El agua es capaz de modificar un paisaje sin necesidad de grandes saltos ni corrientes intensas. Cuando se filtra a través de la roca y emerge de forma constante en un mismo punto, acaba generando cavidades, depositando minerales y favoreciendo la aparición de especies adaptadas a la humedad. Son procesos que avanzan despacio, pero que dejan huellas visibles con las que se puede entender cómo actúan los acuíferos sobre el terreno.

En algunos municipios del interior de Aragón, estas condiciones han dado lugar a recorridos que combinan senderos, vegetación y elementos geológicos. Se trata de rutas de corta distancia que permiten acercarse a espacios naturales sin necesidad de afrontar largas caminatas. El interés no está solo en el destino final, sino también en el paso entre zonas abiertas y áreas donde la presencia del agua cambia el entorno.

Uno de estos enclaves se localiza en Anento, un pequeño municipio al sur de la provincia de Zaragoza. Desde su casco urbano parte una ruta circular hacia el Aguallueve, un manantial que brota de una pared caliza y cae en forma de pequeñas gotas. La forma en la que el agua se desliza por la roca ha llevado a comparar esta formación con una montaña que llora. El recorrido reúne en pocos kilómetros un bosque, un valle húmedo y un ejemplo visible de la transformación lenta del relieve.

Un recorrido circular entre árboles y barrancos

El itinerario arranca en el propio pueblo y sigue un trazado señalizado hacia el fondo del valle. La opción más corta tiene 2,19 kilómetros y puede completarse en alrededor de una hora y media, sin contar las paradas durante el trayecto. Su corta longitud y la ausencia de grandes dificultades permiten hacerlo con calma, aunque también existe la posibilidad de alargar el recorrido mediante otras sendas cercanas.

A medida que el camino se aleja de las calles de Anento, el paisaje cambia de forma progresiva. La ruta discurre entre pinos, chopos y zarzamoras, junto a otras especies propias del fondo del barranco. La sombra de los árboles y la humedad en algunos tramos generan un ambiente distinto al de las zonas más abiertas que rodean el municipio. El sonido del agua y la presencia de aves acompañan buena parte del recorrido, sobre todo al acercarse al manantial.

El itinerario no se limita a llevar hasta un único punto. Las sendas permiten observar cómo el agua ha favorecido una vegetación más abundante en el interior del valle, mientras que las laderas mantienen el tono rojizo característico del terreno. Esta combinación de bosque, roca y pequeñas corrientes hace que el trayecto hasta el Aguallueve sea una parte clave de la visita, más allá del tiempo que se tarde en llegar.

Tras alcanzar el manantial, el regreso puede hacerse por el trazado circular hasta el núcleo urbano. Allí, la jornada puede completarse con dos de los principales elementos patrimoniales de Anento. La iglesia parroquial de San Blas, construida en el siglo XIII en estilo románico tardío. En la parte alta se encuentra el castillo medieval, levantado en el siglo XIV y vinculado a los enfrentamientos entre Aragón y Castilla. Su ubicación sobre un cerro permite contemplar el pueblo y el conjunto del valle.

El goteo que transforma la roca

El Aguallueve está formado por varios manantiales procedentes de acuíferos. El agua circula por el interior del terreno calizo y transporta sales cálcicas disueltas. Al salir al exterior y entrar en contacto con la atmósfera, parte de esos minerales se depositan y dan lugar a una roca porosa conocida como toba. La acumulación continuada de este material explica la formación del relieve visible en la pared.

El caudal no cae con fuerza ni forma una gran cascada. Se reparte en numerosos hilos y gotas que resbalan por la superficie, atraviesan el musgo y terminan llegando al suelo. Con el paso del tiempo, este proceso ha generado pequeñas grutas, surcos y cavidades. También ha creado una zona húmeda en la que crecen helechos y otras plantas que contrastan con los terrenos situados a mayor altura.

A los pies de la formación se sitúa una balsa que recoge el agua procedente de los nacimientos. Su aspecto puede recordar al de una piscina natural, especialmente en los meses más cálidos, aunque el baño está prohibido. Esta acumulación permite comprobar que el goteo, pese a parecer escaso, mantiene un aporte suficiente para llenar este depósito y conservar la humedad del entorno cercano.

El aspecto del Aguallueve varía según la estación. Durante los meses templados, las gotas descienden por una pared cubierta de vegetación y mantienen el color verde del musgo. En invierno, cuando bajan las temperaturas, el agua puede congelarse y formar estructuras de hielo. De este modo, el mismo manantial ofrece dos imágenes distintas de un proceso que continúa activo durante todo el año y que muestra cómo un flujo constante puede modificar lentamente el paisaje.

En los años ochenta del siglo pasado, llegar hasta el Casino de Montesblancos significaba entrar en uno de los lugares más exclusivos del ocio en Aragón. A unos veinte minutos de Zaragoza, próximo al municipio de Alfajarín, el complejo reunía un hotel, restaurante y salones de fiesta en una época en la que el juego comenzaba a abrirse paso en España tras décadas de prohibición.

Pero el tiempo del oropel y el champagne terminó enterrado en una montaña de deudas. En la actualidad, la imagen ha cambiado completamente. Donde antes había ruletas, coches de alta gama y clientes que llegaban desde distintos puntos del país, hoy solo se encuentran paredes cubiertas de grafitis, ruina y escombros. La historia del casino quedó además inevitablemente ligada a un asesinato que, treinta años después, continúa sin resolverse.

El Casino Montesblancos abrió sus puertas en 1978 con una inversión que rondó los 250 millones de pesetas, alrededor de 1,5 millones de euros, una cifra muy elevada para la época.

Este gran complejo fue mucho más que una sala de juego. Contaba con hotel de lujo, restaurante, espacios para celebraciones y grandes salones destinados al ocio nocturno. Su ubicación tampoco era casualidad: lo suficientemente próxima a Zaragoza para atraer visitas, pero lo bastante alejada como para mantener la discreción de una clientela formada por empresarios, políticos, famosos y grandes jugadores.

Las dimensiones del antiguo casino comprende unas 300 hectáreas, repartidas en tres fincas que albergan diferentes construcciones e instalaciones. Además del antiguo hotel y casino, de cuatro plantas, el recinto conserva un edificio que actuaba como centro social, varias canchas de tiro de pichón y un palomar, junto a zonas de aparcamiento.

Durante años, Montesblancos fue uno de los principales referentes del entretenimiento en Aragón y uno de los casinos con mayor actividad de la zona.

La decadencia y el crimen

La situación sufrió un gran cambio durante la década de los noventa. Las visitas de los clientes disminuyeron, la empresa cambió de propietario varias veces y las dificultades económicas empezaron a hacerse más evidentes.

En 1996, con Alfonso Fuentes el principal accionista, la empresa se declaró arruinada y se suspendieron pagos frente al Gobierno de Aragón. A estas pérdidas se sumaban importantes deudas derivadas del pago de impuestos, las cotizaciones y las tasas de juego. Las cuentas del casino pasaron entonces a estar bajo foco judicial.

Dos años después, en abril de 1998, el complejo fue vendido a la empresa estadounidense Trans World Gaming por 722.000 euros, aunque el cambio de propietario no consiguió sacar adelante el negocio.

Aquí es cuando surge una nueva voz en la historia. El juzgado nombró a un equipo de tres personas, lideradas por Javier López Aldea, para intervenir la compañía. Ellos serían los encargados de analizar la situación económica de la empresa y aclarar posibles irregularidades en la gestión.

El 21 de noviembre de 1997, un viernes, López Aldea fue asesinado a cuchilladas en el garaje de su vivienda. Su muerte se produjo días después de que elaborara un informe que apuntaba a presuntas irregularidades económicas relacionadas con la gestión del casino. Con la indagación iba a caer, según le había trasladado a su mujer, “hasta la Diputación General de Aragón”, entonces presidida por Santiago Lanzuela (PP).

A pesar de sucesivas investigaciones sobre el caso durante años y de la existencia de dos imputados en el caso –uno de ellos, el propio Fuentes, cuya situación terminó archivada–, el crimen nunca llegó a aclararse y continúa formando parte de los casos sin resolver de Aragón.

Décadas de abandono

Para entonces, el futuro de la empresa de Montesblancos ya era irreparable. Fue en 2001 cuando el casino terminó cerrando definitivamente al público. Un año después, en junio de 2002, la Dirección General de Patrimonio anunció la subasta del local con el objetivo de recuperar parte de la deuda que presentaban.

Tras la clausura empezó una caída que nunca pudo llegar a frenarse. La ausencia de vigilancia allí facilitó numerosos robos. Ventanas, puertas, cableado, mobiliario y cualquier elemento con valor desaparecieron poco a poco del edificio. En 2014, el inmueble volvió a salir de manera infructuosa a subasta por 1,3 millones de euros, apenas una parte de la deuda principal, que no logró devolver a la normalidad a aquel complejo, ya que su deterioro era irreversible.

El Gobierno de Aragón embargó toda la finca para intentar recuperar la deuda, pero vender aquel gran complejo fue imposible. Por ello, desde entonces, todo el recinto continúa en sus manos, que asumió su control tras el embargo de la finca por las deudas acumuladas.

Casi cincuenta años después de su apertura, el Casino Montesblancos permanece abandonado. Hoy, entre todos los restos del edificio, apenas quedan huellas de aquel complejo que llegó a representar lujo, dinero y poder en mitad de la estepa zaragozana.

El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas de la sociedad, también para miles de zaragozanos. El encarecimiento del alquiler, las dificultades para emanciparse, el aumento de los desahucios o la irrupción de fondos de inversión y empresas de desocupación han situado el debate en el centro de la actualidad. Mientras las administraciones defienden medidas como la ampliación del parque público o los programas de vivienda asequible, el Sindicato de Inquilinas sostiene que esas políticas siguen sin atajar el problema de fondo. Dos portavoces del colectivo en Zaragoza, Paula Ríos y Teresa Lajusticia, analizan en esta entrevista la situación de la vivienda en la ciudad, cuestionan el modelo impulsado por las distintas administraciones, critican la actuación de la Sareb y defienden que el foco del debate no debería estar en la ocupación, sino en las dificultades cada vez mayores para acceder a una vivienda digna.

Se habla mucho de la crisis de la vivienda, pero ¿qué tiene Zaragoza de diferente respecto a Madrid o Barcelona?

Paula Ríos: Zaragoza, por sus características, al no estar en el litoral y no ser una gran ciudad como Madrid o Barcelona, había estado algo menos tensionada hasta ahora. Sin embargo, estamos viendo que esa situación está cambiando: crece el turismo y también los precios de la vivienda, tanto de compra como, sobre todo, de alquiler. Esto afecta especialmente a la clase trabajadora, que cada vez tiene que destinar una mayor parte de su salario a poder acceder a una vivienda. Mientras tanto, los beneficios de los rentistas y de las empresas vinculadas al sector inmobiliario no dejan de aumentar. La vivienda no le está yendo mal a todo el mundo; hay una minoría que obtiene grandes beneficios a costa de que la mayoría viva peor.

¿Cuál dirían que es hoy el principal problema para acceder a una vivienda en la ciudad?

Teresa Lajusticia: Claramente, el precio. Vemos que, pese a que se sigue construyendo, los precios no dejan de subir, en los últimos diez años han aumentado un 80% y muchas personas destinan ya más del 50% de su salario al alquiler. Las administraciones justifican muchas de sus políticas en un supuesto aumento de la demanda, pero lo que vemos es que esas medidas acaban beneficiando siempre a los mismos. Un ejemplo es el acuerdo entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón para ceder suelo público a dos grandes empresas privadas que gestionarán esas viviendas durante 75 años. Se presentan como alquileres asequibles, pero hablamos de viviendas muy pequeñas con rentas de entre 450 y 500 euros, que siguen siendo difíciles de asumir para muchas familias. Al final son promociones que benefician a promotores y rentistas mientras los precios continúan subiendo.

Paula Ríos: Además, el problema no es solo que aumenten los precios. También está creciendo la infravivienda. Cada vez más personas se ven obligadas a aceptar viviendas de peor calidad, alquilar únicamente una habitación en lugar de un piso entero o compartir vivienda en condiciones de hacinamiento. Esa también es una consecuencia directa del encarecimiento de la vivienda.

¿Qué perfiles llegan al Sindicato? ¿Han cambiado en los últimos años? ¿Sigue siendo un problema sobre todo de jóvenes o cada vez afecta más a familias y trabajadores con empleo?

Paula Ríos: El eje central de nuestro análisis es la cuestión de clase. Evidentemente, también hay personas de clases medias que tienen dificultades para asumir las subidas del alquiler, pero quienes más sufren esta situación son quienes dependen exclusivamente de su trabajo para vivir. Dentro de ese grupo, la población migrante trabajadora encuentra todavía más obstáculos. No solo porque suele ocupar los empleos peor remunerados, sino también porque existe un racismo muy extendido que actúa como barrera para acceder al mercado del alquiler. También son especialmente vulnerables la juventud trabajadora, las mujeres y los hogares monomarentales.

¿Qué barrios de Zaragoza están sufriendo más tensión en estos momentos?

Paula Ríos: En el casco histórico se aprecia de forma muy clara, especialmente en zonas como la Magdalena o el Gancho, pero también lo estamos viendo en Las Fuentes y en otros barrios tradicionalmente obreros. En Delicias, por ejemplo, vemos una apuesta por transformar la imagen del barrio, incluso renombrando parte de la zona como “barrio del AVE”. Creemos que el Ayuntamiento está impulsando una estrategia para convertir Zaragoza en un reclamo turístico y eso pasa por expulsar poco a poco a la población trabajadora de sus barrios tradicionales para atraer a otro tipo de residentes.

El Ayuntamiento defiende que está aumentando el parque público de vivienda y programas como ALZA. ¿Es suficiente o creen que va en la dirección equivocada?

Teresa Lajusticia: Creemos que estos modelos siguen reproduciendo la misma lógica del mercado. Hace poco veíamos cómo Zaragoza Vivienda ejecutaba desahucios y también seguimos encontrando numerosos problemas en bloques gestionados por la Sareb. En el caso de la vivienda pública y protegida, o de programas como ALZA, muchas personas quedan excluidas porque se exige cumplir unos requisitos mínimos de ingresos o de empadronamiento que no todo el mundo puede acreditar. Hay familias con rentas muy bajas que ni siquiera pueden acceder porque se exige garantizar el pago del alquiler. Nuestra impresión es que el parque público, tal y como está planteado ahora, no está resolviendo el problema. Un ejemplo es Casa 47, donde para acceder a las viviendas se exigen unos ingresos mínimos de 16.800 euros al año y, además, la gestión volverá a recaer en empresas privadas. Ese modelo deja fuera precisamente a quienes tienen mayores dificultades para acceder a una vivienda.

El parque público, tal y como está planteado ahora, no está resolviendo el problema

¿Funcionan realmente las ayudas al alquiler o solo sirven para sostener precios altos?

Paula Ríos: Cuando recibes una ayuda al alquiler parece que el dinero pasa por ti porque lo ingresas en tu cuenta, pero en realidad acaba en el bolsillo del rentista. A corto plazo puede suponer un alivio para quien la recibe, pero, a medio plazo, lo único que consigue es sostener unos precios que ya son inasumibles. Si el propietario sabe que vas a percibir una ayuda, tiene margen para seguir subiendo el alquiler. Que esto se presente como un gran avance es difícil de sostener. Puede haber diferencias entre las políticas de la izquierda y la derecha, pero el núcleo del problema sigue siendo el mismo.

Teresa Lajusticia: Además, muchas de esas ayudas no son universales. Para acceder a ellas hay que cumplir unos requisitos mínimos de ingresos que dejan fuera a parte de la población. Al final generan una brecha entre quienes pueden acceder a esas ayudas y quienes ni siquiera cumplen las condiciones para solicitarlas.

En los últimos meses han denunciado operaciones de fondos de inversión en algunos edificios de Zaragoza. ¿Qué consecuencias están teniendo para los vecinos?

Teresa Lajusticia: El caso más representativo es el de Aloy Sala, un fondo de inversión local que ha comprado 327 viviendas en el barrio de Tenerías, una zona que está inmersa en un claro proceso de transformación. A eso se suma la recalificación de los terrenos del antiguo complejo de Instalaza para construir 155 viviendas de mercado libre y otras actuaciones municipales, como el refuerzo del control policial en el Parque Bruil. Todo ello está teniendo consecuencias directas para el vecindario. Lo positivo es que muchas de esas personas comparten propietario y problemas similares, lo que está facilitando que se organicen junto al sindicato para defender sus derechos.

Paula Ríos: Hemos llamado puerta por puerta en ese barrio y hemos comprobado que alrededor de un tercio de las viviendas permanecen vacías. Mientras se insiste en que falta vivienda, vemos cómo se retienen pisos para rehabilitarlos y ponerlos más adelante en el mercado a un precio mayor. Es cierto que la propiedad inmobiliaria se está concentrando cada vez más en manos de grandes fondos, pero tampoco hay que olvidar el papel que siguen desempeñando los pequeños y medianos rentistas. De hecho, muchos de los conflictos que llegan al sindicato no tienen como propietario a un gran fondo de inversión.

¿Ha aumentado el número de personas que acuden al sindicato por riesgo de desahucio?

Paula Ríos: Sí. Tras el fin de la moratoria se han ido reactivando muchos procedimientos que habían quedado paralizados y la tendencia es claramente al alza. Además, cada vez quedan menos herramientas jurídicas a las que acogerse. En cuanto a los propietarios, nos encontramos de todo: desde personas que tienen una o dos viviendas hasta propietarios con cinco o diez inmuebles o grandes fondos. En realidad, los grandes caseros son menos frecuentes de lo que suele pensarse. Uno de los mayores propietarios es el propio Estado, que en muchos casos actúa con una lógica muy similar a la de una empresa privada.

En los últimos meses han sido muy críticos con la forma de actuar de la Sareb en Zaragoza. ¿Cuál dirían que es el principal problema que detectan?

Teresa Lajusticia: El principal problema es que la gestión de estas viviendas responde a la misma lógica de mercado que cualquier otro gran propietario. Además, está muy fragmentada: intervienen distintas empresas gestoras que no están coordinadas entre sí, de modo que muchas veces se inician procedimientos sin conocer la situación económica de las familias ni existe una negociación real. Todo es muy opaco y muchas personas ni siquiera saben a quién dirigirse. Nos hemos encontrado con familias que desconocían que su casero era la Sareb. Seguían pagando al antiguo propietario, cuando este llevaba años sin serlo tras entrar en bancarrota y ser absorbido. En la práctica, las lógicas son las mismas que las de cualquier gran tenedor.

Paula Ríos: La Sareb nació tras el rescate millonario a la banca después de la crisis de 2008 y se financió con dinero público. Sin embargo, ese dinero no está revirtiendo en garantizar el derecho a la vivienda, sino que muchas familias acaban siendo expulsadas de sus casas. En teoría existe un protocolo para atender a las personas vulnerables, pero los criterios nunca se han hecho públicos y son completamente opacos. Además, vemos que ni siquiera cumplen sus propios protocolos. Dividen a los vecinos entre quienes consideran merecedores de un contrato y quienes no, cuando la realidad es que ninguna de esas familias puede acceder hoy a una vivienda con los precios actuales. Nosotras siempre defendemos una negociación colectiva, pero la Sareb intenta negociar caso por caso porque así debilita la posición de las familias.

Teresa Lajusticia: Ahora mismo tenemos presentes al menos tres bloques completos de la Sareb en Zaragoza que han afrontado procedimientos de desahucio.

En el debate público se habla mucho de la ocupación ilegal. ¿Qué porcentaje de los casos que llegan al sindicato tienen que ver con ocupaciones y cuántos con problemas derivados del alquiler o los desahucios?

Paula Ríos: Los casos de ocupación son muchos menos de lo que se ha hecho creer. No tengo ahora mismo las cifras exactas, pero incluso se han reducido respecto al año pasado. Se ha construido un discurso basado en el miedo, impulsado por la extrema derecha, la patronal inmobiliaria y las empresas de seguridad, que también hacen negocio con esa preocupación. Se ha instalado el mito de que alguien puede ir a comprar el pan y encontrarse su casa ocupada, cuando eso no tiene ningún fundamento. Hay que distinguir entre el allanamiento de morada, que afecta a una vivienda habitada y se resuelve de forma inmediata, y la usurpación de una vivienda vacía, son situaciones completamente distintas. Al final, el debate sobre la ocupación ha servido para desviar la atención del verdadero problema: el precio de la vivienda. La ocupación es una consecuencia de que haya personas que no pueden acceder a una casa. La mayoría de las ocupaciones se producen en viviendas de grandes propietarios. En cualquier caso, la mayoría de los conflictos que llegan al sindicato tienen que ver con alquileres, subidas de renta o desahucios, no con ocupaciones.

Teresa Lajusticia: Han conseguido que muchas personas de clase trabajadora empaticen más con la posibilidad de que ocupen la vivienda de un propietario que con el hecho de que una familia no pueda pagar el alquiler.

Paula Ríos: Si eres de clase trabajadora, tienes muchas más posibilidades de que te echen de tu casa que de que te la ocupen.

El debate sobre la ocupación ha servido para desviar la atención del verdadero problema: el precio de la vivienda"

En las últimas semanas se ha conocido la denuncia de una familia de Zaragoza con contrato en vigor que asegura haber sufrido coacciones por parte de una empresa de desocupación. ¿Han tenido contacto con ese caso? ¿Es un episodio aislado o están viendo más situaciones similares?

Teresa Lajusticia: En los últimos meses estamos conociendo cada vez más casos de este tipo. Son empresas que, en nuestra opinión, operan al margen de la legalidad y que muchos pequeños propietarios contratan porque creen que así pueden acelerar los procedimientos y actuar con impunidad. En el caso del Arrabal vimos una clara connivencia con la actuación policial y las familias encontraron numerosas dificultades para tramitar sus denuncias.

Paula Ríos: Lo que buscan estas empresas es que la gente tenga miedo y termine marchándose. Creemos que la única manera de frenarlas es organizarse y plantar cara.

Teresa Lajusticia: En este caso concreto, conseguimos paralizar la actuación permaneciendo en la puerta de la vivienda y contactando con la propietaria. La intervención del sindicato permitió frenar el proceso, al menos de momento.

¿Qué medidas del Gobierno central consideran acertadas y cuáles creen que han fracasado?

Paula Ríos: La gran apuesta del Gobierno fue la Ley de Vivienda. Desde nuestro punto de vista, normaliza que los alquileres sigan subiendo, porque únicamente limita las subidas durante la vigencia del contrato, pero no cuando este finaliza. Se presentó como una gran victoria, pero creemos que los datos hablan por sí solos: durante el mandato del Gobierno de PSOE y Sumar se han alcanzado máximos históricos en el precio de los alquileres. Eso demuestra la ineficacia de sus políticas. Es cierto que han impulsado medidas dirigidas a determinados sectores, como algunos programas para facilitar la emancipación de jóvenes con cierta estabilidad económica, pero dejan fuera a una parte muy importante de la población.

Teresa Lajusticia: Las sucesivas prórrogas siguieron la misma lógica: son medidas temporales que van parcheando la situación sin afrontar el problema de fondo. Ha habido iniciativas que podrían haberse aprobado y no se hizo. Da la sensación de que se intenta contener el conflicto sin cambiar realmente el modelo.

Paula Ríos: Además, tanto gobiernos de izquierdas como de derechas han respondido con represión al movimiento por la vivienda. Lo vemos cuando se criminalizan las protestas o cuando se despliegan numerosos efectivos policiales para ejecutar un desahucio o desalojar una protesta. Un ejemplo es el caso de los 19 de CaixaBank en Zaragoza o la reforma del Código Penal que endureció las consecuencias de determinadas acciones del movimiento por la vivienda. Creemos que eso también retrata cuál ha sido la respuesta institucional.

Cuando una persona llega al sindicato porque no puede pagar el alquiler o afronta un desahucio, ¿qué ocurre?

Teresa Lajusticia: Hay personas que llegan de manera individual y, en menos ocasiones, grupos de vecinos que ya se han organizado previamente. Lo primero es compartir el caso en las asesorías colectivas y estudiar cómo convertir un problema individual en un conflicto colectivo. Cuando varias familias tienen el mismo propietario intentamos constituir un bloque en lucha, porque compartir intereses también aumenta la capacidad de presión. A partir de ahí combinamos herramientas jurídicas con la organización sindical.

Paula Ríos: La mayoría de la gente llega pensando que no puede pagar el alquiler por culpa suya y con un fuerte sentimiento de vergüenza. Lo primero que intentamos explicar es que no es un fracaso individual, sino el resultado de un sistema que expulsa a una parte de la población del acceso a la vivienda. Cuando entienden que ese problema también lo sufren otras personas, se genera una conciencia colectiva que permite organizar el conflicto. Más allá de resolver casos concretos, nuestro objetivo es conquistar derechos y avanzar hacia un modelo en el que la vivienda deje de ser una mercancía para convertirse en un derecho efectivo.

Bureta, un pueblo a 62 kilómetros de Zaragoza, invita a recorrer sus calles lentamente y poner atención en los pequeños detalles. En pleno campo de Borja, esta pequeña localidad combina siglos de historia con un entorno lleno de viñedos y una propuesta turística que ha convertido los árboles, fachadas y puertas en escenarios de fantasía. El resultado es un destino que, a pesar de su pequeño tamaño ofrece un patrimonio histórico y una oportunidad para disfrutar en familia.

Merece la pena dedicarle varias horas para descubrir todos sus rincones. Desde una casa palacio levantada sobre una antigua fortaleza hasta un paseo por un bosque mágico repleto de duendes y hadas, pasando por antiguas bodegas, una estación ferroviaria en desuso y un antiguo sistema de conducción de agua.

La Casa Palacio de los Condes de Bureta

Este edificio es el principal patrimonio que tiene Bureta y resume cómo ha evolucionado el municipio a lo largo de la historia. El palacio fue levantado en el siglo XVII sobre el torreón principal de una antigua fortaleza durante la época andalusí, que fue construida entre los siglos IX y X. Aún se conservan restos de la antigua muralla, que son la prueba viviente de la importancia estratégica que tuvo este lugar durante la Edad Media.

En la actualidad, el conjunto está formado por la casa rural, conocida como del Guardián, una cafetería-restaurante donde se ofrece comida tradicional de la comarca, y la Casa Palacio, se convirtió en un museo dedicado a María Consolación Domitila Azlor y Villavicencio, conocida como la Condesa de Bureta. Marcó un papel muy importante durante los Sitios de Zaragoza, donde cedió el palacio para convertirlo en hospital y ayudó en la atención a los heridos durante la Guerra de la Independencia.

Durante la visita está permitido recorrer 25 estancias del palacio y descubrir la larga historia que persigue al edificio, de las figuras que habitaron el lugar y de una de las mujeres más destacadas de todo Aragón. Sin embargo, el más destacado es el Salón de los Caballeros, en 1363 se celebraron las Cortes para negociar la paz entre Castilla y Aragón, un episodio de relevancia histórica.

La visita dura en torno a una hora y quince minutos, y se puede realizar de lunes a domingo, entre las 10:00 y las 20:00, el precio de la entrada general es de 7 euros.

El 'Burosque' Encantado

A escasos minutos del casco urbano se encuentra un bosque, uno lleno de mitología, para todos aquellos que quieren viajar con niños o con mascotas. Lo que en otros lugares serían unos simples árboles, aquí se han convertido en un lugar mágico residido por duendes, hadas, animales fantásticos y otros personajes escondidos entre ellos. Las pequeñas figuras aparecen repartidas por todo el recorrido, haciendo el camino ameno y entretenido.

Las asociaciones y vecinos son los responsables de haber conseguido transformar un espacio natural en algo único sin alterar la naturaleza. El acceso es gratuito y permanece abierto durante las 24 horas del día, permitiendo así que se pueda visitar en cualquier momento.

Bureta Encantada

La fantasía en el pueblo continúa, ya que, además del bosque, el proyecto se ha extendido por todo el municipio. Las puertas de diversas viviendas aparecen decoradas, las fachadas de edificios aparecen pintadas con murales inspirados en cuentos y en algunas aceras aparecen huellas en el suelo, estas indican el camino que han seguido todos los seres mitológicos.

El recorrido también permite descubrir otros elementos como, farolas decoradas, rincones decorados únicamente con materiales reutilizables e incluso las papeleras están tematizadas. Ejemplo de ello es el llamado “Oasis sostenible”, el cual crearon con materiales reciclados como botellas, ruedas, puertas o ventanas.

Milenaria estación de tren

Fuera del núcleo urbano, Bureta alberga un tesoro histórico, un testimonio firme de su pasado: la antigua estación de tren. Esta línea fue inaugurada en 1889 y conectaba la localidad de Cortes con Borja, operando hasta 1955. Era una estación de tercera categoría que contaba con dos vías principales. Actualmente, el edificio se mantiene en pie y es visible durante un paseo por la ribera del río Huecha en dirección a Albeta.

Este recorrido ferroviario se ha convertido en un sendero utilizado por ciclistas y caminantes, lo que permite a los más nostálgicos recordar el famoso Escachamatas, el tren que protagonizó la película 'Nobleza baturra'.

Bodegas de El Barranco

La tradición de la viticultura se mantiene vigente en toda la región aragonesa, gracias a sus antiguas bodegas excavadas en el cerro, ubicadas en la parte este del municipio. La más famosa se encuentra en la zona oriental del pueblo.

Las bodegas de El Barranco están repartidas a ambos lados de la hondonada natural. En la parte superior, aún se conservan varias estructuras, incluyendo una caseta que utilizaban para pisar la uva, así como otras casetas que están dispersas en la zona con materiales y herramientas. Si bien algunas presentan un estado bastante deteriorado, otras han sido renovadas, reemplazando ciertos materiales por otros más actuales y duraderos. No obstante, muchas bodegas aún mantienen elementos originales, como las lumbreras de ventilación o el espacio destinado a la elaboración del vino.

Este conjunto es un claro ejemplo de la arquitectura popular relacionada con la cultura del vino en el Campo de Borja y ofrece la oportunidad de aprender sobre un aspecto fundamental del pasado agrícola de la región.

Abarquete de Bureta

Otro lugar de interés que se recomienda visitar es Abarquete de Bureta, ya que a menos de tres kilómetros del núcleo urbano alberga un 'qanat'. Se trata de un sistema de transporte de agua de origen persa, cuya construcción podría datar de la época romana o islámica. Su propósito era recoger el agua de un acuífero y llevarla hasta un estanque. A pesar de sus muchos siglos de historia, se mantuvo prácticamente sin modificaciones hasta 1995.

Esa mezcla de patrimonio, entorno y autenticidad de la vida local convierten Bureta en una parada que merece la pena para quienes buscan conocer el territorio desde otra perspectiva. Un lugar para descubrir con calma y con los cinco sentidos.

La caída de una parte del falso techo de la cocina del Hospital Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza, conocido como Hospital Provincial, ha obligado a clausurar estas instalaciones de forma temporal y a trasladar desde el Hospital Miguel Servet todas las comidas destinadas a los pacientes ingresados. La reorganización del servicio ha despertado la preocupación de trabajadores del centro, que cuestionan las condiciones en las que se está realizando el transporte de los alimentos.

El desprendimiento se produjo alrededor de las 17:00 del pasado sábado, según ha confirmado el Departamento de Sanidad. La incidencia no causó daños personales, pero obligó a dejar fuera de servicio la cocina “como medida preventiva y para garantizar la seguridad alimentaria”. Desde esa misma noche, el Hospital Miguel Servet asumió la elaboración de las cenas y continúa suministrando también los desayunos y las comidas mientras se prolonguen las reparaciones.

Sin embargo, fuentes internas del Hospital Provincial aseguran que las aproximadamente 55 comidas que se trasladaban los primeros días en vehículos del Servicio Aragonés de Salud que, según sostienen, “no disponen de refrigeración”. Ahora, se trasladan en furgonetas sin rotular. Esta circunstancia ha generado inquietud entre parte del personal, que teme que pueda verse comprometido el mantenimiento de la cadena de frío durante el transporte, teniendo en cuenta la ola de calor que atraviesa la ciudad.

El Departamento de Sanidad, por su parte, insiste en que el cierre de la cocina se acordó precisamente para “garantizar la seguridad alimentaria” y asegura que, gracias al trabajo coordinado de los servicios de Mantenimiento, Hostelería y Celadores, entre otros profesionales, la asistencia a los pacientes y el servicio de comidas se han desarrollado “con total normalidad”. Explican que la comida se traslada caliente, tras cocinarla en el Servet y se traslada en arcones isotérmicos para que mantengan la temperatura, “tal y como marca la normativa”.

Además, recuerda que la cocina del Hospital Provincial se encuentra en un edificio histórico y señala que su renovación ya está incluida en el Plan de Obras del Servicio Aragonés de Salud, aunque no concreta cuándo se ejecutarán esos trabajos. Las fuentes consultadas sostienen, no obstante, que las instalaciones arrastran problemas desde hace años y afirman que la cocina trabaja “en precario”. Según indican, hace aproximadamente un año se elaboró un proyecto para reformarla, aunque finalmente no llegó a materializarse.

El turismo patrimonial y las experiencias nocturnas vuelven a darse la mano en Aragón con una propuesta idílica para las noches de verano. El emblemático Castillo de Cadrete, ubicado a escasos kilómetros de Zaragoza, ha anunciado la celebración de dos jornadas de visitas guiadas al atardecer para los días 24 y 25 de julio. Esta iniciativa busca acercar a los visitantes la rica historia de una fortaleza de origen califal que vigila el horizonte desde su posición estratégica.

A través de este recorrido crepuscular, diseñado para grupos reducidos de un máximo de 15 personas y con un precio de alrededor de dos euros, los asistentes no solo podrán disfrutar de unas vistas panorámicas espectaculares, sino también profundizar en la evolución de este monumento y en los relatos populares que marcan su identidad. Debido a la alta demanda que suelen registrar estas veladas estivales y a las estrictas limitaciones de aforo, se recomienda a los interesados gestionar su inscripción lo antes posible. Una ocasión perfecta para huir del calor diurno y sumergirse en la magia de nuestro pasado.

Pocos monumentos en los alrededores de Zaragoza combinan de una forma tan espectacular el valor de la arquitectura militar mudéjar, los secretos arqueológicos recién desenterrados y un entorno natural sobrecogedor. El Castillo de Cadrete, alzado de forma estratégica sobre un acantilado de 70 metros de altura que domina el valle del Huerva, abre sus puertas para mostrar su historia.

Un viaje en el tiempo: el origen califal

Lejos de ser un simple montón de rocas estáticas, los muros de este castillo han sido testigos mudos de un vaivén fascinante de reyes, caballeros y monjes a lo largo de los siglos medievales aragoneses:

Arqueología viva: los últimos hallazgos

Las sucesivas campañas arqueológicas (incluyendo una gran intervención realizada entre abril y junio de 2023) han transformado por completo la experiencia de la visita. Los arqueólogos consiguieron:

El Centro de Interpretación ubicado en la tercera planta del Ayuntamiento de Cadrete, este centro es la parada complementaria perfecta a la ruta del castillo. En sus vitrinas se exponen los objetos reales y réplicas hallados durante las excavaciones:

El entorno natural: geología y senderismo

La visita al Castillo de Cadrete no es solo una lección de historia; es también una gran actividad de turismo activo. La fortaleza se encuentra enclavada en un paisaje kárstico singular rodeado de barrancos esculpidos por el agua sobre las calizas y los yesos.

Los montes de las Planas y el entorno del río Huerva son Zonas de Especial Protección para las Aves. Si miras al cielo durante tu ascenso al castillo, es habitual divisar buitres leonados, milanos reales, águilas calzadas o la simpática pareja de chovas piquirrojas que ha elegido los mechinales de la fortaleza para anidar. En tierra firme, el terreno es el hogar del lagarto ocelado y la cabra hispánica.

Si quieres aprovechar el día combinando ejercicio y cultura, el municipio cuenta con tres senderos fantásticos que conectan con el monumento:

Los parques de Zaragoza han perdido alrededor de 4.000 árboles desde 2022, según los cálculos de la Mesa del Árbol, que eleva a unos 10.000 los ejemplares desaparecidos en toda la ciudad durante ese periodo. La plataforma, integrada por asociaciones vecinales, entidades ecologistas y ciudadanos, reclama al Ayuntamiento una mayor protección del arbolado maduro y un cambio en el modelo urbanístico para frenar las talas.

“En Zaragoza no hay una protección del arbolado maduro existente”. Así resume Olga Conde, representante de la Alianza por la Emergencia Climática en Aragón y de la Mesa del Árbol, una de las principales reivindicaciones de la plataforma. Entre sus propuestas figuran preservar los árboles ya consolidados, incrementar la presencia de ejemplares en calles y parques y reforzar la cobertura vegetal en los barrios que cuentan con menos zonas verdes.

La plataforma sostiene que las obras de urbanización siguen siendo una de las principales causas de la desaparición de árboles. “Cada vez que se remodela una calle se termina talando casi todo el arbolado con la promesa de que se plantarán nuevos ejemplares”, afirma Conde. Sin embargo, considera que estas reposiciones “no cumplen las funciones ambientales del arbolado talado” y lamenta que, en muchos casos, se opte por especies ornamentales que generan menos sombra y ofrecen una menor protección frente a las altas temperaturas.

La Mesa del Árbol también cuestiona la interpretación que hace el Ayuntamiento de los datos difundidos recientemente, según los cuales el 66% de la población dispone de un parque a menos de 300 metros de su vivienda. Aunque no discute esa cifra, advierte de que supone que uno de cada tres zaragozanos sigue sin tener un espacio verde cercano. Además, sostiene que la proximidad a un parque no garantiza una cobertura arbórea suficiente ni una protección eficaz frente al calor.

Conde alerta de que esta situación afecta especialmente a los barrios con menor renta, donde muchas viviendas carecen de aire acondicionado o presentan un aislamiento deficiente. “Hay personas que viven en casas, sobre todo en los barrios de menor renta, que no tienen aire acondicionado y cuyas viviendas están mal aisladas”, señala. A su juicio, “adaptar las ciudades a las altas temperaturas es una prioridad que tendría que asumir el Gobierno municipal”.

Los vecinos de Cerveruela, un pequeño municipio zaragozano de 37 habitantes situado en la comarca del Campo de Daroca, se han movilizado para salvar uno de los edificios más emblemáticos del pueblo. Junto a Hispania Nostra y la Asociación Cultural La Chaminera que humea han puesto en marcha una campaña de micromecenazgo con la que pretenden recaudar un mínimo de 14.000 euros para rehabilitar el histórico Palomar del Bú, una construcción tradicional situada en lo alto de una montaña que se encuentra en muy mal estado de conservación y amenaza con desaparecer.

La campaña permanecerá abierta hasta el próximo 5 de agosto y tiene como objetivo financiar la primera fase de una actuación cuyo presupuesto total asciende a 35.000 euros. Si la recaudación alcanza los 18.000 euros, también podrá completarse una segunda fase de acondicionamiento del entorno y del futuro espacio cultural que albergará el edificio.

El Palomar del Bú es visible desde cualquier punto de Cerveruela y constituye uno de los principales símbolos del municipio, hasta el punto de que muchos vecinos lo consideran su pequeño “castillo”. La Asociación Cultural La Chaminera que humea adquirió el inmueble en 2004 y llevó a cabo entonces una primera intervención de urgencia para frenar su deterioro. Sin embargo, el paso del tiempo ha agravado su estado de conservación y hace necesaria una rehabilitación integral que garantice su futuro.

La restauración presenta además una dificultad añadida: el edificio solo es accesible a pie. Por ello, vecinos, amigos y voluntarios están trasladando manualmente los materiales de construcción hasta la cima de la montaña en distintas jornadas de trabajo colectivo. El proyecto cuenta ya con buena parte de esos materiales y las obras serán dirigidas por un profesional especializado en técnicas constructivas tradicionales, como el tapial y los morteros de cal y yeso. Está previsto que los trabajos comiencen este otoño.

Los 14.000 euros correspondientes al objetivo mínimo de la campaña se destinarán a sufragar la primera fase de la rehabilitación, en la que será necesario instalar un andamiaje profesional adaptado a las características del enclave. Si se logran recaudar 4.000 euros más, el proyecto contempla instalar una barandilla de protección y un banco en el mirador, además de paneles interpretativos sobre el paisaje, la historia del palomar y el nuevo uso que tendrá el edificio. En caso de superar esa cifra, los fondos restantes se destinarán a enriquecer los contenidos expositivos y a promocionar conjuntamente los dos palomares tradicionales que conserva Cerveruela.

El objetivo es que, una vez restaurado, el Palomar del Bú se convierta en una pequeña sala de exposiciones permanentes dedicada a la paz y la libertad. Para ello, la Asociación Cultural La Chaminera que humea colabora con la Fundación Seminario de Investigación para la Paz de Zaragoza, con la intención de crear un espacio abierto al público que invite a la reflexión y, al mismo tiempo, contribuya a conservar un ejemplo de arquitectura tradicional.

El proyecto también incluye una intervención artística en el interior del edificio. Los antiguos nidales del palomar albergarán palabras relacionadas con la paz y la libertad propuestas por las personas que colaboren con la campaña, creando una obra colectiva integrada en la propia construcción.

La presidenta de Hispania Nostra, Araceli Pereda, ha destacado que esta iniciativa “reúne la conservación de la arquitectura tradicional, la implicación de toda una comunidad y la capacidad del patrimonio para adquirir nuevos significados”. En su opinión, salvar el Palomar del Bú supone “proteger un símbolo de Cerveruela y convertirlo en un lugar abierto a la reflexión, la paz y la libertad”.

Con esta campaña, Hispania Nostra incorpora un nuevo proyecto a su plataforma de micromecenazgo, desde la que ha impulsado cerca de 70 iniciativas en toda España. En conjunto, estas actuaciones han permitido recaudar más de 1,3 millones de euros para recuperar bienes patrimoniales amenazados, especialmente en pequeños municipios donde forman parte de la memoria, la identidad y el futuro de sus comunidades.

Lo que comenzó siendo una concesión administrativa muy problemática, el centro termal y spa de Ranillas, en el recinto de la Expo de Zaragoza, amenaza con convertirse en un dolor de cabeza para Jorge Azcón y Natalia Chueca de dimensiones aún por determinar. La jueza de lo Mercantil nº2 de Zaragoza ha citado a ambos dirigentes, entre varios otros –también a la actual presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro–, para dirimir un conflicto por la resolución anticipada de este contrato por parte del Ayuntamiento de la capital aragonesa, una decisión política consumada a finales de 2023 por la que los dos dirigentes populares se arriesgan a una inhabilitación para administrar bienes ajenos y, lo que es peor, que expone al Consistorio a una sanción millonaria.

El proceso es complejo y largo, y mezcla la vía mercantil con la contenciosa. Un punto de partida se puede situar en 2017, cuando la firma Cublan Inversiones asumió la explotación del recinto tras la liquidación de la anterior concesionaria, endeudada con el Ayuntamiento.

Cuatro años después, y en el plazo de cuatro meses entre octubre de 2021 y febrero de 2022, todo saltó por los aires. Cublan, que tenía dificultades financieras, pactó un crédito de 3,5 millones de euros con Audentia Capital para saldar la deuda con sus acreedores –entre ellos, el propio Consistorio– y poder mantener la actividad. Pero, para ello, la empresa necesitaba hipotecar la concesión como garantía y así se lo solicitó al Gobierno municipal, entonces con Jorge Azcón como alcalde en coalición con Ciudadanos.

Casi al mismo tiempo, la Gerencia de Urbanismo denegó la licencia de funcionamiento al complejo termal, lo que basó en que la instalación supuestamente no cumplía las condiciones en materia de incendios. Cublan interpuso un recurso de reposición, pero entre tanto el Gobierno del PP-Cs en Zaragoza aprovechó para tumbar la petición del aval, lo que justificó en la deuda contraída –algo más de 200.000 euros– y en la propia licencia denegada.

Desde febrero de 2022, el centro termal y spa permanece cerrado. El auto de declaración de concurso voluntario de Cublan Inversiones data de julio de ese año.

Hasta ahí, la primera parte. Pero la historia ha continuado. Porque la concesionaria recurrió la denegación de la licencia y los tribunales le han dado la razón. En noviembre de 2022, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Zaragoza anuló esta denegación, aunque por un vicio de tramitación: el Ayuntamiento no trasladó en su momento la documentación proporcionada por Cublan ante las supuestas deficiencias de Bomberos. La propia Cublan apeló y el 16 de febrero de 2024 la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso del TSJ de Aragón, con el juez Albar como ponente, le dio íntegramente la razón: determinó que cumplía con todas las exigencias, apuntó que de hecho la instalación contaba ya una licencia tácita desde 2011 y zanjó que Cublan contaba con “un indiscutible derecho a la licencia expresa” desde diciembre de 2021.

Esta última fecha es relevante ya que supone que cuando el Gobierno del PP-Cs en Zaragoza denegó el aval a la concesionaria esta ya contaba con licencia a todos los efectos.

Interés de un constructor

Y hay un factor añadido que recoge la sentencia del TSJA y que apuntala las pretensiones de la concesionaria: en octubre de 2023 –la alcaldesa era ya Natalia Chueca–, el Ayuntamiento concedió de forma expresa la licencia de funcionamiento y lo hizo con los documentos que obraban en el expediente original, los mismos con los que tumbó la de Cublan Inversiones.

Solo unos meses antes había trascendido el interés del constructor Juan Forcén, amigo íntimo de Jorge Azcón, por quedarse la concesión a cambio del pago de unos cuatro millones de euros, un precio muy por debajo del valor del mercado que tenía entonces la instalación. Finalmente, la opción no fructificó. Esa época coincide, por otro lado, con el denominado 'kioskogate', por el que Forcén resultó adjudicatario de la mayoría de terrazas de concesión municipal que sacó a concurso el Gobierno local de Azcón.

El Ayuntamiento recurrió la sentencia del TSJA en casación, pero el Tribunal Supremo lo inadmitió e impuso unas costas de 2.500 euros al Consistorio, como dio cuenta el Consejo de Gerencia de Urbanismo el 3 de junio de 2025.

En este contexto, Cublan Inversiones y 14 de sus acreedores reclamaron hace tres años, en la que ya es la pieza sexta del concurso, la declaración de culpabilidad del Ayuntamiento en la quiebra de la compañía, con una deuda reconocida de 14,6 millones de euros y más de un centenar de acreedores en total.

Y ese es el motivo por el que ahora la titular del Juzgado de lo Mercantil nº2 de Zaragoza ha citado a nueve responsables del Gobierno municipal PP-Cs en condición de afectados, tal y como adelantó este fin de semana 'El Periódico de Aragón': Jorge Azcón, Natalia Chueca, Ángel Lorén, María Navarro, Patricia Cavero –todos ellos, del PP–, Víctor Serrano, Sara Fernández, Carmen Herrarte y Javier Rodrigo –de Ciudadanos entonces, ahora en las filas populares–. ¿Qué supone la condición de 'afectado'? Que los nueve podrían tener una responsabilidad directa en la insolvencia de la empresa, lo que en último término les acarrearía una inhabilitación de entre 2 y 15 años para administrar bienes de terceros, públicos o privados. Y, a su vez, las arcas municipales se arriesgan a tener que asumir una multa que fuentes conocedoras del caso sitúan por encima de los 30 millones de euros.

Los nueve dirigentes políticos niegan haber recibido la providencia, que elDiario.es ha podido confirmar que existe y que está fechada el pasado 30 de junio. Este mismo martes, la alcaldesa ha esgrimido el mismo argumento, aunque fuentes municipales evitan valorar si la notificación ha llegado al Ayuntamiento de Zaragoza como institución.

Este periódico también se ha puesto en contacto con fuentes de Cublan Inversiones, que han rehusado hacer declaraciones.

“Un proceso mercantil”

Natalia Chueca ha pedido “tranquilidad” ante “un proceso mercantil, no penal”. “Hablamos de equipamiento conocido desde su inauguración con el alcalde Belloch, que ha sufrido múltiples concursos de acreedores. Un negocio ruinoso, que operó sin licencia desde el primero momento. Es una deuda de la mala gestión de la empresa, pretenden que paguemos todos los zaragozanos y yo voy a defender el interés de Zaragoza”, ha manifestado la regidora, pese a que el TSJA ya determinó que el establecimiento contaba con licencia de funcionamiento.

El PSOE, tanto a nivel regional como desde el grupo en el Ayuntamiento, ha pedido “explicaciones” al PP: “”Exigimos responsabilidad, transparencia e información“, expresó el domingo el diputado Jesús Morales. El lunes, la portavoz municipal, Lola Ranera, exigió una junta de portavoces extraordinaria para abordar este asunto, algo que Chueca ha rechazado: ”No procede“, ha afirmado este martes.

La plantilla de FCC en los servicios de limpieza, recogida, puntos limpios y taller de Zaragoza ha decidido, en referéndum, convocar huelga a partir del 7 de octubre coincidiendo con las fiestas del Pilar. El resultado del escrutinio ha sido de 474 votos a favor, 24 votos en contra y 5 votos en blanco, ha informado el sindicato CGT.

La plantilla ha votado a favor de convocar un paro parcial el 24 de septiembre coincidiendo con el pleno municipal del Ayuntamiento de Zaragoza y emprender una huelga indefinida a partir del 7 de octubre. Las reivindicaciones de la plantilla siguen siendo las mismas desde que hace 20 meses desde que comenzara la negociación del nuevo convenio colectivo, ha indicado el sindicato.

Entre las peticiones están las mejoras salariales que garanticen el poder adquisitivo; reducción de la jornada laboral; garantizar el derecho a la igualdad en la promoción interna; acabar con la precariedad de las personas trabajadoras de contrato parcial de fin de semana y creación de puestos de trabajo a jornada completa; garantizar una bolsa de empleo por antigüedad en la empresa; avances en conciliación laboral y familiar y también sociales y laborales.

El sindicato CGT ha concluido al avanzar que van a comenzar a trabajar en diseñar una hoja de ruta hasta octubre con diferentes reuniones con colectivos vecinales, sociales y sindicales de la ciudad, así como diseñar un programa de actos y movilizaciones para informar a la ciudadanía de la situación que están viviendo las personas trabajadoras de FCC limpieza, recogida, puntos limpios y taller de Zaragoza.

La escuela de adultos Concepción Arenal de Zaragoza ha perdido casi uno de cada cinco alumnos desde que abandonó su histórica sede del Casco Histórico y fue trasladada a la antigua Facultad de Educación. Los datos del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón reflejan que el centro ha pasado de 899 estudiantes matriculados en el curso 2023-2024 a 782 en el 2024-2025 y a 734 en el actual 2025-2026, un descenso del 18,4% en apenas dos cursos.

La caída de la matrícula ha reavivado la reivindicación de la comunidad educativa para recuperar el edificio que durante décadas albergó el centro. En una carta abierta firmada por alumnado, trabajadores y usuarios, sostienen que el cambio de ubicación ha tenido consecuencias directas en el número de estudiantes. “Debido a las peores comunicaciones de la nueva ubicación, se observa un acusado descenso en la matrícula del centro educativo”, aseguran.

Fuentes cercanas al centro explican que esa pérdida “se aprecia a simple vista”, con clases “cada vez menos numerosas de cuatrimestre en cuatrimestre”. La mayoría de las enseñanzas regladas que imparte el Concepción Arenal tienen carácter cuatrimestral, por lo que el descenso de alumnado se ha ido haciendo visible de forma progresiva. Estas mismas fuentes sostienen que el curso 2024-2025 fue excepcional, ya que el traslado se comunicó apenas tres días antes del inicio de las clases y el centro no recuperó unas condiciones de funcionamiento “mínimamente normales” hasta prácticamente el final del curso.

La comunidad educativa recuerda que el Concepción Arenal es el centro de educación para personas adultas más antiguo y con mayor oferta educativa de la provincia de Zaragoza y lamenta que el traslado haya puesto en riesgo parte de esa actividad. Entre otras cuestiones, advierte de la situación del ciclo de Panadería y Pastelería, cuyo taller permanecía en las antiguas instalaciones y constituye un recurso prácticamente único en Aragón.

El malestar aumentó cuando, meses después del traslado, el Gobierno de Aragón devolvió el edificio al Ayuntamiento y se conoció el proyecto municipal para convertirlo en un Museo de la Semana Santa. “Los sentimientos que manifiestan alumnado, trabajadores y usuarios son de decepción y frustración por la decisión de las administraciones, y de incertidumbre por la falta de una ubicación definitiva para el centro escolar”, recoge el escrito.

A las reivindicaciones de la comunidad educativa se ha sumado la Federación de Enseñanza de CCOO Aragón, que denuncia el “desalojo unilateral” del centro y considera “inaceptable” que un edificio que durante décadas ha estado dedicado a la educación pública vaya a destinarse a un museo cuya gestión recaerá en entidades religiosas.

El sindicato sostiene que la comunidad educativa nunca ha tenido acceso a los informes técnicos que justificaron el desalojo y lamenta que, casi dos años después, siga sin existir una sede estable para el centro. También denuncia que instalaciones esenciales como el taller de pastelería no han sido repuestas y reclama al Ayuntamiento de Zaragoza que reconsidere el proyecto previsto para el edificio, además de pedir al Gobierno de Aragón que garantice unas instalaciones definitivas para la escuela.

CCOO respalda asimismo la campaña de recogida de firmas impulsada por alumnado, profesorado y usuarios para reclamar el regreso del Concepción Arenal a su sede histórica. En la carta abierta, los firmantes piden a ambas administraciones que “actúen con la responsabilidad a la que están obligadas y retornen el centro educativo a su sede histórica”, al considerar que el edificio debe mantener el uso educativo que ha tenido durante décadas.

Preguntado por este periódico, el Ayuntamiento de Zaragoza asegura que no tiene “nada que valorar” respecto al descenso de la matrícula registrado desde el traslado del centro y reitera que el proyecto para instalar un Museo de la Semana Santa en el edificio “es firme”.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, no ha tenido un buen pleno municipal. Antes de protagonizar lo que la oposición ha calificado de “berrinche” contra los vecinos de Torrero que portaban pancartas durante el debate de una moción de Vox en la que se pedía el cese de su “concejal en la sombra”, ha visto cómo el equipo de gobierno se ha quedado solo al rechazar una moción del PSOE que reclamaba soluciones al problema de las altas temperaturas en los centros educativos.

Al debate de la iniciativa socialista se han sumado representantes de sindicatos, plataformas y asociaciones de madres y padres, que han exigido, entre otras medidas, “proteger la infancia”. Durante sus intervenciones han alertado de las consecuencias que el calor ha tenido sobre el alumnado, con episodios compatibles con golpes de calor y un evidente impacto en el rendimiento académico. Han recordado además que las altas temperaturas también las han sufrido el profesorado y quienes han acudido a los centros escolares para participar en procesos selectivos, tanto aspirantes como miembros de los tribunales.

Todos ellos han reclamado dejar de ocultar la realidad del cambio climático. Han insistido en que las olas de calor han dejado de ser episodios excepcionales para convertirse en un fenómeno recurrente cada verano y han advertido de que en algunas aulas se han llegado a registrar temperaturas de hasta 35 grados.

Una moción para climatizar los colegios

La moción del PSOE ha instado al Gobierno de Zaragoza a resolver “de forma inmediata” el problema de las altas temperaturas en los colegios públicos mediante la adopción de las medidas de climatización necesarias.

El texto también ha reclamado la creación de zonas de sombra, el reverdecimiento de patios y espacios exteriores y otras actuaciones dirigidas a mejorar el confort ambiental y reducir los efectos de las temperaturas extremas.

Además, la iniciativa ha incluido un tercer punto para reclamar una partida presupuestaria destinada a eliminar barreras arquitectónicas, instalar ascensores donde resulten necesarios y ejecutar las actuaciones precisas para garantizar la igualdad de oportunidades y la plena accesibilidad en los centros escolares.

A la propuesta se ha incorporado una enmienda de Zaragoza en Común (ZeC), que ha reclamado a los gobiernos de Zaragoza, Aragón y España establecer mecanismos estables de cooperación y financiación para ejecutar las inversiones educativas pendientes en la ciudad. La formación ha propuesto impulsar, en el marco de la Comisión Bilateral Ayuntamiento-Gobierno de Aragón, un acuerdo de planificación y financiación de infraestructuras educativas públicas con participación económica de la Administración General del Estado.

La portavoz socialista, Lola Ranera, ha defendido que el problema de las altas temperaturas en las aulas “existe y es una realidad”. “El cambio climático existe”, ha reiterado al dirigirse a Vox, mientras ha reprochado al PP que “haya comprado sus postulados”.

Ranera ha asegurado que numerosas aulas han superado los 30 grados y que algunos patios escolares de España han alcanzado temperaturas superiores a los 55 grados, según un informe de Greenpeace. “Los tiempos han cambiado y el clima también”, ha zanjado.

También ha criticado el “grado de compromiso” de Natalia Chueca por encontrarse fuera del salón de plenos durante el debate de la moción. “El calor es un problema y acaba con la salud de los más vulnerables y del profesorado”, ha afirmado antes de invitar a la alcaldesa a trabajar con 35 grados en su despacho.

Igualmente, la concejal no adscrita Marisa Gaspar ha defendido que “cuando no hay igualdad hay exclusión” y ha sostenido que “ningún niño se debería ver privado de participar en actividades por falta de medios” y, fuera de lo que es habitual, se ha posicionado con el resto de grupos municipales apoyando la moción socialista.

Por su parte, la portavoz de ZeC, Elena Tomás, ha planteado destinar a los colegios públicos parte de los casi 57 millones de euros previstos para la educación concertada cuya ejecución ha quedado paralizada por decisión judicial tras un recurso presentado por la Plataforma de la Educación Pública.

Tomás también ha defendido que “no es compatible” apostar al mismo tiempo por la educación pública y la privada y ha sostenido que un partido de izquierdas debe priorizar la enseñanza pública y eliminar la educación privada de carácter religioso.

El concejal de Vox, David Flores, ha asegurado que la canícula se combate con medidas “adaptativas” y ha señalado que la iniciativa del PSOE ha reproducido el acuerdo planteado por su formación en las Cortes de Aragón durante la negociación del pacto de gobierno con el PP.

Aunque ha afirmado que Vox apoya cualquier medida destinada a mejorar el confort y la calidad de vida del alumnado “venga de quien venga”, ha pedido al PSOE que sea “creíble”.

Flores ha presentado además una enmienda in voce para instar al Gobierno de España a activar el plan de adaptación climática y garantizar un “suministro fiable de energía eléctrica a Zaragoza”, al considerar que “de nada sirve el aire acondicionado si se va la luz”.

A este respecto, Ranera ha replicado que el Gobierno de España ha aprobado una inversión de 1.200 millones de euros para climatizar colegios y ha señalado que el suministro eléctrico depende de las empresas distribuidoras. Además, ha reprochado a Vox y al PP algunas declaraciones de sus representantes, que han llegado a afirmar que “los niños de ahora no son de mantequilla” o que “el calor es una fuente de inspiración”.

Por su parte, la consejera de Educación, Paloma Espinosa, (PP) ha hecho frente a la soledad de su grupo y ha reconducido las críticas reclamado al Gobierno de España que cumpla el plan estatal de adaptación climática aprobado en 2022 y ha asegurado que el Ejecutivo aragonés movilizará recursos propios a través del programa 'Aulas que Respiran' para mejorar la eficiencia energética de los centros.

Espinosa ha defendido además la gestión del Gobierno de Aragón al recordar que ya se han climatizado medio centenar de aulas de dos años, que se han destinado cerca de diez millones de euros a actuaciones de confort climático y que este año se invertirán otros tres millones de euros.

Finalmente, la moción socialista únicamente ha contado con el rechazo del PP, que se ha quedado solo frente al apoyo del resto de grupos municipales a la necesidad de acelerar las inversiones para adaptar los colegios a las altas temperaturas.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha vivido este jueves uno de los momentos de mayor tensión del mandato de Natalia Chueca. La alcaldesa ha paralizado durante veinte minutos el pleno municipal en plena tramitación de una moción de Vox que pedía el cese del director general de Proyectos Estratégicos, José María Ruiz de Temiño, conocido por la oposición como el “concejal en la sombra”. Finalmente, el Partido Popular ha salvado a su colaborador gracias al voto de la concejala no adscrita.

Varios representantes de la Asociación de Vecinos Montes de Torrero-La Paz han intervenido en el debate de una moción que solicitaba la destitución del director general de proyectos del Ayuntamiento de Zaragoza y artífice de varios proyectos fallidos de la alcaldesa, entre ellos la frustrada ampliación del Parque de Atracciones de Zaragoza y el posterior cierre del recinto.

Tenía la palabra Cristina Villuendas, en representación de la plataforma Salvemos los Pinares de Venecia, integrada por diversas organizaciones vecinales y ecologistas. Durante su intervención ha expresado la indignación de la plataforma por la forma de actuar del equipo de gobierno en el barrio de Torrero-La Paz y en su entorno natural.

Cuando la portavoz se ha referido al Parque de Atracciones, que durante más de 50 años ha cumplido una función de ocio para la ciudad, la alcaldesa, Natalia Chueca, ha interrumpido su intervención para pedir al resto de miembros de la plataforma que la acompañaban que se sentaran, a lo que estos han accedido.

A continuación, también les ha reclamado que retiraran las pancartas en las que podía leerse: “Ampliación Parque de Atracciones = chapuza”. Los asistentes, que ocupaban las sillas reservadas al público, se han negado a hacerlo.

“Las pancartas no están permitidas”, ha respondido la alcaldesa, que ha regresado al pleno apenas unos minutos antes de concluir el punto anterior del orden del día con visible malhumor. Hasta en tres ocasiones ha instado a los vecinos a retirar las cartelas y, al comprobar que no lo hacían, ha decidido interrumpir el pleno y convocar una junta de portavoces, para sorpresa de todos los presentes.

Uno de los concejales socialistas ha recordado entonces que meses atrás no se había puesto objeción a la presencia de unas pancartas “con la cabeza de Pedro Sánchez boca abajo”. Tampoco, apenas unos minutos antes, se había impedido la exhibición de otras pancartas portadas por personas que reclamaban la creación de la unidad Viogén en la Policía Local de Zaragoza, cuya puesta en marcha continúa bloqueada.

“¡Qué cara dura! ¿Pero qué es esto?”, han protestado varios vecinos de la plataforma antes de que la sesión quedara completamente paralizada. Tras 20 minutos, el pleno se ha reanudado recolocando a los asistentes y colocando en las primeras filas personal del gabinete de comunicación y otros colaboradores.

Las críticas que la plataforma han incluido la exigencia de responsabilidades políticas y dimisiones por “la malísima gestión de la ampliación del Parque de Atracciones y sus consecuencias actuales”, así como su rechazo al centro de datos de Microsoft previsto en los Pinares de Venecia. “No tenemos información y este proyecto atenta contra la vida de los Pinares, de los barrios colindantes y de la ciudad”, han apuntado desde la asociación.

Ruiz de Temiño, el artífice de varios proyectos fracasados

Tras reanudarse el pleno, el debate se ha centrado en la moción presentada por Vox para exigir la destitución del director general de Proyectos Estratégicos, José María Ruiz de Temiño, conocido por la oposición como el “concejal en la sombra”. La iniciativa ha evidenciado uno de los mayores choques políticos del mandato de Natalia Chueca entre el Gobierno municipal y el que hasta ahora ha sido su socio habitual para aprobar los presupuestos.

La portavoz de Vox, Eva Torres, ha atribuido la crisis del Parque de Atracciones a una gestión “deficiente” del Ejecutivo municipal y ha defendido que la responsabilidad política recae sobre la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Proyección Exterior. “Las cosas no están funcionando, pero se acumulan las malas gestiones, con cada vez más preguntas y menos respuestas”, ha afirmado. La imposibilidad de abrir el Parque de Atracciones este verano ha dejado en el aire el futuro de los 81 trabajadores que permanecían en un ERTE, además de los empleos indirectos vinculados a la actividad del recinto.

Asimismo, ha responsabilizado a Ruiz de Temiño de otros proyectos fallidos impulsados por el Ayuntamiento, como la Ciudad del Deporte, el canal de aguas bravas o Distrito 7 (ciudad del cine). El expediente de este último permaneció paralizado durante seis meses hasta que el Gobierno de Aragón cerró los acuerdos relacionados con los ciclos formativos de FP del Grupo San Valero, además de la polémica adjudicación a una empresa vinculada al proyecto audiovisual destinado a justificar una inversión pública de 20 millones de euros.

La concejala no adscrita, Marisa Gaspar, elegida en las listas de Vox y cuyo voto sostiene la mayoría del Gobierno municipal, se ha desmarcado de la postura de su antigua formación y no ha respaldado la petición de destitución.

Desde Zaragoza en Común han apoyado la moción, aunque han reprochado a Vox haber tardado demasiado en presentarla. El concejal Suso Domínguez ha recordado que Ruiz de Temiño ya estuvo rodeado de polémica cuando dirigía Zaragoza Vivienda. “Parece que no haya pasado nada con él, cuando en 2022 ya se pidió su dimisión porque acabó contratando a sus compañeros de pádel y a trabajadores de su empresa, a quienes luego puntuó y valoró”, ha afirmado. También ha recordado que existieron denuncias por acoso sexual contra el actual director general y ha concluido que Ruiz de Temiño es “el perejil de todas las salsas de los fiascos de esta ciudad”.

Por su parte, el concejal socialista Horacio Royo ha comenzado su intervención refiriéndose a la suspensión del pleno provocada por la retirada de las pancartas. “Menudo berrinche para echar una pancarta un metro hacia atrás”, ha ironizado. A continuación, ha reconocido que la situación no debía de ser fácil para la alcaldesa después de que el Gobierno municipal hubiera perdido minutos antes la moción socialista sobre las altas temperaturas en las aulas de los colegios públicos. También ha considerado que la presentación de esta iniciativa por parte de Vox respondía a la negativa del equipo de gobierno a reconocer sus errores. Sin embargo, ha rechazado interpretar la moción como una deslealtad hacia el PP. “Vox está siendo extremadamente leal con usted, aunque piense lo contrario”, ha manifestado dirigiéndose a Natalia Chueca.

Royo ha recordado que el PSOE lleva seis años reclamando la dimisión de Ruiz de Temiño por sus “andanzas”, sus presuntos conflictos de intereses con la empresa Brial y las reiteradas quejas de los trabajadores de Zaragoza Vivienda, algunos de los cuales, ha asegurado, llegaron a cogerse bajas médicas por el trato recibido. “Y encima lo eleva a los altares”, ha reprochado a la alcaldesa.

“¿Cuándo dejó de detectar todas las banderas rojas?”, le ha preguntado Royo a Chueca. Además, le ha afeado que, tres años después, siga manteniendo su confianza en el director general y ha aprovechado para pedir explicaciones sobre los avales del grupo mexicano que gestionará el proyecto Distrito 7, en el que el Ayuntamiento ha comprometido una inversión de 20 millones de euros y cuya adjudicación continúa rodeada de polémica.

En nombre del Partido Popular, Ángel Lorén ha defendido la actuación del Gobierno municipal y ha asegurado que existe una garantía de 600.000 euros vinculada a la concesión del Parque de Atracciones, cuyo contrato llegaba a su fin. “El concesionario tiene toda la solvencia”, ha sostenido.

Lejos de asumir las críticas dirigidas contra Ruiz de Temiño, Lorén ha acusado a Vox de “hacer el juego a la izquierda” y ha lamentado la “persecución” que, a su juicio, ha sufrido el director general por parte de los grupos de la oposición, llegando a tildar de “típica persecución de los mediocres a la brillantez”.

Vox ha rechazado los argumentos del Partido Popular y ha reclamado al Gobierno municipal que ejecute el aval, recepcione las instalaciones del Parque de Atracciones y explique por qué, a su juicio, se ha puesto del lado de la empresa concesionaria.

Finalmente, la moción ha sido rechazada gracias al voto de la concejala no adscrita que sostiene la mayoría del Gobierno municipal. La iniciativa ha recibido 15 votos a favor —los de Vox, PSOE y Zaragoza en Común— y 16 en contra —los del Partido Popular y la edil tránsfuga—.

La batalla abierta desde hace un año en el CEIP Cesáreo Alierta de Zaragoza por las actividades extraescolares ha terminado, al menos por ahora, con una victoria judicial para las familias. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Zaragoza ha anulado las decisiones que impedían a los alumnos usuarios del comedor salir del colegio para participar en actividades extraescolares organizadas fuera del recinto escolar, una práctica que llevaba décadas funcionando en el centro.

La sentencia supone un importante revés tanto para la dirección del colegio como para el Departamento de Educación, que en septiembre del año pasado rechazó estudiar el recurso presentado por varias familias al considerar que no tenían legitimación para impugnar las medidas. El juez rechaza ahora ese argumento y sostiene que los padres sí estaban legitimados para recurrir unas decisiones que afectaban directamente a la educación y a la organización familiar de sus hijos.

El conflicto estalló en julio de 2025, cuando el colegio comunicó una reorganización de las actividades extraescolares para el curso siguiente. Las circulares remitidas a las familias establecían que todas las actividades debían desarrollarse dentro del recinto escolar y que el alumnado que utilizara el servicio de comedor no podría abandonar el centro entre las 12:30 y las 15:30. La medida afectaba especialmente a actividades deportivas desarrolladas en instalaciones externas y provocó una fuerte contestación entre parte de la comunidad educativa.

Las familias denunciaron entonces que la decisión “rompía un modelo consolidado” durante más de treinta años y perjudicaba “tanto la conciliación como la participación de los alumnos” en actividades deportivas, culturales y educativas que tradicionalmente se realizaban fuera del colegio. Además, cuestionaron que el Consejo Escolar hubiera aprobado realmente una prohibición general de las salidas durante el horario de comedor. El magistrado considera que “no ha quedado acreditado” que el Consejo Escolar aprobara de forma expresa la restricción que posteriormente trasladó la dirección a las familias. Entre otros aspectos, señala que el acta de la reunión en la que supuestamente se adoptó la decisión carece de la firma del secretario, que existen “discrepancias” sobre el contenido de los acuerdos alcanzados y que no consta una votación clara sobre la prohibición general de salidas.

La resolución recuerda además que muchas de las actividades afectadas se desarrollaban históricamente fuera del recinto escolar, especialmente las vinculadas a la Agrupación Deportiva Alierta-Augusto Salas y otras disciplinas deportivas. Incluso destaca que el propio Reglamento de Régimen Interior del centro contempla la realización de actividades educativas y complementarias fuera del colegio y regula las correspondientes autorizaciones familiares.

Para el magistrado, la restricción impuesta por el centro carecía de una base jurídica suficiente y la decisión “no puede encontrar cobertura suficiente en una mera decisión unilateral de la Dirección”, sino que requiere “una base normativa o un acuerdo válido del órgano colegiado competente”. La resolución también respalda otras de las críticas planteadas por las familias y considera relevante que la medida supusiera “una modificación sustancial de una práctica organizativa consolidada durante años”. Destaca también las contradicciones en las explicaciones ofrecidas por el centro, que inicialmente atribuyó la decisión a las autoridades educativas y posteriormente la justificó como una decisión propia basada en la autonomía del colegio.

La sentencia recuerda además que ya en noviembre de 2025 el juzgado acordó medidas cautelares que permitieron mantener las actividades extraescolares fuera del centro mientras se resolvía el litigio. Gracias a esas medidas, los alumnos pudieron seguir participando en ellas durante el curso 2025-2026.

Finalmente, el juez estima íntegramente el recurso presentado por las familias y declara nulas tanto las circulares emitidas por el centro como la resolución del Servicio Provincial de Educación que rechazó tramitar el recurso de alzada. La resolución no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

El empresario guipuzcoano Antxon Alonso es también el titular del 98,3% de las participaciones de Mediaciones Martínez, la empresa a través de la que Tubos Reunidos canalizó parte de las presuntas comisiones ilegales tras su rescate de 112,8 millones por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), según constata la UCO de la Guardia Civil. Mediaciones Martínez, con sede en Zaragoza, también cobró de otros proyectos investigados por corrupción, como los relacionados con la empresa navarra de demoliciones Erri Berri.

En un atestado de finales de 2025 que motivó la apertura de una nueva causa en la Audiencia Nacional en torno al rescate de la empresa de Amurrio, al que ha tenido acceso este periódico, la UCO sitúa al empresario en un papel adicional al que ya se le conocía como principal referencia de Servinabar 2000, en la que aparentemente el dirigente del PSOE Santos Cerdán tenía una participación del 45%.

Alonso conformaba un grupo llamado Hirurok con el expresidente de la SEPI, el socialista andaluz Vicente Fernández Guerrero, y con la vizcaína Leire Díez. Según la tesis de la Fiscalía, que solicitó la apertura de esta nueva causa, Hirurok presuntamente cobraba las comisiones ilegales por intermediación en el rescate de Tubos Reunidos y de otras gestiones con empresas como la navarra Erri Berri. Se sospecha que Fernández Guerrero mantenía en 2021, cuando se sustanciaron estas operaciones, una capacidad influencia en la SEPI a pesar de haber dejado el cargo en 2019.

En ambos casos, Tubos Reunidos y Erri Berri, se ha constatado que los pagos -o parte de ellos- se hicieron a través de Mediaciones Martínez, con sede en Zaragoza. En el caso del rescate, inicialmente se había planteado hacerlo a través de Servinabar 2000 pero, finalmente, se cambió de idea. Los nuevos datos indican que, en realidad, seguía estando detrás la misma persona, Alonso.

La Policía judicial acredita que el 27 de julio de 2021 Alonso adquirió el 98,33% de las acciones de Mediaciones Martínez. Es decir, lo hizo a los pocos días de consumarse el rescate de Tubos Reunidos y un día antes de que, en una cena, Fernández Guerrero le comunicara al primer ejecutivo de la compañía, Francisco Irazusta, que quería un “agradecimiento” por sus gestiones, como detalló la Fiscalía.

Las participaciones restantes, añade la UCO, “con el aparente objetivo de evitar la unipersonalidad de la sociedad” quedaron en manos de Carmelo Aznárez —el anterior propietario—, que “formalmente asumió el cargo de administrador único” de la sociedad “con el propósito de encubrir la titularidad y administración real de la sociedad, en manos del grupo Hirurok”, apostilla la Guardia Civil. Mediaciones Martínez llevaba años inactiva por aquel entonces. Según la documentación remitida por la Agencia Tributaria a la investigación esta mercantil no contó con personal dado de alta entre octubre de 2021 y mayo de 2025. Así, las facturaciones con conceptos como “prospección de mercado” eran “mendaces”.

Es a partir de la entrada de Alonso en el accionariado cuando, siempre según la UCO, Mediaciones Martínez comenzó a ser utilizada por el grupo Hirurok para el cobro de mordidas. La Guardia Civil cifra en 913.000 euros las comisiones que podrían haber cobrado Alonso, Fernández Guerrero y Díez a través de la empresa. En detalle, a los 114.950 euros de Tubos Reunidos -al margen, Fernández Guerrero cobró a título individual otros 130.000-, y a los 400.000 de Erri Berri cobrados a través la empresa hermana Derribos Olite y Servinabar 2000, se suman 237.033 de VUSA, 77.137 del Grupo Aldesa, 38.720 de Alto Mineral, 24.200 de Madrid Aranda Empresa Constructora, 33.800 de LAAM Arquitectura o 17.545 de SDP Carrillo y Montes Abogados.

La primera ola de calor del verano de 2026 ha vuelto a poner de manifiesto la vulnerabilidad de Zaragoza frente a las altas temperaturas. El Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Ambientales de Aragón (IUCA) alerta de que estos episodios ya no pueden considerarse excepcionales y reclama reforzar las estrategias de adaptación para reducir la exposición de la población a un riesgo climático cada vez más relevante para la salud, la economía y la calidad de vida.

Durante estos días, Aragón y buena parte de España están registrando temperaturas extremas. En Zaragoza, alcanzar los 40 grados fue durante décadas un fenómeno excepcional, pero en los últimos años este umbral se ha vuelto más frecuente e incluso puede mantenerse durante varios días consecutivos. A ello se suma el incremento de las noches tropicales, en las que las temperaturas mínimas no bajan de los 20 grados.

“Este cambio no debe interpretarse como una anomalía aislada, sino como una señal coherente con la evolución reciente del clima y con las proyecciones disponibles para las próximas décadas”, señala Miguel Ángel Saz, subdirector del IUCA y coautor del libro 'El clima urbano de Zaragoza: la isla de calor'. El investigador subraya la necesidad de fortalecer las estrategias de adaptación en un contexto en el que los episodios de temperaturas extremas tienden a ser más frecuentes, prolongados e intensos.

Aunque las medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero siguen siendo fundamentales, desde el instituto consideran que la urgencia actual obliga a avanzar de forma decidida en actuaciones que permitan reducir la vulnerabilidad de la población, especialmente en las ciudades.

En los entornos urbanos, las olas de calor se ven agravadas por el fenómeno de la isla de calor urbana, que provoca una acumulación de calor en las zonas densamente construidas respecto a las áreas periurbanas o rurales. En Zaragoza, más de un tercio de la población experimenta incrementos significativos de temperatura durante el verano, especialmente en los distritos Centro y Casco Histórico, donde la escasez de vegetación y la elevada ocupación del suelo reducen el confort térmico.

Este fenómeno resulta especialmente acusado durante la noche. Según las mediciones realizadas en distintos entornos urbanos, las temperaturas mínimas en determinadas zonas de la ciudad pueden superar en varios grados las registradas en el observatorio de referencia de la AEMET situado en el aeropuerto. Las diferencias pueden alcanzar hasta cinco grados en verano y siete en invierno.

Desde el IUCA advierten de que estas condiciones afectan de forma desigual a la población y golpean con mayor intensidad a las personas mayores y a los colectivos más vulnerables. Además, dificultan el descanso nocturno, la movilidad cotidiana y repercuten tanto en la salud física como en la mental.

Los investigadores consideran que la planificación urbana y territorial debe incorporar de forma transversal la realidad del cambio climático y la creciente frecuencia de los episodios de calor extremo. En este sentido, Saz defiende que la adaptación no puede limitarse a recomendaciones puntuales durante los días de mayor riesgo, sino que debe integrarse en las políticas de vivienda, urbanismo, movilidad, salud pública, educación, trabajo, servicios sociales y gestión de los espacios públicos.

“Las olas de calor ya no pueden ser tratadas como episodios excepcionales. Constituyen un riesgo climático recurrente que exige planificación, anticipación y coordinación entre administraciones. Adaptar nuestras ciudades y territorios al nuevo contexto climático es una obligación ambiental, sanitaria y social”, destaca el investigador.

Entre las medidas planteadas por el grupo de investigación en Clima, Agua, Cambio Global y Sistemas Naturales del IUCA figuran la mejora del confort térmico en edificios y equipamientos públicos, la revisión de determinadas actividades laborales al aire libre durante episodios de temperaturas extremas, el aumento de zonas de sombra y vegetación, la reducción de superficies urbanas que acumulan calor, la identificación de población vulnerable y la incorporación sistemática de la climatología urbana en los proyectos de transformación de la ciudad.

La ola de calor que está asolando gran parte del país se está dejando notar en Zaragoza, donde este lunes se alcanzaron los 44 grados y las previsiones apuntan a que los termómetros seguirán por encima de los 40 durante buena parte de la semana. Con estas temperaturas extremas, los vehículos sufren y los autobuses urbanos no son una excepción. El comité de empresa de Avanza, a través del sindicato SATTRA, denunció este lunes que más de 70 autobuses quedaron fuera de servicio a causa del calor, una cifra que, de confirmarse, supondría cerca del 20% de la flota. La empresa no da datos sobre las averías causadas por el calor y rechaza las acusaciones sobre una supuesta falta de mantenimiento. Asegura también que ha activado medidas específicas para afrontar el episodio de calor extremo.

Desde SATTRA sostienen que el problema no radica únicamente en las altas temperaturas, sino en una supuesta falta de mantenimiento preventivo. “La excusa de que la sufren los autobuses viejos es mentira. Ayer había de todos los buses en cocheras, de todo tipo de marcas. El problema es el no mantenimiento”, asegura José Montañés, representante sindical. El sindicato afirma que la situación provocó importantes alteraciones en el servicio durante la tarde del lunes. Según su relato, numerosos conductores acudieron a iniciar su turno y se encontraron sin vehículo asignado debido al elevado número de autobuses fuera de servicio. “Es lamentable que avisando de que había una ola de calor, de más de 300 —380 según los datos de la compañía— autobuses 70 estén parados”, critica Montañés.

“Ayer Zaragoza era un horno. Llevamos días soportando temperaturas asfixiantes y, un año más, la historia se repite”, señala la organización sindical en un comunicado en el que rechaza que el calor sea el único responsable de la situación. A su juicio, las altas temperaturas únicamente han puesto de manifiesto problemas estructurales de mantenimiento que vienen denunciando desde hace años. SATTRA asegura además que fue necesario retirar vehículos de algunas líneas para reforzar otras que se habían quedado sin servicio. “Había líneas sin ningún autobús. En la 41 estaban todos en cocheras y se sacaron buses de otras líneas para intentar cubrir el servicio”, sostiene.

En un duro comunicado el sindicato acusa a la dirección de utilizar el calor como explicación de un problema que, a su juicio, se repite cada verano por la falta de inversiones y planificación. “No se ha caído el servicio por el sol, se ha caído porque el mantenimiento preventivo es un desastre constante”, denuncian.

Zaragoza en Común y CCOO de Avanza Zaragoza también han denunciado este martes el “deterioro sin precedentes” que, a su juicio, sufre el servicio de autobús urbano de la ciudad. La portavoz de ZeC, Elena Tomás, y el secretario de Organización de CCOO de Avanza, Raúl Cabeza, sostienen que la situación no responde únicamente a la actual ola de calor, sino al “abandono de la flota y la renuncia del Gobierno municipal a ejercer el control que le corresponde sobre un servicio público esencial”.

“Nos quieren hacer creer que las averías son culpa de las altas temperaturas, pero los datos desmontan ese relato. El problema no es solo el calor. El problema es la gestión”, ha afirmado Tomás. Ambas organizaciones aseguran que las incidencias se vienen repitiendo desde hace semanas y recuerdan que el 5 de junio, con apenas 26 grados de temperatura, había 44 autobuses averiados. Según sus datos, el 1 de junio fueron retirados del servicio 54 vehículos; el día 2, otros 49; el 9 de junio se alcanzó uno de los peores registros con 55 autobuses fuera de circulación; y el día 10 todavía permanecían fuera de servicio 45.

ZeC y CCOO denuncian además que en varias ocasiones se han agotado los autobuses de reserva disponibles, dejando a conductores sin vehículo asignado. “Es inaceptable que una ciudad como Zaragoza tenga cada día decenas de autobuses averiados. Los trabajadores están sosteniendo el servicio como pueden, pero la realidad es que faltan vehículos, aumentan las incidencias y la ciudadanía está pagando las consecuencias”, ha señalado Cabeza. Por su parte, Tomás considera que “cuando una ciudad tiene decenas de autobuses averiados cada día, retrasos permanentes y usuarios que no saben cuánto tardarán en llegar a su destino, no estamos ante una incidencia puntual: estamos ante un fracaso de gestión”.

Buena parte de las acusaciones del comité de empresa se centran también en la gestión de los talleres. SATTRA sostiene que el número de averías desbordó la capacidad de respuesta de los equipos de mantenimiento y denuncia que algunos conductores permanecieron largos periodos esperando asistencia. “Lo primero serían medidas urgentes de mantenimiento, pero eso no se puede improvisar en medio de una ola de calor. Hay que hacerlo desde marzo o abril y tener la flota preparada para el verano”, señala Montañés. El sindicato también denuncia las condiciones en las que, según afirman, tuvieron que trabajar tanto conductores como mecánicos durante la jornada del lunes. “En el taller estaban los trabajadores a 40 grados. Es imposible trabajar así. Las condiciones son denigrantes y cualquier día habrá un golpe de calor”, advierte.

Frente a estas acusaciones, Avanza asegura que lleva días aplicando un protocolo específico para minimizar el impacto de las altas temperaturas sobre los vehículos urbanos. La empresa explica que el taller ha incrementado las revisiones de los sistemas más sensibles al calor, especialmente los equipos de climatización y los sistemas neumáticos encargados del accionamiento de las puertas. Asimismo, señala que se han destinado más recursos a las labores de mantenimiento, reforzando incluso el servicio mediante proveedores externos. “A partir de 38 grados en el exterior, los vehículos necesitan realizar un sobreesfuerzo para seguir operando con unas condiciones de confort adecuadas”, señala la compañía, que asegura que las áreas de Operaciones y Mantenimiento están aplicando medidas especiales para garantizar la seguridad de conductores y viajeros. Avanza sostiene además que dispone de un programa continuo de mantenimiento preventivo para toda la flota y que este se intensifica durante periodos especialmente exigentes como el verano. La empresa añade que, cuando es necesario, se retiran vehículos del servicio para evitar incidencias mayores y preservar la seguridad.

Desde el Ayuntamiento, el concejal delegado de Movilidad, José Miguel Rodrigo Pérez, ha respondido a las críticas de Zaragoza en Común por esta situación. Ha dicho que la gestión de una flota tan grande, “sometida a un gran esfuerzo debido, precisamente, a los récords de temperatura que estamos soportando en los últimos años, no debe tomarse a la ligera. Y, desde luego, quiero valorar el esfuerzo que realizan los trabajadores del taller, que también tiene por supuesto un seguimiento y control desde el Consistorio”. Rodrigo ha recordado “el esfuerzo inversor sin precedentes que se está haciendo en la renovación de la flota, cuya electrificación y modernización, sin duda, redundará en un mejor servicio y en limitar el número de averías. En todo caso —ha recalcado— resulta chocante y demagógico que, sabiendo la contrata está ya en su último año de concesión antes de la adjudicación del próximo contrato, se soliciten más autobuses y más conductores, algo que saben, perfectamente, que será una realidad a partir del año 2027”.

La empresa recomienda tener las puertas cerradas y poco tiempo en las paradas

Las críticas de SATTRA también alcanzan a un comunicado interno distribuido por la empresa el pasado 19 de junio con recomendaciones para afrontar la ola de calor. Entre otras medidas, el documento aconseja mantener las ventanillas cerradas para favorecer el funcionamiento del aire acondicionado, evitar paradas prolongadas en terminales, mantener las puertas cerradas durante las detenciones y dejar la caja de cambios en punto muerto cuando el vehículo esté parado. Desde el sindicato consideran que estas instrucciones no son posibles puesto que, si los tiempos de espera en cada parada son tan elevados por los fallos en los vehículos, cuando llega el autobús hay muchos usuarios esperando y, mientras suben las puertas permanecen abiertas y la parada se alarga.

La instrucción que más rechazo ha generado entre los representantes de los trabajadores es la recomendación de mantener el motor por encima de las 1.100 revoluciones por minuto durante las detenciones. El sindicato considera que esta medida puede contribuir a forzar vehículos que, según denuncian, ya presentan problemas derivados de las altas temperaturas: “Esto no es una medida preventiva, es un disparate técnico y un riesgo añadido. Están pidiendo a los conductores que aceleren el motor en parado para mantener el compresor del aire, cuando muchos de estos vehículos ya están sufriendo sobrecalentamientos por la falta de mantenimiento en el sistema de refrigeración. Están trasladando la responsabilidad de sus fallos mecánicos a la espalda del conductor, obligándole a forzar una maquinaria que está pidiendo auxilio, que ya no puede dar más de sí”, exponen en la nota de prensa.

Por ello, la organización reclama un plan de choque para recuperar los autobuses que permanecen fuera de servicio, reforzar los talleres y revisar los protocolos establecidos para trabajar durante episodios de calor extremo.

Leapmotor International, la empresa conjunta formada por Stellantis y el fabricante chino Leapmotor, ha anunciado la puesta en marcha de un nuevo taller de ensamblaje de baterías en Mallén (Zaragoza). La instalación, que dará soporte a la producción de vehículos eléctricos en la planta de Figueruelas, supone un nuevo paso en la estrategia de expansión industrial del grupo en Europa y prevé generar empleo, atraer proveedores y consolidar un ecosistema vinculado a la movilidad eléctrica en Aragón.

La consejera aragonesa de Economía, Competitividad y Empleo, Eva Valle, ha afirmado que el taller comenzará su actividad el 31 de julio, tras una inversión de 25 millones, y tendrá una capacidad de producción de unas 60.000 baterías de media al año, pudiendo alcanzar las 100.000 en periodos “punta”, y dará empleo a 90 trabajadores.

La nueva instalación, dedicada al ensamblaje de módulos de baterías y a procesos clave de apoyo a la producción de vehículos eléctricos, llega tras los recientes anuncios sobre la fabricación del modelo B10 en Figueruelas y el acuerdo para el desarrollo de un SUV del segmento C de Opel.

La planta de Mallén cuenta con una superficie total aproximada de 34.000 metros cuadrados, de los cuales 19.000 metros cuadrados corresponden a superficie construida, y ha sido diseñada para ofrecer tanto eficiencia como capacidad de escalado. La instalación ha sido concebida para trabajar con distintas químicas de baterías, adaptándose así a un panorama tecnológico de baterías para vehículos eléctricos de batería (BEV) en constante evolución. La producción inicial se centrará en el suministro para la plataforma B de Leapmotor, recientemente implantada en la planta de Zaragoza, con dos baterías basadas en tecnología LFP (versiones Pro y ProMax).

Yann Martin, responsable del proyecto Leapmotor International, ha señalado que “la planta de Mallén representa un hito importante en la cooperación entre Stellantis y Leapmotor y en su implantación estratégica en Europa”.

En el corazón del proyecto de Mallén se combina la avanzada tecnología china con la experiencia industrial y el conocimiento técnico europeos, para lo que ya se han iniciado procesos activos de contratación y formación. Como reflejo de las experiencias compartidas que constituyen la base de este proyecto, la fase inicial incluye a directivos locales, empleados desplazados desde China de Leapmotor, varios jefes de equipo españoles con experiencia y personal voluntario procedente de la planta de Zaragoza. Todos ellos apoyarán los primeros pasos del desarrollo técnico de la actividad en la fábrica tras completar una extensa formación en una de las instalaciones de baterías de Leapmotor en China.

En las próximas semanas y meses se incorporarán nuevos empleados locales al equipo. A largo plazo, también se espera que el proyecto impulse el desarrollo de un ecosistema industrial más amplio, atrayendo proveedores y servicios de apoyo a la zona.

Según la empresa, desde el punto de vista operativo, la planta de Mallén destaca por la rapidez de su ejecución y puesta en marcha, impulsadas por modernos procesos productivos diseñados para garantizar eficiencia, calidad y capacidad de crecimiento en el ensamblaje de módulos de baterías y operaciones relacionadas.

“Un paso más”

Tras conocerse el anuncio, la consejera autonómica ha asegurado que supone “un paso más” en la consolidación de Aragón como “hub europeo esencial en movilidad eléctrica y en industria avanzada”. “Es una buenísima noticia que se añade a otras que hemos conocido recientemente también en el sector de la automoción en Aragón”, ha indicado Eva Valle, quien ha opinado que este anuncio es “una muestra más del interés de inversiones internacionales y de sectores estratégicos que nuestra comunidad autónoma está despertando y nos permite también fortalecer todo nuestro ecosistema industrial, crear oportunidades de empleo de calidad y, en definitiva, consolidarnos como una comunidad autónoma de oportunidad y de crecimiento hacia adelante”.

Eva Valle ha recalcado que la instalación de una planta de Leapmotor en Mallén es el resultado de “un intenso trabajo” entre la compañía china, el Gobierno de Aragón y Aragón Exterior. Además, ha destacado que este proyecto “tira del ecosistema” porque habrá diez empresas aragonesas “implicadas” en la producción de ensamblaje de baterías“ del nuevo taller. Por tanto, ”nos consolidamos como un polo inversor y de movilidad en Europa“, además ”somos el centro de la estrategia europea de una empresa como Stellantis“, ha celebrado Valle.

Por su parte, el presidente del Clúster de la Automoción en Aragón, Juan Carlos Dueñas, ha explicado que hace “unos cuantos meses” que se trabaja la relación con las empresas chinas, de hecho, “hace un mes hicimos una misión de ocho empresas aragonesas”. “Estamos intentando tener contactos tanto con empresas chinas y colaborando para la implantación, además haciendo relaciones con los propios socios que tenemos del Clúster para que se implanten aquí de una manera ordenada y eficiente”, ha manifestado Dueñas.

Igualmente, ha comentado que a partir de que las empresas chinas se instalen tanto en Aragón como en el resto de España “vamos a ser el hub de movilidad del sur de Europa, donde apostamos mucho por la electromovilidad y aprenderemos mucho de todas las nuevas tecnologías y volveremos a colaborar con esas empresas que vengan”.

Leapmotor International es una empresa conjunta liderada por Stellantis (51%) y Leapmotor (49%), dedicada a la distribución y fabricación fuera de la Gran China de los vehículos eléctricos de alta tecnología y coste eficiente de Leapmotor. La alianza aprovecha los recursos globales de Stellantis para acelerar la expansión internacional de Leapmotor.

El programa Volveremos ha vuelto a generar malestar entre comerciantes y clientes de Zaragoza tras agotarse el saldo disponible en apenas tres días de campaña. Lo que nació durante la pandemia como una herramienta de apoyo al pequeño comercio sigue siendo valorado por buena parte del sector por su capacidad para atraer consumidores, pero el rápido consumo de los fondos, las consecuencias fiscales para algunos autónomos y los abusos detectados en su funcionamiento han reabierto el debate sobre el modelo.

La presidenta de los comerciantes del distrito Centro, Begoña Abad, reconoce la decepción que ha dejado esta edición. “Estamos tristes porque ha durado muy poco, los clientes también”, explica. Recuerda que el segundo miércoles de campaña muchos consumidores acudieron a los establecimientos esperando beneficiarse de los descuentos y se encontraron con que a media mañana el porcentaje de devolución ya se había reducido y por la tarde el saldo estaba completamente agotado.

La situación generó tensión en numerosos comercios. “Cuando se acabó el saldo nos venía la gente a gritar porque se había terminado muy pronto y me decían que les hiciera yo el descuento”, relata Abad. Los comerciantes se vieron obligados a asumir el enfado de los clientes pese a no tener ninguna responsabilidad sobre el agotamiento de los fondos. “El miércoles lo pasé fatal, la gente se volvió loca”, asegura.

A pesar de las críticas, Abad defiende la utilidad del programa como herramienta para dinamizar el consumo y atraer clientes a las tiendas. Sin embargo, considera que algo está fallando en la gestión y reclama una reflexión sobre el funcionamiento de la plataforma y el reparto de los recursos. También recuerda que la ampliación del programa a todo Aragón ha provocado que el presupuesto tenga que distribuirse entre un número mucho mayor de comercios y usuarios.

Otra de las preocupaciones que ha emergido con fuerza en esta edición es la situación fiscal de numerosos autónomos. Comerciantes que tributan por módulos denuncian que Hacienda les está computando como subvención unas cantidades que aseguran no haber recibido realmente.

Begoña Abad sostiene que los comerciantes siempre entendieron que el beneficiario de la ayuda era el consumidor, no el establecimiento. “Es una ayuda para quien compra. Nosotros solo adelantamos el dinero”, afirma. A su juicio, el problema surge cuando esos importes terminan teniendo consecuencias fiscales para los negocios.

La comerciante V.P., propietaria de una pequeña tienda de regalos en La Jota, se declara “indignada”. Explica que descubrió las implicaciones tributarias cuando su gestor le informó después de haber presentado la declaración de la renta. Considera que el programa supone un esfuerzo añadido para pequeños negocios que, además de gestionar la aplicación y ayudar a los clientes a utilizarla, ahora deben afrontar una carga fiscal inesperada.

“Lo hacemos por los clientes”, asegura, aunque reconoce que ha llegado a plantearse abandonar la iniciativa. Sin embargo, teme perder compradores si deja de participar. Su sensación es que el pequeño comercio asume costes y complicaciones que otros negocios de mayor tamaño apenas perciben.

El que sí ha abandonado la aplicación es  L.V., comerciante de San José, que decidió no renovar su participación en Volveremos. Además, ha presentado una queja ante el Justicia de Aragón y prepara consultas ante Hacienda. Defiende que los comerciantes no reciben una subvención como tal, sino que adelantan una cantidad que posteriormente les es reintegrada. “Si esto es una subvención, debería ser de cero euros, porque nosotros no recibimos ningún beneficio”, argumenta.

Junto a las cuestiones fiscales, numerosos comerciantes denuncian prácticas que consideran contrarias al espíritu original del programa. Begoña Abad reconoce que algunos clientes le han pedido fraccionar compras en varias operaciones para obtener más saldo, una práctica a la que siempre se ha negado. “Todos debemos cumplir las reglas para que el programa siga siendo un buen proyecto”, afirma.

La propia presidenta de los comerciantes del Centro admite que la picaresca existe tanto entre clientes como entre algunos establecimientos. Recuerda que varios comercios fueron expulsados del programa por operaciones fraudulentas y que precisamente por ello se han introducido nuevas limitaciones en esta edición.

Luis V. va más allá y denuncia que algunos usuarios llegan a presentar varios teléfonos móviles para generar distintas operaciones y acumular más saldo.

Otros comerciantes también critican la presencia en el programa de determinados sectores y grandes negocios que, en su opinión, se alejan del objetivo inicial de apoyar al pequeño comercio local como agencias de viajes, joyerías o establecimientos de moda de alta gama.

Lamentan además que buena parte del saldo generado en grandes compras termine gastándose posteriormente en pequeños establecimientos, lo que provoca desequilibrios en el reparto de los beneficios del programa. Según relata entre risas Begoña Abad, algunos consumidores le reconocen que guardan durante meses el saldo acumulado para destinarlo a compras concretas, especialmente en Navidad, cuando aprovechan el descuento para afrontar el coste de productos más caros como el jamón o las gambas.

Las críticas no ocultan que muchos comerciantes siguen valorando positivamente la filosofía de Volveremos. Begoña Abad plantea mantener ayudas al consumo y apoyo al comercio local, pero con fórmulas más enfocadas a los periodos de menor actividad comercial, como noviembre o febrero, y con mecanismos que garanticen un reparto más equilibrado de los recursos.

Condiciones y presupuesto del Volveremos 2026

La reciente convocatoria ha incorporado varias limitaciones destinadas a evitar abusos y mejorar el reparto de los fondos La novedad de esta edición es que solo se permiten dos operaciones de generación de crédito por usuario en un mismo comercio.

Además, para generar saldos, se establece un tope de 250 euros/mes; 500 euros/año por usuario, mientras que cada comercio tendrá un límite de 5.000 euros mensuales y 20.000 euros anuales, ampliable excepcionalmente hasta 60.000 euros al año en determinados sectores.

También se establece un máximo de 100 euros de generación de saldo por operación, un límite de 150 euros al mes por usuario en un mismo comercio y un máximo de dos operaciones de generación de crédito por usuario y establecimiento.

Para la primera convocatoria de 2026, el programa fija un límite global de generación de saldos de 2,9 millones de euros, ampliable en función de la disponibilidad presupuestaria.

La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón, cuenta con un presupuesto total de 8 millones de euros, de los cuales 2 millones estaban destinados a Zaragoza capital. La rapidez con la que se consumieron los fondos ha intensificado las críticas y ha reabierto el debate sobre el futuro de una herramienta que sigue siendo muy popular entre los consumidores, pero que acumula cada vez más cuestionamientos entre una parte del comercio local. Unas críticas que, lejos de cuestionar la continuidad del programa, invitan a reflexionar sobre las deficiencias detectadas y las posibles mejoras que podrían reforzar su eficacia y sostenibilidad.

Los sindicatos CGT y OSTA han denunciado el cierre del centro AH-AIC PARIS de Atención Humanitaria en Zaragoza, comunicado recientemente por la dirección de la Fundación APIP-ACAM, tras la decisión del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de eliminar las 195 plazas asignadas a este recurso para el periodo comprendido entre julio de 2026 y junio de 2027.

APIP-ACAM es una entidad colaboradora del Ministerio de Inclusión autorizada para la atención a personas solicitantes de protección internacional. La desaparición del recurso aasistencial en la ciudad de Zaragoza deja sin atención a personas en situación de vulnerabilidad y ha provocado, por el momento, la extinción de casi todos los empleos destinados a este fin, sin descartar nuevas afectaciones laborales.

OSTA ha denunciado la “absoluta premura con la que APIP-ACAM ha procedido a la amortización de puestos de trabajo por 'causas objetivas de naturaleza organizativa y productiva', afectando directamente a 10 trabajadoras que han sido despedidas y solamente ha garantizado la recolocación de 2 personas que forman parte del comité de empresa, así como a la coordinadora del centro, lejos de garantizar el mantenimiento de todo el empleo”.

Desde CGT consideran “inaceptable” que una decisión de esta magnitud se adopte sin una planificación adecuada que garantice tanto la continuidad de la atención a las personas usuarias como la estabilidad laboral de la plantilla. Añaden desde el sindicato que “resulta especialmente preocupante que el comité de empresa tuviera conocimiento de esta situación apenas una hora después del anuncio de los primeros despidos, evidenciando una preocupante falta de información, transparencia y participación de la representación legal de las personas trabajadoras”.

Además, esta situación se produce en un contexto de creciente preocupación por determinadas prácticas organizativas y laborales que han generado malestar entre la plantilla y que han sido objeto de actuaciones por parte de la Inspección de Trabajo, poniendo de manifiesto la necesidad de reforzar el cumplimiento de la normativa laboral y la protección efectiva de los derechos de las trabajadoras y trabajadores.

CGT exige “la máxima transparencia” por parte de la Fundación APIP-ACAM y de las administraciones implicadas y sostiene que “no podemos permitir que desaparezcan recursos esenciales sin ofrecer alternativas ni que las consecuencias recaigan exclusivamente sobre quienes más necesitan estos servicios y sobre las personas trabajadoras que los hacen posibles cada día”.

Reubicación de los migrantes

El Hotel París llegó a albergar hasta 280 migrantes el pasado año, aunque esa cifra se ha ido reduciendo progresivamente hasta las 195 plazas actuales. El recurso finalizará ahora su actividad tras la decisión del Ministerio de Inclusión de no renovar las plazas, con el argumento de que los usuarios actuales van superando distintas fases del programa de acogida.

Alrededor de una veintena de jóvenes malienses con protección internacional han pasado de la fase de emergencia a la fase 1 del itinerario de acogida y están siendo reubicados en distintas ciudades españolas, entre ellas Huesca, Cáceres, Murcia y Santiago de Compostela.

Otro grupo, integrado por personas que no disponen de protección internacional y se encuentran en proceso de regularización administrativa, será trasladado al centro de Épila.

Por último, aquellas personas que han encontrado empleo y superan unos ingresos mensuales de 600 euros —aunque sea de forma ocasional— deberán abandonar los pisos que ocupan actualmente antes del próximo 30 de junio. Su futuro es incierto y, según diversas fuentes, ya han sido instadas a buscar alojamiento por sus propios medios.

Una entidad cuestionada por usuarios y trabajadores

La fundación APIP-ACAM es una entidad privada dedicada a la atención residencial y de día de colectivos de funcionalidad diversa y a la asistencia, orientación, formación e inclusión sociolaboral de colectivos en situación de riesgo de exclusión. La plantilla está adscrita al sector de la Acción e Intervención Social, y su convenio de aplicación es de ámbito estatal.

No obstante, distintos sindicatos, entre ellos CGT, han trasladado en varias ocasiones denuncias a la Inspección de Trabajo relacionadas con cuestiones laborales, como presuntas irregularidades en materia de nóminas o dificultades para el ejercicio de la actividad sindical. También se han señalado problemas de carácter sociosanitario, como la aparición de una plaga de chinches que se extendió desde uno de los pisos donde estaban acogidos los migrantes y para cuya fumigación utilizaron a sus propios empleados en lugar de una empresa especializada.

Si en los últimos meses algunas personas migrantes protagonizaron protestas por las condiciones de alojamiento, también parte de la plantilla ha expresado críticas hacia la coordinación territorial de Aragón por la gestión del recurso asistencial. Varias trabajadoras han criticado la actuación de la coordinadora de Aragón, Patricia Urzola, por la “falta de transparencia y de respeto a usuarios y trabajadores”. A su juicio, la última decisión de despedir a la mayor parte de la plantilla ha sido “fría y maquiavélica” por no informar con tiempo suficiente a las afectadas. Algunas de ellas recibieron el finiquito antes de comunicarles formalmente el despido.