Un turista italiano ha resultado herido con doble fractura abierta de tibia y peroné después de que le haya atropellado un tren turístico que se ha puesto en movimiento cuando se encontraba vacío y estacionado, y que después se ha precipitado hasta chocar y subirse a un desnivel junto al Alcázar de la ciudad.

Las primeras investigaciones, según confirman fuentes municipales, apuntan a que pudieron fallar los frenos del vehículo, lo que ha provocado que circulara sin control cuesta abajo hasta que la locomotora de cabecera ha chocado contra un desnivel al final de la Calle Unión de la ciudad, quedando suspendida sobre un parque ubicado debajo del muro.

Como consecuencia de estos hechos, las mismas fuentes indican que el tren ha atropellado a un hombre de nacionalidad italiana, un turista de 44 años, provocándola una fractura abierta de tibia y peroné. La ambulancia que ha acudido al lugar de los hechos lo ha trasladado al Hospital Universitario de Toledo, donde lo han atendido.

Remolque y corte de tráfico

Junto a la ambulancia, han acudido al lugar una dotación de bomberos para remolcar la locomotora, así como agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional, que han cortado temporalmente el tráfico en la mencionada calle y también por la Cuesta de Capuchinos desde donde se precipitó el tren.

El posible fallo técnico del tren turístico es la principal hipótesis que baraja la Policía, aunque ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.

La autovía GC-1 lleva unos días viviendo multiples incidentes que han obligado a parar el tráfico en repetidas ocasiones. En este caso, durante la mañana de este jueves, se vivió un “imprevisto poco habitual” cuando se encontró un pato paseando “tranquilamente” entre los coches en plena Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria, a la altura de la harimaguada, en sentido norte.

Así lo expresa la Policía Local en sus redes sociales, donde detalla, en tono de humor, que el “intrépido peatón”, ante el riesgo de ocurrir un accidente, fue rescatado por la Unidad de Tráfico, cuyos agentes se encargaron de cortar temporalmente la circulación para evitar que el animal se “desplumara”.

El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) se hizo cargo del pato y, según el cuerpo municipal, lo puso “a buen recaudo”.

Un conductor, que dio positivo en la prueba de alcoholemia, ha impactado este sábado por la mañana contra un panel publicitario y un árbol en el barrio de La Minilla, en Las Palmas de Gran Canaria, destrozando por completo el mobiliario urbano y arrancando parte del arbusto.

En sus redes sociales, la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria ha denunciado que las imágenes difundidas “hablan por sí solas”, ya que el impacto fue a “alta velocidad”, y “podría haber sido una tragedia”.

El cuerpo municipal ha informado que, pese a los daños materiales, “el conductor resultó ileso”.

No obstante, la Policía Local recuerda que “al volante, 0 alcohol”.

Imagina pasar años estudiando para conseguir una plaza, sacrificando tiempo, trabajo y familia, y llegar al final sin saber si todo ha merecido la pena. 66 opositores a la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife llevan más de dos meses atrapados en ese limbo. No saben si han conseguido una plaza ni cuándo lo sabrán. Ante esta situación, han decidido hacer público su malestar a través de una carta en la que denuncian “graves irregularidades” y un silencio administrativo que mantiene su futuro en suspense.

Pero ese mutismo es tan solo la punta del iceberg. A esa querella pública se suma “una absoluta inseguridad jurídica”, donde acusan directamente al Tribunal Calificador de “saltarse la ley de la oposición”.

Preguntas fuera de temario

El primer impedimento llegó cuando se presentaron al último examen, efectuado en la Sala Polivalente de la Sede Administrativa del Servicio de Atención Social (antiguo IMAS) el pasado 9 de junio, y comprobaron que una de las preguntas no figuraba en el temario oficial. La prueba les exigía resolver un caso relacionado con un delito de daños. Todo parecía usual hasta que se percataron de que ese delito, aparentemente inexistente, pertenece a un artículo que no formaba parte de las propias bases de la convocatoria.

Los afectados sostienen a Canarias Ahora que el pliego de condiciones delimitaba de forma concreta los contenidos que podían ser objeto de evaluación. En el caso del tema 10, se incluían los delitos contra el patrimonio: hurtos, robos, robo y hurto de uso de vehículos, usurpación y determinadas modalidades de defraudación, como las estafas y la apropiación indebida. El delito de daños, regulado en los artículos 263 y siguientes del Código Penal, no aparecía entre los tipos penales incluidos en el programa.

La cuestión no es menor. Los opositores consideran que el Tribunal Calificador no puede exigir conocimientos que no aparecen en las bases que rigen la convocatoria y que, precisamente por ello, la pregunta genera una situación de inseguridad jurídica que puede afectar a la igualdad entre los aspirantes.

A esta primera controversia se suma la planteada en el segundo supuesto práctico. Una de las preguntas estaba valorada en 2,5 puntos, una puntuación especialmente relevante en una oposición en la que una diferencia de unas pocas décimas puede determinar quién consigue una de las 26 plazas.

En este caso, los aspirantes debían detallar las infracciones cometidas en relación con una Ordenanza Municipal y citar concretamente sus artículos 22 y 24, una normativa que no figuraba expresamente en el temario específico de la convocatoria.

Pero la polémica no terminó en el contenido de la pregunta. El caos organizativo de la prueba fue lo que agravó todavía más la situación. El examen se entregó boca abajo y cubierto por una hoja separata en la que debía consignarse el nombre antes de ser recortada, tal como indica el Tribunal Calificador. Al realizar el corte de la plica, lo primero que quedaba al descubierto antes siquiera de comenzar oficialmente la prueba era precisamente la pregunta de 2,5 puntos sobre la ordenanza, lo que desató angustia y nerviosismo.

El problema, según explican los opositores a este periódico, es que el Ayuntamiento de Santa Cruz no había indicado claramente qué textos legales podían llevarse al examen.

Por eso, cuando apareció una pregunta sobre una ordenanza que no estaba incluida en el temario específico, muchos aspirantes empezaron a buscarla entre los documentos que habían preparado.

Esto provocó un bloqueo al principio del examen y les hizo perder minutos importantes buscando una normativa que finalmente no tenían, ya que no aparecía en el programa que habían estudiado.

Una ordenanza que ya estaba bajo lupa

El episodio cobra todavía mayor relevancia porque la misma Ordenanza Municipal ya había aparecido en la anterior prueba tipo test. En aquella ocasión, los opositores ya habían impugnado una pregunta relacionada con esta normativa. Sin embargo, el Tribunal rechazó sus alegaciones al considerar que el temario incluía, dentro de la Policía Administrativa Especial, un apartado sobre Humos, Ruidos y Vibraciones y que, por tanto, los aspirantes debían conocer la normativa relacionada con esa materia, incluida la ordenanza municipal.

Esa explicación, sin embargo, no ha convencido a los afectados, que consideran que esta interpretación amplía de facto el contenido de las bases y que “una referencia genérica a una materia no puede convertir automáticamente toda la normativa municipal relacionada con ella en contenido evaluable”.

Para defender su postura, los opositores también citan el artículo 21.3 de la Ley 6/1997, de Coordinación de Policías Locales de Canarias. Esta norma permite que cada Ayuntamiento añada al temario general contenidos relacionados específicamente con su propio municipio.

Por eso, los opositores consideran que, si una ordenanza municipal podía entrar en el examen, debería haber aparecido claramente en el temario específico y no incluirse de forma indirecta mediante una pregunta del examen.

Un hecho que, según denuncian, podría haber generado una situación de ventaja para quienes conocían previamente el criterio empleado por el Tribunal para resolver la impugnación del test, frente a aquellos aspirantes que se limitaron a preparar las materias que figuraban expresamente en las bases de la convocatoria.

Más de dos meses sin conocer las notas

A todas estas dudas sobre el contenido de los exámenes se suma ahora la espera. Más de dos meses desde el supuesto práctico, la última prueba obligatoria del proceso selectivo, y los 66 aspirantes continúan sin conocer sus calificaciones.

La prueba de inglés que queda por realizar tiene carácter voluntario y únicamente sirve para mejorar la puntuación, por lo que los opositores ni siquiera saben si deben continuar preparándola. La incertidumbre se traduce en una decisión difícil, en la que no saben si seguir invirtiendo tiempo y dinero en clases y preparación para intentar conseguir algún punto adicional o bien centrar los esfuerzos en otras oposiciones de Policía Local.

“¿Seguimos preparando inglés o damos un paso al lado?”, se preguntan. Una decisión que, en cualquier caso, depende de unas notas que el Consistorio todavía no ha publicado.

Detrás de los 66 aspirantes hay también 66 situaciones personales diferentes. Personas que compaginan turnos de trabajo con jornadas de estudio, responsabilidades familiares y una preparación física que requiere constancia diaria. Todas ellas se ven obligadas a mantener ese nivel de exigencia sin saber siquiera si continúan dentro del proceso.

Este periódico ha preguntado por ello al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que ha remitido las cuestiones planteadas por los opositores al Tribunal Calificador, al que corresponde la valoración de los ejercicios y la resolución de las reclamaciones. La Concejalía de Recursos Humanos, responsable de la gestión administrativa de la convocatoria y de la designación del Tribunal, ha señalado que, por el momento, “no realizará ninguna valoración sobre las denuncias”.

A la espera de una respuesta del Ayuntamiento

“No reclamamos ni trato de favor ni una modificación de las reglas”, lo que los opositores exigen es que se respeten las bases de la convocatoria y se garantice que todos los aspirantes sean evaluados exactamente bajo las mismas condiciones.

Entre sus reivindicaciones está que el primer supuesto sea corregido atendiendo únicamente a las materias incluidas en el temario; que se anule la pregunta de 2,5 puntos relativa a la Ordenanza Municipal y, sobre todo, la publicación inmediata de las calificaciones.

En su escrito, los opositores argumentan que los principios de seguridad jurídica e igualdad en el acceso al empleo público impiden que durante una oposición se incorporen contenidos que no estaban previamente delimitados para los candidatos.

Una carta pública que puede terminar en los tribunales

Lo que comenzó como una espera cargada de incertidumbre puede acabar ahora en los tribunales. Varios aspirantes ya han buscado asesoramiento jurídico y aguardan a la publicación oficial de las notas para decidir si dan el siguiente paso.

Por ello, reclaman a las instituciones que si no corrigen las irregularidades que denuncian, están preparados para llevar el proceso a la vía contencioso-administrativa. La batalla por una plaza de Policía Local podría, así, continuar en los juzgados, emulando a los opositores al Cuerpo General de la Policía Canaria, quienes han denunciado este mismo año “la existencia de graves irregularidades detectadas”, que comprometían los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir el acceso al empleo público. Un proceso que se encuentra en plena parálisis institucional y judicial, marcado por la apertura de nuevos procesos selectivos en paralelo.

Un proceso por oposición libre

El procedimiento de selección fue convocado por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y se desarrolló mediante acceso libre y oposición. A lo largo del año, los participantes tuvieron que superar exigentes pruebas físicas, que incluyeron salto horizontal, flexiones de brazo, resistencia aeróbica y adaptación al medio acuático, además de exámenes de conocimientos y las pruebas psicotécnicas, diseñadas para evaluar distintas aptitudes y características psicológicas relacionadas con el desempeño de las funciones policiales..

Una convocatoria que pone en juego 26 plazas de funcionario de carrera para la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife.

La Policía Local de Tías ha denunciado a los responsables de dos establecimientos hosteleros de la localidad turística de Puerto del Carmen (Lanzarote) por presuntas infracciones relacionadas con la venta de bebidas alcohólicas a menores, además de hacerlo fuera del horario permitido.

En un comunicado, el Ayuntamiento ha señalado que, a través de la Policía Local, ha reforzado durante la época estival los servicios de vigilancia y control de determinadas áreas del municipio, especialmente en las zonas de mayor afluencia y en el entorno de los establecimientos comerciales y de ocio.

Fue durante el reciente desarrollo de estos servicios, donde los agentes detectaron determinadas irregularidades relacionadas con la venta y el consumo de bebidas alcohólicas que afectaban a menores de edad, por lo que se procedió a realizar las correspondientes comprobaciones que finalizaron en sendas denuncias.

Por su parte, el alcalde, José Juan Cruz Saavedra, ha declarado que “la protección de los menores y el cumplimiento de la normativa son prioridades para el Ayuntamiento de Tías, y desde la Policía Local mantenemos una labor de vigilancia y control especialmente intensa durante los meses de verano”.

Cruz Saavedra ha señalado asimismo que “no podemos permitir que se facilite el acceso de los menores al alcohol ni que determinados establecimientos desarrollen su actividad incumpliendo los horarios establecidos”.

En este sentido, destaca que las actuaciones realizadas por la Policía Local “responden a una labor preventiva y de control encaminada a garantizar la seguridad, la convivencia y el cumplimiento de las normas en nuestro municipio”.

El alcalde agradece “el trabajo que realizan los agentes de la Policía Local, especialmente durante estas fechas de mayor afluencia”, y recuerda que “la colaboración de los establecimientos y de toda la ciudadanía es fundamental para garantizar un entorno seguro y responsable, especialmente para nuestros menores”.

“Espionaje” y “cacería al disidente”. Son términos empleados por el Sindicato Riojano de Policías y Funcionarios (SRPF) para describir la situación que están viviendo los agentes de la Policía Local de Calahorra. No hablan de hechos aislados sino de una “dinámica que está deteriorando el clima de confianza entre la plantilla, la Jefatura y el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Calahorra”.

36 agentes forman parte de un chat laboral

Desde la formación sindical explican que unos 36 agentes de la Policía Local de Calahorra “forman parte, de forma voluntaria, de un grupo de mensajería administrado por los delegados de personal del sindicato, miembros de la Junta de Personal, en el que se intercambia información relacionada con las condiciones de trabajo y otros asuntos propios de la representación de los trabajadores”. Entienden este grupo como “un canal de comunicación estrictamente laboral en el que no se comparte información reservada ni documentación confidencial”.

Sin embargo, aseguran que han podido constatar, hasta en tres ocasiones, que comentarios e informaciones que se han compartido “exclusivamente” en ese grupo han llegado hasta los responsables de la Jefatura de la Policía Local y de la Concejalía competente. “Los responsables de la Jefatura y de la Concejalía no solo solicitaron explicaciones sobre determinados comentarios vertidos en el grupo, sino que también requirieron que algunos de ellos fueran rectificados o reformulados en ese mismo canal de comunicación”.

Unos hechos que preocupan a la plantilla de la Policía Local de Calahorra que se siente “espiada porque las comunicaciones mantenidas en un espacio de naturaleza sindical y laboral dejan de serlo y se convierten en una cacería al disidente” lo que está generando un clima de desconfianza por lo que advierten de que “un entorno basado en la sospecha no favorece ni el diálogo social ni la resolución de los conflictos laborales”.

Asimismo, relatan que el Ayuntamiento de Calahorra les amenaza asegurando que conoce hechos o situaciones que podrían ser investigadas. Y desde el sindicato les recuerdan, tanto al Consistorio como a la Jefatura, que “si existen indicios de conducta susceptibles de investigación, el cauce adecuado es el previsto por el ordenamiento jurídico que además respeta plenamente las garantías de los empleados públicos, no generando este clima de incertidumbre y desconfianza”.

Por todo ello, SRPF pide que se restablezcan “unas relaciones laborales basadas en el respeto mutuo, la buena fe y la lealtad institucional, condiciones imprescindibles para garantizar un servicio público eficaz y preservar los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras”.

Por tierra y aire. La Guardia Civil, en colaboración con las Policías Locales de La Rioja, está llevando a cabo desde primera hora de de este miércoles diveresas actuaciones para garantizar que el eclipse solar se desarrolle con total normalidad en toda la comunidad.

Con el apoyo del Equipo PEGASO y el Servicio Aéreo, se están inspeccionando los diferentes municipios riojanas para prevenir conductas que puedan generar riesgos, asegurar el cumplimiento de las medidas de seguridad y proteger los espacios naturales en una jornada de gran afluencia de público.

Los agentes mantienen una presencia preventiva en los principales puntos de observación, reforzando la vigilancia, regulando la movilidad y ofreciendo asistencia a los ciudadanos. Paralelamente, la vigilancia aérea permite ampliar el control del territorio y anticipar cualquier incidencia que pueda afectar al desarrollo del evento. La Guardia Civil agradece la colaboración ciudadana y recuerda la importancia de actuar con responsabilidad para que este fenómeno astronómico excepcional pueda disfrutarse con seguridad, civismo y respeto al entorno natural.

Un hombre de 80 años ha pasado la noche en un matorral, cerca de la residencia gerontológica de la localidad asturiana de Pola de Laviana donde estaba internado. El propio personal del centro alertó ayer, domingo, al Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) cuando detectó la ausencia del anciano y al comprobar por la noche que no había regresado.

Inmediatamente se movilizó un operativo de búsqueda en el que han participado las unidades Canina y de Drones, el helicóptero, Cruz Roja, Policía Local, Guardia Civil y voluntarios.

Esta mañana ha sido localizado en un matorral por un vecino que paseaba junto a su perro por las inmediaciones de la residencia de ancianos. Tras alertar a los equipos de emergencias, hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos del SEPA que rescataron al anciano. Había caído, unos dos metros, en un zarzal.

Rastreo del río

Las primeras llamadas de auxilio se recibieron en el 112 Asturias en torno a las nueve y media de la noche de ayer. A partir de esa hora y hasta las cinco de esta pasada madrugada se rastrearon los aledaños del centro y se revisaron incluso los márgenes del río con la cámara termográfica de los drones, mientras que por tierra se batió una zona de más de dos kilómetros desde la residencia hacia la localidad de Blimea, pero no se obtuvo resultado alguno.

El SEPA difundió la noticia de la búsqueda a través de las redes sociales por si alguna persona pudiera aportar alguna pista que pueda conducir hasta el paradero del residente.

La movilización de medios

La Sala 112 del SEPA movilizó a efectivos de Bomberos del parque de San Martín del Rey Aurelio, así como a la Unidad Canina, Unidad de Drones, Grupo de Rescate.

Paralelamente se comunicó la desaparición a la Policía Local que mantuvo agentes en la zona y a la Guardia Civil. A la búsqueda también se sumaron voluntarios de la Agrupación de Protección Civil de Laviana.

En un zarzal

A primera hora de esta mañana se ha retomado la búsqueda a la que se han sumado el helicóptero medicalizado del organismo autónomo con el Grupo de Rescate y las ERIES (Equipo de Respuesta Inmediata de Emergencias) Terrestres y Acuática de Cruz Roja y voluntarios de Protección Civil.

A las 11.09 horas, el jefe de zona al frente del dispositivo ha comunicado al 112 que la Unidad de Drones del SEPA ha localizado al varón desaparecido desde ayer tarde en Laviana tras el aviso del vecino.

El Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) ha enviado al lugar el equipo médico de la UVI-móvil de Langreo para comprobar su estado y, tras un primer examen por parte del equipo médico, ha sido trasladado para la realización de más pruebas al Hospital Valle del Nalón. En un principio, su pronóstico es reservado.

L’oficina “antiokupes” de la Policia Local de València va pel camí de convertir-se en una assessoria jurídica gratuïta per a qüestions relacionades amb l’ocupació irregular d’immobles i els impagaments. El recurs, que des del novembre passat opera daval la direcció del Gabinet Jurídic del cos local, tenia com a objectiu canalitzar les actuacions policials en aquesta matèria i prestar un servei de mediació, atés que la Policia Local no té competències en els delictes d’apropiació indeguda o usurpació, llevat que observe la comissió flagrant del delicte, tal com reconeixia el regidor de Seguretat en una resposta escrita.

Un informe de la Policia Local apunta que el recurs atén consultes sobre ocupació irregular d’immobles, impagaments de lloguer, assentaments i precaristes —la situació jurídica en què una persona fa ús d’un immoble alié sense pagar lloguer i sense un contracte legal, una fórmula que sol donar-se majoritàriament en habitatges familiars o en compravendes amb mudança—. Entre les seues funcions, el document intern recull: “Orientació o impuls d’actuacions procedents, incloent-hi comunicació a l’autoritat judicial o derivació a assessoria jurídica municipal quan la naturalesa del cas ho exigeix”. L’informe del Gabinet Jurídic fa servir el terme “inquiocupació”, que no existeix en l’ordenament jurídic, un supòsit sobre el qual assenyala haver rebut tres consultes.

El document apunta que la major part de les consultes són per casos d’ocupació, amb 35 casos, seguits pels assentaments, amb sis. Les situacions d’“inquiocupació” apareixen en tres expedients i el precari, una sola vegada. El recurs ha atés des del mes de novembre 45 expedients i 13 telefonades, segons l’informe municipal. Les telefonades, recull l’anàlisi, són per qüestions informatives: consultes preventives, sol·licituds d’informació sobre habitatges ocupats, supòsits d’impagament de rendes i consultes relatives a baixos, trasters o edificis ocupats. Per exemple, una persona va telefonar per a explicar que el seu inquilí feia tres mesos que no li pagava el lloguer i se li va informar sobre la mediació prèvia a la via judicial.

L’anàlisi de les actuacions apunta que es fan altres tasques, a més de recollir les consultes. El llistat no només registra entrades, sinó també “observacions” sobre “actuacions i resultats”. Entre aquestes, s’hi documenten mesures antiocupació en edificis buits, com la instal·lació d’alarmes, “intent d’ocupació sense èxit”, informació sobre immobles desocupats i comunicacions a l’autoritat judicial.

Abans d’això, l’Ajuntament de València va comunicar que s’havien atés huit casos des de juny i unes 600 telefonades relacionades amb l’ocupació al telèfon de la Policia Local, el 092. Segons el document, al qual ha tingut accés elDiario.es, les consultes han augmentat en els mesos de març i abril, mentre que durant la resta dels mesos a penes hi ha peticions. Al març es van fer 17 consultes i a l’abril, 11.

En concret, des de novembre, el Centre Integral de Seguretat i Emergències (CISE), la sala de control operatiu, va atendre 18 casos; el telèfon de l’oficina va atendre 13 telefonades; es van registrar nou instàncies, un correu electrònic i dues comunicacions per altres vies. L’informe del Gabinet Jurídic se superposa, pel que fa a la informació del mes de novembre, amb la resposta escrita al regidor de Compromís Ferran Puchades, que va preguntar per les actuacions del 2025. El primer document esmenta dues atencions al novembre, mentre que la resposta del consistori apuntava que s’havien rebut dues telefonades i dos correus electrònics. La diferència pot deure’s a una altra manera de comptar els casos o al fet que va ser al novembre quan els serveis jurídics van assumir aquesta competència. Fins aleshores, segons la informació de l’Ajuntament, només s’havien atés huit casos des de juny.

Ús d’un terme sense base jurídica

El regidor de Compromís es mostra indignat perquè la Policia assumisca el terme “inquiocupació”, sense base jurídica. L’Ajuntament de València que dirigeix María José Catalá fa mesos que aposta per aquest terme. De fet, el consistori va apuntar que hi ha prop de 10.000 habitatges buits a la ciutat de València que no ixen al mercat del lloguer per por de la “inquiocupació”.

Segons el regidor valencianista, “Catalá abona el camí perquè la ultradreta es faça propietària i senyora de l’agenda política de València”. “No només ha creat una oficina Antiocupació, que s’ha mostrat com un quiosquet inútil, ja que només ha fet 45 actuacions en poc més d’un any —una mitjana de tres al mes—, sinó que la mateixa Policia Local utilitza amb normalitat en els seus informes termes antijurídics com ‘inquiocupació’, creat per la ultradreta per a deshumanitzar i desqualificar determinats fets”, denuncia el regidor.

“Allò que el PP i Vox denominen ‘inquiocupació’ són simplement deutors d’un contracte civil d’arrendament que han existit des de sempre i que es resolen mitjançant una demanda judicial. Catalá ha aconseguit que es tracte un deutor civil, algú que deu qualsevol factura, com si es tractara d’un delinqüent al qual se li ha d’aplicar el Codi Penal”, exposa el regidor, que a més és lletrat de l’Administració de Justícia.

“És una aberració per a la convivència democràtica que Catalá haja obert de bat a bat la Policia Local al discurs de la dreta extrema, que només busca crear conflicte i enfrontament, inventant delictes on no n’hi ha, i resulta encara més greu que siga el seu Gabinet Jurídic qui ho faça amb total impunitat”, conclou el regidor de l’oposició.

La oficina 'antiokupas' de la Policía Local de València va camino de convertirse en una asesoría jurídica gratuita para cuestiones relacionadas con la ocupación irregular de inmuebles y los impagos. El recurso, que desde el pasado noviembre opera bajo la dirección del Gabinete Jurídico del Cuerpo local, tenía como objetivo canalizar las actuaciones policiales en esta materia y prestar un servicio de mediación, dado que la Policía Local no tiene competencias en los delitos de allanamiento o usurpación, salvo que observe la comisión flagrante del delito, tal como reconocía el edil de Seguridad en una respuesta escrita.

Un informe de la Policía Local apunta que el recurso atiende consultas sobre ocupación irregular de inmuebles, impagos de alquiler, asentamientos y precaristas -la situación jurídica en la que una persona usa un inmueble ajeno sin pagar alquiler y sin un contrato legal, una fórmula que suele darse mayoritariamente en viviendas familiares o en compraventas con mudanza-. En sus funciones, el documento interno recoge: “Orientación o impulso de actuaciones procedentes, incluyendo comunicación a la autoridad judicial o derivación a asesoría jurídica municipal cuando la naturaleza del caso lo exige”. El informe del gabinete jurídico emplea el término “inquiocupación” que no existe en el ordenamiento jurídico, un supuesto por el que señala haber recibido 3 consultas.

El documento apunta que la mayor parte de las consultas son por casos de ocupación (35 casos), seguidos por los asentamientos, con seis casos. Las situaciones de inquiocupación aparecen en tres expedientes y el precario una sola vez. El recurso ha atendido desde el mes de noviembre 45 expedientes y 13 llamadas de teléfono, según el informe municipal. Las llamadas, recoge el análisis, son por cuestiones informativas: consultas preventivas, solicitudes de información sobre viviendas ocupadas, supuestos de impago de rentas y consultas relativas a bajos, trasteros o edificios ocupados. Por ejemplo, una persona llamó para explicar que su inquilino llevaba tres meses sin pagarle el alquiler, y se le informó sobre la mediación previa a la vía judicial.

El análisis de las actuaciones apunta que se dan otros trabajos además de recabar las consultas. El listado no solo registra entradas sino “observaciones” sobre “actuaciones y resultados”. Entre ellas, apunta, se documentan medidas antiocupación en edificios vacíos (instalación de alarmas), “intento de ocupación sin éxito”, información sobre inmuebles desocupados y comunicaciones a la autoridad judicial.

Antes de ello, el Ayuntamiento de València comunicó que se habían atendido 8 casos desde junio y unas 600 llamadas telefónicas relacionadas con la ocupación al teléfono de la Policía Local, el 092. Según el documento, al que ha tenido acceso elDiario.es, las consultas se han elevado en los meses de marzo y abril, mientras que en el resto de los meses apenas hay peticiones. En marzo se hicieron 17 consultas y en abril 11.

En concreto, desde noviembre, el Centro Integral de Seguridad y Emergencias (CISE, la sala de control operativo), atendió 18 casos, el teléfono de la oficina atendió 13 llamadas, se registraron 9 instancias, un correo electrónico y dos comunicaciones por otras vías. El informe del gabinete jurídico se solapa en lo relativo a la información del mes de noviembre con la respuesta escrita al edil de Compromís Ferran Puchades, que preguntó por las actuaciones en 2025. El primer documento reseña dos atenciones en noviembre, mientras que la respuesta del consistorio apuntaba que se habían recibido dos llamadas y dos correos electrónicos. La diferencia puede deberse a otra forma de contar los casos o a que fue en el mes de noviembre cuando los servicios jurídicos asumieron esa competencia. Hasta entonces, según la información del Ayuntamiento, solo había atendido 8 casos desde junio.

Uso de un término sin base jurídica

El edil de Compromís se muestra indignado porque la Policía asuma el término “inquiocupación”, sin base jurídica. El Ayuntamiento de València que dirige Maria José Catalá lleva meses apostando por este término, que azuza el miedo. De hecho, el consistorio apuntó hay cerca de 10.000 viviendas vacías en la ciudad de Valencia que no salen al mercado del alquiler por miedo a la inquiocupación.

Según el edil valencianista, “Catalá abona el camino para que la ultraderecha se haga dueña y señora de la agenda política de València”. “No solo ha creado una oficina Antiokupación, que se ha mostrado como un chiringuito inútil, ya que solo ha realizado 45 actuaciones en poco más de un año (una media de 3 al mes), sino que la propia Policía Local utiliza con normalidad en sus informes, términos antijurídicos como ”inquiocupación“, ”creado por la ultraderecha para deshumanizar y descalificar determinados hechos“, denuncia el edil. Aquello que PP y Vox denominan ”inquiocupación“, son ”simplemente los deudores de un contrato civil de arrendamiento que han existido desde siempre y que se resuelven mediante una demanda judicial. Catalá ha conseguido que se trate a un deudor civil, quien debe cualquier factura, como si se tratara de delincuentes a los que se les debe aplicar el código penal“, expone el concejal, que es además letrado en la Administración de Justicia.

Es un auténtico bochorno y una aberración para la convivencia democrática, que Catalá haya abierto de par en par a la Policía Local para el discurso de la derecha extrema que solo busca crear el conflicto y el enfrentamiento, inventando delitos donde no los hay y resulta más grave aún que sea su Gabinete Jurídico quien lo haga con total impunidad“, concluye el edil de la oposición.

La Policía Local de Benidorm ha localizado este viernes a primera hora de la mañana una embarcación tipo patera a la deriva entre la cala del Tío Ximo y Punta Cavall, sin que en su interior se encontrara ningún ocupante.

Según han informado fuentes policiales, se trata de una embarcación de unos cuatro metros de eslora equipada con un motor de 40 caballos de potencia y depósitos de gasolina.

Tras el hallazgo sobre las ocho de la mañana, los agentes han realizado una inspección de la zona ante la posibilidad de que hubiera personas en el agua o en las inmediaciones, aunque por el momento no se ha localizado a ninguno de los ocupantes.

Las mismas fuentes han apuntado a que la embarcación podría haber alcanzado la costa durante la madrugada y han recordado que este tipo de pateras suelen transportar entre ocho y diez personas, si bien por ahora se desconoce cuántas viajaban en esta.

La Policía Local ha señalado asimismo que este tipo de embarcaciones suelen aparecer de forma escalonada a lo largo del litoral de la provincia, entre Alicante y Dénia, y no descarta que puedan localizarse otras en las próximas horas.

La Policía Local de Puertollano ha detenido a un hombre como presunto autor de una agresión después de que supuestamente amenazara a su pareja con un cuchillo de cocina en el interior de una vivienda de la localidad.

Los hechos se produjeron durante la tarde del pasado 5 de agosto, según ha informado el cuerpo municipal a través de sus redes sociales.

Fueron los propios vecinos quienes dieron la voz de alarma después de escuchar cómo una persona pedía auxilio desde el interior del domicilio. Tras recibir el aviso, efectivos de la Policía Local se desplazaron hasta el lugar.

La situación obligó a los agentes a emplear una escalera para acceder hasta un segundo piso, desde donde pudieron intervenir y llegar hasta las personas que se encontraban en la vivienda.

Finalmente, los agentes pudieron detener al presunto agresor y auxiliar a la víctima.

La Policía Local ha difundido además una fotografía correspondiente a la intervención en la que aparece un cuchillo de cocina de grandes dimensiones.

La Policía Local de Puerto del Rosario (Fuerteventura) investiga actos vandálicos cometidos en los últimos días contra maquinaria municipal utilizada en trabajos de acondicionamiento en el pueblo de Los Llanos de la Concepción.

Según ha informado la Policía Local en sus redes sociales este jueves, varios vecinos alertaron a los agentes de los daños causados a la maquinaria empleada en las labores de adecentamiento del entorno de la iglesia y la plaza pública con motivos de las próximas fiestas de la localidad.

Los hechos se produjeron después de que los operarios dejaran la maquinaria en la zona para continuar los trabajos al día siguiente.

La Policía Local señala que actualmente se están recabando las manifestaciones de los vecinos que han sido testigos, con el fin de esclarecer los hechos e identificar a los autores.

Además, el cuerpo municipal ha recordado que los trabajadores del Ayuntamiento realizan labores de mantenimiento y limpieza durante todo el año, especialmente en verano, cuando aumentan los trabajos con motivo de las fiestas populares.

La Policía Local hace un llamamiento al civismo y a la colaboración ciudadana para erradicar este tipo de conductas “injustificables y reprobables”.

La alcaldesa de Vitoria, la socialista Maider Etxebarria, ha asegurado este martes que no le consta que el Ayuntamiento supiese de la existencia de antecedentes de agresiones del personal de seguridad de la discoteca Mítika. En febrero de 2025, un portero del local golpeó y mató a un cliente, el joven Kerman Villate. “No manejamos los datos”, ha dicho la primera edil, según recoge Europa Press. Ha insistido, además, en que será la Justicia la que determine “quién fue el responsable” de una tragedia que ha tachado de “tan injusta”. Las responsabilidades, ha dicho, no las va a determinar “ni el Ararteko, ni el Gobierno vasco, ni el Ayuntamiento, ni la propia familia”.

La familia, que ha recogido hasta 22 antecedentes de agresiones a través de atestados policiales, sentencias judiciales y testimonios personales, viene quejándose de la actitud adoptada por el Ayuntamiento ante los hechos. “La responsabilidad de la seguridad en salas como la de Mítika, por su aforo, es municipal. Y la máxima responsable de seguridad ciudadana es la alcaldesa. No puede eludir responsabilidades”, lamenta. Hay denuncias documentadas ante el juzgado, reiteran, y el propio Ayuntamiento, dicen, reconoció ante el Ararteko (la Defensoría del Pueblo vasca) hasta trece actuaciones de la Policía local por agresiones en el local. Y la Ertzaintza, como se desprende de los atestados, tenía más.

A raíz de la muerte de Villate, el Gobierno vasco endureció el control sobre los porteros de discotecas. La alcaldesa se ha congratulado de que fuera el Gobierno municipal el que impulsara esos cambios legislativos. “Es un ejemplo de que el Ayuntamiento ha estado encima de este caso”, ha remarcado. La familia ha protestado también por la negativa del Ayuntamiento a facilitarles más información. Aseguran que, amparándose en la ley de transparencia, han solicitado datos que no se les ha brindado, algo que han denunciado recientemente ante la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública. Etxebarria, por su parte, ha pedido una vez más esperar a que la Justicia concluya su actuación.

La Policía Local de Benidorm ha iniciado gestiones para localizar a los familiares de una urna funeraria con cenizas que ha sido encontrada en una taquilla de un supermercado de la localidad, después de que el establecimiento alertara del hallazgo.

Según ha informado la propia Policía Local a través de sus redes sociales, la urna ha sido localizada este mismo lunes por la mañana por la encargada del supermercado cuando revisaba las taquillas utilizadas por los clientes para depositar sus pertenencias.

El portavoz de la Policía Local, Quique Tortosa, ha explicado que los agentes están realizando gestiones para identificar a los posibles familiares de la persona fallecida, aunque por el momento no han logrado localizar a nadie.

Con ese objetivo, el cuerpo policial ha difundido una imagen de la urna y ha solicitado la colaboración ciudadana para tratar de encontrar a sus propietarios y poder devolverles las cenizas.

En caso de que no sea posible localizar a los familiares, la Policía Local tiene previsto trasladar la urna al cementerio municipal, según ha indicado su portavoz.

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria interceptó este viernes por la mañana un taxi que circulaba con pasajeros a bordo y sin uno de los neumáticos traseros. por la GC-23.

En sus redes sociales, el cuerpo policial muestra un vídeo donde puede apreciarse como el taxi circula en esas condiciones por la GC-23, a la altura del Hospital Doctor Negrín.

Ante la situación y tras ser alertados por otro ciudadano, unidades de la zona Puerto interceptaron de inmediato el vehículo.

Además, una vez detenido taxi, los agentes comprobaron que el coche presentaba “visibles deficiencias”.

La Policía Local realizó las correspondientes diligencias.

Un juez de Gijón/Xixón ha prohibido a un vecino de 68 años aproximarse a un policía local al que ha estado a punto de matar, tras manipular el sistema de frenados de su moto.

Ademas de las cámaras de videovigilancia de tráfico que grabaron la escena, varios testigos lo situaron en la zona. La Policía Nacional logró detenerlo el pasado miércoles.

Tras pasar a disposición judicial, el presunto agresor abandonó las dependencias judiciales en libertad con cargos y con una orden de alejamiento.

Los hechos han sido confirmados este viernes por la Policía Nacional de Gijón/Xixón. Según su relato, el agresor conocía que su víctima era policía local por intervenciones policiales anteriores.

Una manipulación “deliberada”

Agresor y víctima habían coincidido en el barrio de La Arena. El agente, que se encontraba en ese momento fuera de servicio, aparcó su moto y se fue. Poco después, regresó a la zona y cuando ya se marchaba “comenzó a notar un funcionamiento anómalo en el freno delantero de su motocicleta, teniendo que hacer uso de su pericia ya que habitualmente realiza su trabajo en moto, para evitar tener un accidente, por lo que decidió llevar el vehículo al taller para comprobar el origen de la avería”, explican desde la Comisaría de la Policía Nacional.

Tras la revisión, los mecánicos confirmaron que el circuito hidráulico del freno delantero había sido manipulado de forma deliberada mediante el vaciado del líquido de frenos y descartaron que la pérdida pudiera obedecer a una avería fortuita.

La investigación

Los mecánicos certificaron que únicamente una manipulación intencionada podía provocar ese tipo de fallo, que comprometía no solo su seguridad sino que incluso conllevó un riesgo elevado de sufrir un accidente con consecuencias “potencialmente muy graves”.

Agentes de la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de la Policía Nacional en Gijón/Xixón se hicieron cargo de las investigaciones.

Las imágenes

Las manifestaciones de testigos, el análisis de las imágenes captadas por distintos sistemas de videovigilancia y el resto de diligencias practicadas permitieron reunir suficientes indicios para situar al investigado en el lugar de los hechos y atribuirle la manipulación del sistema de frenado.

Una vez finalizado el atestado policial, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia, cuyo titular decretó su libertad con cargos y dictó una orden de alejamiento a la víctima.

El Ayuntamiento de Santander ha recibido un nuevo revés judicial al ser condenado al abono de las jornadas extraordinarias que el personal de escolta de la alcaldía ha venido realizando desde enero de 2023. La sentencia obliga al consistorio no solo al pago de las retribuciones adeudadas, sino también a abonar los intereses devengados y las costas judiciales del proceso.

Según detalla el delegado de personal del sindicato SIEP, Óscar Gómez, el montante de las horas impagadas asciende a unos 26.000 euros. Según el sindicato, el servicio de escolta ha sufrido una drástica reducción de efectivos, pasando de contar con seis agentes a solo tres. Esta situación se ha visto agravada por la existencia de vacantes en los puestos de conductor, lo que ha obligado a los escoltas a asumir estas tareas adicionales además de sus funciones propias de seguridad.

Esta falta de personal ha derivado en una carga de trabajo que supera la jornada ordinaria, con una media de 30 horas de servicio extraordinario al mes por trabajador. El sindicato ha subrayado que, aunque estas horas se retribuyeron hasta diciembre de 2022, el equipo de gobierno dejó de abonarlas a partir de esa fecha, a pesar de mantener las mismas exigencias de disponibilidad.

Tres años de “silencio administrativo”

El conflicto se remonta a febrero de 2023, cuando la Junta de Gobierno Local aprobó una propuesta de abono de productividad para compensar estos excesos de jornada. Sin embargo, dicho acuerdo nunca se cumplió. Tras tres años de reclamaciones ante el Consistorio sin obtener respuesta, los profesionales se vieron obligados a recurrir a la vía judicial ante lo que consideran un “atropello” y una muestra de “incompetencia en la gestión de recursos humanos”.

Desde SIEP califican la situación de “kafkiana” y han instado al equipo de gobierno a que no recurra la sentencia “si queda algo de respeto a los profesionales”.

Un conflicto que se extiende a la seguridad ciudadana

Este nuevo revés judicial se une a las suesivas críticas de la Junta de Personal municipal, que ha denunciado una “campaña de desprestigio” contra los empleados públicos y ha señalado que más de una cuarta parte de la plantilla municipal sigue sin cubrirse, afectando gravemente a servicios básicos de la ciudad.

Recientemente, los sindicatos de la Policía Local han calificado de “caos absoluto” el dispositivo del “chupinazo” de la Semana Grande, denunciando que la escasez de efectivos obligó a desplegar apenas siete agentes para un evento que congrega cada año a más miles de personas.

Además, las organizaciones sindicales han puesto el acento en que esta situación de “precariedad material” es insostenible, señalando que la plantilla acumula dos años sin reposición de uniformidad básica, cascos actualizados ni chalecos antibalas operativos. Ante lo que consideran un “fracaso absoluto” de planificación que pone en riesgo la integridad de los trabajadores, los representantes ya han exigido dimisiones políticas y han anunciado que emprenderán medidas legales adicionales.

A menos de 24 horas de que se vote la ley de Acompañamiento a los Presupuestos, una ley ómnibus que incluye una batería de cambios legislativos, el PP y Vox incorporan una emienda que cambia por completo el régimen de acceso a la Policía Local de València.

La derecha y la ultraderecha acuerdan finalmente permitir que se acceda a la Cúpula de Policía a través del turno libre; es decir, que opten personas ajenas al Cuerpo (si cumplen los requisitos) o que los agentes se salten categorías para acceder al mando si cumplen las pruebas. La enmienda se ha registrado de manera conjunta a las 13.59 horas, bordeando el límite del plazo. La ley de Acompañamiento se vota este viernes en las Corts Valencianes.

Se prevé este sistema para las categorías de comisario y comisario principal, las máximas en el escalafón, con al menos un 70% de plazas por promoción interna y un 15% por movilidad. Esto abre la puerta a la entrada de militares en la cúpula, algo que ya se ha garantizado Vox para las bases con otra enmienda pactada con el PP, reservando un 20% de plazas si los ayuntamientos lo desean. Para los oficiales, el acceso será exclusivo por promoción interna y movilidad. La medida es exclusiva para municipios de más de 500.000 habitantes. En otras palabras, solo para Valencia.

La medida parte de una iniciativa de la Jefatura de València, acordada en una Mesa Técnica con todos los sindicatos salvo CCOO, y se defiende como una forma de renovar el Cuerpo, que tiene un elevado número de mandos en interinidad (por mejoras de empleo caducadas) y ha provocado varias investigaciones de la Agencia Antifraude por la temporalidad. El Cuerpo de Policía de València apunta que lleva años sin oportunidad de promoción profesional para la plantilla y con una estructura de mando muy incompleta.

La ultraderecha tumbó este mismo texto el lunes en comisión parlamentaria, votando junto al PSPV y Compromís, algo poco habitual en las Corts Valencianes. Apenas tres días después, Vox ha pactado con el PP este régimen especial, una propuesta que parte de la Jefatura de Policía de València y cuenta con el apoyo de la alcaldesa y también diputada María José Catalá.

Tras registrarse por primera vez, los sindicatos policiales han criticado esta enmienda, que ven un traje a medida para la capital. UGT y el SPPLB señalan que no traslada el acuerdo adoptado en la Mesa. También las asociaciones de jefes, que trasladaron un escrito pidiendo que se retirara y se reunieron con el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. Los jefes piden una reunión del órgano de coordinación.

“El grupo popular en las Cortes Valencianas ha presentado una enmienda donde no se refleja todo lo propuesto, ya que no se recogen las categorías de intendente e inspector. Justamente la de inspector, donde la norma es más perjudicial para los compañeros/as de Valencia”, lamentó el SPPLB, mientras UGT denuncia una reforma modificada “de forma torticera para únicamente afectar a Comisarios y Comisarios Principales”.

La portavoz de Seguridad del PSPV en las Corts, Marisa Navarro, considera la medida “una cacicada”. “. Es una auténtica cacicada, una doble cacicada, porque tanto la Asociación de Jefes como los sindicatos han pedido la convocatoria de la Comisión de Coordinación y la retirada de esa enmienda. Lejos de retirarla y lejos de debatirla en el órgano legal establecido para ello, lo que hacen es presentar una transaccional para que se apruebe mañana”, afirma la diputada, que avanza el voto en contra del PSPV.

“Las formas utilizadas son antidemocráticas. Le han dado la espalda a los profesionales, a los sindicatos, a los alcaldes, para hacer un traje a medida para Valencia, un régimen especial, rompiendo lo que marca la ley, que es dar un tratamiento homogéneo, sin privilegios, a todos los municipios de la Comunitat Valenciana”, concluye Navarro.

La jueza de la dana ha incorporado los mensajes de WhastApp que el jefe de la Policía Local de Godelleta remitió la víspera de la catástrofe a la alcaldesa de la localidad de la comarca de la Hoya de Buñol, María Amparo Pardo, que ha declarado este miércoles como testigo ante la magistrada de Catarroja.

El mensaje que el 28 de octubre de 2024 remitió el uniformado, al que ha tenido acceso elDiario.es, reza así: “Se esperan 150 litros en 12 horas, pero el problema es que podrían concentrarse en un periodo de cuatro”. Luego reenvió un segundo whatsapp: “La tormenta es preocupante como hace años que no teníamos. Vendrá de sur a norte, entrando desde Alicante ya esta noche. Mañana por la mañana se concentrará en el Golfo de Valencia (entre la Ribera y Sagunto). Por la tarde se irá hacia Castellón, norte de Valencia”.

La instructora, según indica en una providencia dictada tras la testifical de la alcaldesa del PP, ha acordado citar como testigo al jefe de la Policía Local del municipio. Por otro lado, la jueza permanece a la espera de la aportación voluntaria de unos mensajes de WhatsApp intercambiados en un chat de alcaldes de la comarca de la Hoya de Buñol, relativos a la emergencia de la dana del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 231 fallecidos.

En la misma providencia, la jueza acuerda requerir al Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat en l'Eliana que remita la grabación de hasta 76 llamadas telefónicas durante la dana con los municipios de l'Alcúdia, Utiel, Montserrat, Benimodo, Guadassuar, Carlet, Catadau, Albal, Picanya, Buñol, Algemesí, Requena, Alcàsser, Quart de Poblet y Alginet.

Por otro lado, en un auto dictado este miércoles, la magistrada ha rechazado el recurso de reforma contra una resolución anterior de una de las acusaciones particulares de la causa, que solicitaba una serie de diligencias “desligadas absolutamente del objeto de la investigación”, según la instructora.