La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado de un corte total de circulación en la autovía A-2 durante la noche de este jueves debido a trabajos de mantenimiento.

Según ha comunicado el organismo a través de su perfil en la red social X, la interrupción afectará al tramo comprendido entre los puntos kilométricos 55,400 y 56,700, a la altura de Guadalajara, y se aplicará en ambos sentidos de la vía entre las 22:00 y las 05:30 horas.

Como principales desvíos alternativos, en sentido creciente se establece por la vía de servicio tomando la salida 55; mientras que en sentido decreciente podrá tomarse una vía de servicio en el punto kilométrico 56,700.

Por La Rioja denuncia la existencia de más de 600 vehículos abandonados en las calles de Logroño “por dejación del Ayuntamiento de la capital riojana”. En las zonas de Madre de Dios, San José, calle Cigüeña, Chiribitas, Escuela Oficial de Idiomas, Beratúa, La Campa, Palazzinas y Ronda de los Cuarteles, los regionalistas han localizado más de medio centenar de vehículos abandonados, “lo que está provocando una falta de aparcamiento para el vecindario y visitantes además de generar una mala imagen de la ciudad”.

Más de un mes estacionado en el mismo lugar

La cifra aumenta a 600 vehículos abandonados en toda la ciudad. Para ser considerado “abandonado”, el vehículo debe permanecer más de un mes estacionado en el mismo lugar o presente signos evidentes de deterioro. Y una vez detectado, sí que hay un procedimiento establecido de actuación: inicio de expediente, notificación al propietario; y traslado al depósito municipal o centro autorizado. “El problema no es la falta de normativa, es la falta de aplicación”. Exigen la publicación de los datos de 2025 y 2026 y que se inice una campaña de control de vehículos estacionos durante más de un mes y que se actúe “de forma efectiva en la retirada de estos vehículos”.

La secretaria general del Por La Rioja, Sonsoles Soriano, recuerda las cifras facilitadas por el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, que cifraba en 150 los coches abandonados en 2024. “¿Dónde están los datos de 2025, cuántos se han retirado realmente, dónde están los datos públicos y la información actualizada?”, pregunta la regionalista a la vez que critica la labor del concejal de Movilidad, Ángel Andrés, porque “no ha tomado ninguna medida ante un problema que está al a vista de todos”.

Y es que “resulta especialmente grave que particulares, simplemente paseando, hayan sido capaces de identificar decenas de vehículos en este estado, mientras el Ayuntamiento, con todos los medios de los que dispone, no haya sido capaz de dar una respuesta eficaz”. Medios, explica, “como el sistema de control de matriculas (multacar), que permitirán un control sencillo de estos de estos vehículos, pero no se está haciendo absolutamente nada”. Por lo que denuncian la “total indiferencia del Ayuntamiento hacia el vecindario que no encuentra aparcamiento, indiferencia hacia quienes visitan la ciudad, indiferencia hacia la imagen de Logroño. A Escobar no le importan ni Logroño, ni los logroñeses, tan sólo trabajan pensando en las próximas elecciones” asevera.

La autopista AP-7 de la Costa del Sol ha alertado de un intento de estafa por SMS, un método conocido por los especialistas como smishing, en el que los ciberdelincuentes simulan ser una entidad legítima con el objetivo de robar información privada o realizar un cargo económico. En este caso, se hacen pasar por la Dirección General de Tráfico (DGT). 

Así lo ha reportado la empresa concesionaria en un comunicado, donde detalla que algunos usuarios han recibido un mensaje en sus teléfonos móviles, enviado a través de una cuenta denominada DGTInfo.

En esta comunicación por mensaje SMS aparece el siguiente texto: “Peaje AP-7 no abonado”. También se reporta la marca, el modelo y la matrícula del vehículo. Por último, se detalla la cuantía que el conductor, supuestamente, adeuda. 

Como en este tipo de estafas, los ciberdelincuentes intentan que el afectado tenga poco tiempo para pensar y que pique. Por eso, a continuación, se reclama al afectado el pago en 24 horas, bajo amenaza de una sanción de doscientos euros. Para abonar el dinero, se incluye un enlace abreviado que conduce a la plataforma de pago fraudulenta.

Todo es un engaño, recuerda la compañía Ausol, quien gestiona las dos concesiones de la AP-7 entre Málaga, Marbella y Guadiaro. No hay que prestar atención al mensaje y tampoco hay que acceder al enlace adjunto que aparece en el SMS. 

Nuevo engaño a costa de la DGT

No es la primera vez que los ciberdelincuentes intentan suplantar la identidad de la DGT, un organismo acostumbrado a emitir multas y otro tipo de sanciones cuando se refiere a cuestiones relacionadas con el tráfico. Y utilizan cualquier método a su alcance, tanto el envío de un SMS como de un correo electrónico. En ambos, se reclama el pago de un dinero pendiente. 

Sin embargo, desde Ausol, recuerdan que se trata de fraudes. En el caso de la DGT, la dirección, dependiente del Ministerio del Interior, advierte de que los avisos de sanciones de tráfico no se reciben nunca mediante mensajes de texto ni correos electrónicos, sino que solo se comunican oficialmente por correo postal o a través de la plataforma conocida como Dirección Electrónica Vial (DEV).

El coche eléctrico ha venido para quedarse en Barcelona. La ciudad se prepara para abrir la primera 'electrolinera' de carga ultrarrápida pública, que funcionará las 24 horas y permitirá recargar diariamente unos trescientos vehículos con energía fotovoltaica en un máximo de 15 minutos. Su puesta en marcha, prevista para finales de 2026, supondrá también un hito a nivel nacional, porque se convertirá en el primer hub público de toda España. 

El hub, impulsado por Endolla Barcelona, la red de electromovilidad de la ciudad, incorporará tecnología de carga ultrarrápida con una potencia de hasta 480 kW, lo que permitirá alcanzar hasta cuatrocientos kilómetros de autonomía en solo 15 minutos. Una salvación para los propietarios de un vehículo eléctrico.

Este modelo de 'electrolinera' está basado en un sistema stop & go, señalan sus impulsores en un comunicado. Esto reduce notablemente los tiempos de espera y mejora la rotación de vehículos, absorbiendo una mayor cantidad de usuarios y dando solución a uno de los principales retos de la infraestructura de carga urbana.

En un punto estratégico y de paso

El nuevo equipamiento se ubicará en un punto estratégico: en el Passeig de la Vall d'Hebron 203, en una ubicación con conexión directa con la Ronda de Dalt y los principales accesos a Barcelona. Esta situación, sostiene el consistorio, permitirá dar servicio tanto a residentes como a conductores en tránsito que necesiten una recarga rápida antes de continuar su trayecto.

El hub público, que contará con una inversión de 2.082.000 euros, tendrá una superficie de cerca de novecientos metros cuadrados y 12 puntos de carga para turismos y vehículos de distribución de última milla. Según los cálculos, podrá acoger trescientos vehículos al día. 

El espacio también incorpora una marquesina fotovoltaica y un sistema de baterías de almacenamiento que permiten gestionar la energía de una infraestructura que pretende abrir camino en todo el país. 

Además, esta 'electrolinera' de carga ultrarrápida pública pretende reforzar la experiencia del usuario, más allá de la posibilidad de poner a punto su vehículo eléctrico. La estación incorporará zonas de descanso, conectividad wifi, servicios de vending y baños adaptados, así como sistemas de vigilancia para garantizar un entorno seguro y funcional.

A la espera de que comiencen los trabajos para su construcción, Endolla Barcelona dispone de 1.041 puntos de recarga distribuidos por toda la ciudad y registra una media de 18.000 recargas mensuales, una cifra que sigue creciendo en los últimos meses y que evidencia el crecimiento de la demanda de vehículo eléctrico.

Unidas por Criptana pone en marcha una campaña de recogida de firmas para exigir una “solución urgente” ante la situación de “peligro diario que sufren cientos de trabajadores y trabajadoras” de Campo de Criptana (Ciudad Real).

Aseguran que esta iniciativa, en colaboración con los sindicatos de las empresas localizadas en la Avenida de la Industria, tiene como objetivo “recabar el apoyo de la ciudadanía” para acompañar una moción que será presentada en el Ayuntamiento de Campo de Criptana, en la que se solicita la construcción de una pasarela peatonal elevada sobre las vías férreas, paralela al puente de la carretera CM-3105.

Cruzar por una carretera sin arcén

Actualmente, el acceso a pie a la Avenida de la Industria obliga a cruzar por un punto que “carece de condiciones mínimas de seguridad”. Las personas que se desplazan caminando deben transitar por un puente “estrecho, sin espacio adecuado para peatones y compartiendo calzada con vehículos”, incluidos camiones y maquinaria pesada. Desde Unidas por Criptana señalan que esta situación “se agrava especialmente en horarios de entrada y salida laboral, así como en condiciones de baja visibilidad o climatología adversa”.

Exponen que aunque no se hayan producido accidentes graves conocidos, “los sustos y situaciones de peligro son constantes, lo que evidencia la existencia de un problema estructural que requiere una respuesta inmediata”.

“La seguridad en el acceso al trabajo no puede depender de la suerte. No es aceptable que haya vecinos y vecinas que tengan que asumir riesgos innecesarios cada día para llegar a su puesto de trabajo”, señalan desde la formación.

La propuesta planteada pasa por la construcción de una pasarela peatonal elevada que permita conectar de forma segura el casco urbano con la Avenida de la Industria, eliminando “el riesgo actual” y mejorando la seguridad vial. Asimismo, se plantea que esta infraestructura pueda ser utilizada también por bicicletas y vehículos de movilidad personal, favoreciendo una solución más completa, accesible y adaptada a las necesidades actuales de movilidad.

Una campaña abierta a toda la población

Desde Unidas por Criptana apuntan que, “si bien las competencias afectan a administraciones supramunicipales como la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y ADIF, corresponde al Ayuntamiento liderar las gestiones necesarias y defender los intereses de la ciudadanía”.

La campaña de recogida de firmas ya se encuentra en marcha y está abierta a toda la población. Las firmas recogidas serán presentadas junto a la moción en el ayuntamiento, con el objetivo de “reforzar la demanda social y exigir un compromiso institucional real, con plazos concretos para el inicio de las actuaciones”.

Desde la formación invitan a las personas interesadas en apoyar esta iniciativa y participar en la recogida de firmas a ponerse en contacto a través de sus perfiles en redes sociales o mediante el correo electrónico iucampodecriptana@gmail.com .

La infraestructura de recarga de acceso público en España ha crecido durante el primer trimestre de 2026 un 3,8 %, lo que supone un incremento de 2.005 nuevos puntos por toda la geografía nacional, según los datos del último Barómetro de Electromovilidad elaborado por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac). 

Es un dato agridulce porque, aunque se sigue apostando por estas infraestructuras, el crecimiento queda lejos del avance trimestral promedio registrado en los últimos dos años. En total, la red total de recarga se sitúa en 55.077 puntos de acceso público.

Sin embargo, podrían ser muchos más, recuerda la patronal, que contabiliza 17.073 puntos de recarga instalados que no se encuentran operativos por distintos motivos. De hecho, en este primer trimestre se han registrado 733 puntos de estas características. De encontrarse activos, señala la Anfac, la red de recarga en España aumentaría hasta los 72.150 cargadores de acceso público.

“Actualmente, uno de cada cuatro puntos de recarga instalados no se encuentra operativo, lo que limita el potencial de la red, y pone de manifiesto la necesidad de agilizar los procesos administrativos y mejorar la interoperabilidad para optimizar su funcionamiento”, señala el director general de Anfac, José López-Tafall.

Los eléctricos pisan fuerte

El Barómetro de Electromovilidad no solo mide la capacidad de la infraestructura de recarga de acceso público en España, sino que también muestra una visión más global de la movilidad eléctrica, fundamental para la sostenibilidad ambiental, recuerdan todas las administraciones públicas. 

La patronal también habla de un indicador global de electromovilidad, que sale del resultado de la media del Indicador de Penetración de Vehículo Electrificado y el Indicador de Infraestructura de Recarga. Este sitúa a España con 1,6 puntos más que en el trimestre anterior, alcanzando una puntuación total de 25,4 sobre 100. 

Anfac atribuye este progreso al desarrollo del indicador de penetración de vehículo electrificado, habiéndose alcanzado en los tres primeros meses de 2026 un total de 68.627 de turismos electrificados matriculados. Un dato que nos sitúa al mismo nivel que nuestros vecinos europeos (que avanza en 1,9 puntos), aunque todavía a 12,6 de la media continental que se sitúa su valoración en 38 puntos sobre 100.

Por comunidades autónomas, Navarra, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cantabria, Catalunya, Aragón, Asturias y las Islas Baleares se sitúan por encima de la media nacional en el indicador global de movilidad. Sin embargo, las que más han crecido, de acuerdo con el último barómetro, han sido Castilla-La Mancha (+2,5), Castilla y León (+2,3) y Cantabria (+2,2).

El Pleno ordinario del Ayuntamiento de Cuenca correspondiente al mes de marzo ha aprobado la moción presentada por el Grupo Municipal Popular para permitir de forma temporal la circulación de vehículos sin distintivo ambiental en la zona de bajas emisiones (ZBE), siempre que pertenezcan a residentes empadronados y se mantengan niveles adecuados de calidad del aire.

La propuesta, defendida por Beatriz Jiménez, ha salido adelante con 13 votos a favor de Vox, Cuenca en Marcha y PP, frente a los 11 en contra del equipo de Gobierno socialista, tras un debate marcado por las discrepancias entorno a esta ZBE, que entró en vigor en enero de 2026.

La presidenta del Grupo Municipal Popular ha defendido la iniciativa apelando a la “proporcionalidad y equidad social”, recordando que la legislación permite periodos transitorios y que ciudades como Madrid o Zaragoza han aplicado medidas de flexibilización. Además, subrayó que la calidad del aire en Cuenca se mantiene en niveles “favorables la mayor parte del año”, por lo que considera razonable limitar las restricciones a episodios puntuales de contaminación.

Por su parte, el concejal de Movilidad, Héctor Serrano -PSOE-, ha acusado al PP de “generar confusión y alimentar bulos”, defendiendo que la ordenanza actual ya es “flexible” y contempla múltiples excepciones. Serrano ha recordado, además, que el Ministerio descartó vincular las restricciones únicamente a episodios de contaminación al considerar que no cumpliría con la definición legal de zona de bajas emisiones establecida en la Ley 7/2021.

Desde VOX, Rafael Rodríguez ha respaldado el fondo de la moción, aunque también la ha calificado de “insuficiente”. En este sentido, ha propuesto durante su turno de intervención eliminar el carácter temporal y ampliar el alcance más allá de los empadronados, ya que considera que deberían beneficiarse también vecinos de municipios cercanos.

Por su parte, desde Cuenca en Marcha, Pablo García ha criticado la argumentación del PP por “minimizar el problema ambiental”, aunque coincidió en la necesidad de evitar que la ZBE genere desigualdades sociales por lo que han apoyado la moción al entender que recoge propuestas ya planteadas previamente. Si bien, ha insistido en que la solución pasa por mejorar el transporte público y las alternativas al coche.

PP y Vox ya aprobaron una moratoria en Guadalajara

No es la primera piedra en el camino que ponen de forma conjunta tanto PP como Vox al régimen sancionador de las zonas de bajas emisiones.

Hace dos semanas, el Ayuntamiento de Guadalajara amplió hasta el 31 de diciembre de 2027 la moratoria para la imposición de sanciones en la Zona de Bajas Emisiones, con los votos a favor, nuevamente, de PP y Vox. Además, la ZBE pasará a activarse únicamente en días en lo que se registren niveles de contaminación que superen los umbrales considerados perjudiciales. De este modo, la ZBE seguirá existiendo, pero su aplicación será testimonial, ya que, según los datos municipales, solo se superarían los umbrales entre cinco y seis veces al año.

Es una dinámica que también se da en otras ciudades de España, como el reciente ejemplo de Valladolid.

En caso de averías y accidentes en carretera, el único dispositivo válido para su señalización es la baliza V-16. Nada de los tradicionales triángulos. Un cambio que vino motivado por las prestaciones de este dispositivo, dotado de conectividad y capaz de emitir una luz de alta intensidad. Una forma de proteger también al conductor, que no tendrá que desplazarse sobre el arcén, sino que solamente lo tendrá que colocar en el techo, añade la Dirección General de Tráfico (DGT). 

Conforme a lo contemplado en el anexo XII del Reglamento General de Vehículos, el uso de la baliza V-16 es obligatorio en turismos, furgonetas, autobuses, vehículos mixtos, camiones y conjuntos de vehículos no especiales. Y también en el caso de las autocaravanas. 

Así se especifica en la Instrucción PROT 2026/04 que acaba de publicar la DGT sobre autocaravanas, donde no solo se aborda esta cuestión, sino que recoge otras novedades normativas que se han producido en estos últimos años. 

Uso de la baliza V-16 en autocaravanas 

En ese documento, se especifica que las autocaravanas deberán llevar los accesorios, repuestos y herramientas previstas en el anexo XII del Reglamento General de Vehículos. Eso supone la adquisición del dispositivo de preseñalización de peligro V-16, que se colocará en la parte más alta posible del vehículo en el caso de avería o accidente en carretera. 

Sin embargo, recoge la singularidad de estos vehículos a la hora de colocar el nuevo dispositivo porque, a diferencia de los turismos, no cuentan con una superficie plana en el techo donde colocarla o su altura no lo permite. 

En estos casos, la nuestra instrucción de la DGT recuerda que existen en el mercado señales V-16 con base imantada que facilitan su colocación en superficies metálicas no horizontales. También hay señales acoplables mediante sistema de ventosa o similares, aptos para la colocación de la señal en superficies no metálicas, aclara. 

Otro equipamiento más allá de la baliza V-16

Además de la baliza V-16, las autocaravanas deben estar equipadas con un chaleco reflectante de alta visibilidad. También de una rueda completa de repuesto o una de uso temporal, junto con las herramientas necesarias para el cambio de las mismas. En este último escenario, será válido un sistema alternativo al cambio de ruedas que ofrezca garantías para la movilidad del vehículo. En cualquiera de los casos, se circulará respetando las limitaciones propias de cada alternativa. 

El Ayuntamiento de Guadalajara amplia hasta el 31 de diciembre de 2027 la moratoria para la imposición de sanciones en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que además pasará a activarse únicamente en días en lo que se regristen niveles de contaminación que superen los umbrales considerados perjudiciales.

Así lo ha anunciado este miércoles la alcaldesa de la ciudad, Ana Guarinos, acompañada del concejal de Medio Ambiente y Zona de Bajas Emisiones, José Luis Alguacil, quienes han defendido un modelo “más eficaz y coherente” basado en criterios técnicos y en la evolución real de la calidad del aire.

De este modo, la ZBE seguirá existiendo, al tratarse de una obligación derivada de la normativa estatal para municipios de más de 50.000 habitantes, pero su aplicación será dinámica. Solo se activará de forma puntual cuando los niveles de contaminación así lo requieran, lo que, según los datos municipales, ocurriría apenas entre cinco y seis veces al año.

“La zona de bajas emisiones se activará únicamente cuando los niveles de calidad del aire lo requieran. No tiene sentido penalizar a los vecinos si la calidad del aire es buena”, ha señalado la alcaldesa, quien ha incidido en que la decisión es “meditada, responsable y sensata”.

En este sentido, la regidora ha subrayado que la calidad del aire en Guadalajara ha mejorado de forma sostenida en los últimos años, pasando de una media anual de 27 microgramos de partículas en 2022 a 19 microgramos en 2024, “sin necesidad de aplicar sanciones”.

Por su parte, Alguacil ha explicado que la activación de la ZBE se determinará en función de la media de contaminantes durante tres días consecutivos y no por picos puntuales. “La media para la activación sería de cinco o seis días al año”, ha apuntado, basándose en los informes técnicos elaborados por los servicios municipales.

Modificación de la ordenanza

La ampliación de la moratoria conllevará la modificación de la actual ordenanza reguladora de la ZBE, con el objetivo de adaptar el sistema a este modelo flexible. Entre otras medidas, se prevé reforzar la señalización mediante paneles informativos que indicarán cuándo la zona está activa, además de los medios habituales por los que el Ayuntamiento informa como son los medios de comunicación, redes sociales y la web municipal.

La alcaldesa ha defendido que esta medida también responde a la necesidad de proteger la actividad económica del casco histórico y evitar “medidas desproporcionadas”. “No es necesario castigar al ciudadano cuando ha demostrado comportarse y reducir la contaminación”, ha afirmado.

Asimismo, ha insistido en que el objetivo de la ZBE debe ser mejorar la calidad del aire y la salud pública, y no restringir el tráfico de forma permanente. “Guadalajara no tiene altas emisiones y, de hecho, la zona centro es probablemente donde menos emisiones existen”, ha añadido.

En este contexto, el Ayuntamiento ha recalcado que seguirá cumpliendo con la normativa nacional y europea, pero adaptando su aplicación a la realidad local mediante criterios “estrictamente técnicos”. Se trata de tercera moratoria que aplica el Ayuntamiento en cuanto a la puesta en marcha de sanciones con respecto a la ZBE, que ya está funcionando.

Carnet de conducir aprobado, ITV superada y también seguro contratado. Esos son los tres imprescindibles que necesita cualquier usuario para ponerse en marcha con su vehículo. Si arrancamos el motor sin cualquiera de estas tres cuestiones sin resolver, no solo ponemos en riesgo al resto de conductores, según recuerda la Dirección General de Tráfico (DGT), sino que nos exponemos a la sanción correspondiente. 

Según la norma, “todo propietario de vehículos a motor que tenga su estacionamiento habitual en España estará obligado a suscribir y mantener en vigor un contrato de seguro por cada vehículo del que sea titular”. No valdrá cualquier seguro, sino que este debe cubrir hasta la cuantía de los límites del aseguramiento obligatorio. 

¿Por qué es así? Las autoridades entienden que el usuario tiene una responsabilidad civil siempre que se pone a los mandos de un vehículo, independientemente de su tamaño o tipo. “El conductor de vehículos a motor es responsable, en virtud del riesgo creado por los hechos de la circulación de tales vehículos, de los daños causados a las personas o en los bienes como consecuencia de esos hechos”, según se recoge en el Boletín Oficial del Estado (BOE). 

Multas por circular sin seguro

La ley establece la obligatoriedad de circular con un seguro, independientemente de si se conduce una moto, un coche o un camión. Desde este año también es obligatorio contratar uno en el caso de los patinetes eléctricos o cualquier otro Vehículo de Movilidad Personal (VMP). 

De acuerdo con RACE, la multa por ir sin seguro varía dependiendo de varios factores: si el coche está estacionado o circulando, el tiempo que lleva el vehículo sin tener el seguro contratado, el número de ocasiones en las que se ha amonestado al propietario reincidiendo en esta infracción y también el tipo de vehículo.

Así, desde esta entidad, estiman que la multa por circular sin un seguro de coche oscila entre 601 y 3.005 euros. Además, esa cifra puede ser superior si hay personas perjudicadas en caso de accidente. La sanción solo sería económica y no conllevaría la retirada de puntos del carnet de conducir. 

También para un coche aparcado

El seguro es obligatorio, tanto si se suele circular con el coche como si lo tenemos la mayor parte del tiempo aparcado en la calle u olvidado en un garaje, recuerda RACE. En este último caso, siempre y cuando no se vaya a utilizar, el conductor lo puede dar de baja temporal o definitivamente y así ahorrarse el coste del mismo. 

Los fabricantes de coches europeos hacen equilibrios entre dos escenarios que no tienen una convivencia excesivamente sencilla. Por un lado, tratan de defender el 'made in Europe' tradicional como palanca para impulsar la producción local ante las crecientes importaciones de vehículos eléctricos chinos. Por otro lado, buscan atraer a los fabricantes de estos últimos para que inviertan en el viejo continente –y, por tanto, en España– y produzcan aquí sus coches, dejando a un lado que el capital que impulsa esas factorías tenga origen asiático.

Parte de la base de ese debate está en la idea de Bruselas de defender la etiqueta 'hecho en Europa' como mecanismo para impulsar la competitividad de una industria considerada estratégica. Este miércoles, la Comisión Europea ha propuesto que para acceder a ayudas públicas o licitaciones, a los seis meses de la aprobación de la norma, el 70% de los componentes de un vehículo eléctrico, menos la batería, tienen que haber sido fabricados en la UE. Es una de las medidas de la Ley de Aceleración Industrial (IAA, por sus siglas en inglés). “Ustedes son cruciales para el futuro de Europa. El futuro se fabricará en Europa. Es crucial para nosotros”, aseguraba hace unos días la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen. De entrada, el Gobierno español se ha posicionado a favor de defender esa idea de dar preferencia a los productos manufacturados en la UE. 

Algunos de esos grandes fabricantes han recogido el guante. Dos de los mayores grupos automovilísticos del continente han publicado una carta abierta sobre cómo fortalecer el sector en Europa. La misiva, firmada por el consejero de Volkswagen, Oliver Blume; y por su homólogo de Stellantis, Antonio Filosa, refleja que ambos grupos comparten “la responsabilidad de que Europa sea una potencia industrial”. “La industria automovilística europea es parte integral de ello, generando el 8% del PIB europeo anualmente y empleando a 13 millones de personas”, recuerdan. 

Fabricar coches “en condiciones similares”

“Existe un conflicto de objetivos entre la presión de costes a corto plazo, la dependencia de terceros países y la resiliencia estratégica a largo plazo”, aseguran las dueñas, por un lado, de Seat, Cupra, Audi y Skoda; y de Peugeot, Citroën, Opel o Fiat, por otro. “La respuesta correcta es una estrategia 'made in Europe'. Esta se basa en dos principios sencillos. En primer lugar, quien venda vehículos a consumidores europeos también debería fabricarlos en condiciones similares. Esto garantiza una competencia leal”, señalan. “En segundo lugar, el dinero de los contribuyentes europeos debería utilizarse de forma específica para promover la producción europea y atraer inversiones a la UE”, es decir, que los incentivos públicos se queden en los fabricantes locales.

“Esto implica la creación de requisitos en el 'made in Europe”, argumentan Volkswagen y Stellantis. “Sin embargo, estos deben diseñarse con cuidado. No podemos construir un cerco proteccionista. Se trata, más bien, de desarrollar o fortalecer nuestra resiliencia en determinados componentes estratégicos”, donde incluyen, por ejemplo, las baterías.

Los dos grandes fabricantes señalan que hay que tener cuidado y la patronal europea, ACEA, pide cautela. “La preferencia europea puede desempeñar un papel, especialmente en la contratación pública, pero debe abordarse con cautela para evitar perjudicar la competitividad, distorsionar los mercados o interrumpir las complejas cadenas de suministro mundiales”, asegura un portavoz de ACEA a elDiario.es. “Las cadenas de valor actuales de la industria del automóvil se han optimizado, con la globalización, durante muchas décadas; y reorientarlas requerirá tanto tiempo como una inversión significativa. Los mandatos de 'made in Europe' por sí solos no son suficientes. La prioridad debe ser crear las condiciones para una fabricación competitiva en Europa”, entre otros aspectos, mediante una menor carga administrativa, energía asequible y mano de obra cualificada, enumera.

La patronal europea también considera que “el liderazgo de China en la electromovilidad no se debe a mandatos estrictos, sino a una estrategia coherente y a ventajas estructurales”. En concreto, citan “una década de relevantes inversiones en la cadena de valor de las baterías, el dominio de materias primas críticas, menores costes energéticos industriales, una mayor productividad laboral, una infraestructura de carga mucho más densa y una electricidad más barata que hace más atractiva la propiedad de un vehículo eléctrico”. 

Evitar el 'game over'

A escala española, las empresas abogan por preservar el producto local al mismo tiempo que se abre la puerta a la inversión, principalmente, china. “Tenemos que asegurar independencia tecnológica y energética y la competitividad, en caso contrario, el sector hará 'game over”, recalcó el presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), Josep María Recasens, durante unas jornadas sobre el sector de la automoción. “No es el dogmatismo del proteccionismo, sino jugar en las mismas condiciones, que vengan los inversores, que inviertan”.

“En España tenemos el conocimiento, los procesos y el método, nos falta la tecnología”, indicó Recasens. “Que vengan, que nos formen y que la ventaja competitiva se quede en España. Aprovechemos las fortalezas de que vengan porque tenemos las capacidades. Es cambiar de una tecnología a la otra, que será la dominante porque lo ha decidido China, que domina el coche eléctrico”, argumentó. 

También el presidente de Sernauto –la asociación que integra a las compañías proveedoras de componentes– instó a aprovechar el capital del país asiático, pero con condiciones. “Pido reciprocidad, si quieren consumidor europeo tienen que tener contenido europeo, nos lo exigieron a nosotros”. Al mismo tiempo, indicó que no ve a los vehículos eléctricos chinos “como amenaza, sino como oportunidad, si sabemos trabajar con ellos desde allí, también desde aquí”.

Esa alianza entre fabricantes chinos y factorías españolas ya tiene ejemplos, como la producción de Ebro en la extinta planta de Nissan en la Zona Franca de Barcelona. En ella, Ebro EV Motors produce gracias a la alianza con el gigante chino Chery, en la que la empresa catalana tiene la mayoría de una joint venture, en concreto, el 60%. Mientras, en las últimas semanas parece más factible un acuerdo entre la estadounidense Ford y la china Geely para que esta última ensamble alguno de sus modelos en Almussafes (València).

El objetivo es que el valor de la producción de coches, independientemente de quién sea el accionariado, se quede en España y en Europa. Un análisis de la consultora McKinsey & Company, señala que, en el caso de los vehículos de combustión, el 90% del valor añadido de un modelo fabricado en Europa, por un grupo local, se queda aquí. En cambio, si esa producción 'made in Europe' es de un eléctrico, el porcentaje baja hasta el 75%, porque las baterías y el software vienen de fuera. Si esa producción es realizada por una compañía foránea, pero en plantas dentro de la UE, el valor del coche que se queda aquí se reduce hasta el 55%. Y si es un modelo importado a la UE, ese porcentaje cae el 20%, porque se reduce a la comercialización y al mantenimiento del vehículo. 

“Ya estamos perdiendo valor”, aseguró Juan Antonio Bahillo, senior partner de McKinsey durante las citadas jornadas. “Nos jugamos 440.000 millones de euros en Europa hasta 2035. De ellos, 120.000 son un posible daño para España. Estamos en jaque. No en jaque mate”, resumió.

El tráfico de vehículos en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) se ha reducido en 10.983 vehículos en el Casco Antiguo de Pamplona durante las nueve semanas de funcionamiento. Esta reducción supone pasar de los 190.597 accesos registrados en 2025 a los 179.614, un 6,11% respecto al mismo periodo del año anterior.

La zona de bajas emisiones en Pamplona entró en vigor el 29 de diciembre e incluye todo el Casco Antiguo de la ciudad, delimitado por la calle Taconera, calle Navas de Tolosa, paseo de Sarasate, calle Duque de Ahumada, calle Juan de Labrit, calle Vergel y calle Santo Domingo (Huertas de Santo Domingo). De esta forma, el acceso está restringido a aquellos vehículos que no porten la etiqueta medioambiental de la Dirección General de Tráfico (0, Eco, B y C) y vehículos no autorizados.

Según informa el Ayuntamiento, sí que pueden acceder los residentes del Sector 1 (Casco Antiguo) y del paseo de Sarasate (Sector 2), así como los vehículos de personas con movilidad reducida o dependientes, titulares de plazas de garaje o que vayan a aparcar en un estacionamiento público, titulares de establecimientos comerciales y hoteleros, vehículos de emergencia, de obras, mudanzas o reparaciones y el transporte público, según ha informado el Ayuntamiento

Según los análisis, la restricción ha evitado la emisión de unas 0,3 toneladas de CO2 por día, lo que supondría 75 toneladas anuales (contando 250 días laborables). En la primera semana se registraron 9.625 accesos frente a los 14.377 del mismo periodo del año anterior, lo que supone un descenso del 30%. En la quinta los accesos pasaron de 25.247 a 23.998 (-5%) y en la octava de 25.063 a 22.728 (-9%). Además, aumentó la presencia de vehículos cero emisiones y ECO, con incrementos del 26,53% y del 10,19%, respectivamente.

Con la entrada el vigar de la ZBE, algunos usuarios han intentado evadir las normas dejando en las zonas el vehículo en marcha y sin conductor, según ha detectado la Policía Municipal. Debido al nivel de ruido, peligro y emisiones contaminantes de esta práctica, el Consistorio ha advertido que “se van a vigilar de forma exhaustiva y se procederá a las sanciones correspondientes”, puesto que además se ha generado “que ha generado malestar vecinal”. Según la normativa, se debe parar el motor y desconectar el sistema de arranque y, si la persona se alejara del vehículo, deberá adoptar las precauciones necesarias para impedir su uso sin autorización y dejar accionado el freno de estacionamiento.

La amenaza de cortar todo comercio con España ha sido la forma presentada por el presidente estadounidense, Donald Trump, para castigar económicamente al país tras la negativa del Gobierno a autorizar el uso de las bases militares de Morón de la Frontera y Rota en las operaciones militares conjuntas con Israel contra Irán.

El aceite de oliva es el producto más vendido por España a Estados Unidos y, por lo tanto, el más expuesto a un eventual embargo comercial, mientras que en dirección contraria los productos farmacéuticos y el gas son los más comprados desde España.

“Vamos a cortar todo comercio con España”, ha asegurado este martes Trump, que ha hablado de embargo y de que EEUU no necesita nada de España, aunque no queda claro si afectaría al comercio en las dos direcciones, tanto a exportaciones como a importaciones. La UE ha salido en defensa de España ante la amenaza y ha asegurado que “se garantizará que nuestros intereses estén protegidos”.

Pese a ello, el déficit comercial de España con EEUU ha aumentado un 34,4% el último año, en 2025, hasta los 13.458,4 millones de euros, como consecuencia de la caída de las exportaciones en el año en que han comenzado a aplicarse los aranceles estadounidenses a Europa, de acuerdo con los últimos datos de la Secretaría de Estado de Comercio. Al mismo tiempo se han incrementado las importaciones, principalmente las de gas, que ya venían aumentando desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022 y que se sitúan en este momento a un nivel similar en el porcentaje total de importaciones que las de Argelia.

Las exportaciones desde España al gigante norteamericano alcanzaron los 16.716,2 millones en 2025, un 8% menos que en 2024, con el aceite de oliva a la cabeza, del que se vendieron más toneladas que en 2024 pero por un menor importe, que pasó de 1.013 a 732,7 millones.

Detrás de este desajuste está el precio del aceite de oliva, que se ha abaratado un 31,6% en el último año, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En 2025 han caído las exportaciones de Estados Unidos de aceites de petróleo o de minerales, dentro del apartado de combustibles (de 1.004 a 715,2 millones), de vino (de 335 a 288,3 millones) o de componentes de vehículos (de 249 a 205 millones), entre otros bienes.

Las importaciones por su parte, crecieron un 7%, hasta los 30.174,7 millones, con una factura en gas que se ha duplicado en el último año de 2.010 a 4.210,4 millones. También ha aumentado la compra de productos farmacéuticos (de 6.259 a 6.730 millones) o de máquinas y aparatos mecánicos (2.443 a 2.740 millones), entre otros.

En las últimas semanas, los sectores del aceite de oliva y el vino español habían acogido con “esperanza” el fallo del Tribunal Supremo de ese país contra los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump. Aunque Trump ha insistido en declaraciones posteriores que volvería a imponer aranceles mínimos del 15% a todos los países.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primer sindicato en la Mesa General de Función Pública de Castilla-La Mancha, ha denunciado en un comunicado el mal estado de la flota de vehículos de la Consejería de Sanidad, que tras un largo periodo de abandono y falta de inversión se encuentra obsoleta y necesitada de actualización en materia de seguridad y de adaptación a normativas ambientales, en algunos casos con un deterioro extremo.

Estos vehículos están dedicados a la inspección de la seguridad alimentaria y a sanidad ambiental que se ocupa, entre otras funciones, del control de establecimientos e industrias alimentarias, de la inspección de carnes de caza y lidia, del control de aguas de consumo y recreativas, de la vigilancia y control de residuos, plaguicidas y legionela. En definitiva, son imprescindibles para mantener la labor de los inspectores de salud pública.

Según los datos que ha expuesto CSIF, la provincia de Toledo cuenta con una flota de 68 vehículos: 53 tienen más de 20 años y 16 más de 24 años. En Ciudad Real, de los 59 vehículos existentes 41 de ellos tienen más de 100.000 kilómetros, entre los cuales hay 6 con más de 200.000 y 3 con 300.000 kilómetros, siendo además insuficientes para los 73 inspectores que prestan servicio en los distritos de esta provincia. En Cuenca de 33 coches, 26 tienen más de 20 años y 100.000 kilómetros. En Guadalajara, de 11 vehículos 6 tienen más de 20 años y por último, Albacete, con una flota de 45 vehículos, 25 tienen más de 100.000 kilómetros, 21 con más de 23 años y entre ellos 13 pueden considerarse obsoletos.

En resumen, de 216 vehículos en toda la región asignados a los Distritos de Salud, 165 tienen más de 20 años, esto se traduce en el 78,6 % del todo el parque móvil destinado a la inspección alimentaria sanitaria, aguas de consumo y sanidad ambiental. Tal es la situación que en ocasiones pasan la ITV al tercer intento.

El presidente del Sector de Administración General de la comunidad autónoma de CSIF Castilla-La Mancha, Joaquín Sánchez, subraya que “la Administración tiene la obligación de garantizar la seguridad de sus empleados y de manera lamentable hay una enorme desidia en esta materia. Estamos hablando de trabajadores que recorren todos los puntos de la región. Es preciso priorizar la actualización de sus vehículos, considerando los riesgos laborales en vehículos con más de dos décadas de antigüedad y de 100.000 kilómetros”.

No en vano, al mal estado de los vehículos se añade la falta de tecnologías actuales de seguridad en los vehículos como ESP, control de tracción o airbags laterales, entre otros reduciendo la protección activa y pasiva del trabajador y aumentando el riesgo de sufrir lesiones en caso de accidentes.

Además, en criterios de eficiencia económica, una flota de vehículos en estas circunstancias implica un enorme gasto en mantenimiento, averías y gasto en combustible, señala el comunicado.

“Hacemos responsable directamente a la Consejería de Sanidad, pues la situación es generalizada no habiendo tenido hasta la fecha ninguna intención de atender las peticiones que se le hacen llegar desde los responsables de cada una de las provincias y sin mostrar la más mínima preocupación por la seguridad de sus funcionarios”, añade Sánchez.

Es más, CSIF señala que mientras otras consejerías han aprovechado fondos de la UE y han invertido en actualizar sus vehículos, la Consejería de Sanidad ha mirado hacia otro lado y ha abandonado su parque móvil.

L’embargament de part de la nòmina per una multa de més de 1.000 euros, que li va arribar fora de termini després d’entrar a Formentera amb el seu cotxe sota la limitació de vehicles, ha fet que Javier, resident a Eivissa, hagi remogut cel i terra per no haver d’abonar l’import i que hagi entrat, en els darrers dos anys, en un periple de reclamacions que sembla no tenir fi. L’afectat ha presentat ara un recurs davant l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) i assegura que ni aquest organisme ni el Consell havien respost a les seves reclamacions quan es va fer efectiu l’embargament, com ja va avançar El Periódico de Ibiza.

Va ser el 2021 quan va decidir que viatjaria a Formentera amb la moto que estava a nom de la seva parella, però que conduïa ell. Al cap de dos anys, el 2023, va rebre la multa de 1.001 euros –la sanció estipulada pel Consell Insular per l’incompliment de la normativa– quan el termini per notificar-la ja estava a punt de caducar. Tampoc podia optar, per tant, a l’import reduït de la multa.

L’afectat va presentar al·legacions al Consell amb l’argument que la sanció havia prescrit i informant que la notificació inicial no havia estat vàlida, ja que havia arribat a una altra persona, no a qui conduïa el vehicle. També va considerar en l’escrit, al qual ha tingut accés elDiario.es, que les navilieres encarregades de transportar vehicles entre Eivissa i Formentera haurien de tenir l’obligació d’informar sobre la necessitat de tramitar els permisos, cosa que no va ocórrer. “La primera al·legació que vaig fer va ser indicar un domicili correcte per a notificacions, a Sant Antoni, que –des del Consell– van ignorar”, apunta.

L’octubre de 2025 es va iniciar l’embargament de nòmina sense haver obtingut abans resposta: “Malgrat les meves al·legacions, continuaven embargant, sense contestar res. Va ser aleshores quan vaig contactar amb mitjans de comunicació i, només després de la cobertura en premsa, vaig rebre una resposta de l’Agència Tributària, dos dies després”.

La resolució parcial de l’Agència Tributària va reconèixer irregularitats en les notificacions anteriors i va declarar nul·les totes les comunicacions prèvies, indicant que la multa havia de ser notificada de zero. No obstant això, l’afectat explica que la primera notificació oficial que va rebre, ja el 2026, incloïa un recàrrec que impedeix aplicar la reducció prevista inicialment: “En lloc de pagar 600 euros, ara la multa ascendeix a 1.001 amb recàrrec, tot i que és la primera vegada que me la notifiquen correctament”, aclareix.

En Javier va rebre una multa de 1.001 euros per anar amb la moto de la seva parella quan el termini de notificació estava a punt de caducar, cosa que li impedia reduir-ne l’import. Li van embargar la nòmina sense haver rebut cap resposta

Més de 500 multes el 2024

En el degoteig de sancions vinculades al sistema de regulació d’entrada de vehicles a Formentera, diversos residents d’Eivissa relaten el mateix escenari que, asseguren, els ha deixat amb multes de 1.001 euros malgrat haver intentat complir amb el procediment. En total, el 2024, el Consell va imposar 546 sancions i va tramitar 3.312 actes –gestionades per l’Agència Tributària– encara sense resoldre, segons ha informat a elDiario.es.

María –nom fictici a petició pròpia– és una de les residents sancionades. El setembre de 2024 va anar a Formentera durant unes hores per motius laborals i es va sorprendre quan en gener de 2026 va rebre la sanció. “Em vaig posar a plorar”, confessa. Sobretot, explica, perquè abans d’embarcar va preguntar a un treballador de la naviliera si necessitava autorització i li van respondre que no.

La limitació, però, continuava vigent fins al dia 30 d’aquell mateix mes. “És una barbaritat”, valora sobre l’import al qual s’enfronten les persones que incompleixen la normativa, moltes vegades per desconeixement. Tot i que el Consell ha recordat recentment, en al·lusió a la limitació de vehicles, que el desconeixement de la llei no eximeix del seu compliment, tal com estableix l’article 6.1 del Codi Civil.

Canvi d’estat de la sol·licitud

El mateix estiu (i el mateix mes de setembre) David, d’origen argentí i treballador a l’illa, també va anar amb moto a Formentera. Dos dies abans de viatjar havia emplenat el formulari per autoritzar una moto que no estava al seu nom, sinó al d’un amic. El mateix matí del viatge va comprovar a la web que la sol·licitud figurava com a “aprovada” i, tot i així, el 2 d’octubre va rebre un correu en què se li comunicava que la sol·licitud havia estat denegada, tal com relata a elDiario.es. En les seves al·legacions, va explicar que havia viatjat “de bona fe” perquè el sistema mostrava l’autorització concedida, un argument que, afirma, va ser ignorat pel Consell. També li van indicar que, en no estar la moto empadronada a Eivissa, la sol·licitud no era vàlida.

Ara ha remès un escrit al departament legal en què sol·licita l’anul·lació de la sanció –també de 1.001 euros–. Així mateix, ha reclamat una còpia completa de l’historial d’estats de la seva sol·licitud, amb data i hora de cada modificació, i ha advertit que, si no rep resposta en un termini de deu dies, iniciarà accions administratives i judicials.

Mesura pionera

Formentera va ser la primera de les Balears, l’any 2019, a regular l’entrada de vehicles amb el projecte Formentera.eco, convertint-se en el mirall en què ara es miren la resta d’illes per evitar la saturació. La iniciativa va arrencar després del “consens entre tots” els partits polítics de la pitiüsa per alleujar la massificació a les carreteres en plena temporada turística.

Després de set temporades en funcionament, des de la Conselleria de Medi Ambient asseguren que s’ha assolit l’objectiu: el sostre de cotxes permesos s’ha reduït progressivament, passant dels 10.287 inicials als 1.732 vehicles diaris. De fet, Eivissa ja va implantar la seva limitació la temporada passada (amb l’oposició inicial de les navilieres) i Mallorca ja treballa en la seva normativa. El Consell de Formentera ha explicat que, des de 2023, amb l’entrada de Sa Unió al govern, s’ha reforçat l’aplicació de la limitació, permetent tramitar eficaçment els expedients sancionadors acumulats i garantir el compliment de la norma.

Formentera va ser la primera illa d’Espanya a limitar l’entrada de vehicles, convertint-se en un mirall en què es miren les altres per evitar la saturació

“No és just que els eivissencs estiguem subjectes a les mateixes condicions i ens enfrontem a les mateixes multes que els turistes”, valora Naor, que, quan a finals d’aquest estiu va decidir anar a passar el dia a Formentera amb la seva parella, es va topar amb l’impediment que se’ls denegava l’autorització per portar el vehicle. En advertir-los que s’enfrontaven a una multa si viatjaven sense permís, van optar per desplaçar-se fins a es Pujols i moure’s per l’illa en taxi tot i que ja era gairebé temporada baixa. El resident lamenta també que hi hagi passatgers que reservin “per si de cas” la plaça i després no en facin ús. En la mateixa línia, Marina, una altra resident, explica que el seu cotxe, 100% elèctric, pot passar sempre de manera gratuïta, “però mai hi ha places”. Per això només poden viatjar si paga el tràmit com si tingués un vehicle estàndard.

La negociació d’un nou cupo

El Consell de Formentera ha debatut aquesta setmana, en el marc del Consell d’Entitats, dues possibilitats: redistribuir el sostre de vehicles actual o mantenir el cupo de 2025. La discussió es produeix després de mesos de participació ciutadana i anàlisi tècnica de la xarxa viària en què s’han comparat, entre altres documents, els estudis de 2018 –pre Formentera.eco– i 2025, dels quals es desprèn que s’ha produït una reducció del trànsit del 14,4% (superant el compromís inicial, determinen des del Consell).

Si es comparen els estudis del 2018 —abans de la nova normativa— i del 2025, es desprén que s'ha produït una reducció del trànsit del 14,4% a l'illa, segons el Consell Insular

La primera opció, la més votada al gener, proposa una redistribució progressiva del sostre vinculada als distintius ambientals, amb una quota de 800 vehicles per a treballadors no residents i un màxim de 1.000 turismes de visitants, fins a un total de 10.355 vehicles. Mentre que la segona alternativa, sorgida de la Sectorial de Mobilitat, planteja mantenir el sostre de 2025 per consolidar l’escenari actual abans d’aplicar noves reduccions. En aquest cas, el límit de turismes de visitants seria de 1.732 i el sostre total de 10.287 vehicles, sense diferenciació específica per a treballadors no residents.

Les tres principals navilieres que connecten Eivissa amb Formentera –Trasmed, Baleària i GNV– s’han mostrat a favor d’excloure residents i temporers del cupo de vehicles per a les temporades 2026-2027 i han suggerit que s’incloguin criteris ambientals per a vehicles amb les etiquetes ‘0’ i ‘ECO’. Mentrestant, Javier ja ha preparat un recurs complet per sol·licitar la correcta tramitació de la sanció de mil euros, així com la devolució de qualsevol import embargat de manera indeguda. “El meu objectiu és que es reconegui la il·legalitat de les notificacions prèvies i se’m tracti com correspon”, conclou.

El embargo de parte de la nómina por una multa de más de 1.000 euros, que le llegó fuera de plazo tras entrar en Formentera con su coche bajo la limitación de vehículos, ha hecho que Javier, residente en Eivissa, haya removido cielo y tierra para no tener que abonar el importe y que haya entrado, en el último par de años, en un periplo de reclamaciones que parece no llegar a su fin. El afectado ha presentado ahora un recurso ante la Agencia Tributaria de las Illes Balears (ATIB) y asegura que ni este organismo ni el Consell habían respondido a sus reclamaciones cuando se hizo efectivo el embargo, como ya adelantó El Periódico de Ibiza.

Fue en 2021 cuando decidió que viajaría a Formentera en la moto que estaba a nombre de su pareja, pero que conducía él. Al cabo de dos años, en 2023, recibió la multa de 1.001 euros —la sanción estipulada por el Consell Insular por el incumplimiento de la normativa— cuando el plazo para notificarlo ya estaba a punto de caducar. Tampoco podía optar, por lo tanto, al importe reducido de la multa.

El afectado presentó alegaciones al Consell con el argumento de que la sanción había prescrito e informando de que la notificación inicial no había sido válida, ya que le había llegado a otra persona, no a la que conducía el vehículo. También consideró en el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, que las navieras encargadas de transportar vehículos entre Eivissa y Formentera deberían tener la obligación de informar sobre la necesidad de tramitar los permisos, algo que no ocurrió. “La primera alegación que hice fue indicar un domicilio correcto para notificaciones, en Sant Antoni, que —desde el Consell— ignoraron”, apunta.

En octubre de 2025 se inició el embargo de nómina sin haber obtenido antes respuesta: “A pesar de mis alegaciones, seguían embargando, sin contestar nada. Fue entonces cuando contacté con medios de comunicación y, solo tras la cobertura en prensa, recibí una respuesta de la Agencia Tributaria, dos días después”.

La resolución parcial de la Agencia Tributaria reconoció irregularidades en las notificaciones anteriores y declaró nulas todas las comunicaciones previas, indicando que la multa debía ser notificada de cero. Sin embargo, el afectado explica que la primera notificación oficial que recibió, ya en 2026, incluía un recargo que impide aplicar la reducción prevista inicialmente: “En lugar de pagar 600 euros, ahora la multa asciende a 1.001 con recargo, aunque es la primera vez que me la notifican correctamente”, aclara.

Javier recibió una multa de 1.001 euros por ir con la moto de su pareja cuando el plazo de notificación estaba a punto de caducar, lo que le impedía reducir el importe. Le embargaron la nómina sin recibir respuesta

Más de 500 multas en 2024

En el goteo de sanciones vinculadas al sistema de regulación de entrada de vehículos en Formentera, varios residentes de Eivissa relatan el mismo escenario que, aseguran, les ha dejado con multas de 1.001 euros pese a haber intentado cumplir con el procedimiento. En total, en 2024, el Consell interpuso 546 sanciones y tramitó 3.312 actas —gestionadas por la Agencia Tributaria— aún sin resolver, como ha informado a elDiario.es. 

María —nombre ficticio a petición propia— es una de las residentes sancionadas. En septiembre de 2024 recaló en Formentera durante unas horas por motivos laborales y se sorprendió cuando en enero de 2026 recibió la sanción. “Me puse a llorar”, confiesa. Sobre todo, explica, porque antes de embarcar preguntó a un trabajador de la naviera si necesitaba autorización y le respondieron que no.

La limitación, sin embargo, seguía vigente hasta el día 30 de ese mismo mes. “Es una barbaridad”, valora sobre el importe al que se enfrentan las personas que incumplen la normativa, muchas veces por desconocimiento. Aunque el Consell ha recordado, recientemente y en alusión a la limitación de vehículos, que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, como establece el artículo 6.1 del Código Civil.  

Cambio de estado de la solicitud

El mismo verano (y el mismo mes de septiembre) David, de origen argentino y trabajador en la isla, también fue en moto a Formentera. Dos días antes de viajar había rellenado el formulario para autorizar una moto que no estaba a su nombre, sino al de un amigo. La misma mañana del viaje comprobó en la web que la solicitud figuraba como “aprobada” y, aun así, el 2 de octubre recibió un correo en el que se le comunicaba que la solicitud había sido denegada, como relata a elDiario.es. En sus alegaciones, explicó que había viajado “de buena fe” porque el sistema mostraba la autorización concedida, un argumento que, afirma, fue ignorado por el Consell. También le indicaron que, al no estar la moto empadronada en Eivissa, la solicitud no era válida.

Ahora ha remitido un escrito al departamento legal en el que solicita la anulación de la sanción —también de 1.001 euros—. Asimismo, ha reclamado una copia completa del historial de estados de su solicitud, con fecha y hora de cada modificación, y ha advertido de que, si no recibe respuesta en un plazo de diez días, iniciará acciones administrativas y judiciales. 

Medida pionera

Formentera fue la primera de las Balears, en el año 2019, en regular la entrada de vehículos con el proyecto Formentera.eco, convirtiéndose en el espejo en el que ahora se mira el resto de islas para evitar la saturación. La iniciativa arrancó después del “consenso entre todos” los partidos políticos de la pitiusa para aliviar la masificación en las carreteras en plena temporada turística.

Tras siete temporadas en funcionamiento, desde la Conselleria de Medio Ambiente se asegura que se ha alcanzado el objetivo: el techo de coches permitidos se ha reducido progresivamente, pasando de los 10.287 iniciales a 1.732 vehículos diarios. De hecho, Eivissa ya implantó su limitación la temporada pasada (con la oposición, en un principio, de las navieras) y Mallorca ya trabaja en su normativa. El Consell de Formentera ha explicado que, desde 2023, con la entrada de Sa Unió en el gobierno, se ha reforzado la aplicación de la limitación, permitiendo tramitar eficazmente los expedientes sancionadores acumulados y garantizar el cumplimiento de la norma.

Formentera fue la primera isla de España en limitar la entrada de vehículos, convirtiéndose un espejo en el que miran las otras para evitar la saturación

“No es justo que los ibicencos estemos sujetos a las mismas condiciones y nos enfrentemos a las mismas multas que los turistas”, valora Naor, que, cuando a finales de este verano decidió ir a pasar el día a Formentera con su pareja, se topó con el impedimento de que se les denegaba la autorización para llevar el vehículo. Al advertirles de que se enfrentaban a una multa si viajaban sin permiso, optaron por desplazarse hasta es Pujols y moverse por la isla en taxi a pesar de que era ya casi temporada baja. El residente lamenta además que haya pasajeros que reserven “por si acaso” la plaza y luego no hagan uso de ellas. En la misma línea, Marina, otra residente, explica que su coche, 100% eléctrico, puede pasar siempre de manera gratuita, “pero nunca hay plazas”. Por lo que solo pueden viajar si paga el trámite como si tuviera un vehículo estándar.

La negociación de un nuevo cupo

El Consell de Formentera ha debatido esta semana, en el marco del Consell d’Entitats, dos posibilidades: redistribuir el techo de vehículos actual o mantener el cupo de 2025. La discusión se produce tras meses de participación ciudadana y análisis técnico de la red viaria en los que se han comparado, entre otros documentos, los estudios de 2018 —pre Formentera.eco— y de 2025 de los que se desprende que se ha producido una reducción del tráfico del 14,4% (superando el compromiso inicial, determinan desde el Consell).

Si se comparan los estudios de 2018 —antes de la nueva normativa— y de 2025, se desprende que se ha producido una reducción del tráfico del 14,4% en la isla, según el Consell Insular

La primera opción, la más votada en enero, propone una redistribución progresiva del techo vinculada a los distintivos ambientales, con una cuota de 800 vehículos para trabajadores no residentes y un máximo de 1.000 turismos de visitantes, hasta un total de 10.355 vehículos. Mientras que la segunda alternativa, surgida de la Sectorial de Movilidad, plantea mantener el techo de 2025 para consolidar el escenario actual antes de aplicar nuevas reducciones. En este caso, el límite de turismos de visitantes sería de 1.732 y el techo total de 10.287 vehículos, sin diferenciación específica para trabajadores no residentes.

Las tres principales navieras que conectan Eivissa con Formentera —Trasmed, Baleària y GNV— se han mostrado a favor de excluir a residentes y temporeros del cupo de vehículos para las temporadas 2026-2027 y han sugerido que se incluyan criterios ambientales para vehículos con las etiquetas ‘0’ y ‘ECO’. Mientras tanto, Javier ya ha preparado un recurso completo para solicitar la correcta tramitación de la sanción de mil euros, así como la devolución de cualquier importe embargado de forma indebida. “Mi objetivo es que se reconozca la ilegalidad de las notificaciones previas y se me trate como corresponde”, concluye.

El coche fantástico (1982) marcó un antes y un después en la historia de la televisión, porque el mejor amigo del hombre no tenía forma humana, sino que se trataba de Kitt, un vehículo capaz de hablar, conducirse solo, hackear sistemas e incluso resolver problemas de lo más complejos. Esa era la idea con la que fantaseaban los creadores de la icónica serie, protagonizada por David Hasselhoff: un coche que lo solucionara casi todo. 

Y esa idea no se quedó en la ficción, sino que sigue viva en la actualidad, con compañías como Tesla, que ha comenzado a implementar su controvertido asistente de inteligencia artificial (IA) Grok de forma gratuita en los vehículos que comercializa en el mercado europeo. También los que se venden en nuestro país. 

Según ha confirmado la compañía del magnate Elon Musk en su cuenta de X, también de su propiedad, los países europeos que tendrán disponible Grok en los coches eléctricos serán Reino Unido, Irlanda, Alemania, Suiza, Austria, Italia, Francia y Portugal. El objetivo es ampliar la lista de esos países, recoge Europa Press. 

La compañía enmarca está decisión dentro de su estrategia de “mejora continua de su flota mundial y la experiencia de los propietarios con el tiempo”. Grok ya se encuentra disponible los Model X, Model Y, Model S y Model 3, aunque estos dos últimos dejarán de comercializarse en verano por parte del gigante del automóvil estadounidense. 

Para usar Grok, el conductor debe tener una suscripción de conectividad premium o una conexión Wi-Fi estable. La activación se realiza desde el lanzador de aplicaciones del coche o manteniendo pulsado el botón del micrófono del volante. La compañía estadounidense asegura que este sistema garantiza la privacidad del propietario, porque son conversaciones anónimas con Tesla y no están asociadas con el vehículo.  

Todo queda en casa de Musk 

Musk está construyendo un imperio y extendiendo su influencia en los sectores estratégicos. El empresario, hasta hace poco asesor del presidente estadounidense Donald Trump, encabeza Space X, dedicada a la fabricación aeroespacial y que actualmente desarrolla varios proyectos en colaboración con la NASA. 

El magnate tampoco rehúye el poderoso ámbito de la comunicación. Es el dueño de X, anteriormente conocida como Twitter, una red social que ha cambiado radicalmente desde su llegada. La plataforma ha pasado de ser una plaza para la conversación pública a un lugar donde proliferan los mejores de odio, sin ningún tipo de reprobación ni control. Ahí, los usuarios también tienen la oportunidad de utilizar Grok, el controvertido asistente de inteligencia artificial que ahora llega a los Tesla que se vendan en Europa. 

De hecho, Grok está bajo la lupa de la Comisión Europea (CE), que acaba de anunciar que amplía la investigación en curso iniciada en 2023 sobre el cumplimiento por parte de X de sus obligaciones en materia de gestión de riesgos de los sistemas de recomendación. Entre otras cuestiones, evalúa si la empresa veló por los riesgos relacionados con la difusión de contenidos ilícitos, como las imágenes sexualmente explícitas manipuladas. 

Volkswagen Navarra y las secciones sindicales de UGT y CCOO han firmado este jueves un acuerdo destinado a cumplir el programa productivo de 2026 y los próximos lanzamientos que la compañía tiene previstos este año. El acuerdo conlleva la conversión en indefinidos de 93 contratos de trabajo temporales ordenada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y descarta la aplicación de un expediente de regulación de empleo “en este momento”.

Además, el acuerdo permitirá fabricar las 262.217 unidades del programa productivo, que incluyen los coches adicionales solicitados por la Marca Volkswagen (16.100 en diciembre de 2025 y 5.870 en enero de 2026), según ha informado la compañía en una nota.

Para ello, la dirección y la mayoría del comité de empresa han acordado la modificación de los calendarios de trabajo de los trabajadores, para convertir en laborables las semanas 20 y 21 de 2026, siguiendo el esquema de trabajo establecido actualmente.

“La evolución que se ha venido constatando en Volkswagen Navarra durante los últimos años determina que en el presente año 2026 sea el año en el que se materialicen todos los esfuerzos realizados por la dirección y la plantilla para preparar la empresa para la fabricación conjunta de modelos eléctricos y de combustión”, dice el texto suscrito este jueves por la Dirección y las secciones sindicales de UGT y CCOO en Volkswagen Navarra.

En cuanto a los lanzamientos de nuevos modelos previstos este año, el acuerdo “permitirá realizar los contratos de trabajo necesarios para acometer con éxito su realización”. “En Volkswagen Navarra reforzaremos aún más nuestras prácticas de contratación, garantizando en todo momento la máxima transparencia y el estricto cumplimiento de la legislación vigente”, señala en una nota de prensa Friso Strahmann, director de Recursos Humanos de Volkswagen Navarra.

“Nuestro compromiso con el empleo estable y de calidad en Navarra ha sido y seguirá siendo un pilar fundamental de nuestra forma de trabajar”, ha remarcado. Según señalan desde la empresa, en los últimos cinco años la empresa “ha generado 1.240 contratos indefinidos, de los que 784 han sido gracias a la aplicación del contrato relevo manufacturero”.

Reactivación del contrato relevo

El acuerdo recoge la reactivación del contrato relevo manufacturero para el 2026, “que ha sido una herramienta clave en los últimos años para asegurar la entrada y salida de trabajadores de la plantilla de Volkswagen Navarra, apostando por una salida en las mejores condiciones para la plantilla y la apuesta por el talento joven y el rejuvenecimiento de la plantilla”.

Al respecto, la empresa ha indicado que cuenta con una bolsa de trabajo, “que actúa como puerta de entrada a nuestra compañía”. Tan solo su última apertura para recepción de candidaturas a finales de 2025 recibió más de 4.000 solicitudes.

Por otro lado, el acuerdo prevé “compensar la flexibilidad aportada por sus trabajadores con dos días de disfrute individual que se podrán disfrutar en los próximos meses”.

En cuanto a “mitigar el impacto” que conlleva la conversión en indefinidos de 93 contratos de trabajo temporales ordenada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el acuerdo “descarta la aplicación de un expediente de regulación de empleo (ERE) en este momento”.

Una vez finalizados los lanzamientos de 2026, la Dirección y los representantes de los trabajadores “evaluarán la adecuación de la situación a las necesidades productivas y de plantilla de ese momento, conforme al X Convenio Colectivo y a la legislación vigente”.

Los agentes forestales de La Rioja denuncian la excesiva antigüedad de los vehículos con los que realizan su trabajao. Y es que en las últimas horas se ha registrado un accidente mientras los agentes realizaban un contro rutinario de aprovechamiento forestal. El todoterreno volcado, un vehículo “con 18 años de antigüedad y sin bloqueo diferencial”. Afortunadamente no se han registrado daños personales.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves la puesta en marcha de “una nueva ayuda de movilidad eléctrica para autónomos y pequeñas empresas”. Se trata de una partida de 40 millones de euros que permitirá “la adquisición de vehículos electrificados, tanto en propiedad como en renting” de la que podrán beneficiarse “las empresas de menos de 10 empleados”, con unos importes de hasta 7.500 euros.

Durante su intervención en el Congreso Nacional de Industria, Sánchez ha anunciado además que se abrirá la segunda convocatoria de la Línea 1 del PERTE de Descarbonización Industrial, dotada con 330 millones de euros y que “en los próximos días”, el Gobierno lanzará “una gran convocatoria de innovación abierta”. “Liderado por la Escuela de Organización Industrial, junto al CDTI, este gran hackathon nacional busca atraer el conocimiento e investigación de nuestras universidades y centros tecnológicos, junto al talento disruptivo de nuestras startups, combinado con la capacidad de nuestra industria para abordar retos tecnológicos en el ámbito de la seguridad, la defensa y las tecnologías de doble uso”, ha dicho.

“Como la regulación, la mejor política industrial es la que sí existe”, ha dicho Sánchez, que ha considerado que el sector debe estar “al servicio de la mayoría social, de las empresas y del interés nacional y europeo”. El jefe del Ejecutivo ha anunciado que España ha dejado atrás “la reconversión industrial para emprender la reconstrucción industrial” del país. “España ha generado casi 200.000 puestos de trabajo en la industria desde 2018. La mitad de ellos, sólo en los últimos 12 meses: 2025 ha sido el mejor año para el empleo industrial en lo que llevamos de década. Superamos los 22,5 millones de ocupados por primera vez y hemos bajado del 10% de paro por primera vez desde 2008, y lo logramos con una economía productiva y saneada”, ha afirmado en el congreso que ha tenido lugar en Bilbao.

Sánchez ha afirmado que el Gobierno aspira “a regresar al club de economías donde la industria aporta el 20% del PIB”. “Y, por eso, vamos a seguir desplegando una política industrial, en colaboración con la empresa, que responde a tres grandes objetivos, alineados con los de la UE: ”reforzar la competitividad de nuestras empresas, seguir promoviendo la transición climática, un auténtico motor de nuestra prosperidad y “contribuir a la autonomía estratégica europea”.

Refiriéndose a las políticas de Donald Trump, Sánchez ha afirmado que “lo que está pasando al otro lado del Atlántico es el toque de atención” necesario para “tomar las riendas” del futuro. “Nuestra generación recibió un Estado del Bienestar en construcción y una industria muy debilitada. Ahora, nuestra obligación es culminar la reconstrucción industrial para legar a nuestros hijos ese modelo social y de progreso que nos hace únicos”, ha concluido.