La dimisión de José Ignacio Landaluce, anunciada este lunes por él mismo para el próximo 25 de octubre, abre una nueva etapa en el Ayuntamiento de Algeciras, pero no despeja las incógnitas sobre la gobernabilidad de la ciudad. El Partido Popular se encamina a recuperar la Alcaldía con Jacinto Muñoz como candidato y los cuatro votos de Vox, aunque el acuerdo no contempla la entrada de la formación de Santiago Abascal en el gobierno municipal. El resultado apunta a un ejecutivo popular en minoría, pendiente de cómo se articule el respaldo del resto de la corporación.

La primera certeza es que la renuncia de Landaluce, que declara este viernes imputado por agresión sexual, no impedirá la votación de la moción de censura. El pleno extraordinario está convocado para el 28 de octubre y se celebrará aunque el actual alcalde formalice su dimisión tres días antes. La legislación electoral establece que la renuncia del regidor no suspende la tramitación de una moción de censura ya registrada, por lo que el relevo podrá consumarse conforme al calendario previsto. Este domingo, Landaluce entregará el bastón de mando al Cristo de Medinaceli, “un gesto de profunda fe, respeto y amor a nuestras tradiciones”, según ha dicho este lunes.

El PP cuenta con los votos necesarios para sacar adelante la iniciativa junto a Vox. De los 27 concejales que componen la corporación, 14 constituyen la mayoría absoluta. Los populares han optado por sumar los cuatro votos de Vox, que bastan para alcanzar esa cifra con sus propios ediles, pese a que el PSOE también había ofrecido sus siete concejales para respaldar una moción alternativa. La decisión política del PP ha sido, por tanto, apoyarse en la formación de derecha, pero sin compartir con ella el gobierno municipal.

Esta fórmula deja una cuestión fundamental por resolver: cómo gobernará el PP después de la moción de censura. Si Vox mantiene su compromiso de limitarse a apoyar el relevo y no asume responsabilidades municipales, el nuevo ejecutivo no dispondrá de una mayoría propia garantizada para el funcionamiento ordinario del Ayuntamiento. El respaldo que permita investir al nuevo alcalde no implica necesariamente un acuerdo estable para aprobar presupuestos, ordenanzas o las principales decisiones municipales.

A ese escenario se añade la posición de los tres concejales del PP que continúan respaldando a Landaluce, cuya situación en la nueva etapa todavía no está aclarada. Aún está por ver si Landaluce mantiene el acta como concejal raso, junto a los otros tres ediles del PP que le mantienen el apoyo, o si renuncia al acta. Su papel puede resultar relevante para determinar la capacidad del futuro gobierno para sacar adelante sus iniciativas, aunque por ahora no se ha definido cómo se integrarán políticamente tras la salida del alcalde. La composición definitiva del ejecutivo y las alianzas con las que contará siguen, por tanto, abiertas.

Un sucesor con el respaldo del PP

Jacinto Muñoz, antiguo primer teniente de alcalde y ahora candidato del PP a la Alcaldía, se perfila como el encargado de pilotar esta transición. Los populares mantienen su apuesta por él y el objetivo es recuperar la estabilidad institucional tras la crisis que ha fracturado el equipo de gobierno.

Mano derecha de Landaluce, responsable de Recursos Humanos y del protocolo antiacoso, el juez ha citado a Jacinto Muñoz como testigo un día antes de tomar declaración a Landaluce. En el PP no contemplan que Muñoz pase a ser investigado y apuntan que será alcalde con absoluta seguridad, si bien en la oposición aseguran que lo sabía todo y lo tapó.

Muñoz se reunió este lunes con militantes del partido para explicar los motivos de la moción de censura contra el actual regidor, José Ignacio Landaluce. Durante el encuentro, defendió que había sido una decisión “dolorosa pero necesaria” ante los hechos que estaban ocurriendo en los juzgados.

Muñoz explicó que la iniciativa respondía a la necesidad de cambiar el foco de la actualidad política de la ciudad. “Creemos que Algeciras necesita seguir avanzando, necesita que los titulares de Algeciras sean otros, que los titulares de Algeciras sean el progreso y los avances y los grandes proyectos que estamos haciendo”, afirmó. También señaló que la reunión pretendía aclarar a los afiliados algunas informaciones difundidas en redes sociales que consideraba incorrectas y explicarles el posicionamiento de los concejales que habían firmado la moción.

El futuro alcalde reconoció que la decisión había provocado inquietud entre los militantes, al suponer una ruptura con una etapa política de larga duración. “Es una ruptura, una situación que la gente tiene que saber porque es evidente que produce gran inquietud, en un sentido y en otro”, manifestó. No obstante, rechazó que se estuviera produciendo una salida masiva de afiliados y aseguró que, según los datos que manejaba, solo ocho personas habían solicitado la baja de los algo más de mil afiliados del partido. “No creo que sean esas avalanchas que se han dicho en algún medio”, añadió.

Preguntado por el anuncio de dimisión de Landaluce, Muñoz aseguró que, personalmente, le habría gustado que esa decisión se hubiera tomado antes de llegar a la moción de censura. “A mí personalmente me hubiera gustado que esa decisión se hubiera tomado con anterioridad y no haber llegado al punto de la moción de censura”, afirmó, aunque recordó que el procedimiento debía continuar.

Incógnita de apoyos

La operación de relevo se produce después de que 12 de los 15 concejales que formaban parte del equipo de gobierno de Landaluce hayan abandonado ese núcleo de confianza. La crisis ha dividido al PP local en dos sectores: quienes mantienen su fidelidad al alcalde saliente y quienes consideran que su continuidad resultaba insostenible. La fractura también ha alcanzado a la militancia, con afiliados próximos a Landaluce que han solicitado la baja del partido.

El trasfondo de esta ruptura es la causa judicial abierta contra el alcalde. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer ha admitido a trámite una denuncia presentada por una mujer contra Landaluce por un presunto delito contra la libertad sexual. El regidor está citado a declarar como investigado el 23 de octubre, dos días antes de la fecha en la que ha anunciado que dejará la Alcaldía.

En la misma resolución, la jueza ha citado como testigo a Jacinto Muñoz, que deberá declarar sobre los hechos denunciados. Su comparecencia tendrá lugar antes del pleno en el que aspira a convertirse en alcalde, lo que añade un elemento de incertidumbre política a una sucesión que el PP quiere cerrar cuanto antes. La formación no contempla por ahora que Muñoz pase a tener la condición de investigado.

Así, la salida de Landaluce resolverá quién ocupa la Alcaldía, pero no necesariamente la crisis de gobernabilidad que ha dejado tras de sí. El PP podrá recuperar el bastón de mando con los votos de Vox, aunque sin incorporar a sus concejales al ejecutivo y con la incógnita de los apoyos que tendrá a partir de entonces.

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, ha anunciado que dejará el cargo el próximo domingo 25 de octubre, evitando tener que pasar por la moción de censura presentada por PP y Vox, prevista tres días después.

En un vídeo difundido en sus redes sociales, Landaluce ha lamentado que esta moción le “obliga” a presentar su dimisión como alcalde, reiterando que los hechos que se le atribuyen, en relación a presuntas agresiones sexuales a dos militantes del PP, son “falsas”.

“Frente a un gran montaje con injustos ataques, frente a un gran montaje, yo me defenderé ante la justicia, lucharé por mostrar mi inocencia y espero que puedan tener sus responsabilidades los que han hecho todo este montaje”, ha aseverado el alcalde denunciado por presuntas agresiones sexuales a dos militantes populares.

El anuncio llega una semana después de que el regidor denunciado por agresión sexual desafiara a su partido y se resistiera a abandonar la alcaldía frente a la petición de gran parte de los concejales del PP que formaban parte de su equipo de gobierno (12 de 15). El pulso entre Landaluce y su propio partido acabó con la salida de esos 12 concejales del gobierno local de Algeciras tras negarse el alcalde a dimitir.

Todos ellos firmaron entonces un acuerdo para tramitar una moción de censura contra el regidor, contando con el apoyo de Vox, que propuso al popular Jacinto Muñoz como sustituto.

Landaluce asume ahora que ha perdido los apoyos suficientes para seguir al frente del gobierno local, tras 15 años en el poder, y ha evitado pasar por la moción de censura que el pleno del consistorio iba a debatir la próxima semana.

“Me despediré entregando el bastón de mando al Cristo de Medinaceli, un gesto de profunda fe, respeto y amor a nuestras tradiciones”, ha dicho el todavía alcalde, explicando el motivo por el que espera al domingo para dejar el cargo. “Me marcho con serenidad, la conciencia tranquila y el orgullo de haber servido a Algeciras”, ha añadido antes de concluir: “La verdad y la justicia van prevalecer”.

El juzgado número 2 de Violencia sobre la mujer ha citado a declarar el próximo 23 de octubre al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, por un supuesto delito contra la libertad sexual, según han confirmado fuentes próximas al caso. La citación se emite en un auto en el que la jueza admite a trámite la denuncia de una joven militante del PP que denunció tocamientos por parte del regidor en su despacho de la alcaldía el pasado mes de julio.

La jueza ha citado también a declarar como testigo, un día antes, el 22 de octubre, al concejal popular Jacinto Muñoz, secretario general del PP de Algeciras y candidato a sustituir a Landaluce como alcalde en la moción de censura que él y otros once ediles populares, con el apoyo de Vox, han impulsado después de que se hicieran públicas dos denuncias de dos militantes populares por agresiones sexuales contra el regidor.

Para ese mismo día la jueza ha citado a declarar también como testigo a la actual segunda teniente de alcalde, Patricia Bueno , una de las tres ediles populares que han mantenido su apoyo a Landaluce y que permanece con él en el gobierno municipal en tanto se celebra la moción de censura.

Según fuentes municipales, la denunciante era un cargo de confianza que trabajaba en la Oficina de Atención al Mayor, por lo que en ese momento Patricia Bueno era su “jefa”, como concejal delegada de Atención al Mayor. Con su citación a declarar como testigos, según las mismas fuentes, la jueza podría querer investigar si la denunciante en algún momento les relató los hechos que ha denunciado en el juzgado.

Según publica Europa Sur, la jueza quiere también tomar declaración a la denunciante, que está de baja laboral y decidió llevar a los tribunales su caso después de leer en este mismo periódico que otra militante del PP había denunciado al alcalde de Algeciras el pasado mes de septiembre y ante el Tribunal Supremo por dos supuestas agresiones sexuales. Una de ellas ocurrida en 2020 en el centro médico propiedad del alcalde y otra en 2021 en la sede del Ayuntamiento.

El Supremo ha remitido a la Fiscalía esta denuncia para que se pronuncie sobre si ve indicios de delito y si este tribunal es competente, ya que Landaluce perdió su condición de senador como consecuencia de la disolución de las cámaras por la convocatoria electoral.

Landaluce se aferra al cargo

Landaluce es alcalde de Algeciras (128.082 habitantes, Cádiz) desde 2011 y ha sido en todos estos años un referente del partido en la provincia. La imputación se produce en la misma semana en la que doce de los quince concejales populares hayan abandonado el gobierno municipal para forzar la salida del regidor y después de que el PP PP de Cádiz exigiera al exsenador que abandonara el cargo.

El PP tomó esta decisión después de conocer en los últimos días los testimonios de dos mujeres militantes del PP. “Ambas mujeres han descrito conductas que consideramos impropias de cualquier persona y especialmente incompatibles con la responsabilidad y ejemplaridad exigibles a un alcalde”, afirmaba el PP de Cádiz en un comunicado de prensa.

Posteriormente, Landaluce, que abandonó el PP en diciembre de 2025 después de que el PSOE interpusiera contra él una primera denuncia por acoso sexual que fue finalmente archivada, publicó un vídeo en el que no anunciaba su dimisión. Tras afirmar que tiene pruebas para demostrar que las dos denuncias son falsas, en el vídeo Landaluce se dirige a sus vecinos para decir que seguirá intentado luchar por ellos y la ciudad, aunque señala: “¡Qué difícil me lo han puesto, todos contra mí”.

La pasada semana, tras hacerse pública la primera de las denuncias, el alcalde publicó otro vídeo en el que descartaba dimitir y anunciaba que se presentaría a las próximas elecciones municipales. En el que ha difundido este martes, no mencionaba esta posibilidad, pero tampoco anunciaba que abandonaba el cargo de alcalde que ha ostentado los últimos 15 años como le ha exigido el partido en el que militó más de 40 años.

Desde el PSOE-A, volvieron a instar a los ediles populares a presentar una moción de censura y avanzó que si en diez o doce días no lo hacen, elevarán la exigencia ante notario. Desde Por Andalucía, el parlamentario Ernesto Alba también reclamó a Moreno explicaciones por haber guardado “silencio” y mantenido en el cargo a un regidor que “da asco y vergüenza”

Algeciras ha convivido durante años con historias que reunían todos los elementos de un escándalo sexual y político pero, hasta hace 48 horas, no han adquirido la envergadura de la crisis que ha acabado con la carrera de José Ignacio Landaluce, el todopoderoso alcalde de la décima ciudad más poblada de Andalucía (125.000 habitantes) y un bastión de la derecha en Cádiz desde hace 15 años.

Landaluce era un tótem en el PP andaluz, lo era en tiempos de Javier Arenas, lo fue con Teófila Martínez, con Juan Ignacio Zoido y con Juanma Moreno. Ha sido diputado en las Cortes y senador, de hecho, hasta hace nada era miembro de la Diputación Permanente de la Cámara Alta. Tenía (y tiene) línea directa con el vicepresidente de la Junta, mano derecha de Moreno y expresidente del PP de Cádiz, Antonio Sanz, que sabe todo lo que se cuece en su provincia.

Una de las cosas que el PP sabía –porque se ha publicado, se ha denunciado y se ha debatido en el Parlamento andaluz– son las sospechas de abuso sexual y de poder de Landaluce con mujeres de su entorno, del Ayuntamiento y del partido.

Las denuncias presentadas por dos mujeres vinculadas al PP han situado ahora esa controversia en el centro de la vida municipal y han desencadenado una crisis política que vaticina el final de la larga etapa del regidor al frente del Ayuntamiento, tras una moción de censura firmada este miércoles por el propio PP, con respaldo de Vox y apoyo de los concejales socialistas, aunque estos últimos no la han rubricado.

En una entrevista con Onda Cero, Landaluce ha insistido en su inocencia, pero ha admitido que “la situación no tiene vuelta atrás” porque tiene “perdida” la moción de censura, aunque seguirá en el cargo “trabajando” hasta ese día “por respeto a los vecinos” que lo eligieron. “Yo no sé si hay una o dos denuncias, ni dónde están, ni si son verdad. Ningún documento me ha llegado y eso me produce mucha indefensión, eso es una injusticia”, ha asegurado.

El terremoto político se ha producido después de que 12 de los 15 concejales del PP en el Gobierno local renunciaran a sus responsabilidades ejecutivas, aunque conservaron sus actas, tras el ultimátum de la dirección provincial del partido. Landaluce se ha negado a dimitir y decidió seguir al frente de la Alcaldía, acompañado por los tres ediles que mantenían su apoyo. El presidente de la Junta y del PP andaluz, Juanma Moreno, terminó anunciando desde Bruselas que la formación impulsaría una moción de censura, que horas después empezó a concretarse en Cádiz.

El presidente del PP gaditano y alcalde de la capital, Bruno García, cerró un acuerdo con los 12 concejales fieles al partido para designar sustituto a Jacinto Muñoz, concejal y exdiputado en el Parlamento andaluz. A partir del registro de la moción de censura, la votación para culminar con la destitución de Landaluce será el próximo 29 de octubre.

El PP de Moreno se ha resistido hasta el último minuto a dejar caer al todopoderoso senador y alcalde de Algeciras, una ciudad cuyo peso político en la provincia de Cádiz es fundamental para conservar la Diputación en las próximas elecciones municipales. No hace ni un año que el presidente de la Junta elogiaba a Landaluce delante de los 500 compromisarios en el congreso regional del PP que le reeligió como líder del partido.

Pero, además de la cicatriz política, esta crisis ha reabierto una pregunta incómoda en la ciudad: cómo se llegó hasta aquí y qué sabían quienes durante años escucharon comentarios sobre los supuestos abusos sexuales del alcalde. En los círculos políticos y periodísticos de Algeciras, el asunto llevaba mucho tiempo presente en las conversaciones. Había informaciones publicadas. Había denuncias en los tribunales (que no prosperaron), había conversaciones grabadas y la oposición a Moreno llevó el caso de Landaluce hasta el Parlamento andaluz.

Durante meses, en el Pleno municipal y la prensa local, habían aparecido referencias al supuesto acoso sexual del alcalde con trabajadoras del partido y del Ayuntamiento, pero ninguna mujer había denunciado en los tribunales. En una ciudad donde las relaciones personales, políticas y profesionales se entrecruzan, la frontera entre lo que se comentaba en privado y lo que podía hacerse público resultaba especialmente delicada.

Nuevas denuncias

La difusión en octubre de 2024 de unos mensajes privados atribuidos a concejalas del PP hizo aflorar una dimensión pública a aquella controversia. En las conversaciones aparecían referencias a presuntos tocamientos y comentarios machistas del alcalde. “Esta mañana para apartarme de la mesa del chocolate me tocó el culo delante de todo el mundo...”, escribió una concejala popular en su WhatsApp. Y contestaba: “Ya me ha metido mano por debajo de la mesa, se ha dado cuenta todo el mundo”. Y otra: “Se enfadó conmigo porque entró al baño y yo estaba lavándome las manos con la cremallera del pantalón bajada para hacer pis, y me dijo: 'A ver, que quiero mirar'. Cerré la puerta de un golpe”, detalla también esa segunda concejala.

Las concejalas aludidas negaron posteriormente haber sufrido acoso o abusos sexuales por parte de Landaluce. Pero el PSOE utilizó después esos antecedentes para presentar, en diciembre de 2025, una denuncia poco trabajada ante la Fiscalía del Tribunal Supremo por posibles delitos de acoso o abuso sexual, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. La Fiscalía archivó las diligencias en enero de 2026 al no apreciar indicios suficientes para continuar con aquella investigación.

Ese archivo correspondió a aquella denuncia concreta, que no suscribían las propias afectadas, pero la crisis actual se sustenta en dos denuncias posteriores distintas, presentadas por mujeres afiliadas al PP, que atribuyen al alcalde presuntas agresiones sexuales. Una de ellas pidió hace dos meses amparo a la dirección del PP pero, al no obtener respuesta, optó por denunciar en los tribunales.

La primera denuncia recoge dos episodios que la víctima sitúa en 2020 y 2021: uno en un consultorio médico y otro en su despacho municipal. La segunda se refiere a un supuesto episodio ocurrido el 10 de julio de 2026 en el despacho de la Alcaldía. La denunciante, vinculada laboralmente al Ayuntamiento como cargo de confianza, sostiene que Landaluce le tocó los senos con el pretexto de examinarle un lunar.

La aparición de las nuevas denunciantes ha provocado también una revisión de la actitud mantenida por parte de quienes consideraban que las acusaciones anteriores respondían a una operación política. “Una cortina de humo”, lo llamó el portavoz del PP en el Parlamento, Toni Martín, que confrontó la denuncia del PSOE contraatacando con el caso Koldo y Ábalos. La sucesión de los acontecimientos ha cambiado el escenario y ha reabierto el debate sobre la nula credibilidad que se concedió a los primeros indicios.

Equilibrio político quebrado

El temor a las consecuencias personales y profesionales de denunciar a una persona con poder institucional constituye otra de las claves del caso. En una localidad donde las redes familiares, laborales y políticas pueden coincidir, dar el paso de denunciar públicamente puede tener consecuencias que van más allá del procedimiento judicial. La posibilidad de quedar señalada, sufrir represalias o afrontar el cuestionamiento del entorno más próximo puede influir en la decisión de acudir a la Justicia.

Ese contexto ayuda a comprender por qué no basta con reclamar que las posibles víctimas denuncien: en el entorno se reclama también que es necesario garantizar que puedan hacerlo sin verse sometidas a un juicio paralelo. Las descalificaciones y los comentarios difundidos en redes sociales durante los últimos días muestran hasta qué punto las acusaciones pueden convertirse en una disputa pública sobre la credibilidad de las mujeres, antes incluso de que los tribunales hayan examinado los hechos.

La crisis del PP en Algeciras se libra ahora en tres pistas: el propio municipio, donde la moción de censura abrirá en canal a los vecinos afines a Landaluce y a los fieles al partido, con visos de chocar en dos candidaturas enfrentadas en las municipales de mayo de 2027. Segundo, el riesgo de que este escándalo haga perder al PP la Diputación de Cádiz, que depende mucho de sus votantes en Algeciras.

Y tercero, el silencio de la dirección regional del partido de Juanma Moreno, al que la oposición en bloque de izquierdas le reprocha ya su “complicidad” y le afea que la única referencia al caso Landaluce que hizo tras ser denunciado y dejar el partido es que se había enterado “por un teletipo”.

Los doce concejales del PP que han abandonado el gobierno municipal del alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, denunciado por presuntas agresiones sexuales a dos militantes populares, han firmado un acuerdo para tramitar una moción de censura contra el regidor. Lo moción contaría con el apoyo de Vox, que anunció este martes que se sumaría, y propone al popular Jacinto Muñoz como sustituto.

Bruno García, presidente del PP de Cádiz, ha asegurado este miércoles que PP y Vox habían firmado la petición para que se tramitase la moción de censura. Una moción que se registrará en el Ayuntamiento en las próximas horas.

Los doce concejales del PP que han abandonado el gobierno municipal de Landaluce y los cuatro de Vox sumarían mayoría para que la moción saliera adelante. El PSOE lleva dos años ofreciendo sus votos a los populares para retirar al regidor de la alcaldía.

Landaluce lleva días desafiando al PP y aferrándose a la alcaldía. Sus propios concejales le habían pedido que dimitiera, pero él aseguró que se estaba buscando su “muerte política”. “Todos contra mí, qué casualidad que no me den la presunción de inocencia, quieren mi muerte política, quieren mi muerte social”, había asegurado en un vídeo publicado en sus redes sociales para defenderse.

El regidor ha negado los hechos denunciados y ha asegurado que demostrará “la verdad por las vías legales”. Landaluce ha defendido, además, que se enteró de las dos denuncias contra él “por la prensa” y que todo “es falso”.

García ya defendió este lunes que aunque el PP cree en la presunción de inocencia, “como partido hay que tomar y asumir responsabilidades”. “Al existir dos denuncias materiales expresas, donde dos mujeres valientes toman la decisión de dar el paso, yo creo que era muy evidente y la posición del PP fue muy clara”, aseguró.

Este miércoles, el presidente del PP de Cádiz ha explicado que “todo el mundo” quería que el candidato para sustituir a Landaluce fuera el edil Jaconto Muñoz. Muñoz era el primer teniente de alcalde y delegado de Seguridad Ciudadana, Movilidad Urbana y Personal hasta que ayer miércoles abandonó el gobierno municipal.

García no ha querido valorar la actitud de Landaluce, que dejó el partido en diciembre de 2025 tras una primera denuncia por presunto acoso sexual que fue archivada y que se ha enrocado en el cargo después de que el lunes por la noche el PP pidiera su dimisión, tras escuchar los testimonios de dos militantes que le han denunciado por agresiones sexuales.

El PP prepara una moción de censura contra el alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, para presentarla “de manera inmediata” tras las últimas denuncias presentadas por dos militantes del PP por acoso sexual. Así lo ha anunciado el presidente del partido en Andalucía y también de la Junta, Juan Manuel Moreno, que la ha asegurado que se dará este paso si el regidor no dimite, y en este sentido señala que están reunidos con la dirección provincial del partido para proceder esta misma semana.

A preguntas de los periodistas en Bruselas, Moreno ha manifestado que la dirección del partido en la provincia de Cádiz “ha actuado de acuerdo con la dirección autonómica” y “de la única manera que se puede actuar, que ha sido pedirle al alcalde, que ya estaba suspendido de militancia desde hace un año y medio, su dimisión”.

“Como esa dimisión no se ha producido, pues hemos convocado a los concejales del grupo popular y de ellos 12 han tomado la decisión de seguir bajo la disciplina del PP y otros tres no”, ha recordado Moreno, que ha incidido en que si finalmente el alcalde no dimite se verán obligados a presentar una moción de censura.

El nuevo alcalde, del PP

A partir de ahí, Moreno ha manifestado que a su juicio le parece “algo importante” que en la moción de censura “se tiene que respetar el interés general de los ciudadanos y de los vecinos de Algeciras y para preservar el interés general de los vecinos de Algeciras se tiene que respetar la mayoría social que salió de la jornada en las pasadas elecciones municipales” de mayo de 2023.

Esto significa que “tiene que haber un alcalde del PP”, algo que, como ha apuntado, “sí respeta a Vox, que ha dicho que no tiene ningún interés en entrar en el gobierno”, lo cual “facilita, por así decirlo, esa posibilidad”.

En este sentido, ha añadido que “si a esa moción se quiere sumar también el PSOE, no hay ningún problema, aquí lo que se trata es de restablecer la normalidad institucional al Ayuntamiento de Algeciras lo antes posible”.

Finalmente, ha insistido en que, fruto de la reunión que se está produciendo en esta jornada, “es previsible, si no se produce la renuncia del alcalde, que se registre la moción de censura de manera inmediata en esta misma semana”.

PSOE y Adelante meten prisa

El caso de Landaluce continúa generando reacciones políticas como la del PSOE andaluz, cuya portavoz adjunta en el Parlamento, María Márquez, le ha reprochado este miércoles Moreno que todavía no se haya presentado la moción de censura. “Dicen que este tipo de casos se lee mejor en perspectiva, con la perspectiva histórica. No les quepa ninguna duda, estamos ante el caso Nevenka de Moreno”, haciendo hincapié en que el presidente andaluz “tapó” este caso durante “dos años”.

Sobre la moción de censura, Márquez se ha preguntado “¿qué más se tiene que saber para que Moreno firme la orden de que haya inmediatamente una moción?”, cuestionando que lo “mantenga” en su cargo. “Está a un clic, a una llamada de teléfono, a un mensaje. ¡Que haga algo! Pero el alcalde de Algeciras no puede seguir ni un segundo más en el cargo”, ha apremiado.

Por su parte, la portavoz adjunta de Adelante Andalucía en el Parlamento andaluz, Mari García, se ha preguntado que “¿cuántas mujeres tienen que denunciar a Landaluce para que este señor suelte la Alcaldía de Algeciras? ¿Cuántos ultimátums le tiene que dar el PP antes de tomar una medida concreta y real?”. De paso, ha afeado al PP que, “aunque ahora diga una cosa, no ha empezado a movilizarse hasta el día de ayer, cuando ya no es posible esconder sus vergüenzas, porque si hubieran podido seguirían escondiendo sus vergüenzas”.

Hasta hace muy poco tiempo José Ignacio Landaluce (Logroño, 1959) era uno de los grandes faros del PP andaluz. “Un referente dentro del mundo municipal”, le definió el líder Juanma Moreno en plena campaña a las municipales de 2023.

Por entonces, una información llevaba ya tiempo circulando por pasillos y despachos: decía que Landaluce hacía extrañas peticiones a sus concejalas y que incluso las manoseaba sin consentimiento. “Puso mi mano sobre su miembro”; “exige a las concejalas que le dejen ver cómo mean”; “esta mañana para apartarme de la mesa del chocolate me tocó el culo”.

Aquellas confesiones explosivas, contenidas en pantallazos de una conversación privada por WhatsApp de varias colaboradoras suyas, fueron saltando de móvil en móvil hasta que llegaron al agitador ultra Alvise Pérez, que las aireó a los cuatro vientos a finales de 2024. Casi un año más tarde, el PSOE las recogió, las certificó ante un notario y presentó una denuncia. Landaluce se tambaleó, luego se revolvió (tanto, que Alvise borró) y finalmente recuperó la firmeza negándolo todo. Le sostuvo su partido, que se confió a su “referente”, mientras la Fiscalía del Tribunal Supremo archivaba la denuncia contra él.

Hasta el lunes por la noche, cuando el PP gaditano, presidido por Bruno García, le pidió la dimisión. Dos nuevas denunciantes han contado al Tribunal Supremo y al propio partido que Landaluce las agredió sexualmente, forzándolas a tocarle los genitales o tocándolas él sin consentimiento. Una lo ha denunciado ante el Tribunal Supremo (por ser aforado hasta que se disolvieron las Cortes), relatando hechos presuntamente ocurridos en 2020 y 2021. La otra, una militante popular, acaba de relatar a la dirección una agresión sexual que habría ocurrido en su despacho el 10 de julio.

Landaluce no ha retrocedido. En respuesta, ha grabado en vídeo a dos trabajadores de Alcaldía. En primer plano, insistiendo en que nadie les coacciona, se dicen sorprendidos por la denuncia porque, dicen, la puerta del despacho del alcalde está siempre abierta. En otro vídeo, Landaluce vuelve a proclamar su presunción de inocencia y anuncia batalla hasta el final. Su caída está siendo lenta, por pasos. “Seguiré intentando luchar, pero ¡qué difícil me lo han puesto!”, dice revistiendo de una pátina de coraje su resistencia a abandonar el cargo.

En política desde que Moreno era un niño

El referente de Moreno es ahora un apestado al que el líder provincial quiere echar de su último cargo sin ni siquiera darle las gracias. Pero hace apenas un año era una figura antes poderosísima en el PP gaditano, donde formó un tándem histórico con la exalcaldesa de la capital Teófila Martínez.

Por eso, en él ha anidado también un resentimiento generacional. “Voy a luchar por la presión que se está ejerciendo desde mi partido y mis compañeros, no todos, que llevamos 16 años trabajando codo con codo. Llevo 42 años militando y me exigen que me vaya de la alcaldía”, lamenta.

Quieren echarlo quienes en su día lo admiraban, Bruno García y Juanma Moreno, niños de colegio cuando él ya se batía en una arena municipal por entonces refractaria al PP, como el resto de Andalucía. Era 1984 cuando Landaluce se afilió. En Algeciras habían gobernado comunistas y andalucistas. En el partido mandaban Fraga y Verstrynge. Moreno tenía 14 años y García, cinco.

Desde entonces, este licenciado en Medicina lo ha sido casi todo en el partido y con el partido: primero, concejal, de 1987 a 2001; después, diputado en el Congreso en tres legislaturas (2000-2004, 2008-2011 y 2011-2015); alcalde, desde 2011 hasta ahora (cuatro mandatos, tres con mayoría absoluta); y senador desde 2023. Arrasó en 2011, con más del 51% de los votos en un feudo, el segundo más poblado de la provincia de Cádiz, que en democracia sólo había conocido alcaldes socialistas, andalucistas o comunistas. Doce años después volvió a arrasar, con más del 53%. Todo lo consiguió desde la presidencia del PP de Algeciras, en la que se mantuvo durante más de un cuarto de siglo.

“Ya no es del PP”, pero lo sostenía el PP

A Landaluce le duele, porque quienes le quieren defenestrar son los mismos que le arroparon poniéndose de perfil hace apenas unos meses, cuando el PSOE llevó a la Fiscalía los pantallazos que hablaban de él y sus cosas. Aunque la filtración partió de dentro y las víctimas en aquellos mensajes eran tres concejalas del partido (Susana Pérez Custodio -actual presidenta de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar-, Eva Pajares -delegada provincial de Salud de la Junta de Andalucía- y Laura Ruiz), nadie en el PP alzó públicamente la voz. Y como el PSOE canalizó la denuncia y las víctimas no lo secundaron, Carolina España lo atribuyó a una estrategia socialista.

Hasta ahora, nadie de los suyos le había dado la espalda de esta manera. Ni siquiera cuando los rumores se pusieron a la luz. En diciembre de 2025, con el estruendo de los mensajes de sus propias colaboradoras expuestos ante Fiscalía y la opinión pública por el grupo municipal socialista, Moreno ganó tiempo: oficialmente, el PP le dio de lado cursando su suspensión de militancia y su paso al Grupo Mixto en el Senado. En realidad, el PP fijó un escenario ficticio: durante semanas, Moreno esquivó la cuestión de si Landaluce debía seguir siendo alcalde alegando que no podía hacer nada porque “ya no es del PP”, mientras lo sostenían 15 concejales del PP.

Se convirtió en un lastre para un partido que no puede volver a presentarlo, pero que no sabía cómo deshacerse de él sin causar un terremoto interno. Lo sueltan cuando no hay más remedio: sólo cuando Landaluce ha anunciado que se presentará a la reelección, previsiblemente contra el PP, el partido ha decidido dejarlo caer.

La prueba de que sí podía actuar quedó a la vista de todos este lunes, cuando el PP actuó: el presidente del PP de Cádiz llamó a reunión y de allí salió un comunicado nocturno pidiendo al alcalde que dimita y exigiendo a los ediles populares que le retiren su apoyo. Este martes, doce de ellos abandonaron el equipo de gobierno. Vox ha anunciado ya que apoyaría una hipotética moción de censura contra él.

El Cristo de Medinaceli, “Regidor Perpetuo de Algeciras”

En este tiempo se convirtió en el hombre que en todos sitios estaba, tan capaz de inaugurar una farola como de acudir cada semana al Senado, mientras en los últimos tiempos abría frentes judiciales para limpiar su honor supuestamente mancillado por la prensa y los socialistas. Internamente, ha manejado su grupo con disciplina férrea, lo que explica los sinuosos caminos que han seguido las denuncias contra él.

Landaluce también ha sido capaz de entender el poder del folclore, religioso o no, como catalizador de la simpatía vecinal. Su última ocurrencia es nombrar al Cristo de Medinaceli “Regidor Perpetuo de Algeciras”. 10.000 euros habrá que pagarle a la Venerable Cofradía Salesiana de Penitencia de Nuestro Padre Jesús Cautivo (Medinaceli) y María Santísima de la Esperanza por organizar el acto de nombramiento en el Ayuntamiento el próximo 24 de octubre, según ha informado Europa Sur.

En el vídeo en el que vuelve a proclamar su inocencia, Landaluce se dirige a los “vecinos”. Es un recurso habitual de quien ha perdido agarre en su propio partido. A Landaluce le votaron en 2023 casi 23.000 algecireños, el 53,14% del voto. No se puede descartar que recoja lo que le quede de apoyo popular en un nuevo partido de corte personalista. Es un escenario temido por el PP andaluz, porque hay precedentes e implica, muy probablemente, dejar la agrupación local hecha unos zorros: por el PP, ahí están los casos Martín Serón en Alhaurín el Grande (Málaga) o Juan Enciso en El Ejido (Almería); del PSOE, los de Carlos Sánchez en Bollullos Par del Condado (Huelva) o José Manuel Martín Alba en Alcaucín (Málaga).  

Como todos ellos, Landaluce se declara víctima. El hombre que lo fue todo se ve solo, apenas flanqueado por tres pretorianos. “Todos contra mí, qué casualidad que no me den la presunción de inocencia, quieren mi muerte política, mi muerte social”, proclama. Es probable que esté preparado para la batalla, porque hace tiempo que sabe que está solo, y que lo de ahora sólo es la escenificación del abandono en el momento oportuno. “Ya no es del PP”, dijo Moreno hace diez meses. La cuestión es hasta cuándo seguirá siendo alcalde.

El grupo de 12 concejales del PP del Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz) que este lunes pidió al alcalde, José Ignacio Landaluce, que dimitiera de la alcaldía tras conocerse una nueva denuncia –la segunda en una semana– por presuntos delitos de agresión sexual, ha hecho efectivo su abandono del equipo de gobierno de la ciudad.

Según ha indicado el PP en una nota, “ante la falta de respuesta” a la petición de dimisión de Landaluce como alcalde de Algeciras y “en cumplimiento de lo anunciado por el PP” este lunes, el grupo de concejales del PP ha abandonado el gobierno municipal de Algeciras.

Así, la marcha se ha hecho efectiva y 12 de los 15 concejales que integran el grupo municipal han presentado un escrito en registro del Ayuntamiento informando de su decisión. Por su parte, el PP de Cádiz ha insistido en que, tras este paso, “se tomarán todas las medidas oportunas para garantizar la estabilidad del municipio”.

La decisión se ha anunciado después de que el alcalde de Algeciras desafiara a su partido y manifestara esta mañana que se aferraba a la alcaldía negándose a dimitir, como le había pedido la mayoría de su equipo.

Cabe recordar que el presidente provincial del PP, Bruno García, había dicho en la mañana de este martes que si Landaluce no abandonaba el poder, sería el PP el que abandonase el equipo de gobierno, tal y como han hecho efectivo finalmente los 12 concejales que habían pedido su dimisión.

Landaluce, por su parte, se ha limitado a subir un vídeo en sus redes sociales asegurando que se ha enterado “por la prensa” de las dos denuncias contra él por presuntas agresiones sexuales e insistiendo en que seguirá intentando luchar por los vecinos de la ciudad. “Tengo las pruebas en mi teléfono de que esto es falso y seguiré luchando por demostrar mi inocencia”, ha asegurado el alcalde, quien ha añadido que “no es fácil luchar contra los medios y las noticias y los titulares, pero yo lo voy a hacer”.

Una vez pasada la mañana, los 12 ediles del PP han presentado el escrito en el Ayuntamiento informando de su decisión de abandonar el equipo de gobierno, que actualmente queda en manos del propio Landaluce más los tres concejales que decidieron continuar con él.

El alcalde asume las competencias

En una nota, el Ayuntamiento ha explicado que estos 12 concejales “han renunciado a sus responsabilidades” en el equipo de Gobierno municipal, así como a las tenencias de Alcaldía que algunos de ellos venían ostentando “desde que les fueron conferidas por el alcalde en junio de 2023”.

El escrito de renuncia está firmado por los ya extenientes de alcalde Jacinto Muñoz Madrid, Pilar Pintor, Susana Pérez Custodio, Paula Conesa, Juana Cid Vadillo, Javier de las Montañas Vázquez Hueso, Jorge Juliá Aguilera y María Solanes Mur, así como por los también ya ex delegados Ángel Martínez León, Francisco Javier Arango Mejías, Sabina Quiles Granados y Álvaro Márquez Moreno.

Así, las delegaciones municipales a las que han renunciado son las de Seguridad Ciudadana, Movilidad Urbana, Personal, Cultura y Patrimonio Histórico, Comunicación, Turismo, Igualdad y Bienestar Social, Contratación, Feria y Fiestas, Educación, Universidad, Medio Ambiente, Participación Ciudadana, Deportes, Economía y Hacienda, Patrimonio Histórico, Playas, Parques y Jardines, Cementerios, Juventud, Estadística, Pesca, Desarrollo Sostenible, Mercados, Comercio, Salud y Consumo, Emalgesa, Fomento Económico y Empleo, y Formación e Industria.

Todas estas competencias las recupera directamente el alcalde, que “podrá conferirlas a otros concejales”, en concreto se refiere a los tres concejales del PP que no firmaron ayer la petición de renuncia del alcalde, y que tampoco han abandonado el gobierno.

Estos ediles son Vicente Jesús Palomares Godoy, que es delegado de Coordinación y Limpieza; Yéssica Rodríguez Espinosa, octava teniente de alcalde y delegada de Urbanismo, Vías y Obras, Alumbrado, Fondos Europeos e Innovación; y Patricia Bueno Montero, delegada de Atención Ciudadana, Atención al Mayor, Vivienda, Protección Civil y Servicio contra Incendios.

De esta manera, Landaluce mantiene su cargo como alcalde a pesar de las reiteradas peticiones de dimisión, y después de que haya vuelto a proclamar su inocencia sobre las denuncias por agresión sexual en su contra y asegurar que todo esto se produce porque “quieren mi muerte política y social”.

Vox, a favor de la moción de censura

El grupo municipal de Vox ha anunciado que votará a favor de una eventual moción de censura para apartar a Landaluce. Aunque la formación de extrema derecha ha asegurado que no entrará en el Gobierno municipal ni exigirá nada a cambio de su apoyo, según publica la Cadena SER.

“Si los motivos que llevaron al PP a apartar a Landaluce del Grupo Popular en el Senado eran suficientes para tomar aquella decisión, también lo eran para que hubiera dejado antes la Alcaldía de Algeciras”, aseguran. “No puede pretender ahora aparecer como parte de la solución cuando ha dejado pasar demasiado tiempo y ha permitido que esta situación se enquistara”.

Vox tiene cuatro concejales en el Ayuntamiento, suficientes para sumar a los 12 del PP y alcanzar la mayoría de 14.

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, desafía a su partido al aferrarse a la alcaldía frente a la petición de que abandone el poder por parte de gran parte de los concejales del PP que hasta el momento forman parte de su equipo de gobierno (12 de 15).

“Todos contra mí, qué casualidad que no me den la presunción de inocencia, quieren mi muerte política, mi muerte social”, ha manifestado en un vídeo publicado en sus redes sociales en el que ha defendido su inocencia: “Soy inocente, niego los hechos que se me atribuyen y demostraré la verdad por las vías legales”, rezaba la publicación.

Tras asegurar que se ha enterado “por la prensa” de las dos denuncias contra él por presuntas agresiones sexuales, ha afirmado que seguirá intentando luchar por los vecinos de la ciudad. “Tengo las pruebas en mi teléfono de que esto es falso y seguiré luchando por demostrar mi inocencia”, ha asegurado el alcalde, que ha afirmado que “no es fácil luchar contra los medios y las noticias y los titulares, pero yo lo voy a hacer”.

En este sentido, ha aseverado que lo va a hacer “con la sensatez de presentar pruebas en el juzgado y después pedir daños y perjuicios a los que me están haciendo daño”. Además, ha añadido que “perseguirá” al PSOE y que luchará por la “presión” que a su juicio está recibiendo desde su partido para que abandone la alcaldia.

“Qué casualidad que todos pidan la alcaldía, el ayuntamiento, qué casualidad que todos no me den la presunción de inocencia, quieren mi muerte política, mi muerte social, algunos tal vez algo más aún”, ha afirmado Landaluce, quien ha asegurado que va a demandar justicia en el juzgado y cuando demuestre su inocencia actuara “contra todos” los que a su juicio le han hecho daño.

A partir de ahí, Landaluce ha asegurado que “Algeciras es muy importante”, que es su “razón de ser” desde que tenía 23 años, que se ilusiona o se entristece con cada alegría o penas de sus vecinos y que por eso, para él “siempre ha sito tan importante luchar por y para Algeciras y sus vecinos”. “Seguiré intentándolo, pero qué difícil me lo han puesto, todos contra mí, la verdad es que uno se siente demasiado pequeño”, concluye su intervención.

El PP sigue presionando para que se marche

Desde su partido, el presidente provincial del PP en Cádiz, Bruno García, ha manifestado que si Landaluce no abandona la alcaldía este lunes, tal y como le han pedido 12 de los concejales del PP tras conocerse una segunda denuncia por una presunta agresión sexual, “será el PP el que abandone el equipo de gobierno”.

En rueda de prensa, Bruno García ha explicado que el pasado viernes atendió a la segunda denunciante y tras hablar con ella “tomaron la decisión de dar este paso”. Además, ha indicado que este mismo lunes tuvo la oportunidad de reunirse con la primera mujer que presentó denuncia, que se conoció por la prensa la pasada semana.

A partir de ahí, el dirigente del PP ha manifestado que creen en la presunción de inocencia, pero “como partido hay que tomar y asumir responsabilidades”. “Al existir dos denuncias materiales expresas, donde dos mujeres valientes toman la decisión de dar el paso, yo creo que era muy evidente y la posición del PP fue muy clara. Tomar decisiones es elegir y nosotros hemos elegido creer a estas dos mujeres”, ha afirmado.

En este sentido, ha explicado que tras esta situación instaron a los concejales del PP en Algeciras a que le pidieran abandonar la Alcaldía o en caso contrario los concejales abandonarían el equipo de gobierno “y se tomarán todas la medidas al alcance para que el alcalde deje de ser alcalde”. Bruno García ha explicado que esa fue la decisión del PP tras hablarlo con los propios concejales y que lleva “meses sin hablar” con Landaluce.

En cuanto a plazos, el dirigente del PP ha recordado que esta situación ha pasado en la noche de este lunes y que los concejales están reunidos en la mañana de este martes, que “algunos tratan de convencerlo”. A este respecto, Bruno García ha manifestado que “respetando la presunción de inocencia”, cree que “es mejor que se defienda en el ámbito privado”.

El PP de Cádiz ha solicitado este lunes al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, que “presente su dimisión de manera inmediata”, y ha dado “instrucciones” a los concejales del grupo municipal Popular para que “retiren su apoyo al regidor”, después de “recibir en las últimas horas los testimonios de dos mujeres, afiliadas del Partido Popular, que han presentado sendas denuncias” contra el primer edil “por supuesta agresión sexual”.

Así lo ha anunciado el PP de Cádiz en un comunicado en el que avisa de que, en el caso de que el alcalde no dimita, “el grupo de concejales del Partido Popular promoverá todas las acciones necesarias encaminadas a recuperar el gobierno de la ciudad y así dotar de estabilidad a Algeciras”.

Landaluce es alcalde de Algeciras (128.082 habitantes, Cádiz) desde 2011 y ha sido en todos estos años un referente del partido en la provincia. Desde el PP gaditano explican que “esta decisión se adopta tras recibir en las últimas horas los testimonios de dos mujeres, afiliadas del Partido Popular, que han presentado sendas denuncias contra Landaluce por supuesta agresión sexual”. “Ambas mujeres han descrito conductas que consideramos impropias de cualquier persona y especialmente incompatibles con la responsabilidad y ejemplaridad exigibles a un alcalde”, apunta el comunicado del PP.

Hace apenas cuatro días, cuando se conoció la primera de las dos denuncias recientes, Landaluce negó los hechos, insistió en su presunción de inocencia y anunció que volvería a presentarse a la reelección.

El presidente del PP de Cádiz, Bruno García, ha mantenido este lunes por la tarde una reunión con los concejales del PP del Ayuntamiento de Algeciras, a los que ha puesto “al tanto de la situación y les ha dado la instrucción de retirar el apoyo al alcalde, solicitar su dimisión y renunciar a sus responsabilidades dentro del equipo de gobierno, en el caso de que el regidor se niegue a dimitir”. A los ediles que no hayan apoyado la propuesta “se les abrirá un expediente interno”.

En la jornada de este lunes 12 de octubre se ha registrado en el portal del Ayuntamiento la firma de 12 de los 15 concejales que conforman el equipo de gobierno en la que se recoge la petición de que Landaluce renuncie a su cargo como alcalde.

Una primera denuncia archivada

Desde hace más de un año, Landaluce ha acumulado al menos tres denuncias de agresión o acoso sexual. La primera de ellas, formulada el pasado diciembre ante la Fiscalía del Tribunal Supremo por el grupo municipal socialista por acoso y malversación, fue archivada pocas semanas después. La denuncia no contó entonces con el respaldo de las supuestas víctimas, una de las cuales habría otenido un nombramiento público a cambio de su silencio, después de ser presionada. En aquella primera denuncia se reproducían pantallazos que circulan desde hace años, y que Alvise Pérez divulgó en su cuenta.

Entonces, la Fiscalía archivó, pero Landaluce tuvo que renunciar a la presidencia del PP local y el grupo popular en el Senado, después de que el PP le suspendiera temporalmente de militancia. Él se atrincheró en su municipio (“Si yo dimito, sería dar la razón a los que mienten y atacan”) y Moreno evitó forzar su salida como alcalde alegando que ya no era del PP. Landaluce incluso contraatacó querellándose contra la portavoz municipal del PSOE, Rocío Arrabal, y líder socialista en Andalucía María Jesús Montero, si bien el Tribunal Superior andaluz archivó la querella por entender que las palabras de Montero no eran infundadas.

Ahora las cosas parecen haber cambiado. “La situación ha cambiado desde el mismo momento en el que el PP de la provincia de Cádiz ha tenido constancia de dos denuncias materiales expresas relacionadas presuntamente con la conducta de Landaluce en el ámbito municipal”, puntualiza el comunicado emitido este lunes.

Desde el PP precisan que “una primera información ha sido transmitida al partido por la propia denunciante, a quien el PP le ha ofrecido su apoyo y asistencia jurídica”, mientras que “esta misma semana se ha tenido conocimiento a través de los medios de comunicación de otra denuncia interpuesta contra Landaluce”.

El PP de Cádiz indica que “no ha tenido acceso a esta información hasta el día de hoy --este lunes--, tras lo cual se ha atendido, apoyado y asistido también a esta afiliada”.

“Ante esta situación, y con el consentimiento de las propias afectadas, la dirección del PP de Cádiz considera que Landaluce debe abandonar su puesto como alcalde de Algeciras”, subraya el comunicado, donde se apostilla que “el PP respeta la presunción de inocencia de Landaluce, si bien quiere manifestar que los testimonios a los que ha tenido acceso en las últimas horas han provocado la pérdida de confianza en el alcalde, que ya no es afiliado del PP”.

El PSOE propone una moción de censura

El PSOE de Algeciras también ha reiterado su petición de que José Ignacio Landaluce dimita y abandone de forma “inmediata” la Alcaldía, a la que “ha permanecido aferrado como regidor no adscrito durante estos últimos meses” con el “apoyo” hasta este lunes de los 15 concejales del PP, según han criticado. “Han estado años protegiéndole, escudándose en que no había ninguna denuncia contra él y repitiendo la mentira de que todo esto no era más que un montaje del PSOE, pero la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz”, ha recordado la secretaria general del PSOE algecireño, Rocío Arrabal.

Al respecto, desde el PSOE han reiterado su ofrecimiento, ya formulado en varias ocasiones, de que “el PP puede contar con tener a su disposición la firma de los siete concejales del Grupo Municipal Socialista para que salga adelante una moción de censura” que “llega tarde y mal”, pero que en opinión del PSOE es “imprescindible y necesaria para devolver al Ayuntamiento de Algeciras un poco de la tranquilidad y dignidad tan maltratadas en estos últimos tiempos”.

Arrabal ha defendido que su partido “ha estado siempre, desde el minuto uno, al lado y de parte de las víctimas”, asegurando que “la única defensa que Landaluce ha hecho de sí mismo y de sus graves comportamientos en el ejercicio de sus cargos ha sido la de la mentira y la amenaza, apoyado por el 'pacto de omertá' [pacto de silencio] que tenía con que el que hasta hace unos meses había sido su partido, el Partido Popular”.

“Todo esto es muy grave, han estado como mínimo dos años mirando para otro lado, con lo que no sólo han perpetuado el atrincheramiento de Landaluce en la Alcaldía de Algeciras, sino que también han impedido que se pudieran prevenir otros casos”, ha aseverado la secretaria general del PSOE de Algeciras, quien ha insistido en exigir al alcalde que “pida perdón a las mujeres y a la propia ciudad por todo el daño causado, que es mucho”.

El inspector jefe Óscar Sánchez Gil, antiguo responsable de la UDEF en Madrid al que se le incautaron más de 20 millones de euros emparedados, reveló el pasado mayo ante el juez que le investiga la existencia de una red de corrupción desconocida y compuesta por funcionarios para introducir cocaína por el puerto de Algeciras. En un reciente informe, la Unidad de Asuntos Internos de la Policía “verifica” ante el magistrado la “posible existencia” de esta trama corrupta.

El magistrado ordenó a la Unidad de Asuntos Internos que indagara en algunos extremos de la declaración del inspector jefe encarcelado. En su comparecencia del 19 de mayo, Sánchez Gil había explicado al magistrado que la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (Udyco) dejó sin analizar un teléfono encriptado dentro de la causa que le mantiene a él y otras personas en prisión desde noviembre del pasado año. En ese teléfono se encuentran los indicios de la red de corrupción desconocida hasta ahora. 

Asuntos Internos recoge ahora en su informe, al que ha tenido acceso elDiario.es: “Se ha realizado por parte de esta Unidad un análisis superficial del contenido de las mismas evidencias que ha permitido verificar, efectivamente, la posible existencia de otra trama de posible corrupción de la que tendría conocimiento el usuario del pin T8CKH6”.

Los agentes de Asuntos Internos han analizado las conversaciones de ese pin de Sky FCC, un sistema telefónico de encriptación cuyo servidor fue asaltado por la Gendarmería francesa con una orden judicial y cuyo contenido es considerado por las policías europeas el mayor tesoro hasta la fecha en la lucha contra el narcotráfico.

En las conversaciones de ese usuario de Sky FCC, Asuntos Internos ha encontrado alusiones a “actividades de tráfico de drogas, pagos a intermediarios, referencias en ese contexto a la aduana y funcionarios de Guardia Civil y UAR [en probable alusión a la Unidad de Análisis de Riesgos (de la Aduana de Algeciras)], cifras sobre posibles pagos que planean efectuar….”.

A continuación, los policías de Asuntos Internos advierten al juez de que los datos encontrados en el citado teléfono “no permiten identificar indubitadamente al receptor de los mismos” y que se trata de “referencias” a una trama distinta a la investigación que se sigue contra Sánchez Gil. Fuentes de la Fiscalía Antidroga consultadas por elDiario.es aseguran que aún no han analizado el informe de Asuntos Internos para decidir sobre una posible investigación de los hechos.

Sánchez Gil llegó a hacer las afirmaciones sobre la trama de corrupción a partir de su defensa de que él no es el “Aduana” que identificaba a uno de los usuarios de Sky FCC, el sistema encriptado. El policía argumentó en su declaración: “No aparece nada de un jefe de la UDEF, ni un inspector jefe de Madrid, ni nada que tenga que ver conmigo. Pero sí aparecen cosas como, por ejemplo, mensajes que hablan de cuadrantes, que dicen ‘contenedores’, dicen normalmente la palabra ‘latas’ cuando se refieren a contenedores y que las ‘latas’ tienen que llegar en tal fecha, porque es la fecha que nos han dado los ‘cuadrantes’ de los agentes”.

El relato del policía continuaba así: “Hay mensajes que hablan por ejemplo de pagos, de 100.000, de pagos de 200.000, hablando de 50.000… Hablan de comunicaciones con estos agentes, de manera directa, comunicaciones vía WhatsApp, vía Sky… Se habla de que tienen el control de todo el personal del puerto, de la Unidad de Análisis de Riesgos Aduanas y Guardia Civil, incluso hablan de presiones, que sufren presiones por parte de los agentes que dicen cuándo introducir los contenedores”.

Sánchez Gil, la pieza más preciada del 'narco'

El inspector jefe Óscar Sánchez Gil representaba la figura del colaborador más preciado por una gran organización de narcotraficantes. Su principal misión consistía en introducir en las bases policiales datos como las matrículas de contenedores que entran por los puertos españoles, haciendo creer que los había obtenido en el transcurso de sus investigaciones. 

Cuando otro investigador sospechaba realmente de ese contenedor que iba a llegar con cocaína oculta, introducía sus datos en las bases de cooperación y saltaba una coincidencia que alertaba a Sánchez Gil. De esta forma, la organización a la que pertenecía el inspector jefe había logrado evitar las “caídas” o interceptaciones de droga, hasta conseguir una posición muy ventajosa en el mercado ilegal de tráfico de cocaína. 

Asuntos Internos ha revisado el trabajo de la Udyco y coincide en que, “de forma indubitada”, el apelativo ‘Aduana’ era adjudicado por los miembros de la organización a Sánchez Gil, en contra de lo que defiende el policía. Sin embargo, su exposición ha servido para aflorar la implicación de otros funcionarios públicos en la entrada de droga por Algeciras, unos agentes que no han sido descubiertos aún. 

El 19 de mayo, su abogado le preguntó si había alguna “mención específica”, como por ejemplo alguna mención a un funcionario de Vigilancia Aduanera que pudieran encajar mejor con el sobrenombre de Aduana. En ese punto, Sánchez Gil responde que hay alusiones a la Unidad de Análisis y Riesgos de la Guardia Civil o menciones por su nombre a agentes del desaparecido dispositivo especial OCON-Sur para combatir el narcotráfico en El Estrecho de Gibraltar, integrado por guardias civiles. En concreto, Sánchez Gil mencionó tres de esos nombres en su declaración. 

El otro punto más destacado de su comparecencia, de mayor profundidad si cabe, fue la denuncia de que la unidad especializada antidrogas de la Policía Nacional, a la que perteneció en el pasado, utiliza un sistema para ‘blanquear’ el verdadero origen de sus investigaciones y ocultársela a jueces y fiscales. Consiste en atribuir a una policía extranjera el origen de una información que en realidad procedería de teléfonos encriptados para sortear posibles nulidades de la causa. 

Sánchez Gil mencionó por sus nombres y apellidos a los principales responsables de la Udyco Central en esta práctica, que también incluiría el borrado de los datos que aluden a confidentes si aparecen en Sky FCC u otros sistemas de encriptación. Si aparece un policía implicado, añadió, sus compañeros maniobran para que no se le investigue. 

Con posterioridad a su declaración, uno de los policías señalados, jefe de sección en la Udyco, declaró ante el juez y negó las acusaciones de Sánchez Gil. Fuentes policiales consideran que el inspector jefe encarcelado miente para intentar tumbar la causa contra él, sabedor de que una estrategia habitual de la defensa de los investigados es “atacar” el origen de las operaciones para que la justicia las anule en su totalidad. 

La organización a la que pertenecía Sánchez Gil es de las más poderosas en el campo del narcotráfico. El acusado de ser su responsable en España, Ignacio Torán, permanece en prisión provisional. Y el presunto jefe a escala internacional, Alejandro Salgado, ‘El Tigre’, ha huido de Dubái, donde se refugiaba, y se encuentra en paradero desconocido. 

El acto de conciliación entre el alcalde de Algeciras (Cádiz) y senador del Grupo Mixto, José Ignacio Landaluce, y la exvicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, que estaba previsto para este jueves 4 de junio ha quedado suspendido al no haberse podido notificar la fecha y el lugar de la citación judicial a la socialista.

Según ha adelantado Europa Sur y han confirmado a Europa Press fuentes próximas al alcalde, el procedimiento ante el Tribunal de Instancia 56 de Madrid ha quedado suspendido sin que se haya dado una nueva fecha para la celebración de este acto, previo a decidir si Landaluce se querella contra ella por presuntas injurias y calumnias.

José Ignacio Landaluce presentó una demanda de conciliación previa a la interposición de querella contra Montero tras unas declaraciones realizadas por la socialista el pasado 13 de enero en un acto del PSOE en las que le “imputó falsamente haber sido condenado, denunciado e investigado por un delito de violencia de género”, según explicó su abogado.

Su letrado detalló entonces que en la demanda se le exige a la exministra de Hacienda una retractación pública, que cese en sus declaraciones y el pago de una indemnización de 200.000 euros.

También indicó que son objeto de la demanda declaraciones posteriores en las que Montero “volvió a referirse a esa denuncia ocultando deliberadamente que la misma fue interpuesta por compañeras del PSOE reproduciendo publicaciones de 'Alvise' Pérez”, el eurodiputado, “en las redes sociales y que había sido ya archivada por la Fiscalía del Tribunal Supremo el 9 de enero de este año”.

Ni Montero ni Landaluce estaban obligados a acudir personalmente al juzgado, ya que en estos casos es suficiente que estén presentes sus abogados o procuradores.

Investigación y querella archivadas

Landaluce ya interpuso una querella contra Rocío Arrabal, portavoz del PSOE en Algeciras, por presuntas injurias y calumnias cometidas contra él. El origen de todo es la denuncia de Arrabal contra Landaluce por los presuntos delitos de “malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y acoso o abuso sexual. Esa denuncia se fundamentaba en una serie de pantallazos publicados en el canal de Telegram de 'Alvise' Pérez en los que supuestamente se exponían una serie de abusos sexuales atribuidos al alcalde de Algeciras contra dos de sus concejalas, las cuales negaron estos hechos días después.

La denuncia dio lugar a la dimisión de Landaluce de todos sus cargos orgánicos del PP y también como senador. Sin embargo, no cesó como alcalde, ni perdió el apoyo del grupo municipal popular. Juan Manuel Moreno, presidente del PP andaluz, evitó forzar su dimisión como regidor alegando que ya no era “del PP”. Pocos días después, la Fiscalía del Tribunal Supremo archivó la investigación. Casi simultáneamente, el Alto Tribunal abrió una investigación contra el diputado Alvise Pérez por presuntas amenazas contra Landaluce.

A raíz del archivo de la denuncia por la Fiscalía, Landaluce se querelló (previo acto de conciliación) no sólo contra Montero por sus declaraciones, sino contra Arrabal, pero el TSJA también dio carpetazo a este asunto razonando que lo que denunció Arrabal “no fueron meras invenciones o traslación temeraria de rumores notoriamente infundados, sino conclusiones basadas en informaciones recibidas de terceras personas”, lo que descarta que actuara con “temerario desprecio a la verdad”.

Un juzgado de Madrid ha citado a la exvicepresidenta primera del Gobierno y candidata del PSOE a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, a un acto de conciliación el próximo 4 de junio que reclamó el alcalde de Algeciras (Cádiz) y senador del Grupo Mixto, José Ignacio Landaluce, previo a decidir si se querella contra ella por presuntas injurias y calumnias. Así lo ha acordado la Plaza Número 56 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid, según ha adelantado El Confidencial y han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press.

Landaluce presentó una demanda de conciliación previa a la interposición de querella contra Montero tras unas declaraciones realizadas el pasado 13 de enero en un acto del PSOE en las que le “imputó falsamente haber sido condenado, denunciado e investigado por un delito de violencia de género”, según explicó su abogado.

Su letrado detalló que en la demanda se le exige a la también exministra de Hacienda una retractación pública, que cese en sus declaraciones y el pago de una indemnización de 200.000 euros.

A la vez, indicó que son objeto de la demanda declaraciones posteriores en las que Montero “volvió a referirse a esa denuncia ocultando deliberadamente que la misma fue interpuesta por compañeras del PSOE reproduciendo publicaciones de Alvise Pérez”, el eurodiputado, “en las redes sociales y que había sido ya archivada por la Fiscalía del Tribunal Supremo el 9 de enero de este año”.

Para ese acto de conciliación, ni Montero ni Landaluce están obligados a acudir personalmente al juzgado, ya que en estos casos es suficiente que estén presentes sus abogados o procuradores.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado el recurso de súplica presentado por el alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, contra el auto que inadmitía la querella presentada por un presunto delito de calumnias contra la parlamentaria socialista y secretaria general del PSOE en dicha localidad, Rocío Arrabal.

Así lo ha destacado este martes la secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, en un apunte en su cuenta en la red social 'X' en la que ha compartido una imagen de la página de la resolución del TSJA en la que se puede leer que la Sala de lo Civil y Penal del alto tribunal andaluz ha acordado la “desestimación” de dicho recurso de súplica presentado por el alcalde algecireño contra la inadmisión a trámite de su querella contra Rocío Arrabal y el “archivo” de la “causa especial” derivada de este caso.

“Por más que lo intenten, no nos callarán”, ha advertido María Jesús Montero en el 'tuit' en el que ha informado de esta decisión del TSJA sobre dicha querella de Landaluce que deriva de unas declaraciones de Rocío Arrabal sobre la presunta implicación del alcalde en un supuesto caso de abusos sexuales contra dos concejalas de Algeciras.

La propia Arrabal presentó una denuncia contra Landaluce ante la Fiscalía del Tribunal Supremo, por ser senador y, por tanto, aforado. La denuncia le acusaba supuestos delitos de “malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y acoso o abuso sexual, y se fundamentaba en una serie de pantallazos publicados en el canal de Telegram de 'Alvise' Pérez en los que supuestamente se exponían una serie de abusos sexuales atribuidos al alcalde de Algeciras contra dos de sus concejalas, las cuales negaron estos hechos días después. También se conoció que uno de sus cargos de confianza había presionado a una de las concejalas, proponiéndole suscribir ante notario que cuando expuso los comportamientos de Landaluce sufría un trastorno mental.

La interposición de la denuncia dio lugar a la dimisión de Landaluce de todos sus cargos orgánicos del PP y también como senador. Sin embargo, no cesó como alcalde, ni perdió el apoyo del grupo municipal popular. Juan Manuel Moreno, presidente del PP andaluz, evitó forzar su dimisión como regidor alegando que ya no era “del PP”.

El pasado 15 de enero esa Fiscalía del Tribunal Supremo archivó la denuncia. Poco antes Landaluce había anunciado que se querellaría contra Arrabal. Y hace apenas un mes, el Alto Tribunal abrió una investigación contra el diputado Alvise Pérez por presuntas amenazas contra Landaluce.

“No se trata de vagos rumores”

La decisión del TSJA confirma la inadmisión a trámite la querella que había presentado Landaluce al sostener que, aunque resultaba “verosímil” que la querellada --Rocío Arrabal-- había realizado las manifestaciones que se le atribuían y que la documentación aportada por Landaluce “así lo acredita indiciariamente”, también se apreciaba, “sin necesidad de más investigación que la lectura o visionado de los documentos y archivos aportados, que tales hechos, en relación con el contexto que resulta de la propia querella, carece de toda relevancia penal”.

Para descartar el carácter delictivo de los hechos objeto de la querella, se argumentaba desde el TSJA que lo dicho por Arrabal en las declaraciones puestas en cuestión “no se trata de invenciones, sino de elementos, ciertos o no, inventados o fabricados o no, por terceras personas”, que se hicieron llegar a medios de comunicación, a 'Alvise' Pérez --líder del partido 'Se acabó la fiesta'-- y al PSOE.

De esta manera, Arrabal se habría limitado a “trasladar a la opinión pública los documentos en los que sustenta la imputación de las conductas delictivas de Landaluce”.

“No se trata de invocación de vagos rumores, de simples denuncias anónimas que pueden ser inventadas o de impresiones personales”, ya que se exhiben a la opinión pública “documentos”, lo que resulta “incompatible” con el “temerario desprecio a la verdad” que se requiere como mínimo para un delito de calumnias, recogía el TSJA en su auto con el que inadmitía la querella de Landaluce.

Además, se señalaba que las manifestaciones de Arrabal se produjeron “en un inequívoco contexto de labor de oposición política”, y que la finalidad era “justificar la reclamación al Partido Popular” para que forzara “la dimisión de Landaluce como alcalde de Algeciras”, entendiendo que no es un contexto de “un ataque personal sin más, sino la petición de dimisión de una autoridad en atención a informaciones y documentos que aparentemente --y sin perjuicio de la comprobación judicial de su autenticidad y la interpretación de su significado-- comprometen la integridad moral de la persona aludida”.

Es por eso que el TSJA concluía que con los datos aportados con la querella, se deduce que las declaraciones de Arrabal “no fueron meras invenciones o traslación temeraria de rumores notoriamente infundados, sino conclusiones basadas en informaciones recibidas de terceras personas”, de las que “no es irrazonable extraer sospechas sobre la existencia de comportamientos indebidos a los efectos de justificar una petición de dimisión en el entorno de la labor de oposición, sin que aparezca por tanto indicio alguno de que concurra temerario desprecio a la verdad”.

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha abierto una causa al eurodiputado Luis ‘Alvise’ Pérez, para investigar la querella presentada contra él por el alcalde de Algeciras, José Antonio Landaluce, por un presunto delito de amenazas condicionales. El regidor estuvo acusado por malversación y acoso sexual pero el Supremo archivó en enero la querella que presentó contra él el PSOE. La querella que ahora ha admitido el alto tribunal se formuló por delito de coacciones y por delito de amenazas condicionales con carácter subsidiario, y el Supremo, según indica en un auto, ha apreciado indicios de este segundo delito. El tribunal ha designado instructor, conforme al turno establecido, al magistrado Antonio del Moral.

“El relato contenido en la querella, unido a la documentación aportada, singularmente las capturas de pantalla y certificaciones electrónicas relativas a las publicaciones efectuadas en el canal público de Telegram gestionado por el querellado, permite apreciar, en esta fase preliminar y sin prejuzgar la calificación definitiva, la concurrencia de indicios racionales de un posible delito de amenazas condicionales del artículo 169.1 del Código Penal”, señalan los magistrados.

Para el Supremo, de los mensajes reproducidos en la querella se desprende, indiciariamente, que el querellado habría anunciado de forma expresa y reiterada la difusión pública de audios, documentos y capturas de conversaciones en los que se atribuirían al querellante comportamientos presuntamente delictivos o gravemente deshonrosos, vinculando de manera explícita la no ejecución de esa difusión a la dimisión del querellante de su cargo de alcalde.

Según el auto, la estructura condicional del anuncio, la referencia a la disponibilidad de los materiales y la fijación incluso de plazos temporales para su eventual publicación permiten apreciar, en este momento procesal, la concurrencia de los elementos objetivos característicos del artículo 169.1 del Código Penal, en cuanto se exterioriza un mal futuro cuya ejecución aparece dependiente de la voluntad del autor.

Por el contrario, no aprecia indiciariamente acreditado el delito de coacciones de la querella, que exige una afectación directa e inmediata de la libertad de actuación mediante violencia o intimidación idónea para impedir o compeler. Añade que ello no excluye que el resultado de la instrucción pudiera eventualmente justificar una ulterior reconsideración en cuanto a la calificación jurídica de los hechos, pero, en este estadio inicial, el encaje provisional más ajustado es el del art. 169.1 CP (delito de amenazas condicionales).

En consecuencia, apreciando la concurrencia de indicios cualificados y suficientes conforme al estándar reforzado exigido en causas contra aforados, la Sala procede a la admisión a trámite de la querella y la incoación del correspondiente procedimiento, “sin que ello suponga anticipar juicio alguno sobre la culpabilidad del querellado ni prejuzgar la definitiva calificación jurídica de los hechos, que quedará supeditada al resultado de la instrucción”, concluye la resolución.

Se trata de la quinta causa abierta por el Supremo al citado eurodiputado de Se Acabó la Fiesta (SALF) en el último año. En dos de las cuatro que están ya abiertas el tribunal ha dirigido suplicatorio al Parlamento europeo para continuar con los procedimientos.

La apertura del nuevo Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Algeciras sorprendió a casi todos el pasado 6 de noviembre. El Ministerio del Interior no avisó ni siquiera al alcalde José Ignacio Landaluce (PP), que montó en cólera porque el ministro Marlaska no le pegase al menos “un telefonazo”. Sin embargo, el nuevo CIE de Algeciras (el único que hay en Andalucía) no ha existido oficialmente hasta tres meses después.

El pasado 7 de febrero el BOE publicó la norma que “dispone la creación” del nuevo centro y la supresión del anterior en la misma localidad, con entrada en vigor al día siguiente. En los tres meses que van del 6 de noviembre al 8 de febrero, el CIE de Algeciras ha servido para retener a unos 60 individuos extranjeros privados de libertad sin existir jurídicamente. La falta de soporte normativo puede poner en cuestión esas detenciones.

La Coordinadora CIE No Cádiz (integrada por entidades como Algeciras Acoge, APDHA Campo de Gibraltar o ECCA Social Andalucía) ha elevado una queja al Defensor del Pueblo, pidiéndole que promueva procedimientos de habeas corpus respecto de todas aquellas personas que fueron internadas en el nuevo CIE antes del 8 de febrero de 2026 y cuya privación de libertad se haya ejecutado en un centro “no formalmente creado conforme a Derecho”, instando a su inmediata puesta en libertad. Además, está informando a abogados que atienden a internos de la posibilidad de pedir la nulidad del internamiento a título individual.

Las organizaciones denuncian el escaso respeto por la legalidad que denota encerrar a personas en unas instalaciones antes de darles entidad jurídica. La propia Orden que crea el CIE dice en su Preámbulo que “se adecúa” a los principios de buena regulación y que “refuerza el principio de seguridad jurídica ya que se da publicidad al cierre de un centro y a la creación de otro de nueva construcción”. El internamiento de personas antes de aprobar esa Orden sugiere que la actuación material ha ido por otro camino.

No es la única norma en contradicción con la realidad material. El reglamento de funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de extranjeros (Real Decreto 162/2014) establece que éstos se crean, modifican o suprimen mediante orden del Ministro del Interior, por lo que se presupone que “no existen” si no se dicta y publica tal Orden. La Ley de Extranjería regula la privación de libertad de personas extranjeras en situación irregular respecto a las que se haya dictado orden de expulsión, y dispone que debe ejecutarse por orden de un juez en un centro de internamiento creado conforme a la normativa, en garantía del derecho fundamental reconocido en el artículo 17 de la Constitución Española.

“La privación de libertad es la medida más dura del ordenamiento jurídico, tiene que haber un rigor para aplicarlo”, protesta Jesús Mancilla, uno de los portavoces de la Coordinadora y miembro de Algeciras Acoge. “Esto afecta a personas migrantes, pero se puede extrapolar a otros colectivos, y denota que el Ministerio no está funcionando bien”, lamenta.

El Ministerio del Interior deriva a la Policía, cuyo gabinete de prensa no ha respondido las preguntas de este medio.

Un CIE de gran tamaño: 507 plazas, el 43% del total

La relación de Algeciras con los CIE viene de antiguo. El de La Piñera, una cárcel reconvertida, empezó a funcionar en 2003, y durante más de veinte años pasaron por él miles de extranjeros, acumulando denuncias por la precariedad y saturación o por la detención de menores. Tenía capacidad para unas 60 personas, aunque rara vez había en él más de veinte.

En 2017, el entonces ministro José Ignacio Zoido (PP) presentó el proyecto de otro CIE, de nueva planta y con capacidad para más de 700 personas. Era un momento en que arreciaban las críticas al modelo, pero también un año en el que se triplicaron las llegadas por mar a España (unas 21.000, según la Organización Internacional para las Migraciones), con especial presión en la zona del Estrecho. Zoido presentó el proyecto como una oportunidad laboral en una zona muy deprimida.

El Consejo de Ministros (ya del Gobierno de coalición) no aprobó la autorización para iniciar la construcción hasta 2019, y aún pasaron otros seis años más hasta que listo para usarse. Se ubica en una parcela de 20.000 metros cuadrados, cerca del centro penitenciario de Botafuegos y tiene capacidad para 507 personas (el de mayor capacidad de España, y uno de los mayores de Europa), el 43,7% del total de las que hay en España. Ha costado 21,5 millones de euros, según detalló el Gobierno en una respuesta parlamentaria.

El 6 de noviembre de 2025, la agencia EFE adelantó que había empezado a funcionar “en fase de pruebas” antes de su “inauguración oficial”. Otras fuentes señalan que había empezado a recibir internos el 3 de noviembre. Las entidades asisten a los internos desde entonces.

La sorpresiva puesta en marcha del CIE provocó la reacción no sólo de las entidades de derechos humanos, que convocaron manifestaciones, sino del propio alcalde Algeciras: “Es ilógico, no es sensato ni cabe en ninguna cabeza humana cabe que el ministro del Interior no le pegue un telefonazo a este pobre alcalde y le diga que el CIE se va a abrir”.

Expulsados que podrían acogerse a la regularización

Mancilla observa que no es la primera vez que el Estado se muestra poco escrupuloso con el cumplimiento de la legalidad en los CIE. El de La Piñera empezó a funcionar en 2004 pero la Orden que lo creó es de 2006. Años después, en 2017, Interior encerró a más de 500 argelinos recién llegados a las costas de Almería en un centro destinado a cárcel en Archidona (Málaga) sin inaugurar, que usó durante semanas como CIE “provisional”. Las ONG denunciaron las condiciones del internamiento de personas que no habían cometido delitos y el uso irregular de la futura cárcel como CIE. En ese tiempo murió Mohamed Bouderbala, de 36 años, que fue hallado ahorcado en su celda.

Según las ONG, en el nuevo CIE de Algeciras hay actualmente unas veinte personas. Son ciudadanos extranjeros de nacionalidades diversas en situación irregular que están en España desde hace meses o años, explican. Predominan los marroquíes, pero hay también nacionales de China, de Estados Unidos o de países latinoamericanos. Algunos tienen antecedentes, pero otros no, y podrían aspirar a la regularización recién anunciada por el Gobierno. “Tenemos constancia de expulsados que no tenían antecedentes penales, y con familiares que ya tienen nacionalidad española”, asegura el portavoz de la Coordinadora.

Por ahora, el Centro funciona al ralentí, apenas al 4% de su capacidad, en un momento en que las llegadas por la ruta del Estrecho han caído a mínimos de una década. Al coste de mantener las instalaciones se suma que, para expulsarlos, el Ministerio debe trasladar a los internos de Algeciras a Madrid, desde donde parten los “macrovuelos de deportación” a sus países de origen. Este martes hubo uno con destino Perú y Colombia. “Si el Gobierno quiere hacer una regularización extraordinaria, no es compatible con mantener redadas policiales y macrovuelos de deportación, y que no se les aplique una moratoria a personas que podrían acogerse a ella”, protesta Mancilla.

El portavoz de la Coordinadora lamenta que se dedique una inversión tan relevante a la “represión de la población migrante” en una zona con una de las tasas de desempleo más alta del país, con la Educación y la Sanidad bajo presión y con graves carencias en otros servicios públicos. Los juzgados de lo penal de Algeciras (el palacio de Marzales) están cerrados temporalmente por la ruina del edificio, lo que ha retrasado decenas de juicios pendientes, y el trayecto por tren de alta velocidad une Algeciras con Madrid se realiza en autobús hasta Antequera por tiempo indefinido.

La Policía Nacional ha localizado y detenido este sábado al presunto autor del homicidio de su madre y de las lesiones graves ocasionadas a su padre ocurridas en la localidad gaditana de Algeciras, aunque la investigación del caso continúa abierta para el total esclarecimiento de los hechos.

El cuerpo nacional ha confirmado a través de una nota que el detenido ha sido localizado en el aparcamiento del centro comercial Carrefour Las Palomas, donde se encontraba en el interior de su vehículo. Tras su localización y detención, el arrestado ha sido trasladado al Centro Médico Menéndez Tolosa, donde ha sido atendido para la correspondiente valoración médica, quedando posteriormente a disposición policial.

Los hechos han tenido lugar alrededor de las 23.00 horas de este pasado viernes en un domicilio familiar del municipio. Como resultado de la agresión, además de la mujer fallecida, el marido de la víctima y padre del presunto autor ha resultado herido de gravedad, siendo trasladado de urgencia a un centro sanitario, donde permanece ingresado y está siendo asistido por heridas de carácter grave.

Desde el primer momento, agentes de la Policía Nacional se han hecho cargo de la intervención, activándose de inmediato el correspondiente dispositivo policial y judicial. En estos momentos se están practicando las diligencias necesarias para el total esclarecimiento de los hechos, de las cuales se desprende como presunto autor el hijo, mayor de edad, del matrimonio.

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, ha celebrado que la Fiscalía del Tribunal Supremo haya decidido archivar la denuncia presentada contra él por el PSOE acusándole de supuestos delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y acoso o abuso sexual. El regidor, que contraatacó a su vez con otra querella por injurias, asegura que lo ocurrido “no me va a detener”, mientras los socialistas aseguran van a ampliar la denuncia inicial “con nuevas pruebas que surgieron después de su interposición”

Landaluce incide en que este caso “me dará más fuerza y seguiré trabajando por Algeciras con el mismo cariño, la misma entrega y la misma ilusión”. Como consecuencia de la denuncia de los socialistas, renunció el 10 de diciembre a la presidencia del PP local y a todos sus cargos orgánicos. En la actualidad se mantiene como alcalde pero en calidad de concejal no adscrito, tras formalizar el pasado 2 de enero su salida del grupo municipal del PP. La misma situación se repite en su condición como senador: no ha renunciado al acta, pero no pertenece al grupo popular.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, Landaluce ha subrayado que “el fiscal no ha necesitado llamar a declarar a ningún testigo ni solicitar documentación, porque no existe absolutamente nada”. Asimismo, ha agradecido el apoyo de “todos los que me habéis dado una palabra de ánimo, porque cuando uno atraviesa momentos difíciles, es ahí cuando de verdad se siente el calor de su gente”. Además, ha añadido que “siento alivio, paz y tranquilidad, no sólo por mí, sino también por mi familia, por mis compañeros, por mi equipo y por todos los que han estado a mi lado”.

“Con la misma ilusión”

En este contexto, ha señalado que “han sido semanas muy duras, días en los que he visto cómo mi nombre era utilizado, arrastrado y pisoteado, momentos en los que tuve que convertir el dolor y la incertidumbre en un arma política. Eso deja huella, porque detrás de cada cargo hay una persona, y detrás de esa persona hay una familia y un equipo que también sufre y que también aguanta en silencio”.

En este sentido, ha asegurado que este hecho “no me va a parar al contrario me va a dar más fuerza voy a seguir trabajando por Algeciras con el mismo cariño con la misma entrega y con la misma ilusión”. “No estoy aquí para dividir ni para enfrentar ni para alimentar ruido estoy aquí para servir a la ciudad”. “Algeciras, vamos todos juntos”, ha concluido.

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE de Algeciras (Cádiz), Fran Fernández, ha señalado que “ampliaremos la denuncia presentada con nuevas pruebas que surgieron después de su interposición”. La querella inicial ahora archivada la presentaron la secretaria general del PSOE de Algeciras y parlamentaria andaluza, Rocío Arrabal, y la vicesecretaria de Acción Política del PSOE local, Isabel Beneroso.

En este sentido, Fernández ha aclarado que el archivo no implica que la Fiscalía “se pronuncie sobre la culpabilidad o inocencia” del alcalde. “No ha dicho que Landaluce sea inocente ni culpable, simplemente que, de momento, no entra a investigar”, ha concluido.

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha decidido archivar la denuncia presentada por la secretaria general del PSOE de Algeciras y parlamentaria andaluza, Rocío Arrabal (contra la que se querelló el regidor por injurias), y por la vicesecretaria de Acción Política del PSOE local, Isabel Beneroso, contra el alcalde de la ciudad, José Ignacio Landaluce, que señalaba supuestos delitos de “malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y acoso o abuso sexual”.

Según consta en el auto al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal jefe de la Sala de lo Penal indica que, mediante decreto del fiscal instructor del pasado 9 de enero, se ha acordado el archivo de las diligencias.

La decisión se adopta al amparo de los artículos 773.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 5.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, al no existir en la actualidad investigaciones activas en las que pudiera formalizarse la personación interesada.

Como consecuencia de la denuncia de los socialistas, y ante el terremoto político que desató, Landaluce renunció el 10 de diciembre a la presidencia del PP local y a todos sus cargos orgánicos. En la actualidad se mantiene como alcalde pero en calidad de concejal no adscrito, tras formalizar el pasado 2 de enero su salida del grupo municipal del PP. La misma situación se repite en su condición como senador: no ha renunciado al acta, pero no pertenece al grupo popular.

Aclaración de su papel como alcalde

Precisamente, el Ayuntamiento de Algeciras ha convocado para el próximo lunes una Junta de Portavoces para dar información “clara, directa y con base jurídica” sobre la situación institucional del Consistorio tras la comunicación registrada el 2 de enero relativa a la baja del alcalde, José Ignacio Landaluce, en el grupo municipal del PP.

Según ha indicado en una nota, el objetivo es informar “con transparencia y sin interpretaciones interesadas”, antes de que se produzca la correspondiente dación de cuenta al pleno, tal y como establece la normativa municipal. En este sentido, ha añadido que el Ayuntamiento considera “imprescindible que todos los grupos municipales dispongan de la misma información, al mismo tiempo y con total rigor”.

Asimismo, ha indicado que la realidad es que el alcalde pasa a la condición de concejal no adscrito, “pero esto no afecta a su condición de alcalde ni supone cambio alguno en el ejercicio de sus atribuciones”. “El Ayuntamiento sigue funcionando con normalidad, con estabilidad y con plena garantía legal”, ha asegurado.

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, ha anunciado en un comunicado que ha interpuesto una querella criminal contra la secretaria general del PSOE de Algeciras y parlamentaria andaluza, Rocío Arrabal, por “la difusión reiterada de informaciones falsas y gravemente lesivas para su honor, su dignidad personal y su trayectoria pública”.

La querella por delitos de injurias y calumnias graves, presentada ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, se produce semanas después de que la socialista denunciase a Landaluce por presuntos delitos de malversación y acoso o abuso sexual en el Tribunal Supremo, al ser este senador.

En ella el alcalde ha expuesto una sucesión de manifestaciones públicas realizadas por Arrabal en ruedas de prensa y declaraciones a medios de comunicación en las que atribuye al alcalde “conductas de extrema gravedad, incluidas supuestas actuaciones constitutivas de delitos contra la libertad sexual, y sustentadas exclusivamente en anónimos y en contenidos previamente desmentidos de forma expresa por las personas que se pretendía presentar como víctimas”.

Según se ha detallado, dichas afirmaciones fueron realizadas “con plena conciencia de su falsedad o cuando menos con un temerario desprecio hacia la verdad”, a pesar de que “las personas directamente aludidas habían negado públicamente los hechos y solicitado respeto ante la utilización política de su identidad y de su vida personal”.

Las actuaciones emprendidas se fundamentan en la posible comisión de delitos de injurias y calumnias con publicidad, así como en un delito contra la integridad moral, al considerar que “la campaña de difamación desplegada ha trascendido el legítimo debate político” para convertirse “en un ataque personal continuado con graves consecuencias tanto en el plano individual y familiar como institucional”.

En el comunicado, Landaluce ha asegurado que “ha dejado constancia de forma clara e inequívoca de su condena absoluta de cualquier forma de violencia contra las mujeres, así como de su rechazo frontal a la manipulación de causas especialmente sensibles con fines partidistas”.

“La utilización de acusaciones falsas o insinuaciones infundadas no solo vulnera derechos fundamentales, sino que banaliza una realidad social que merece el máximo respeto y rigor”, ha señalado el alcalde algecireño, que mantiene el cargo pese a su baja provisional del PP mientras se aclaran los hechos.

Con carácter previo a la interposición de la acción penal, el alcalde intentó celebrar un acto de conciliación con Rocío Arrabal con el único objetivo de obtener una rectificación pública. Este acto concluyó sin avenencia tras la incomparecencia de la querellada en el Juzgado de Instrucción de Algeciras, lo que ha motivado finalmente la interposición de una querella criminal en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

El alcalde ha subrayado que estas acciones legales persiguen “defender el derecho al honor, a la presunción de inocencia y a la verdad”, y ha advertido que se reserva el ejercicio de cuantas acciones legales correspondan “frente a quienes reproduzcan o amplifiquen dichas acusaciones falsas por cualquier medio”.