De entre todos los monumentos y resquicios de la época musulmana en España, todavía se preserva uno que -lejos de resultar un centro de culto religioso, como nuestra famosa mezquita- sirvió de residencia al taifa (rey) de la época. En pleno centro de la capital aragonesa, como un faro en mitad de la ciudad ya modernizada, las grandes avenidas, tiendas y semáforos, este edificio mantiene los torreones macizos, patios geométricos y arcos de herradura. Hablamos de la Alfajería. 

La Aljafería es uno de los edificios históricos más importantes de Zaragoza y está considerada una de las grandes obras del arte musulmán en España. Pero, además de su notable belleza, la página de la sede de turismo de Zaragoza afirma que “el palacio de la Aljafería ha tenido diversas funciones a lo largo de la historia, desde alcázar islámico hudí, palacio medieval mudéjar o palacio de los Reyes Católicos, hasta se transformó en una fortaleza en el s. XVI, cárcel durante la Inquisición o cuartel militar”.

No nos quedamos, pues, como pasa con la Mezquita de Córdoba, en un simple edificio de culto religioso que ha ido mutando su simpatía del islam al cristianismo según época. Este conjunto arquitectonico fue concebido como residencia de recreo de los reyes de taifas, el edificio se levantó fuera de la ciudad musulmana, rodeado de huertas y acequias. Conocido como el “Palacio de la Alegría”, está considerado además el palacio islámico más septentrional de Europa y uno de los mejor conservados de la época taifa.

De palacio taifa a sede de las Cortes de Aragón

A lo largo de los siglos, la Aljafería fue adaptándose a las necesidades de cada época. En su interior convivieron distintos espacios palaciegos, entre ellos el Palacio taifal de Al-Muqtadir, el Palacio de Pedro IV y el Palacio de los Reyes Católicos. Tras la conquista de Zaragoza, dejó de ser residencia de los reyes de taifas para convertirse en palacio de los reyes de Aragón –pasó de una corona a otra– y se consolidó como una de las principales residencias reales del Reino de Aragón.

A finales del siglo XV llegaron nuevas transformaciones. Como cuenta la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Zaragoza, “los Reyes Católicos ordenaron construir un nuevo palacio sobre el ala norte”, parte del recinto andalusí, una intervención que dotó al conjunto de nuevas estancias y espacios representativos acordes al creciente poder de la monarquía. Las obras, desarrolladas entre 1488 y 1495, incorporaron elementos góticos, renacentistas y mudéjares que todavía pueden apreciarse en lugares tan emblemáticos como la escalera noble, las salas de recepción o el espectacular Salón del Trono. Resulta especialmente llamativo que muchos de los artesanos encargados de estas reformas fueran maestros mudéjares, lo que permitió conservar la personalidad artística del edificio incluso en una época marcada por la consolidación del poder cristiano.

El conjunto alberga además algunos espacios singulares, como el mihrab, utilizado como mezquita u oratorio privado del rey musulmán y su corte. Construido en el siglo XI y orientado hacia La Meca, se accede a él a través de una puerta con arco de herradura inspirada en la Mezquita de Córdoba. Otra de las estancias destacadas es el Salón de Mármoles o Salón Dorado, considerado la principal sala del antiguo palacio taifa. Allí se celebraban recepciones, actos solemnes y encuentros cortesanos, convirtiéndose en uno de los espacios más representativos del poder de los gobernantes musulmanes de Zaragoza.

Un reconocimiento universal

Uno de los episodios más desconocidos de la historia de la Aljafería es su vinculación con la Inquisición española. A partir de finales del siglo XV, parte del complejo pasó a albergar dependencias del Tribunal del Santo Oficio, que utilizó algunas de sus estancias como oficinas, salas de interrogatorio y prisión. La Universidad de Zaragoza cuenta que “de su empleo como cárcel, de la Inquisición y militar después, sobrevive un valioso legado de centenares de dibujos y escritos esgrafiados sobre sus paredes que llegan hasta el siglo XX”; no obstante, puntualizan que muchos años después volvía a brillar con luz propia entre la cultura humanística, “convirtiéndose en un símbolo que ni siquiera la Inquisición logró eclipsar”.

En 2001, la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad el arte mudéjar de Aragón, y la Aljafería fue reconocida como uno de sus máximos exponentes. Su extraordinaria mezcla de estilos —islámico, mudéjar, gótico y renacentista— convierte al monumento en una auténtica síntesis de la historia de España. Pocos edificios permiten recorrer de forma tan clara las diferentes etapas políticas, culturales y religiosas que han marcado la evolución de la península a lo largo de casi un milenio.

La recuperación definitiva del conjunto llegó durante las últimas décadas del siglo XX, cuando se acometieron importantes trabajos de restauración destinados a recuperar espacios históricos que habían sufrido modificaciones durante su etapa militar. Gracias a estas intervenciones, la Aljafería pudo iniciar una nueva vida vinculada ya no a reyes, inquisidores o soldados, sino a la representación democrática de los ciudadanos aragoneses.

“En la actualidad”, narra Turismo de Zaragoza, “es sede de las Cortes de Aragón”, símbolo perfecto de un edificio que continúa vivo casi mil años después de su construcción. Bajo los mismos arcos que un día acogieron a reyes musulmanes, monarcas cristianos, inquisidores y militares, hoy se debaten las leyes de la comunidad autónoma, convirtiendo a la Aljafería en un ejemplo excepcional de cómo un monumento histórico puede seguir desempeñando un papel relevante en la sociedad contemporánea.

La lucha sigue. Los trabajadores y trabajadoras del sector de la limpieza de la provincia de Zaragoza están cansados y preocupados tras once días de huelga, pero siguen decididos a lograr un convenio colectivo que garantice unas condiciones laborales dignas. Los paros, convocados por UGT, CCOO y OSTA, afectan a más de 10.000 trabajadoras y trabajadores, la mayoría mujeres con contratos a tiempo parcial, y tienen incidencia tanto en edificios públicos como en instalaciones privadas.

Los representantes sindicales del sector de la limpieza han afrontado este viernes una nueva reunión de mediación en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) dentro del proceso abierto para tratar de desbloquear la negociación del convenio colectivo, después del intento frustrado del pasado 21 de mayo, en el que participaron el comité de huelga y las patronales del sector, la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (ASPEL) y la Asociación Aragonesa de Empresarios de Limpieza de Edificios y Locales (ASOAL). Este viernes lo han hecho con prudencia, pero también con la convicción de que la movilización está logrando situar sus reivindicaciones en el centro de la negociación colectiva. Sin embargo, ha quedado en punto muerto.

Los representantes de los tres sindicatos convocantes han explicado que, tras varios recesos, ASPEL y ASOAL han solicitado la suspensión del acto de mediación para el lunes 8 a las 15:00. Por tanto, la huelga no se suspende pero creen que el acto de mediación no ha fracasado. Además de mantener la manifestación de las 18:00, han convocado a los trabajadores una nueva concentración el lunes 8 de junio a las 14:30 a la puertas del SAMA.

La huelga —según los sindicatos— tiene un amplio seguimiento en el sector público, especialmente en los servicios dependientes del Ayuntamiento de Zaragoza y del Gobierno de Aragón, pero también en grandes empresas como Stellantis, donde el paro se mantiene al 100% entre la plantilla de limpieza. “Tenemos la fábrica sin limpieza hasta que no se arregle esto”, asegura José Ignacio, trabajador en huelga presente en la convocatoria ante el SAMA. Son más de cien trabajadores repartidos entre las secciones de pintura, otras áreas y oficinas, “toda la fábrica”: “Vamos a seguir y, si no se arregla, continuaremos en huelga hasta el final”, ha advertido.

También Manoli y David, trabajadores de Eulen en Saica, reivindican una subida salarial digna después de cuatro años con los salarios congelados y reclaman que no se recorten derechos, como ocurre con las bajas laborales, durante las que pierden tres días de retribución. “Estamos en una situación crítica porque llevamos muchos días de huelga y hay personas que solo cuentan con este salario. Si ya es bajo, imagínate”.

Reyes, trabajadora del servicio de limpieza de colegios de Serveo, lleva siete años como empleada fija y reclama un salario digno que se equipare al Salario Mínimo Interprofesional (SMI). “El Ayuntamiento ha pagado el 3,5% de subida para este año y a nosotros nos quieren subir el 2,5%. Así que el 1% restante, ¿dónde se lo meten?”, cuestiona. También esperaba que, tras 11 días de huelga, se produjera este viernes un avance significativo y recuerda a las compañeras que “lo están pasando muy mal”. No obstante, asegura que “se arregle o no se arregle, vamos hasta el final”.

Mariano Jesús Álvarez Pila, secretario de Relación Sindical y Negociación Colectiva de CCOO Zaragoza, miembro de la mesa negociadora de limpieza y asesor del comité de huelga, aseguraba antes de la reunión que el colectivo llega a esta nueva fase del conflicto con tranquilidad, aunque sin grandes expectativas respecto a la actitud de las patronales. “Estamos en la buena línea, pero tenemos que tener cierta cautela porque tampoco esperamos nada bueno de las patronales”. Según ha explicado, la situación que vive Zaragoza no es un caso aislado, ya que la patronal estatal Aspel mantiene abiertos otros convenios colectivos en circunstancias similares. De hecho, ha recordado que los trabajadores de la limpieza en Valladolid podrían iniciar una huelga a partir del día 12. A su juicio, las empresas están intentando resistir para evitar asumir las reivindicaciones sindicales, centradas en incrementos salariales acordes al coste de la vida, la creación de un plus de edificio industrial para una parte específica del sector y una reducción de jornada que sea “real y efectiva”.

Desde UGT, el vicesecretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC), Esteban Lauroba, reconocía que la nueva reunión de mediación genera cierta expectativa entre los trabajadores. “Suponemos que si nos han convocado es porque saben que las cosas se pueden mover”, señaló antes de la reunión. Aunque evitó mostrarse optimista, destacaba que el colectivo mantiene intacta la esperanza y la fortaleza tras once días de movilización. Según aprecia que el sector atraviesa un momento de tensión y cansancio, pero también de determinación para conseguir un convenio colectivo que garantice unas condiciones laborales dignas. “Tienen ganas de acabar, pero también de que su convenio pueda firmarse en condiciones de decencia”, ha afirmado.

Por su parte, Alberto Navarro, secretario de Organización de OSTA y responsable del sector de limpieza, ha indicado que la huelga está teniendo efectos visibles tanto en el ámbito público como en el privado. “La gente tiene muy claro lo que quiere”, afirma, antes de destacar que durante estos once días de paro se ha hecho notar la presión ejercida por los trabajadores. Como ejemplo, ha citado la publicación de nuevos servicios mínimos en la Base Aérea de Zaragoza, una medida que, a su juicio, demuestra el impacto que está teniendo la movilización. Navarro ha insistido en que la plantilla no se conformará con las propuestas planteadas hasta ahora por la patronal y reclama un acuerdo que responda a las demandas del sector.

En cuanto al seguimiento de la huelga, ha asegurado que está siendo especialmente elevado en los centros dependientes del Ayuntamiento de Zaragoza y del Gobierno de Aragón, así como en numerosas fábricas del sector privado. Aunque reconoce que en otros ámbitos la incidencia es menor, ha destacado que las concentraciones convocadas durante estos días han reunido entre 700 y 800 personas. También ha cuestionado el papel del Ayuntamiento de Zaragoza, uno de los principales contratistas del sector, donde trabajan más de mil empleadas de limpieza. Según ha denunciado, el seguimiento del paro se ha producido pese a unos servicios mínimos que califica de “abusivos” y que, ha afirmado, no se habían aplicado con anteriores corporaciones municipales.

Durante la huelga, los representantes sindicales han recorrido diferentes centros de trabajo para informar a las plantillas y comprobar el seguimiento de los paros. Según Navarro, han visitado empresas como Profand, Saica, Balay y Amazon. En aquellos casos en los que se les ha impedido el acceso o se han encontrado obstáculos para desarrollar su labor sindical, las organizaciones sindicales han presentado denuncias ante la Inspección de Trabajo para que determine si se ha vulnerado el derecho de huelga y el derecho de los representantes de los trabajadores a acceder a los centros para informar a las plantillas.

El dirigente de OSTA también ha criticado el anuncio realizado por Balay sobre la posible aplicación de un ERTE al 100 % de su plantilla. Considera que la medida “no es ni justa ni necesaria” y pide a la empresa que la retire. A su entender, la decisión traslada a los trabajadores de la limpieza una responsabilidad que no les corresponde. “Están defendiendo sus derechos y sus intereses y por eso nadie tiene que ser penalizado”, ha afirmado.

Respecto al futuro inmediato del conflicto, Navarro ha dejado claro que la movilización continuará si la mediación no desemboca en un acuerdo satisfactorio. “Seguiremos adelante hasta el final para conseguir lo que hemos pretendido desde el primer día: un convenio digno para este sector”, ha advertido.

El amianto de la cubierta del pabellón deportivo del CEIP Doctor Azúa ha puesto en pie de guerra a las familias de este centro zaragozano. Un informe técnico encargado por el AMPA concluye que el material presenta un estado de “deterioro extremo” y recomienda retirarlo “en un corto plazo de tiempo”. Sin embargo, el Gobierno de Aragón sigue sin concretar una actuación, según denuncian las familias.

Preguntado por este asunto, el Departamento de Educación ha trasladado a este diario que está dispuesto a “escuchar y analizar las quejas que transmita la comunidad educativa” del centro, han recordado que el pabellón se construyó por inciativa privada y “desde entonces la explotación del pabellón ha sido gestionada íntegramente por el AMPA, con su criterio, para los usos que ha considerado y el espacio ha quedado siempre fuera de la red que conforman el resto de infraestructuras deportivas de los centros educativos de Zaragoza”. Las familias aseguran que tanto el Ejecutivo autonómico como el Ayuntamiento de Zaragoza conocen la situación desde hace meses, pero sostienen que todavía no se ha adoptado ninguna medida preventiva ni se ha fijado un calendario de actuación. “No estamos reclamando una mejora estética ni una actuación secundaria; estamos exigiendo garantías mínimas de seguridad y salubridad para nuestros hijos e hijas”, sostienen desde la asociación.

La preocupación de las familias se remonta a 2024, cuando decidieron encargar una revisión del estado del pabellón al detectar signos de deterioro en la estructura. El estudio, elaborado por un despacho de arquitectura, una empresa especializada en análisis estructural y otra dedicada a la evaluación de materiales con amianto, concluyó que la cubierta de fibrocemento presenta un nivel máximo de degradación.

Según el informe elaborado por la empresa especializada en diagnóstico de amianto, la cubierta se encuentra en una situación de “deterioro extremo”. Los técnicos señalan que, aunque a simple vista no existen grandes roturas, sí se observa un “alto nivel de degradación” con afloramiento de fibras y deterioro en distintas zonas de las placas. Entre sus recomendaciones figura la retirada de la cubierta “en un corto plazo de tiempo” mediante un procedimiento específico de desamiantado y, mientras tanto, la adopción de medidas de estabilización.

Fuentes del AMPA explican que el hallazgo fue inesperado: “Encargamos el estudio porque veíamos la estructura deteriorada y queríamos saber en qué estado estaba. Fue entonces cuando descubrimos que había amianto y que estaba en un nivel de degradación muy elevado”. Una representante de las familias asegura que la situación va más allá del uso del pabellón. Según explica, los análisis realizados detectaron una mayor presencia de fibras en zonas próximas al edificio que en el propio interior. “El cierre del pabellón no solucionaría el problema. Nos trasladaron que donde más fibras aparecían era en el entorno, incluso en zonas exteriores al centro por donde pasa gente todos los días”, afirma.

Además de la presencia de amianto, el informe técnico advierte de problemas estructurales en la cubierta. El estudio concluye que varias de las cerchas metálicas no cumplen las exigencias que marca la normativa actual y recomienda sustituir tanto la cubierta como la estructura portante. Los autores consideran que esta opción es “la intervención más fiable y económica” una vez se proceda a retirar el fibrocemento.

Las familias explican que inicialmente intentaron buscar financiación privada para acometer las obras, pero aseguran que esta vía quedó descartada al no ser propietarias del inmueble. A partir de ahí comenzaron los contactos con las administraciones para encontrar una solución institucional.

Uno de los principales puntos de fricción es precisamente la titularidad del pabellón. Las familias aseguran que Educación ha vinculado cualquier actuación a la necesidad de aclarar quién es el propietario del inmueble. Desde el AMPA sostienen que el edificio forma parte del equipamiento del colegio y aseguran que la referencia a la asociación que aparece en el informe técnico responde únicamente a que fueron ellos quienes encargaron y financiaron el estudio. Según defienden, la titularidad del pabellón corresponde al Ayuntamiento de Zaragoza. “No existe ningún documento que diga que el pabellón sea del AMPA. Se construyó con aportaciones de familias hace años, pero eso no significa que sea propiedad de los padres. Forma parte del colegio y lo utiliza diariamente la comunidad educativa”. Explican también que llegaron a un compromiso con el Departamento de Educación cuando estaba bajo la titularidad de Tomasa Hernández, pero que las comunicaciones no se han recuperado.

Las administraciones tienen marcada una hoja de ruta para la eliminación de este material. La Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular obliga a elaborar un censo de instalaciones con amianto y fija la retirada prioritaria de los materiales que presenten mayor riesgo. Asimismo, las recomendaciones europeas sitúan 2028 como horizonte para la eliminación del amianto en los edificios públicos, con el objetivo de erradicar progresivamente este material por sus efectos sobre la salud.

Desde la asociación consideran que la discusión administrativa está retrasando una intervención que consideran prioritaria. “Hay una normativa europea que establece que el amianto debe desaparecer de las edificaciones. Esto no es un capricho, es un problema de salud pública”, añade. Ante la falta de avances, las familias reclaman que las administraciones implicadas se sienten a negociar una solución definitiva y que se establezca un calendario concreto para la retirada del amianto y la rehabilitación del pabellón. También advierten de que seguirán impulsando nuevas acciones para exigir una respuesta a una situación que consideran “insostenible”.

Los espacios de convivencia de los municipios zaragozanos dispondrán de más recursos para mantenerse abiertos y reforzar su papel como puntos de encuentro para las personas mayores. La nueva convocatoria de ayudas de la Diputación de Zaragoza contra la soledad no deseada en el medio rural contará con una dotación de cinco millones de euros, una cifra que multiplica por cinco el presupuesto de anteriores ediciones y que busca dar respuesta a uno de los principales retos demográficos de la provincia: el envejecimiento de la población y el aumento de situaciones de aislamiento.

La principal novedad del programa es la creación de una línea específica destinada a sufragar los gastos corrientes de los espacios municipales de convivencia. Por primera vez, los ayuntamientos podrán solicitar ayudas para afrontar costes como la electricidad o la calefacción de hogares del jubilado, teleclubs, bares sociales o centros vecinales, lugares que en muchos pueblos constituyen el principal espacio de relación social.

A esta línea se destinarán 3,5 millones de euros. Las ayudas podrán cubrir hasta el 100% del importe solicitado, con un máximo de 10.447 euros por entidad local. Los potenciales beneficiarios son los 292 municipios de la provincia, las tres entidades locales menores y los 40 barrios rurales incluidos en la convocatoria.

Según se explicó durante la presentación del plan, el objetivo es garantizar la continuidad de estos espacios de encuentro, especialmente en las localidades más pequeñas, donde el envejecimiento presenta porcentajes superiores a la media y donde la existencia de lugares para compartir actividades y mantener la vida comunitaria resulta clave para combatir el aislamiento.

La convocatoria mantiene además una segunda línea de ayudas dotada con 1,5 millones de euros para financiar actividades e inversiones relacionadas con la prevención de la soledad no deseada. De esa cantidad, medio millón de euros se dedicará a programas orientados a promover la autonomía personal, prevenir situaciones de dependencia y mejorar el bienestar físico, mental y emocional de las personas mayores.

Entre las actuaciones subvencionables figuran cursos, talleres, jornadas y encuentros vinculados a hábitos saludables, ejercicio físico, alimentación equilibrada, estimulación cognitiva o apoyo psicosocial. También podrán financiarse iniciativas destinadas a fomentar el uso de nuevas tecnologías, favorecer la participación en la vida comunitaria y fortalecer las redes vecinales de apoyo mutuo.

El millón de euros restante se reservará para inversiones en instalaciones y equipamientos. Los ayuntamientos podrán emplear estos fondos para acometer obras de mejora y acondicionamiento, aumentar la accesibilidad de los espacios destinados a las personas mayores, eliminar barreras arquitectónicas o adquirir nuevo equipamiento.

La distribución de las ayudas combinará una cuantía fija para todas las entidades beneficiarias con otra variable vinculada a criterios poblacionales, prestando especial atención a los municipios de menor tamaño y con una mayor proporción de población envejecida. Para facilitar la tramitación de las solicitudes, se ha elaborado además una guía específica dirigida a los ayuntamientos.

Con esta convocatoria, los municipios contarán con más medios para mantener vivos sus espacios de convivencia y desarrollar actividades que contribuyan a que las personas mayores sigan encontrando lugares donde relacionarse, participar en la vida del pueblo y evitar situaciones de aislamiento no deseado.

El barrio zaragozano de San Pablo, conocido popularmente como El Gancho, mantiene una intensa red de apoyo social, cultural y comunitario que implica a parroquias, entidades vecinales, organizaciones humanitarias, centros sanitarios y colectivos educativos. En una de las zonas históricamente más frágiles del Casco Histórico de la ciudad conviven proyectos de integración, apoyo escolar, inserción laboral, diálogo interreligioso y atención a la pobreza. Todo ello, además, en un contexto político marcado por el nuevo discurso de control y evaluación de las subvenciones públicas a las entidades sociales impulsado por Vox dentro del acuerdo de gobierno con el PP en Aragón.

San Pablo representa hoy uno de los mayores ejemplos de convivencia y tejido comunitario de Zaragoza. La parroquia, considerada popularmente “la tercera catedral” de la ciudad, articula buena parte de esa vida social en un cuadrilátero que se extiende desde el paseo Echegaray y Caballero hasta Conde Aranda y Mayoral. En ese espacio conviven también una parroquia anglicana, tres oratorios musulmanes y dos capillas protestantes vinculadas a la comunidad gitana, reflejo de una diversidad religiosa y cultural que define al barrio.

La dimensión social del barrio se sostiene gracias a una amplia red de entidades y recursos comunitarios. El Ayuntamiento de Zaragoza interviene a través del Plan Integral del Casco Histórico y de equipamientos como el centro de Las Armas. También desempeñan un papel relevante el Centro de Salud y el colegio Santo Domingo, desde donde se impulsan iniciativas de integración en un entorno marcado por una elevada diversidad cultural.

Aproximadamente un 30% de la población es inmigrante. La comunidad magrebí constituye el grupo más numeroso, seguida de la población latina, que suele trasladarse a otros barrios —como Delicias, Las Fuentes, San José, Torrero o Arrabal— cuando mejora su situación económica. Aunque persisten algunas diferencias culturales, especialmente en modelos familiares más conservadores dentro de ciertos hogares magrebíes, la convivencia vecinal no se percibe como especialmente conflictiva.

De hecho, las principales quejas de los residentes no se centran tanto en la delincuencia y la inmigración como en el deterioro urbano con problemas de limpieza, falta de comercio de proximidad y el mal estado de algunas zonas, donde todavía hay viviendas apuntaladas y situaciones de riesgo estructural. Así quedó reflejado en la última reunión promovida por la Asociación Vecinal Lanuza Casco Viejo, presidida por el guatemalteco Eddy Adán, en la que los vecinos reclamaron más servicios y una mayor atención municipal.

ONGs e Iglesia

Entre las principales organizaciones presentes en El Gancho figuran Accem, Cruz Roja, Apip-Acam e Hijas de la Caridad, además de otras entidades como Cáritas, las Conferencias de San Vicente de Paúl y la propia Fundación Ozanam. Todas ellas desarrollan programas de acogida, inserción laboral, reparto de alimentos, formación o atención a colectivos vulnerables. A ello se suman iniciativas como La Olla Comunitaria, que cada sábado recoge alimentos en la calle de Las Armas, o el banco de alimentos gestionado por las Conferencias de San Vicente de Paúl.

En el centro de recursos de las Conferencias hay una trabajadora social y varios voluntarios y solo dispone de alimentos. Atienden los martes y miércoles, además de dos jueves alternos solo para fruta, a más de 230 familias, casi 700 personas en total, a los que se les pide una documentación y un baremo por debajo del ingreso mínimo vital (IMV). El perfil de los beneficiarios suelen ser familias con hijos, personas mayores de 65 años solas o con enfermedades o discapacidades que padecen la soledad no deseada, así como personas recién llegadas con menos de un año de estancia en Zaragoza, hasta que acaba el seguimiento de su itinerario de intervención. En estas semanas hay un boom de altas, si bien las cifras oscilan según los procesos migratorios.

Además, la entidad también dispone de un centro de formación para alfabetización digital, cursos para la obtención de certificados de profesionalidad, así como cursos de empleo doméstico y de idioma español.

La respuesta frente a la pobreza cotidiana también se concreta en servicios básicos. Las Hijas de la Caridad, con apoyo municipal y parroquial, gestionan el servicio de duchas y lavandería al que acuden diariamente unas 80 personas afectadas por pobreza energética y el sinhogarismo.

Paralelamente, una red de 25 voluntarios presta apoyo escolar a 55 menores del barrio de lunes a jueves con el objetivo de reducir el fracaso educativo y reforzar la integración social.

La Fundación Ozanam se ha convertido igualmente en uno de los grandes motores sociales de El Gancho. En los últimos meses, ha reforzado su actividad mediante proyectos de formación y empleo vinculados al entorno de Las Armas y al Centro Sociolaboral de la calle Boggiero. Uno de sus proyectos más visibles es la gestión de la cafetería municipal de la plaza de Las Armas, concebida como espacio de dinamización vecinal y de inserción laboral para personas vulnerables.

La cafetería abre de lunes a viernes de 8.00 a 20.00 horas y amplía horarios durante actividades culturales o eventos organizados en la plaza y en dependencias municipales cercanas, como conciertos de la Escuela Municipal de Música y Danza o mercados temáticos celebrados durante los fines de semana. El establecimiento funciona además como espacio de inserción laboral. Actualmente, cuenta con cinco trabajadores —una persona en cocina, tres en barra y terraza y un gerente— contratados mediante programas de inserción dirigidos a personas con dificultades para acceder al mercado laboral. La intención es que, tras un periodo de formación y experiencia práctica de entre un año y un año y medio, puedan incorporarse posteriormente a otros empleos.

El centro socio educativo Las Armas se llena de programación hasta julio con teatro, música, folclore y cine. El Ayuntamiento de Zaragoza mantiene el espíritu cultural de este equipamiento a través de un nutrido calendario de actividades de la Escuela de Música, del Patronato de Educación y Bibliotecas y de otros servicios municipales. Entre los diferentes eventos programados hasta julio y ya se ha iniciado un ciclo gratuito de conciertos de jóvenes músicos emergentes con fechas hasta noviembre

La entidad desarrolla también talleres de fontanería, confección y formación laboral, además de programas educativos y de ocio para menores en el Centro Municipal de Tiempo Libre Cadeneta, activo desde los años ochenta. Cada tarde participan más de 30 niños y niñas en actividades de apoyo escolar, educación en valores e integración comunitaria.

La parroquia de San Pablo desempeña además un papel clave como agente cultural y de cohesión vecinal. Su párroco, Ángel Lahuerta, y el sacerdote Antonio Moreno mantienen contacto permanente con las entidades sociales y promueven actividades abiertas a toda la ciudadanía. Entre ellas destaca el proyecto ADIA Aragón, centrado en el diálogo interreligioso e interconviccional y en la defensa de la convivencia entre creyentes y no creyentes como parte de la identidad urbana del barrio. Esa filosofía se plasma en iniciativas como la Noche de las Religiones, que abre templos y espacios de culto a los vecinos para visibilizar la diversidad espiritual y cultural de Zaragoza. También en propuestas musicales y patrimoniales como “Conciertos de altura”, el ciclo Saulus o el Concierto de Primavera, además de celebraciones multitudinarias como la vigilia diocesana de Pentecostés el pasado 24 de mayo.

El propio templo de San Pablo simboliza esa mezcla histórica de culturas. Construido entre los siglos XIII y XVIII y declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO dentro del Mudéjar de Aragón, el edificio conserva uno de los conjuntos mudéjares más importantes de la comunidad, aunque el paso del tiempo y las humedades por las últimas lluvias han afectado a la estructura. En 2026 se cumplen además 25 años de ese reconocimiento internacional, una efeméride que la parroquia quiere aprovechar para reivindicar tanto la restauración patrimonial como la revitalización del Plan Integral contra la exclusión social del barrio.

Para los responsables del templo, “la comunidad de San Pablo camina en el barrio con otras comunidades cristianas y de otras religiones que convierten al Gancho en un espacio privilegiado de diversidad cultural y religiosa donde la convivencia entre todos es algo cotidiano en el que no faltan vecinos y vecinas comprometidos por la mejora del barrio y sus gentes”

Salud comunitaria

Otro de los pilares de la vida colectiva de El Gancho es el Consejo de Salud San Pablo, ahora coordinado por Pilar García. Este órgano de participación vecinal coordina proyectos comunitarios y analiza el impacto que tienen las condiciones de vida sobre la salud de los residentes. Los impulsores Rosa Macipe y Luis Gimeno defienden el trabajo en red como herramienta imprescindible para comprender los problemas reales del barrio y diseñar respuestas conjuntas.

Desde 2018, el Consejo de Salud ha impulsado iniciativas como el “Semáforo de la Salud”, destinado a detectar preocupaciones vecinales y fortalezas comunitarias. También ha trabajado específicamente sobre la relación entre vivienda y salud, denunciando situaciones de infravivienda y dificultades de acceso residencial mediante encuentros vecinales, teatro social y concursos de relatos. Ahora trabajan en el entorno, espacios verdes y de juego, dentro de la iniciativa de urbanismo táctico para mejorar la salud. “Sabemos que la salud depende de las condiciones de vida de las personas y la esperanza de vida entre unos barrios y otros puede llegar a ser de hasta diez años”, asegura Macipe.

La brecha digital y la salud emocional de la infancia tras la pandemia son otras de las preocupaciones prioritarias del Consejo. La entidad ha elaborado cuestionarios y estudios sobre el impacto de la digitalización en la población vulnerable y sobre las consecuencias emocionales del confinamiento en niños y adolescentes, trasladando posteriormente sus conclusiones al Ayuntamiento y al Gobierno de Aragón para reclamar medidas públicas específicas. “En un barrio con mucho estigma que retroalimenta lo negativo, aquí se generan dinámicas positivas con la participación de los vecinos”, comenta la pediatra Rosa Macipe.

La lupa política

Todo este entramado solidario convive ahora con una nueva etapa política marcada por el discurso de control sobre las ayudas públicas a las entidades sociales. El concejal de Vox y presidente de la Junta de Distrito del Casco Histórico, Armando Martínez, sostiene que los niveles de delincuencia en el Casco son superiores al resto de la ciudad y sitúa al Gancho como uno de los principales focos de preocupación vecinal “por problemas relacionados con la inseguridad, la suciedad o el deterioro de la convivencia”. Asegura que aunque la subdelegada del Gobierno en Aragón “nos transmitió que no hay quejas ni delincuencia, salvo algún episodio de incivismo que lleva a esa percepción de inseguridad, yo sí recibo muchas quejas de vecinos por inseguridad”.

Martínez reconoce expresamente la labor “encomiable” de muchas pequeñas organizaciones y colectivos de proximidad que trabajan en el barrio pese a contar con recursos limitados. Sin embargo, cuestiona la eficacia de algunos grandes programas de acogida e integración vinculados a entidades de ámbito nacional y considera necesario revisar el modelo de intervención social. Se refiere, principalmente, a la última acogida de un pacífico grupo de migrantes malienses, jóvenes llegados hace unos meses bajo el programa de atención humanitaria, que se alojan en apartamentos junto al Hotel París de la calle de San Pablo, gestionados por la asociación Apip-Acam. La entidad colaboradora en el ámbito de la protección internacional está autorizada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y mantiene un total mutismo sobre el número total de personas atendidas y el programa de atención que reciben durante los meses que permancen aquí.

El edil sostiene que el incremento del sinhogarismo y de situaciones de exclusión demuestra que parte de los programas actuales no están ofreciendo resultados suficientes. Por ello defiende introducir mecanismos más estrictos de evaluación sobre las subvenciones públicas, midiendo la llamada “rentabilidad social” de las entidades en función de su capacidad real de integración laboral y convivencia.

Según explica, el nuevo Ejecutivo autonómico deberá analizar ahora qué margen existe para condicionar convenios y ayudas públicas al cumplimiento de objetivos concretos. Martínez asegura estar dispuesto a colaborar con aquellas entidades que desarrollen un trabajo efectivo en el barrio, aunque rechaza apoyar económicamente proyectos que considere más ideológicos que asistenciales que, a su juicio, “priman más los números que a las personas”.

Mientras tanto, El Gancho continúa sosteniéndose gracias a una compleja red de vecinos, voluntarios, sanitarios, parroquias, educadores y asociaciones que intentan responder cada día a problemas estructurales de pobreza, exclusión y convivencia. Un barrio históricamente castigado, pero que sigue haciendo de la solidaridad su principal herramienta de resistencia colectiva.

Más de dos siglos después de la muerte de Francisco de Goya, su obra sigue generando nuevas lecturas y despertando el interés de creadores contemporáneos que encuentran en ella una extraordinaria capacidad para dialogar con los problemas, inquietudes y sensibilidades del presente. Precisamente esa idea constituye el eje central de 'Goya al natural. Sonidos y movimiento', un ciclo artístico que propone una aproximación innovadora al universo goyesco a través de la lírica, la performance y la danza contemporánea.

Lejos de presentar a Goya como una figura histórica encerrada en los museos, el proyecto lo reivindica como un creador vivo cuya mirada sigue interpelando al espectador actual. El programa parte de una premisa clara: la obra del pintor aragonés trasciende los límites de la pintura y puede inspirar nuevas formas de expresión artística capaces de conectar con públicos contemporáneos. Para ello, el ciclo que llega a su segunda edición y se desarrollará entre el 4 y el 17 de junio de 2026, transforma diferentes espacios del Palacio de la Aljafería en escenarios donde patrimonio, historia y creación actual se entrelazan en una experiencia inmersiva.

La relación entre Goya y la música constituye uno de los primeros ejes del programa. El concierto inaugural del 4 de junio, titulado 'El sueño del amor produce monstruos', propone un recorrido por la lírica de la época a través de obras de Mozart, Boccherini, Barbieri y Enrique Granados. La selección musical permite reconstruir el ambiente cultural que rodeó al artista y explorar las conexiones entre la pintura, la música y la sociedad de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. Especial relevancia adquieren las tonadillas de Granados inspiradas en las majas goyescas, personajes que simbolizan una parte esencial del imaginario popular reflejado por el pintor. La propuesta pone de manifiesto cómo la música puede convertirse en una herramienta privilegiada para comprender la sensibilidad de una época marcada por profundas transformaciones políticas y culturales.

La presencia de Ensemble Katharsis refuerza además la voluntad del ciclo de apostar por formatos innovadores. Desde su creación, esta formación aragonesa se ha caracterizado por combinar excelencia musical y propuestas escénicas capaces de acercar la música clásica a nuevos públicos. Su participación en el festival demuestra cómo el legado cultural asociado a Goya puede reinterpretarse desde perspectivas contemporáneas sin perder el vínculo con la tradición.

Uno de los momentos más singulares del programa llega el 10 de junio con 'Goya intramuro', una propuesta performativa concebida por el artista Samuel Hereza junto al músico Jorge Casasnovas. La acción convierte la Aljafería en un espacio de tránsito y reflexión donde el público acompaña a un Goya reinterpretado desde la sensibilidad del siglo XXI. El recorrido no busca reconstruir episodios biográficos del pintor, sino activar su pensamiento crítico y proyectarlo sobre los debates actuales. La experiencia culmina ante un gran muro concebido como superficie simbólica donde confluyen memoria, representación, conflicto y resistencia. En esta propuesta, la obra de Goya aparece vinculada a cuestiones plenamente contemporáneas como la violencia, la construcción de los relatos históricos o el papel del arte frente a las tensiones sociales y políticas de nuestro tiempo.

La dimensión sonora de esta performance resulta igualmente significativa. Las improvisaciones de Jorge Casasnovas utilizan la guitarra española como puente entre tradición y modernidad. A partir de referencias al romanticismo español, el músico desarrolla un lenguaje que incorpora elementos minimalistas y contemporáneos, creando una atmósfera que acompaña la experiencia visual y corporal. El resultado es un diálogo entre pasado y presente que refleja perfectamente el espíritu general del ciclo.

La guitarra ocupa también un lugar protagonista en el recital de Ana Carpintero, una de las intérpretes e investigadoras más destacadas en el estudio de la música de la época de Goya. Su programa recupera obras de compositores fundamentales para comprender el repertorio guitarrístico de finales del siglo XVIII y principios del XIX. A través de autores como Fernando Sor, Federico Moretti o Isidro Laporta, el concierto del 11 de junio reconstruye el paisaje sonoro que acompañó la vida del pintor y permite al espectador aproximarse a los gustos musicales de una sociedad que comenzaba a definirse por nuevas formas de sensibilidad artística y cultural.

El ciclo culmina el 17 de junio con una de las propuestas más ambiciosas desde el punto de vista conceptual: 'Foreshortened' / 'Escorzos del cuerpo', de la compañía de danza LaMov. La pieza toma como punto de partida el escorzo, una técnica pictórica utilizada por Goya para generar profundidad y dinamismo en sus composiciones, y la transforma en lenguaje coreográfico. Los cuerpos de los bailarines se expanden, se contraen y se deforman en el espacio para traducir físicamente la intensidad visual presente en la obra del artista aragonés.

La propuesta no pretende ilustrar la pintura de Goya, sino hacerla sentir. A través del movimiento emergen temas recurrentes en su producción artística, como la guerra, la condición humana, la crítica social, lo grotesco, la espiritualidad o los conflictos del poder. La danza se convierte así en una herramienta para explorar las tensiones que atraviesan toda la obra goyesca y demostrar que muchas de sus preocupaciones continúan siendo plenamente actuales. El escenario se transforma en un lienzo vivo donde la belleza surge precisamente de la deformación, de la ruptura de los límites convencionales de la representación y de la búsqueda de nuevas perspectivas sobre la realidad.

El ciclo escénico coincide con la exposición 'Goya. Del Museo al Palacio' que puede visitarse en la Aljafería desde diciembre de 2024, una gran muestra que reúne 62 obras procedentes del Museo de Zaragoza mientras este permanece cerrado por obras de remodelación.

Ambas iniciativas forman parte de una estrategia más amplia destinada a reforzar la presencia de Goya en el espacio público y a convertir Zaragoza en uno de los grandes centros internacionales de estudio, difusión y reinterpretación de su legado. De hecho, las administraciones e instituciones culturales ya trabajan en los preparativos del bicentenario de 2028, concebido como un gran proyecto de Estado que contará con exposiciones, publicaciones, proyectos audiovisuales, actividades educativas y nuevas infraestructuras culturales dedicadas al pintor aragonés.

Todas las actuaciones del ciclo comienzan a las 19.30 horas. El precio de la entrada general es de doce euros, mientras que las entradas reducidas, destinadas a menores de dieciocho años, titulares de carné joven, mayores de 65 años, personas con carné de familia numerosa y monoparental, demandantes de empleo y personas con discapacidad, tendrán un coste de siete euros.

“La empresa carece de trabajadores”. Así figura textualmente en el auto dictado por el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Zaragoza , asumiendo la información que el Ayuntamiento aportó en sus formularios para instar su concurso de acreedores. Sin embargo, la entidad mantiene todavía a trabajadores en activo vinculados a la organización —y uno más en situación de excedencia forzosa, seis en total— , según ha podido confirmar este diario, en medio de una absoluta incertidumbre laboral y acumulando nóminas impagadas desde el pasado mes de febrero.

El auto, firmado el pasado 6 de mayo por el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Zaragoza, recoge que la fundación solicitó un procedimiento especial para microempresas con liquidación sin transmisión de empresa y señala expresamente que “la empresa carece de trabajadores” y que “la empresa se encuentra sin actividad”. El mismo documento declara el concurso sin masa de la fundación. La existencia de trabajadores vinculados a la fundación era conocida públicamente desde hace meses. Parte de la plantilla continúa ligada a la entidad pese a acumular nóminas impagadas y encontrarse todavía pendiente de la resolución definitiva del proceso concursal. En esta situación, una denuncia anónima presentada a través del canal interno del Ayuntamiento de Zaragoza alerta de “presuntas irregularidades” en el proceso de liquidación de la entidad y habla de una “estrategia planificada de desmantelamiento” y un supuesto “vaciado patrimonial”. La denuncia interna sostiene que esa afirmación trasladada al juzgado “induce a error” al órgano judicial e “invisibiliza” la situación laboral de los empleados. Este medio ha intentado ponerse en contacto con el Ayuntamiento para conocer su versión, pero no ha obtenido respuesta.

El escrito reclama además que se investigue el proceso de liquidación de la fundación, la devolución de proyectos europeos y el traspaso de activos vinculados a Etopia. La comunicación, presentada al amparo de la Ley 2/2023 de protección de informantes, denuncia además una supuesta “estrategia planificada de desmantelamiento” de la entidad para conducirla a una situación de “inviabilidad económica”.

La situación de la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento se ha convertido durante las últimas semanas en un nuevo frente político en la ciudad. Zaragoza en Común acusa al Gobierno de Natalia Chueca de haber llevado “deliberadamente” a la entidad a la quiebra, mientras que el Ayuntamiento sostiene que la fundación era económicamente inviable y que su continuidad no podía garantizarse.

Etopia abrió en 2013 como uno de los principales espacios municipales dedicados a la innovación, la cultura digital y la experimentación artística. Durante años se convirtió en una referencia nacional en proyectos vinculados a la tecnología, la divulgación científica y la creación cultural contemporánea. Según la memoria de actividades de 2023, el último ejercicio completo antes del inicio del proceso de liquidación, la fundación gestionaba once proyectos con financiación externa y desarrollaba talleres, conciertos, exposiciones, laboratorios infantiles, residencias artísticas y becas que daban servicio a unas 40.000 personas al año.

Fuentes de la plantilla sostienen además que la entidad mantenía proyectos europeos concedidos hasta 2027 y unas cuentas “saneadas” cuando el Ayuntamiento anunció en 2024 el cambio de orientación de Etopia y el inicio de la liquidación. La denuncia también cuestiona la versión mantenida por el Gobierno municipal sobre la salida del Ayuntamiento de la fundación. El escrito habla de un supuesto “control absoluto” del Consistorio sobre la entidad incluso después de anunciar su desvinculación del patronato en 2024 y sostiene que siguió ejerciendo funciones de dirección y gestión.

Para demostrar esa tesis, el comunicante aporta varias actas internas de la fundación. Entre ellas, una sesión extraordinaria celebrada en mayo de 2025 en la que el consejero de Economía y Transformación Digital, Carlos Gimeno, figura como representante LEAR de la entidad y recibe poderes generales en materia laboral junto a otros miembros del patronato. La denuncia también pone el foco en el proceso de modificación estatutaria aprobado en abril de 2024 para facilitar la salida municipal de la fundación. Según el escrito, aquella decisión se adoptó “sin alcanzar la mayoría reforzada” exigida por los estatutos de la entidad, una cuestión que posteriormente derivó en objeciones del Protectorado de Fundaciones de Aragón, que obligó el año pasado a constituir un patronato provisional integrado por el Consistorio, Ibercaja y la Universidad de Zaragoza para poder completar legalmente el proceso.

Otro de los apartados denuncia un supuesto “vaciado patrimonial” de la fundación mediante el traspaso o pérdida de activos vinculados a Etopia, entre ellos marcas, dominios web, perfiles en redes sociales y bases de datos de usuarios. La comunicación también cuestiona la cesión del programa Etopia Kids a la Fundación Hiberus y reclama que se investigue si esos movimientos se realizaron sin expedientes de concurrencia pública, mutación demanial o licitación.

Choque político en el pleno

En sus conclusiones, la comunicación reclama la apertura de una auditoría de regularidad estatutaria y pide investigar la devolución de fondos europeos, la gestión del concurso de acreedores y el traspaso de activos vinculados a la fundación. Desde el Ayuntamiento han defendido en todo momento, y así lo volvió a hacer el propio Carlos Gimeno durante el pleno de este jueves. El concejal volvió a definir Etopia como un “chiringuito de la izquierda” y les acusó de “colonizar la fundación con su gente”.

Las declaraciones se produjeron como respuesta al concejal de ZeC, grupo que presentó una moción para “condenar la censura cultural que ha llevado a la quiebra a la Fundación”. Suso Domínguez afirmó que la gestión del Consistorio ha sido “negligente” y que se ha “impulsado un proceso de desmantelamiento”. En el mismo pleno, el concejal del PSOE, Guillermo Ortiz, criticó que se haya quebrado a la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento y preguntó si la autopsia “se hará en un hospital público o privado para cobrar el último servicio a la ciudad”.

Además, Gimeno cargó contra la figura del gerente, de excendencia desde hace más de un año: “Ahora está de jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Aragón, del sanchismo que ayer fue a Roma a recibir la bendición del Papa y se fue con la extrema unción”, ha ironizado, acusando a los partidos de izquierda de “colocar a dicho gerente”. Sin embargo, tal y como ha recordado Domínguez, dicho cargo fue nombrado por la ex consejera popular Carmen Herrarte. Respecto a las acusaciones sobre el proceso de “desmantelamiento”, Gimeno no se pronunció y sostuvo que parte de las actividades desarrolladas en el centro no justificaban el volumen de recursos públicos invertidos.

La Federación de Barrios de Zaragoza (FABZ), en nombre de otras cinco entidades, ha cargado contra la modificación urbanística impulsada por el PP en el Ayuntamiento para regularizar Torre Outlet de Pikolin, ubicado en la carretera de Logroño, y ha exigido la retirada inmediata del expediente que irá este jueves al pleno municipal. Su presidente, Arturo Sancho, denuncia que el consistorio está intentando legalizar “a la carta” un proyecto declarado ilegal en cuatro ocasiones por los tribunales y advierte de que la reforma podría abrir la puerta a nuevos macrocentros comerciales en distintas zonas de Zaragoza sin informes suficientes sobre movilidad, seguridad o impacto urbanístico.

Sancho ha realizado una dura crítica contra la modificación urbanística impulsada por el Ayuntamiento de Zaragoza para intentar regularizar la situación de Torre Outlet, asegurando que se trata de una “chapuza”, una “modificación a la carta” y una “huida hacia adelante” que podría tener consecuencias muy graves para el modelo urbanístico y comercial de la ciudad.

El presidente de la FABZ ha denunciado que el expediente presentado por el Ayuntamiento carece de informes fundamentales para valorar el impacto real de la modificación, ya que no existe ningún estudio serio sobre el impacto comercial o la movilidad y cómo afectaría esta recalificación no solo a la carretera de Logroño, donde se ubica Torre Outlet, sino también a otras zonas de Zaragoza que podrían verse beneficiadas por futuras modificaciones similares. Tampoco, afirma, se han elaborado informes de seguridad relacionados con riesgos geológicos como las dolinas, un problema conocido en determinadas áreas de la ciudad. Para la FABZ, esta ausencia de estudios demuestra que el proyecto se está tramitando sin planificación rigurosa ni análisis técnico suficiente.

Las alegaciones no proceden únicamente de la Federación de Barrios, en coordinación con UGT, CCOO, Ecologistas en Acción, Izquierda Unida y Zec, sino también de particulares y otras personas ajenas a la organización. Precisamente, algunas de esas otras alegaciones incorporan análisis detallados sobre las consecuencias comerciales y urbanísticas que podría provocar esta modificación del Plan General. Según esos documentos, hasta seis parcelas industriales cercanas a Torre Outlet podrían cumplir los requisitos necesarios para ser recalificadas como suelo comercial. Estas parcelas, conocidas como “pastillas”, reúnen características similares a las de Torre Outlet: tener una superficie superior a 50.000 metros cuadrados; estar situadas dentro del cuarto cinturón de Zaragoza; encontrarse a menos de 100 metros de una zona residencial o urbanizable; un compromiso de las naves industriales de alrededor de irse de la superficie; poder concentrarse bajo un único propietario, condición que Sancho considera la más sencilla de cumplir, ya que bastaría con adquirir la totalidad de la parcela.

A juicio de Sancho, esto significa que el Ayuntamiento no solo estaría tratando de legalizar un centro comercial declarado ilegal por los tribunales en cuatro ocasiones, sino que además estaría abriendo la puerta a una expansión masiva de nuevas superficies comerciales en Zaragoza. De hecho, ha llegado a advertir de la posibilidad de crear un “super megacentro comercial”, varias veces más grande que el actual complejo de Torre Outlet. Explicó también que algunas de las parcelas identificadas alcanzan dimensiones muy elevadas, con superficies de 71.000, 136.000, 78.000, 58.000, 72.000 y 59.000 metros cuadrados. Aunque todavía faltaría determinar si pertenecen a un único propietario o a varios, Sancho ha minimizado esta cuestión al considerar que la propiedad puede concentrarse fácilmente mediante compras, mientras que otras condiciones urbanísticas son mucho más difíciles de modificar.

El presidente de la FABZ también apunta que los efectos de esta recalificación no se limitarían a la carretera de Logroño, sino a otras zonas de la ciudad como la carretera de Castellón o Cogullada también podrían verse afectadas por modificaciones similares, convirtiéndose en nuevos espacios susceptibles de explotación comercial. Sin embargo, el expediente municipal no incluye ningún análisis sobre cómo estos cambios afectarían al conjunto de Zaragoza, ni desde el punto de vista comercial, ni en términos de movilidad o seguridad.

Sancho ha acusado al Ayuntamiento de actuar sistemáticamente para esquivar las resoluciones judiciales y recuerda que los tribunales han declarado ilegal el proyecto en varias ocasiones y que, lejos de aceptar esas decisiones, el gobierno municipal ha respondido impulsando sucesivas modificaciones urbanísticas para intentar adaptar la normativa al centro comercial. La dinámica lleva produciéndose desde hace doce años y constituye una estrategia permanente de “huida hacia adelante”. También recuerda que una modificación anterior del Plan General promovida por el actual responsable de Urbanismo ya fue anulada por los tribunales.

En este contexto, la FABZ reclama al Ayuntamiento que retire el expediente previsto para aprobación en el Pleno municipal y que paralice el proceso hasta elaborar todos los informes técnicos necesarios. Sancho ha insistido en que lo primero que debería hacer el consistorio es reconocer públicamente que las actuaciones realizadas hasta ahora han sido ilegales. Solo a partir de ese reconocimiento, dijo, podría abrirse un diálogo serio sobre posibles soluciones. Sin embargo, denuncia que durante todos estos años Urbanismo “nunca se ha puesto en contacto con las entidades vecinales para escuchar sus planteamientos ni buscar acuerdos”.

Con respecto al argumento del empleo utilizado por el Ayuntamiento para defender la continuidad de Torre Outlet, Sancho ha cuestionado la sinceridad de ese discurso y aseguró que el gobierno municipal solo utiliza la defensa de los puestos de trabajo cuando le interesa políticamente. Como ejemplo, mencionó despidos y recortes anteriores en servicios municipales como en la propia Federación de Barrios o las Casas de Juventud donde, según él, no existió la misma preocupación institucional. En su opinión, el empleo no puede servir como justificación para mantener actuaciones urbanísticas declaradas ilegales por los tribunales.

Asimismo, ha denunciado el desgaste económico y judicial que esta situación provoca en las entidades vecinales. Explica que cada recurso contencioso supone un importante coste económico para asociaciones y ciudadanos, mientras que el Ayuntamiento continúa litigando utilizando dinero público. Pese a ello, ha dejado claro que la FABZ no piensa abandonar la batalla judicial después de doce años de conflicto. Advirtió que, si el Ayuntamiento sigue adelante con la modificación, volverán a recurrir a los tribunales y existen otras vías legales.

Sancho también ha incidido en que que Zaragoza ya es una de las ciudades europeas con mayor concentración de metros cuadrados de centros comerciales y alerta de que esta modificación podría agravar todavía más esa situación. Para la FABZ, el problema ya no afecta únicamente a Torre Outlet, sino al modelo de ciudad que se está impulsando y a las consecuencias urbanísticas, comerciales y sociales que podrían derivarse de este tipo de decisiones.

El vicepresidente primero del Gobierno de Aragón y dirigente de Vox, Alejandro Nolasco, ha utilizado la agresión machista ocurrida la pasada semana en el barrio zaragozano de Las Fuentes para endurecer su discurso contra la inmigración y reclamar la expulsión inmediata del detenido, un hombre de origen marroquí. También ha exigido este lunes al delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, que “desvele” si el agresor de una mujer y su hijo, tiene o no residencia legal en España.

La agresión tuvo lugar en la madrugada del jueves en una vivienda de la calle Batalla de Lepanto. Según informó la Jefatura Superior de Policía en Aragón, agentes de Policía Local y Nacional acudieron al domicilio tras recibir llamadas de vecinos que alertaban de una posible pelea en el ámbito familiar. Allí localizaron a una mujer con varios cortes y golpes, que tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario, aunque su vida no corría peligro. El presunto agresor, de 37 años y con quien la víctima habría mantenido una relación afectiva, fue detenido y la investigación quedó en manos de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM).

A partir de este caso, Nolasco ha comparecido este lunes para exigir al Gobierno central que inicie “un expediente urgente para proceder a su inmediata expulsión de España” y cuestionar por qué el detenido no había sido expulsado anteriormente pese a acumular antecedentes.

Durante su comparecencia, el dirigente de Vox ha vinculado directamente el caso con la inmigración irregular y ha asegurado que el Ejecutivo autonómico utilizará “todas las vías legales” para combatir lo que ha calificado como una “invasión migratoria”. Asimismo, cha criticado los procesos de regularización de inmigrantes impulsados por el Gobierno central, al considerar que generan un “efecto llamada”.

Nolasco también ha cargado contra los ministerios de Interior e Igualdad y ha responsabilidado directamente al Ejecutivo de Pedro Sánchez de que “un delincuente fichado por su peligrosidad delictiva se mueva cómodamente en España”.

El vicepresidente aragonés ha insistido además en reclamar a la Delegación del Gobierno que aclare si el detenido dispone o no de residencia legal en España, una información que, según ha asegurado, todavía no ha sido facilitada al Ejecutivo autonómico. En su intervención, el dirigente de Vox ha mezclado el caso concreto con propuestas generales sobre inmigración y seguridad, ha asegurado que se implantará el principio de prioridad nacional para frenar “el efecto llamada, tan peligroso para la seguridad de las mujeres” y “poner luz y taquígrafos para procurar que estos delincuentes vuelvan a sus casas”. El Departamento está “abierto” a la colaboración de todas las asociaciones y organismos que quieran trabajar junto con el Ejecutivo “para perseguir a estos delincuentes y que las mujeres no tengan que sufrir ni tener miedo a pasear por la calle”.

Respecto al origen de los agresores, ha dicho que “el delincuente se criminaliza solo” y que “un español está aquí, te lo tienes que comer”, pero “hay una gran cantidad de ilegales que cometen delitos por qué tenemos que aguantar eso, se ha preguntado”. El Ejecutivo regional elaborará un plan de retorno de inmigrantes promoviendo acuerdos con los países de origen, remitiéndose al artículo 35.2 de la Ley de Extranjería, que faculta para ello a las comunidades autónomas. “La Comunidad Autónoma es competente”.

Miles de trabajadores del sector del comercio textil y del calzado se han manifestado este sábado en distintas ciudades españolas, convocados por UGT, contra el preacuerdo de convenio colectivo firmado entre la patronal del ramo ARTE y los sindicatos CCOO y FETICO. En esa patronal están empresas como Inditex, Mango o Primark. En las últimas semanas, las plantillas ya han protestado por este acuerdo.

El miembro del equipo de la Federación Estatal de Comercio de UGT, Álvaro Cajigal, ha comentado que, tras esta primera huelga estatal, tienen pensado continuar con las movilizaciones para impedir que ese preconvenio, firmado el pasado 23 de marzo, se materialice porque empeora las condiciones y los derechos laborales.

Por ello, ante las reuniones de negociación del convenio previstas para los próximos días 27 y 28 de mayo con la patronal Asociación de Retail Textil de España (ARTE), UGT ha comentado que seguirán con las movilizaciones y con la exigencia de que se mantengan los derechos conseguidos en convenios territoriales o de empresa. UGT ha manifestado recientemente que su objetivo radica en que el convenio colectivo que pretende ARTE sea una norma de mínimos y que prevalezca la negociación territorial y de empresa en todos aquellos aspectos que lo mejoren.

Según Cajigal, la huelga ha sido un éxito a nivel estatal y han cerrado muchas tiendas, aunque haya tenido un seguimiento desigual por provincias o ciudades, y ha destacado el compromiso de unos trabajadores que en muchos casos son jóvenes con primer empleo, habitualmente temporal. Así, ha resaltado la participación en Asturias, Galicia, con mucha asistencia en Vigo y A Coruña (con siete huelgas de protesta), Catalunya, La Rioja, Zaragoza y Cantabria, donde recientemente han suscrito un convenio que ha sido impugnado por ARTE.

En Barcelona han participado más de un centenar de personas en la manifestación, según la Guardia Urbana de Barcelona, y unas 200 según UGT de Catalunya. El secretario general de la federación de servicios, movilidad y consumo, Óscar López, ha explicado que el nuevo convenio que quieren firmar “quita condiciones a los trabajadores de Cataluña”. Ha añadido que favorece la sustitución de personal con derechos consolidados por nuevas contrataciones con peores condiciones y supone una recentralización de la negociación colectiva que perjudica a los territorios y “está hecho para Inditex y para Mango, para que las empresas ganen más”.

La jornada de huelga en Galicia, convocada por la Confederación Intersindical Galega (CIG) y UGT, ha estado marcada por manifestaciones por las calles de las principales ciudades y centros comerciales, y muchos establecimientos cerraron sus puertas por la protesta. En Santiago de Compostela, decenas de trabajadores y representantes sindicales han marchado por el interior del centro comercial As Cancelas con pancartas y carteles reivindicativos, para luego iniciar una marcha hasta las calles del centro de la capital gallega.

A finales de marzo, la principal patronal del sector, ARTE, y los sindicatos CCOO y la Federación de Trabajadores Independientes de Comercio (FETICO) firmaron un preacuerdo para regular las condiciones laborales de cerca de 200.000 trabajadores, en materia de contratación, salarios y tiempo de trabajo.

Ese texto recoge homogeneizar salarios, equiparar contratos y mejorar la jornada laboral en las grandes cadenas de moda de toda España, excepto el País Vasco, con legislación y acuerdos propios.

De sustanciarse ese acuerdo, se aplicará a los trabajadores de empresas dedicadas principalmente al comercio textil y del calzado con una plantillas mayores de 400 personas y una superficie física de más 3.500 metros cuadrados, o que estén presentes en al menos tres comunidades autónomas.

La responsable de Comercio Textil de la federación de CCOO Servicios, Verónica Recio, declaró a EFE que el sindicato no secunda la huelga y que el preacuerdo garantiza las mejores condiciones existentes de la plantilla y eleva las de peor situación. La presidenta de ARTE, Ana López-Casero, consideró que el preacuerdo mejora las condiciones laborales del sector y establece garantías adicionales para que no haya ninguna situación en la que se produzca una merma de derechos, en particular en materia de retribuciones.

Muchas de las actividades culturales más originales y pertinentes de Aragón se están desarrollando en los pueblos, fuera de Zaragoza y de las dos otras capitales. El fenómeno no es nuevo y va a más, con ejemplos notables como el de Quinto, que estos días, ya en su cuarta edición consecutiva, avanza en la regeneración de sus calles sirviéndose de intervenciones artísticas en torno al patrimonio gráfico. El proyecto se llama Retrospectiva, se anuncia con el lema 'Permitido pintar carteles' y su principal plasmación es tan sencilla como efectiva: se buscan rincones de la localidad que merecen un lavado de cara para convertirse en lienzos en blanco y, sobre sus paredes, jóvenes artistas reproducen publicidad antigua de conocidas marcas en gran formato, que destacan por apelar a la memoria colectiva y, sobre todo, por su belleza. Detrás, hay un largo trabajo de ideación, de descubrir conexiones documentales y sentimentales, que da sentido a todo.

El arte urbano, con el muralismo como expresión más habitual, está presente en otros pueblos de Aragón y de España. Pero este proyecto mantiene su singularidad por trabajar con anuncios y por relacionarlos con la evocación del pasado. Quinto, que ha visto multiplicarse las visitas en los últimos años desde la apertura de su igualmente exclusivo Museo de las Momias, ya está destacando también por Retrospectiva, una iniciativa del Ayuntamiento que tiene como alcalde a Jesús Morales y de cuya materialización se ocupa la gestora cultural Paula Blesa.

“Es una propuesta cultural que se ha consolidado como una cita singular dentro del panorama artístico aragonés y nacional. Al recuperar ejemplos de publicidad histórica y rotulación ‘vintage’, devolviéndolos al espacio público para mejorar así también la imagen del pueblo, este se hace más acogedor, más creativo. La aceptación por parte de los vecinos crece año a año, la acogida y la hospitalidad son fantásticas. Y cada vez que contactamos con artistas o con las marcas para que nos cedan los derechos de los carteles, ya conocen el proyecto y se suman a la aventura prácticamente sin dudarlo”, dice Paula Blesa. “Todo se hace desde el respeto y la admiración hacia aquellos pioneros gráficos que trabajaron en la publicidad y son reproducciones fidedignas que hacen artistas contemporáneos, ilustradores y muralistas”, añade.

Carteles que conectan con antiguas fotografías

Los trabajos de 2026 concluyen este sábado 23 de mayo con una fiesta en el Rincón de la Charanga, a la hora del vermut, animada por DJ Pables (Pablo Grao) con música de los 60, que invita a rememorar los guateques. 

Antes, a las 12.00, está convocada la visita guiada para descubrir las tres intervenciones del año, que son obra de Diego Apesteguía, Arantxa Recio ‘Harsa’ y Dan Bonssai, quienes han convivido unos días en Quinto. Pero este museo al aire libre de publicidad resignificada es visitable en cualquier momento, paseando por sus calles. Junto a cada pieza, un código QR permite ampliar la experiencia, accediendo a un archivo fotográfico que conecta la temática de los murales con imágenes antiguas de quintanos y quintanas. En las ediciones precedentes han trabajado Hugo Casanova, Isabel Garmón, Contiza Rotulación, Jesana Motilva, Helena Pérez, Edu Bhurton, Miguel Maestro, Diego Vicente, Sara Marcos o Laura Alloza. 

Dan Bonssai, un artista urbano madrileño afincado en Aragón, deja en la calle Tranqueta una reproducción de un calendario de los 80 de Cluzasa (Centrales Lecheras Unidas de Zaragoza), empresa desaparecida en la segunda mitad de esa década que, entre otras granjas y lecherías, se surtía en Quinto. Muchos la recordarán por sus anuncios y envases. Pintando a pleno sol largas horas, aunque siempre atendido por vecinos que le llevaban comida y bebida, Dan Bonssai explicaba cómo ha podido descubrir toda la fuerza de este diseño al replicarlo a gran tamaño en una pared.

Como para él, para la ilustradora zaragozana Arantxa Recio también ha sido la primera vez en duplicar una obra ajena. Subida en una grúa en la calle de la Cruz, y asimismo bien provista por las gentes de Quinto, recreaba en una pared un anuncio de Iberia de los años 50. Este invitaba a visitar España con la imagen de un avión superpuesto sobre figuras femeninas, al estilo de las muñecas recortables, ataviadas con trajes regionales. Todo un reto, lleno de detalles, explicaba Harsa.

La otra intervención de la cuarta edición de Retrospectiva corre a cargo de Diego Apesteguía, un reconocido artesano madrileño de la rotulación, este sí acostumbrado a evocar técnicas y estilos gráficos del pasado. Ha trabajado minuciosamente en la reproducción en la calle del Olivo de un cartel de Conservas Ortiz, muy posiblemente de los años 30. Una espléndida estampa costumbrista, reflejo de su época, que también pasa así a formar parte del patrimonio visual de Quinto.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha licitado una parcela municipal de 26.500 metros cuadrados en Valdespartera para la construcción y explotación del futuro Centro Deportivo Municipal (CDM) Distrito Sur, un proyecto que incluye piscinas de uso público y un complejo deportivo privado cuya gestión recaerá en la empresa Enjoy Wellness Promoción Deportiva S.L.

La operación contempla una concesión de 75 años sobre un suelo municipal valorado en aproximadamente 2 millones de euros, mientras que el canon que abonará la adjudicataria durante todo ese periodo apenas superará los 1,8 millones, sin llegar a cubrir el coste del suelo, según ha denunciado este viernes la concejal socialista Marta Aparicio.

Además, el Gobierno municipal ha aprobado esta semana en la Comisión de Hacienda una declaración de especial interés para conceder beneficios fiscales a la empresa adjudicataria dentro de las bonificaciones previstas en la ordenanza fiscal. Aparicio ha recordado que este tipo de medidas “son legales, pero eso no significa que estén bien hechas”.

La edil socialista ha criticado que el Ayuntamiento vaya a asumir también una inversión cercana a 5 millones de euros para construir el Centro Deportivo Municipal integrado dentro de las instalaciones que posteriormente explotará la empresa privada. “Con la excusa de dotar al barrio de unas piscinas públicas, lo que hace Chueca es regalar suelo público y asumir inversiones millonarias para favorecer un negocio privado”, ha señalado.

Según las estimaciones del PSOE, si al reducido canon concesional se le descuentan tanto la inversión municipal como las bonificaciones fiscales aprobadas, la operación supondrá “una propina de alrededor de 4 millones de euros” para la adjudicataria.

Aparicio ha enmarcado esta actuación dentro de la política de beneficios fiscales impulsada por el Gobierno municipal a través del llamado Plan de Atracción de Empresas. “Solo hay que recordar las ayudas y bonificaciones concedidas a proyectos como Nueva Romareda, Quirón, Costco, Becton Dickinson o Tiro de Pichón”, ha señalado, lamentando que estas decisiones coincidan con la subida de tasas como el agua o las basuras para la ciudadanía.

La concejal socialista ha acusado además a Natalia Chueca de convertir el patrimonio municipal “en una herramienta al servicio de intereses privados”, citando otros proyectos como Giesa, Etopia o las piscinas de La Almozara. “Estamos hablando de cómo el Ayuntamiento está entregando patrimonio público mientras se exige más esfuerzo económico a los vecinos”, ha concluido.

“Se oponen a proyectos que generan riqueza y empleo”

Por su parte, el Gobierno de Zaragoza ha reaccionado a las críticas socialistas lamentando que ese opongan a la llegada de proyectos empresariales que generan riqueza y empleo en la ciudad. “El Plan Fiscal de Atracción de Inversiones, que tanto critica el Grupo Municipal Socialista, ha demostrado su utilidad para facilitar la llegada y la ampliación de empresas que están creando cientos de puestos de trabajo, muchos de ellos además cualificados”.

Además, alega que las bonificaciones fiscales de los proyectos que cumplen las condiciones del Plan Fiscal de Atracción de Inversiones son proporcionales a su creación de empleo y volumen inversor, tal y como está legalmente establecido en las ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Zaragoza.

En este caso, además reprocha al PSOE que cargue contra el proyecto del Centro Deportivo Municipal Distrito Sur, “un equipamiento altamente demandado por los vecinos de Valdespartera, Arcosur, Rosales del Canal y Montecanal, que por fin este Gobierno municipal va a hacer realidad. Y lo va a hacer, del mismo modo que en el CDM Aljafería, con el menor coste financiero posible para el Ayuntamiento, para no hipotecar a las generaciones futuras, haciendo compatible la puesta en marcha de grandes equipamientos municipales con la reducción de la deuda que durante años dispararon los gobiernos socialistas”, han concluido fuentes del equipo de gobierno.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Zaragoza a una mujer como presunta autora de un delito continuado de estafa agravada, además de posibles delitos de coacciones y obstrucción a la justicia tras defraudar más de 70.000 euros a un hombre de 74 años en situación de vulnerabilidad.

La investigación se inició el pasado mes de abril, después de que varios trabajadores de una sucursal bancaria alertaran al CIMACC 091 de que un cliente de avanzada edad llevaba meses realizando importantes retiradas de efectivo sin una explicación coherente sobre el destino del dinero.

Los primeros indicios apuntaban a una situación de manipulación económica prolongada, afectando a un hombre de 74 años y en situación de especial vulnerabilidad, que habría entregado de forma continuada elevadas cantidades de dinero a una mujer a la que conocía desde hacía aproximadamente un año, han indicado desde la Jefatura Superior de Policía de Aragón.

La víctima realizó durante meses numerosas extracciones de efectivo y transferencias bancarias bajo distintas excusas relacionadas con la compra de una vivienda, gastos médicos, procedimientos judiciales, problemas familiares o desbloqueo de fondos económicos. Asimismo, las pesquisas permitieron acreditar una transferencia de 11.000 euros, supuestamente destinada al pago de abogados, fondos que posteriormente habrían sido gastados en establecimientos de ocio y juego.

Los investigadores estiman que el importe total entregado por la víctima podría superar los 70.000 euros, dejando sus cuentas bancarias sin saldo disponible.

Papel clave de las entidades bancarias

La actuación coordinada y preventiva de los empleados de varias oficinas bancarias ha resultado fundamental para detectar una situación anómala y alertar a la Policía Nacional. Los trabajadores observaron numerosas retiradas de efectivo incompatibles con la situación habitual del cliente, apreciando además una especial vulnerabilidad emocional y psicológica, así como posibles signos de dependencia o influencia externa.

En varias ocasiones la víctima mostró dudas sobre continuar entregando dinero, aunque posteriormente regresaba para realizar nuevas retiradas, llegando incluso a solicitar a empleados bancarios que comunicaran falsamente que sus cuentas estaban vacías mientras otra persona escuchaba la conversación.

Según consta en las diligencias, la detenida habría llegado a amenazar con denunciar falsamente a la víctima por delitos graves si acudía a la Policía, circunstancia que pudo influir en el comportamiento dubitativo y temeroso mostrado por el perjudicado durante la investigación.

Los agentes describen cómo la víctima acudió en distintas ocasiones a dependencias policiales en un estado evidente de nerviosismo, confusión y presión emocional, ampliando inicialmente la denuncia para regresar posteriormente con intención de retirarla. También consideran que la situación observada refleja una presunta manipulación continuada sobre una persona especialmente vulnerable, tanto desde el punto de vista económico como personal.

La arrestada pasó el 20 de mayo a disposición del Tribunal de Instancia en funciones de guardia, quedando posteriormente en libertad con cargos mientras continúan las investigaciones.

En este punto, la Policía Nacional recuerda que los delitos de estafa pueden agravarse cuando se aprovecha la situación de vulnerabilidad personal o económica de la víctima, especialmente cuando los hechos generan un grave perjuicio patrimonial.

Asimismo, la colaboración de entidades bancarias, familiares y entorno cercano resulta esencial para detectar precozmente situaciones de manipulación económica, dependencia o fraude sobre personas mayores o especialmente vulnerables.

Una mujer se encuentra ingresada en un centro hospitalario de Zaragoza fueras de peligro tras haber sido atacada esta pasada madrugada en un piso de la calle Batalla de Lepanto, en el zaragozano barrio de Las Fuentes, por un hombre de 37 años con el que habría mantenido una relación afectiva, según ha informado la Jefatura Superior de Policía en Aragón.

Sobre la una de la madrugad agentes de la Policía Local y de la Nacional acudieron a la calle Batalla de Lepanto tras recibir varias llamadas de vecinos que alertaban de una posible pelea en el ámbito familiar.

A su llegada, localizaron a una mujer con varios cortes y golpes, que fue trasladada al hospital para recibir asistencia sanitaria, sin que su vida corra peligro.

Los agentes procedieron a la detención de un hombre de 37 años como presunto responsable de las lesiones. Al parecer, existiría una relación afectiva entre ambos. La investigación continúa abierta y está siendo desarrollada por la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de Zaragoza para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha reaccionado ante la agresión machista ocurrida esta pasada madrugada en Zaragoza en la que un hombre ha apuñalado a una mujer en un piso de la calle Batalla de Lepanto. “Conmocionado por el terrible ataque machista que ha sucedido en el barrio zaragozano de Las Fuentes” ha escrito Azcón en su cuenta de la red social X en un mensaje que también ha instado a “redoblar esfuerzos para acabar con esta lacra insoportable”.

Los derribos de Estébanes 12-14, el antiguo edificio de Correos del Portillo o el colegio de Jesús y María han vuelto a abrir en Zaragoza un debate recurrente sobre el abandono y la destrucción del patrimonio histórico de la ciudad. En apenas unos años han desaparecido o quedado sentenciados edificios renacentistas, ejemplos de arquitectura brutalista y conjuntos racionalistas mientras avanzan nuevas operaciones urbanísticas e inmobiliarias.

Pero estos casos recientes no son episodios aislados: forman parte de décadas de pérdida de memoria urbana en las que Zaragoza ha ido borrando buena parte de su patrimonio civil, industrial, arqueológico y arquitectónico, desde Averly y los palacios renacentistas del casco histórico hasta barrios enteros transformados por el desarrollismo y la especulación.

Los casos más recientes han sido especialmente polémicos. Entre 2025 y 2026 se produjo el derribo de Estébanes 12-14, en pleno corazón de El Tubo. El inmueble, con origen en el siglo XVI, llevaba décadas degradándose mientras asociaciones como APUDEPA denunciaban una ruina inducida por abandono. Tras el colapso parcial de la estructura, el Ayuntamiento declaró la ruina inminente y ha autorizado su demolición completa, incluida la fachada histórica. En esta calle se habla de construir 28 pisos turísticos.

También este año ha comenzado la demolición del antiguo edificio de Correos del Portillo, uno de los principales ejemplos de arquitectura brutalista de Aragón. Catalogado en el registro internacional DOCOMOMO, el edificio quedó condenado por la transformación urbanística de la zona ferroviaria del Portillo. Pese a las protestas vecinales y a las solicitudes de protección patrimonial, el Gobierno de Aragón rechazó declararlo Bien de Interés Cultural y las excavadoras retomaron el derribo.

En 2025 arrancó igualmente la demolición del antiguo colegio de Jesús y María, entre la avenida de Goya y Cortes de Aragón. El complejo, diseñado por Isidre Puig Boada —discípulo de Gaudí y figura destacada de la arquitectura escolar de posguerra—, llevaba cerrado desde 1998. Aunque distintos informes demostraban que el edificio podía rehabilitarse e integrarse en futuros equipamientos públicos, el Ayuntamiento aprobó un convenio urbanístico para construir 160 viviendas y nuevas dotaciones. La piqueta acaba con uno de los conjuntos racionalistas y humanistas más singulares de Zaragoza.

Más allá de estas grandes demoliciones, barrios como San Pablo, la Magdalena o el Gancho viven desde hace años un proceso más silencioso de “ruina por omisión”. Numerosos edificios históricos permanecen vacíos y sin mantenimiento hasta que Urbanismo decreta su ruina por motivos de seguridad, facilitando su sustitución por promociones inmobiliarias y acelerando la gentrificación del casco histórico.

El gran precedente contemporáneo de esta dinámica fue Averly en 2016. La histórica fundición fundada en 1863 en el paseo María Agustín era uno de los conjuntos industriales mejor conservados de Europa, con talleres, maquinaria y archivos originales del siglo XIX. La operación urbanística sobre los terrenos acabó destruyendo aproximadamente el 70% del complejo y convirtió Averly en símbolo de una idea cada vez más extendida en Zaragoza: el patrimonio pierde frente al ladrillo. La ciudad ha perdido además harineras, talleres ferroviarios, industrias del Arrabal y buena parte de su arquitectura industrial histórica.

A este deterioro del patrimonio visible se suma otro conflicto menos conocido: la gestión de los hallazgos arqueológicos del subsuelo zaragozano. Bajo el centro de la ciudad permanecen enterradas amplias zonas de la antigua Caesaraugusta romana y de la Saraqusta islámica. En 2001, durante las obras del aparcamiento subterráneo del Paseo Independencia, aparecieron restos del arrabal islámico de Sinhaya, un barrio musulmán desarrollado entre los siglos X y XII. Las excavaciones sacaron a la luz calles, viviendas y estructuras urbanas medievales que obligaron a replantear parcialmente el proyecto.

En el entorno de la plaza del Pilar y la Seo aparecieron también importantes restos del Foro Romano y del Puerto Fluvial de Caesaraugusta, mientras que en 1972 las obras de la calle San Jorge descubrieron accidentalmente el Teatro Romano de Caesaraugusta, uno de los mayores de Hispania. Las sucesivas excavaciones urbanas han seguido revelando murallas, cloacas, necrópolis y restos medievales e islámicos, alimentando el debate sobre si Zaragoza integra realmente su patrimonio arqueológico o simplemente lo gestiona como un obstáculo para el desarrollo urbano.

La destrucción patrimonial de Zaragoza no comenzó recientemente. Durante el desarrollismo de los años sesenta y setenta desapareció gran parte de la arquitectura burguesa de Ruiseñores y Paseo Sagasta. Muchas de las villas diseñadas por Regino Borobio y José Borobio Ojeda fueron demolidas o profundamente transformadas. Entre las pérdidas más simbólicas estuvo la Casa Faci, derribada en 1971.

El desarrollismo arrasó también buena parte del casco histórico renacentista. Grandes palacios como la Casa Palafox o la Casa de los Torrellas desaparecieron junto a numerosas residencias históricas de calles como Manifestación, Don Jaime o Predicadores. La apertura de grandes vías y la adaptación de la ciudad al automóvil alteraron radicalmente la escala urbana histórica y destruyeron buena parte del tejido medieval y renacentista.

En paralelo, Zaragoza perdió gran parte de su patrimonio cultural popular. Desaparecieron o fueron profundamente transformados cines históricos como el Elíseos, el Goya, el Coliseo o el París. El Teatro Fleta, inaugurado en 1955 y una de las grandes obras de la arquitectura racionalista de posguerra, permaneció durante décadas abandonado entre litigios, promesas incumplidas y deterioro progresivo.

Todavía más atrás, las operaciones urbanísticas del franquismo arrasaron barrios históricos enteros en el entorno de la Seo, el barrio del Sepulcro y zonas medievales próximas al Ebro. También desaparecieron numerosos conventos, iglesias y edificios religiosos históricos, como parte del antiguo convento de Jerusalén.

El gran trauma patrimonial moderno de Zaragoza fue, sin embargo, el derribo de la Torre Nueva en 1892. La torre mudéjar inclinada del siglo XVI, uno de los grandes símbolos civiles de la ciudad, fue demolida alegando problemas estructurales pese a las protestas de numerosos arquitectos e intelectuales. Muchos historiadores consideran aquel episodio el origen de una lógica urbanística que todavía persiste: en Zaragoza siempre ha resultado más fácil derribar que rehabilitar.

La ciudad que se destruye a sí misma

Expertos en patrimonio han puesto estos días el grito en el cielo tras el anuncio de derribo del edificio del siglo XVI de la calle Estébanes. El historiador Daniel Aquillué, ironiza y apunta que “Zaragoza, que ha sobrevivido a guerra, revoluciones y contrarrevoluciones en su larga historia parece empeñada en no sobrevivir a sí misma y destruirse a sí misma bajo la piqueta”.

Sostiene que “la época contemporánea ha sido desastrosa, desde el paradigmático derribo de la bella Torre Nueva en 1892, que debería haber hecho reflexionar y no cometer los mismos errores”.

A su juicio, los últimos 90 años “han sido una catástrofe”, especialmente de los años 40 a los 70, con el franquismo y un desarrollismo mal entendido, cuando se arrasó el corazón histórico de la ciudad para hacer la gran plaza del Pilar, se abrió San Vicente de Paul y se tiró la antigua universidad. Recuerda que todavía hubo un destrozo posterior cuando se arrancó el foro romano en 1990 pero creía que aquello había quedado atrás. Sin embargo, desde 2016 con el “fundicidio”, la destrucción del 68% de la fundición Averly, “todo ha vuelto a empeorar”.

Aquillué recuerda la demolición del convento de Santa María Jerusalén, obra de Borobio, en Casablanca en 2023, el colegio Jesús y María en 2025, los restos arqueológicos no conservados del pasado andalusí, los todavía no visitables cubos de la muralla del siglo XI en Paseo María Agustín (salvados in extremis junto al muro de 1808)... O el próximo derribo del edificio brutalista de Correos en el Portillo, las casas del siglo XVI en la Magdalena por las que pasaba la muralla romana, o la más reciente casa de 1500 de calle Estébanes.

Para Aquillué “el panorama es desolador y las administraciones no actúan. Yo ruego desesperadamente que actúen en conservar nuestra historia”. El historiador sostiene que no debe priorizarse el interés económico sobre el cultural porque ambos pueden ser perfectamente compatibles, como se ha podido demostrar en iniciativas de otras ciudades. A su juicio, se puede ir perdiendo la identidad de la ciudad y acabar siendo como cualquier otra si tan solo se prioriza la rentabilidad de las residencias turísticas, que es donde suelen acabar numerosas iniciativas urbanísticas.

“Lo que prima es el suelo y la corrupción”

Belén Boloqui, presidenta de la Asociación de Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa), tiene claro que el interés que domina es el suelo. “Salvo algunos bienes intocables, siempre se trata de lo mismo: la especulación urbanística y la corrupción”. Y vaticina que “mientras el suelo siga siendo la prioridad, el patrimonio seguirá cayendo como un castillo de naipes”.

La historiadora lamenta la trayectoria de sentencias judiciales que priorizan las medidas de seguridad por encima del interés patrimonial, hasta el punto que muchos expertos se quedan a las puertas de presentar los informes que les han encargado cuando ya se ha decidido el derribo de edificios como el caso de la calle Estébanes o del Colegio Jesús y María.

Boloqui muestra su malestar porque “siempre hay alguna excusa que lo impide y la de las medidas de seguridad es una táctica que comienza por dejar que se deterioren los edificios, actuando solo al final serrando maderas, quitando cubiertas, etc. Siempre van a concurrir criterios de seguridad”.

A pesar de su pesimismo por lo que considera una falta de conciencia general, la presidenta de Apudepa sostiene que “esto no funciona ni funcionará mientras esté todo bien atado” pero anima a mantenerse firmes y exigir que en todas las decisiones se convoquen a expertos y a la sociedad “ocupada y preocupada” por el patrimonio aragonés.

La jueza de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Zaragoza ha rechazado la medida cautelar solicitada por la Asociación de Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa) para paralizar de forma inmediata las obras de demolición del inmueble situado en la calle de Estébanes 12-14, ya casi completamente demolido. El auto judicial reconoce expresamente que el edificio posee “un relevante interés patrimonial” por su ubicación en un entorno declarado bien de interés cultural y por su catalogación urbanística individual, pero avala el derribo por seguridad ciudadana.

La propiedad pertenece, a través de la firma TON Desarrollos SL, a Antonio Martínez Martínez, un empresario vinculado con Juan Forcén, a su vez un constructor muy cercano a Jorge Azcón.

La resolución, fechada el 13 de mayo, permite que continúen las obras, aunque introduce una condición relevante: deberán garantizarse la recuperación y custodia de todos los elementos arquitectónicos y patrimoniales que puedan conservarse.

La magistrada argumenta que, para decidir sobre la suspensión cautelar, también debe valorarse “el interés público concurrente en materia de seguridad de personas y bienes”. En este sentido, el auto se apoya en un informe técnico municipal del 6 de mayo de 2026 que advertía de que la demolición se encuentra en una fase “estructural crítica y avanzada”. Según ese documento, el inmueble ya habría perdido rigidez espacial como consecuencia del proceso de desmantelamiento, por lo que una paralización inmediata podría provocar un riesgo cierto de colapso y comprometer la seguridad pública.

El informe técnico, elaborado por la dirección de las obras, describe además una situación de “vulnerabilidad estructural transitoria” que obliga a continuar con urgencia los trabajos hasta alcanzar una situación estable y segura. Por ello, aunque la jueza aprecia que las alegaciones de Apudepa presentan “una apariencia razonable de fundamento jurídico” en relación con la protección patrimonial del inmueble y el control administrativo y cultural de las actuaciones realizadas, concluye que detener ahora las obras podría generar un “riesgo grave para la seguridad colectiva”.

No obstante, el auto subraya que rechazar la suspensión total del derribo no impide adoptar medidas específicas de protección patrimonial. Así, ordena que durante la continuación de las obras se recuperen y custodien “cuantos elementos singulares puedan conservarse”, atendiendo tanto a los informes aportados por la asociación recurrente como al propio informe técnico municipal.

La defensa del Patrimonio

Apudepa sostenía que la declaración de ruina inminente y el derribo del edificio vulneraban la normativa de protección del patrimonio histórico. La asociación reclamó la suspensión inmediata de cualquier actuación sobre el inmueble al considerar que forma parte del Conjunto Histórico del Casco Histórico de Zaragoza, declarado Bien de Interés Cultural, y que además cuenta con protección individual como edificio de Interés Arquitectónico.

Según la entidad, la Ley de Patrimonio Cultural Aragonés establece que cualquier intervención sobre el inmueble requiere autorización previa del órgano competente y que una declaración de ruina no autoriza automáticamente su demolición. También denunciaba que el Ayuntamiento habría incumplido tanto la legislación autonómica y estatal de patrimonio como el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Zaragoza al no haber agotado previamente las medidas de conservación y rehabilitación previstas por la normativa.

La asociación cuestionaba además la ausencia de autorización expresa de Patrimonio Cultural para el derribo y la falta de informes técnicos especializados suficientes que acreditasen que la demolición era la única solución viable. Para sostener su posición, aportó informes periciales de arquitectos y arqueólogos que concluían que el edificio no presentaba una situación real de ruina inminente y que buena parte de su deterioro derivaba del abandono prolongado y de actuaciones orientadas a facilitar el derribo.

Los peritos destacaban asimismo la existencia de elementos históricos y arquitectónicos de valor singular, entre ellos pilares tardogóticos, vigas originales de los siglos XV y XVI, carpinterías históricas, escaleras y distintos elementos decorativos. Por ello, defendían priorizar actuaciones de conservación, consolidación y rehabilitación frente a la demolición.

Apudepa advertía también de que el derribo podría afectar gravemente a la integridad y autenticidad del conjunto histórico protegido y vulnerar principios internacionales de conservación patrimonial recogidos por organismos como ICOMOS y la Carta de Venecia. La asociación consideraba que la demolición causaría un daño irreversible y haría perder la finalidad del recurso judicial, al existir —según su tesis— indicios sólidos de ilegalidad en la actuación administrativa.

“Superado el umbral de seguridad”

Frente a estas alegaciones, el Ayuntamiento de Zaragoza defendió la continuidad de la demolición apoyándose en el informe firmado por la arquitecta directora técnica de las obras el 6 de mayo de 2026. El documento señalaba que, tras numerosas inspecciones técnicas y el avance de los primeros trabajos, se había confirmado la imposibilidad de conservar el inmueble.

Entre los principales argumentos expuestos figuraban el agotamiento estructural generalizado del edificio, con fallos en vigas y muros de carga, así como la existencia de patologías graves que harían inviable cualquier proceso de consolidación o rehabilitación sin poner en riesgo la seguridad pública. El Ayuntamiento sostenía además que el deterioro de los materiales había superado el umbral de seguridad y que el derribo constituía la única medida correctiva posible para evitar un eventual colapso.

El auto judicial no impone costas a ninguna de las partes y deja abierta la posibilidad de que Apudepa presente recurso de apelación en el plazo de quince días.

Dieciocho chimeneas de la planta de Tereos en Zaragoza, antigua Campo Ebro Industrial, y un persistente olor impulsan a los vecinos del barrio zaragozano del Picarral a seguir exigiendo que la última fábrica con calificación de “industria tolerada” inicie el proceso de traslado fuera de la ciudad, como lo han hecho el resto de compañías que en su día estuvieron instaladas en el área urbana.

La Asociación de Vecinos del Picarral-Salvador Allende denuncia episodios recurrentes de olores intensos, ruidos nocturnos y vibraciones provocadas por la actividad industrial y logística. A ello se sumó la fuga de almidón registrada entre finales de 2024 y principios de 2025, cuando una espuma blanca cubrió varias calles del barrio y disparó todavía más la desconfianza hacia la planta. También han tenido que ser selladas por la empresa varias alcantarillas de la calle Obón tras el escape de vapores hace unos meses por los sumideros que, según la empresa, son vahos no tóxicos que buscan una salida. Según Ana Lasierra, presidenta de la Asociación, el alcantarillado público tiene un límite y no debería permitirse el vertido industrial de la fábrica con importante volumen de residuo.

Esta ha sido la razón por la que el Ayuntamiento de Zaragoza ha permitido que la empresa levante su propia depuradora pero la solución, lejos de recibir el visto bueno de los vecinos, ha avivado la polémica porque creen que la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para permitir la instalación supone una ampliación de la actividad, que ahora se blinda por varias décadas más en la misma ubicación.

Sin embargo, la empresa niega que implique un aumento de la capacidad productiva ni de la actividad industrial, “que se mantiene dentro de los límites autorizados desde hace años”. Pero deja claro que no contempla su traslado a medio plazo, mientras que el Ayuntamiento argumenta que no puede obligarse al cierre de una actividad industrial que cumple la normativa vigente.

Modificación urbanística a costa del uso residencial

La Modificación Aislada del PGOU de Zaragoza recoge la ampliación del área industrial E-43, donde se encuentran las instalaciones de Tereos, incorporando terrenos que hasta ahora pertenecían a otra prevista originalmente para uso residencial con capacidad para 32 viviendas, zonas verdes y viales públicos ya urbanizados. Las obras de urbanización fueron cedidas y recibidas definitivamente por el Ayuntamiento el 4 de marzo de 2016. Además, el suelo residencial disponía de planeamiento aprobado e incluso de instrumentos de gestión urbanística ya inscritos registralmente.

Según la Asociación de Vecinos del Picarral-Salvador Allende, el Ayuntamiento ha vendido por 1.800 euros el terreno de una pequeña zona verde urbana, colindante al terreno donde se levantará la depuradora, convirtiéndolo en suelo industrial.

El equipo de gobierno del PP, con el apoyo de Vox, justifica la modificación argumentando que la nueva planta de tratamiento de efluentes forma parte de los compromisos ambientales asumidos por Tereos para mejorar su proceso productivo y reducir el impacto ambiental de la actividad industrial, ya que además la planta vertía hasta ahora a la depuradora municipal de La Cartuja.

Igualmente, la empresa sostiene que la nueva planta de tratamiento es tan solo un proyecto ambiental asociado a la mejora de su producción. “Es parte de nuestra estrategia de sostenibilidad y modernización, permitiendo reducir la carga sobre la depuradora municipal, disminuir emisiones, optimizar el consumo de agua y mejorar la integración ambiental en el entorno”, explica Javier Pemán, director general de Tereos Zaragoza. Unido a la digitalización de sus procesos industriales, detalla que este proyecto permitirá en una primera fase una reducción del consumo de agua cercana al 15%, gracias a la posibilidad de reutilización, así como una disminución de las emisiones de CO₂ de hasta 1.100 toneladas anuales.

60 años de actividad y problemas de tráfico

La empresa nació en 1964 bajo el nombre de Campo Ebro Industrial e inició su actividad cuando el entorno del Picarral todavía conservaba un marcado carácter industrial y la presión residencial era muy inferior a la actual. Con el crecimiento urbanístico de Zaragoza durante las últimas décadas, la fábrica ha quedado completamente encastrada en mitad del barrio, entre la avenida Salvador Allende y la trasera residencial del Picarral, convertida en una de las escasas grandes industrias que siguen integradas dentro de la trama urbana consolidada.

En el barrio residen muchos de los más de 200 trabajadores de la firma. Las viviendas de los primeros obreros de la fábrica se instalaron en calles sin asfaltar y carecían de red de saneamiento. Ahora, conviven con nuevas promociones, de forma que todas ellas rodean la fábrica.

Actualmente, la planta pertenece al grupo cooperativo francés Tereos Starch & Sweeteners Iberia, uno de los mayores productores mundiales de azúcar y derivados del almidón. Su actividad consiste en el procesado de maíz para fabricar almidones, glucosas y productos destinados a la industria alimentaria, farmacéutica, papelera y química.

Aunque no está considerada una industria especialmente contaminante ni trabaja con productos químicos peligrosos, los vecinos sostienen que sí resulta altamente molesta por los olores derivados de la fermentación del maíz, el funcionamiento continuo de la planta y el intenso tráfico de camiones pesados que atraviesa diariamente calles ya plenamente urbanizadas. Alrededor de 100 vehículos pesados circulan diariamente por esta zona del casco urbano a partir de las 06.00 horas, en cuyas proximidades hay tres residencias de mayores, un colegio, un instituto y una guardería.

Aunque las protestas van ligadas a la propia historia de la compañía, el último conflicto surge en mayo de 2025, cuando el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza aprobó la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), diseñada específicamente para permitir la construcción de una Estación Depuradora de Aguas Residuales Industriales (EDARI) dentro del recinto fabril, una mejora técnica que reducirá el impacto sobre la red de saneamiento de la ciudad.

La operación recibió además un fuerte respaldo institucional cuando el Ministerio de Industria adjudicó en abril de 2026 ayudas públicas por valor de casi 8 millones de euros destinadas a modernizar y hacer más sostenible la actividad de la planta. Para los residentes del Picarral, estas inversiones suponen la confirmación definitiva de que no existe ningún plan de traslado a corto o medio plazo.

Industria tolerada y ofensiva jurídica

Tereos comparte con Instalaza, La Zaragozana y Averly la singular calificación de “industria tolerada”, una figura reservada a empresas históricas que permanecieron en la ciudad mientras el crecimiento urbano acababa rodeándolas. En teoría, este tipo de actividades pueden seguir funcionando, pero bajo la premisa de que su permanencia es provisional y de que el destino final del suelo debe ser residencial o de zonas verdes.

Tereos será la única de las cuatro que seguirá en su ubicación actual después de que Instalaza haya iniciado ya el proceso para abandonar su histórica ubicación urbana y trasladarse fuera de la ciudad.

Para la asociación vecinal “ha sido el colmo” y lo que ha provocado la reacción del barrio ya resignado a convivir con ella, “es que se les permita ampliar el suelo industrial en el casco urbano”- Los vecinos consideran que la autorización de la depuradora rompe completamente la lógica de provisionalidad asociada a las industrias toleradas y convierte de facto a la fábrica en una instalación permanente dentro del barrio que puede perpetuarse otros 30 o 40 años y dificulta el traslado de la misma a suelo industrial municipal, “que es lo que se tenía que haber empezado a trabajar y negociar hace muchos años, asegurando los puestos de trabajo, como se ha hecho con Instalaza”, compara la representante vecinal. Por ello, presentaron alegaciones acompañadas de 1.500 firmas que el Ayuntamiento desestimó y aprobó definitivamente la modificación urbanística.

La Asociación de Vecinos del Picarral-Salvador Allende sostiene que se trata de una ampliación de la actividad, pese a los argumentos del concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, porque en el propio proyecto de la depuradora presentado por la empresa deja muy claro que esta planta depuradora generará biogás que utilizaran en su proceso de producción y por tanto, sí se realiza actividad en la nueva instalación“. A su juicio, la ampliación del suelo industrial para esta actividad ”es algo insostenible en cualquier ciudad, a quince minutos de la Plaza del Pilar“. Y pretenden llegar hasta el final si tiene que resolverlo un juzgado ”como ya lo ha hecho con la Torre Outlet de Pikolin, que por cuatro veces ha sentenciado que el Ayuntamiento no puede hacer lo que quiera“, explica la presidenta, Ana Lasierra

Una vez hecha la recalificación por el Ayuntamiento, los vecinos esperan conocer la solicitud de la licencia de obras para valorar el tipo de instalación que se construirá y estudiar judicialmente si es legítimo colocar esta planta de tratamientos de vertidos industriales en el casco urbano y tan próximo a las viviendas. “Tras asesorarnos jurídicamente de normas estatales y europeas, haremos todo lo posible tras estudiar la licencia, para paralizar semejante aberración con la que en el Picarral no estamos dispuestos a convivir, y seguiremos luchando para que la fábrica salga del barrio y no sigamos soportando ruido, olores, contaminación y el paso de cientos de camiones por nuestras calles”, explica Lasierra.

Además, solicitarán que el ayuntamiento cree una mesa de trabajo con técnicos, empresa, partidos políticos y vecinos para comenzar a elaborar un plan que facilite a la empresa Tereos instalarse en suelo industrial municipal, “que es dónde debería de estar”.

Así, más de seis décadas después de su llegada al Picarral, la antigua Campo Ebro sigue simbolizando uno de los mayores dilemas urbanísticos de Zaragoza: la convivencia entre la industria histórica y una ciudad que ha terminado creciendo a su alrededor.

La huelga educativa convocada para este martes y este miércoles en todo Aragón ha calentado motores esta tarde en Zaragoza. A las 17:00 habían convocado una marcha que ha culminado con el encierro en el CEIP Hispanidad, donde varias familias pasarán la noche en apoyo a la huelga educativa convocada por los sindicatos de docentes. Durante el encierro van a pintar pancartas que portarán en la manifestación contra la concertación del bachillerato bajo el lema 'Dinero Público para la Pública' que tendrá lugar el próximo miércoles 20 de mayo a las 18:30 en la Glorieta Sasera.

La marcha ha movilizado a familias y docentes de cuatro centros educativos de la zona: las comunidades educativas de Valdefierro, Oliver, Miralbueno e Hispanidad, que se unen a las movilizaciones generales de la educación pública pero que reivindican también mejoras concretas para su barrio y la zona. Alumnos, familias y profesores han recorrido la avenida de Martínez de Velasco desde la puerta del CEIP Hispanidad hasta la rotonda y han regresado por la misma avenida. Durante la misma, se escuchaban proclamas como “Azcón, escucha, estamos en lucha”, “concertar es malversar” o “más inversión y menos promesas”.

El encierro será durante la noche del lunes al martes, aunque no descartan ampliar hasta el miércoles, cuando es la manifestación: “De momento hasta mañana por la mañana que hemos convocado un piquete en el Instituto de Miralbueno donde iremos con una cacerolada y algo de desayuno y a partir de ahí ya nos uniremos a los actos que hay convocados por los sindicatos”, explica Héctor Martínez, presidente Ampa del Rubén Darío.

Según ha explicado Martínez, la manifestación estaba prevista antes de la convocatoria de huelga debido a las carencias que tienen sus centros. Según explica, reclaman más seguridad en la zona: “El 9 de febrero tuvimos el atropello de una niña muy pequeña, lo pusimos en conocimiento del Ayuntamiento de Zaragoza y solicitamos una adecuación de este entorno escolar. Estamos cuatro centros: el colegio, una guardería y dos institutos. Seguimos sin respuesta del Ayuntamiento. Pedimos que se ponga un badén, señalización y que se limite la velocidad a 30”.

Añade también problemas como la climatización de los centros: “Solicitamos el cambio de la cubierta del polideportivo porque el calor lo hace inservible a estas alturas del año”.

Otro de los problemas que han reivindicado este lunes es el cierre de una vía en Infantil. Tania Gracia, secretaria del CEIP Gerónimo Blancas explica que se enteraron “cinco minutos antes de su publicación” del cierre de una vía en cuatro años para el próximo curso. Gracia expone que se trata de un curso con 21 menores, pero con varios casos de necesidades especiales: “Hay dos alumnos TEA, un Acnee y otro a la espera de la evaluación”. Durante este curso estos alumnos han estado divididos en dos clases, pero de cara a 2026-2027 será una sola vía la de cuatro años: “Es una clase con problemas importantes, necesitamos muchos recursos”.

Las organizaciones convocantes han llamado a toda la comunidad educativa y a la ciudadanía a sumarse a las movilizaciones para defender un modelo de educación pública “de calidad, inclusiva, participativa, plural, aconfesional y gratuita”, insistiendo en que el derecho a la educación “solo lo garantiza la escuela pública”. Además, la semana pasada anunciaron la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra la orden que permitirá concertar el Bachillerato, al considerar que se ha aprobado de forma “alevosa” y en un contexto de Gobierno en funciones y prórroga presupuestaria, lo que, subrayan, limita la capacidad del Ejecutivo para introducir nuevo gasto.

El frente, integrado por los sindicatos CGT, STEA-i, CCOO, CSIF, UGT y ANPE, junto a organizaciones sociales, vecinales y de familias como FABZ, FAPAR, ADIZAR, AEDIPA y FADEA, con el respaldo de formaciones políticas como PSOE, CHA, IU, Podemos, ZeC, Movimiento Sumar y PCE, denuncia que la medida supone “un ataque a la escuela pública” y un cambio de modelo educativo basado en el desvío de fondos hacia la enseñanza privada.

Calatayud conserva parte de su historia más antigua fuera del casco urbano actual. A pocos kilómetros de la ciudad, en un entorno elevado sobre el valle del Jalón, se encuentran las ruinas de Bílbilis, un yacimiento que permite acercarse al pasado romano de este territorio zaragozano y a la importancia que tuvo antes de la configuración de la localidad actual.

En muchos municipios de interior, la huella histórica no se entiende solo a través de sus calles, iglesias o plazas principales. También aparece en los caminos cercanos, en los cerros que rodean el núcleo urbano y en los restos que quedaron fuera de la ciudad habitada. En el caso de Calatayud, ese vínculo con el pasado se mantiene en un espacio arqueológico que reúne restos públicos, zonas residenciales, infraestructuras y construcciones vinculadas a la vida cotidiana de una antigua ciudad.

Bílbilis no fue un asentamiento menor. Su evolución permite seguir el paso de un núcleo indígena a una ciudad romanizada, con edificios pensados para la administración, la actividad social y el control de la comarca. Hoy, sus restos ayudan a entender cómo se organizaba una ciudad levantada sobre un terreno complejo, con barrios adaptados a la pendiente y monumentos situados en puntos visibles del paisaje.

Las ruinas de Bílbilis, la antigua ciudad romana junto a Calatayud

El yacimiento arqueológico de Bílbilis se encuentra a unos seis kilómetros al nordeste de Calatayud, sobre los cerros de Bámbola, San Paterno y Santa Bárbara. Desde ese emplazamiento se dominaba el entorno del valle y los pasos naturales de comunicación, un factor clave para explicar la relevancia que tuvo este enclave dentro del territorio.

La ciudad ocupó unas 30 hectáreas, una extensión considerable para un núcleo situado en altura. Esa superficie, junto con la presencia de edificios públicos como el foro, el teatro, las termas y las obras de abastecimiento de agua, muestra que Bílbilis tuvo un papel importante en la administración y gestión de la comarca. Su población se ha estimado entre unos 3.500 y 4.000 habitantes, una cifra coherente con la escala de los principales restos conservados.

La historia de Bílbilis se remonta a finales del siglo III antes de Cristo. En el siglo II antes de Cristo ya existía una ciudad indígena, que más adelante recibió población de origen itálico y fue incorporándose al ámbito romano. Primero habría tenido derecho latino y, posteriormente, en época de Augusto, se convirtió en municipio de derecho romano. Esa transformación marcó el desarrollo urbano del conjunto y explica la construcción de espacios públicos con una clara función política, social y simbólica.

Bílbilis también tuvo valor como punto de paso. Se encontraba en una vía romana que comunicaba la zona próxima a la frontera con la Galia con Emérita Augusta, lo que reforzó su papel dentro de las rutas de comunicación del mundo romano. Esta posición, unida al control del entorno comarcal, ayuda a entender por qué el enclave alcanzó una dimensión urbana destacada.

Uno de los rasgos más llamativos del conjunto es su adaptación al terreno. A diferencia de otras ciudades romanas del valle, levantadas sobre espacios más llanos, Bílbilis se organizó sobre laderas y zonas elevadas. Los edificios principales se situaron en la parte central, mientras que las viviendas se extendían hacia las cotas más altas. Las casas se distribuían en barrios, con calles que seguían la forma del relieve. Esa disposición da al yacimiento una lectura distinta, porque la ciudad no se impuso sobre el terreno de forma regular, sino que se fue ajustando a él.

El foro fue el principal espacio público. Su construcción se desarrolló entre el cambio de era y el reinado de Tiberio, y reunió algunos de los edificios más importantes de la vida administrativa y religiosa, como la basílica, la curia y el templo. Sus pórticos y galerías articulaban el conjunto y ayudaban a ordenar un espacio pensado para representar el nuevo papel de la ciudad dentro de la organización romana.

Junto al foro se encontraba el teatro, uno de los restos más destacados de Bílbilis. Tenía capacidad para unas 4.500 personas, una cifra superior a la población estimada de la propia ciudad. Por ello, se entiende que no estaba pensado solo para los habitantes del núcleo urbano, sino también para población procedente del entorno de la comarca. El edificio estaba conectado con el foro y formaba parte de un conjunto público concebido para concentrar la actividad social y ceremonial.

Las termas completaban esa zona monumental. Contaban con una distribución propia de los baños romanos, con espacios fríos y calientes, piscinas y un sistema de abastecimiento vinculado a las necesidades de una ciudad situada en altura. La presencia de infraestructuras hidráulicas fue esencial para garantizar la vida urbana en un espacio con fuertes desniveles. Ese aspecto resulta especialmente importante en Bílbilis, donde el agua condicionaba la organización de la ciudad.

Hoy, Bílbilis sigue siendo uno de los grandes espacios arqueológicos vinculados al pasado romano de Aragón. La larga trayectoria de investigación, los restos conservados sobre el terreno y las piezas procedentes del yacimiento que se muestran en el Museo de Calatayud permiten completar la lectura de una ciudad que explica una parte esencial del origen histórico bilbilitano.

Zaragoza contará desde el próximo 15 de septiembre con una nueva conexión aérea directa con el aeropuerto de Milán-Malpensa, operada por Wizz Air. Así lo ha anunciado este lunes el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, quien ha detallado que la ruta tendrá tres frecuencias semanales —martes, jueves y sábados— y estará operativa, al menos, hasta finales de marzo de 2027.

La nueva línea conectará Zaragoza con uno de los principales aeropuertos internacionales del norte de Italia y convivirá con los vuelos ya existentes a Bérgamo, operados por Ryanair, que operan lunes, miércoles y viernes. Según ha defendido López, ambas conexiones son “complementarias” y permitirán que Zaragoza mantenga conexión prácticamente diaria con el norte de Italia.

El consejero ha destacado además el papel de Milán-Malpensa como gran aeropuerto de conexiones internacionales y ha asegurado que esta nueva ruta facilitará los enlaces con vuelos transoceánicos y destinos internacionales sin necesidad de desplazarse previamente a Madrid o Barcelona. “Cuando tú sabes que vas directamente a tu aeropuerto y de ahí vas al aeropuerto en el cual ya vas destinado al lugar final al que quieres desplazarte, pues yo creo que eso es algo que aportamos también a los zaragozanos y a los aragoneses”, ha señalado.

Los billetes para esta nueva conexión saldrán a la venta la próxima semana y la operación contempla inicialmente 40.000 asientos. Además, López ha dejado clara la intención del Ejecutivo autonómico de mantener el vuelo más allá de marzo de 2027, cuando concluye el periodo inicialmente anunciado.

Durante la comparecencia, el consejero ha avanzado además que el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza trabajan en un plan más amplio para reforzar las conexiones internacionales del aeropuerto zaragozano, cuyos detalles se darán a conocer “antes de que acabe el verano”. Aunque no ha concretado destinos por “razones de confidencialidad”, sí ha citado aeropuertos como Frankfurt, Londres o Milán como ejemplos de grandes hubs internacionales desde los que conectar con cualquier parte del mundo.

“Lo que pretendemos es ayudar a que Zaragoza y Aragón, que tienen un posicionamiento estratégico y global en estos momentos, también lo tengan sus aeropuertos”, ha afirmado López, que ha insistido en que el objetivo es que Zaragoza “deje de ser un aeropuerto menor de edad”.

El consejero ha relacionado este impulso aeroportuario con el crecimiento económico y logístico de Aragón y la llegada de grandes inversiones tecnológicas y centros de datos. Según ha explicado, el Ejecutivo autonómico mantiene conversaciones con multinacionales implantadas en Aragón para conocer qué rutas consideran prioritarias para sus trabajadores y directivos. En este sentido, ha recordado que la comunidad prevé recibir inversiones por valor de 90.000 millones de euros en la próxima década y necesitará atraer a unos 35.000 trabajadores externos.

López también ha apuntado que el futuro mapa de conexiones no responderá únicamente a criterios empresariales, sino también a la demanda turística y a los movimientos habituales de población. Así, ha mencionado la posibilidad de reforzar conexiones con países que cuentan con importantes comunidades residentes en Aragón, como Rumanía, además de otros destinos turísticos con buena acogida entre los aragoneses.

Durante su intervención, el consejero ha cargado además contra AENA, a la que ha acusado de no facilitar suficientemente el desarrollo del aeropuerto de Zaragoza. “El aeropuerto de Zaragoza nos está dando un tratamiento diferencial”, ha lamentado, criticando que el gestor aeroportuario priorice los aeropuertos más rentables.

Preguntado por la situación de Ryanair, López ha atribuido las tensiones actuales al conflicto entre la aerolínea y AENA por las tasas aeroportuarias. Aun así, ha insistido en que el Gobierno de Aragón quiere ampliar la oferta de compañías y rutas y que las ayudas públicas se articularán a través de acuerdos de promoción turística abiertos a distintas aerolíneas. “No vamos a hacer un traje a medida exactamente para Ryanair”, ha señalado.