Sin darle publicidad, el Gobierno vasco ha dado ya el primer paso para poner en marcha la doble licitación de la contrata de ambulancias de Osakidetza, la mayor externalización de la Sanidad pública. El Consejo de Gobierno, fuera del orden del día, aprobó este martes una doble de autorización de gasto por tratarse, en ambos casos, de contratos por un valor superior a los 5 millones de euros. Se espera que los pliegos se conozcan antes del parón vacacional, aunque la resolución definitiva podría tardar todavía meses.

Osakidetza tiene externalizados dos tipos de ambulancias. Por un lado, está el servicio de emergencias (vehículos amarillos) y, por otro, las ambulancias programadas (azules y blancas). Las UVI móviles sí son un servicio con personal propio. Cada licitación va por separado y ambas son millonarias, con un coste que supera holgadamente los 10 millones de euros mensuales.

La importancia especial de esta renovación de la contrata es que vendrá a regularizar la situación de interinidad que vive el sector desde finales de 2024, cuando fueron rescindidos antes de tiempo los acuerdos con la catalana Grup La Pau, que gestionaba las dos redes en Bizkaia y en Álava y era la principal contratista de Osakidetza. La cooperativa, ahora en concurso de acreedores, acumuló decenas de sanciones de la Inspección de Trabajo y otras incidencias que incluyeron el impago de nóminas.

Desde entonces, Ambulancias Gipuzkoa mantiene la adjudicación que ya tenía desde el concurso anterior en ese territorio, ya que no le afectó para nada la crisis con La Pau. Pero se tuvieron que firmar dos contratos de emergencia, es decir, directos y sin concurso, para solventar el hueco en Bizkaia y en Álava. En el caso alavés, se optó por ampliar el radio de acción de Ambulancias Gipuzkoa; en el vizcaíno, por el contrario, se creó 'ad hoc' una UTE llamada Bizkanb y que es la suma de la rama sanitaria de Alsa (conocida como Sanir) y de la navarra Baztan-Bidasoa.

Inicialmente se aludió a un posible plazo de catorce meses con un presupuesto total de 110 millones de euros, pero llegó enero de 2026, el momento del final de ese tiempo estimado, y se mantuvieron los servicios tal cual. Fuentes de Osakidetza aclararon que, pese a la confusión, las adjudicaciones de emergencia a Bizkanb y Ambulancias Gipuzkoa eran indefinidas.

Ahora se acerca ya la regularización, aunque por el momento solamente se ha dado el primer paso de muchos. La tramitación durará meses. Lo que ha hecho el Consejo de Gobierno es autorizar al consejero de Salud, Alberto Martínez, a que pueda poner en marcha dos concursos por un importe superior a los 5 millones de euros. Un decreto de 2016 obliga a que sea el máximo órgano colegiado de la Administración vasca el que dé inicio a las licitaciones más importantes.

A partir de ahora, se activarán los dos expedientes de contratación, el 16/2026/PS (relativo a las ambulancias urgentes) y el 17/2026-PS (el del servicio programado). Fuentes de Osakidetza indican que antes del verano se harán públicos los pliegos y luego vendrá el período de presentación de ofertas. No es descartable que puedan presentarse recursos que demoren la resolución del concurso. Como referencia, en la anterior ocasión los pliegos se lanzaron en diciembre de 2023 y no fue hasta el verano de 2024 cuando se adjudicaron los nuevos contratos.

La mesa del Transporte Sanitario No Urgente (TSNU), que gestiona el Servicio de Urgencias Canario (SUC), dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha registrado en los dos últimos días incidentes en la base del transporte sanitario, ubicada en el municipio tinerfeño de Los Realejos, que han ocasionado una reestructuración de las rutas y la pérdida de tratamientos no vitales.

Este mismo lunes se notificaron los primeros incidentes registrados en la base del TSNU en el norte de Tenerife, que imposibilitaron el acceso del personal al recinto a primera hora de la mañana, quedando 12 unidades de transporte inoperativas a las 06.00 horas, y dos más con inicio a las 08.00 horas.

Esto llevó a una reorganización crítica del servicio con la suspensión de los tratamientos no vitales para garantizar las hemodiálisis, señala la Consejería.

Esto ha perjudicado gravemente, en primer lugar, a los pacientes al no ver garantizado el TSNU para acudir a su tratamiento sustitutivo y por otra parte, a los centros, tanto de hemodiálisis como de rehabilitación, afectando de manera crítica a su organización y operativa.

La incidencia ha supuesto 53 pérdidas de tratamiento, repartidas entre la zona norte y la zona metropolitana, al derivar recursos al norte.

Una vez abierto el recinto, se ha comprobado que cuatro recursos continúan inoperativos por falta de personal.

Esto ha producido nuevas pérdidas de tratamiento para pacientes, con hasta un total de seis pacientes afectados por lo que se elevan a 59 las pérdidas de tratamiento no vital.

Asimismo, dos recursos de transporte situados en la base del TSNU de Santa Cruz se vieron afectados por actos vandálicos, sufriendo pinchazos dentro de la nave. No obstante, estos pudieron ser resueltos con rapidez.

A primera hora de la mañana de este martes, la situación se ha repetido con daños en el acceso a la base norte, dejando 14 recursos sanitarios sin poder comenzar su horario previsto, doce a las 06.00 horas y dos a las 08.00 horas.

Readaptación de las rutas

Esto ha supuesto, por segundo día consecutivo, la readaptación de las rutas, no pudiendo asumir los traslados a tratamientos no vitales para garantizar la atención a pacientes de tratamientos vitales.

Por esta incidencia, se han perdido 34 tratamientos de rehabilitación, 28 de ellos en el centro concertado ICOT La Orotava, en el Hospital Universitario de Canarias y en Hospiten Tamaragua.

Como consecuencia de ello, se han tenido que enviar dos recursos de Santa Cruz para atender la demanda vital en el norte y minimizar daños.

Ello ha supuesto la pérdida dos tratamientos de rehabilitación, uno en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria y otro en el Hospital Quirón Tenerife y el retraso en la entrada de un paciente de quimioterapia en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

Además, desde la empresa adjudicataria se comunicó que otros cuatro recursos estaban inoperativos por no tener dotación o bien completa o parcial.

Esto afectó a 16 pacientes que tenían tratamiento rehabilitador en cuatro centros hospitalarios, más en el centro concertado Icot Santa Cruz.

Un hombre de 76 años ha sido trasladado en ambulancia al hospital San Pedro de Logroño tras colisionar contra varios vehículos que estaban aparcados. El accidente ha tenido lugar en la calle Turriente de Ausejo y han sido varios particulares los que han avisado a SOS Rioja.

Dese el Centro Coordinador de Emergencias se ha informado de inmediato a Guardia Civil y se han movilizado Bomberos del CEIS Rioja, así como recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

El Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales (Osalan) ha emitido un informe en el que insta a la empresa Ambulancias Gipuzkoa, adjudicataria del servicio de transporte sanitario de Osakidetza en Álava y Gipuzkoa, a “subsanar” las “carencias” en sus protocolos para sus trabajadoras embarazadas o que se reincorporan tras la maternidad. En concreto, en respuesta a una queja sindical por problemas en Álava, Osalan pide “identificar tareas críticas incompatibles” y los riesgos “evitables”.

El documento de Osalan menciona la “especial relevancia” de la “exposición” a agentes químicos o biológicos, así como los “riesgos ergonómicos” por “posturas forzadas”, flexiones “repetidas” y otras incidencias que “puedan generar sobrecarga física y comprometer el desarrollo normal del embarazo”. Se indica que, en una ambulancia, hay “traslados” movidos en los vehículos, “esfuerzos físicos” como mover pesos, “elevada carga emocional” y hasta “posibilidad de agresiones”. En el caso de la lactancia, la fatiga, la turnicidad, la nocturnidad o la posibilidad de no tener margen para hacer pausas o hidratarse adecuadamente “pueden interferir en la producción y mantenimiento de la leche materna”. Asimismo, “la limitación de las medidas preventivas al período legalmente tasado del permiso de lactancia puede resultar insuficiente”, según Osalan.

La conclusión de la inspección a la compañía es que “no siempre” ofrece un “entorno completamente seguro para las trabajadoras embarazadas o en período de lactancia”. Por ejemplo, tiene problemas para reubicar a las trabajadoras en puestos que conlleven menos riesgos. Este periódico no ha podido recabar la versión de Ambulancias Gipuzkoa en relación a estas cuestiones.

Desde la sección sindical de ESK en las ambulancias de Álava, por el contrario, se indica que son deficiencias “muy graves” para una empresa que tiene contratos millonarios con la Administración. Añaden que esto pone en evidencia que “el Gobierno vasco sigue sin ejercer ningún tipo de control en las subcontratas”. Se da la circunstancia de que en breve saldrá a licitación el servicio de ambulancias para los próximos años.

Los sindicatos CCOO, USO y CSIF mantendrán finalmente el llamamiento a hacer huelga lanzado a los más de 2.000 trabajadores de las ambulancias de Canarias para los días 8 y 19 de junio tras la “negativa” este viernes de las patronales a firmar un acuerdo en demanda para la actualización de los salarios de los técnicos sanitarios y otras mejoras de sus condiciones laborales.

El responsable de la Sección de Ambulancias de Comisiones Obreras de Canarias, Enrique Espi, sostiene que “en el Tribunal Laboral Canario se ha quedado evidenciado que las patronales no quieren firmar ningún acuerdo”, pese a que ese pacto constituye, a juicio del sindicato, la herramienta necesaria para que la Administración pueda dotar el futuro concurso público de las condiciones adecuadas.

Espi señala que “sin acuerdo firmado por la parte social y por la parte de las patronales, la Administración nunca va a poder sacar un concurso público tasado correctamente según las reivindicaciones que tenemos los técnicos en emergencias sanitarias”.

FSC-CCOO asegura que el bloqueo del convenio “impide garantizar un marco laboral suficiente para un servicio esencial y mantiene secuestradas las condiciones de las plantillas del transporte sanitario en el Archipiélago”.

El dirigente sindical ha acusado también de abocar a la huelga al personal del transporte sanitario, tanto público como privado, de las islas, al no actuar para forzar y hacer viable un pacto por no dar garantías de que el nuevo contrato de adjudicación para contratar las ambulancias del Servicio Canario de Salud establecerá la obligación de que sus sueldos estarán actualizados.

“Un nuevo contrato de transporte sanitario público que debe sustituir al último adjudicado, vencido igualmente a 31 de diciembre de 2024 y prorrogado primero un año y luego dos en espera de una solución del conflicto y actualmente sometido a un aplazamiento provisional más de 9 meses de duración que concluye con el fin del mes de septiembre próximo”, ha subrayado.

Además, ha insistido en plantear que el problema se solucionaría, según lo sindicatos, si el Ejecutivo autonómico tomara una posición más implicada en el asunto, adoptando medidas para obligar a ofrecer las condiciones de trabajo y las remuneraciones que merecen los trabajadores del sector conforme a la legalidad, bien sea incorporando sus demandas a los requisitos establecidos para quien se adjudique el servicio finalmente, bien promoviendo una confluencia incluso antes de sacar el “largamente demorado” acuerdo.

Puesto que, en lugar de ello, el Gobierno Autónomo “se ha limitado a citar a las partes pidiendo que arreglen la situación, pero sin tomar parte en la negociación”, ha dicho.

Y la nula efectividad de esa postura se ha constatado este viernes, cuando empresas y sindicatos se han sentado juntos en la sede del Servicio Canario de Mediación y Arbitraje del Gobierno pero sin acompañamiento alguno del Ejecutivo y, tras más de una hora de discusión, han decidido levantarse de la mesa sin haber logrado el más mínimo avance.

Situación esta ante la cual los representantes de los trabajadores han abandonado la reunión y se han dirigido a representantes de los medios de comunicación citados en el lugar para confirmar que, en palabras de Espí, “no hay más opción que seguir adelante con la convocatoria de huelga”.

FSC-CCOO recuerda que las concentraciones del personal de ambulancias están convocadas para los días 8, 19 y 26 de junio, de 10:00 a 12:00 horas, frente a los hospitales de referencia de cada isla.

El Grup La Pau, una cooperativa que ganó hace un año junto a otra empresa el mayor contrato público de ambulancias —valorado en 381 millones de euros— cuando ya tenía graves problemas de tesorería, ha entrado en concurso de acreedores. 

Según la documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es, la compañía solicitó el concurso el pasado 21 de mayo ante la incapacidad de hacer frente a sus deudas. El procedimiento concursal fue concedido el pasado lunes por un juzgado mercantil de Barcelona. 

El concurso, fase previa a la liquidación de la cooperativa, llega cuando solo falta un mes para que esta empresa iniciara su despliegue para prestar el servicio en la zona Barcelonès Nord tras ganar la mencionada licitación pública junto a otra compañía.

Será precisamente esta empresa con la que formó una Unión Temporal de Empresas (UTE) la que se encargará de prestar el servicio individualmente a partir del 24 de junio, cuando está previsto que empiecen gestionen las ambulancias en Badalona, Santa Coloma de Gramenet y Sant Adrià del Besòs, tres ciudades de la provincia de Barcelona.

Desde el Servicio de Emergencias Médicas (SEM) de la Generalitat explican a elDiario.es que, a pesar del concurso de acreedores, se garantizará “en todo momento” la “atención ciudadana” y la “continuidad asistencial”. Añaden que el SEM “monitoriza de manera permanente” la situación para que no haya problemas en el servicio.

Cuando la licitación estaba en marcha, esta redacción ya informó de los graves problemas de tesorería que tenía el grupo La Pau. La propia cooperativa había advertido en un documento interno, apenas seis meses antes de ganar el concurso en Catalunya, que estaba al borde de la “quiebra técnica” tras acumular más de nueve millones de pérdidas entre 2021 y 2024.

Buena parte de estas deudas provenían de una gestión errática durante los años en los que la cooperativa prestó el servicio de ambulancias en algunas provincias del País Vasco, en las que La Pau recibió durante esos años más de 55 actas de inspección laboral.

El Ejecutivo vasco acabó rescindiendo el contrato con la cooperativa por su “deficiente gestión” y embargó en noviembre de 2024 los 12 millones en avales que había depositado el grupo.

También la mesa de contratación de la Generalitat tuvo dudas sobre la solvencia de La Pau, hasta el punto de que todos los miembros solicitaron abundante documentación contable a la cooperativa y un plan de negocio para que acreditara que podría prestar debidamente el servicio. El SEM, sin embargo, concluyó que la cooperativa había acreditado su capacidad financiera y le otorgó la licitación.

“La adjudicación se hizo cumpliendo estrictamente la normativa de contratación pública”, insisten ahora desde el SEM. “La UTE acreditó la solvencia requerida y no existía ningún impedimento legal para no adjudicarle el contrato”.

Este periódico se ha puesto en contacto con la dirección del grupo La Pau, que no ha respondido a las diversas llamadas y mensajes para recabar su opinión. Desde el Comité de Empresa lamentan que la cooperativa no les trasladara que había solicitado el concurso de acreedores el pasado mayo.

Desde el pasado marzo, cuando la cooperativa entró en la fase de preconcurso de acreedores, los directivos del grupo La Pau han intentado sin éxito renegociar y reestructurar sus deudas para evitar el procedimiento concursal. 

Hace solo dos meses, el vicepresidente de la compañía aseguraba en conversación telefónica con este medio que la cooperativa tenía “viabilidad” y que “contemplaban” la “opción” de llegar a un acuerdo con sus acreedores que permitiera evitar el concurso público. 

La otra empresa de la UTE se ofrece a comprar los activos

Direxis, la empresa con la que se presentó al concurso para gestionar parte de las ambulancias de Catalunya, ha presentado una oferta formal para quedarse con los activos en poder del grupo La Pau y absorber los 484 empleados de la cooperativa necesarios para prestar el servicio. 

Según la oferta vinculante presentada ahora por Direxis, obtenida por esta redacción, la compañía le ha ofrecido apenas 140.000 euros a La Pau. A cambio, pretende quedarse todos sus activos intangibles —bases de datos, software, derechos de propiedad industrial e intelectual…— así como todos los bienes muebles: mobiliario, instalaciones, equipos sanitarios e informáticos, maquinaria…

Con esta oferta, el grupo Direxis también se ofrece a asumir los más de 5,5 millones de euros que el grupo La Pau le debe a la matriz de esta compañía así como el coste de la subrogación de los contratos laborales de los empleados de La Pau, valorados por Direxis en unos 9,6 millones de euros debido a la asunción de la antigüedad de los trabajadores.

La empresa considera que, sumando la deuda, los gastos de la subrogación del personal y la cantidad de dinero ofrecida, la oferta tiene un valor de 15,4 millones de euros. El grupo La Pau tiene hasta el 22 de junio para decidir si acepta las condiciones del trato.

El Departamento de Salud ultima los pliegos de la nueva contrata de ambulancias de Osakidetza, según confirman fuentes oficiales. Es el servicio externalizado de mayor volumen, con un coste actualmente de unos 8 millones de euros mensuales sin contar la red de Gipuzkoa. De abrirse ahora la licitación, las nuevas contratas podrían estar asignadas a la vuelta del verano, salvo que medien recursos u otras incidencias. El Gobierno subraya, como novedad, que ha recogido “aportaciones de las asociaciones de pacientes” para mejorar el servicio.

El actual contrato tiene una relevancia singular porque vendría a regularizar el servicio después de la convulsa etapa de la catalana Grup La Pau, la adjudicataria en Bizkaia y Álava que vio rescindido su contrato antes de su finalización por un rosario de incumplimientos laborales, salariales y asistenciales negados en un inicio por la Administración. Aquello se produjo en noviembre de 2024 y, para garantizar la continuidad asistencial, se optó por contrataciones de emergencia con la nueva marca Bizkanb (la UTE de la rama sanitaria de Alsa, Sanir, y la local Baztan-Bidasoa) en Bizkaia y con una extensión de la contratista guipuzcoana, Ambulancias Gipuzkoa, para cubrir también Álava. En un inicio se habló de un parche para catorce meses con un coste de 110 millones totales pero, al llegar enero de 2026, se conoció que la duración de las adjudicaciones directas era en realidad indefinida.

La oposición está urgiendo ya al consejero de Salud, Alberto Martínez, a que explique por qué no está abierto el nuevo concurso. Rebeka Ubera, de EH Bildu, que realiza un estrecho marcaje de la política sanitaria, señala que las últimas noticias que tenían apuntaban al “primer cuatrimestre” de 2026, un plazo ya superado. Ubera ha registrado una batería de preguntas en el Parlamento Vasco y, entre otros puntos, pide que se aclaren plazos y las reuniones mantenidas para la confección de los pliegos y si han incluido a los sindicatos.

Denuncias en Álava

De hecho, la renovación de la contrata coincide con nuevas denuncias de irregularidades, en este caso del comité de Ambulancias Gipuzkoa en Álava. Los sindicatos CCOO, LAB, ELA y ESK explican que la compañía ha acumulado 18 requerimientos de la Inspección de Trabajo por “incumplimientos” de variados tipos desde la contratación de emergencia. Apuntan, igualmente, ha que “hay abiertos varios casos de agresión verbales o físicas a personas trabajadoras por parte de pacientes o familiares” sin que Ambulancias Gipuzkoa haya respaldado a sus profesionales.

El comité cuestiona también el estado de la flota. Aluden a “fallos electrónicos de motor”, “sillas de traslado sujetas con bridas” o incluso a “tuberías de oxígeno” con pérdidas. Además, las unidades de reserva “no cumplen con los pliegos” del contrato anteriores. Los sindicatos desconocen si Salud ha realizado “algún tipo de control para verificar el cumplimiento” de las condiciones de la contrata en Álava e ironizan que, en principio, se hablaba de catorce meses de recambio temporal para Grup La Pau.

“En los últimos diez años, han pasado tres empresas distintas por la provincia de Álava, dejando todas ellas deudas con las personas trabajadoras [y] acumulando todas ellas innumerables sanciones e incumplimientos en Inspección de Trabajo [y] sentencias en contra, vulnerando derechos de las personas trabajadoras. Y todo con el beneplácito del Gobierno vasco, que [...] ha permitido la desprotección de la ciudadanía con estas empresas piratas”, añaden CCOO, LAB, ELA y ESK. Contactada por este periódico, Ambulancias Gipuzkoa no ha atendido a la petición de aclaraciones.

El servicio de transporte sanitario de Osakidetza tiene tres modalidades diferencias. Las UVI móvil, con la excepción de Donostia, están gestionadas directamente con recursos públicos. Por el contrario, la red urgente (vehículos amarillos) y la red de traslados programados o no asistenciales (azules y blancos) están externalizadas. El nombre de la empresa adjudicataria aparece siempre en la puerta.

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Canarias, junto a CSIF y USO, ha presentado un preaviso de huelga en el transporte sanitario de Canarias ante la Dirección General de Trabajo después de denunciar el “bloqueo” que mantienen las patronales ARTS y ACEA en la negociación del IV Convenio Colectivo del sector.

Así, el calendario de movilizaciones contempla jornadas de huelga los días 8 y 19 de junio, además de paros indefinidos todos los viernes a partir de esa fecha.

El sindicato denuncia que las plantillas acumulan más de un año con los salarios congelados, después de que el convenio expirara el 31 de diciembre de 2024, mientras las empresas condicionan cualquier mejora salarial a futuras decisiones administrativas o al inicio de nuevas adjudicaciones del servicio.

“El salario se negocia en convenio, no se suplica a través de excusas externas”, sostiene Enrique Espi, responsable del sector de ambulancias de FSC-CCOO Canarias.

CCOO considera “inaceptable” la postura empresarial en un servicio esencial para la ciudadanía, sostenido, según destaca la organización, por profesionales sometidos a una elevada carga física y emocional, turnos prolongados, trabajo nocturno y presión asistencial constante.

El sindicato acusa a las patronales de mantener bloqueadas cuestiones fundamentales como la actualización salarial, la reducción progresiva de la jornada laboral, la mejora de pluses vinculados a nocturnidad, festivos o penosidad, así como avances en conciliación y descansos.

La parte social reclama una actualización salarial del 21% correspondiente al periodo 2019-2025, además de un incremento del 4% para 2026. Frente a ello, una de las patronales, ARTS, plantea un 13% más un 4%, condicionado a futuras adendas administrativas o a las nuevas adjudicaciones públicas.

“Las empresas no pueden utilizar la financiación administrativa como excusa para aplazar indefinidamente la mejora salarial”, sostiene Espi.

CCOO asegura que la huelga “no es un fin en sí mismo”, sino una medida para obligar a las patronales a desbloquear una negociación que considera estancada desde hace meses.

La organización sindical recuerda además que durante marzo se celebraron asambleas en todas las islas, en las que las plantillas respaldaron mayoritariamente la convocatoria de movilizaciones.

“Sin convenio digno, sin salario actualizado y sin avances reales, habrá huelga”, concluye el sindicato.

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha desestimado el recurso presentado por el marido de una mujer fallecida en 2015 tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en su domicilio, y ha rechazado la reclamación de responsabilidad patrimonial contra la Administración sanitaria por la supuesta tardanza en la asistencia. La familia había reclamado inicialmente 233.070 euros, una cantidad que posteriormente se redujo a 69.021 euros, al considerar que el envío de una ambulancia convencional en lugar de una Unidad Médica de Emergencias (UME) privó a la paciente de una oportunidad de supervivencia.

Sin embargo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo concluye en su sentencia que la actuación del servicio de emergencias fue adecuada a los protocolos y a la información disponible en cada momento.

Los hechos se remontan al 11 de junio de 2015, cuando la mujer, con un estado de salud muy delicado tras años de enfermedad renal, diálisis y anemia crónica, comenzó a encontrarse mal en su domicilio. Una llamada al 061 activó el dispositivo sanitario, aunque en un primer momento se facilitó una dirección incorrecta, que posteriormente fue corregida.

Según recoge la resolución, durante la comunicación con los servicios de emergencia se describieron síntomas como mareo, vómitos y tensión baja, pero no consta que se trasladaran indicios de extrema gravedad como dolor torácico o dificultad respiratoria. Este punto resulta clave para el tribunal, que considera improbable que tales síntomas se hubieran comunicado sin quedar registrados por la operadora o la doctora que gestionó el aviso.

En función de esos datos, se activó una ambulancia urgente —no una UVI móvil— que llegó al domicilio en seis minutos. Fue tras la llegada de los sanitarios cuando la paciente entró en parada cardiorrespiratoria, momento en el que se solicitó una UME con soporte vital avanzado, que se desplazó de inmediato.

Los magistrados descartan que existiera un retraso determinante en la asistencia. De hecho, subrayan que, incluso en el supuesto de que se hubiera enviado una UME desde el inicio, el tiempo de activación habría sido similar debido al protocolo de triaje obligatorio. En total, entre la primera llamada y la llegada de la unidad avanzada transcurrieron 22 minutos, con atención sanitaria desde los primeros compases de la intervención.

Además, la Sala incide en que no se ha aportado prueba pericial que acredite que una actuación más temprana hubiera cambiado el desenlace. En este sentido, recuerda que la responsabilidad patrimonial en el ámbito sanitario no se basa en el resultado final, sino en la existencia de una actuación contraria a la lex artis y en la relación causal con el daño.

La sentencia también menciona que las grabaciones de las llamadas al 061 no pudieron ser aportadas al procedimiento al haberse perdido, lo que supuso una merma probatoria para la parte demandante. No obstante, el tribunal considera que, con el resto de pruebas disponibles, no puede concluirse que existiera una actuación negligente. Por todo ello, el TSJA desestima íntegramente el recurso y confirma que la actuación del servicio de emergencias se ajustó a los estándares exigibles. La Sala no impone las costas del procedimiento al apreciar dudas de hecho en el caso.

Agentes de la Policía Autonómica han reducido a un hombre que atacó con un hacha a una ambulancia a la que causó daños cuando se dirigía a auxiliarlo tras amenazar con suicidarse y se atrincheró luego en su casa de Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado el propio cuerpo.

El personal sanitario que acudió al lugar con la ambulancia solicitó apoyo policial ante la peligrosidad de la situación, pues el hombre llegó a romper una de las ruedas del vehículo con el hacha antes de volver a encerrarse en la vivienda, explica la Policía.

La Policía Canaria explica que, al tener noticias de los hechos, agentes de su Unidad de Seguridad Ciudadana se desplazaron al domicilio e intentaron mediar con el varón, que, en un momento dado, salió de una de las habitaciones empuñando un hacha de grandes dimensiones, manteniendo un comportamiento agresivo y desobedeciendo las órdenes de deponer su actitud.

Los policías, “ante la situación de riesgo y conforme a los protocolos establecidos, hicieron uso de un dispositivo electrónico de control con el objetivo de reducir e inmovilizar al individuo”, siendo necesarias dos descargas debido a su resistencia, añade la nota.

Solo tras una hora de negociación, aproximadamente, se logró que el individuo depusiera su actitud, permitiendo su atención por parte de los servicios sanitarios y su posterior traslado al hospital Doctor Negrín, refiere.

El comunicado especifica que durante la intervención no se registraron daños de gravedad entre los intervinientes, si bien se activaron refuerzos policiales para garantizar la seguridad en la zona.

El cuerpo autonómico recuerda que, ante casos así y con el objetivo de que la ciudadanía tenga herramientas para afrontar estas situaciones, el Ministerio de Sanidad promueve la línea 024 de atención a la conducta suicida, mientras que la Dirección General de Salud Mental del Gobierno de Canarias cuenta con la página web www.stopsuicidioscanarias.com.

La Conselleria de Sanidad ha publicado en la Plataforma de Contratación la licitación del servicio y suministro de transporte sanitario urgente y no urgente de la Comunitat Valenciana por un importe de más de 580 millones de euros. De esta manera, las empresas que opten a este concurso tienen de plazo hasta el próximo 15 de mayo para presentar las ofertas.

Así, a través de este expediente de contratación, Sanidad garantizará el servicio de transporte sanitario durante los próximos cuatro años. La duración establecida del contrato es desde septiembre de 2026 hasta agosto de 2030. Cabe destacar que el valor estimado del contrato puede alcanzar los 857,8 millones de euros si se incluyen las posibles prórrogas y modificados.

En concreto, las prestaciones que incluye el servicio es el transporte sanitario terrestre, urgente y no urgente, así como el arrendamiento de ambulancias de clase C sin conductor para determinadas unidades de Soporte Vital Avanzado del Servicio de Emergencias Sanitarias de la Comunitat Valenciana.

Por un lado, el servicio incluye el transporte sanitario urgente, es decir, que es prioritario y debe realizarse sin demora para garantizar la atención al paciente en el menor tiempo posible debido al riesgo para su salud. En este caso, el servicio se lleva a cabo a través de las ambulancias que conforman la flota del Servicio de Emergencias Sanitarias de la Comunitat Valenciana, constituida por todos los tipos de ambulancias que establece el Real Decreto 836/2012, de 25 de mayo, y que son gestionadas a través de los CICU (Centros de Información y Coordinación de Urgencias).

Asimismo, se incluye el transporte sanitario no urgente, que es cuando no hay prioridad de riesgo vital y se utiliza para el traslado de pacientes que no necesitan asistencia durante el trayecto. Estos traslados se hacen en ambulancias no asistenciales que son gestionadas por los departamentos de salud.

En este caso se trata de pacientes que, bajo prescripción médica, requieren del traslado en ambulancia por diversos motivos: altas del servicio de urgencias, ingresos o altas hospitalarias, consultas externas, pruebas complementarias y prestaciones periódicas para la asistencia a hemodiálisis, rehabilitación, radioterapia o quimioterapia, entre otras.

Por otro lado, cabe señalar que la Conselleria de Sanidad, a través de esta licitación continúa introduciendo mejoras con el fin de ofrecer a la ciudadanía el mejor servicio asistencial, sobre todo en situaciones de emergencias sanitarias.

De este modo, el contrato incluye un apartado para el suministro de distintos tipos de vehículos destinados al apoyo logístico y coordinación para dispositivos de riesgo previsible, para posibles casos de emergencia con múltiples víctimas y catástrofes. Además, contempla una flota de reserva con las características y dotación requerida, así como el mantenimiento de los vehículos y de la dotación de estos.

El transporte sanitario se distribuye en bases logísticas localizadas a lo largo del territorio de la Comunitat Valenciana, según los criterios técnicos establecidos por la Conselleria.

Dos hombres de 65 y 66 años han sido rescatados tras precipitarse la avioneta en la que viajaban en el barranco de la Hocecilla en Portilla (Cuenca).

El aviso se ha recibido este sábado a las 12.45 horas cuando se activó un sistema de alerta en esta avioneta, dedicada a servicios de ocio, según informa el Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Tras ser rescatados han sido trasladados al hospital de Cuenca. El hombre de 65 en UVI y el de 66 años en ambulancia de soporte vital básico.

A pesar de la magnitud del accidente, el estado de los heridos no es muy grave.

Hasta el lugar se han desplazado la Guardia Civil con su servicio de búsqueda de salvamento aéreo, los bomberos de Cuenca, y un helicóptero medicalizado.

Un niño de tres años ha sido trasladado al Hospital Universitario de Toledo tras ser rescatado este sábado de un pozo de 15 metros de profundidad situado en una finca de Turleque (Toledo). El incidente ocurrió alrededor de las 13:30 horas en la calle Cristo, cerca de la ermita del Santísimo Cristo.

Gracias a la intervención de los bomberos de Villacañas, el menor pudo ser extraído del pozo. Según confirman fuentes de la Guardia Civil, el niño se encuentra consciente y en buen estado, aunque ha sido derivado al centro hospitalario para someterse a diversas pruebas médicas que descarten cualquier lesión interna.

En el dispositivo de emergencia también ha participado una UVI móvil, encargada del traslado sanitario, y efectivos de la Guardia Civil, quienes se encuentran actualmente recabando información para esclarecer las circunstancias del suceso.

Un ciudadano andaluz sufre un golpe muy fuerte que deriva en convulsiones y que, por lo tanto, precisa de una ambulancia que le traslade inmovilizado y con un equipo que le monitorice. La ambulancia llega, pero lo hace tan solo con un técnico y sin que sea un vehículo adecuado para lo que necesita el paciente. Tiene que ser la Policía Local la que ayude al sanitario, lo que no evita que el ciudadano se fracture el cráneo y tenga que recibir tratamiento urgente.

Este es un caso real. Uno de decenas que ocurren semanalmente en Andalucía y que ponen en el foco otro de los problemas que se extienden en la sanidad pública: tampoco hay personal ni recursos suficientes en el transporte en ambulancias. Así lo denuncia Platesa, la plataforma andaluza que aglutina a los técnicos en emergencias sanitarias. Desde hace tiempo, aseguran que la Junta de Andalucía incumple la normativa en esta materia, mientras la externalización del servicio sigue degradándolo al utilizar vehículos inadecuados para los usos que se le dan.

Para entenderlo, hay que partir del hecho de que existen tres tipos de ambulancias para el transporte de ciudadanos: las no asistenciales (A1 y A2), que se utilizan para trasladar a ciudadanos a una consulta programada, y las asistenciales clase B y clase C, que son las de transporte urgente en función de la gravedad y que necesitan, mínimo, de técnico y ayudante o médico. Sin embargo, según Platesa, en Andalucía se utilizan sobre todo las A1 y A2 para las emergencias, pese a que esas por normativa no tienen por qué contar con ningún otro profesional que no sea el técnico que conduce el vehículo.

Es decir, la Junta de Andalucía, que contrata externamente el servicio de ambulancias, incumple la normativa. Al menos, esa es la tesis que sostienen los profesionales que están dentro del sistema. Y lo hacen no sólo desde la percepción, sino con datos. El dossier elaborado por Platesa, y al que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, dibuja un patrón que se repite provincia a provincia: en la Red de Transporte Urgente -la que debe atender emergencias- predominan las ambulancias no asistenciales, mientras las unidades que sí cuentan con dotación completa son claramente insuficientes. En Córdoba, por ejemplo, hay 24 ambulancias A1 operando frente a ninguna de tipo B, en Granada, 36 A1 frente a sólo dos unidades asistenciales básicas, en Almería, 31 A1 y ninguna tipo B. La fotografía se repite, con matices y ligeras fluctuaciones numéricas, en prácticamente toda Andalucía.

Situaciones límite

El problema, explican, no es únicamente cuantitativo, sino funcional. Las ambulancias A1 están diseñadas para traslados programados de pacientes estables, sin necesidad de intervención durante el trayecto. Sin embargo, están siendo utilizadas para cubrir avisos urgentes. “Se está usando un argumento malicioso: que el paciente ya está valorado”, explica José David Orihuela, técnico de emergencias y portavoz de Platesa. “Pero eso sólo tendría sentido en un traslado programado. En una urgencia, la situación puede cambiar en cualquier momento”.

Ese desajuste tiene consecuencias directas. El técnico que conduce no puede, al mismo tiempo, atender al paciente en la parte trasera del vehículo. En la práctica, eso implica traslados en los que la persona viaja sola, sin supervisión, incluso en situaciones de riesgo. “Seguimos yendo solos en la red de transporte urgente”, insiste Orihuela. “Y eso no es una excepción, es el modelo que se está aplicando”.

Los ejemplos recogidos en el dossier refuerzan esa idea. Un paciente con insuficiencia respiratoria que se sincopa durante el traslado y broncoaspira sin que haya nadie atendiéndole en ese momento; una mujer con fractura de cadera que sólo puede ser movilizada correctamente porque, de forma excepcional, hay un alumno en prácticas; un traslado en el que una familiar tiene que asumir funciones de vigilancia sanitaria ante la ausencia de personal. En otro caso, un técnico es enviado solo a un accidente de tráfico y tiene que pedir apoyo tras realizar una primera valoración sin respaldo.

La versión de la Junta

Incluso las unidades de mayor complejidad presentan carencias. Platesa denuncia que en varias provincias hay ambulancias de soporte vital avanzado -las conocidas como UVI móvil- operando con un solo técnico, sin el equipo completo que establece la normativa. “Es una vergüenza lo mires por donde lo mires”, resume Orihuela.

La Consejería de Salud rechaza esta interpretación. En respuesta a este medio, asegura que el sistema se organiza conforme al Real Decreto 836/2012 y que las ambulancias A1 se utilizan para pacientes “clínicamente estables, que no requieren atención sanitaria durante el traslado”. Además, sostiene que existe supervisión sobre las empresas adjudicatarias y que cualquier incidencia se analiza de forma individual.

Sin embargo, la distancia entre ese planteamiento y lo que relatan los profesionales es evidente. Mientras la Junta describe cómo debería funcionar el sistema, los técnicos insisten en que la práctica diaria es otra. Y que no se trata de casos aislados. “Tenemos testimonios en las ocho provincias”, recalca Orihuela. “Esto pasa en toda Andalucía”.

El conflicto, en el fondo, va más allá de la organización del servicio. Tiene que ver con el modelo. El transporte sanitario está completamente externalizado y depende de adjudicaciones millonarias a empresas privadas. El último ejemplo se ha producido en Huelva, donde la Junta ha adjudicado un contrato de 100 millones de euros al Grupo SSG, propiedad de un fondo de inversión, desplazando a una unión de cooperativas locales que llevaba más de dos décadas prestando el servicio. La decisión afecta a más de 300 familias.

Para Platesa, este tipo de adjudicaciones no son neutras. “Si reduces costes, ¿dónde recortas? En personal y en recursos”, vienen a señalar. El resultado, según su diagnóstico, es un sistema que funciona por debajo de los estándares que marca la propia normativa. La Junta, por su parte, insiste en que la seguridad del paciente es un “principio irrenunciable”. Pero los profesionales que están en la ambulancia plantean una pregunta más concreta: qué ocurre cuando esa seguridad depende de una sola persona.

Dos hombres han fallecido en la localidad de Alarilla (Guadalajara) tras sufrir una caída en parapente, según informa el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

El siniestro ha tenido lugar a las 17.49 horas de este domingo, en el paraje de 'La Muela' de esta localidad, donde es habitual la práctica de esta modalidad deportiva. Los afectados tenían 22 y 61 años, respectivamente.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado Guardia Civil, bomberos de Azuqeca de Henares, un helicóptero medicalizado, una UVI y una ambulancia, que no han podido hacer nada por salvar sus vidas.

Una ambulancia ha atravesado la avenida de la Constitución de Sevilla durante el paso de la Hermandad de San Roque. El suceso de ha producido en torno a las 21:00 horas de la jornada del Domingo de Ramos.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes presentes en el momento del incidente y la Policía Nacional, que ha asegurado que este se habría producido al acceder el vehículo a la Carrera Oficial, en plena procesión.

Las imágenes del paso de la ambulancia, interrumpido por la presencia del palio de la Virgen de Gracia y Esperanza en la calzada, han suscitado revuelo en las redes sociales. Desde el grupo municipal socialista, el concejal en el Ayuntamiento hispalense Juan Carlos Cabrera lo ha calificado de “fallo grave de primero de coordinación”.

Por el momento no han transcendido las causas que han llevado a las dotaciones del 061 a atravesar este punto de forma inédita.

Un joven de 23 años ha fallecido este domingo tras sufrir un accidente de tráfico en el kilómetro 12 de la carretera GU-186, a su paso por el término municipal de Campillejo (Guadalajara).

El 112 de Castilla-La Mancha, según ha informado a Europa Press, ha recibido el aviso a las 14.22 horas.

El accidente ha consistido en una salida de vía. Hasta el lugar se han desplazado Guardia Civil, un helicóptero medicalizado y una UVI.

El juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz ha archivado la causa abierta sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos a la empresa sanitaria Ambulancias Egara en Catalunya, una pieza separada del caso '3%' sobre supuesta financiación ilegal de la antigua Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) a través de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas, al apreciar que “no resulta debidamente justificada la perpetración de delito alguno”.

En el auto de sobreseimiento de la causa, adoptado a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y recogido por Europa Press, Pedraz argumenta que “no ha quedado acreditado ni el concierto previo” ni la “resolución arbitraria” para la concesión de la adjudicación bajo sospecha, que fue avalada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y por el Tribunal de Cuentas.

En el proceso, investigado durante tres años, estaban imputados el exconseller de Salud Boi Ruiz, el exdirigente de CDC David Madí, el exdirector del Servicio Catalán de Salud Josep María Padrosa, el propietario de Ambulancias Egara, Óscar Simón, y otras personas físicas y jurídicas.

El magistrado había puesto el foco en la adjudicación de tres lotes de un concurso sanitario a una Unión Temporal de Empresas (UTE) en un periodo en el que la Generalitat de Cataluña estaba gobernada por Convergencia Democràtica de Catalunya (CDC).

Ahora, Pedraz aduce que no ha quedado acreditada “ningún tipo de contraprestación, ofrecida o recibida, a los funcionarios públicos y autoridades encargadas de elaborar el pliego de condiciones y la adjudicación del contrato, ni la contraprestación ofrecida, solicitada o recibida por los intermediarios de la misma”.

El instructor argumenta que no ha quedado acreditado que los responsables del concurso hayan llevado a cabo delitos a conciencia y voluntad de alterar el procedimiento administrativo para beneficiar a una persona, y con perjuicio a los intereses públicos, afirmando que sí se han detectado “meras irregularidades administrativas subsanables” que, en cualquier caso, no tienen “una gravedad” o “relevancia”.

El Servicio de Emergencias Médicas (SEM) de Catalunya se está preparando para el concurso de acreedores al que se asoma el Grup La Pau, una cooperativa que ganó en 2025 junto a otra empresa el mayor contrato público de ambulancias, valorado en 381 millones de euros, a pesar de tener problemas de tesorería. 

Según ha podido saber elDiario.es, el Grup La Pau está actualmente en fase de preconcurso de acreedores, un proceso previo en el que, durante un periodo de hasta cuatro meses, la empresa puede renegociar y reestructurar sus deudas para evitar el procedimiento concursal.

Ante esta situación, el SEM ha solicitado un dictamen a los servicios jurídicos del departamento de Economía para valorar si, en caso de llegar el concurso, la otra compañía a la que se adjudicó el contrato junto a La Pau en una Unión Temporal de Empresas (UTE) podría acreditar por su cuenta la solvencia que se requiere para prestar el servicio.

La amenaza del concurso de acreedores en La Pau planea sobre la cooperativa cuando solo faltan dos meses para que empiecen a ofrecer sus servicios en el área metropolitana norte de Barcelona. El primero de los lotes del macroconcurso, que en total sumó unos 2.000 millones de euros, empezará a desplegarse este 1 de abril en las Terres de l'Ebre. El de La Pau está previsto para el 13 de mayo.

Los problemas económicos de La Pau no han sorprendido a nadie en el sector. La propia cooperativa, seis meses antes de ganar el concurso en Catalunya, ya había advertido en un documento interno de que estaba al borde de la “quiebra técnica” tras acumular más de nueve millones de pérdidas entre 2021 y 2024. 

También la mesa de contratación de la Generalitat tuvo dudas sobre la solvencia del Grupo La Pau, hasta el punto de que todos los miembros solicitaron abundante documentación contable a la cooperativa y un plan de negocio para que acreditara que podría prestar debidamente el servicio. El SEM, sin embargo, concluyó que la cooperativa acreditó su capacidad financiera y le otorgó la licitación.

Desde el SEM no han querido hacer ningún comentario para este artículo. Vicenç Chicharro, vicepresidente del Grup La Pau, aseguró el viernes en conversación telefónica que la compañía tenía “viabilidad” y que “contemplaban” la “opción” de llegar a un acuerdo con sus acreedores que permitiera evitar el concurso público. 

Antecedentes polémicos

El origen de las reticencias de la Generalitat durante el concurso estaba en los problemas que tuvo la cooperativa en el País Vasco, donde gestionó parte del servicio de ambulancias y fue objeto de más de 55 actas de inspección laboral por diversas irregularidades, que incluían el uso de los vehículos adscritos al Servicio Vasco de Salud por parte de clínicas privadas y el adeudo de salarios y pagas extras a buena parte de la plantilla.

El Ejecutivo vasco, que aseguró que La Pau estaba en una “situación económica complicada”, acabó rescindiendo el contrato con la cooperativa por su “deficiente gestión” y embargó en noviembre de 2024 los 12 millones en avales que había depositado el grupo.

Los problemas de tesorería de La Pau han supuesto que la otra empresa de la UTE, Direxis, haya ido adquiriendo más protagonismo de manera paulatina en la unión de empresas. Apenas cuatro meses después de ganar el concurso en Catalunya, se acordó la cesión del 9% de La Pau a Direxis, un porcentaje que ha ido aumentando hasta el punto de que actualmente, en la UTE que prestará el servicio, La Pau solo tiene el 1%.

Ha sido Direxis, de hecho, quien ha pagado durante meses parte de los salarios de la plantilla de La Pau. Pero esta compañía dejó de aportar esas cantidades a finales de octubre debido a la “falta de confianza e inseguridad jurídica” con la cooperativa, según comunicó el comité de empresa a la plantilla. 

El dictamen del departamento de Economía, obtenido por esta redacción, considera que en caso de concurso de acreedores será Direxis quien deberá acreditar los requisitos de solvencia que se solicitaban en la licitación.

Lo podrá hacer, asegura el documento, con “medios distintos” a los presentados en un primer momento e incluso recurriendo, si fuera necesario, a “terceras empresas” para demostrar que habrá dinero para ofrecer el servicio.

El Comité de Empresa de la Sociedad Riojana de Cuidados Integrales S.A.U. La Rioja Cuida, la empresa pública que gestiona el transporte sanitario, ha denunciado “graves incumplimientos” laborales por parte de la Dirección y un “deterioro progresivo de las condiciones de trabajo de toda la plantilla”.

Según han denunciado , “se incumple de forma reiterada el convenio colectivo del personal de La Rioja Cuida”, además de que, según aseguran, “se retrasa injustificadamente el desarrollo de varios artículos y se interpretan de manera restrictiva otros”. También alertan de que “más de un año y medio después de la firma del convenio, la empresa no ha constituido ni la Comisión Paritaria ni el Comité de Seguridad y Salud”

Así mismo, el Comité de Empresa ha resaltado que “existe un bloqueo en los procesos de movilidad y promoción interna, así como en la negociación de las bases del proceso ordinario de desarrollo profesional”. Por otro lado, “la bolsa de contratación temporal carece de la publicidad y la transparencia que exige la normativa de contratación pública”, señalan.

En lo que respecta a la organización y gestión, han detectado problemas con algunos calendarios: “unos no cuentan con acuerdo previo y otros se modifican tras haber sido aprobados. Los viajes de larga distancia se realizan en ocasiones con un único técnico, con el riesgo que esto conlleva”. Además, el Comité de Empresa ha apuntado a “irregularidades en la concesión y retribución de ciertos permisos”.

“Un servicio recientemente integrado se realiza sin organización previa y sin personal asignado suficiente, lo que genera sobrecarga y desajustes en la plantilla”, resumen los representanes de los trabajadores, que alertan que nos ha llevado a presentar numerosas denuncias ante la Inspección de Trabajo y ha incrementado la judicialización de los conflictos laborales. Consideramos que esto es consecuencia directa de la falta de diálogo real y de soluciones por parte de la Dirección.

Denuncian que, en ocasiones, se “dificulta ”su labor como representantes sindicales. “Hemos recibido ”advertencias“ del director técnico con expresiones como: ”tus derechos se podrían ver mermados por facilitar las horas sindicales a las delegadas. Además, la empresa se niega a cumplir una sentencia favorable a una delegada que denunció una modificación sustancial injusta de sus condiciones de trabajo“, según han relatado.

Por todo ello, instan a la Dirección de La Rioja Cuida a retomar de manera inmediata y efectiva el diálogo social, a cumplir los acuerdos firmados y a garantizar los derechos laborales de toda la plantilla.