Educar al consumidor como la gran asignatura pendiente y tener presente que la calidad de una producto no garantiza su éxito sino que hay que saber comercializarlo son de los temas más destacados que se han abordado hoy en la  segunda mes de debate que se ha celebrado en la VI jornada Naturaceite en Mora (Toledo).

Esta jornada, organizado por elDiario.es Castilla-La Mancha y su espacio especializado Agroalimentaria, ha centrado su último debate en Las estrategias de los productores’, ellos mismos han encargado de contar sus proyecto. Allí se ha escuchado a Laura García del Proyecto Los Aires de Arcicóllar (Toledo), José López, de la almazara Oleo Pepillo en Valdepeñas (Ciudad Real); José María Guerrero, de Práxedes en Navahermosa (Toledo); y Jesús Fernández Cabrera de La Tierra de Santa Bárbara en Orgaz (Toledo).

Tres pequeños productores y un gran productor pero todos ellos han optado por los aceites de oliva virgen extra de alta calidad y muchos de los cuales alcanzan altas puntuaciones en concursos internacionales como Evooleum.

Laura García de Proyectos los Aires ha contado como hace quince años llegó aquí prácticamente por azar y el padre de su pareja les mostró un olivar, “un suelo muerto, desnudo, sin vida” y ellos, biólogos ambos, decidieron explotarlo pero dando una vuelta de tuerca: agricultura ecológica y regenerativa. Tras recoger la primera cosecha y llevarla a la cooperativas, decidieron producir ellos su propio aceite y comercializarlo. “Tuvimos que elegir entre cantidad o calidad. Y elegimos calidad”, ha señalado. Hoy en día producen un aceite de oliva virgen extra de cornicabra de cosecha temprana y además tienen almendros, una pequeña producción de vino de garnacha tras recuperar una viñas y tienen también pistachos que darán su primera cosecha en pocos años. “Hemos hecho charcas, plantado setos, puesto hoteles de insectos… porque queremos un olivar resiliente y sano”.

Actualmente, el 85% lo venden directamente al consumidor en Europa y tienen también puesto su empeño en el oleturismo y la formación al consumidor. Reciben sobre todo turistas procedentes de EEUU, muchos de los cuales “ni siquiera han visto un olivo”.

José López también ha desgranado las características de Oleo Pepillo, un AOVE de Valdepeñas con una gran producción que comenzaron hace veinte años, que trabajan mucho con graneles y exportan a Italia, EEUU y Francia, y también el envasado que llega a Nortemárica y también a países como Honduras.

Con aceites premium están logrando premios importantes y apuestan también por nuevas variedades como Lecciana y Frantoio.

José María Guerrero ha contado el aceite que hace Práxedes, cuya cornicabra ha contado con el padrinazgo del gran chef Martín Berasategui.  Este proyecto que se remonta a hace 200 años ha supuesto que tres jóvenes exploten este olivar que si no se iba a vender. “Nosotros no veníamos del campo, pero asumimos el relevo generacional”, y ha señalado que lo que hace trata de “trabajo, pasión y un poco de diversión”.

Y por último, Jesús Fernández ha contado los pormenores del aceite que hace ‘La Tierra de Santa Bárbara’, un proyecto pequeño y familiar que produce entre 5.000 y 10.000 litros, de AOVE de cornicabra de cosecha temprana con la particularidad que Jesús vive en Austria y el 95% del aceite lo vende allí de forma directa en mercadillos, online o pequeñas tiendas.

Educar y comercializar

En el debate, tras las presentaciones de los proyectos han salido las preocupaciones y asignaturas pendiente del sector, entre las más importantes la necesidad de educar al consumidor. La más directa en este tema ha sido Laura García de Proyecto los Aires que ha puesto de manifiesto la falta de cultura del aceite en España. “¿Cómo van a valorar el producto si no saben lo que es?”, ha señalado contando que en las catas que hace en su explotación pone primero un aceite de oliva refinado y el consumidor dice que está muy bueno.

Ha pedido que no se mienta al consumidor. “Creo que el consumidor cuando entra en un supermercado no sabe lo que compra, no sabe lo que es aceite de oliva virgen, como para que encima sepa que es un premium recogido en verde. Creo que las etiquetas deberían estar al revés, yo no tengo que justificar que hago las cosas bien, yo hago un aceite de oliva saludable de calidad y es el que lo refina, el que lo hace mal ,el que debería decir lo que ha echado al producto , y que el consumidor elija lo que quiere comprar”, ha dicho.

José García de Oleo Pepillo ha señalado como puntos débiles del sector en la región que “nos falta un núcleo fuerte de grandes envasadores y cuando sales a vender te encuentras a grandes compradores y te encuentras con esa barrera porque no tenemos eso, nos falta la capacidad envasadora”.

Por su parte, Jesús Fernández ha comparado el comprador español y el centroeuropeo asegurando por su experiencia que allí el consumidor “valora más el ecológico, tiene más cultura y no reparan al céntimo. Son muy curiosos: prueban y comparan y está dispuestos a invertir en salud”, ha dicho.

Por su parte, José María Guerrero de Práxedes ha insistido en que no basta con tener calidad sino que el producto también se vende a través de su historia. “La calidad hay que trabajarla pero se da por hecho que el extra virgen ya es calidad, hay que venderlo y hay que darlo a conocer.  Cuando vendes una aceite que es verdad no tengo que venderte la idea de que es calidad, creo que hay que ir más allá”, en este sentido, lo ha comparado con el vino, “llevamos muchos años de retraso con respecto al vino, en el aceite hay que conseguir que la gente entre amigos disfrute con el aceite”.

Tras la clausura, los asistentes han disfrutado de una degustación de aceites de oliva virgen extra (AOVE) elaborados por las almazaras invitadas y otras que han querido sumarse a esta jornada. Se trata de los AOVE Proyecto Los Aires Cornicabra, La Tierra de Santa Bárbara Cornicabra, Práxedes Cornicabra Ecológico y Picudo, Oleo Pepillo Lecciana y Frantoio, Valdenvero Cornicabra y Hojiblanco, Valle de Locos Picual e Iraval Cornicabra y Hojiblanca.

La jornada que se hace cada año en Mora coincidiendo con el inicio de las Fiestas del Olivo cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Mora, la Diputación de Toledo y Agrobank, y la colaboración de Campo y Alma, se ha consolidado como un foro clave para el análisis, el intercambio de conocimiento y la promoción de la calidad del aceite de oliva en la región

Un estudio confirma en La Rioja una tendencia de descenso en el consumo de drogas entre estudiantes, con el alcohol como principal sustancia. El último informe de la Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES 2025), promovido por el Plan Nacional sobre Drogas y con ampliación específica para La Rioja, confirma una tendencia general de estabilidad o descenso en el consumo de la mayoría de las sustancias entre estudiantes de 14 a 18 años en la comunidad riojana si bien los niveles continúan situándose por encima de la media nacional en varios indicadores clave.

El alcohol se mantiene como la sustancia más consumida entre los adolescentes riojanos. El 75,8 por ciento afirma haberlo probado alguna vez, el 73,7 por ciento en el último año y el 58,7 por ciento en el último mes, cifras que reflejan una estabilidad respecto a 2023 pero que siguen siendo elevadas. Además, el 48,6 por ciento reconoce haberse emborrachado alguna vez y el 20,4 por ciento en los últimos 30 días, con prevalencias superiores a las del conjunto de España.

La directora general de Salud Pública, Consumo y Cuidados, Eva Martínez, ha subrayado en la presentación del estudio, que “aunque los datos muestran avances en determinadas sustancias, el consumo de alcohol sigue siendo el principal reto de salud pública entre nuestros jóvenes, especialmente por su normalización en contextos de ocio”.

El informe también confirma una evolución positiva en el consumo de tabaco, que continúa descendiendo en todos los indicadores, y en cannabis, cuyo consumo se reduce de forma sostenida tanto en el uso experimental como en el reciente. Asimismo, disminuyen conductas emergentes como el consumo de bebidas energéticas o el juego online con dinero, lo que apunta a una mayor sensibilización frente a estos riesgos.

Las nuevas preocupaciones: el aumento de consumos entre las chicas

No obstante, el estudio pone el foco en nuevas preocupaciones. Destaca el aumento de determinados consumos y conductas de riesgo entre las chicas, que superan a los chicos en consumo de alcohol reciente, episodios de intoxicación etílica, uso de hipnosedantes y vapeo. En este sentido, Martínez ha destacado que “la perspectiva de género es clave: estamos observando una equiparación —e incluso superación— de los consumos en chicas, lo que nos obliga a adaptar las estrategias preventivas a esta realidad”.

En relación con los hipnosedantes, el 14,2 por ciento de los estudiantes los ha consumido alguna vez y el uso sin prescripción médica aumenta hasta el 3,0 por ciento, evidenciando un posible vínculo con el malestar emocional en la adolescencia. Además, el 43,7 por ciento ha probado cigarrillos electrónicos, consolidando el vapeo como una práctica extendida.

El ámbito digital emerge como otro de los principales focos de atención. El 63,4 por ciento del alumnado dedica más de cuatro horas diarias a redes sociales en días no lectivos y un 16 por ciento presenta un posible uso problemático. A ello se suma la elevada exposición a pornografía, especialmente entre los chicos, donde alcanza al 74 por ciento en el último año.

Desde el punto de vista preventivo, el informe refleja avances en la percepción del riesgo: el 95,1 por ciento considera peligroso el consumo habitual de cannabis y aumenta significativamente la percepción de riesgo de los cigarrillos electrónicos. Sin embargo, la accesibilidad continúa siendo elevada, ya que el 93,3 por ciento de los estudiantes considera fácil conseguir alcohol y el 90 por ciento tabaco.

En este contexto, la directora general ha incidido en que “el Gobierno de La Rioja va a seguir reforzando las políticas de prevención desde edades tempranas, trabajando con centros educativos y familias, y abordando de forma integral los nuevos riesgos asociados a la salud mental y las adicciones comportamentales”.

El Ejecutivo regional considera prioritario intensificar las intervenciones específicas en población juvenil, “debemos anticiparnos a los cambios en los patrones de consumo y ofrecer respuestas adaptadas, basadas en la evidencia y centradas en la protección de la salud de nuestros jóvenes”, ha concluido Martínez.

En conjunto, los resultados del ESTUDES 2025 dibujan un escenario de mejora en algunos indicadores, pero con importantes retos pendientes, especialmente tanto en el consumo de alcohol como en la aparición de nuevas formas de adicción que requieren una respuesta coordinada y sostenida desde las políticas públicas.

La tasa anual del Índice de Precios de Consumo (IPC) aumentó hasta el 3,6% en marzo en Cantabria, 1,2 puntos por encima de la tasa de febrero y dos décimas por encima de la media nacional, según los datos definitivos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La tasa de inflación de Cantabria es la tercera más alta de España, después de la Comunidad de Madrid (4,1%) y Galicia (3,8%) y junto a la de Baleares. En términos mensuales, la inflación en Cantabria aumentó un 1%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 0,9%.

El INE ha elevado al 3,4% el repunte de la inflación nacional en marzo por el encarecimiento de los combustibles debido a la guerra en Oriente Medio, lo que supone una décima más respecto al dato adelantado. 

Por grupos de gasto, la tasa anual más elevada en Cantabria correspondió a las bebidas alcohólicas y el tabaco, del 5,7%, seguida por los restaurantes y el alojamiento, con un 5,1% y el cuidado personal, con un 5%. El alza en el grupo de transporte fue del 4,8%, debido a la subida de los carburantes, y en la sanidad, del 4%.

Los alimentos se encarecieron un 2,9% en tasa anual y los gastos de la vivienda un 3,1%, por los precios de la electricidad, que disminuyeron menos que en marzo de 2025.

Se registraron repuntes en todos los grupos de gasto salvo en dos: los alimentos, con una tasa del -1%; y las información y comunicaciones, con el -0,1%. Por su parte, la vivienda no experimentó variación respecto al mes anterior.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), dependiente del Ministerio de Consumo, ha emitido una advertencia por la presencia de trigo y otros cereales no declarados en lentejas pardinas etiquetadas como libres de alérgenos que han sido vendidas en 14 autonomías.

En concreto, la distribución inicial se ha detectado en Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas, según el comunicado.

En concreto se tratan de 11 lotes de la marca BioArtesa vendidos en paquetes de 500 gramos y en sacos de 5 o 25 kilos.

Los lotes vendidos en paquetes de 500 gramos son 626021 y 125035 con fecha de consumo preferente 17/12/2026 y 1026050 y 126089 con fecha de consumo preferente 17/12/2027.

Los lotes de sacos (5 kg) son 25016 con fecha de consumo preferente 17/12/2026 y 226076, 1026050 y 126089 con fecha de consumo preferente 17/12/2027.

Los lotes afectados de sacos (25 kg) son 125142 y 426012 con fecha de consumo preferente 17/12/2026 y 226047 con fecha de consumo preferente 17/12/2027.

Esta información ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Como medida de precaución se recomienda a las personas con alergia al trigo, que pudieran tener el producto, se abstengan de consumirlo mientras su ingesta no comporta ningún riesgo para el resto de la población.

La limpieza facial es el paso donde comienza la salud de nuestra piel y, sin duda, uno de los momentos más críticos de cualquier rutina de cuidado personal. Cualquier piel que se precie cuenta con una rutina de limpieza diaria, ya que es el primer paso para tener un rostro hidratado y libre de impurezas. Esto es vital porque la piel se regenera constantemente y una dermis obstruida, ya sea por el maquillaje o la suciedad acumulada, evitará que la piel se regenere y respire correctamente, lo que apaga su brillo natural y acelera el envejecimiento.

Aunque a menudo se confunden, el desmaquillante y el agua micelar son productos distintos con funciones específicas: mientras uno está diseñado para retirar cosméticos de alta resistencia, el otro busca purificar y refrescar la piel respetando el equilibrio natural del rostro.

Sin embargo, ante una oferta tan amplia y diversa en el mercado, es común probar diferentes opciones sin éxito hasta encontrar la fórmula que realmente respete las necesidades de nuestra piel. Por ello, es fundamental conocer todos los tipos de limpiadores y desmaquillantes que existen según el tipo de piel, ya que más allá de las fórmulas clásicas, existen opciones como los limpiadores en gel, los formatos sólidos o productos específicos para ojos sensibles.

Entender estas diferencias es la clave para decidir qué técnica se adapta mejor a tus necesidades, ya sea que busques una limpieza profunda para prevenir la obstrucción de poros o aplicar la doble limpieza para preservar la salud de tu tez.

Desmaquillante

Existen tantos tipos de desmaquillantes como necesidades tiene la piel, y elegir el adecuado es fundamental para no agredir la barrera cutánea. En el mercado actual destacan opciones como el aceite desmaquillante y el bálsamo, favoritos por su capacidad para disolver fórmulas resistentes al agua mediante un masaje sensorial que deja la piel elástica. Para quienes buscan confort, la leche desmaquillante ofrece una untuosidad ideal en pieles secas, mientras que el gel y la espuma son los aliados de las pieles grasas al aportar frescura y reducir el exceso de sebo.

También encontramos soluciones específicas como el desmaquillante bifásico, diseñado para arrasar con máscaras de pestañas resistentes, o el formato sólido, una alternativa ecológica y natural. Aunque las toallitas son cómodas para viajes, los expertos recomiendan priorizar texturas que respeten el pH, como el desmaquillante para ojos sensibles, que cuida la zona más delicada sin causar irritación.

Sin embargo, debemos ser cuidadosos con la elección. Algunas fórmulas utilizan derivados de la industria petroquímica, como parafinas líquidas o aceites minerales, que ofrecen una hidratación momentánea pero, a largo plazo, pueden resecar la piel. El desmaquillante debe ser tu primera opción siempre que utilices productos de alta resistencia, como bases de alta cobertura o protectores solares con filtros físicos; en estos casos, la fase oleosa es necesaria para disolver los pigmentos rápido, evitando frotar en exceso y prevenir así arrugas prematuras por tracción. Asimismo, es el primer paso fundamental de la doble limpieza nocturna, ya que permite realizar un masaje que levanta la suciedad lipofílica de los poros, dejándolos totalmente liberados.

Agua micelar

Su eficacia reside en la Tecnología Micelar. Las micelas son microesferas invisibles con una doble afinidad: una parte soluble en agua y otra que atrae la grasa. Esto permite atrapar impurezas, tanto externas como el sebo natural, y adherirlas al algodón como si fueran imanes. Según la investigación dermatológica avanzada, las fórmulas más respetuosas utilizan activos biomiméticos y agua altamente purificada, lo que garantiza un pH fisiológico tan seguro que no necesita aclarado. El agua micelar no solo limpia, sino que también hidrata y calma, estando a menudo enriquecida con aloe vera o ácido hialurónico. Es la opción más segura para pieles reactivas donde incluso el roce puede ser una agresión, aunque en maquillajes muy pesados puede quedarse corta.

Para obtener los mejores resultados, es fundamental que la elección del producto responda a las necesidades específicas de cada rostro. Así, las pieles sensibles requieren fórmulas libres de alcohol y fragancias, potenciadas con agentes calmantes como el agua de rosas. En cambio, para los cutis grasos o mixtos, lo ideal es buscar activos como el zinc o el ácido salicílico, que ayudan a equilibrar el sebo. Finalmente, las pieles secas se verán más beneficiadas por ingredientes como la glicerina o el pantenol, claves para prevenir la tirantez y mantener la hidratación.

El momento del día para cada opción

Es esencial identificar en qué momento del día usarla: por la mañana y noche es perfecta para eliminar el sudor generado durante el descanso, despertando el rostro con un efecto refrescante. Después del ejercicio, es una herramienta práctica para limpiar la suciedad cuando no hay acceso a agua corriente. Además, es la aliada perfecta para retoques rápidos de maquillaje, permitiendo corregir pequeños errores sin necesidad de retirar todo el producto ni dejar residuos grasos en la piel.

Muchos expertos recomiendan usar ambos productos juntos en la rutina de limpieza. Esta combinación asegura que tu piel esté completamente libre de impurezas: comienza con un desmaquillante para retirar el protector solar y el maquillaje más pesado, y finaliza con el agua micelar para una limpieza más profunda, eliminando cualquier residuo restante y dejando la piel calmada y humectada antes de dormir. Esta doble limpieza nocturna garantiza que el rostro esté listo para recibir cualquier tratamiento posterior con la máxima eficacia.

Para finalizar, recuerda que el desmaquillado y la limpieza son solo el principio. Tras dejar la piel libre de impurezas, es el momento idóneo para aplicar tu tónico, sérum o crema hidratante habitual. Con los poros despejados, los activos de tus tratamientos penetrarán con mayor eficacia, garantizando que tu rostro no solo esté limpio, sino profundamente cuidado.

La inmobiliaria Alquiler Seguro puede seguir optando, como pretende, a la gestión de las 1.600 viviendas públicas de Casa 47 a las que se presentó, pese a la sanción ratificada este miércoles por el Ministerio de Consumo de 3,6 millones de euros por contratos abusivos con los inquilinos, a quienes obligaba a pagar gastos de gestión ilegales o la contratación obligatoria de servicios no deseados.

Fuentes de Casa 47 han especificado en un encuentro con medios para detallar el avance de la oferta pública de compra de vivienda que “la sanción no incluye la prohibición de acceder a contratos públicos”, por lo que su posición anunciada en la licitación de 62 millones de Casa 47 no queda afectada.

Alquiler Seguro ya ha comunicado que recurrirá ante la justicia la sanción surgida de las denuncias de Facua, Sindicato de Inquilinos y OCU, ya que la considera desproporcionada. La empresagestiona unos 22.000 alquileres y fue fundada en 2007 entre otros por su actual presidente, Antonio Carroza. La socimi de la misma marca y de la cual el propio Carroza es máximo accionista está participada por el ex entrenador del Barça y técnico del Manchester City, Pep Guardiola, y por el ex azulgrana Sergio Busquets, que compraron un 14% cada uno.

Contactos con los fondos

El encuentro con los medios, en todo caso, no era para comentar esta posible licitación y la sanción a la empresa, sino para comentar el estado de la oferta de compra pública de 100 millones de euros lanzada a principios de mes. “Probablemente, los fondos de inversión ya han tenido la rentabilidad que querían. Y si quieren hacer acciones de desinversión, aquí estamos nosotros para darles rentabilidad”, han manifestado fuentes de Casa 47.

Las mismas voces han reconocido que ya han hablado con “todos los fondos”, más de 100, para exponerles la posibilidad de comprar lotes de viviendas por estos 100 millones. “Les ofrecemos seguridad, estabilidad y pago rápido”, cuentan desde la nueva empresa pública, que estiman que pueden alcanzar entre 500 y 600 viviendas con estos fondos, a razón de unos 200.000 euros por vivienda.

La compra prioriza zonas de mercado tensionado, donde viven unos 9 millones de ciudadanos que tienen que destinar más de un 30% de sus ingresos al alquiler. No solo las zonas declaradas por las comunidades autónomas, donde residen 4 millones, sino también aquellas detectadas por los índices de precios del Ministerio, pero que las comunidades no han declarado para no imponer el tope de precios.

La compra se hace basándose en los precios actuales de mercado y está abierta también a particulares y prioriza edificios completos a viviendas, la accesibilidad y las que tengan mayor descuento sobre su valor de tasación.

Los propietarios tienen hasta el 9 de julio para pensar si entran en este proceso y, en caso de que ninguno lo haga, arranca una segunda fase de adjudicación directa.

Una vez acabe esta primera oferta, Casa 47 espera iniciar una segunda sin depender de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, ya que dicen tener “solvencia” para afrontar la compra con fondos propios. Las compras incorporan hasta un 20% de gastos de rehabilitación por si hubiera que hacer reformas y excluyen las viviendas de protección oficial porque “el objetivo es incrementar el parque de oferta asequible”, así como las viviendas con inquilinos con contrato en vigor porque no quieren que “la compra sea la excusa para sacar a gente de sus casas”.

El Ministerio de Consumo ha elaborado un modelo de burofax para aquellos inquilinos que quieran acogerse al decreto que establece la prórroga obligatoria de los alquileres que finalicen antes de diciembre de 2028. La solicitud, de apenas un párrafo, está pensada para solicitar formalmente a los caseros la prolongación del contrato por dos años, de acuerdo con lo que figura en el Real Decreto Ley 8/2026, del pasado 20 de marzo, para responder con medidas de vivienda a la crisis de la guerra de Irán. 

De esta forma, el ministerio que dirige Pablo Bustinduy intensifica su campaña para animar a los inquilinos a acogerse a este decreto al menos mientras esté vigente. Por ahora, nada hace prever que se pueda validar en su tramitación en el Congreso, puesto que Junts de momento lo rechaza, pero desde Sumar, tanto Bustinduy como la vicepresidenta Yolanda Díaz, insisten a los arrendatarios que comuniquen ya a los caseros si se acogen al decreto. Si lo hacen mientras esté en vigor, señalan, la prórroga debe concederse. 

Desde Consumo han incluido además este modelo de burofax a la carta que enviaron a 13 grandes caseros que concentran unas 100.000 viviendas en España. A estos grandes tenedores les comunicaron la aprobación del real decreto y que deben aceptar la prórroga si sus arrendatarios así se lo piden –y siempre que cumplan los requisitos estipulados, como que el contrato finalice antes del 2027–. 

La carta, firmada por el director general de Consumo, Daniel Arribas, les comunica también la otra medida destacada del decreto: la actualización máxima anual de la renta del 2%, salvo acuerdo alternativo entre las partes. “Se solicita la máxima diligencia por parte de su entidad para asegurar la correcta aplicación de las medidas, así como la adopción de los procedimientos internos necesarios para su cumplimiento inmediato”, señalaba Arribas. 

Según las estimaciones de Consumo, el decreto de la prórroga afecta a cerca de un millón de contratos de alquiler en España, es decir, a más de dos millones de personas. Desde las organizaciones de propietarios, sin embargo, cuestionan que las prórrogas tengan validez si decae el decreto en el Congreso, y acusan al Gobierno de animar a los inquilinos a hacer unos trámites que pueden acabar en los juzgados.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha enviado este lunes una comunicación formal a 13 grandes inmobiliarias y fondos de inversión, que concentran más de 100.000 viviendas en España, para recordarles su obligación de prorrogar contratos de alquiler en determinados supuestos. La medida afecta a los arrendamientos que finalicen entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027, siempre que los inquilinos soliciten expresamente la extensión.

El departamento que dirige Pablo Bustinduy enmarca esta actuación en la entrada en vigor del real decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 20 de marzo, dentro del paquete de respuesta del Gobierno al impacto económico derivado de la guerra en Irán. La norma introduce una prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler de vivienda habitual, que podrá extenderse hasta un máximo de dos años adicionales mediante renovaciones anuales.

Un nuevo derecho para los arrendatarios

Según detalla el Ministerio, este mecanismo configura “un nuevo derecho” para los inquilinos, de modo que la solicitud de prórroga deberá ser aceptada obligatoriamente por los arrendadores, manteniéndose intactas las condiciones contractuales vigentes. La Dirección General de Consumo ha instado a las entidades afectadas a adaptar de inmediato sus procedimientos internos para garantizar el cumplimiento de la normativa.

Pendiente de convalidación en el Congreso

El movimiento del Ejecutivo llega en un contexto de creciente presión sobre el mercado del alquiler y con la convalidación parlamentaria del decreto aún pendiente. El texto deberá ser debatido en el Congreso en las próximas semanas, aunque el Gobierno confía en contar con apoyos suficientes para sacarlo adelante.

En paralelo, tanto Bustinduy como la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, han intensificado sus mensajes públicos en los últimos días para animar a los inquilinos que cumplan los requisitos a solicitar la prórroga antes de que expire el plazo de vigencia provisional de la norma.

Tensiones dentro del Ejecutivo por la medida

La aprobación del decreto no estuvo exenta de tensiones dentro del Ejecutivo. La medida se acordó en un Consejo de Ministros extraordinario en el que los ministros de Sumar condicionaron el inicio de la reunión a la inclusión de esta prórroga, que finalmente quedó fuera del decreto anticrisis de carácter fiscal —ya convalidado— y se articuló en una norma independiente aún pendiente de ratificación parlamentaria.

La Semana Santa de 2026 llega marcada por la incertidumbre también en los cielos. La guerra en Oriente Próximo y la escalada de la tensión entre Estados Unidos e Israel contra Irán han alterado de nuevo el mapa mundial. Desde finales de febrero, varios países han cerrado parcial o totalmente su espacio aéreo, afectando vuelos internacionales hacia Oriente Medio, Asia y África, obligando a aerolíneas y pasajeros a adaptarse sobre la marcha.

La medida impacta en hubs estratégicos como Dubai, Doha o Abu Dabi: vuelos directos cancelados, escalas reprogramadas y trayectos más largos, lo que incrementa costes y riesgo de incidencias. Irán, Israel, Irak, Jordania, Qatar, Baréin, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Siria figuran entre los países con restricciones.

Los efectos se trasladan a los viajeros: retrasos, cancelaciones y modificaciones de última hora se han convertido en la norma. Según fuentes del sector, incluso rutas que no atraviesan zonas de conflicto pueden verse afectadas. “La aviación es global y está sujeta a factores geopolíticos que pueden cambiar de un día para otro”, explican.

¿Qué hacer si tu vuelo se ve afectado?

Tal y como han informado fuentes de buscadores de vuelos a este medio, si tu trayecto se ve alterado, lo primero es consultar el estado en la web o la aplicación oficial de la aerolínea. La información que proviene de terceros puede estar desactualizada y no reflejar las opciones de reubicación disponibles.

Es recomendable activar todas las notificaciones posibles, ya sea por correo electrónico, SMS o alertas de la app, ya que muchas veces los vuelos se reasignan automáticamente. No canceles tu reserva antes de conocer las alternativas que ofrece la aerolínea, porque hacerlo de forma prematura podría limitar tus derechos a reembolso o transporte alternativo.

Si ya estás en el aeropuerto, confirma siempre tu nuevo vuelo, las tarjetas de embarque y el destino final del equipaje antes de abandonar la terminal. Además, conviene documentar cada paso: guardar confirmaciones de reserva, mensajes de cancelación, tickets de gastos adicionales y cualquier comunicación de reubicación.

Si compraste el billete a través de un intermediario, primero revisa su sección de soporte y asegúrate de que la aerolínea tenga tus datos de contacto actualizados antes de solicitar cambios o reembolsos.

Derechos del pasajero ante cancelaciones

El momento clave llega cuando la aerolínea cancela un vuelo. En primer lugar, los pasajeros no están obligados a aceptar la primera alternativa ofrecida. César Díaz, abogado de la organización de consumidores CECU, recuerda que la normativa europea es clara: la aerolínea debe ofrecer transporte alternativo o el reembolso completo en un plazo de siete días, aunque “el pasajero decide qué opción acepta”.

El Reglamento europeo 261/2004 prevé compensaciones de 250 a 600 euros según la distancia del vuelo, pero no aplica en casos de fuerza mayor, como el cierre del espacio aéreo por conflicto. Díaz advierte que las aerolíneas a veces alegan fuerza mayor incluso cuando no siempre está justificada, obligando a los viajeros a reclamar.

Guerra y fuerza mayor: qué cubre y qué no

El cierre del espacio aéreo debido a un conflicto se considera una circunstancia extraordinaria, lo que implica que, aunque los pasajeros tienen derecho a un reembolso o a un vuelo alternativo, no pueden reclamar compensación económica adicional. “No hay derecho a indemnización, solo a la devolución del importe abonado”, explica el abogado de la organización de consumidores.

Aun así, las aerolíneas mantienen obligaciones básicas de asistencia: durante la espera deben proporcionar comida y bebida, ofrecer alojamiento cuando sea necesario, transporte entre el aeropuerto y el hotel, así como facilitar las comunicaciones a través de dos llamadas telefónicas o conexión a una red wifi.

Desde AENA recuerdan que la responsabilidad recae en la compañía aérea: los pasajeros deben tratar directamente con ella, ya que el aeropuerto solo actúa como intermediario. En caso de incumplimiento, los viajeros pueden asumir gastos de forma provisional y reclamarlos después, siempre que conserven los justificantes correspondientes.

Pasajeros que buscan alternativas

En periodos de alta demanda, como la Semana Santa, quedarse sin alternativa puede significar perder el viaje por completo. Por eso, cada vez más viajeros optan por adquirir un billete nuevo por su cuenta mientras esperan la resolución de la aerolínea sobre el vuelo original.

Díaz señala que esta decisión no implica renunciar a sus derechos: es posible solicitar el reembolso del billete cancelado y reclamar también la diferencia de coste del nuevo, así como otros perjuicios derivados, como noches de hotel no disfrutadas o actividades programadas que se pierden. Para acceder a estas compensaciones, los pasajeros deben documentar cuidadosamente todos los gastos y comunicaciones con la aerolínea.

Reclamar: más largo de lo que dicta la ley

Sobre el papel, la normativa protege al consumidor, pero en la práctica las aerolíneas no siempre cumplen los plazos. Díaz explica que “el reembolso debería hacerse en siete días, pero no se hace automáticamente”. Además, añade que “las aerolíneas alegan fuerza mayor para evitar pagar compensaciones”.

El procedimiento habitual pasa primero por reclamar ante la aerolínea. Si no hay respuesta en un mes, se puede acudir a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) en casos de cancelaciones o retrasos. Sin embargo, otras reclamaciones, como daños adicionales, suelen acabar en los tribunales, lo que desincentiva a muchos usuarios.

Escalas que desaparecen y viajes en el aire

El impacto ya se nota en los planes de muchos viajeros. Marta González tenía previsto volar a Indonesia con escala en Doha a finales de mayo, pero su vuelo fue cancelado por Iberia hasta el 31 de mayo. “He solicitado el reembolso y estoy buscando otro destino”, cuenta.

La situación también ha alcanzado a viajes organizados de estudiantes. En un grupo de 19 jóvenes que planeaba volar a Tailandia, cinco han renunciado a última hora por la negativa de sus familias, preocupadas por las escalas en ciudades como Abu Dabi o Dubai. “Al final no voy porque mis padres no me dejan; les da miedo pasar por allí”, explica una de las afectadas.

La falta de alternativas asequibles —con rutas mucho más caras— y el abaratamiento de los vuelos habituales, menos demandados, reflejan la caída de la confianza de los usuarios, pese a que las aerolíneas insisten en que el espacio aéreo es seguro tras el cierre de la zona iraní.

“Muchos vuelos entre Europa y Asia dependen de escalas en Oriente Próximo. Cuando estas rutas se ven afectadas, las aerolíneas cancelan o redirigen operativa a otros destinos”, explican fuentes del sector. La prioridad, añaden, es garantizar la seguridad de los pasajeros, aunque algunas cancelaciones se producen incluso 48 horas antes del vuelo.

Cómo viajar en un escenario incierto

Viajar en 2026 significa convivir con la incertidumbre. En un periodo de alta movilidad, la fragilidad de la aviación puede traducirse en planes que cambian de un día para otro. Los expertos recomiendan tomar varias precauciones.

En primer lugar, evitar zonas de conflicto o con alertas oficiales, y consultar siempre las recomendaciones de embajadas y consulados antes de viajar. Los seguros de viaje pueden ser una red de seguridad adicional, ya que en muchos casos cubren retrasos prolongados, alojamiento, transporte alternativo o conexiones perdidas; pero conviene revisar con detalle las pólizas, porque normalmente no cubren actos de guerra ni cierres de espacio aéreo derivados de conflictos.

La preparación y la información se convierten así en la mejor defensa para no quedarse en tierra en una Semana Santa marcada por la volatilidad internacional.

La empresa Aucalsa, concesionaria de la autopista del Huerna (AP-66), cobró de forma íntegra el peaje a 1,8 millones de conductores, pese a que no presta el servicio adecuado desde que, en noviembre de 2024, se produjo un desprendimiento que mantiene la vía en obras.

Esta es la estimación que baraja la Dirección General de Consumo de Asturias, que calcula que en los 16 meses transcurridos desde que cayó el argayo, la empresa ha llegado a ingresar en sus arcas hasta 29,6 millones de euros.

Sin rapidez, seguridad, ni fluidez

El Gobierno regional asegura que la empresa está percibiendo unos ingresos de forma indebida por circular por una autopista que es la principal vía de comunicación entre Asturias y la Meseta, sin que ofrezca las condiciones de “rapidez, seguridad y fluidez”.

El argayo cortó parte de la autopista y obligó a crear un bypass provisional en tanto se ejecutan las obras de estabilización del talud, por lo que las obras que se están acometiendo para la modernización de sus túneles obligan a circular a una velocidad mucho menor de lo que permite una autopista.

El requerimiento

Sin embargo, el Ejecutivo autonómico no se limita a constatar una situación que ha provocado las quejas de miles de conductores y organismos, sino que ha ido más allá.

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha anunciado este miércoles que la Dirección General de Consumo ha remitido un requerimiento formal a Aucalsa, tras constatar las deficiencias en la prestación del servicio en esta infraestructura.

Las futuras actuaciones

En este requerimiento, solicita información detallada a la concesionaria sobre la situación de la autopista, la planificación, la duración de las obras en curso, así como la justificación del cobro íntegro del peaje.

La empresa dispone de plazo hasta el próximo martes, día 31 de marzo, para presentar alegaciones, que serán analizadas posteriormente por el Principado antes de determinar posibles actuaciones.

Las reclamaciones

El consejero ha explicado que la actuación se produce tras la recepción de varias reclamaciones de usuarios, tanto a título individual como colectivo, a través de la Unión de Consumidores de Asturias (UCE), y de la realización de inspecciones por parte del servicio de Consumo en los meses de enero y febrero, que han permitido verificar las afecciones denunciadas.

Entre otras, destacan las limitaciones de velocidad, las retenciones, las obras simultáneas y las deficiencias en la señalización.

Una vía sin condiciones adecuadas

Ovidio Zapico considera que existen indicios de que se podría estar cobrando por un servicio que no se presta en condiciones adecuadas y ha resaltado el hecho de que esta situación irregular se está prolongando en el tiempo, lo que genera un malestar generalizado entre la ciudadanía.

“El Gobierno de Asturias está con las personas usuarias y consumidoras. ¿Quién no se ha indignado al pasar por ahí? Yo creo que es de sentido común y es vergonzoso. ¿Quién no se siente violentado al pagar el peaje en su integridad?”, ha interpelado.

El precedente en Galicia

Zapico ha recordado además que existe un precedente reciente del Tribunal Supremo (TS) en relación con la autopista AP-9, en Galicia, donde se determinó la improcedencia de cobrar íntegramente el peaje durante la ejecución de obras que afectaban a la normal circulación.

“Hay coincidencias evidentes entre ambos casos”, ha admitido el consejero aunque se muestra cauto, a la espera de la respuesta que ofrezca la empresa concesionaria en sus alegaciones.

Las inspecciones técnicas

Por su parte, el director general de Consumo, Faustino Zapico, ha coincidido con el consejero en que desde la concesionaria se está cobrando la totalidad de un servicio que no se está prestando plenamente.

Asimismo, ha detallado que las inspecciones técnicas realizadas han corroborado las reclamaciones recibidas y evidencian que “las condiciones de circulación actuales no se corresponden con las que justifican el pago del peaje”.

Descuentos o devoluciones

Si se confirma que el cobro es indebido, la postura más razonable sería, en su opinión, que se aplicaran descuentos e incluso devoluciones a los usuarios.

A este análisis se ha sumado la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto, quien ha puesto de manifiesto la falta de información por parte de la concesionaria sobre la planificación de las obras y su duración, así como en la ausencia de medidas para adaptar el coste del peaje a las condiciones reales del servicio.

La motivación

Beatriz González Prieto ha señalado que el requerimiento también busca esclarecer “cuál es la motivación para no minorar la cantidad que se está cobrando”.

La viceconsejera ha recordado que el Gobierno de Asturias actúa dentro de sus competencias para “defender a los consumidores y exigir el cumplimiento de los contratos”, mientras mantiene vigente su reivindicación política para lograr la supresión del peaje del Huerna.

Las víctimas de estafas digitales como el 'phishing' podrían contar pronto con una protección jurídica sin precedentes gracias a la Unión Europea. Y es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) estudia actualmente un caso que podría obligar a los bancos a agilizar las devoluciones de dinero sustraído. Según las conclusiones del Abogado General, las entidades financieras deberían realizar reembolsos automáticos incluso ante sospechas de descuido por parte del usuario afectado. Esta postura busca equilibrar la balanza en un escenario donde los ataques de ciberdelincuentes son cada vez más sofisticados y difíciles de detectar. Si el tribunal confirma este criterio, el proceso de recuperación de fondos dejará de ser una carrera de obstáculos para los ciudadanos estafados por la ciberdelincuencia.

El cambio normativo afectaría directamente a cómo los proveedores de servicios gestionan los fraudes por enlaces falsos o suplantación de identidad. En la actualidad, el principal escollo para los usuarios es que los bancos suelen rechazar sistemáticamente el reembolso alegando una supuesta negligencia grave del cliente. Esta práctica obliga a la parte más débil del contrato a soportar el golpe económico inicial y a iniciar procesos judiciales costosos. Muchas personas terminan renunciando a su dinero debido al desgaste emocional y al tiempo que conlleva litigar contra una gran entidad financiera. Organizaciones de consumidores como la OCU denuncian que las entidades usan este argumento de forma genérica y sin aportar pruebas concretas de la falta de cuidado.

Este vacío legal permite en la actualidad que los bancos desplacen la responsabilidad al consumidor desde el primer momento de la reclamación. La futura sentencia europea pretende acabar con esta indefensión estructural permitiendo que el afectado recupere su liquidez de forma inmediata y sencilla. El Abogado General del TJUE, Athanasios Rantos, ha defendido concretamente y con claridad que el reembolso debe ser la prioridad absoluta tras una estafa. Sus conclusiones, aunque no son vinculantes para el tribunal, suelen marcar la línea que seguirá la sentencia definitiva en los próximos meses. Rantos sostiene que la normativa europea de servicios de pago exige que el banco devuelva el importe el mismo día hábil de la queja. 

Bajo esta premisa, la entidad no podría bloquear el dinero basándose únicamente en su propia sospecha subjetiva sobre el comportamiento del usuario. Se trata de un cambio de paradigma: primero se restablece el saldo de la cuenta y después se discute la culpabilidad. Esta interpretación refuerza los derechos financieros de los consumidores frente a la creciente ola de fraudes en la banca electrónica actual. El origen de esta controversia legal se encuentra en un juzgado de Polonia que elevó una cuestión prejudicial al alto tribunal comunitario. El caso involucra a una mujer que fue víctima de un engaño tras recibir un enlace falso que imitaba a su entidad bancaria. Los estafadores consiguieron sus claves de acceso y realizaron un pago no autorizado que el banco se negó a cubrir inicialmente.

La entidad argumentó que la divulgación de las credenciales, incluso bajo engaño, constituía una infracción grave de las obligaciones de seguridad. La afectada defendió ante los tribunales que solo el fraude propio o la mala fe probada deberían impedir el reintegro inmediato. Esta disputa ha servido para que el TJUE defina si la negligencia es motivo suficiente para retener fondos sustraídos fraudulentamente. La tesis defendida por el Abogado General distingue nítidamente entre la devolución inmediata y la responsabilidad final del incidente económico. El banco debe reintegrar el dinero sin dilaciones, pero esto no significa que el cliente quede exento de toda responsabilidad posterior. 

Es decir, si más adelante se demuestra que el usuario actuó con un descuido inexcusable, el banco podrá reclamar legalmente el importe devuelto. Este mecanismo evita que la simple acusación de negligencia sirva como excusa automática para que el banco no pague desde el inicio. El objetivo es que el usuario no cargue con la pérdida inicial mientras se resuelve la compleja investigación técnica del fraude. Es una estrategia de “reembolsar primero y discutir después” que garantiza la liquidez inmediata de las víctimas de estos delitos.

Futuro precedente obligatorio

Según el Derecho europeo, solo existe una excepción válida para que un banco frene el reembolso automático de una operación no autorizada. La entidad solo podría negarse si tiene motivos razonables para sospechar un fraude cometido por el propio usuario de la cuenta. En tal caso, el banco está obligado a comunicar sus sospechas por escrito al organismo supervisor nacional, como el Banco de España. Fuera de este supuesto, la sospecha de haber pinchado en un enlace malicioso no bastaría para retener el dinero. La carga de la prueba recae sobre la institución financiera, que debe demostrar ante un juez la negligencia específica del cliente. De este modo, se protege a los autónomos y consumidores de la indefensión que supone enfrentarse a algoritmos bancarios opacos.

En España, la situación es crítica debido al aumento exponencial de casos de 'phishing' que terminan en largas disputas sin resolución rápida. La OCU señala que muchas entidades rechazan los reembolsos de forma automática, obligando a los afectados a acudir al Banco de España. Sin embargo, el supervisor nacional reconoce a menudo que determinar la existencia de negligencia grave excede sus competencias administrativas. Esto deja a los ciudadanos en un callejón sin salida legal que solo se resuelve mediante demandas judiciales lentas y costosas. La futura sentencia del TJUE sentará un precedente obligatorio que todos los juzgados de la Unión Europea deberán acatar y aplicar. Los protocolos internos de las cajas y bancos españoles tendrán que ser revisados profundamente para cumplir con el nuevo marco protector.

Una decena de estudiantes han tenido que ser hospitalizadas tras una intoxicación alimentaria por salmonelosis durante una convivencia celebrada en Talavera de la Reina.

Tal y como ha adelantado La Voz del Tajo, varias de las alumnas del Colegio Compañía de María del municipio toledano han tenido que ser trasladadas al Hospital Universitario de Toledo, donde permanecen ingresadas desde el pasado 20 de marzo.

Apuntan como primeras hipótesis a una posible intoxicación alimentaria, provocada probablemente por el consumo de huevos en mal en estado durante la actividad.

Por el momento la Inspección de Sanidad ha iniciado un procedimiento para esclarecer lo ocurrido y determinar las causas del brote. Desde La Voz del Tajo señalan que tras haber contactado con el Colegio Compañía de María se está realizando un seguimiento del estado de salud de las afectadas y colaborando con las autoridades sanitarias.

Por el momento la evolución de las menores hospitalizadas es favorable, aunque la situación ha generado preocupación en las familias.

Aragón es líder nacional en el uso eficiente del agua en los hogares con 105 litros por persona y día frente a las dos regiones donde se registran los mayores consumos domésticos, Murcia, con 194 litros por persona y día y la Comunidad Valenciana, con 160 litros. Así lo recoge el Estudio sobre el Suministro de agua potable y saneamiento en España de la Asociación Española del Agua Urbana (Daqua) correspondiente a 2025.

Con una media nacional de 121 litros, encabezan el ránking Murcia (194 l/hbt/día), Comunidad Valenciana (160) y Castilla y León (148). En el extremo opuesto, Aragón es la que menor consumo doméstico tiene, con 105 litros por persona y día.

En el análisis de los consumos, Daqua llama la atención sobre el hecho de que las grandes ciudades de más de 100.000 habitantes se encuentran por debajo de la media nacional y destacan por un consumo más eficiente. En el resto de los municipios, especialmente los de tamaño medio, el consumo es mayor. En los núcleos intermedios de población la demanda per cápita es más alta. “Esta brecha refleja el impacto de las políticas de ahorro, la mayor sensibilización ciudadana y la eficiencia creciente de los operadores del ciclo urbano del agua en Andalucía.

Este domingo 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua, que este año está enfocado en el papel que cumple la mujer como cuidadora y valedora del agua como un recurso natural vital, escaso y también desigual.

Existe una relación “vital” entre la mujer y el agua a nivel mundial: “En lugares donde las personas carecen de acceso al agua potable y al saneamiento cerca de sus hogares, las desigualdades se acentúan; y son las mujeres y las niñas quienes sufren las peores consecuencias. Son ellas las que se encargan de recolectar el agua. Son ellas las que gestionan el agua. Son ellas las que cuidan a quienes enferman debido al consumo de agua insalubre. Son ellas las que sacrifican su tiempo, salud, seguridad y oportunidades.

Por ello, pese a su escasa representación y liderazgo en los sistemas de gobernanza del agua, debemos reparar en la significancia y el papel cada vez más relevante de la mujer en las cuestiones hídricas, en calidad de ingenieras, agricultoras, científicas, trabajadoras del saneamiento y líderes comunitarias“, refiere Naciones Unidas.

El consumo de platos preparados en España no deja de batir récords. Según los datos presentados por la Asociación Española de Fabricantes de Platos Preparados (Asefapre), los hogares españoles adquirieron más de 715.000 toneladas de estos productos durante 2025, lo que representa un incremento del 3,8% respecto al año anterior. Esta tendencia, sostenida durante toda una década, sitúa el consumo individual en 18 kilogramos por persona al año. Detrás de estas cifras se encuentra otra realidad: cada vez cocinamos menos.

España es uno de los países avanzados donde la gente cocina más a diario, aproximadamente un 60%, según los últimos estudios. Esto quiere decir que el olor de la tortilla de patatas, las lentejas o el bizcocho de yogur sigue animando las cocinas, pero aun así hay ocho millones de personas en el país, cuatro de cada diez, que no cocinan nunca o casi nunca.

La falta de tiempo y los estilos de vida acelerados son los principales culpables de este abandono relativo de la cocina. Pero cada vez más el dilema entre cocinar también se libra en el supermercado, donde, según el estudio de Asefapre, la pizza refrigerada o congelada, las patatas fritas congeladas, los platos de pasta y los platos de carne ya preparados están creciendo año tras año, y también en calidad, lo que hace pensar dos veces si merece la pena por precio y comodidad comprar los ingredientes y cocinar en casa. 

El popular cocinero de la cuenta La cocina de Santiago en redes sociales comparaba recientemente el gazpacho casero con el comprado en la tienda. El gazpacho comercial costaba unos 3,50 euros, lo mismo que los ingredientes por separado, aunque según el influencer “por sabor me quedo con el de casa mil veces”. 

El coste de preparar un plato en casa va más allá de los ingredientes. Para el gazpacho se trata solo de unos minutos de batidora, pero en los platos guisados u horneados hay que sumar el coste de la energía. Un horno encendido o una placa vitrocerámica añaden entre 30 y 50 céntimos a la hora a la preparación. Un ciclo de lavavajillas, otros 50 céntimos en electricidad y unos 20 céntimos en detergente (lavar a mano cuesta más caro en agua y energía). Son pequeñas cantidades, pero se van sumando. Además, si no usamos los electrodomésticos eficientemente, el gasto aumenta aún más. 

Para salir de dudas, merece la pena comparar algunos platos emblemáticos en las cocinas españolas y comprobar si compensa o no prepararlos en casa.

El pollo asado

Un recurso infalible para comidas rápidas. Un pollo entero asado en la sección de cualquier supermercado ronda los 6-7 euros. En casa podemos comprar un pollo fresco por aproximadamente 4-5 euros, pero debemos sumar el gasto energético del horno durante una hora larga, el aceite, la sal y las especias. Si valoramos nuestro tiempo, la diferencia se estrecha peligrosamente. El verdadero ahorro solo llega si compramos el pollo en oferta o si, además, aprovechamos las sobras para otras preparaciones.

El gazpacho

El gazpacho, como veíamos, se encuentra en una situación de empate. Una botella de un litro de gazpacho de calidad ronda los tres euros y sus ingredientes incluyen aceite de oliva virgen extra y vinagre de Jerez Reserva. Prepararlo en casa requiere un kilo de tomates, medio pepino, un tercio de pimiento, media cebolla, ajo, aceite, vinagre y sal. Dependiendo de la temporada y de si encontramos ofertas, el coste oscilará entre los tres y los cuatro euros. Aquí la decisión se toma por el sabor y la comodidad.

La crema de verduras

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) analizó 36 variedades de supermercado y concluyó que, en general, son productos saludables con buena composición nutricional. Podemos encontrar una crema de calabaza aceptable por unos dos euros. Hacerla en casa nos costará aproximadamente lo mismo si compramos las verduras de temporada, aunque con la ventaja de controlar exactamente los ingredientes y el punto de sal. 

La tortilla de patatas

Con los huevos cada vez más caros, el coste real de elaborar una tortilla de patatas casera para cuatro personas con 700 gramos de patatas, 300 gramos de cebolla, aceite de oliva virgen extra y seis huevos puede ponerse por encima de los cuatro euros. Esto antes de añadir el coste energético del fuego durante el pochado y el cuajado. Las tortillas ya preparadas pueden tener precios incluso menores, pero también habrá que calentarlas antes de consumirlas. 

El guiso de carne

Un estofado de carne y verduras es un plato reconfortante que además se puede preparar con antelación y dura varios días. Sin embargo, lo podemos encontrar en un supermercado por unos 5-6 euros por ración. Prepararlo en casa requiere carne de ternera para guisar (unos 8-10 euros el kilo), patatas, zanahorias, cebolla, vino tinto y muchas horas de cocción lenta. A cambio, una olla bien llena puede dar de comer a una familia numerosa o proporcionar varios días de táper. Por eso en el precio por ración el guiso casero gana por un amplio margen, pero también necesita de planificación y unas horas en la cocina que no todo el mundo puede dedicar.

El bizcocho casero

Un bizcocho industrial de calidad aceptable ronda los 2-3 euros. Hacerlo en casa implica comprar huevos, harina, azúcar, aceite o mantequilla y levadura. Si partimos de cero, la inversión inicial supera con creces el precio del producto terminado, pero no usaremos el paquete completo. Si consideramos que esos ingredientes los tenemos habitualmente en la despensa, el bizcocho casero puede salir prácticamente por el coste de los huevos y la energía del horno. Lo que no tiene precio es el aroma que sale de la cocina mientras se está horneando. 

La elección entre el plato preparado y el casero no es solo cuestión de dinero. Aunque algunos platos preparados estén acercándose en calidad y sabor a los caseros, cocinar tiene otros beneficios para la salud y el medio ambiente, como disminuir el desperdicio de alimentos y el uso de envases. Comprar aquello que tiene una elaboración más tediosa puede salir a cuenta, pero el gazpacho y la tortilla de patatas, si puede ser, mejor en casa.

Cada vez queda menos para que pueda aprobarse y ponerse en marcha una normativa que busca transformar el mercado español. Esta legislación, impulsada por el Ministerio de Consumo, tiene como objetivo principal reforzar la protección de los ciudadanos y el medio ambiente. La norma adapta directivas europeas para fomentar un modelo de consumo más consciente, responsable y transparente para todas las partes comerciales, acelerar la transición productiva hacia modelos accesibles y sostenibles para la población. Se prevé que la ley supere el trámite parlamentario y entre en vigor durante la segunda mitad de este año. 

Se llama Ley de consumo sostenible y supondrá un cambio legislativo que afectará a múltiples sectores, desde la tecnología hasta el ocio, combatiendo prácticas fraudulentas muy habituales en la actualidad. La filosofía central de la norma es que la transición ecológica no debe recaer exclusivamente sobre los hombros del consumidor individual: Al responsabilizar al sistema económico, se busca un equilibrio que beneficie tanto al planeta como a la economía doméstica del ciudadano.

Uno de los puntos más destacados es el ataque frontal contra la especulación en la reventa de entradas para espectáculos culturales o deportivos. La nueva legislación prohibirá expresamente que se incremente el precio original de los pases por encima de la variación del IPC anual. Con esta medida, el Gobierno pretende eliminar el lucro excesivo de plataformas que multiplican el coste inicial de los tickets adquiridos. Se mantiene además la prohibición del uso de bots informáticos para la adquisición masiva de entradas, una práctica ya perseguida actualmente. El objetivo es que los consumidores dejen de ser víctimas de precios abusivos que a veces quintuplican el valor nominal real de la entrada. 

La ley busca que el acceso a la cultura sea más justo, atacando directamente el beneficio económico que obtienen ciertos actores del mercado. Esta regulación de precios pondrá fin a la opacidad que rodea a muchos portales de reventa que operan de forma habitual en internet. Los parámetros para establecer estos precios deberán ser siempre transparentes y fácilmente comprensibles para cualquier usuario que desee realizar una compra.

También se pondrá coto a la reduflación, una práctica donde las empresas disminuyen la cantidad de producto manteniendo el mismo precio final. Consumo considera que esta estrategia es una subida de precios encubierta que induce a error a los compradores que están menos atentos. A partir de ahora, las marcas estarán obligadas a informar de forma clara cuando reduzcan el contenido de sus productos preenvasados. Las empresas dispondrán de un plazo de noventa días desde la primera venta para advertir visiblemente sobre estos cambios físicos del artículo. Esta transparencia informativa es clave para que los consumidores puedan realizar comparaciones reales de coste por cada unidad de medida. Se busca corregir la asimetría informativa que permitía a los fabricantes vender menos cantidad sin que el cliente habitual se percatase. La ética comercial se sitúa en el centro de esta medida para evitar engaños constantes en la cesta de la compra del ciudadano. De este modo, cualquier reducción de peso o volumen deberá ser notificada de manera comprensible en el propio punto de venta.

Otra novedad significativa es la regulación estricta de la denominada publicidad del miedo, muy habitual en el sector de las alarmas de seguridad. Estas estrategias comerciales presentan escenarios de inseguridad extremos o improbables para generar una falsa sensación de urgencia o vulnerabilidad personal. La nueva normativa prohibirá el uso de afirmaciones inexactas que busquen provocar pánico o aprovecharse del sufrimiento de la población española. Las comunicaciones comerciales deberán incluir ahora estadísticas reales y datos cuantitativos demostrables en un lugar que sea perfectamente visible al público. 

En este caso se trata de evitar que se utilice el alarmismo social para manipular las decisiones de compra en beneficio de meros intereses económicos. Los anuncios deberán permitir que las personas realicen una valoración objetiva del riesgo real antes de contratar cualquier tipo de servicio. La ley exige que la información proporcionada sea veraz y no se base en percepciones subjetivas de peligro para el consumidor. Con ello, se pretende que el mercado publicitario sea mucho más honesto y respetuoso con la tranquilidad de todos los ciudadanos.

El anteproyecto también se propone acabar con el denominado 'greenwashing' mediante la prohibición de alegaciones medioambientales que sean muy genéricas. Términos como “verde”, “ecológico”, “biodegradable” o “amigo del medio ambiente” ya no podrán utilizarse sin una justificación técnica que sea comprobable. La ley veta el uso de expresiones vagas que induzcan a error sobre la sostenibilidad real de un determinado bien o servicio. También se prohibirán las afirmaciones basadas únicamente en la compensación de emisiones de gases de efecto invernadero por parte de las empresas. Incluso se abre la posibilidad de anular marcas cuya tipografía o diseño visual lleven a engaño sobre sus cualidades ambientales reales. 

Las empresas deberán demostrar con datos concretos cualquier beneficio ecológico que decidan destacar en sus campañas publicitarias o etiquetas de productos. Esta medida refuerza el derecho a recibir información veraz para que la elección sostenible sea una opción real para el cliente. Se busca proteger a los consumidores más concienciados de estrategias de mercado engañosas que solo lavan la imagen de la corporación.

Obsolescencia programada

El fomento de la economía circular es otro pilar fundamental, garantizando por ley el derecho a reparar los productos de forma efectiva. Si un consumidor elige reparar un bien en garantía en lugar de sustituirlo, dicho plazo legal se ampliará automáticamente doce meses más. Los fabricantes no podrán negarse a realizar arreglos si el aparato fue manipulado previamente por servicios técnicos que no sean oficiales. Además, los servicios técnicos y las piezas de repuesto deberán estar disponibles durante un periodo mínimo de diez años tras la fabricación. El objetivo es combatir la obsolescencia programada y reducir la generación masiva de residuos electrónicos innecesarios en todo el país. La ley prohibirá ocultar información que limite la durabilidad de los productos o dificulte el uso de accesorios de marcas blancas.

La publicidad de combustibles fósiles y otros productos altamente contaminantes también sufrirá restricciones muy severas bajo el nuevo marco legal de consumo. Se prohibirá cualquier comunicación comercial de derivados del petróleo o carbón que no incluyan componentes renovables en su mezcla de origen. Quedará vetada igualmente la promoción de vuelos de corto radio dentro de la península cuando exista una alternativa ferroviaria que sea eficiente. Esta alternativa debe realizar el trayecto en un tiempo que no supere las dos horas y media de duración adicional al vuelo. También se pondrá coto a los anuncios de vehículos que funcionen exclusivamente mediante la combustión de derivados fósiles muy contaminantes. La ley pretende equiparar la gasolina al tabaco en términos de publicidad para desincentivar su uso habitual entre la población española. 

El Consejo Regulador de Ternera Asturiana de la Indicación Geográfica Protegida (IGP), junto a otros órganos de control españoles, ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo (TS) contra el nuevo real decreto, del pasado 21 de octubre, que regula el uso del logotipo de 'raza autóctona' en los productos de origen animal.

Ternera Asturiana sostiene que la norma elimina sin justificación una protección esencial para las IGP y Denominaciones de Origen Protegidas (DOP), lo que a su juicio podría vulnerar la normativa europea, inducir a confusión al consumidor y perjudicar a los productos amparados por figuras de calidad diferenciada.

El recurso fue presentado el 23 de diciembre pasado y ha sido admitido a trámite por el alto tribunal.

Supresión de una medida de protección clave

Los Consejos Reguladores recurrentes consideran que esta nueva norma no se ajusta a derecho. Hasta la aprobación del nuevo real decreto, la normativa que regulaba el uso del logotipo '100% raza autóctona' establecía expresamente que, cuando existiera una DOP o una IGP registrada cuyo nombre coincidiera o incluyera el de una raza autóctona, únicamente los operadores acogidos a esa figura de calidad podían utilizar el logotipo con el nombre de dicha raza, y solo para los productos amparados por ésta.

Sin embargo, el nuevo real decreto “elimina esta previsión sin ofrecer justificación alguna”, advierte el Consejo Regulador de Ternera Asturiana, que subraya que la supresión de esta previsión resulta “especialmente grave”, ya que es “contraria al ámbito de protección” previsto para las figuras de calidad en el reglamento comunitario.

Los codemandados

En el procedimiento también se han personado como codemandados la Real Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto (RFEAGAS); la Asociación Española de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de Raza Asturiana de los Valles (ASEAVA) y la Federación de Razas Autóctonas Españolas (FEDERAPES).

Ternera Asturiana considera que la proliferación de nuevas marcas con referencias a la raza, muchas de ellas de titularidad de una administración pública, “solo contribuye a generar confusión entre los consumidores”, al tiempo que puede favorecer la proliferación de productos sujetos a requisitos “más laxos” de producción, en perjuicio de aquellos amparados por figuras de calidad como las IGP y DOP.

“No podemos aceptar de ningún modo un planteamiento que entendemos va en contra de los intereses de los ganaderos asturianos, de los consumidores y de la reputación de nuestra marca”, concluye la marca que distingue la carne de vacuno entre los 6 y 18 meses, de las razas autóctonas Asturiana de los Valles y Asturiana de la Montaña, procedentes de animales nacidos, criado, sacrificados y faenados en Asturias.

La situación puede ser de lo más común. Vives de alquiler, pero necesitas mudarte por necesidades del trabajo, porque te han aumentado la renta o porque el propietario ha decidido poner en venta la vivienda y no puedes afrontar una hipoteca. La tesitura se vuelve urgente porque hay poco tiempo y no dispones de dinero suficiente para afrontar dos alquileres. Debes mudarte de un día para otro. Acudes a una agencia inmobiliaria, les cuentas tu situación y rápidamente te ofrecen un inmueble en alquiler. Te gusta, aceptas, vas a firmar el contrato. Y sorpresa. Hay un gasto adicional con el que no contabas y que la inmobiliaria atribuye a un “servicio profesional”.

No es un hecho abstracto. Es lo que un particular, que pide permanecer en el anonimato, ha denunciado ante la Dirección General de Consumo y el Sindicato de Inquilinas. Le ha sucedido en Ciudad Real capital, precisamente una de las ciudades de España donde los precios son más asequibles, pero con menor oferta de alquiler, según el Índice de Precios de Consumo y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El afectado ha relatado a este medio su situación: recientemente tuvo la necesidad urgente de cambiarse de vivienda y ante la falta de oferta, acudió a la inmobiliaria Kampus de la ciudad para agilizar los trámites. En esta oficina, una de las agencias de referencia en Ciudad Real, encontró un piso conforme a sus necesidades por 600 euros al mes.

Aceptó de inmediato y para formalizar el alquiler tuvo que aportar un aval, en este caso de su padre, y depositar el primer mes de alquiler como fianza para el propietario, en concepto de arrendamiento. Hasta ahí todo normal y legal. Pero en un momento determinado le comunicaron que debía realizar un pago adicional: 300 euros (la mitad de una mensualidad) en efectivo y como “gasto aparte”.    

Les hice ver que era algo ilegal. Les pedí un recibo y me lo negaron. Era muy urgente para mí

“Les hice ver que eso era ilegal, a lo que me contestaron que ellos tenían que 'sacar algo' y que si no me quedaba con el piso, había otra gente esperándolo. Les pedí un recibo y me lo negaron. Era muy urgente para mí, así que decidí acudir a un cajero y les entregué el dinero”, detalla.

Es consciente de que ahora está realizando una acusación de la que no tiene pruebas, pero considera que se encuentra en “una situación de indefensión total” y “absolutamente indignado”. “Sé que es ilegal y que me han estafado, así que no puedo quedarme de brazos cruzados”, añade.

Efectivamente, con la legislación actual en España, una inmobiliaria no puede cobrar honorarios ni gastos de gestión al inquilino por el alquiler de una vivienda habitual. Desde la entrada en vigor de la Ley de Vivienda de 2023, los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato deben ser asumidos siempre por el propietario, sea persona física o jurídica. Concretamente, es ilegal cobrar comisiones asociadas a la mensualidad del alquiler (como esa “mitad aparte” de la que habla el afectado). También está prohibido que se exijan “cargos extra” como visitas al inmueble o “trámites”.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 recuerda que hay algunas excepciones, pero ninguna se aplica a la vivienda habitual. Por ejemplo, pueden cobrarse comisiones para alquileres de temporada (para estudios o meses de verano), pero incluso en estos casos la normativa es más difusa y algunas agencias intentan seguir cobrando al inquilino, aunque el criterio general de Consumo es que no debe cobrarse.

De cualquier manera, la “indefensión” a la que alude el afectado y a la que llevó su apremiante situación, es total. Para corroborar el testimonio de este afectado, personal de este medio se puso en contacto con la inmobiliaria Kampus de Ciudad Real para interesarse por uno de sus apartamentos.

Habló con su propietario sobre los trámites para alquilar un estudio con un dormitorio, por 550 euros al mes. Tras corroborar su disponibilidad, el propietario de la agencia informó de los trámites a seguir: la firma de un contrato de alquiler, con un aval y depositando el primer mes de fianza.

Después llegó la constatación de un presunto cobro irregular: “¿Tengo que pagar algo más?”, le preguntamos. “Sí, claro, media mensualidad más”, nos dice. Es decir, 275 euros. “Pero, ¿eso ya constaría como que he pagado, además de la fianza, otra media mensualidad del alquiler?”, preguntamos. “No, no, no. Eso es un servicio profesional que nosotros cobramos al propietario y a usted. Es aparte, una sola vez”, afirma.

Esa es la presunta comisión ilegal. No especifica a qué tipo de servicio profesional se refiere y al interesarnos por cómo se realizaría ese pago, nos informa de que sería en efectivo y “con una factura, con o sin IVA”. Al preguntarle después cómo se justifica ese pago, nos remite a una entrevista personal y “presencial” donde “detallar todos los pormenores”.

De manera posterior a esta llamada, nos ponemos en contacto de nuevo con la inmobiliaria, identificándonos como elDiario.es de Castilla-La Mancha, para preguntarle por el supuesto cobro de estas comisiones ilegales. “No voy a hacer ningún comentario al respecto”, se limita a contestar su gerente.

¿Hay solución?

Ante la constatación de estos hechos, el afectado que ha denunciado la situación ha decidido ponerse en contacto con el Sindicato de Inquilinas. Le han contestado que efectivamente esa comisión de 300 euros es “ilegal” y le conminan a comunicárselo oficialmente a la inmobiliaria.

Este colectivo dice tener conocimiento de muchos conflictos similares al suyo y que, en muchos casos han conseguido recuperar el dinero “que estafan”. “Desde el sindicato creemos que la única manera de poner freno a los abusos de las inmobiliarias y conseguir alquileres dignos y estables es visibilizar todo este tipo de problemáticas y tratar de hacerlas frente”, le han informado.  

Le invitan a realizar una comunicación a la inmobiliaria en nombre del sindicato, de manera gratuita, y posteriormente, preparar la demanda que puede presentarse sin abogado y procurador. Pero vuelve a chocar contra el mismo muro: no hay recibo ni prueba y le remiten a resolver sus dudas en este enlace y a acudir a la próxima ‘Bienvenida’ del Sindicato de Inquilinas de Madrid, donde puede exponer su situación de forma detallada y le informarán de las herramientas para hacer frente a este tipo de situaciones.

Aparte, sobre la situación de este afectado se ha pronunciado también la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Ileana Izverniceanu, responsable de Comunicación, detalla a este medio que efectivamente es “una práctica contraria a la ley” y que puede denunciarla de varias formas.

Algunos jueces han dado valor a que el afectado pruebe que en esa fecha hizo una disposición de efectivo

Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)

En primer lugar, ante el departamento de Consumo de Castilla-La Mancha, para que lo investiguen. “Y llegado el caso para que sancionen a la agencia”. Este paso sería una acción puramente administrativa que no tendría beneficios directos para el denunciante.

Precisamente, este departamento autonómico, adscrito a la Dirección General de Salud Pública del Gobierno regional, ha indicado a este medio que lo más efectivo es que los afectados se dirijan con toda la documentación de la que dispongan a la Delegación provincial de Ciudad Real y que presenten una reclamación, o al menos, una denuncia al no tener recibo ni factura.

El objetivo en este caso es que se lleve a cabo una “actuación inspectora” que, al menos, pueda resultar “disuasoria”. “Si tienen documentación, se podrá hacer una mediación y exigirles la entrega de un justificante de pago, en su caso, ya que si existe alguna irregularidad también se podria iniciar un expediente sancionador”, comentan fuentes del departamento regional de Consumo.

Otra posibilidad sería denunciar ante la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) del Ayuntamiento de Ciudad Real. “Intentará una intermediación con la agencia y eso sirve ya como una reclamación extrajudicial si quiere seguir luego por la vía judicial”, apunta la Organización de Consumidores.

En tercer lugar, ante los juzgados, al no tener pruebas del pago, la OCU reconoce que sería “complicado”. “Algunos jueces han dado valor a que el afectado pruebe que en esa fecha hizo una disposición de efectivo por la cantidad implicada, pero no hay ninguna seguridad de que un juez concreto lo considere prueba suficiente. Debería ir como añadido a otros indicios, como testigos y otros afectados”.

Subterfugios, denuncias y multas

El cobro de una comisión a los inquilinos se prohibió con la nueva Ley Estatal de Vivienda, pero varias empresas utilizan subterfugios para trampear la norma.

Varias sentencias han declarado ya la nulidad de estos supuestos. Desde el Ministerio recuerdan que “trasladar a los inquilinos los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato es una práctica prohibida expresamente”.

En concreto, la imposición de comisiones o cobros por servicios no solicitados, así como el uso de prácticas comerciales desleales acarrean multas de hasta 100.000 euros. Y la introducción de cláusulas abusivas puede llevar al millón.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió al 2% en Castilla-La Mancha en febrero en tasa interanual, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata de una cifra que no se ha visto afectada por el incremento del precio de los carburantes debido al conflicto en Irán, iniciado el 28 de febrero.

Este dato es el segundo más bajo entre las comunidades autónomas y se sitúa tres décimas por debajo del dato nacional, situado en el 2,3%. No obstante, si se compara con la tasa interanual registrada en enero -1,9%-, la cifra supone un incremento de una décima. En lo que va de año los precios se mantiene en un 0%.

Suben todos los precios

Los precios superan el nivel del año anterior en todas las categorías, siendo los más altos bebidas alcohólicas y tabaco, un 5% más que en febrero de 2025 (+0,5 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); restaurantes y servicios de alojamiento, un 4,6% (+0,3 puntos); seguros y servicios financieros, un 4,1% (-1 puntos) y cuidado personal, protección social, y bienes y servicios diversos, un 3,4% (+0,5 puntos).

Mientras, donde las subida interanuales son más moderadas es en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 0,1% (-1,1 puntos) ; transporte, un 0,3% (+0,6 puntos); muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar, un 0,4% (-0,2 puntos) y vestido y calzado, un 0,5% (+0,8 puntos).

A nivel nacional, el IPC mantuvo su tasa interanual en febrero en el 2,3% debido a la bajada de los precios de la electricidad, que compensó el encarecimiento de los restaurantes, los servicios de alojamiento y de los alimentos, cuyos precios subieron un 3,2% en comparación con febrero de 2025.

En la Facendera (Anagrama) del escritor Óscar García-Sierra, los chavales quedan todos los domingos en el parking de la gasolinera del pueblo para ver derrapar coches tuneados, como un León amarillo con llamas tribales en las puertas, el tubo de escape trucado y un alerón rollo WRC. Es un ejercicio de ficción, pero está basado en hechos reales porque el ocio de los jóvenes diverge tremendamente de la época y el lugar en el que naces o la clase social a la que perteneces. 

“La segregación residencial y escolar tiene su contrapunto en la segregación lúdica. Cada sector social tiende a encontrarse en determinados espacios, con la salvedad de que el capital económico y cultural de las familias ofrece a la clase media/alta opciones más diversas, mientras que la clase trabajadora y/o de origen migrante tiene como únicas opciones el ocio comercial y el ocio no reglado (léase botellones o la reunión en la calle, objeto de persecución)”, describe Carles Feixa, catedrático de Antropología Social en la Universitat Pompeu Fabra y coordinador del Informe Juventud en España 2024 de INJUVE.

“La desigualdad en el acceso al ocio es una expresión más de la desigualdad estructural. Cuando una familia dispone de recursos económicos y capital cultural, puede ofrecer actividades deportivas, idiomas, música, viajes o intercambios. Cuando no los tiene, las opciones se reducen drásticamente”, apunta Laura Bosch, responsable del Área Intervención Social de YMCA. Desde la organización desarrollan programas de ocio juvenil educativo, fundamentales para la integración, generando oportunidades donde no las hay. Hay que reconocer “el ocio como un derecho, no como un lujo”, dice Bosch.

Cualquier identidad juvenil se ha forjado las últimas décadas entre descampados, plazas, parques, bancos, portales, cines, máquinas recreativas, franquicias o centros comerciales. “La apropiación de los espacios de ocio ha sido históricamente la forma de vinculación de los jóvenes con la ciudad, y también una estrategia de emancipación parcial, ya que supone un espacio intermedio entre el familiar y el institucional”, apunta Freixa, para quién “en la medida en que el periodo juvenil se extiende en el tiempo, dichos espacios dejan de ser algo transitorio y pasan a ser más duraderos y por tanto aumentan su importancia en la construcción de las identidades juveniles”.

La apropiación de los espacios de ocio ha sido históricamente la forma de vinculación de los jóvenes con la ciudad, y también una estrategia de emancipación parcial, ya que supone un espacio intermedio entre el familiar y el institucional

Carles Feixa — Catedrático de Antropología Social (Universitat Pompeu Fabra)

Algo cambió con la llegada de los centros comerciales

En una escena icónica de la película Chicas Malas se retrata la entrada de las protagonistas al centro comercial, su espacio por antonomasia. El director Kevin Smith también insertó en Mallrats la trama de un grupo de jóvenes con mal de amores perdidos en una macrogalería comercial mientras trataban de poner orden en su vida. O, en la más reciente y nostálgica serie de Netflix, Stranger Things, el propio centro comercial juega un papel importante en la trama. Para los jóvenes de la Generación X, que crecieron antes de Internet, y para muchos millennials, el centro comercial fue un lugar donde se hacía mucho más que comprar. Para un observador externo, las reuniones de jóvenes en estos lugares podían parecen un 'no hacer nada'. Pero para ellos era una forma de estar juntos forjando la construcción de la identidad grupal con una forma de socialización espontánea.  

Los padres podían dejar durante horas a sus hijos en estos espacios porque allí se formaba un ecosistema propio, relativamente seguro, aunque supeditado al consumo. “Los centros comerciales facilitan un espacio de relación social, que se vincula con la extensión de la cultura de consumo y con nuevas prácticas recreativas (como los locales de videojuegos o los multicines). La sociabilidad no varía, aunque queda subordinada al consumo. Con un matiz importante: el fenómeno se da solo en las grandes ciudades, donde hay centros comerciales, no se da en las ciudades pequeñas ni en el mundo rural”, asegura Feixa. 

Para los jóvenes de la Generación X, que crecieron antes de Internet, y para muchos 'millennials', el centro comercial fue un lugar donde se hacía mucho más que comprar

En Vigo los jóvenes se reunían en el Centro Comercial La Elíptica, el primero que abrió en la ciudad. En Coslada (Madrid) el rey de la fiesta era el Centro Comercial La Rambla. En Vallecas (Madrid) se estilaba mucho ir al Eroski a pasar la tarde, como en Málaga donde “el Eroski” (el Centro Comercial Larios) era lugar frecuente de quedada. O en el barrio de Hortaleza (Madrid) los jóvenes orbitaban en torno a El Colombia, el centro comercial abierto en 1989, en la calle Bucaramanga. Por supuesto, todo confluía en torno a las salas de recreativos, templos de exuberancia juvenil. Adolescentes, rebosantes de dopamina, metían moneda tras moneda en máquinas adornadas con personajes de Pac-Man, Mortal Kombat, NBA Jam o Street Fighter. En Villarrobledo (Albacete) los chavales se reunían en los Recreativos Aroca, que en realidad se conocían simplemente como “los recreativos” porque no había ninguno más en todo el pueblo, o en Palma quedaban en los recreativos de Porto Pi.

En el centro de Madrid, las quedadas confluían en torno a los VIPS, un fenómeno sociológico propio, inaccesible para jóvenes sin dinero

En el centro de Madrid, las quedadas confluían en torno a los VIPS, un fenómeno sociológico propio, inaccesible para jóvenes sin dinero (aunque con el paso de los años la franquicia se extendió hacia el extrarradio ‘democratizándose’). La cadena madrileña suministraba tortitas y sándwiches club, pero también un despliegue lustroso de libros —la mayoría, de la editorial Taschen— y revistas a toda una generación que orbitaba en torno a sucursales como la de Julián Romea, el primer local de España que cerraba en 2025 o el anuncio recientemente del cambio de localización del 'VIPS de Lista' causando gran conmoción generacional. 

La expulsión actual hacia las periferias

En la década de los ochenta y de los noventa, el centro comercial era Internet y ahora Internet es el centro comercial. “El ámbito digital para los jóvenes no está separado del presencial. Puede ser un refugio para la creciente marginalización del ocio nocturno. Más que generar desigualdad, lo digital encapsula y polariza a los grupos y dificulta el ocio interclasista”, describe Feixa.

Como consecuencia de fenómenos como la gentrificación o la privatización, la desigualdad en el acceso a espacios de socialización juvenil ha aumentado los últimos años

El problema en cuanto a la socialización juvenil no es TikTok en sí mismo: es la falta de espacios físicos donde los adolescentes puedan confluir, desahogarse y aprender las reglas de interacción. En este sentido, apunta Bosch que “la creciente privatización de espacios ha reducido aún más los lugares accesibles y seguros para la juventud. En el caso de nuestro centro de Barcelona, además, el turismo en el barrio de Gràcia impacta en el uso del espacio y el coste de los recursos, entre otras cuestiones”. 

“Por desgracia”, concluye Feixa, “las políticas urbanas han tendido a ser adultocéntricas, sin tener en cuenta las necesidades de la juventud”, así que como consecuencia de fenómenos como la gentrificación o la privatización, la desigualdad en el acceso a espacios de socialización juvenil ha aumentado los últimos años, con el resultado de la “expulsión de la juventud hacia las periferias urbanas”.

La cadena de hipermercados Alcampo abre su primer establecimiento franquiciado en el Parque Comercial Señorío Plaza de Illescas (Toledo). Lo hace incorporando este formato por primera vez en Castilla-La Mancha a su modelo de franquicia.

El nuevo hipermercado franquiciado se encuentra ubicado en la calle Juan Carlos Onetti, nº1 y cuenta con una superficie comercial de 4.200 metros cuadrados, atendidos por una plantilla que emplea a más de 70 personas en un horario de lunes a sábado de 9:00 a 22:00 horas, además de algunos domingos y festivos.

Sostenibilidad a partir de placas solares

Una tienda que cuenta con un surtido a disposición de los clientes de casi 50.000 productos, desde frescos, alimentación y no alimentación. Alcampo señala que esta propuesta “mantiene el compromiso por por garantizar una amplia variedad de opciones a través de sus marcas propias y de las principales marcas de fabricante, favoreciendo así la libre elección de sus clientes y al precio más bajo acompañado de la mejor experiencia de compra”, concluyendo con el lema: “Comer bien y vivir mejor cuidando el Planeta”.

Además, el hipermercado franquiciado cuenta con diversos mostradores de frescos entre los que se encuentran los de pescadería, carnicería, charcutería y, por otro lado congelados a granel, junto a espacios habilitados de libre servicio en frutería y panadería. Y de espacios dedicados a productos de no alimentación que abarcan desde papelería, librería y textil hasta decoración y tecnología.

En materia de sostenibilidad, el establecimiento dispone de placas solares propias para la generación de energía, centrales de frío de bajo consumo y muebles frigoríficos cerrados con puertas “que permiten conservar mejor la cadena de frío”.

La apertura coincide además con el “fortalecimiento” de la presencia de Alcampo en Illescas, donde recientemente ha culminado la puesta en marcha de su macro plataforma logística multiformato. Este centro, con una superficie de 98.500 metros cuadrados, funciona como “nodo estratégico” para el abastecimiento de 64 hipermercados de la compañía a nivel nacional así como para su almacén inteligente de E-Commerce CFC (Customer Fulfilment Center) situado en San Fernando de Henares, y para más de un centenar de supermercados, ubicados en la Comunidad de Madrid.

Esta apertura supone también “un nuevo paso en el desarrollo del modelo de franquicia de Alcampo, que constituye un eje estratégico para el crecimiento de la compañía”. Actualmente, Alcampo cuenta con más de 130 establecimientos franquiciados en España y continúa impulsando este modelo como una palanca de expansión.

Para Juan Morales, director de Franquicias y M&A de Alcampo: “la apertura de nuestro primer hipermercado franquiciado marca un paso decisivo en la evolución de nuestros formatos de tienda. Nos permite ser aún más multiformato y llegar a más personas, tanto a los vecinos y vecinas de Illescas como a todos aquellos que visitan el municipio y su entorno. Queremos ofrecer el mejor surtido a través de nuestras marcas y al mejor precio, apoyándonos en la experiencia y el acompañamiento que brindamos a nuestros franquiciados para desarrollar proyectos sólidos y sostenibles en el tiempo”.