Usuarios de ambulancias han denunciado el “nefasto” sistema de traslado del transporte sanitario no urgente en Bizkaia, con esperas de hasta nueva horas por parte de los pacientes. Según han manifestado fuentes de los afectados, tanto en la recogida de las personas enfermas como en el regreso a sus lugares de residencia se ha llegado a mantener esperas de casi nueve horas.

En el caso concreto de una de las afectadas, de 82 años, que había sufrido una caída días antes, ante la demora de la ambulancia del transporte no urgente (de casi nueve horas) para su traslado desde casa al centro hospitalario, llamó al 112 y finalmente se hizo cargo de su recogida una unidad de transporte urgente. Tras ser ingresada durante una semana en el hospital de Basurto, se le asignó la hora de recogida a las 15.00 horas, si bien esta no se produjo hasta cerca de las 20.00 horas, según consta en la denuncia presentada en el centro hospitalario.

Los denunciantes aseguran que estas situaciones perjudican no solo a los pacientes en espera de ambulancia, sino a quienes aguardan a que se les asigne una cama, que ven prolongado el tiempo de ingreso.

Según el sindicato ESK, este es “un problema de gestión cronificado en el sector”, que la organización sindical ha venido denunciando “desde hace mucho tiempo”., informa Europa Press.

Además, ha advertido de que el problema se ha hecho “estructural”, entre otros motivos, “por las propias dinámicas del Gobierno vasco a la hora de concebir el servicio, licitarlo y permitir que las empresas privadas lo gestionen más con una visión económica, que priorizando a los pacientes”.

Ha añadido que la asistencia del servicio de transporte no urgente “se ha ido demorando porque la empresa da tiempos de espera progresivamente más largos”. “Es la empresa concesionaria del servicio la que da un tiempo de espera, que hace muchos años era de dos horas o tres y, posteriormente, han ido aumentando hasta las seis y ocho horas”, ha señalado.

La central sindical ha advertido de que “muchas veces estos tiempos de espera ni siquiera responden a una no disponibilidad de ambulancias”, sino que las empresas gestoras saben que, con la demora en el tiempo, las personas “reclaman el servicio una y otra vez” y la atención “se acaba cargando sobre el servicio urgente”.

“Se transfieren muchos avisos al transporte urgente que no son de urgencia. Y esto que empezó siendo algo puntual, ha acabado sobrecargando la red de urgencia. Además, a este desplazamiento de la carga de trabajo se añade al riesgo de que, cuando hay una urgencia de verdad, se demore mucho la asistencia”, ha concluido.

El macroconcurso de prestación del servicio de ambulancias licitado por la Conselleria de Sanidad por importe de 857 millones de euros vuelve a la casilla de salida. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), que el pasado mes de junio paralizó cautelarmente el proceso, ordena ahora retrotraer el procedimiento al momento anterior a la aprobación de los pliegos impugnados por la empresa Orthem Servicios y Actuaciones Ambientales SAU. Fuentes de Sanidad han informado a este diario que acatarán el fallo y se publicará de nuevo el procedimiento ajustándolo conforme a lo indicado por el TACRC.

Así lo establece el auto al que ha tenido acceso elDiario.es del pasado 30 de julio, según el cual acuerda anular el apartado L del pliego relativo a la solvencia técnica de las empresas que concurran al proceso lo que implicará “retrotraer el procedimiento al momento anterior a la aprobación de los pliegos impugnados”, de forma que las empresas que no hayan podido presentarse al proceso por esta cláusula puedan hacerlo.

La mercantil presentó el recurso el pasado 8 de mayo instando a la anulación de los pliegos vulneraban “los principios de libre concurrencia, igualdad de trato y acceso de las Pymes, debido a una configuración restrictiva e injustificada de los pliegos que le impide concurrir en condiciones de igualdad”, según alegaba.

Entre los puntos que señalaba por la supuesta limitación de la pública concurrencia destacaba una configuración material del contrato con efecto excluyente; configuración indebida del contrato mixto; ausencia de división en lotes; desproporción de la solvencia técnica; insuficiente desglose del presupuesto base de licitación; e indeterminación de los criterios sujetos a juicio de valor. Contra todos estos aspectos alegó la Conselleria de Sanidad, consiguiendo que el TACRC le diera la razón en todos los casos excepto en el punto referente a la desproporción de la solvencia técnica.

Al respecto, la empresa pone de manifiesta “la desproporción de los requisitos de solvencia, calificándolos como manifiestamente excesivos y carentes de justificación”. En concreto, señala que “la exigencia cuestionada es la cuantía requerida en el requisito de solvencia técnica con más de 600 millones de euros, frente a un valor razonable aproximado de 98 millones de euros conforme a los parámetros habituales de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). Según se indica, ”esta exigencia supone multiplicar por seis el umbral razonable, lo que, no responde a las necesidades del contrato, no está motivado en el expediente y excluye a operadores solventes, pero de menor dimensión“.

En su respuesta, la representación legal de la Generalitat Valenciana defiende que las características del contrato justifican la necesidad de exigir “experiencia previa acreditada de gran escala, como garantía mínima de que el operador económico puede ejecutar el contrato en condiciones de seguridad, continuidad y calidad” y añade: “La exigencia establecida no vulnera la libre concurrencia, ya que la LCSP prevé mecanismos que permiten concurrir a empresas que no alcanzan individualmente los umbrales y que permiten acreditar la capacidad basada en medios externos (art. 75 LCSP)”.

Sin embargo, el TACRC tumba este argumento y da la razón a la mercantil. En concreto, considera que debe estimar esta alegación “pues la cifra de referencia fijada en los pliegos a efectos de la solvencia (artículo 90.2 LCSP), no coincide con la legalmente establecida que refiere al 70% de la anualidad media del contrato, es decir, no el 70% de su valor estimado”, lo que viene siendo aproximadamente un importe medio de solvencia técnica de 98 millones de euros y no de 600 millones como estableció Sanidad.

Por este motivo, el Tribunal acuerda estimar parcialmente el recurso de la empresa y anular dichos pliegos “en los términos y alcance fijados en el fundamento duodécimo de esta resolución”. Al mismo tiempo levanta la suspensión del procedimiento de contratación.

La resolución es definitiva en la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo dos meses, aunque Sanidad descarta esta opción y repetirá el procedimiento.

Una única oferta

La resolución del TACRC pone de relieve que tan solo concurrió una oferta al macroconcurso, en concreto, la unión temporal de empresas (UTE) Ayuda TSCV integrada por Ambulancias CSA, Ambulancias Autónomas, Ambulancias y Servicios Valencia, Alquiler Car Luxe, Ambulancias Ayuda y Ambulevante.

En el concurso anterior, las empresas que concurrieron conjuntamente fueron Ambulevante, Ambulancias Autónomas, Ambulancias Ayuda, Alquiler Car Luxe, Ambulancias CSA, Ambulancias Edetanas y Transvía SL. De aquellas siete compañías, cinco repiten en la nueva UTE.

Según recoge el documento del Tribunal, “conforme resulta del acta de la mesa de contratación de fecha de 18 de mayo de 2026, presentó proposición en plazo a la licitación la UTE Ayuda TSCV”.

Tras la apertura y calificación de la documentación administrativa, se acordó la admisión de esta oferta a la licitación. Según se desprende del acta de la mesa de contratación de fecha de 22 de mayo de 2026, se procedió a la apertura del sobre de esta oferta correspondiente a los criterios de adjudicación evaluables mediante juicio de valor, acordándose la entrega de esta documentación a los técnicos para su correspondiente evaluación.

Tras la resolución del TACRC, todo este procedimiento quedará sin efecto y deberá repetirse puesto que el proceso se retrotrae el momento anterior a la aprobación de los pliegos, de forma que una vez aprobados de nuevo con la corrección de los requisitos de solvencia técnica podrían concurrir otras empresas.

El macroconcurs de prestació del servei d’ambulàncies licitat per la Conselleria de Sanitat per un import de 857 milions d’euros torna a la casella d’eixida. El Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals (TACRC), que el passat mes de juny va paralitzar cautelarment el procés, ordena ara retrotraure el procediment al moment anterior a l’aprovació dels plecs impugnats per l’empresa Orthem Servicios y Actuaciones Ambientales SAU.

Així ho estableix la interlocutòria del passat 30 de juliol a la qual ha tingut accés elDiario.es, segons la qual s’acorda anul·lar l’apartat L del plec relatiu a la solvència tècnica de les empreses que concórreguen al procés, cosa que implicarà “retrotraure el procediment al moment anterior a l’aprovació dels plecs impugnats”, de manera que les empreses que no hagen pogut presentar-se al procés per aquesta clàusula puguen fer-ho.

La mercantil va presentar el recurs el passat 8 de maig instant a l’anul·lació dels plecs perquè vulneraven “els principis de lliure concurrència, igualtat de tracte i accés de les pimes, a causa d’una configuració restrictiva i injustificada dels plecs que li impedeix concórrer en condicions d’igualtat”, segons al·legava.

Entre els punts que assenyalava per la suposada limitació de la pública concurrència destacaven una configuració material del contracte amb efecte excloent; configuració indeguda del contracte mixt; absència de divisió en lots; desproporció de la solvència tècnica; insuficient desglossament del pressupost base de licitació, i indeterminació dels criteris subjectes a judici de valor. Contra tots aquests aspectes va al·legar la Conselleria de Sanitat, que va aconseguir que el TACRC li donara la raó en tots els casos excepte en el punt referent a la desproporció de la solvència tècnica.

Sobre aquest punt, l’empresa posa de manifest “la desproporció dels requisits de solvència, qualificant-los de manifestament excessius i mancats de justificació”. En concret, assenyala que “l’exigència qüestionada és la quantia requerida en el requisit de solvència tècnica, amb més de 600 milions d’euros, davant d’un valor raonable aproximat de 98 milions d’euros conforme als paràmetres habituals de la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP)”. Segons s’indica, “aquesta exigència suposa multiplicar per sis el llindar raonable, cosa que no respon a les necessitats del contracte, no està motivada en l’expedient i exclou operadors solvents, però de menor dimensió”.

En la seua resposta, la representació legal de la Generalitat Valenciana defén que les característiques del contracte justifiquen la necessitat d’exigir “experiència prèvia acreditada de gran escala, com a garantia mínima que l’operador econòmic pot executar el contracte en condicions de seguretat, continuïtat i qualitat” i afegeix: “L’exigència establida no vulnera la lliure concurrència, ja que la LCSP preveu mecanismes que permeten concórrer a empreses que no arriben individualment als llindars i que permeten acreditar la capacitat basada en mitjans externs (art. 75 LCSP)”.

Tanmateix, el TACRC desestima aquest argument i dona la raó a la mercantil. En concret, considera que ha d’estimar aquesta al·legació “perquè la xifra de referència fixada en els plecs a l’efecte de la solvència (article 90.2 LCSP) no coincideix amb la legalment establida, que es refereix al 70% de l’anualitat mitjana del contracte, és a dir, no al 70% del seu valor estimat”, cosa que equival aproximadament a un import mitjà de solvència tècnica de 98 milions d’euros i no de 600 milions, com va establir Sanitat.

Per aquest motiu, el Tribunal acorda estimar parcialment el recurs de l’empresa i anul·lar aquests plecs “en els termes i amb l’abast fixats en el fonament dotzé d’aquesta resolució”. Al mateix temps, alça la suspensió del procediment de contractació.

La resolució és definitiva en via administrativa i contra aquesta es pot interposar recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos.

Una única oferta

La resolució del TACRC posa de manifest que tan sols va concórrer una oferta al macroconcurs, en concret, la unió temporal d’empreses (UTE) Ayuda TSCV, integrada per Ambulancias CSA, Ambulancias Autónomas, Ambulancias y Servicios Valencia, Alquiler Car Luxe, Ambulancias Ayuda i Ambulevante.

En el concurs anterior, les empreses que van concórrer conjuntament van ser Ambulevante, Ambulancias Autónomas, Ambulancias Ayuda, Alquiler Car Luxe, Ambulancias CSA, Ambulancias Edetanas i Transvía SL. D’aquelles set companyies, cinc repeteixen en la nova UTE.

Segons recull el document del Tribunal, “conforme resulta de l’acta de la mesa de contractació de data 18 de maig de 2026, va presentar proposició en termini a la licitació la UTE Ayuda TSCV”.

Després de l’obertura i qualificació de la documentació administrativa, es va acordar l’admissió d’aquesta oferta a la licitació. Segons es desprén de l’acta de la mesa de contractació de data 22 de maig de 2026, es va procedir a l’obertura del sobre d’aquesta oferta corresponent als criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor i es va acordar el lliurament d’aquesta documentació als tècnics per a la seua corresponent avaluació.

Després de la resolució del TACRC, tot aquest procediment quedarà sense efecte i haurà de repetir-se, ja que el procés es retrotrau al moment anterior a l’aprovació dels plecs, de manera que, una vegada aprovats de nou amb la correcció dels requisits de solvència tècnica, podrien concórrer altres empreses.

Un home d'uns 69 anys ha mort després que l'embarcació en què navegava juntament amb cinc persones més hagi bolcat davant la costa de la localitat mallorquina de s'Estanyol (Llucmajor).

Els fets, segons han informat el SAMU 061 i fonts de la Guàrdia Civil, han ocorregut cap a les 13.30 hores d'aquest dimarts a uns cent metres de distància de la línia de costa.

L'embarcació, de tipus auxiliar i en què viatjaven sis membres de la mateixa família, ha bolcat en circumstàncies que de moment es desconeixen. Un d'ells, un home d'uns 69 anys, s'ha ofegat.

Un vaixell del club nàutic els ha rescatat i els ha traslladat fins al port. Els sanitaris li han practicat maniobres de reanimació cardiopulmonar a l'ofegat, però no han aconseguit reanimar-lo i han confirmat la seva defunció.

Dues persones més han estat ateses pel 061, encara que han estat donades d'alta al lloc i no han requerit trasllat hospitalari.

La Guàrdia Civil ha obert una investigació per aclarir les causes de l'accident nàutic. La Policia Local de Llucmajor també ha participat en la intervenció.

Un hombre de unos 69 años ha muerto después de que la embarcación en la que navegaba junto a otras cinco personas haya volcado frente a la costa de la localidad mallorquina de s'Estanyol (Llucmajor).

Los hechos, según han informado el SAMU 061 y fuentes de la Guardia Civil, han ocurrido sobre las 13.30 horas de este martes a unos cien metros de distancia de la línea de costa.

La embarcación, de tipo auxiliar y en la que viajaban seis miembros de la misma familia, ha volcado en circunstancias que por el momento se desconocen. Uno de ellos, un hombre de unos 69 años, se ha ahogado.

Un barco del club náutico los ha rescatado y los ha trasladado hasta el puerto. Los sanitarios le han practicado maniobras de reanimación cardiopulmonar al ahogado, pero no han conseguido reanimarle y han confirmado su fallecimiento.

Otras dos personas han sido atendidas por el 061, aunque han sido dadas de alta en el lugar y no han requerido de traslado hospitalario.

La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las causas del accidente náutico. La Policía Local de Llucmajor también ha participado en la intervención.

Un home d'uns 44 anys ha resultat ferit de gravetat en caure des del cinquè pis d'un edifici de Palma mentre exacutava tasques de manteniment a la façana.

Els fets han ocorregut al voltant de les 12.30 hores al número 8 del carrer Metge Josep Darder, segons han confirmat fonts policials i municipals.

D'acord amb les primeres indagacions, l'home, empleat d'una empresa especialitzada en treballs verticals, estava acomplint tasques de manteniment de la façana.

L'accident laboral ha tingut lloc quan ha intentat canviar la corda a la qual estava subjecte el seu arnès. La fixació d'aquest cable ha fallat i l'home ha caigut al buit des d'un cinquè pis.

Primer ha impactat contra un vehicle pesat que empraven els operaris i després ha acabat estès a la via pública.

La col·lisió li ha causat múltiples fractures i no es descarta que pogués tenir lesions a la columna, segons les citades fonts. Els sanitaris del 061 l'han traslladat a l'Hospital Universitari Son Espases, on ha ingressat en estat greu.

La Policia Nacional ha assumit la investigació del succés, que apunta a un accident laboral. La Policia Local de Palma ha regulat el trànsit a la zona per permetre el treball dels serveis d'emergències.

L'Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral (Ibassal) també ha obert una investigació per tractar d'esclarir les causes de la caiguda i està pendent de l'evolució mèdica de la víctima.

“Seguim de prop l'evolució de l'accidentat i ja hem començat la investigació pertinent per aclarir les causes d'aquest accident. Tot el nostre suport al treballador i a la seva família”, ha escrit al seu compte de la xarxa social X la consellera de Treball, Funció Pública i Diàleg Social, Catalina Cabrer.

Un hombre de unos 44 años ha resultado herido de gravedad al caer desde el quinto piso de un edificio de Palma mientras realizaba tareas de mantenimiento en la fachada.

Los hechos han ocurrido sobre las 12.30 horas en el número 8 de la calle Metge Josep Darder, según han confirmado fuentes policiales y municipales.

De acuerdo con las primeras pesquisas, el hombre, empleado de una empresa especializada en trabajos verticales, estaba realizando tareas de mantenimiento de la fachada.

El accidente laboral ha tenido lugar cuando ha intentado cambiar la cuerda a la que estaba sujeto su arnés. La fijación de este cable ha fallado y el hombre ha caído al vacío desde un quinto piso.

Primero ha impactado contra un vehículo pesado que estaban empleando los operarios y después ha acabado tendido en la vía pública.

La colisión le ha causado múltiples fracturas y no se descarta que pudiera tener lesiones en la columna, según las citadas fuentes. Los sanitarios del 061 le han trasladado al Hospital Universitario Son Espases, donde ha ingresado en estado grave.

La Policía Nacional ha asumido la investigación del suceso, que apunta a un accidente laboral. La Policía Local de Palma ha regulado el tráfico en la zona para permitir el trabajo de los servicios de emergencias.

El Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral (Ibassal) también ha abierto una investigación para tratar de esclarecer las causas de la caída y está pendiente de la evolución médica de la víctima.

“Seguimos de cerca la evolución del accidentado y ya hemos empezado la investigación pertinente para aclarar las causas de este accidente. Todo nuestro apoyo al trabajador y a su familia”, ha escrito en su cuenta de la red social X la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer.

Un home de 36 anys ha mort en caure-li a sobre una fanal que ha estat tirada a terra per un autobús del TIB al municipi mallorquí de Valldemossa.

Els fets, segons ha informat el SAMU 061, han tingut lloc al voltant de les 15.40 hores d'aquest dilluns en una de les parades del TIB que hi ha al municipi.

Segons les primeres informacions recaptares per la Conselleria d'Habitatge, Territori i Mobilitat, l'autobús implicat cobreix la línia 203, que connecta el Port de Sóller amb Palma passant per municipis com Deià i Valldemossa.

El vehicle estava fent una maniobra per sortir de la parada quan ha tirat a terra una fanal, que al seu torn ha caigut damunt un grup de persones que acabaven de baixar de l'autobús. Un turista sirià de 36 anys ha patit lesions incompatibles amb la vida i ha mort en l'acte.

La seva parella, una dona d'uns 30 anys, ha estat atesa pels sanitaris per una crisi d'ansietat. Una altra dona, de 42 anys i resident a Mallorca, ha patit un trauma toràcic.

La conductora de l'autobús també ha rebut atenció mèdica a causa que ha patit un atac de pànic. Tots tres han estat traslladats a l'Hospital Juaneda, un en estat menys greu i dos en estat lleu.

La Guàrdia Civil ha assumit la investigació de l'accident mortal. Per reconstruir els fets tenen previst prendre declaració als testimonis, com és habitual en aquest tipus de casos, han indicat fonts properes a les indagacions.

Previsiblement, com també és comú en els sinistres de trànsit, també se sotmetrà la conductora de l'autobús a les corresponents proves d'alcohol i drogues.

Fins al lloc de l'accident s'han desplaçat la gerent del Consorci de Transports de Mallorca (CTM), Lluïsa Serra, i representants de l'empresa concessionària que presta el servei d'autobusos interurbans en aquesta zona de l'illa.

El Govern ha traslladat els seus condols per la mort de la víctima mitjançant xarxes socials: “El nostre condol per la mort d'un jove a Valldemossa. Des del TIB i l'empresa concessionària, total col·laboració en la investigació policial davant d'aquesta tragèdia”. Per part seva, José Luis Mateo Hernández, Conseller d'Habitatge, Territori i Mobilitat ha declarat que se senten “consternats, commocionats i abatuts davant la mort en un tràgic accident” i des del Govern, han enviat “el seu més condol i tot el suport i ajuda”.

Afectacions al servei del TIB

Arran de l'accident mortal, el servei del TIB ha habilitat una parada provisional al carrer Bartomeu Ferrà com a alternativa provisional a les parades 1 i 2 de Valldemossa, que aquesta tarda han quedat fora de servei per la tanca del carrer.

A més, ha suspès fins a nou avís el servei de la línia 203 exprés entre Palma i Valldemossa en ambdós sentits de la circulació.

Un hombre de 36 años ha muerto al caerle encima una farola que ha sido derribada por un autobús del TIB en el municipio mallorquín de Valldemossa.

Los hechos, según ha informado el SAMU 061, han tenido lugar sobre las 15.40 horas de este lunes en una de las paradas del TIB que hay en el municipio.

Según las primeras informaciones recabadas por la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, el autobús implicado cubre la línea 203, que conecta el Port de Sóller con Palma pasando por municipios como Deià y Valldemossa.

El vehículo estaba realizando una maniobra para salir de la parada cuando ha derribado una farola, que a su vez ha caído encima de un grupo de personas que acababan de bajar del autobús. Un turista sirio de 36 años ha sufrido lesiones incompatibles con la vida y ha fallecido en el acto.

Su pareja, una mujer de unos 30 años, ha sido atendida por los sanitarios por una crisis de ansiedad. Otra mujer, de 42 años y residente en Mallorca, ha sufrido un trauma torácico.

La conductora del autobús también ha recibido atención médica debido a que ha sufrido un ataque de pánico. Los tres han sido trasladados al Hospital Juaneda, uno en esta menos grave y dos en estado leve.

La Guardia Civil ha asumido la investigación del accidente mortal. Para reconstruir los hechos tienen previsto tomar declaración a los testigos, como es habitual en este tipo de casos, han indicado fuentes próximas a las pesquisas.

Previsiblemente, como también es común en los siniestros de tráfico, también se someterá a la conductora del autobús a las correspondientes pruebas de alcohol y drogas.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado la gerente del Consorcio de Transportes de Mallorca (CTM), Lluïsa Serra, y representantes de la empresa concesionaria que presta el servicio de autobuses interurbanos en esta zona de la isla.

El Govern ha trasladado sus condolencias por la muerte de la víctima mediantes redes sociales: “Nuestro pésame por la muerte de un joven en Valldemossa. Desde el TIBy la empresa concesionaria, total colaboración en la investigación policial ante esta tragedia”. Por su parte, José Luis Mateo Hernández, Consejero de Vivienda, Territorio y Movilidad ha declarado que se sienten “consternados, conmocionados y abatidos ante el fallecimiento en un trágico accidente” y desde el Govern, han enviado “su más sentido pésame y todo el apoyo y ayuda”.

AfectNeus aciones al servicio del TIB

A raíz del accidente mortal, el servicio del TIB ha habilitado una parada provisional en la calle Bartomeu Ferrà como alternativa provisional a las paradas uno y dos de Valldemossa, que esta tarde han quedado fuera de servicio por el corte de la calle.

Además, ha suspendido hasta nuevo aviso el servicio de la línea 203 exprés entre Palma y Valldemossa en ambos sentidos de la circulación.

Un menor ha resultat ferit la tarda d'aquest divendres en precipitar-se des de vuit metres d'altura a cala Varques, al municipi mallorquí de Manacor.

Els fets, les circumstàncies dels quals per al moment es desconeixen, han tingut lloc al voltant de les 16.30 hores d'aquest divendres, segons ha informat el SAMU 061.

Els Bombers de Mallorca i els sanitaris del 061 s'han desplaçat fins al lloc per auxiliar al menor, qui ha estat traslladat a l'Hospital Universitari Son Espases amb preavís per politraumatisme.

Un menor ha resultado herido la tarde de este viernes al precipitarse desde ocho metros de altura en cala Varques, en el municipio mallorquín de Manacor.

Los hechos, cuya circunstancias por el momento se desconocen, han tenido lugar sobre las 16.30 horas de este viernes, según ha informado el SAMU 061.

Los Bomberos de Mallorca y los sanitarios del 061 se han desplazado hasta el lugar para auxiliar al menor, quien ha sido trasladado al Hospital Universitario Son Espases con preaviso por politraumatismo.

Un home de 45 anys ha resultat ferit greument després de precipitar-se des del dotzè pis d'un edifici de Palma i caure sobre dues persones que estaven assegudes en una terrassa, les quals també han patit lesions de diversa entitat.

Els fets, segons han informat a Europa Press fonts policials, han ocorregut al voltant de les 16.00 hores d'aquest divendres a la plaça Catalunya de la capital balear.

Els serveis d'emergència han rebut un avís alertant que un home, aparentment després de mantenir una discussió amb la seva exparella, s'havia precipitat des del dotzè pis d'un edifici.

Primer ha caigut sobre un arbre, que ha amortit l'impacte, i ha acabat impactant contra dues persones que es trobaven assegudes en una terrassa.

Els sanitaris del SAMU 061 han estabilitzat el precipitat i l'han traslladat a l'Hospital Universitari Son Espases, on ha ingressat en estat greu. També han estat hospitalitzades les dues persones que eren a la terrassa, una en estat lleu i una altra en estat menys greu.

El Grup d'Homicidis de la Policia Nacional ha assumit la investigació dels fets i tracta d'esclarir si realment s'ha produït una discussió prèvia.

Diverses patrulles de Seguretat Ciutadana s'han desplaçat ràpidament al lloc dels fets per dur a terme les primeres diligències.

Un hombre de 45 años ha resultado herido de gravedad tras precipitarse desde el duodécimo piso de un edificio de Palma y caer sobre dos personas que estaban sentadas en una terraza, quienes también han sufrido lesiones de diversa entidad.

Los hechos, según han informado a Europa Press fuentes policiales, han ocurrido sobre las 16.00 horas de este viernes en la plaza Catalunya de la capital balear.

Los servicios de emergencia han recibido un aviso alertando de que un hombre, aparentemente después de mantener una discusión con su expareja, se había precipitado desde el duodécimo piso de un edificio.

Primero ha caído sobre un árbol, que ha amortiguado el impacto, y ha acabado impactando contra dos personas que se encontraban sentadas en una terraza.

Los sanitarios del SAMU 061 han estabilizado al precipitado al hombre y lo han trasladado al Hospital Universitario Son Espases, donde ha ingresado en estado grave. También han sido hospitalizadas las dos personas que estaban en la terraza, una en estado leve y otra en estado menos grave.

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional ha asumido la investigación de los hechos y trata de esclarecer si realmente se ha producido una discusión previa.

Varias patrullas de Seguridad Ciudadana se han desplazado rápidamente al lugar de los hechos para llevar a cabo las primeras diligencias.

El sindicato LSB-USO ha solicitado a la Inspección de Trabajo que investigue si el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) utilizó personal de una contrata para cubrir servicios de UVI móvil, las únicas ambulancias que no están externalizadas y cuyo personal es plantilla de la Administración. La central, en su escrito, señala que esto se produjo este miércoles, pero añade que “empieza a ser un hecho recurrente en los últimos meses”, pero Osakidetza lo niega de plano.

La denuncia de LSB-USO expone que el técnico y el enfermero de la UVI móvil fueron “destinados a otro servicio distinto del habitual” y que, por orden del centro coordinador de Emergencias, se requirió que fueran sustituidos por personal de la contrata Bizkanb, que es la que gestiona las ambulancias de Osakidetza que sí están externalizadas en Bizkaia, el servicio urgente y el servicio programado. Según el sindicato, conductor y técnico estuvieron acompañados por un médico de Osakidetza y se les asignó una unidad rotulada de Osakidetza y no de Bizkanb.

A LSB-USO, estos hechos le suscitan “importante dudas desde el punto de vista de la normativa laboral”. De hecho, enumera una batería de artículos y reglamentos que habrían podido ser vulnerados por esta decisión. Para empezar, porque son trabajadores “de una empresa privada”, a todos los efectos, en un servicio de prestación pública directa. Es un cambio de medios materiales y de centro de trabajo, y la central pide que se investigue si Osakidetza les formó debidamente en un servicio que es “distinto” a una ambulancia urgente ordinaria de la contrata. Se preguntan, asimismo, quién impartía las órdenes o qué tipo de seguros se aplicarían en caso de haber algún problema.

Desde Osakidetza rechazan que se hayan producido anomalías. Indican, a preguntas de este periódico, que el enfermero de la UVI móvil fue asignado a un “traslado especial” de tipo ECMO (reanimación extracorpórea) y que la UVI se reconvirtió en VIR, otro tipo de servicio de ambulancia diferente. Ese VIR hizo “dos actuaciones conjuntas” con servicios de la contrata, aunque “en ningún caso personal de Bizkanb va en vehículos de Osakidetza”, garantiza el Departamento de Salud. Añaden estas fuentes que “esto se ajusta a la práctica habitual”. “No se produjo la sustitución del personal público de la UVI móvil por trabajadores de la empresa contratista. Tampoco consta que trabajadores de la contratista se integraran en la dotación del vehículo público ni que prestaran servicios en él bajo una organización funcional distinta de la correspondiente a su empresa”, recalcan desde el Servicio Vasco de Salud.

Esta controversia llega en plena tramitación de los nuevos contratos de las ambulancias externalizadas. Osakidetza tiene que regularizar la situación de temporalidad creada a finales de 2024 con la abrupta rescisión de las adjudicaciones a la contratista de Bizkaia y de Álava, la catalana Grup La Pau. Ahora se ha conocido que adeuda 13,6 millones de euros. Fue entonces cuando se creó Bizkanb para Bizkaia, una UTE de la rama sanitaria de Alsa (Sanir) y de la local Baztan-Bidasoa. En Álava fue la prestataria del servicio en Gipuzkoa, llamada precisamente Ambulancias Gipuzkoa, la que extendió su radio de acción. Osakidetza confía en tener las nuevas empresas en marcha el 1 de enero de 2027, pero hay una lluvia de recursos administrativos presentados contra los pliegos.

El camino hacia la regularización de la mayor contrata de Osakidetza, la de las ambulancias, se le puede complicar al Gobierno vasco. Los sindicatos LAB, ESK y ELA han formalizado ya recursos administrativos contra los pliegos de la licitación y fuentes de UGT y de LSB-USO indican que están estudiando hacer lo propio. Este periódico ha conocido también que un grupo de trabajadores se está organizando con los mismos fines. Igualmente, son posibles los recursos de empresas del sector y, de hecho, en la vecina Cantabria la asociación AE Trans Sanit ya logró una paralización cautelar del correspondiente concurso.

El plazo se termina este viernes. Después, la pelota quedará en el tejado del denominado OARC (Órgano Administrativo de Recursos Contractuales). Es un organismo dependiente del Ejecutivo vasco que tiene capacidad para paralizar la licitación si ve base en las alegaciones recibidas. El objetivo de Salud, según expuso el viceconsejero Aritz Uriarte, era que los nuevos contratos entrasen en vigor el 1 de enero de 2027.

Euskadi vive un período de excepcionalidad en este servicio sanitario básico desde noviembre de 2024, cuando Osakidetza rescindió antes de tiempo sus contratos con la catalana Grup La Pau, prestataria del servicio en Bizkaia y en Álava. Se realizaron adjudicaciones directas de emergencia para salvar la situación. Así, Ambulancias Gipuzkoa se mantuvo en ese territorio y pasó también a gestionar Álava, y en Bizkaia se creó 'ad hoc' la marca Bizkanb, una UTE de la rama sanitaria de Alsa (Sanir) con Baztan-Bidasoa.

Ahora, con la mirada puesta en 2027, se busca regularizar la situación con un doble concurso, por un lado para las ambulancias urgentes (las de color amarillo) y por otro para las programadas (las blancas y azules). El Gobierno vasco mencionó la cifra de 650 millones como presupuesto orientativo, pero es el cálculo sin IVA para los cuatro años estimados para el nuevo servicio, hasta 2030. Los sindicatos, en cambio, lo elevan a 1.359 millones si se tienen en cuenta todos los conceptos y los tres años de posible prórroga, hasta finales de 2033.

En una rueda de prensa en Vitoria este jueves, el sindicato ESK ha explicado el motivo de sus recursos. Consideran que la experiencia pasada con Grup La Pau —el Gobierno vasco acaba de personarse en el juzgado de Barcelona que gestiona su concurso de acreedores porque debe 13,6 millones de su etapa en Euskadi— hace más evidente la necesidad de no externalizar estos servicios públicos. “La gestión directa es mucho más eficiente”, ha dicho Patxi Nicolau. ESK denuncia también que las adjudicaciones temporales para tapar la salida de La Pau a Bizkanb y Ambulancias Gipuzkoa “se han prolongado mucho más de lo debido, casi dos años”, y ha lamentado que el modelo, en esencia, no ha sufrido grandes cambios porque las nuevas empresas “siguen acumulando denuncias y sanciones”.

En un comunicado, el sindicato LAB también ha criticado esta licitación y alude a que el PNV mantiene un “modelo neoliberal” gracias a “colaboración” del PSE-EE, su socio en el Gobierno vasco. “Convierten un derecho fundamental en un nicho de negocio y actuación empresarial”, entienden. “Estos contratos suman más de 1.000 millones de euros. Esa cantidad de recursos representa una oportunidad perdida de dimensiones históricas. Con esa inmensa cantidad de recursos públicos no sólo se podría prestar el servicio de ambulancias de forma directa, pública y eficiente, sino que aún quedarían recursos para implementar mejoras estructurales urgentes en el conjunto de la Sanidad pública vasca y reforzarla en beneficio de toda la sociedad”, añade LAB.

En el caso de ELA, ya presentó un primer recurso y el OARC ha comunicado el cierre de ese expediente porque el sindicato desistió. Ahora interpondrán otro porque, según indican, les faltaban algunas cuestiones que han querido incoporar. Las secciones sindicales de ELA en Ambulancias Gipuzkoa y Bizkanb entienden que la licitación “vulnera los derechos laborales” del personal. “No vamos a admitir más empresas piratas”, claman también desde la central, que recuerda que cada trabajador tiene una deuda media de 2.000 arrastrada desde los tiempos de Grup La Pau. “Lo tenemos claro: la publificación es la única solución”, estima ELA.

En UGT, que presentó en 2024 el recurso que supuso el primer hito en el largo proceso que acabó con la rescisión de La Pau unos meses después, explican que se hallan “estudiando” la posibilidad de ir al OARC. Lo mismo trasladan desde LSB-USO, donde ven en los pliegos algunos puntos contrarios a los derechos laborales de la plantilla e incluso a la prevención de riesgos. “Somos trabajadores 'low cost' de Osakidetza: más horas, menos precio y las mismas exigencias”, ironizan desde esta central.

Asimismo, este periódico ha accedido a un escrito de un grupo de trabajadores que también está considerando presentar un recurso. Este colectivo afirma que el consejero Alberto Martínez se comprometió a no ampliar el perímetro de externalizaciones en el marco de su pacto de sal y, al contrario, a ir publificando contratos en la medida de lo posible y entienden que en los pliegos, cuando se crean nuevos servicios y se presentan como mejoras, se está incumpliendo esta premisa.

Hay un total de 386 ambulancias de Osakidetza externalizadas, 76 amarillas y 310 para servicios programados. Sí son de gestión enteramente pública las denominadas UVI móvil. El Gobierno explicó que de cara al futuro contrato se han introducido importantes mejoras, sobre todo para evitar el pago de servicios retrasados. Asimismo, en un documento oficial enviado al Parlamento Vasco, el consejero Martínez indicó que los pliegos han incorporado propuestas de asociaciones de pacientes pero también de los sindicatos LAB y UGT.

Los servicios jurídicos del Gobierno vasco han dirigido un escrito al juez Raúl Nicolás García Orejudo, titular de la plaza 7 de lo mercantil del Tribunal de Instancia de Barcelona, para poder estar personados en el concurso de acreedores de la empresa de ambulancias Grup La Pau, que fue contratista de Osakidetza hasta finales de 2024. Según la documentación oficial presentada, la cooperativa de Badalona adeuda a la Administración vasca 13,6 millones de euros.

Grup La Pau era la adjudicataria del servicio de ambulancias externalizadas de Osakidetza en Bizkaia y Álava, tanto las urgentes como las programadas. A finales de 2024 el Ejecutivo rescindió antes de tiempo los vínculos contractuales con la compañía por la acumulación de deudas, sanciones y otras irregularidades, aunque solamente unos meses antes insistía en poner en valor su solvencia. El Gobierno vasco tuvo que formalizar dos contratos de urgencia, uno para Álava y otro para Bizkaia, para garantizar la continuidad de un servicio esencial. Se eligió a Ambulancias Gipuzkoa, la contratista en ese territorio, para que expandiera su rango a territorio alavés y, para Bizkaia, se optó por una nueva marca, Bizkanb, una UTE de la rama sanitaria de Alsa (Sanir) con Baztan-Bidasoa. Es precisamente ahora cuando se ha abierto una licitación ordinaria para regularizar la situación.

En paralelo, los antecedentes de Grup La Pau no impidieron que accediera a una adjudicación en Catalunya, aunque en junio entró ya en concurso de acreedores, un escenario que se venía barruntando ya desde sus últimos meses en Euskadi. El administrador concursal es Jordi Albiol y el juzgado responsable es el 7 de la sección mercantil de Barcelona, ya que la compañía siempre ha estado domiciliada en Badalona.

En el marco de este proceso y según la documentación judicial a la que ha tenido acceso este periódico, el 15 de julio una letrada de los servicios jurídicos del Gobierno vasco dirigió un escrito al juzgado y, en él, insistía en que la cooperativa “figura como deudora” de la Administración autonómica. La “cuantía total” supera los 13,6 millones de euros, que se desglosan en 9 millones en impagos al personal, 0,9 en “penalidades”, 1,6 en reclamaciones judiciales pendientes y más dinero en otro montón de conceptos que abarcan desde multas de los vehículos hasta 71.063 euros en alquileres pendientes por el uso de una base de los Bomberos de Álava.

Los informes adjuntos al escrito de personación recuerdan que uno de los puntos críticos llegó en el verano de 2024 cuando Grup La Pau no abonó la paga extraordinaria de julio a la plantilla. También hubo impagos de complementos de antigüedad o en períodos de bajas laborales. Ahora, hay un goteo de reclamaciones judiciales contra la empresa de sus antiguos trabajadores. Según los datos de los servicios jurídicos vascos, las peticiones ascienden ya a 1,7 millones y, sin excepción, los juzgados de lo social están condenando al Ejecutivo a pagar como responsable solidario. De momento, las arcas públicas han adelantado ya 141.559,54 euros sólo por estos procedimientos y el resto se tendrá que abonar igualmente.

Sumados todos los conceptos, Salud ha tenido que poner más de 10 millones de euros para ir tapando los agujeros que dejó Grup La Pau. En su momento, se habló de unos 12 millones en avales y garantías constituidos a la firma de las diferentes adjudicaciones para hacer frente a posibles eventualidades, pero ahora se rebaja esa cifra a 8,9 millones. Ahora, el Gobierno vasco se siente con “legitimación activa” para “personarse en el procedimiento concursal” en “defensa” del “crédito” de 13,6 millones.

Un accident múltiple, en el qual s'han vist implicats sis vehicles, i que ha tingut lloc al quilòmetre 2 de l'autopista MA-20 ha deixat aquest divendres 11 persones ferides, de les quals sis han requerit assistència sanitària.

Segons ha informat el SAMU061, dels 11 ferits, cinc són molt lleus -no han requerit assistència-, quatre són lleus i hi ha dos menys greus. Fins al lloc de l'accident s'han traslladat quatre unitats de suport vital avançat, dues de suport vital bàsic, un vehicle de logística i un cap de guàrdia. Les ambulàncies han dut els ferits al Juaneda Hospital Miramar.

En concret, en l'accident s'han vist implicats tres cotxes, dos camions petits i una furgoneta.

Un accidente múltiple, en el que se han visto implicados seis vehículos, y que ha tenido lugar en el kilómetro 2 de la autopista MA-20 ha dejado este viernes 11 personas heridas, de las cuales seis han requerido asistencia sanitaria.

Según ha informado el SAMU061, de los 11 heridos, cinco son muy leves -no han requerido asistencia-, cuatro son leves y hay dos menos graves. Hasta el lugar del accidente se han trasladado cuatro unidades de soporte vital avanzado, dos de soporte vital básico, un vehículo de logística y un jefe de guardia. Las ambulancias han llevado a los heridos al Juaneda Hospital Miramar.

En concreto, en el accidente se han visto implicados tres coches, dos camiones pequeños y una furgoneta.

Dos trabajadores del servicio de transporte sanitario tuvieron que ser trasladados ayer al Hospital de Guadalajara al presentar vómitos y mareos por la inhalación de los humos que desprendía el tubo de escape de su ambulancia.

Ambos técnicos del transporte sanitario del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) regresaban del polideportivo de Humanes en el que se encuentran personas evacuadas del incendio de La Mierla cuando los gases de su vehículo llegaron a entrar en el habitáculo de la cabina, sufriendo una exposición prolongada al humo. Ambos requirieron ser atendidos en el hospital para recibir oxígeno.

La “insostenible” situación del transporte sanitario, según UGT

UGT Servicios Públicos sostiene que lo ocurrido ayer es un ejemplo más de la “insostenible” y “peligrosa” situación en la que están las ambulancias del servicio de transporte sanitario de Castilla-La Mancha, situación “provocada de manera directa por la dejadez de las empresas concesionarias y amparada institucionalmente por el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha”.

El secretario de Sanidad del sindicato en la región, Fernando Peiró, afirmaba que también es consecuencia directa del régimen excepcional aprobado por el Sescam que permite a las empresas seguir utilizando ambulancias de más de 10 años de antigüedad, esto es, ambulancias que han superado su vida útil y a las que se les debería retirar la correspondiente certificación técnico-sanitaria.

“Todo ello hace que los técnicos y pacientes vayan en ambulancias obsoletas, con kilometrajes desorbitados y/o directamente averiadas y con un mantenimiento reparador y no preventivo. Debemos recordar que, en el caso de las ambulancias del servicio programado y ambulancias no asistencial (TNA) -que son aquellas que sufren en su gran mayoría las averías debido al desgaste- los pacientes reciben tratamientos tales como quimioterapia, radioterapia y diálisis. No se debería permitir que sean trasladados en estas pésimas condiciones”.

Averías durante el servicio de atención por el incendio

UGT afirma que, durante el incendio de la Sierra Norte de Guadalajara, se ha dado el caso de ambulancias que, acudiendo a atender a personas por crisis de ansiedad o durante el traslado de personas mayores a los puntos de evacuación, han tenido que parar debido a las averías y ser sustituidas por otras.

Añade que la seguridad de los pacientes y de los técnicos en emergencias sanitarias se está poniendo en grave peligro y es que “no se puede garantizar una asistencia digna ni una respuesta segura en carretera cuando el personal se ve obligado a trabajar con vehículos que acumulan averías en cascada”.

Por último, UGT recuerda que las empresas siguen sin cumplir con su obligación de lavar la ropa de trabajo, lo que lleva a estos profesionales a usar su propia ropa personal en las ambulancias y a tener que lavar las prendas en sus domicilios.

El Gobierno vasco ha puesto en marcha ya el mayor contrato de Osakidetza, la externalización del servicio de ambulancias. Se alega que la Sanidad pública no tiene recursos propios. Son 650 millones de presupuesto de partida para cuatro años y el deseo es que esté en marcha el 1 de enero de 2027. Su relevancia va más allá de su valor económico o de su importancia como servicio básico. Con este concurso se regularizará la anomalía que se vive en el sector desde finales de 2024 cuando se rescindió la contrata con la catalana Grup La Pau, adjudicataria en Bizkaia y en Álava, por un cúmulo de irregularidades, desde impago de nóminas hasta problemas con la flota.

Qué sale a concurso

Las ambulancias de Osakidetza, excepto las UVI móviles, están externalizadas. Son de dos tipos, las programadas o no asistenciales, que son de color azul y blanco, y las de emergencias, mayoritariamente amarillas. Eso sí, las de soporte vital básico tienen una franja blanca y las del soporte vital avanzado una verdosa. A tenor de los bocetos recogidos en la documentación oficial, la decoración apenas va a cambiar. Como hay dos tipos de servicios, en realidad los concursos son dos y se resolverán de forma simultánea. Y cada uno de ellos tiene tres lotes, uno por provincia, aunque algunos municipios fronterizos pueden variar, como las localidades del norte de Álava, que dependen de una comarca sanitaria vizcaína.

Los pliegos del contrato ofrecen un análisis estadístico de los movimientos de las ambulancias. Por ejemplo, las ambulancias programadas movieron entre 2023 y 2025 a 239.070 personas en Álava, a 954.179 en Gipuzkoa y a al menos 895.455 en Bizkaia, donde no hay datos de algunas semanas de 2024, precisamente las de la marcha de Grup La Pau. Los servicios que se ofrecen son desplazamientos para rehabilitación, tratamientos oncológicos, hemodiálisis, consultas, ingresos y movimientos interhospitalarios, aunque tuvieron que atender 32.666 urgencias. Son prácticamente 30 al día. En el caso de las ambulancias de emergencias, fueron activadas 57.012 veces en Álava en 2024 y 2025. En el caso de Gipuzkoa, las salidas fueron 112.862. Finalmente, el dato de Bizkaia es de 217.076.

Cuáles son los datos económicos

La licitación del servicio programado asciende a 277,43 millones de euros, 63,47 en 2027, 66,6 en 2028, 72,01 en 2029 y 75,31 en 2030. Del primero al último año la subida es del 18%. En el caso de las ambulancias urgentes, más caras, el total previsto es de 372,41 millones. Se reparten en 82,93 en 2027, 89,03 en 2028, 97,95 en 2029 y 102,48 en 2030. Aquí la oscilación es del 23%. Hay posibilidad de prorrogar la adjudicación hasta un máximo de tres años adicionales, hasta el 31 de diciembre de 2033.

Es muy complejo comparar estas previsiones con el coste actual del servicio, porque mientras en Gipuzkoa sigue en vigor la adjudicación ordinaria, que recayó en Ambulancias Gipuzkoa, en Bizkaia y Álava se formalizaron adjudicaciones directas con Bizkanb (una UTE de Alsa/Sanir con Baztan-Bidasoa) y con la propia Ambulancias Gipuzkoa tras la ruptura con Grup La Pau. Sin embargo, como orientación, en Bizkaia y Álava se pagaba un canon de 7,85 millones mensuales a finales de 2024, cuando se fue Grup La Pau. Ahora, en esos mismos territorios esa cantidad sería de 9,28 millones de euros de media para el próximo cuatrienio. Sería una subida del 18%.

Sin cobrar los retrasos

El viceconsejero Aritz Uriarte, en la rueda de prensa de presentación del contrato, explicó que la gran novedad es que habrá un “sistema de pago por resultados”. Esto implica que no se abonarán todos los movimientos de ambulancias, sino solamente los que cumplan con las exigencias. Es decir, si llegan tarde, la Administración quedará eximida del pago a las empresas. La referencia general es de 60 minutos, pero será incluso menor para un paciente de diálisis (45 minutos) o trasplantes (30 minutos).

En 2024, este periódico hizo público un informe sobre los retrasos de los servicios programados: el 75% de los movimientos en Álava y en Gipuzkoa tuvo retraso en los seis primeros meses de 2024, más de 126.000 desplazamientos. En el caso de Bizkaia, 4.874 tardaron más de tres horas en recoger a los pacientes. Asimismo, se promete un seguimiento “en tiempo real” de las unidades para hacer un control efectivo.

La gestión de la flota

En los pliegos del servicio urgente, se incuye un anexo con las “unidades a ampliar”. Es ahí donde se plantea la puesta en marcha de cuatro “ambulancias psiquiátricas”. Se trata de vehículos especializados para el traslado de pacientes de este tipo y que, como gran diferencia, tienen una parte trasera acolchada. Las empresas deberán garantizar la “seguridad” de esos movimientos. Inicialmente, habrá una ambulancia de este tipo en cada capital, en Vitoria, Bilbao y Donostia, y una cuarta volante en Bergara, de “soporte operativo” en los tres territorios. Las ambulancias de las capitales deberán estar operativas ya en 2027, mientras que la de Bergara llegaría en 2028.

Por otro lado, se prevén en Álava tres nuevos vehículos con un turno de doce horas de lunes a domingo, todos con base en Vitoria. En Gipuzkoa, se prevén dos vehículos más de 24 horas en Bergara y Beasain, dos ambulancias de doce horas en Donostia y otras del mismo tipo en Irún y Zarautz. Finalmente, en Bizkaia, se prevén tres vehículos más de doce horas en Bilbao e igualmente en Sopela, Ortuella y Durango. Igualmente, habrá dos nuevos coches de “intervención rápida”, que llevan la misma decoración que las ambulancias, uno en Vitoria y otro en Bilbao. En cifras, hay un total de 386 ambulancias externalizadas, 76 amarillas y 310 para servicios programados.