas de la sociedad civil, por lo que es un “documento ya trabajado” y sobre el que partir.

Justo al final de la anterior legislatura la Junta de Castilla y León, con el PP gobernando en solitario, fue retirado in extremis el proyecto de ley de modificación de esta norma autonómica contra la violencia de género, para el que PP y PSOE rozaron el acuerdo en la ponencia.

Al margen de esta reforma legal, el también líder de los socialistas en la Comunidad ha aprovechado para criticar algunas medidas incluidas en el pacto PP-Vox, como las referidas a la lucha contra la despoblación.

En esta materia ha dicho: “¿Todavía estamos anclados en que hay que dar viagras para poder resolver el problema de la despoblación? ¿Incentivos a la natalidad, no se han enterado de nada en estos últimos 40 años? Hay que ser un poco más serios”.

PP y Vox muestran sus diferencias

Por su parte, PP y Vox han evidenciado sus diferencias sobre una posible reforma de la ley de violencia de género de Castilla y León, después de que el nuevo acuerdo de gobierno entre ambas formaciones haya dejado fuera esta cuestión, aunque sin cerrarle definitivamente la puerta, como ayer expresó el portavoz en funciones de la Junta, Carlos Fernández Carriedo.

La portavoz del Grupo Popular en las Cortes, Leticia García, ha defendido que el PP seguirá trabajando para buscar el máximo consenso en una materia que ha calificado de especialmente sensible.

“El Partido Popular es el partido que siempre más ha defendido a la mujer en la lucha contra la violencia de género”, ha afirmado García, quien ha insistido en que la formación mantiene su voluntad de avanzar desde la “unanimidad” y el acuerdo entre los grupos parlamentarios.

La dirigente popular ha evitado profundizar en una eventual reforma de la norma, no ha descartado que pueda incluso estar impulsada por la Junta y ha cargado contra el portavoz socialista, al que ha acusado de intentar generar polémica con un “truco efectista al estilo de (Juan) Tamariz”.

Por su parte, el portavoz de Vox en las Cortes, Carlos Pollán, ha marcado distancias con una eventual modificación legal impulsada desde el PP y ha recordado que esta cuestión no forma parte del pacto de gobierno alcanzado entre ambas formaciones.

“No hemos hablado de ello en el acuerdo”, ha señalado Pollán, quien ha subrayado que PP y Vox son “dos partidos distintos y con distintos planteamientos”.

“Sí que garantizo que nosotros no apoyamos ninguna ley de ese tipo”, ha apostillado Pollán, quien ha aclarado que cualquier decisión sobre una eventual reforma corresponderá al PP y no al Gobierno de coalición.

En la comarca de Las Merindades, al norte de la provincia de Burgos, se esconde un rincón donde el tiempo parece haberse detenido entre el murmullo constante del agua. Tobera, perteneciente al municipio de Frías desde el año 1489, se presenta ante el viajero como un escenario de cuento tallado en roca caliza. Este enclave privilegiado se encuentra integrado en el Parque Natural Montes Obarenes-San Zadornil, ofreciendo un paisaje donde la geología, la historia y la naturaleza caminan de la mano. 

Las aguas del río Molinar han esculpido durante milenios una estrecha garganta que divide la localidad en dos sectores diferenciados, otorgándole una personalidad visual única en toda la región burgalesa. Pasear por sus senderos permite desconectar del ruido urbano para sumergirse de lleno en una sinfonía natural de piedra y agua cristalina que cautiva a todo aquel que decide visitarlo.

Al llegar a los pies del desfiladero, el visitante se topa con un conjunto monumental de gran belleza y que sirve de antesala al núcleo urbano de Tobera. Este espacio está presidido por la ermita románica de Santa María de la Hoz, una construcción del siglo XIII que se alza protegida por las imponentes paredes rocosas de la zona. Junto a este templo gótico-románico se sitúa el Humilladero del Santo Cristo de los Remedios, una edificación más pequeña datada en el siglo XVII que añade un aire místico al entorno. Un puente de origen romano y factura medieval completa esta estampa histórica, cruzando las aguas del río Molinar justo antes de que estas se precipiten hacia el valle. La armonía entre estas estructuras arquitectónicas y el entorno natural de los Montes Obarenes constituye uno de los puntos más fotografiados y emblemáticos de toda la provincia de Burgos.

La historia de Tobera está íntimamente ligada a la fe y al tránsito de caminantes, pues este desfiladero fue durante siglos una vía de comunicación vital hacia los puertos del norte. La ermita de Santa María de la Hoz no era solo un centro de oración, sino que cumplía la función esencial de hospedería para los peregrinos que realizaban el Camino de Santiago. En sus muros, que guardan frescos coloridos en su interior, encontraban refugio y descanso aquellos que buscaban llegar a la tumba del apóstol atravesando las tierras de Castilla. Este papel de refugio espiritual y físico ha dejado una huella imborrable en el carácter hospitalario de la zona, recordando la importancia de este paso de montaña en la red de comunicaciones romanas y medievales. Aunque actualmente la ermita suele estar cerrada al público, su sola presencia bajo el abrigo de la roca evoca un pasado de encuentros y travesías milenarias.

Entre las piedras de Tobera también habitan leyendas que dotan al lugar de un aura de misterio, especialmente vinculadas al Humilladero del Santo Cristo de los Remedios. En el interior de este pequeño templo, protegida por una vitrina, se conserva la talla de una gran serpiente que atrae la curiosidad de todos los visitantes. La tradición popular narra que un joven cartero real fue atacado en este mismo punto por un reptil gigante que hizo desbocar a su montura en mitad del camino. Tras encomendarse al Cristo con fervor y lograr que la criatura desapareciera, la reina decidió levantar la ermita para conmemorar el milagroso suceso y advertir de los peligros de la ruta. Esta figura del reptil, visible desde el exterior a través de la reja, sirve como recuerdo tangible de los mitos que han pasado de generación en generación entre los vecinos de estas tierras.

El verdadero protagonista de Tobera es, eso sí, sin lugar a duda, el río Molinar, cuyo nombre rinde homenaje a los antiguos molinos y batanes que poblaban sus orillas. Estas infraestructuras aprovechaban la fuerza hidráulica para producir papel que abastecía a la ciudad de Burgos ya en el siglo XVI, demostrando una temprana actividad industrial. 

La fuerza del agua ha erosionado el terreno calizo para formar saltos espectaculares y pozas de tonos turquesas que invitan a la contemplación y al descanso en la naturaleza. Al descender desde los Montes Obarenes, el caudal se acelera por la fuerte pendiente del desfiladero, creando un microclima fresco que se agradece especialmente durante los meses más calurosos del verano. Es este discurrir constante el que ha modelado no solo el paisaje geológico, sino también la fisonomía urbana de un pueblo que vive literalmente asomado a sus cascadas.

Dos paradas obligatorias

Para disfrutar plenamente de este espectáculo acuático, se recomienda realizar el conocido Paseo del Molinar, un recorrido circular de apenas un kilómetro de longitud. La ruta comienza en el aparcamiento junto al conjunto monumental y desciende por la orilla derecha siguiendo un sendero empedrado de fácil acceso para todas las familias. Durante el camino, el viajero encontrará varios miradores metálicos y de piedra que ofrecen vistas privilegiadas del primer gran salto de agua de la localidad. La denominada Cascada I es una maravilla natural donde el agua cristalina se desliza sobre un fondo verde de vegetación antes de caer en una poza profunda y sugerente. El sonido ensordecedor del agua precipitándose al vacío domina el ambiente, creando una sensación de inmersión total.

El río continúa su festival de saltos entre las casas de piedra. Allí se encuentra la Cascada II, un rincón mágico escondido en un pequeño circo natural tapizado de hiedra y musgo que mantiene un verde intenso todo el año. Lo más sorprendente de este segundo salto es que se puede bordear por el interior, permitiendo al caminante pasar por detrás de la cortina de agua. El río atraviesa el pueblo con pequeños rápidos y recovecos, uniendo los distintos barrios a través de puentes pintorescos que integran la arquitectura popular con el cauce fluvial. En definitiva, recorrer estas calles y senderos supone un viaje a través de los sentidos donde el agua turquesa, la piedra milenaria y las leyendas se entrelazan de manera inseparable y armoniosa.

Alfonso Fernández Mañueco será investido presidente de la Junta de Castilla y León el martes 9 de junio, según ha aprobado este jueves la Mesa de las Cortes. El pleno comenzará a las 12.00 horas con la intervención del candidato del Partido Popular presentando su programa de gobierno. Esta primera exposición no tendrá límite de tiempo. Es la tercera vez que Mañueco saldrá elegido líder del Ejecutivo autonómico, en todas las ocasiones ha necesitado de un pacto para garantizar su Presidencia y en las dos anteriores el acuerdo de gobierno se rompió.

Mañueco cuenta con el apoyo de su partido y el de Vox que, tras el acuerdo firmado y presentando este miércoles, sumará sus 14 procuradores a los 33 del PP; en total 14, para superar la mayoría absoluta que para esta legislatura es de 42.

Frente a la mayoría del nuevo pacto de PP-Vox, el PSOE, UPL y Soria Ya han mostrado su rechazo y votarán en contra. La posición de Por Ávila todavía se desconoce, su único procurador adelantó un posible apoyo si el PP se sentaba a negociar proyectos para su provincia.

Tras la intervención del candidato, la sesión de investidura se retomará con la respuesta de los grupos parlamentarios a Fernández Mañueco. En este caso, cada portavoz tendrá un tiempo de 30 minutos y un segundo turno de dúplica para responder al candidato. Para Mañueco en su respuesta no hay tiempo y podrá elegir entre responder de forma conjunta o individual. El orden fijado de intervención será PSOE y luego se repartirá entre las tres formaciones que componen el Grupo Mixto. El reparto para estas formaciones será de 18 minutos UPL, 6 Soria Ya y 6 Por Ávila minutos. Mientras que para la duplica será de 6, 2 y 2 respectivamente.

La Mesa de las Cortes ha optado para mantener el tradicional reparto de turnos al igual que en otras investiduras. En la Junta de Portavoces, Vox ha propuesto que las respuestas a Mañueco las iniciarán el Grupo Mixto, luego el PSOE y acabar con Vox y PP. El siguiente paso para que Mañueco pase de estar en funciones, como desde el 15 de marzo, es el acto de poesión que todavía no está fijado y será los días siguientes a que salga investido por las Cortes.

El PSOE acusa a PP y Vox de “engañar” a toda la ciudadanía

El secretario general del PSOE, Carlos Martínez, ha acusado a Vox y PP de tratar de “ocultar” el engaño “masivo al que quieren someter a toda la ciudadanía y del que ni ellos mismos están absolutamente convencidos”. A juicio del portavoz del PSOE en las Cortes, el partido de Carlos Pollán es el “único animal que tropieza dos veces en la misma piedra”.

Para Martínez ni PP ni Vox “son de fiar” y el pacto firmando se encuentra “lleno de ambigüedades. Asimismo, ha considerado que el documento recoge un modelo de gobierno que se encuentra al margen del Estatuto de Autonomía, de la Declaración de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y entra en conflicto con la Constitución Española y la Carta de Derechos Humanos.

A pesar de que el portavoz en funciones de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, apuntara este jueves que cualquier medida que tomará el futuro gobierno iba a estar avalada por un informe jurídico, Martínez ha apuntado que este futuro Ejecutivo dejará a Castilla y León al “margen” del Diálogo Social al “criminaliza” a sindicatos y a empresarios.

Ausencia de medidas en materia de despoblación

Los representantes de Soria Ya y de Unión de Pueblo Leonés han criticado que en ese pacto de PP y Vox apenas haya una medida de las 324 que trate la despoblación. En concreto, la omisión de referencias a Soria y Zamora como las dos provincias más castigadas por esta situación.

Para el también portavoz de Vox y futuro vicepresidente primero, Carlos Pollán, de Vox, el acuerdo recoge temas cruciales como la vivienda, el empleo, los servicios públicos y el mundo rural, cuestiones que serán “unas de las principales prioridades”

Por parte del PP, la portavoz Leticia García ha definido el pacto como “profuso, completo y amplio” al abordar cuestiones a “fundamentales” en el día a día. Para la procuradora 'popular', las críticas de la oposición vienen “por exigencias del guión” y mienten, algo que ha achacado al portavoz socialista. “La verdad es que sonroja, produce vergüenza ajena escucharles hablar”, ha apostillado.

En la provincia de Salamanca uno puede acercarse hasta uno de los legados más trascendentales de la Guerra de la Independencia Española a través de sus senderos históricos. El escenario donde se libró la batalla de los Arapiles, el 22 de julio de 1812, hoy se ha transformado en un espacio de paz y naturaleza. Mediante el concepto de rutas verdes, antiguos trazados ferroviarios en desuso han cobrado una nueva vida para el disfrute de senderistas y ciclistas. Estas infraestructuras combinan la sostenibilidad ecológica con la funcionalidad del transporte y la recuperación del patrimonio. En este contexto, el sitio histórico de los Arapiles se erige como un hito fundamental para comprender el fin de la hegemonía napoleónica.

Recorrer estos caminos permite al visitante sumergirse en una experiencia que une el deporte con la memoria viva de un conflicto decisivo. La declaración de este espacio como Sitio Histórico en 1994 subraya su indudable valor geológico y cultural para la región. El Camino Natural Vía Verde de la Plata, en su tramo salmantino, ofrece un recorrido de algo más de veinte kilómetros llenos de contrastes. Esta ruta aprovecha el antiguo trazado de la línea férrea que unía Plasencia con Astorga para conectar diversos municipios emblemáticos. El itinerario comienza en Carbajosa de la Sagrada y se extiende hasta la villa histórica de Alba de Tormes, atravesando varias localidades rurales. Municipios como Terradillos, Calvarrasa de Arriba y la propia localidad de Arapiles forman parte de este tejido vial perfectamente señalizado. La orografía del terreno es suave, lo que permite que sea transitada por personas de todas las edades sin grandes dificultades. 

La reconversión de estas vías representa un esfuerzo por dinamizar el turismo sostenible en las zonas rurales de Castilla. Actualmente, España cuenta con más de 3.200 kilómetros de estas redes que fomentan el tráfico peatonal y ciclista. Es una oportunidad para descubrir los secretos de los campos desde una perspectiva muy activa y saludable. En este caso, el paisaje que envuelve al viajero a lo largo de este camino es una muestra excepcional de la biodiversidad de la dehesa salmantina. Durante el trayecto, se pueden contemplar las llanuras típicas de los campos de Castilla, donde el verde se mezcla con tierras en barbecho. Los contrastes cromáticos son espectaculares, variando desde los tonos dorados del cereal hasta el gris de las encinas y el ganado bravo.

El Campo Charro se despliega con todo su esplendor, ofreciendo horizontes anchos y cielos despejados que invitan a la contemplación pausada. Además de las zonas de cultivo, la ruta permite conocer diversos ecosistemas, incluyendo zonas de monte bajo y vegetación ribereña. Lugares como la Isla del Soto, en Santa Marta de Tormes, actúan como auténticos pulmones verdes con sus 14 hectáreas. La observación de aves, como rapaces en vuelo o especies acuáticas junto al río Tormes, añade un valor ecológico destacado. Es un entorno donde la mano del hombre y la naturaleza han convivido creando un mosaico paisajístico único.

El epicentro de esta ruta late con fuerza al llegar al campo de batalla donde se enfrentaron ejércitos aliados y franceses. Las colinas conocidas como el Arapil Grande y el Arapil Chico dominan el relieve y sirvieron como observatorios estratégicos para generales. Desde el Arapil Chico, la artillería inglesa castigó a las tropas de Napoleón, mientras que el Grande fue el bastión del mando francés. El mariscal Marmont y el general Wellington dirigieron sus movimientos desde estos cerros testigo, decidiendo así el destino de la contienda. Hoy en día, la Vía Verde cruza exactamente por el centro de lo que fue este escenario bélico de trascendencia internacional. Un monolito conmemorativo en la cima del Arapil Grande rinde homenaje a los caídos y marca el punto de mayor interés. 

La riqueza patrimonial que rodea el itinerario no se limita exclusivamente a hitos militares, sino que abarca muchos siglos de historia. En Calvarrasa de Arriba destaca la Ermita de Nuestra Señora de la Peña, cuya belleza contrasta con la amplitud del horizonte. Este edificio religioso cumplió una función vital como hospital de sangre durante los intensos combates que tuvieron lugar en 1812. Cerca de sus faldas se encuentran también los vestigios de una antigua plaza de toros, reflejo de las tradiciones locales. El final de la ruta en Alba de Tormes transporta al visitante a la cuna de la Casa de Alba y de Santa Teresa. Allí reposan las reliquias de la santa, en un conjunto histórico que conserva iglesias de estilo románico mudéjar como la de San Juan. 

Vertiente educativa

El castillo de los duques y la muralla medieval son paradas obligatorias para completar esta inmersión en el pasado cultural. La calzada romana de la Vía de la Plata también se cruza en el camino, recordando la importancia de estas tierras. Para los amantes del deporte, existe una ruta circular de 35 kilómetros especialmente pensada para el cicloturismo, que enlaza los puntos más relevantes. Esta propuesta incluye tramos de carril bici, pistas asfaltadas y caminos de tierra que no presentan complicaciones técnicas. La infraestructura se complementa con paneles informativos equipados con códigos QR que ofrecen detalles específicos sobre cada tramo. Además, se han instalado aparcabicis y puntos de uso público para la reparación y el lavado de bicicletas en localidades estratégicas. 

La vertiente educativa es otro de los pilares fundamentales que enriquecen la visita a este entorno histórico de la provincia salmantina. En la localidad de Arapiles se encuentra el Aula de Interpretación, donde se ofrece una visión detallada y didáctica de la batalla. El centro cuenta con una impresionante maqueta que recrea la disposición de las tropas sobre el terreno durante aquel julio. Paneles explicativos narran la secuencia de los acontecimientos y muestran materiales, armamento y munición de los ejércitos enfrentados. Este espacio permite comprender las tácticas militares de la época y la relevancia de cada movimiento estratégico de los generales. En definitiva, la ruta que atraviesa el escenario de la batalla de los Arapiles es mucho más que un simple camino de tierra. Representa la unión perfecta entre el deporte, la sostenibilidad ambiental y la recuperación de la memoria colectiva de un pueblo. 

Las ONG de Castilla y León han anunciado que comienzan a prepararse para responder a los recortes en derechos a los migrantes que se deriven del acuerdo de gobierno entre PP y Vox en Castilla y León, y los propios recortes económicos con la retirada de ayudas a las organizaciones atienden y ayudan a los extranjeros en la Comunidad.

El presidente de la Coordinadora de ONG de Castilla y León, Nacho Baeza, ha recordado que la actividad de estas organizaciones no solo se centran en otros países, sino que tienen mucha actividad también en el propio territorio de Castilla y León, y ha avanzado que mantendrán una reunión para valorar el pacto y fijar una postura común.

Baeza ha indicado que los castellanos y leoneses son “mayoritariamente solidarios”, como muestra un estudio de Manos Unidas que concluye que más del 90 % de la población respalda las acciones de cooperación al desarrollo, cuyas ayudas también se van a limitar en el nuevo gobierno de coalición.

Y considera que no tiene sentido reducir estas ayudas a cooperación, que en este momento equivalen a una aportación de 2,5 euros por cada ciudadano de la comunidad.

En cuanto al concepto de 'prioridad nacional', de ampliación a la hora de acceder a políticas de vivienda y ayudas sociales y públicas, cree que introduce una “lógica potencialmente excluyente” contra la universalidad de los derechos.

Nacho Baeza ha adelantado que también apoyarán a organizaciones que luchan contra el cambio climático porque consideran que está relacionado con la migración, ya que muchos de los que se van de sus países lo hacen porque el incremento de temperaturas hace que no haya alimentos suficientes.

Hace dos años, el PP tuvo que rectificar en Burgos el veto a las ONG que trabajaban con migrantes como impuso por Vox. El Ayuntamiento intentó suprimir las ayudas por valor de 119.000 euros a las tres ONG que trabajan con personas migrantes en la ciudad: ACCEM, Burgos Acoge y Atalaya Intercultural. En ese momento, varias asociaciones de la ciudad —incluida Cáritas— se movilizaron en apoyo a las ONG afectadas.

El Partido Popular se ha entregado a Vox en Castilla y León. El pacto conocido este miércoles deja en manos de Vox toda la carga ideológica de la Junta. El cambio respecto al acuerdo de 2022, momento en que la extrema derecha entraba por primera vez en un gobierno autonómico, es de peso, y se puede interpretar en su literalidad. Hace cuatro años Alfonso Fernández Mañueco (PP) y Juan García-Gallardo (Vox) firmaron un pacto de cuatro páginas, 11 ejes de gobierno y 32 acciones. La mayor parte del documento abundaba en generalidades que quedaron prácticamente en nada. Fue un pacto a regañadientes porque Mañueco esperaba mejores resultados. El de 2026, con 62 páginas, 19 ejes y 324 medidas con plazos establecidos, deja claro que los de Abascal no están dispuestos a un nuevo brindis al sol.

Sin entrar en las medidas, los de Vox, con un escaño más (14) que en 2022 le han sacado partido. Si hace cuatro años negociaron la presidencia del Parlamento, una vicepresidencia y tres consejerías, esta vez renuncian a la presidencia del Parlamento, una decisión que no entienden en las filas, pero se hacen con la vicepresidencia primera de las dos que habrá esta legislatura, la de Vox llevará aparejada una consejería, pero no se sabe cuál. La segunda es para el PP, y se ha reservado las competencias de Vivienda y Ordenación del Territorio, Igualdad de Oportunidades, Despoblación y Protección Civil. Esta vicepresidencia tan heterogénea se explica por las exigencias de Vox, que no solo impone la creación de una nueva consejería, sino que extrae competencias de otras del PP. Así, el PP seguirá teniendo la Consejería de Presidencia, la de Economía y Hacienda, una Consejería de Empleo, Industria, Universidades y Comercio, la de Medio Ambiente y Energía (se incorpora esa segunda área), Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial (otra área que se crea), Sanidad y Bienestar Social (esta última sale de Familia) y Educación. La ampliación o cambios en las áreas de las consejerías viene motivada también por lo que quería Vox.

Vox se queda con Familia y Ayudas sociales para llevar a cabo sus políticas xenófobas

El partido de Abascal liderará una nueva consejería, la de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales. El ámbito de acción de la Desregulación es la rebaja normativa. Pero además asume la antigua Consejería de Familia, si bien la parte de Bienestar Social se la queda el PP, y el área de Ayudas Sociales. Para Vox eran vitales esos dos departamentos para llevar a cabo su política xenófoba denominada eufemísticamente “prioridad nacional” y definida por el “los españoles primero”. Como en la anterior legislatura, se quedan con la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, estas dos últimas áreas se incorporan ahora y salen de Medio Ambiente. Vox no quiere gestionar incendios, pero sí medidas anti ecologistas y Agenda 2030. Está por ver cómo funcionan esas divisiones sin generar un choque. Por último, Vox volverá a estar al frente de Cultura, Turismo y Deporte.

Copia y pega de medidas que superan el ámbito autonómico

Entrando de lleno en el acuerdo, es un documento denso, pero con pocas novedades respecto a los que han firmado Vox y PP en Extremadura y Aragón. De hecho, parece que en la mayoría de las medidas se ha hecho con copia y pega. No sólo eso, es que son medidas de difícil puesta en marcha puesto que exceden las competencias autonómicas. Es el caso de la “prioridad nacional” con el mismo texto para las tres comunidades y que impone entre otras cosas que el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones a quienes tengan un “arraigo real, duradero y verificable”. Para ello insta, entre otras medidas, a modificar la Ley Orgánica 4/2000, algo que debe abordar el gobierno central. Esta es una medida que debe ponerse en marcha “desde el arranque del gobierno”.

Otra coincidencia con Aragón y Extremadura es la “aplicación firme del desahucio exprés y refuerzo de la protección a las víctimas”, que pretende exigir la “legislación vigente que permite el desahucio inmediato de ocupas ilegales, conforme a la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil”. En este caso el plazo es “antes del fin de 2026”. Entre las medidas xenófobas está también el “Plan de retorno y repatriación de inmigración ilegal” y que marca que la Junta trabajará activamente por devolver a los menores no acompañados a sus países de origen. “Para ello, en el ejercicio de sus limitadas competencias en materia de relaciones internacionales (artículo 35.2 de Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social), promoverá acuerdos con los países de origen, que faciliten y agilicen las repatriaciones y retornos efectivos de los menores con sus padres”, el plazo es desde el arranque del gobierno. Para verificar la edad de los inmigrantes “ilegales” habrá una dotación presupuestaria destinada a la realización de pruebas de determinación de edad. “Estas pruebas se aplicarán para evitar fraudes en la condición de menor y el colapso de los servicios”, dice el texto. Este miércoles hemos visto en Aragón un ejemplo de estas nuevas políticas: pruebas de edad a niñas migrantes de nueve años.

Echar a los migrantes y dar 5.000 euros a los castellanos y leoneses que retornen del extranjero

Las medidas que afectan a los migrantes, y son unas cuantas, se despacharon en apenas dos líneas en el acuerdo de 2022, era la última medida y decía: “Promoveremos una inmigración ordenada que, desde la integración cultural, económica y social, y en contra de las mafias ilegales, contribuya al futuro de Castilla y León”. Nada más. Pero en el actual acuerdo, no sólo pretenden cuestionar la edad de los menores no acompañados, que llegarían a Castilla y León ya con las pruebas hechas, repatriarlos llegando a acuerdos con sus países de origen que ya se antojan complicados, es que además hay una medida de “supresión total de subvenciones a ONGs que favorezcan la inmigración ilegal”. El texto dice que se suprimirán todas las subvenciones, ayudas, convenios y conciertos con ONG u otras entidades “que participen directa o indirectamente en la promoción, facilitación o sostenimiento de la inmigración ilegal, o que actúen como cooperadores necesarios de las mafias de tráfico de personas”. “La Junta de Castilla y León no destinará ni un solo euro público a estructuras que incentiven el efecto llamada”, en este caso el plazo comenzará cuando haya un primer presupuesto, esto es en 2027.

Mientras que la Junta de Castilla y León pretende expulsar migrantes y castigar a las oenegés que los ayudan, quiere que los castellanos y leoneses que se han ido, vuelvan. “Consolidaremos emprendimiento el programa y contratación ”Volver a Castilla por cuenta ajena dirigido y León“ de promoción a los castellanos y leoneses residentes en el exterior para que regresen a trabajar a la Comunidad concediendo de 5.000 euros tanto a los retornados que emprendan un negocio en la Comunidad las empresas de nuestra tierra que los contraten por cuenta ajena”, dice una de las medidas.

Vox impone además una “auditoría anual de todos los gastos vinculados a la inmigración masiva” para ·“garantizar el mínimo desembolso de acuerdo con el marco legal vigente”, la auditoría será anual y se hará pública.

Como era de esperar, Vox también ha introducido en Castilla y León la medida para eliminar el “burka”, un atuendo que raramente se ve. “La Junta de Castilla y León prohibirá el uso del burka y nicab y de cualquier prenda similar” que oculte completamente el rostro en lugares públicos.

A vueltas con la Sanidad Animal

Una medida que no aparece en los acuerdos de otras comunidades es la de “Mejora de la sanidad animal”. Contempla una “adecuada previsión frente a enfermedades animales como la tuberculosis bovina o enfermedades emergentes” que garantiza la vacunación gratuita frente a enfermedades emergentes. Además, pretenden exigir al gobierno central “la actualización de las tablas de indemnizaciones y el pago inmediato de las mismas”. Se desarrollarán “nuevos protocolos de actuación que determinen y adecuen el alcance de los cambios introducidos por la Ley 6/2024, de 17 de junio, de modificación de la Ley 6/1994, de 19 de mayo, de Sanidad Animal de Castilla y León”.

Esta medida viene por uno de los mayores fracasos de Vox en Castilla y León, cuando en 2023, el consejero de Ganadería decidió relajar las medidas contra la tuberculosis bovina. La situación se volvió crítica cuando el ministerio del ramo dictó orden de inmovilizar ganado en Castilla y León, y las pérdidas fueron millonarias en el sector. Los ánimos se caldearon tanto que los ganaderos asediaron la sede de la Junta en Salamanca, causaron destrozos e hirieron a Policías.

El término 'violencia de género' no aparece y las políticas de igualdad tampoco

Otra medida que no está en otras comunidades es la de la Ley de Concordia, que empezó a tramitarse en la legislatura anterior y se quedó en un cajón cuando Vox dejó el gobierno. El proyecto de ley que no recuperan es el de la Ley de Violencia de Género que se acordó en el pacto de 2022 y nunca vio la luz. Tampoco lo hará en esta legislatura. En el pacto no aparecen políticas contra la violencia de género, de hecho, no aparece el término, tan solo el de “violencia sobre la mujer” y no demasiadas veces: una para hablar de aplazamiento del pago de tributos a mujeres víctimas de violencia y en la parte que habla de tipos reducidos en impuesto patrimonial para la adquisición de la primera vivienda. Tampoco aparecen las políticas de igualdad, aunque es una de las áreas desgajadas de Familia que se queda el PP.

Las infraestructuras: medidas sin efectividad porque son peticiones al gobierno central

El apartado de infraestructuras roza el surrealismo, porque hace un listado de lo que exige al gobierno central y que pasa por acabar autovías pendientes como las A‑11, A‑12, A‑15, A‑40, A‑60, A‑73 y A‑76, convertir en autovías la N‑234 (Burgos–Soria–Calatayud) y N‑610 (Palencia–Benavente) e incluso actuaciones ya previstas y licitadas como es el caso del tercer carril en la A-62. También hay peticiones deinfraestructurass ferroviarias, como un Corredor Atlántico para el que en la pasada legislatura, la Junta llegó a contratar a un “delegado”, el expresidente de las Cortes por Ciudadanos, Luis Fuentes. Poco se sabe de su cometido y de los hitos alcanzados.

Se pide además reabrir rutas como la Ruta de la Plata (Plasencia–Salamanca–Zamora–Benavente–Astorga), Madrid–Aranda–Burgos y Soria-Castejón. Caen también las peticiones de más plazas y frecuencias de Avant, lanzaderas AVE para algunas estaciones, declaraciones de líneas de Obligación de Servicio Público... pero compromisos de la Junta, pocos más allá de finalizar algunos planes territoriales de fomento.

Hay muchas medidas que claramente vienen del Partido Popular, estaban en el programa: un presupuesto de 10 millones de euros para sustituir bañeras por platos de ducha en viviendas de personas mayores, en principio sin límite renta, una deducción en el IRPF del 30% que se gaste en actividades saludables como gimnasios con un límite de 150 euros año, ayudas de hasta 900 euros para jóvenes en el carnet de conducir... y los famosos impuestos cero: cuota cero para nuevos autónomos los primeros 24 meses, política fiscal de impuestos cero en el medio rural para la transmisión de propiedades, vivienda habitual, explotaciones, compra de locales o impuestos cero para las transmisiones patrimoniales en el medio rural. En definitiva, el acuerdo aprieta las tuercas a Mañueco, busca el enfrentamiento con el gobierno central y pone sobre la mesa las debilidades de la legislatura que empieza en breve.

Los delitos de odio han crecido un 46,2 % en Castilla y León en 2025, con 136 infracciones penales, la cifra más alta de la serie histórica -que arrancó en 2021-, y Segovia presenta la tasa provincial más alta del conjunto del país, con 22,09 delitos por cada 100.000 habitantes.

Son datos del informe sobre la evolución de los delitos e incidentes de odio en España del Ministerio del Interior, que se ha presentado en la sede del Centro Tecnológico de Seguridad (CETSE), en Madrid, que muestra un incremento del 23,6 % en España hasta las 2.414 infracciones, también con récord histórico.

En Castilla y León se registraron el pasado año 136 hechos delictivos frente a los 93 del 2024, con una subida del 46,2 %, y unos datos que superan los de 2023, que con 115 infracciones penales era hasta el momento la cifra más alta de la serie histórica.

Destacan los delitos por xenofobia o racismo, con 48 infracciones (37 del año anterior), y por orientación sexual e identidad de género, con 20 (fueron 17 en 2024); se han registrado también 7 por creencias o prácticas religiosas (uno el año anterior), 2 por antisemitismo (la mitad) y uno por islamofobia (el doble).

Los delitos de antigitanismo han pasado de 4 a uno, pero han subido de 2 a 5 los de por aporofobia; han sido 6 los delitos de discriminación por razón de género o sexo (9 en 2024), 3 por disfobia (uno más) y 9 por cuestión de ideología (frente a los 15 del año anterior).

El informe del Ministerio del Interior recoge igualmente que en 2025 se esclarecieron 70 delitos de odio, cifra similar a la de 2024, cuando fueron 76; de ellos, un delito corresponde a antigitanismo, 2 a aporofobia, 5 por creencias o prácticas religiosas, 4 por discriminación de género o sexo, 1 por disfobia, 4 por ideología, 12 por orientación sexual o identidad de género y 41 por xenofobia o racismo.

Además, se registraron 116 victimizaciones, frente a las 92 del año anterior. Y se detuvieron o investigaron a 37 personas por delitos de odio, cuando en 2024 fueron 55.

Segovia, la tasa provincial más alta del país

Los datos del informe muestran que Castilla y León cerró el 2025 con una tasa de 5,67 delitos de odio por cada 100.000 habitantes, a la mitad de una tabla que encabezan Melilla, con 21,9, por delante de Navarra, con 15,6, y de la otra ciudad autónoma, Ceuta, con 10,8.

Sin embargo, analizando los datos por provincias, Segovia presenta la tasa provincial más alta, de 22,09 delitos por cada 100.000 habitantes, tras pasar de 6 infracciones penales en 2024 a 35, la cifra más alta de todas las provincias de Castilla y León.

Entre las diez provincias con las mayores tasas se encuentra también Zamora, que con 9,68 delitos por cada 100.000 habitantes ocupa el puesto número seis, tras registrar 16 delitos frente a los 12 del año anterior.

En Ávila se contabilizaron 10 delitos de odio, el doble que en 2024, mientras que los 19 de Burgos están por debajo de los 30 del año anterior; fueron 14 en León (12), 7 en Palencia (8), 12 en Salamanca (2), 2 en Soria (1) y 21 en Valladolid (17).

En España suben prácticamente todos los delitos

En el conjunto del país, aunque han subido todos los delitos de odio excepto la discriminación generacional, los incidentes de racismo y xenofobia se sitúan a la cabeza de la lista, con 934 hechos, lo que supone un aumento del 16,1 % con respecto al año anterior.

En segundo lugar se sitúan los delitos por orientación sexual e identidad de género, con 571 contabilizados, mientras que en tercer lugar aparecen los delitos por ideología, con 241 y que representan un incremento del 64 % respecto al año anterior.

El mayor incremento en la tipología de delitos se produce en la islamofobia, con un aumento del 133 % con respecto al año anterior, y después le siguen la disfobia -odio a personas con discapacidad-, con un 90 %, y el antisemitismo, con un 86,5 %.

El informe apunta a un incremento de los hechos de islamofobia en el ámbito digital, con un aumento del 450 %, y también aumenta la participación de los menores en los delitos, tanto a nivel de víctimas como de autores.

Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado detuvieron o investigaron por delitos de odio a un total de 1.018 personas, un 78,5 % hombres, y que representa un aumento del 12,5 % con respecto a 2025 en cifras totales.

Además, el 65,6 % de los casos han sido esclarecidos, según los datos de Interior.

Marlaska ve preocupante el número de menores implicados

En su intervención al inicio de la reunión, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha subrayado que es “especialmente preocupante” el aumento de la participación de los menores tanto en calidad de víctimas -un 17 % más- como de autores de los delitos, con un incremento del 20 %.

 Además, ha reclamado dar más visibilidad a los delitos de odio en la sociedad. “Sólo a través de la sensibilización social lograremos mejorar su detección”, ha apuntado el ministro.

“No debemos olvidar que este tipo de hechos constituyen un ataque directo a los principios de libertad, respeto a la dignidad humana y a los derechos fundamentales”, ha dicho Marlaska, que ha dejado claro que no permitirán que “el odio y la discriminación erosionen la convivencia”. 

El PP y Vox han anunciado este miércoles un acuerdo para investir a Alfonso Fernández Mañueco como presidente de Castilla y León. A cambio de su apoyo, y como ya ocurrió en 2022, la extrema derecha volverá al Gobierno de Mañueco con una vicepresidencia y tres consejerias. La formación ultra ha impuesto de nuevo su agenda extremista con la “prioridad nacional”.

Mañueco ha justificado la “prioridad nacional” con un texto que es “el mismo en Extremadura y en Aragón” y que se aplicará como “criterio inspirador”

El acuerdo, que ambas formaciones han hecho público este mediodía, dice que “no se habilitará ningún nuevo centro de acogida de inmigrantes ilegales durante la legislatura ni se ampliarán vinculados plazas en los existentes” . También se reforzarán “los protocolos de intervención y disciplina en los centros de menores”.

Este es el documento íntegro del acuerdo:

La empresa salmantina Perfumerías Avenida ha anunciado el inicio de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que podrá afectar hasta un centenar de trabajadores, cerca del 15% de una plantilla compuesta actualmente por unos 700 empleados. La medida forma parte de un proceso de reestructuración con el que la compañía busca adaptarse a los cambios experimentados por el sector de la perfumería y la cosmética durante los últimos años.  

Según ha explicado el nuevo consejero delegado del Grupo Recio, Javier Alonso, la negociación con los representantes de los trabajadores ya ha comenzado y se prolongará aproximadamente durante un mes y medio. El ajuste afectará únicamente al personal de tienda y no alcanzará a otros departamentos como logística, almacenes o administración. Además, irá acompañado del cierre de varios establecimientos.  

La dirección de la empresa atribuye esta decisión a la caída sostenida de las ventas desde la pandemia y a la transformación de los hábitos de consumo, cada vez más orientados hacia la compra a través de canales digitales. La compañía pretende reforzar precisamente su presencia online para recuperar competitividad en un mercado cada vez más dominado por el comercio electrónico.  

Perfumerías Avenida es una de las firmas comerciales más reconocidas de Salamanca. Integrada en el Grupo Recio, una empresa familiar con sede en la capital salmantina, sus orígenes se remontan a principios del siglo XX y a la actividad farmacéutica iniciada por Manuel Recio Sánchez. La actual cadena de tiendas nació en los años 80, dentro de la expansión comercial impulsada por la segunda generación de la familia. Solo en Castilla y León cuenta con más de 80 establecimientos.

En la actualidad cuenta con más de 200 tiendas en toda España, con liderazgo en Castilla y León y Galicia, repartidos por diez comunidades autónomas y presencia en más de 90 municipios españoles, además de una importante red logística y de distribución. La empresa desarrolla actividad tanto en el comercio minorista como en la distribución mayorista de productos de perfumería, cosmética, parafarmacia y cuidado personal.  

La compañía también es ampliamente conocida por su vinculación con el deporte femenino a través del club de baloncesto salmantino Club Baloncesto Perfumerías Avenida, una de las entidades más exitosas del baloncesto español, patrocinada desde hace más de dos décadas por el Grupo Recio. Ese vínculo decayó hace escasas semanas después de 25 años, afectado por la situación económica de la distribuidora.

El Partido Popular y Vox han llegado a un acuerdo después de más de dos meses de negociaciones. Tal y como han anunciado este miércoles en una rueda de prensa en las Cortes de Castilla y León, el hasta ahora presidente en funciones, Alfonso Fernández Mañueco (PP) estará al frente de un gobierno de coalición con Vox en el que la extrema derecha tendrá, como en 2022 la vicepresidencia de la Junta y tres consejerías. Una de ellas será de nueva creación (como en Extremadura y Aragón), la de Desregulación. Vox volverá a tener las de Agricultura y Ganadería y Cultura, Turismo y Deporte y algunas competencias que se trocean de las siete consejerías que asume el PP.

Mañueco ha avanzado que se trata de un acuerdo “amplio”, con 19 ejes y 324 medidas y 62 hojas, que ofrece estabilidad a Castilla y León y que es para cuatro años. “Yo creo que hoy es un día bueno para Castilla y León. Hemos alcanzado un acuerdo de gobierno que responde al resultado de las urnas y a la voluntad expresada por todas las personas de Castilla y León el 15 de marzo. Es un acuerdo de gobierno que ofrece estabilidad a nuestra tierra y es un acuerdo de gobierno para cuatro años. Es un acuerdo de gobierno que busca el crecimiento económico y la creación de empleo, que busca también el fortalecimiento de los servicios públicos, el apoyo a los jóvenes, a los mayores, a las familias de nuestra comunidad autónoma, que tiene un compromiso claro con el campo, con los agricultores y ganaderos. En fin, como ya he dicho, un acuerdo de gobierno amplio y extenso que toca todos los sectores y prácticamente todos los temas”, ha dicho.

El gobierno estará conformado por 11 integrantes, tres de Vox, más un vicepresidente, y seis consejeros del PP y una vicepresidencia.

Carlos Pollán, que será el vicepresidente primero, ha agradecido “la paciencia y la comprensión (de Mañueco) durante la negociación. ”Va a suponer un impulso definitivo a las políticas de la Junta de Castilla y León y para los ciudadanos. Agradezco su predisposición al diálogo, fluido, por haber entendido el mandato de las urnas“, ha dicho. ”Por supuesto, como ya entiendo que me lo van a preguntar después, pues habrá prioridad nacional en las ayudas a la vivienda y en las ayudas sociales y un trabajo importante de fiscalidad para las familias y para los jóvenes y para el mundo rural en Castilla y León“, ha avanzado. La prioridad nacional ha concretado después, pasan por ”un rechazo y un plan de choque contra las políticas migratorias de Pedro Sánchez y muchas acciones que van a ser importantes para los ciudadanos de Castilla y León“. Así, se ha referido a un plan de vivienda ”muy detallado y que va a facilitar la vida a muchos, a muchas personas de Castilla y León“. Ha añadido que es un acuerdo con ”muchas horas de trabajo“ que ha agradecido también a la secretaria general adjunta Montserrat Lluis, y portavoces nacionales José María Figaredo y Carlos Quero.

“El mismo texto que en Extremadura y Aragón”

Mañueco ha intentado justificar la “prioridad nacional” diciendo que es el “mismo texto que en Extremadura y Aragón” y que trata de “una asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes tienen un arraigo real, verificable, efectivo” y siempre “dentro del marco del ordenamiento jurídico y del marco legal”, y asumiendo esa prioridad nacional como “criterio inspirador”.

Entrando a la conformación del Gobierno, Mañueco ha explicado que habrá dos vicepresidencias y que la primera será para Vox. Aunque lleva aparejada una consejería no se ha decidido aún cuál. La segunda será para el Partido Popular y tendrá competencias de Vivienda y Ordenación del territorio, Igualdad de oportunidades y Despoblación y protección civil. El PP tendrá también la Consejería de Presidencia, la Consejería de Economía y Hacienda, la Consejería de Industria, Empleo, Universidades y Comercio. Vox tendrá una Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas sociales. Sanidad seguirá en manos del PP, igual que Educación, mientras que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, corresponderá a VOX y la de Medio Ambiente y Energía corresponderá al Partido Popular y la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte a VOX. Aunque olvidó mencionarlo en rueda de prensa, el PP tendrá una Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial. En definitiva, se trocean varias consejerías para que Vox cumpla con un programa contra los migrantes o la agenda 2030.

La anterior legislatura con Vox en el gobierno fue un fracaso total porque apenas lograron que se cumpliese alguna de las medidas que se plasmaron en un acuerdo muy general. Atrás quedaron una Ley de Violencia Intrafamiliar que se tramitó pero no vio la luz, las medidas antiaborto que se presentaron en una rueda de prensa y que hubo que cancelar, o la Ley de Concordia. Carlos Pollán ha asegurado fiarse de Mañueco. “Por eso estamos aquí y por eso hemos ido medida a medida”.

El Partido Popular y Vox firmarán a las 12.00 su pacto de gobierno en Castilla y León, después de casi tres meses de negociación. Las negociaciones, de las que no han trascendido fechas ni temas tratados, se aceleraron la semana pasada y se finiquitaron ayer, momento en el que el PP nacional fue consciente de que no había opción real a una moción de censura contra Pedro Sánchez.

La normativa de Castilla y León no establece plazos para celebrar un debate de investidura aun con el candidato designado y Alfonso Fernández Mañueco se agarraba a ese vacío legal para retrasarla lo que fuese necesario y a expensas de unas hipotéticas elecciones generales.

[Actualización: Mañueco también acata la 'prioridad nacional' y da a Vox una vicepresidencia y tres consejerías en Castilla y León]

Los números de Mañueco son los peores de las autonómicas que se han celebrado en los últimos meses: En Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla tiene 27,7 puntos más que la ultraderecha; en Extremadura, María Guardiola sacó 26,2 puntos de ventaja, en Aragón, Jorge Azcón superó a la extrema derecha en 16,38 puntos y Mañueco no pasó de los 16,05 puntos.

El martes todo cambió y ambos partidos se emplazaron a una última reunión, esta vez por videoconferencia para cerrar un acuerdo de gobierno de coalición.

Según ha podido saber elDiario.es la “prioridad nacional” no ha supuesto un desencuentro entre los dos partidos a la hora de cerrar el pacto. En 2022 Alfonso Fernández Mañueco ya defendió una “inmigración ordenada”, término que no supo explicar en una rueda de prensa.

La negociación, cuentan fuentes de Vox, ha sido “medida a medida” y con compromiso de plazos para que esta vez el PP no aparque sus compromisos con extrema derecha tal y como ocurrió en la anterior legislatura. Siguiendo el programa de Vox, parece claro que sus medidas pasan por la “prioridad nacional”, el bloqueo de acogida de menores no acompañados, la ley de violencia intrafamiliar o una vez más, el boicot a los sindicatos reduciendo o eliminando subvenciones.

En cuanto a las consejerías, es de esperar que Vox pida una vez más Agricultura y Ganadería, posiblemente Familia, un departamento que en 2022 Mañueco casi le cedió, y Cultura y/o Educación. También podría desgajarse Medio Ambiente, un área que Vox ha ocupado en otros gobiernos autonómicos como el de Extremadura. Además, se da por hecha la vicepresidencia, esta vez con cartera para Carlos Pollán, que ya ha insinuado que le gustaría ocuparse de Deportes, una parte que habría que sacar de Cultura.

El sindicato CCOO ha anunciado movilizaciones en las nueve provincias de Castilla y León ante lo que considera una situación de “caos absoluto” en el operativo autonómico de lucha contra incendios forestales, a pocos días del inicio de la campaña de alto riesgo y en un contexto marcado por la abundancia de combustible vegetal y las elevadas temperaturas.

El sindicato ha denunciado este martes en una rueda de prensa la falta de planificación, la ausencia de calendarios de guardias para parte del personal, el incumplimiento de normativa laboral y la insuficiencia de medios humanos y materiales para afrontar una campaña que prevé especialmente complicada.

El coordinador del sector autonómico de CCOO Castilla y León, Juan Carlos Hernández, ha advertido de que la Comunidad afronta el verano con “mucho peligro” debido a la acumulación de vegetación en los montes y a temperaturas que ya superan los 30 grados, mientras que los recursos disponibles “no son ni mucho menos los prometidos, ni los que todos esperábamos ni los necesarios”.

A su juicio, el operativo se sostiene sobre “pies de barro” debido a problemas estructurales que arrastra desde hace años y a la falta de desarrollo normativo de aspectos esenciales como el decreto de guardias.

Según ha explicado, el 15 de mayo debería haber estado aprobado el calendario de guardias del personal, pero ha asegurado que muchos trabajadores siguen sin conocer cuándo deberán prestar servicio.

“Malestar general”

“Hay un malestar general en todos los colectivos”, ha afirmado Hernández, quien ha acusado a la Consejería de Medio Ambiente de no haber atendido durante años las reivindicaciones de agentes medioambientales, celadores, conductores, peones, vigilantes, ingenieros forestales y personal de los centros de mando.

Ante esta situación, CCOO ha convocado asambleas informativas y concentraciones ante las delegaciones territoriales de la Junta en las nueve provincias.

Las protestas se celebrarán el 10 de junio, salvo en Valladolid, donde tendrán lugar el día 11, víspera del inicio de la campaña de alto riesgo.

Por su parte, el responsable de Medio Ambiente de FSC-CCOO Castilla y León, José Ramón González, ha asegurado que el operativo atraviesa una situación de “caos absoluto” y ha sostenido que la organización de los recursos es “mucho peor que la del año pasado”.

El sindicalista ha afirmado que algunas provincias cuentan actualmente con una disponibilidad de medios cercana al 30 % y ha acusado a la Consejería de carecer de capacidad de reacción pese a que las condiciones meteorológicas ya anticipaban un escenario de riesgo elevado.

“La situación es muy parecida a la que pasó en Zamora en 2022”, ha advertido sobre el año en el que se produjo el peor incendio de la historia de la Comunidad.

CCOO también ha denunciado la falta de adaptación del operativo a la Ley de Bomberos Forestales, la escasez de personal y la existencia de diferencias entre las condiciones laborales de los trabajadores públicos y los pertenecientes a empresas privadas contratadas por la Administración.

Entre las críticas figura además la ausencia de calendarios de trabajo, la acumulación de jornadas que, según el sindicato, pueden alcanzar las 17, 20 o incluso 22 horas y la incorporación de personal con formación insuficiente para participar en tareas de extinción.

El sindicato ha recordado asimismo que mantiene una demanda judicial por presuntos incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales y no ha descartado nuevas medidas de presión durante las próximas semanas.

Finalmente, Hernández ha asegurado que no le gustaría estar “en el pellejo” del futuro consejero de Medio Ambiente por la situación que heredará al inicio de la campaña de incendios, aunque ha reclamado que una de sus primeras decisiones sea el cese del actual director general de Patrimonio Natural y Política Forestal.

El sindicato considera que la gestión de los últimos años ha sido un fracaso y sostiene que el nuevo Ejecutivo deberá afrontar de forma urgente la aplicación de la Ley de Bomberos Forestales, la ampliación de plantillas y la reorganización de un operativo que considera “obsoleto”.

Renault España y los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO han suscrito este martes el convenio colectivo para el periodo 2026-2028 que asegura el empleo de más de 6.000 trabajadores en Valladolid, Palencia, Sevilla y Madrid, y refuerza el futuro industrial con la asignación de cinco vehículos a las fabricas de Palencia y Valladolid.

Renault ha calificado el acuerdo de “histórico”, ya que además de asegurar más de 6.000 empleos directos, supone el arranque de la producción de vehículos eléctricos en España, un nuevo hito histórico en los 75 años del grupo en el país.

“Este acuerdo convertirá a España en referente tecnológico del dispositivo industrial global del grupo, gracias a la adjudicación de la plataforma más moderna e innovadora de Renault Group, que permitirá la producción de vehículos eléctricos”, ha afirmado la empresa en un comunicado.

El convenio ha sido posible gracias al apoyo de los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, que ratificaron en sus asambleas de este fin de semana su apoyo a un acuerdo con 63 medidas en materia de costes salariales, flexibilidad, empleo o aspectos sociales para el periodo 2026-2028.

Para UGT y CCOO el convenio suscrito este martes asegura el futuro de Renault y del tejido industrial, consolida el empleo de las plantillas y garantiza beneficios salariales y sociales para los trabajadores. Además, UGT destaca que las 63 medidas del documento incluyen casi el 70 % de sus propuestas.

“Hemos firmado un acuerdo responsable, que demuestra una vez más la competitividad de las factorías españolas, a la vez que ofrece una plataforma de medidas muy completa para responder a muchas de las necesidades expuestas por las organizaciones sindicales”, ha afirmado Reyes Torres, directora de Recursos Humanos de Renault Group España.

Cinco modelos, tecnologías punteras y coche eléctrico

Torres ha incidido en que el acuerdo refuerza el papel de las plantas españolas en la transformación hacia la movilidad eléctrica.

En ese sentido, el acuerdo hace posible la adjudicación de cinco nuevos modelos, tres vehículos para la factoría de Palencia, dos de ellos multienergy platform y un vehículo hybrid long life, y el mantenimiento de dos vehículos hybrid long life en la factoría de Valladolid.

Con ello se aseguran las condiciones necesarias para el futuro de la planta de Valladolid y por otro se introduce un cambio de paradigma en la factoría de Palencia con la adjudicación de la nueva plataforma eléctrica RGEV Medium 2.0.

Se trata de una plataforma al más alto nivel del Grupo en innovación tecnológica, capaz de ofrecer hasta 750 kilómetros de autonomía WLTP en eléctrico y hasta 1.400 kilómetros de autonomía WLTP en rango extendido.

Esta plataforma, presentada en el plan estratégico futuREady el pasado marzo, hará posible que Renault Group arranque la producción de vehículos eléctricos en España, consolidando el compromiso y el papel clave de las factorías españolas en la nueva era de la movilidad sostenible, generando valor añadido, empleo cualificado y oportunidades de innovación en toda la cadena de valor.

Reyes Torres ha sostenido que el Grupo “vuelve a confiar en el saber hacer de los equipos españoles, asignando cinco nuevos vehículos a España y adjudicando a la factoría de Palencia la plataforma más avanzada e innovadora a nivel mundial, situando a nuestro país como referente tecnológico”.

63 medidas con mejoras laborales

Esos acuerdos del Plan Industrial, con esa asignación de cinco vehículos, han pesado en la decisión de los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO de suscribir el convenio, junto a otros puntos como el aumento del salario fijo y variable, las mejoras en flexibilidad y Bolsa de Horas, aumentando el plus, limitando el número de sábados laborales y asegurando descanso entre festivos, o los 300 trabajadores indefinidos.

También se ha valorado para la firma las mejoras en las condiciones de trabajo, con la creación de la comisión de absentismo, donde se trabajará en los ritmos o las salidas con contrato de relevo a los 61 años, así como las inversiones en la climatización y los descuentos en la compra de coches o el Plan de Salud incluyendo gimnasios gratuitos, entre los aspectos sociales.

Para Sergio García, delegado de CCOO de Renault España, esta firma garantiza un avance en materia salarial, condiciones laborales y aporta seguridad en una situación, especialmente compleja, para la industria de la automoción, marcada por la transformación tecnológica del sector y las incertidumbres geopolíticas internacionales.

CCOO ha defendido que durante toda la negociación ha primado la responsabilidad y la defensa del interés colectivo de las personas trabajadoras, buscando un equilibrio entre la mejora de las condiciones laborales y la garantía de futuro para las plantas de Valladolid y Palencia.

Los dos sindicatos mayoritarios han valorado el acuerdo y han agradecido el respaldo de los trabajadores que han participado en las asambleas y en las movilizaciones “para demostrar que no estaban dispuestos a un retroceso en sus derechos laborales”.

“Ahora toca trabajar, pero lo fundamental es que vamos a seguir teniendo trabajo y que van a entrar unas tecnologías que van a ser punteras para el coche eléctrico en Castilla y León y eso va a asegurar el trabajo a cientos de familias en España”, ha afirmado García.

SCP, CGT y CSIF: no al acuerdo

El acuerdo ha salido adelante sin el apoyo de los sindicatos SCP, CGT y CSIF que han considerado insuficientes las medidas salariales, laborales y sociales incluidas en el documento. Por su parte. CGT ha convocado concentraciones mañana miércoles para protestar contra la firma del convenio colectivo 2026-2028 de Renault España que se concretará este martes en Valladolid y que afectará a más de 6.000 trabajadores de Valladolid, Palencia, Sevilla y Madrid.

Bajo el lema “Concentraciones por un convenio digno”, la CGT ha hecho un llamamiento a los trabajadores a concentrarse en los centros de Valladolid y Palencia para exigir “más salario, más derechos y menos flexibilidad”. El delegado general de DGT Renault España, Miguel Ángel León, ha defendido que no se han cumplido con las “necesidades mínimas” y la recuperación del salario es “mínima”, de 400 euros en tres años.

Las concentraciones se celebrarán a las puertas de las plantas de Carrocerías y Montaje en Valladolid y de la fábrica de Villamuriel de Cerrato (Palencia) desde las 13:15 horas hasta las 14:45 horas, según informa la CGT. “Es la única herramienta que podemos poner al servicio de nuestros compañeros para poder mostrar ese descontento”, ha agregado León. De esta forma, la CGT quiere escenificar su rechazo al convenio que suscriben este martes la Dirección de Renault España y los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO. También se han opuesto a la firma de este convenio el Sindicato de Cuadros y Profesionales SCP y CSIF.

El presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha anunciado que la Comunidad no acudirá a la reunión bilateral con el Gobierno central sobre financiación autonómica. “Lo que es de todos se negocia entre todos. Castilla y León no irá a una reunión bilateral con el Gobierno de Sánchez sobre financiación autonómica”, ha apuntado el líder del Ejecutivo autonómico.

Mañueco ha indicado que su gobierno no va a aceptar una propuesta que asigna a nuestra Comunidad “el 1,29% de los fondos”, cuando Castilla y León representa “casi el 20% del territorio y el 5% de la población de España”. “Exigimos una financiación justa que garantice los servicios públicos en todo el territorio”, ha apuntado en un mensaje publicado en X. Mañueco planta así al Ejecutivo de Sánchez en el intento de reformar la financiación autonómica, al igual que las comunidades gobernadas por el PP

Este lunes, el ministro de Hacienda, Arcadi España, ha enviado una carta a los consejeros de Hacienda de las comunidades para convocarles a reuniones bilaterales con el objetivo de abordar la reforma del sistema de financiación autonómica, con el objetivo de que el nuevo modelo entre en vigor el 1 de enero de 2027.

Estas reuniones con cada uno de los Gobiernos regionales son el paso previo a que la reforma del sistema de financiación autonómica se presente ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el órgano multilateral que reúne a Hacienda con los consejeros autonómicos del ramo, y después se apruebe en el Consejo de Ministros para arrancar la tramitación parlamentaria.

Las conversaciones técnicas para abordar la reforma del sistema quedaron paralizadas ante el relevo en el Ministerio de Hacienda y la sucesión de convocatorias electorales desde principios de año. Ahora, toda vez que las elecciones en Andalucía han quedado atrás y no se esperan nuevas citas en el horizonte, el Gobierno ha retomado uno de los asuntos más espinosos que les quedaba en cartera.

20.975 millones de euros más de financiación

El Gobierno, según ha remitido en una nota de prensa, se ha puesto el objetivo de que el nuevo sistema de reparto, que aportaría 20.975 millones de euros extra a los recursos de las autonomías, quede aprobado en el Congreso antes de final de año y entre en vigor a 1 de enero de 2027. La inyección dispara el total de la financiación de la que dispondrán las comunidades autónomas hasta los 224.057 millones.

Estas cuantías salen de una mayor cesión de los principales impuestos: el IRPF (del 50 al 55% de la recaudación) y el IVA (del 50 al 56,5%), así como de una aportación adicional del Estado que Hacienda ha cifrado en 19.000 millones de cara al año que viene.

Para el reparto de los recursos, el Gobierno ha diseñado una metodología que calcula la población ajustada. Es decir, la población residente en un territorio, ponderada por una serie de variables (como el envejecimiento o los universitarios procedentes de otras comunidades, por ejemplo) que deberían acercar esta cifra a las verdaderas necesidades de una región para cubrir sus servicios públicos.

Hacienda ha proyectado también un fondo climático de 1.000 millones de euros, del que dos terceras partes irá destinado a las comunidades mediterráneas; y otro ajuste adicional por valor de 400 millones para que ninguna autonomía obtenga menos recursos de los que recibiría con el sistema en vigor actualmente. Además, abre la puerta a que los territorios que lo pidan reciban una parte de la recaudación del IVA de las pymes que se genera en su territorio. 

Con este sistema, según los cálculos del Ejecutivo, la diferencia entre las comunidades mejor y peor financiadas se reduciría de los 1.500 euros por habitante ajustado en la actualidad hasta el entorno de los 700 euros, menos de la mitad.

El PSOE critica a Mañueco por la falta de respeto institucional

El secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa, ha afeado a la Junta de Castilla y León falta de responsabilidad y respeto institucional. El líder socialista ha mostrado su “sorpresa por la negativa del Ejecutivo autonómico, que como ”interlocutor formal“ no tiene ”la deferencia ni la responsabilidad institucional“ de acudir a la reunión para plantear una propuesta, una alternativa al modelo de financiación del Gobierno central.

“No lo quiero, no me gusta y no voy”, ha insistido el socialista, y ha reconocido que “lo cómodo” para la Junta de Castilla y León y el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, es no acudir al encuentro, porque “están de vacaciones” a la espera del “pacto de la vergüenza con Vox.

Daniel de la Rosa ha recordado que el PSOE ya reconoció en su momento que la propuesta del Gobierno les parecía “insuficiente”, en cuanto a la planteada para Castilla y León en comparación con otras comunidades, de ahí que pidieran una modificación más acorde a las necesidades de la autonomía.

Por ese motivo, el socialista cree que la Junta ganaría credibilidad si se sentara a hablar con el Ministerio de Hacienda con una propuesta alternativa que mejore las condiciones de financiación autonómica y ha insistido en criticar la respuesta del “no voy” del presidente Mañueco.

Castilla y León anotó en mayo 2.609 parados menos que en abril, con un 2,62 por ciento de recorte que dejó en 97.155 los desempleados en esa comunidad, que en ese mes sumó 9.815 cotizantes más a la Seguridad Social, para superar de nuevo el millón de afiliados, con 1.006.379.

Los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han publicado este martes los datos de paro y afiliación de mayo en Castilla y León, que recogen que la comunidad tiene 4.522 parados menos que en el mismo mes del 2025, el -4,45 por ciento, ligeramente por debajo del -5,47 por ciento nacional.

En comparativa anual, Castilla y León cerró mayo con 17.876 cotizantes más que hace un año, el 1,81 por ciento más.

La Comunidad anota el segundo mayor recorte autonómico en dato relativo

En el conjunto nacional, el mercado laboral sumó en mayo 231.975 afiliados de media hasta superar los 22,33 millones; y en cuanto al desempleo, el paro bajo en mayo en 36.323 personas en España, el 1,54 por ciento, que dejó en 2.320.721 los desempleados

El paro registrado en mayo de 2026 bajó en todas las comunidades respecto al mes anterior y Castilla y León anotó el quinto mayor recorte en dato absoluto y el segundo relativo a la par que Galicia y sólo por detrás de Baleares.

Soria anotó la mayor bajada mensual y el único aumento anual

El desempleo bajó en todas las provincias de la comunidad, por encima del 3 por ciento respecto a abril en Ávila, Salamanca, Segovia, Zamora y Soria.

Destacó el recorte del 3,80 por ciento del paro en mayo respecto a abril en la provincia soriana, a la cabeza nacional.

Respecto a abril el paro bajo en Ávila (-3,35%), Burgos (-2,64%), León (-1,84%), Palencia (-2,59%), Salamanca (-3,29%), Segovia (-3,74%), Soria (-3,80%), Valladolid (-1,85%) y Zamora (-3,38%).

En términos anuales, el número de parados registrados disminuyeron en Ávila (-4,42%), Burgos (-5,71%), León (-4,85%), Palencia (-2,57%), Salamanca (-7,11%), Segovia (-5,78%), Valladolid (-3,61%) y Zamora (-1,11%) y sólo aumentaron en Soria (2,65% y 68 parados más en doce meses).

Bajada en todos los sectores salvo en el de sin empleo anterior

En mayo, el paro bajo respecto al mes anterior en todos los sectores salvo en el de sin empleo anterior, que anotó 74 parados más.

Bajó especialmente en Servicios, con 2.331 desempleados menos en un mes, y 2.565 menos que hace un año; con 134 parados menos en Agricultura, 120 en Industria y 98 en la Construcción.

Descensos en el paro juvenil y en el femenino

La comunidad también anotó recortes tanto en el desempleo de menores de 25 años, con 186 desempleados menos que en abril; como en el femenino, con 1.117 paradas menos que el mes anterior en Castilla y León, el -1,83 por ciento (-1,43 nacional).

En mayo la comunidad registró 53.459 contratos, 3.289 más que en abril, con un aumento del 6,56 por ciento, por encima del 5,20 por ciento nacional.

5.035 contratos menos que hace un año

Aunque la contratación fue menor que hace un año, en concreto en mayo del 2026 de cerraron 5.035 contratos menos que en mayo del 2025, el -8,61 por ciento, frente al -0,40 nacional.

La contratación aumentó en comparativa mensual en trece comunidades con caídas en el resto; y respecto a hace un año, sólo cuatro comunidades registraron aumentos: Aragón, Cataluña, Madrid (9,10 por ciento) y País Vasco (6,54).

Del total de contratos, 19.554 fueron indefinidos en el caso de Castilla y León, 2.032 más que en abril y 884 menos que hace doce meses.

75.029 prestaciones por desempleo

En cuanto a las prestaciones por desempleo, en este caso con datos de abril, Castilla y León contó con 75.029 prestaciones, de ellas 39.057 prestaciones contributivas; con 35.939 subsidios y 33 rentas activas de inserción.

El alcalde de Santa Gadea del Cid, Jorge Ortiz (PP) elude responder si los negocios del concejal, presidente de la Diputación de Burgos y presidente del PP provincial, Borja Suárez, vinculados a dos mercantiles El Granero de San Francisco SL y Eventos El Espino SL tienen licencias de actividad y apertura. Tal y como reveló este diario, Suárez compatibilizó su actividad de concejal con los negocios de cáterin que tenía y que empezaron a recibir contratos municipales cuando él aterrizó en el Ayuntamiento. Un informe del secretario municipal a raíz de publicarse el caso concluyó que Suárez debió elegir entre el acta o los negocios y declaró nulos todos los contratos, si bien ahora se estudia si hay que devolver el dinero que se pagó cuando había una prohibición para contratar.

eElDiario.es solicitó las pertinentes licencias de los negocios de Suárez, con sede en Santa Gadea del Cid, a través del portal de Transparencia del Consistorio el pasado 14 de abril. Transcurrido el plazo legal máximo de un mes, el Ayuntamiento no facilitó los documentos y no comunicó la prórroga.

Tras una conversación con Ortiz, este aseguró que estaban “en plazo” y que se contestaría, y se negó a responder si existen las licencias. “Yo lo único que te puedo decir es que soy un alcalde que no tengo sueldo y lo único que hago es trabajar para Santa Gadea. La documentación la está llevando el secretario municipal y la estamos preparando. Se te va a dar respuesta más tarde o más temprano porque es la capacidad que tenemos”, dijo el día en que vencía el plazo. “Lo fácil sería no responder o bloquearte, pero me gusta dar la cara, y me dice el secretario que se te va a responder”, dijo sin explicar si hay o no hay licencias. “Yo sólo sé que trabajo por Santa Gadea”, insistió.

Al día siguiente sí llegó una respuesta a medias. Se notificó que “dado que se considera que la información solicitada puede afectar a intereses o derechos de terceros” , el 7 de mayo se procedió a “comunicar un plazo de quince días con el objeto de que estos puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas” por lo que se suspendía el plazo para resolver “hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentación”. Sin embargo, agotado el plazo, el Ayuntamiento no ha respondido. De hecho, el Ortiz procedió a bloquear a la periodista en WhatsApp y no ha respondido a las llamadas.

Las licencias municipales de actividad y apertura son documentos que conceden los Ayuntamientos y que garantizan que los locales donde se desarrollan actividades comerciales, industriales o de servicios, cumplen las normativas de urbanismo, salubridad y seguridad. Son indispensables para operar de forma legal. Además, en la mayoría de los casos, los bares y restaurantes deben tener a la vista la licencia de actividad, por lo que no se estaría vulnerando derechos de terceros por solicitarla.

Eventos El Espino tiene su negocio principal en el Monasterio de El Espino, donde hay varios espacios para celebrar bodas o encuentros familiares o empresariales. Según explican en su web, por un lado, está '1435' que corresponde a la construcción original del edificio y junto a su imponente Iglesia, lo conforman el Patio de San Alfonso con sus jardines, el Claustro con su patio acristalado donde se ubica el comedor principal y un total de 38 habitaciones. “La inmensa balconada ajardinada con vistas a la campiña en la parte trasera del Monasterio, es el lugar perfecto para el cóctel”, informan. El otro espacio es 'La Quinta', un patio junto al monasterio donde también se celebran bodas.

Por otro lado, está el Granero de San Francisco, un granero de madera de tipo americano que también se emplea para bodas, encuentros y conciertos. Cuenta incluso con una destilería para elaborar aceite esencial de lavanda y una tienda con productos elaborados a partir de ese aceite como jabones o ambientadores.

La organización profesional agraria UPA ha advertido este lunes de que la cosecha de cereal de Castilla y León será hasta un 40 por ciento inferior a la del pasado año como consecuencia del intenso calor de las últimas jornadas y la previsión de que las altas temperaturas prosigan.

En un comunicado, UPA ha afirmado que las “elevadísimas temperaturas” han “arruinado” una cosecha que hace semanas era normal, pero que puede derivar en un “verdadero desastre en un contexto de bajos precios y elevados costes de producción”.

Se da la circunstancia de que el calor ha llegado justo en el momento en el que los cultivos de trigo y cebada estaban granando y adquiriendo el peso específico del grano, lo que ha afectado más a las provincias donde hay terrenos más arenosos y áridos, que coinciden con los de la zona sur y centro de la comunidad autónoma.

En este contexto, UPA no cree que la cosecha pueda superar los 5 millones de toneladas, por lo que ha considerado “surrealista e inconcebible” la previsión que lanzó “irresponsablemente” en marzo pasado el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl), que habló de hasta 8,4 millones de toneladas.

Ante esta situación, la organización agraria ha demandado “medidas extraordinarias en forma de ayudas directas y control estricto de las importaciones de cereal para controlar los precios”, ya que de lo contrario se produciría un “hundimiento de un sector clave para la agricultura y la ganadería” de la Comunidad.

El botillo es el producto más representativo de la gastronomía de El Bierzo y cuenta con el reconocimiento de la Indicación Geográfica Protegida (IGP), un sello que garantiza su origen y sus características de elaboración, como se asevera en la web oficial de Alimentos de Calidad del Bierzo. Actualmente, como cuentan, son varias las empresas amparadas por esta figura de calidad, supervisadas por el Consejo Regulador, encargado de controlar y certificar los productos que llegan al consumidor.

A simple vista puede parecer un embutido más dentro de la amplia tradición cárnica de Castilla y León. Sin embargo, quien lo prueba por primera vez descubre rápidamente que el botillo juega en otra categoría. No es chorizo, tampoco cecina, y gran parte de su personalidad aparece precisamente cuando se abre y deja ver su interior.

Tal y como dice la misma web de Alimentos del Bierzo anteriormente citada, avalada por la Junta de Castilla y León, “El Botillo es el alimento tradicional más representativo de la gastronomía berciana”. Una afirmación que ayuda a entender la importancia que este producto ha tenido históricamente en la comarca.

El plato de las grandes celebraciones bercianas

La tradición popular sitúa al botillo como uno de los grandes protagonistas de las fiestas familiares. Según se cuenta en El Bierzo, el primer botillo del año se reservaba para la cena de Nochebuena. Los siguientes se consumían en domingos señalados, festividades patronales o celebraciones familiares, mientras que el último acostumbraba a degustarse durante el Entroido o Carnaval.

Su consideración como “plato de fiestas” hizo que estuviera presente en bodas, celebraciones religiosas y otros acontecimientos importantes de la vida comunitaria. Con el paso del tiempo, el producto ha trascendido el ámbito doméstico para convertirse en una de las señas de identidad gastronómicas de la comarca berciana.

Cómo se prepara el botillo tradicional

La preparación tradicional sigue siendo relativamente sencilla. El botillo se cuece lentamente en una olla durante aproximadamente dos horas cuando pesa alrededor de un kilo. Durante la cocción se incorporan algunos de los acompañamientos clásicos que forman parte inseparable del plato.

Cuarenta y cinco minutos antes de finalizar la cocción se añade el repollo y, media hora antes, las patatas y el chorizo fresco. El resultado es un plato contundente, pensado originalmente para los meses más fríos del año, donde la salsa rojiza procedente de la cocción aporta sabor y aroma al conjunto.

La presentación también forma parte de la tradición: el botillo ocupa el centro de la fuente mientras las verduras, las patatas y el chorizo se disponen a su alrededor. Una imagen reconocible para cualquier berciano y una de las formas más auténticas de acercarse a la gastronomía de esta comarca leonesa.

Era 'La más grande' en Chipiona y en toda España, tenía la fuerza de los mares y el ímpetu del viento y la seguimos echando de menos en la distancia y en el tiempo. La cantante Rocío Jurado ha protagonizado este sábado por la tarde una romería pop en la que su imagen ha sido llevada en andas y 'santificada.

El acto coincide con el veinte aniversario de su muerte, que se cumple este próximo lunes, 1 de junio.

La singular beatificación, entre gritos de los asistentes de “reina, reina y reina, y guapa, guapa y guapa”, ha tenido lugar en el marco del evento Hurra Pop de Zamora, un festival musical en el que cada año se canoniza a un ídolo, también musical, ya fallecido. En anteriores ediciones ha santificado a leyendas como David Bowie, Tino Casal o Raffaella Carrá.

Las altas temperaturas, de hasta 34 grados, han hecho que en la procesión en honor de la Jurado junto al río Duero, en las aceñas de Cabañales, se hayan buscado las zonas de sombra. También ha habido disparos de pistolas de agua y rociados de hisopo de 'agua bendita' para refrescar el ambiente.

La peregrinación romera se ha desarrollado entre cánticos de estrofas de algunos de los temas más conocidos de la cantante de Chipiona, desde 'Como una ola' hasta 'Ese hombre' o 'Se nos rompió el amor'.

En un momento del recorrido, asistentes caracterizados de autoridades eclesiásticas han rociado a los presentes con el 'agua bendita' y han declarado la santidad de María del Rocío Trinidad Mohedano Jurado.

“Una santa como Rocío se lo merece”, ha declarado a EFE el coordinador del Hurra Pop, Andrés Cid, que ha asegurado que a todo el mundo le gusta alguna canción de la chipionera y por ello han querido dedicarle a ella esta edición del festival, en la que el aforo de 1.000 personas se ha completado, con participación cada año de más público llegado de fuera de Zamora.

El rito por el que se declara 'santa' a una leyenda musical se ha convertido en uno de los momentos más significativos del Hurra Pop, un festival especializado en música indie en el que también tienen cabida otro tipo de estilos musicales.

Por ello, en la edición de este año no solo se han canturreado las coplas y las baladas románticas de La Chipionera, sino que también se ha escuchado la música tradicional y el folclore del grupo Ringorrango, encargado de abrir las actuaciones musicales del Hurra Pop.