El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha informado este viernes de la realización de cortes de tráfico nocturnos el próximo domingo y lunes, 30 y 31 de agosto, para finalizar las actuaciones de la rampa peatonal en las inmediaciones del Centro Comercial Meridiano.

Los trabajos, que buscan mejorar la movilidad y accesibilidad en la zona, incluyen el asfaltado y pintado de la señalética en la calle Alcalde José Emilio García Gómez, por lo que los cortes se emprenderán entre las 21.00 y las 05.00 horas, en la confluencia con la avenida Manuel Hermoso Rojas y la calle Álvaro Rodríguez López, según ha indicado el consistorio capitalino en una nota.

Ya el domingo se llevarán a cabo las actuaciones de fresado y asfaltado, mientras que en la noche del lunes se procederá a pintar la señalización vertical.

Desvíos de tráfico

El Ayuntamiento ha indicado que durante las horas en las que se realizan los trabajos, el tráfico se desviará por la avenida Manuel Hermoso Rojas, y las calles Álvaro Rodríguez López, Miguel Maffiotte Miller, Pedro Modesto Campos y Unión Artística del Cabo.

Un hombre de 69 años ingresó este jueves en estado crítico en el Hospital de La Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, tras sufrir una parada cardiorrespiratoria que el personal sanitario que lo atendió pudo revertir.

A las 19.35 horas, el 112 Canarias recibió la alerta de que un hombre se había desplomado en el parque García Sanabria, en pleno centro de la capital chicharrera, y precisaba asistencia médica urgente.

Durante la llamada, el coordinador sanitario del 112 le dio las indicaciones necesarias al alertante para comprobar el estado del afectado y tras constatar que no respiraba le indicó cómo iniciar las maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas hasta la llegada de los recursos sanitarios.

Entre los alertantes se encontraba un médico que también intervino en las maniobras al afectado y que continuaron, a su llegada, efectivos del Servicio de Urgencias Canario, quienes lograron revertir la parada.

Una vez estabilizado, fue evacuado en una ambulancia medicalizada al citado centro hospitalario en estado crítico.

La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife arrestó el pasado sábado en el barrio de La Salud a un hombre de 76 años por reiteradas amenazas de muerte a su mujer en los últimos meses.

Una patrulla se personó en el domicilio familiar alertada de un episodio de “alta agresividad” por parte del arrestado, quien profería amenazas de muerte a su mujer, que presentaba un cuadro de ansiedad, detallan este jueves fuentes del Ayuntamiento de Santa Cruz.

La mujer, de 75 años, refirió que lleva dos meses encerrándose en su habitación para dormir ante las continuas amenazas de muerte, y que el detenido le obliga a realizar todas las tareas domésticas e incluso que le limita el acceso a su dinero.

Durante la actuación policial se personó uno de los hijos de la pareja, quien detalló que la agresividad y proliferación de amenazas de muerte hacia su madre se han incrementado de manera notable en las últimas semanas.

Además, señaló que tanto él como sus hermanos temen que su padre cumpla dichas amenazas y acabe con la vida de su madre.

A la vista de los hechos se procedió a la detención de J.Y.H., su traslado a un centro de salud y, posteriormente, a las dependencias policiales antes de pasar a disposición de la autoridad judicial.

La Asociación de Vecinos El Perenquén de Santa Cruz de Tenerife han denunciado la presencia de ratas en distintos puntos del centro de la ciudad, especialmente en espacios abandonados o en desuso.

Según ha publicado Diario de Avisos, estos roedores aparecen en lugares como la plaza del Príncipe, la plaza de los Patos y el entorno del parque infantil del García Sanabria, además de otros espacios del centro de la capital tinerfeña.

Además, el colectivo reclama al Ayuntamiento que actúe ante esta situación que asegura “se está agravando”.

Según señala el medio, la propia asociación ha difundido unas imágenes de las ratas en la zona de Residencial Anaga, donde denuncia la acumulación de basura en jardines y paseos del barrio santacrucero.

En este sentido, vecinos y vecinas consideran que pueden favorecer la proliferación de estos seres si se continúa en esta situación, que consideran “grave”, y para ello, ya han solicitado una desratización. Sin embargo, la respuesta “no está siendo suficiente”.

Por otro lado, la asociación recuerda que anteriormente el área de Sanidad del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se encargaba de coordinar este tipo de actuaciones y, aseguran desde el colectivo, permitió poner fin a otras plagas que afectaban a la capital tinerfeña.

La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife ha procedido a la detención de una persona y a la tramitación de siete denuncias tras localizar a unos quince participantes en un “botellón” a las 03:00 horas del pasado domingo.

Los agentes del cuerpo local de seguridad intervinieron ante las quejas vecinales por el desarrollo de la práctica del “botellón” en los aledaños a la plaza José Antonio Barrios, junto al estadio Heliodoro Rodríguez López, según ha informado este martes el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Los policías locales acudieron al lugar sobre las 03:00 horas del pasado domingo y encontraron a una quincena de personas consumiendo bebidas alcohólicas y con los equipos de sonido de tres coches a un volumen excesivo.

Cuando los agentes ordenaron el cese de esa actividad y comenzaron a identificar a los participantes, varias personas se encararon con los policías, quienes solicitaron refuerzos para controlar la situación, según la nota.

Uno de los hombres presentes, identificado como R.C.C., de 50 años, se negó a mostrar su documentación de identidad y obstaculizó la labor policial llegando a forcejear con los agentes, por lo que fue detenido.

Asimismo, una mujer intentó provocar a los presentes para impedir la acción policial y también resultó denunciada por este hecho.

Además otros cinco participantes, cuyas edades oscilaban entre los 30 y los 50 años, fueron denunciados por el consumo de bebidas en la vía pública y se tramitó otra acta por desobediencia y falta de respeto a los policías.

Al terminar la intervención los agentes ordenaron que abandonaran la zona y se trasladó al detenido a las dependencias policiales para ser puesto a disposición judicial.

Agentes de la Guardia Civil han auxiliado a una embarcación con seis personas a bordo y que estaba a la deriva en una zona próxima a la costa de Santa Cruz de Tenerife.

Los agentes que prestaban servicio de vigilancia en el litoral de la capital tinerfeña vieron a unas personas en una lancha próxima que realizaban aspavientos en señal de ayuda, detallan fuentes del instituto armado.

Al acercarse a la embarcación, sus ocupantes indicaron que se habían quedado a la deriva, ya que no les funcionaba el motor, lo que podría haber supuesto “un grave riesgo” para ellos si no hubiesen sido localizados, recalca la Guardia Civil.

Dadas las circunstancias mecánicas y meteorológicas, por el fuerte viento existente, los agentes decidieron abarloar la embarcación a la patrullera y remolcarla hasta el atraque más cercano.

La Guardia Civil recomienda, antes de salir a navegar, mantener una “actitud de precaución y respeto” al mar y sus condiciones, evitando riesgos innecesarios.

Además de tener al día la titulación náutica y la documentación reglamentaria, revisar los niveles de aceite y líquido de refrigeración y el estado de los elementos de seguridad, la bomba de achique y sistema contraincendios.

También recomienda comprobar que el tanque de combustible esté lleno y la batería cargada antes de salir a navegar; informarse de la previsión meteorológica, no consumir alcohol antes o durante la travesía, no embarcar más tripulantes de los permitidos, llevar un teléfono móvil en una bolsa estanca y llamar al 112 en caso de emergencia.

La Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, a través de su Agencia de Colocación, ha informado de que gestiona actualmente 54 ofertas de empleo para cubrir más de 96 vacantes en diferentes sectores profesionales.

Las personas interesadas en ampliar información sobre la Agencia de Colocación o consultar las ofertas de empleo disponibles pueden acceder a www.empleasantacruz.com, donde además podrán inscribirse en aquellas que mejor se adapten a su perfil profesional. Asimismo, las empresas que deseen acceder a los servicios que presta la entidad capitalina en materia de empleo también pueden hacerlo a través de esta web, donde encontrarán información detallada sobre este servicio gratuito de intermediación laboral.

Así lo ha comunicado el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, quien destacó que todas las ofertas pueden consultarse en un portal que se actualiza de forma constante y que permite a las personas candidatas acceder a procesos de selección de ámbitos muy diversos.

En este sentido, Bermúdez detalló que “la Agencia de Colocación continúa conectando a las empresas con el talento que necesitan y facilitando nuevas oportunidades a quienes buscan incorporarse al mercado laboral o mejorar su situación profesional” y añadió que “para optimizar la búsqueda de empleo, se recomienda mantener actualizado el perfil profesional en la plataforma e inscribirse únicamente en las ofertas compatibles”.

Por su parte, la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, explicó que “el sector sociosanitario vuelve a concentrar una parte importante de las oportunidades laborales” y añadió que “contamos con diez vacantes de personal sociosanitario de ayuda a domicilio en distintas zonas de la Isla y cinco para auxiliares, al igual que gestionamos ofertas en las que se solicitan ocho cuidadores internos, tres de ellos para fin de semana, cuatro cuidadores externos, un gerocultor y cuatro fisioterapeutas para atención domiciliaria”.

Pérez señaló que “actualmente se demandan profesionales cualificados en actividades técnicas e industriales como, por ejemplo, siete para personal de limpieza, dos conductores para lavandería con permiso C, un técnico de mantenimiento industrial, un especialista en reparación de electrodomésticos, seis instaladores electricistas, un frigorista, un mecánico diésel y un técnico de soporte para talleres y operaciones” y añadió que “también gestionamos una oferta dirigida a personas con certificado de discapacidad en la que se solicitan diez vacantes para operarios de lavandería”.

“Respecto a otros sectores, la Agencia de Colocación gestiona ofertas para encontrar perfiles como dos peones de construcción, dos asesores comerciales de automoción, un comercial para el sector transitario y marítimo, un técnico de desarrollo local especializado en turismo, entre otros” indicó Pérez, quien añadió que “también existen ofertas en las que se requieren un arquitecto técnico, tres conductores y repartidores de butano, dos en la zona norte y uno en el sur, uno para personal de limpieza para un centro educativo, un operario temporal para la Terminal de San Sebastián de La Gomera y un técnico de proyectos sociales”.

“En sectores como administración y finanzas hay ofertas en las que se solicitan cubrir vacantes para un administrativo contable, un socio estratégico de Recursos Humanos, un recepcionista y un técnico contable y fiscal” subrayó Pérez, quien añadió que “en el sector de la hostelería hay ofertas para dos planchistas y cinco ayudantes de cocinero, además de otras para personal de cocina, especialista en charcutería; o pastelero o sumiller, con una vacante para cada uno de estos perfiles”.

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publica este lunes la regulación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Santa Cruz de Tenerife, con lo que el Ayuntamiento culmina la tramitación de esta normativa y se da un nuevo paso en su proceso de implantación en la ciudad.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, la publicación en el BOP no implica, sin embargo, la aplicación inmediata de restricciones a la circulación. Además, una vez transcurrido el plazo legal de 15 días desde la publicación, comenzará un periodo de 18 meses de carácter exclusivamente informativo. No obstante, tampoco se aplicarán restricciones ni sanciones vinculadas a la Zona de Bajas Emisiones.

Esta fase permitirá informar a la ciudadanía y facilitar su adaptación progresiva al nuevo modelo de movilidad, dando a conocer las condiciones de la regulación y las excepciones previstas antes de que las medidas restrictivas entren en su fase de aplicación efectiva.

De esta manera, durante los próximos 18 meses, una vez finalizado el plazo legal establecido, la ZBE tendrá un carácter meramente informativo, por lo que las condiciones actuales de circulación en la ciudad no sufrirán cambios y se podrá seguir circulando sin la aplicación de las restricciones contempladas para la fase posterior.

El Ayuntamiento aprovechará este periodo para desarrollar las acciones necesarias de información y divulgación, con el objetivo de que la ciudadanía conozca con antelación el funcionamiento de la Zona de Bajas Emisiones y pueda adaptarse progresivamente a su futura aplicación.

El Ayuntamiento señala que la publicación supone, por tanto, la culminación de la tramitación de la regulación y un nuevo paso en la implantación de la ZBE en Santa Cruz, un proceso que se desarrollará de forma gradual y con un amplio periodo previo destinado a informar y acompañar a la ciudadanía antes de la entrada en vigor efectiva de las medidas restrictivas.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife realizará la próxima semana varias reservas y supresiones temporales de plazas de estacionamiento en distintos puntos de la ciudad con motivo del rodaje de una serie de ficción para el canal TV3.

Las medidas afectarán exclusivamente al aparcamiento y no implicarán cortes de tráfico ni modificaciones en la circulación, según ha informado este viernes el Consistorio capitalino.

Horario de las calles reservadas para el rodaje

La primera reserva tendrá lugar el lunes 24 de agosto, en la avenida Marítima, junto a la Alameda del Duque de Santa Elena. Se ocuparán unos 20 metros de estacionamiento en línea situados en el margen derecho, en sentido hacia la plaza del Cabildo, entre las 08.00 y las 20.30 horas.

El miércoles 26 de agosto, las restricciones se trasladarán a la calle Doctor Jiménez Díaz, donde se reservarán aproximadamente 125 metros de estacionamiento en línea en ambos márgenes, en el tramo comprendido entre las calles Benito Pérez Armas y Blas Cabrera. La medida estará vigente desde las 00.00 hasta las 19.30 horas.

Por último, el viernes 28 de agosto, se reservarán unos 90 metros de aparcamiento en la avenida de Madrid, en el lateral del Parque La Granja. La ocupación afectará al margen derecho en sentido hacia la avenida Benito Pérez Armas y se mantendrá entre las 07.00 y las 22.30 horas.

El Ayuntamiento precisa que estos espacios estarán destinados exclusivamente al estacionamiento de los vehículos vinculados al rodaje. Asimismo, la autorización municipal establece que la parada y el estacionamiento de los vehículos de la producción deberán realizarse únicamente dentro de las zonas expresamente habilitadas para ello.

Las actuaciones forman parte de la logística necesaria para el desarrollo de la grabación y no contemplan afectaciones a la circulación rodada en las vías señaladas.

La Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz de Tenerife (Emmasa) ha restablecido el suministro de agua potable en las zonas afectadas por una avería registrada este miércoles en la red principal de distribución, en el entorno de la calle Juan de Mattos y Azofra, y que afectó a unos 8.000 usuarios.

Así lo ha confirmado el Ayuntamiento capitalino en un comunicado, en el que detalla que los equipos técnicos de Emmasa trabajaron durante la noche para reparar la avería y recuperar el servicio “con la mayor rapidez posible”, subraya el Consistorio.

El suministro quedó restablecido a las 02.00 horas de la madrugada en el 86% de las zonas afectadas, mientras que en la calle Juan de Mattos y Azofra se recuperó posteriormente, en torno a las 14:40 horas.

La incidencia afectó al ámbito comprendido entre las calles Juan de Mattos y Azofra, Tío Pino, Isidoro Luz Carpenter, Jesús Hernández Guzmán, Carretera de Hoya Fría, Gandhi y Aridane, con alrededor de 8.000 vecinos y vecinas afectados.

El servicio se encuentra actualmente normalizado en las zonas afectadas, una vez finalizadas las actuaciones principales y los equipos de Emmasa han continuado trabajando para completar la intervención y garantizar el correcto funcionamiento de la red.

El primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, ha agradecido a los vecinos y vecinas afectados su comprensión durante las últimas horas y puso en valor el trabajo realizado por los equipos técnicos de Emmasa.

“Desde el Ayuntamiento somos conscientes de las molestias que puede ocasionar una incidencia de estas características y agradecemos la paciencia de la ciudadanía mientras se desarrollaban los trabajos necesarios para recuperar la normalidad”, ha indicado.

Una mujer de 26 años ha resultado herida este miércoles tras desprenderse un andamio en un calle de Santa Cruz de Tenerife, según ha informado el 1-1-2 Canarias.

El suceso ocurrió pasadas las 15.15 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) recibió una alerta por el desprendimiento de un andamio sobre una viandante en la calle de Fernández Navarro, en la capital tinerfeña.

El personal sanitario, a su llegada al lugar del incidente, valoró y asistió a la afectada, que en el momento inicial de la asistencia, presentaba un traumatismo de carácter moderado, por lo que la trasladó en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

Agentes de la Policía Nacional y Policía Local aseguraron la zona, regularon el tráfico e instruyeron las diligencias.

¿Pagar una tasa por la gestión de los residuos o quedar exento de ella? Desde abril de 2025, la normativa estatal establece la obligación de que los municipios repercutan sobre los ciudadanos el coste real de la recogida, el transporte y el tratamiento de los residuos, pero hay dos distritos en Canarias que se salvan de esto.

Aunque ningún ayuntamiento canario puede decidir libremente no cobrar la tasa de basura o subvencionarla con otros impuestos generales, la aplicación práctica deja algunas excepciones. Entre ellas están los ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria y de Santiago del Teide (Tenerife).

Dos excepciones al cobro de la tasa en Canarias

Históricamente, Las Palmas de Gran Canaria siempre ha sido uno de los pocos grandes municipios de Canarias y capitales de provincia de España que no gravaba a sus ciudadanos con una tasa específica por la recogida y tratamiento de residuos. Hasta ahora, el servicio se había financiado fundamentalmente a través de los presupuestos generales del Ayuntamiento. Sin embargo, la entrada en vigor de la Ley 7/2022 obligó al Consistorio a establecer una tasa específica que empezó a cobrarse este 2026 con una cuota de alrededor de 149,33 euros anuales por vivienda. Una adaptación que terminó chocando con los tribunales.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) anuló en julio la ordenanza al considerar insuficientemente justificados tanto algunos criterios utilizados para calcular y distribuir la tasa como la memoria técnico-económica que la sustentaba.

Después de ello, el Ayuntamiento decidió finalmente no recurrir la sentencia, de modo que paralizó las nuevas liquidaciones y anunció la devolución de las cantidades que ya habían abonado los contribuyentes. Con la anulación de la ordenanza, el Consistorio recupera, al menos de forma temporal, el escenario anterior a la entrada en vigor de la tasa, mientras trabaja en una nueva ordenanza que le permita adaptar el cobro del servicio a las exigencias de la normativa estatal.

La estrategia es distinta en Santiago del Teide, el otro municipio canario que, en la práctica, ha quedado al margen del cobro efectivo de la tasa. Aquí no ha mediado una sentencia judicial que la anule. La tasa sigue vigente, pero el Ayuntamiento ha optado por bonificar la cuota hasta dejarla sin efecto siempre que el coste del servicio quede “íntegramente cubierto con cargo al presupuesto municipal”. La fórmula permite mantener formalmente la figura tributaria y, al mismo tiempo, evitar que el recibo recaiga sobre los vecinos. El coste, por tanto, no desaparece, cambia de bolsillo. En lugar de pagarlo directamente los ciudadanos, lo asume el propio Consistorio con cargo a los ingresos ordinarios de las arcas municipales o, en su caso, al superávit acumulado.

Los 86 municipios restantes sí tienen y cobran actualmente la tasa de basura.De hecho, el impacto de la nueva ley ha provocado que muchos ayuntamientos que ya la cobraban hayan tenido que subir drásticamente los importes o cambiar sus métodos de cálculo para asegurar que no hay déficit. Es el caso de Santa Cruz de Tenerife. El Ayuntamiento se ha visto obligado a subir los precios tras recalcular sus cifras, lo que se ha traducido en un encarecimiento notable del recibo. Por ello, el Consistorio ha decidido aplazar el golpe en los bolsillos retrasando el periodo de cobro voluntario a los meses de septiembre a noviembre

El objetivo real: la ley del 'quien contamina, paga'

Pero la verdadera pregunta es por qué nace esta norma que comúmente se conoce como 'tasazo'. La Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados adapta la legislación española a las exigencias europeas con el objetivo de corregir una situación que llevaba años generando problemas. Unas tasas de reciclaje insuficientes, una elevada dependencia de los vertederos y un coste de la gestión de residuos que, en muchos municipios, no se reflejaba de forma transparente en lo que pagaban los vecinos.

Hasta ahora, si un vecino reciclaba al máximo y generaba muy poca basura, pagaba exactamente lo mismo que un vecino o negocio que tiraba toneladas de residuos mezclados sin separar. La nueva regulación busca precisamente hacer visible ese coste y vincularlo al servicio que se presta.

A ello se suma un principio ambiental conocido como 'quien contamina, paga'. La idea es que generar residuos tenga un coste y que ese coste pueda utilizarse como incentivo para reducirlos y reciclar más. Por eso, el objetivo es que se equilibren la responsabilidad y el importe y que quien apenas genera basura no pague lo mismo que quien produce grandes cantidades de residuos sin separar. De esta manera, la normativa abre la puerta a sistemas que tengan en cuenta comportamientos como el compostaje, la separación de residuos orgánicos o el uso adecuado de los distintos contenedores.

Otro aspecto importante es que la tasa debe cubrir únicamente el coste real de gestionar los residuos. Esto significa que el Ayuntamiento no debe cobrar menos de lo que cuesta el servicio, pero tampoco más para obtener ingresos extra y destinarlos a otros gastos. Por lo que esta tasa también sirve para que los ciudadanos sepan cuánto cuesta gestionar los residuos y qué parte de ese coste están pagando.

La reforma responde, además, al problema del vertido. España necesita reducir la cantidad de residuos que terminan en los vertederos y aumentar la preparación para la reutilización y el reciclaje, una tarea pendiente en Canarias, que acumuló un 83% de residuos mezclados en 2025. El propio Gobierno regional ha reconocido en sus informes de coyuntura que los residuos son “uno de los mayores problemas” de la gestión ambiental en las Islas.

La asociación Los Árboles Hablan se dirigió este viernes al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para informar y exigir medidas después de la agresión sufrida a un imponente ejemplar de baobab (árbol habitual de las grandes llanuras africanas) ubicado en la céntrica calle El Pinar. Según el relato de vecinos testigos de lo ocurrido, en la madrugada de este viernes este ejemplar protegido, al formar parte del catálogo de árboles singulares de la ciudad y contar incluso con un cartel que así lo acredita, sufrió un acto vandálico por partes de algunas personas que partieron una rama de grandes dimensiones, con el consiguiente riesgo para los viandantes, vehículos y hasta inmuebles del lugar en su caída.

La portavoz de la entidad, Carmen De la Rosa, señala a Canarias Ahora que le han pedido a la concejalía de Parques y Jardines que no sólo revise el estado de este simbólico ejemplar, sino las imágenes de una cámara pública viaria de 360 grados ubicada muy cerca para intentar hallar al culpable o culpables de esta agresión a un elemento de gran importancia del patrimonio vegetal protegido del municipio. Asimismo, la asociación pide que se tomen todas las medidas posibles para intentar restaurar el daño infligido.

Aunque en este caso se trata de un claro acto vandálico, la entidad lleva años reivindicando un plan mucho más ambicioso para proteger y difundir el rico legado arbóreo y vegetal de Santa Cruz, sobre todo en fiestas como los Carnavales, otros eventos y en el día a día de los numerosos ejemplares protegidos y los que no. De hecho, considera que el reciente estudio del Plan de Infraestructura Verde de Santa Cruz de Tenerife les dio la razón hace unos meses a sus críticas durante mucho tiempo a la política del gobierno local (CC-PP) en el ámbito de jardines y ambiental, dado que el municipio suspende en cobertura arbórea y salud de los ejemplares, calificando ambos indicadores como “inadecuados”.

“La gestión de la arboleda por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz deja mucho que desear. Durante años, los árboles han estado sufriendo abandono. Debido, en gran parte, a la presión ciudadana, se les presta ahora algo más de atención, si bien el mantenimiento sigue siendo inaceptable y fundamentado principalmente en acciones inadecuadas”, dijo entonces De la Rosa. Entre otras, aluden a las talas, “muchas de ellas injustificadas, y a las ”podas agresivas que debilitan al árbol, lo exponen a contaminación por hongos y pudrición y evitan que el árbol crezca sano“. En este caso, a esto se añaden actos vandálicos como el sufrido por este baobab, lo que se suma al listado de riesgos o prácticas erróneas.

Además, censuran que esas podas “las realizan en cualquier época del año, sin contemplar la cría de aves (en la que está prohibido)”, tal y como vienen denunciando de forma reiterada desde hace mucho tiempo. “Los árboles de la ciudad han sufrido y sufren, por ejemplo, la desprotección de los alcorques, que deberían estar cubiertos de vegetación disuasoria de orines o colillas”.

También se quejan del uso de muchos ejemplares como mobiliario urbano a modo de postes, soportes de luces, esculturas, obras o para sostener elementos de negocios, como pérgolas de bares, restaurantes y comercios en sus terrazas. De la Rosa, asimismo, lleva tiempo denunciando la falta de inspecciones y sanciones ante estas prácticas.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha anunciado este sábado que llevará a cabo, a través del plan municipal Impulso Urbano, una actuación de mejora ddel asfaltado en la calle Simón Bolívar, que conlleva desvíos de tráfico, aunque los trabajos se desarrollarán de forma progresiva y por tramos para facilitar la ejecución y minimizar, en la medida de lo posible, las afecciones a la movilidad

En un comunicado, el Consistorio ha detallado que la actuación, que cuenta con un presupuesto aproximado de 230.000 euros, contempla cuatro fases en la vía y tendrá una duración estimada de tres días cada una.

La primera, correspondiente al inicio del entorno de Tío Pino, comenzará el lunes. El segundo tramo, desde Tío Pino hasta Alcalde Mandillo Tejera, está previsto que se ejecute a partir del 20 de agosto.

Ya el tercer tramo, desde Alcalde Mandillo Tejera hasta Calle Granados, comenzará el 24 de agosto, y la cuarta y última fase, desde Calle Granados hasta Benito Pérez Armas arrancará el día 26.

Los trabajos se desarrollarán en horario de 7:30 a 17:30 horas, de lunes a viernes. Durante el desarrollo de las obras será necesario establecer desvíos de tráfico y se procederá a la supresión temporal de plazas de aparcamiento en las zonas afectadas.

El Ayuntamiento pide la colaboración de residentes y conductores durante el desarrollo de los trabajos, especialmente para retirar los vehículos de las zonas afectadas cuando así lo indique la señalización provisional y extremar la precaución tanto al circular a pie como en vehículo por las inmediaciones de la obra. Asimismo, se recomienda atender a la señalización instalada para conocer los itinerarios alternativos habilitados durante la intervención.

Por su parte, el alcalde, José Manuel Bermúdez, confirmó que se avanza en aquellas vías que presentan “un mayor deterioro”, y en este caso, la calle Simón Bolívar “es una vía importante para la movilidad de esta zona y esta intervención permitirá mejorar sus condiciones y ofrecer una circulación más cómoda y segura”, asegura.

Por su parte, el concejal de Sostenibilidad Ambiental y Servicios Públicos, Carlos Tarife, declaró que “con esta actuación seguimos dando respuesta a las necesidades de conservación y mantenimiento de nuestras vías, mejorando el firme de una calle como Simón Bolívar. Hemos programado los trabajos por tramos para facilitar su ejecución y compatibilizarlos, en la medida de lo posible, con la movilidad de la zona. Se trata de una intervención necesaria que permitirá mejorar las condiciones de circulación y la seguridad de conductores y peatones”.

Imagina pasar años estudiando para conseguir una plaza, sacrificando tiempo, trabajo y familia, y llegar al final sin saber si todo ha merecido la pena. 66 opositores a la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife llevan más de dos meses atrapados en ese limbo. No saben si han conseguido una plaza ni cuándo lo sabrán. Ante esta situación, han decidido hacer público su malestar a través de una carta en la que denuncian “graves irregularidades” y un silencio administrativo que mantiene su futuro en suspense.

Pero ese mutismo es tan solo la punta del iceberg. A esa querella pública se suma “una absoluta inseguridad jurídica”, donde acusan directamente al Tribunal Calificador de “saltarse la ley de la oposición”.

Preguntas fuera de temario

El primer impedimento llegó cuando se presentaron al último examen, efectuado en la Sala Polivalente de la Sede Administrativa del Servicio de Atención Social (antiguo IMAS) el pasado 9 de junio, y comprobaron que una de las preguntas no figuraba en el temario oficial. La prueba les exigía resolver un caso relacionado con un delito de daños. Todo parecía usual hasta que se percataron de que ese delito, aparentemente inexistente, pertenece a un artículo que no formaba parte de las propias bases de la convocatoria.

Los afectados sostienen a Canarias Ahora que el pliego de condiciones delimitaba de forma concreta los contenidos que podían ser objeto de evaluación. En el caso del tema 10, se incluían los delitos contra el patrimonio: hurtos, robos, robo y hurto de uso de vehículos, usurpación y determinadas modalidades de defraudación, como las estafas y la apropiación indebida. El delito de daños, regulado en los artículos 263 y siguientes del Código Penal, no aparecía entre los tipos penales incluidos en el programa.

La cuestión no es menor. Los opositores consideran que el Tribunal Calificador no puede exigir conocimientos que no aparecen en las bases que rigen la convocatoria y que, precisamente por ello, la pregunta genera una situación de inseguridad jurídica que puede afectar a la igualdad entre los aspirantes.

A esta primera controversia se suma la planteada en el segundo supuesto práctico. Una de las preguntas estaba valorada en 2,5 puntos, una puntuación especialmente relevante en una oposición en la que una diferencia de unas pocas décimas puede determinar quién consigue una de las 26 plazas.

En este caso, los aspirantes debían detallar las infracciones cometidas en relación con una Ordenanza Municipal y citar concretamente sus artículos 22 y 24, una normativa que no figuraba expresamente en el temario específico de la convocatoria.

Pero la polémica no terminó en el contenido de la pregunta. El caos organizativo de la prueba fue lo que agravó todavía más la situación. El examen se entregó boca abajo y cubierto por una hoja separata en la que debía consignarse el nombre antes de ser recortada, tal como indica el Tribunal Calificador. Al realizar el corte de la plica, lo primero que quedaba al descubierto antes siquiera de comenzar oficialmente la prueba era precisamente la pregunta de 2,5 puntos sobre la ordenanza, lo que desató angustia y nerviosismo.

El problema, según explican los opositores a este periódico, es que el Ayuntamiento de Santa Cruz no había indicado claramente qué textos legales podían llevarse al examen.

Por eso, cuando apareció una pregunta sobre una ordenanza que no estaba incluida en el temario específico, muchos aspirantes empezaron a buscarla entre los documentos que habían preparado.

Esto provocó un bloqueo al principio del examen y les hizo perder minutos importantes buscando una normativa que finalmente no tenían, ya que no aparecía en el programa que habían estudiado.

Una ordenanza que ya estaba bajo lupa

El episodio cobra todavía mayor relevancia porque la misma Ordenanza Municipal ya había aparecido en la anterior prueba tipo test. En aquella ocasión, los opositores ya habían impugnado una pregunta relacionada con esta normativa. Sin embargo, el Tribunal rechazó sus alegaciones al considerar que el temario incluía, dentro de la Policía Administrativa Especial, un apartado sobre Humos, Ruidos y Vibraciones y que, por tanto, los aspirantes debían conocer la normativa relacionada con esa materia, incluida la ordenanza municipal.

Esa explicación, sin embargo, no ha convencido a los afectados, que consideran que esta interpretación amplía de facto el contenido de las bases y que “una referencia genérica a una materia no puede convertir automáticamente toda la normativa municipal relacionada con ella en contenido evaluable”.

Para defender su postura, los opositores también citan el artículo 21.3 de la Ley 6/1997, de Coordinación de Policías Locales de Canarias. Esta norma permite que cada Ayuntamiento añada al temario general contenidos relacionados específicamente con su propio municipio.

Por eso, los opositores consideran que, si una ordenanza municipal podía entrar en el examen, debería haber aparecido claramente en el temario específico y no incluirse de forma indirecta mediante una pregunta del examen.

Un hecho que, según denuncian, podría haber generado una situación de ventaja para quienes conocían previamente el criterio empleado por el Tribunal para resolver la impugnación del test, frente a aquellos aspirantes que se limitaron a preparar las materias que figuraban expresamente en las bases de la convocatoria.

Más de dos meses sin conocer las notas

A todas estas dudas sobre el contenido de los exámenes se suma ahora la espera. Más de dos meses desde el supuesto práctico, la última prueba obligatoria del proceso selectivo, y los 66 aspirantes continúan sin conocer sus calificaciones.

La prueba de inglés que queda por realizar tiene carácter voluntario y únicamente sirve para mejorar la puntuación, por lo que los opositores ni siquiera saben si deben continuar preparándola. La incertidumbre se traduce en una decisión difícil, en la que no saben si seguir invirtiendo tiempo y dinero en clases y preparación para intentar conseguir algún punto adicional o bien centrar los esfuerzos en otras oposiciones de Policía Local.

“¿Seguimos preparando inglés o damos un paso al lado?”, se preguntan. Una decisión que, en cualquier caso, depende de unas notas que el Consistorio todavía no ha publicado.

Detrás de los 66 aspirantes hay también 66 situaciones personales diferentes. Personas que compaginan turnos de trabajo con jornadas de estudio, responsabilidades familiares y una preparación física que requiere constancia diaria. Todas ellas se ven obligadas a mantener ese nivel de exigencia sin saber siquiera si continúan dentro del proceso.

Este periódico ha preguntado por ello al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que ha remitido las cuestiones planteadas por los opositores al Tribunal Calificador, al que corresponde la valoración de los ejercicios y la resolución de las reclamaciones. La Concejalía de Recursos Humanos, responsable de la gestión administrativa de la convocatoria y de la designación del Tribunal, ha señalado que, por el momento, “no realizará ninguna valoración sobre las denuncias”.

A la espera de una respuesta del Ayuntamiento

“No reclamamos ni trato de favor ni una modificación de las reglas”, lo que los opositores exigen es que se respeten las bases de la convocatoria y se garantice que todos los aspirantes sean evaluados exactamente bajo las mismas condiciones.

Entre sus reivindicaciones está que el primer supuesto sea corregido atendiendo únicamente a las materias incluidas en el temario; que se anule la pregunta de 2,5 puntos relativa a la Ordenanza Municipal y, sobre todo, la publicación inmediata de las calificaciones.

En su escrito, los opositores argumentan que los principios de seguridad jurídica e igualdad en el acceso al empleo público impiden que durante una oposición se incorporen contenidos que no estaban previamente delimitados para los candidatos.

Una carta pública que puede terminar en los tribunales

Lo que comenzó como una espera cargada de incertidumbre puede acabar ahora en los tribunales. Varios aspirantes ya han buscado asesoramiento jurídico y aguardan a la publicación oficial de las notas para decidir si dan el siguiente paso.

Por ello, reclaman a las instituciones que si no corrigen las irregularidades que denuncian, están preparados para llevar el proceso a la vía contencioso-administrativa. La batalla por una plaza de Policía Local podría, así, continuar en los juzgados, emulando a los opositores al Cuerpo General de la Policía Canaria, quienes han denunciado este mismo año “la existencia de graves irregularidades detectadas”, que comprometían los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir el acceso al empleo público. Un proceso que se encuentra en plena parálisis institucional y judicial, marcado por la apertura de nuevos procesos selectivos en paralelo.

Un proceso por oposición libre

El procedimiento de selección fue convocado por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y se desarrolló mediante acceso libre y oposición. A lo largo del año, los participantes tuvieron que superar exigentes pruebas físicas, que incluyeron salto horizontal, flexiones de brazo, resistencia aeróbica y adaptación al medio acuático, además de exámenes de conocimientos y las pruebas psicotécnicas, diseñadas para evaluar distintas aptitudes y características psicológicas relacionadas con el desempeño de las funciones policiales..

Una convocatoria que pone en juego 26 plazas de funcionario de carrera para la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife.

Un ciclista, de 37 años de edad, ha resultado herido este jueves tras una colisión con un turismo en la TF-12, a su paso por Santa Cruz de Tenerife, y caer por un barranquillo, según ha informado el 1-1-2 Canarias.

El suceso ocurrió en torno a las 14.16, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) recibió una llamada alertando de un choque entre un turismo y una bicicleta.

El gestor de recursos del 1-1-2 activó a los bomberos para rescatar al ciclista de la zona donde había caído tras el impacto.

Posteriormente, el afectado fue atendido por efectivos sanitarios del SUC que, en el momento inicial de la asistencia, presenta un traumatismo en clavícula de carácter moderado, salvo complicaciones, por lo que fue trasladado en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

La Guardia Civil, que se trasladó al lugar del accidente, se encargó de instruir el correspondiente atestado.

Los puertos del Estado de Canarias registraron en junio un total de 627.684 pasajeros, un 4,5% menos que en el mismo mes de 2025, cuando se contabilizaron 657.029 viajeros. El descenso fue especialmente acusado en el tráfico de cruceros en Santa Cruz de Tenerife, donde el número de pasajeros cayó un 50,7%, mientras que en Santa Cruz de La Palma la bajada alcanzó el 41,2%.

En el conjunto de los puertos canarios, el tráfico de cruceros también se redujo en junio, con 19.870 pasajeros frente a los 25.105 registrados un año antes. La mayor caída se produjo en Santa Cruz de Tenerife, mientras que el puerto de La Luz y de Las Palmas fue la excepción, al registrar un incremento del 33,8% en el número de cruceristas.

En cuanto al tráfico de cruceros, el pasado junio se contabilizaron 19.870 pasajeros frente a los 25.105 del mismo mes del año pasado.

El polo opuesto a las notables caídas registradas en Santa Cruz de Tenerife y Santa Cruz de La Palma lo representa el puerto de La Luz y de Las Palmas, con un aumento del 33,8%.

Los Cristianos concentra el mayor tráfico regular de pasajeros

En cuanto al tráfico regular, los puertos de Los Cristianos y el de Santa Cruz de Tenerife fueron los que tuvieron un mayor movimiento de viajeros.

El primero de ellos registró el paso de uno de cada tres viajeros que utilizaron estas infraestructuras.

El puerto con mayor descenso de viajeros fue el Puerto de El Rosario con una caída del 9,7% de viajeros, mientras que el Puerto de Arrecife aumentó un 3,6%.

El número de contenedores TEUS que pasaron por los puertos de Canarias en junio fue un 1,8 por ciento más alto que en el mismo mes de 2025. En total fueron 181.142 unidades.

El Puerto de La Luz y de Las Palmas es el que tiene un mayor volumen de entrada y salida de contenedores, ya que acapara siete de cada diez que se mueven en Canarias. Con respecto al año anterior, aumentó un 6%.

En cambio, descendió el tráfico de vehículos un 1,6%, con un total de 215.327.

Los datos de esta estadística se refieren exclusivamente a los once Puertos del Estado que existen en Canarias: Arrecife, El Rosario, Arinaga, La Luz y de Las Palmas, Salinetas, Granadilla, Los Cristianos, Santa Cruz de Tenerife, San Sebastián de la Gomera, Santa Cruz de la Palma y La Estaca.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, la única institución democrática que mantiene abierta una batalla para preservar el monumento a Franco, ha anunciado que “ejercerá sus competencias” y utilizará todas las vías jurídicas y administrativas a su alcance para defender su conservación.

La defensa del monumento por parte del alcalde, José Manuel Bermúdez, adquiere además una particular dimensión por los antecedentes franquistas documentados de su familia. Su abuelo, Pedro Esparza Martín, fue alcalde de Agaete tras el golpe de Estado de 1936 y participó en actos de exaltación del bando franquista, como recogió la prensa de la época.

El Consistorio ha reaccionado así después de que el Gobierno de Canarias rechazara declarar Bien de Interés Cultural (BIC) la estatua.

El Ayuntamiento sostiene que la no declaración como BIC “no elimina las competencias municipales en materia de protección del patrimonio artístico ni impide que la ciudad adopte sus propias medidas de conservación y catalogación”.

“El Ayuntamiento va a defender el patrimonio de Santa Cruz con todas las herramientas que la ley pone a nuestra disposición”, ha señalado Bermúdez, quien considera que existen informes técnicos que acreditan valores artísticos, culturales y urbanos que justifican la preservación del conjunto.

Bermúdez ya había anunciado hace unas semanas que el Consejo Municipal de Patrimonio Histórico de Santa Cruz había aprobado por unanimidad estudiar la inclusión del monumento en el listado de elementos protegidos.

“Desde el Ayuntamiento vamos a seguir defendiendo esa posición y ejerciendo todas las vías que nos permita la legislación para que el futuro de este elemento de nuestra historia no quede condicionado únicamente por una decisión administrativa”, ha apuntado el alcalde.

El Ayuntamiento, contra la resolución de la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática

El Consistorio ha recordado que ya ha presentado un recurso de alzada contra la resolución de la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática que incluye el conjunto escultórico en el Catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática y establece su retirada, recurso que todavía no ha sido resuelto.

En dicho recurso, el Ayuntamiento solicita que quede sin efecto la obligación de retirar el monumento y fundamenta su posición en las competencias municipales previstas en la legislación patrimonial.

El recurso municipal al Ministerio plantea, además, la suspensión cautelar de la ejecución de la retirada mientras se resuelve el procedimiento, al considerar que el desmantelamiento físico del conjunto podría ocasionar daños estructurales, materiales y estéticos “de difícil o imposible reparación”.

El escrito advierte también de los posibles efectos que una retirada del monumento podría producir sobre la infraestructura del Fuerte de Almeyda, al señalar que podría afectar a la estabilidad de parte de sus muros perimetrales.

El Ayuntamiento ha afirmado además que la defensa municipal del monumento no responde únicamente a una decisión política, sino que está respaldada por informes de carácter técnico y especializado.

El informe del arquitecto municipal incorporado al recurso de alzada destaca los valores artísticos de la obra y considera que Juan de Ávalos fue “una de las figuras relevantes de la escultura española del siglo XX”.

El mismo informe apunta a valores histórico-documentales, al considerar que la conservación del conjunto permitiría estudiar manifestaciones escultóricas y arquitectónicas del franquismo en Canarias y mantener abierta la posibilidad de una reinterpretación museográfica de la obra sin necesidad de eliminarla físicamente.

Desde el punto de vista urbano y paisajístico, el documento municipal destaca que el monumento “forma parte del trazado urbano histórico de Santa Cruz desde 1966, constituye un elemento reconocible para varias generaciones y mantiene una relación visual con el Fuerte de Almeyda”.

Su retirada, según el informe, produciría además un impacto sobre la imagen y el perfil urbano del área portuaria

El PSOE urge a Bermúdez que “retire ya” el monumento

La secretaria general del PSOE de Tenerife, Tamara Raya Rodríguez, por el contrario, ha urgido al alcalde José Manuel Bermúdez a que “cumpla la ley” y a que “retire ya” el monumento a Franco.

En un comunicado, Raya indica que la publicación en el Boletín Oficial de Canarias de la resolución del ejecutivo canario poniendo fin a la vía administrativa “deja sin su principal argumento a quienes pretendían conservar el monumento en el espacio público”.

“Hoy se termina la última excusa de José Manuel Bermúdez. Ya no existe ninguna expectativa de protección como Bien de Interés Cultural y el alcalde debe cumplir la ley y retirar de una vez un monumento concebido para glorificar al dictador”, afirma Tamara

El Gobierno de Canarias ha rechazado definitivamente la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) del monumento a Franco en Santa Cruz de Tenerife, al considerar que no concurren los valores que justificarían otorgarle el máximo nivel de protección patrimonial.

La resolución, publicada este lunes en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) y firmada por la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, y por el presidente del Ejecutivo autonómico, Fernando Clavijo, pone fin a la vía administrativa, aunque la decisión puede ser recurrida ante la jurisdicción contencioso-administrativa. El Gobierno fundamenta su decisión en los dictámenes desfavorables de los órganos técnicos y del Consejo del Patrimonio Cultural de Canarias.

El Consejo de Patrimonio rechazó la declaración por amplia mayoría

El Ejecutivo canario sostiene que el procedimiento debía concluir con una posición coincidente entre el criterio técnico de la Ponencia Técnica y el criterio institucional del Consejo del Patrimonio Cultural de Canarias. Ambos órganos se pronunciaron en contra de la declaración del monumento de Juan de Ávalos.

La Ponencia Técnica de Patrimonio Arquitectónico emitió en abril un dictamen desfavorable con seis votos en contra, ninguno a favor y una abstención. Posteriormente, el pleno del Consejo del Patrimonio Cultural de Canarias, celebrado el pasado 11 de junio, también rechazó la declaración, con 16 votos desfavorables, ninguno favorable y una abstención.

La resolución recuerda que la declaración BIC fue promovida inicialmente en mayo de 2018 por la Real Academia de Bellas Artes San Miguel Arcángel. Posteriormente, en febrero de 2020, la Asociación para la Investigación y Protección del Patrimonio Histórico San Miguel Arcángel solicitó la incoación del procedimiento, petición que reiteró en marzo de 2021.

El Cabildo de Tenerife tomó conocimiento de la misma y acordó posponer su pronunciamiento hasta la emisión de un dictamen especializado por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz sobre la adecuación del monumento a la normativa sobre memoria histórica.

En febrero de 2020, la Asociación para la Investigación y Protección del Patrimonio Histórico San Miguel Arcángel presentó solicitud de incoación del procedimiento de declaración como BIC acompañada de un informe de la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel y diversa documentación complementaria, y en marzo de 2021 reiteró su petición.

Fue en octubre de 2021 cuando el Cabildo de Tenerife solicitó informes especializados de las universidades de La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria, y la primera institución académica emitió el suyo dos meses más tarde, en el que se concluía que el monumento carecía de valores artísticos excepcionales para merecer tal distinción.

En marzo de 2022, el Cabildo de Tenerife emitió un informe en el que desestimaba las solicitudes de iniciar el expediente BIC, contra el cual la asociación promotora presentó un recurso de alzada que fue desestimado por la presidencia de la corporación insular.

A continuación, presentó otro ante el Juzgado de lo Contencioso 3 de Santa Cruz, que lo estimó y condenó al Cabildo a incoar el procedimiento, lo cual se produjo en septiembre de 2024.

El expediente BIC llegó a los tribunales

En la tramitación del expediente se solicitaron dictámenes a la Real Academia de Bellas Artes San Miguel Arcángel, que validó la calidad escultórica del monumento a Franco; del Organismo Autónomo de Museos y Centros del Cabildo, en sentido desfavorable a la declaración; del Colegio de Arquitectos provincial, que propuso un concurso de ideas para su resignificación; de la Universidad de La Laguna, que no vio valores artísticos excepcionales; y de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes, que se mostró favorable a su protección.

A continuación, se abrió un trámite de audiencia e información pública, en el que se presentaron 42 escritos y alegaciones, de los cuales cinco a favor de la declaración BIC, 31 en contra y seis no expresaron un sentido concluyente.

En abril de 2025, el Ayuntamiento de Santa Cruz remitió al Cabildo tres informes emitidos por la técnico de gestión cultural del área de Patrimonio Histórico y por la Fundación Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio (CICOP).

Ese mismo mes, el Organismo Autónomo de Museos y Centros del Cabildo de Tenerife presentó dos informes adicionales: uno suscrito por el arquitecto y director científico Carlos Pallés Darias, en defensa de la protección del patrimonio cultural, y un informe histórico-artístico sobre el monumento elaborado por un técnico del Museo de Historia y Antropología.

En enero de 2026, según se recoge en la resolución publicada en el BOC este lunes, la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural solicitó al Ministerio de Cultura la anotación preventiva en el Registro General de Bienes de Interés Cultural, que fue practicada un mes más tarde.

Los órganos de Patrimonio rechazaron la declaración

El pasado abril fue convocada la potencia técnica de Patrimonio Arquitectónico del Consejo del Patrimonio Cultural de Canarias, y tras el análisis y deliberación del expediente emitió un dictamen desfavorable a la declaración del monumento a Franco como BIC: seis votos en contra, cero a favor y una abstención.

El dictamen fue elevado a la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural, que acordó suspender el plazo máximo para resolver el expediente y solicitó el informe preceptivo del Consejo del Patrimonio Cultural.

Este organismo, en un pleno celebrado el pasado 11 de junio, informó desfavorablemente a la declaración BIC del monumento de Juan de Ávalos con el resultado de 16 votos desfavorables, ninguno a favor y una abstención.

A partir de ahí, se acordó el levantamiento de la suspensión del cómputo del plazo máximo para resolver el expediente y se dispuso la continuación de su tramitación.

Esgrime el Gobierno de Canarias que tiene la competencia para la declaración de BIC y que se han cumplido todos los trámites establecidos en la ley, que otorga al Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias el papel de órgano especializado de referencia.

En este punto, insiste en que el informe de este órgano ha de ser positivo para que el Gobierno de Canarias pueda proseguir con el expediente BIC.

Y recalca: “El legislador no exige únicamente la emisión de un informe preceptivo, ni siquiera de un informe determinante, sino que exige expresamente que dicho informe tenga carácter favorable. Esta exigencia normativa no puede considerarse una mera formalidad procedimental ni un requisito desprovisto de eficacia jurídica. Antes al contrario, constituye una auténtica condición positiva para el ejercicio de la potestad administrativa de declaración”.

“No se trata, por tanto, de un requisito accesorio del procedimiento, sino de un auténtico límite material al ejercicio de la potestad declarativa atribuida al Gobierno”, añade el ejecutivo canario en su resolución.

Con lo cual, “cuando el informe emitido por el Consejo es desfavorable, desaparece uno de los presupuestos legales que habilitan el ejercicio positivo de dicha potestad, de manera que el ordenamiento jurídico ya no permite la adopción del decreto declarativo”.

Recuerda por último que en dicho Consejo participan representantes de las administraciones públicas competentes, universidades, academias e instituciones científicas y culturales.

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha impuesto dos años de prisión a una funcionaria de un ayuntamiento de La Palma por apropiarse de 25.686 euros de fondos públicos mediante una veintena de operaciones fraudulentas.

La acusada, auxiliar administrativo en la Intervención de Fondos Municipales, manipuló facturas y documentos contables para generar pagos por servicios inexistentes y desviar después el dinero directamente a sus propias cuentas. La pena incluye seis meses de prisión por malversación y un año y medio por falsedad en documento oficial.

Manipuló facturas y transferencias para desviar el dinero a sus cuentas

La funcionaria tenía acceso directo y permanente a las aplicaciones y documentos de gestión económica y financiera de la corporación local debido a las funciones que desempeñaba. Por su puesto, intervenía en expedientes contables, registros y tramitación de facturas, además de encargarse de la realización de pagos y de la confección de ficheros para ordenar transferencias bancarias.

Según recoge la sentencia, aprovechó este acceso para apropiarse de los 25.686 euros a través de veinte operaciones fraudulentas en las que manipuló facturas de proveedores.

En concreto, la acusada alteraba los números de las cuentas bancarias y generaba ficheros contables falsos correspondientes a servicios inexistentes. Posteriormente, ordenaba el ingreso de esas cantidades directamente en sus propias cuentas, aunque las operaciones figuraban registradas como pagos a terceros.

Reconoció los hechos y devolvió el dinero antes del juicio

Una vez descubierta la operación, la funcionaria reconoció los hechos y procedió a devolver voluntariamente los 25.686 euros que había apropiado. Además, abonó otros 811 euros en concepto de intereses antes de la celebración del juicio.

La devolución del dinero y la confesión de los hechos fueron tenidas en cuenta como circunstancias atenuantes a la hora de fijar la condena. Por este motivo, la Fiscalía no solicitó el pago de ninguna indemnización.

La Audiencia Provincial le impone seis meses de prisión por el delito de malversación de fondos públicos y un año y medio por falsedad en documento oficial, además de una multa de 810 euros.

La entrada en prisión queda suspendida con la condición de que no vuelva a delinquir durante un periodo de cuatro años. Asimismo, queda inhabilitada durante tres años y once meses para ejercer cualquier trabajo en el sector público.

La acusada prestaba servicios desde 2013 como auxiliar administrativo en la Intervención de Fondos Municipales, inicialmente mediante contratos de acumulación de tareas y por obra o servicio determinado. En 2024 pasó a ser personal laboral fijo tras superar el proceso de estabilización de empleo temporal.

Durante el procedimiento, el Ayuntamiento ejerció como acusación particular. Tras el acuerdo alcanzado entre las partes, no fue necesario celebrar una vista con jurado, como está previsto para determinados delitos cometidos por empleados públicos.