Quien haya paseado alguna vez por Montjuïc Barcelona probablemente se haya encontrado con uno de los lugares más sorprendentes —y a la vez menos conocidos— de la ciudad: el cementerio de Montjuïc. Situado en la ladera sur de la montaña, frente al mar, este enorme camposanto parece casi una pequeña ciudad de nichos, panteones y avenidas silenciosas.

Sin embargo, su ubicación tan alejada del centro urbano no es casual. La historia del cementerio de Montjuïc está directamente relacionada con un cambio radical en la forma de entender la salud pública y el urbanismo en las ciudades europeas del siglo XIX.

En aquella época, Barcelona empezó a transformar por completo su relación con la muerte… y con los cementerios de Barcelona.

Cuando los muertos convivían con los vivos

Durante siglos, en Barcelona —como en muchas ciudades europeas— los enterramientos se realizaban dentro de la propia ciudad.

Las iglesias y sus alrededores eran los lugares habituales para sepultar a los difuntos. Era común encontrar tumbas en patios parroquiales o incluso bajo el suelo de los templos.

Este modelo provocaba numerosos problemas sanitarios. Con el crecimiento demográfico y las epidemias del siglo XIX, las autoridades comenzaron a considerar que los cementerios de Barcelona debían situarse lejos de las zonas habitadas.

Las teorías médicas de la época defendían que los enterramientos dentro de la ciudad podían favorecer la propagación de enfermedades.

Por ese motivo, muchas capitales europeas empezaron a trasladar sus cementerios de Barcelona a espacios más alejados del núcleo urbano.

El nacimiento del cementerio de Montjuïc

En este contexto nació el cementerio de Montjuïc, inaugurado en 1883.

Las autoridades municipales eligieron la ladera sur de Montjuïc Barcelona por varias razones. En primer lugar, se trataba de un terreno amplio y relativamente alejado del centro urbano, lo que permitía construir un gran recinto funerario sin afectar al crecimiento de la ciudad.

Además, la montaña ofrecía una topografía que facilitaba la construcción de terrazas escalonadas donde ubicar nichos y panteones.

Así comenzó la historia del cementerio de Montjuïc, concebido desde el principio como el gran cementerio de Barcelona para las generaciones futuras.

Con el tiempo, el recinto creció hasta convertirse en uno de los cementerios más grandes de España.

Una auténtica ciudad de los muertos

Hoy el cementerio de Montjuïc ocupa más de cincuenta hectáreas y alberga cientos de miles de sepulturas.

Sus calles empinadas, sus escalinatas y sus terrazas llenas de nichos hacen que muchos visitantes lo describan como una auténtica ciudad silenciosa que mira al mar.

Entre los panteones más destacados del cementerio de Barcelona se encuentran algunos de gran valor arquitectónico, construidos por familias burguesas de finales del siglo XIX y principios del XX.

Por eso el recinto no solo forma parte de la historia del cementerio de Montjuïc, sino también de la historia social y económica de la ciudad.

Un reflejo del crecimiento de Barcelona

La creación del cementerio de Montjuïc también refleja cómo Barcelona empezó a expandirse fuera de sus límites tradicionales.

A finales del siglo XIX, la ciudad acababa de derribar sus murallas y comenzaba a desarrollarse el Eixample, un proyecto que cambiaría para siempre el urbanismo de la capital catalana.

Mientras el centro urbano crecía, los cementerios de Barcelona se desplazaban hacia espacios periféricos, siguiendo las nuevas ideas de higiene urbana que se extendían por Europa.

Por eso hoy el cementerio de Montjuïc parece estar lejos del centro de la ciudad. En realidad, fue construido así desde el principio: como un lugar apartado donde los vivos pudieran seguir ampliando la ciudad sin convivir con los enterramientos.

Una decisión que, más de un siglo después, sigue definiendo el paisaje funerario de Barcelona.

Avanzan los trabajos para la creación de un espacio perinatal en el cementerio municipal de Logroño, cuyo objetivo es facilitar el duelo de las familias que han sufrido la perdida de un hijo o hija, desde no natos a partir de las 22 semanas de gestación hasta recién nacidos.

Con una superficie de 800 metros cuadrados, este espacio albergará 24 espacios distribuidos en seis columbarios (cada uno con capacidad para cuatro urnas) y contará con un pavimentación de acceso que facilitará el drenaje sostenible y varios bancos a su alrededor.

A pocos metros de la entrada principal del camposanto logroñés (calle María Dolores Malumbres, 2), el Ayuntamiento habilitará una zona verde presidida por una fuente ornamental que está siendo rehabilitada. El espacio estará rodeado por varias mariposas azules, símbolo internacional de duelo perinatal.

Los trabajos, que comenzaron en febrero, cuentan con un presupuesto de 30.000 euros (IVA incluido), están siendo relazados por la empresa Construcciones Calleja, S.A. y se estima que finalicen en las primeras fechas del mes de mayo.

“El espacio perinatal del cementerio municipal de Logroño nace con la voluntad de ofrecer un lugar de reconocimiento, recuerdo y acompañamiento para las familias que tienen que superar una pérdida tan difícil como la gestacional, perinatal o neonatal. Desde el Ayuntamiento queremos que se sientan arropadas y darle visibilidad a un duelo que en muchas ocasiones se vive en silencio”, ha señalado la concejala responsable del área de Cementerios, Laura Rivas.

“En definitiva, un lugar pensado para recordar, acompañar y visibilizar un duelo que merece respeto y comprensión. Porque incluso las vidas más breves dejan una huella profunda, queremos ofrecer a las familias un espacio donde su memoria siempre tenga un lugar”, ha concluido la edil.

En 2009, el FBI llamó a las puertas del Museo Field de Historia Natural de Chicago para pedir la colaboración de sus científicos. La agencia necesitaba que analizaran un trozo de musgo habían encontrado en algunas tumbas del cementerio de Burr Oak en Alsip (Illinois), inmerso en un escándalo sin precedentes. Se había acusado a algunos de sus trabajadores de exhumar tumbas antiguas, arrojar los restos en otros terrenos del cementerio y revender las parcelas.

Y el trabajo del personal del museo terminó siendo determinante para que el tribunal condenase a este grupo de empleados a penas de prisión. Ahora, en un nuevo estudio publicado en la revista Forensic Sciences Research, los investigadores comparten el primer relato científico completo del caso, detallando con precisión cómo el musgo influyó en la prueba de un crimen.

Antigüedad y tipo de musgo

Los hechos se remontan a 2009, cuando se destapó un escándalo en un cementerio a las afueras de Chicago. Los protagonistas eran trabajadores del sitio, que fueron acusados de exhumar tumbas antiguas, arrojar los restos en otros terrenos del cementerio y revender las parcelas. Un caso en el que estuvo implicado el FBI, responsable de recolectar pruebas para demostrar su culpabilidad. 

Fue ahí cuando llamaron a las puertas del Museo Field de Historia Natural. “Un día de 2009, contesté el teléfono y era del FBI, preguntándome si podía ayudarlos a identificar unas plantas”, explica en un comunicado Matt von Konrat, autor principal del artículo y jefe de las colecciones de botánica del Museo Field de Chicago.

La agencia le entregó un trozo de musgo que se había encontrado a veinte centímetros de profundidad, junto con los restos humanos enterrados de nuevo en el cementerio. A partir de este resto, le pidieron averiguar varias cuestiones: qué tipo de musgo era y cuánto tiempo había estado enterrado en el suelo. Y se puso manos a la obra. 

Pusieron la muestra de musgo bajo el microscopio y la compararon con especímenes que guardaban en las colecciones del museo para determinar su tipo. Así, determinaron que el musgo encontrado en el cementerio correspondía a Fissidens taxifolius. Fue el primer hallazgo importante, porque después cotejaron que, en el cementerio, había una enorme colonia de esa especie creciendo en la misma zona donde se sospechaba que se habían extraído los huesos. 

El otro dato clave fue su antigüedad. Eso se pudo averiguar gracias a la actividad metabólica, que “indica cuánto tiempo hace que se recolectó una muestra de musgo”. A su vez, eso puede estimarse en función de su clorofila, sigue Von Konrat. El musgo encontrado tenía solo uno o dos años, lo que dejaba en evidencia uno de los argumentos de la defensa. Un trabajo que terminó siendo fundamental para el juicio. 

Von Konrat lo celebra: “A menudo se pasa por alto a los musgos, y esperamos que nuestra investigación ayude a generar conciencia sobre el hecho de que existen otros grupos de plantas, además de las plantas con flores, y que estos cumplen una función muy importante en la sociedad y a nuestro alrededor”.

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado la reapertura al público este viernes del cementerio de San Fernando, tras haber completado “las retiradas más urgentes de árboles afectados por el reciente tren de borrascas y aquellas actuaciones que implicaban mayor riesgo para la seguridad de las personas”. Según ha indicado el Consistorio en una nota, “aunque continúan los trabajos técnicos sobre determinados ejemplares, el recinto reúne ya las condiciones necesarias para permitir las visitas con garantías, una vez eliminadas las situaciones de peligro inmediato y aseguradas las zonas sensibles”.

Desde el pasado 2 de febrero, la Delegación de Parques y Jardines ha desplegado un operativo específico tras un episodio climatológico extraordinario, con rachas superiores a los 120 km/h, que provocó la caída de numerosos ejemplares en el recinto. En total, se han contabilizado 80 árboles afectados con vuelco.

En una primera fase se procedió al despeje del vial principal y a la recuperación de los accesos esenciales para vehículos de emergencia y servicios municipales. Posteriormente, se ha desarrollado una segunda fase más técnica en zonas interiores, donde se ha completado la evaluación individualizada del arbolado.

Itinerarios seguros para los entierros

Mientras tanto, el cementerio se ha encontrado en cierre parcial, con desarrollo de servicios esenciales como sepelios y entrega de cenizas mediante itinerarios seguros. Fruto de esa inspección, se ha determinado la necesidad de apear 52 ejemplares adicionales que presentan daños en el sistema radicular o riesgo latente de caída.

El Ayuntamiento ha indicado que estos apeos “ya se están realizando y continuarán ejecutándose de manera planificada, progresiva y con todas las garantías de seguridad, bajo supervisión técnica y con las zonas debidamente delimitadas para evitar cualquier riesgo durante las visitas”. Quedan 12 ejemplares por retirar.

Asimismo, se han balizado y delimitado las áreas sensibles del cementerio, “manteniéndose señalizadas aquellas zonas en las que continúan los trabajos”. Como consecuencia del temporal, 227 sepulturas han resultado afectadas de diversa consideración.

Aunque el recinto “reúne ya las condiciones de seguridad necesarias para permitir las visitas”, las reparaciones se “abordarán progresivamente conforme se vayan tramitando los procedimientos de ayudas a las familias afectadas”, tras la aprobación en pleno de una modificación presupuestaria de 120.000 euros destinada a este fin. Durante este proceso, los visitantes “podrán encontrar todavía algunas sepulturas afectadas mientras se ejecutan las actuaciones de restauración”.

Avisos a las familias afectadas

En paralelo, el Consistorio “está contactando telefónicamente con las familias de las que se dispone de datos actualizados, y se continúa facilitando información individualizada sobre el estado de las sepulturas”.

La relación detallada, con indicación de calle y número, se encuentra publicada en la página web del cementerio para facilitar su localización. Para cualquier gestión o aclaración, las familias pueden dirigirse a las oficinas del recinto o contactar a través de los teléfonos 955 473 275 y 955 473 276.

Por su parte, el delegado de Cementerio, José Lugo, ha señalado que “reabrimos tras haber eliminado los riesgos inmediatos y con las zonas balizadas. Seguimos trabajando para completar los apeos programados y reparar los daños con todas las garantías”.

Del mismo modo, Lugo ha recordado que “muchas de las caídas de ejemplares no responden a un único factor puntual, sino a la suma de causas acumuladas durante décadas –compactación del suelo, saturación hídrica, cortes de raíces por obras antiguas o sobreenterramiento– y el temporal ha actuado como desencadenante de debilidades estructurales preexistentes”.

Difuntos de la Edad de Piedra que fueron enterrados en el cementerio de Skateholm, uno de los yacimientos funerarios más importantes del norte de Europa, iban ataviados con espectaculares tocados de plumas y pieles y también con zapatos de colorines hechos de plumas. Es el resultado de una nueva investigación publicada en Archaeological and Anthropological Sciences, un hallazgo que se ha producido gracias a la aplicación de una nueva técnica que ha permitido la identificación de restos de fibras microscópicas. 

“El estudio subraya la importancia de las aves y sus plumas y genera nuevos conocimientos fascinantes”, afirma la profesora de la Universidad de Helsinki Kristiina Mannermaa, quien también participa en el proyecto Animales Crean Identidades, una iniciativa impulsada por esta misma universidad. 

Por su parte, la investigadora y arqueóloga Tuija Kirkinen, quien también participó en el estudio, pone el foco en la técnica empleada, que ha permitido distinguir fibras, pelos y fragmentos de plumas de muestras de suelo tomadas de tumbas. Una empresa nada sencilla al tratarse de materiales orgánicos blandos, casi imperceptibles y un estado avanzado de descomposición. 

Indagando en Skateholm

La investigación giró en torno a los cementerios de Skateholm I y II, que constituyen el núcleo de una notable zona de actividad del Mesolítico Tardío, ubicada en el sur de Suecia, en la costa del mar Báltico. Los yacimientos datan de aproximadamente el 5200-4800 a. C. y de ahí se han extraído importantes conclusiones sobre la cultura material, las prácticas rituales y la organización social de la población. 

Sin embargo, por primera vez, los esfuerzos se centraron en investigar evidencias de materiales orgánicos blandos perecederos, como pieles, plumas y fibras vegetales de 35 entierros de Skateholm I y II, recogidas durante las excavaciones de la década de 1980. 

El método empleado se basó en la separación de fibras asistida por agua. “La identificación a nivel de especie de fragmentos microscópicos de plumas y pelos es difícil, y este aspecto del método de análisis aún puede desarrollarse más”, destaca Kirkinen. 

Su aplicación abre nuevas oportunidades. Hasta ahora, el pelaje, las fibras vegetales y otros materiales orgánicos blandos solo se habían recuperado en condiciones específicas, como en yacimientos submarinos o en glaciares. Por ejemplo, la ropa de piel de Ötzi, hallada en los Alpes italianos, cerca de la frontera con Austria, se había conservado tan bien que fue posible restaurar su atuendo. 

Tocado y zapatos de colores

Los hallazgos más espectaculares se encontraron en la tumba XV, donde se encontró un espectacular tocado, posiblemente elaborado con colgantes de dientes de ciervo, plumas de búho y pieles de lagomorfos, mustélidos y posiblemente de murciélago, apuntan los investigadores en sus conclusiones. En otra de las tumbas también se encontró una posible evidencia de zapatos multicolores hechos de plumas. 

En definitiva, las especies identificadas y la distribución de las fibras revelan la vestimenta y el ajuar funerario por el que se apostaba en el norte de Europa durante la Edad de Piedra. 

Una familia de Logroño será indemnizada con 16.000 euros tras la pérdida de los huesos en el osario municipal, pedían “al menos 60.000 euros”. Los hechos se remontan a 2010, año del fallecimiento. Ese mismo año, a la familia se le concedió un nicho en el cementerio municipal, y una vez cumplido el plazo inicial de concesión, solicitaron su renovación que fue expresamente autorizada por el Ayuntamiento de la capital riojana. Sin embargo, durante la vigencia de dicha concesión, los restos óseos fueron trasladados de forma errónea al osario común, impidiendo su posterior identificación e individualización.

La familia tuvo conocimiento de este traslado indebido en 2021 y presentó una reclamación de responsabilidad patrimonial ante el Ayuntamiento, que reconoció el funcionamiento anormal del servicio público funerario y fijó inicialmente una indemnización de cuantía inferior. Disconformes con esa valoración, los afectados acudieron a la vía judicial, obteniendo una primera sentencia que elevó la indemnización hasta los 16.000 euros por los daños morales causados.

Frente a esta resolución, los familiares interpusieron recurso de apelación solicitando una indemnización mayor (al menos 60.000 euros), al considerar insuficiente la cuantificación del daño moral sufrido, especialmente por la imposibilidad definitiva de acudir a un lugar concreto donde honrar y recordar al familiar fallecido. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, tras analizar el recurso, concluye que la indemnización fijada en primera instancia de 16.000 euros es “razonable, proporcionada y ajustada a Derecho”, al tener en cuenta el vínculo familiar, el impacto emocional derivado de la pérdida irreversible de un lugar de enterramiento. La Sala subraya que no se aprecia error ni irracionalidad que justifique su revisión y de hecho a desestimado el recurso de apelación y confirma íntegramente esta resolución dictada en primera instancia por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Logroño que fijaba la cuantía de la indemnización en 16.000 euros más los intereses legales correspondientes.

El PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza ha denunciado que el Gobierno municipal de Natalia Chueca ha convertido el tanatorio del cementerio de Torrero en un “monopolio de facto” tras conceder su gestión durante 30 años a Mémora, uno de los grandes grupos del sector funerario. La concejal socialista Ros Cihuelo ha calificado la decisión de “muy grave” por transformar un servicio público esencial en un “valor de mercado”, dejando fuera a cerca de 30 funerarias familiares y limitando la libertad de elección de las familias “en el momento más vulnerable de sus vidas”. Víctor Serrano ha defendido que el nuevo contrato responde a la modernización de un servicio cuya concesión llevaba caducada desde 2021.

Cihuelo ha asegurado que esta concesión demanial implica que ninguna otra funeraria pueda operar en el principal equipamiento funerario de la ciudad, eliminando la competencia en un servicio que debería ser “accesible y plural”. Ha denunciado además subidas “desproporcionadas” de precios, con incrementos de hasta el 192% en el uso de salas de despedida, del 100% en incineraciones y de más del 200% en otros servicios básicos, lo que está dejando desfasadas muchas pólizas de seguros y obligando a las familias a asumir sobrecostes no previstos.

Según la edil socialista, este encarecimiento no solo afecta a los usuarios, sino que también pone en riesgo la viabilidad de unas 30 empresas funerarias locales con décadas de trayectoria. “El duelo y el luto se han entregado a un oligopolio. La competencia, vital para mantener precios justos y servicios de calidad, se la ha cargado Chueca”, ha afirmado, rechazando además que el Ayuntamiento se limite a decir que se trata de un problema “entre empresas privadas”.

Por ello, el PSOE ha exigido al Gobierno municipal que garantice el acceso de otras funerarias al tanatorio, establezca controles de precios y medie para proteger tanto a las familias como a los profesionales del sector. “No hablamos de lujos: hablamos de que el PP está haciendo negocio con la muerte desde lo público. El Ayuntamiento ingresa un canon, pero las familias pagan la factura en el peor momento de su vida”, ha resumido.

Respuesta del PP

Desde el Gobierno de Zaragoza, el portavoz municipal, Víctor Serrano, ha acusado al PSOE de “incoherencia”, “expansión de bulos” y “cinismo absoluto”, y ha defendido que el nuevo contrato responde a la modernización de un servicio cuya concesión llevaba caducada desde 2021 y por la que el Ayuntamiento ingresaba solo 6.000 euros anuales. Con el nuevo pliego, ha subrayado, la ciudad recibirá un ingreso inicial de 6,5 millones de euros, un 10% anual sobre los beneficios de la concesionaria y un plan de inversiones de 7,7 millones.

Serrano ha recordado además que el propio PSOE reclamó durante años la actualización del contrato, criticó las prórrogas tácitas y exigió una nueva licitación en comisiones, plenos y presupuestos, así como la renovación de los hornos crematorios. Ha diferenciado, por último, entre la concesión municipal y las relaciones económicas entre la adjudicataria y las funerarias privadas, una cuestión que ha calificado como “entre empresas”, aunque ha asegurado que el Ayuntamiento “estará atento y vigilante”.

Con el título 'Entierro digno', la asociación ciudadana del mismo nombre presenta este lunes un microdocumental que busca poner de manifiesto una realidad que se desconoce o se ignora en España: la falta de cementerios adaptados a los enterramientos según el rito islámico para más de dos millones de personas musulmanas.

Según la asociación Entierro Digno, en España hay 17.850 cementerios, pero solo dos de cada 1.000 están habilitados para enterrar a los musulmanes de acuerdo con sus rituales. El microdocumental contextualiza este problema estructural en nuestro país y, además, pone el foco en el impacto humano de esta situación que vulnera el derecho a la libertad religiosa, tal y como denuncia ese colectivo ciudadano.

El documental ha sido realizado con la colaboración de MOVEMENTS e Iberian Media y se estrena en el marco de la presentación oficial de MOVEMENTS, una nueva plataforma tecnológica que busca apoyar causas sociales y ayudar a que se sostengan en el tiempo.

Según el equipo fundador de MOVEMENTS, la herramienta es “un sistema operativo para agentes de cambio, que permite transformar una causa puntual en un movimiento autosostenible, integrando en un único entorno de activación ciudadana, comunidad, contenidos, eventos y financiación recurrente”. “El gran cuello de botella del cambio social ya no es la movilización inicial, sino la capacidad de sostener el impacto en el tiempo. MOVEMENTS nace para resolver ese problema desde la tecnología”, explica en un comunicado Francisco Polo, uno de los dos cofundadores.

Ja és mitja tarda i la foscor comença a tenyir cada una de les làpides del cementiri de Palma. El silenci que a aquelles hores inunda la necròpolis es veu, de sobte, interromput pels plors i les pregàries. Provenen del Jardí de l'islam, un discret racó on les tombes miren cap a la Meca. Són només 39, a penes una illa dins del monumental recinte funerari, per a una comunitat de més de 30.000 fidels. En aquell instant, una família està donant sepultura a un dels seus. “Aquí no hi cap ningú més”, es lamenta un dels presents mentre assenyala una filera ja completa.

La comunitat musulmana porta anys reivindicant una ampliació que mai arriba tot i les promeses polítiques. Malgrat la senzillesa del ritu islàmic (o halal) -integrat pel ghusl (rentat ritual del cos), el kafan (la mortalla), la inhumació en terra i l'orientació cap a la qibla -, la manca d'instal·lacions adequades -diluïdes entre propostes tècniques i expedients que no avancen- provoca que nombroses famílies continuïn enfrontant-se a un dilema el ressò del qual s'estén a municipis i ciutats de tot el país: on enterrar els seus morts quan l'espai s'esgota o, directament, no existeix?

Espanya compta amb uns 2,5 milions de ciutadans musulmans, d'acord a les xifres de l'Observatori Andalusí i la Unió de Comunitats Islàmiques d'Espanya (UCIDE). De tots ells, el 44% són espanyols (convertits o nacionalitzats), el 37%, marroquins i la resta, pakistanesos, senegalesos i algerians, principalment. No obstant això, la infraestructura funerària -igual que altres prestacions bàsiques- no ha acompanyat l'increment de persones que professen l'islam: el 95% de les comunitats islàmiques no compten amb cementiri o almacbara i cinc autonomies -Astúries, Cantàbria, Castella-la Manxa, Galícia i Extremadura- no disposen de cap terreny per a això.

“L'Estat assumeix que els musulmans, igual que les altres confessions minoritàries amb arrelament a Espanya, tenen dret a ser enterrats als cementiris municipals i que els mateixos ajuntaments han d'adequar una part d'ells al ritu musulmà, però això no acaba de desenvolupar-se, assenyala el secretari general i representant legal de la Federació Espanyola d'Entitats Religioses Islàmiques (FEERI), Francisco Jiménez. En total, a penes existeixen 35 cementiris o parcel·les habilitades on es pot practicar un enterrament conforme a la tradició musulmana entre els més de 17.800 repartits per tot el país. No obstant això, els espais existents estan saturats o les ordenances únicament permeten inhumar persones empadronades en aquest municipi, dificultant encara més l'accés als qui viuen a prop, però no estan inscrits oficialment allà.

A penes existeixen 35 cementiris o parcel·les habilitades on es pot practicar un enterrament conforme al ritu islàmic entre els més de 17.800 repartits per tot el país

“Estem en uns llimbs”

En el cas de les Balears, encara que comparteix problemes comuns amb altres comunitats, el problema es viu de forma especialment dolorosa. Tan sols compta amb una parcel·la oficial, el Jardí de l'islam, per a tot el territori: no existeix cap terreny habilitat a Menorca, Eivissa o Formentera, la qual cosa, a la pràctica, situa l'arxipèlag en una posició similar a les regions en què no hi ha cap cementiri musulmà.

Des del seu impuls fa 16 anys, en aquest petit racó ubicat en un dels angles del cementiri de Palma, la saturació de l'espai és un problema recurrent. “Sempre està ple i cada vegada que hi ha un difunt s'habilita una de les tombes, la qual cosa significa que, possiblement, cada vegada que algú és enterrat treuen un cos per fer espai al nou”, comenta Nur Bió, membre del centre cultural islàmic An-Nour. elDiario.es s'ha posat en contacte amb l'Ajuntament de Palma per confirmar aquest i altres extrems, però des del Consistori eludeixen fer declaracions al respecte.

Sempre està ple i cada vegada que hi ha un difunt s'habilita una de les tombes, la qual cosa significa que, possiblement, cada vegada que algú és enterrat treuen un cos per fer espai al nou

Nur Bió — Membre del centre cultural islàmic An-Nou

Bió no oculta la seva indignació: “Estem parlant de ciutadans que viuen, paguen impostos i moren aquí. Potser en aquests moments sigui una cosa antielectoral, però volem que se'ns concedeixi el que ens és un dret fonamental a la comunitat musulmana. Estem en uns llimbs en què la gent continua naixent i continua morint, però continuem sent ciutadans d'una ciutat on no se'ns enterra”, expressa.

Abderrahim, representant de la Lliga Musulmana de Balears, assenyala en aquesta mateixa línia que, a les illes, hi ha nombrosos ciutadans que, a causa de les dificultats que troben per enterrar els seus familiars, estan comprant espais a València o a Múrcia per poder donar-los sepultura “perquè allà hi ha més facilitats”. Explica, a més, que, davant la manca d'espai al Jardí de l'Islam i els elevats costos de repatriació, hi ha mesquites que supleixen amb xarxes de suport comunitari la manca de resposta institucional. Entre aquestes pràctiques, des de fa anys s'organitzen col·lectes entre els fidels per ajudar les famílies que no poden assumir les despeses d'un enterrament o un trasllat.

A nivell estatal, organitzacions com UCIDE i plataformes com Entierro Digno -nascuda l'octubre de 2024 per reclamar la creació de llocs de sepultura per a les persones musulmanes- coincideixen a subratllar que, més enllà de la Constitució Espanyola i de les normatives que promouen la llibertat religiosa, l'habilitació d'espais adequats per a aquests enterraments està reconeguda per la Llei 26/1992, de 10 de novembre, per la qual va ser aprovat l'Acord de Cooperació de l'Estat amb la Comissió Islàmica d'Espanya, pioner a Europa, però sense desenvolupament pràctic en molts territoris.

En aquest sentit, algunes de les reivindicacions específiques passen per modificar la normativa funerària perquè es puguin dur a terme enterraments sense fèretre, la rehabilitació dels cementiris musulmans construïts durant la Guerra Civil i l'habilitació de parcel·les en municipis en els quals, malgrat el volum de població musulmana existent, no compten amb un cementiri propi.

Es tracta d'un dèficit que obliga centenars de famílies a triar entre enterrar els seus difunts a centenars de quilòmetres de distància, repatriar cossos als seus països d'origen -amb un cost que pot arribar a superar els 7.000 euros- o, en el pitjor dels casos, que el difunt romangui dies en cambres frigorífiques a l'espera d'una solució adequada.

Les famílies tenen tres opcions: enterrar els seus difunts a centenars de quilòmetres de distància, repatriar cossos als seus països d'origen o que el difunt romangui dies en cambres frigorífiques a l'espera d'una solució

La necessitat d'aquest tipus d'espais es va fer més urgent amb la pandèmia de la COVID i l'increment del nombre de defuncions i encara més visible després de la mort del president de la Comissió Islàmica d'Espanya (CIE) i d'UCIDE Riay Tatary, el 6 d'abril de 2020, després de dues setmanes ingressat a l'hospital madrileny de La Paz. Unos dies després, es publicava un informe inèdit -i crucial- sobre la situació dels cementiris per als musulmans elaborat per Mohamed Ajana Elouafi, secretari de la CIE, en què abordava els desafiaments per donar sepultura conforme al ritu halal en un moment crític com el d'aleshores.

Bloqueig polític

A Mallorca, el Jardí de l'islam va ser impulsat el 2009 després d'anys de reivindicacions de la comunitat musulmana. Fins aquell moment no existia a tot l'arxipèlag cap parcel·la on realitzar enterraments d'acord a la tradició islàmica, però la mort d'Abdelhadi Chabli, un argelí resident a Mallorca que havia expressat el seu desig de ser enterrat a l'illa i que, per manca d'espai, finalment va a haber de ser repatriat, va suposar un punt d'inflexió. El malestar generat i la cobertura del cas -impulsada per un periodista amic del finat- van activar un moviment social que va pressionar per habilitar un espai específic dins del cementiri palmesà.

El Jardí de l'Islam va néixer així com una solució provisional, però, tot i els seus problemes recurrents de saturació, mai no ha arribat a ampliar-se. El que el 2009 es va plantejar com un primer pas per garantir un dret bàsic s'ha convertit, 16 anys després, en un espai abarrotat que ja no pot assumir més enterraments i que simbolitza la manca de planificació funerària cap a la comunitat musulmana.

El Jardí de l'Islam va néixer com una solució provisional, però, tot i els seus problemes recurrents de saturació, mai no ha arribat a ampliar-se. El que el 2009 es va plantejar com un primer pas per garantir un dret bàsic s'ha convertit, més de 15 anys després, en un espai abarrotat que ja no pot assumir més enterraments i que simbolitza la manca de planificació funerària cap a la comunitat musulmana

Jiménez reconeix la seva frustració pel bloqueig polític. Cada canvi de govern ha significat “començar de zero”, fins i tot quan les ampliacions ja estaven negociades, com va succeir la passada legislatura, quan l'Ajuntament estava governat per PSIB-PSOE, Més per Mallorca i Podem. En aquest sentit, retreu que, en l'actual mandat, amb PP i Vox al capdavant del Consistori palmesà, les qüestions relatives a la llibertat religiosa es converteixin en una batalla partidista. “L'ultradreta ha creat un ambient que ja s'havia superat i el PP juga molt amb això. ¿Per què? Perquè veu que li dóna vots”, assevera.

Per la seva banda, Nur Bió, que també és secretari d'una de les mesquites de Palma, explica que la comunitat porta un any i mig reclamant a l'Ajuntament l'habilitació de, com a mínim, 22 noves tombes com a pas previ a una ampliació més consistent. Es tracta d'un compromís anunciat públicament, però, lamenta Bió, no materialitzat: “Ni les 22 tombes ni l'ampliació s'han vist per cap costat”. Segons els seus càlculs, serien necessàries unes 120 tombes per a la població musulmana de Palma. En aquesta línia, critica que no s'està oferint a les famílies la possibilitat de mantenir els seus difunts en la tomba original, tot i que la llei exigeix respectar un mínim de cinc anys abans de dur a terme qualsevol exhumació.

La realitat econòmica: repatriar o endeutar-se

Les famílies amb menys recursos pateixen especialment aquesta situació. Segons Bió, quan algú faleix “el posen dos dies a la nevera i comencen a buscar diners per tot arreu” per repatriar-lo i les assegurances privades, que “moltes vegades prometen cobrir repatriacions, tampoc els ajuden”, assenyala. El cost mínim per traslladar un cos depèn de factors com el país de destinació, el transport aeri, el ataüt homologat i els permisos sanitaris i administratius, la qual cosa, segons fonts del sector, pot ascendir a més de 7.000 euros, unes xifres inassumibles per a moltes famílies. Una situació que, com afirma Maissoun Alhalabi, ciutadana síria resident a Mallorca, provoca autèntics drames: cossos que romanen dies sense destí i famílies que no poden complir els ritus bàsics de la seva religió.

“Ens veiem obligats a tenir assegurança privada, perquè qualsevol persona que no la té pateix molt per poder estalviar diners. No tothom pot fer-ho”, incideix Maissoun. En el seu cas, va contractar una assegurança “perquè hi havia moltes dificultats per entrar a Síria”. “Jo em quedo més tranquil·la”, afirma.

Tant Bió com Jiménez subratllen que el ritu funerari musulmà no exigeix infraestructures costoses: només requereix orientació cap a la Meca, enterrament en terra i, preferentment, sense fèretre. Encara que la normativa espanyola obliga a usar taüt, la comunitat ho accepta com a solució adaptada. “No necessitem res especial”, insisteix Bió. “Només és fer-ho d'una altra manera”, afegeix. Jiménez, per la seva banda, subratlla que fins i tot es podrien optimitzar alguns aspectes tècnics, com dividir les tombes per permetre dos enterraments per unitat i dissenyar fèretres verticals concordes al ritu. “Les tombes es desaprofiten. Tenim un problema d'espai, però tampoc ens deixen buscar solucions”, emfatitza.

El cost de traslladar un cos a un altre país pot ascendir a més de 7.000 euros. 'Ens veiem obligats a tenir assegurança privada, perquè qualsevol persona que no la té pateix molt per poder estalviar diners', comenta Maissoun Alhalabi, ciutadana siriana resident a Mallorca

Cartagena, el precedent judicial

Mentre a Palma l'estancament continua, altres ciutats han experimentat certs avenços o afrontat conflictes que exemplifiquen la situació en què es troben els musulmans a Espanya. El cas més recent és el de Cartagena (Múrcia), on un jutjat, mitjançant una sentència dictada el passat mes de juny, va obligar l'Ajuntament a habilitar una àrea per a enterraments conforme al ritu islàmic i d'acord a la normativa sanitària vigent després d'anys de reclamacions ignorades. La resolució va marcar un precedent important en aquest sentit, en reconèixer que la inacció administrativa pot suposar una vulneració de drets fonamentals en matèria religiosa. La Justícia atenia així la demanda interposada per la comunitat local, que compta amb prop de 30.000 fidels. Un mes després, Madrid anunciava l'habilitació d'una parcel·la de 15.000 metres quadrats en el cementiri sud de Carabanchel, però amb límits i solucions intermèdies.

En paral·lel, l'associació Entierro Digno, una de les plataformes més actives en la denúncia de la manca d'espais funeraris per a la comunitat musulmana a Espanya, ha impulsat el documental Descansa en Paz, una peça que posa rostre i veu a les famílies que es veuen obligades a repatriar els seus éssers estimats o a enterrar-los a centenars de quilòmetres per l'absència de parcel·les adequades als seus municipis. La filmació recull testimonis que expliquen l'impacte emocional i econòmic d'aquestes situacions, així com l'angoixa afegida que suposa no poder complir els ritus funeraris islàmics en un moment de dol. “A Espanya, milers de famílies musulmanes no saben on podran acomiadar els seus”, subratllen des de l'entitat.

Descansa en Paz s'ha convertit en una eina clau que, a través d'entrevistes, imatges de cementiris saturats i dades sobre la desigual implantació d'espais musulmans al territori espanyol, evidencia una realitat que durant anys ha romàs invisible per a gran part de la societat. El documental es nodreix, així mateix, de “decisions municipals, encerts, obstacles i la realitat d'un procés que gairebé mai s'explica, però marca una família per sempre”, com assenyalen des d'Entierro Digno, liderada per Mayson Douas.

A Palma, el Jardí de l'Islam -un rectangle diminut en un colosal cementiri- revela la magnitud del problema: manca planificació i una política funerària que tingui en compte la diversitat real de la població espanyola. Les làpides, alineades en silenci, semblen reforçar aquest argument. Cadascuna d'elles explica una història i recorda una vida mentre, més enllà dels murs del cementiri, les associacions i les famílies busquen que la seva problemàtica formi part de l'agenda institucional. “No volem privilegis, volem igualtat”, sentencien.

Es media tarde y la oscuridad comienza a teñir cada una de las lápidas del cementerio de Palma. El silencio que a esas horas inunda la necrópolis se ve, de repente, interrumpido por los llantos y los rezos. Proceden del Jardí de l'islam, un discreto rincón donde las tumbas miran hacia La Meca. Son solo 39, apenas una isla dentro del monumental camposanto, para una comunidad de más de 30.000 fieles. En ese instante, una familia está dando sepultura a uno de los suyos. “Aquí no cabe nadie más”, se lamenta uno de los presentes mientras señala una hilera ya completa.

La comunidad musulmana lleva años reivindicando una ampliación que nunca llega a pesar de las promesas políticas. Pese a la sencillez del rito islámico (halal) -integrado por el ghusl (lavado ritual del cuerpo), el kafan (la mortaja), la inhumación en tierra y la orientación hacia la qibla -, la falta de instalaciones adecuadas -diluidas entre propuestas técnicas y expedientes que no avanzan- provoca que numerosas familias continúen enfrentándose a un dilema cuyo eco se extiende en municipios y ciudades de todo el país: ¿dónde enterrar a sus muertos cuando el espacio se agota o, directamente, no existe?

España cuenta con unos 2,5 millones de ciudadanos musulmanes, de acuerdo a las cifras del Observatorio Andalusí y la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE). De todos ellos, el 44% son españoles (convertidos o nacionalizados), el 37%, marroquíes y el resto, pakistaníes, senegaleses y argelinos, principalmente. Sin embargo, la infraestructura funeraria -al igual que otras prestaciones básicas- no ha acompañado al incremento de personas que profesan el islam: el 95% de las comunidades islámicas no cuentan con cementerio o almacbara y cinco autonomías -Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Galicia y Extremadura- no disponen de terreno alguno para ello.

“El Estado asume que los musulmanes, al igual que las otras confesiones minoritarias con arraigo en España, tienen derecho a ser enterrados en los cementerios municipales y que los mismos ayuntamientos deben adecuar una parte de ellos al rito musulmán, pero esto no acaba de desarrollarse”, señala el secretario general y representante legal de la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas (FEERI), Francisco Jiménez. En total, apenas existen 35 camposantos o parcelas habilitadas donde se puede practicar un entierro de acuerdo a la tradición musulmada entre los más de 17.800 cementerios repartidos por todo el país. Sin embargo, los espacios existentes están saturados o las ordenanzas únicamente permiten inhumar a personas empadronadas en ese municipio, dificultando aún más el acceso a quienes viven cerca, pero no están inscritos oficialmente allí. 

Apenas existen 35 camposantos o parcelas habilitadas donde se puede practicar un entierro conforme al rito islámico entre los más de 17.800 cementerios repartidos por todo el país

“Estamos en un limbo”

En el caso de Balears, aunque comparte problemas comunes con otras comunidades, el problema se vive de forma especialmente dolorosa. Tan solo cuenta con una parcela oficial, el Jardí de l'islam, para todo el territorio: no existe ningún terreno habilitado en Menorca, Eivissa o Formentera, lo que, en la práctica, sitúa al archipiélago en una posición similar a las regiones en las que no hay ningún cementerio musulmán.

Desde su impulso hace 16 años, en este pequeño rincón ubicado en uno de los ángulos del cementerio de Palma, la saturación del espacio es un problema recurrente. “Siempre está lleno y cada vez que hay un difunto se habilita una de las tumbas, lo cual significa que, posiblemente, cada vez que alguien es enterrado sacan un cuerpo para hacer espacio al nuevo”, comenta Nur Bió, miembro del centro cultural islámico An-Nour. elDiario.es se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Palma para confirmar este y otros extremos, pero desde el Consistorio eluden hacer declaraciones al respecto.

Siempre está lleno y cada vez que hay un difunto se habilita una de las tumbas, lo cual significa que, posiblemente, cada vez que alguien es enterrado sacan un cuerpo para hacer espacio al nuevo

Nur Bió — Miembro del centro cultural islámico An-Nou

Bió no oculta su indignación: “Estamos hablando de ciudadanos que viven, pagan impuestos y mueren aquí. Quizás en estos momentos sea algo antielectoral, pero queremos que se nos conceda lo que nos es un derecho fundamental a la comunidad musulmana. Estamos en un limbo en el que la gente sigue naciendo y sigue muriendo, pero seguimos siendo ciudadanos de una ciudad donde no se nos entierra”, expresa.

Abderrahim, representante de la Lliga Musulmana de Balears, señala en esta misma línea que, en las islas, hay numerosos ciudadanos que, debido a las dificultades que encuentran para enterrar a sus familiares, están comprando espacios en Valencia o en Murcia para poder darles sepultura “porque allí hay más facilidades”. Explica, además, que, ante la falta de espacio en el Jardí de l’Islam y los elevados costes de repatriación, hay mezquitas que suplen con redes de apoyo comunitario la falta de respuesta institucional. Entre tales prácticas, desde hace años se organizan colectas entre los fieles para ayudar a las familias que no pueden asumir los gastos de un entierro o un traslado.

A nivel estatal, organizaciones como UCIDE y plataformas como Entierro Digno -nacida en octubre de 2024 para reclamar la creación de lugares de sepultura para las personas musulmanas- coinciden en subrayar que, más allá de la Constitución Española y de las normativas que promueven la libertad religiosa, la habilitación de espacios adecuados para estos enterramientos está reconocida por la Ley 26/1992, de 10 de noviembre, por la que fue aprobado el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España, pionero en Europa, pero sin desarrollo práctico en muchos territorios.

En este sentido, algunas de las reivindicaciones específicas pasan por modificar la normativa funeraria para que se puedan llevar a cabo enterramiento sin féretro, la rehabilitación de los cementerios musulmanes construidos durante la Guerra Civil y la habilitación de parcelas en municipios en los que, pese al volumen de población musulmana existente, no cuentan con un camposanto propio.

Se trata de un déficit que obliga a cientos de familias a elegir entre enterrar a sus fallecidos a cientos de kilómetros de distancia, repatriar cuerpos a sus países de origen -con un coste que puede superar los 5.000 euros- o, en el peor de los casos, que el difunto permanezca días en cámaras frigoríficas a la espera de una solución adecuada.

Las familias tienen tres opciones: enterrar a sus fallecidos a cientos de kilómetros de distancia, repatriar cuerpos a sus países de origen o que el difunto permanezca días en cámaras frigoríficas a la espera de una solución

La necesidad de este tipo de espacios se hizo aún más acuciante con la pandemia de la COVID y el incremento del número de fallecimientos y aún más visible tras la muerte del presidente de la Comisión Islámica de España (CIE) y de UCIDE Riay Tatary, el 6 de abril de 2020, tras dos semanas ingresado en el hospital madrileño de La Paz. Unos días después, se publicaba un informe inédito -y crucial- sobre la situación de los cementerios para los musulmanes elaborado por Mohamed Ajana Elouafi, secretario de la CIE, en el que abordaba los desafíos para dar sepultura conforme al rito halal en un momento crítico como el de entonces.

Bloqueo político

En Mallorca, el Jardí de l'islam fue impulsado en 2009 tras años de reivindicaciones de la comunidad musulmana. Hasta aquel momento no existía en todo el archipiélago ninguna parcela donde realizar enterramientos conforme al rito islámico, pero la muerte de Abdelhadi Chabli, un argelino residente en Mallorca que había expresado su deseo de ser enterrado en la isla y cuyo cuerpo tuvo que ser finalmente repatriado, supuso un punto de inflexión. El malestar generado y la cobertura del caso -impulsada por un periodista amigo del fallecido- activaron un movimiento social que presionó para habilitar un espacio específico dentro del camposanto palmesano.

El Jardí de l'Islam nació así como una solución provisional, pero, pese a sus problemas recurrentes de saturación, nunca ha llegado a ampliarse. Lo que en 2009 se planteó como un primer paso para garantizar un derecho básico se ha convertido, 16 años después, en un espacio saturado que ya no puede asumir más entierros y que simboliza la falta de planificación funeraria hacia la comunidad musulmana.

El Jardí de l'Islam nació como una solución provisional, pero, pese a sus problemas recurrentes de saturación, nunca ha llegado a ampliarse. Lo que en 2009 se planteó como un primer paso para garantizar un derecho básico se ha convertido, 15 años después, en un espacio saturado que ya no puede asumir más entierros y que simboliza la falta de planificación funeraria hacia la comunidad musulmana

Jiménez reconoce su frustración por el bloqueo político. Cada cambio de gobierno ha significado “empezar de cero”, incluso cuando las ampliaciones estaban ya negociadas, como sucedió en la pasada legislatura, cuando el Ayuntamiento estaba gobernado por PSIB-PSOE, Més per Mallorca y Podemos. En este sentido, recrimina que, en el actual mandato, con PP y Vox al frente del Consistorio palmesano, las cuestiones relativas a la libertad religiosa se conviertan en una batalla partidista. “La ultraderecha ha creado un ambiente que ya se había superado y el PP juega mucho con eso. ¿Por qué? Porque ve que le da votos”, asevera.

Por su parte, Nur Bió, quien también es secretario de una de las mezquitas de Palma, explica que la comunidad lleva un año y medio reclamando al Ayuntamiento la habilitación de, como mínimo, 22 nuevas tumbas como paso previo a una ampliación más consistente. Se trata de un compromiso anunciado públicamente, pero, lamenta Bió, no materializado: “Ni las 22 tumbas ni la ampliación se han visto por ningún lado”. Según sus cálculos, serían necesarias unas 120 tumbas para la población musulmana de Palma. En esta línea, critica que no se está ofreciendo a las familias la posibilidad de mantener a sus difuntos en la tumba original, pese a que la ley exige respetar un mínimo de cinco años antes de llevar a cabo cualquier exhumación.

La realidad económica: repatriar o endeudarse

Las familias con menos recursos sufren especialmente esta situación. Según Bió, cuando alguien fallece “lo ponen dos días en la nevera y empiezan a buscar dinero por todos los lados” para repatriarlo y los seguros privados, que “muchas veces prometen cubrir repatriaciones, tampoco les ayudan”, señala. El coste mínimo para trasladar un cuerpo depende de factores como el país de destino, el transporte aéreo, el ataúd homologado y los permisos sanitarios y administrativos, lo que, según fuentes del sector, puede ascender a más de 7.000 euros, unas cifras inasumibles para muchas familias. Una situación que, como afirma Maissoun Alhalabi, ciudadana siria residente en Mallorca, provoca auténticos dramas: cuerpos que permanecen días sin destino y familias que no pueden cumplir los ritos básicos de su religión.

“Nos vemos obligados a tener seguro privado, porque cualquier persona que no lo tiene sufre mucho para poder ahorrar dinero. No todo el mundo puede hacerlo”, incide Maissoun. En su caso, contrató un seguro “porque había muchas dificultades para entrar a Siria”. “Yo me quedo más tranquila”, afirma.

Tanto Bió como Jiménez subrayan que el rito funerario musulmán no exige infraestructuras costosas: solo requiere orientación hacia La Meca, entierro en tierra y, preferentemente, sin féretro. Aunque la normativa española obliga a usar ataúd, la comunidad lo acepta como solución adaptada. “No necesitamos nada especial”, insiste Bió. “Solo es hacerlo de otra manera”, añade. Jiménez, por su parte, subraya que incluso podrían optimizarse algunos aspectos técnicos, como dividir las tumbas para permitir dos enterramientos por unidad y diseñar féretros verticales acordes a la tradición. “Las tumbas se desaprovechan. Tenemos un problema de espacio, pero tampoco nos dejan buscar soluciones”, enfatiza.

El coste de trasladar un cuerpo a otro país puede ascender a más de 7.000 euros. 'Nos vemos obligados a tener seguro privado, porque cualquier persona que no lo tiene sufre mucho para poder ahorrar dinero', comenta Maissoun Alhalabi, ciudadana siria residente en Mallorca

Cartagena, el precedente judicial

Mientras en Palma el estancamiento continúa, otras ciudades han experimentado ciertos avances o enfrentado conflictos que ejemplifican la situación en la que se encuentran los musulmanes en España. El caso más reciente es el de Cartagena (Murcia), donde un juzgado, mediante una sentencia dictada el pasado mes de junio, obligó al Ayuntamiento a habilitar un área para enterramientos conforme al rito islámico y de acuerdo a la normativa sanitaria vigente tras años de reclamaciones ignoradas. El fallo marcó un precedente importante en este sentido, al reconocer que la inacción administrativa puede suponer una vulneración de derechos fundamentales en materia religiosa. La Justicia atendía así la demanda interpuesta por la comunidad local, que cuenta con cerca de 30.000 fieles. Un mes después, Madrid anunciaba la habilitación de una parcela de 15.000 metros cuadrados en el cementerio sur de Carabanchel, pero con límites y soluciones intermedias. 

En paralelo, la asociación Entierro Digno, una de las plataformas más activas en la denuncia de la falta de espacios funerarios para la comunidad musulmana en España, ha impulsado el documental Descansa en Paz, una pieza que pone rostro y voz a las familias que se ven obligadas a repatriar a sus seres queridos o a enterrarlos a cientos de kilómetros por la ausencia de parcelas adecuadas en sus municipios. La filmación recoge testimonios que explican el impacto emocional y económico de estas situaciones, así como la angustia añadida que supone no poder cumplir los ritos funerarios islámicos en un momento de duelo. “En España, miles de familias musulmanas no saben dónde podrán despedir a los suyos”, subrayan desde la entidad.

Descansa en Paz se ha convertido en una herramienta clave que, a través de entrevistas, imágenes de cementerios saturados y datos sobre la desigual implantación de espacios musulmanes en el territorio español, evidencia una realidad que durante años ha permanecido invisible para gran parte de la sociedad. El documental se nutre, asimismo, de “decisiones municipales, aciertos, obstáculos y la realidad de un proceso que casi nunca se explica, pero marca a una familia para siempre”, como señalan desde Entierro Digno, liderada por Mayson Douas.

En Palma, el Jardí de l'Islam -un rectángulo diminuto en un colosal camposanto- revela la magnitud del problema: falta planificación y una política funeraria que tenga en cuenta la diversidad real de la población española. Las lápidas, alineadas en silencio, parecen reforzar este argumento. Cada una de ellas cuenta una historia y recuerda una vida mientras, más allá de los muros del camposanto. Las asociaciones y las familias buscan que su problemática forme parte de la agenda institucional. “No queremos privilegios, queremos igualdad”, sentencian.

Fa gairebé un any i mig que Ameynna no sap res de Mohammed, el seu germà petit. Un any i mig d'angoixa, desesperació i desconeixement. Durant tot aquest temps, ha contactat amb diverses associacions i organitzacions sense ànim de lucre per a intentar trobar al jove, que tenia 22 anys quan la pastera en la qual viatjava va naufragar al Mediterrani de camí a Balears. Avui, en ser preguntada per elDiario.es, assegura que encara no té “cap novetat”. Al principi, hi havia rumors que el seu germà havia ingressat a l'hospital d'Alacant. L'altra versió és que l’havien detingut i estava a la presó. Però cap d'aquestes dues cares de la història van poder ser confirmades per Ameynna, que, des d'Algèria, s'ha mobilitzat al màxim per a trobar a Mohammed.

No viatjava només, ho feia amb diversos amics seus i altres 12 persones més amb el mateix propòsit. Van sortir de Tipaza, com la majoria de les embarcacions que busquen aconseguir per via irregular les costes espanyoles. Desconeixement, desesperació, angoixa. És el que va començar a sentir aquesta familiar gairebé dues setmanes després que el seu germà menor hagués marxat i durant les quals no va tenir la més mínima notícia d'ell. Els seus sentiments són els mateixos que els de la resta de sers estimats d'aquells que decideixen abandonar la seva terra per a buscar una vida millor per a ells mateixos i les seves famílies. Però aquest mal de molts no és consol per a cap.

Ameynna es va mobilitzar durant mesos, especulant amb la possibilitat que qualsevol de les precàries barques que hagués arribat al llarg d'aquests dies a la costa peninsular o a les illes era la que havia portat a Mohammed. De moment, silenci: no ha aconseguit saber el seu parador.

Ameynna es va mobilitzar durant mesos, especulant amb la possibilitat que qualsevol de les precàries barques que hagués arribat al llarg d'aquests dies a la costa peninsular o a les illes era la que havia portat al seu germà, Mohammed. De moment, silenci: no ha aconseguit saber el seu parador

31 cossos sense vida en aigües balears

En el que va d'any, fins a 365 pasteres han arribat a Balears amb un total de 6.804 persones a bord, segons el recompte efectuat per EFE a partir de les dades del Ministeri de l'Interior i la Delegació del Govern a les illes. Una xifra molt més elevada que la de 2024, quan van arribar a l'arxipèlag 5.882 migrants, d'acord amb l'Informe Anual de Seguretat Nacional del Ministeri de l'Interior. Enguany, entre gener i juny, les autoritats van trobar 31 cossos sense vida a aigües i platges de Balears. Els primers 15 cossos van ser recuperats entre gener i març, d'acord amb la informació de les forces de seguretat de l'Estat, i la resta van ser trobats entre meitat d'abril i principis de juny.

La Guàrdia Civil s'encarrega de rescatar els cossos sense vida, víctimes dels naufragis derivats de les pèssimes condicions del viatge: sense aigua ni menjar, sense armilles salvavides i amb bidons de gasolina a bord perillosos per a la integritat física dels ocupants. Les males condicions meteorològiques que poden afectar la travessia i la incapacitat de nedar de la majoria d'ells fan que el resultat pugui ser nefast. La poca potència d'algunes barques per a realitzar el trajecte fa que aquest sigui encara més arriscat.

A qualsevol cos trobat en la costa o en la mar, els agents li practiquen les mateixes diligències forenses: se li pren les empremtes dactilars -a vegades l'estat del cadàver no ho permet- i l'extracció de mostres d'ADN. Tota aquesta informació s'incorpora a la base estatal de persones desaparegudes, on es compara de manera sistemàtica amb les dades que aporten les famílies en les seves denúncies, tal com detallen des de l'Institut Armat a elDiario.es. Quan no s'aconsegueix conèixer la identitat de la víctima, el registre roman actiu de manera indefinida, a l'espera que en el futur pugui produir-se una coincidència que permeti posar nom a aquests cossos que continuen sense identificar.

En els darrers anys, la Mar Balear s'ha convertit en un lloc en el que milers de persones es debaten entre la vida i la mort. És la segona la que s'imposa. És llavors quan, per ordre judicial, aquelles persones que partien del seu país en difícils condicions i amb l'esperança d'un futur millor perden la seva vida i el seu nom. El Jutjat de guàrdia s'encarrega de fer l'aixecament del cadàver i comença llavors la recerca judicial per a esclarir els fets que han provocat la defunció, com expliquen fonts judicials a aquest periòdic. En el cas de no tenir hereus o familiars, o de no trobar-los -alguna cosa que succeeix en moltes ocasions-, la Llei preveu que sigui l'Ajuntament del terme municipal on ha aparegut el cos el que es faci càrrec de la inhumació. Com en el cas d'altres ciutadans que no disposen dels recursos econòmics necessaris per a dur a terme un enterrament, amb totes les garanties i drets.

En els darrers anys, la Mar Balear s'ha convertit en un lloc en el qual milers de persones es debaten entre la vida i la mort. És la segona la que s'imposa. És llavors quan, per ordre judicial, aquelles persones que partien del seu país en difícils condicions i amb l'esperança d'un futur millor perden la seva vida i el seu nom

Inhumats sota un simple codi 

El laberint del Cementeri Nou de Vila amaga, entre infinites làpides amb vuit cognoms pitiusos, els nínxols dels cossos sense identificar recuperats a la mar d'Eivissa i Formentera. Sense nom, sense flors, sense comiat per part dels familiars. Durant 2025, han estat inhumats tres: un d'ells, un migrant trobat sense vida a dues milles de la badia de Talamanca un dimarts qualsevol d'octubre. No va haver-hi resos ni plors. Salvament Marítim va recuperar les restes després de rebre l'avís de la troballa. Després, el forense i els agents de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil es van fer càrrec de l'aixecament del cadàver, en estat avançat de descomposició. No va ser possible, si més no, determinar si es tractava d'un home o d'una dona. Això i un arrap de cisell sobre el ciment: S-I (Sense Identitat), va ser tot. Una setmana després, un capità es va trobar amb una altra persona sense vida, a la deriva, enfront de Platja d'en Bossa.

El laberint del Cementeri Nou de Vila amaga, entre infinites làpides amb vuit cognoms pitiusos, els nínxols dels cossos sense identificar recuperats en la mar d'Eivissa i Formentera. Sense nom, sense flors, sense comiat per part dels familiars. Durant 2025, han estat inhumats tres: un d'ells, un migrant trobat sense vida a dues milles de la badia de Talamanca un dimarts qualsevol d'octubre. No va haver-hi resos ni plor

En les austeres inscripcions, no apareix ni el nom ni la data de naixement, només la del tràgic descobriment. Una d'elles resa: 20-11-2025. Va ser l'última persona sense identificar enterrada al cementiri, dijous passat. En 2024, un altre dels cadàvers trobats surant a Formentera va ser traslladat a les instal·lacions de Vila, des d'on s'observa, des de l'altura de la muntanya, la mateixa mar -cruel, ara calma- del seu últim alè.

La mateixa imatge cruel es va repetir, la setmana passada, a la necrópolis de Sant Francesc (Formentera), quan es va enterrar el cos d'un home sense identificar trobat dies abans en aigües de l'illa. També la cama d'una altra possible víctima de les rutes migratòries entre Algèria i Espanya, segons va publicar Diario de Ibiza.

El primer mort, rescatat per Salvament Marítim amb signes de mutilació, va ser traslladat a Eivissa per a practicar-li l'autòpsia i després sepultat en un nínxol que ara indica ‘Desconegut. Mort en la mar’, al costat d'altres tres migrants localitzats en els últims mesos. Amb aquests dos enterraments, ja són 17 les persones sense identificar enterrades a la pitiusa menor, que comença a quedar-se sense espai mentre les desaparicions continuen: dues pasteres sortides d'Algèria l'11 de novembre segueixen sense rastre i els cinc supervivents d'una d'elles van declarar que 18 companys es van perdre a la mar després de més d'una setmana a la deriva.

A Formentera, són ja 17 les persones sense identificar enterrades en el seu cementiri, que comença a quedar-se sense espai mentre les desaparicions continuen: dues pasteres sortides d'Algèria l'11 de novembre segueixen sense rastre i els cinc supervivents d'una d'elles van declarar que 18 companys es van perdre en la mar després de més d'una setmana a la deriva

Els cossos, descomposts

A Santa Eulària, l'Ajuntament explica que els enterraments per beneficència de persones sense identificar segueixen un procediment similar: s'assigna un nínxol gratuït a través del Cadastre municipal. Es tracta, habitualment, de tombes a les quals han renunciat antics propietaris o espais buits situats entre la quarta i la cinquena planta del cementiri nou. La identificació es complica sovint perquè, quan es troben els cadàvers, aquests solen estar en un estat molt avançat de descomposició, tal com remarquen. El 7 de juliol, en el canal marítim entre Eivissa i Mallorca, el Grup Especial d'Activitats Subaquàtiques (GEAS) va recuperar un altre cos irrecognoscible. No es va descartar, en cap moment, que pertanyés a un migrant naufragat, i encara que tampoc va poder assegurar-se, la història cada mes es repeteix.

Honrar els cossos amb la sepultura desitjada és gairebé impossible. També, conèixer les seves voluntats o les dels seus familiars. A això se suma que a Balears, igual que a altres comunitats autònomes, els musulmans es veuen obligats a repatriar els cossos per a poder enterrar-los com dicta l'Alcorà: sense fèretre perquè el cos estigui en contacte amb la terra. L'únic cementiri musulmà de la comunitat autònoma, a Mallorca, està saturat i no té més capacitat, encara que es ve reclamant la seva ampliació des de fa anys. Encara així, continuaria sent inviable després que la mar que anava a proporcionar-los una millor vida hagi esborrat la seva petjada per complet.

Hace casi un año y medio que Ameynna no sabe nada de Mohammed, su hermano pequeño. Un año y medio de angustia, desesperación y desconocimiento. Durante todo este tiempo, ha contactado con diversas asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro para intentar encontrar al joven, que tenía 22 años cuando la patera en la que viajaba naufragó en el Mediterráneo de camino a Balears. Hoy, al ser preguntada por elDiario.es, asegura que todavía no tiene “ninguna novedad”. Al principio, había rumores de que su hermano había ingresado en el hospital de Alicante. La otra versión es que lo habían detenido y estaba en la cárcel. Pero ninguna de estas dos caras de la historia pudieron ser confirmadas por Ameynna, que, desde Argelia, se ha movilizado al máximo para encontrar a Mohammed.

No viajaba solo, lo hacía con varios amigos suyos y otras 12 personas más con el mismo propósito. Salieron de Tipaza, como la mayoría de las embarcaciones que buscan alcanzar por vía irregular las costas españolas. Desconocimiento, desesperación, angustia. Es lo que empezó a sentir esta familiar casi dos semanas después de que su hermano menor se hubiera marchado y durante las que no tuvo la más mínima noticia de él. Sus sentimientos son los mismos que los del resto de seres queridos de aquellos que deciden abandonar su tierra para buscar una vida mejor para ellos mismos y sus familias. Pero ese mal de muchos no es consuelo para ninguno. 

Ameynna se movilizó durante meses, especulando con la posibilidad de que cualquiera de las precarias barcas que hubiera llegado a lo largo de esos días a la costa peninsular o a las islas era la que había llevado a Mohammed. De momento, silencio: no ha conseguido saber su paradero. 

Ameynna se movilizó durante meses, especulando con la posibilidad de que cualquiera de las precarias barcas que hubiera llegado a lo largo de esos días a la costa peninsular o a las islas era la que había llevado a su hermano, Mohammed. De momento, silencio: no ha conseguido saber su paradero

31 cuerpos sin vida en aguas baleares

En lo que va de año, hasta 365 pateras han llegado a Balears con un total de 6.804 personas a bordo, según el recuento efectuado por EFE a partir de los datos del Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno en las islas. Una cifra mucho más elevada que la de 2024, cuando arribaron al archipiélago 5.882 migrantes, de acuerdo con el Informe Anual de Seguridad Nacional del Ministerio del Interior. Este año, entre enero y junio, las autoridades encontraron 31 cuerpos sin vida en aguas y playas de Balears. Los primeros 15 cuerpos fueron recuperados entre enero y marzo, de acuerdo a la información de las fuerzas de seguridad del Estado, y el resto fueron hallados entre mitad de abril y principios de junio.

La Guardia Civil se encarga de rescatar los cuerpos sin vida, víctimas de los naufragios derivados de las pésimas condiciones del viaje: sin agua ni comida, sin chalecos salvavidas y con bidones de gasolina a bordo peligrosos para la integridad física de los ocupantes. Las malas condiciones meteorológicas que pueden afectar a la travesía y la incapacidad de nadar de la mayoría de ellos hacen que el resultado pueda ser nefasto. La poca potencia de algunas barcas para realizar el trayecto hace que este sea aún más arriesgado.

A cualquier cuerpo hallado en la costa o en el mar, los agentes le practican las mismas diligencias forenses: se le toma las huellas dactilares -a veces el estado del cadáver no lo permite- y la extracción de muestras de ADN. Toda esa información se incorpora a la base estatal de personas desaparecidas, donde se compara de forma sistemática con los datos que aportan las familias en sus denuncias, tal como detallan desde el Instituto Armado a elDiario.es. Cuando no se logra conocer la identidad de la víctima, el registro permanece activo de manera indefinida, a la espera de que en el futuro pueda producirse una coincidencia que permita poner nombre a esos cuerpos que continúan sin identificar.

En los últimos años, el Mar Balear se ha convertido en un lugar en el que miles de personas se debaten entre la vida y la muerte. Es la segunda la que se impone. Es entonces cuando, por orden judicial, aquellas personas que partían de su país en difíciles condiciones y con la esperanza de un futuro mejor pierden su vida y su nombre. El Juzgado de guardia se encarga de hacer el levantamiento del cadáver y comienza entonces la investigación judicial para esclarecer los hechos que han provocado el fallecimiento, como explican fuentes judiciales a este periódico. En el caso de no tener herederos o familiares, o de no encontrarlos -algo que sucede en muchas de las ocasiones-, la Ley prevé que sea el Ayuntamiento del término municipal donde ha aparecido el cuerpo el que se haga cargo de la inhumación. Como en el caso de otros ciudadanos que no disponen de los recursos económicos necesarios para llevar a cabo un entierro, con todas las garantías y derechos. 

En los últimos años, el Mar Balear se ha convertido en un lugar en el que miles de personas se debaten entre la vida y la muerte. Es la segunda la que se impone. Es entonces cuando, por orden judicial, aquellas personas que partían de su país en difíciles condiciones y con la esperanza de un futuro mejor pierden su vida y su nombre

Inhumados bajo un simple código 

El laberinto del Cementeri Nou de Vila esconde, entre infinitas lápidas con ocho apellidos pitiusos, los nichos de los cuerpos sin identificar recuperados en el mar de Eivissa y Formentera. Sin nombre, sin flores, sin despedida por parte de los familiares. Durante 2025, han sido inhumados tres: uno de ellos, un migrante encontrado sin vida a dos millas de la bahía de Talamanca un martes cualquiera de octubre. No hubo rezos ni llantos. Salvamento Marítimo recuperó los restos tras recibir el aviso del hallazgo. Después, el forense y los agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil se hicieron cargo del levantamiento del cadáver, en avanzado estado de descomposición. No fue posible, siquiera, determinar si se trataba de un hombre o de una mujer. Eso y un rasguño de cincel sobre el cemento: S-I (Sin Identidad), fue todo. Una semana después, un capitán se encontró con otra persona sin vida, a la deriva, frente a Platja d'en Bossa.

El laberinto del Cementeri Nou de Vila esconde, entre infinitas lápidas con ocho apellidos pitiusos, los nichos de los cuerpos sin identificar recuperados en el mar de Eivissa y Formentera. Sin nombre, sin flores, sin despedida por parte de los familiares. Durante 2025, han sido inhumados tres: uno de ellos, un migrante encontrado sin vida a dos millas de la bahía de Talamanca un martes cualquiera de octubre. No hubo rezos ni llanto

En las austeras inscripciones, no aparece ni el nombre ni la fecha de nacimiento, solo la del trágico descubrimiento. Una de ellas data: 20-11-2025. Fue la última persona sin identificar enterrada en el camposanto, el pasado jueves. En 2024, otro de los cadáveres encontrados flotando en Formentera fue trasladado a las instalaciones de Vila, desde donde se observa, desde la altura de la montaña, el mismo mar -cruel, ahora calmo- de su último aliento. 

La misma imagen cruel se repitió, la semana pasada, en el cementerio de Sant Francesc (Formentera), cuando se enterró el cuerpo de un hombre sin identificar encontrado días antes en aguas de la isla. También la pierna de otra posible víctima de las rutas migratorias entre Argelia y España, según publicó Diario de Ibiza. 

El primer fallecido, rescatado por Salvamento Marítimo con signos de mutilación, fue trasladado a Eivissa para practicarle la autopsia y después sepultado en un nicho que ahora indica ‘Desconocido. Muerto en el mar’, junto a otros tres migrantes localizados en los últimos meses. Con estos dos entierros, ya son 17 las personas sin identificar enterradas en la pitiusa menor, que empieza a quedarse sin espacio mientras las desapariciones continúan: dos pateras salidas de Argelia el 11 de noviembre siguen sin rastro y los cinco supervivientes de una de ellas declararon que 18 compañeros se perdieron en el mar tras más de una semana a la deriva.

En Formentera, son ya 17 las personas sin identificar enterradas en su cementerio, que empieza a quedarse sin espacio mientras las desapariciones continúan: dos pateras salidas de Argelia el 11 de noviembre siguen sin rastro y los cinco supervivientes de una de ellas declararon que 18 compañeros se perdieron en el mar tras más de una semana a la deriva

Los cuerpos, descompuestos

En Santa Eulària, el Ayuntamiento explica que los entierros por beneficencia de personas sin identificar siguen un procedimiento similar: se asigna un nicho gratuito a través del Catastro municipal. Se trata, habitualmente, de tumbas a las que han renunciado antiguos propietarios o espacios vacíos situados entre la cuarta y la quinta planta del cementerio nuevo. La identificación se complica a menudo porque, cuando se encuentran los cadáveres, estos suelen estar en un estado muy avanzado de descomposición, tal como remarcan. El 7 de julio, en el canal marítimo entre Eivissa y Mallorca, el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) recuperó otro cuerpo irreconocible. No se descartó, en ningún momento, que perteneciera a un migrante naufragado, y aunque tampoco pudo asegurarse, la historia cada mes se repite. 

Honrar los cuerpos con la sepultura deseada es casi imposible. También, conocer sus voluntades o las de sus familiares. A ello se suma que en Balears, al igual que en otras comunidades autónomas, los musulmanes se ven obligados a repatriar los cuerpos para poder enterrarlos como dicta el Corán: sin féretro para que el cuerpo esté en contacto con la tierra. El único cementerio musulmán de la comunidad autónoma, en Mallorca, está saturado y no tiene más capacidad, aunque se viene reclamando su ampliación desde hace años. Aun así, seguiría siendo inviable después de que el mar que iba a proporcionarles una mejor vida haya borrado su huella por completo.

La Ley de Bienestar Animal que el Gobierno aprobó hace más de dos años no permite enterrar a animales de compañía en cualquier sitio. Las opciones legales son la incineración o el enterramiento a través de una empresa que gestione un espacio autorizado, para lo cual es necesario presentar un certificado de la incineración o enterramiento para dar de baja al animal del registro de la base de datos. 

La mayoría de las personas opta por la incineración, al ser un procedimiento que se gestiona directamente con el veterinario y que apenas supone trámites, al ser el profesional quien contacta con la empresa de cremación.  

En este proceso, no nos entregan las cenizas de nuestra mascota, como sí se hace con los restos mortales humanos, debido a que tampoco pueden enterrarse en cualquier sitio no autorizado, por lo que no existen apenas posibilidades para ir a visitar sus restos y rendirles homenaje si así lo deseamos.

En España, hay alrededor de 30 cementerios y crematorios para mascotas y siguen creciendo cada año. Son lugares autorizados y también privados, salvo alguna excepción, donde enterrar a nuestra mascota puede costar desde 300 euros y hasta 6.000 euros, dependiendo de los servicios contratados.

'El último parque', en Arganda del Rey (Madrid); el 'Paraíso de Mascotas' en Málaga (de gestión pública); el Cementerio de Pequeños Animales de Torrelles de Llobregat (Barcelona), uno de los más antiguos del país; el cementerio 'Elisia' en Cartagena (Murcia); y 'El Recuerdo', en la localidad toledana de Ciruelos, son algunos ejemplos de estos espacios.

Ahora, en Castilla-La Mancha se abre una puerta a este respecto. El Gobierno regional quiere aprobar una orden que regule las condiciones para el enterramiento de animales de compañía en esta comunidad autónoma, porque no hay normativa autonómica sobre esta cuestión, salvo la estatal y las normas sanitarias que se aplican a subproductos animales y los no destinados al consumo humano, que datan de 2011- 

En la consulta previa para la elaboración de esta orden, el Ejecutivo de Emiliano García-Page explica que los subproductos animales, independientemente de su procedencia, constituyen un “riesgo potencial para la salud pública, la salud animal y el medio ambiente”.

“Este riesgo debe controlarse, bien orientando esos productos hacia medios de eliminación seguros o utilizándolos para diversos fines, a condición de que se apliquen condiciones estrictas que reduzcan al mínimo los riesgos sanitarios”, argumenta. 

Es el motivo por el que actualmente el Ejecutivo castellanomanchego quiere regular las condiciones básicas para el enterramiento de animales de compañía de acuerdo con las normas sanitarias mencionadas.

El objetivo es evitar la eliminación no controlada de los restos

En virtud de esa competencia, la comunidad autónoma considera necesaria la publicación de una normativa específica de la que carecía hasta ahora. Nace con el objetivo de dar respuesta a una necesidad no cubierta hasta ahora, como es la de “ofrecer un espacio para el depósito de los animales de compañía” y evitar así “la eliminación no controlada de los cadáveres de mascotas en lugares que podrían implicar posibles riesgos sanitarios y medioambientales”.

La Dirección General de Ordenación Agropecuaria considera que se tiene que optar por la redacción de una orden con el fin de regular reglamentariamente la eliminación de los animales de compañía mediante “enterramiento controlado”.

El mencionado cementerio de Ciruelos, 'El Recuerdo', es un ejemplo de cómo podrían gestionarse estos espacios. Lo regenta un matriomonio, Sonia y Manuel. Acoge, en un entorno rodeado de naturaleza, a todo tipo de mascotas: perros, gatos, aves, hamsters, conejos, tortugas, etc. También entierran cenizas en el columbario preparado para urnas.

Se puso en marcha cuando la familia perdió a su perro Yako. “Encontramos la necesidad de buscar un lugar en el que pudiera descansar en paz y donde poder recordarle y seguir mostrándole nuestro cariño”, apuntan

Este cementerio abrió en 2022 con todos los permisos, tanto del ayuntamiento de Ciruelos como de la Consejería de Agricultura de Castilla La Mancha, el organismo que ahora ha lanzado la consulta para regular estos espacios. La normativa estatal les ha obligado a estar inscritos en el registro SANDACH (subproductos de origen animal).

Según indican, cuentan con un equipo muy cualificado para ofrecer un “servicio integral y completo”, desde la recogida, ya sea en la clínica veterinaria o en su propio domicilio, hasta el traslado y posterior enterramiento, ya sea un día laborable, o incluso sábados, domingos y festivos.

En Castilla-La Mancha, la consulta previa dará paso a un futuro borrador que será sometido a información pública y donde el Gobierno regional detallará las medidas que quiere aprobar con esta nueva regulación.

Les desigualtats socials i econòmiques existeixen fins i tot post mortem. El preu d'un funeral, que oscil·la entre els 3.000 i els 10.000 euros segons el tipus de servei, el municipi i la voluntat de la família, s'ha convertit a Balears, i també en tot el territori nacional, en una barrera econòmica que moltes llars no poden assumir. A les despeses obligatòries que involucra una pèrdua –tanatori, cotxe fúnebre, taüt, tràmits, inhumació o incineració– se’n sumen altres d’opcionals, com les flors o les corones, que a municipis com Palma s'han incrementat al voltant del 13%.

La desigualtat marca la diferència entre un enterrament bàsic, un digne i un d’impossible i, a pesar que les administracions municipals cada vegada tenen més competències per a oferir aquest servei com a públic, els tràmits burocràtics són encara tediosos. Així ho ha assenyalat el president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, dijous passat durant la presentació del nou tanatori de Santa Eulària, on es va referir a les “complexitats burocràtiques” de la política mortuòria. Els drets funeraris depenen, així i una vegada més, del codi postal.

La competència és estrictament municipal, el que deixa en mans de cada ajuntament la capacitat i voluntat política de garantir als ciutadans l'accés a un enterrament digne independentment de la seva classe social. De fet, la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears atribueix als municipis la regulació i la gestió dels cementiris i serveis funeraris, així com el seu control sanitari i policia sanitària mortuòria. I, d'altra banda, la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local, manté el cementiri com un servei que han de prestar obligatòriament tots els municipis.

Nou enterraments de beneficència a Vila

Quan un ciutadà no disposa de recursos suficients, els serveis socials emeten un informe acreditatiu i els Ajuntaments han de tramitar un enterrament de beneficència. En el cas de Vila –la ciutat d'Eivissa, l'única que ha proporcionat dades a elDiario.es–, aquest 2025 s'han tramitat en total nou enterraments d'aquest tipus, indiquen des de la regidoria de Cementiris. Gairebé els mateixos que durant l'any 2024. Per a aquests casos, sol haver-hi nínxols específicament reservats i és el Consistori qui assumeix el cost complet: des de Pompas Fúnebres fins a la resta de despeses associades al sepeli.

La pràctica, remarquen fonts de l'Ajuntament de Sant Josep, s'activa també quan apareix un cos sense vida en aigües del municipi. Es tracta, majoritàriament, de migrants que no aconsegueixen completar la perillosa travessia en pastera des del nord d'Àfrica fins a les costes espanyoles. Només entre gener i juny d'enguany, les autoritats van trobar 31 cossos sense vida en aigües i platges de Balears, segons dades de la Delegació del Govern recaptats per l'agència EFE. Els primers 15 cossos –en informacions de les forces de seguretat de l'Estat– van ser recuperats entre gener i març. Quant a la resta de morts van aparèixer entre meitats d'abril i principis de juny.

Inaugurat el primer tanatori públic

La inauguració del primer tanatori municipal de l'illa a Santa Eulària, un edifici de 3,4 milions d'euros situat a Cas Llaurador, al costat del crematori i el cementiri, indica que la situació està canviant. La instal·lació reuneix per primera vegada en un mateix espai els tres serveis funeraris municipals i ofereix tres sales de vetlla, un espai multiconfessional amb capacitat per a 90 persones i més de 50 places d'aparcament. Encara que, en el moment de l'enterrament, les persones amb altres ritus religiosos, per exemple els musulmans, es veuen obligats a repatriar als seus sers estimats al seu país per a donar-los sepultura. Segons l'Alcorà, el cos, una vegada sense vida, s'ha d'enterrar en contacte amb la terra. Però l'únic cementiri musulmà de Balears està situat a Son Valentí, a Palma, i, des de fa anys, la seva capacitat està exageradament desbordada.

Les persones amb altres ritus religiosos, per exemple els musulmans, es veuen obligats a repatriar als seus sers estimats al seu país per a donar-los sepultura

“El procés de dol –amb tots els passos que comporta– és una necessitat i un dret de qualsevol persona”, explica Noelia Blázquez, psicòloga, psicopedagoga i especialista en acompanyament de processos en desenvolupament de pèrdua i dol. La superació de la pèrdua –afegeix– sol durar al voltant d'un any, quan es viuen les primeres vegades sense el ser estimat, encara que cada persona té el seu ritme propi. “És molt important comptar amb una xarxa de suport”, afegeix. Alguna cosa que no totes les persones tenen i que es complica molt en el cas dels migrants. Per això, en algunes comunitats autònomes, han sorgit organitzacions sense ànim de lucre per a compartir el dolor sentit al llarg del procés de dol, com, en el cas de les illes, la Fundació Mémora.

Representants de l'Ajuntament de Santa Eulària van subratllar en l'acte inaugural de les noves instal·lacions fúnebres que l'objectiu del projecte –ideat l'any 2007– és “garantir el principi d'universalitat”. Els serveis seran gratuïts o bonificats fins a un 50% per als qui no puguin assumir el cost, seguint els informes de serveis socials. Inclosos estan aquells morts en la via migratòria del Mediterrani trobats en aigües del terme municipal.

A Vila, la regidoria de Benestar Social ha detallat a elDiario.es que l'atenció en casos de pobresa extrema es realitza mitjançant un contracte amb la funerària i una coordinació directa amb el departament de cementiris. Abans d'autoritzar un enterrament de beneficència, es revisen els ingressos de la família a través de l'IPREM (Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples) i, si es confirma la falta de recursos, el Consistori assumeix totes les despeses.

Pujada dels preus funeraris

El mercat funerari ha pujat, d'altra banda, de manera generalitzada. A nivell nacional, un funeral estàndard sol costar entre 3.000 i 4.000 euros. I, en grans ciutats o en cas de contractar serveis de categoria alta, pot arribar a superar fàcilment els 6.000 euros. A això se sumen les taxes municipals i els costos del cementiri –taüt, tanatori, transport– que encareixen encara més un servei bàsic que, sumat a les condicions de vida de Balears, moltes famílies no poden permetre's.

En concret, l'Empresa Funerària Municipal (EFM) de Palma va aprovar al setembre una pujada mitjana del 13,4% en els preus dels ornaments funeraris: corones, centres florals, cobreix fèretres i coixins, argumentant l'increment dels costos directes i la necessitat de reforçar el seu equilibri financer, com va publicar Última Hora. A més, la funerària va haver d'eliminar un dels centres més cars per la escassa venda i el Consistori de la capital mallorquina va decidir encarregar a una consultora una revisió del preu de les unitats d'enterrament davant la caiguda de demanda dels espais més grans. Un fenomen que des de EFM han atribuït a canvis culturals, famílies més petites i a l'auge de la incineració (que ja representa al voltant del 60% dels serveis).

Palma ha pujat 13,4% de mitjana els preus dels ornaments funeraris i ha eliminat un dels centres de major preu per la seva escassa demanda. La incineració representa el 60% dels serveis

Això es deu en part a una crisi de fe en la societat que s'ha donat particularment a Balears. El recompte oficial de dades que el Bisbat de Mallorca va enviar al Vaticà l'any 2022 ja reflectia una caiguda de més de 1.700 batejos, més de 1.500 primeres comunions i més de 200 matrimonis en només un lustre. Quant al baròmetre del CIS (Centre de Recerques Sociològiques), llança una xifra més recent: des de 2015 fins avui, els ciutadans balears autodenominats com a catòlics han disminuït en un 11,3%, segons va publicar al juliol Última Hora.

Les pràctiques en l'àmbit eclesiàstic també han canviat. La normativa actual de l'Església Catòlica no prohibeix ja, com sí que feia anteriorment, les exèquies a persones que havien decidit llevar-se la vida. L'oració catòlica es concedeix, assenyala un portaveu del Bisbat d'Eivissa a elDiario.es, en tots els casos a les qualsevol persona morta que manifesti aquesta voluntat. O ells mateixos o bé a través dels seus familiars. Certificant, això sí, les seves creences.

En el cas dels enterraments de beneficència, hauria de ser l'Ajuntament corresponent qui es posi en contacte amb l'Església perquè es dugui a terme el ritual religiós, assenyala el mateix portaveu de la diòcesi. Una cerimònia per a la qual no es demana diners, sinó la voluntat, que depèn de l'entorn del mort o, en el segon cas, de les institucions.

Amb aquest deslligament del cristianisme de part de la població, les cerimònies de comiat viuen també un canvi que amenaça amb fer-les desaparèixer. “Els rituals són molt importants. Quan es produeix una mort, hi ha un debat intern, sol passar que queden moltes coses per dir”, indica Blázquez. “És una manera d'acomiadar-se i és important que es faci de manera col·lectiva”, afegeix.

El nuevo horno crematorio municipal ya está en funcionamiento y sustituye a uno de los dos existentes que había sufrido diferentes averías en los últimos años. El nuevo horno cuenta con una cámara de cremación diseñada para féretros de ancho especial y una capacidad nominal de trabajo de entre 4 y 5 cremaciones por jornada.

Además de la colocación y el montaje del horno, también se han realizado trabajos de reforma de las instalaciones de gas y electricidad, de adecuación de muros, accesos y de la cubierta para la nueva chimenea, así como trabajos de pintura y de mejora de la iluminación de los espacios. “Con este equipo el cementerio municipal de Logroño cuenta con un nuevo horno crematorio de mayor capacidad, además de adecuar las salas de incineración y la de introducción de los féretros al horno”, ha señalado la concejala responsable de los cementerios municipales, Laura Rivas.

La intervención, que comenzó el pasado 9 de mayo, ha sido realizada por la empresa C.J.M. Obras y Gestión Sostenible, S.L. por un importe de 243.975,68 euros (IVA incluido). Este horno se suma al otro existente, que ha estado operando con normalidad durante los trabajos realizados en las instalaciones municipales.

Las desigualdades sociales y económicas existen incluso post mortem. El precio de un funeral, que oscila entre los 3.000 y los 10.000 euros según el tipo de servicio, el municipio y la voluntad de la familia, se ha convertido en Baleares, y también en todo el territorio nacional, en una barrera económica que muchos hogares no pueden asumir. A los gastos obligatorios que involucra una pérdida –tanatorio, coche fúnebre, ataúd, trámites, inhumación o incineración– se suman otros opcionales, como flores o coronas, cuya subida en municipios como Palma se ha incrementado alrededor del 13%. 

La desigualdad marca la diferencia entre un entierro básico, digno y uno imposible y, a pesar de que las administraciones municipales cada vez tienen más competencias para ofrecer este servicio como público, los trámites burocráticos son aún tediosos. Así lo ha señalado el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, el pasado jueves durante la presentación del nuevo tanatorio de Santa Eulària, donde se refirió a las “complejidades burocráticas” de la política mortuoria. Los derechos funerarios dependen, así y una vez más, del código postal. 

La competencia es estrictamente municipal, lo que deja en manos de cada ayuntamiento la capacidad y voluntad política de garantizar a los ciudadanos el acceso a un entierro digno independientemente de su clase social. De hecho, la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de las Illes Balears atribuye a los municipios la regulación y la gestión de los cementerios y servicios funerarios, así como su control sanitario y policía sanitaria mortuoria. Y, por otro lado, la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, mantiene el cementerio como un servicio que tienen que prestar obligatoriamente todos los municipios. 

Nueve entierros de beneficencia en Vila

Cuando un ciudadano no dispone de recursos suficientes, los servicios sociales emiten un informe acreditativo y los Ayuntamientos han de tramitar un entierro de beneficencia. En el caso de Vila –la ciudad de Eivissa, el único que ha proporcionado datos a elDiario.es–, este 2025 se han tramitado en total nueve entierros de este tipo, indican desde la concejalía de Cementerios. Casi los mismos que durante el año 2024. Para estos casos, suele haber nichos específicamente reservados y es el Consistorio quien asume el coste completo: desde Pompas Fúnebres hasta el resto de gastos asociados al sepelio. 

La práctica, remarcan fuentes del Ayuntamiento de Sant Josep, se activa también cuando aparece un cuerpo sin vida en aguas del municipio. Se trata, mayoritariamente, de migrantes que no logran completar la peligrosa travesía en patera desde el norte de África hasta las costas españolas. Solo entre enero y junio de este año, las autoridades encontraron 31 cuerpos sin vida en aguas y playas de Balears, según datos de la Delegación del Gobierno recabados por la agencia EFE. Los primeros 15 cuerpos –en informaciones de las fuerzas de seguridad del Estado– fueron recuperados entre enero y marzo. En cuanto al resto de fallecidos fueron hallados entre mitades de abril y principios de junio.

Inaugurado el primer tanatorio público

La inauguración del primer tanatorio municipal de la isla en Santa Eulària, un edificio de 3,4 millones de euros situado en Cas Llaurador, junto al crematorio y el cementerio, indica que la situación está cambiando. La instalación reúne por primera vez en un mismo espacio los tres servicios funerarios municipales y ofrece tres salas de velatorio, un espacio multiconfesional con capacidad para 90 personas y más de 50 plazas de aparcamiento. Aunque, en el momento del entierro, las personas con otros ritos religiosos, por ejemplo los musulmanes, se ven obligados a repatriar a sus seres queridos a su país para darles sepultura. Según el Corán, el cuerpo, una vez sin vida, se ha de enterrar en contacto con la tierra. Pero el único cementerio musulmán de Balears está ubicado en Son Valentí, en Palma, y, desde hace años, su capacidad está exageradamente desbordada.

Las personas con otros ritos religiosos, por ejemplo los musulmanes, se ven obligados a repatriar a sus seres queridos a su país para darles sepultura

“El proceso de duelo –con todos los pasos que conlleva– es una necesidad y un derecho de cualquier persona”, explica Noelia Blázquez, psicóloga, psicopedagoga y especialista en acompañamiento de procesos en desarrollo de pérdida y duelo. La superación de la pérdida –añade– suele durar alrededor de un año, cuando se viven las primeras veces sin el ser querido, aunque cada persona tiene su ritmo propio. “Es muy importante contar con una red de apoyo”, añade. Algo que no todas las personas tienen y que se complica mucho en el caso de los migrantes. Por eso, en algunas comunidades autónomas, han surgido organizaciones sin ánimo de lucro para compartir el dolor sentido a lo largo del proceso de duelo, como, en el caso de las islas, la Fundación Mémora.

Representantes del Ayuntamiento de Santa Eulària subrayaron en el acto inaugural de las nuevas instalaciones fúnebres que el objetivo del proyecto –ideado en el año 2007– es “garantizar el principio de universalidad”. Los servicios serán gratuitos o bonificados hasta un 50% para quienes no puedan asumir el coste, siguiendo los informes de servicios sociales. Incluidos están aquellos fallecidos en la vía migratoria del Mediterráneo encontrados en aguas del término municipal.

En Vila, la concejalía de Bienestar Social ha detallado a elDiario.es que la atención en casos de pobreza extrema se realiza mediante un contrato con la funeraria y una coordinación directa con el departamento de cementerios. Antes de autorizar un entierro de beneficencia, se revisan los ingresos de la familia a través del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) y, si se confirma la falta de recursos, el Consistorio asume todos los gastos.

Subida de los precios funerarios

El mercado funerario ha subido, por otro lado, de manera generalizada. A nivel nacional, un funeral estándar suele costar entre 3.000 y 4.000 euros. Y, en grandes ciudades o en caso de contratar servicios de categoría alta, puede llegar a superar fácilmente los 6.000 euros. A ello se suman las tasas municipales y los costes del cementerio –ataúd, tanatorio, transporte– que encarecen aún más un servicio básico que, sumado a las condiciones de vida de Balears, muchas familias no pueden permitirse.

En concreto, la Empresa Funeraria Municipal (EFM) de Palma aprobó en septiembre una subida media del 13,4% en los precios de los ornamentos funerarios: coronas, centros florales, cubre féretros y cojines, argumentando el incremento de los costes directos y la necesidad de reforzar su equilibrio financiero, como publicó Última Hora. Además, la funeraria tuvo que eliminar uno de los centros de mayor precio por su escasa demanda y el Consistorio de la capital mallorquina decidió encargar a una consultora una revisión del precio de las unidades de enterramiento ante la caída de demanda de los espacios más grandes. Un fenómeno que desde EFM han atribuido a cambios culturales, familias más pequeñas y al auge de la incineración (que ya representa alrededor del 60% de los servicios).

Palma ha subido 13,4% de media los precios de los ornamentos funerarios y ha eliminado uno de los centros de mayor precio por su escasa demanda. La incineración representa el 60% de los servicios

Esto se debe en parte a una crisis de fe en la sociedad que se ha dado particularmente en Balears. El recuento oficial de datos que el Obispado de Mallorca envió al Vaticano en el año 2022 ya reflejaba una caída de más de 1.700 bautizos, más de 1.500 primeras comuniones y más de 200 matrimonios en solo un lustro. En cuanto al barómetro del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), arroja una cifra más reciente: desde 2015 hasta hoy, los ciudadanos baleares autodenominados como católicos han disminuido en un 11,3%, según publicó en julio Última Hora. 

Las prácticas en el ámbito eclesiástico también han cambiado. La normativa actual de la Iglesia Católica no prohíbe ya, como sí hacía anteriormente, las exequias a personas que habían decidido quitarse la vida. La oración católica se concede, señala un portavoz del Obispado de Ibiza a elDiario.es, en todos los casos a las cualquier persona fallecida que manifieste esa voluntad. O ellos mismos o bien a través de sus familiares o allegados. Certificando, eso sí, sus creencias. 

En el caso de los entierros de beneficencia, debería ser el Ayuntamiento correspondiente quien se ponga en contacto con la Iglesia para que se lleve a cabo el ritual religioso, señala el mismo portavoz de la diócesis. Una ceremonia para la que no se pide dinero, sino la voluntad, que depende del entorno del fallecido o, en el segundo caso, de las instituciones. 

Con este desligamiento de parte de la población del cristianismo, las ceremonias de despedida viven también un cambio que amenaza con hacerlas desaparecer. “Los rituales son muy importantes. Cuando se produce una muerte, hay un debate interno, suele pasar que quedan muchas cosas por decir”, indica Blázquez. “Es una manera de despedirse y es importante que se haga de manera colectiva”, añade.

Li Zhong lleva ya décadas en Catalunya tras emigrar desde China. Sus hijos han crecido en territorio español y han creado sus propias raíces. Li es uno de los más de 223.000 habitantes procedentes del país asiático censados en España. La comunidad ha crecido con los años; muchos han criado a sus hijos aquí y, al contrario de lo que pasaba hace un tiempo, ya no piensan en volver a sus ciudades después. “Planeo jubilarme en Barcelona para así estar cerca de mi familia”, explica Li.

Aunque todavía hay muchos que piensan en volver a China a la hora del retiro, cada vez son más los que coinciden con Li y ven España como un lugar para jubilarse y, también, para morir. Por eso, un grupo de representantes de la comunidad china en Catalunya ha creado una sociedad para impulsar la construcción del primer cementerio multiconfesional chino de todo el sur de Europa.

Este camposanto estará en Monistrol de Calders (Barcelona) y permitirá cumplir con los aspectos esenciales de los rituales funerarios chinos. Los principios básicos dictan que los cuerpos no pueden ser enterrados en nichos y decretan que las tumbas deben ser individuales o, como mucho, de parejas. Esto se puede cumplir en cualquiera de los cementerios públicos de Catalunya o España -aunque con un precio elevado debido a la poca cantidad de tumbas terrestres disponibles.

Lo que será diferencial del nuevo camposanto chino son los aspectos rituales que en los demás cementerios no se pueden llevar a cabo y que, si bien no son imperativos, sí son importantes a nivel cultural. Por ejemplo, estará preparado para acoger las largas y multitudinarias celebraciones posteriores a la muerte. También se suelen dejar ofrendas en forma de comida que otros camposantos retirarían y se acostumbran a quemar papeles e inciensos, cosa que también suele estar prohibida.

Además, el nuevo cementerio también está pensado para cubrir otras necesidades como la idea de permanecer integrado en la naturaleza y tener una ubicación, diseño y orientación que respete los principios del feng-shui. Para los promotores del proyecto, la idoneidad de este terreno viene por la localización y por la lejanía respecto a los núcleos urbanos, lo que permite la armonía con la naturaleza sin alterar el paisaje.

Un cementerio en los terrenos de una masía medieval

La sociedad creada ad hoc para la gestión del nuevo cementerio compró los terrenos a un fondo de inversión. Se trata de la Païssa, una zona de 58,7 hectáreas con una masía medieval registrada en el Inventario del Patrimonio Arquitectónico Catalán. Este terreno cuenta también con una capilla a San Narciso y un grupo de tumbas visigodas del siglo VI que, después de ser excavadas por arqueólogos, quedaron abandonadas.

La comunidad china -que trabaja con la funeraria Áltima- no ha hecho público el nombre de la sociedad creada para esta transacción. El Ayuntamiento de Monistrol de Calders tampoco quiere compartir esta información hasta que no lo hagan los interesados. Lo que sí ha confirmado el consistorio es que ha aceptado dar los permisos para la construcción a cambio de ciertas condiciones.

Mediante un acuerdo de compromiso, al que ha tenido acceso este medio, se ha acordado que el cementerio emplee a trabajadores del pueblo prioritariamente, además de gente de la zona y la comarca. “Tenemos una tasa de paro elevadísima y dar trabajo a la gente de aquí es importante”, explica Arturo Argelaguer, alcalde de Monistrol de Calders.

El primer edil es consciente de que el pueblo necesita revivir. “No nos llegará una gran industria a traer dinero y trabajo”, reconoce. Por ello, la alcaldía pactó con la sociedad promotora del proyecto aportaciones anuales de entre 20.000 y 40.000 euros en concepto de “subvenciones a entidades del municipio”, además de la contratación de empresas locales, la promoción del pueblo dentro de la comunidad china para incentivar el emprendimiento en el núcleo urbano y sus alrededores y la construcción íntegra de un equipamiento municipal, piscina o campo de fútbol.

El grupo promotor del proyecto, a su vez, quiso invitar al alcalde Argelaguer a DongYuan, municipio en la zona de QingTian con el que Monistrol de Calders acordó un hermanamiento. “Querían que hubiera este acercamiento entre las dos culturas”, explica el alcalde, “que no fuera simplemente una transacción económica sino un intercambio sociocultural”.

La alcaldía asegura que ya notan un cambio y que, aunque el cementerio todavía no ha abierto sus puertas, sus efectos comienzan a notarse. Aseguran que algunas de las fincas que llevaban varios años a la venta con precios superiores al millón de euros se vendieron poco después de cerrar el acuerdo para el nuevo cementerio. Con todo, desde el consistorio apuntan que desconocen si los compradores son de origen chino, pero se muestran esperanzados con este nuevo proyecto.

Un cementerio en contexto de diáspora

“Hay un refrán chino que dice que las hojas que caen vuelven a sus raíces”, explica Irene Masdeu i Torruella, doctora en Estudios Interculturales y miembro del Centro de Estudios e Investigación sobre Asia Oriental (CERAO) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). La antropóloga asegura que la idea de volver al lugar de origen es universal en todas las migraciones y los chinos eran buen ejemplo de eso, ya que hasta ahora solían pasar la vejez en su tierra natal. Pero la tradición funeraria de las diásporas chinas ha cambiado con el paso de los años.

“Nos encontramos en un segundo o tercer estadio de la migración china: ya están muy arraigados a la sociedad española, catalana o europea”, explica Masdeu, quien apunta que cada vez es más común que entierren a sus difuntos cerca. Además, la tradición entiende la muerte como una continuación de la vida, por lo que los vivos entienden que deben seguir cuidando de sus difuntos y, a cambio, los que ya no están velarán por los que siguen. Estos cuidados se traducen, a la práctica, a deber visitar recurrentemente las tumbas, especialmente durante el primer año.

El nuevo cementerio, si bien respetará los principios básicos de las tradiciones funerarias, será diferente de los que hay en la China continental. “Será un cementerio en contexto de diáspora”, explica Masdeu. La doctora añade que seguramente buscará cubrir, además de los servicios funerarios, necesidades que la sociedad catalana no cubre como la venta de objetos de uso ritual como los inciensos o los papeles de quemar.

El camposanto por ahora lleva el nombre de Sukhavati, que significa tierra de la felicidad suprema y es como se conoce a la escuela budista mahayana de la Tierra Pura, una de las tradiciones budistas más practicadas en el extremo oriente, en especial en China, Japón y Corea.

Su extensión de 587.400 m2 será superior a la del cementerio de Montjuïc en Barcelona, aunque el número de sepulturas, que en el cementerio Barcelonés supera las 150.000, estará limitado a un máximo de 80.000 en el santuario de Monistrol de Calders.

Este bajo número de lugares no se debe solo a que no habrá nichos, sino a que el cementerio convencional sólo ocupará el 56% de la finca. El acuerdo entre el consistorio y la comunidad China dispone que se mantendrá un 38% de espacio forestal y el 6% restante será el terreno de la antigua masía, que los nuevos propietarios del lugar se han comprometido a recuperar.

En el terreno también se hará un aparcamiento con 900 plazas y otras construcciones como espacios para inhumaciones en zonas boscosas, espacios ecológicos, un gran estanque de loto, un jardín bodhi, una avenida de los animales del zodíaco chino o “espacios VIP” con elementos artísticos tradicionales chinos.

“Habrá más plazas de aparcamiento que personas en el pueblo”, comenta una de las personas que hoy vive en la masía La Païssa, que lleva años okupada. “Será como un Port Avertura, pero de muertos”, dice esta joven de 28 años, que lleva ya un tiempo residiendo en la finca junto a otras personas.

Aseguran que le dan vida e incluso mantienen la edificación que lleva abandonada desde los años 80. “Si no fuera por quienes la hemos habitado y nos hemos dedicado a apuntalarla, reparar los tejados y las vigas, este patrimonio se encontraría completamente en ruinas”, afirma uno de los ocupantes.

“Que me echen de La Païssa, me da igual porque tengo mi camión y no me voy a quedar en la calle”, destaca la joven, “pero me da mucha pena que la gente se deje llevar por el dinero sin pensar en el gran impacto que tiene este macroproyecto”.

Ambos cohabitantes coinciden en que les hubiera gustado que se hiciera otro tipo de proyecto como un museo histórico aprovechando los restos visigodos y la construcción medieval, o que volviera a ser una casa de colonias como lo era a finales del siglo XX.

Los ocupantes de La Païssa,, que hasta ahora no han recibido ninguna comunicación oficial sobre el proceso legal de desalojo por parte de los nuevos propietarios, no son los únicos que no acaban de apoyar el proyecto. Algunos vecinos del pueblo también tienen sus dudas, sobre todo basadas en que la localidad no tiene comunidad china. Aun así, reconocen la necesidad del proyecto.

“Los pueblos se mueren”, explica Imelda, una vecina de 85 años que lleva toda la vida en Monistrol de Calders, “no hay donde trabajar y la juventud tiene que irse”. A su lado, Isabel, de 58 años, nacida en el pueblo, asiente. Ella se ha mudado hace poco a otra localidad cercana donde lleva años trabajando.

“Creo que será un bien para el pueblo”, afirma Isabel. Aun así su apoyo está condicionado por la duda; no está segura de que la comunidad china vaya a contratar a gente del pueblo y teme que el acuerdo con el Ayuntamiento se quede en papel mojado. La antropóloga Irene Masdeu insiste en que la comunidad china tiene fama de cerrada, pero asegura que estos mitos se van a ir desmontando poco a poco, a medida que pasen las generaciones y sus miembros se vayan integrando, cada vez más, entre la sociedad local.

El programa, organizado por las asociaciones culturales Norbanova y Letras Cascabeleras, arrancará este miércoles en la Filmoteca de Extremadura con la proyección de la película 'En la boca del miedo' (1994), de John Carpenter, una de las obras cinematográficas más influidas por el legado del escritor estadounidense Howard Phillips Lovecraft.

El jueves 7 se celebrará la presentación oficial del sello y la tarjeta postal conmemorativos de las Jornadas —dedicados en esta ocasión a La leyenda de las Huertas de la Merced—, junto al más que merecido homenaje al cronista y, hasta hace unos meses, archivero municipal, Fernando Jiménez Berrocal por su década de colaboración con este proyecto cultural. Esa misma tarde, la comunicadora Drew Tuá, referente del true crime en español, ofrecerá la conferencia inaugural 'De la Sangre a la Pluma: Criminales y Científicos que Inspiraron la Novela Gótica' en el Ateneo de Cáceres.

El programa continuará el viernes con el cuentacuentos 'Repelús de cuentos… con mucha risa', de Pep Bruno, una propuesta familiar en la Biblioteca Pública.

Entre los días 10 y 14 de noviembre, el público podrá disfrutar de conferencias sobre distintos aspectos del género gótico y su evolución cultural. El escritor Vicente Rodríguez Lázaro abordará la relación entre Lovecraft y el cine; el profesor Felipe Rodríguez Pérez analizará la figura del cuervo como símbolo; y el historiador Diego Vinagre Nevado explorará los vínculos entre Mary Coroner y Jack el Destripador.

El 13 de noviembre, jueves, el Ateneo acogerá la tradicional Velada Literaria Gótico-Romántica, con micrófono abierto, lectura de textos del Romanticismo, photocall temático y teatro leído de la obra 'Lovecraft' de Rodríguez Lázaro. Durante la velada se darán a conocer los ganadores del IX Concurso de Microrrelatos 'Cáceres Gótica' que es ya una de las citas más esperadas por las y los amantes del género gótico y de terror y que busca fomentar la creatividad literaria en todas las edades, desde el alumnado de ESO y Bachillerato hasta personas adultas.

La clausura llegará el 14 de noviembre con la conferencia 'Siempre nos quedará Lovecraft: La influencia del horror cósmico en la cultura popular', impartida por el escritor y traductor Fernando López Guisado.

Como broche final, el sábado 16 de noviembre se celebrará la ya tradicional visita guiada al cementerio de Cáceres, dirigida por Fernando Jiménez Berrocal, que pondrá el punto final a unas jornadas que se han consolidado como uno de los encuentros más singulares del calendario cultural cacereño.

Las Jornadas Góticas son un indiscutible ejemplo más del dinamismo cultural que caracteriza a la ciudad cacereña. Gracias al impulso constante y de calidad de colectivos culturales, Cáceres mantiene viva una programación que combina literatura, historia y arte con una mirada abierta y participativa. Su labor, sostenida en el tiempo y comprometida con la creación local pero con mirada global, ha convertido a la capital extremeña en un referente cultural donde la imaginación, el pensamiento crítico y la memoria se dan la mano año tras año con la perspectiva siempre todopoderosa de la literatura en mayúsculas.

La Comisión Islámica en Extremadura ha solicitado espacios para enterramientos para el colectivo musulmán en la comunidad autónoma, petición que se realiza “desde hace 25 años”.

Esta solicitud se efectuó inicialmente al Ayuntamiento de Badajoz, para después presentar peticiones también en Talayuela y Plasencia, ha expresado la Comisión Islámica en Extremadura en una nota.

La negativa a impulsar estos proyectos “impide un derecho reconocido por ley y vulnera la libertad religiosa”, sin olvidarse que “se cierra los ojos ante el sufrimiento de las familias musulmanas, obligadas a trasladar a sus fallecidos a otras provincias lejanas o a repatriarlos a sus países de origen”.

En mayo de 2019, la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales y el Servicio Extremeño de Salud (SES) realizaron actuaciones informativas dirigidas a las administraciones locales para dar a conocer la viabilidad de la práctica de la inhumación por el rito islámico, siempre firmando un protocolo de colaboración con la Comisión Islámica de España en Extremadura “con el fin de facilitar al máximo la aplicación de las reglas en este tipo de enterramientos”.

Durante este “largo tiempo de espera”, el colectivo ha optado por el diálogo “como única vía con la administración para conseguir el derecho establecido en la normativa”, pero se ha producido “el rechazo de las administraciones locales a cumplir y satisfacer esta demanda humana”.

“El derecho al enterramiento islámico es jurídicamente concluyente, claro y no da lugar a ambigüedades, no hay necesidad de buscar interpretaciones adicionales”, ha expresado.

En este sentido, ha añadido que, ante una demanda judicial de la comunidad musulmana de Algeciras, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de esta localidad “dictaminó en mayo pasado que el Ayuntamiento deberá proporcionar un espacio en el cementerio municipal destinado a la inhumación de personas de fe musulmana”. Decisión similar que también han tomado los juzgados de Cartagena, ha apuntado.

Sin embargo los municipios extremeños no han dado aún este paso pese a ser un territorio que “contó con enterramientos islámicos en 1936, en municipios como Cáceres, Villafranca de los Barros, Guareña y Zafra”.

Por todo ello, el colectivo también ha pedido a la Junta de Extremadura y a la Delegación del Gobierno que faciliten los canales de comunicación necesarios con las administraciones locales en este contexto.

En el cementerio de la Almudena reina un silencio sepulcral. La mañana es lluviosa y aún es temprano. Solo unos pocos coches se estacionan junto a las mesetas, espacios que separan las tumbas por zonas u ordenan los nichos para que cada uno pueda hallar a sus difuntos. Es miércoles por la mañana y solo quedan tres días para el 1 de noviembre, una jornada en la que el cementerio más grande de Madrid se llenará de flores, visitas o recuerdos. Su superficie se extiende a lo largo de 120 hectáreas, el equivalente a seis Bernabéus. Un espacio lo suficientemente amplio como para que más de uno haya echado el ojo a sus múltiples ornamentos de bronce, con los que las familias decoran algunas lápidas.

“Sí, claro que me suenan”, responde Adrián cuando se le pregunta por los ladrones de tumbas, a los que una semana antes se hacía mención en la comisión municipal de Seguridad. Un concejal del PSOE, Ignacio Benito, preguntó a la vicealcaldesa y responsable de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, sobre los hurtos en varios sepulcros de La Almudena o el Cementerio Civil, a tan solo un kilómetro de distancia. Según expuso el edil, la desaparición de crucifijos o letras de bronce en los nichos supone una “pérdida emocional” de “gran impacto” para las familias, que en noviembre acudirán en masa a honrar a sus difuntos.

Este miércoles por la mañana, previo al ajetreo del Día de Todos los Santos, Adrián es de los pocos hombres en dejarse ver por La Almudena. Aparcó el coche sobre las nueve y media, antes de irse a trabajar en el aeropuerto, porque quería encender una vela a un familiar que reposa allí. No iba a esperar al sábado, cuando se prevé que acudirá más gente. Aunque no concreta su edad aparenta estar entre los 40 y 50 años, e indica que hasta el momento no han robado en las tumbas que visita, pero sí ha oído historias entre conocidos. “Creo que son los mismos que roban los tiradores de bronce en las puertas, es algo que ha pasado en mi edificio. Se especializan en extraer ese material sea donde sea”, conjetura.

En el entorno del cementerio de la Almudena se expande todo un negocio alrededor de la muerte. El paseo que da a la entrada principal ya acoge una floristería en mitad de la calle y, unos metros antes, otra tienda de artículos funerarios se cruza en el camino desde el metro de La Elipa. El establecimiento se llama Mármoles y Granitos Hermanos Ruiz S.L., pero dentro solo había dos mujeres atendiendo. Una conversaba con un cliente y la otra sacaba a brillo a las placas para los difuntos, en la vitrina.

“Muchas familias vienen a pedir presupuesto porque han robado en sus lápidas, pero no solo aquí: en otras zonas de España ocurre lo mismo. En pueblos de Toledo en los que también trabajamos llegan encargos similares”, expone una de ellas. Para curarse en salud y prevenir otro robo que haga un roto en el bolsillo, algunos ya comienzan a cambiar los habituales cristos de bronce por copias de marmolina, un material más barato que se hace con gravilla de mármol pintada de dorado, imitando el color de las figuras de metal. “Es más económico que el bronce y hay menos opciones de que te lo roben”, aclara la dependienta.

Precisamente minutos antes, uno de los operarios que trabajaba ese día junto a la capilla de este cementerio colosal afirmó a Somos Madrid que, hacía una semana, alguien les había robado un cable con alambre de bronce que emplean en las obras. Según su relato, aprovechó para cortarlo cuando lo tenían entre la zona de trabajo y una cabina donde suelen desayunar. “Ahí me di cuenta de que ya no te podías fiar de nadie”, reflexiona, deslizando que si esto ocurre en lugares como un cementerio, “puede pasar en cualquier sitio”. A los hechos se remite.

Era mediados de septiembre cuando la Policía Nacional detuvo a un padre y a su hijo, o un menor que afirmaba serlo, por el robo de 32 crucifijos de bronce. Poco antes, el 20 de agosto, unos agentes municipales los habían interceptado durante un control de tráfico rutinario en el distrito de Moratalaz, después de descubrir que el coche en el que viajaban tenía caducada la ITV, la Inspección Técnica de Vehículos. Al revisar la documentación del automóvil, se percataron de que en los asientos traseros viajaban varias cruces cristianas en distintos tamaños.

El encuentro tuvo lugar en la calle del Arroyo de la Media Lengua y, tiempo después, sus implicados acabaron detenidos por un presunto robo con fuerza. En la guantera hallaron una navaja de 17 centímetros que, por su tamaño y dimensiones, no se debe portar. Cerca de los crucifijos había herramientas que permitían extraerlos de la tierra o las lápidas de un cementerio: martillo, alicates o un destornillador. La Policía Municipal tampoco ha concretado en qué punto se encuentra la investigación, que pasó a manos de la Nacional. Este segundo cuerpo policial, igualmente consultado, no detalla el número de detenciones durante el último año.

30 empleados de seguridad y 40 cámaras de vigilancia

Cerca de la capilla de La Almudena donde trabajaba el operario, frente a uno de los nichos funerarios, se eleva un cartel azulado con el sello de SFM, Servicios Funerarios de Madrid. El letrero informa de una obra de rehabilitación en una de las secciones de la primera meseta, la número 10, por la que están acondicionando la capilla o reparando los muros perimetrales. La ejecución corre a cargo del Ayuntamiento a través de su empresa municipal, que ha desembolsado 803.693,29 euros para una obra de seis meses. En paralelo, los empleados de la funeraria pública que subcontrata, a su vez, a estos operarios externos denunciaron esta semana que la EMSF se sostenía económicamente “a costa de reducir sus retribuciones”.

La plantilla encargada de velar por la normalidad en los cementerios –los robos o cuestiones de seguridad dependen de la Policía Municipal– se negó a firmar una actualización de sus condiciones laborales que, a su parecer, restaba garantías y estabilidad a su trabajo a la vez que les pedía reducir sus incentivos salariales por antigüedad, fijados en un convenio colectivo de hace tres décadas. “Nos han dejado a los pies de los caballos”, resumían el jueves en un comunicado difundido desde el sindicato Comisiones Obreras, en el que auguraban posibles movilizaciones e incluso una huelga para el sábado si la empresa no se atenía a negociar.

Poco después del anuncio, la vicealcaldesa y responsable de Seguridad y Emergencias, así como de la Policía Municipal que vigila los cementerios, aseguró que el diálogo seguía abierto. “Vamos a seguir negociando”, constató Inmaculada Sanz en aras de impedir los paros en el Día de Todos los Santos. No hizo mención a los robos de bronce junto a las tumbas, pero sí lo hizo una semana antes el propio gerente de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios, Javier Ruiz Santiago. “Nuestra labor de vigilancia es solo disuasoria”, se excusó.

El responsable de los servicios funerarios explicó ante la comisión municipal, a la pregunta sobre hurtos del concejal socialista, que su plantilla cuenta con unos 30 empleados de seguridad repartidos entre los 14 cementerios públicos que coordinan. Añadió al paquete las 40 cámaras de seguridad que mantienen desplegadas para filmar esos espacios las 24 horas del día. A fecha de publicar este artículo, la Policía Municipal no ha respondido a las preguntas de este periódico sobre el número de intervenciones en cementerios del último año o los perfiles de detenidos más habituales.

Según los estatutos de la empresa pública, sobre ellos recaen las “funciones de vigilancia” en torno a las lápidas mientras que la compañía, por su parte, manejará todo lo relacionado con obras, servicios o trabajos necesarios para la conservación, ornato y limpieza de los cementerios o, en particular, de sus elementos urbanísticos, jardinería, edificios e instalaciones, así como para el funcionamiento de estas“. Es lo que se dictamina en su artículo 2.3.d, que menciona uno de los servicios que han de ocupar a la entidad.

Casi el 70% de las denuncias son por robos en las tumbas

El gerente de la EMSF, en su intervención frente a los grupos municipales, cifró en 34 las incidencias denunciadas por ciudadanos entre octubre de este año y el de 2024. Sin embargo, para la oposición es claro que “muchas familias ni siquiera denuncian porque no lo consideran una gran pérdida económica, pero sí sufren un gran daño emocional con un tema muy sensible”, detalla el socialista Ignacio Benito en una conversación con Somos Madrid. Es más, Ruiz Santiago también reconoció durante su intervención que no podían descartar más robos de los que había registrados.

Del total anual, un 68% se centraba en sustracciones de ornamento, mientras que el 17% tenía que ver con algún acto vandálico y otro porcentaje, mucho más pequeño, con incidencias de distinto tipo. Ante estas cifras, el gerente de los servicios funerarios municipales destacó la labor de vigilancia de la Policía Municipal y sopesó que se correspondían con unas “tres alertas por mes”, siempre según la estimación que a ellos les ha llegado. “Aquí sí encuentras adornos de bronce, pero cuando te vas al fondo no hay nada”, señaló, de vuelta en la calle, otro de los visitantes del cementerio de la Almudena.

Se refería a los nichos de las primeras mesetas, aún repletas con símbolos celestiales, jarrones dorados para las flores o palomas, cristos y vírgenes incrustados. No era del todo cierto eso de que al final no encontrabas ninguna figura de bronce, pero sí se notaba cómo descendían en número. En algunos casos, los crucifijos aparecían con fragmentos cortados o desaparecían varias letras de metal en el nombre del difunto. El 1 de noviembre, más allá del amago de huelga laboral en los cementerios, algunas familias tendrán que afrontar otro posible contratiempo: el de no encontrar el recuerdo con el que quisieron despedir a los suyos.

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