Los temarios de pruebas de acceso para ser policía local en Castilla-La Mancha incorporarán cuestiones sobre la igualdad de trato y la no discriminación del colectivo LGTBI. Es una de las novedades que incorpora un decreto de la Consejería de Administraciones Públicas mediante la que se modifica el reglamento de la Ley de Coordinación de Policías Locales en esta comunidad autónoma.

Según el texto, publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), el nuevo decreto establece como obligatorio incluir este tema en los programas de acceso a todas las categorías de los cuerpos de la Policía Local, que convocan los ayuntamientos.

En realidad, la modificación se realiza para adaptar el reglamento a la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI aprobada en febrero de 2023.

Este contenido se integrará dentro de la “parte especial” del temario, junto a otras materias como igualdad de género, derecho penal, y tráfico y seguridad vial. Además, la obligatoriedad de estudiar esta materia afectará a los procesos selectivos de todos los rangos: policía, oficial, inspector, subinspector, intendente y superintendente.

El objetivo de esta medida, según indica el decreto, es mejorar la regulación actual y asegurar que los futuros agentes cuenten con la formación necesaria en materia de derechos y no discriminación.

Se elimina la prueba de idiomas

La nueva regulación incorpora además otras novedades, como la eliminación definitiva de la prueba de idiomas en los procesos selectivos. En una modificación anterior de 2022, esta prueba ya había pasado a ser voluntaria para los ayuntamientos que convocaran plazas de policía local y no eliminatoria para las personas aspirantes.

Ahora, se ha constatado que las convocatorias efectuadas desde dicha modificación han dejado de incluir la prueba, lo que ha llevado a su supresión formal en el reglamento actual. El objetivo es “simplificar los procedimientos de selección”, eliminando trámites que “no se consideran imprescindibles” para valorar el mérito y la capacidad de los aspirantes.

También se elimina la entrevista personal como parte de la prueba psicotécnica en los procesos de acceso, de manera que este examen sea “lo más objetivo posible”.

Cómo será la prueba psicotécnica

De esta forma, la prueba psicotécnica se compondrá exclusivamente de dos test: uno de inteligencia general y aptitudes, y otro de personalidad y capacidades. No obstante, este examen sigue manteniendo su carácter obligatorio y eliminatorio.

Finalmente, la reforma del Reglamento incorpora cambios específicos en lo relativo a la uniformidad, principalmente centrados en la identificación y el uso de emblemas. Por ejemplo, incorpora la homogeneización de la placa que exhiben los agentes para que sea similar a la de otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La única diferencia será el emblema del municipio, que también debe figurar obligatoriamente en el brazo izquierdo del uniforme.

Los cambios en el Reglamento entrarán en vigor a los veinte días desde su publicación hoy en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un plazo para que los ayuntamientos y se adapten a las nuevas normativas antes de que sean de aplicación obligatoria.

El mes pasado, UGT La Rioja denunció la eliminación del complemento de disponibilidad que venía regulado en el acuerdo de funcionarios del Ayuntamiento de Lardero y que ha desaparecido con la aplicación efectiva de la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) en la nómina correspondiente al mes de mayo de 2026. Y entre los funcionarios perjudicados, la Policía Local que ya ha manifestado “su profundo desacuerdo con la gestión realizada tras la entrada en vigor de la nueva Relación de Puestos de Trabajo”. Este miércoles, la denuncia va más allá porque según la formación sindical asegura que “el Ayuntamiento de Lardero ha comenzado a nombrar servicios extraordinarios mediante decreto de Alcaldía tras la eliminación del complemento de disponibilidad para su plantilla tras la aplicación de la nueva Relación de Puestos de Trabajo”. Una medida que obliga a los agentes de la Policía Local a trabajar en sus días de descanso y, sin embargo, “ya no perciben el complemento de disponibilidad que compensaba esa obligación. Los policías realizan el mismo trabajo, asumen las mismas responsabilidades y sin cobrar la compensación por la disponibilidad”.

Y esta decisión para UGT incumple el “acuerdo-convenio que regula las condiciones laborales de la plantilla municipal y además supone un nuevo recorte de derechos para los trabajadores afectados porque el Ayuntamiento de Lardero mantiene las mismas necesidades de servicio, pero ha eliminado la compensación económica que percibían los agentes cuando debían acudir a trabajar fuera de su jornada ordinaria”.

“Falta de efectivos”

Y la situación es más “preocupante” aún porque aseguran que faltan efectivos. Según UGT, el Ayuntamiento de Lardero rechazó presupuestar y convocar una plaza que ya estaba catalogada. Tampoco la incluyó en la oposición conjunta de la Policía Local que se celebrará en septiembre. Una decisión que “impide reforzar la plantilla y obliga a recurrir a servicios extraordinarios para cubrir las necesidades del servicio”.

Esta forma de actuar “perjudica el descanso de los agentes y dificulta su conciliación personal y familiar porque los policías no pueden planificar sus días libres ya que pueden ser llamados a trabajar por decisión unilateral del Ayuntamiento”. Toda esta situación ha generado una situación de “malestar” entre la plantilla y está “afectando a la seguridad del municipio porque en algunos turnos de noche se ha llegado a una situación en la que prácticamente todo el servicio ha recaído sobre un único agente”.

Por todo ello, solicitan a la alcaldesa de Lardero diálogo para solucionar este conflicto y respeto a los derechos de la plantilla. “En el atolladero están en juego el bienestar de la plantilla y la seguridad de los vecinos de Lardero”.

La asamblea de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife decidió en la noche de este jueves, con el apoyo de los sindicatos, negarse desde ahora a cubrir cualquier servicio extraordinario que se les pida por desacuerdos con cómo se están organizando y otras diferencias con la gestión del cuerpo. A partir de esta decisión, los agentes municipales de la capital tinerfeña eludirán reforzar cualquier acto, actividad o dispositivo entendidos como horas y trabajos extras “por cualquier causa”.

De esta forma, y atendiendo a lo ocurrido en otros muchos años, se verán debilitadas coberturas en verano como las playas, los numerosos festejos, los refuerzos de fin de semana (dadas las vacaciones de muchos policías) y numerosos actos por las fechas estivales, según apuntan a este periódico fuentes del cuerpo.

Para ello, los agentes que secunden la protesta presentarán un parte interno con su número profesional en la que dejan claro que desean “aplazar temporalmente su disponibilidad voluntaria para participar en cualquier evento, servicio extraordinario, actividad o dispositivo que deba desarrollarse fuera de su jornada y funciones ordinarias de trabajo, así como en cualquier otro proyecto, iniciativa, unidad, servicio o actividad cuya participación tenga carácter voluntario”.

Los agentes aclaran que esta decisión tendrá carácter temporal hasta una nueva comunicación de cada uno de los policías que la presenten y confirma las malas relaciones con los gestores locales.

El gobierno de Santa Cruz de Tenerife rehusó este jueves dar su versión sobre esta protesta, aunque sí recalcan que respetan la postura de los sindicatos, “como no puede ser de otra forma”, según fuentes del equipo gobernante.

No es la primera vez que los agentes y sindicatos de la Policía de Santa Cruz se quejan de los servicios extra, al considerar insuficiente lo que se paga por esta carga de trabajo. El pasado Carnaval, por ejemplo, el sindicato CSIF alertó de la falta de policías voluntarios para servicios tan complejos como los de esos días y, sobre todo, noches. Según esta central, la protesta se debe, sobre todo, a la “negativa reiterada” de la concejala de Recursos Humanos, Purificación Dávila, “a reconocer la penosidad y especial carga laboral que sufren los policías de servicio en las fiestas”.

Una carga que, según detallan, supone “jornadas extraordinarias, exposición a riesgos, trabajo nocturno continuado, gestión de aglomeraciones y un nivel de exigencia física y psicológica que requiere de un tratamiento específico por parte de la corporación, pero, con esa negativa, no se aplican compensaciones, descansos, incentivos y medidas de protección imprescindibles”.

La situación también se dio en enero pasado con el rastro de la ciudad y el malestar ha continuado, con lo que ahora se verán afectados los servicios especiales del periodo estival.

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria ha denunciado a tres personas por transitar este miércoles por la mediana de la Avenida Marítima, a la altura de la Fuente Luminosa.

En una publicación en redes sociales, el cuerpo municipal muestra en un vídeo como las tres personas caminan entre las palmeras del terraplén que separa los dos sentidos de circulación en este tramo de la GC-1, en plena capital.

Tras ser detectadas por una cámara de seguridad, una Unidad de Tráfico se dirigió hasta el lugar en concreto donde se encontraban los viandantes para poder llevarlos a un lugar seguro, lo que supuso por un momento cortar el tráfico en la autovía.

Las tres personas, una vez puestas a salvo, fueron denunciadas ante este “grave riesgo”.

La Policía Local de Calahorra ha realizado durante el último mes de junio numerosas detenciones, muchas de ellas relacionadas con casos de violencia de género. Así, un varón fue detenido por quebrantamiento de orden de alejamiento de su esposa en presencia de sus hijos. Otro hombre fue detenido por los agentes tras agredir a su pareja y fracturarle dos dientes. La mujer presentaba también arañazos y un moratón. Esta también fue detenida porque el varón también presentaba signos de agresión.

En el informe policial también se incluye la detención de un hombre tras haber amenazado a su madre con un cuchillo en presencia de sus hermanos menores de edad. Tal y como relatan los agentes, en el momento de la detención se resistió y se mostró agresivo con los policías. Hasta tal punto que rompió el cristal mampara del vehículo policial mientras estaba siendo trasladado.

Asimismo, durante el último mes, la Policía Local de Calahorra ha detenido a un hombre que tras llegar a su casa ebrio, golpeó y zarandeó del pelo a su mujer y agredió a uno de sus hijos (menor de edad) que se interpuso entre sus progenitores para evitar una nueva agresión de su padre a su madre. Otro detenido, en este caso, tras la llamada de una mujer que informó haber sido agredida por su marido en un hotel de Calahorra. La mujer se encontraba con el hijo menor de ambos.

El informe de la Policía Local de Calahorra del pasado mes de junio incluye también algunas intervenciones relevantes. Entre ellas, el caso de una familia que se puso en contacto con la Policía Local por estar recibiendo coacciones por parte de una empresa de desocupación. La Policía Local medió entre ambas partes e informó a los moradores de sus derechos.

Otra de las intervenciones finalizó con una denuncia por conducción temeraria. Agentes de patrulla observaron un vehículo salir en dirección contraria del estacionamiento de Cuatro Esquinas hacia la calle Santiago y le indicaron que lo detuviera. El conductor no hizo caso a los agentes. Llegó a la calle Eras, giró bruscamente hacia la calle Carreteros y se dio a la fuga a gran velocidad por Cuatro Esquinas hasta que se detuvo en la calle Sol. Los agentes le realizaron la prueba de alcohol y drogas y dio positivo en cannabis, metanfetamina y anfetamina. El conductor fue denunciado y el vehículo inmovilizado. Además, también fue denunciado por conducción temeraria.

En otra intervención, agentes de la Policía Local de Calahorra dieron el alto a un vehículo a cuyo titular y conductor le constan anotaciones por tenencia de drogas y varios robos. Se le realiza prueba de tóxicos con un resultado positivo en anfetamina/metanfetamina. Se le denuncia e inmoviliza el vehículo. Y además, también se le denuncia por conducir sin autorización administrativa. En el maletero del coche, los agentes encuentran una bolsa de viaje con unos diez kilos de cobre del que no puede confirmar la procedencia y una mucha con varias herramientas por lo que se informa también a la Guardia Civil.

El Ayuntamiento de València ha aprobado las bases para la convocatoria de 100 plazas de Policía Local, como prometió la alcaldesa hace dos meses. María José Catalá aseguró en un acto en la central del Cuerpo, junto a los principales mandos, que el consistorio incorporaría de inmediato a 60 agentes —personas que habían superado las pruebas anteriores pero habían quedado sin plaza— y se reforzaría el servicio con un centenar de nuevas plazas en la convocatoria de empleo público de 2026.

Dos meses después de la promesa, ni se incorporarán los 60 agentes ni las nuevas plazas serán realmente un refuerzo en términos absolutos. Serán, más bien, una compensación por la cascada de jubilaciones de los próximos años. El consistorio prevé que en el año 2027 se jubilen al menos 150 policías —sin contar posibles jubilaciones anticipadas—, un volumen considerable que se suma a los que ya están en segunda actividad.

El propio Ayuntamiento reconoce en una nota interna que se han de acelerar los procesos selectivos con el fin de que los agentes estén en la calle cuanto antes para “mantener la capacidad operativa” de la Policía Local. Además de las cuestiones burocráticas, han de celebrarse las pruebas, que son eliminatorias (físicas, psicotécnico, examen); luego han de pasar por unos meses de formación en el IVASPE y finalmente unas semanas de prácticas en el municipio de destino. Serán 30 plazas por movilidad por el sistema de concurso y 70 plazas por turno libre por el sistema de oposición, con un 30% reservadas para mujeres. En paralelo, PP y Vox han aprobado en las Corts una reserva de plazas para militares, que aún ha de materializarse.

“Siendo que en el plazo de un año está prevista la jubilación de aproximadamente 150 agentes, siendo un volumen elevado y concentrado, conviene planificar con antelación para mantener la capacidad operativa del cuerpo de policía local de Valencia, se propone el inicio de la convocatoria arriba indicada con antelación suficiente que permita que el relevo se solape con las jubilaciones, evitando huecos de plantilla y manteniendo el servicio a la ciudadanía en condiciones óptimas”, dice la comunicación de la concejala responsable de personal, Julia Climent. Ello implica, sostiene, “el impulso y la ágil tramitación de la convocatoria del proceso selectivo de acceso a la categoría de Agente de la Policía Local de Valencia, de modo que las nuevas incorporaciones compensen, con el menor desfase posible, las jubilaciones previstas hasta 2027”. Así, este refuerzo anunciado a bombo y platillo será un parche.

El concejal de Compromis Ferran Puchades considera que la alcaldesa comete un “fraude a la ciudadanía”, porque “ni pone de manera inmediata más policías en la calle, ni cumple su promesa de incorporar a aquellos que superaron el último proceso selectivo”.

El edil valencianista apunta que el anuncio de la alcaldesa “generó una expectativa que la misma alcaldesa ha defraudado porque prefirió hacer un anuncio para ganar titulares antes que consultar sobre su legalidad”. El edil recuerda que el PP y Vox han aprobado en las Corts —donde la alcaldesa es diputada— una reforma de la Ley de Coordinación de Policías Locales que permite a los ayuntamientos reservar hasta el 20% de las plazas convocadas militares, y el reconocimiento de su antigüedad a efectos salariales, algo que “restringirá todavía más la posibilidad de acceder a la Policía Local a jóvenes que llevan años formándose y preparando la oposición”.

La promesa de la alcaldesa de València, María José Catalá, de incrementar de inmediato la plantilla de la Policía Local se diluye. La dirigente popular aseguró el pasado abril, en un acto en la central de Policía, que se crearían 100 nuevas plazas en la Oferta Pública de Empleo de este año y que 60 agentes se incorporarían al Cuerpo antes de acabar el curso.

Junto al jefe de Policía, Ángel Albendín, y una nutrida representación de los mandos, la alcaldesa aseguró nuevas incorporaciones y un refuerzo de la policía de barrio, una unidad de proximidad y mediación. Dos meses después, la promesa se materializa a medias. Si bien las cien nuevas plazas se incorporarán a la OPE, no lo harán los 60 agentes, personal que ha superado las pruebas y los cursos de formación correspondientes a ofertas anteriores, en concreto a la del 2022.

Los servicios jurídicos municipales plantean sus dudas sobre esta promesa y se lo trasladaron a las secciones sindicales. Según fuentes conocedoras de la situación, argumentaron que la OPE habría vencido al haber pasado tres años y que no se podría 'trocear' la convocatoria; hay dudas sobre que se puedan añadir plazas a una convocatoria ya realizada. También se hizo mención a sentencias que señalan que no se pueden adicionar las plazas cuando ya se conocen a los beneficiados —porque ya hay una lista de admitidos en ese proceso—, dado que puede ser discrecional.

El cambio de parecer en el Ayuntamiento ha enfadado a los aspirantes que quedaron colgados. Denuncian que el proceso selectivo de 2022 no ha finalizado formalmente, que hay compañeros que están pendientes de realizar el curso formativo en el IVASPE y otros aún esperando a tomar posesión de la plaza. Esto es una constante en las oposiciones, apuntan fuentes sindicales. Estos agentes han solicitado una copia del análisis jurídico y han contraargumentado con otros informes, tratando de que el proceso siga adelante.

Los aspirantes apuntan que el Ayuntamiento ha reconocido la existencia de necesidades estructurales de personal en esta categoría y subrayan que las vacantes son oportunidades para reforzar el servicio. Además, en las últimas semanas se han quedado vacantes 60 plazas porque otros agentes han ascendido por promoción interna, señalan. De hecho, en las próximas semanas está previsto nombrar a 56 Oficiales y 8 Inspectores por mejora de empleo, agotando la bolsa de oficiales.

Asimismo, los agentes apuntan que las plazas que se han incorporado en la OPE tardarán años en materializarse, dada la lentitud de los procesos selectivos. Jefatura ya ha comunicado que próximamente saldrán publicadas las bases en el Boletín Oficial del Estado, con 70 plazas de turno libre por el sistema de oposición y 30 plazas por movilidad, con el sistema de concurso.

La promesa de l'alcaldessa de València, María José Catalá, d'incrementar de manera immediata la plantilla de la Policia Local es diluïx. La dirigent popular va assegurar l'abril passat, en un acte a la central de la Policia, que es crearien 100 noves places en l'Oferta Pública d'Ocupació (OPO) d'enguany i que 60 agents s'incorporarien al cos abans d'acabar l'any.

Juntament amb el cap de la Policia, Ángel Albendín, i una nodrida representació dels comandaments, l'alcaldessa va assegurar noves incorporacions i un reforç de la policia de barri, una unitat de proximitat i mediació. Dos mesos després, la promesa es materialitza només a mitges. Si bé les cent noves places s'incorporaran a l'OPO, no ho faran els 60 agents, personal que ha superat les proves i els cursos de formació corresponents a ofertes anteriors, en concret a la de 2022.

Els serveis jurídics municipals plantegen dubtes sobre aquesta promesa i els van traslladar a les seccions sindicals. Segons fonts coneixedores de la situació, van argumentar que l'OPO hauria caducat en haver transcorregut tres anys i que no es podria fragmentar la convocatòria. Així mateix, hi ha dubtes sobre si es poden afegir places a una convocatòria ja resolta. També es va fer referència a sentències que assenyalen que no es poden afegir places quan ja es coneixen els aspirants seleccionats —perquè ja hi ha una llista d'admesos en aquest procés—, atés que això podria resultar discrecional.

El canvi de parer de l'Ajuntament ha enfadat els aspirants que es van quedar sense plaça. Denuncien que el procés selectiu de 2022 no ha finalitzat formalment, que hi ha companys pendents de realitzar el curs formatiu a l'IVASPE i altres que encara esperen prendre possessió de la plaça. Això és una constant en les oposicions, apunten fonts sindicals. Aquests agents han sol·licitat una còpia de l'informe jurídic i han aportat altres informes per a rebatre'l, amb la finalitat que el procés continue endavant.

Els aspirants apunten que l'Ajuntament ha reconegut l'existència de necessitats estructurals de personal en aquesta categoria i subratllen que les vacants són una oportunitat per a reforçar el servei. A més, en les últimes setmanes han quedat vacants 60 places perquè altres agents han ascendit per promoció interna, assenyalen. De fet, en les pròximes setmanes està previst nomenar 56 oficials i 8 inspectors per millora d'ocupació, de manera que s'esgotarà la borsa d'oficials.

Així mateix, els agents apunten que les places incorporades a l'OPO tardaran anys a materialitzar-se, atesa la lentitud dels processos selectius. Prefectura ja ha comunicat que pròximament es publicaran les bases en el Butlletí Oficial de l'Estat, amb 70 places de torn lliure pel sistema d'oposició i 30 places per mobilitat, pel sistema de concurs.

L'Agència Valenciana Antifrau investiga els processos selectius de la Policia Local de València. L'organisme ha remés un requeriment al consistori que dirigeix María José Catalá en què demana informació sobre les proves en totes les categories —tret de la d'agent— arran d'una denúncia.

Antifrau va rebre una alerta en el seu canal de denúncies sobre possibles irregularitats en els procediments de totes les escales que actualment es troben en fase d'anàlisi, uns escorcolls que semblen centrats en els retards en les convocatòries i la seua execució. Segons la documentació a la qual ha tingut accés elDiario.es, l'organisme que dirigeix Eduardo Beut ha sol·licitat a l'Ajuntament un “informe detallat” que desglose “tots els processos selectius vigents de les diferents categories del cos de la Policia Local” i quants membres del cos es troben en millora d'ocupació. En l'informe, Antifrau demana un document en què s'ha d'indicar la data de convocatòria i a quins processos selectius correspon —el que es coneix com a OPO, sigles d'Oferta Pública d'Ocupació—.

Com ja va informar elDiario.es, la Policia Local de València té prop de 40 comandaments exercint responsabilitats amb la millora d'ocupació caducada, superant el límit legal de dos anys. En el seu moment, novembre de 2025, eren un comissari principal, 15 intendents i 23 oficials, encara que des de llavors dos comissaris principals han eixit del cos, per jubilació i per nomenament per a un alt càrrec en la Generalitat Valenciana. La Llei de coordinació de les policies locals recalca que el nomenament per millora ha de ser excepcional, per a cobrir necessitats operatives i per un temps no superior a dos anys.

El requeriment d'Antifrau sol·licita saber quants policies es troben en millora d'ocupació, la data del seu nomenament en aquest règim, les pròrrogues acordades i el seu codi de lloc de treball; és a dir, la seua plaça. En concret, cita que s'ha d'informar sobre quants agents en millora ocupen les places d'estes ofertes d'ocupació que es troben en marxa.

L'òrgan que vetla per les bones pràctiques en l'Administració reclama que s'informe de l'estat d'execució de les proves: si es troben en fase de baremació, de proves físiques o de proves psicotècniques. També, si escau, de les “causes objectives i motius tècnics o jurídics que justifiquen (...) que els esmentats procediments es troben paralitzats o no hagen finalitzat dins dels terminis ordinaris previstos en les bases”.

Els retards en els processos desesperen els aspirants i la interinitat en el cos es considera “atípica”. El comissari principal cap, Ángel Albendín, va heretar una estructura precària, amb escales sense renovar des de fa 20 anys. A això se suma una guerra judicial entre comandaments que ja va pel seu segon any i recursos constants als processos selectius. Alguns agents també han acudit a altres instàncies, com el Síndic de Greuges, per falta de resposta en estos processos o per no remetre la documentació sol·licitada.

Les denúncies sobre processos selectius suposen quasi la meitat de les investigacions que realitza Antifrau. D'estes, la meitat solen tindre relació amb la Policia Local. Els cossos municipals han trobat en este organisme un canal per a traslladar els seus dubtes sobre els processos selectius, que l'Agència no considera prou transparents.

La Agencia Valenciana Antifraude investiga los procesos selectivos de la Policía Local de València. El organismo ha remitido un requerimiento al consistorio que dirige María José Catalá en el que pide información sobre las pruebas en todas las categorías -salvo las de agente-, a raíz de una denuncia.

Antifraude recibió una alerta en su canal de denuncias sobre posibles irregularidades en los procedimientos de todas las escalas que actualmente se encuentra en fase de análisis, unas pesquisas que parecen centradas en los retrasos en las convocatorias y su ejecución. Según la documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es, el organismo que dirige Eduardo Beut ha solicitado al Ayuntamiento un “informe detallado” que desglose “todos los procesos selectivos vigentes de las diferentes categorías del Cuerpo de la Policía Local” y cuántos miembros del Cuerpo se encuentran en mejora de empleo. En el informe, Antifraude pide un documento en el que se debe indicar la fecha de convocatoria y a que procesos selectivos corresponde —lo que se conoce como OPE, siglas de Oferta Pública de Empleo—.

Como ya informó elDiario.es, la Policía Local de València tiene a cerca de 40 mandos ejerciendo responsabilidades con la mejora de empleo caducada, superando el límite legal de dos años. En su momento, noviembre de 2025, eran un comisario principal, 15 intendentes y 23 oficiales; aunque desde entonces dos comisarios principales han salido del Cuerpo, por jubilación y por nombramiento para un alto cargo en la Generalitat Valenciana. La ley de Coordinación de Policías Locales recalca que el nombramiento por mejora ha de ser excepcional, para cubrir necesidades operativas y por un tiempo no superior a dos años.

El requerimiento de Antifraude, remitido el 28 de mayo, solicita saber cuántos policías se encuentran en mejora de empleo, la fecha de su nombramiento en este régimen, las prórrogas acordadas y su código de puesto de trabajo; es decir, su plaza. En concreto, cita que se debe informar sobre cuántos agentes en mejora ocupan las plazas de estas ofertas de empleo que se encuentran en marcha.

El órgano que vigila las buenas prácticas en la Administración reclama que se informe del estado de ejecución de las pruebas: si se encuentran en fase de baremación, pruebas físicas o psicotécnicos. También, si procede, las “causas objetivas y motivos técnicos o jurídicos que justifiquen (...) que dichos procedimientos se encuentren paralizados o no hayan finalizado dentro de los plazos ordinarios previstos en las bases”.

Los retrasos en los procesos desesperan a los aspirantes y la interinidad en el Cuerpo se considera “atípica”. El comisario principal jefe, Ángel Albendín, heredó una estructura precaria, con escalas sin renovar desde hace 20 años. A ello se suma una guerra judicial entre mandos que va ya por su segundo años y recursos constantes a los procesos selectivos. Algunos agentes también han acudido a otras instancias como el Síndic de Greuges por falta de respuesta en estos procesos o por no remitir la documentación solicitada.

Las denuncias de procesos selectivos suponen casi la mitad de las investigaciones que realiza antifraude. De ellas, la mitad suelen tener relación con Policía Local. Los Cuerpos municipales han encontrado en este organismo un canal para trasladar sus dudas sobre los procesos selectivos, que la Agencia no encuentra muy transparentes.

A última hora y a punto de terminar el proceso parlamentario, el PP y Vox han pactado un cambio sustancial en el acceso a la Policía Local: reservar plazas a militares profesionales. Los partidos que tienen la mayoría en las Corts aprobaron el pasado miércoles una enmienda que permite a los Ayuntamientos de la Comunitat Valenciana reservar hasta un 20% de las plazas de acceso restringido a los militares que cumplan los requisitos. Lo hicieron, además, sin pasar por la comisión de coordinación de Policía Local, que es el órgano en el que se abordan los cambios normativos y donde están representados los sindicatos.

A instancias de Vox, la nueva ley reconoce también a los militares sus años de antigüedad en las Fuerzas Armadas, a efectos retributivos y “de manera automática”. Es decir, que les contarán los trienios. El texto planteado por la formación ultra, añade un nuevo párrafo al artículo 54 de la ley de coordinación de Policías Locales de la Comunitat Valenciana. En concreto, señala: “Los ayuntamientos podrán establecer en sus bases una reserva de un máximo de un 20% de plazas de acceso restringido para aquellos militares profesionales que cumplan con los restantes requisitos en los cuerpos de Policía Local, incrementando las plazas reservadas a las de turno de acceso libre cuando aquellas quedasen desiertas”.

A renglón seguido, la enmienda añade: “En todo caso, a aquellos militares que accedieron a las plazas ofertadas por esta modalidad, les será reconocido el tiempo de servicio prestado en las Fuerzas Armadas a efectos retributivos de manera automática”. Hasta la fecha, el artículo sobre los procesos selectivos solo indicaba que se realizarían por el turno libre y de promoción interna.

El artículo fue aprobado el miércoles por la tarde, en un pleno que PP y Vox juntaron en una sola sesión —habitualmente se reparte en dos jornadas—, y en el marco de un decreto de simplificación administrativa. En concreto, ambas formaciones pactaron una enmienda de aproximación que se debatió en el mismo pleno, sin apenas margen, al decreto de “medidas urgentes frente a la hiperregulación, la agilización de procedimientos y la garantía de la unidad de mercado”. Vox ya había presentado sin éxito una enmienda para reserva de plazas, pero esta vez sí han conseguido el apoyo del PP, que los necesita como respirar para aprobar las cuentas que pueden salvar a Juanfran Pérez Llorca como líder en la Comunitat Valenciana. En Baleares, donde los ultras apoyan al PP, también han incorporado esta medida en una ley ómnibus.

La derecha y la ultraderecha aprovechan sistemáticamente estos decretos para convertirlos en paquetes legislativos en los que colar reformas de otras normas. Generalmente, las cuestiones relativas a la Policía Local se abordan en una comisión de coordinación, en la que está representada la Generalitat, las administraciones locales y representantes del Cuerpo como UGT, CSIF y CCOO. Según respondió el Consell a la diputada del PSPV Marisa Navarro, la comisión lleva sin reunirse desde octubre de 2024.

La posibilidad de que los militares puedan acceder por plazas reservadas lleva tiempo dando vueltas gracias a Vox. Y es algo que ha generado gran malestar entre los sindicatos policiales y las bases, que ya viven gran competencia en entornos como las ciudades. El SPPLB, UGT y CCOO se han mostrado muy críticos al respecto y han manifestado su oposición en comunicados y reuniones con los grupos parlamentarios, recordando además que lo ideal es rejuvenecer la plantilla con nuevas convocatorias.

En las Corts, Compromís y el PSPV rechazaron la cuestión. La valencianista Isaura Navarro criticó que no se hubiera convocado la comisión de coordinación, donde podrían haber “escuchado” las necesidades del Cuerpo. “Supone que un cuerpo militar entre en un cuerpo civil vulnerando los principios de igualdad, mérito y capacidad (...) ¿Eso es eliminar burocracia?”, cuestionó la diputada. Por su parte, Marisa Navarro, del PSPV, manifestó su oposición y anticipó protestas sindicales. La socialista recuerda que el PP ya trató de incorporar esta cuestión en 2015, pero la mayoría progresista de la Cámara lo impidió.

Tal como contó elDiario.es, la ciudad de València lleva tiempo queriendo impulsar una modificación para que en la escala de mando de la capital entren funcionarios de otros Cuerpos o los agentes se salten categorías, algo que abre la puerta a la entrada de militares en la cúpula directamente por el turno libre. La propuesta de la capital, que pide modificar también la ley de coordinación, implica permitir el acceso por turno libre -abierto a cualquier ciudadano que cumpla los requisitos- a la categoría de inspector, intendente, comisario y comisario principal. Buena parte de la plantilla de la Policía Local de València ha ascendido mediante procesos de mejora, muchos de ellos ya caducados.

A última hora i a punt d'acabar el procés parlamentari, el PP i Vox han pactat un canvi substancial en l'accés a la Policia Local: reservar places a militars professionals. Els partits que tenen la majoria a les Corts van aprovar dimecres passat una esmena que permet als ajuntaments de la Comunitat Valenciana reservar fins a un 20 % de les places d'accés restringit als militars que complisquen els requisits. Ho van fer, a més, sense passar per la Comissió de Coordinació de la Policia Local, que és l'òrgan en què s'aborden els canvis normatius i on estan representats els sindicats.

A instàncies de Vox, la nova llei reconeix també als militars els seus anys d'antiguitat a les Forces Armades a efectes retributius i “de manera automàtica”. És a dir, que els computaran els triennis. El text plantejat per la formació ultra afig un nou paràgraf a l'article 54 de la Llei de coordinació de les policies locals de la Comunitat Valenciana. En concret, assenyala: “Els ajuntaments podran establir en les seues bases una reserva d'un màxim d'un 20% de places d'accés restringit per a aquells militars professionals que complisquen els restants requisits en els cossos de Policia Local, incrementant les places reservades a les del torn d'accés lliure quan aquelles queden desertes”.

A continuació, l'esmena afig: “En tot cas, a aquells militars que accediren a les places oferides per aquesta modalitat, els serà reconegut el temps de servei prestat a les Forces Armades a efectes retributius de manera automàtica”. Fins ara, l'article sobre els processos selectius només indicava que es realitzarien pel torn lliure i de promoció interna.

L'article va ser aprovat dimecres de vesprada, en un ple que PP i Vox van ajuntar en una sola sessió —habitualment es reparteix en dues jornades—, i en el marc d'un decret de simplificació administrativa. En concret, ambdues formacions van pactar una esmena d'aproximació que es va debatre en el mateix ple, amb a penes marge, al decret de “mesures urgents davant la hiperregulació, l'agilització de procediments i la garantia de la unitat de mercat”. Vox ja havia presentat sense èxit una esmena per a la reserva de places, però aquesta vegada sí que ha aconseguit el suport del PP, que els necessita com l'aire per a aprovar uns comptes que poden salvar Juanfran Pérez Llorca com a líder a la Comunitat Valenciana. A les Illes Balears, on els ultres donen suport al PP, també han incorporat aquesta mesura en una llei òmnibus.

La dreta i la ultradreta aprofiten sistemàticament aquests decrets per a convertir-los en paquets legislatius en els quals colar reformes d'altres normes. Generalment, les qüestions relatives a la Policia Local s'aborden en una comissió de coordinació en la qual estan representades la Generalitat, les administracions locals i representants del cos, com ara UGT, CSIF i CCOO. Segons va respondre el Consell a la diputada del PSPV Marisa Navarro, la comissió porta sense reunir-se des d'octubre de 2024.

La possibilitat que els militars puguen accedir per places reservades fa temps que ronda gràcies a Vox. I és una qüestió que ha generat un gran malestar entre els sindicats policials i la base, que ja viu una gran competència en entorns com les ciutats. El SPPLB, UGT i CCOO s'han mostrat molt crítics al respecte i han manifestat la seua oposició en comunicats i reunions amb els grups parlamentaris, recordant, a més, que l'ideal és rejovenir la plantilla amb noves convocatòries.

A les Corts, Compromís i el PSPV van rebutjar la qüestió. La diputada de Compromís Isaura Navarro va criticar que no s'haguera convocat la comissió de coordinació, on podrien haver “escoltat” les necessitats del cos. “Suposa que un cos militar entre en un cos civil vulnerant els principis d'igualtat, mèrit i capacitat (...) Això és eliminar burocràcia?”, va qüestionar la diputada. Per la seua banda, Marisa Navarro, del PSPV, va manifestar la seua oposició i va anticipar protestes sindicals. La socialista recorda que el PP ja va intentar incorporar aquesta qüestió el 2015, però la majoria progressista de la cambra ho va impedir.

Tal com va explicar elDiario.es, la ciutat de València fa temps que vol impulsar una modificació perquè en l'escala de comandament de la capital entren funcionaris d'altres cossos o els agents se salten categories, cosa que obri la porta a l'entrada de militars directament a la cúpula pel torn lliure. La proposta de la capital, que també demana modificar la llei de coordinació, implica permetre l'accés per torn lliure —obert a qualsevol ciutadà que complisca els requisits— a les categories d'inspector, intendent, comissari i comissari principal. Bona part de la plantilla de la Policia Local de València ha ascendit mitjançant processos de millora, molts dels quals ja han caducat

Els dirigents valencians del PP porten 20 mesos afirmant que la Policia Local de València, que compta amb més de 1.600 efectius, no va poder prestar ajuda a altres municipis afectats per la dana perquè el Ministeri de l'Interior ho va impedir. El partit respon així reiteradament a les crítiques per no enviar agents a les zones afectades fins a quatre dies després, tal com va publicar elDiario.es, tot i la indignació d'agents i comandaments.

L'última —i la més insistent— ha sigut l'alcaldessa de València, María José Catalá, dilluns passat, quan va assegurar en la comissió d'investigació del Congrés que la Secretaria d'Estat de Seguretat havia limitat l'actuació policial. Un discurs que repeteix insistentment des de fa un any i mig al consistori. La líder del PP valencià ha fet seu el relat de l'aleshores cap de la Policia Local de València, José Vicente Herrera, home de la seua màxima confiança i actual coordinador d'Emergències a l'Ajuntament. Herrera va dir en la comissió d'estudi municipal de la dana que el Ministeri de l'Interior va limitar la col·laboració entre cossos. Va afirmar haver rebut per WhatsApp el 5 de novembre una nota que posava “límits a les formes de col·laboració policial”, tres dies després que la Generalitat aprovara un decret per permetre la mobilitat dels agents, atesa l'emergència. Segons el comissari principal cap, la Secretaria d'Estat els va traslladar: “Compte a actuar en unes situacions concretes perquè no esteu emparats per la llei”. Herrera va considerar que la nota “no era adequada” ateses les circumstàncies.

El cert és que la instrucció oficial del Ministeri de l'Interior no limitava l'acció dels agents de la Comunitat Valenciana. Senzillament es limitava a recordar la llei de coordinació autonòmica, vigent des del 2017. Aquest dilluns, la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, va desmuntar la versió de María José Catalá llegint el correu enviat el 5 de novembre, una setmana després de la riuada. El document passa a formar part de la comissió d'investigació del Congrés, que pot tornar a citar l'alcaldessa per les contradiccions en el seu testimoni.

El text, al qual ha tingut accés elDiario.es, informa que els cossos que no són de la Comunitat Valenciana han de posar-se a disposició del comandament de l'emergència. En concret, assenyala: “Resulta imprescindible que en els oferiments de col·laboració, per a participar en les tasques d'auxili i assistència a la població per les desfetes causades per la dana, d'altres cossos policials diferents dels estatals, locals i de la Unitat Adscrita del CNP a la Comunitat Valenciana, competents en els territoris respectius, es tinga en compte que aquests cossos policials no poden prestar servei en matèria de seguretat ciutadana o policia judicial i que han de limitar la seua col·laboració a tasques de suport als treballs de recuperació de serveis”. El correu remarca que es refereix als cossos policials que no tenen competència a la Comunitat Valenciana.

A continuació, la instrucció assenyala: “En el cas que aquests cossos policials aliens concórreguen en execució de l'oferiment de col·laboració amb unitats especialitzades, com ara policia científica, serveis cinològics, etc., hauran d'actuar en els serveis corresponents de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat (Policia Nacional o Guàrdia Civil), o sota la direcció d'aquests, de manera que, si amb ocasió de les tasques de recuperació de serveis en què participen es veuen obligats a practicar alguna actuació urgent en atenció de circumstàncies excepcionals de la qual es deriven mesures limitatives de drets (per exemple, la detenció o la retenció de persones), hauran de comunicar-ho de manera immediata als serveis o responsables dels cossos policials estatals esmentats, posant amb urgència a la seua disposició les persones detingudes i qualssevol altres efectes que hagen estat intervinguts”. És a dir, els agents havien d'informar de les seues actuacions fora del seu àmbit de competència.

Fonts de la Secretaria d'Estat van apuntar en el seu moment, després de les paraules de l'excap de Policia, que no hi va haver instruccions sobre les tasques de rescat. Com ja va informar elDiario.es, sí que es van donar instruccions verbals al secretari autonòmic d'Emergències, Emilio Argüeso, que es van traslladar al Cecopi, per a “canalitzar i integrar” les tasques d'auxili, en funció de si els agents acudien com a voluntaris o uniformats i de si procedien o no de la Comunitat Valenciana, com ara comunicar-ho als seus comandaments. També es va indicar que els policies valencians que volgueren acudir uniformats i amb arma havien de sol·licitar permís a l'aleshores Conselleria de Justícia i Emergències, que havia de comunicar-ho a la Secretaria d'Estat de Seguretat, i que els policies municipals d'ajuntaments de fora de la Comunitat Valenciana que volgueren actuar com a agents de l'autoritat (amb arma i placa) havien de comunicar-ho i sol·licitar permís a la Secretaria d'Estat de Seguretat. Tot això d'acord amb la llei autonòmica.

Pilar Bernabé va explicar aquest dilluns en la comissió d'investigació del Congrés que l'ordre es referia, tal com assenyala el text, als cossos locals de fora de la Comunitat Valenciana, atés que no es trobaven dins del seu àmbit territorial de competència. “Catalá va dir una cosa tan greu com que no podia salvar les persones que estaven en altres municipis perquè li ho havia demanat el Govern d'Espanya. I això és mentida”, va assenyalar Bernabé.

300 rescats la vesprada i la nit del 29 d'octubre

La nit del 29 d'octubre, els agents de la Policia Local de València, amb el suport dels mitjans dels bombers, van dur a terme més de 300 rescats a les zones afectades per la dana. Tot i que la riuada va agafar el cos per sorpresa, sense un dispositiu especial fins ben entrada la nit, desenes d'agents van efectuar rescats a les pedanies afectades i als municipis veïns. Molts ho van fer fora de servei i de manera voluntària.

Nombrosos agents es van desplaçar a les zones afectades de manera voluntària o es van veure sorpresos per la riuada, tenint em compte que bona part de la plantilla resideix a l'àrea metropolitana de València. Així ho van posar de manifest en l'acte de condecoracions, on van rememorar rescats angoixants i complexos, i ells mateixos van explicar que es van organitzar pel seu compte a través de canals com ara WhatsApp. Des de la Prefectura s'ha defensat que també era clau ordenar la situació a la ciutat de València, que, amb les carreteres afectades i altres incidències, hauria pogut acabar col·lapsada si no s'haguera actuat adequadament.

La descoordinació policial durant la dana ha suscitat nombroses crítiques en els últims mesos. En molts municipis de l'àrea metropolitana de València van arribar abans agents procedents de Madrid, el País Basc o Andalusia que no de la capital, situada a penes a quatre quilòmetres de l'epicentre del desastre.

Los dirigentes valencianos del PP llevan 20 meses afirmando que la Policía Local de València, que cuenta con más de 1.600 efectivos, no pudo prestar ayuda a otros municipios afectados por la dana porque el Ministerio de Interior lo impidió. El partido responde así reiteradamente a las críticas por no enviar agentes a las zonas afectadas hasta cuatro días después, tal como publicó elDiario.es, pese a la indignación de agentes y mandos.

La última —y la más insistente— fue la alcaldesa de València, María José Catalá, el pasado lunes, cuando aseguró en la comisión de investigación del Congreso que la secretaría de Estado de Seguridad había limitado la actuación policial. Un discurso que repite insistentemente desde hace año y medio en el consistorio. La líder del PP valenciano ha hecho suyo el relato del entonces jefe de Policía de València, José Vicente Herrera, hombre de su máxima confianza y actual coordinador de Emergencias en el Ayuntamiento. Herrera dijo en la comisión de estudio municipal de la dana que el Ministerio de Interior limitó la colaboración entre Cuerpos. Afirmó haber recibido por WhatsApp el 5 de noviembre una nota que ponía “límites a las formas de colaboración policial”, tres días después de que la Generalitat aprobara un decreto para permitir la movilidad de los agentes, dada la emergencia. Según el comisario principal jefe, la secretaría de Estado les trasladó: “Ojo de actuar en unas situaciones concretas porque no estáis amparados por la ley”. Herrera consideró que la nota “no era adecuada” dadas las circunstancias.

Lo cierto es que la instrucción oficial de Interior no limitaba la acción de los uniformados de la Comunitat Valenciana. Sencillamente se limitaba a recordar la ley de coordinación autonómica, vigente desde 2017. Este lunes, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, desmontó la versión de María José Catalá leyendo el correo enviado el 5 de noviembre, una semana después de la riada. El documento pasa a formar parte de la comisión de investigación del Congreso, que puede volver a citar a la alcaldesa por las contradicciones en su testimonio.

El texto, al que ha tenido acceso elDiario.es, informa de que los Cuerpos que no son de la Comunitat Valenciana deben ponerse a disposición del mando de la emergencia. En concreto, señala: “Resulta imprescindible que en los ofrecimientos de colaboración, para participar en las labores de auxilio y asistencia a la población por los estragos causados por la DANA, de otros cuerpos policiales distintos a los estatales, locales y Unidad Adscrita del CNP en la Comunidad Valenciana, competentes en los territorios respectivos, se tenga en cuenta que dichos cuerpos policiales no pueden prestar servicio en materia de seguridad ciudadana o policía judicial, debiendo limitarse su colaboración a labores de apoyo a los trabajos de recuperación de servicios”. El correo enfatiza que se refiere a los cuerpos policiales que no tienen competencia en la Comunitat Valenciana.

A renglón seguido, la instrucción señala: “En el caso de que tales cuerpos policiales ajenos concurran en ejecución del ofrecimiento de colaboración con unidades especializadas, tales como policía científica, servicios cinológicos, etc., deberán actuar en los servicios correspondientes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía Nacional o Guardia Civil), o bajo dirección de éstos, de forma que si con ocasión de las labores de recuperación de servicios en las que participan, se vieran obligados a practicar alguna actuación urgente en atención de circunstancias excepcionales de la que resultaran medidas limitativas de derechos (ej. detención o retención de personas), deberán comunicarlo de manera inmediata a los servicios o responsables de los citados cuerpos policiales estatales, poniendo a su disposición con urgencia a las personas detenidas y cualesquiera otros efectos que hubieren sido intervenidos”. Es decir, que los agentes debían informar de sus actuaciones fuera de su ámbito de competencia.

Fuentes de la Secretaría de Estado apuntaron en su momento, tras las palabras del exjefe de Policía, que no hubo instrucciones sobre los trabajos de rescate. Como ya informó elDiario.es, sí se dieron instrucciones verbales al secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, que se trasladaron en el Cecopi, para “encauzar e integrar” las labores de auxilio, en función de si los agentes acudían como voluntarios o uniformados, y su procedían o no de la Comunitat Valenciana, tales como comunicarlo a sus mandos. También que los policías valencianos que quisieran acudir uniformados y con arma debían solicitar permiso a la entonces Conselleria de Justicia y Emergencias, que debía comunicarlo a la Secretaría de Estado de Seguridad y que los policías municipales de ayuntamientos de fuera de la Comunitat Valenciana que quisieran actuar como agentes del orden (con arma y placa) debían comunicarlo y solicitar permiso a la Secretaría de Estado de Seguridad. Todo ello siguiendo la ley autonómica.

Pilar Bernabé explicó este lunes en la comisión de investigación del Congreso que la orden se refería, tal como señala el texto, a los Cuerpos locales de fuera de la Comunitat Valenciana, dado que no están en territorio de su competencia. “Catalá dijo algo tan fuerte como que no podía salvar a las personas que estaban en otros municipios porque se lo pidió el Gobierno de España. Y eso es mentira”, señaló Bernabé.

300 rescates la tarde-noche del 29 de octubre

La noche del 29 de octubre, los agentes de la Policía Local de València, apoyados con los medios de los bomberos, realizaron más de 300 rescates en las zonas afectadas por la dana. Pese a que la riada pilló al Cuerpo de improvisto, sin un dispositivo especial para ello hasta entrada la noche, decenas de agentes realizaron rescates en las pedanías afectadas y en los municipios colindantes. Muchos de ellos lo hicieron fuera de servicio y de manera voluntaria.

Numerosos agentes acudieron a las zonas afectadas de forma voluntaria o se vieron sorprendidos por la riada, dado que buena parte de la plantilla residen en el área metropolitana de València. Así lo pusieron de manifiesto en el acto de condecoraciones, donde revivieron angustiosos y complejos rescates, y ellos mismos explicaron que se organizaron por su cuenta a través de canales como WhatsApp. Desde Jefatura se ha venido defendiendo que también era clave ordenar la situación en València capital, que con las carreteras afectadas y otras incidencias hubiera podido devenir en colapso si no se hubiera trabajado adecuadamente.

La descoordinación policial durante la dana ha levantado numerosas críticas en los últimos meses. En muchos municipios del área metropolitana de València vieron llegar antes a uniformados de Madrid, País Vasco o Andalucía que de la capital, a apenas 4 kilómetros del epicentro del desastre.

Agentes de los GOIA (grupo de Intervención Especial) de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria han detenido a un hombre por llevar 48 gramos de hachís en el interior de su vehículo.

En una publicación este viernes en redes sociales, la Policía Local detalla que fueron los canes del cuerpo los que detectaron la sustancia estupefaciente, tras localizar los agentes, en sus labores de prevención, al turismo estacionado “indebidamente”.

El hombre fue detenido por un presunto delito contra la salud pública

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha reincorporado como jefe de la Policía Local a Carlos Saavedra Brichis, quien fuera cesado en 2019 por el entonces alcalde, Augusto Hidalgo.

En un comunicado, el Consistorio capitalino ha anunciado este viernes que ha procedido al nombramiento de Saavedra tras la reciente resolución dictada por el Juzgado de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa que lo mandataba.

La administración municipal ha señalado que se da cumplimiento así a lo dispuesto por la autoridad judicial dentro del procedimiento seguido en relación con el cese acordado en 2019 y las posteriores resoluciones dictadas por los órganos jurisdiccionales competentes.

El cese fue anulado en 2024 por el magistrado titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 5 de Las Palmas de Gran Canaria, Ángel Teba García. En su sentencia, el juez estimó íntegramente el recurso contra la resolución que acordó ese cese, firmada por el entonces alcalde Augusto Hidalgo (PSOE). 

La resolución concluyó que esa decisión era nula de pleno derecho porque no existía “una mínima prueba de la realidad de los hechos” que el gobierno municipal atribuyó al comisario principal y entonces jefe de la Policía Local, a quien acusó de deslealtad y de desobediencia, para justificar la destitución. “No hay mácula alguna, en el caso que nos ocupa, en el buen nombre, fama o prestigio profesional” de Carlos Saavedra, “los cuales no pueden verse devaluados por el relato inserto en la resolución objeto de impugnación”. 

Agentes de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria han detenido a un conductor tras localizarlo en la noche del miércoles cuyo vehículo presentaba “graves daños”, tras presuntamente darse a la fuga después de tener una accidente en el municipio de Santa Brígida, y negarse a realizar la prueba de alcoholemia.

Según ha informado en sus redes sociales el cuerpo policial, agentes de la Unidad Nocturna Especial (UNE) localizaron al hombre en la zona de Miller Bajo.

Además, la Policía Local señala que el conductor cometió también un presunto delito de atentado contra los agentes de la autoridad.

UGT Servicios Públicos La Rioja denuncia la eliminación del complemento de disponibilidad que venía regulado en el acuerdo de funcionarios del Ayuntamiento de Lardero y que ha desaparecido con la aplicación efectiva de la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) en la nómina correspondiente al mes de mayo de 2026. Y entre los funcionarios perjudicados, la Policía Local que ya ha manifestado “su profundo desacuerdo con la gestión realizada tras la entrada en vigor de la nueva Relación de Puestos de Trabajo”.

UGT La Rioja explica que el documento aprobado por el Consistorio cigüeño en octubre de 2025 ha corregido al alza diversos “factores organizativos e históricos que se encontraban infravalorados, su aplicación efectiva en las nóminas correspondientes al mes de mayo de 2026 ha puesto de manifiesto importantes perjuicios para determinados colectivos municipales, especialmente para la Policía Local y otros servicios que también contaban con sistemas de disponibilidad regulados”.

Y con esta decisión, apunta la formación sindical, “el Ayuntamiento rompe un modelo que ha demostrado su eficacia durante más de veinte años, permitiendo garantizar la adecuada cobertura de los servicios municipales pese a contar con una plantilla reducida y mientras continúan sin cubrirse plazas ya creadas y recogidas en la propia estructura de personal municipal”.

Hasta ahora, prosigue UGT, “los agentes disponían de un sistema voluntario mediante el que aquellos efectivos que así lo decidían permanecían localizables fuera de su jornada ordinaria a cambio de una compensación económica específica. Sin embargo, con la aplicación de la nueva RPT, el Consistorio ha eliminado este acuerdo y la posibilidad de renuncia por parte de los trabajadores, sustituyéndolo por el denominado Factor K (dedicación especial e incompatibilidad), cuya valoración económica representa únicamente una cuarta parte de la cuantía que se venía percibiendo por el concepto de disponibilidad.”

Para UGT, con esta decisión, el “Ayuntamiento de Lardero está reduciendo costes a costa de los derechos laborales de la plantilla y para ello está utilizando la implantación de la nueva RPT porque en la práctica pretende imponer una disponibilidad permanente y obligatoria por una retribución notablemente inferior a la establecida en el acuerdo vigente, alterando de manera sustancial las condiciones de trabajo sin una negociación colectiva efectiva ni el debido consenso con los representantes de los trabajadores”. Y es que aseguran que “sustituir un sistema voluntario por otro obligatorio, reduciendo además la compensación económica en un 75 por ciento, supone un grave perjuicio para los trabajadores y una vulneración de los acuerdos alcanzados durante años de negociación”.

Y alertan de que esta decisión del Ayuntamiento de Lardero ya está teniendo consecuencias. “El pasado fin de semana hubo dificultades para cubrir un turno. De hecho hubo un único agente de servicio durante aproximadamente dos horas”.

De hecho, los representantes de la Policía Local están valorando acciones legales “para defender los derechos del colectivo”. Y desde UGT La Rioja, además de mostrarles su apoyo, exigen al equipo de Gobierno del PP “una aclaración inmediata y por escrito sobre el alcance, obligaciones y exigencias asociadas al nuevo Factor K”. Y además reclaman respeto a los acuerdos laborales “actualmente vigentes, la seguridad jurídica en la aplicación de las nóminas y la protección efectiva de derechos fundamentales como la conciliación de la vida personal y familiar, el descanso y la desconexión digital de todos los integrantes de la Policía Local de Lardero”.

Por todo ello, y si el Consistorio no inicial una negociación “real y busca soluciones con los representantes sindicales” alertan de “problemas para cubrir determinados servicios e incluso provocar que haya franjas horarias sin presencia policial suficiente para atender las necesidades del municipio”.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha incorporado a seis nuevos subinspectores de la Policía Local que han tomado posesión este martes como funcionarios de carrera tras superar el proceso selectivo de promoción interna convocado por el Consistorio.

Los nuevos subinspectores se integran en la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase Policía Local, Grupo A, Subgrupo A2, y pasan a ocupar los puestos asignados en la Relación de Puestos de Trabajo municipal. Su incorporación se produce tras la superación del proceso selectivo de concurso-oposición, el periodo de formación específico y la realización del periodo de prácticas establecido en la convocatoria.

La concejala de Recursos Humanos, Esther Martín, ha presidido el acto de toma de posesión en un acto que ha contado con la presencia de la directora general de Recursos Humanos, Teresa Rodríguez; y la directora general de Seguridad y Emergencias, Rosa Rodríguez; junto a mandos del cuerpo de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria.

Durante el acto, los nuevos subinspectores formalizaron su incorporación como funcionarios de carrera y asumirán sus funciones en la estructura operativa del cuerpo, en el marco del refuerzo de la escala de mandos de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria.

Como ha explicado la concejala de Recursos Humanos, Esther Martín, “este nombramiento se enmarca en la política municipal de impulso a la promoción interna como herramienta de desarrollo profesional dentro del Ayuntamiento, orientada a consolidar estructuras estables y a mejorar la capacidad de organización y respuesta de los servicios públicos municipales”.

El proceso selectivo se inició con la convocatoria aprobada en 2021 y ha incluido las distintas fases de concurso-oposición, formación específica y prácticas profesionales, hasta la resolución final de nombramiento como funcionarios de carrera.

En paralelo, el Ayuntamiento continúa reforzando la plantilla del cuerpo. Durante el pasado año se incorporaron 45 nuevos agentes y se ha impulsado una nueva convocatoria de 57 plazas de Policía Local con el objetivo de consolidar una plantilla estable y preparada que permita seguir reforzando la seguridad ciudadana en la capital. Además, el pasado mes de marzo el cuerpo policial incorporó a cinco nuevos inspectores.

La representación sindical del Ayuntamiento de Zaragoza –CCOO, CSL, OSTA y UGT– ha denunciado este martes que la propuesta económica del Gobierno del PP para los agentes de la futura Unidad Égida de Policía Local, destinada a la protección y seguimiento de víctimas de violencia de género en el sistema Viogén, minusvalora la responsabilidad que exige el servicio. Según la propuesta municipal, los policías tendrán que estar disponibles 328 días al año, las 24 horas del día, a cambio de apenas 1,79 euros por día, lo que supone poco más de 42 euros al mes. El equipo de gobierno ha respondido acusando a las centrales de “utilizar un asunto tan serio y sensible como la lucha contra la violencia machista para hacer política”, de “generar una polémica artificial en pleno proceso de negociación” y de no plantear alternativas.

La negociación de las condiciones laborales y económicas de la Unidad Égida lleva meses enquistada. El pasado 13 de marzo, el Gobierno de Natalia Chueca aprobó oficialmente la creación de la unidad como parte de la adhesión de Zaragoza al sistema estatal Viogén, con nueve agentes especializados encargados de atender aproximadamente el 30% de los casos de violencia de género de la ciudad. Tres meses después, la unidad sigue sin estar operativa: no hay calendario para la selección del personal, ni para la formación específica de los agentes, ni para la entrada en funcionamiento del servicio. La siguiente reunión entre el Ayuntamiento y los sindicatos está prevista para este jueves.

Los sindicatos consideran llamativa la diferencia de trato respecto a otras unidades de la Policía Local y otros servicios municipales, cuya valoración económica en la negociación –aseguran– ha sido notablemente superior. A su juicio, esa disparidad pone de manifiesto la escasa importancia real que el equipo de gobierno otorga a una unidad que, sin embargo, presenta públicamente como una apuesta estratégica en la lucha contra la violencia machista. “Las víctimas de violencia de género merecen algo más que anuncios, fotografías y titulares”, han señalado las centrales sindicales.

Los representantes advierten asimismo de que unas condiciones tan poco atractivas dificultarán captar a los perfiles más adecuados para el puesto. Aunque reconocen que puede haber profesionales con vocación de servicio y compromiso con esta problemática, asumen que la propuesta económica puede hacer que el destino se perciba como una carga antes que como un reconocimiento.

Plazo de un año

El consejero de Presidencia y delegado de la Policía Local, Ángel Lorén, ha rechazado en anteriores ocasiones las críticas sindicales y ha recordado que el convenio con el Ministerio del Interior fija un plazo de un año para la implantación en Viogén, plazo que el Ayuntamiento prevé no agotar. Lorén ha subrayado también que, mientras la Unidad Égida no esté operativa, las víctimas de violencia de género de Zaragoza están protegidas por la Policía Nacional y la Guardia Civil.

La portavoz socialista, Lola Ranera, ha expresado su apoyo a los profesionales de la Policía Local que asumirán la responsabilidad de proteger y acompañar a las víctimas desde la Unidad Égida, y ha cuestionado al mismo tiempo el compromiso de la alcaldesa. En cuanto a la retribución propuesta, la portavoz del PSOE la califica de “muy grave”: a su juicio, pretender valorar en apenas 1,79 euros al día la disponibilidad permanente de quienes tendrán que atender situaciones de máxima vulnerabilidad y urgencia lanza “un mensaje muy preocupante” sobre la prioridad real que el PP concede a la lucha contra la violencia machista. “No se puede presumir de hacer de esta lucha una prioridad mientras se regatean las condiciones de quienes van a garantizar la seguridad de las mujeres”, ha concluido Ranera.

Por su parte, Elena Tomás, portavoz de Zaragoza en Común, ha manifestado su “absoluto rechazo” ante la decisión del Gobierno municipal. “Lo que estamos conociendo es profundamente preocupante. Es insultante valorar en apenas 1,79 euros al día la disponibilidad permanente de los agentes que tendrán que atender y acompañar a víctimas de violencia de género”, ha afirmado Tomás, quien considera que esa cifra “transmite un mensaje equivocado y evidencia una falta de compromiso real con una política pública que debería ser una prioridad absoluta”. La portavoz de ZEC ha reclamado además que la unidad cuente con recursos suficientes, una organización sólida, formación especializada y condiciones que permitan atraer y mantener a profesionales cualificados: “La lucha contra la violencia machista no puede quedarse en anuncios ni en titulares”.

Respuesta del Ayuntamiento

En su respuesta, el Gobierno municipal de Zaragoza ha acusado a las organizaciones sindicales de estar “utilizando un asunto tan serio y sensible como la lucha contra la violencia machista para hacer política y generar una polémica artificial en pleno proceso de negociación”. Las informaciones lanzadas en los últimos días, asegura, “no se corresponden con la realidad de las conversaciones mantenidas hasta el momento”.

La propuesta económica puesta sobre la mesa por el Ayuntamiento, ha afirmado el concejal delegado de Policía Local, “no fue arbitraria ni improvisada, sino que ”está fundamentada en criterios objetivos y en la doctrina fijada por una sentencia del Tribunal Supremo relativa a la Policía en Gran Canaria“. Frente a esto, los sindicatos ”no han presentado ninguna propuesta técnica o económica que justifique una alternativa a la planteada por el Gobierno municipal“, ha añadido.

El equipo de gobierno del PP ha manifestado oponerse a la pretensión sindical de que los integrantes de la futura Unidad Égida sean designados “mediante un sistema de libre designación”. Se trata, han indicado, de “una línea roja” puesto que “corresponde a la Administración determinar los procedimientos de selección y organización de sus efectivos”. “La única referencia económica que han puesto sobre la mesa ha sido equiparar el complemento de esta unidad al que perciben los agentes de la UAPO”, ha precisado Lorén, para quien esta comparación “carece de fundamento, puesto que las funciones, responsabilidades, competencias y carga de trabajo de ambos servicios son completamente diferentes”.

Lorén también ha cargado contra el PSOE y Zaragoza en Común, cuya posición es desde su punto de vista “cínica e hipócrita” ya que “durante años no impulsaron ninguna medida para reforzar la atención a las víctimas de violencia machista”.