Un juzgado de Madrid ha citado a la exvicepresidenta primera del Gobierno y candidata del PSOE a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, a un acto de conciliación el próximo 4 de junio que reclamó el alcalde de Algeciras (Cádiz) y senador del Grupo Mixto, José Ignacio Landaluce, previo a decidir si se querella contra ella por presuntas injurias y calumnias. Así lo ha acordado la Plaza Número 56 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid, según ha adelantado El Confidencial y han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press.

Landaluce presentó una demanda de conciliación previa a la interposición de querella contra Montero tras unas declaraciones realizadas el pasado 13 de enero en un acto del PSOE en las que le “imputó falsamente haber sido condenado, denunciado e investigado por un delito de violencia de género”, según explicó su abogado.

Su letrado detalló que en la demanda se le exige a la también exministra de Hacienda una retractación pública, que cese en sus declaraciones y el pago de una indemnización de 200.000 euros.

A la vez, indicó que son objeto de la demanda declaraciones posteriores en las que Montero “volvió a referirse a esa denuncia ocultando deliberadamente que la misma fue interpuesta por compañeras del PSOE reproduciendo publicaciones de Alvise Pérez”, el eurodiputado, “en las redes sociales y que había sido ya archivada por la Fiscalía del Tribunal Supremo el 9 de enero de este año”.

Para ese acto de conciliación, ni Montero ni Landaluce están obligados a acudir personalmente al juzgado, ya que en estos casos es suficiente que estén presentes sus abogados o procuradores.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado el recurso de súplica presentado por el alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, contra el auto que inadmitía la querella presentada por un presunto delito de calumnias contra la parlamentaria socialista y secretaria general del PSOE en dicha localidad, Rocío Arrabal.

Así lo ha destacado este martes la secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, en un apunte en su cuenta en la red social 'X' en la que ha compartido una imagen de la página de la resolución del TSJA en la que se puede leer que la Sala de lo Civil y Penal del alto tribunal andaluz ha acordado la “desestimación” de dicho recurso de súplica presentado por el alcalde algecireño contra la inadmisión a trámite de su querella contra Rocío Arrabal y el “archivo” de la “causa especial” derivada de este caso.

“Por más que lo intenten, no nos callarán”, ha advertido María Jesús Montero en el 'tuit' en el que ha informado de esta decisión del TSJA sobre dicha querella de Landaluce que deriva de unas declaraciones de Rocío Arrabal sobre la presunta implicación del alcalde en un supuesto caso de abusos sexuales contra dos concejalas de Algeciras.

La propia Arrabal presentó una denuncia contra Landaluce ante la Fiscalía del Tribunal Supremo, por ser senador y, por tanto, aforado. La denuncia le acusaba supuestos delitos de “malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y acoso o abuso sexual, y se fundamentaba en una serie de pantallazos publicados en el canal de Telegram de 'Alvise' Pérez en los que supuestamente se exponían una serie de abusos sexuales atribuidos al alcalde de Algeciras contra dos de sus concejalas, las cuales negaron estos hechos días después. También se conoció que uno de sus cargos de confianza había presionado a una de las concejalas, proponiéndole suscribir ante notario que cuando expuso los comportamientos de Landaluce sufría un trastorno mental.

La interposición de la denuncia dio lugar a la dimisión de Landaluce de todos sus cargos orgánicos del PP y también como senador. Sin embargo, no cesó como alcalde, ni perdió el apoyo del grupo municipal popular. Juan Manuel Moreno, presidente del PP andaluz, evitó forzar su dimisión como regidor alegando que ya no era “del PP”.

El pasado 15 de enero esa Fiscalía del Tribunal Supremo archivó la denuncia. Poco antes Landaluce había anunciado que se querellaría contra Arrabal. Y hace apenas un mes, el Alto Tribunal abrió una investigación contra el diputado Alvise Pérez por presuntas amenazas contra Landaluce.

“No se trata de vagos rumores”

La decisión del TSJA confirma la inadmisión a trámite la querella que había presentado Landaluce al sostener que, aunque resultaba “verosímil” que la querellada --Rocío Arrabal-- había realizado las manifestaciones que se le atribuían y que la documentación aportada por Landaluce “así lo acredita indiciariamente”, también se apreciaba, “sin necesidad de más investigación que la lectura o visionado de los documentos y archivos aportados, que tales hechos, en relación con el contexto que resulta de la propia querella, carece de toda relevancia penal”.

Para descartar el carácter delictivo de los hechos objeto de la querella, se argumentaba desde el TSJA que lo dicho por Arrabal en las declaraciones puestas en cuestión “no se trata de invenciones, sino de elementos, ciertos o no, inventados o fabricados o no, por terceras personas”, que se hicieron llegar a medios de comunicación, a 'Alvise' Pérez --líder del partido 'Se acabó la fiesta'-- y al PSOE.

De esta manera, Arrabal se habría limitado a “trasladar a la opinión pública los documentos en los que sustenta la imputación de las conductas delictivas de Landaluce”.

“No se trata de invocación de vagos rumores, de simples denuncias anónimas que pueden ser inventadas o de impresiones personales”, ya que se exhiben a la opinión pública “documentos”, lo que resulta “incompatible” con el “temerario desprecio a la verdad” que se requiere como mínimo para un delito de calumnias, recogía el TSJA en su auto con el que inadmitía la querella de Landaluce.

Además, se señalaba que las manifestaciones de Arrabal se produjeron “en un inequívoco contexto de labor de oposición política”, y que la finalidad era “justificar la reclamación al Partido Popular” para que forzara “la dimisión de Landaluce como alcalde de Algeciras”, entendiendo que no es un contexto de “un ataque personal sin más, sino la petición de dimisión de una autoridad en atención a informaciones y documentos que aparentemente --y sin perjuicio de la comprobación judicial de su autenticidad y la interpretación de su significado-- comprometen la integridad moral de la persona aludida”.

Es por eso que el TSJA concluía que con los datos aportados con la querella, se deduce que las declaraciones de Arrabal “no fueron meras invenciones o traslación temeraria de rumores notoriamente infundados, sino conclusiones basadas en informaciones recibidas de terceras personas”, de las que “no es irrazonable extraer sospechas sobre la existencia de comportamientos indebidos a los efectos de justificar una petición de dimisión en el entorno de la labor de oposición, sin que aparezca por tanto indicio alguno de que concurra temerario desprecio a la verdad”.

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha abierto una causa al eurodiputado Luis ‘Alvise’ Pérez, para investigar la querella presentada contra él por el alcalde de Algeciras, José Antonio Landaluce, por un presunto delito de amenazas condicionales. El regidor estuvo acusado por malversación y acoso sexual pero el Supremo archivó en enero la querella que presentó contra él el PSOE. La querella que ahora ha admitido el alto tribunal se formuló por delito de coacciones y por delito de amenazas condicionales con carácter subsidiario, y el Supremo, según indica en un auto, ha apreciado indicios de este segundo delito. El tribunal ha designado instructor, conforme al turno establecido, al magistrado Antonio del Moral.

“El relato contenido en la querella, unido a la documentación aportada, singularmente las capturas de pantalla y certificaciones electrónicas relativas a las publicaciones efectuadas en el canal público de Telegram gestionado por el querellado, permite apreciar, en esta fase preliminar y sin prejuzgar la calificación definitiva, la concurrencia de indicios racionales de un posible delito de amenazas condicionales del artículo 169.1 del Código Penal”, señalan los magistrados.

Para el Supremo, de los mensajes reproducidos en la querella se desprende, indiciariamente, que el querellado habría anunciado de forma expresa y reiterada la difusión pública de audios, documentos y capturas de conversaciones en los que se atribuirían al querellante comportamientos presuntamente delictivos o gravemente deshonrosos, vinculando de manera explícita la no ejecución de esa difusión a la dimisión del querellante de su cargo de alcalde.

Según el auto, la estructura condicional del anuncio, la referencia a la disponibilidad de los materiales y la fijación incluso de plazos temporales para su eventual publicación permiten apreciar, en este momento procesal, la concurrencia de los elementos objetivos característicos del artículo 169.1 del Código Penal, en cuanto se exterioriza un mal futuro cuya ejecución aparece dependiente de la voluntad del autor.

Por el contrario, no aprecia indiciariamente acreditado el delito de coacciones de la querella, que exige una afectación directa e inmediata de la libertad de actuación mediante violencia o intimidación idónea para impedir o compeler. Añade que ello no excluye que el resultado de la instrucción pudiera eventualmente justificar una ulterior reconsideración en cuanto a la calificación jurídica de los hechos, pero, en este estadio inicial, el encaje provisional más ajustado es el del art. 169.1 CP (delito de amenazas condicionales).

En consecuencia, apreciando la concurrencia de indicios cualificados y suficientes conforme al estándar reforzado exigido en causas contra aforados, la Sala procede a la admisión a trámite de la querella y la incoación del correspondiente procedimiento, “sin que ello suponga anticipar juicio alguno sobre la culpabilidad del querellado ni prejuzgar la definitiva calificación jurídica de los hechos, que quedará supeditada al resultado de la instrucción”, concluye la resolución.

Se trata de la quinta causa abierta por el Supremo al citado eurodiputado de Se Acabó la Fiesta (SALF) en el último año. En dos de las cuatro que están ya abiertas el tribunal ha dirigido suplicatorio al Parlamento europeo para continuar con los procedimientos.

La apertura del nuevo Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Algeciras sorprendió a casi todos el pasado 6 de noviembre. El Ministerio del Interior no avisó ni siquiera al alcalde José Ignacio Landaluce (PP), que montó en cólera porque el ministro Marlaska no le pegase al menos “un telefonazo”. Sin embargo, el nuevo CIE de Algeciras (el único que hay en Andalucía) no ha existido oficialmente hasta tres meses después.

El pasado 7 de febrero el BOE publicó la norma que “dispone la creación” del nuevo centro y la supresión del anterior en la misma localidad, con entrada en vigor al día siguiente. En los tres meses que van del 6 de noviembre al 8 de febrero, el CIE de Algeciras ha servido para retener a unos 60 individuos extranjeros privados de libertad sin existir jurídicamente. La falta de soporte normativo puede poner en cuestión esas detenciones.

La Coordinadora CIE No Cádiz (integrada por entidades como Algeciras Acoge, APDHA Campo de Gibraltar o ECCA Social Andalucía) ha elevado una queja al Defensor del Pueblo, pidiéndole que promueva procedimientos de habeas corpus respecto de todas aquellas personas que fueron internadas en el nuevo CIE antes del 8 de febrero de 2026 y cuya privación de libertad se haya ejecutado en un centro “no formalmente creado conforme a Derecho”, instando a su inmediata puesta en libertad. Además, está informando a abogados que atienden a internos de la posibilidad de pedir la nulidad del internamiento a título individual.

Las organizaciones denuncian el escaso respeto por la legalidad que denota encerrar a personas en unas instalaciones antes de darles entidad jurídica. La propia Orden que crea el CIE dice en su Preámbulo que “se adecúa” a los principios de buena regulación y que “refuerza el principio de seguridad jurídica ya que se da publicidad al cierre de un centro y a la creación de otro de nueva construcción”. El internamiento de personas antes de aprobar esa Orden sugiere que la actuación material ha ido por otro camino.

No es la única norma en contradicción con la realidad material. El reglamento de funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de extranjeros (Real Decreto 162/2014) establece que éstos se crean, modifican o suprimen mediante orden del Ministro del Interior, por lo que se presupone que “no existen” si no se dicta y publica tal Orden. La Ley de Extranjería regula la privación de libertad de personas extranjeras en situación irregular respecto a las que se haya dictado orden de expulsión, y dispone que debe ejecutarse por orden de un juez en un centro de internamiento creado conforme a la normativa, en garantía del derecho fundamental reconocido en el artículo 17 de la Constitución Española.

“La privación de libertad es la medida más dura del ordenamiento jurídico, tiene que haber un rigor para aplicarlo”, protesta Jesús Mancilla, uno de los portavoces de la Coordinadora y miembro de Algeciras Acoge. “Esto afecta a personas migrantes, pero se puede extrapolar a otros colectivos, y denota que el Ministerio no está funcionando bien”, lamenta.

El Ministerio del Interior deriva a la Policía, cuyo gabinete de prensa no ha respondido las preguntas de este medio.

Un CIE de gran tamaño: 507 plazas, el 43% del total

La relación de Algeciras con los CIE viene de antiguo. El de La Piñera, una cárcel reconvertida, empezó a funcionar en 2003, y durante más de veinte años pasaron por él miles de extranjeros, acumulando denuncias por la precariedad y saturación o por la detención de menores. Tenía capacidad para unas 60 personas, aunque rara vez había en él más de veinte.

En 2017, el entonces ministro José Ignacio Zoido (PP) presentó el proyecto de otro CIE, de nueva planta y con capacidad para más de 700 personas. Era un momento en que arreciaban las críticas al modelo, pero también un año en el que se triplicaron las llegadas por mar a España (unas 21.000, según la Organización Internacional para las Migraciones), con especial presión en la zona del Estrecho. Zoido presentó el proyecto como una oportunidad laboral en una zona muy deprimida.

El Consejo de Ministros (ya del Gobierno de coalición) no aprobó la autorización para iniciar la construcción hasta 2019, y aún pasaron otros seis años más hasta que listo para usarse. Se ubica en una parcela de 20.000 metros cuadrados, cerca del centro penitenciario de Botafuegos y tiene capacidad para 507 personas (el de mayor capacidad de España, y uno de los mayores de Europa), el 43,7% del total de las que hay en España. Ha costado 21,5 millones de euros, según detalló el Gobierno en una respuesta parlamentaria.

El 6 de noviembre de 2025, la agencia EFE adelantó que había empezado a funcionar “en fase de pruebas” antes de su “inauguración oficial”. Otras fuentes señalan que había empezado a recibir internos el 3 de noviembre. Las entidades asisten a los internos desde entonces.

La sorpresiva puesta en marcha del CIE provocó la reacción no sólo de las entidades de derechos humanos, que convocaron manifestaciones, sino del propio alcalde Algeciras: “Es ilógico, no es sensato ni cabe en ninguna cabeza humana cabe que el ministro del Interior no le pegue un telefonazo a este pobre alcalde y le diga que el CIE se va a abrir”.

Expulsados que podrían acogerse a la regularización

Mancilla observa que no es la primera vez que el Estado se muestra poco escrupuloso con el cumplimiento de la legalidad en los CIE. El de La Piñera empezó a funcionar en 2004 pero la Orden que lo creó es de 2006. Años después, en 2017, Interior encerró a más de 500 argelinos recién llegados a las costas de Almería en un centro destinado a cárcel en Archidona (Málaga) sin inaugurar, que usó durante semanas como CIE “provisional”. Las ONG denunciaron las condiciones del internamiento de personas que no habían cometido delitos y el uso irregular de la futura cárcel como CIE. En ese tiempo murió Mohamed Bouderbala, de 36 años, que fue hallado ahorcado en su celda.

Según las ONG, en el nuevo CIE de Algeciras hay actualmente unas veinte personas. Son ciudadanos extranjeros de nacionalidades diversas en situación irregular que están en España desde hace meses o años, explican. Predominan los marroquíes, pero hay también nacionales de China, de Estados Unidos o de países latinoamericanos. Algunos tienen antecedentes, pero otros no, y podrían aspirar a la regularización recién anunciada por el Gobierno. “Tenemos constancia de expulsados que no tenían antecedentes penales, y con familiares que ya tienen nacionalidad española”, asegura el portavoz de la Coordinadora.

Por ahora, el Centro funciona al ralentí, apenas al 4% de su capacidad, en un momento en que las llegadas por la ruta del Estrecho han caído a mínimos de una década. Al coste de mantener las instalaciones se suma que, para expulsarlos, el Ministerio debe trasladar a los internos de Algeciras a Madrid, desde donde parten los “macrovuelos de deportación” a sus países de origen. Este martes hubo uno con destino Perú y Colombia. “Si el Gobierno quiere hacer una regularización extraordinaria, no es compatible con mantener redadas policiales y macrovuelos de deportación, y que no se les aplique una moratoria a personas que podrían acogerse a ella”, protesta Mancilla.

El portavoz de la Coordinadora lamenta que se dedique una inversión tan relevante a la “represión de la población migrante” en una zona con una de las tasas de desempleo más alta del país, con la Educación y la Sanidad bajo presión y con graves carencias en otros servicios públicos. Los juzgados de lo penal de Algeciras (el palacio de Marzales) están cerrados temporalmente por la ruina del edificio, lo que ha retrasado decenas de juicios pendientes, y el trayecto por tren de alta velocidad une Algeciras con Madrid se realiza en autobús hasta Antequera por tiempo indefinido.

La Policía Nacional ha localizado y detenido este sábado al presunto autor del homicidio de su madre y de las lesiones graves ocasionadas a su padre ocurridas en la localidad gaditana de Algeciras, aunque la investigación del caso continúa abierta para el total esclarecimiento de los hechos.

El cuerpo nacional ha confirmado a través de una nota que el detenido ha sido localizado en el aparcamiento del centro comercial Carrefour Las Palomas, donde se encontraba en el interior de su vehículo. Tras su localización y detención, el arrestado ha sido trasladado al Centro Médico Menéndez Tolosa, donde ha sido atendido para la correspondiente valoración médica, quedando posteriormente a disposición policial.

Los hechos han tenido lugar alrededor de las 23.00 horas de este pasado viernes en un domicilio familiar del municipio. Como resultado de la agresión, además de la mujer fallecida, el marido de la víctima y padre del presunto autor ha resultado herido de gravedad, siendo trasladado de urgencia a un centro sanitario, donde permanece ingresado y está siendo asistido por heridas de carácter grave.

Desde el primer momento, agentes de la Policía Nacional se han hecho cargo de la intervención, activándose de inmediato el correspondiente dispositivo policial y judicial. En estos momentos se están practicando las diligencias necesarias para el total esclarecimiento de los hechos, de las cuales se desprende como presunto autor el hijo, mayor de edad, del matrimonio.

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, ha celebrado que la Fiscalía del Tribunal Supremo haya decidido archivar la denuncia presentada contra él por el PSOE acusándole de supuestos delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y acoso o abuso sexual. El regidor, que contraatacó a su vez con otra querella por injurias, asegura que lo ocurrido “no me va a detener”, mientras los socialistas aseguran van a ampliar la denuncia inicial “con nuevas pruebas que surgieron después de su interposición”

Landaluce incide en que este caso “me dará más fuerza y seguiré trabajando por Algeciras con el mismo cariño, la misma entrega y la misma ilusión”. Como consecuencia de la denuncia de los socialistas, renunció el 10 de diciembre a la presidencia del PP local y a todos sus cargos orgánicos. En la actualidad se mantiene como alcalde pero en calidad de concejal no adscrito, tras formalizar el pasado 2 de enero su salida del grupo municipal del PP. La misma situación se repite en su condición como senador: no ha renunciado al acta, pero no pertenece al grupo popular.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, Landaluce ha subrayado que “el fiscal no ha necesitado llamar a declarar a ningún testigo ni solicitar documentación, porque no existe absolutamente nada”. Asimismo, ha agradecido el apoyo de “todos los que me habéis dado una palabra de ánimo, porque cuando uno atraviesa momentos difíciles, es ahí cuando de verdad se siente el calor de su gente”. Además, ha añadido que “siento alivio, paz y tranquilidad, no sólo por mí, sino también por mi familia, por mis compañeros, por mi equipo y por todos los que han estado a mi lado”.

“Con la misma ilusión”

En este contexto, ha señalado que “han sido semanas muy duras, días en los que he visto cómo mi nombre era utilizado, arrastrado y pisoteado, momentos en los que tuve que convertir el dolor y la incertidumbre en un arma política. Eso deja huella, porque detrás de cada cargo hay una persona, y detrás de esa persona hay una familia y un equipo que también sufre y que también aguanta en silencio”.

En este sentido, ha asegurado que este hecho “no me va a parar al contrario me va a dar más fuerza voy a seguir trabajando por Algeciras con el mismo cariño con la misma entrega y con la misma ilusión”. “No estoy aquí para dividir ni para enfrentar ni para alimentar ruido estoy aquí para servir a la ciudad”. “Algeciras, vamos todos juntos”, ha concluido.

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE de Algeciras (Cádiz), Fran Fernández, ha señalado que “ampliaremos la denuncia presentada con nuevas pruebas que surgieron después de su interposición”. La querella inicial ahora archivada la presentaron la secretaria general del PSOE de Algeciras y parlamentaria andaluza, Rocío Arrabal, y la vicesecretaria de Acción Política del PSOE local, Isabel Beneroso.

En este sentido, Fernández ha aclarado que el archivo no implica que la Fiscalía “se pronuncie sobre la culpabilidad o inocencia” del alcalde. “No ha dicho que Landaluce sea inocente ni culpable, simplemente que, de momento, no entra a investigar”, ha concluido.

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha decidido archivar la denuncia presentada por la secretaria general del PSOE de Algeciras y parlamentaria andaluza, Rocío Arrabal (contra la que se querelló el regidor por injurias), y por la vicesecretaria de Acción Política del PSOE local, Isabel Beneroso, contra el alcalde de la ciudad, José Ignacio Landaluce, que señalaba supuestos delitos de “malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y acoso o abuso sexual”.

Según consta en el auto al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal jefe de la Sala de lo Penal indica que, mediante decreto del fiscal instructor del pasado 9 de enero, se ha acordado el archivo de las diligencias.

La decisión se adopta al amparo de los artículos 773.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 5.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, al no existir en la actualidad investigaciones activas en las que pudiera formalizarse la personación interesada.

Como consecuencia de la denuncia de los socialistas, y ante el terremoto político que desató, Landaluce renunció el 10 de diciembre a la presidencia del PP local y a todos sus cargos orgánicos. En la actualidad se mantiene como alcalde pero en calidad de concejal no adscrito, tras formalizar el pasado 2 de enero su salida del grupo municipal del PP. La misma situación se repite en su condición como senador: no ha renunciado al acta, pero no pertenece al grupo popular.

Aclaración de su papel como alcalde

Precisamente, el Ayuntamiento de Algeciras ha convocado para el próximo lunes una Junta de Portavoces para dar información “clara, directa y con base jurídica” sobre la situación institucional del Consistorio tras la comunicación registrada el 2 de enero relativa a la baja del alcalde, José Ignacio Landaluce, en el grupo municipal del PP.

Según ha indicado en una nota, el objetivo es informar “con transparencia y sin interpretaciones interesadas”, antes de que se produzca la correspondiente dación de cuenta al pleno, tal y como establece la normativa municipal. En este sentido, ha añadido que el Ayuntamiento considera “imprescindible que todos los grupos municipales dispongan de la misma información, al mismo tiempo y con total rigor”.

Asimismo, ha indicado que la realidad es que el alcalde pasa a la condición de concejal no adscrito, “pero esto no afecta a su condición de alcalde ni supone cambio alguno en el ejercicio de sus atribuciones”. “El Ayuntamiento sigue funcionando con normalidad, con estabilidad y con plena garantía legal”, ha asegurado.

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, ha anunciado en un comunicado que ha interpuesto una querella criminal contra la secretaria general del PSOE de Algeciras y parlamentaria andaluza, Rocío Arrabal, por “la difusión reiterada de informaciones falsas y gravemente lesivas para su honor, su dignidad personal y su trayectoria pública”.

La querella por delitos de injurias y calumnias graves, presentada ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, se produce semanas después de que la socialista denunciase a Landaluce por presuntos delitos de malversación y acoso o abuso sexual en el Tribunal Supremo, al ser este senador.

En ella el alcalde ha expuesto una sucesión de manifestaciones públicas realizadas por Arrabal en ruedas de prensa y declaraciones a medios de comunicación en las que atribuye al alcalde “conductas de extrema gravedad, incluidas supuestas actuaciones constitutivas de delitos contra la libertad sexual, y sustentadas exclusivamente en anónimos y en contenidos previamente desmentidos de forma expresa por las personas que se pretendía presentar como víctimas”.

Según se ha detallado, dichas afirmaciones fueron realizadas “con plena conciencia de su falsedad o cuando menos con un temerario desprecio hacia la verdad”, a pesar de que “las personas directamente aludidas habían negado públicamente los hechos y solicitado respeto ante la utilización política de su identidad y de su vida personal”.

Las actuaciones emprendidas se fundamentan en la posible comisión de delitos de injurias y calumnias con publicidad, así como en un delito contra la integridad moral, al considerar que “la campaña de difamación desplegada ha trascendido el legítimo debate político” para convertirse “en un ataque personal continuado con graves consecuencias tanto en el plano individual y familiar como institucional”.

En el comunicado, Landaluce ha asegurado que “ha dejado constancia de forma clara e inequívoca de su condena absoluta de cualquier forma de violencia contra las mujeres, así como de su rechazo frontal a la manipulación de causas especialmente sensibles con fines partidistas”.

“La utilización de acusaciones falsas o insinuaciones infundadas no solo vulnera derechos fundamentales, sino que banaliza una realidad social que merece el máximo respeto y rigor”, ha señalado el alcalde algecireño, que mantiene el cargo pese a su baja provisional del PP mientras se aclaran los hechos.

Con carácter previo a la interposición de la acción penal, el alcalde intentó celebrar un acto de conciliación con Rocío Arrabal con el único objetivo de obtener una rectificación pública. Este acto concluyó sin avenencia tras la incomparecencia de la querellada en el Juzgado de Instrucción de Algeciras, lo que ha motivado finalmente la interposición de una querella criminal en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

El alcalde ha subrayado que estas acciones legales persiguen “defender el derecho al honor, a la presunción de inocencia y a la verdad”, y ha advertido que se reserva el ejercicio de cuantas acciones legales correspondan “frente a quienes reproduzcan o amplifiquen dichas acusaciones falsas por cualquier medio”.

El secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, ha anunciado este martes que se tomarán “decisiones” en relación con la situación generada en el Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz) tras la denuncia por presunto acoso sexual contra el alcalde, José Ignacio Landaluce, que se dio de baja en el Partido Popular.

En declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, Repullo ha manifestado que Landaluce tomó la decisión de presentar su baja como militante del PP y, evidentemente, ahora es un alcalde que “es independiente y que cuenta con el respaldo del grupo popular en el Ayuntamiento de Algeciras”.

Ha señalado que se está evaluando la situación: “Somos un partido que no tomamos decisiones a la carrera, sino que tomamos las decisiones de una forma muy medida”.

“Lo que sí está claro es que el Partido Popular no toma decisiones porque el PSOE nos empuje a ello”, ha señalado Repullo, apuntando que el PP siempre ha demostrado su “autonomía”.

Antonio Repullo ha recalcado que, “evidentemente vamos a tomar las decisiones que tengamos que tomar desde el punto de vista más objetivo, con toda la seriedad, y siempre pensando en lo que es mejor para los vecinos de Algeciras”.

Hace sólo un mes, Juanma Moreno se subió al escenario del salón plenario donde se celebraba el XVII Congreso regional del PP andaluz, en el Palacio de Congresos de Sevilla, para dar un discurso de agradecimiento a los cientos de compromisarios que iban a apoyar su reelección como presidente del partido con el 99,95% de votos.

Había 5.000 militantes y simpatizantes. Moreno mencionó un puñado de nombres propios para sacar pecho del papel que estaba jugando el PP en Andalucía, entre ellos, el de José Ignacio Landaluce, histórico alcalde de Algeciras, la décima ciudad más poblada de la comunidad (125.000 habitantes) y un bastión de la derecha en Cádiz desde 2011.

Un año antes, el agitador ultraderechista Alvise Pérez había difundido en Telegram unos pantallazos con mensajes de WhatsApp de dos concejalas de Algeciras comentando los supuestos abusos sexuales del regidor, tocamientos en el lugar de trabajo. “Esta mañana para apartarme de la mesa del chocolate me tocó el culo”, decía una. “Y ya me ha metido mano por debajo de la mesa”, replicaba otra.

Aquel día, en medio de la euforia del congreso que entronizaba a Moreno, el presidente andaluz hizo un reconocimiento público a la gestión de Landaluce en su ayuntamiento, y muchos entendieron que el líder del PP andaluz y presidente de la Junta respaldaba públicamente al veterano alcalde y senador, que terminó entrando en su nueva ejecutiva.

Senador del Grupo Mixto, alcalde del Grupo Popular

Ese apoyo público se ha enrarecido en los últimos días, después de que el PSOE denunciara a Landaluce ante la Fiscalía del Tribunal Supremo por acoso sexual, malversación y tráfico de influencias, y el alcalde reaccionara (para sorpresa de muchos) dimitiendo como presidente del PP de Algeciras y pidiendo la suspensión temporal de militancia y de todos sus cargos orgánicos para poder defenderse sin dañar la imagen del partido.

Muchos dirigentes del PP andaluz quedaron en shock. No entendían el movimiento brusco del veterano alcalde, justo el día en que el PSOE se estaba cociendo vivo en el hervidero del caso Salazar y otras acusaciones de mujeres del partido contra dirigentes por supuestos abusos sexuales.

Pasados diez días desde el terremoto, las réplicas se han sucedido sin mover a Landaluce de su posición más estable: la de alcalde de Algeciras. Lo sigue siendo, además, como miembro del grupo municipal popular, a pesar de que Moreno haya esquivado accionar cualquier resorte contra él (y de paso las preguntas) escenificado la ruptura con una frase rotunda: “Ya no es del PP”.

La sentencia del jefe del PP andaluz se ancla en la suspensión de militancia pedida por el propio Landaluce el día 10, y en la baja “materializada y registrada” desde el 11, según el PP de Cádiz. Pero tiene una traslación práctica muy imprecisa: Landaluce sigue siendo senador y alcalde. En el Senado ya no forma parte del Grupo Popular sino que es del Grupo Mixto, mientras que en el consistorio sigue siendo parte del Grupo Popular, tal y como este viernes certificó el secretario municipal.

Este viernes, el PSOE local trató de hacer visible la brecha desbrozando el embrollo: ¿Landaluce es alcalde del PP o es no adscrito? Las socialistas habían pedido al secretario que fuera pidiendo la “certificación de la baja definitiva” en el partido, con vistas a declararle luego “no adscrito”. Pero la respuesta del habilitado nacional, encargado de dar fe pública, fue que no tenía “constancia formal” de la baja de Landaluce como militante. Mientras, el PP de Cádiz explicaba que la baja se “materializó” hace más de una semana.

Más tarde, el secretario aclaró a los medios que ni siquiera cuando compruebe que ya no es militante lo tendrá por no adscrito, porque es el grupo municipal el que debe expulsarlo. “¿Es necesario ser miembro de un partido para ser miembro de un grupo municipal? En absoluto. Hay muchos independientes. Puede ser miembro del grupo aunque no sea militante”. Además, antes de tenerlo por “no adscrito” hay que darle audiencia y debe ser el Pleno el que lo declare como tal.

Presiones para fingir un “desequilibrio mental”

Ese desconcierto aterrizó en pista este miércoles, cuando El Correo de Andalucía publicó la grabación de una reunión entre un dirigente de la ejecutiva del PP de Málaga y asesor jurídico en el Ayuntamiento de Algeciras, Marcos Borrego, presiona a la exedil Laura Ruiz, que difundió y comentó los mensajes sobre supuestos abusos a sus compañeras, para que reconociera ante notario y por escrito que lo había hecho por “odio”, por su “cabreo personal”, “por perjudicar al alcalde”, y por último, por sufrir un “desequlibrio mental”, pero que ya había “recuperado la sensatez”.

En el audio, Borrego se presenta como “el abogado del partido en el caso este de José Ignacio” [Landaluce], aunque desde la dirección del PP de Málaga trataron de explicar que no actuaba en representación del partido, sino como “abogado particular”. Al difundirse más partes de la grabación, los populares optaron por guardar un silencio sepulcral, ni desautorizaron a Borrego ni pidieron públicamente el acta al alcalde de Algeciaras.

“¿Desequilibrio mental? Marcos, eso me puede hacer daño”, le responde Ruiz en la grabación. “Laura, hay dos personas que, hipotéticamente, según los pantallazos que Alvise [Pérez, agitador ultraderechista] publica, son objetos de una conducta de agresión sexual y en ese chat participas tú como oyente, ¿vale o no? Estas dos personas dicen que es falso, tú no puedes decir que es verdadero”.

La grabación se difundió coincidiendo con el debate final de los Presupuestos Autonómicos de 2026 en el Parlamento. Varios portavoces de la oposición, desde Vox a Adelante Andalucía, mencionaron el asunto desde la tribuna. Una diputada de la ultraderecha preguntó a la bancada del Gobierno de Moreno si apoyaban que un dirigente de su partido presionara a una concejala de su partido para que firmara ante notario “que estaba loca” con tal de proteger a Landaluce de las acusaciones de abuso sexual.

Encapsular al presidente Moreno

En privado, altos dirigentes del PP andaluz admiten que Moreno ha pedido marcar distancias con el histórico regidor, que está llamando a miembros del Gobierno andaluz y de la cúpula del partido, pero no le cogen el teléfono. Nadie le ha pedido que entregue el acta públicamente, pero admiten que esperan que él de ese paso, como lo hizo al pedir la suspensión temporal de militancia y abandonar sus puestos orgánicos. Landaluce es senador y, por tanto, aforado, y está en ciernes de una investigación por parte de la Fiscalía del Supremo.

El equipo de Moreno no quiere que el presidente se vea salpicado por un asunto tan turbio, que además rompe su línea de ataque contra el PSOE por los casos de abuso sexual, pero reconocen que marcar distancias tiene un riesgo añadido: Algeciras no es un municipio cualquiera que el PP pueda arriesgarse a perder, es un puntal del voto conservador donde Landaluce ha encadenado varias mayorías absolutas con un discurso duro que neutraliza el avance de Vox. Son 125.000 habitantes, votos clave en las autonómicas que tocan en menos de seis meses, y donde Moreno se juega la mayoría absoluta ante el avance disparado de la ultraderecha.

Alvise Pérez borró los mensajes nada más publicarlos, pero ya se instalaron en la pugna política del municipio algecireño, de Cádiz y del Parlamento andaluz, donde el presidente de la Junta empezó a recibir presión desde la oposición para que forzara a Landaluce a dimitir. El asunto estaba lleno de aristas: las dos concejalas que aparecen en los mensajes -Susana Pérez Custodio y Eva Pajares- negaron haber sufrido acoso sexual y hablaron de la “distorsión” de sus Whatsapp, pero nunca lo denunciaron.

Una de ellas, Pajares, había sido nombrada delegada de Salud en Cádiz, un movimiento “sospechoso” que empujó al PSOE a denunciar un supuesto delito de malversación, en teoría, por usar fondos públicos para “comprar el silencio” de las víctimas del presunto acosos sexual.

El PSOE anunció en febrero una denuncia en los tribunales, que no registró ante la Fiscalía del Tribunal Supremo hasta el pasado 10 de diciembre, justo el día en que Landaluce y la portavoz socialista algecireña, Rocío Arrabal, estaban citados para un acto de conciliación previo a la demanda civil que Landaluce dice que va a presentar contra ella.

José Ignacio Landaluce, que hasta hace nueve días era alcalde de Algeciras del PP y senador nacional por el mismo partido, ya no forma parte del grupo popular en el Senado pero sigue siendo regidor del grupo municipal del PP en la ciudad gaditana. Así se deduce de lo acontecido este viernes en el Pleno del Ayuntamiento de Algeciras, donde el secretario municipal, encargado de dar fe pública, ha leído un informe en el que se rechaza tenerlo por “no adscrito” mientras el Ayuntamiento no tenga “conocimiento formal” de que Landaluce ha cesado en su “condición de miembro” del PP, algo que no habría ocurrido.

“Pperder la condición de miembro de un grupo, que es una condición distinta a la de militante de un partido, hay que hacerlo renunciar expresamente o ser expulsado, ya sea del grupo popular o del Partido Popular. Esas son las causas que marca la ley, que a fecha de hoy no se han producido”, ha aclarado después a los medios José Luis López, secretario general del Ayuntamiento de Algeciras. “¿Es necesario ser miembro de un partido para ser miembro de un grupo municipal? En absoluto. Hay muchos independientes. Puede ser miembro del grupo aunque no sea militante”.

La contradicción con la situación política del regidor, del grupo del PP en Algeciras y no adscrito en el Senado, abarca también al PP andaluz, cuyo máximo responsable, Juan Manuel Moreno, dijo este mismo jueves que nada podía hacer con Landaluce porque “ya no es del PP”.

El PP de Cádiz insiste: “Él ya no es militante”, con baja “materializada y registrada desde el 11 de diciembre”, aunque no han facilitado el documento que lo acredita. Según asegura una portavoz, corresponde al grupo municipal comunicarla al secretario, pero no responden a si la constancia documental de esa baja se ha remitido ya desde el PP provincial al grupo municipal o al Ayuntamiento de Algeciras. El secretario dice que a él no le ha llegado nada.

El alcalde negó la posibilidad de debatir sobre este asunto hasta el turno de ruegos y preguntas del Pleno de este viernes. La portavoz del PSOE Rocío Arrabal insistió para que Landaluce aclarara su situación. “Este es el sitio que da fe pública. [Queremos] que el señor alcalde se pronuncie: si sigue afiliado al PP o no. Porque ayer el presidente Moreno dijo que el señor Landaluce no continúa en el PP”. Los ediles del PSOE y Vox abandonaron el Salón de Plenos cuando el alcalde, que preside, cerró el micrófono de Arrabal por segunda vez. “Vamos a seguir con el teatrillo”, les espetó Landaluce mientras enfilaban la puerta.

Landaluce es una patata caliente para el PP desde que el 10 de diciembre el PSOE presentara una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Supremo en el que se da cuenta de presuntos delitos de acoso y/o abuso sexual a tres concejalas, malversación y tráfico de influencias. Esta semana, el PP ha cortado la comunicación con Landaluce, mientras portavoces evitaban dar explicaciones sobre el tema y los diputados aceleraban el paso para evitar ser preguntados en el Parlamento. Landaluce es un histórico de la vieja guardia del PP, alcalde desde 2011 de la décima ciudad andaluza por población, y acumula hasta ahora un notable peso orgánico en el PP.

Presiones para fingir problemas mentales

La denuncia se basa en pantallazos de Whatsapp que circulaban desde hace más de un año, certificados ante notario, en el que las concejalas comentan tocamientos no consentidos y conductas que podrían constituir acoso, y la posterior contratación o designación de esas concejalas en las listas electorales, puestos de confianza o una empresa privada titular de una residencia concertada, supuestamente a cambio de su silencio. Las supuestas víctimas no han denunciado y dos de ellas han negado sentirse víctimas.

El asunto ha ganado toxicidad después de que El Correo de Andalucía desvelara, este miércoles, que Marcos Borrego, cargo de confianza de Landaluce y miembro de la Ejecutiva Provincial del PP en Málaga, presionó a una de las concejalas para que se desdijera de sus acusaciones firmando ante notario que sufría un desequilibrio mental. Según El Correo, Borrego se presentó en la reunión con esa exconcejala, celebrada en la sede del PP algecireño, como “el abogado del partido que está llevando a cabo el tema éste de los pantallazos de José Ignacio”

Landaluce, que dimitió como presidente del PP local tras conocerse la denuncia de acoso, ha rechazado dimitir como alcalde, insiste en que las acusaciones contra él son un “montaje” que obedece al intento de los socialistas por apartarlo de la política montando un “circo”, pero la preocupación en el PP andaluz es máxima en un contexto en el que el PSOE estaba sufriendo el desgaste de la ineficaz gestión en al menos media docena de casos de presunto acoso en su partido.

Sin “constancia formal”

El secretario del consistorio ha emitido un informe, que leyó al Pleno, en el que rechaza iniciar el proceso para tenerlo por “no adscrito”, tal y como le había solicitado el PSOE a raíz del escrito en el que el propio Landaluce anunció que había solicitado su “suspensión provisional de militancia”. El PSOE había pedido al secretario requiera a los representantes legales del PP local y nacional para que certifiquen la “baja definitiva” en el PP de Landaluce y, tras ello, lo declare como tal aplicándole las consecuencias políticas y económicas que se derivan de ello.

El secretario asegura que el Ayuntamiento no tiene constancia “formal, fehaciente y debidamente comunicada” de la “baja definitiva” de Landaluce en el PP, puesto que no ha recibido “certificación original” expedida por los representantes provinciales, regionales o estatales del partido. “El Ayuntamiento no tiene constancia formal, fehaciente y debidamente comunicada de que el señor Landaluce haya causado baja definitiva”. El Secretario ha explicado que la adquisición de la condición de “no adscrito” no es automática, y que exigirá, una vez que llegue la baja, que el Pleno realice un “acto formal” con audiencia al interesado.  

El informe se basa en normas de rango estatal y municipal, y el Secretario rechaza entrar a valorar la posible aplicación de normas internas del PP que no serían aplicables al funcionamiento del Ayuntamiento.

El alcalde de Algeciras José Ignacio Landaluce se mantiene en el cargo, a pesar del vendaval mediático que ensombrece su figura ante la denuncia de acoso sexual, malversación y tráfico de influencias que presentó el PSOE ante la Fiscalía del Tribunal Supremo. “Si yo dimito, sería dar la razón a los que mienten y atacan”, ha dicho, al igual que mantendrá su puesto como senador del PP “para la defensa del campo de Gibraltar”.

En una entrevista concedida a Onda Cero, el regidor ha tildado de “montaje” y de “persecución personal” las acciones emprendidas por los socialistas, manteniendo que se le acusa “de algo que no he hecho”. “A día de hoy sigue sin haber ninguna denuncia presentada contra mí por parte de estas personas”, ha declarado este jueves, en donde ha añadido que él mantendrá la demanda interpuesta en el Juzgado nº 1 de Algeciras por “las barbaridades” que ha presentado la oposición.

El histórico dirigente de la ciudad también ha tenido unas palabras con respecto a las presiones que Marco Borrego, cargo de confianza de Landaluce, ejerció sobre una de las exconcejalas del Ayuntamiento que fueron supuestamente acosadas, a la que pidió que fingiera ante notario que padecía un “desequilibrio mental” para enterrar la polémica.

“El 3 de octubre de 2023 me mandó un correo electrónico el jefe de personal del Ayuntamiento, mi amigo Bernardo, que había mandado mi excompañera Laura Ruiz”, ha explicado, en donde aseguraba que lo vertido por el PSOE “era todo falso”. En cuanto a la reunión de la que hay grabaciones, ha simplificado su magnitud con que “no estaba” y, según lo transmitido por sus compañeros de partido, “querían dejarlo todo ordenado para seguir trabajando por Algeciras”.

Moreno Bonilla se pronuncia

Por su parte, el presidente de la Junta y líder del PP en Andalucía, Juan Manuel Moreno, se ha pronunciado por primera vez este jueves sobre el caso del senador popular e histórico alcalde de Algeciras, denunciado por supuestos abusos sexuales a dos exconcejalas del Ayuntamiento, entre otros delitos.

Moreno ha marcado distancias con Landaluce, que hasta el mes pasado era un “referente” en el partido, y ha asegurado que su formación carece de “instrumentos de presión” para precipitar su dimisión como alcalde de Algeciras, la décima ciudad más poblada de Andalucía. “Landaluce no es miembro de nuestro partido. Nosotros no tenemos ningún instrumento de presión sobre él”, ha dicho el presidente de la Junta, ante una nube de periodistas en los pasillos del Parlamento, donde este jueves se aprueban los últimos Presupuestos Autonómicos de la legislatura.

A Moreno le ha tocado romper el silencio en el que se ha envuelto el PP desde que, el pasado miércoles, El Correo de Andalucía publicó una grabación donde se escucha a un dirigente popular, Marcos Borrego, presionar a una exconcejal del Ayuntamiento para que finja por escrito y ante notario que padecía un “desequilibrio mental” cuando difundió los mensajes de Whatsapp de dos compañeras del Consistorio que denunciaban tocamientos y abusos por parte de Landaluce.

“Presión y chantaje”

Los audios han salpicado al PP de Moreno el día que tocaba presumir de estabilidad con la aprobación de unos Presupuestos récord con 51.600 millones de euros. Diputados de todos los partidos de la oposición que han pasado por la tribuna del Parlamento han afeado a los populares sus maniobras “mafiosas” y “de presión y chantaje” sobre las mujeres para que aparezcan como “locas” para proteger a “acosadores y machistas”.

El presidente de la Junta y líder del PP andaluz ha recordado que Landaluce pidió la suspensión de militancia la semana pasada, cuando el PSOE formalizó la denuncia ante la Fiscalía por los casos de abusos, abandonó sus cargos orgánicos -dimitió como presidente del PP de Algeciras- y se pasó al grupo mixto del Senado. “Se ha pasado al grupo mixto en el Senado. La dirección provincial de Cádiz es la que tiene relación directa con él y la que habla con él”, ha subrayado Moreno, apresuradamente, a la entrada del salón de Plenos del Parlamento.

Las relaciones, cortadas

Fuentes de la dirección del PP andaluz aseguran que han “cortado” relaciones con Landaluce desde hace una semana, que el histórico alcalde lleva días llamando a dirigentes del entorno del presidente, pero “no le cogen el teléfono”. Aunque Moreno ha asegurado que el PP carece de instrumentos de presión para forzar la salida de Landaluce del Ayuntamiento, en realidad el partido cuenta con 12 concejales que podrían impulsar una moción de censura contra su jefe de filas.

En el PP descartan esta hipótesis porque supondría abrir una “guerra civil” en una ciudad de mucho peso -con 125.000 habitantes-, capital para los intereses de Moreno en las elecciones autonómicas que se celebran dentro de unos meses. Landaluce lleva dos décadas gobernando Algeciras, encadenando cinco mayorías absolutas y sólo un periodo de gobierno coaligado con Ciudadanos. Su control del partido en su municipio, y las afinidades de sus concejales, hace que la opción de una rebelión interna impulsada desde la dirección del PP de Cádiz para forzar una moción de censura sea difícil de imaginar.

Marcos Borrego, miembro de la Ejecutiva Provincial del PP de Málaga y cargo de confianza de José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras y senador del PP (hasta su “suspensión” de militancia hace una semana), pidió a la edil Laura Ruiz que rectificara ante notario los comentarios que dejó escritos sobre los supuestos abusos sexuales cometidos por Landaluce contra dos concejalas, un asunto que investiga la Fiscalía del Tribunal Supremo como presunto delito de acoso y/o abuso sexual.

Este dirigente del PP de Málaga llegó a presentarle un escrito a Ruiz para que lo firmara: estaba redactado en primera persona, y ella declaraba haber sufrido un “desequilibrio mental” cuando denunció las conductas de Landaluce en redes sociales, según se desprende de un audio grabado durante aquella reunión, que ha adelantado El Correo de Andalucía.

La conversación entre Borrego y Ruiz se produjo el 10 de febrero de 2025, pocos días después de que las concejalas socialistas Rocío Arrabal e Isabel Berenoso informasen públicamente de que preparaban una denuncia contra Landaluce basada en capturas de conversaciones de Whatsapp en las que Laura Ruiz, Eva Pajares y Susana Custodio, todas exconcejalas del PP en Algeciras, comentan tocamientos no consentidos y el presunto acoso sexual que sufrieron de Landaluce.

En el encuentro, se escucha a Borrego presionar a Laura Ruiz para que reconociera un trastorno mental que no padecía, para así desacreditar los comentarios que ella misma había escrito sobre la supuesta agresión sexual del alcalde de Algeciras a sus compañeras.

En el escrito, que nunca llegó a firmar, explicaba que debido a un proceso judicial de ámbito privado, había sufrido una especie de enajenación transitoria que le había empujado a amenazar con desvelar supuestos episodios de acoso sexual contra compañeras de partido, pero que ya había “recuperado la sensatez”. “¿Desequilibrio mental? Marcos, eso me puede hacer daño”, responde Ruiz en la grabación.

“Laura, hay dos personas que, hipotéticamente, según los pantallazos que Alvise [Pérez, agitador ultraderechista] publica, son objetos de una conducta de agresión sexual y en ese chat participas tú como oyente, ¿vale o no? Estas dos personas dicen que es falso, tú no puedes decir que es verdadero”, se escucha decir a Borrego, asesor de Landaluce en el Ayuntamiento de Algeciras y secretario del área de formación electoral en la Ejecutiva del PP de Málaga, que lidera Patricia Navarro.

Esta revelación ha sacudido esta mañana al PP andaluz, donde ya no se oculta la incomodidad con el caso Landaluce, hasta el punto de marcar distancias con un dirigente histórico y puntal del partido en la provincia de Cádiz. Landaluce es afiliado desde los tiempos de Alianza Popular, es senador y gobierna la décima ciudad más poblada de Andalucía, con más de 100.000 habitantes.

Hasta su dimisión como presidente del PP de Algeciras, la semana pasada, la ejecutiva regional de Juan Manuel Moreno había pedido “prudencia” y “distanciamiento” hasta que se aclarasen las cosas, pero este miércoles, en el Parlamento andaluz, ya había dirigentes de peso que daban por amortizado a Landaluce en privado. El deseo ahora es que el regidor abandone la alcaldía y otros cargos institucionales, con mayor motivo ante la posibilidad de que se divulguen nuevos audios. Sin embargo, desde la ejecutiva regional no se le ha dado ninguna directriz en ese sentido, subrayan fuentes del PP.

Tras la difusión del audio, Landaluce ha distrbuido un correo electrónico que Laura Ruiz le envío en octubre de 2023. En ese correo, Ruiz se dirige a Landaluce como “mi querido alcalde”, y le dice que “pagó [con él] los platos rotos” de la “fragilidad” y “desesperación” por sus problemas personales. También escribe que sus acusaciones difundidas entonces eran “un farol”. “Es muy fácil disparar hacia un político dejando entrever supuestas irregularidades en su gestión, señalándolo como supuesto corrupto”, comenta, antes de concluir que cometió un “gran error” al hacerlo.

Es un correo enviado en octubre de 2023, año y medio antes de la reunión ahora desvelada, en un momento en que la exconcejal Laura Ruiz acababa de ser recuperada por Landaluce como cargo de confianza. Contactada por este medio, Ruiz ha declinado hacer ninguna valoración. El PP de Málaga enmarca la actuación de Borrego en el asunto de Algeciras en su “condición de abogado” particular, aunque éste se refiere varias veces en el audio a la defensa del partido.

Juan Cornejo, secretario de Organización del PSOE en Cádiz, ha acusado al PP de querer “fabricar una loca” para desactivar las denuncias contra Landaluce, mientras que el PSOE de Málaga ha pedido al PP que aparte a Borrego.

Reunión tras el anuncio de una posible denuncia

La dirección andaluza del PP ha mantenido un mutismo absoluto sobre los audios que salpican a Landaluce. La reunión grabada entre Borrego y Ruiz se produjo poco después de que el PSOE anunciaran la denuncia contra el alcalde a partir de los pantallazos del chat de las exconcejalas del PP que comentaban los abusos sexuales del regidor. “Esta mañana para apartarme de la mesa del chocolate me tocó el culo”, decía uno de esos mensajes. “Y ya me ha metido mano por debajo de la mesa”, decía otra.

Esas conversaciones datan de 2022, y han condicionado la política local en los últimos años, pero no ha sido hasta hace unos días que el PSOE lo ha llevado ante la Fiscalía del Supremo, dada la condición de aforado de Landaluce como senador. El pasado febrero Borrego citó a Laura Ruiez a un encuentro para minimizar daños de una potencial denuncia.

Según El Correo, el dirigente del PP de Málaga se presentó como “abogado de José Ignacio [Landaluce] en el caso de los pantallazos”, pero también le comunicó que su papel era el de “asesor del Partido Popular”. Él ha negado este extremo ante la dirección del PP, aseguran en el partido.

Finalmente, el PSOE presentó diez meses después su denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Supremo. El escrito relaciona presuntos delitos de acoso y/o abuso sexual, malversación y tráfico de influencias. La concejal socialista denunciante, Rocío Arrabal, explica a este medio que su intención es ampliar la denuncia con los audios desvelados este miércoles.

Tanto Susana Pérez Custodio como Eva Pajares (actual delegada de Salud en Cádiz) han negado haber sufrido acoso sexual. Pérez Custodio lo ha reiterado esta semana: “No soy víctima de nada”. Landaluce calificó de “humo” la denuncia y dice sentirse “acosado, utilizado y perseguido”.

Cargo de confianza en Algeciras y miembro de la Ejecutiva en Málaga

Borrego es miembro de la Ejecutiva Provincial del PP malagueño, pero está contratado como personal eventual del Ayuntamiento de Algeciras desde 2023. De los nueve cargos de confianza nombrados con Landaluce para este mandato, él es quien más cobra: 45.000 euros.

La existencia de mensajes reveladores del comportamiento presuntamente delictivo de Landaluce data desde al menos octubre de 2022. En aquellas fechas Laura Ruiz tuvo que dimitir tras ser condenada por otro asunto, y anunció su intención de llevar a la Justicia “sucesos ocurridos” mientras fue concejala. La noche de las elecciones municipales de mayo de 2023 envió un audio a la concejala socialista Rocío Arrabal diciéndole: “Tengo mucho material de esta gente del PP”. Pero nunca denunció ni materializó las advertencias, que también difundió en redes sociales.

En septiembre fue nombrada cargo de confianza de Landaluce, con un salario anual de 25.000 euros. En octubre remite el correo exculpatorio a Landaluce. En febrero se produce la reunión con Borrego. Y cuando tuvo que abandonar este cargo, tras la declararse la firmeza de su condena, encontró trabajo en una residencia pública de mayores, pero gestionada por una concesionaria de la Junta de Andalucía.

La denuncia contra Landaluce se conoció la semana pasada, justo cuando los socialistas sufren un descrédito ante la militancia y la ciudadanía en general por la gestión interna de al menos media docena de casos de presunto acoso sexual dentro del partido. Landaluce y el PP denuncian que es una cortina de humo.

Fuentes del PSOE local atribuyen la tardanza a la opacidad del Ayuntamiento de Algeciras. Desde febrero (cuando anunció la denuncia) hasta diciembre (cuando la ha interpuesto), el PSOE local habría intentado reunir evidencias de que las tres exconcejalas fueron recompensadas con puestos de trabajo (en el Ayuntamiento y en la residencia) a cambio de su silencio. Ante la falta de respuesta sobre los cargos de confianza por parte del Ayuntamiento, ha denunciado ante un juzgado la vulneración del derecho de las concejalas a recabar información municipal.

El PSOE pide que se le declare no adscrito

La semana pasada, tras conocerse la denuncia, Landaluce anunció que suspendía su militancia en el PP, algo que él no puede hacer sin esperar a que lo tramite el propio partido. La petición de suspensión de militancia cursada por Landaluce causó desconcierto en el PP. También renunció a la presidencia del PP algecireño y no forma parte ya del grupo popular en el Senado.

En cambio, no ha dimitido de sus cargos institucionales: sigue siendo senador y alcalde de Algeciras (124.978 habitantes). Es regidor de esta ciudad, la décima más poblada de Andalucía, desde 2011. Gracias a sus victorias es también un peso pesado del PP andaluz. Siempre ha disfrutado de mayoría absoluta, a excepción del mandato 2019-2023, cuando se apoyó en Ciudadanos y un concejal de Vox.

La semana pasada el PP andaluz dijo desconocer los detalles de este caso, y aceptó la renuncia de Landaluce a la militancia como la mejor forma para “poder defenderse desde fuera”. Cuando los mensajes se difundieron, en octubre de 2024, Feijóo aseguró que la dirección nacional había hablado con él “automáticamente”, y que el asunto quedó aclarado, aunque luego la dirección nacional remitió a la andaluza. “Cualquier tipo de denuncia que haya sobre mi partido tenemos que investigarla”, dijo entonces Feijóo en una entrevista radiofónica.

Este martes el PSOE ha presentado un escrito al secretario municipal solicitando que se requiera la certificación de la “baja definitiva como afiliado” de Landaluce en el PP al grupo popular municipal y al PP nacional, y que después se le declare “no adscrito”, con todas las consecuencias que ello conlleva.

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, suspendido temporalmente de militancia en el PP por la denuncia presentada contra él por el PSOE ante el Tribunal Supremo por presuntos delitos de malversación y acoso o abuso sexual, ha recibido el respaldo de una de las mujeres que supuestamente sería una de las víctimas. Susana Pérez Custodio (PP), teniente de alcalde en el Ayuntamiento algecireño y también presidenta de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, ha defendido al regidor y lanzado un mensaje rotundo: “No soy víctima de nada”.

Así lo ha señalado Pérez Custodio en una entrevista en la Cadena SER del Campo de Gibraltar, en la que ha recordado que ya hace un año negó estas acusaciones junto a su por entonces compañera y hoy delegada provincial de Salud, Eva Pajares, que sería la segunda mujer víctima de estos abusos. En aquel entonces, ambas expresaron su “indignación” y subrayaron la “falsedad” de unas denuncias que se hicieron públicas al trascender unos pantallazos de WhatsApp.

“Vuelvo a desmentirlo todo al igual que hice hace un año”, ha señalado en la entrevista, subrayando que “claramente es un caso político” y no judicial“. ”No me siento víctima de nada y mi decisión y mi intimidad deben estar por encima de los juegos políticos“, ha insistido, haciendo una defensa cerrada del regidor y de todo el equipo de gobierno algecireño. ”Hay que respetar el honor y la intimidad“, al tiempo que ha lamentado la ”falta de ética enorme“ en un caso por el que apunta directamente al PSOE.

“Persona trabajadora y honrada”

Asimismo, ha negado que su nombramiento en 2023 como presidenta de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar fuese el pago por su silencio tras filtrarse los primeros rumores sobre este caso. “Estoy aquí por mi trabajo, lo he demostrado durante casi 15 años y no me no me hicieron presidenta de la Mancomunidad para tapar a nadie ni para tapar nada”, asegurando que “me da mucha pena que siga habiendo personas que piensen que me ascendieron para callarme”.

Concejal del Ayuntamiento de Algeciras desde 2011, Pérez Custodio ha definido a Landaluce como “la persona más trabajadora y honrada políticamente que conozco”. Y en cuanto al posible futuro del regidor, confía en que no dimita y que como mínimo agote el mandato, “ojalá lo hiciera porque es el mejor alcalde que ha tenido nuestra ciudad”.

“Creo que todo este caso es un intento de desvío” de la atención sobre la labor del Ayuntamiento, “no quiero entrar en este juego de montaje de falsedades”. “Lo que quiero y para lo que estamos aquí es para trabajar y espero que algunas personas se paren, valoren, piensen y nos dejen seguir trabajando, que es para lo que los ciudadanos nos han elegido en las urnas”.

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, ha registrado formalmente su baja como senador del Grupo Popular después de que él mismo suspendiera temporalmente su militancia por la denuncia presentada contra él por presuntos delitos de malversación y acoso o abuso sexual, según han informado a Europa Press fuentes populares. La decisión habría sido forzada por la dirección del PP del partido, aunque por ahora se mantiene como regidor.

El propio Landaluce anunció esta semana su suspensión temporal de militancia del PP para defender su honor ante la denuncia presentada por el PSOE en el Tribunal Supremo por malversación, tráfico de influencias y acoso o abuso sexual. La denuncia se presentó el martes, aunque fue anunciada hace meses por los socialistas sin que llegara a ejecutarse.

José Ignacio Landaluce lleva siendo senador popular desde 2016 y en esta legislatura era presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, además de vocal en otras cinco comisiones parlamentarias. Las mismas fuentes han precisado que corresponde a él decidir si mantiene el acta como senador o renuncia a él, aunque por lo pronto pasa al Grupo Mixto en la Cámara Alta.

Presidente del PP local

No obstante, este jueves estuvo sentado en su escaño dentro del grupo popular, a pesar de que ya no es militante del partido. Su petición de baja como militante llegó al partido ese mismo jueves, tal y como confirmaba el secretario general del PP andaluza, Antonio Repullo, que no aclaró si se va a abrir una investigación interna para aclarar lo ocurrido con el que hasta ahora era presidente del PP local y vocal de la junta directiva autonómica.

En una nota, Landaluce precisó que para poder defenderse mejor ante las acusaciones renunciaba a sus cargos orgánicos, pero no lo hacía a sus cargos institucionales como alcalde de Algeciras y como senador. Sin embargo, el PP ha forzado ahora la marcha del Grupo Popular tras registrar su baja.

En cualquier caso, el alcalde de Algeciras sigue denunciando que la actuación del PSOE “obedece a un puro oportunismo político, buscando aprovechar momentos de especial vulnerabilidad interna de su propio partido para reactivar acusaciones infundadas con el objetivo de desgastar al Gobierno municipal”.

El PP andaluz ha dado de baja del partido al alcalde de Algeciras y senador nacional de los populares, José Ignacio Landaluce, tras la denuncia formulada contra el por acoso, tráfico de influencias y malversación. Ante la Fiscalía del Tribunal Supremo, el PSOE lo ha acusado de haber cometido estos delitos contra dos excompañeras.

Así lo han transmitido a este medio fuentes del PP andaluz tras una rueda de prensa ofrecida este viernes en Córdoba por el secretario general del PP-A, Antonio Repullo. El dirigente popular ha confirmado que la petición de baja de Landaluce fue recibida por el partido este jueves. Fuentes del PP en el Senado han indicado a EFE que Landaluce ha registrado su baja del grupo, por lo que tendrá que incorporarse al grupo Mixto.

Fue un día antes, el miércoles, cuando el alcalde de la localidad gaditana remitió a los medios de comunicación un escrito en el que anunciaba su dimisión como presidente del PP de Algeciras y renunciaba a todos los cargos orgánicos que ocupaba tanto en la ejecutiva regional como en la nacional del partido con el objetivo, decía, de que la denuncia contra él no afectara al partido.

Según los estatutos del PP, si se produce una baja como afiliado y este s aforado -tal y como ocurre con Landaluce-, la competencia “exclusiva y excluyente” para instruir y resolver el expediente corresponde al Comité Nacional de Derechos y Garantías, de oficio o a propuesta del Presidente Nacional o el Comité Ejecutivo Nacional. No obstante, fuentes del PP andaluz han señalado que la baja la ha tramitado el PP de Cádiz.

Landaluce ha abandonado sus puestos orgánicos, pero se mantiene como alcalde de la décima ciudad más grande de Andalucía y como senador. Este jueves, de hecho, estuvo sentado en su escaño en la Cámara Alta, dentro del grupo popular, a pesar de que ya no es militante del partido.

Preguntado por si estos hechos supondrán, además, una investigación interna por parte de la dirección del PP andaluz, desde el partido no han aclarado este extremo. Cuando se hicieron públicos los mensajes de Landaluce contra dos concejalas del Ayuntamiento de Algeciras -publicados y luego despublicados por el agitador Alvise Pérez en sus redes-, el presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, anunció una investigación interna. “Cualquier tipo de denuncia que haya sobre mi partido tenemos que investigarla”, dijo, en una entrevista en el programa de Federico Jiménez Losantos.

Asimismo, Repullo ha asegurado que el PP tiene un canal interno para gestionar denuncias de abusos sexuales como ésta, aunque “no le consta” que haya llegado ninguna.

De forma inesperada, el PP dejó de controlar este miércoles el gobierno de la décima ciudad de Andalucía. Al menos en teoría. Tras difundirse una denuncia por “acoso y/o abuso sexual”, malversación y tráfico de influencias interpuesta contra él por el PSOE el martes (pero anunciada sin ejecución desde hace meses), el alcalde Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, anunció por sorpresa que había solicitado la suspensión de militancia del partido.

Esto supone, automáticamente, la renuncia a sus cargos orgánicos en el PP local (del que era presidente) y andaluz (vocal de la Junta Directiva Autonómica). Para hacerse efectiva, sin embargo, el Comité de Garantías del partido debe ejecutar esa suspensión temporal de afiliación. Consultado por este periódico, la dirección regional del PP andaluz no ha confirmado que haya recibido ni que haya tramitado la solicitud por escrito de Landaluce, quien sí retiene sus cargos institucionales, como alcalde y senador.

Landaluce es regidor de Algeciras (124.978 habitantes) desde hace 14 años, cuando se alzó con una mayoría absoluta que sólo perdió momentáneamente de 2019 a 2023, cuando tuvo que apoyarse en Ciudadanos y un concejal de Vox. Algeciras, que alberga el mayor puerto de contenedores del Mediterráneo Occidental, era hasta 2011 un bastión para socialistas y andalucistas, que se habían repartido los gobiernos municipales en las tres décadas previas de democracia.

No es un alcalde más, porque Algeciras no es un municipio más, ni de Andalucía ni de Cádiz. Landaluce, que hoy tiene 66 años, se inició la política institucional en 1987. Tuvo que esperar casi un cuarto de siglo para ser alcalde, y ahí empezó a forjar un poder orgánico de la mano de otros referentes históricos del PP andaluz como Javier Arenas (presidente del partido en Andalucía por entonces), Antonio Sanz (hoy consejero de Presidencia y mano derecha de Juan Manuel Moreno en el Gobierno andaluz) o Teófila Martínez (exalcaldesa de Cádiz y hoy presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz).

Este peso se refleja también en los cargos supramunicipales que ha ido ostentando en la última década. Médico de profesión, sigue siendo senador y antes fue diputado en tres legislaturas.

Una renuncia limitada

En el comunicado remitido tras conocerse la denuncia contra él, Landaluce señala que “renuncia” a sus cargos en el PP, y también que suspende su militancia, tras una reflexión “sincera y dolorosa”, para no dañar al partido.

Los estatutos del PP no contemplan que un militante pueda solicitar la baja voluntaria. La suspensión de militancia es una sanción impuesta por la dirección del partido que dura más o menos, en función de la gravedad que cometa el afectado. No obstante, sí existen antecedentes notorios de dirigentes que, viéndose incursos en investigaciones judiciales, solicitaron la baja del partido (para evitar la apertura de un expediente sancionador por parte de la dirección) y el PP la aceptó: el exministro Rodrigo Rato y el expresidente de la Diputación de Ourense, José Manuel Baltar.

En el caso de que el afiliado sea aforado (como Landaluce, por su condición de senador), la competencia “exclusiva y excluyente” para instruir y resolver el expediente corresponde al Comité Nacional de Derechos y Garantías, de oficio o a propuesta del Presidente Nacional o el Comité Ejecutivo Nacional.

Se trata de una renuncia de eficacia militada, o un paréntesis de militancia con el cierre abierto. La dimisión no abarca a su cargo de senador ni la alcaldía, y su equipo municipal sigue siendo el mismo. El PP aclaró este miércoles que Landaluce seguía en el grupo parlamentario del Senado y que “de momento, no hay ningún cambio”. Landaluce es presidente de comisión, lo que eleva sus ingresos en 1.670,90 euros por 14 pagas: 23.392 euros más al año hasta superar los 110.000 euros anuales.

Desde Bruselas, y antes de conocer la dimisión de Landaluce de sus cargos en el PP, el presidente Moreno dijo que desconocía la denuncia, y pidió esperar a las “explicaciones” de Landaluce: “Vamos a esperar a que se posicione el alcalde, que es el afectado”.

Cuando los mensajes se difundieron, en octubre de 2024, Feijóo aseguró que la dirección nacional del PP había hablado con él “automáticamente”, y que el asunto quedó aclarado, aunque luego la dirección nacional remitió a la andaluza. “Cualquier tipo de denuncia que haya sobre mi partido tenemos que investigarla”, dijo entonces Feijóo en una entrevista radiofónica. Su entonces secretaria general, Cuca Gamarra, explicó que se había activado “de manera inmediata” el protocolo interno (y secreto) sobre acoso, “como no puede ser de otra manera”. Y zanjó delegando la gestión del caso al PP de Moreno: “Se preguntó a esas dos mujeres, se puso en contacto la dirección del PP en Andalucía, en Cádiz, para conocer la veracidad y que ellas pudieran explicarse”.

Ahora el caso llega a Fiscalía, que aún no ha admitido la denuncia abriendo diligencias de investigación preprocesal.

Denuncia por acoso, malversación y tráfico de influencias

La denuncia del PSOE ante la Fiscalía del Tribunal Supremo da cuenta del presunto acoso sufrido en 2021 por dos exconcejalas del PP en Algeciras, que no han denunciado. De ese acoso habría indicios en varias capturas de pantalla, que fueron difundidas y luego borradas por Luis Alvise Pérez en octubre de 2024, y a las que aludieron las concejalas socialistas Rocío Arrabal e Isabel Berenoso en una rueda de prensa en febrero de este año. En aquella comparecencia anunciaron que trabajaban en una denuncia que se ha materializado ahora.

Además, la denuncia del PSOE apunta a la presunta malversación por la contratación de una de las dos exconcejalas del PP como cargo eventual del Ayuntamiento hasta mayo de este año, y en una residencia de mayores, pública pero de gestión privada, a partir de entonces. Según las socialistas, ambas contrataciones serían el pago por su silencio.

El alcalde sostiene que es inocente, cree que está siendo “acosado, utilizado y perseguido” por el PSOE y promete defenderse con una querella contra Arrabal y Berenoso si no rectifican. Ya anunció querellas tras la rueda de prensa de febrero. “Después de todos estos meses no ha denunciado a nadie ni se ha querellado contra nadie”, observan desde el PSOE algecireño. Este miércoles sí ha tenido lugar un acto de conciliación, previo a la posible interposición de una demanda civil, que ha terminado sin acuerdo.

Landaluce atribuye la denuncia al “oportunismo político” de los socialistas, que llevaban meses amagando con interponerla. Martín sostuvo también esta interpretación, señalando que “huele de entrada a un intento de convertirlo en una cortina de humo”.

Su anuncio de renuncia a la militancia, ocurrida antes incluso de que la Fiscalía abra diligencias preprocesales para investigar el relato del PSOE, cogió al PP con el pie cambiado. Toni Martín, portavoz del PP en el Parlamento andaluz, valoró que “la mejor estrategia” de defensa en casos como este es “abandonar el cargo que se tenga y poder defenderse desde fuera”, pero dijo desconocer si alguien dentro del partido le había sugerido hacerlo.

Réplica de Sánchez al PP en el Congreso

Para el PP, esta convulsión llega en un momento político muy inoportuno, cuando aspira a recuperar un voto femenino desencantado por la ineficaz gestión del PSOE ante casos de presunto acoso machista dentro del partido.

Los populares habían acudido a la sesión del control al Gobierno de Sánchez de este miércoles con preguntas sobre Francisco Salazar, exasesor de Moncloa y Ferraz y una frase muy dura apuntada por el propio Feijoo: “Las lecciones de feminismo se las han debido de explicar en los prostíbulos”. También este miércoles se conoció una denuncia de una mujer por acoso sexual contra el Presidente de la Diputación de Lugo, el socialista José Tomé.

El propio Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se defendió con el caso de Landaluce, adelantado por la Cadena Ser apenas una hora antes de su respuesta, poniéndolo de ejemplo de la supuesta tolerancia del PP ante el machismo en sus filas. “¿Qué es lo que han hecho ustedes en un supuesto caso de acoso en Algeciras con el alcalde de Algeciras, o el alcalde de Estepona?”, preguntó a Alberto Núñez Feijoo.

El caso de Landaluce ya llegó a las Cortes el pasado febrero. La ministra de Igualdad Ana Redondo fue interpelada por una la senadora del PP sobre el caso Monedero. Redondo se negó a dar explicaciones sobre un supuesto caso que afectaba a un militante de un partido que no integra el Gobierno, y sacó a colación el caso del alcalde algecireño, diciendo sentir “curiosidad” por si el PP le había aplicado algún protocolo anti-acoso. La mención soliviantó a Landaluce, que estaba presente y pidió la palabra para recordar que él no había sido denunciado.

La mención de Sánchez al caso de José María García Urbano en Estepona también tiene aristas. Un juez instructor ha acumulado durante un año “indicios suficientes” de que el alcalde esteponero contrató para el Ayuntamiento a una “amiga íntima” que no fue nunca a trabajar, creando una “mera ficción jurídica”. El regidor enfila ya el banquillo por un delito de malversación. En cambio, el juez archivó la investigación por acoso sexual abierta tras la denuncia de esa misma mujer. Tras ese archivo, la mujer interpuso una denuncia de violencia contra la mujer ante un juzgado de Córdoba. El alcalde, nuevamente investigado en esta causa, se negó a declarar ante el juez, que ahora está a la espera de recabar documentación, según fuentes del caso.

La Audiencia Nacional ha absuelto al presunto yihadista acusado de asesinar a un sacristán en Algeciras el 25 de enero de 2023 al apreciar la eximente completa de alteración psiquiátrica en el momento de los hechos. No obstante, ha ordenado su internamiento por un plazo máximo de 30 años en un establecimiento psiquiátrico penitenciario.

En una sentencia, la Sección Primera explica que, examinados los distintos informes periciales practicados a Yassin Kanjaa, junto con el resto de las pruebas analizadas, determinan que el acusado presentaba en el momento de cometer los hechos un “cuadro de filiación esquizofrénica con una descompensación psicótica aguda con inaplicación afectiva y conductual que anulaba sus facultades intelectivas y volitivas, siendo así de apreciación la eximente del artículo 20. 1 del Código Penal”. Dicho artículo establece que quedarán exentos de responsabilidad penal quienes al tiempo de cometer la infracción penal, a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica, no pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión.

La Sala impone al acusado el pago de indemnizaciones de 150.000 euros en favor de la viuda de Diego Valencia, el sacristán asesinado, de 50.000 euros a cada uno de sus dos hijos, así como de 17.000 euros a los familiares del vicario al que el procesado trató de matar y dejó herido.

Los magistrados descartan que los delitos que se atribuían al acusado tuvieran carácter terrorista por cuanto estos tipos penales requieren que se produzca “una alteración grave de la paz pública” y provocar “un estado de terror en la población o en una parte de ella”.

Delitos reconocidos

En este sentido, los jueces sostienen que lo anterior resulta incompatible con el cuadro de descompensación psicótica aguda, de filiación esquizofrénica que presentaba el acusado al tiempo de ejecutar los hechos el 25 de enero de 2023. Fueron fruto, apunta la Sala, de “la ideación delirante de prejuicios y mesiánicos que, como el elegido pretendió acabar con los poseídos”.

Sí considera el Tribunal, en cambio, que el acusado cometió los delitos de asesinato en grado de consumación y otro en grado de tentativa, un delito de lesiones, así como otro de interrupción de ceremonia religiosa, si bien queda absuelto de ellos debido a la alteración psiquiátrica que sufría.

Los jueces explican que se basan en los informes periciales elaborados por diferentes médicos forenses en los que se indica que el acusado sufría un procedimiento psicótico de tipo esquizofrénico, así como una ideación delirante de perjuicios y mesiánicos, con vivencias de control e influencia e interpretativas con afectación de sus facultades intelectuales y volitivas.

La Audiencia señala que el sujeto que sea declarado exento de responsabilidad criminal se le podrá aplicar la necesaria medida de internamiento para tratamiento médico o educación especial en un centro adecuado para el tipo de anomalía o alteración psíquica por el tiempo máximo que habría alcanzado la pena privativa de libertad.

Internamiento como medida de seguridad

Por ello, teniendo en cuenta que el procesado no tiene consciencia de los delitos cometidos ni muestra arrepentimiento, lo que supone un elevado grado de peligrosidad y dado que el tratamiento permite una evolución sintomática satisfactoria con una remisión no total, procede establecer la medida de seguridad de internamiento en un centro psiquiátrico penitenciario por un tiempo máximo de 30 años.

La sentencia cuenta con el voto particular de la magistrada Carolina Rius, partidaria de considerar que el trastorno del procesado no excluye la comisión de los delitos terrorista por cuanto ello permitiría reconocer los efectos jurídicos como actos de terrorismo a aquellos que lo han sido, lo cual “capacita a la sociedad para dar una mejor respuesta integral en los casos de perpetración de hechos de este tipo”.

Así, dice esta magistrada, posibilita, entre otros aspectos, otorgar a las víctimas del ataque terrorista el acompañamiento y ayuda que establece la Ley 29/2011, de 22 de setiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimasdel terrorismo y el Reglamento que la desarrolla.

En el barrio de la Caridad de Algeciras, por la proximidad con el puerto, hay una constante vida, un ir y venir de personas. Hay vecinos, viajeros, empresarios, trabajadores... En esas calles abundan hostales baratos que atienden la demanda de trabajadores de los muelles, de turistas de paso y de migrantes, quienes, tras complicadas travesías, han llegado a España con el amparo de alguna ONG.

Desde el pasado verano un conflicto se viene agravando por momentos. El Ayuntamiento de Algeciras ha ordenado el cierre a dos de esos hostales, el Don Manuel, y otro cuya propiedad prefiere no hacerse pública. El gobierno del PP argumenta que estos establecimientos no solo alojan sino que dan asistencia sin permiso a migrantes derivados por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Uno de los dueños lo tiene claro: “Es racismo, no quieren tener negros por aquí”.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado desarrolla una intensa labor en Algeciras, ciudad de entrada y de paso para muchos solicitantes de protección internacional y personas refugiadas. Esta organización ofrece orientación jurídica, acompañamiento social y apoyo en trámites de protección internacional en sus oficinas del Paseo de la Conferencia, apenas unos metros de esos hostales como el Don Manuel. “Para poder alojarlos provisionalmente CEAR contrata esos hostales, por estar en una zona portuaria y céntrica, cerca de servicios sociales, sanitarios y transportes; recurrimos a este tipo de establecimientos porque nos permiten dar una respuesta día a día”, explica José Carlos Budía, coordinador de CEAR en Andalucía. 

Inspecciones de la policía

Fue este pasado verano cuando comenzó el conflicto. Fuentes del gobierno municipal que dirige José Ignacio Landaluce (PP) han explicado que todo surgió a raíz de una inspección general llevada a cabo por la Delegación Municipal de Urbanismo con la colaboración de la Policía Local. “No estaba dirigida solo a hostales, sino bares, cafeterías, restaurantes, tiendas, supermercados, establecimientos hosteleros e incluso a la comprobación del estado de inmuebles y fachadas”, apuntan.

Fue durante esas actuaciones, según el Ayuntamiento, cuando se detectó, entre otras deficiencias, la utilización de hostales como centros asistenciales improvisados en lugar de alojamientos turísticos. “Ante esta grave situación el Ayuntamiento no tuvo más opción que proceder a tomar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la legislación vigente”, explican las mismas fuentes. 

A Javier Villa, uno de los dos socios que dirige ahora el Hostal Don Manuel, le pilló esta inspección con el hostal recién adquirido, recogiendo el testigo de un establecimiento con años de solera. Acababa de estrenar también al CEAR como cliente para alojar a estos refugiados. “Compramos en junio y en agosto empezaron las visitas extrañas de la policía”, recuerda. “Entraban a preguntar si éramos un centro de acogida, cuando es evidente que somos un hotel; no había ningún incidente, ningún problema con vecinos, nada, pero venían y venían”, relata el hostelero.

Versiones enfrentadas: “racismo” vs. “seguridad”

El responsable del hostal defiende que su negocio cumple escrupulosamente la normativa: licencia hotelera, habitaciones turísticas, desayuno y cena para quien las contrate. “Alojamos a quien venga: turistas, trabajadores, agentes de Policía destinados temporalmente al puerto, y también personas derivadas por CEAR. Eso no es un servicio asistencial; es lo que hace cualquier hotel”, afirma.

La sorpresa llegó cuando, según explica, la Policía Local le comunicó de forma verbal y sin notificación oficial que el 28 de noviembre el hostal debía cerrar. “No tenemos ni un papel. Solo una llamada diciendo que Urbanismo ordena clausurar. Es intimidación pura y dura”, lamenta. Villa no duda en señalar el trasfondo: ·No quieren gente inmigrante, ni de color, en una zona céntrica y cercana al Ayuntamiento. No tiene otra explicación·. Su voz no titubea: “Es un tema de racismo”.

El Ayuntamiento de Algeciras lo niega y defiende que sus sanciones tratan, precisamente, de proteger a las personas inmigrantes. “Los centros expedientados no solo carecían de autorización para ejercer como centros asistenciales, sino también de las condiciones sanitarias, de emergencia y de prevención de riesgos, y también estaban excesivamente ocupados. Solo tienen habitaciones con literas, sin más actividad ni alternativas. El tema asistencial es mucho más sensible y el informe elevado obliga al Ayuntamiento a ordenar el cierre de los establecimientos por seguridad de los propios inmigrantes”, argumentan fuentes municipales.

La versión de CEAR difiere de plano. José Carlos Budía, su coordinador, defiende los hostales sólo prestan los servicios que son objeto de su licencia de actividad (alojamiento y manutención), y aclara que “no se prestan servicios profesionales de ningún tipo”. Explica que la atención jurídica, social y el acompañamiento se ofrecen exclusivamente en sus oficinas del Paseo de la Conferencia, donde “queda a disposición del Ayuntamiento para aclarar los servicios profesionales que se prestan a las personas refugiadas” y muestra “su absoluta predisposición para colaborar y trabajar de manera conjunta”.

La asociación de vecinos, a favor del cierre

El Ayuntamiento de Algeciras no entiende el empeño de las ONG en recurrir a estos hostales en el barrio y lamentan el abandono del Gobierno central. “Estas organizaciones cuentan con convenios en vigor suscritos con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que contemplan el abono de cantidades económicas destinadas a la acogida de extranjeros por lo que la responsabilidad es del Gobierno. Es más, existe un Centro de Acogida Temporal de Extranjeros en la comarca cuya actividad es nula”, aseguran estas fuentes municipales. 

El gobierno atiende también así a las quejas que la asociación de vecinos del barrio ha hecho por la presencia creciente de personas “con perfiles complicados”. Su presidente, Antonio Jarillo, cree que en los últimos meses ha habido un “efecto llamada” de los servicios sociales que reparten comida en la calle. “Organizaciones como CEAR y CEPAIM han acaparado prácticamente la totalidad de los hostales, dejando sin plazas hoteleras a una zona que siempre ha sido un punto de acogida para quienes viajan por su cercanía al puerto, la estación de Renfe y la terminal de autobuses”, comenta el representante vecinal.

Jarillo admite que estos alojados no generan conflictos, pero, a continuación, asegura que “a nivel de imagen, puede no resultar positivo ver a grandes grupos de personas migrantes sentadas o tumbadas en los bancos del paseo Río de la miel sin actividades. Debemos tener en cuenta que las mafias pueden aprovechar la vulnerabilidad de estos perfiles”, opina.

El presidente vecinal se alinea con el Ayuntamiento en su decisión de cerrar los hostales: “Estamos completamente de acuerdo en que, si un establecimiento no cumple con las normas, debe ser cerrado hasta que las cumpla. Es fundamental recordar que estas normas incluyen medidas de higiene y seguridad, las cuales son esenciales para proteger los derechos de estas personas”. También pide que se inspeccione a estas organizaciones porque “tenemos constancia de que alojan a las personas en habitaciones muy pequeñas, muchas con literas, sin calefacción ni aire acondicionado, y que en varios casos se supera ampliamente la capacidad de los hostales. Nadie controla si la alimentación proporcionada es suficiente”, añade.

Apuesta por la multiculturalidad

Jarillo niega racismo en su postura: “Los vecinos queremos acoger y ayudar, y consideramos que se debe hacer de manera digna. No podemos saturar un mismo barrio ni concentrar a todas las personas en un solo lugar, porque se formaría un gueto y no se estaría logrando una verdadera integración”.

Mientras, el responsable del Hostal Don Manuel recibe estas quejas y estos expedientes municipales con indignación: “Esto es una forma de limitar y coaccionar a nosotros sobre a quién tenemos que alojar. Lo que no quieren es a personas migrantes o de color por esta zona”. Javier Villa defiende y presume de que su hotel tenga múltiples razas y nacionalidades entre su clientela: “Aquí ahora mismo hay africanos, latinos, ucranianos, y españoles”. Porque su hotel es tan multicultural como la propia Algeciras.

Budía, de CEAR, lamenta que nadie haya querido hablar con ellos para resolver dudas o expresar sus inquietudes. Inquietudes que son las de las personas refugiadas que atienden, que ya vienen con mochilas de enorme peso. Si se ejecuta el cierre este viernes, lo primero que ocurrirá es que unas 70 personas (entre ellas menores y mujeres embarazadas) se quedarán la calle. Temblarán también los puestos de trabajo de los hostales. Y lejos de solucionarse los problemas, surgirán otros peores.

Después de que a primera hora de este jueves la Coordinadora CIE No Cádiz denunciara la apertura “por sorpresa” del nuevo Centro de Internamiento de Extranjeros de Algeciras (Cádiz), el alcalde de la localidad gaditana, José Ignacio Landaluce (PP), ha lamentado que desde el Ministerio de Interior no se le diera aviso de esta circunstancia, asegurando haber “echado de menos” esa “lealtad institucional y respeto” entre el Gobierno de España y el Ayuntamiento.

“Es ilógico, no es sensato ni cabe en ninguna cabeza humana cabe que el ministro del Interior no le pegue un telefonazo a este pobre alcalde y le diga que el CIE se va a abrir”. “Es lo menos que se puede hacer”, ha aseverado Landaluce

En ese sentido, ha expresado que si el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, estaba “muy ocupado”, podría haberle dado aviso de esta nueva situación otras personas de su entorno como “un jefe de gabinete, el secretario de Estado, el delegado del Gobierno en Andalucía o la subdelegada del Gobierno en la provincia de Cádiz”, en definitiva, “algún funcionario” que “levante el teléfono y le diga a este alcalde que prevea que ya está abierto el CIE”.

Lo ha dicho en referencia a que como Ayuntamiento tienen que tener esto en cuenta para poder regular la circulación de tráfico y personas en la zona, así como la recogida de residuos o la implantación de vigilancia policial.

Es por eso que ha pedido “respeto institucional”, considerando que con “juntos llegamos más lejos” y que “enfrentados lo único que hacemos es hacernos la vida más difícil y no cumplir con nuestra obligación para administrar bien y responder en las mejores condiciones posibles a los ciudadanos”.

El alcalde de Algeciras ha aludido también a su posición en contra de hacer en su ciudad un centro de estancia temporal de inmigrantes, defendiendo que “tenemos 129 nacionalidades distintas conviviendo” con “respeto” y de forma “pacífica” y que “no podemos permitirnos que la llegada de cientos o miles de personas en una estancia abierta” que “desequilibrase esa convivencia”.

“No tiene sentido práctico alguno”

La Coordinadora CIE No Cádiz ha informado de que se trata de un espacio convertido en “el mayor centro de detención de migrantes del país” con capacidad para “500 personas”, anunciando la convocatoria de una marcha contra estos centros el próximo 22 de noviembre en la localidad algecireña.

En un comunicado la coordinadora ha señalado que este CIE “acentúa la visión criminalizadora hacia las migraciones y la normalización de la privación de libertad por hechos no delictivos como práctica habitual”, convirtiéndose estas instalaciones en “uno de los mayores centros de detención de migrantes de la Unión Europea”.

Este “macrocentro”, construido en las inmediaciones del Centro Penitenciario de Botafuegos, cuenta con una capacidad de 507 plazas y tiene planificado diferentes módulos para el internamiento de hombres, mujeres “e incluso niños”, como han advertido desde esta entidad.

Con ello, han considerado que Algeciras “se posiciona como punto señero en el mapa de lugares donde se vulneran derechos humanos”, ya que los CIE son, “en la práctica, cárceles para inmigrantes, donde el motivo central de su encierro es su condición de migrante en situación administrativa irregular”.

En opinión de esta coordinadora, “supone una clara vulneración del legítimo derecho a la movilidad”, un derecho que “debería ser reconocido y respetado a cada persona”, entendiendo además que la movilidad “muchas veces está motivada por situaciones de extrema pobreza o de riesgo real para sus vidas”.

La Coordinadora CIE No Cádiz ha asegurado también que los Centros de Internamiento de Extranjeros “no son necesarios” y que ubicar uno de ellos en Algeciras “no tiene sentido práctico alguno”, apuntando que “la normativa recoge alternativas mucho menos gravosas y costosas a la utilización de estas cárceles encubiertas, que únicamente prevé la privación de libertad como ultimísimo recurso”.

A juicio de la entidad, los CIE son una figura “en desuso”, señalando que los números de internamiento “se han ido reduciendo significativamente año tras año”, y que en Algeciras ya contaban con un CIE “viejo” con capacidad para 60 personas, que solía albergar “20 personas diarias como media”, por lo que han mostrado su confusión a que “se hayan invertido 30 millones de euros en un macro CIE de 500 plazas”.

Además, han hecho referencia a datos del Ministerio del Interior del año 2024, en los que se indican que “dos de cada tres expulsiones ejecutadas en dicho año se realizaron sin necesidad de recurrir al internamiento en un CIE”, lo que muestra “objetiva e inequívoca que un CIE no hace falta para ejecutar una expulsión”.

Es por eso que han vuelto a solicitar el cierre del CIE de Algeciras y del resto de CIEs que existen en el país, anunciado la continuidad de acciones y sensibilizaciones que muestren a la ciudadanía “la realidad de estos centros y las historias de dolor y sufrimiento que estos provocan”.