El proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes en Zaragoza ha desatado una fuerte contestación social. Organizaciones antirracistas, representantes sindicales y el movimiento vecinal coinciden en denunciar un bloqueo administrativo deliberado por parte del Ayuntamiento que está dificultando el acceso a derechos básicos y generando situaciones que califican de “inhumanas”.

El pronunciamiento conjunto del tejido asociativo y comunitario de la ciudad acusa directamente al consistorio de aplicar una estrategia de “obstaculización consciente” que vulnera derechos fundamentales. Según el documento, se está construyendo “un escenario de colapso” mediante la centralización de trámites y la limitación de recursos, lo que deriva en largas colas y saturación en la atención.

El comunicado del tejido asociativo va más allá y califica la situación como “racismo institucional”. Denuncia que se están bloqueando canales de acceso a documentación, infrautilizando recursos públicos y generando un trato desigual hacia las personas migrantes.

Para las organizaciones firmantes, la regularización “es una cuestión de justicia social que reconoce una realidad existente”: la de miles de personas que ya forman parte de la ciudad. Por ello, reclaman la descentralización inmediata de los trámites, el refuerzo de medios y una información clara y accesible.

Mientras tanto, las filas continúan y la presión social aumenta. Colectivos, profesionales y vecinos coinciden en una misma exigencia: que se permita a la administración funcionar con todos sus recursos para garantizar derechos, en lugar de restringirlos.

La plantilla municipal reclama poder trabajar

La crítica no procede únicamente de los colectivos sociales. Carmen Calvo, representante sindical en el Ayuntamiento, asegura que existe una red amplia de servicios sociales y juntas de distrito que no se está aprovechando.

La consejera municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Marian Orós, ha avanzado que a partir del lunes, 27 de abril, la regularización de los inmigrantes se centralizará en la Casa de las Culturas, al ser un centro de referencia para estas personas, y con cita previa en el teléfono 900 700 107 en horario de atención al público de mañana y tarde.

Aunque desde esta semana se ha reactivado el funcionamiento de registros en los barrios, la decisión anunciada este miércoles por la consejera de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Marian Orós, de centralizar los certificados de vulnerabilidad en la Casa de las Culturas a partir del lunes, 27, tampoco ha sido bien recibida ya que, según Carmen Calvo, esta medida “resulta claramente insuficiente”, al haber solo cuatro trabajadoras sociales encargadas de atender toda la demanda de la ciudad.

Frente a ello, más de 50 profesionales de servicios sociales —de un total de alrededor de 100— han firmado un escrito para exigir que se les permita emitir estos informes. Argumentan que ya conocen a la población y podrían agilizar el proceso sin necesidad de duplicar valoraciones.

“El problema no es la falta de personal, sino que no se les deja trabajar”, resume Calvo, quien advierte de que la centralización está provocando un cuello de botella que puede alargar las colas hasta el final del plazo, fijado el 30 de junio.

Filas, esperas y dificultades de acceso

Desde la Plataforma RegularizaciónYa Zaragoza, Bertha Sánchez sostiene que la situación no responde a un problema técnico, sino a una decisión política deliberada. A su juicio, el Ayuntamiento estaría intentando proyectar una imagen de “proceso masivo” vinculada a discursos de la ultraderecha, cuando en realidad se trata de personas que ya viven y trabajan en la ciudad.

Las consecuencias, señala, son visibles a diario: largas filas durante horas, dificultades para acceder a documentación esencial y un colapso que podría evitarse utilizando todos los recursos municipales disponibles. “Se está impidiendo que las personas puedan iniciar trámites que son clave para acceder a derechos básicos”, denuncia.

Desde la Federación de Barrios de Zaragoza, su presidente Arturo Sancho ha expresado el apoyo del movimiento vecinal a las personas afectadas. Subraya que la situación era previsible desde hace meses y que este es el séptimo proceso de regularización en democracia sin precedentes similares. “No es una situación sobrevenida”, afirma. “Se sabía que iba a ocurrir y no se han puesto los medios necesarios”.

Sancho también destaca que el problema no se está reproduciendo en otras ciudades, lo que refuerza la idea de que se trata de una gestión local. En este contexto, pide que, si persisten las trabas, el Gobierno central amplíe el plazo de regularización para evitar que personas con derecho queden fuera del proceso.

Otro de los problemas detectados es la desinformación. Las organizaciones están realizando charlas para aclarar que no todas las personas necesitan el certificado de vulnerabilidad, uno de los documentos que más está colapsando el sistema.

Nueva orden: tramitación en la Casa de las Culturas con cita previa

La consejera de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Marian Orós, ha anunciado que la regularización de los inmigrantes se centralizará en la Casa de las Culturas, al ser un centro de referencia para estas personas, y con cita previa en el teléfono 900 700 107 en horario de atención al público de mañana y tarde y ha explicado durante su comparecencia en la Comisión de Políticas Sociales, que se han recopilado la información de los registros de entrada para sistematizar las citas y desde el lunes se elaborarán informes de vulnerabilidad “con garantías”. Este operativo contará con refuerzo de los servicios sociales municipales, pero Orós ha dejado claro que “el Ayuntamiento no va bloquear, ni a cargase los servicios sociales”.

“No puedo permitir --ha argumentado-- que dada la mejora en el cumplimiento de la ordenanza en los tiempos de cita se vayan por el sumidero y las ayudas de urgencia o cualquier servicio tenga que esperar semanas y semanas por este proceso caótico y chapucero y no se si con mala fe o falta de diligencia que ha originado en todas las ciudades de España, porque todos los ayuntamientos están en la misma situación y han denunciado lo mismo”.

También, la Policía Nacional, ha asegurado Orós, ha alertado del contenido del real decreto de regularización extraordinaria de personas inmigrantes porque ha generado “muchas situaciones en las que hay mafias que cobran entre 300 y 600 euros para dar una cita, la sección de Extranjería está en huelga indefinida y Correos, que es del mismo equipo que el Gobierno de España, dice que no tiene información y hasta CCOO ha dicho que es imposible hacerlo porque no hay información”.

A su parecer, el objetivo del real decreto “no es la regularización para que los que ya están aquí puedan trabajar” y además, ha avisado de que “hay un efecto llamada y algunos vienen desde Inglaterra, Francia, e Italia”.

Orós ha considerado que la finalidad de este real decreto es “reventar la convivencia, colapsar los servicios sociales y generar caos y frustración” para estimar que el Gobierno de España “se tendría que haber sentado con las comunidades autónomas”, además de incluir una memoria económica de la que carece el real decreto.

El retraso en la apertura del Parque de Atracciones de Zaragoza supondría un “incumplimiento muy grave” en las condiciones establecidas en el pliego del Ayuntamiento de Zaragoza con la empresa gestora. Sin embargo, debido a un error en la redacción, el documento no especifica el tiempo exacto de demora al haber dejado el plazo máximo como “más de XX meses”.

La garatía con la que cuenta el Ayuntamiento, en caso de incumplimientos de los pliegos, es de 600.000 euros, un 4% de los 15 millones de euros requeridos como inversión inicial mínima. Según las condiciones del contrato, dicha garantía debe ser incautada por la administración en la mayoría de los supuestos de extinción de la concesión por incumplimiento del contratista. Sin embargo, al no existir una cifra concreta de meses, el Consistorio se queda sin base técnica para ejecutar estas sanciones.

El error se localiza dentro de la Cláusula 25 dedicada al Régimen de Penalidades. Según el texto oficial, las infracciones categorizadas como muy graves conllevan multas que oscilan entre los 7.001 y los 20.000 euros, además de ser una causa directa para la extinción de la concesión. Los mismos pliegos recogen una serie de causas por las que se extinguiría el contrato con la empresa. La octava es la “comisión de cualquiera de los incumplimientos calificados como muy graves”, como sería el retraso en la apertura. Sin embargo, al no estar establecido el número de meses de dicho retraso, esta causa pierde efectividad, ya que el Ayuntamiento no podrá utilizarlo como causa de extinción.

Estos pliegos fueron calificados por el consejero de Presidencia, Ángel Lorén, como “demasiado exigentes”. Explicó que el documento planteaba la renovación de un parque envejecido, la ampliación de su superficie e incluía nuevas atracciones, un parque acuático, espacios inmersivos y un área destinada a eventos. Además, el Plan Económico-Financiero sobre la modernización del parque, que sirvió de base para fijar los mínimos de la licitación, solo es accesible para los licitadores “previa solicitud de acceso al expediente” ante la Oficina de Gestión del Espacio Público.

La alcaldesa de Zaragoza recordó hace unas semanas que, si no se llega a un acuerdo, la nueva concesionaria depositó un aval de 600.000 euros —el más alto exigido hasta ahora por el Ayuntamiento— como garantía de que cumplirá con las condiciones del contrato. Sin embargo, al no estar establecido en los pliegos el número de meses que se retrasase la apertura, esto no sería un motivo para recuperar dicho aval.

La nueva concesión está formada por dos partes: Moncayo Leisure —la empresa adjudicataria, formada en un 80% por la firma argentina Fénix Entertainment— y por Parque de Atracciones de Zaragoza, de la familia Morte y actual gestora , que mantiene un 20%. Aunque existía un acuerdo inicial, la situación económica ha deteriorado la relación entre ambas, dificultando el relevo. Debido a la falta de entendimiento entre las empresas, el Ayuntamiento ratificó el 1 de abril la continuidad del anterior concesionario para intentar evitar la interrupción del servicio. Por el momento, el recinto está abriendo de forma limitada para las comuniones y eventos ya agendados. La adjudicación del nuevo parque de atracciones de Zaragoza salió adelante con una única oferta, sin mejoras sobre los mínimos exigidos y con una valoración técnica de apenas 36,5 puntos sobre 65.

Críticas políticas

Elena Tomás, de Zaragoza en Común, ha puesto el foco en la falta de plazo definido en las claúsulas de incumplimientos de los pliegos del proyecto: “El PP no sabe licitar ni leer sus propios borradores”. No es la primera vez que la edil de ZeC manifiesta sus críticas a la gestión de esta licitación. Ha considerado que los problemas en torno al Parque de Atracciones de Zaragoza son “un claro ejemplo de la pésima gestión del Gobierno de Chueca, con unos pliegos mal realizados, un control deficiente de la concesión y un equipo de gobierno más preocupado por los grandes titulares que por hacer las cosas bien”.

El concejal socialista Horacio Royo ha calificado de “fracaso estrepitoso” la gestión del Gobierno de Natalia Chueca respecto al Parque de Atracciones, asegurando que el proyecto “ya está muerto” y que la alcaldesa se ha convertido en su “enterradora”. Royo critica que, tras realizar una modificación del PGOU y redactar unos pliegos que resultaron ser “humo”, el recinto permanezca cerrado por primera vez en 50 años, dejando a “81 trabajadores con un ERE”. Según el edil, el Ayuntamiento ha evitado obligar a la concesionaria a recepcionar las instalaciones en las fechas previstas, justificando prórrogas sin “base técnica ni jurídica” y perdiendo el cobro del canon y las inversiones prometidas.

La oposición denuncia que el consistorio se ha posicionado a favor de los intereses de una de las empresas en conflicto en lugar de exigir la apertura y la “obligación de subrogar” a la plantilla marcada por ley. Royo sostiene que la Dirección General de Proyectos Estratégicos negoció la entrada de un inversor “sin capacidad económica ni técnica”, lo que ha derivado en un “castillo de naipes” que compromete empleos directos e indirectos. Ante lo que considera una “pésima gestión” basada en una visión irreal de la ciudad, el PSOE ha instado a la asunción de responsabilidades políticas, advirtiendo que, de no haber ceses inmediatos, el consejero Ángel Lorén “tendrá que dimitir”.

Protesta por la situación del Parque

Este domingo, los vecinos del barrio zaragozano de Torrero se han en la plaza de Las Canteras para exigir la dimisión de la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; del consejero de Presidencia, Ángel Loren; y del director general de Proyectos Estratégicos, José María Ruiz de Temiño. En el comunicado denunciaron “la mala gestión del parque de atracciones que ha llevado a que en la actualidad este cerrado, peligra el puesto de los trabajadores y sigue sin existir un Plan de Gestión y Revitalización para los Pinares que este año cumple el centenario de su plantación”.

El colectivo vecinal critica la “opacidad del proyecto”: “El equipo de Gobierno rechazó todas las alegaciones presentadas por los colectivos vecinales y ecologistas y se aprobó con los votos de PP VOX la modificación del Plan General por lo que según indican no quedó otra alternativa que ir a los tribunales”.

La guerra abierta entre el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza (PP) y el Gobierno de España, representado por el delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, deja a cientos de inmigrantes haciendo las colas al sol alrededor de las oficinas centrales en la Plaza del Pilar.

La situación apenas ha variado desde finales de la semana pasada, cuando comenzaron los preparativos del proceso de regularización que ha arrancado este lunes. Según denuncian trabajadores municipales, tampoco se han adoptado medidas para mejorar la atención. Al contrario, alrededor de un centenar de empleados de juntas de distrito y de los 15 centros sociales han recibido instrucciones de derivar a los migrantes exclusivamente a dos ventanillas del registro central.

La consejera de Servicios Sociales, Marian Orós, justifica esta decisión: “No vamos a paralizar los servicios sociales ni los registros” mientras no exista una instrucción clara del Gobierno central para elaborar los informes de vulnerabilidad. También reclama que se atienda la petición municipal de coordinarse mediante una reunión, como ocurre en otros ámbitos a través de la Mesa de Seguridad.

Sin embargo, trabajadores municipales cuestionan esta estrategia. Recuerdan que en anteriores procesos de regularización se produjeron aumentos significativos de carga de trabajo, e incluso colapsos, pero también que los distintos ayuntamientos —independientemente de su signo político— implantaron iniciativas para agilizar los trámites. Esta vez es distinto: “En este caso las medidas adoptadas hasta ahora por este Gobierno Municipal no contribuyen a aligerar el colapso, sino a incrementarlo”, indica textualmente una empleada del Registro General.

Una mala comunicación

Esta funcionaria explica que los inmigrantes en situación irregular necesitan, en la mayoría de los casos, un certificado histórico de empadronamiento y un informe de vulnerabilidad. Ambos documentos deben solicitarse mediante registro administrativo. Según la Ley de Procedimiento Administrativo, estas solicitudes pueden presentarse en cualquier registro de la Administración, ya sea electrónico o presencial, y se distribuyen posteriormente a través del Sistema Interconectado de Registros.

No obstante, esta posibilidad no se está comunicando adecuadamente. Tampoco se está derivando a los solicitantes a otros puntos que podrían aliviar la carga, como el Registro del Seminario —donde apenas llegan solicitudes— o las juntas municipales y vecinales, que también funcionan como registros auxiliares. En estos últimos casos, además, se ha ordenado expresamente no tramitar solicitudes relacionadas con la regularización y redirigir a los ciudadanos a la Plaza del Pilar.

A esta limitación se suma que, de las cuatro ventanillas disponibles en el registro central, solo dos están habilitadas para este procedimiento.

Ante este escenario, UGT solicitará un plan de empleo y la aplicación de una acumulación de tareas, como en ocasiones anteriores, para evitar la sobrecarga de las plantillas. Según Antonio Rodríguez, responsable sindical en el Ayuntamiento, esta medida podría resolver la situación en un plazo de diez días.

Giros de guion

Al grito de '¡basta ya!', la alcaldesa Natalia Chueca y la consejera Orós han criticado la falta de coordinación con el Gobierno central. Recuerdan que el pasado 28 de febrero solicitaron información mediante una carta al delegado del Gobierno en Aragón, cuya respuesta —según Orós— fue “que no era competencia de este Ayuntamiento y por tanto, no le incumbía”.

Posteriormente, se publicó el Real Decreto junto a un anexo para la elaboración de informes de vulnerabilidad que, según la consejera, carece de criterios objetivos, “pretendiendo que hagamos informes de vulnerabilidad como churros”. A ello se sumó un nuevo cambio el pasado viernes, cuando el secretario de Estado comunicó a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que ya no era obligatorio utilizar el modelo oficial.

“Antes de desinformar y generar caos hay que sentarse a hablar y darnos las pautas a seguir. No podemos bloquear la gestión municipal de los servicios sociales ni los registros”. En palabras de Natalia Chueca, “se atiende en dos filas, una para lo que tiene que ver con el decreto de regularización extraordinaria y otra para el resto de ciudadanos que no se vean penalizados por el caos del gobierno de España. Vienen a pedir información y no queremos que el resto de ciudadanos que vienen a hacer un trámite están esperando cinco horas colapsados”.

Respecto a un posible refuerzo de los servicios municipales, Orós señala que “si hay que reforzar, se hará, pero nos digan cómo se va a financiar porque no podemos ser cooperadores necesarios de un desastre”.

Desde el Ayuntamiento también critican que el Gobierno central haya contratado a 250 trabajadores a través de Tragsa, mientras en el consistorio se trabaja para reducir los tiempos de espera para citas a un máximo de 15 días.

Frente a las propuestas de los funcionarios para ampliar la atención a otras oficinas y reforzar plantillas mediante acumulación de tareas, la consejera insiste en que, por ahora, “solo están recogiendo peticiones de cita en el registro y a partir de ahí, ya veremos cómo se hace”.

Por su parte, Zec ha calificado de “cruel” estas decisiones y ha pedido por carta que se adopten medidas inmediatas “para garantizar que ningún vecino tenga que soportar largas esperas a la intemperie permitiendo acceso al hall hasta el aforo permitido, garantizando que las filas de espera se hagan a la sombra o habilitando un algún medio de cita previa para evitar la espera en filas”.

Vox recurre al Supremo

En este contexto, Vox ha anunciado la interposición de un recurso ante el Tribunal Supremo para suspender de forma inmediata la aplicación del Real Decreto de regularización.

El líder de la formación en Aragón, Alejandro Nolasco, sostiene que las consecuencias serán “el colapso de la sanidad, la bajada de los salarios que, según un estudio del BBV van a bajar un 0,6%, y el acceso a una vivienda, además de la inseguridad que esto genera en las calles y en nuestros barrios”.

Nolasco considera que la medida “es una malísima noticia y es un agravio comparativo para todos aquellos inmigrantes que han venido de una manera legal y con toda la documentación que se les ha pedido, que no es poca”. Además, la califica como un asunto de seguridad nacional porque “no sabemos quiénes son muchas de las personas que están entrando y los datos que ofrecen no hay manera de comprobarlos; no sabemos sus antecedentes penales, y a veces, ni la fecha exacta de nacimiento ni cuántos años tienen”.

“Un hombre perdió mucho peso y tenía la tripa visiblemente hinchada, le recetaron Nolotil como si fuesen gases. Finalmente era metástasis”. Se trata de uno de los testimonios recogidos en el informe 'Análisis de la situación sanitaria de las cárceles de Aragón', elaborado por la campaña Salud y Libertad, que busca visibilizar y denunciar la situación de vulneración de derechos que sufren las personas presas en materia de atención médica. La presentación del informe se enmarca en una serie de actos y actividades que han culminado este domingo 19 de abril con la vigésimotercera edición de la Marcha contra la macrocárcel de Zuera, que este año centra su mensaje en la desatención sanitaria dentro de prisión. En el parking de la cárcel de Zuera se han celebrado distintas charlas, cuenta cuentos, comida popular, dos conciertos… Mientras, Radio Hawai emitía en directo para las personas que se encuentran al otro lado de los muros.

El informe pone la lupa en las cárceles de Aragón, con testimonios recogidos en las instalaciones de Zuera y de Daroca, pero contextualiza una problemática que arrastra el sistema penitenciario español. La falta de médicos se presenta como uno de los principales agravantes de la situación sanitaria en los centros penitenciarios. Este déficit, tal y como recoge el documento, hace que muchas de las consultas se realicen por videoconferencia, con las limitaciones que eso conlleva, o que el personal de enfermería se vea obligado a realizar tareas ajenas a su competencia. También supone que enfermedades infecciosas —con una incidencia más alta en prisión que en la población general— reciban una atención insuficiente, que se restrinja el acceso a determinados tratamientos o que se produzca un retraso o ausencia de diagnóstico.

Una serie de deficiencias que se ven reflejadas en los testimonios que aparecen en el informe: “Te duele algo o estás mal y te dan solo paracetamol e ibuprofeno sin ver lo que tienes o qué te duele”. “Me rompí la pierna y los médicos de aquí me decían que era un esguince, a la hora me sacan al hospital y tenía el peroné roto y como aquí no se me revisaba no tuve rehabilitación y ahora tengo el pie con dolores”. “A otra persona, ante la falta de movilidad, le diagnosticaron ciática y recetaron Nolotil, finalmente era esclerosis múltiple”. Otros testimonios recogen como en caso de urgencias son los propios presos quienes tienen que llevar al paciente en camilla al médico del centro.

Competencia sanitaria y falta de médicos

Aragón cuenta con tres centros penitenciarios en Zuera, Daroca y Teruel. Según el informe, en 2024 Zuera acogía a 1.310 personas y contaba con un médico —de una plantilla teórica de nueve plazas disponibles—. Ese mismo año, en Daroca había cinco vacantes de siete plazas médicas para una población de unas 330 personas y en Teruel había un solo médico (de dos plazas) para unas 200 personas. A nivel nacional, en diciembre de 2025, solo estaban cubiertas 152 plazas (30% del total) para una población reclusa de 47.000 personas (en las Comunidades Autónomas no transferidas).

Preguntados por esta información, según Instituciones Penitenciarias actualmente en Zuera hay tres médicos, tres enfermeros y cinco auxiliares de enfermería. En Daroca hay tres médicos, siete enfermeros y tres auxiliares. Mientras que en Teruel no hay médicos, sino un servicio de guardias telemáticas, tres enfermeros y tres auxiliares. “La institución penitenciaria no es ajena a lo que ocurre fuera, hay una falta de médicos de familia y nosotros no somos ajenos a esa realidad”, dicen desde Instituciones Penitenciarias, y recuerdan que la atención especializada, y en concreto psiquiatría, corresponde a las comunidades autónomas.

Una de las principales causas de esta situación es que la competencia sanitaria dentro de las prisiones recae sobre el Ministerio de Interior y no sobre los servicios autonómicos de salud, por lo que la atención primaria se lleva a cabo por parte de Instituciones Penitenciarias, mientras que la atención especializada sí que se presta a través del Sistema Nacional de Salud. La Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud de 2003 instaba a las comunidades autónomas a transferir y a asumir las competencias sanitarias en prisión, lo que facilitaría la cobertura de las plazas médicas vacantes dentro de los centros penitenciarios. Sin embargo, más de 20 años después, esto solo sucede en Cataluña, el País Vasco y Navarra.

Esta falta de médicos en prisión también podría explicarse, en parte, debido a tres motivos: al salario inferior de los profesionales de prisión en comparación a la media del sector sanitario, a que los centros penitenciarios están alejados de las ciudades —lo que dificulta la conciliación— y al entorno de trabajo —que puede derivar en situaciones complejas—; tal y como explicaba el abogado penitenciario David Burgos durante una de las mesas redondas sobre salud y prisiones celebradas el pasado 11 de abril en el Centro Joaquín Roncal, enmarcada dentro de las actividades previas a la marcha.

“La cárcel enferma”

Desde la campaña 'Salud y Libertad' denuncian también la opacidad y falta de acceso para obtener información sobre la situación sanitaria en las cárceles, lo que dificulta la realización de un estudio preciso sobre esta realidad. Para realizar el informe, hicieron llegar por carta o por “boca a boca” cuestionarios a personas encarceladas en Zuera y Daroca. Del total de personas encuestadas, el 47,1% declara que su estado de salud era bueno antes de entrar a la cárcel, mientras que, en comparación, el 67,6% refiere que su estado de salud ha empeorado desde su entrada.

“La cárcel enferma”, es una de las principales conclusiones del 'Análisis de la situación sanitaria de las cárceles de Aragón', que también pone el foco en la salud mental de las personas presas. A la falta de médicos, se suman las quejas respecto a la calidad de la alimentación recibida, así como las condiciones de salubridad e higiene en celdas sin grifos, en las que aparecen cucarachas y ratas, con un sistema de ventanas que no permite la ventilación de las celdas (en el caso de Zuera) y que “ha llegado a suponer un aumento de síntomas ansiosos”.

El informe también recoge el testimonio de una enfermera que trabajó en la Consulta General del Ramón y Cajal, donde se realizaba la atención especializada de pacientes que llegaban de prisión. Relata un caso concreto de abandono que debería haber sido atendido de manera prioritaria: “Recuerdo un caso de un paciente que llegó con la cara totalmente deformada por la patología que le afectaba. No era algo que hubiera sucedido de un día para otro, sino que había sido un proceso largo en el que nadie había tomado medidas salvo cuando empezó a afectarle en su día a día. Esta situación se debería haber atendido de manera prioritaria pero el paciente nos dijo que llevaba años conviviendo con esto”. La enfermera relata como el “acompañamiento” continuo realizado por las autoridades complica la denuncia por parte de los pacientes de la inacción en su salud y como el hecho de estar esposados durante la consulta dificulta su exploración médica.

“En ningún momento me sentí cómoda en aquellas consultas y no por culpa de los presos sino por lo indigno que me parecía el trato que recibían constantemente y por saber que esas personas sufrían todas esas vulneraciones de sus derechos día tras día, poniendo en peligro su vida y su salud”, concluye.

El equipo de Gobierno de Natalia Chueca ha restringido todo lo relacionado con las instancias y peticiones dentro del proceso de regularización de inmigrantes, que acaba de ponerse en marcha, a un único espacio, las oficinas centrales de la plaza del Pilar, donde se ubica la casa consistorial. Una instrucción dirigida a las juntas de distrito indica que se derive a todas las personas que acudan con la finalidad de obtener el certificado histórico y demás documentación a la fila única del Ayuntamiento, obligando a miles de personas a soportar largas colas desde las 5 de la mañana. Sin embargo, el interior de las oficinas centrales aparece completamente despejado, ya que solo pueden acceder a goteo mientras en el exterior esperan horas de pie.

Susana y José Ángel, ambos nicaragüenses, aseguran en la fila —a la que se sumaron a las 8 de la mañana— que vienen aquí “porque no nos atienden en los teléfonos y nos emplazan a la próxima semana para ser atendidos”. Igualmente, los funcionarios les dicen que no han recibido formación, como tampoco organizaciones como Cáritas. Además, lamentan que, pese a esperar la cola, puede que finalmente no puedan acceder tras haber perdido una jornada laboral. Susana llegó a Zaragoza hace dos años, primero con un trabajo dedicado a los cuidados. Tras perder ese empleo, se dedica a trabajos de limpieza por horas y sin contrato laboral. “Sin documentación no podemos trabajar legalmente y eso es lo que queremos. Ninguno recibimos ayuda y estamos perdiendo dinero al tener que venir a estas colas”.

Ana y Silvio, también nicaragüenses, explican que ya cuentan con todos los trámites porque se pusieron a solicitarlos en cuanto oyeron que se iba a poner en marcha el proceso de regularización, de modo que agilizaron todo aquello que les permite probar que residen aquí desde que aterrizaron en Barajas hace un año. Guardan los “boletos” del avión, el pasaporte sellado, el carné de la biblioteca, las cantidades de dinero enviadas a sus familiares, el historial médico del Salud y, además, solicitaron todos los datos necesarios a su país. Aunque residen en la casa de la madre de Silvio, que tiene nacionalidad española desde hace 20 años, en la cola presentan el certificado de vulnerabilidad, indispensable para obtener papeles y, como la mayoría, enfocado al empleo. De cómo seguir el procedimiento se informan a través de tik tok.

Un grupo de venezolanos también hacía otra cola para el padrón, mucho más corta que la del informe de vulnerabilidad. En su caso, tienen que actualizar la tarjeta roja, una autorización de residencia por razones humanitarias.

Críticas políticas

Desde el Grupo Municipal de Zaragoza en Común (ZeC) en el Ayuntamiento de Zaragoza se han mostrado “preocupados” por la “falta de planificación y previsión ante un proceso que todo mundo sabía que iba a producirse” y que está generando “largas finlas” a las puertas del Consistorio. También destacan el “papel que van a jugar en el mismo los servicios sociales municipales en la emisión de los certificados de vulnerabilidad”. El concejal Suso Domínguez ha explicado que “la larga fila en el Ayuntamiento de esta mañana es, sobre todo, para la solicitud de este informe, no para la solicitud del padrón, y además el Gobierno está permitiendo la entrada al hall del Ayuntamiento, que está más vacío que cualquier día, con sillas vacías, y tiene a los vecinos haciendo colas en la calle para escenificar este supuesto caos”.

Estos certificados son necesarios en el proceso de regularización extraordinaria en aquellas situaciones en las que no se puede acreditar ninguna de las otras vías principales de acceso. En concreto, deben presentarse si no se puede demostrar haber trabajado en España, si no se convive en una unidad familiar con hijos menores a cargo o cuando la persona se encuentra en riesgo de exclusión social o pobreza.

El edil de ZeC ha denunciado que, a fecha de hoy, no se permite a los trabajadores de los Centros Municipales de Servicios Sociales (CMSS) la emisión de estos certificados y que únicamente se vayan a emitir desde la Casa de las Culturas, donde ayer se atendieron a 400 personas. “Esto va a suponer una fuerte sobrecarga a este recurso y, en la práctica, que miles de personas vean dificultado, si no impedido, su proceso de regularización”, ha manifestado.

Para Suso Domínguez no tiene “ninguna lógica” que los profesionales de los centros municipales de servicios sociales (CMSS) no puedan emitir estos certificados de vulnerabilidad. “Estamos hablando de una red de 15 centros, con casi 100 trabajadores sociales que llevan mucho tiempo trabajando con estas personas, que están habilitados legalmente para poder emitir estos certificados de vulnerabilidad y a los que se les está impidiendo hacer su trabajo”, ha manifestado el concejal, quien ha añadido que esto “solo es entendible si existe una voluntad por parte del Gobierno de Natalia Chueca de dificultar el acceso a la regularización”.

“Si existe un problema de coordinación y competencias, como tantas veces ha expuesto la consejera de Políticas Sociales, Marian Orós, es el momento de dejar de reprochar al otro y sentarse a trabajar de manera seria y responsable”, ha manifestado Suso Domínguez. “La única manera de afrontar esta situación es desde la colaboración, olvidando la política de corto plazo y de titulares”, ha recalcado.

Del mismo modo, ha expuesto que el actual proceso de regularización “es algo de lo que todos deberíamos alegrarnos, ya que va a permitir a miles de vecinos y vecinas, que llevan años viviendo y trabajando con nosotros, disfrutar de los mismos derechos y obligaciones”. A su juicio, utilizar este procedimiento para hablar de “caos migratorio” o “efecto llamada puede quedar muy bien en un titular, pero no es cierto”: “Es necesario que, de una vez por todas, la Señora Orós abandone su deriva xenófoba y deje de utilizar la situación de las personas sin hogar y de las personas migrantes para confrontar con el Gobierno central”, ha concluido.

El concejal socialista Paco Galán también ha criticado la decisión del PP: “Chueca como alumna aventajada de la ultraderecha está boicoteando los derechos de las personas más vulnerables de esta ciudad e impide a los funcionarios municipales cumplir con su obligación de responder a las necesidades de unos ciudadanos, que conviven en el día a día con nosotros, y que hasta ahora eran de segunda”, ha señalado.

El edil socialista ha lamentado que “Chueca haya dado orden de que todas las peticiones tienen que realizarse en la Plaza del Pilar, incumpliendo el principio de cercanía y de barrio de las Juntas de Distrito. Lo que está colapsada es la capacidad de pensar en cómo resolver sus problemas de gestión”. “Dignificar a personas que viven con nosotros debería ser el reto y no vivirlo como un impedimento”, ha concluido.

“Falta de planificación”

También desde CCOO se subraya que el colapso “no responde a un hecho puntual ni imprevisible, sino a una situación que podía haberse evitado con una planificación adecuada”: “No se trata de un fallo aislado, sino de un patrón de gestión que se repite en el tiempo porque también en anteriores ocasiones, las juntas municipales y la Casa Consistorial ya han sufrido colapsos ante picos de demanda, como en campañas derivadas de notificaciones masivas por renovación padronal”, ha asegurado Juan Tamarit, secretario general de la Sección Sindical de CCOO en el Ayuntamiento de Zaragoza. Además, durante este mandato algunas juntas han llegado incluso a cerrar por falta de personal.

A juicio del sindicato, el proceso era conocido con más de tres meses de antelación, “un plazo suficiente para haber previsto refuerzos mediante acúmulos de tareas, reorganización de recursos o la adopción de medidas extraordinarias”, por lo que insisten en que esta situación era “evitable” y responde a una “falta de previsión que no puede justificarse”. Por ello, CCOO ha exigido al Gobierno municipal que “asuma su responsabilidad, evite trasladar la presión a la plantilla y adopte medidas inmediatas y estructurales. Es imprescindible reforzar los servicios con personal suficiente y planificar con rigor situaciones que son perfectamente previsibles”.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Aragón ha explicado que el proceso de regularización acaba de comenzar y que ya se ha habilitado toda la información en la web del Ministerio, incluyendo un simulador orientativo. Ha destacado que el sistema permite hacer trámites online sin cita previa, con apoyo de representantes si es necesario, y también de forma presencial en oficinas de Correos y Seguridad Social con personal especializado.

Ha reconocido que es normal que surjan dudas en esta fase inicial y que haya un aumento de consultas, pero considera que la situación en el Ayuntamiento de Zaragoza “tiene más que ver con un marco ideológico que con un marco real. En otro tipo de procesos extraordinarios se han formado colas en las administraciones y nunca se les ha dado el tratamiento que se le está dando en este momento al Ayuntamiento de Zaragoza”.

Beltrán ha asegurado que el Ayuntamiento ya conocía con antelación el proceso y el posible aumento de solicitudes, por lo que ha rechazado que haya habido sorpresa. También ha negado estar obligado a dar ciertos datos solicitados por el consistorio y ha criticado que se pidan recursos económicos fuera de los canales adecuados. “No olvidemos que la gente que está yendo al Ayuntamiento son ciudadanos de Zaragoza que tienen todo el derecho del mundo a acudir a su Ayuntamiento a solicitar información o a solicitar que le hagan un documento”, ha defendido.

Por último, ha pedido paciencia durante los primeros días, confía en que la situación se estabilice con la actuación de las entidades colaboradoras y ha recalcado que no todos los trámites dependen del Ayuntamiento, ya que existen múltiples vías para acreditar la situación de los solicitantes.

La alcaldesa: “El Gobierno no está haciendo bien su trabajo”

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha echado balones fuera y ha asegurado que “lo que está haciendo el Gobierno es una transferencia encubierta de competencias y de labores a los ayuntamientos sin que venga acompañado ni de información, porque no hemos recibido ninguna información previa para ver cómo se podía gestionar ni que se podía necesitar de las entidades locales, como tampoco hemos recibido recursos económicos. Nos vimos desbordados de cientos y cientos de personas, inmigrantes ilegales que venían a buscar papeles y un certificado de vulnerabilidad que recoge ese decreto que desde el Ayuntamiento desconocemos cómo podemos aplicar y no hemos recibido ninguna notificación por parte del Gobierno de España”.

Para la alcaldesa, “estamos viendo que sean ellos —las personas vulnerables— los paganos de esta mala gestión y un efecto llamada que es difícil de atender con los servicios públicos que tenemos. El Gobierno de España no está haciendo bien su trabajo, nos ha demostrado que no escapa de gestionar, ya colapsó los trenes de alta velocidad, hemos tenido un apagón y ahora vemos como colapsa otras administraciones y los servicios sociales”.

A su juicio, esta regulación “no atiende a una necesidad” laboral o de la sociedad española, “no nace de la voluntad popular ni salió aprobada en el Congreso de los Diputados, nace de la necesidad política de Pedro Sánchez de ocultar los casos de corrupción y de mantenerse en el gobierno”. Chueca ha comparado la regulación realizada por el gobierno de Aznar, vinculada al empleo, “mientras que Pedro Sánchez está haciendo regularización de inmigración vinculada única y exclusivamente a la vulnerabilidad y a sus necesidades políticas, en contra del Consejo de Estado, de la Unión Europea y del Congreso de los diputados. Estamos completamente desbordados, sin saber cómo actuar, no se nos ha dado información para poder entender y conocer los criterios para esos informes de vulnerabilidad que nos están solicitando desde ayer”.

Asegura que desde la Delegación de Gobierno no han contactado con el Ayuntamiento de Zaragoza, a pesar de que la consejera de Servicios Sociales envió una carta pidiendo información. “Las últimas palabras del delegado es que no necesitábamos información porque no íbamos a gestionar nada, y la realidad es que donde tenemos las filas de cientos y cientos de personas es en los ayuntamientos, que nos diga el Gobierno de Pedro Sánchez qué necesita de los ayuntamientos y que deje de jugar con las personas. Esta regulación a granel que está haciendo no está pensada a dignificar la vida de las personas, está hecha para tapar sus casos de corrupción y en contra de todos los órganos que han podido opinar, generando molestias, unas expectativas y un efecto llamada para que todas estas personas ilegales de Europa vengan a España a colapsar los ayuntamientos y los servicios sociales de nuestro país, que nos digan cómo quieren gestionarlo”.

Según fuentes municipales, el Registro Municipal recibió este pasado jueves 654 solicitudes relacionadas con certificados de empadronamiento y solicitudes de informes de vulnerabilidad vinculados al proceso de regularización de personas inmigrantes, mientras que el 010 recibió más de 300 llamadas por este motivo.

Daniel e Imad son los dos integrantes de 'Los 6 de Zaragoza' que continúan en prisión. Imad, que padece una enfermedad psiquiátrica, logró el tercer grado en diciembre de 2025 y Daniel cumple su condena en una cárcel de Alicante. Desde la plataforma denuncian que no entienden por qué el indulto se concedió solo a dos de los condenados, ya que los cuatro jóvenes fueron acusados por los mismos hechos. Coincidiendo con la semana en la que se cumplen dos años de su ingreso en prisión, han convocado una protesta este sábado 18 de abril: una cadena humana frente a la Audiencia Provincial, seguida de una concentración en la plaza del Portillo.

Javitxu Aijón, uno de los que fue indultado, ha criticado que la situación “no está resuelta” ya que dos de sus compañeros continúan encarcelados. “Adrián y yo estuvimos un año y medio encerrados por unas detenciones injustas y aleatorias, no entendemos por qué a los otros dos jóvenes no se les ha liberado”. Considera que el objetivo del gobierno de coalición con sus indultos “era acallar la oleada de protestas y presión social” pero que “no se ha hecho justicia”: “A pesar del indulto, se mantiene la astronómica pena económica, de 200.000 euros, una medida que condena doblemente a la clase trabajadora y a su entorno”. 

Aijón considera que en este caso está en juego “el derecho a manifestarse contra la extrema derecha”. “Manifestarse ante estas violencias no puede ser un delito”, defiende, y añade que “no es un hecho aislado, sino fruto de un entramado pensado para el disciplinamiento de las clases sociales”.

En la misma línea, el portavoz de la plataforma, Pablo Rochela, critica la sentencia inicial y sostiene que “han querido condenar la protesta”. “Buscan que tengamos miedo a la hora de organizarnos. Manifestarse es un derecho que ha ganado la clase trabajadora y es nuestra responsabilidad conservarlo”, afirma. Según indica, la condena por la que dos personas continúan en prisión “no se basa en ninguna prueba”. La plataforma ha hecho un llamamiento a la movilización este sábado a las 12:00, con una cadena humana frente a la Audiencia Provincial y una concentración posterior en la plaza del Portillo. Con estas acciones, reclaman la libertad de 'Los 6 de Zaragoza', la derogación de la Ley Mordaza y una reforma “no punitiva” del Código Penal.

Sobre la situación de los dos jóvenes que permanecen en prisión, explican que Imad ha mejorado tras la concesión del tercer grado, aunque “no está recuperado, es un tratamiento largo”. En el caso de Daniel, que continúa en segundo grado en una cárcel de Alicante, aseguran que “está sufriendo”.

También señalan que en los últimos meses no ha habido contactos con grupos políticos. “Por nuestra parte siempre hemos estado abiertos a conversar con cualquier grupo que quiera apoyarlo, también con el Gobierno de coalición, que es quien tiene capacidad de conceder el indulto”, indican.

El caso se remonta al 17 de enero de 2019, cuando unos 200 manifestantes antifascistas se concentraron en las inmediaciones del Auditorio de Zaragoza para protestar contra un mitin de Vox. La protesta terminó con cargas policiales y la detención de seis personas, acusadas de desórdenes públicos, atentado a la autoridad y lesiones. Tras un largo proceso judicial, el Tribunal Supremo redujo la condena a cuatro años y nueve meses para cada uno de los cuatro adultos.

Desde 2021, la plataforma ha solicitado reiteradamente el indulto y ha movilizado recursos para afrontar las multas mediante campañas de recaudación colectiva. Advierten que seguirán presionando hasta que todos los jóvenes obtengan justicia completa y “se deroguen las leyes que facilitan este tipo de represión política”.

La presencia de maquinaria y trabajadores en el interior del antiguo edificio de Correos de Zaragoza ha alertado a vecinos y colectivos patrimonialistas, que llevan tiempo manifestando su oposición al derribo. La asociación de vecinos Joaquín Costa ha contactado con la Policía Local tras detectar trabajos en el inmueble, al considerar que no deberían iniciarse mientras no concluya el proceso administrativo y se formalice el recurso de alzada contra la decisión del Gobierno de Aragón, que ha descartado su protección al entender que no reúne valores suficientes para ser declarado Bien de Interés Cultural (BIC) ni Bien Catalogado.

El aviso se ha producido a primera hora de la tarde, cuando el presidente de la entidad vecinal, Juan Fustero, ha recibido una llamada que le advertía de actividad en el edificio. “Me dicen que parece que están trabajando dentro y no tenía constancia de nada”, explica. Tras desplazarse hasta la zona, asegura haber encontrado a varios operarios en el interior del inmueble.

Fustero ha documentado la situación con fotografías tomadas entre las 14:30 y las 16:00, en las que se observa la presencia de maquinaria y de entre seis y siete trabajadores. Según relata, en un primer momento se le trasladó que las máquinas operaban en una zona contigua, fuera del solar de Correos.

El representante vecinal ha iniciado una cadena de llamadas a distintas instituciones. Según ha explicado a este medio, ha contactado con la Policía Local, que ha llegado hasta el lugar en torno a las 15:00. Allí, los agentes ha procedido a identificar a los trabajadores y a recabar información sobre la actuación que se estaba llevando a cabo.

Paralelamente, Fustero ha contactado con la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Aragón para trasladar lo ocurrido, así como con responsables de la Asociación Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa).

Desde la asociación vecinal sostienen que la presencia de operarios en el interior del edificio no es compatible con la situación administrativa actual. “Estamos en plazo para presentar un recurso de alzada, por lo que entendemos que no puede haber actividad en el inmueble”, señala Fustero, que advierte de que cualquier intervención será tenida en cuenta en futuras acciones legales.

El episodio se produce apenas días después de que el Gobierno de Aragón haya rechazado proteger el edificio como Bien de Interés Cultural (BIC) o Bien Catalogado, una decisión que abre la puerta a su derribo pero que todavía puede ser recurrida. De hecho, tanto Apudepa como los colectivos vecinales trabajan ya en la presentación de ese recurso y no descartan acudir a la vía judicial.

Desde la entidad patrimonialista aseguran que, además del recurso de alzada, estudian trasladar el caso a la Fiscalía. “Mientras esté en marcha cualquier procedimiento legal, no pueden tirar nada”, sostienen.

La Dirección General de Patrimonio Cultural resolvió no incoar el expediente para su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) ni como Bien Catalogado al considerar que el edificio no cumple con los criterios exigidos de singularidad, relevancia, integridad y autenticidad.

Según la argumentación del Ejecutivo autonómico, el antiguo edificio de Correos no puede adscribirse al movimiento brutalista —como defendían algunos colectivos— al no presentar rasgos característicos como la expresión estructural o el protagonismo del hormigón visto. El informe concluye que se trata de una construcción funcional, propia de su época, sin elementos innovadores ni un carácter excepcional que justifique su protección. Además, incide en la pérdida de uso tras su abandono por parte de Correos, la ausencia de reconocimiento patrimonial a nivel municipal y el hecho de que cualquier adaptación a nuevos usos implicaría transformaciones sustanciales que desvirtuarían sus valores originales.

El futuro de la dirección del CEIP Cesáreo Alierta se decide en los próximos días, y la presión de las familias no deja de aumentar. Un total de casi 300 familias del centro —que representan el 60% del total—, junto a 468 apoyos adicionales procedentes de colegios vecinos como el Doctor Azúa, Margarita Salas y César Augusto, han registrado formalmente un escrito ante la Inspección Educativa y la Consejería de Educación del Gobierno de Aragón en el que solicitan que no se renueve al actual equipo directivo.

La petición se produce mientras la Administración dirime el proceso de selección de la dirección para el próximo curso. Actualmente existen tres proyectos en evaluación: el presentado por la dirección vigente y dos alternativas que, según consta en el escrito registrado, plantean “modelos orientados a la mejora de la colaboración con la comunidad educativa”. La resolución, según han indicado fuentes del Departamento de Educación, será el próximo 15 de mayo.

El texto entregado a la DGA subraya una “falta de confianza significativa” hacia la gestión actual. Según los firmantes, la continuidad del equipo directivo “no contribuiría a resolver el conflicto existente, sino que podría agravarlo”, por lo que defienden la necesidad de iniciar una etapa que permita recuperar el diálogo institucional.

La situación en el centro se ha visto marcada en los últimos meses por un conflicto que ha trascendido el ámbito administrativo. El malestar por decisiones de gestión —como la instalación de una valla que limita el tránsito entre centros vecinos— ha derivado en quejas formales y un procedimiento judicial abierto. En este contexto, ya se han adoptado medidas cautelares favorables a las peticiones de las familias. Desde el colectivo de familias se insta a la Administración a que la valoración de los proyectos “tenga en cuenta la realidad social y el clima de tensión del centro”.

Una valla que puso fin a 60 años de convivencia entre dos centros

La instalación de una valla divisoria entre el CEIP Cesáreo Alierta y el CEIP Doctor Azúa ha generado una fuerte oposición en ambas comunidades educativas, que rechazan la ruptura de un patio compartido durante 60 años. Mientras el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón justificó la medida por motivos de seguridad, organización de accesos y control de alumnos con necesidades especiales, las AMPAs consideran la obra innecesaria y denuncian que se ha ejecutado “sin consulta previa” a las familias.

Las asociaciones de padres han advertido que el cerramiento compromete las vías de evacuación y el acceso de emergencias, además de dificultar la conciliación de las familias con hijos escolarizados en ambos centros. Asimismo, critican que se destinen fondos públicos a una infraestructura que genera división en lugar de subsanar las deficiencias estructurales que presentan las instalaciones de ambos colegios públicos.

Este conflicto se ha convertido en un argumento central para las familias del Cesáreo Alierta en su petición de no renovar al equipo directivo. Los firmantes sostienen que la valla es un reflejo de una gestión que “prioriza la separación sobre el diálogo”.

Zaragoza acoge los días 14, 15 y 16 de abril la tercera edición de The Wave, un encuentro centrado en la innovación tecnológica y la exploración del futuro empresarial.

En el ecosistema de congresos tecnológicos como The Wave, lo normal es encontrarse estos días con bandos estéticos marcados. Entre las tribus que habitarán estos días en el Palacio de Congresos de la capital aragonesa desfilarán 'outfits' como el de los visionarios tecnológicos de aire minimalista y dispositivos de última generación, incluyendo a quienes mantienen viva la esencia underground con el icónico gorro de lana que ha hecho famoso al ex hacker Chema Alonso; la Generación Z con su estilo puramente funcional de mochilas técnicas y sudaderas, y los emprendedores de startups que dominan el business casual orientado al networking.

Todos ellos estarán representados en las jornadas del 14 y 15, enfocadas al ámbito empresarial, con la participación de compañías líderes en transformación digital y tecnológica, mientras que el día 16 se abrirá al público general.

El evento se distribuye en cinco espacios: Planet Zero, dedicado a los grandes retos estratégicos; Lunar Lab, concebido como laboratorio de ideas y aprendizaje práctico; Nebula Lounge, orientado al networking de alto nivel; Expo Horizon, una zona expositiva donde las empresas presentan soluciones aplicables; y un escenario exterior.

En un contexto en el que la región se ha consolidado como nodo estratégico de infraestructuras 'cloud', tras las inversiones de gigantes como AWS y Microsoft, el congreso servirá para abordar cuestiones como la soberanía del dato, la ciberseguridad industrial o la eficiencia energética de los centros de cómputo.

El evento funciona como un punto de convergencia entre empresas tecnológicas, instituciones y sectores industriales. Esta alineación proyecta una visión bastante homogénea de un momento en el que la inteligencia artificial ha dejado de ser una promesa para convertirse en una infraestructura en pleno despliegue. A lo largo de estos días, participarán 250 ponentes, algunos de participación de compañías líderes como Amazon Web Services y Microsoft, que representan la infraestructura sobre la que se está construyendo la actual expansión de la inteligencia artificial. Junto a ellas, participan actores clave en la implementación empresarial como NTT Data, Inetum o Hiberus, además de grandes operadores de conectividad como Telefónica o MasOrange. A este núcleo se suman compañías de sectores tradicionales en transformación, como Repsol o Adidas, y plataformas digitales como Airbnb. Dentro de este ecosistema, resultan especialmente significativas las intervenciones vinculadas a perfiles como Chema Alonso, asociados a compañías como Cloudflare, que aportan la perspectiva de la infraestructura y la ciberseguridad.

En ese contexto, resulta pertinente recurrir a la propia IA como herramienta de análisis. Para ello, se ha “puesto a trabajar” a tres sistemas con vocación crítica con el objetivo de evaluar la trascendencia real del evento.

Análisis de los asistentes de IA

Todos los asistentes de IA sitúan a The Wave en una posición intermedia dentro del ecosistema de congresos tecnológicos. Claude, el más analítico, lo compara con referentes como el Mobile World Congress de Barcelona, con más de 100.000 asistentes y centrado en telecomunicaciones; el South Summit de Madrid, con 25.000 asistentes y enfocado a startups e inversión; o 4YFN, que reúne a unos 20.000 interesados en innovación abierta. En ese contexto, The Wave, con unos 15.000 asistentes, compite con eventos como el Digital Enterprise Show de Málaga y comienza a acercarse al South Summit, aunque con un perfil menos orientado a la inversión y más centrado en visibilizar el ecosistema tecnológico aragonés.

Gemini lo resume con ironía: “Si el Mobile World Congress es la Super Bowl —demasiado grande, demasiado caro—, The Wave se asemeja más a un festival indie en expansión: mantiene cierto atractivo, permite una mayor cercanía con los ponentes y conserva un margen de experimentación que los grandes eventos han ido perdiendo”.

En cuanto al perfil de los participantes, ChatGPT destaca figuras como Chema Alonso o Sean Lawrence, representantes de la “infraestructura”: quienes diseñan, protegen y escalan las autopistas por las que circulan los datos. Gemini, por su parte, pone el foco en perfiles menos mediáticos pero más decisivos, como Sasha Rubel (AWS) / Eoin Doherty (Microsoft), que no son famosos de Instagram, sino los que deciden dónde se ponen los cables en Aragón; Berta Gonzalvo (Aitiip) y María Jesús Lázaro (AMIT), “ciencia pura y dura aplicada a la industria y los CEOs de empresas como Integra, GFT o DXC, que son los que contratan a la gente”.

Fortalezas

Gemini destaca como fortalezas del evento la conexión entre Infraestructura y Empresa, los referentes de Ciberseguridad y Negocio; la transferencia de tecnología japonesa y el foco en el B2B: Más allá de las charlas, el valor real son los espacios de networking (estrategia para ampliar la red de contactos profesionales que ayudarán a generar oportunidades de negocio y empleo) donde las startups (empresas emergentes con alto potencial innovador y tecnológico) y las grandes corporaciones cierran acuerdos de colaboración. Por ello, pone el valor en lo que describe como “una feria de negocios”.

ChatGPT expone que The Wave destaca frente a otros eventos tecnológicos por una combinación poco habitual de cercanía, enfoque práctico y conexión directa con la infraestructura real, “que facilita un networking efectivo y sin filtros, donde es posible interactuar con perfiles que realmente toman decisiones”. Además, no se limita a discursos aspiracionales, sino que pone el foco en soluciones aplicables y en el despliegue concreto de tecnologías, en un contexto marcado por inversiones de actores como Amazon Web Services y Microsoft. En conjunto, “no es tanto un escaparate del futuro como un espacio donde ese futuro empieza a materializarse”.

Para Claude, hay una mezcla inusual de grandes corporaciones y ecosistema local. El escenario principal combina en un mismo día a AWS, Microsoft, Accenture, Deloitte, Capgemini, Telefónica o NTT Data con empresas aragonesas como Hiberus, Ibercaja, Araiz, CIRCE o Integra Tecnología. “Esa yuxtaposición es genuinamente escasa: los grandes eventos nacionales tienden a homogeneizar el perfil hacia lo corporativo o lo startup, mientras que The Wave hace visible la cadena completa del ecosistema aragonés”.

También valora la diversidad temática sin perder coherencia. El programa va de IA agéntica (AWS, Deloitte) a descarbonización TI (Hitachi), robótica industrial (Yaskawa), gestión del agua digitalizada (Apator), marketing deportivo (Real Zaragoza, Casademont) o economía del creador (YouTube, Jordi Wild). “Para ser un evento de escala regional es una oferta temática amplia que no se diluye en lo genérico”. Igualmente, tiene en cuenta las actividades complementarias con valor propio. El hackathon, el Torneo Nacional de Debate, el track específico de data centers con DCD (Data Centre Dynamics) o la batalla de startups son capas de programa que van más allá de las ponencias. El South Summit, por ejemplo, sí tiene este tipo de actividades, pero The Wave las integra en un formato más manejable para el asistente que no es exclusivamente startup.

Lo que no se debate

Hay cuestiones que, a juicio de las propias IA, quedan en segundo plano, como el impacto de la automatización en el empleo, la dependencia de proveedores globales o la concentración de poder en torno a las infraestructuras digitales.

Gemini señala la ausencia de “cripto-realistas” que evalúen el fracaso del 90% de los proyectos de blockchain y qué queda de útil en esa tecnología para la trazabilidad logística.  También echa en falta expertos en ética de la IA, juristas o técnicos capaces de explicar cómo se aplicará la normativa europea sin asfixiar a las empresas medianas y voces sobre soberanía tecnológica europea —como las vinculadas a proyectos tipo Gaia-X— o perfiles veteranos de la industria de los semiconductores, especialmente relevantes en un contexto de crisis de chips.

A ello se suma la ausencia de talento técnico senior no directivo: arquitectos de sistemas o ingenieros que trabajan directamente en los centros de datos y que pueden evaluar con rigor la viabilidad de lo que se presenta sobre el escenario.

ChatGPT coincide en señalar carencias, especialmente en investigación de modelos fundacionales, código abierto de alto impacto y laboratorios que están empujando los límites de la IA. También destaca la ausencia de figuras clave en el desarrollo de estos sistemas —quienes realmente definen sus capacidades— (referentes como Sam Altman, Demis Hassabis y Dario Amodei), así como de ingenieros de élite, como Andrej Karpathy e Ilya Sutskever, cuya influencia rara vez se traslada a congresos generalistas.

Igualmente, subraya la falta de pensamiento crítico (Timnit Gebru y Kate Crawford): voces que analicen los sesgos, el poder corporativo o el impacto social de estas tecnologías. Y apunta a una escasa representación de la investigación europea de primer nivel (voces como Yann LeCun y Luc Julia), “lo que refuerza una idea de fondo: Europa no está liderando la creación de inteligencia artificial, sino su adopción y regulación. Y el congreso refleja precisamente eso: mucha empresa, mucha implementación y poca frontera tecnológica”.

En palabras de la propia IA: “The Wave no muestra quién está creando la inteligencia artificial, sino quién está aprendiendo a vivir de ella”.

Un festival de charlas

Claude, por su parte, cree que el formato se parece más a un festival de charlas que a un congreso con debate genuino, donde hay un alto peso del patrocinador como ponente (Hiberus, NTT Data, GFT, Fortinet, KPMG, Capgemini, Nunsys…).“Eso es habitual en eventos B2B españoles, pero en comparación con eventos como Vivatech o el DES, donde el contenido editorial tiene más independencia del patrocinio, reduce la credibilidad editorial del programa. El asistente lo percibe: sabe que buena parte de las ponencias son branded content, no conocimiento independiente”. También detecta poca presencia internacional en el cuerpo del programa. Más allá de Sean Lawrence (NTT), Sasha Rubel (AWS) o Hideyuki Sasaki (BBIX), el grueso de ponentes es español. El South Summit o el 4YFN tienen un porcentaje de ponentes internacionales claramente superior. Como sus primos ChatGPT y Gemini, critica la ausencia de contenido crítico o de fricción. “El programa es casi completamente afirmativo: todas las sesiones venden oportunidades, transformación, casos de éxito. No hay paneles sobre los riesgos sociales de la IA, el impacto laboral, la regulación europea (el AI Act apenas aparece), los fracasos empresariales o los conflictos de interés tecnológico. Otros eventos tienen mucho más espacio para ese tipo de contenido incómodo, lo que eleva la calidad intelectual y la cobertura de prensa crítica”.

Así se comporta la IA cuando se pone crítica. Falta ver si el congreso supera su evaluación.

Y como recomendación para quien no quiera perderse en el labertinto del centenar de conferencias y 250 ponentes, puede planificarse en este enlace:

La Asociación de Vecinos A.V. Peramán de Garrapinillos (barrio rural de Zaragoza) alerta de una grave deficiencia de seguridad vial detectada en las obras de acondicionamiento recientemente ejecutadas en la carretera que conecta los núcleos de Garrapinillos y la localidad de Utebo: varios postes de suministros —de luz y telefonía— han quedado en el interior del trazado del nuevo carril bici o invadiendo el margen de seguridad obligatorio respecto a la calzada.

La situación supone un riesgo directo para la integridad física de los ciclistas y conductores que utilizan esta vía. Los postes preexistentes no fueron retirados ni retranqueados durante la ejecución de la obra, sino simplemente rodeados por el nuevo trazado, lo que genera obstáculos físicos incompatibles con un uso seguro del carril bici y del entorno viario.

Cabe destacar que se trata de una vía altamente transitada. Este corredor conecta Utebo y los municipios cercanos con el polígono logístico de Plaza, uno de los principales focos de actividad económica y laboral de la zona, lo que genera un elevado volumen de desplazamientos diarios tanto en bicicleta como en vehículo. La presencia de obstáculos en estas condiciones multiplica exponencialmente el riesgo de accidente.

Una obra que incumple la normativa técnica vigente

Según la normativa técnica de aplicación, esta situación contraviene la Instrucción de Carreteras (Norma 3.1-IC), relativa a la seguridad en los márgenes de la vía y al análisis de obstáculos, así como la Guía de Recomendaciones del Ministerio de Transportes, que establece resguardos mínimos frente a elementos fijos de más de 15 centímetros de altura para evitar colisiones.

Al haber ejecutado una obra nueva rodeando obstáculos preexistentes en lugar de eliminarlos o protegerlos correctamente, la Administración titular de la vía asume una responsabilidad patrimonial directa ante cualquier accidente que pudiera producirse.

Varios vecinos de Garrapinillos han presentado ya reclamaciones ante el Ayuntamiento de Utebo solicitando que se actúe sobre esta situación. Sin embargo, hasta la fecha no han obtenido respuesta por parte de las autoridades municipales.

Medidas inmediatas

Ante este silencio administrativo, la Asociación de Vecinos A.V. Peramán ha decidido hacer pública la situación para exigir “una actuación urgente”. Así, la entidad solicita formalmente a la Administración responsable la “señalización inmediata de los obstáculos” para advertir del peligro a ciclistas y conductores mientras no se resuelva el problema y, en paralelo, la eliminación o retranqueo definitivo de los postes afectados para dar cumplimiento a la normativa de seguridad vial vigente, dado que “la señalización únicamente puede considerarse una medida provisional de emergencia”.

La asociación recuerda que la seguridad de los usuarios de la vía pública “debe ser una prioridad irrenunciable”, especialmente cuando se trata de infraestructuras de nueva creación financiadas con fondos públicos. La ejecución de una obra que genera nuevos riesgos en lugar de eliminarlos es, a juicio de la A.V. Peramán, “inaceptable”.

Varios cascotes de piedra caliza se han desprendido recientemente del lienzo de la muralla romana de Zaragoza, específicamente en el tramo situado junto a la iglesia de San Juan de los Panetes, próximo al Mercado Central de la capital. El incidente ha dejado al descubierto material de disgregación en la base del monumento, evidenciando el avanzado estado de erosión superficial que padece este Bien de Interés Cultural (BIC), que los peritos municipales achacan a las últimas lluvias, afectando a las capas inferiores de la muralla. Tal como ha informado el Ayuntamiento de Zaragoza, técnicos del servicio de arqueología aplicarán algún pequeño tratamiento de consolidación a estas piedras areniscas. Este desprendimiento se suma a las patologías crónicas que presenta la estructura, caracterizadas por una marcada erosión diferencial, pérdida de mortero en las juntas y la descamación de los sillares debido a la humedad por capilaridad y las vibraciones del tráfico urbano.

Estos daños, que hoy se manifiestan en grietas y oquedades, motivaron en 2018 una denuncia pública del entonces líder de la oposición y actual presidente de Aragón, Jorge Azcón. En aquel momento, Azcón afirmó de forma tajante que el “maltrato al patrimonio histórico de Zaragoza debe tener consecuencias” y anunció que exigiría responsabilidades por “no garantizar la protección” del monumento. Nueve años después de aquel pronunciamiento, la evidencia física del legado romano revela que el paso del tiempo es tan implacable con la piedra como con la hemeroteca.

Ante la persistencia del deterioro y la caída de material, el Ayuntamiento instaló en 2025 un vallado perimetral de seguridad de 1,80 metros para frenar el desgaste físico de la piedra. La intervención se realizó de manera urgente apenas unas semanas antes del inicio de la Semana Santa, con el objetivo principal de evitar que el lienzo de piedra caliza fuera utilizado como “grada” o plataforma por el público durante el paso de las procesiones, un uso intensivo que el Ayuntamiento identificó como un factor crítico en la aceleración de la disgregación de los sillares. Hoy, los arqueólogos municipales recomiendan ampliar el vallado.

Apudepa ve peligrar la muralla

Para Lourdes Gracia, restauradora de obras de arte y miembro de Apudepa, atribuir los daños de la muralla a las lluvias “es un despropósito” y añade que “eso es totalmente falso”. Según explica, ya para las fiestas del Pilar se registraban numerosos desprendimientos en uno de los lienzos exteriores. Además, durante la Semana Santa ese espacio se utilizó de forma masiva como graderío, lo que, a su juicio, confirma que se trata de “una muerte anunciada desde hace años”.

Incluso aceptando que las lluvias hayan podido agravar los últimos desprendimientos, Gracia subraya la necesidad urgente de aplicar un mantenimiento adecuado que debería incluir tareas de limpieza, uso de herbicidas y tratamientos hidrofugantes que permitan controlar la humedad, proteger la estructura y mejorar el entorno desde el punto de vista estético.

La restauradora también rechaza que toda la piedra pueda considerarse arenisca, ya que “cada sillar es de diferente naturaleza”. Advierte, además, de la existencia de procesos de deplacación que podrían derivar en nuevos desprendimientos si no se actúa con rapidez.

En este sentido, defiende la necesidad de una intervención que incluya una barrera física que limite el acceso de personas, aunque considera que el actual “encarcelamiento” no es una solución definitiva. Sin entrar a valorar la decisión final, que corresponde a los responsables de Patrimonio, propone alternativas más disuasorias y estéticas, como la creación de una lámina de agua a distinto nivel de la muralla. Esta medida, según explica, ayudaría tanto a evitar filtraciones como a impedir el acceso directo de los ciudadanos.

Asimismo, recuerda que, tras la demolición de la estructura anterior, la muralla ha quedado más expuesta a la intemperie, soportando temperaturas extremas en una zona sin arbolado.

Desde Apudepa denuncian que “la inacción del Ayuntamiento es constante”. En esta línea, Gracia critica que el actual equipo de gobierno “se pone la medalla del patrimonio”, mientras, en la práctica, se priorizan iniciativas de carácter estético y efímero como ´Zaragoza Florece´, ´Zaragoza Luce´o los grandes despliegues de iluminación navideña en la plaza del Pilar y Boreal en el parque José Antonio Labordeta. A su juicio, este tipo de apuestas evidencian una prioridad política centrada en el impacto visual y turístico, frente a la conservación estructural del patrimonio histórico.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha anunciado que cederá suelo al Gobierno de Aragón para construir 400 viviendas en Arcosur y otras 200 en Parque Venecia en régimen de alquiler asequible, y tras salir a licitación podrán concurrir las empresas constructoras y en unos dos años estarían para entrar a vivir.

Estarán orientadas para que los jóvenes de Zaragoza puedan quedarse a vivir en su ciudad y en sus barrios a precios asequibles, ha precisado la alcaldesa, quien ha avanzado que esta cesión se aprobará este jueves por el Gobierno de Zaragoza y forma parte del convenio Más Vivienda suscrito con el Ejecutivo autonómico.

Estos suelos que se cederán están calificados como equipamiento de reserva sin uso, “al no tener uso se lo damos a lo que necesitamos, que son viviendas”, ha argumentado.

“Tenemos un plan de trabajo y de colaboración institucional y mientras haya un problema de vivienda seguiremos trabajando para solucionarlo. Esto no acaba aquí y mientras estemos gobernando vamos a seguir solucionando el problema de la vivienda y en colaboración con el Gobierno de Aragón”, ha subrayado.

En Arcosur, la parcela que se cederá tiene una edificabilidad de 33.500 metros cuadrados y permitirá la construcción de 400 viviendas, en torno a una media de 78 metros cuadrados cada una.

En Parque Venecia la cesión de suelo permitirá levantar 200 viviendas públicas con una edificabilidad de 15.000 metros cuadrados y también una media de cada piso de 78 metros cuadrados.

En rueda de prensa, Chueca ha explicado que se cede suelo de equipamiento que no ha sido utilizado y que desde hace muchos años lleva tiempo sin uso para hacer vivienda pública y ponerla al servicio de los ciudadanos. “Consolidamos una estrategia que ya está en marcha y que, sin duda, es de éxito, porque nos permite llegar a todos los distritos de Zaragoza para que todos los vecinos puedan quedarse a vivir en sus barrios, en sus distritos y en las calles en las que crecieron y nacieron”.

Con el plan Mas Viviendas con el Gobierno de Aragón, firmado hace dos años, el Ayuntamiento de Zaragoza pone a disposición los suelos que cede al Ejecutivo autonómico para que después de licitarlo se pueda seguir impulsando la construcción.

En total son 2.740 viviendas que tendrán un precio de alquiler entre 300 y 500 euros al mes y los adjudicatarios gestionan el alquiler por 75 años y luego los inmuebles vuelven al Gobierno de Aragón dado el carácter demanial de los suelos que la administración dispone de forma gratuita para garantizar la viabilidad de la operación y facilitar precios asequibles a los inquilinos, que en un 80 por ciento son jóvenes de 18 a 39 años.

Hasta la fecha están en construcción o se han lanzado los pliegos para un primer lote de 608 viviendas en Actur y Valdespartera, otras 640 en Miralbueno y Rosales del Canal, 496 en el Picarral y avenida de Cataluña, y 440 más en Parque Goya. A estas se suman las 600 de Arcosur y Parque Venecia.

Otra línea de actuación es la captación de fondos europeos que ha permitido lanzar 11 promociones en colaboración público-privada para 384 pisos. Todos se entregarán este 2026 y están entre el 50 y el 90% de ejecución, serán energéticamente eficientes y se localizan en San José --58 viviendas--, Las Fuentes --112--, Valdefierro --191-- y Arrabal --23--. La fórmula elegida es la colaboración público-privada mediante el derecho de superficie durante 50 años, prorrogable a 75 años aquellas destinadas a la VPA de conformidad con la normativa vigente que regula los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social.

La tercera línea que ha citado Chueca es el Plan Especial de Vivienda en Zamoray-Pignatelli, con 125 nuevas viviendas en el Casco Histórico. De todas ellas, 26 pisos ya están en construcción; otros 20 se obtendrán mediante rehabilitación de edificios sin uso, como es el caso de Pignatelli 43, Pignatelli 67 y Agustina de Aragón 6; y otras 79 viviendas se levantarán en distintos solares.

Todos estos proyectos los impulsa Zaragoza Vivienda, que asume el diseño, la inversión y la búsqueda de financiación mediante ayudas de otras administraciones. La estimación es invertir un total de 29.130.065,2 euros, a través de fondos propios municipales, si bien se buscará financiación a través de fondos europeos o estatales.

La cuarta línea es la que lleva a cabo Zaragoza Vivienda promoviendo diferentes fórmulas para aumentar el parque público edificatorio de alquiler asequible o social. Se han lanzado 32 viviendas de carácter social comunitario en Torrero, distintas operaciones para construir con fondos europeos 13 viviendas en El Arrabal, a punto de terminar y en este mismo distrito se hizo una permuta para otras 18 viviendas de una cooperativa.

A todo esto se suman las 37 proyectadas en Miguel Servet procedentes del convenio por los terrenos de Jesús y María, las 27 compradas en Oliver a un banco, o 18 promovidas más en Valdefierro y en la que se está estudiando su adjudicación mediante la fórmula de alquiler con opción a compra.

“Estoy muy orgullosa --ha enfatizado-- de constatar que el trabajo que estamos impulsando desde el Ayuntamiento, a través de la sociedad Zaragoza Vivienda, nos permite solucionar problemas reales a los ciudadanos y avanzar en la estrategia de vivienda pública más ambiciosa que se ha cometido nunca en la ciudad de Zaragoza”.

La alcaldesa ha expuesto todos estos datos durante una visita a una promoción de VPA en cesión de uso, mediante el formato de cooperativa, de 23 viviendas en la calle del Camino de Torrecillas, esquina con la calle de La Azucarera, en El Arrabal.

Estas obras han superado el 95 por ciento de su ejecución y se prevé que en junio de este año puedan entrar a vivir sus residentes. Estas 23 viviendas forman parte de las 384 de alquiler asequible que el Ayuntamiento de Zaragoza va a poner antes de final de 2026 en el mercado inmobiliario gracias a los Fondos Europeos Next Generation y cuyo programa completo que supone una inversión total en la ciudad de 56,3 millones, ha recordado la alcaldesa.

Este proyecto el único que se desarrolla mediante un formato de cooperativa, unas VPA en cesión de uso por 75 años. Son 23 viviendas con terraza, además de garaje y trastero, que en un 28,53 por ciento se financian con fondos europeos y que cuentan con una subvención de 841.653 euros y que ha construido la empresa Obras Especiales. El 71,47% restante del coste, 2.108.031,72 euros, corre a cargo de Torrecillas Azucarera Sociedad Cooperativa Aragonesa, que explota la concesión.

Es un edificio de cinco plantas, bajo y sótano, y la superficie de los pisos oscila entre los 48,75 y 80,90 metros cuadrados. De la primera a la cuarta planta habrá cinco viviendas por altura; y en la quinta planta habrá otras 3 viviendas.

El precio máximo al que se pueden alquilar es de 4 euros por metro cuadrado, al ser viviendas en cesión de uso, cuya cuota máxima mensual a abonar por los futuros inquilinos oscila entre los 341 y 566 euros.

Chueca ha comparado esta gestión en vivienda frente a las “políticas vacías del Gobierno de España” que lleva muchos años prometiendo vivienda pública para todo el país porque “Pedro Sánchez prometió miles y miles de viviendas y a Zaragoza nos ha llegado cero” porque ni siquiera están planificadas, ha precisado.

“No solo no son capaces de hacer lo que dicen que van a hacer, sino que además lo último que hemos visto del Gobierno de España es un desprecio absoluto hacia los zaragozanos porque frente a Cataluña, que le ha cedido suelo a través de la Sareb para construir 13.000 viviendas, a nosotros nos ha intentado no ceder, sino vender suelos de pastoreo, lo cual es un agravio comparativo y un insulto a todos los zaragozanos”, ha criticado.

El Parque de Atracciones de Zaragoza abrirá sus puertas en los próximos meses para atender los compromisos ya adquiridos, especialmente las comuniones previstas para abril y mayo. Sin embargo, más allá de esta actividad puntual, el futuro del recinto continúa sin resolverse, condicionado por el bloqueo en las negociaciones entre las empresas implicadas en la nueva concesión.

La alcaldesa, Natalia Chueca, ha reconocido que la situación actual “no es la deseable”, aunque ha subrayado que el origen del problema es ajeno al Ayuntamiento y responde a las dificultades económicas de la anterior concesionaria, actualmente en preconcurso de acreedores.

La empresa gestora actual se ha comprometido a atender los eventos ya cerrados, principalmente celebraciones familiares como comuniones, evitando dejar sin servicio a los clientes que habían reservado con antelación.

No obstante, el equipo de gobierno municipal no descarta que esta actividad será limitada y que la intención es no adquirir nuevos compromisos que puedan dificultar el traspaso a la nueva concesionaria, en un contexto marcado por la falta de acuerdo entre los socios.

Aval millonario y riesgo de sanciones

La nueva concesión está formada por dos partes:  Moncayo Leisure —la empresa adjudicataria, formada en un 80% por la firma argentina Fénix Entertainment— y por Parque de Atracciones de Zaragoza, de la familia Morte y actual gestora —la actual empresa del parque— , que mantiene un 20%. Aunque existía un acuerdo inicial, la situación económica ha deteriorado la relación entre ambas, dificultando el relevo.

Desde el Ayuntamiento se les ha instado a retomar las negociaciones para alcanzar un entendimiento que permita desbloquear el proceso. “Son ellos los que se tienen que poner de acuerdo”, ha señalado la alcaldesa.

El consistorio zaragozano cuenta con mecanismos para actuar en caso de incumplimiento. La nueva concesionaria depositó un aval de 600.000 euros —el más alto exigido hasta ahora por el Ayuntamiento— como garantía de que cumplirá con las condiciones del contrato. Además, si no se respeta la orden de continuidad del servicio, podrían abrirse expedientes sancionadores. En el escenario más extremo, el Ayuntamiento podría ejecutar ese aval y volver a sacar la gestión del parque a licitación.

No obstante, la alcaldesa ha subrayado que el parque solo podrá abrir si cumple todas las condiciones de seguridad y cuenta con las revisiones necesarias en sus instalaciones. “Lo primero es la seguridad, no tanto el hecho de abrir o no”, ha insistido Chueca, dejando claro que no se permitirá la actividad si no se garantizan todas las condiciones.

Incertidumbre también para la plantilla

El conflicto no solo afecta a la actividad del parque, sino también a sus trabajadores. Actualmente, 81 empleados dependen de esta concesión, y su futuro queda supeditado a la evolución del proceso. La posible subrogación de la plantilla en caso de cambio de concesionario “deberá analizarse jurídicamente”, según ha indicado la alcaldesa, lo que añade más incertidumbre a una situación ya compleja.

Los trabajadores vinculados a la familia Morte viven en un limbo legal y operativo. Del total, 29 empleados fijos acuden a diario a sus puestos en un recinto sin actividad alguna. “Están yendo a trabajar, pero no hacen nada”, lamentan desde el comité de empresa de CCOO, describiendo la estampa de un parque “desierto”. Peor es la situación de los 50 fijos discontinuos, que ni siquiera han sido llamados para iniciar la temporada. El sindicato, que mantiene la negociación del ERTE abierta hasta el 6 de abril, ha exigido informes financieros para entender cómo una empresa que acaba de ganar una concesión para 50 años pretende entrar ahora en concurso de acreedores.

Tras más de 70 años de historia, el Parque de Atracciones de Zaragoza se enfrenta a uno de los momentos más delicados de su trayectoria y su continuidad dependerá de una negociación empresarial que, por ahora, sigue sin resolverse.

Festival de las flores en el Parque Grande

La actividad sigue en otros parques de la ciudad. Zaragoza Florece celebrará del 21 al 24 de mayo su sexta edición, un festival que el pasado año reunió a más de 360.000 visitantes. En 2026, el evento vivirá un hito especialmente simbólico: la recuperación entre sus espacios del Jardín Botánico “Francisco Loscos”, un rincón emblemático, ligado a la memoria viva del Parque Grande José Antonio Labordeta, que ha sido recientemente renovado —aunque con críticas entre los naturalistas por la reducción de especies— y que aspira a convertirse en el corazón vegetal de la ciudad.

Bajo el concepto creativo 'El jardín que imaginamos', el festival propone un recorrido artístico en el que distintos creadores florales reinterpretarán la relación entre naturaleza, ciudad y creatividad. Cada instalación será concebida como una obra única que dialogará con el entorno y con el público, transformando los espacios del parque en un gran museo al aire libre. La propuesta reunirá a destacados artistas florales de ámbito nacional e internacional, junto a profesionales emergentes y colectivos locales que aportarán nuevas miradas al lenguaje floral contemporáneo.

Durante cuatro días, Zaragoza Florece ofrecerá una programación diversa y abierta a todos los públicos, en la que el arte floral convivirá con la música, la gastronomía, las actividades familiares y las experiencias participativas. El festival mantendrá espacios ya consolidados, como el Mercado de las Flores, donde el público podrá descubrir y adquirir productos vinculados al mundo vegetal; la zona gastronómica, con una ampliada oferta de foodtrucks; y la zona de descanso y música en directo.

La Fundación CAI acoge en Zaragoza la exposición itinerante 'En vuestra piel', una muestra fotográfica que visibiliza el trabajo de la ONG Dermalawi en Malawi, uno de los países más empobrecidos del mundo, donde el acceso a la salud sigue siendo un desafío para gran parte de la población.

La exposición puede visitarse en el Centro Joaquín Roncal hasta el 25 de abril, con entrada libre y en horario de lunes a sábado. La inauguración tuvo lugar el pasado 25 de marzo, dentro de un recorrido nacional que ya ha pasado por ciudades como Palencia, Ferrol, Salamanca, Barcelona, Madrid y Burgos.

'En vuestra piel' acerca al visitante a la realidad sanitaria de Malawi a través de las imágenes de la fotógrafa Marta González de la Peña Royo, quien acompañó a la ONG en una de sus campañas en 2025. Sus retratos muestran no solo el trabajo médico sobre el terreno, sino también las historias personales, la dignidad y la esperanza de quienes viven allí.

Malawi enfrenta importantes carencias sanitarias: enfermedades prevenibles o tratables en otros contextos pueden convertirse en una condena silenciosa. En respuesta a esta situación nació Dermalawi, una organización formada por profesionales sanitarios españoles y malauíes que, desde 2015, trabaja en zonas rurales con el objetivo de ofrecer atención dermatológica accesible, sostenible y digna, además de formar al personal local para garantizar la continuidad del proyecto.

A lo largo de sus 19 campañas clínico-quirúrgicas, la ONG ha atendido a más de 75.000 pacientes, logrando reducir enfermedades infecciosas como la sarna y la lepra, y mejorando la calidad de vida de personas con albinismo mediante la prevención de tumores cutáneos precoces.

La muestra también tiene un componente solidario: durante algunos días se organiza un mercadillo con productos elaborados con telas tradicionales de Malawi. Esta iniciativa ha permitido recaudar más de 9.000 euros en las distintas ciudades por las que ha pasado la exposición, fondos destinados a apoyar los proyectos de la ONG.

La exposición cuenta con la colaboración de Fundación CantabriaLabs y se presenta como una oportunidad para conocer de cerca una realidad sanitaria global y contribuir a mejorar la vida de miles de personas.

Un puente del siglo XV por el que pasan a diario siete líneas de autobús. El estado del Puente de Piedra ha vuelto a poner sobre la mesa un debate recurrente en Zaragoza: su peatonalización. La aparición de grietas en sus laterales en los últimos días ha intensificado las voces que reclaman limitar el tráfico.

El geógrafo Francisco Pellicer lo tiene claro: “Un absoluto sí a la peatonalización”. Recuerda que el puente ha sufrido daños a lo largo de su historia, especialmente por las crecidas del Ebro, y lo define como un punto “frágil”. “Antes de construirlo, el río hacía una curva y chocaba justo debajo del Pilar”, explica. La obra, en el siglo XV, corrigió ese trazado: “Es un trabajo monumental, a capazo, con un pico y una pala. En el siglo XV se hace este puente y se corrige la dirección del río para que entre perpendicular. Se ve en el propio río, más arriba son todo vueltas y abajo también, este es el único tramo recto en 400 kilómetros y es una obra humana”.

Pellicer considera que, si se somete a vibraciones de vehículos pesados —de autobuses— el monumento la sufre: “Son obras que se han consolidado, que se han mejorado, pero enseguida aparecen grietas, es decir, hay que tener un exquisito cuidado con esto. Por todo esto tiene que ser peatonal”. Defiende que el valor patrimonial del puente debería estar por encima del tráfico y propone desviar la circulación a otras infraestructuras como el puente de Santiago o el de Hierro.

También el fundador de Iberflumen, Pablo Polo, apunta a problemas estructurales. “La alarma llega por las grietas, pero el problema es de fondo”, sostiene. Habla de pilares erosionados, posibles movimientos y falta de mantenimiento: “Hay que curarle las cicatrices”. Incluso advierte de asentamientos: “El puente se está hundiendo, y se ve en las grietas laterales”.

Desde el barrio del Arrabal, el enfoque es distinto. Su asociación vecinal recuerda que el puente es clave para la movilidad diaria. “El Ebro es la calle principal de Zaragoza”, resume su presidente, Rafa Tejedor. Por él pasan buena parte de las líneas que conectan el barrio con el centro, por lo que pide cautela: “No podemos permitir que una intervención afecte a esa movilidad”.

El PSOE denuncia la “falta de mantenimiento” 

En el plano político, la portavoz del PSOE, Lola Ranera, ha pedido actuar “con urgencia”. Considera que el puente es “un símbolo de la ciudad” y denuncia falta de mantenimiento. Según afirma, el año pasado solo se ejecutó la mitad del presupuesto destinado a conservación de puentes. “Hay una desidia absoluta”, critica, y anuncia que pedirá una comisión para analizar su estado. Ranera también criticó las intervenciones artísticas que se han hecho o se han planteado en este monumento en los últimos años: “Natalia Chueca ve los puentes no como parte de la historia ni de la riqueza de la ciudad, los ve para anillarlos o para anclar muñecos por el puente”.

Se refiere al Ring of Luxe, un gran anillo de oro que se programó para colocar en el Puente de Piedra durante el festival Hola Primavera. Finalmente, no se pudo instalar debido a las condiciones meterológicas. Lo que sí que se instalo fueron los ‘Colosses’, unas esculturas que fueron ancladas a la estructura del Puente de Piedra. En ese momento, entidades patrimonialistas denunciaron el hecho al considerar que incumplía propia normativa municipal del Ayuntamiento, que establece para cualquier elemento que deba ser colgado “en ningún caso deberán ir ancladas al suelo o a cualquier otro elemento de la vía pública que pueda sufrir algún deterioro”. El Consistorio aseguró que la piedra no se vio afectada.

Frente a esto, el consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, rechaza que exista un problema de seguridad y acusa a Ranera de generar “alarmismo”. Defiende que los técnicos municipales revisan periódicamente estas infraestructuras y asegura que el servicio de conservación “hace su trabajo”.

Ese mismo día, Serrano anunció que el Consistorio sí prevé actuar dentro del Plan de Puentes. En las próximas semanas se adjudicará la redacción de un anteproyecto para el Puente de Piedra, que incluirá inspecciones técnicas más detalladas —con drones y ensayos específicos— y propuestas de intervención. Al ser un Bien de Interés Cultural, cualquier obra deberá contar con el visto bueno de Patrimonio. 

En este caso, la inspección principal de puente se centrará en el desgaste general de la sillería; las posibles grietas y fisuras; la vegetación, aterramiento y socavación en zampeados de las pilas; la erosión, desgaste y desprendimiento de los sillares en el muro de estribo izquierdo —aguas abajo—; y otros posibles deterioros y patologías adicionales. También se aprovechará para crear un modelo digital de todo el puente y sus estribos, incluyendo el muro de sillares en el muro de estribo izquierdo.

Además, se elaborará un informe de la zona de nidificación del vencejo común 'Apus Apus' y del vencejo pálido 'Apus pallidus' en las grietas de generadas en los sillares. Se deberá tener en cuenta las épocas de nidificación y elaborar un mapa donde se registren los nidos existentes. De hecho, el proyecto incluirá la redacción de un anexo con procedimientos a seguir en las posibles obras de rehabilitación para la protección y conservación de la avifauna del entorno. Para este puente también se incluirá un anteproyecto de mejora de iluminación ornamental y un estudio de movilidad del tráfico peatonal y de vehículos para el entorno y así minimizar posibles afecciones temporales que pudieran derivar de las obras.

Hay edificios que cuentan una historia incluso cuando ya casi no pueden sostenerse en pie. En Ejea de los Caballeros, la Casa Pujol es uno de ellos. Su reciente entrada en la Lista Roja del Patrimonio de Hispania Nostra, a instancias de la Asociación para la Defensa del Patrimonio Aragonés, ha vuelto a poner el foco sobre un inmueble que, más allá de la denuncia de su deterioro “avanzado y con riego de ruina”, encierra una parte esencial de la memoria urbana, económica y social de la localidad.

Ideada y levantada entre 1900 y 1913 en un enclave estratégico —la confluencia del paseo del Muro con las calles Concordia y Joaquín Costa—, esta casa no es un edificio cualquiera. Su silueta, marcada por un torreón central y un lucernario, responde a un modelo de arquitectura burguesa de principios del siglo XX, con rasgos eclécticos y, aunque tímida, también influencia modernista. Durante décadas, fue un referente visual para quienes llegaban o vivían en la localidad, por su ubicación en uno de los puntos más reconocibles del casco urbano, frente a la iglesia de San Salvador. 

Pero su valor va más allá de lo estético. La casa está íntimamente ligada al proceso de modernización de Ejea de los Caballeros. La residencia Pujol fue promovida por la familia Villacampa, importantes ganaderos y productores vinculados a la economía local, y simboliza el surgimiento de una incipiente burguesía industrial en el municipio. Sin embargo, el inmueble cambió obligatoriamente su nombre cuando su heredera, Pepita Villacampa, contrajo matrimonio con José Pujol, hijo de Rosendo Pujol, quien impulsó a comienzos del siglo XX la Electroharinera 'La Primitiva', y responsable del primer suministro eléctrico del municipio y del alumbrado público en 1902. 

Abandono avanzado y riesgo de ruina

Aquel pasado industrial y urbano del inmueble contrasta con el papel que desempeña en el presente. Hoy, la Casa Pujol es un edificio abandonado, afectado por un “importante” deterioro progresivo fruto de décadas deshabitada y “sin recibir el mantenimiento adecuado”, según APUDEPA. A pesar de estar catalogada desde el año 2000 en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) como edificio de interés ambiental —con obligación de conservar su volumen y fachada—, la realidad es que su estado actual evidencia una falta de intervención efectiva. 

Esta situación ha motivado su entrada en la Lista Roja del Patrimonio, a propuesta de APUDEPA. Esta lista, impulsada por Hispania Nostra, recoge bienes culturales en riesgo de desaparición o alteración grave de sus valores, con el objetivo de visibilizar su situación y fomentar su protección. 

Desde APUDEPA advierten que existe “un riesgo real de pérdida patrimonial si no se actúa con rapidez”. La asociación denuncia que el estado de la cubierta es “lamentable” y que “anticipa posibles colapsos estructurales”. Lo mismo en el exterior, donde el deterioro es visible con “revocos desprendidos, grietas, suciedad acumulada y cableado desfigurando la fachada”, apuntan en el informe publicado en la Lista Roja. 

Desde la Asociación piden que se tenga en cuenta el alcance y singularidad de la Casa Pujol no solo por su arquitectura —una de las pocas construcciones con torreón de este tipo en la localidad—, sino también por su valor urbano, al articular visualmente uno de los accesos principales al casco histórico. Y que se ponga en valor por su dimensión simbólica como testimonio de una etapa menos visible y conocida de la historia de Ejea: la de su temprana industrialización. 

El debate se reabre veinte años después

Entre 2005 y 2007 hubo un intento de declarar su ruina y proceder a su demolición. Una intervención que fue frenada por informes desfavorables de la Comisión Provincial de Patrimonio. Desde entonces, la casa ha permanecido en una especie de limbo: protegida sobre el papel, pero sin un proyecto claro de rehabilitación. 

Ante la pregunta ¿Qué puede ocurrir ahora? La respuesta es que la inclusión en la Lista Roja no implica protección legal directa, pero sí presión social e institucional que en muchos casos ha servido como punto de inflexión para activar procesos de restauración. El futuro de la Casa Pujol depende, en gran medida, de la capacidad de las administraciones —y especialmente del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros— para impulsar soluciones.

El margen de actuación existe, aunque no es sencillo. El inmueble es de propiedad privada, lo que limita la intervención directa municipal. Sin embargo, el consistorio puede ejercer varias vías: desde exigir el cumplimiento del deber de conservación a los propietarios, hasta promover acuerdos, incentivos o incluso fórmulas de adquisición o expropiación en caso de incumplimiento grave. También puede optar por integrar el edificio en estrategias más amplias de rehabilitación urbana o patrimonial.

En paralelo, la clave estará en encontrar un uso que garantice su viabilidad. La experiencia demuestra que la conservación del patrimonio no pasa solo por restaurar, sino por reintegrar los edificios en la vida cotidiana: como equipamientos culturales, espacios sociales o iniciativas vinculadas al turismo.

Mientras tanto, la Casa Pujol sigue dando la bienvenida al pueblo frente a la Iglesia de San Salvador, visible, reconocible, pero cada vez más frágil. Como tantas otras piezas del patrimonio aragonés que se encuentran en riesgo, el futuro de esta casa se juega en un equilibrio delicado entre la memoria, el abandono y la pregunta de si la sociedad que la heredó está dispuesta a seguir conservándola.

Adoptar sigue siendo, para muchos animales, la única salida frente al abandono. Lejos de ser un problema puntual o estacional, en ciudades como Zaragoza, la llegada de perros y gatos a los centros de protección es constante durante todo el año. Aunque las adopciones avanzan, no siempre se producen al mismo ritmo. Detrás de esta brecha hay decisiones impulsivas, falta de información y una idea aún extendida de que tener una mascota es algo reversible.

En lo que va de 2026, el Centro Municipal de Protección Animal (CMPA) de Zaragoza ha registrado la entrada de 121 animales, de los cuales 71 son perros, 46 gatos y cuatro aves. De ellos, 43 han podido regresar con sus dueños. El resto, la mayoría, son abandonos. Frente a esa realidad, 75 adopciones han abierto una puerta de salida, repartidas prácticamente a partes iguales entre perros y gatos.

Detrás de cada cifra hay una historia que empieza casi siempre igual, ya que la situación más repetida es la llegada de un animal joven, con alrededor de un año, que deja de encajar en la vida de quien lo adoptó.

El momento en el que el cachorro deja de serlo

“Muchas veces la gente piensa en animales mayores o enfermos, pero no es así”, explica Alba López, jefa de la unidad de protección animal y veterinaria del centro. El perfil más frecuente a perros jóvenes, de tamaño grande, que ya han crecido y empiezan a mostrar comportamientos propios de su edad.

“Cuando son cachorros se tolera todo. Pero cuando el perro tiene fuerza, tira de la correa o rompe cosas, deja de hacer gracia”, resume. En ese punto, lo que fue una decisión impulsiva se convierte en una responsabilidad que muchas personas no asumen.

A eso se suma que muchos de los animales llegan sin identificar al no contar con microchip y, por lo tanto, no se pueden localizar a sus responsables. “Eso ya nos indica el perfil, que son personas que no han asumido desde el principio lo que implica tener un animal”, añade.

Ni picos ni excepciones: el abandono como rutina

A pesar de que se ha relacionado muchas veces el abandono con las vacaciones de verano, en el centro hablan de una tendencia sostenida y de un flujo continuo. No obstante, López señala que lo que sí cambia es el ritmo de adopciones, ya que “mucha gente, como se va, se espera a adoptar a septiembre”. 

Actualmente, el CMPA atiende a unos 200 perros y alrededor de 70 gatos. La mayoría están disponibles para adopción, aunque no todos. Mientras tanto, el equipo que los cuida está formado por 13 personas, entre veterinarios, personal administrativo y cuidadores.

Entre todos ellos, hay un grupo especialmente vulnerable: los perros catalogados como potencialmente peligrosos. Como explica Alba a elDiario.es, representan cerca del 60% de los perros del centro y no es “casualidad”.

Al respecto, la profesional afirma que son animales que “suelen proceder de contextos de tenencia irresponsable” y que “arrastran una etiqueta legal que dificulta enormemente su adopción”.

Tal y como destaca, la legislación vigente obliga a quienes los adoptan a obtener una licencia específica y a cumplir con ciertas condiciones de manejo. Esto, según añade, “reduce drásticamente el número de posibles adoptantes”.

“El problema es que muchos son perros sociables, equilibrados, pero la ley no distingue casos individuales”, explica López, quien lamenta que, como resultado, “estos perros permanecen durante años en el centro y a veces no tienen oportunidad de salir”.

Algunos casos como el de Gante condenan bien la realidad que atraviesa el centro. Se trata de un pastor belga malinois, que representa a una “raza de moda” pero que “después comienza a aparecer en las listas de abandono”. “Son animales inteligentes, activos y exigentes, que requieren experiencia y dedicación”, subraya.

Por su parte, la mastina Tati llegó al centro justo antes de tener a sus cachorros. Su historia apunta a otra de las causas habituales: las camadas no deseadas. En este sentido, Alba confirma que la falta de esterilización sigue siendo uno de los factores clave en el abandono.

Por eso, todos los animales que salen del CMPA lo hacen esterilizados, salvo contraindicación veterinaria, además de identificados, vacunados y desparasitados.

Adoptar no es elegir, sino comprometerse

El proceso de adopción en el centro no es inmediato, ya que requiere cita previa y una evaluación detallada. Como explica ella, no se trata solo de encontrar familiar para el animal, sino de evitar que vuelva a entrar en el circuito del abandono.

“Intentamos hacer un buen match”, sostiene desde el centro. Para ello, analizan el estilo de vida, la vivienda, la experiencia previa y las expectativas de quienes quieren adoptar. De hecho, tal y como remarca, uno de los errores más frecuentes es elegir en función de “la estética o la emoción del momento”. “Un animal no es un juguete. Es un compromiso a largo plazo”, insiste López.

Aunque algunos animales llegan con problemas físicos, las heridas más habituales tienen que ver con el miedo, la ansiedad o la inseguridad. A su juicio, estas conductas también son motivo de abandono.

“El animal no es el problema. Es cómo ha sido educado o tratado”, subraya la veterinaria. La agresividad, por ejemplo, suele ser una respuesta a situaciones mal gestionadas, no una característica innata.

Un cambio que aún no es suficiente

En los últimos años ha habido avances, al contar con leyes más estrictas de protección animal, una mayor concienciación social y un aumento de las adopciones. Sin embargo, todavía no es suficiente porque el abandono sigue existiendo y todavía persiste la idea de abandono de que “un animal es prescindible”.

“Hace falta un cambio de mentalidad”, concluye López, ya que “hay que entender que es un miembro más de la familia, desde el principio hasta el final”. 

Mientras tanto, en el centro, cada día continúan con el mismo flujo protagonizado por animales que llegan, otros que se van y muchos que esperan a ser vistos para que alguien no solo los elija, sino que decida quedarse.

El éxito del true crime no deja de crecer. Podcast, documentales y series basadas en crímenes reales copan las plataformas y arrastran a millones de espectadores. En particular, a espectadoras: alrededor del 70% u 80% del público de este género son mujeres. Una de ellas era Berta Comas, periodista zaragozana reconvertida en docente, que ha escrito un ensayo en el que analiza el éxito de este fenómeno: 'True crime. Una mirada hacia el dolor de las demás'.

Casas reflexiona y argumenta durante 140 páginas sobre lo que el true crime hace sentir a quienes lo consumen y cómo aumenta la sensación de un riesgo a sufrir un acto violento “cuando vivimos en un país con un bajo índice de criminalidad, no es una realidad ese peligro” pero, aún así, un día se descubrió a sí misma “pensando que foto elegiría mi familia para un cartel de desaparecida”. Con esta idea comienza el ensayo, que va recorriendo las diferentes aristas de este tema con fuentes documentales y referencias bibliográficas.

Uno de los ejes centrales del ensayo es la falta de enfoque de género en estos relatos. Esta cuestión aparece en numerosas ocasiones en el libro y también se abordó en la presentación en Zaragoza, que tuvo lugar en la librería La Montonera. La autora, acompañada de sus compañeras —y amigas— del podcast 'Sororitrap' Berta Jiménez y Rocío Durán, reflexionó sobre la falta de referencias a estos crímenes —la mayoría asesinatos de mujeres cometidos por hombres— como feminicidios. Es decir, no se aborda el tema desde el prisma de la violencia machista, por lo que se desliga de uno de los grandes problemas de nuestra sociedad.

Entre el miedo y la identificación

Durante la presentación del libro en Zaragoza, Comas profundizó en esa relación contradictoria que el público —especialmente femenino— establece con este tipo de contenidos. “Si puede ser cualquiera, puedo ser yo. Pero a la vez piensas que a ti no te pasaría”, resumió. Esa dicotomía atraviesa todo el género. Por un lado, las espectadoras se identifican con las víctimas —mujeres, en su mayoría—. Por otro, la propia narrativa introduce una distancia que permite pensar que ese desenlace podría haberse evitado.

Durante el coloquio, las tres periodistas reflexionaron sobre el aprendizaje implícito que puede generar consumir este tipo de contenido. Berta Jiménez lo explicó así: “Te sientes identificada, pero a la vez la espectacularización te saca de ahí, individualiza todo y genera una distancia muy cruel”. Esa tensión, añadió, se traduce en una comparación constante entre lo que le ocurrió a la víctima y lo que una misma habría hecho. Muchas consumidoras de true crime buscan en estos relatos patrones, errores o señales que les permitan anticiparse al peligro. “Si aprendo de esto, a mí no me va a pasar”, es la lógica que subyace, aunque, como señaló Comas, ese razonamiento “es muy perverso”.

“Al final lo que se está diciendo es eso, de no puedes ir por la calle sola de noche porque te puede pasar, entonces te quedas en casa. No hagas auto-stop porque te puede pasar, por lo tanto no te mueves”, explicó. “Entonces como que se va coartando un poco las salidas de las mujeres y se acaba en una domesticación”. En esa misma línea, Rocío Durán apuntó a cómo estos mensajes se trasladan a la vida cotidiana: “Veces y veces que me han repetido la cosa esta de no vuelvas de noche o no cruces parques”. “Entiendo que con el tema del true crime todavía es como insensibilizarte a la vez, como reforzar ese tipo de comportamiento”, añadió.

La autora también apunta a otra clave del éxito del género: la capacidad de generar una identificación múltiple. “El true crime nos hace sentirnos en la piel de víctima y asesino a la vez”.

Punitivismo y normalización de la criminalidad

El ensayo también cuestiona el enfoque habitual del género, centrado en el crimen, la investigación y la resolución judicial. “Todo acaba con la puerta de la cárcel cerrándose”, explica Comas. La autora considera que este esquema narrativo deja fuera buena parte de la historia. “Luego no hay un más allá”, señaló, en referencia a la falta de relatos sobre lo que ocurre después con las familias o los entornos de las víctimas.

Durante el coloquio, Rocío Durán planteó esa misma idea al preguntarse por el peso del castigo en estos relatos: “Es posible un true crime antipunitivista, o sea, es posible imaginar un documental en el que no acabe persiguiendo al asesino a través de los juzgados”. En esa línea, Comas insistió en la necesidad de ampliar el foco: “Sería más interesante qué pasa después con las que nos quedamos, con los entornos que se quedan en relación a eso, qué consecuencias les quedan”.

Otro de los ejes del ensayo es cómo el true crime convierte en cotidiano lo que en realidad es excepcional. España, recuerda Comas, tiene una de las tasas de criminalidad más bajas de su entorno, pero la repetición constante de estos relatos genera una sensación de amenaza permanente. El libro recoge además referencias internacionales, como el impacto de los asesinatos de Ted Bundy en universidades estadounidenses. Tras esos crímenes, se registró un descenso en las matriculaciones de mujeres. “Si le ha pasado a otras, le puede pasar a mí”, resumió Comas. “Sabemos que ocurren cosas horribles en el mundo… pero tampoco hace nada en tu vida contra eso”, añadió la autora, en relación con la idea de que la información no siempre se traduce en control, sino en una mayor sensación de inseguridad.

Quién cuenta las historias

El libro también pone el foco en quién construye estos relatos. Aunque cada vez hay más mujeres en formatos como el pódcast, la producción audiovisual sigue estando mayoritariamente en manos de hombres. “Depende desde qué perspectiva lo hagas… cambia mucho”, explicó Comas durante la presentación. “Nada va a ser objetivo”.

Durante el coloquio, Berta Jiménez también apuntó a cómo se construyen los perfiles de las víctimas: “Las protas son chicas blancas de clase media, clase alta”. Un patrón que deja fuera otros casos con menor visibilidad mediática.

En paralelo, la figura del agresor también se presenta como una excepción. “Si pensamos siempre que son psicópatas… eso también hace que no podamos pensar que lo que están haciendo es totalmente estructural”, señaló Comas.

Aragón se enfrenta a un escenario donde la gestión de grandes infraestructuras y el estancamiento deportivo amenazan con colisionar de forma estrepitosa. En una apuesta de riesgo extremo, las instituciones aragonesas han comprometido cerca de 175 millones de euros de dinero público en la construcción de la Nueva Romareda y el rescate patrimonial de El Alcoraz, justo cuando el Real Zaragoza y la SD Huesca se arriesgan a perder la categoría y caer al fútbol semiamateur de la Primera RFEF. Esta sangría económica se extiende al asfalto de Alcañiz, donde el circuito de MotorLand se enfrenta a la fragilidad de un contrato de MotoGP que podría desvanecerse, dejando tras de sí importantes infraestructuras, presupuestos exhaustos que ya alcanzan una inversión acumulada de 260 millones de euros, y un modelo de élite que parece haber olvidado por completo la realidad del deporte base en el territorio.

En Zaragoza, el horizonte urbanístico se transforma hoy bajo el peso de las grúas, pero lo que debería ser un símbolo de progreso amenaza con convertirse, según la oposición, en un monumento a la imprudencia financiera. La construcción de la Nueva Romareda se ha proyectado sobre un cimiento de cristal: la supuesta solvencia de un club que sigue vagando por la Segunda División, alejado de los ingresos astronómicos que solo garantiza la máxima categoría del fútbol profesional.

Mientras el hormigón se asienta, las arcas públicas se vacían en una apuesta donde el ciudadano asume el riesgo y el beneficio deportivo es, por ahora, una simple promesa de futuro. Esta sangría económica resulta especialmente hiriente cuando se observa que la inversión pública total comprometida —unos 175 millones de euros ya entre Ayuntamiento y Gobierno de Aragón— triplica el presupuesto anual de toda la Dirección General de Deporte, dejando al resto de disciplinas en una situación de precariedad institucional.

El despliegue de recursos es relevante. La operación principal del nuevo estadio se ha adjudicado por 124,5 millones de euros para el derribo y edificación (consiguiendo una pequeña rebaja sobre la licitación inicial de 138 millones), pero el coste total del proyecto, sumando tecnología, terrenos de juego y urbanización, escalará por encima de los 170 millones.

A esta cifra hay que añadir el peaje de la provisionalidad: el estadio modular del Parking Norte, una “solución temporal” que le costará a la sociedad mixta 12,7 millones de euros. Este gasto se desglosa en una factura que parece una broma pesada para cualquier otra federación deportiva: 5,6 millones solo por el montaje, 3,5 millones en concepto de alquiler y mantenimiento durante dos años, y casi un millón de euros adicional simplemente para hacerlo desaparecer una vez cumpla su función.

El sobrecoste de la Nueva Romareda ha experimentado variaciones importantes respecto a los primeros anuncios, debido principalmente a la inflación de materiales y a la inclusión de proyectos adicionales como el estadio temporal. Algunos informes externos y de la oposición sitúan el coste final real por encima de los 240 millones de euros si se computan los intereses financieros de los préstamos a 75 años y los gastos operativos a largo plazo.

El Alcoraz

En Aragón, el apoyo a las infraestructuras deportivas ha dado mucho que hablar últimamente, sobre todo por el cambio de modelo, al pasar de simples subvenciones a convertir en socio al Gobierno de Aragón o, incluso, propietario de los estadios. Es el caso de la compra de El Alcoraz de Huesca por 24,4 millones de euros, pagado en 5 anualidades (un 20% cada año). El objetivo, permitir que la SD Huesca cumpla con el control económico de La Liga y compensar pérdidas (que rondaban los 15 millones). El estadio pasa a ser de titularidad pública, aunque el club lo sigue gestionando mediante una licencia o concesión hasta que se licite formalmente.

La Nueva Romareda (Real Zaragoza) es un modelo de sociedad mixta. Aquí no hay una “compra”, sino una sociedad limitada (La Nueva Romareda SL) donde tres socios ponen dinero para construir el nuevo estadio. En Huesca, el dinero va “al club” a cambio de la instalación deportiva; en Zaragoza, el dinero público va “a una caja común” para construir una obra nueva desde cero.

El despliegue de recursos evidencia una desigualdad en el reparto de las cuentas autonómicas. Solo la aportación de 76 millones de euros comprometida por el Gobierno de Aragón para el nuevo estadio de la capital, sumada a los 24,4 millones destinados a la adquisición de El Alcoraz en Huesca, supone un desembolso que bloquea cualquier otra mejora estructural en la región.

Mientras estos cheques millonarios se firman con presteza, la partida de la Dirección General de Deporte destinada a la red de instalaciones y polideportivos de las tres provincias apenas cuenta con fondos testimoniales para pequeñas reformas. Es decir, el Ejecutivo autonómico gasta en un solo estadio modular temporal —el portátil del Parking Norte, que cuesta 12,7 millones de euros entre montaje, alquiler y desmontaje— lo mismo que dedica a fomentar el deporte base, escolar y federado de miles de aragoneses durante varios años de legislatura.

No obstante, la distorsión de prioridades se revela también territorialmente. En Teruel, el Estadio de Pinilla, con más de noventa años de historia, ha tenido que esperar décadas para una reforma integral de 16 millones de euros que, aunque financiada mayoritariamente por el Gobierno de Aragón (80% el Gobierno de Aragón y 20%, Ayuntamiento de Teruel), se ha concedido a cuentagotas y tras años de reivindicaciones. Mientras se debate cada euro para que los clubes turolenses dispongan de vestuarios dignos o iluminación adecuada, en Zaragoza se asume con naturalidad un gasto de casi un millón de euros solo por “hacer desaparecer” el estadio provisional cuando ya no sea necesario.

Esta política de “ladrillo y fútbol” configura un modelo donde el fútbol profesional es el único comensal en una mesa de escasez, absorbiendo el capital necesario para que el atletismo, la natación o el baloncesto base dispongan de espacios dignos. Este deporte deja tras de sí un “rastro de promesas incumplidas” en el Plan de Instalaciones Deportivas de la comunidad, que debería haber llegado a todos los municipios y no solo a los dos grandes clubes, según han denunciado varios grupos de la oposición parlamentaria como CHA, Podemos, PSOE y Teruel Existe.

Motorland en ascuas

Aunque el fútbol es el astro, en Aragón hay más proyectos que son un sumidero de ayudas pero sin garantías de resultados deportivos.

El complejo de la Ciudad del Motor de Alcañiz (Teruel) y sede del Gran Premio de Motociclismo de Aragón de los mundiales de MotoGP, Moto2 y Moto3, es un caso distinto porque es una sociedad pública casi en su totalidad (Gobierno de Aragón y Diputación de Teruel), con inyecciones recurrentes que ya suman 260 millones de euros: El Gobierno de Aragón suele inyectar entre 6 y 9 millones de euros anuales para equilibrar las pérdidas operativas y pagar el canon de MotoGP. Es un dinero que “desaparece” cada 31 de diciembre sin generar patrimonio nuevo.

Entre las ayudas específicas de 2025-2026, se han destinado 1,3 millones del FITE (Fondo de Inversiones de Teruel) para mejoras en el circuito y formación.

MotorLand depende totalmente de que Dorna (dueña de MotoGP) quiera seguir viniendo a Alcañiz. Sin el Mundial, el circuito es una instalación inmensa con un retorno social mínimo para la zona.

El Gobierno de Aragón reclama al Gobierno de España que aporte 2 millones de euros anuales para MotorLand, igual que hace con Montmeló. Si esa ayuda no llega y los costes de La Romareda siguen subiendo, el GP de Motociclismo podría dejar de estar “asegurado” a partir de 2027 simplemente porque no habría financiación suficiente.

Las familias de los colegios públicos CEIP Cesáreo Alierta y CEIP Doctor Azúa, en Zaragoza, han mostrado su indignación por la instalación de una valla divisoria entre ambos centros, unidos desde su construcción hace 60 años. El Departamento de Educación del Gobierno de Aragón justifica su actuación en criterios de seguridad y organización de accesos.

En sendos comunicados, las AMPAs de ambos centros expresan su oposición a la medida. Desde el AMPA del Cesáreo Alierta señalan su “rechazo absoluto a la decisión del equipo directivo del centro de instalar una valla divisoria entre el Alierta y el CEIP Doctor Azúa”, y subrayan “la importancia de continuar con la unidad física de los dos patios escolares”, que, según indican, contribuye a “aportar cercanía entre ambos centros y mejores relaciones en la comunidad educativa de la zona”. Fuentes de esta asociación critican que “el cole que se cae a trozos y no hay dinero, pero sí para poner vallas que separan en tiempos en los que hay que trabajar por la unión”.

Añaden que su objetivo es “continuar estando juntos con el fin de seguir tejiendo relaciones fructuosas para todos, tal y como llevamos haciendo durante más de sesenta años”, y cuestionan que se trate de una decisión adoptada sin haber sido trasladada previamente a las familias ni explicado su finalidad: “No lo vemos lógico”.

Desde el AMPA del Doctor Azúa, la comunidad educativa manifiesta su “rechazo absoluto” a la decisión de instalar la valla y señala que la medida “rompe con una convivencia histórica de más de 60 años”. En su comunicado alertan de que la separación de los patios tendría “graves consecuencias” para el alumnado.

Entre ellas, destacan el “riesgo para la seguridad y emergencias”, al señalar que la actual configuración permite que las puertas funcionen como salidas de emergencia y accesos para ambulancias, por lo que la valla “dejaría al Doctor Azúa sin estas vías críticas de evacuación”. También advierten de la “afectación a la conciliación familiar”, ya que “un número considerable de familias tienen hijos escolarizados simultáneamente en ambos centros”, así como del impacto en actividades compartidas fuera del horario lectivo.

Además, critican la “gestión de recursos”, al considerar “indignante que se destinen fondos públicos a una obra que genera división”, mientras —según apuntan— existen deficiencias estructurales en los centros. Los patios de ambos centros permanecen unidos desde su construcción en la década de los 60, una situación que las AMPAs defienden mantener.

Por su parte, el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón enmarca la actuación en motivos de seguridad del alumnado y control de entradas y salidas, especialmente en el caso de estudiantes con necesidades educativas especiales. Según indican fuentes del departamento, en el entorno se han registrado “algunos problemas” que han motivado la necesidad de reforzar estos controles. Fuentes del AMPA del Cesáreo Alierta niegan estas situaciones y aseguran que, en los dos años desde que hay aulas EBO “los niños no han ocasionado ningún incidente, al contrario”.