El Ayuntamiento de València tiene instaladas en la actualidad 10 cabinas fijas de poste en las que la Policía Local sitúa aleatoriamente los radares móviles de control del tráfico. La instalación aleatoria radares en la ciudad está integrada dentro del plan director de seguridad vial y de actuación de la Policía Local para reducir a la mitad la siniestralidad con personas heridas graves y fallecidas.

Esta acción preventiva de seguridad vial se enmarca dentro del Plan Vector 2026-2030 del Ayuntamiento para conseguir reducir a la mitad los accidentes mortales y graves en este periodo. “La seguridad vial, y en especial la protección de los actores más vulnerables de la movilidad en València, como son los peatones, ciclistas y las personas que se desplazan en patines eléctricos, así como el refuerzo de la seguridad en la circulación de los barrios de la ciudad, es una prioridad para el actual gobierno municipal”, ha asegurado el concejal de Seguridad y Movilidad, Jesús Carbonell.

En noviembre de 2025, el Ayuntamiento adquirió dos cinemómetros efecto doppler multicarril con captación de imágenes y 6 cabinas fijas de poste, de manera que los cinemómetros pueden cambiarse de ubicación“. Anteriormente a esta fecha, la Policía Local disponía de 4 cabinas y 2 cinemómetros (radar).

Los emplazamientos de las cabinas y radares que han sido decididos por la Policía Local y por el área de Movilidad, son los siguientes: dos en la avenida de los Hermanos Machado, en el número 53, al cruce con la calle de Vicente Canet (sentido de entrada), y en el cruce con la calle de Sant Josep Artesà; en la avenida del Maestro Rodrigo a la altura del número 84, en el número 51 de la avenida Pío XII; en la avenida del Cid 61, en el Camí Nou de Picanya 49, en la avenida de Fernando Abril Martorell confluencia con Carrera de Malilla, en la avenida de López Piñero, en la avenida de Antonio Ferrandis (cruce con Pou Aparisi) y en la avenida de los Naranjos a la altura del número 8.

La función de estos radares, ha explicado el concejal de Movilidad y Policía Local, Jesús Carbonell, “es que sirvan para impedir altas velocidades en aquellas vías de la ciudad en las que se registra mayor siniestralidad”. “Con ello –ha añadido- pretendemos minimizar los accidentes, así como su gravedad”.

Campañas anuales

Esta actuación de la Policía Local mediante los radares viene reforzada con campañas específicas y planificadas durante todo el año, enfocadas a vigilar el consumo de sustancias psicotrópicas y alcohol, la vigencia de la ITV y el SOA de los vehículos, así como a prevenir las distracciones al volante por el uso de los móviles y auriculares, las infracciones en el estacionamiento, parada y circulación, y el exceso de velocidad mediante los 6 cinemómetros estáticos de cabina (radares) que están instalados de forma rotativa en las 10 cabinas existentes.

“Los puntos donde se están instalando las cabinas de poste son vías en las que en la mayoría de los tramos la velocidad no puede exceder de los 50Km/h o menos, pero donde muchas veces se circula a mayores velocidades. Con esta medida queremos disuadir a los conductores de que corran al volante, y así evitar atropellos y accidentes”, ha señalado Carbonell.

“La medida tiene como objetivo concienciar a los conductores de que el cumplimiento de las velocidades marcadas en cada una de las vías hace que nuestras calles y avenidas sean más seguras tanto para el peatón, como para el ciclista o para el propio conductor”, ha finalizado el concejal

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado la “falta” y el “deterioro” de la calidad de los uniformes de la Policía Local de Camargo. El sindicato ha criticado este viernes en un comunicado, la “absoluta falta de planificación y la dejadez” del Ayuntamiento de Camargo respecto a las condiciones materiales en las que presta servicio la Policía Local.

Considera “inadmisible” que, pese a existir un acuerdo vigente que obliga al Consistorio a suministrar la uniformidad durante el primer trimestre de cada año, “los agentes continúen acumulando carencias desde 2024 sin que el equipo de Gobierno (PP) haya sido capaz de dar una solución seria y definitiva”.

Una obligación, ha aseverado CSIF, que “se incumple de forma sistemática”, pese a las reiteradas reclamaciones realizadas tanto verbalmente como por escrito por parte de los representantes sindicales y de la propia plantilla.

Según ha destacado, esta situación alcanzó “uno de sus episodios más graves” cuando los 16 nuevos policías locales incorporados al municipio comenzaron su formación “sin disponer siquiera de los uniformes reglamentarios obligatorios”, una circunstancia que el sindicato ya denunció públicamente el pasado año y que calificó como “una imagen lamentable y propia de una administración totalmente desorganizada”.

“Lejos de solucionarse el problema persiste y, a día de hoy, como ejemplo, han sido otros compañeros quienes han tenido que prestar sus chubasqueros a los nuevos agentes para los días de lluvia”, ha censurado.

La organización sindical ha señalado que la Ley de Cantabria de Coordinación de Policías Locales “obliga expresamente” a los agentes a vestir el uniforme reglamentario y reconoce su derecho a disponer de vestuario y equipamiento adecuado, que debe ser facilitado por el Ayuntamiento.

“Es intolerable exigir profesionalidad y eficacia a los agentes mientras la administración incumple sus obligaciones más básicas”, ha apuntado el sindicado.

A la “falta de suministro” se suma, ha añadido CSIF, un “deterioro alarmante de la calidad” de la uniformidad entregada desde 2024.

Según el sindicato, estas prendas, “además de presentar diferencias visibles de color respecto al resto de la plantilla, carecen de membranas impermeables y transpirables certificadas y generan un ”efecto bolsa de plástico, provocando acumulación de sudor, fatiga térmica y pérdida de confort, con el consiguiente aumento de riesgos laborales y posibles problemas de salud para los agentes“.

El sindicato también pone en duda que las nuevas prendas “cumplan siquiera con los estándares mínimos de protección y alta visibilidad ”exigidos por la normativa europea, ya que “muchas carecen de etiquetados o certificaciones técnicas básicas”.

CSIF ha subrayado que “no se trata de una cuestión estética ni de preferencias personales, sino de seguridad y prevención de riesgos laborales”.

Ante esta situación, CSIF ha presentado un escrito en el que exige “responsabilidades” y la revisión “inmediata” de los pliegos de prescripciones técnicas de futuras licitaciones para “recuperar unos estándares de calidad acordes a las necesidades reales del servicio policial”.

La Junta de Personal del Ayuntamiento de Santander (formada por los candidatos electos de los sindicatos CSIF, UGT, SIEP, APLB-USO y CCOO) ha expresado a través de un comunicado su repulsa a “la campaña de desprestigio y enfrentamiento impulsada por el equipo de gobierno municipal contra los empleados públicos del Ayuntamiento” y ha exigido a la alcaldesa, Gema Igual, que rectifique “de inmediato” su actitud y muestre el respeto institucional que merece la plantilla municipal, respetando las investigaciones judiciales en curso “sin interferencias ni declaraciones irresponsables”.

Los miembros de la Junta de Personal del Consistorio han instado a que cese “la actitud de menosprecio respecto a los empleados públicos municipales y la búsqueda de enfrentamiento de la ciudadanía con los mismos” que, a su juicio, se está produciendo en “las constantes declaraciones de los miembros del equipo de gobierno y, especialmente, de la alcaldesa de Santander”.

Declaraciones inadmisibles de la alcaldesa

Los representantes de los trabajadores consideran “intolerable” que quienes tienen la obligación de defender y respaldar al personal municipal se dediquen a “alimentar un discurso de señalamiento y confrontación ante la ciudadanía”. Desde la Junta de Personal ponen el foco en “las recientes declaraciones de la alcaldesa -que tildan de ”inadmisibles- en un medio radiofónico, donde, lejos de defender a los trabajadores cuya Jefatura Superior ostenta, participó con una actitud complaciente en comentarios ofensivos y ataques gravísimos hacia la plantilla, compartiendo, con risas cómplices, los ataques que vertía el entrevistador contra el personal municipal“.

Desde la Junta de Personal han mostrado un rotundo rechazo a lo que consideran “acusaciones graves e irresponsables”, como las vertidas contra la Policía Local, de la que se llegó a decir que es “una organización enferma” que usa tácticas propias de la mafia italiana. Para los representantes de los trabajadores se trata de “unas afirmaciones intolerables que suponen un ataque directo al honor, la profesionalidad y la dignidad de los empleados públicos y que son solo una pequeña muestra de los reiterados desprecios que se denuncia”.

La Junta de Personal del Ayuntamiento de Santander ha añadido que “mientras en otras administraciones públicas, como el Gobierno de Cantabria, se reconoce y pone en valor el trabajo diario de sus empleados, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Santander opta sistemáticamente por desacreditar a su propia plantilla, ignorando además las gravísimas carencias estructurales que sufren los servicios municipales”.

Carencia de medios y puestos sin cubrir

Desde la Junta se incide en que “la alcaldesa parece empeñada en denostar la labor de su personal, pese a sus esfuerzos diarios de estos por realizar su labor a pesar de las gravísimas carencias de medios técnicos y humanos, y de contar con más de una cuarta parte de las plazas que conforman la plantilla sin cubrir”, una situación denunciada reiteradamente por la representación sindical y que el equipo de gobierno continúa sin solucionar, según aseguran.

Por todo ello, los representantes sindicales de la Junta de Personal han advertido de que “no van a permitir que se siga utilizando a los empleados municipales como cortina de humo ni como objetivo político para desviar la atención de los problemas reales de gestión que sufre el Ayuntamiento”.

Los sindicatos y un grupo de policías locales piden la readmisión “urgente” del jefe del Centro de Control de la Policía Local de Sevilla, encargado de la atención del 092 y de las redes sociales del cuerpo bajo el usuario Emergencias Sevilla. Las organizaciones tuvieron conocimiento del cese el viernes pasado después de que el Ayuntamiento hispalense responsabilizara al mando policial, A. B., de que no hubiera efectivos para atender el turno nocturno de un fin de semana. A pesar de lo esgrimido, CSIF y Sppm señalan que los trabajadores tenían una baja médica y, a causa de la infrafinanciación del servicio, no había operadores para atender las llamadas de las noches del 11 y 12 de abril.

El Ayuntamiento reitera a esta cabecera que “no se trata de un cese” ni tampoco de una degradación en el rango del profesional, ya que sigue cosntando como subinspector. Sin embargo, Luis Val, presidente de Sppme, discute que, aunque no lo quieran denominar como “cese”, ejerce las funciones desde el año 2023. “Tenía atribuciones temporales como jefe del Centro de Control, como muchas otros nombramientos caducados que hay en el cuerpo y para los que no se ha tomado ninguna medida”, critica. En todo caso, relaciona esta destitución con “una pugna” entre la administración y el cargo, quien “ha aportado sus conocimientos técnicos” en este periodo. Es más, el afectado acudió en marzo de este año al congreso internacional Local Security, en Barcelona como responsable del centro y recogió en nombre de la corporación local el premio USECIM por las buenas prácticas en seguridad pública.

Programas en proceso de implantación

“Cuando de un día para otro, sin explicación ni motivo, te dicen que te tienes que desplazar: es un cese”, determina Santiago Raposo, delegado de CSIF en la Policía Local de Sevilla, ya que el agente volverá a su puesto en el Distrito de Bellavista, donde tenía destinada su plaza. Entre las atribuciones del subinspector, la organización destaca que estaba dirigiendo la implantación de un nuevo programa de gestión en la Sala de Transmisiones y, también, la integración del servicio de emergencias 112 en el sistema informático, un proyecto que lideraba personalmente.

Al respecto, Raposo considera que la decisión se tomó “sin tomar ninguna consideración”, ya que el subinspector era el cargo “habilitado”, por lo que se pregunta cuáles serán las medidas que aplique la administración para garantizar ahora su correcto funcionamiento. “El concejal de Seguridad, Ignacio Flores, lleva tres años siendo un incompetente”, zanja. “No hay suficientes policías en el Centro de Control y las carencias se estaban supliendo con servicios extraordinarios”, detalla, “ahora bien, como no hay dinero, no hay efectivos y, si hay una o dos bajas, ya no hay personal para cubrir los puestos”. Entre los hechos y la decisión del Ayuntamiento ha pasado más de un mes, una cuestión que el sindicato atribuye a que se acusó al cargo cesado de facilitar una huelga encubierta: “Lo han responsabilizado”.

A raíz de lo sucedido, el representante de Sppme exige que, de la misma forma que se ha justificado el cese porque es una atribución temporal caducada, se debería aplicar en otros miembros de la corporación que están en las mismas circunstancias, “que se haga con todo el mundo”.

Un joven ha resultado herido grave tras ser arrollado por un tren, a la altura de un paso a nivel en La Pola, en el concejo asturiano de Siero, y quedar atrapado por una pierna, según ha confirmado este viernes a elDiario.es Asturias un portavoz del servicio de emergencias del 112 Asturias.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió un aviso del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) a las cuatro de la tarde. De inmediato se movilizó al Jefe de Bomberos de la Zona Centro junto a once efectivos de bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en los parques de La Morgal y San Martín del Rey Aurelio.

Tras solicitar el corte de la tensión eléctrica de la catenaria, la dotación trabajó conjuntamente con el equipo sanitario que se había trasladado para atenderle in situ.

Traslado al HUCA

Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), ha sido trasladado por la UVI Móvil de Oviedo al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo/Uviéu. En un principio, su estado es grave a expensas de su evolución.

La sala del 112 del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias ha dado traslado de este hecho tanto a la Policía Nacional y Policía Local, así como al SAMU que activó la UVI Móvil de Oviedo y la ambulancia de soporte vital básico y el equipo médico de atención primaria poleso.

Por el momento se desconocen las circunstancias por las que se produjo el accidente.

Cuatro noches y cinco tardes. Es el tiempo que según CSIF La Rioja ha estado cerrada la comisaría de Policía de Alaro. Desde la formación sindical denuncian “la grave falta de presonal, también en las comisarías de Santo Domingo de la Calzada o Nájera”.

Hace unos días se hacían eco de la falta de convocatoria de las plazas y el desmantelamiento, por parte del Ayuntamiento de Alfaro del cuerpo de policía. Hoy alertan “de la grave situación que esto esta ocasionando”. En concreto, aseguran que durante las noches del miércoles al sábado de la semana pasada, no había ningún efectivo de la Policía Local. “La escasez de personal hace que en cuanto se produce alguna situación inesperada como una baja, no hay personal disponible para cubrirla y se cierra la comisaría dejando a la población alfareña sin seguridad”. De hecho, “el sábado por la noche se produjo un robo en las instalaciones del polideportivo municipal y la ciudadanía y la desprotección de la ciudadanía es total”.

Una situación que se repite en otras localidades. “En Nájera, en muchas ocasiones solo hay un policía local trabajando y los mandos superiores les han ordenado no salir de comisaría a ningún servicio porque pondrían en peligro su seguridad. Las directrices son derviar estos casos a la Guardia Civil”. En Santo Domingo de la Calaza más de lo mismo. “Falta personal lo que impide organizar turnos de trabajo en los que, por lo menos, haya dos efectivos lo que genera situaciones de inserguridad para la ciudadanía proque solo hay un agente o incluso ninguno”.

Por todo ello, exigen que se refuercen las plantillas de la Policía Local en La Rioja, sobre todo, “en estas localidades en las que es evidente que la seguridad está en riesgo”. También piden que se convoquen las plazas necesarias para que estos cuerpos estén dotados con el personal necesario con los que poder turnos con el número de policías suficientes para poder actuar sin poner en peligro la seguridad ciudadana“.

La Policía Local de Talavera la Real ha puesto a disposición judicial a un conductor por un presunto delito contra la seguridad del tráfico al circular a 129 kilómetros/hora en una vía urbana de la localidad limitada a 50 km/h.

El suceso tuvo lugar el pasado 18 de abril en la avenida de Extremadura de Talavera la Real, cuando el vehículo fue captado por un radar ubicado en esta vía.

La Policía Local del municipio, en colaboración con la Guardia Civil, realizó las gestiones necesarias para identificar al conductor, sobre el que se han instruido diligencias por un presunto delito contra la seguridad vial.

Los hechos ya han sido remitidos a los juzgados de Instrucción de Badajoz.

El Código Penal castiga al conductor que supere en más de 70 km/h la velocidad permitida reglamentariamente en vía urbana a una pena de prisión de entre tres a seis meses y a una multa de seis a 12 meses, o a trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, así como a la privación del derecho a conducir por un tiempo entre uno y cuatro años. 

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha informado de que Carmen Delia Martín Mederos ha presentado este lunes, 4 de mayo, su petición de cese voluntario como jefa de la Policía Local, una decisión que se hará efectiva próximamente.

Así lo ha expresado un comunicado del Consistorio, donde el Gobierno municipal muestra su agradecimiento por los servicios prestados durante su etapa al frente del cuerpo de seguridad municipal desde el año 2019.

“Su dedicación, profesionalidad y compromiso con la seguridad ciudadana y la movilidad han contribuido de manera significativa al fortalecimiento de la Policía Local y a la mejora de la convivencia en el municipio”, destaca el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Martín, que cuenta con 34 años de experiencia en la Policía Local, se convirtió en 2019 en la primera mujer en ostentar el cargo de jefa en los 165 años de historia del cuerpo municipal de seguridad.

Por el momento, no han trascendido los motivos de la decisión ni quien asumirá el cargo tras su salida.

Sobre las 16:30 horas de este jueves se ha producido un aparatoso accidente en la calle Pino y Amorena de Logroño. Un coche ha chocado con una furgoneta. Fruto de la colisión, el vehículo ha volcado y la conductora ha tenido que ser rescatada por los bomberos. Afortunadamente, los dos conductores han resultado heridos leves.

Por la complicación del accidente, la Policía Local ha tenido que cortar la calle al tráfico para facilitar a los bomberos el rescate de la conductora del vehículo.

Y además, esta vez sobre las 15:00 horas, la calle Muro de la Mata en Logroño ha tenido que ser cortada al tráfico por el desprendimiento de una cornisa.

El Comité de Empresa de Unauto, concesionaria que presta el servicio de transporte público en la ciudad de Toledo, ha mantenido una reunión con el concejal de Movilidad, Transportes, Personal y Régimen Interior en el Ayuntamiento, Iñaki Jiménez, y ha propuesto la necesidad de limitar o reducir la circulación de autobuses hasta la plaza de Zocodover durante fines de semana concretos o en momentos de alta afluencia.

La propuesta llega, según explican, “debido a las aglomeraciones que se generan en esta zona, caracterizada por aceras estrechas y riesgos potenciales para la seguridad de peatones y trabajadores”.

Para ello solicita la creación de un calendario de fines de semana que permita la subida de autobuses a Zocodover hasta las 11 de la mañana para dar servicio a las personas trabajadoras, y después de esa hora trasladar la cabecera a la Ronda del Granadal y a Gerardo Lobo, según ha informado el comité de empresa.

El encuentro ha servido para trasladar tanto al Consistorio como a la Policía Local una serie de propuestas que, según dicen, están destinadas a mejorar el servicio, hacerlo más operativo y garantizar la seguridad para conductores, usuarios y peatones.

Los atascos, esperas y aglomeraciones ya son diarios

Lo cierto es que las aglomeraciones no se producen solo durante el fin de semana. Ayer miércoles, según pudo constatar este medio, la alta afluencia en la parada de autobuses de la plaza de Zocodover en el periodo horario entre las 14 y las 15 horas provocó largos tiempos de espera y la llegada de hasta cuatro autobuses de la línea 5, que une el centro con Santa Bárbara o dos autobuses 61, en dirección al barrio de Santa María de Benquerencia, en la parada al mismo tiempo para tratar de absorber la gran demanda. Durante ese periodo no circuló ni un solo autobús 62, también en dirección al barrio del Polígono que también había acumulado una elevada cantidad de viajeros que usan ese servicio, que tiene paso además por el Hospital Universitario de Toledo. En ciertos momentos, las colas generadas por los propios autobuses, atascados, en el giro desde la otra parada frente a la puerta del Museo del Ejército llegaron a generar cierto caos circulatorio en un lugar estrecho y repleto de turistas.

A esa hora, tanto quienes están de visita en la ciudad como los estudiantes y los trabajadores que terminan su jornada suelen darse cita en la plaza de Zocodovar y las largas colas y espera son habituales.

En paralelo, los atascos en la vía que une el centro con el barrio del Polígono donde se concentra a esa hora la salida de las fábricas, de los funcionarios que trabajan en la zona y de los empleados del hospital en pleno cambio de turno, junto a las obras en el parque de Vega, que concentran otros atascos añadidos, dificultan todavía más la llegada de los autobuses hasta Zocodover, convirtiendo el centro neurálgico de la ciudad en una auténtica ratonera a esa hora en particular y las protestas de la ciudadanía son habituales.

Se propone abrir la valla de Bisagra a los autobuses

Durante la reunión de hoy también se ha propuesta la apertura de la valla de la Puerta de Bisagra para los autobuses, evitando el giro, “con el fin de mejorar la fluidez del tráfico y facilitar el acceso y salida de los vehículos de transporte público”.

En materia de seguridad, y para cumplir con estas propuestas, se solicita un mayor control policial tanto en la zona de estacionamiento y circulación de autobuses como en Zocodover, reforzando la presencia de agentes en momentos de mayor tránsito de viajeros.

Desde el Comité también se pide intensificar el control sobre los vehículos de transporte con conductor (VTC) ya que, en numerosas ocasiones, señalan, estacionan de forma indebida, dificultando el tráfico y la operativa del transporte público.

Igualmente, se reclama una mayor vigilancia en las paradas, especialmente en lo relativo a las operaciones de carga y descarga, que en ocasiones interfieren con el normal funcionamiento del servicio.

Por otro lado, insta a prohibir el acceso de patinetes eléctricos al transporte urbano por motivos de seguridad, tanto para los usuarios como para los trabajadores.

Por su parte, el concejal de Movilidad, Iñaki Jiménez, ha propuesto disponer de la figura de los inspectores de autobuses para resolver las cuestiones y conflictos que surjan con los pasajeros durante el trayecto de las diferentes rutas.

El Comité de Empresa de Unauto reitera su disposición al diálogo con las administraciones competentes para avanzar en la mejora continua del transporte urbano de Toledo, en beneficio de la ciudadanía y de los profesionales del sector.

CSIF denuncia el desmantelamiento del cuerpo de policías por parte del Ayuntamiento de Alfaro. Y es que aseguran que el Consistorio alfareño no ha solicitado al Gobierno de La Rioja que publique la convocatoria de plazas para cubrir las vacantes. “Es una dejadez intencionada de sus funciones”.

En concreto, el Gobierno de La Rioja publicó el 24 de febrero en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR) una resolución de la Consejería de Salud y Políticas Sociales por la que se convocó el procedimiento unificado de movilidad y pruebas selectivas para la provisión de plazas vacantes en los Cuerpos de Policía Local de distintos municipios de la Comunidad Autónoma.

El proceso selectivo, por el sistema de oposición libre, contemplaba plazas en los siguientes municipios: Policía Local de Logroño (25), Calahorra (6), Arnedo (5), Haro (5), Nájera (1) y Santo Domingo de la Calzada (1). A estas plazas se sumará previamente el procedimiento de movilidad, que reserva un 20 por ciento de las vacantes en cada ayuntamiento para este sistema, conforme a la normativa vigente. Las plazas pertenecen a la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local, categoría Policía, grupo C, subgrupo C1.

Y “curiosamente” desde el Ayuntamiento de Alfaro no han solicitado ninguna cuando “hay policías temporales y de prácticas. La plaza de Oficial de Policía resultó desierta y la plaza de Jefe de Policía Local también. Esta última cubierta desde hace años de forma accidental, por lo que el Ayuntamiento podría haber solicitado incluir estas plazas en la convocatoria”

Desde la formación sindical se han puesto en contacto con el Ayuntamiento de Alfaro y solicitó información a la concejala de Personal “autoridad responsable de estos temas quien aseguró no tener conocimiento de este asunto”. Y es que, “la persona que se ha encargado de este asunto, aunque no es propio de su cargo, ha sido la técnica de personal del Ayuntamiento de Alfaro, curiosamente, pareja del actual jefe accidental de la Policía de Alfaro, plaza que no se ha incluido en la convocatoria de plazas vacantes”.

Y para la formación sindical este modo de actuar refleja el “el nulo interés del Ayuntamiento de Alfaro de sacar estas plazas a convocatoria pública y el desmantelamiento del cuerpo de policías así como la falta de dignificación del trabajo de este cuerpo”.

El Área de Investigación de la Guardia Civil de Seseña, en colaboración con Policía Local de la localidad, ha detenido a cinco personas, como presuntas autoras de los delitos de pertenencia a grupo criminal y diversos delitos de hurto en las localidades de Seseña y Esquivias en la provincia de Toledo y en la localidad madrileña de Torres de Alameda.

Las investigaciones se iniciaron tras el aumento de delitos contra el patrimonio y hurtos al descuido cometidos entre los meses de febrero y marzo en farmacias y supermercados de estas localidades. Tras el análisis de los datos, los investigadores dieron comienzo a la denominada operación 'Higia 36', comprobando como los hurtos se cometían siguiendo el mismo modus operandi.

Los presuntos autores actuaban de manera organizada, mientras unos distraían la atención de los empleados, otros aprovechaban para hurtar de las estanterías los productos de mayor valor.

El pasado 16 de abril se procedió a la detención de cinco personas afincadas en Seseña, a las que se les atribuye un delito de pertenencia a organización criminal y 10 delitos de hurto al descuido. Todos los detenidos contaban con antecedentes previos por hechos similares. Gracias a la rápida investigación realizada por los agentes responsables los bienes sustraídos solo alcanzaron el valor de 2.000 euros.

El plan Ceres 2.0. centrado en la Sagra

Desde finales del pasado mes de marzo, la Comandancia de Toledo ha reforzado sus capacidades con la puesta en marcha del plan Ceres 2.0, una operación policial orientada a reforzar la seguridad y la capacidad de respuesta en distintas zonas de la provincia de Toledo, especialmente en la comarca de la Sagra.

Este refuerzo permite intensificar las labores de vigilancia y prevención, mejorar la capacidad de reacción ante cualquier incidencia y aumentar la eficacia en el desarrollo de los dispositivos operativos, ha informado la Guardia Civil.

La Operación Ceres 2.0 tiene como finalidad consolidar un entorno de mayor seguridad, tranquilidad y confianza para los ciudadanos, reforzando la presencia de la Guardia Civil y su cercanía con la población en las zonas de actuación.

La mujer de 70 años que fue hallada con un disparo en la cabeza en la cama de su dormitorio, en la localidad de Columbiello, en el concejo asturiano de Lena el pasado fin de semana, continúa en estado grave ingresada en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo. Su marido, Félix G., de la misma edad, se encontraba muerto a su lado cuando la pareja fue localizada por un familiar al que la mujer pudo avisar momentos después de intentar acabar con su vida en lo que, según los primeros indicios, podría ser un suicidio pactado.

En un principio, la Guardia Civil de la Zona/Comandancia de Asturias ha descartado la intervención de terceras personas, así como que se trate de un caso de violencia de género.

Alertaron a un familiar

Los hechos se descubrieron sobre las 10 de la mañana del pasado sábado cuando un primo del matrimonio alertó a los servicios de emergencias de la llamada que acababa de recibir de la mujer para que se desplazara hasta el chalé familiar. Una vez dentro, este familiar halló muerto al hombre y herida muy grave a la mujer.

Agentes de la Guardia Civil, Policía Judicial y Policía Local de Lena se trasladaron hasta el domicilio donde nada se pudo hacer por salvar la vida del hombre, mientras que la mujer pudo ser estabilizada por el equipo médico de una UVI-móvil que le atendió en el mismo lugar. Ante la gravedad de su estado, acordaron su traslado al Huca, donde permanece internada.

Problemas económicos

El hombre, Félix G., era constructor y había nacido en Mieres. Su mujer, Irene G., es natural de Pola de Lena. El matrimonio residía en la localidad lenense desde hace 15 años.

Según las primeras investigaciones, el chalé del matrimonio tenía pendiente de ejecutar una orden de desahucio y, esta circunstancia, unida a los problemas de salud podrían haber sido determinantes en la decisión de la pareja.

Agentes de la Policía Local de València interceptaron el miércoles un autobús de turistas cuyo conductor dio positivo en cocaína. Los agentes del Marítimo detectaron el consumo de drogas en un control rutinario en la Avenida Tarongers, junto a la rotonda de la Avenida de Cataluña.

Se trata de un control que se enmarca dentro del refuerzo de inspecciones sobre transporte público en general, VTC, taxis y autobuses. Durante la actuación, informan fuentes municipales, se procedió a la verificación de la documentación de un autocar, cuyo conductor fue sometido a una prueba de detección de sustancias tóxicas y estupefacientes, arrojando un resultado positivo en cocaína. El conductor fue sancionado con mil euros de multa y la retirada de seis puntos en el carnet de conducir.

En ese momento, el vehículo no transportaba pasajeros, aunque se encontraba completamente cargado de equipajes. El conductor estaba a la espera de recoger a un grupo de 25 turistas de nacionalidad china, a quienes había dejado previamente visitando el centro histórico de la ciudad.

Como consecuencia, el autocar quedó inmovilizado y los turistas fueron trasladados en taxis hasta Benicàssim. La empresa propietaria del vehículo, con sede en Albacete, envió al día siguiente a otro chófer para hacerse cargo del autobús.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP) ostenta la jefatura de la Policía Local —como del resto de funcionarios públicos municipales— pero el conflicto que mantiene con el colectivo de 262 agentes de este cuerpo policial no ha hecho más que crecer desde septiembre de 2025, cuando los sindicatos comenzaron a hacer pública la falta de cumplimiento del equipo de gobierno del Partido Popular en compromisos salariales adquiridos previamente. Siete meses después, los policías se han manifestado esta misma semana frente al Parlamento de Cantabria, donde Igual ejerce como diputada, y ella les respondió en su siguiente comparecencia pública: “Me encantaría pagar mejor a la Policía, pero tendría que subir impuestos”. Tras esto, advierten ahora que habrá, por lo menos, cuatro protestas más en su contra.

La próxima concentración, anuncian fuentes sindicales, será el jueves 30 de abril en el pleno y en la plaza del Ayuntamiento de Santander. Después tienen previsto regresar al antiguo Hospital de San Rafael, sede del Legislativo, para protestar en el Día de los Funcionarios (22 de mayo), e incluso para la inauguración prevista de Faro Santander, el nuevo museo del Banco Santander, que será en septiembre.

La Policía Local de Santander representa, ahora mismo, un tercio de la plantilla en activo del Consistorio. Esta permite a los agentes cierta posición de poder como masa laboral que explicaría por qué la alcaldesa sistemáticamente responde a las declaraciones sindicales, protestas o medidas de presión impopulares, como el aumento de multas, que ella misma hizo público tras semanas de especulaciones.

El viernes pasado, la alcaldesa dijo, tras consultar, que la Intervención General del Estado considera que el incremento salarial de la Policía Local “no estaba bien justificado”, porque puede elevar la masa salarial de los funcionarios municipales hasta hacerla “excesiva”, cuando “el Ayuntamiento lleva trece años sin subir impuestos”, según su criterio. Tres días después, los integrantes de la Policía rpotestaron en el Parlamento y exigieron directamente la dimisión de Gema Igual. Ella reaccionó el martes ante los medios diciendo que prefería “volver a negociar”, antes que pagar un complemento pendiente.

El Ayuntamiento debería de tener una plantilla de 1.303 empleados públicos, pero los sindicatos calculan que hay 462 plazas sin cubrir actualmente. Esta situación convierte a la Policía Local en un colectivo con gran capacidad de presionar, hasta ahora con éxito relativo: este miércoles han empezado a cobrar atrasos correspondientes a 2025, según ha podido confirmar elDiario.es.

Dos meses para un acuerdo, dos años sin pagarse

El pago de un complemento que reivindican los agentes viene de hace dos años, en abril de 2024, que Ayuntamiento de Santander y sindicatos firmaron el cobro del complemento destino —que es un pago según nivel de responsabilidad— tras una negociación de dos meses. Ese trámite, aunque llevara años de demanda sindical, fue rápido. Pero no se hizo ni se ha hecho efectivo. Y tras año y medio de espera, a partir de septiembre de 2025, la tensión pública entre los agentes de la Policía Local y la alcaldesa se volvió evidente.

Junto con el complemento de destino, los agentes reclamaban el cobro del plus de Nochebuena y Nochevieja —aún sin abonar— y el pago de los atrasos que acaba de resolverse este miércoles. Entonces, los agentes arrancaron con las medidas de presión como la no ejecución de horas extraordinarias —que se mantiene por el retraso sistemático en su pago, defienden fuentes sindicales— , una protesta inédita en el brindis de Navidad y con un 'exceso de celo' en las multas, que la alcaldesa aseguró que se habrían multiplicado por ocho. En 2026, la Junta de Personal exigió la dimisión de dos altos cargos de Recursos Humanos, que el Ayuntamiento rechazó.

En marzo, el suceso de El Bocal, en el que fallecieron seis jóvenes tras el colapso de una pasarela, provocó un efecto cascada: una agente de la Policía Local recibió un aviso del mal estado de la estructura el día antes, pero no transmitió la información y pasó a ser investigada por la jueza instructora; la alcaldesa cargó toda responsabilidad institucional en ella bajo la lógica de que “había fallado la cadena de respuesta” y esto exhibió el sistema informático básico con el que trabaja el Centro Coordinador de la Policía Local en Santander.

Después de la tragedia, mientras avanzaba el proceso judicial, los sindicatos de Policía Local abogaron por mantener un perfil bajo, hasta que en abril —dos años después del acuerdo del complemento de destino— han retomado las protestas, con la demanda de una policía unificada en Cantabria, con protocolos de actuación y coordinación conjuntos. Fuentes sindicales advierten ahora de que en Santander trabajan con chalecos antibalas “caducados” y que hay agentes que directamente carecen de ellos. Aseguran que, pese a haber cobrado los atrasos de 2025, “es de los últimos ayuntamientos en hacerlo efectivo”.

En la protesta del lunes frente al Parlamento, en la que no coincidieron con la diputada y alcaldesa Gema Igual, que demoró su llegada a la Cámara, los agentes recordaron, mientras pedían su dimisión, que tras obtener la mayoría absoluta en 2023, se aumentó el sueldo: “Llega a acuerdos en 2024 y en 2026 dice que no son legales, aunque los hayan firmado los concejales y el director de Recursos Humanos”, cuestionan fuentes sindicales respecto a un acuerdo al que ha tenido acceso elDiario.es “Después sale diciendo que ha quitado un 52% de deuda, pero a base de dejar la ciudad abandonada y a sus trabajadores también”, advierten para sintetizar un enfrentamiento inconcluso y del que se esperan nuevos episodios próximamente.

La Policía Nacional ha detenido en Ciudad Real a cuatro personas como presuntos autores de delitos contra la flora y la fauna y maltrato animal, al localizarse en el vehículo en el que viajaban una decena de erizos con lesiones traumáticas causadas con un objeto contundente.

Los hechos se descubrieron cuando la Policía Nacional, en colaboración con la Policía Local, detectaron un vehículo que circulaba realizando maniobras extrañas en una zona de ocio de la capital.

Los agentes le dieron el alto e identificaron a sus cuatro ocupantes, los cuales mostraban en todo momento una actitud evasiva y desafiante ante los agentes. En el registro del vehículo hallaron, en el suelo de la parte posterior, una bolsa de plástico con una decena de erizos con restos de sangre y un martillo, presumiblemente utilizado para golpear a los animales.

En el maletero del vehículo viajaba también un perro de raza Braco alemán, posiblemente también utilizado para la caza de los erizos, el cual viajaba en condiciones inadecuadas de ventilación.

Traslado a un centro veterinario de urgencias

Los agentes trasladaron a los erizos a un centro veterinario de urgencias, donde fueron atendidos de las lesiones, y posteriormente fueron trasladados al centro de recuperación 'El Chaparrillo', donde se recuperarán hasta que puedan ser reintroducidos en su hábitat natural.

La efectiva labor y coordinación desempeñada entre la Policía Nacional y la Policía Local logró salvar la vida de estos animales, especie de “interés especial” en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla la Mancha.

La Policía Nacional ha abierto una investigación en torno a la muerte de un agente de la Policía Local de Granada cuyo cadáver ha sido encontrado este jueves en la Jefatura ubicada en la zona de Huerta del Rasillo en la ciudad.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes municipales, que han detallado que el cuerpo sin vida del agente municipal ha sido hallado en una zona común de la referida oficina, probablemente el baño, con un impacto de bala, al parecer, causado por su propia arma reglamentaria.

El suceso ha causado una gran consternación entre los agentes del cuerpo municipal de seguridad compañeros del policía fallecido, un varón de 51 años. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación de lo sucedido.

La Agencia Valenciana Antifraude recomendó en su último año de actividad revisar de oficio tres permutas de agentes de la Policía Local en las que se denunciaban pagos por las plazas. El organismo de prevención del fraude en la Administración pública cerró tres expedientes en 2025, correspondientes a sendas denuncias realizadas en los años 2022 y 2023, en los que se advertía de una presunta retribución entre los agentes que intercambiaban sus puestos de trabajo.

Las tres denuncias advierten sobre prácticas similares: agentes cercanos a la jubilación que cambian los puestos y en los que se dan supuestos pagos. Generalmente, como ya informó elDiario.es, un agente más joven que trabaja en un municipio pequeño busca intercambiar su plaza con otro que lo hace en grandes ayuntamientos, con el de València como uno de los destinos más atractivos. En una de las denuncias se señala un supuesto pago de 27.500 euros y las tres apuntan a un presunto fraude de ley por menoscabar el acceso a la función pública u omitirse en los informes técnicos la normativa correspondiente. El organismo no entra a valorar si se produjeron los pagos, dado que excede de sus competencias, como ha venido informando elDiario.es, sino que aborda si los expedientes fueron correctos. 

La permuta, una fórmula especial de movilidad de los funcionarios, requiere autorización de los dos Ayuntamientos que 'intercambian' a los empleados públicos. A priori, estos deben argumentar las razones que justifican la permuta y cumplir una serie de requisitos; un asunto que, hasta la fecha, no se cumple de manera común. Los requisitos de las permutas de la Policía Local en la Comunitat Valenciana también están regulados por ley. Entre ellos, se establece que los agentes deban estar al menos un año en servicio activo y que no haya una diferencia de edad superior a cinco años entre permutados.

Antifraude recomendó en los tres expedientes cerrados durante el pasado año que en los acuerdos municipales se incluya “expresamente la obligación de cumplir los requisitos” previstos en la ley, y que se “exterioricen las razones de interés público que aconsejan su utilización o de que no existen razones o necesidades del servicio que la desaconsejen”. El organismo no entra a valorar si se produjeron los pagos, dado que excede de sus competencias, como ha venido informando elDiario.es, sino que aborda si los expedientes fueron correctos. La Agencia tampoco publica en sus resoluciones datos que permitan identificar a los consistorios a los que se dirige la recomendación aunque, según pudo saber elDiario.es a tenor de los informes, en uno de estos casos se dirige al Ayuntamiento de València. El consistorio de PP y Vox apuntó al Síndic de Greuges que ha congelado las permutas y las limita a casos de conciliación.

Un informe al Consell Jurídic Consultiu

Para adoptar las resoluciones, el organismo de prevención de la corrupción pidió al Consell Jurídic Consultiu un informe sobre las normas de aplicación a los policías locales en el territorio. En la Comunitat Valenciana existe una ley de Coordinación de Policías Locales propias y ha habido diferentes interpretaciones con la Ley de Función Pública, como sucede en los casos de jubilaciones forzosas.

En su petición, que data de febrero de 2025, el organismo que dirige Eduardo Beút expuso al órgano asesor que“se han presentado numerosas alertas relativas a la presunta existencia de conductas contrarias a los principios y normas que regulan la provisión de puestos mediante permuta, en concreto en relación con puestos de personal adscritos al cuerpo de Policía Local (…)”. Añade, según el extracto que se recoge en el dictamen, que en los últimos años se ha producido “un incremento considerable en la presión a la tramitación de permutas entre agentes de la policía local en ámbito de la Comunidad Valenciana en los cuales y en la mayoría de casos uno de los policías procede a su jubilación casi inmediatamente después a la autorización de la permuta”. Esta circunstancia, prosigue el texto, “ha sido objeto de numerosas alertas indicando un presunto fraude de ley de las mismas al suponer un menoscabo en el acceso a la función pública por turno libre o movilidad al resto de aspirantes cuando no se cumplen los citados requisitos, por lo que se considera de relevancia la cuestión y se considera conveniente elevar consulta al Consell Jurídic Consultiu de la Generalitat Valenciana”.

Al órgano consultivo se le planteó una consulta genérica sobre si eran de aplicación o no algunos artículos de la Ley de Función Pública relativos a las permutas, para determinar si proceden o no las revisiones de oficio. El Jurídic apuntó que se deben analizar caso a caso, y recogió que, en las permutas, “no es suficiente con que ambos funcionarios reúnan los requisitos expuestos, sino que debe ponderarse el interés público y del servicio y no solamente el interés particular de los funcionarios interesados. En todo caso, entendemos que no es obligada la concesión de la permuta y que la Corporación Local deberá motivar la decisión que adopte, atendiendo a razones de interés público y el correcto desarrollo del servicio”. Algo que, en estos tres casos, no se cumplió.

El portavoz municipal de Cáceres, Ángel Orgaz, ha anunciado este viernes que el ayuntamiento reconoce el derecho a la asistencia jurídica de dos agentes de la Policía Local que resultaron lesionados durante un operativo de control de alcohol y drogas realizado en la ciudad.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado 22 de febrero, cuando un vehículo que se aproximaba a un control situado en la zona de la plaza de Hernán Cortés realizó una maniobra brusca y antirreglamentaria para evitarlo, iniciando la huida del lugar, según el relato del portavoz tras la Junta local de Gobierno.

Una patrulla de apoyo en vehículo camuflado activó los dispositivos luminosos para interceptar el turismo en la avenida Clara Campoamor, en el centro de la ciudad, donde se ubican varios edificios administrativos, si bien el conductor no se detuvo y acabó embistiendo frontalmente al vehículo policial. Como consecuencia del impacto, los dos agentes resultaron heridos y tuvieron que ser trasladados a un centro sanitario para recibir atención médica.

El conductor implicado, que según el Ayuntamiento carecía de permiso de conducción, dio además positivo en drogas y mantuvo una actitud agresiva durante la intervención policial.

Ante estos hechos, el consistorio ha confirmado que se garantiza la defensa legal de los agentes al tratarse de una actuación en el ejercicio de sus funciones, conforme a la normativa vigente y al convenio municipal.

La asistencia jurídica se enmarca en los protocolos de protección a los miembros de la Policía Local cuando actúan en el desempeño de su servicio público.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha hecho balance este lunes de la Semana Santa de la ciudad destacando la “buena planificación” del dispositivo puesto en marcha por el Ayuntamiento y que ha concluido “sin incidencias reseñables”.

En una entrevista radiofónica en Canal Sur Radio, ha destacado las “cifras récord” de viajeros de Tussam y ha subrayado la “gran afluencia de público y turistas”. En este sentido, ha puesto en valor los datos ofrecidos por los sensores que median la cantidad de público en tiempo de real en varias vías del centro.

Según estos datos, los días que más afluencia de público se registró, gracias a los sensores, fueron, por este orden: Madrugada, Jueves Santo, Miércoles Santo y Domingo de Resurrección. A las 3:00 de la madrugada del Viernes Santo se registró el récord de público contabilizado con los sensores.

Durante el dispositivo, el Consistorio ha intervenido 300 'sillitas'. Preguntado por ello en una entrevista este lunes en la Cadena Ser, Sanz ha asegurado que “gracias al trabajo de retirar y la tarea pedagógica, se ha ido a mejor”. “Creo que efectivamente las sillitas suponen un auténtico peligro en algunos cruces concretos del casco histórico de la ciudad”, ha afirmado.

Una “discrepancia sin importancia”

Preguntado por el incidente entre la Policía Local y la cofradía del Santo Entierro, el alcalde, que formaba parte del cortejo de la hermandad como otros representantes civiles, ha calificado el asunto como “una discrepancia sin más importancia”.

La Policía denunció a un responsable de la hermandad del Santo Entierro durante el transcurso de la procesión el pasado Sábado Santo por “desobedecer las órdenes de los agentes”. La corporación ha calificado la actitud policial como “desproporcionada”.

Por su parte, Sanz ha defendido la actuación de la Policía Local ante la importante afluencia de público en el cruce de la avenida de la Constitución con la calle Alemanes, que se “agravó por el retraso en la jornada”. “Con buen criterio creo, decide desalojar, darle un poquito de salida a esa acumulación que se estaba produciendo en ese punto concreto”, ha afirmado en Canal Sur Radio.

Por otro lado, Sanz también se ha pronunciado sobre la botellona registrada en el barrio del Heliópolis al paso de la hermandad de La Misión durante el Viernes de Dolores. Preguntado por ello en la Cadena Ser, el alcalde ha indicado que se está investigando “si hubo una quedada en redes” y ha señalado que fue “un fallo de previsión”. “El año que viene le garantizo que la hermandad no tendrá ningún problema a su paso por ese mismo punto”, ha destacado.