El Sindicato del Transporte Sanitario de Canarias (SITES) ha alertado de la fuga de personal cualificado por las “deficientes condiciones laborales” y lo que considera una gestión “absolutamente irresponsable” del conflicto laboral por parte de otras organizaciones sindicales, a quienes acusa de “vender el sector desde dentro”. 

Según sostiene la organización en un comunicado difundido este miércoles, “la ausencia de estabilidad, de reconocimiento económico y de perspectivas profesionales está obligando a los empleados de este servicio público y esencial a abandonar sus puestos o a recurrir al pluriempleo para poder subsistir”.

Desde SITES vinculan directamente este abandono de profesionales con el estancamiento de las reivindicaciones que motivaron la huelga. “Siguen sin resolverse”, asegura. 

A juicio de esta organización, la negociación “se ha cerrado en falso” sin lograr avances en las peticiones fijadas en el preaviso de huelga. El sindicato advierte de que esto puede derivar en nuevos retrasos en el pago de salarios y en un progresivo deterioro de las condiciones de trabajo.

SITES se muestra muy crítica con la actuación de otras organizaciones sindicales. Denuncia que las asambleas fueron convocadas “con menos de 24 horas de antelación, sin un orden del día claro ni información neutral, recurriendo a dinámicas que inducían al miedo entre los asistentes para orientar el sentido del voto”. Además, critican “la falta de un censo definido y de garantías de privacidad en las votaciones”, lo que, según la organización, “desvirtúa la democracia interna al limitar la información para justificar acuerdos previamente dirigidos”.

El sindicato considera que el sector “se está vendiendo desde dentro” aprovechando el desconocimiento de los trabajadores de reciente incorporación. La organización atribuye esta deriva a la posición “acomodada” de determinadas estructuras sindicales que, a su juicio, “termina beneficiando a patronales y administraciones públicas en detrimento de las plantillas”.

Por todo ello, SITES rechaza lo que califica de “maquillaje sindical” y exige transparencia, rendición pública de cuentas sobre las conquistas reales de la huelga y la garantía de retribuciones y condiciones dignas para “frenar la sangría” de personal cualificado en el Archipiélago.

Un motorista de 51 años de edad ha perdido la vida este jueves tras colisionar la moto que conducía con una ambulancia que transportaba a dos pacientes en el kilómetro 36 de la CM-3200, a la altura de Torre de Juan Abad (Ciudad Real).

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar sobre las 18.38 horas.

Todos los ocupantes de la ambulancia están bien y están siendo trasladados a su destino en otra ambulancia. Al lugar se ha desplazado los bomberos, la Guardia Civil, un médico de Urgencias y una ambulancia de Soporte Vital Básico.

El portavoz de Sanidad del PSOE en el Senado y senador por La Palma Kilian Sánchez Sanjuan ha denunciado este martes una vez más la situación que atraviesa el transporte sanitario en Canarias, con profesionales “saturados”, graves problemas en los vehículos y unas condiciones laborales que considera insuficientes para un servicio esencial del sistema público de salud.

Sánchez intervino en la Comisión Mixta de Insularidad de las Cortes Generales, en Madrid, con motivo de la comparecencia de representantes sindicales de USO y CCOO del transporte sanitario en Canarias, donde destacó la dimensión de un servicio que realiza alrededor de un millón de intervenciones anuales en las islas.

“El transporte sanitario es un eje vertebrador de nuestro sistema sanitario”, señaló. Su correcto funcionamiento, añadió, resulta imprescindible para pacientes que acuden a tratamientos de quimioterapia, radioterapia, diálisis o rehabilitación, así como para quienes necesitan regresar a sus domicilios después de recibir el alta.

El senador socialista advirtió de que los problemas del servicio son también una expresión del “colapso” que atraviesa la sanidad canaria, especialmente en Tenerife. Sánchez se hizo eco de las denuncias sindicales sobre ambulancias bloqueadas durante horas en centros hospitalarios, vehículos que acumulan hasta 700.000 kilómetros y jornadas laborales que pueden superar las 14 horas.

“No se puede hablar de progreso en Canarias mientras nuestro sistema sanitario presente estas condiciones y quienes sostienen un servicio esencial trabajen sin los medios suficientes”, afirmó.

Sánchez puso también el foco en las condiciones laborales, con salarios que, según expuso durante la comisión, se sitúan en muchos casos entre los 1.100 y los 1.300 euros.

Ante esta situación, defendió recuperar el trabajo iniciado durante el Gobierno presidido por Ángel Víctor Torres, que acordó con los representantes sindicales elaborar un informe técnico-administrativo para estudiar la posible internalización del transporte sanitario.

El senador palmero recordó que el Parlamento de Canarias ha respaldado también esta legislatura, por unanimidad, continuar estudiando esta posibilidad. Sin embargo, criticó que la consejería de Sanidad, dirigida por Esther Monzón, no haya dado cumplimiento hasta ahora a esta iniciativa.

“No estamos diciendo que la internalización sea la solución sin estudiarla. Lo que exigimos es que se analice seriamente si puede permitir un servicio mejor dotado, con mejores condiciones laborales y una mejor respuesta para la ciudadanía canaria”, concluyó.

El Sindicato del Transporte de Emergencias Sanitarias (SITES) ha acusado a la Consejería de Sanidad de bloquear las mejoras salariales para los profesionales del transporte sanitario en las Islas. 

Según esta organización, el área que dirige Esther Monzón (Coalición Canaria) mantiene en suspenso las reivindicaciones del sector al supeditar las subidas salariales a la licitación de un nuevo concurso que ni siquiera ha sido publicado. 

SITES contrapone la actuación de la Consejería con las recientes manifestaciones del vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía, Manuel Domínguez (PP), quien afirmó en el Parlamento que “la buena marcha de la economía tiene que notarse en los hogares, en los negocios, en el empleo y en los salarios”.

 Para el sindicato, resulta “escandaloso” que, al mismo tiempo que desde el Gobierno se defiende la necesidad de aumentar los ingresos de la ciudadanía, Sanidad “mantenga bloqueado el futuro económico del sector”.  

SITES recuerda que los profesionales del sector trabajan las 24 horas del día, los 365 días del año en la atención de urgencias y traslados sanitarios. El sindicato considera “inaceptable” que se exija disponibilidad permanente a las plantillas mientras se postergan “de forma indefinida” sus mejoras retributivas.

Uno de los principales puntos de discrepancia radica en la intención manifestada por Sanidad de tomar como referencia los precios medios estatales para financiar el próximo concurso. SITES rechaza de plano esta medida por “no contemplar la singularidad geográfica” del Archipiélago y exige la publicación de los estudios de costes específicos para Canarias que incorporen la insularidad, así como la justificación de su encaje en la Ley de Contratos del Sector Público.

El sindicato advierte sobre los plazos de tramitación administrativa, recordando que la anterior licitación tardó aproximadamente dos años y cuatro meses en resolverse desde su publicación. Por esta razón, alertan de que condicionar las subidas retributivas a la adjudicación del nuevo concurso aboca a los trabajadores a una prolongada etapa de pérdida de poder adquisitivo.

SITES sostiene que existe una “connivencia” entre la patronal y la Administración para trasladar a las plantillas el coste de sus decisiones, presentando la espera de la licitación “como la única alternativa”. Además, critica que “la presión presupuestaria” ejercida por la Consejería esté “condicionando” la labor de otras organizaciones sindicales.

Según SITES, las patronales están valiéndose de los sindicatos convocantes de la huelga para “validar y justificar lo que consideramos una supeditación ilegal de la negociación colectiva a las licitaciones públicas”.

Ante este escenario, la organización exige a la consejera Esther Monzón la fijación de un calendario de licitación transparente, un presupuesto acorde a los costes reales del servicio y la articulación de mecanismos que permitan aplicar avances salariales inmediatos sin esperar al concurso. 

Al mismo tiempo, insta al vicepresidente Manuel Domínguez a “hacer valer” en el sector del transporte sanitario el discurso de mejora retributiva que defiende públicamente. 

La Inspección de Trabajo ha constatado una infracción de la empresa Ambulancias Gipuzkoa, contratista de Osakidetza en ese territorio pero también en Álava, por una serie de irregularidades en la base del servicio en Vitoria. Además, la sanción se ha visto “agravada” por el “incumplimiento” de un requerimiento previo en el mismo sentido, según la documentación oficial a la que ha tenido acceso este periódico.

Los hechos se remontan a febrero de 2026. Tras una denuncia del sindicato ESK, a las 14.40 horas del 17 de febrero una subinspectora se personó en la base de Gamarra de Ambulancias Gipuzkoa “a fin de comprobar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales en los aspectos que afectan directamente a las condiciones materiales de trabajo”. En ella se vieron algunas “deficiencias” y se hizo una petición de información.

Dos meses después, en abril, la empresa ya conocía los requerimientos de “subsanación”. Tenían que ver con la obligación de ofrecer reconocimientos médicos, con la automatización de las camillas de los vehículos y con formación para el personal, según el informe de la Inspección de Trabajo.

Ahora ha pasado ya el plazo para el cumplimiento de esos puntos y la Inspección de Trabajo considera “acreditado” que Ambulancias Gipuzkoa no los ha atendido, por lo que “extiende acta de infracción con propuesta de sanción agravada”. Igualmente, le pide que en “en el plazo de tres meses” forme a la plantilla de modo “suficiente y adecuado” en algunos temas como los “riesgos ergonómicos” de las tareas de este servicio sanitario, por ejemplo a la hora de cargar pacientes.

La documentación no recoge el volumen de la multa. De su lado, Ambulancias Gipuzkoa no ha atendido a la petición de información para conocer su versión sobre estos hechos. La compañía es la adjudicataria del servicios de ambulancias urgentes y programadas de dos territorios, Gipuzkoa y Álava, mientras que en Bizkaia opera la marca Bizkanb, una UTE de Sanir (Alsa) y Baztan/Bidasoa. En el expediente sí consta que una de las alegaciones presentadas por la empresa sancionada es que solamente ofrece un servicio temporal en Álava y que desconoce cuánto tiempo continuará.

Se da la circunstancia de que el Gobierno vasco tiene abierto ahora el concurso para renovar estos contratos, que son los más onerosos de Osakidetza, y regularizar el sector. Desde noviembre de 2024 en Álava y en Bizkaia están en vigor contratos de emergencia tras la rescisión anticipada de la relación con la catalana Grup La Pau, que también acumuló sanciones de la Inspección de Trabajo, entre otras irregularidades y deudas. Sin embargo, el proceso está paralizado de forma cautelar mientras se revisan recursos sindicatos y de una patronal a los pliegos del Ejecutivo, según acordó el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales, conocido por las siglas OARC. Es altamente probable que no pueda estar listo el nuevo servicio el 1 de enero de 2027, como se había prometido.

La consejera de Salud y Atención a la Dependencia, Sara García Espada, estaba llamada este jueves a dar explicaciones en la Asamblea de Extremadura sobre la situación de las políticas sanitarias de la Junta y, de manera específica, sobre las urgencias hospitalarias durante este verano. Pero las cuestiones que han marcado el debate sanitario de los últimos meses no han tenido espacio en su intervención.

García Espada no ha explicado la situación del servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Cáceres, ni las protestas relacionadas con la limpieza de centros sanitarios, ni el incidente registrado en el Hospital Don Benito-Villanueva por la caída de un falso techo en una habitación con un paciente. Tampoco se ha referido al episodio de las ambulancias del contrato de transporte sanitario terrestre, valorado en más de 285 millones de euros, que durante agosto prestaron servicio sin las autorizaciones de transporte en vigor y cuyos trabajadores recibieron avisos por WhatsApp sobre controles de la Guardia Civil, como desveló elDiario.es Extremadura.

Sobre las urgencias, la consejera se ha limitado a defender que los servicios de Cáceres y Badajoz cuentan actualmente con más profesionales que nunca: 36 y 48, respectivamente. “Si ahora a ustedes les parece insuficiente, imagínese cuando ustedes lo tenían con bastantes menos profesionales”, ha respondido a las críticas de la oposición.

El principal asunto nuevo que ha puesto sobre la mesa ha sido, en cambio, una deuda de 272.000 euros que atribuye al anterior Gobierno socialista con el grupo privado Quirón Salud. García Espada ha anunciado que la Junta tendrá que iniciar un expediente de reconocimiento de deuda para afrontar con cargo al presupuesto de 2026 el pago de unas derivaciones de pacientes de la sanidad pública que, según su versión, se realizaron fuera de los contratos de Galeno y Paracelso.

La consejera ha calificado de “escándalo” que el actual Ejecutivo tenga que afrontar ahora esa reclamación y ha asegurado que dispone de tres cartas remitidas por Quirón en las que reclama el abono de la cantidad. “Hoy Quirón nos destapa facturas que vienen reclamándole al Gobierno socialista sin pago ni escucha por parte de ustedes”, ha afirmado García Espada, que ha utilizado esta deuda para cuestionar la gestión sanitaria del anterior Ejecutivo.

Sanidad privada

El asunto ha provocado un enfrentamiento con el PSOE. Su portavoz en la Asamblea, Isabel Gil Rosiña, ha ironizado sobre la “buena comunicación y fluidez con Quirón” de la actual Junta y ha rechazado que la deuda de 272.000 euros sea el centro del debate sanitario. “Yo no le voy a hablar de los 272.000 euros. Yo le voy a hablar de los millones de euros que usted está dilapidando del dinero público para colapsar la sanidad pública y engordar el negocio de la sanidad privada en Extremadura”, ha señalado.

Gil Rosiña ha denunciado la saturación de la Atención Primaria, con demoras de hasta 14 días para conseguir una cita médica, y la situación de los servicios públicos de urgencias. También ha acusado al Gobierno extremeño de permitir un descenso de la actividad ordinaria en los hospitales y de utilizar las denominadas peonadas, actividad extraordinaria remunerada, como herramienta de planificación quirúrgica. La portavoz socialista ha reclamado la dimisión de García Espada.

Frente a las críticas, la consejera ha defendido el incremento de recursos de la sanidad extremeña y ha reivindicado que el SES dispone del mayor presupuesto de su historia. Entre las actuaciones que ha destacado se encuentran la financiación del tratamiento con Vyjuvek para pacientes afectados por piel de mariposa, la incorporación de los podólogos al SES mediante una bolsa de trabajo y la preparación de un programa para atender a los pacientes diabéticos con el objetivo de evitar amputaciones, mediante la coordinación entre Atención Primaria y Cirugía Vascular.

También ha destacado el refuerzo de la salud mental con 71 nuevos profesionales entre psiquiatras, psicólogos, enfermeras y terapeutas ocupacionales, además de nuevos recursos en este ámbito. En materia de vacunación, ha señalado la ampliación de la cobertura y la puesta en marcha en octubre de la vacunación intranasal contra la gripe en los colegios.

La consejera ha defendido que el SES realiza 16,5 millones de asistencias al año y ha admitido que con ese volumen de actividad “alguna incidencia habrá”, aunque ha asegurado que son más los pacientes que agradecen la atención recibida.

La oposición cuestiona el rumbo de la sanidad

El diputado de Unidas por Extremadura José Antonio González Frutos ha reclamado “empatía” a la consejera con los profesionales sanitarios y los pacientes y ha considerado que su análisis está alejado de la realidad del sistema sanitario. También ha advertido de un proceso de “privatización” de la sanidad y ha vinculado el deterioro de la sanidad pública con las dimisiones y ceses producidos en el sistema.

La diputada de Vox María Jesús Salvatierra Gordillo ha defendido, en cambio, la estrategia de la Junta para reducir las listas de espera mediante la actividad ordinaria, la ampliación de horarios, las derivaciones y la colaboración público-privada. “El enfermo no pregunta si se le opera en un centro concertado o en un centro público, pregunta cuándo le operan”, ha señalado.

Desde el PP, Margarita Núñez ha defendido la gestión de la Junta y ha reprochado al PSOE que no tenga en cuenta las consecuencias de la huelga de médicos relacionada con el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad.

La comparecencia, que tenía entre sus asuntos expresamente la situación de las urgencias hospitalarias durante el verano, ha terminado así con el debate centrado en la gestión de los anteriores gobiernos, la sanidad privada y las nuevas prestaciones anunciadas por la Junta, mientras las cuestiones concretas que han afectado al SES durante estos meses han quedado sin una explicación específica por parte de la consejera.

Francisco Javier Fernández ha denunciado ante la Policía Nacional y ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de Mérida la “mala gestión” del 112 Extremadura en la atención a su madre, de 81 años, que sufrió un fuerte dolor de cabeza y cayó inconsciente en su domicilio el 17 de abril de 2026. Según su testimonio, la ambulancia tardó una hora y diez minutos en llegar y la mujer falleció posteriormente en el hospital.

El denunciante, que padece secuelas de un infarto cerebral y tiene movilidad reducida en una mano y una pierna, asegura que durante la llamada al 112 informó de que su madre estaba “inconsciente por completo”. Afirma que, ante las preguntas sobre medicación y enfermedades previas, insistió en que enviaran una ambulancia urgente. Según su versión, la médica que atendía la llamada le respondió que “si no contestaba a las preguntas no podía seguir atendiéndole” y colgó el teléfono.

La Policía llegó en tres minutos y reanimó a la mujer

Tras el corte de la llamada, Fernández contactó con la Policía Nacional, que llegó en “tres minutos” con cuatro dotaciones. Los agentes, según relata, atendieron y reanimaron a su madre, que entró “dos veces en parada”. Fueron ellos quienes solicitaron una ambulancia medicalizada, pero el 112 les informó de que la única unidad disponible estaba “averiada en el taller”.

El hijo de la fallecida sostiene que la ambulancia tardó más de una hora en llegar y que, además, se produjo una segunda llamada para confirmar la dirección porque “no les había dado tiempo a apuntarla”. También denuncia que el traslado al hospital se realizó “en una furgoneta con sirena”, un vehículo que, según afirma, la propia médica reconoció que “no era adecuado” para una paciente en ese estado. La mujer ingresó en la UCI, donde falleció tres horas después.

Fernández lamenta que su madre “no tuvo la oportunidad de saber si podía haber sido operada o atendida de otra forma” y asegura estar a la espera de que el juzgado solicite las pruebas pertinentes. Afirma además que la grabación de la llamada en la que la médica cuelga “está manipulada” y que inicialmente se le dijo que se trataba de “un fallo por los nervios”.

El 112 niega irregularidades y defiende su actuación

El Centro Coordinador de Emergencias 112 ha negado cualquier actuación irregular. Según la Consejería de Presidencia, la reclamación fue presentada el 23 de junio de 2026, más de dos meses después de los hechos. Tras analizar la documentación, el 112 emitió un informe en el que desestimó la queja y ofreció al reclamante escuchar las grabaciones de las llamadas, algo que finalmente hizo.

La Junta asegura que distintos departamentos han contactado con él “al menos cinco veces por escrito o teléfono” y “dos veces de forma presencial” desde mayo. “La administración ha estado, está y estará a disposición de atender cualquier demanda o reclamación, dando la respuesta que proceda en derecho”, señalan.

Este lunes, Francisco Javier Fernández ha trasladado su denuncia frente a la Presidencia de la Junta, en Mérida, para reclamar responsabilidades y visibilizar lo que considera una “negligencia grave” en la atención a su madre.

El PSOE de Extremadura ha exigido la salida de la consejera de Salud, Sara García Espada, tras conocerse que ambulancias del Servicio Extremeño de Salud (SES) realizaron durante el mes de agosto traslados de pacientes sin las autorizaciones reglamentarias.

Las irregularidades en el transporte sanitario de la región, el mayor contrato público de la Junta de Extremadura, ha sido desvelado por elDiario.es Extremadura, que también ha tenido acceso a los mensajes entre los trabajadores de la concensionaria para intentar burlar los controles de la Guardia Civil durante agosto, puesto que los vehículos de la flota carecían de la tarjeta de transporte.

La portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea, Isabel Gil Rosiña, ha reclamado responsabilidades al Gobierno de María Guardiola y ha considerado insuficiente la respuesta ofrecida por la consejera de Salud ante estos hechos. “Si la respuesta es que ha tomado nota, su nota como consejera es un cero”, ha señalado Gil Rosiña, que ha reclamado su salida del Ejecutivo si no es capaz de ofrecer explicaciones y soluciones.

La dirigente socialista ha considerado “especialmente grave” que los profesionales de las ambulancias tuvieran que comunicarse entre ellos para advertirse de la presencia de controles de la Guardia Civil y realizar rutas alternativas para evitarlos, y ha vinculado este episodio con el deterioro que, a su juicio, atraviesa la sanidad pública extremeña. Por eso ha reprochado a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que haya rechazado comparecer en la Asamblea para explicar la situación del SES.

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, solicitó la pasada semana la comparecencia de Guardiola en el Pleno de la Asamblea. La Mesa de la Cámara rechazó el juevesesta petición. Para Gil Rosiña, la gravedad de la situación debería llevar a la presidenta a comparecer por iniciativa propia. “Si tuviera el más mínimo sentido de la responsabilidad y altura de gobernante, sería la propia presidenta quien debería venir a explicar qué está pasando en el SES y qué medidas va a tomar”, ha afirmado.

La portavoz socialista ha insistido en que los problemas de la sanidad extremeña no son una exageración de la oposición y ha citado también deficiencias registradas en hospitales, así como retrasos que, según ha denunciado, estarían afectando a pacientes oncológicos y a mujeres embarazadas.

Asimismo, ha defendido el trabajo de los profesionales sanitarios y de las ambulancias, a quienes ha desvinculado de las deficiencias de gestión. “Los profesionales no han cambiado; lo que ha cambiado son los gestores y la manera de gestionar el SES”, ha afirmado.

Finalmente, Gil Rosiña ha asegurado que el PSOE seguirá llevando estos problemas a la Asamblea y ha reclamado a Guardiola que rectifique y comparezca para dar explicaciones sobre la situación de la sanidad pública extremeña.

El servicio de transporte sanitario terrestre de Extremadura, el contrato público más cuantioso de la administración autonómica, valorado en más de 285 millones de euros, funcionó durante el pasado verano al margen de la legalidad, en concreto, desde el 1 de agosto hasta el 4 de septiembre.

Durante este tiempo, los vehículos de la concesionaria Ambuvital prestaron servicio público sin disponer de la autorización necesaria y obligatoria, por lo que trasladaron pacientes sin tener los permisos en regla, dejando al descubierto la cobertura de los seguros ante cualquier posible accidente en carretera y exponiendo a la Sanidad pública a un grave problema de responsabilidad patrimonial ante cualquier siniestro.

Además, la situación llevó a los conductores a coordinarse en chats internos para esquivar las patrullas de la Guardia Civil de Tráfico. Fue precisamente un aviso en un grupo de WhatsApp el que desató la alarma entre la plantilla. Trabajadores consultados por elDiario.es Extremadura han confirmado la existencia de un grupo interno de mensajería en el que durante agosto se ha avisado de los controles de la Guardia Civil y se ha recomendado tomar rutas alternativas para evitar determinados puntos porque las ambulancias no disponían de la tarjeta de transporte. Los mensajes también permitieron que parte de los conductores conocieran que los vehículos carecían de esa documentación.

El problema llegó incluso a producir una actuación de la Guardia Civil. Según las fuentes consultadas, una conductora fue parada y denunciada el 2 de septiembre por circular sin la autorización de transporte correspondiente. Este extremo contrasta con la respuesta facilitada por la Consejería de Infraestructuras y Transportes de la Junta, que ha señalado que “a día de hoy” no tiene constancia de expedientes de infracción que tengan su origen en denuncias de la Guardia Civil por falta de autorización en carretera.

Sin embargo, la Junta de Extremadura admite de forma implícita la irregularidad al confirmar a este periódico que en agosto tuvo que abrir un “procedimiento de rehabilitación” para las licencias de la flota (505 vehículos). Según el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT), este trámite extraordinario solo se activa cuando la autorización previa ha caducado o ha sido dada de baja en el registro oficial.

Ambuvital inició su solicitud de visado en junio, pero el expediente no fue favorable hasta el 4 de septiembre. Según la Consejería de Transportes, la empresa tuvo que atender unos “requerimientos de subsanación” y en agosto se inició un “procedimiento de rehabilitación donde se aportó nuevamente toda la documentación para comprobar que la empresa cumple con todos los requisitos”. Eso no sucedió hasta hace una semana, como ya consta en el registro de empresas y actividades de transporte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. También se puede demostrar que la autorización quedó rehabilitada hasta julio de 2028.

El contrato más caro de la sanidad extremeña

En cualquier caso, aunque la empresa ha logrado regularizar su situación, lo ha hecho después de que las ambulancias hubieran continuado prestando servicio durante agosto y hasta los primeros días de septiembre sin el visado y, por lo tanto, sin la autorización del ministerio para prestar el servicio de transporte sanitario.

Esta situación se ha producido cuatro meses después de la firma del contrato de transporte sanitario terrestre en Extremadura, más de 285 millones de euros. La adjudicataria, la UTE formada por Ambuvital y SSG, comenzó a operar el 1 de mayo, aunque la primera ya gestionaba gran parte del servicio. Además, Ambuvital fue adquirida a finales de 2024 por el fondo Asterion, integrándose dentro de la estructura corporativa del Grupo SSG.

Los pliegos del contrato establecen que corresponde a la adjudicataria obtener y mantener las autorizaciones, permisos y licencias necesarias para ejecutar la prestación. En particular, en las prescripciones técnicas se atribuye a la empresa la responsabilidad de obtener, mantener y renovar las licencias y autorizaciones que necesiten los vehículos para su circulación y uso sanitario.

El SES abre un expediente a la concesionaria

A pesar de ello, fuentes del sector han subrayado tras conocer “una situación ilegal y, si no, especialmente irregular”, la falta de “vigilancia y diligencia del SES para comprobar que las condiciones exigidas en el contrato se cumplen porque ”estamos hablando de un contrato muy relevante“.

El SES ha confirmado a este periódico la existencia de irregularidades relacionadas con el cumplimiento de las condiciones del contrato y la apertura de un expediente para determinar las posibles consecuencias contractuales para la empresa. Sin embargo, no ha aclarado qué controles ha realizado sobre este asunto.

En su respuesta, la Consejería de Salud asegura que con la entrada en vigor del nuevo contrato el pasado 1 de mayo, “los visados estaban vigentes” y que la empresa presentó el 25 de junio, “dentro del plazo legal establecido”, la solicitud para la renovación del visado de transporte, “junto con el abono de las tasas correspondientes”. Sin embargo, no hace referencia a que el expediente no resultó favorable hasta hace unos días, jornadas en las que la concesionaria de un servicio público estuvo operando al margen de la ley.

Cinco personas han resultado heridas en la madrugada de este martes tras la salida de vía de un coche que volcó a continuación en San Miguel de Abona, en el sur de Tenerife.

Los hechos sucedieron pasadas las 00.00 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta sobre un accidente en la carretera TF-65.

Los heridos son una mujer de 36 años con traumatismos en una pierna carácter moderado y que fue trasladada en la ambulancia al Hospital del Sur; un hombre de 35 años con traumatismos en la cara de carácter leve y derivado en ambulancia al Hospital del Sur; una menor de 4 años con traumatismos en la cara de carácter leve y trasladada en ambulancia a Hospiten Sur; un menor de 8 años con herida abierta en una pierna de carácter leve y trasladado al Hospital del Sur y una mujer de 30 años con traumatismos en un brazo de carácter leve y que fue trasladada en ambulancia a Hospiten Sur.

A la llegada al lugar, efectivos de Bomberos de Tenerife comprobaron que los ocupantes habían podido salir del turismo por sus propios medios por lo que aseguraron el vehículo accidentado, que había quedado completamente volcado, y colaboraron con el resto de recursos intervinientes.

La Guardia Civil reguló el tráfico en la vía y realizó el atestado correspondiente.

El Órgano Administrativo de Recursos Contractuales, una oficina administrativa dependiente del Gobierno vasco conocida por sus siglas OARC, ha suspendido de manera cautelar la doble licitación abierta por Osakidetza para la regularización del servicio de ambulancias, tanto las urgentes como las programadas. Se trata del mayor contrato de la Sanidad vasca y probablemente de la comunidad autónoma con un coste que el Ejecutivo cifró inicialmente en 650 millones de euros pero que los sindicatos elevan a más de 1.300 incluyendo el IVA y todas las posibles prórrogas.

Los pliegos presentados por el equipo del consejero Alberto Martínez en julio fueron recurridos por hasta cinco sindicatos, LAB, ESK, ELA, UGT y LSB-USO, y fuentes sanitarias añadieron a este periódico que también había llegado otro de empresas del sector, en concreto de la asociación AE Trans Sanit. El Gobierno de Imanol Pradales quería disponer de adjudicatarias del servicio de ambulancias desde el 1 de enero de 2027 y esta resolución, que impide avanzar en el proceso hasta que se resuelva el fondo de las alegaciones de las partes, retrasará esos planes.

Sostiene el OARC, en la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, que la suspensión permite que no se “consoliden” actuaciones “procedimientales” que luego podrían quedar anuladas, con el consiguiente desaguisado. Ahora bien, matiza que “la adopción de la suspensión no implica apreciar, siquiera indiciariamente, la procedencia de los motivos de impugnación”. Osakidetza pidió al OARC que no adoptara esa medida por no haber apariencia alguna de “ilegalidad” en la licitación y porque no deseaba prorrogar la provisionalidad del servicio en Álava y en Bizkaia.

Euskadi vive un período de excepcionalidad en este servicio sanitario básico desde noviembre de 2024, cuando Osakidetza rescindió antes de tiempo sus contratos con la catalana Grup La Pau, prestataria del servicio en Bizkaia y en Álava. Se realizaron adjudicaciones directas de emergencia para salvar la situación. Así, Ambulancias Gipuzkoa se mantuvo en ese territorio y pasó también a gestionar Álava, y en Bizkaia se creó 'ad hoc' la marca Bizkanb, una UTE de la rama sanitaria de Alsa (Sanir) con Baztan-Bidasoa.

Ahora, con la mirada puesta en 2027, se buscaba regularizar la situación con un doble concurso, por un lado para las ambulancias urgentes (las de color amarillo) y por otro para las programadas (las blancas y azules). El Gobierno vasco mencionó la cifra de 650 millones como presupuesto orientativo, pero es el cálculo sin IVA para los cuatro años estimados para el nuevo servicio, hasta 2030. Los sindicatos, en cambio, lo elevan a 1.359 millones si se tienen en cuenta todos los conceptos y los tres años de posible prórroga, hasta finales de 2033.

Hay un total de 386 ambulancias de Osakidetza externalizadas, 76 amarillas y 310 para servicios programados. Sí son de gestión enteramente pública las denominadas UVI móvil. El Gobierno explicó que de cara al futuro contrato se han introducido importantes mejoras, sobre todo para evitar el pago de servicios retrasados.

El Gobierno pide celeridad

Conocida la resolución, el viceconsejero Aritz Uriarte, que fue quien presentó los pliegos a comienzos de julio, ha urgido al OARC a que “se pronuncie a la mayor brevedad” sobre el fondo para no retrasar más la entrada en servicio de los nuevos contratos de ambulancias. “Lamentamos que esta licitación se vaya a demorar, ya que este pliego no trae sino ventajas, tanto para la calidad del servicio como para las condiciones laborales”, apunta. “Urge que los recursos se resuelvan a la mayor brevedad, de manera que los pacientes puedan beneficiarse de todas las mejoras previstas y acordadas con las asociaciones de pacientes, que han participado de manera activa en la elaboración de los pliegos”, insiste.

Agrega el Ejecutivo que “la resolución del OARC no entra a valorar la motivación de los recursos presentados y se circunscribe estrictamente a las medidas cautelares solicitadas por los recurrentes”. “No se debe, por lo tanto, interpretar como indicio de impugnación del procedimiento, así lo manifiesta expresamente el propio OARC. De hecho, el OARC ya ha inadmitido uno de los recursos presentados. Confiamos en que los recursos se resuelvan cuanto antes para avanzar en la licitación”, estima Uriarte.

Un home estranger de 29 anys ha mort passada la matinada d'aquest dijous després de ser atropellat davant d'una discoteca a Palma.

El succés ha tingut lloc a la carretera Ma-19A (camí de Can Capó), davant de la discoteca Amok, segons ha informat a Europa Press el SAMU 061, que ha situat l'avís al voltant de les 0.25 hores.

Després del mateix, els serveis d'emergència han enviat al lloc dels fets una unitat de suport vital avançat de la zona i una altra de suport vital bàsic. Amb tot, a l'arribada de l'equip assistencial, els sanitaris han confirmat la defunció de l'home.

Un hombre extranjero de 29 años ha fallecido pasada la medianoche de este jueves tras ser atropellado frente a una discoteca en Palma.

El suceso ha tenido lugar en la carretera Ma-19A (camí de Can Capó), frente a la discoteca Amok, según ha informado a Europa Press el SAMU 061, que ha situado el aviso en torno a las 0.25 horas.

Tras el mismo, los servicios de emergencia han enviado al lugar de los hechos una unidad de soporte vital avanzado de la zona y otra de soporte vital básico. Con todo, a la llegada del equipo asistencial, los sanitarios han confirmado el deceso del varón.

Usuarios de ambulancias han denunciado el “nefasto” sistema de traslado del transporte sanitario no urgente en Bizkaia, con esperas de hasta nueva horas por parte de los pacientes. Según han manifestado fuentes de los afectados, tanto en la recogida de las personas enfermas como en el regreso a sus lugares de residencia se ha llegado a mantener esperas de casi nueve horas.

En el caso concreto de una de las afectadas, de 82 años, que había sufrido una caída días antes, ante la demora de la ambulancia del transporte no urgente (de casi nueve horas) para su traslado desde casa al centro hospitalario, llamó al 112 y finalmente se hizo cargo de su recogida una unidad de transporte urgente. Tras ser ingresada durante una semana en el hospital de Basurto, se le asignó la hora de recogida a las 15.00 horas, si bien esta no se produjo hasta cerca de las 20.00 horas, según consta en la denuncia presentada en el centro hospitalario.

Los denunciantes aseguran que estas situaciones perjudican no solo a los pacientes en espera de ambulancia, sino a quienes aguardan a que se les asigne una cama, que ven prolongado el tiempo de ingreso.

Según el sindicato ESK, este es “un problema de gestión cronificado en el sector”, que la organización sindical ha venido denunciando “desde hace mucho tiempo”., informa Europa Press.

Además, ha advertido de que el problema se ha hecho “estructural”, entre otros motivos, “por las propias dinámicas del Gobierno vasco a la hora de concebir el servicio, licitarlo y permitir que las empresas privadas lo gestionen más con una visión económica, que priorizando a los pacientes”.

Ha añadido que la asistencia del servicio de transporte no urgente “se ha ido demorando porque la empresa da tiempos de espera progresivamente más largos”. “Es la empresa concesionaria del servicio la que da un tiempo de espera, que hace muchos años era de dos horas o tres y, posteriormente, han ido aumentando hasta las seis y ocho horas”, ha señalado.

La central sindical ha advertido de que “muchas veces estos tiempos de espera ni siquiera responden a una no disponibilidad de ambulancias”, sino que las empresas gestoras saben que, con la demora en el tiempo, las personas “reclaman el servicio una y otra vez” y la atención “se acaba cargando sobre el servicio urgente”.

“Se transfieren muchos avisos al transporte urgente que no son de urgencia. Y esto que empezó siendo algo puntual, ha acabado sobrecargando la red de urgencia. Además, a este desplazamiento de la carga de trabajo se añade al riesgo de que, cuando hay una urgencia de verdad, se demore mucho la asistencia”, ha concluido.

El macroconcurso de prestación del servicio de ambulancias licitado por la Conselleria de Sanidad por importe de 857 millones de euros vuelve a la casilla de salida. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), que el pasado mes de junio paralizó cautelarmente el proceso, ordena ahora retrotraer el procedimiento al momento anterior a la aprobación de los pliegos impugnados por la empresa Orthem Servicios y Actuaciones Ambientales SAU. Fuentes de Sanidad han informado a este diario que acatarán el fallo y se publicará de nuevo el procedimiento ajustándolo conforme a lo indicado por el TACRC.

Así lo establece el auto al que ha tenido acceso elDiario.es del pasado 30 de julio, según el cual acuerda anular el apartado L del pliego relativo a la solvencia técnica de las empresas que concurran al proceso lo que implicará “retrotraer el procedimiento al momento anterior a la aprobación de los pliegos impugnados”, de forma que las empresas que no hayan podido presentarse al proceso por esta cláusula puedan hacerlo.

La mercantil presentó el recurso el pasado 8 de mayo instando a la anulación de los pliegos vulneraban “los principios de libre concurrencia, igualdad de trato y acceso de las Pymes, debido a una configuración restrictiva e injustificada de los pliegos que le impide concurrir en condiciones de igualdad”, según alegaba.

Entre los puntos que señalaba por la supuesta limitación de la pública concurrencia destacaba una configuración material del contrato con efecto excluyente; configuración indebida del contrato mixto; ausencia de división en lotes; desproporción de la solvencia técnica; insuficiente desglose del presupuesto base de licitación; e indeterminación de los criterios sujetos a juicio de valor. Contra todos estos aspectos alegó la Conselleria de Sanidad, consiguiendo que el TACRC le diera la razón en todos los casos excepto en el punto referente a la desproporción de la solvencia técnica.

Al respecto, la empresa pone de manifiesta “la desproporción de los requisitos de solvencia, calificándolos como manifiestamente excesivos y carentes de justificación”. En concreto, señala que “la exigencia cuestionada es la cuantía requerida en el requisito de solvencia técnica con más de 600 millones de euros, frente a un valor razonable aproximado de 98 millones de euros conforme a los parámetros habituales de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). Según se indica, ”esta exigencia supone multiplicar por seis el umbral razonable, lo que, no responde a las necesidades del contrato, no está motivado en el expediente y excluye a operadores solventes, pero de menor dimensión“.

En su respuesta, la representación legal de la Generalitat Valenciana defiende que las características del contrato justifican la necesidad de exigir “experiencia previa acreditada de gran escala, como garantía mínima de que el operador económico puede ejecutar el contrato en condiciones de seguridad, continuidad y calidad” y añade: “La exigencia establecida no vulnera la libre concurrencia, ya que la LCSP prevé mecanismos que permiten concurrir a empresas que no alcanzan individualmente los umbrales y que permiten acreditar la capacidad basada en medios externos (art. 75 LCSP)”.

Sin embargo, el TACRC tumba este argumento y da la razón a la mercantil. En concreto, considera que debe estimar esta alegación “pues la cifra de referencia fijada en los pliegos a efectos de la solvencia (artículo 90.2 LCSP), no coincide con la legalmente establecida que refiere al 70% de la anualidad media del contrato, es decir, no el 70% de su valor estimado”, lo que viene siendo aproximadamente un importe medio de solvencia técnica de 98 millones de euros y no de 600 millones como estableció Sanidad.

Por este motivo, el Tribunal acuerda estimar parcialmente el recurso de la empresa y anular dichos pliegos “en los términos y alcance fijados en el fundamento duodécimo de esta resolución”. Al mismo tiempo levanta la suspensión del procedimiento de contratación.

La resolución es definitiva en la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo dos meses, aunque Sanidad descarta esta opción y repetirá el procedimiento.

Una única oferta

La resolución del TACRC pone de relieve que tan solo concurrió una oferta al macroconcurso, en concreto, la unión temporal de empresas (UTE) Ayuda TSCV integrada por Ambulancias CSA, Ambulancias Autónomas, Ambulancias y Servicios Valencia, Alquiler Car Luxe, Ambulancias Ayuda y Ambulevante.

En el concurso anterior, las empresas que concurrieron conjuntamente fueron Ambulevante, Ambulancias Autónomas, Ambulancias Ayuda, Alquiler Car Luxe, Ambulancias CSA, Ambulancias Edetanas y Transvía SL. De aquellas siete compañías, cinco repiten en la nueva UTE.

Según recoge el documento del Tribunal, “conforme resulta del acta de la mesa de contratación de fecha de 18 de mayo de 2026, presentó proposición en plazo a la licitación la UTE Ayuda TSCV”.

Tras la apertura y calificación de la documentación administrativa, se acordó la admisión de esta oferta a la licitación. Según se desprende del acta de la mesa de contratación de fecha de 22 de mayo de 2026, se procedió a la apertura del sobre de esta oferta correspondiente a los criterios de adjudicación evaluables mediante juicio de valor, acordándose la entrega de esta documentación a los técnicos para su correspondiente evaluación.

Tras la resolución del TACRC, todo este procedimiento quedará sin efecto y deberá repetirse puesto que el proceso se retrotrae el momento anterior a la aprobación de los pliegos, de forma que una vez aprobados de nuevo con la corrección de los requisitos de solvencia técnica podrían concurrir otras empresas.

El macroconcurs de prestació del servei d’ambulàncies licitat per la Conselleria de Sanitat per un import de 857 milions d’euros torna a la casella d’eixida. El Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals (TACRC), que el passat mes de juny va paralitzar cautelarment el procés, ordena ara retrotraure el procediment al moment anterior a l’aprovació dels plecs impugnats per l’empresa Orthem Servicios y Actuaciones Ambientales SAU.

Així ho estableix la interlocutòria del passat 30 de juliol a la qual ha tingut accés elDiario.es, segons la qual s’acorda anul·lar l’apartat L del plec relatiu a la solvència tècnica de les empreses que concórreguen al procés, cosa que implicarà “retrotraure el procediment al moment anterior a l’aprovació dels plecs impugnats”, de manera que les empreses que no hagen pogut presentar-se al procés per aquesta clàusula puguen fer-ho.

La mercantil va presentar el recurs el passat 8 de maig instant a l’anul·lació dels plecs perquè vulneraven “els principis de lliure concurrència, igualtat de tracte i accés de les pimes, a causa d’una configuració restrictiva i injustificada dels plecs que li impedeix concórrer en condicions d’igualtat”, segons al·legava.

Entre els punts que assenyalava per la suposada limitació de la pública concurrència destacaven una configuració material del contracte amb efecte excloent; configuració indeguda del contracte mixt; absència de divisió en lots; desproporció de la solvència tècnica; insuficient desglossament del pressupost base de licitació, i indeterminació dels criteris subjectes a judici de valor. Contra tots aquests aspectes va al·legar la Conselleria de Sanitat, que va aconseguir que el TACRC li donara la raó en tots els casos excepte en el punt referent a la desproporció de la solvència tècnica.

Sobre aquest punt, l’empresa posa de manifest “la desproporció dels requisits de solvència, qualificant-los de manifestament excessius i mancats de justificació”. En concret, assenyala que “l’exigència qüestionada és la quantia requerida en el requisit de solvència tècnica, amb més de 600 milions d’euros, davant d’un valor raonable aproximat de 98 milions d’euros conforme als paràmetres habituals de la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP)”. Segons s’indica, “aquesta exigència suposa multiplicar per sis el llindar raonable, cosa que no respon a les necessitats del contracte, no està motivada en l’expedient i exclou operadors solvents, però de menor dimensió”.

En la seua resposta, la representació legal de la Generalitat Valenciana defén que les característiques del contracte justifiquen la necessitat d’exigir “experiència prèvia acreditada de gran escala, com a garantia mínima que l’operador econòmic pot executar el contracte en condicions de seguretat, continuïtat i qualitat” i afegeix: “L’exigència establida no vulnera la lliure concurrència, ja que la LCSP preveu mecanismes que permeten concórrer a empreses que no arriben individualment als llindars i que permeten acreditar la capacitat basada en mitjans externs (art. 75 LCSP)”.

Tanmateix, el TACRC desestima aquest argument i dona la raó a la mercantil. En concret, considera que ha d’estimar aquesta al·legació “perquè la xifra de referència fixada en els plecs a l’efecte de la solvència (article 90.2 LCSP) no coincideix amb la legalment establida, que es refereix al 70% de l’anualitat mitjana del contracte, és a dir, no al 70% del seu valor estimat”, cosa que equival aproximadament a un import mitjà de solvència tècnica de 98 milions d’euros i no de 600 milions, com va establir Sanitat.

Per aquest motiu, el Tribunal acorda estimar parcialment el recurs de l’empresa i anul·lar aquests plecs “en els termes i amb l’abast fixats en el fonament dotzé d’aquesta resolució”. Al mateix temps, alça la suspensió del procediment de contractació.

La resolució és definitiva en via administrativa i contra aquesta es pot interposar recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos.

Una única oferta

La resolució del TACRC posa de manifest que tan sols va concórrer una oferta al macroconcurs, en concret, la unió temporal d’empreses (UTE) Ayuda TSCV, integrada per Ambulancias CSA, Ambulancias Autónomas, Ambulancias y Servicios Valencia, Alquiler Car Luxe, Ambulancias Ayuda i Ambulevante.

En el concurs anterior, les empreses que van concórrer conjuntament van ser Ambulevante, Ambulancias Autónomas, Ambulancias Ayuda, Alquiler Car Luxe, Ambulancias CSA, Ambulancias Edetanas i Transvía SL. D’aquelles set companyies, cinc repeteixen en la nova UTE.

Segons recull el document del Tribunal, “conforme resulta de l’acta de la mesa de contractació de data 18 de maig de 2026, va presentar proposició en termini a la licitació la UTE Ayuda TSCV”.

Després de l’obertura i qualificació de la documentació administrativa, es va acordar l’admissió d’aquesta oferta a la licitació. Segons es desprén de l’acta de la mesa de contractació de data 22 de maig de 2026, es va procedir a l’obertura del sobre d’aquesta oferta corresponent als criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor i es va acordar el lliurament d’aquesta documentació als tècnics per a la seua corresponent avaluació.

Després de la resolució del TACRC, tot aquest procediment quedarà sense efecte i haurà de repetir-se, ja que el procés es retrotrau al moment anterior a l’aprovació dels plecs, de manera que, una vegada aprovats de nou amb la correcció dels requisits de solvència tècnica, podrien concórrer altres empreses.

Un home d'uns 69 anys ha mort després que l'embarcació en què navegava juntament amb cinc persones més hagi bolcat davant la costa de la localitat mallorquina de s'Estanyol (Llucmajor).

Els fets, segons han informat el SAMU 061 i fonts de la Guàrdia Civil, han ocorregut cap a les 13.30 hores d'aquest dimarts a uns cent metres de distància de la línia de costa.

L'embarcació, de tipus auxiliar i en què viatjaven sis membres de la mateixa família, ha bolcat en circumstàncies que de moment es desconeixen. Un d'ells, un home d'uns 69 anys, s'ha ofegat.

Un vaixell del club nàutic els ha rescatat i els ha traslladat fins al port. Els sanitaris li han practicat maniobres de reanimació cardiopulmonar a l'ofegat, però no han aconseguit reanimar-lo i han confirmat la seva defunció.

Dues persones més han estat ateses pel 061, encara que han estat donades d'alta al lloc i no han requerit trasllat hospitalari.

La Guàrdia Civil ha obert una investigació per aclarir les causes de l'accident nàutic. La Policia Local de Llucmajor també ha participat en la intervenció.

Un hombre de unos 69 años ha muerto después de que la embarcación en la que navegaba junto a otras cinco personas haya volcado frente a la costa de la localidad mallorquina de s'Estanyol (Llucmajor).

Los hechos, según han informado el SAMU 061 y fuentes de la Guardia Civil, han ocurrido sobre las 13.30 horas de este martes a unos cien metros de distancia de la línea de costa.

La embarcación, de tipo auxiliar y en la que viajaban seis miembros de la misma familia, ha volcado en circunstancias que por el momento se desconocen. Uno de ellos, un hombre de unos 69 años, se ha ahogado.

Un barco del club náutico los ha rescatado y los ha trasladado hasta el puerto. Los sanitarios le han practicado maniobras de reanimación cardiopulmonar al ahogado, pero no han conseguido reanimarle y han confirmado su fallecimiento.

Otras dos personas han sido atendidas por el 061, aunque han sido dadas de alta en el lugar y no han requerido de traslado hospitalario.

La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las causas del accidente náutico. La Policía Local de Llucmajor también ha participado en la intervención.

Un home d'uns 44 anys ha resultat ferit de gravetat en caure des del cinquè pis d'un edifici de Palma mentre exacutava tasques de manteniment a la façana.

Els fets han ocorregut al voltant de les 12.30 hores al número 8 del carrer Metge Josep Darder, segons han confirmat fonts policials i municipals.

D'acord amb les primeres indagacions, l'home, empleat d'una empresa especialitzada en treballs verticals, estava acomplint tasques de manteniment de la façana.

L'accident laboral ha tingut lloc quan ha intentat canviar la corda a la qual estava subjecte el seu arnès. La fixació d'aquest cable ha fallat i l'home ha caigut al buit des d'un cinquè pis.

Primer ha impactat contra un vehicle pesat que empraven els operaris i després ha acabat estès a la via pública.

La col·lisió li ha causat múltiples fractures i no es descarta que pogués tenir lesions a la columna, segons les citades fonts. Els sanitaris del 061 l'han traslladat a l'Hospital Universitari Son Espases, on ha ingressat en estat greu.

La Policia Nacional ha assumit la investigació del succés, que apunta a un accident laboral. La Policia Local de Palma ha regulat el trànsit a la zona per permetre el treball dels serveis d'emergències.

L'Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral (Ibassal) també ha obert una investigació per tractar d'esclarir les causes de la caiguda i està pendent de l'evolució mèdica de la víctima.

“Seguim de prop l'evolució de l'accidentat i ja hem començat la investigació pertinent per aclarir les causes d'aquest accident. Tot el nostre suport al treballador i a la seva família”, ha escrit al seu compte de la xarxa social X la consellera de Treball, Funció Pública i Diàleg Social, Catalina Cabrer.

Un hombre de unos 44 años ha resultado herido de gravedad al caer desde el quinto piso de un edificio de Palma mientras realizaba tareas de mantenimiento en la fachada.

Los hechos han ocurrido sobre las 12.30 horas en el número 8 de la calle Metge Josep Darder, según han confirmado fuentes policiales y municipales.

De acuerdo con las primeras pesquisas, el hombre, empleado de una empresa especializada en trabajos verticales, estaba realizando tareas de mantenimiento de la fachada.

El accidente laboral ha tenido lugar cuando ha intentado cambiar la cuerda a la que estaba sujeto su arnés. La fijación de este cable ha fallado y el hombre ha caído al vacío desde un quinto piso.

Primero ha impactado contra un vehículo pesado que estaban empleando los operarios y después ha acabado tendido en la vía pública.

La colisión le ha causado múltiples fracturas y no se descarta que pudiera tener lesiones en la columna, según las citadas fuentes. Los sanitarios del 061 le han trasladado al Hospital Universitario Son Espases, donde ha ingresado en estado grave.

La Policía Nacional ha asumido la investigación del suceso, que apunta a un accidente laboral. La Policía Local de Palma ha regulado el tráfico en la zona para permitir el trabajo de los servicios de emergencias.

El Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral (Ibassal) también ha abierto una investigación para tratar de esclarecer las causas de la caída y está pendiente de la evolución médica de la víctima.

“Seguimos de cerca la evolución del accidentado y ya hemos empezado la investigación pertinente para aclarar las causas de este accidente. Todo nuestro apoyo al trabajador y a su familia”, ha escrito en su cuenta de la red social X la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer.