La visita de Vito Quiles a Zaragoza ha terminado convirtiéndose en una jornada de tensión en el entorno de la Universidad de Zaragoza y la plaza de San Francisco. La Policía ha cargado contra los manifestantes antifascistas durante las protestas contra el agitador ultra, en las que se han vivido momentos de enfrentamiento verbal, lanzamiento de botellines, cajas y otros objetos, y una intervención policial en la que los agentes han sacado las porras y portaban gas pimienta.

La convocatoria se había fijado inicialmente para las 19.00 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza. A pesar de que la institución académica no autorizó el acto en sus instalaciones, Quiles mantuvo el llamamiento, que ha empezado más tarde y se ha desplazado hacia la plaza de San Francisco, donde ha pronunciado su discurso.

La movilización ha comenzado en el entorno universitario y se ha desplazado posteriormente hasta la plaza. Desde allí, los participantes han continuado en dirección al Auditorio de Zaragoza, en una secuencia de acontecimientos marcada por los momentos de tensión entre los distintos grupos y la intervención de los agentes. Una de las asistentes asegura que ha visto a una persona “con heridas en la cabeza” y que ha observado a personas con los ojos “fatal” a consecuencia del gas pimienta.

Durante la concentración se han escuchado insultos y consignas dirigidas tanto contra el agitador como contra el presidente del Gobierno. Entre los gritos dirigidos a Quiles se han oído “facha de mierda” y “Vito Quiles, hijo de puta”. El ambiente ha estado marcado por la exaltación y la violencia verbal entre los presentes.

La presencia de manifestantes antifascistas ha sido superior a la de seguidores de Quiles. En distintos momentos, los grupos han permanecido separados por los agentes, aunque la situación se ha tensado cuando el agitador se ha situado entre ambos bloques.

La Policía ha intervenido durante los incidentes y ha cargado contra los manifestantes antifascistas. Los agentes han sacado las porras y portaban gas pimienta, mientras se producían lanzamientos de botellines, cajas y otros objetos.

La Coordinadora Antifascista de Zaragoza había llamado a movilizarse contra la visita de Quiles, al considerar que pretendía utilizar la ciudad como escenario para difundir sus “discursos de odio”. El agitador, por su parte, había animado a sus seguidores a acudir a Zaragoza para demostrar que la ciudad era un territorio “leal a España” y levantarse contra “la mafia de Sánchez”.

El futuro Hospital Universitario Royo Villanova, llamado a ser centro de referencia para los más de 200.000 vecinos que viven en la margen izquierda de Zaragoza, se ubicará en la calle Ronda de Boltaña, próximo al entorno en el que se encuentran el Campus Río Ebro de la Universidad de Zaragoza y el DAT Alierta.

Así lo ha confirmado el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, acompañado por el consejero de Sanidad, Ángel Sanz, en declaraciones a los medios de comunicación tras la celebración del Pleno Extraordinario del Consejo de Salud de Aragón, máximo órgano colegiado de participación ciudadana en materia sanitaria, que se ha reunido este jueves en la sala Hermanos Bayeu del Edificio Pignatelli.

Esta localización se ha decidido tras un proceso de participación ciudadana y no ha contado con ningún voto en contra, aunque sí cuatro abstenciones. El proyecto de Presupuestos de Aragón para 2027 incluirá una partida de alrededor de cinco millones de euros para iniciar los trabajos de redacción del proyecto y la licitación de las obras.

“La nueva parcela es una parcela de 58.000 metros cuadrados, con espacio suficiente para que los servicios que se tengan que construir sean los que necesitaremos durante los próximos años”, ha explicado el presidente Azcón.

Las otras tres opciones, ya descartadas, eran la Academia General Militar y la A-23, en el barrio rural de San Gregorio y en la carretera de Cogullada, entre Mercazaragoza y el río Gállego.

El Consejo de Salud de Aragón es el órgano encargado de formular la política sanitaria y del control de su ejecución, así como de asesorar e informar al Departamento responsable de salud del Gobierno de Aragón.

Está formado por 56 representantes, 18 de la Administración autonómica, cinco de la Administración local —uno por cada diputación provincial y dos de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias—, cinco de los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón y seis de las organizaciones sindicales y empresariales —CCOO, UGT, CEMSATSE, CSIF, CEOE, Cepyme—.

Además, hay un representante del Consejo Aragonés de Cámaras de Comercio, dos de las universidades de Aragón, seis de los colegios profesionales, uno en representación de las entidades científicas, cuatro de las asociaciones ciudadanas y de consumidores y usuarios, tres de organizaciones representativas de pacientes y cuatro de los consejos de salud de zona.

Entre lomas ocre y valles fluviales labrados por los ríos Martín, Guadalope y Matarraña, resiste una tradición agrícola singular que define la identidad de esta zona del Bajo Aragón. A finales de cada verano, los campos entre Teruel y Zaragoza se transforman en el escenario de una cosecha admirada en el panorama agroalimentario. Y es que el célebre Melocotón de Calanda no es solo un fruto estacional, sino el reflejo vivo de un compromiso histórico con la excelencia agronómica. Esta fruta dorada se ha convertido en el símbolo del paisaje aragonés, donde el esfuerzo humano y la tierra ofrecen un producto de distinción.

El secreto de la excepcionalidad de este producto comienza meses antes de la recolección con una labor minuciosa conocida como el aclareo. Durante los meses de mayo y junio, los agricultores recorren las plantaciones retirando hasta el 70% de los frutos nacidos en las ramas. Esta drástica reducción se realiza de forma manual con el fin de garantizar una distancia mínima de veinte centímetros entre cada pieza restante. Gracias a esta práctica ancestral de selección temprana, los nutrientes del árbol se concentran en pocos ejemplares, logrando desarrollar una textura pulposa firme y un gran calibre.

Tras la selección del aclareo llega el paso más emblemático y laborioso que diferencia a este cultivo de cualquier otro en el mundo: el embolsado individual en el propio árbol. Entre los meses de junio y agosto, cada melocotón es introducido, a mano, dentro de una bolsa protectora de papel translúcido y parafinado. Esta funda transpirable protege la fruta de manera totalmente natural frente a plagas de insectos, inclemencias meteorológicas como el granizo y residuos fitosanitarios externos. Al madurar suavemente en su envoltorio, el fruto experimenta una maduración lenta y homogénea que le otorga una piel fina, uniforme y aterciopelada.

Amparado comercialmente por la variedad población autóctona conocida como Amarillo Tardío y sus clones seleccionados como Jesca, Evaisa y Calante, el melocotón presenta unos rasgos inconfundibles. Su gama cromática abarca tonos que van del amarillo crema al amarillo pajizo, exhibiendo en ocasiones una atractiva chapa rojiza en la superficie expuesta. El estricto reglamento técnico exige que cada pieza alcance un diámetro superior a los 73 milímetros para asegurar un calibre generoso y uniforme. Al retirar la bolsa protectora durante la cosecha, el melocotón revela una presencia impoluta y uniforme que delata de inmediato el cuidado artesanal recibido durante su desarrollo.

La zona geográfica delimitada por la Denominación de Origen Protegida comprende un territorio específico de 4.650 kilómetros cuadrados. Esta extensión abarca 45 municipios distribuidos entre las provincias aragonesas de Teruel y Zaragoza, situando a Calanda como epicentro histórico de la producción. Localidades como Alcañiz, Mazaleón, Maella, Caspe, Puigmoreno y Albalate del Arzobispo forman parte de esta comarca frutícola privilegiada de suelos calizos. El clima continental moderado de la comarca, marcado por veranos calurosos y la presencia del cierzo, resulta idóneo para moldear el carácter exigente de estas plantaciones.

En el plano organoléptico, el Melocotón de Calanda destaca por una firmeza crujiente al corte y una pulpa carnosa de irresistible dulzura. El Consejo Regulador exige un nivel mínimo de 12 grados Brix de azúcar para garantizar que cada fruto desprenda un aroma característico e intenso antes del primer bocado. Además de su excepcional calidad gastronómica, esta fruta ofrece valiosas propiedades nutricionales gracias a su elevado contenido en agua, fibra, potasio y betacarotenos naturales. Su baja aportación calórica y su riqueza en vitaminas de los grupos A, B y C consolidan a este manjar como un aliado perfecto para una alimentación equilibrada.

Distinción en 1999

El prestigio internacional de esta fruta obtuvo el máximo reconocimiento institucional en 1999 con la concesión de la Denominación de Origen Protegida. Para salvaguardar la autenticidad frente a imitaciones, cada envase certificado debe lucir el sello oficial del Consejo Regulador y una etiqueta negra numerada e individual. Este distintivo negro garantiza de forma transparente la trazabilidad completa del producto desde el huerto de origen hasta el punto de venta final. La comercialización en fresco se limita de forma estricta a los meses de septiembre y octubre, cuando la fruta alcanza su madurez óptima.

Más allá de su evidente valor gastronómico, este cultivo representa un motor socioeconómico vital para el mantenimiento del empleo rural y la estabilidad de la población en el Bajo Aragón. Miles de familias de agricultores perpetúan este saber hacer centenario que aúna la tradición campesina con modernas innovaciones en la protección medioambiental de los cultivos. Consumido fresco a mordiscos, en almíbar tradicional o integrado en elaboraciones de alta cocina como helados y tartas, el fruto sigue conquistando paladares exigentes a la vez que continúa siendo el orgullo de una tierra aragonesa que lo mima como parte imprescindible de su patrimonio agrícola.

El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Tacpa) ha anulado la licitación convocada por el Ayuntamiento de la localidad zaragozana de Cuarte de Huerva para gestionar las clases de su Escuela Municipal de Música, un contrato con un valor estimado de 472.120 euros, sin IVA. El órgano autonómico ha estimado el recurso presentado por una empresa del sector y ha declarado nulas varias cláusulas de los pliegos por incluir criterios de adjudicación que no estaban suficientemente justificados, no guardaban la necesaria vinculación con el servicio contratado o dejaban un margen excesivo de discrecionalidad en la valoración de las ofertas. Caen 40 de los 70 puntos de calidad: las autorizaciones para exámenes oficiales (15), los certificados ISO 9001 y RSC (5 + 5) y el equipo humano (15).

La resolución, adoptada por unanimidad el pasado viernes 16 de octubre, llega en un momento especialmente delicado para la escuela, cuyo calendario contemplaba el comienzo de las clases este lunes 19 de octubre. El procedimiento de contratación permanecía suspendido cautelarmente desde el 1 de septiembre, por lo que la anulación obliga al Ayuntamiento a corregir los pliegos y convocar una nueva licitación si quiere continuar con esta fórmula de gestión.

Consultado al respecto, fuentes del Ayuntamiento de Cuarte han manifestado que, “debido a situaciones anteriores” –en referencia a informaciones periodísticas previas sobre el Consistorio–, el Gobierno municipal rechazaba “conceder declaraciones a este medio”.

El contrato estaba destinado a cubrir los cursos escolares 2026-2027 y 2027-2028, con un máximo de 3.700 horas de servicio por curso, entre docencia, tutorías y tareas organizativas. La oferta educativa incluye iniciación musical para los más pequeños, lenguaje musical, enseñanza de instrumentos y talleres infantiles, además de la gestión de preinscripciones y matrículas. Las clases se desarrollan en el Centro Cívico Cultural del municipio.

La controversia se centra en los criterios elegidos para adjudicar el contrato, que otorgaban hasta 70 puntos a aspectos relacionados con la calidad y 30 a la oferta económica. Entre los primeros figuraban 15 puntos para las empresas que dispusieran de autorizaciones para realizar exámenes oficiales de enseñanzas musicales, otros diez por determinadas certificaciones de responsabilidad social y gestión de calidad y 15 más por las características del equipo humano propuesto.

El tribunal cuestiona especialmente que se premiara a las empresas autorizadas para realizar exámenes oficiales cuando la Escuela Municipal de Música de Cuarte imparte enseñanzas no regladas. El contrato tampoco incluía programas específicos de preparación para acceder a conservatorios, tutorías orientadas a ese objetivo ni otras actividades que permitieran justificar la ventaja que se pretendía valorar.

El Ayuntamiento defendió que disponer de estas autorizaciones garantizaba una enseñanza de mayor calidad y facilitaba a los alumnos interesados su futura incorporación a estudios musicales oficiales. Sin embargo, el Tacpa considera que los pliegos valoraban una característica previa de la empresa sin concretar cómo se traduciría en una mejora efectiva del servicio municipal.

Criterios establecidos por indicación del equipo de gobierno

Uno de los aspectos más relevantes de la resolución aparece en la propia memoria justificativa de la contratación. El documento señala expresamente que los servicios municipales elaboraron los pliegos incluyendo, “por indicación del equipo de gobierno”, el procedimiento de adjudicación y los criterios de valoración de las ofertas.

La memoria defendía la conveniencia de dar más peso a la calidad que al precio, con el propósito de mejorar la enseñanza y ofrecer nuevas oportunidades formativas al alumnado. El tribunal no cuestiona ese objetivo general, pero concluye que varios de los criterios concretos elegidos no cumplen las exigencias legales para garantizar una valoración objetiva y una competencia efectiva entre las empresas.

La resolución también anula la valoración de determinados certificados de responsabilidad social y calidad por las deficiencias apreciadas en su justificación y vinculación con la prestación contratada.

La resolución también cuestiona los 15 puntos reservados a la valoración del equipo humano. Los pliegos no concretaban suficientemente qué titulaciones, experiencia o cualificaciones se tendrían en cuenta, pese a que el contrato contemplaba la subrogación de la plantilla docente de la empresa saliente. Ante las dudas planteadas por GABOU sobre cómo podía diseñarse y valorarse un equipo de profesores cuyas características solo conocía plenamente la empresa que prestaba el servicio, el Ayuntamiento respondió que los licitadores debían realizar un “ejercicio de abstracción” para plantear una plantilla adecuada. El tribunal considera “poco razonada” esta respuesta municipal y concluye que las explicaciones ofrecidas no despejaban las dudas ni permitían preparar las ofertas con las garantías necesarias.

Dos empresas presentaron ofertas

La licitación se publicó el 7 de agosto y el plazo de presentación de ofertas finalizó el día 24 del mismo mes. Durante ese periodo concurrieron dos empresas. La mercantil GABOU SL presentó el recurso el 21 de agosto, sin llegar a participar en la licitación, una circunstancia que el tribunal no considera obstáculo para reconocer su derecho a impugnar unas condiciones que podían limitar la competencia.

ACA Música y Danza SL, una de las empresas participantes, presentó alegaciones para defender la legalidad de los pliegos y solicitó que se desestimara el recurso. Está vinculada a un centro privado de Zaragoza que se presenta como autorizado para impartir enseñanzas profesionales de música y obtener titulaciones oficiales. Se trata precisamente de la condición que los pliegos municipales premiaban con hasta 15 puntos y que el tribunal ha considerado injustificada para el servicio contratado. La empresa defendió expresamente la legalidad de este criterio en sus alegaciones al recurso, al sostener que contribuía a garantizar la calidad de la enseñanza. ACA cuenta, con experiencia en contratos públicos de formación musical en municipios como Caspe, Alagón y Fraga, y figura como adjudicataria de un contrato anterior de la propia Escuela Municipal de Música de Cuarte de Huerva, y este sería, con diferencia, el mayor contrato de ACA.

El Tacpa ha estimado finalmente la impugnación y ha declarado la nulidad de las cláusulas afectadas, del anuncio de licitación y de los actos relacionados con su aprobación. El Ayuntamiento deberá modificar los documentos para corregir las deficiencias detectadas antes de convocar un nuevo concurso, si persiste la necesidad de contratar el servicio.

La resolución es ejecutiva y pone fin a la vía administrativa, aunque puede recurrirse ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón en el plazo de dos meses.

En julio de 2016 Alexandra Rodica fue asesinada a las puertas de un punto de encuentro de Zaragoza. Su caso conmocionó a entidades y usuarias de estos centros, puesto que puso de relevancia fallos en los protocolos de seguridad de unos lugares en los que se supervisan y evalúan las reuniones de los progenitores con sus hijos en casos de conflicto o, en muchas ocasiones, tras ser víctimas de violencia de género. Era el caso de Alexandra, había denunciado a su expareja por maltrato y el hombre tenía vigente una orden que le prohibía acercarse a ella a menos de 200 metros y comunicarse con ella.

Según el procedimiento establecido, la entrega del menor se debía hacer en el punto de encuentro de Conde Aranda. Allí, él tenía que llegar 15 minutos antes, subir y esperar en la sala. Luego llegaría Alexandra con el menor, lo dejaría y se marcharía sin tener que ver a su expareja. Sin embargo, ese día esperó en el portal del propio punto de encuentro y, cuando ella entró, la asesinó delante de su hijo, tal y como recoge la sentencia en la que el jurado lo consideró culpable de asesinato. Este caso puso en entredicho la seguridad de las mujeres y sus hijos en estos puntos y la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Aragón anunció medidas, pero, diez años después, “no ha habido ningún cambio”, según explica Natalia Morlás, presidenta de la asociación de supervivientes de violencia machista Somos Más. 

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de abril de 2019, confirmó la condena de 20 años y un día de prisión por asesinato con las agravantes de parentesco y de violencia de género. El tribunal se limitó a juzgar al agresor: no analiza la seguridad del servicio ni la actuación del personal. Sí recoge, como hechos probados, que el hombre esperó en el portal en lugar de subir al centro, como exigían sus normas, y que una empleada abrió la puerta a la madre y al niño a través del telefonillo.

Los puntos de encuentro familiar son recursos sociales a los que se accede por resolución judicial o administrativa para facilitar las entregas y recogidas de menores, así como las visitas entre hijos y progenitores cuando existen conflictos familiares que dificultan el contacto. En Aragón están regulados por un decreto que establece entre sus objetivos garantizar la seguridad y el bienestar de los niños y prevenir situaciones de violencia en los regímenes de visitas conflictivos. La norma distingue entre las entregas y recogidas –en las que el personal supervisa el inicio y el final y registra las incidencias– y las visitas supervisadas, durante las cuales un profesional debe ejercer una supervisión continua. También contempla medidas específicas en los casos de violencia de género para salvaguardar la seguridad de las víctimas y de los menores, y atribuye a la Administración funciones de inspección y control.

Los centros de Zaragoza están gestionados por la Asociación de Puntos de Encuentro Familiar de Aragón (APEFA), mediante un concierto con el Gobierno autonómico. Las condiciones del concierto para el periodo 2023-2026 incluyen requisitos de seguridad, formación especializada del personal, mecanismos de reclamación y seguimiento administrativo. También contemplan la elaboración, por parte del Gobierno de Aragón, de un protocolo específico para los casos de violencia de género que, por el momento, no se ha publicado. 

Aunque la legislación prohíbe expresamente la mediación familiar en los casos de violencia machista y limita la función de estos centros a la supervisión de las visitas, Morlás sostiene que la propia dinámica de los PEF aboca a las mujeres víctimas a exponerse ante los maltratadores. “Es una sensación general, las chicas tienen miedo, hay muchas que están en procesos aún judicializados, con hijos pequeños, nos aprietan mucho en los juzgados”, explica Morlás. Asegura que estos centros son “como cárceles para niños y madres” y critica que se utilicen para casos de violencia machista cuando “no se crearon para eso, sino para disensos en matrimonios que se deshacían sin violencia”. Su postura es clara: “No cabe mediación cuando ha habido violencia, no tiene que haber ningún sitio en el que se medie entre un maltratador y la madre, un maltratador no tiene que tener derecho a ver a las criaturas. Es un despropósito que condenados por violencia puedan ver a sus hijos, esto existe porque nosotras y nuestras criaturas seguimos sin importar. Los daños colaterales de tener que acudir a estos sitios los arrastramos toda la vida, vives en un estado de alerta constante”. 

La abogada Gemma Ruiz también cuestiona que, en casos de violencia machista, se priorice mantener la relación entre los menores y el progenitor denunciado o agresor “sin valorar suficientemente los riesgos”: “Demasiados magistrados y magistradas ponen por delante intentar mantener la relación entre el menor y el agresor”, sostiene. A su juicio, esa decisión puede dejar en segundo plano otras formas de violencia y las consecuencias que el contacto puede tener para los niños.

Ruiz achaca a la falta de perspectiva de género estas decisiones, así como el funcionamiento de los propios puntos de encuentro. Confirma las quejas de las madres: “Emiten informes que vienen a dar más credibilidad a la postura del padre y supuesto agresor que a la madre”. La abogada vincula estas deficiencias con la precariedad y la falta de personal, y advierte de que no siempre se valora adecuadamente el riesgo de que la violencia continúe durante las visitas.

Informes del Justicia y quejas de las víctimas

El informe especial del Justicia de Aragón de 2019 recogió las advertencias de la Asesoría Jurídica de la Casa de la Mujer de Zaragoza sobre la supervisión de las visitas, la seguridad y las dificultades para reflejar determinadas situaciones. El Servicio de Igualdad municipal del Ayuntamiento de Zaragoza consideraba que la coordinación con los puntos de encuentro era “manifiestamente mejorable”. También trasladó que muchas mujeres se sentían “juzgadas” y “cuestionadas”. 

El informe de 2024 volvió a mencionar “varias quejas” sobre el funcionamiento de estos servicios. El Justicia distingue entre las reclamaciones que cuestionan resoluciones judiciales, sobre las que no puede intervenir, y las que denuncian posibles irregularidades administrativas. Entre estas últimas admitió una sobre una presunta vulneración de la protección de datos de menores en un punto de encuentro. La Agencia Española de Protección de Datos investigó el caso, pero concluyó que no había quedado acreditado el motivo para abrir un expediente sancionador.

En ese mismo informe, la asociación Somos Más, que trabaja con mujeres supervivientes de la violencia machista, denunció la “falta de formación específica” para atender estos casos, la “subjetividad” que atribuía a los informes y las “dificultades para presentar quejas”. La entidad reclamaba una “mayor especialización”, mejoras en la seguridad de las instalaciones y mecanismos que permitieran a las usuarias acceder a los informes y cuestionar su contenido. El Justicia planteó mejoras en la seguridad de las instalaciones, la coordinación institucional y los mecanismos de reclamación, además de una mayor especialización para atender los casos de violencia de género.

Su presidenta, Natalia Morlas, asegura que los problemas que entonces denunciaban las usuarias no han desaparecido. Morlas habla tanto de su propia experiencia como de los testimonios que ha conocido a través de la asociación, y cuestiona especialmente la forma en que los profesionales describen las visitas y las reacciones de los menores. La presidenta de Somos Más sostiene que los informes pueden ofrecer una imagen muy distinta de la que las madres dicen observar. En su caso, asegura que los documentos describían a su hija feliz durante las visitas con el padre, mientras que la niña le manifestaba que apenas hablaba con él. También relata que tuvo que reclamar cuando, según su versión, la menor fue “arrancada de mis brazos para llevarla a la sala”: “Me hacían unos informes desastrosos”, afirma.

Morlas vuelve a cuestionar la supervisión de las visitas y reclama que se instalen cámaras en los centros. Según explica, las madres que participan en la asociación han pedido esta medida para poder aclarar posibles discrepancias sobre lo sucedido durante los encuentros. La normativa autonómica exige supervisión profesional en las visitas tuteladas, pero las condiciones del concierto vigente no establecen de forma general la instalación de cámaras de videovigilancia en las salas.

Otra madre que lleva tres años acudiendo al centro, describe su experiencia como “una nueva condena”. “Cuando llegas piensas que te van a defender, que te van a cuidar”, explica. Sin embargo, asegura que ha tenido que llevar a sus hijos a las visitas pese a que la niña decía tener miedo de su padre y el niño presentaba moratones que, según afirma, le había causado él. “Mi hija ha ido llorando y mi hijo con moratones, con denuncia y hasta pasó una noche en el calabozo”, relata. Sostiene que los técnicos obligaron a los menores a entrar y que estas situaciones nunca quedaron reflejadas en los informes: “Jamás han puesto que a mis hijos les da miedo su padre aunque ellos lo han dicho delante de los técnicos”.

“Los informes son de risa, mintiendo, ocultando información”, afirma. Ahora sus hijos se niegan a acudir al punto de encuentro, pero ella sigue llevándolos por miedo a que la denuncien por incumplir el régimen de visitas. “Yo los llevo porque sé que, si no, me denuncian”, explica. “Se supone que estás protegido, pero es mentira. No hay protección, ni prevención ni hay nada”.

Lo mismo pide Maribel –nombre ficticio–, una mujer cuya hija y nieta acuden al punto de encuentro familiar de Calatayud. Asegura que la familia de la expareja de su hija les ha increpado en numerosas ocasiones en el PEF y que en los informes “ponían lo contrario, que éramos nosotros”. La mujer asegura que ha podido observar cómo las visitas no están supervisadas, reclama más mecanismos de control y cuestiona la oposición a instalar cámaras: “Claro que no quieren cámaras, no quieren testigos”, afirma.

Este diario ha trasladado sus preguntas a APEFA, la entidad que gestiona ambos centros, que remitió la solicitud al Gobierno de Aragón. El Departamento de Bienestar Social y Familia no ha respondido a las preguntas específicas sobre los protocolos de supervisión, la elaboración de los informes y los mecanismos de control.

Preguntarle cómo hacer una gestión bancaria desde el móvil, pedirle consejo para reconocer una posible estafa, ejercitar la memoria o simplemente conversar sobre recuerdos de juventud. Son algunas de las posibilidades que ofrece Doña Paquita, una asistente de inteligencia artificial diseñada para facilitar la vida cotidiana de las personas mayores y ayudarles a superar las barreras tecnológicas. Caja Rural de Aragón ha puesto esta aplicación gratuita a disposición de los mayores de 65 años y ha organizado un taller práctico el próximo martes 27 de octubre en Zaragoza para enseñarles a utilizarla.

La iniciativa se enmarca en una tendencia creciente de utilización de la inteligencia artificial para favorecer la autonomía de las personas mayores, uno de los colectivos que más dificultades encuentra en el acceso a los servicios digitales. La progresiva sustitución de la atención presencial por aplicaciones móviles, trámites electrónicos y sistemas automatizados ha convertido operaciones tan habituales como consultar una cuenta bancaria, solicitar una cita o realizar una gestión administrativa en un desafío para quienes tienen menos experiencia tecnológica.

Doña Paquita pretende reducir esa distancia mediante un sistema de conversación sencillo. No es necesario conocer términos informáticos ni aprender a manejar instrucciones complicadas. Basta con hablarle o escribirle una pregunta de manera natural, como se haría con una persona de confianza, para recibir explicaciones adaptadas a las necesidades del usuario.

La aplicación incorpora distintas herramientas relacionadas con la vida cotidiana, el entretenimiento y el bienestar. Entre ellas figuran ejercicios para mantenerse físicamente activo, juegos y retos destinados a estimular la memoria, la atención y la concentración, propuestas de ocio e información sobre actividades y ayudas. También puede orientar en la organización de pequeñas tareas diarias.

Uno de sus principales ámbitos de actuación es la educación financiera. La asistente puede explicar conceptos bancarios de forma sencilla, acompañar a los usuarios en el manejo de la banca digital Ruralvía y ofrecer recomendaciones para identificar posibles fraudes, como mensajes sospechosos, intentos de suplantación de identidad o solicitudes fraudulentas de datos personales.

Esta funcionalidad cobra especial relevancia en un contexto en el que buena parte de las operaciones bancarias se realizan ya a través de internet y en el que las personas menos familiarizadas con la tecnología pueden encontrar mayores dificultades para distinguir una comunicación legítima de un intento de engaño. En cualquier caso, la aplicación actúa como herramienta de orientación y no sustituye las comprobaciones de seguridad ni la atención de la entidad financiera.

Pero Doña Paquita no se limita a resolver dudas prácticas. También dispone de un espacio dedicado a la conversación y los recuerdos, en el que puede proponer temas relacionados con las experiencias personales, la vida en los pueblos, las costumbres de otras épocas o las historias familiares. El objetivo es favorecer la interacción, estimular la memoria autobiográfica y proporcionar una experiencia digital más cercana.

Una brecha digital que persiste pese al avance de internet

Las cifras oficiales reflejan la magnitud de este desafío. Según el informe El uso de las tecnologías por los mayores en España 2026, elaborado por el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI), solo el 42,7% de las personas de 75 años o más utiliza internet al menos una vez por semana, frente al 95,4% de la población de entre 16 y 74 años.

Las diferencias son todavía mayores cuando se analizan las habilidades digitales. Apenas el 10,5% de los mayores de 75 años dispone de competencias digitales básicas, frente al 66,5% del conjunto de la población española de 16 a 74 años. Además, solo el 18,2% utiliza la banca electrónica, el 21,2% realiza gestiones con la administración pública a través de internet y el 7,7% ha efectuado compras en línea en los últimos tres meses.

La inteligencia artificial constituye una barrera adicional: únicamente el 2,5% de las personas de 75 años o más ha utilizado herramientas de IA generativa, según el mismo estudio.

En este contexto, aplicaciones como Doña Paquita tratan de acercar las nuevas tecnologías a una población que, pese a estar cada vez más conectada, sigue encontrando obstáculos para aprovechar muchos de los servicios disponibles.

Una iniciativa compartida por nueve cajas rurales

La implantación de Doña Paquita forma parte de una iniciativa de educación financiera en la que participan nueve entidades: Caja Rural de Aragón, Caja Rural de Asturias, Caja Rural de Jaén, Caja Rural de Navarra, Caja Rural de Onda, Caja Rural de Salamanca, Caja Rural del Sur, Caja Rural Granada y Globalcaja.

La herramienta también contempla otras modalidades de acompañamiento. Su página oficial presenta una versión destinada a familias, actualmente accesible mediante invitación, que permite recibir información sobre la actividad cotidiana del familiar mayor, así como soluciones para residencias y centros de día, con actividades de estimulación cognitiva y seguimiento por parte de profesionales.

La extensión de estos asistentes digitales abre nuevas posibilidades para fomentar la autonomía y la participación de las personas mayores, aunque también plantea cuestiones relacionadas con la protección de los datos personales. En el caso de Doña Paquita, la información facilitada por su desarrollador en Google Play señala que la aplicación puede recopilar datos de ubicación, información personal y otras categorías, si bien indica que los datos se cifran durante su transmisión y que los usuarios pueden solicitar su eliminación.

Sus responsables recuerdan, además, que Doña Paquita es una inteligencia artificial y no una persona, por lo que su acompañamiento no sustituye la atención de profesionales sanitarios, financieros o de otros ámbitos.

Para dar a conocer la aplicación y facilitar su manejo, la Fundación Caja Rural de Aragón ha organizado un taller teórico-práctico gratuito el próximo martes 27 de octubre, a las 10.30 horas, en su sede de la calle Coso, 29, de Zaragoza.

La actividad está especialmente dirigida a personas mayores de 65 años y pretende mostrar de manera práctica cómo utilizar la herramienta, formular preguntas, acceder a sus contenidos y aprovechar sus funcionalidades.

Doña Paquita puede descargarse gratuitamente tanto en Google Play para dispositivos Android como en la App Store para iPhone y iPad.

La herramienta está disponible de forma gratuita para toda la sociedad, no únicamente para los clientes de las cajas rurales participantes, según informa la web oficial del proyecto.

Zaragoza ha crecido hacia el sur, pero su distribución de comisarías de Policía Nacional continúa respondiendo a una organización establecida hace más de una década. Seis asociaciones vecinales de Arcosur, Rosales del Canal, Valdespartera, Montecanal y Valdefierro se han unido para reclamar la creación de una sexta comisaría de distrito que dé servicio a esta zona de la ciudad, donde residen ya más de 43.700 personas y cuya población podría alcanzar los 100.000 habitantes cuando se complete su desarrollo urbanístico.

Bajo el lema 'Luz azul en el Distrito Sur', la campaña, promovida por la Asociación de Vecinos Arcosur 360, plantea dos reivindicaciones: una mayor presencia policial visible durante las tardes y noches y la construcción de una comisaría de Policía Nacional que atienda a los cuatro barrios que integran el Distrito Sur.

La iniciativa cuenta con el respaldo de las asociaciones Arcosur 360, Entrelagos de Rosales del Canal, Parque Libro de la Selva y Los Montes de Valdespartera, Los Sauces de Montecanal y Corredor Verde de Valdefierro. Las dos últimas incorporaciones han sido Los Sauces y Los Montes, que se sumaron este lunes a una petición que reúne ya a colectivos de todos los barrios del distrito y del vecino Valdefierro.

El presidente de Arcosur 360, Antonio Palacios, aclara que la reivindicación no responde a una situación de inseguridad grave. Aunque se han producido incidentes aislados, como actos vandálicos contra vehículos en la calle Centauros del Desierto, junto al acceso al recinto ferial, o robos en trasteros, especialmente numerosos en estos desarrollos residenciales, los vecinos no consideran que el Distrito Sur sea una zona conflictiva. Lo que reclaman es una mayor proximidad policial y una presencia habitual de patrullas que contribuya a reforzar la sensación de seguridad.

Palacios pone como ejemplo Montecanal, donde reside población de mayor edad para la que considera especialmente importante contar con una presencia policial cercana y visible. De hecho, el nombre de la campaña hace referencia a las luces azules de los vehículos policiales, cuya presencia transmite tranquilidad a los vecinos, pero que no resulta habitual en las calles del distrito. “Cuando viene alguna patrulla, la gente gira la cabeza con sorpresa”, explica.

Un mapa policial anterior al crecimiento del sur

Zaragoza dispone de cinco comisarías de distrito de Policía Nacional, situadas en Actur-Rey Fernando, Arrabal, Centro, Delicias y San José. Su distribución quedó recogida en la Orden INT/28/2013, cinco años antes de la creación administrativa del Distrito Sur, en 2018.

Desde entonces, el crecimiento residencial de Arcosur, Rosales del Canal, Montecanal y Valdespartera ha transformado esta parte de la capital aragonesa. Según los datos del padrón municipal a 1 de enero de 2026 aportados por las asociaciones, el distrito suma 43.705 habitantes y ocupa una superficie de 60,5 kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en el segundo más extenso de Zaragoza.

Los colectivos vecinales consideran que esta expansión demográfica y territorial justifica revisar la distribución de las instalaciones policiales. Como referencia, señalan que Sevilla, con una población ligeramente inferior a la de Zaragoza según el INE a comienzos de 2025, contaba con seis comisarías de distrito en la misma orden ministerial.

Palacios recuerda que la capital andaluza también tuvo que adaptar su organización policial al crecimiento urbano y considera que Zaragoza debería anticiparse a una situación similar. A su juicio, el mapa policial de 2013 ha quedado desfasado respecto a una ciudad que se ha expandido considerablemente hacia el sur.

El presidente vecinal señala, además, que el propio equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza es consciente del importante crecimiento demográfico que todavía tienen por delante estos barrios. Por ello, considera que una zona que podría alcanzar los 100.000 habitantes no puede seguir siendo tratada como un conjunto de barrios dormitorio, sin los servicios y equipamientos públicos que corresponden a su población.

Las asociaciones también ponen el acento en las distancias que separan los nuevos barrios de las instalaciones policiales existentes.

14 kilómetros hasta la comisaría de San José

Según los cálculos recogidos en la campaña, desde Arcosur hay unos 14 kilómetros hasta la comisaría de San José, un desplazamiento que puede prolongarse hasta 57 minutos en transporte público. Para acudir a la de Delicias, que identifican como la más próxima para presentar una denuncia presencial, estiman un trayecto de 42 minutos en autobús.

Palacios incide en las dificultades que supone desplazarse hasta Delicias, un distrito densamente poblado y con problemas de aparcamiento, para realizar trámites como la presentación de denuncias. También señala los desplazamientos que deben afrontar los vecinos para renovar el DNI, al no disponer de una oficina de expedición en el Distrito Sur. Entre los trayectos, la búsqueda de estacionamiento y las gestiones, sostiene que estos trámites pueden acabar ocupando buena parte de la mañana.

A ello añaden las limitaciones que, a su juicio, presenta la presencia de Policía Local en estos barrios. Señalan que únicamente Valdespartera figura en el servicio municipal de policía de barrio, con horario de 8.00 a 21.00 horas, mientras que las patrullas nocturnas tienen como referencia el cuartel de La Paz, situado a unos 11 kilómetros de la entrada de Arcosur.

Los vecinos reclaman, por tanto, no solo una nueva comisaría de Policía Nacional, sino también más patrullas de Policía Local, dado que el distrito no está incluido en la policía de barrio, y una mayor cobertura del servicio de policía de barrio en Arcosur, Rosales del Canal y Montecanal.

Una parcela de más de 57.000 metros cuadrados en Arcosur

La campaña no se limita a reclamar unas instalaciones policiales, sino que plantea una posible ubicación. Las asociaciones proponen estudiar la parcela de equipamiento S-2 de Arcosur, de 57.379 metros cuadrados, situada junto a la glorieta de la avenida de Casablanca, entre Arcosur y Rosales del Canal.

Defienden que su emplazamiento permitiría acceder rápidamente a los cuatro barrios del distrito, con recorridos de uno o dos minutos hasta sus primeras viviendas, según sus estimaciones.

Se trata, en cualquier caso, de una propuesta vecinal cuya viabilidad urbanística y funcional está pendiente de estudiar. La decisión sobre la ubicación definitiva correspondería a las administraciones competentes. “No pedimos nada extraordinario. Pedimos que el mapa de la seguridad se ponga al día con el mapa de la ciudad”, sostiene Antonio Palacios, presidente de Arcosur 360, quien recuerda que Valdespartera ya alberga instalaciones de la Guardia Civil.

Las asociaciones dirigirán su petición a la Dirección General de la Policía y a la Delegación del Gobierno en Aragón, además de trasladarla a la Jefatura Superior de Policía de Aragón, al Ayuntamiento de Zaragoza y a la Junta Municipal del Distrito Sur.

También pretenden que la Junta Municipal debata y apruebe una posición institucional sobre la necesidad de contar con una comisaría propia.

La iniciativa incluye un registro de incidencias para recoger experiencias de los residentes, sin identificar personas ni domicilios concretos, y una campaña de adhesiones entre los establecimientos comerciales, que podrán exhibir el cartel de “Luz azul en el Distrito Sur” en sus escaparates.

Los seis colectivos han elaborado un pliego común de reivindicaciones que cada asociación ha adaptado a las necesidades específicas de su barrio. “Cuando asociaciones de cuatro barrios piden lo mismo, ya no es la queja de un barrio: es una necesidad del distrito”, defiende Palacios.

Con esta campaña aspiran a situar la dotación policial entre las prioridades de una de las zonas de mayor expansión residencial de Zaragoza, sin presentar el distrito como un foco de delincuencia, sino reivindicando que el crecimiento de la ciudad vaya acompañado de unos servicios públicos adecuados a las necesidades de sus habitantes.

Zaragoza quiere recuperar la final de Technovation Girls, una competición internacional que anima a niñas y jóvenes de entre 8 y 18 años a desarrollar soluciones tecnológicas para problemas sociales y medioambientales. La capital aragonesa acogió este encuentro en 2018 y 2019, pero la pandemia interrumpió su celebración presencial en 2020 y desde entonces los equipos aragoneses han tenido que desplazarse a Madrid para participar en las finales. Ahora, las impulsoras de la iniciativa se han marcado el reto de reunir suficientes participantes para que Aragón vuelva a contar con una final propia.

Para conseguirlo, necesitan un mínimo de ocho equipos en cada una de las categorías de la competición, además de la colaboración de centros educativos, familias y personas voluntarias que puedan acompañar a las participantes durante el desarrollo de sus proyectos.

El primer paso será una jornada de presentación que tendrá lugar el próximo viernes 23 de octubre, a las 18.30 horas, en el edificio Ada Byron del Campus Río Ebro de la Universidad de Zaragoza. El encuentro está dirigido a niñas y jóvenes interesadas en participar, docentes, familias y profesionales que quieran colaborar como mentores.

Technovation Girls cuenta con una trayectoria consolidada en Aragón. Zaragoza acogió dos finales presenciales, en 2018 y 2019, antes de que la irrupción de la COVID-19 obligara a trasladar la competición al formato digital en 2020.

Aunque la ciudad dejó de organizar su propia final, la participación aragonesa continuó en las siguientes ediciones. En 2024, media docena de equipos de la comunidad acudieron a la final celebrada en Madrid, mientras que en 2025 la representación aumentó hasta alcanzar los diez equipos de las distintas categorías. Uno de los equipos aragoneses consiguió avanzar hasta las semifinales de la competición.

La trayectoria de las participantes aragonesas incluye también reconocimientos internacionales. En 2022, cinco niñas zaragozanas integrantes del equipo Menudas Mentes consiguieron un premio en la categoría de principiantes con WE R, una aplicación diseñada para concienciar sobre la contaminación por plásticos y promover hábitos responsables mediante retos y un sistema de puntos.

Con estos antecedentes, las promotoras consideran que Aragón tiene capacidad para recuperar una final propia, siempre que consiga movilizar a suficientes participantes y mentores.

Tecnología para resolver problemas reales

Technovation Girls es un programa educativo internacional, impulsado en España por la asociación sin ánimo de lucro Power to Code, que combina formación tecnológica, emprendimiento y compromiso social.

Las participantes, organizadas en equipos, deben identificar un problema de su entorno y desarrollar una solución tecnológica, mediante una aplicación móvil o un proyecto de inteligencia artificial. Durante el proceso aprenden a trabajar en equipo, tomar decisiones, diseñar proyectos, comunicar sus ideas y defenderlas en público.

La participación es gratuita y no requiere conocimientos previos de programación. Tampoco es necesario ser especialista en tecnología para colaborar como mentor, ya que los equipos necesitan acompañamiento en diferentes ámbitos, desde la organización y la comunicación hasta el desarrollo de sus propuestas.

El programa busca especialmente despertar vocaciones en las disciplinas STEM —ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas— y combatir los estereotipos que todavía condicionan la presencia femenina en las profesiones científicas y tecnológicas.

Según los datos facilitados por la organización, más de 400.000 niñas de 120 países han participado en Technovation Girls y el 76% ha continuado posteriormente estudios relacionados con estas disciplinas.

Las impulsoras de Technovation Girls en Aragón quieren aprovechar la próxima edición para ampliar la participación y recuperar el encuentro presencial en Zaragoza. El objetivo es implicar a colegios, institutos, familias, empresas tecnológicas y profesionales dispuestos a colaborar de manera voluntaria.

“Queremos demostrar a nuestras niñas que pueden crear tecnología, emprender y transformar su entorno”, destacan las organizadoras.

La jornada del 23 de octubre permitirá explicar el funcionamiento del programa, las distintas categorías de participación y las posibilidades de colaboración, además de facilitar el contacto entre futuras participantes y mentores.

Las personas interesadas pueden solicitar información a través del correo electrónico technovation.core.zaragoza@gmail.com.

Sonia Segura, de 36 años, tiene dos hijas de 17 y 9 años y está embarazada de una tercera, de la que sale de cuentas el próximo 1 de noviembre. El 13 de noviembre, apenas doce días después de la fecha prevista para el parto, está señalado el lanzamiento de la vivienda en la que reside en Alagón, en la provincia de Zaragoza. Tiene reconocida la situación de vulnerabilidad y es víctima de violencia de género, pero todavía no ha encontrado un alquiler asequible para su familia, por lo que pide más tiempo para encontrar una casa que pueda pagar: “Yo lo único que pido es un poco más de tiempo hasta que me aparezca un piso”, explica. 

Su actual pareja la está ayudando a buscar vivienda, pero asegura que las dificultades económicas y los requisitos de los propietarios les cierran las puertas. “Con lo que cobro no se puede, no hay manera de alquilar nada con los precios de la vivienda actuales, se nos ha ido echando el tiempo encima, está todo imposible”. 

La situación, que ha adelantado esta semana 'Heraldo de Aragón', se ha vuelto especialmente angustiosa por la proximidad del parto. Sonia cuenta que tiene anemia, se encuentra muy débil y los nervios le están pasando factura. También le preocupa cómo organizar una mudanza con tan poco margen y qué hacer con sus pertenencias, incluso en el caso de que alguien pueda acogerla temporalmente. “No sé dónde meter mis cosas”, lamenta. A sus hijas todavía no les ha contado que tendrán que abandonar la vivienda: “Estoy muy agobiada, nunca te imaginas llegar a esta situación”. 

El procedimiento judicial tiene su origen en la demanda de desahucio por precario presentada por la propietaria del inmueble, la madre de su expareja, con quien Sonia mantuvo una relación de 14 años. La pareja se rompió tras un caso de violencia de género y una condena por amenazas tras la que se le impuso la prohibición de aproximarse a ella a menos de 200 metros y de comunicarse en dos años, según recoge la sentencia del Juzgado de lo Penal número 9 de Zaragoza de marzo de 2025. 

La resolución considera probado que, durante una discusión por la separación y en presencia de la hija de ambos, que entonces tenía siete años, el hombre amenazó a Sonia con degollarla, enterrarla viva y no descansar hasta verla “bajo tierra”. La magistrada considera que el testimonio de la mujer fue coherente y creíble, y que estaba corroborado por cuatro grabaciones de audio en las que se escuchaban amenazas similares. La sentencia, sin embargo, lo absolvió del delito de malos tratos por una supuesta agresión física denunciada al día siguiente, al considerar que no había pruebas suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia.

Sonia relata que las discusiones se intensificaron cuando decidió terminar la relación y que llegó a denunciar las amenazas después de que la Guardia Civil las escuchara. Tras la ruptura, ella permaneció en la vivienda con su hija, mientras su expareja abandonó el domicilio. La relación con la propietaria se deterioró y, según afirma Sonia, llegó a quedarse sin suministro eléctrico. “Me cortaron los cables de la luz. Cada vez que venía Endesa a poner la luz me decían que era una okupa. Yo no lo considero así”, sostiene.

La mujer explica que intentó regularizar su situación mediante un contrato de alquiler, pero que la propietaria se negó a firmarlo. Asegura que esta negativa está relacionada con la denuncia contra su hijo y con la orden de alejamiento. “La entiendo, pero es que vivo con su nieta”, afirma. La demanda presentada por la ahora exsuegra de Sonia fue estimada y el procedimiento ha llegado a la fase de ejecución del lanzamiento, previsto para el 13 de noviembre a las 10:45.

La defensa pide suspender el lanzamiento

El abogado Javier Ferreira, del despacho KLYO Abogados, ha presentado un escrito para solicitar que se suspenda el lanzamiento y se requiera a los servicios sociales para que proporcionen una alternativa habitacional a Sonia.

La defensa sostiene que debe aplicarse el artículo 2.2 del real decreto publicado en el BOE que invoca en su escrito. Según explica el letrado, la norma permitiría solicitar la suspensión del lanzamiento en las circunstancias de vulnerabilidad que concurren en este caso. Ferreira asegura que ya se habían intentado otras vías para paralizarlo, pero que las suspensiones anteriores habían perdido vigencia y el procedimiento continuó.

“Su situación es francamente angustiosa”, resume el abogado, que considera necesario que se tenga en cuenta la situación de la mujer y la falta de una alternativa habitacional antes de ejecutar el desahucio.

Sonia explica que ha tenido dificultades para obtener el reconocimiento de su vulnerabilidad y que, cuando ha intentado acceder a recursos de vivienda, se ha encontrado con nuevos obstáculos. Afirma que se ha inscrito en una bolsa de pisos, pero que le han comunicado que ocupa una posición muy retrasada porque no dispone de contrato de alquiler.

Mientras tanto, la búsqueda de vivienda continúa sin resultados. Sonia insiste en que no pretende quedarse en el inmueble sin una solución ni prolongar indefinidamente el conflicto, sino disponer del margen necesario para encontrar un hogar para sus tres hijas. “Si no tengo dónde irme, ¿qué hago?”, se pregunta. “No encuentro salida ni nada por ningún lado”.

Una mujer ha denunciado haber sufrido tocamientos en un local de la calle Santa Isabel, en el Casco Histórico de Zaragoza, durante la madrugada de este viernes, en plenas Fiestas del Pilar. El presunto agresor fue detenido tras la intervención de la Policía Local. La Policía Nacional ha abierto una investigación a través de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM).

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre lo ocurrido. El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha condenado la agresión y ha defendido el derecho de las mujeres a disfrutar de las fiestas “libres y seguras, sin miedo y sin violencia machista”.

“Es intolerable que dos mujeres hayan sido víctimas de esta violencia durante las fiestas. Tolerancia cero y nuestro compromiso más firme contra esta lacra. Ni una agresión más”, ha señalado Beltrán. La Delegación del Gobierno ha puesto a disposición de la víctima y de su entorno los recursos de atención y acompañamiento que puedan necesitar.

Por su parte, el Ayuntamiento de Zaragoza ha expresado su rechazo a los hechos y su solidaridad con la víctima. El Consistorio ha reiterado su compromiso con la prevención y erradicación de las agresiones sexistas y ha llamado a la ciudadanía a no mirar hacia otro lado ante este tipo de comportamientos.

Como muestra de condena, se suspenderán durante cinco minutos los actos culturales programados este viernes 16 de octubre a las 17:00. Además, el Ayuntamiento ha convocado un minuto de silencio a las puertas de la Casa Consistorial para este sábado 17 de octubre a las 12:00.

En otoño, los bosques van cambiando de aspecto a medida que avanzan las semanas. Las hojas pierden poco a poco su color verde y aparecen tonos amarillos, naranjas y rojizos antes de caer de las ramas. Este proceso puede apreciarse tanto en las copas de los árboles como en los senderos, donde parte del follaje termina acumulándose. El cambio depende de las condiciones meteorológicas y no se produce al mismo tiempo en todos los ejemplares, por lo que un mismo bosque puede mostrar colores diferentes durante una misma jornada.

En Aragón, algunas rutas de montaña permiten observar esta transformación sin necesidad de subir hasta las cumbres. En las zonas donde la humedad favorece el crecimiento de hayas, los senderos atraviesan masas forestales en las que conviven distintas especies. Estas excursiones también permiten conocer la relación que durante años mantuvieron las poblaciones cercanas con el monte, del que obtenían recursos como madera o carbón. Algunos de aquellos usos han dejado restos que todavía pueden encontrarse durante el paseo.

Uno de estos lugares se encuentra en el entorno del Moncayo, cerca de Tarazona, en la provincia de Zaragoza. El hayedo de Peña Roya cuenta con una ruta circular que permite adentrarse entre los árboles, observar los cambios propios del otoño y pasar por un paraje donde se conservan antiguas construcciones. El trazado combina senderos señalizados y pistas forestales y permite conocer esta parte de la montaña sin afrontar la subida hasta las cotas más altas.

Cómo es la ruta circular por el hayedo de Peña Roya

El recorrido, identificado como sendero S-1, tiene aproximadamente 7,5 kilómetros. Puede completarse en unas dos horas y media, aunque la duración dependerá del ritmo y de las paradas que se hagan durante la marcha. Acumula 280 metros de subida y otros tantos de bajada, un desnivel que conviene tener en cuenta aunque no se trate de una ruta de alta montaña. Tanto el inicio como el final se encuentran en el aparcamiento situado junto a la Fuente de Sacristán.

Desde este punto se toma el camino que asciende en dirección al santuario de la Virgen del Moncayo. Más adelante se llega a una pista cerrada al tráfico, donde hay otro aparcamiento auxiliar. A partir de ahí, la marcha continúa por una vía forestal que atraviesa el hayedo. El sendero cuenta con señalización, incluidas marcas sobre algunos árboles, que ayudan a orientarse en los cruces. Durante la subida , la ruta se aproxima varias veces a las curvas de la carretera y la cruza en distintos puntos antes de volver a internarse en el bosque.

A medida que se avanza aparecen hayas de diferentes tamaños junto a acebos, serbales, brezos y distintas plantas herbáceas. La densidad de las copas condiciona la cantidad de luz que llega al suelo y hace que la vegetación cambie de unos tramos a otros. En otoño, las hojas de las hayas adquieren distintas tonalidades mientras otras especies mantienen el verde. El follaje caído transforma además el aspecto de los sectores más cerrados y cubre parte del suelo del sendero.

El hayedo conserva también señales de antiguos aprovechamientos. Durante años proporcionó madera para leña y para la elaboración de carbón, dos actividades habituales en estos montes. Estos usos forman parte de la historia del lugar y ayudan a entender la relación que mantuvieron durante generaciones las poblaciones cercanas con los recursos del bosque.

La marcha continúa por las laderas hasta acercarse de nuevo a la pista que sube hacia el santuario. En este punto hay que seguir en sentido descendente hasta alcanzar el prado de Santa Lucía. Allí se conservan las ruinas de una ermita y un antiguo pozo de nieve, dos de los principales puntos de interés del circuito una vez fuera de la parte más cerrada del hayedo. Desde el prado, el camino de regreso vuelve a estar señalizado y conduce de nuevo hasta la Fuente de Sacristán.

En distintos puntos aparecen referencias como Haya Seca y el barranco de Castilla. También existen cruces con otros recorridos, entre ellos el GR 90.1 y el sendero del Barranco del Apio. Para completar la vuelta de Peña Roya conviene seguir las señales correspondientes al S-1 y prestar atención donde coinciden varias pistas. También es recomendable llevar calzado adecuado y consultar la previsión meteorológica antes de comenzar.

El Parque Natural del Moncayo, en la provincia de Zaragoza

El Parque Natural del Moncayo ocupa unas 11.144 hectáreas repartidas entre nueve municipios: Tarazona, San Martín de la Virgen del Moncayo, Lituénigo, Litago, Trasmoz, Añón de Moncayo, Talamantes, Calcena y Purujosa. Los seis primeros pertenecen a la comarca de Tarazona y el Moncayo; Talamantes, a la del Campo de Borja; y Calcena y Purujosa, a la del Aranda. Su punto más alto es el pico de San Miguel, con 2.315 metros, que constituye además la máxima elevación del Sistema Ibérico.

La altura y la orientación hacen que el aspecto del parque cambie de unas zonas a otras. En la vertiente norte, donde se encuentra Peña Roya, aparecen bosques favorecidos por unas condiciones más húmedas, mientras que en otros sectores predominan especies propias de ambientes mediterráneos. Esta variedad explica que una ruta como la del S-1 permita recorrer un hayedo sin necesidad de alcanzar las zonas más elevadas del Moncayo.

La Policía Nacional ha detenido en Lorca (Murcia) a dos presuntos integrantes de una organización criminal dedicada supuestamente a cometer estafas informáticas mediante la técnica conocida como 'vishing', basada en llamadas telefónicas en las que los autores suplantan la identidad de empleados bancarios para obtener las credenciales de acceso a las cuentas de sus víctimas.

La investigación ha permitido identificar a cinco presuntos integrantes del grupo y a otras 13 personas que habrían sido estafadas. Según la Policía Nacional, el importe total defraudado conocido hasta el momento supera los 100.000 euros.

Las pesquisas comenzaron el pasado 17 de junio, tras la denuncia presentada por una mujer de 70 años en Zaragoza. La víctima manifestó haber recibido una llamada de una persona que se identificó como empleado de su entidad bancaria y que, mediante técnicas de ingeniería social, consiguió que facilitara sus credenciales de acceso a la banca 'online', según ha informado la Policía Nacional.

El interlocutor le indicó que necesitaba esos datos para intentar paralizar un supuesto movimiento fraudulento en su cuenta. Sin embargo, una vez obtenida la información bancaria, los presuntos autores la utilizaron para realizar operaciones fraudulentas y extraer dinero en efectivo de distintos cajeros automáticos.

La primera fase de la investigación se centró en recopilar y analizar información sobre los movimientos y las operaciones vinculados a los hechos para seguir el rastro del dinero y avanzar en la identificación de los responsables.

Las gestiones posteriores permitieron localizar a los presuntos integrantes de la organización y relacionarlos con otras estafas cometidas mediante el mismo procedimiento, entre ellas extracciones de efectivo en cajeros automáticos de Lorca, en la Región de Murcia, y Jerez de la Frontera, en Cádiz.

Como resultado de la operación, dos de los sospechosos fueron detenidos en Lorca, en una intervención en la que colaboró la Policía Nacional de esta localidad. Los otros tres investigados, dos ubicados en Cádiz y uno en Granada, permanecen en paradero desconocido, por lo que continúan las gestiones para localizarlos. La Policía no descarta nuevas detenciones a medida que avance la investigación.

A los cinco investigados se les atribuyen presuntos delitos de estafa informática continuada y pertenencia a grupo criminal.

Recomendaciones para evitar el 'Vishing'

La Policía Nacional recomienda desconfiar de las llamadas en las que una persona que afirma trabajar para una entidad bancaria, una compañía energética o una empresa de telefonía solicita información confidencial.

También aconseja no facilitar a terceros las credenciales de acceso a la banca 'online' ni otros datos sensibles, aunque el interlocutor asegure que necesita esa información para proteger las cuentas o evitar una operación fraudulenta.

Ante una llamada sospechosa, recomienda finalizar la comunicación y contactar directamente con la entidad a través de sus canales oficiales.

¿Cómo ha cambiado el uso del espacio público durante los últimos 50 años? ¿Son hoy las calles, plazas y parques lugares más libres, abiertos y participativos? ¿Quién decide cómo se utilizan y qué papel desempeña la ciudadanía en su transformación? Estas son algunas de las preguntas que centrarán el coloquio 'Por otros 50 años de espacio público en libertad', organizado por elDiario.es Aragón, con el patrocinio de la Fundación Bernardo Aladrén y la colaboración de la Delegación del Gobierno en Aragón.

El encuentro tendrá lugar el próximo jueves 22 de octubre, de 19.00 a 21.00 horas, en el Ateneo Laico Stanbrook de Zaragoza –travesía de Nicolás Funes, 8– y reunirá a cuatro profesionales con trayectorias y experiencias muy diferentes para reflexionar sobre la evolución del espacio público durante medio siglo de democracia y los retos que plantea su utilización en el futuro. Para acudir, es necesario reservar plaza a través de este enlace.

Desde la planificación urbanística y la regeneración de los barrios hasta la irrupción de las nuevas tecnologías, la vigilancia, la convivencia o los conflictos por el uso de determinados espacios, el debate abordará una cuestión fundamental: cómo garantizar que las ciudades sigan siendo lugares de encuentro, participación y ejercicio de las libertades ciudadanas.

Cuatro miradas sobre el espacio público

El geógrafo y profesor de la Universidad de Zaragoza Paco Pellicer será el encargado de conducir la mesa redonda. Especialista en ordenación del territorio y medioambiente, fue director técnico del Consorcio Pro Expo Zaragoza 2008 y director general adjunto de la muestra internacional. Actualmente es uno de los impulsores de 'Zaragoza sueña fuerte', una iniciativa que plantea repensar el futuro de la ciudad desde la sostenibilidad, la cultura, la innovación y la participación ciudadana.

Pellicer introducirá el debate sobre la necesidad de recuperar y mejorar los espacios de convivencia, desde las plazas y parques hasta las bibliotecas y los equipamientos culturales, y sobre el papel de la ciudadanía en la construcción de una ciudad más habitable y cohesionada.

Daniela González, responsable de Comunicación de la Fundación Hermes, dedicada a identificar, difundir y defender los derechos de los ciudadanos en el entorno digital, aportará la perspectiva tecnológica y su relación con el ejercicio de las libertades. Igualmente, abordará cómo las cámaras, los sensores, las aplicaciones y los sistemas de identificación están transformando la utilización del espacio público.

Su intervención planteará cómo aprovechar las posibilidades de la tecnología para mejorar la seguridad y los servicios sin normalizar una vigilancia generalizada, limitar derechos o excluir a quienes no disponen de herramientas digitales. También defenderá la importancia de incorporar a los jóvenes a las decisiones sobre el diseño y la gestión de los espacios que utilizan.

La arquitecta Patrizia Di Monte, cofundadora del estudio Grávalos & Di Monte y responsable del reconocido programa de regeneración urbana 'estonoesunsolar', analizará cómo ha evolucionado la concepción del espacio público y su relación con la democracia. Su experiencia en la recuperación de solares abandonados y su transformación en lugares de uso ciudadano servirá para reflexionar sobre quién decide el destino de los espacios urbanos y hasta qué punto sus habitantes participan en esas decisiones.

Di Monte abordará también la adaptación de las ciudades al cambio climático, la distribución de los espacios públicos entre los distintos barrios y las posibilidades de impulsar fórmulas de gestión compartida que refuercen el sentimiento de pertenencia de los vecinos.

Por su parte, Nacho Romanos, pionero del skateboarding en Zaragoza, propietario de Not Skate Shop y portavoz del Zaragoza Skateboarding Club, trasladará el debate a un conflicto concreto de la ciudad: el futuro del skatepark de Vía Hispanidad.

Romanos expondrá la oposición del colectivo a los proyectos urbanísticos que han amenazado la continuidad de estas instalaciones, especialmente en 2019 y 2025, y defenderá el derecho de los jóvenes a disponer de espacios públicos para practicar deporte y relacionarse. Su intervención permitirá comparar el tratamiento que reciben estas instalaciones en Zaragoza con el de otras ciudades europeas que apuestan por integrarlas en su trama urbana.

Una invitación a reflexionar sobre la ciudad que queremos

La mesa redonda pretende abrir un espacio de reflexión sobre las transformaciones que han experimentado las ciudades desde la recuperación de las libertades democráticas y sobre los nuevos desafíos que afectan al derecho de la ciudadanía a disfrutar del espacio público.

El encuentro pondrá sobre la mesa las tensiones entre los distintos usos de la ciudad, la planificación urbanística, los intereses económicos, las necesidades vecinales y las nuevas formas de participación, con la mirada puesta en los próximos 50 años.

El coloquio 'Por otros 50 años de espacio público en libertad' se celebrará el jueves 22 de octubre, entre las 19.00 y las 21.00 horas, en el Ateneo Laico Stanbrook de Zaragoza. La entrada es libre, aunque el aforo es limitado.

Si alguien se acercara al Canal Imperial durante las Fiestas del Pilar de 1934 podría encontrarse con una escena que igual no reconoce. Hablamos de nueve barcas decoradas recorriendo el agua, público en las orillas y dos aeroplanos sobrevolando el Canal.

Esto no era una recreación, sino que formaba parte del programa de las fiestas de Zaragoza de aquel año.

Las embarcaciones estaban adornadas y representaban a barrios de la ciudad y a diferentes pueblos y comarcas aragonesas, y sobre ellas se mostraban productos del campo relacionados con el territorio. La celebración tuvo lugar en la zona de la antigua Playa de Torrero y convirtió durante unas horas el Canal Imperial en uno de los escenarios de las Fiestas del Pilar.

Las barcas iban avanzando por el canal, mientras que las personas se concentraban en las orillas para seguir el desfile. Y, por encima, los aeroplanos que acompañaban una celebración que hoy se parecería más a una película que al programa de fiestas de la ciudad de Zaragoza.

Pero aquella escena nos muestra que los Pilares nunca han sido exactamente los mismos.

Un canal convertido en escenario

La fiesta náutica de 1934 no surgió de la nada, y es que aquel año en Zaragoza quiso rendir homenaje a Ramón Pignatelli, una de las figuras vinculadas a la construcción del Canal Imperial de Aragón, y el propio canal se convirtió en el escenario elegido para hacerlo.

La celebración llevó al agua una representación de la ciudad y del territorio aragonés. Las distintas embarcaciones estaban decoradas para representar a barrios zaragozanos y a localidades y comarcas de Aragón, en una especie de desfile sobre el agua.

El público podía seguir el recorrido desde las orillas de la antigua Playa de Torrero, una zona que entonces estaba relacionada con el ocio y el baño mucho más que la que conserva hoy.

Y sobre las barcas, el espectáculo continuaba en el cielo, y es que dos aeroplanos acompañaron el desfile desde el aire, una imagen que ayuda a entender hasta qué punto los programas festivos de la época buscaban convertir las celebraciones en grandes acontecimientos públicos.

La imagen de unos Pilares que ya no existen

Durante aquel Pilar, las barcas, los productos agrícolas, la decoración y las representaciones de distintos lugares de Aragón permitieron convertir una infraestructura de la ciudad en parte de la fiesta. El resultado fue una imagen muy alejada de la que hoy asociamos automáticamente con octubre en Zaragoza.

No había todavía una Ofrenda de Flores como la que conocemos ahora. De hecho, aquella tradición no llegaría hasta 1958. Antes, desde los años cuarenta, se habían realizado distintos actos vinculados a la colocación de flores en el camarín de la Virgen, pero no sería hasta ese año cuando la Ofrenda se incorporaría como tal al programa de las fiestas.

Aquella primera Ofrenda fue, además, muy diferente de la actual, y es que duró apenas dos horas y reunió a unas 2.000 personas. Con el paso de las décadas, el acto fue creciendo hasta convertirse en una de las imágenes más reconocibles de las fiestas.

Los Pilares de 1943 tenían otros protagonistas y otros lugares de encuentro, y algunos de ellos, como aquel tramo del Canal Imperial, acabarían desapareciendo por completo de la programación.

La secretaria general del PSOE-Aragón, Pilar Alegría, ha defendido la vivienda “digna, que tiene que ser hogar para los ciudadanos” en lugar del modelo que defiende la derecha y la “ultraderecha” donde solo se entiende como un “bien de mercado y un negocio para los especuladores y los fondos buitre”.

Alegría ha participado junto al secretario general del PSOE y presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en un acto de la precampaña electoral que ha tenido lugar en la tarde de este miércoles en un hotel de Zaragoza.

En su intervención se ha referido al “reto fundametal” de la vivienda y a la Ley de la vivienda para criticar a las comunidades autónomas del PP que no la aplican, como en Aragón y que lo ha atribuido a un “sectarismo ideológico” del presidente del Gobierno autonómico, Jorge Azcón.

Alegría ha comentado que antes de venir a este mitin ha entrado en un buscador para buscar viviendas de viviendas de alquiler en Zaragoza y se ha llevado la “sorpresa” de que “hay más habitaciones que viviendas para alquilar” y solamente había seis viviendas por debajo de 700 euros para alquilar y ninguna de ellas de más de 40 metros cuadrados.

“¿Me podéis decir qué familia puede vivir dignamente en viviendas que no llegan ni a 40 metros cuadrados con importes superiores a 700 euros el alquiler al mes? ¿Y de verdad no quieren aplicar la ley de la vivienda? ¿Y de verdad no quieren topar los precios de los alquileres en nuestras ciudades?”, se ha preguntado en tono enfático.

Para Alegría, la vivienda es una “causa digna” por la que ha apremiado a “seguir peleando” para ampliar el parque de viviendas protegidas porque en caso contrario “difícilmente se podrán topar esos precios o generar presión en la vivienda libre”.

La líder socialista aragonesa ha arremetido contra Azcón por repetir esa “martingala” de que el Gobierno de España ha hecho 86 viviendas en Aragón y “él lleva no se cuantos miles”. No obstante, ha precisado que “una mentira aunque se repita muchas veces no se convierte en verdad” recordando que la “política seria” de hacer vivienda protegida “para los ciudadanos de a pie” se llevó adelante con el gobierno de Marcelino Iglesias con más de 30.000 viviendas en sus 12 años en el Gobierno de Aragón, o las más de 2.200 con el Gobierno de Javier Lambán, mientras que Azcón “aún ha llegado a las 700”, ha comparado.

Además, ha recordado que de cada 10 euros que se invierten en Aragón en vivienda protegida, 6 euros proceden del “Gobierno de Pedro Sánchez Pérez-Castejón”. “Esto se le olvida a Azcón cuando se pone medallas en materia de vivienda”, ha subrayado.

Alegría ha hecho referencias constantes al lema de la precampaña “La fuerza de la gente” para aludir a las personas jubiladas, que en Aragón son 300.000, e incidir en que las pensiones en España “son y serán, con un gobierno progresista, lo que han sido siempre: públicas”.

Ha instado a “inundar” las urnas el 29 de noviembre para que las reivindicaciones sean realidad gracias a un Gobierno progresista y socialista liderado por Pedro Sánchez “un presidente valiente un presidente con voz propia, que fue capaz de plantarse frente a los poderosos y decir sí al reconocimiento del pueblo de Palestina y no a ese 5 por ciento de gasto en defensa”, ha expresado.

También ha hablado de la reforma laboral que hizo el PSOE que supone que más de 22 millones de españoles trabajen y de ellos más de 10 millones son mujeres. “España es el país que más crece, el que más ha reducido la temporalidad y ha logrado subir más del 60% del salario a esos trabajadores que perciben el SMI que cobraban 735 euros y en la actualidad superan los 1.200 euros al mes.

Llenar las urnas

“Esa es la política de la realidad de los hechos. Esa es la política de la realidad de los hechos de este gobierno. Eso es lo que tenemos que seguir haciendo, atender a la fuerza de la gente, seguir trabajando para preocuparnos y ocuparnos de los de siempre, de la gente de a pie, de los que necesitan verdaderamente de la política útil, respuestas y soluciones”.

Según Alegría, todo esto lo ha hecho el Gobierno central a pesar de tener la “peor oposición en España”, que ha hecho de la “rabia, odio y confrontación la única forma de hacer política porque ha renunciado al legítimo debate de las ideas, los hechos y las propuestas”. “Que sigan rabiando e insultando y nosotros con la fuerza de la gente seguiremos gobernando y mejorando la vida de la gente”, ha repetido.

El 29 de noviembre “nos jugamos derechos, viviendas y pensiones dignas, una apuesta clara por la sanidad y educación pública, pero también nos jugamos qué modelo de sociedad queremos, qué sociedad queremos dejarles para nuestros hijos y para las generaciones futuras”, ha advertido Alegría.

“Yo no quiero que mi hijo se tenga que acostumbrar a una sociedad enfrentada, donde no se respete al que piense diferente. Ni quiero tampoco que a los adversarios políticos nos tilden constantemente de enemigos”, ha manifestado.

Por eso, “hay que llenar las urnas” el próximo 29 de noviembre, ha repetido Alegría al dirigirse a todos los que quieran construir una sociedad “del respeto, que abrace a los que vienen de fuera también a trabajar y tener un futuro mejor en nuestro país”.

“Una sociedad que escuche, solidaria, que empatice, que se preocupe por la gente de a pie. Tenemos que salir y llenar las urnas para construir ese modelo de sociedad que queremos para nosotros y para las generaciones que vienen después”, ha insistido.

Antes de finalizar ha comentado que en la vida se eligen equipos y por un lado está el candidato “nitrógeno” --en referencia a Feijóo sin citarlo-- que es una autodefinición porque el nitrógeno es un “gas inoloro, inodoro e insípido” y en el otro equipo está el “perro, que es el mejor amigo del hombre”, ha recordado.

Tras esta explicación ha emplazado a los asistentes al que el próximo 29 de noviembre, “todos ahí, al lado de ese hombre, al lado de nuestro secretario general, con Pedro Sánchez”, ha concluido.

“Cuidadín”

El mitin lo ha abierto la secretaria general del PSOE de Zaragoza, Teresa Ladrero, quien ha resaltado que el 29N “nos jugamos el derecho a una vivienda digna” después de que el Gobierno de Aragón haya elevado el módulo de la VPA y “ahora cuesta 50.000 euros más”, ha asegurado.

Ladrero ha dicho que el mayor reto es el “cambio climático” que para la derecha son “palabras tabú”, cuando es una “emergencia absolutamente nacional” y del medio rural ha observado que “está en horas bajas cuando gobierna el Partido Popular y Vox”.

También se ha referido al Gobierno de Zaragoza, que dirige la alcaldesa del PP, Natalia Chueca, que ha calificado de “superclasista” para alertar del riesgo de que la “ultraderecha” gobierne en España y porque es “más radical que Le Pen y Meloni. Cuidadín. Sería totalmente destructivo para España”.

Los robos de cable de cobre se han convertido en un problema recurrente en Aragón, donde en los últimos meses se han sucedido las operaciones policiales contra grupos dedicados a sustraer este material, tanto de las instalaciones de alumbrado público como de las infraestructuras ferroviarias. La última investigación de la Guardia Civil se ha saldado con la detención de tres personas por once robos cometidos en distintas localidades zaragozanas, con unos daños y un valor del material sustraído que superan conjuntamente los 40.000 euros. Uno de los arrestados ha ingresado en prisión.

La denominada operación “GIECU”, desarrollada por las unidades de investigación de la Guardia Civil de Ejea de los Caballeros, en colaboración con agentes de Tudela y la Policía Local ejeana, se inició tras detectarse una sucesión de robos con fuerza en las instalaciones de alumbrado público de varios municipios de la provincia.

Los investigadores relacionaron once hechos delictivos cometidos en Pinseque, Tauste, La Joyosa, Torres de Berrellén, Cabañas de Ebro y Ejea de los Caballeros, incluidos el polígono industrial de Valdeferrín y las pedanías de Valareña, Pinsoro y El Sabinar. Todos presentaban características similares, lo que permitió establecer que podrían haber sido perpetrados por las mismas personas.

Los autores actuaban de noche y utilizaban un procedimiento prácticamente idéntico en todos los casos. Forzaban las arquetas del alumbrado público para acceder a las conducciones subterráneas, extraían el cable de cobre y cargaban el material en un vehículo con el que abandonaban rápidamente la localidad.

Las pesquisas permitieron identificar a tres sospechosos que presuntamente se desplazaban desde Navarra hasta distintos municipios zaragozanos para cometer los robos. Los agentes también comprobaron que parte del cobre sustraído había sido vendido a centros de tratamiento de residuos.

En uno de estos establecimientos localizaron 61 kilos de cable que pudieron ser identificados por los perjudicados como parte del material robado. El valor de las sustracciones y de los desperfectos ocasionados en las instalaciones municipales supera los 40.000 euros.

Con los indicios reunidos, la Guardia Civil procedió el pasado 7 de octubre a la detención de los tres sospechosos en Tudela (Navarra). Se trata de tres varones de nacionalidad española, de entre 17 y 37 años, dos de ellos con antecedentes por delitos contra el patrimonio.

A los arrestados se les atribuyen once delitos de robo con fuerza. Tras pasar a disposición judicial, se decretó el ingreso en prisión de uno de ellos.

Robos en infraestructuras ferroviarias

La operación se suma a otras actuaciones recientes de la Guardia Civil que ponen de manifiesto la reiteración de este tipo de delitos en Aragón. Aunque los últimos robos han afectado al alumbrado público, las instalaciones ferroviarias también se han convertido en objetivo de los ladrones, con consecuencias que van más allá del valor económico del cobre sustraído.

El pasado 23 de septiembre se conoció la detención de dos personas en Huesca y la investigación de una tercera por el robo de cableado en la línea ferroviaria convencional Madrid-Chamartín–Barcelona-Estación de Francia. La operación, desarrollada por el Equipo Roca de Barbastro, permitió recuperar 350 kilos de cobre y las herramientas presuntamente utilizadas en las sustracciones.

Los investigadores atribuyeron los hechos a un grupo que actuaba de manera reiterada durante la noche y aprovechaba lugares de difícil acceso para evitar ser descubierto. Los cortes provocaron importantes retrasos en la circulación de trenes de viajeros y mercancías. El valor del material y los daños ocasionados superó los 30.000 euros.

Meses antes, en marzo, la Guardia Civil había detenido a otras tres personas por sustraer 400 metros de cable de cobre de la línea ferroviaria convencional Madrid-Barcelona, a su paso por los términos municipales zaragozanos de Castejón de las Armas y Bubierca. Los agentes localizaron en Ateca un vehículo que transportaba 14 rollos de cable y diversas herramientas. Los daños fueron valorados en más de 33.500 euros y, según la Guardia Civil, el robo ocasionó un grave deterioro de la infraestructura ferroviaria.

Estas tres operaciones han supuesto al menos ocho detenciones y una persona investigada en Aragón durante 2026, además de unos perjuicios económicos que, sumando las valoraciones facilitadas en cada caso, superan los 103.500 euros. Una cifra que refleja el coste de unas sustracciones cuyo impacto no se limita al material robado, sino que alcanza también a la reparación de instalaciones y, en el caso del ferrocarril, al funcionamiento del servicio.

La nueva regulación del transporte urbano en Aragón ha abierto otro frente judicial entre las administraciones y las empresas de vehículos de transporte con conductor (VTC). La patronal UNAUTO ha anunciado este miércoles que recurrirá ante los tribunales la Orden VFL/1445/2026 del Gobierno de Aragón y solicitará su suspensión cautelar inmediata por considerar desproporcionadas las medidas que contempla, entre ellas el precinto de vehículos durante un plazo máximo de un año por operar sin autorización municipal. El conflicto tiene uno de sus principales escenarios en Zaragoza, donde la asociación denuncia que el Ayuntamiento mantiene bloqueada la concesión de 59 nuevas licencias mientras exige disponer de ellas para prestar el servicio.

La orden autonómica, publicada en el Boletín Oficial de Aragón el pasado 9 de octubre y en vigor desde el día 10, endurece las medidas de control sobre la prestación de servicios urbanos de transporte en vehículos de turismo. Según denuncia UNAUTO, la regulación permite inmovilizar y precintar vehículos, imponer sanciones económicas y retirar o revocar autorizaciones en determinados supuestos de reincidencia.

“Estamos ante unas medidas absolutamente desproporcionadas, de efectos prácticamente confiscatorios, que ponen en riesgo la continuidad de las empresas y miles de puestos de trabajo”, sostiene el presidente de UNAUTO VTC, José Manuel Berzal, quien considera “inadmisible que las administraciones amenacen con precintar vehículos mientras mantienen bloqueado el acceso a las licencias que exigen para operar”.

La patronal sostiene que esta situación genera una contradicción entre las obligaciones impuestas a los operadores y las posibilidades reales de cumplirlas. Por ello, además de solicitar la suspensión cautelar de la orden, anuncia que estudiará las responsabilidades legales que pudieran derivarse de su aplicación, incluidas las personales.

La asociación señala directamente al Ayuntamiento de Zaragoza, donde asegura que únicamente existen 59 autorizaciones urbanas VTC, una cifra que, según sus cálculos, reproduce prácticamente la proporción de una VTC por cada 30 taxis.

Esta limitación está en el origen de una controversia jurídica que alcanzó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En una sentencia dictada el 8 de junio de 2023 sobre la regulación del Área Metropolitana de Barcelona, el tribunal consideró contraria a la libertad de establecimiento una restricción cuantitativa de estas características cuando no está suficientemente justificada por objetivos legítimos y criterios de proporcionalidad.

La resolución europea, sin embargo, no eliminó la posibilidad de exigir autorizaciones adicionales para prestar servicios urbanos. Admitió que las administraciones pueden establecerlas cuando respondan a necesidades específicas de gestión del transporte, del tráfico, del espacio público o del medioambiente, siempre que sus condiciones sean objetivas, transparentes, no discriminatorias y proporcionadas.

UNAUTO acusa al Ayuntamiento de Zaragoza de continuar aplicando de facto la proporción 1:30 pese a conocer esta jurisprudencia. También cuestiona el procedimiento mediante el que se concedieron las 59 autorizaciones existentes, que, según sostiene, fueron otorgadas sin convocatoria pública ni suficiente transparencia.

La patronal reclama que se publiquen los expedientes administrativos y los criterios utilizados para seleccionar a sus beneficiarios. Asimismo, denuncia que empresas que ya operaban en Zaragoza quedaron fuera del reparto y que sus solicitudes posteriores fueron desestimadas mediante silencio administrativo, sin recibir una explicación expresa.

El Ayuntamiento reconoció que no concedía nuevas autorizaciones

La controversia sobre las licencias ya había llegado al debate municipal meses antes de aprobarse la nueva orden autonómica.

En febrero de 2026, el concejal delegado de Movilidad, José Miguel Rodrigo, explicó en una comisión del Ayuntamiento de Zaragoza que no estaba prevista la concesión de nuevas autorizaciones VTC hasta disponer de una regulación autonómica que permitiera establecer las condiciones aplicables.

La cuestión había sido planteada por Vox, que solicitó explicaciones sobre las 59 licencias existentes, el procedimiento seguido para su concesión y la posible aplicación del límite de una VTC por cada 30 taxis.

El responsable municipal defendió entonces que las autorizaciones se habían concedido conforme a la normativa vigente y vinculó la tramitación de nuevas solicitudes al desarrollo de criterios relacionados con la protección medioambiental, la gestión del transporte y la circulación urbana.

La entrada en vigor de la nueva orden del Gobierno de Aragón introduce ahora un elemento adicional en este debate, al aprobarse la regulación autonómica a la que el Ayuntamiento había hecho referencia para justificar la ausencia de nuevas concesiones.

Un conflicto de intereses con el sector del taxi

El endurecimiento de las medidas de control también responde a un escenario de enfrentamiento entre las VTC y el sector del taxi, que lleva meses reclamando una actuación más contundente contra los vehículos que, a su juicio, prestan servicios urbanos sin disponer de las autorizaciones exigidas.

Las organizaciones del taxi han defendido la necesidad de reforzar las inspecciones y garantizar que las empresas de VTC cumplan las mismas exigencias administrativas que les correspondan para desarrollar su actividad. Desde este sector se ha denunciado la existencia de centenares de vehículos que consideran irregulares en Zaragoza.

La nueva orden autonómica se sitúa así en medio de dos reivindicaciones contrapuestas. Mientras los taxistas reclaman que se impida operar a quienes carecen de autorización, las empresas de VTC sostienen que las administraciones no pueden endurecer las consecuencias de incumplir un requisito cuando, según denuncian, mantienen restringido el procedimiento para obtenerlo.

“No se puede impedir a una empresa obtener una licencia y después precintar sus vehículos por no tenerla. Vamos a acudir a los tribunales para defender los derechos de nuestros asociados y exigir responsabilidades por las consecuencias de estas decisiones”, advierte Berzal.

UNAUTO reclama al Gobierno de Aragón la revisión inmediata de la orden y al Ayuntamiento de Zaragoza que ponga fin a las restricciones que considera injustificadas. La asociación confía en que los tribunales suspendan cautelarmente las nuevas medidas por entender que vulneran los principios de proporcionalidad, seguridad jurídica y libertad de establecimiento.

Consumidores y empresarios alertan de más esperas tras las colas del Pilar

A las críticas de las empresas VTC se han sumado organizaciones de consumidores y representantes de sectores económicos y sociales integrados en la plataforma #LaCiudadQueNosMueve, que consideran que las nuevas restricciones agravarán los problemas de movilidad de Zaragoza. La alianza señala como ejemplo las largas colas registradas durante las Fiestas del Pilar, especialmente por la noche y a la salida de los grandes acontecimientos, cuando numerosos ciudadanos tuvieron dificultades para encontrar transporte de regreso a sus domicilios.

La plataforma, de la que forman parte la Unión de Consumidores de Aragón, organizaciones vinculadas al ocio, la restauración y el turismo, así como empresas de movilidad como Bolt, sostiene que la demanda de servicios de transporte bajo demanda ha aumentado un 600% en Aragón. A su juicio, limitar la actividad de las VTC reducirá las alternativas disponibles y perjudicará especialmente a quienes se desplazan de noche, residen en barrios peor comunicados o asisten a eventos multitudinarios.

“Lo que hemos visto estos días en el Pilar no es una anécdota, es un síntoma. Cuando miles de personas tienen que esperar en la calle para volver a casa, el problema es que la oferta no está a la altura de la demanda”, afirma José Ángel Oliván, presidente de la Unión de Consumidores de Aragón.

Oliván defiende la convivencia de todos los medios de transporte y advierte de que la solución no pasa por restringir la actividad de uno de ellos. “El taxi es una pieza esencial y el transporte público la columna vertebral de la ciudad, pero Zaragoza necesita que todas las soluciones convivan y se complementen”, sostiene.

La alianza reprocha además al Gobierno de Aragón que haya aprobado la orden sin escuchar previamente a los usuarios, pese a que, según asegura, las organizaciones de consumidores habían solicitado reuniones con los responsables autonómicos de movilidad. Por ello, reclama a las administraciones que cumplan su compromiso de equilibrar la oferta y la demanda y elaboren planes específicos de refuerzo del transporte para acontecimientos multitudinarios como las Fiestas del Pilar, coordinando los servicios públicos, el taxi y las VTC.

Los héroes del rescate de los 283 pasajeros del AVE incendiado este lunes en Ricla fueron los responsables y conductores de una empresa familiar de Calatayud que, paradójicamente, había quedado fuera del nuevo mapa concesional del transporte regular de viajeros de Aragón. Autocares Hermasa, de los hermanos Martínez, consiguió reunir de urgencia cuatro autobuses en una jornada especialmente complicada para encontrar vehículos disponibles: el 12 de octubre, día grande de las Fiestas del Pilar, cuando buena parte de las empresas de transporte de la provincia estaban ocupadas con los desplazamientos de los participantes en la Ofrenda de Flores de Zaragoza.

El incendio declarado poco después de las 16.00 horas en uno de los vagones de un tren de alta velocidad que había salido de Madrid obligó a detener el convoy a la altura de Ricla, desalojar a sus 283 ocupantes e interrumpir la circulación ferroviaria entre Madrid y Barcelona en ambos sentidos. Los viajeros quedaron a la espera de una solución para continuar su desplazamiento, en un lugar de difícil acceso por carretera.

La evacuación se convirtió en un auténtico desafío logístico. La disponibilidad de autobuses era muy reducida y, aunque se estudió la posibilidad de habilitar un acceso hasta la estación de Plasencia de Jalón para continuar el viaje en otro tren, finalmente se optó por trasladar a los pasajeros por carretera, una alternativa que el interventor del convoy consideró más segura.

Fue entonces cuando entró en escena Autocares Hermasa. La empresa recibió la primera llamada alrededor de las 18.00 horas y Javier Martínez, uno de sus responsables, se puso en marcha con un autobús de dos pisos y 81 plazas. Llegar hasta el tren no resultó sencillo. Las condiciones del terreno obligaron a realizar una maniobra tan complicada como poco habitual: recorrer aproximadamente un kilómetro y medio marcha atrás para poder situar el vehículo en el punto de evacuación, una operación dirigida por la Guardia Civil.

Cuando llegó, los bomberos ya estaban trabajando en la zona y los viajeros comenzaban a recuperar sus pertenencias. Apenas veinte minutos después aparecieron otros tres autobuses de la misma empresa, con capacidades de 70, 55 y 60 plazas, que acababan de finalizar sus servicios de transporte de oferentes a la plaza del Pilar de Zaragoza. La coincidencia permitió reunir cuatro vehículos en un momento en el que apenas había alternativas disponibles.

Hacia las 19.30 horas, con la decisión de evacuar por carretera ya adoptada y mientras comenzaba a caer la noche, se inició el traslado de equipajes y pasajeros a los autobuses. Según relatan los responsables de Hermasa, los viajeros mantuvieron la calma durante toda la operación y colaboraron para subir de forma ordenada, sin perder la paciencia pese a las horas de espera y las circunstancias del accidente.

También la tripulación del tren fue evacuada en los vehículos de la empresa bilbilitana. Finalmente, a las 20.15 horas, los cuatro autobuses emprendieron el viaje hacia Zaragoza y llegaron a la estación de Delicias alrededor de las 21.00 horas, poniendo fin a una operación que había comenzado más de cuatro horas antes con el incendio del convoy.

Una empresa histórica fuera del nuevo mapa concesional

La intervención de Autocares Hermasa tiene una circunstancia especialmente significativa. La empresa de los hermanos Martínez quedó fuera del transporte regular de viajeros en diciembre de 2025, cuando entraron en funcionamiento las nuevas concesiones de la Comunidad de Calatayud y el Aranda, dentro del mapa concesional impulsado por el Gobierno de Aragón desde septiembre de 2024. La reordenación, que redujo de 118 a 19 los contratos de transporte en toda la comunidad, dejó sin sus líneas habituales a empresas históricas como Hermasa y Automóviles Río Aranda, incapaces de asumir, según explicaron sus responsables, las condiciones exigidas en las nuevas licitaciones, “ni tan siquiera a través de una UTE”.

No se trata de dos empresas cualquiera. Autocares Hermasa acumula 111 años de historia desde que Íñigo Martínez Moros comenzó a transportar viajeros en un coche de caballos entre Aniñón y Calatayud, mientras que Automóviles del Río Aranda remonta sus orígenes, al menos, a 1899. Entre ambas suman más de 230 años de experiencia en el transporte de viajeros y varias generaciones de familias vinculadas a la movilidad de las comarcas aragonesas.

“Nuestro futuro ya no pasaba por el servicio de líneas con las exigencias requeridas. Pero siempre que podemos, estamos al pie del cañón”, explica Javier Martínez.

Lejos de desaparecer, Autocares Hermasa ha diversificado su actividad y mantiene una importante presencia en el transporte de viajeros de la zona. Actualmente, presta servicios discrecionales, gestiona el transporte urbano de Calatayud y realiza rutas escolares en cuatro zonas: Valdejalón, Ateca, Daroca y Calatayud. También se encarga del traslado de trabajadores a distintas fábricas, entre ellas la planta de Stellantis en Figueruelas, hasta donde desplaza diariamente tres autobuses desde Calatayud. A estos servicios se suma su actividad vinculada a las agencias de viajes. Una estructura empresarial y una flota de vehículos que, pese a haber quedado fuera del nuevo mapa de concesiones regulares del Gobierno de Aragón, resultaron decisivas para responder con rapidez a la emergencia ferroviaria de Ricla.

El episodio de Ricla vuelve a poner sobre la mesa el valor de las empresas locales de transporte, no solo por su aportación a la economía y al empleo de las comarcas, sino también por su conocimiento del territorio, la proximidad de sus conductores y su capacidad de respuesta ante situaciones imprevistas.

Los hermanos Martínez son conscientes del reconocimiento que su trabajo sigue despertando entre los vecinos de la zona. Y este 12 de octubre, mientras Zaragoza celebraba su día grande, volvieron a demostrar que, aunque hayan quedado fuera de las nuevas concesiones del transporte regular, siguen estando ahí cuando más se les necesita.

Las obras de renovación de la plaza de San Miguel de Zaragoza han permitido documentar restos arqueológicos de distintas épocas, desde los primeros años de la colonia romana de Caesar Augusta hasta el siglo XX. Entre los hallazgos destacan un tramo de una gran cloaca romana, estructuras domésticas de época islámica, más de una treintena de enterramientos medievales y vestigios de la antigua muralla de la ciudad.

Los trabajos de seguimiento arqueológico, realizados de forma paralela a las obras, han permitido reconstruir parte de la evolución histórica de este espacio urbano. Los restos abarcan una secuencia cronológica que va desde la época romana altoimperial hasta el periodo contemporáneo, según ha explicado el arqueólogo y jefe de la Unidad de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de Zaragoza, José Juan Domingo.

En la práctica totalidad de la plaza se han localizado niveles de época romana, fechados entre los primeros años de existencia de Caesar Augusta y el último tercio del siglo I d. C. En ellos ha aparecido una importante cantidad de materiales, especialmente cerámicos, además de un tramo de cloaca de grandes dimensiones que podría corresponder al primer programa urbanístico de la ciudad.

Restos de viviendas islámicas y un antiguo cementerio

La intervención también ha sacado a la luz vestigios de la Zaragoza islámica. Entre ellos figuran materiales cerámicos y restos de estructuras domésticas de época taifal, del siglo XI. Destaca parte del pavimento de un patio enlosado con baldosas cerámicas, que aporta información sobre las construcciones de aquel periodo.

De la etapa medieval se han recuperado abundantes materiales cerámicos fechados entre los siglos XIII y XV, así como restos óseos del antiguo cementerio parroquial de San Miguel. Durante los trabajos se han localizado y documentado más de 30 enterramientos individuales, aunque pocos se conservaban completos. También ha aparecido un elevado volumen de restos óseos en mal estado de conservación y sin conexión anatómica.

La antigua muralla y la Puerta del Duque

Otro de los hallazgos relevantes ha sido la cimentación de un tramo de la muralla medieval y moderna de Zaragoza, que atravesaba transversalmente la plaza. El análisis de esta estructura ha permitido confirmar que no existió una puerta en ese punto del recinto amurallado antes del siglo XIX, mientras la muralla mantuvo su función defensiva.

Sobre los restos de la fortificación se han encontrado también vestigios de la cimentación de la Puerta del Duque, abierta en 1856 para conectar el nuevo puente de San José, terminado dos años antes, con la plaza de San Miguel.

Los trabajos han permitido documentar asimismo la transformación urbanística de la zona entre 1856 y 1863, cuando se abrió la plaza hacia el Coso y el río Huerva. De una etapa posterior se han identificado restos de la antigua fuente construida en 1862, que ocupó el centro de la plaza hasta 1925.

La mayor parte de los restos constructivos localizados se ha mantenido bajo el pavimento de la plaza, una vez documentada y protegida. Los materiales recuperados y los restos procedentes de los enterramientos se han trasladado a las dependencias de los servicios arqueológicos municipales para su limpieza, inventario y estudio.

El adelanto de las elecciones generales al próximo 29 de noviembre ha trastocado por completo el calendario interno del PSOE aragonés, que se ha visto obligado a reorganizar sus procesos de elección de candidatos tanto para el Congreso y el Senado como para los comicios municipales de mayo de 2027. El último cambio afecta a la Ejecutiva Provincial de Zaragoza, prevista inicialmente para este miércoles 14 de octubre, que se ha trasladado al jueves 15 para no coincidir con el mitin que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, protagonizará en la capital aragonesa.

La decisión retrasa un día más la configuración de las candidaturas socialistas al Congreso de los Diputados y al Senado, que deberán pasar por los órganos provinciales y autonómicos antes de recibir el visto bueno definitivo del Comité Federal, convocado para el sábado 17 de octubre.

El PSOE de Zaragoza tenía previsto reunir este miércoles a su Ejecutiva Provincial para avanzar en la propuesta de nombres que concurrirán a las elecciones generales. Sin embargo, la presencia de Sánchez ha obligado a modificar nuevamente la agenda y concentrar el jueves las reuniones de la Ejecutiva Provincial, la Ejecutiva Regional y el Comité Regional.

La circunstancia deja una situación poco habitual en la puesta en escena electoral del partido. En condiciones normales, el cabeza de lista por Zaragoza habría participado ya como candidato en un acto de estas características junto al secretario general del PSOE. Esta vez, Sánchez llegará a la capital aragonesa sin que se haya despejado oficialmente quién encabezará la candidatura socialista al Congreso.

Sin nombres aún

Tampoco han trascendido, por el momento, los nombres que integrarán las listas. La dirección socialista mantiene la discreción sobre las propuestas, en un proceso que adquiere especial relevancia por sus posibles consecuencias en la reorganización del partido de cara a las elecciones municipales del 23 de mayo de 2027.

En las anteriores elecciones generales, celebradas el 23 de julio de 2023, la candidatura socialista al Congreso por Zaragoza estuvo encabezada por Pilar Alegría, entonces ministra de Educación, seguida de Susana Sumelzo y Víctor Ruiz de Diego, mientras que Miguel Dalmau ocupó el primer puesto de la lista al Senado.

Aquella confección de las candidaturas estuvo marcada por un importante conflicto interno. La dirección federal del PSOE modificó las listas aprobadas por los órganos provinciales para situar a Sumelzo y Ruiz de Diego en los puestos segundo y tercero, desplazando a Óscar Galeano y Noemí Villagrasa. La intervención de Ferraz provocó un profundo malestar en la organización zaragozana y la renuncia de 16 integrantes de las candidaturas.

Tres años después, el escenario político es diferente. Alegría, que anteriormente había sido delegada del Gobierno en Aragón, reforzó su posición en el Ejecutivo de Pedro Sánchez tras las generales de 2023 al asumir también la portavocía del Gobierno. Permaneció en ambos cargos hasta diciembre de 2025, cuando el adelanto de las elecciones autonómicas al 8 de febrero precipitó su regreso a Aragón para disputar la Presidencia de la Comunidad.

Ahora, al frente del PSOE aragonés y de la oposición en las Cortes, Alegría deberá afrontar la renovación de unas candidaturas que hace tres años provocaron importantes tensiones entre la organización territorial y la dirección federal.

Las primarias municipales, también aplazadas

La convocatoria anticipada de las elecciones generales ha tenido otro efecto inmediato en la organización del PSOE aragonés: la paralización de las primarias previstas para elegir a los candidatos a las alcaldías de Zaragoza, Huesca, Teruel y Calatayud.

El calendario inicial contemplaba la presentación de candidaturas entre el 23 y el 26 de octubre, una primera votación el 14 de noviembre, en caso de concurrir más de un aspirante, y una segunda vuelta el día 21, si fuera necesaria. Todo este procedimiento ha quedado aplazado para evitar su coincidencia con la campaña de las generales.

La confección de las listas al Congreso y al Senado podría servir también para reubicar a algunos dirigentes y facilitar la incorporación de nuevos perfiles a las candidaturas municipales.

En Zaragoza, la continuidad de la actual portavoz socialista en el Ayuntamiento, Lola Ranera, sigue sin estar despejada, mientras que el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, figura entre los posibles aspirantes a encabezar la candidatura a la Alcaldía en mayo de 2027. Beltrán, próximo a Pilar Alegría, ya dejó abierta esa posibilidad en septiembre al ponerse “a disposición del partido”.

Sin embargo, la suspensión de las primarias hasta después del 29N prolongará la incertidumbre sobre quién disputará la Alcaldía a Natalia Chueca y cómo se resolverán los posibles reajustes en la organización socialista zaragozana.

Por ahora, la prioridad de la dirección del partido es cerrar las listas al Congreso y al Senado en las tres provincias aragonesas. Tras las asambleas de militantes encargadas de formular las propuestas, los órganos territoriales deberán elevar sus candidaturas a la dirección federal, que tendrá la última palabra el sábado 17 de octubre.

Todo ello en una semana especialmente comprimida para el PSOE aragonés, que deberá resolver en apenas unos días los nombres con los que concurrirá a las elecciones generales, mientras deja para después del 29 de noviembre las decisiones sobre quiénes encabezarán sus principales candidaturas municipales.