La Guardia Civil investiga las circunstancias en las que fue hallado en una cuneta de la carretera de la cumbre de El Hierro un hombre que presentaba golpes y quemaduras, han confirmado a EFE fuentes de la investigación.

Según han explicado testigos presenciales, el hombre fue encontrado junto a la carretera el jueves, recibió asistencia sanitaria en ese mismo lugar y fue evacuado en helicóptero.

La Guardia Civil ha confirmado que existe una investigación abierta al respecto, pero sin hacer más comentarios sobre el suceso.

Fuentes sanitarias han precisado que el afectado fue trasladado de urgencia al Hospital de La Candelaria en Tenerife.

El hombre fue encontrado por los trabajadores de una empresa que realizaba el transporte de una mercancía a través de la carretera de La Cumbre (HI-1, La Frontera-Valverde), que se percataron de la presencia de una persona malherida en una de las cunetas de la vía a pocos kilómetros de la plaza Candelaria, en La Frontera.

Los trabajadores dieron el aviso a los servicios de emergencia que se personaron en el lugar del encuentro.

Al lugar de los hechos acudieron agentes de la Policía Local de La Frontera, Guardia Civil y una ambulancia del Servicio Canario de Urgencias (SUC), que prestaron la primera atención sanitaria.

Los testigos han relatado que esta persona presentaba golpes, magulladuras y quemaduras. 

Salvamento Marítimo rescató en la noche de este jueves a tres pescadores que navegaban a un barco que quedó a la deriva, con el motor afectado y con problemas eléctricos, a más de 230 kilómetros al suroeste de El Hierro.

El pesquero salió del puerto de La Restinga dos días antes y el aviso con las dificultades a bordo llegó al centro de control de Tenerife a las 19.30 horas de este jueves pero no se logró contactar hasta dos horas después, cuando los pescadores comunicaron que estaban achicando agua.

Se movilizó entonces al helicóptero Helimer 204 y se dio aviso al yate DRAAK, que estaba por la zona, para dar apoyo auxiliar hasta que se acometió el rescate por vía aérea y los pescadores fueron trasladados hasta la isla.

Salvamento Marítimo Salvamar Diphda ha acompañado a puerto a setenta y nueve personas llegadas este jueves al muelle de La Restinga, en El Hierro, a bordo de un cayuco que fue localizado a 7,7 millas (12,3 kilómetros) al sur de la isla por un radar.

El cayuco llegó a La Restinga hacia las 15.20 hora local y sus ocupantes fueron atendidos en el muelle por efectivos de Cruz Roja y de los servicios sanitarios. Uno de ellos que sufría un dolor abdominal agudo fue trasladado al Hospital Insular de El Hierro.

Entre los ocupantes del cayuco había 74 hombres, dos mujeres y tres niños, procedentes de Senegal, Gambia y Guinea Konakry.

Según su propio relato, el cayuco zarpó de Sant Louis, en Senegal hace seis días. 

El Ayuntamiento de El Pinar de El Hierro ha solicitado a distintas administraciones y organismos el asesoramiento y colaboración ante la proliferación de los artrópodos conocidos como milpiés, ante la necesidad de contar con criterios técnicos para abordar el problema y su proliferación en el municipio.

En concreto, se ha tramitado solicitud a las consejerías de Sanidad y Turismo del Gobierno de Canarias, las áreas de Turismo y Medio Ambiente del Cabildo de El Hierro y la Federación Canaria de Municipios (Fecam).

Según ha informado el consistorio, el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA) ha comunicado a la petición del consistorio que su ámbito de actuación se centra en aquellos casos en los que existe una afección concreta sobre cultivos agrícolas, por ello, ha ampliado esta solicitud a otras administraciones y organismos públicos.

Hasta el momento, los agricultores del municipio no han trasladado que esta proliferación esté afectando específicamente a un cultivo determinado, por lo que el Ayuntamiento ha decidido elevar la solicitud a otros organismos con competencias que puedan estar relacionadas con la situación.

En este sentido, se ha trasladado la problemática al área de Sanidad del Gobierno de Canarias, teniendo en cuenta la elevada presencia de estos artrópodos y las molestias que están generando entre la población.

Asimismo, se ha solicitado colaboración a Turismo del Gobierno de Canarias y del Cabildo de El Hierro, ya que el Ayuntamiento ha recibido también quejas de propietarios de viviendas y establecimientos turísticos de la zona de El Pinar.

La petición se ha hecho extensiva igualmente al área de Medio Ambiente del Cabildo de El Hierro, con el objetivo de conocer las posibles medidas de control que puedan aplicarse sin provocar daños a otras especies o al entorno natural, señalan desde el consistorio.

El Ayuntamiento ha trasladado también la situación a la Federación Canaria de Municipios (Fecam), al tener conocimiento de que otros municipios de Canarias han sufrido episodios similares, con el objetivo de conocer experiencias previas, posibles medidas adoptadas y favorecer la búsqueda de soluciones coordinadas ante una problemática que trasciende el ámbito estrictamente municipal.

La primera teniente de alcalde de El Pinar, Magaly González, recuerda que la proliferación del milpiés no es un fenómeno nuevo ni exclusivo del municipio.

“Es una problemática que se viene produciendo en la isla de El Hierro desde hace, al menos, dos décadas y durante años ha afectado principalmente a diferentes núcleos del municipio de Valverde. Ahora estamos comprobando una presencia muy importante también en nuestro municipio y consideramos necesario buscar asesoramiento y soluciones”, ha explicado.

La concejala de Desarrollo del Sector Primario de El Pinar, Jaisan Morales, explica que el Ayuntamiento considera fundamental actuar con prudencia: “No podemos recomendar a la población el uso de un determinado insecticida o tratamiento sin contar previamente con el criterio de profesionales que nos garantice que es eficaz y que, al mismo tiempo, no supone un riesgo para otras especies o para el medioambiente”. 

Lía Dorta murió a los veinte años en el Hospital Doctor Negrín de Gran Canaria, en la isla donde vivía. Horas antes, se había precipitado por un desnivel de cerca de seis metros en el municipio de Valverde, en El Hierro, donde se encontraba de vacaciones. 

Los hechos ocurrieron la madrugada del 24 de julio de 2022. La joven, que estudiaba el doble grado de Traducción y Turismo en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), disfrutaba de una noche de fiesta junto a unos amigos en una conocida discoteca de la capital herreña, un municipio de poco más de 5.000 habitantes. En un momento, se apartó del grupo junto a otro joven y se adentró en una zona de penumbra en busca de intimidad para orinar. Rebasó un murete de piedra de apenas 55 centímetros y cayó por un hueco al lado de la rampa de acceso a una finca. A pesar de la altura, en el lugar no había valla de seguridad. Tampoco estaba iluminado ni señalizado. Tras la caída, fue evacuada en helicóptero a Gran Canaria, donde acabó falleciendo debido a la gravedad de las lesiones. 

Cuatro años después, hay dos procesos judiciales en curso. La vía penal fue reabierta el pasado mayo por un juez sustituto y está pendiente del informe de reconstrucción encargado a un equipo especializado de la Guardia Civil. En la vía contenciosa, la familia reclama al Ayuntamiento de Valverde una indemnización por responsabilidad patrimonial. 

En el marco de este segundo procedimiento, ha salido a la luz un documento oficial que compromete la posición del Consistorio. En el legajo aportado por la administración figura una nota interior firmada en 2017 (cinco años antes de la muerte de Lía) que acredita que el Ayuntamiento, que ejercía la dirección de obra a través del arquitecto municipal, previó y presupuestó una barandilla de seguridad en ese lugar, pero que al final decidió no instalarla al entender que la altura de los cerramientos era suficiente. 

“No se ejecuta, además de porque en planos del proyecto no se indica su emplazamiento, (porque) es consideración de (la) D.O. (la dirección de obra) estimar suficiente la altura de los cerramientos y la naturaleza de talud de los terrenos que delimita”, señala ese documento en relación con la partida identificada con el número 6.02, una barandilla metálica de acero galvanizado que estaba presupuestada en 3.320,94 euros. El director de obra consideró en ese momento que esa fase de la obra estaba “completada”. 

“Una trampa mortal”

Para la familia, se trata de un hecho trascendental para valorar la posible responsabilidad de la administración en los hechos. “Era una trampa mortal”, resume Maite, la madre de Lía. “De forma consciente y deliberada, el Ayuntamiento recepcionó la tan mencionada rampa sin la barrera que hubiera impedido la muerte de la joven”, expone su abogado en el recurso presentado en la vía contenciosa. Y añade: “Los muros perimetrales de piedra, de altura variable entre 40 y 65 centímetros (55 en el lugar en el que se precipitó la joven), no cumplen en modo alguno la función de barandilla o pretil de seguridad, siendo su altura a todas luces insuficiente para proteger a una persona de una caída desde esa altura”. 

En ese recurso, la familia acusa al Ayuntamiento de Valverde de omitir “de forma grave y continuada” sus deberes “de conservación, seguridad, iluminación, señalización y protección del espacio público”. 

La obra controvertida se ejecutó entre 2010 y 2017. El Ayuntamiento de Valverde se había comprometido con el propietario de una finca a construir una rampa de acceso para salvar el notable desnivel entre esa parcela y la vía pública. A pesar de que no estaba en el proyecto, como admitió una técnica de la propia administración ante la Diputación del Común, esta actuación se materializó en la cuarta fase de las obras de construcción de una nueva vía entre las calles San Francisco y San Juan de la capital herreña. 

Acceso privado, suelo público

Un informe pericial aportado en los juzgados por la familia de Lía advierte de que esa rampa se realizó sin un proyecto específico, sin planos, sin documentación técnica y sin la preceptiva licencia. El arquitecto que firma esa pericial constata, además, que el lugar exacto del accidente se encuentra dentro de una parcela catastral de la que es titular el Ayuntamiento. Es decir, que aunque el espacio sirva de acceso a una finca privada, el suelo donde se produce la caída “es de dominio público municipal”.

“Es un hecho determinante”, expone el abogado de la familia, que subraya que el desnivel de cerca de seis metros constituía “un peligro evidente y previsible para cualquier persona que transitara la zona” y que, a pesar de ello, era de libre acceso y no estaba vallado, ni iluminado, ni señalizado.

En julio de 2022, cuando ocurrieron los hechos, ese acceso estaba delimitado por una pequeña cancela metálica de unos 90 centímetros de altura que impide el paso a la rampa de cemento. Esta verja está flanqueada por dos pequeños muros de piedra de altura variable, de 40 a 65 centímetros. Entre uno de esos muretes y la pared de piedra había un hueco de cerca de seis metros de altura. Por ese lugar cayó Lía. 

“El lugar funcionaba como una plataforma-mirador abierta, sin control de acceso alguno, directamente conectada con la acera pública”, recoge el recurso de la familia, que considera “altamente significativo” que días después del accidente mortal el Ayuntamiento colocara unas vallas para impedir la entrada en ese espacio. “Es un reconocimiento implícito de la peligrosidad preexistente y demuestra que existían medios sencillos, económicos y eficaces para haber evitado la tragedia”, sostiene. 

“En cuanto a la pregunta que nos hacemos todos, si el accidente que sufrió Lía Dorta se pudo haber evitado, he de decir que frente a las pruebas aportadas, rotundamente sí, ya que si hubiesen existido unas protecciones adecuadas, se hubiese evitado el fatal accidente”, exponía el arquitecto firmante del informe pericial aportado por la familia.

Ahora se sabe, además, que la barandilla de seguridad estaba presupuestada y no fue colocada por decisión del Ayuntamiento. Para el abogado de los demandantes, la inexistencia de una valla de seguridad en el lugar es una prueba del “descontrol absoluto” de la administración. 

Un antecedente cinco meses antes

La familia incide en que la peligrosidad del lugar no era desconocida para el Ayuntamiento. Apenas cinco meses antes del accidente de Lía, otro joven sufrió una caída en el mismo punto y en circunstancias idénticas. Sobrevivió, pero sufrió importantes lesiones. La familia sostiene que, a pesar de la gravedad de ese suceso, que también se investiga en los juzgados de Valverde, la administración local no adoptó ninguna medida de seguridad.  

Para el abogado de los demandantes, hay otro elemento crucial para demostrar que lo ocurrido meses antes era conocido en el municipio. Se da la circunstancia de que el principal testigo de la causa penal, el joven que acompañó a Lía al lugar de los hechos, es hijo de Carlos Brito, actual alcalde de Valverde y en aquel momento concejal y policía local. En su declaración en sede judicial, este testigo reconoció que fue su padre quien le informó que tiempo atrás otro joven ya se había precipitado por ese mismo desnivel. 

A la espera del informe de la Guardia Civil

La causa penal por la muerte de Lía fue reabierta el pasado 25 de mayo por un juez sustituto. El procedimiento se instruye en el juzgado de Valverde. Su magistrada titular, Ana Rosa Domínguez, había dictado en octubre de 2023 un primer auto de archivo, al considerar que la caída fue un accidente fortuito, que la víctima asumió el riesgo de manera voluntaria y que había una cancela (de unos 90 centímetros) que delimitaba el lugar donde se produjo la caída. Meses después, en enero de 2024, volvió a rechazar el recurso de reforma presentado por la familia, que recurrió de nuevo -en apelación- a la Audiencia Provincial.

La Fiscalía solicitó en aquel momento la desestimación del recurso, al entender que no había indicios suficientes para continuar el procedimiento por un presunto delito de homicidio por imprudencia grave.

El Ministerio Público, no obstante, matizaba lo expresado por la instructora. “Es cierta la existencia de una suerte de valla o cancela (ciertamente de baja altura) que delimita el acceso a la rampa de cemento y que se hallaba cerrada en el momento de los hechos, pero no es a través de la misma como accede Lía, sino superando el muro que sigue a la misma. Y es cierto que dicho muro es de baja altura y no advierte de la altura de caída”, exponía en ese escrito la fiscal, quien, sin embargo, compartía con la magistrada que la actuación de la joven suponía “la asunción de un riesgo”. 

En mayo de 2024, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife confirmó el archivo provisional al no apreciar relevancia penal en los hechos y remitió a la vía contenciosa para resolver el caso. Ese auto del órgano provincial remarcaba, no obstante, que en ese lugar no había barandillas delimitadoras y que, según el testimonio prestado en sede judicial por el dueño de la finca, esa rampa había sido construida por el Ayuntamiento de Valverde con la finalidad de darle acceso a su propiedad. 

El giro procesal se produjo en mayo de este año. La acusación particular (la familia de Lía) había presentado un nuevo informe del perito arquitecto que cuestionaba la versión del único testigo directo sobre la mecánica de la caída y la posición final del cuerpo.

A raíz de ese informe, un juez sustituto, Antonio Mazuecos, dictó un auto de reapertura y ordenó dos diligencias al servicio de Criminalística de la Guardia Civil: la inspección técnico-forense con medición de la mancha de sangre y la reconstrucción de los hechos con un dummy (un maniquí de prueba con el peso de Lía en el momento del accidente) e infografía tridimensional. 

El equipo especializado de la Guardia Civil ya acudió al lugar de los hechos a practicar estas diligencias, pero aún no ha remitido el informe de conclusiones. La acusación particular sostiene que la disposición final en la que quedó el cuerpo simulado (dummy) durante las pruebas de reconstrucción no coincide con la mecánica de caída relatada por el testigo.

La magistrada titular ya ha regresado a Valverde. El pasado 10 de julio dictó una nueva providencia que instaba a la Fiscalía a pronunciarse sobre la posibilidad de acordar un nuevo archivo. Lo hizo sin haber recibido aún el informe de reconstrucción en 3D de la Guardia Civil y sin dar traslado a la acusación particular. 

El abogado de la familia recurrió esa providencia con un duro escrito: “Nos encontramos ante una vulneración flagrante no solo de las normas procesales que rigen el proceso penal, sino una auténtica vulneración de los propios principios rectores del derecho penal que alcanza tintes de infracción constitucional”.

También la Fiscalía señala la improcedencia de archivar la causa sin contar con el informe encargado al equipo especializado de la Guardia Civil. De momento, la familia de Lía no dirige la acusación contra nadie en particular.

El Ayuntamiento de Valverde no ha contestado a las preguntas formuladas por este periódico, alegando que hay un proceso judicial en curso y que hasta que no termine no se pronunciarán sobre el caso. 

Salvamento Marítimo ha rescatado en las últimas horas tres cayucos que navegaban por aguas cercanas a la isla de El Hierro con más de 500 personas a bordo, aunque en un principio la cifra rondaba las 360 personas.

El primero de los cayucos fue localizado la pasada madrugada y de él desembarcaron 268 personas, entre ellas cuatro menores y 17 mujeres. Estas personas llevaban once días en el mar a bordo de dicho cayuco, que partió de Parque Natural Varela (Guinea Bissau).

La tripulación de la Salvamar Diphda fue sido la encargada de socorrer a este primer grupo, que arribó a La Restinga a las 01.14 horas, según han informado los servicios de emergencia de El Hierro.

Entre los ocupantes de este cayuco hay naturales de Senegal, Gambia, Guinea Conakry, Mali, Guinea Bissau y Costa de Marfil.

Tres de ellos han recibido asistencia sanitaria al sufrir diversas patologías y uno ha sido derivado al hospital de la isla con un prolapso hemorroidal con posible trombosis.

Otras dos embarcaciones con casi un centenar de personas están siendo conducidas por Salvamento hacia la isla.

La Guardamar Polimnia rescató a las 06.00 horas a un grupo de 99 personas que iban en otro cayuco localizado a 65 kilómetros de La Restinga.

Por último, la Salvamar Diphda intervino de nuevo a las 5.37 horas al recibirse un aviso del SIVE sobre otro cayuco situado a 22 kilómetros al sur de El Hierro, donde arribó horas después con sus 190 ocupantes.

La asociación de turismo rural El Hierro Rural ha puesto en marcha en Taibique, municipio de El Pinar, dos instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo sobre pérgolas que aportan energía limpia y además dan sombra a zonas comunes de casas rurales.

Entre enero y septiembre de este año, esas dos pérgolas solares han generado 25.635 kWh de energía limpia, lo que ha permitido ahorrar 1.847,79 euros en la factura de la luz: 628,41 euros por el autoconsumo en los contratos a los que están conectadas las instalaciones y 1.219,38 euros por la compensación de los 20.323 kWh de excedentes vertidos a la red eléctrica de la isla.

Los excedentes no se pierden, pues alimentan una batería virtual que la citada asociación patronal sin ánimo de lucro gestiona de forma comunitaria. Ello permite abaratar en torno al 80% las facturas de otros asociados.

Este proyecto energético herreño tiene además un fin demostrativo, sostiene la misma asociación. Esto es así porque facilita reunir datos reales de producción en El Pinar y analizar el comportamiento y la rentabilidad de las baterías, para que puedan servir de ejemplo al resto de alojamientos rurales del municipio.

Cada pérgola sostiene 18 paneles solares de 605 vatios, con una potencia pico de 10,89 kWp y conectados a un inversor de 10 kW. La instalación funciona en la modalidad de autoconsumo individual con compensación de excedentes. La inversión realizada ha sido de 15.648,75 euros. 

Hay que decir que el citado proyecto ha contado con el apoyo del Gobierno de Canarias a través de ayudas para el fomento de la generación fotovoltaica en espacios antropizados, dentro de la Estrategia de Energía Sostenible en las Islas Canarias y una medida a su vez financiada por la Unión Europea (UE) con fondos Next Generation del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La ayuda concedida ha sido de 12.006,24 euros.

De los 10.625 kWh generados, 822 kWh se consumieron en el momento, mientras que 9.793 kWh se vertieron a la red de la isla, donde abastecen a otros consumidores herreños. Solo ha hecho falta tomar de la red 1.071 kWh, sobre todo por la noche. Esta producción ha evitado la emisión de 8.500 kg de CO₂.

La embarcación de Salvamento Marítimo Salvamar Navia ha trasladado en la tarde de este viernes hasta el muelle de La Restinga (El Hierro) el cuerpo sin vida del pescador submarino desaparecido el miércoles en las inmediaciones de Punta de La Paloma (Arenas Blancas), en la costa del municipio de La Frontera.

Según han informado fuentes implicadas en las labores de rescate, el cuerpo sin vida del pescador fue localizado en el interior de una cueva en las inmediaciones de la baja Navon, en la zona de El Verodal.

La boya de señalización y otros objetos personales fueron localizados en la Punta de la Sal, en torno a 300 metros de la costa, señalan las mismas fuentes.

La Guardia Civil instruye las diligencias correspondientes tras la recuperación del cuerpo.

En labores de búsqueda han participado miembros de la Guardia Civil, Salvamento Marítimo, un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) Ayuda en Emergencias Anaga (AEA) y el Grupo de Intervención del Cabildo de El Hierro. 

Los servicios de emergencia realizan desde la tarde de ayer la búsqueda de un pescador submarino en las inmediaciones de Punta de La Paloma (Arenas Blancas), en el municipio de La Frontera, tras haber denunciado su desaparición mientras realizaba la práctica de esta actividad.

El operativo de búsqueda coordinado por la Guardia Civil continúa activo sin que se hayan producido avances.

En la búsqueda participan miembros de la Guardia Civil, Salvamento Marítimo, un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) Ayuda en Emergencias Anaga (AEA) y el Grupo de Intervención del Cabildo de El Hierro.

En las últimas horas han llegado a las islas canarias de El Hierro y Lanzarote cinco pateras, desde la tarde de este miércoles y hasta las 05.30 horas de este jueves, 24 de septiembre, según ha informado el ente institucional y el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

En concreto, durante la madrugada de este jueves el Centro de Control de Salvamento de Las Palmas ha coordinado el rescate de tres embarcaciones con 185 personas a bordo (una con 97 migrantes, otra con 42 y la tercera con 46) cuando se encontraban a unos 98,1 kilómetros (53 millas náuticas) al noreste de Arrecife, en la isla de Lanzarote.

Tras ser rescatados los inmigrantes por la guardamar Urania, fueron trasladados hasta el puerto de Arrecife, donde llegaron pasadas las 05.30 horas.

Previamente, la salvamar Acrux rescató, sobre las 19.05 horas, una patera con 77 personas tras ser localizada a unos 111 kilómetros (60 millas) al noreste de la isla de Lanzarote.

Asimismo a este rescate se suma otro realizado por Salvamento Marítimo, también durante la tarde de este miércoles, que interceptó el Helimer 204 un cayuco con 167 migrantes próximo a la costa de El Hierro, en concreto, cuando se encontraba a 29,6 kilómetros al sur de La Restinga.

En este caso, la salvamar Navia lo ha acompañado hasta el puerto de La Restinga, donde el personal del dispositivo sanitario, compuesto por personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Atención Primaria y Cruz Roja, asistió a los migrantes, precisando uno de ellos traslado a un centro hospitalaria.

 La embarcación de Salvamento Marítimo Salvamar Diphda ha trasladado este lunes hasta el muelle de La Restinga, en El Hierro, un cayuco con 61 personas a bordo, entre ellas 12 menores de edad, rescatado a cuatro millas de la isla, para ser atendidas por los equipos sanitarios y de emergencia.

Ninguna de estas personas ha sido trasladada al Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes para recibir atención médica, según la información recabada de los servicios sanitarios y de emergencia.

Se trata de 61 personas de origen subsahariano, en su mayoría hombres, entre las que viajan tres mujeres y doce menores de edad, todos ellos en aparente buen estado de salud.

Los migrantes fueron atendidos en el propio puerto herreño por el Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) de Cruz Roja, el Servicio de Urgencias Canario (SUC), el servicio de vigilancia del Puerto de La Restinga, la Guardia Civil y la Policía Nacional.

Según el relato de los propios migrantes, habrían realizado una travesía de siete días desde Saint Louis (Senegal).

A bordo de la embarcación viajaban personas de Gambia, Senegal, Mali y Guinea Conakry.

Los tripulantes del cayuco serán trasladados al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), ubicado en el pueblo de San Andrés, en el municipio de Valverde, donde serán atendidos por miembros de la ONG Corazón Naranja-Ebrima Sonko y permanecerán bajo custodia policial hasta su derivación a otros recursos fuera de la isla.

El senador Javier Armas (Agrupación Herreña Independiente -AHI-) ha endosado al Cabildo de El Hierro facturas por un importe total de 70.474,5 euros para pagar los honorarios de los dos despachos de abogados (y procuradores) contratados para su defensa en el denominado caso Vertederos, que investigó durante cerca de dos décadas el descontrol en la gestión de tres puntos de vertidos de una isla declarada Reserva de la Biosfera en 2000.

El aforamiento de Armas ante el Tribunal Supremo en 2023 disparó el coste de esa factura. Antes de su designación como senador por El Hierro, el dirigente de AHI (aliado de Coalición Canaria) estuvo representado en los juzgados de las islas por un bufete de Tenerife, Mesa Abogados. Las minutas de este despacho ascendieron a 21.400 euros. 

Sin embargo, tras la elevación del caso al Supremo, Armas contrató al penalista José Antonio Choclán, conocido como el abogado de las estrellas. Magistrado en excedencia de la Audiencia Nacional, este letrado ha defendido, entre otros, a Cristiano Ronaldo, José Mourinho, Francisco Correa, Cristina Cifuentes, Rita Barberá o, más recientemente, al empresario Víctor de Aldama o al cantante Julio Iglesias. 

Choclán asumió la defensa de Javier Armas en octubre de 2023. Catorce meses después, en diciembre de 2024, el Supremo archivó la causa al no apreciar delito en su actuación. Entre medias, el despacho del reconocido penalista asistió al senador en su declaración en el alto tribunal en marzo de 2024 y nueve meses después, en diciembre, presentó un escrito en el que expresaba su oposición a la petición de la Fiscalía para declarar compleja y prorrogar la causa y en el que, además, solicitaba el sobreseimiento del caso Vertederos. 

Por esas diligencias, el bufete de Choclán giró una factura de 48.400 euros (40.000 euros más IVA), más del doble de lo que había costado la defensa de Armas desde la incoación de las diligencias en un juzgado de Valverde hace ya veinte años. 

Más de 100.000 euros: el impacto global para el Cabildo

El aforamiento de Armas en el Supremo no sólo encareció la factura pública del caso Vertederos, sino que también alteró el destino del procedimiento. Antes de que el dirigente de AHI se convirtiera en senador, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ya había fijado fechas para el juicio oral contra Armas y las otras dos procesadas, la exconsejera Claribel González y la funcionaria Fabiola Ávila. La Fiscalía pedía once años de cárcel, cuatro de inhabilitación y una multa de 19.800 euros para cada uno de ellos por un delito continuado con los recursos naturales, otro de prevaricación medioambiental y un tercero sobre la ordenación del territorio. El escrito de acusación del Ministerio Público, que había sido formulado en octubre de 2018, les acusaba de consentir tres vertederos ilegales. 

Todo cambió cuando el Supremo, con el magistrado Pablo Llarena como ponente, decidió archivar la causa especial abierta contra Armas. En abril de este año, la Audiencia Provincial siguió los pasos del alto tribunal y decretó el sobreseimiento libre (definitivo) del procedimiento contra las otras dos procesadas. Lo hizo después de que la Fiscalía cambiara de criterio y pasara de acusar a alinearse con los postulados de la defensa. 

Tras este archivo, las otras dos procesadas también han cargado a las arcas públicas los gastos de defensa. En el caso de la funcionaria Fabiola Ávila, 26.402,37 euros aprobados en un Consejo de Gobierno de junio. En el de la exconsejera Claribel González, 21.746,12 euros aprobados en el pleno que la corporación insular celebró en julio. En total, por lo tanto, el caso Vertederos ha costado en gastos de abogados más de 100.000 euros (en concreto, 118.623,07 euros) a las arcas del Cabildo de El Hierro. De esa cantidad, más del 40% se lo ha llevado el bufete de Choclán que Armas contrató para el Supremo.  

Las razones para indemnizar 

Para que una administración asuma los honorarios de la defensa penal de sus cargos electos o funcionarios deben cumplirse tres requisitos. El primero es que la imputación tenga su origen en actuaciones realizadas en el ejercicio de funciones institucionales, no en su esfera personal. El segundo es que no se aprecie en la conducta del investigado “abuso, exceso, desviación de poder o prosecución de intereses ajenos”. Y el tercero es que el procedimiento termine sin responsabilidad penal, ya sea por absolución tras la celebración del juicio o por archivo o sobreseimiento de la causa antes de esa fase procesal. 

La jurisprudencia del Supremo ha reconocido en distintos pronunciamientos el derecho de un cargo o trabajador público a ser resarcido de los gastos de su defensa en esos casos. Sin embargo, esa doctrina no despeja todas las dudas. En procedimientos similares en otras instituciones canarias, los servicios jurídicos han planteado cuestiones adicionales antes de aprobar el pago: si existía autorización previa para contratar a un letrado externo en lugar de recurrir a los servicios jurídicos de la propia administración o si el importe reclamado se ajusta a los criterios orientadores de honorarios de los colegios de abogados. 

La abultada factura del despacho de Choclán fue objeto de debate en el pleno del Cabildo en el que se aprobó su pago. El acuerdo fue adoptado por unanimidad en octubre del año pasado. Tanto los grupos de gobierno (PSOE, Asamblea Herreña e IUC-Reunir) como los de la oposición (AHI y PP) votaron a favor y Armas, que también es consejero y que llegó a ser de manera efímera presidente de la corporación (antes de una moción de censura liderada por su hermano, el socialista Alpidio Armas) se ausentó cuando se trató este punto. 

Durante ese pleno, y a pesar de respaldar con su voto el pago de esas facturas para resarcir al senador, el único consejero de IUC-Reunir, Amado Carballo, expresó cierta reticencia. “No me hace ninguna gracia votar a favor de la totalidad de los honorarios plasmados. Por ejemplo, una minuta de 40.000 euros (sin IVA) por el trámite ante el Supremo”, dijo este representante en relación con los honorarios del despacho de Choclán. 

“Había que haber analizado cantidades o haber esperado la respuesta de los colegios profesionales respecto a los criterios orientadores en cuanto a costas”, señaló Carballo. El consejero advirtió de que este caso da “vía libre” a la contratación de despachos de reconocido prestigio “a cualquier coste” para que lo pague la administración. 

Por su parte, la consejera María Asunción Amaro, compañera de partido de Armas, defendió el derecho del senador a elegir “la mejor defensa” y señaló que “hay despachos más especializados” en altas instancias judiciales. En una línea similar, el presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas (PSOE), celebró el archivo de la causa contra su hermano después de casi dos décadas “en vilo”. “Eso no se paga con dinero”, apuntó el dirigente socialista, que comparó los honorarios de los abogados con el caché de los cantantes. “Hoy cobra 100.000 euros y de repente saca un disco que lo peta y te cobra 500.000 euros. Esto es así. Es el camino correcto tener la mejor defensa para la gente que nos estamos dejando aquí las pestañas”, remató el presidente insular. 

Los acuerdos para el pago de los gastos de defensa de los tres procesados en el caso Vertederos inciden en que no hay ninguna disposición normativa que determine la cuantía de esas indemnizaciones. Sin embargo, aceptan el montante total reclamado por los altos cargos y la funcionaria en todos los casos teniendo en cuenta que el proceso judicial “ha durado más de quince años” y “ha sido elevado a órganos superiores y al Supremo”. 

El precedente de Fernando Clavijo 

El caso de Javier Armas no es el primero en Canarias en el que un cargo público aforado recurre a Choclán y termina trasladando la factura a una institución pública. Su caso recuerda al de Fernando Clavijo (Coalición Canaria). El actual presidente del Gobierno de Canarias también endosó al Ayuntamiento de La Laguna los honorarios del reputado letrado (55.600 euros) por su defensa en el denominado caso Grúas. 

El paralelismo entre Clavijo y Armas no es sólo de abogado, sino también de mecanismo procesal. Un juzgado de La Laguna investigaba a Clavijo por prevaricación, malversación y tráfico de influencias hasta que en julio de 2019 CC decidió convertir a Clavijo en senador, lo que activó su aforamiento y trasladó la causa a la Sala Segunda del Supremo, que entonces presidía el canario Manuel Marchena. Apenas unos meses después, el alto tribunal archivó el procedimiento al no apreciar reproche penal en la actuación de Clavijo como concejal y después alcalde de ese municipio.   

Aquel expediente no estuvo exento de controversia interna. La Asesoría Jurídica municipal se mostró contraria al pago, al considerar que Clavijo debió recurrir a los abogados del propio Ayuntamiento salvo que hubiese mediado una autorización previa y motivada para contratar a un letrado externo. El informe también cuestionaba el importe de las minutas, que superaba ampliamente los criterios orientadores del Colegio de Abogados. Sin embargo, el actual presidente del Gobierno canario presentó alegaciones y un segundo informe, en esta ocasión del área de Presidencia y Planificación, terminó avalando el pago en parte por silencio administrativo, ya que el Ayuntamiento no había respondido en plazo. 

Dos décadas de gestión incontrolada de vertidos

El caso Vertederos se abrió en 2006 para investigar la gestión incontrolada de residuos en El Hierro. La causa se centró en tres puntos de vertidos ilegales: el desguace contaminante de vehículos de El Majano; el vertedero de La Dehesa, dentro del espacio natural protegido del Parque Rural de Frontera, y el ubicado en la montaña de La Cumbrecita. 

El Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil) ya había denunciado en 2004 y 2005 infracciones como la apertura de zanjas de residuos que se quemaban y enterraban sin control. La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN) del Gobierno de Canarias también había constatado incumplimientos no subsanados por el Cabildo de El Hierro, responsable de esas instalaciones. 

Tras doce años de instrucción, la Fiscalía solicitó en octubre de 2018 la apertura de juicio oral contra los tres investigados, para los que pidió once años de cárcel. El juicio quedó señalado para octubre de 2023, pero no llegó a celebrarse porque tres meses antes uno de los procesados, Javier Armas, había sido elegido senador y, por tanto, su causa se había elevado al Supremo. La asociación ecologista Ossinisa, denunciante original del caso en 2006, ejerció la acusación popular hasta que se vio obligada a retirarse por la duración de la causa (17 años por aquel entonces) y el coste económico que suponía para sus miembros. 

Los papeles que el Supremo no contempló 

El Supremo archivó la causa especial contra Armas en un auto dictado el 12 de diciembre de 2024 por el magistrado Pablo Llarena. Según esta resolución, el actual senador y consejero del Cabildo de El Hierro no ostentaba en aquel mandato (2003-2007) las competencias delegadas en materia de Medio Ambiente, puesto que no era consejero sino director de área. El auto remarca que no constaban denuncias ni inspecciones sobre los vertederos de El Majano y La Dehesa anteriores a 2008. 

Tras ese archivo, Ossinisa remitió un escrito a la Fiscalía General del Estado (FGE) para intentar reabrir el caso, al entender que en el sumario existen documentos que contradicen los argumentos esgrimidos por el Supremo. Entre ellos, citaba un informe de la APMUN de 2007 que recoge denuncias del Seprona sobre ambos vertederos en 2004 y 2005 o un escrito firmado por el entonces presidente del Cabildo, Tomás Padrón, en el que identificaba a Armas como una de las personas con competencias medioambientales en la isla. También le hizo llegar varios documentos firmados por Armas entre 2004 y 2007 relativos a la gestión de ambas instalaciones. Sin embargo, las gestiones ante la FGE fueron infructuosas. 

Más de un millón de euros en restauración 

En marzo de 2017, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó a España por decenas de vertederos ilegales e incontrolados en Canarias, que operaban sin sistemas de sellado, control de lixiviados ni tratamiento previo. Entre ellos se encontraba el de La Dehesa (también llamado Faro de Orchilla). Esa sentencia obligó a ejecutar de urgencia el sellado y restauración del vertedero. El Gobierno de Canarias encomendó esta tarea a la empresa pública Gesplan por un importe de 496.103,73 euros. Esta actuación fue cofinanciada al 85% con fondos Feder (Programa Operativo Canarias 2014-2020). 

A ello hay que sumar la inversión de 561.252,54 euros sufragada de forma íntegra a través del Fondo de Cohesión de la Unión Europea para completar la planta de tratamiento de El Majano y para evitar el enterramiento incontrolado de basuras en vertederos. En total, por lo tanto, el coste de restauración ha superado el millón de euros.

Un cayuco con 51 hombres a bordo ha llegado por sus propios medios al puerto de La Restinga, en la isla de El Hierro, según ha informado Salvamento Marítimo.

Fuentes de este organismo han informado a EFE que sobre las 10.30 horas de esta mañana se dio la alerta de que la embarcación se encontraba detrás del muelle de La Restinga y en su ayuda salió la Guardamar Polimnia.

No obstante, el cayuco entró por sus propios medios al puerto de herreño.

Los 51 ocupantes de la embarcación desembarcaron en buen estado de salud, sin que ninguno necesitara asistencia médica. Entre ellos había tres menores.

Según han indicado fuentes de los recursos de emergencia en El Hierro, este grupo de hombres asegura que salieron de M'Bour (Senegal) hace nueve días.

Se trata de ciudadanos de tres países: Senegal, Gambia y Guinea Conakry.

Este es el segundo cayuco que llega en las últimas horas a El Hierro, ya que durante la noche Salvamento Marítimo rescató a 152 personas en otra embarcación localizada al sur de la isla y recuperó un cadáver que estaba a bordo.

Este miércoles, otra embarcación llegó también por sus propios medios a la isla de Lanzarote.

Salvamento Marítimo rescató la pasada noche en aguas situadas al sur de El Hierro un cayuco con 152 personas migrantes a bordo. En la embarcación, además, se encontró un cadáver, según ha informado a EFE una portavoz de la sociedad estatal.

La operación de rescate se puso en marcha sobre las 19.20 horas del miércoles, al recibirse una alerta sobre la situación de estas personas en el mar.

Salvamento Marítimo movilizó dos barcos de rescate, uno desde La Gomera y otro desde El Hierro, con el apoyo de un helicóptero que facilitó la posición concreta del cayuco.

Sobre las 21.00 horas, la Salvamar Navia puso a salvo a todos los ocupantes, recuperó el cadáver que había abordo y amarró el cayuco para intentar remolcarlo.

Las malas condiciones meteorológicas hicieron necesario que la Guardamar Polimnia, un barco de salvamento de mayor tamaño enviado desde La Gomera, le prestara ayuda y se encargara de llevar a los rescatados al puerto de La Restinga, en el sur de El Hierro.

Debido al fuerte viento y al intenso oleaje que había en la zona, Salvamento tuvo que soltar el cayuco que llevaba remolcado, una vez comprobado que no quedaba nadie a bordo, y dejarlo a la deriva.

Los supervivientes llegaron al puerto de La Restinga sobre las 3.00 horas de la madrugada. Se trataba de 130 hombres y 22 mujeres.

Sobre el cadáver recuperado, por el momento no se han facilitado más detalles, como si es hombre o mujer.

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha estimado el recurso de la Fiscalía y ha anulado la absolución de una propietaria de una vivienda vacacional en El Hierro que construyó una piscina en suelo protegido al considerar que existen indicios de que es autora de un delito contra la ordenación del territorio.

Ahora el procedimiento regresa al Juzgado de instancia para que otro tribunal unipersonal proceda a la celebración de un nuevo juicio y además se limita la posibilidad de presentar un recurso ante el Tribunal Supremo (TS) que debe basarse en infracciones muy acotadas.

La acusada construyó en diciembre de 2022 una piscina con base de hormigón en forma de L, de unos 35 metros de superficie con zona de descanso, duchas, depuradora y apertura de acceso, todo ello en un suelo clasificado como rústico de protección ambiental paisajística y una parte cultural.

Un perito de la defensa y otro municipal coincidieron durante el juicio en que pese a carecer de licencia la obra sería autorizable si se vincula el uso de la piscina al turístico de la vivienda, lo que no se valoró en el fallo y por ello ahora es anulado.

La Audiencia reprocha al juzgado que justifique la absolución en “conjeturas y posibilidades” como es una posible legalización basándose en unos dictámenes inexistentes y sin tener en cuenta que la piscina se construyó antes de la vivienda vacacional y no consta en la licencia municipal.

Una inspección del Seprona en mayo de 2023 dio lugar al inicio del expediente por disciplina urbanística en el que la promotora pidió la legalización de la obra sin que nunca se llevara a cabo.

Pese a ello, en primera instancia la encausada quedó absuelta, por lo que el Ministerio Público presentó el recurso para que se anulara la sentencia, a lo que acaba de acceder la Audiencia Provincial por error en la valoración de la prueba, insuficiencia y falta de racionalidad en la motivación del fallo.

La procesada, por su parte, ahora propone una nueva prueba consistente en una imagen obtenida por Grafcan y acta notarial para demostrar que la piscina está vinculada a la casa rural, tal y como se anunciaba en varias plataformas.

La respuesta de la Audiencia en no aceptar en este momento esta prueba, aunque indica que si se demostrara esta relación con la explotación turística la piscina sería legalizable, siempre que contara con los informes preceptivos.

Los 82 senegaleses llegados a El Hierro en cayuco a los que un juez recluyó en junio en el primer expediente masivo de deportación que se ponía en marcha en España con el Pacto Europeo de Inmigración han quedado en libertad, al no poder ejecutar la Policía su expulsión en el plazo legal.

Todos ellos habían sido enviados a Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) el pasado 26 de junio por orden del juez de El Hierro y a petición del Cuerpo Nacional de la Policía, que consideraba que podía gestionar con Senegal su repatriación a Dakar en los 60 días que, como mucho, podía durar legalmente su reclusión.

Fuentes de las entidades sociales que atienden a los migrantes en El Hierro y de su defensa legal han confirmado a EFE que los 82 han quedado en libertad al cumplirse el plazo máximo de internamiento que autoriza la ley española en estos casos: 60 días.

Ademas, estos mismos migrantes, todos adultos mayores de edad, han comenzado solicitar refugio o protección internacional en España, lo que legalmente bloquea cualquier nuevo intento de detenerlos para repatriarlos hasta que su caso se resuelva con un sí o un no.

Es lo que hicieron, de hecho, los 20 senegaleses que llegaron solo unos días después a El Hierro en otro cayuco, al enterarse de que el único juzgado de la isla había optado por activar este tipo de expedientes masivos de deportación, tomando como apoyo, entre otras cosas, el contenido del Pacto Europeo de Migración y Asilo.

Cualquier migrante que llega a la costa española en una patera o cayuco o es rescatado en el mar recibe en cuestión de horas una orden de devolución que puede ser ejecutada directamente, sin instruir ningún expediente adicional.

Sin embargo, no puede ser detenido más de 72 horas sin la autorización de un juez. Sí cabe la opción, como sucedió en El Hierro, de que la Justicia permita su internamiento en un CIE para proceder a su expulsión, pero si esta no se lleva a cabo en un plazo de dos meses, queda en libertad, aunque en situación irregular.

Salvamento Marítimo ha rescatado al sur de la isla de El Hierro un cayuco con unas 97 personas migrantes a bordo y se dirige hacia el puerto de La Restinga para su desembarco.

En su perfil de X, la sociedad estatal ha detallado que la embarcación precaria fue localizada a 34 millas del sur de la isla por el helicóptero Helimer 204 a las 15.46 horas.

Tras la localización del cayuco, la Salvamar Diphda se dirigió a la zona y procedió al rescate a las 17.05 horas de su casi centenar de ocupantes, de origen subsahariano.

La unidad navega rumbo al puerto de La Restinga para realizar el desembarco.

Salvamento Marítimo señala que el número exacto de personas rescatadas tendrá que ser confirmado una vez efectuado el recuento oficial en el muelle.

La Consejería de Derechos Sociales, Bienestar Social y Dignidad Personal del Cabildo de El Hierro ha concedido una subvención de 15.000 euros a la Asociación Piñera de Mayores para cubrir sus gastos de funcionamiento y garantizar la continuidad de su programa de actividades durante 2026.

La subvención forma parte de la partida presupuestaria destinada al sostenimiento y desarrollo de las actividades de las asociaciones de mayores y está incluida en el Plan Estratégico de Subvenciones 2026-2028 del Cabildo de El Hierro.

Actividades para fomentar el envejecimiento activo en El Hierro

Con esta ayuda, el Cabildo pretende reforzar un espacio de participación, convivencia y encuentro para las personas mayores de El Hierro, además de contribuir a prevenir situaciones de soledad no deseada.

La iniciativa busca favorecer un envejecimiento activo, saludable e integrado en la comunidad, mediante un programa que combina actividades dirigidas al bienestar físico, emocional y cognitivo de las personas participantes.

Entre las propuestas de la Asociación Piñera de Mayores se encuentran los talleres de estimulación cognitiva, charlas, gimnasia de mantenimiento y sesiones de aquagym.

El programa también incluye convivencias, excursiones culturales y encuentros intergeneracionales, actividades destinadas a facilitar el intercambio de experiencias y conocimientos entre personas de distintas generaciones.

La asociación contribuye a preservar la memoria de El Hierro

Uno de los objetivos del colectivo es contribuir a la preservación y transmisión de la memoria colectiva y el patrimonio cultural de El Hierro.

Para ello, la Asociación Piñera de Mayores promueve la colaboración con los centros educativos de la isla, que participan en la transmisión de conocimientos, tradiciones, experiencias y valores vinculados a la identidad herreña.

De esta manera, las personas mayores adquieren un papel activo como transmisoras de la memoria y la cultura local a las nuevas generaciones.

Formación digital para las personas mayores

El programa subvencionado incorpora además talleres de capacitación tecnológica destinados a mejorar las competencias digitales de las personas mayores.

Estas actividades buscan reducir la brecha digital, facilitar la comunicación con familiares y mejorar la autonomía de los participantes en sus relaciones y gestiones cotidianas.

La subvención de 15.000 euros permitirá así a la Asociación Piñera de Mayores mantener durante 2026 una programación centrada en el envejecimiento activo, la participación social, el bienestar de las personas mayores y la conservación de la memoria y las tradiciones de El Hierro.

Dos embarcaciones de Salvamento Marítimo ha rescatado este martes a los 140 ocupantes de un cayuco, entre ellas seis menores y dos mujeres, que se buscaba desde el domingo tras ser avistado a 360 kilómetros al suroeste de la isla, según ha confirmado Salvamento Marítimo en sus redes sociales.

Los ocupantes han sido trasladados al puerto de La Restinga en las salvamar Diphda y Navia, que junto con la guardamar Urania se desplazaron a la zona en la que el avión Sasemar 101 avistó a la embarcación precaria sobre las 9.20 horas de esta mañana.

Las fuentes han señalado que en una primera impresión los ocupantes del cayuco presentan buen estado en general aunque un dispositivo sanitario les espera en el puerto para hacerles un reconocimiento.

Al parecer, la fotos enviadas por el barco portugués que el domingo avistó el cayuco a 165 millas al sur de El Hierro coinciden con el hallado esta mañana a unos 26 kilómetros de la isla.

Desde el pasado domingo se desplegó un dispositivo de búsqueda para encontrar a este cayuco, formado por la guardamar Urania y el avión Sasemar 101, que ha realizado varios rastreos por la zona.

Salvamento Marítimo mantiene activo desde la tarde de ayer domingo un dispositivo de búsqueda de un cayuco con personas a bordo que fue avistado a unos 360 kilómetros al suroeste de El Hierro.

Fuentes de Salvamento detallan a EFE que la tripulación de un buque militar portugués fue la que avistó el cayuco.

En un primer instante, el centro de Salvamento en Tenerife movilizó a varios buques mercantes por si podían dar pistas del paradero del cayuco.

A continuación, movilizó a la Guardamar Urania, que permanece peinando la zona sin que por el momento haya dado con la embarcación precaria.

A las labores de búsqueda se incorporó este lunes el avión Sasemar 101, que ya ha vuelto a su base.