El Departamento de Salud ultima los pliegos de la nueva contrata de ambulancias de Osakidetza, según confirman fuentes oficiales. Es el servicio externalizado de mayor volumen, con un coste actualmente de unos 8 millones de euros mensuales sin contar la red de Gipuzkoa. De abrirse ahora la licitación, las nuevas contratas podrían estar asignadas a la vuelta del verano, salvo que medien recursos u otras incidencias. El Gobierno subraya, como novedad, que ha recogido “aportaciones de las asociaciones de pacientes” para mejorar el servicio.

El actual contrato tiene una relevancia singular porque vendría a regularizar el servicio después de la convulsa etapa de la catalana Grup La Pau, la adjudicataria en Bizkaia y Álava que vio rescindido su contrato antes de su finalización por un rosario de incumplimientos laborales, salariales y asistenciales negados en un inicio por la Administración. Aquello se produjo en noviembre de 2024 y, para garantizar la continuidad asistencial, se optó por contrataciones de emergencia con la nueva marca Bizkanb (la UTE de la rama sanitaria de Alsa, Sanir, y la local Baztan-Bidasoa) en Bizkaia y con una extensión de la contratista guipuzcoana, Ambulancias Gipuzkoa, para cubrir también Álava. En un inicio se habló de un parche para catorce meses con un coste de 110 millones totales pero, al llegar enero de 2026, se conoció que la duración de las adjudicaciones directas era en realidad indefinida.

La oposición está urgiendo ya al consejero de Salud, Alberto Martínez, a que explique por qué no está abierto el nuevo concurso. Rebeka Ubera, de EH Bildu, que realiza un estrecho marcaje de la política sanitaria, señala que las últimas noticias que tenían apuntaban al “primer cuatrimestre” de 2026, un plazo ya superado. Ubera ha registrado una batería de preguntas en el Parlamento Vasco y, entre otros puntos, pide que se aclaren plazos y las reuniones mantenidas para la confección de los pliegos y si han incluido a los sindicatos.

Denuncias en Álava

De hecho, la renovación de la contrata coincide con nuevas denuncias de irregularidades, en este caso del comité de Ambulancias Gipuzkoa en Álava. Los sindicatos CCOO, LAB, ELA y ESK explican que la compañía ha acumulado 18 requerimientos de la Inspección de Trabajo por “incumplimientos” de variados tipos desde la contratación de emergencia. Apuntan, igualmente, ha que “hay abiertos varios casos de agresión verbales o físicas a personas trabajadoras por parte de pacientes o familiares” sin que Ambulancias Gipuzkoa haya respaldado a sus profesionales.

El comité cuestiona también el estado de la flota. Aluden a “fallos electrónicos de motor”, “sillas de traslado sujetas con bridas” o incluso a “tuberías de oxígeno” con pérdidas. Además, las unidades de reserva “no cumplen con los pliegos” del contrato anteriores. Los sindicatos desconocen si Salud ha realizado “algún tipo de control para verificar el cumplimiento” de las condiciones de la contrata en Álava e ironizan que, en principio, se hablaba de catorce meses de recambio temporal para Grup La Pau.

“En los últimos diez años, han pasado tres empresas distintas por la provincia de Álava, dejando todas ellas deudas con las personas trabajadoras [y] acumulando todas ellas innumerables sanciones e incumplimientos en Inspección de Trabajo [y] sentencias en contra, vulnerando derechos de las personas trabajadoras. Y todo con el beneplácito del Gobierno vasco, que [...] ha permitido la desprotección de la ciudadanía con estas empresas piratas”, añaden CCOO, LAB, ELA y ESK. Contactada por este periódico, Ambulancias Gipuzkoa no ha atendido a la petición de aclaraciones.

El servicio de transporte sanitario de Osakidetza tiene tres modalidades diferencias. Las UVI móvil, con la excepción de Donostia, están gestionadas directamente con recursos públicos. Por el contrario, la red urgente (vehículos amarillos) y la red de traslados programados o no asistenciales (azules y blancos) están externalizadas. El nombre de la empresa adjudicataria aparece siempre en la puerta.

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Canarias, junto a CSIF y USO, ha presentado un preaviso de huelga en el transporte sanitario de Canarias ante la Dirección General de Trabajo después de denunciar el “bloqueo” que mantienen las patronales ARTS y ACEA en la negociación del IV Convenio Colectivo del sector.

Así, el calendario de movilizaciones contempla jornadas de huelga los días 8 y 19 de junio, además de paros indefinidos todos los viernes a partir de esa fecha.

El sindicato denuncia que las plantillas acumulan más de un año con los salarios congelados, después de que el convenio expirara el 31 de diciembre de 2024, mientras las empresas condicionan cualquier mejora salarial a futuras decisiones administrativas o al inicio de nuevas adjudicaciones del servicio.

“El salario se negocia en convenio, no se suplica a través de excusas externas”, sostiene Enrique Espi, responsable del sector de ambulancias de FSC-CCOO Canarias.

CCOO considera “inaceptable” la postura empresarial en un servicio esencial para la ciudadanía, sostenido, según destaca la organización, por profesionales sometidos a una elevada carga física y emocional, turnos prolongados, trabajo nocturno y presión asistencial constante.

El sindicato acusa a las patronales de mantener bloqueadas cuestiones fundamentales como la actualización salarial, la reducción progresiva de la jornada laboral, la mejora de pluses vinculados a nocturnidad, festivos o penosidad, así como avances en conciliación y descansos.

La parte social reclama una actualización salarial del 21% correspondiente al periodo 2019-2025, además de un incremento del 4% para 2026. Frente a ello, una de las patronales, ARTS, plantea un 13% más un 4%, condicionado a futuras adendas administrativas o a las nuevas adjudicaciones públicas.

“Las empresas no pueden utilizar la financiación administrativa como excusa para aplazar indefinidamente la mejora salarial”, sostiene Espi.

CCOO asegura que la huelga “no es un fin en sí mismo”, sino una medida para obligar a las patronales a desbloquear una negociación que considera estancada desde hace meses.

La organización sindical recuerda además que durante marzo se celebraron asambleas en todas las islas, en las que las plantillas respaldaron mayoritariamente la convocatoria de movilizaciones.

“Sin convenio digno, sin salario actualizado y sin avances reales, habrá huelga”, concluye el sindicato.

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha desestimado el recurso presentado por el marido de una mujer fallecida en 2015 tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en su domicilio, y ha rechazado la reclamación de responsabilidad patrimonial contra la Administración sanitaria por la supuesta tardanza en la asistencia. La familia había reclamado inicialmente 233.070 euros, una cantidad que posteriormente se redujo a 69.021 euros, al considerar que el envío de una ambulancia convencional en lugar de una Unidad Médica de Emergencias (UME) privó a la paciente de una oportunidad de supervivencia.

Sin embargo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo concluye en su sentencia que la actuación del servicio de emergencias fue adecuada a los protocolos y a la información disponible en cada momento.

Los hechos se remontan al 11 de junio de 2015, cuando la mujer, con un estado de salud muy delicado tras años de enfermedad renal, diálisis y anemia crónica, comenzó a encontrarse mal en su domicilio. Una llamada al 061 activó el dispositivo sanitario, aunque en un primer momento se facilitó una dirección incorrecta, que posteriormente fue corregida.

Según recoge la resolución, durante la comunicación con los servicios de emergencia se describieron síntomas como mareo, vómitos y tensión baja, pero no consta que se trasladaran indicios de extrema gravedad como dolor torácico o dificultad respiratoria. Este punto resulta clave para el tribunal, que considera improbable que tales síntomas se hubieran comunicado sin quedar registrados por la operadora o la doctora que gestionó el aviso.

En función de esos datos, se activó una ambulancia urgente —no una UVI móvil— que llegó al domicilio en seis minutos. Fue tras la llegada de los sanitarios cuando la paciente entró en parada cardiorrespiratoria, momento en el que se solicitó una UME con soporte vital avanzado, que se desplazó de inmediato.

Los magistrados descartan que existiera un retraso determinante en la asistencia. De hecho, subrayan que, incluso en el supuesto de que se hubiera enviado una UME desde el inicio, el tiempo de activación habría sido similar debido al protocolo de triaje obligatorio. En total, entre la primera llamada y la llegada de la unidad avanzada transcurrieron 22 minutos, con atención sanitaria desde los primeros compases de la intervención.

Además, la Sala incide en que no se ha aportado prueba pericial que acredite que una actuación más temprana hubiera cambiado el desenlace. En este sentido, recuerda que la responsabilidad patrimonial en el ámbito sanitario no se basa en el resultado final, sino en la existencia de una actuación contraria a la lex artis y en la relación causal con el daño.

La sentencia también menciona que las grabaciones de las llamadas al 061 no pudieron ser aportadas al procedimiento al haberse perdido, lo que supuso una merma probatoria para la parte demandante. No obstante, el tribunal considera que, con el resto de pruebas disponibles, no puede concluirse que existiera una actuación negligente. Por todo ello, el TSJA desestima íntegramente el recurso y confirma que la actuación del servicio de emergencias se ajustó a los estándares exigibles. La Sala no impone las costas del procedimiento al apreciar dudas de hecho en el caso.

Agentes de la Policía Autonómica han reducido a un hombre que atacó con un hacha a una ambulancia a la que causó daños cuando se dirigía a auxiliarlo tras amenazar con suicidarse y se atrincheró luego en su casa de Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado el propio cuerpo.

El personal sanitario que acudió al lugar con la ambulancia solicitó apoyo policial ante la peligrosidad de la situación, pues el hombre llegó a romper una de las ruedas del vehículo con el hacha antes de volver a encerrarse en la vivienda, explica la Policía.

La Policía Canaria explica que, al tener noticias de los hechos, agentes de su Unidad de Seguridad Ciudadana se desplazaron al domicilio e intentaron mediar con el varón, que, en un momento dado, salió de una de las habitaciones empuñando un hacha de grandes dimensiones, manteniendo un comportamiento agresivo y desobedeciendo las órdenes de deponer su actitud.

Los policías, “ante la situación de riesgo y conforme a los protocolos establecidos, hicieron uso de un dispositivo electrónico de control con el objetivo de reducir e inmovilizar al individuo”, siendo necesarias dos descargas debido a su resistencia, añade la nota.

Solo tras una hora de negociación, aproximadamente, se logró que el individuo depusiera su actitud, permitiendo su atención por parte de los servicios sanitarios y su posterior traslado al hospital Doctor Negrín, refiere.

El comunicado especifica que durante la intervención no se registraron daños de gravedad entre los intervinientes, si bien se activaron refuerzos policiales para garantizar la seguridad en la zona.

El cuerpo autonómico recuerda que, ante casos así y con el objetivo de que la ciudadanía tenga herramientas para afrontar estas situaciones, el Ministerio de Sanidad promueve la línea 024 de atención a la conducta suicida, mientras que la Dirección General de Salud Mental del Gobierno de Canarias cuenta con la página web www.stopsuicidioscanarias.com.

La Conselleria de Sanidad ha publicado en la Plataforma de Contratación la licitación del servicio y suministro de transporte sanitario urgente y no urgente de la Comunitat Valenciana por un importe de más de 580 millones de euros. De esta manera, las empresas que opten a este concurso tienen de plazo hasta el próximo 15 de mayo para presentar las ofertas.

Así, a través de este expediente de contratación, Sanidad garantizará el servicio de transporte sanitario durante los próximos cuatro años. La duración establecida del contrato es desde septiembre de 2026 hasta agosto de 2030. Cabe destacar que el valor estimado del contrato puede alcanzar los 857,8 millones de euros si se incluyen las posibles prórrogas y modificados.

En concreto, las prestaciones que incluye el servicio es el transporte sanitario terrestre, urgente y no urgente, así como el arrendamiento de ambulancias de clase C sin conductor para determinadas unidades de Soporte Vital Avanzado del Servicio de Emergencias Sanitarias de la Comunitat Valenciana.

Por un lado, el servicio incluye el transporte sanitario urgente, es decir, que es prioritario y debe realizarse sin demora para garantizar la atención al paciente en el menor tiempo posible debido al riesgo para su salud. En este caso, el servicio se lleva a cabo a través de las ambulancias que conforman la flota del Servicio de Emergencias Sanitarias de la Comunitat Valenciana, constituida por todos los tipos de ambulancias que establece el Real Decreto 836/2012, de 25 de mayo, y que son gestionadas a través de los CICU (Centros de Información y Coordinación de Urgencias).

Asimismo, se incluye el transporte sanitario no urgente, que es cuando no hay prioridad de riesgo vital y se utiliza para el traslado de pacientes que no necesitan asistencia durante el trayecto. Estos traslados se hacen en ambulancias no asistenciales que son gestionadas por los departamentos de salud.

En este caso se trata de pacientes que, bajo prescripción médica, requieren del traslado en ambulancia por diversos motivos: altas del servicio de urgencias, ingresos o altas hospitalarias, consultas externas, pruebas complementarias y prestaciones periódicas para la asistencia a hemodiálisis, rehabilitación, radioterapia o quimioterapia, entre otras.

Por otro lado, cabe señalar que la Conselleria de Sanidad, a través de esta licitación continúa introduciendo mejoras con el fin de ofrecer a la ciudadanía el mejor servicio asistencial, sobre todo en situaciones de emergencias sanitarias.

De este modo, el contrato incluye un apartado para el suministro de distintos tipos de vehículos destinados al apoyo logístico y coordinación para dispositivos de riesgo previsible, para posibles casos de emergencia con múltiples víctimas y catástrofes. Además, contempla una flota de reserva con las características y dotación requerida, así como el mantenimiento de los vehículos y de la dotación de estos.

El transporte sanitario se distribuye en bases logísticas localizadas a lo largo del territorio de la Comunitat Valenciana, según los criterios técnicos establecidos por la Conselleria.

Dos hombres de 65 y 66 años han sido rescatados tras precipitarse la avioneta en la que viajaban en el barranco de la Hocecilla en Portilla (Cuenca).

El aviso se ha recibido este sábado a las 12.45 horas cuando se activó un sistema de alerta en esta avioneta, dedicada a servicios de ocio, según informa el Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Tras ser rescatados han sido trasladados al hospital de Cuenca. El hombre de 65 en UVI y el de 66 años en ambulancia de soporte vital básico.

A pesar de la magnitud del accidente, el estado de los heridos no es muy grave.

Hasta el lugar se han desplazado la Guardia Civil con su servicio de búsqueda de salvamento aéreo, los bomberos de Cuenca, y un helicóptero medicalizado.

Un niño de tres años ha sido trasladado al Hospital Universitario de Toledo tras ser rescatado este sábado de un pozo de 15 metros de profundidad situado en una finca de Turleque (Toledo). El incidente ocurrió alrededor de las 13:30 horas en la calle Cristo, cerca de la ermita del Santísimo Cristo.

Gracias a la intervención de los bomberos de Villacañas, el menor pudo ser extraído del pozo. Según confirman fuentes de la Guardia Civil, el niño se encuentra consciente y en buen estado, aunque ha sido derivado al centro hospitalario para someterse a diversas pruebas médicas que descarten cualquier lesión interna.

En el dispositivo de emergencia también ha participado una UVI móvil, encargada del traslado sanitario, y efectivos de la Guardia Civil, quienes se encuentran actualmente recabando información para esclarecer las circunstancias del suceso.

Un ciudadano andaluz sufre un golpe muy fuerte que deriva en convulsiones y que, por lo tanto, precisa de una ambulancia que le traslade inmovilizado y con un equipo que le monitorice. La ambulancia llega, pero lo hace tan solo con un técnico y sin que sea un vehículo adecuado para lo que necesita el paciente. Tiene que ser la Policía Local la que ayude al sanitario, lo que no evita que el ciudadano se fracture el cráneo y tenga que recibir tratamiento urgente.

Este es un caso real. Uno de decenas que ocurren semanalmente en Andalucía y que ponen en el foco otro de los problemas que se extienden en la sanidad pública: tampoco hay personal ni recursos suficientes en el transporte en ambulancias. Así lo denuncia Platesa, la plataforma andaluza que aglutina a los técnicos en emergencias sanitarias. Desde hace tiempo, aseguran que la Junta de Andalucía incumple la normativa en esta materia, mientras la externalización del servicio sigue degradándolo al utilizar vehículos inadecuados para los usos que se le dan.

Para entenderlo, hay que partir del hecho de que existen tres tipos de ambulancias para el transporte de ciudadanos: las no asistenciales (A1 y A2), que se utilizan para trasladar a ciudadanos a una consulta programada, y las asistenciales clase B y clase C, que son las de transporte urgente en función de la gravedad y que necesitan, mínimo, de técnico y ayudante o médico. Sin embargo, según Platesa, en Andalucía se utilizan sobre todo las A1 y A2 para las emergencias, pese a que esas por normativa no tienen por qué contar con ningún otro profesional que no sea el técnico que conduce el vehículo.

Es decir, la Junta de Andalucía, que contrata externamente el servicio de ambulancias, incumple la normativa. Al menos, esa es la tesis que sostienen los profesionales que están dentro del sistema. Y lo hacen no sólo desde la percepción, sino con datos. El dossier elaborado por Platesa, y al que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, dibuja un patrón que se repite provincia a provincia: en la Red de Transporte Urgente -la que debe atender emergencias- predominan las ambulancias no asistenciales, mientras las unidades que sí cuentan con dotación completa son claramente insuficientes. En Córdoba, por ejemplo, hay 24 ambulancias A1 operando frente a ninguna de tipo B, en Granada, 36 A1 frente a sólo dos unidades asistenciales básicas, en Almería, 31 A1 y ninguna tipo B. La fotografía se repite, con matices y ligeras fluctuaciones numéricas, en prácticamente toda Andalucía.

Situaciones límite

El problema, explican, no es únicamente cuantitativo, sino funcional. Las ambulancias A1 están diseñadas para traslados programados de pacientes estables, sin necesidad de intervención durante el trayecto. Sin embargo, están siendo utilizadas para cubrir avisos urgentes. “Se está usando un argumento malicioso: que el paciente ya está valorado”, explica José David Orihuela, técnico de emergencias y portavoz de Platesa. “Pero eso sólo tendría sentido en un traslado programado. En una urgencia, la situación puede cambiar en cualquier momento”.

Ese desajuste tiene consecuencias directas. El técnico que conduce no puede, al mismo tiempo, atender al paciente en la parte trasera del vehículo. En la práctica, eso implica traslados en los que la persona viaja sola, sin supervisión, incluso en situaciones de riesgo. “Seguimos yendo solos en la red de transporte urgente”, insiste Orihuela. “Y eso no es una excepción, es el modelo que se está aplicando”.

Los ejemplos recogidos en el dossier refuerzan esa idea. Un paciente con insuficiencia respiratoria que se sincopa durante el traslado y broncoaspira sin que haya nadie atendiéndole en ese momento; una mujer con fractura de cadera que sólo puede ser movilizada correctamente porque, de forma excepcional, hay un alumno en prácticas; un traslado en el que una familiar tiene que asumir funciones de vigilancia sanitaria ante la ausencia de personal. En otro caso, un técnico es enviado solo a un accidente de tráfico y tiene que pedir apoyo tras realizar una primera valoración sin respaldo.

La versión de la Junta

Incluso las unidades de mayor complejidad presentan carencias. Platesa denuncia que en varias provincias hay ambulancias de soporte vital avanzado -las conocidas como UVI móvil- operando con un solo técnico, sin el equipo completo que establece la normativa. “Es una vergüenza lo mires por donde lo mires”, resume Orihuela.

La Consejería de Salud rechaza esta interpretación. En respuesta a este medio, asegura que el sistema se organiza conforme al Real Decreto 836/2012 y que las ambulancias A1 se utilizan para pacientes “clínicamente estables, que no requieren atención sanitaria durante el traslado”. Además, sostiene que existe supervisión sobre las empresas adjudicatarias y que cualquier incidencia se analiza de forma individual.

Sin embargo, la distancia entre ese planteamiento y lo que relatan los profesionales es evidente. Mientras la Junta describe cómo debería funcionar el sistema, los técnicos insisten en que la práctica diaria es otra. Y que no se trata de casos aislados. “Tenemos testimonios en las ocho provincias”, recalca Orihuela. “Esto pasa en toda Andalucía”.

El conflicto, en el fondo, va más allá de la organización del servicio. Tiene que ver con el modelo. El transporte sanitario está completamente externalizado y depende de adjudicaciones millonarias a empresas privadas. El último ejemplo se ha producido en Huelva, donde la Junta ha adjudicado un contrato de 100 millones de euros al Grupo SSG, propiedad de un fondo de inversión, desplazando a una unión de cooperativas locales que llevaba más de dos décadas prestando el servicio. La decisión afecta a más de 300 familias.

Para Platesa, este tipo de adjudicaciones no son neutras. “Si reduces costes, ¿dónde recortas? En personal y en recursos”, vienen a señalar. El resultado, según su diagnóstico, es un sistema que funciona por debajo de los estándares que marca la propia normativa. La Junta, por su parte, insiste en que la seguridad del paciente es un “principio irrenunciable”. Pero los profesionales que están en la ambulancia plantean una pregunta más concreta: qué ocurre cuando esa seguridad depende de una sola persona.

Dos hombres han fallecido en la localidad de Alarilla (Guadalajara) tras sufrir una caída en parapente, según informa el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

El siniestro ha tenido lugar a las 17.49 horas de este domingo, en el paraje de 'La Muela' de esta localidad, donde es habitual la práctica de esta modalidad deportiva. Los afectados tenían 22 y 61 años, respectivamente.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado Guardia Civil, bomberos de Azuqeca de Henares, un helicóptero medicalizado, una UVI y una ambulancia, que no han podido hacer nada por salvar sus vidas.

Una ambulancia ha atravesado la avenida de la Constitución de Sevilla durante el paso de la Hermandad de San Roque. El suceso de ha producido en torno a las 21:00 horas de la jornada del Domingo de Ramos.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes presentes en el momento del incidente y la Policía Nacional, que ha asegurado que este se habría producido al acceder el vehículo a la Carrera Oficial, en plena procesión.

Las imágenes del paso de la ambulancia, interrumpido por la presencia del palio de la Virgen de Gracia y Esperanza en la calzada, han suscitado revuelo en las redes sociales. Desde el grupo municipal socialista, el concejal en el Ayuntamiento hispalense Juan Carlos Cabrera lo ha calificado de “fallo grave de primero de coordinación”.

Por el momento no han transcendido las causas que han llevado a las dotaciones del 061 a atravesar este punto de forma inédita.

Un joven de 23 años ha fallecido este domingo tras sufrir un accidente de tráfico en el kilómetro 12 de la carretera GU-186, a su paso por el término municipal de Campillejo (Guadalajara).

El 112 de Castilla-La Mancha, según ha informado a Europa Press, ha recibido el aviso a las 14.22 horas.

El accidente ha consistido en una salida de vía. Hasta el lugar se han desplazado Guardia Civil, un helicóptero medicalizado y una UVI.

El juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz ha archivado la causa abierta sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos a la empresa sanitaria Ambulancias Egara en Catalunya, una pieza separada del caso '3%' sobre supuesta financiación ilegal de la antigua Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) a través de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas, al apreciar que “no resulta debidamente justificada la perpetración de delito alguno”.

En el auto de sobreseimiento de la causa, adoptado a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y recogido por Europa Press, Pedraz argumenta que “no ha quedado acreditado ni el concierto previo” ni la “resolución arbitraria” para la concesión de la adjudicación bajo sospecha, que fue avalada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y por el Tribunal de Cuentas.

En el proceso, investigado durante tres años, estaban imputados el exconseller de Salud Boi Ruiz, el exdirigente de CDC David Madí, el exdirector del Servicio Catalán de Salud Josep María Padrosa, el propietario de Ambulancias Egara, Óscar Simón, y otras personas físicas y jurídicas.

El magistrado había puesto el foco en la adjudicación de tres lotes de un concurso sanitario a una Unión Temporal de Empresas (UTE) en un periodo en el que la Generalitat de Cataluña estaba gobernada por Convergencia Democràtica de Catalunya (CDC).

Ahora, Pedraz aduce que no ha quedado acreditada “ningún tipo de contraprestación, ofrecida o recibida, a los funcionarios públicos y autoridades encargadas de elaborar el pliego de condiciones y la adjudicación del contrato, ni la contraprestación ofrecida, solicitada o recibida por los intermediarios de la misma”.

El instructor argumenta que no ha quedado acreditado que los responsables del concurso hayan llevado a cabo delitos a conciencia y voluntad de alterar el procedimiento administrativo para beneficiar a una persona, y con perjuicio a los intereses públicos, afirmando que sí se han detectado “meras irregularidades administrativas subsanables” que, en cualquier caso, no tienen “una gravedad” o “relevancia”.

El Servicio de Emergencias Médicas (SEM) de Catalunya se está preparando para el concurso de acreedores al que se asoma el Grup La Pau, una cooperativa que ganó en 2025 junto a otra empresa el mayor contrato público de ambulancias, valorado en 381 millones de euros, a pesar de tener problemas de tesorería. 

Según ha podido saber elDiario.es, el Grup La Pau está actualmente en fase de preconcurso de acreedores, un proceso previo en el que, durante un periodo de hasta cuatro meses, la empresa puede renegociar y reestructurar sus deudas para evitar el procedimiento concursal.

Ante esta situación, el SEM ha solicitado un dictamen a los servicios jurídicos del departamento de Economía para valorar si, en caso de llegar el concurso, la otra compañía a la que se adjudicó el contrato junto a La Pau en una Unión Temporal de Empresas (UTE) podría acreditar por su cuenta la solvencia que se requiere para prestar el servicio.

La amenaza del concurso de acreedores en La Pau planea sobre la cooperativa cuando solo faltan dos meses para que empiecen a ofrecer sus servicios en el área metropolitana norte de Barcelona. El primero de los lotes del macroconcurso, que en total sumó unos 2.000 millones de euros, empezará a desplegarse este 1 de abril en las Terres de l'Ebre. El de La Pau está previsto para el 13 de mayo.

Los problemas económicos de La Pau no han sorprendido a nadie en el sector. La propia cooperativa, seis meses antes de ganar el concurso en Catalunya, ya había advertido en un documento interno de que estaba al borde de la “quiebra técnica” tras acumular más de nueve millones de pérdidas entre 2021 y 2024. 

También la mesa de contratación de la Generalitat tuvo dudas sobre la solvencia del Grupo La Pau, hasta el punto de que todos los miembros solicitaron abundante documentación contable a la cooperativa y un plan de negocio para que acreditara que podría prestar debidamente el servicio. El SEM, sin embargo, concluyó que la cooperativa acreditó su capacidad financiera y le otorgó la licitación.

Desde el SEM no han querido hacer ningún comentario para este artículo. Vicenç Chicharro, vicepresidente del Grup La Pau, aseguró el viernes en conversación telefónica que la compañía tenía “viabilidad” y que “contemplaban” la “opción” de llegar a un acuerdo con sus acreedores que permitiera evitar el concurso público. 

Antecedentes polémicos

El origen de las reticencias de la Generalitat durante el concurso estaba en los problemas que tuvo la cooperativa en el País Vasco, donde gestionó parte del servicio de ambulancias y fue objeto de más de 55 actas de inspección laboral por diversas irregularidades, que incluían el uso de los vehículos adscritos al Servicio Vasco de Salud por parte de clínicas privadas y el adeudo de salarios y pagas extras a buena parte de la plantilla.

El Ejecutivo vasco, que aseguró que La Pau estaba en una “situación económica complicada”, acabó rescindiendo el contrato con la cooperativa por su “deficiente gestión” y embargó en noviembre de 2024 los 12 millones en avales que había depositado el grupo.

Los problemas de tesorería de La Pau han supuesto que la otra empresa de la UTE, Direxis, haya ido adquiriendo más protagonismo de manera paulatina en la unión de empresas. Apenas cuatro meses después de ganar el concurso en Catalunya, se acordó la cesión del 9% de La Pau a Direxis, un porcentaje que ha ido aumentando hasta el punto de que actualmente, en la UTE que prestará el servicio, La Pau solo tiene el 1%.

Ha sido Direxis, de hecho, quien ha pagado durante meses parte de los salarios de la plantilla de La Pau. Pero esta compañía dejó de aportar esas cantidades a finales de octubre debido a la “falta de confianza e inseguridad jurídica” con la cooperativa, según comunicó el comité de empresa a la plantilla. 

El dictamen del departamento de Economía, obtenido por esta redacción, considera que en caso de concurso de acreedores será Direxis quien deberá acreditar los requisitos de solvencia que se solicitaban en la licitación.

Lo podrá hacer, asegura el documento, con “medios distintos” a los presentados en un primer momento e incluso recurriendo, si fuera necesario, a “terceras empresas” para demostrar que habrá dinero para ofrecer el servicio.

El Comité de Empresa de la Sociedad Riojana de Cuidados Integrales S.A.U. La Rioja Cuida, la empresa pública que gestiona el transporte sanitario, ha denunciado “graves incumplimientos” laborales por parte de la Dirección y un “deterioro progresivo de las condiciones de trabajo de toda la plantilla”.

Según han denunciado , “se incumple de forma reiterada el convenio colectivo del personal de La Rioja Cuida”, además de que, según aseguran, “se retrasa injustificadamente el desarrollo de varios artículos y se interpretan de manera restrictiva otros”. También alertan de que “más de un año y medio después de la firma del convenio, la empresa no ha constituido ni la Comisión Paritaria ni el Comité de Seguridad y Salud”

Así mismo, el Comité de Empresa ha resaltado que “existe un bloqueo en los procesos de movilidad y promoción interna, así como en la negociación de las bases del proceso ordinario de desarrollo profesional”. Por otro lado, “la bolsa de contratación temporal carece de la publicidad y la transparencia que exige la normativa de contratación pública”, señalan.

En lo que respecta a la organización y gestión, han detectado problemas con algunos calendarios: “unos no cuentan con acuerdo previo y otros se modifican tras haber sido aprobados. Los viajes de larga distancia se realizan en ocasiones con un único técnico, con el riesgo que esto conlleva”. Además, el Comité de Empresa ha apuntado a “irregularidades en la concesión y retribución de ciertos permisos”.

“Un servicio recientemente integrado se realiza sin organización previa y sin personal asignado suficiente, lo que genera sobrecarga y desajustes en la plantilla”, resumen los representanes de los trabajadores, que alertan que nos ha llevado a presentar numerosas denuncias ante la Inspección de Trabajo y ha incrementado la judicialización de los conflictos laborales. Consideramos que esto es consecuencia directa de la falta de diálogo real y de soluciones por parte de la Dirección.

Denuncian que, en ocasiones, se “dificulta ”su labor como representantes sindicales. “Hemos recibido ”advertencias“ del director técnico con expresiones como: ”tus derechos se podrían ver mermados por facilitar las horas sindicales a las delegadas. Además, la empresa se niega a cumplir una sentencia favorable a una delegada que denunció una modificación sustancial injusta de sus condiciones de trabajo“, según han relatado.

Por todo ello, instan a la Dirección de La Rioja Cuida a retomar de manera inmediata y efectiva el diálogo social, a cumplir los acuerdos firmados y a garantizar los derechos laborales de toda la plantilla.

La sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha condenado a Ambulancias Gipuzkoa, concesionaria de Osakidetza, por “vulneración de derechos fundamentales”, según ha informado el sindicato CCOO Euskadi. CCOO ha dado cuenta de que el TSJPV declara en una sentencia que la empresa Ambulancias Gipuzkoa S. Coop. “ha vulnerado el derecho fundamental a la libertad sindical”.

La resolución judicial condena a la entidad —que presta el servicio de Soporte Vital Básico para Osakidetza con una plantilla de centenares de profesionales— a “cesar de forma inmediata en una práctica restrictiva continuada”. Desde CCOO han explicado que “la dirección de la empresa denegaba sistemáticamente el disfrute de permisos retribuidos adicionales” a la representación de este sindicato para la asistencia a actos de conciliación y a las sesiones de la Comisión Paritaria del convenio colectivo. “La empresa obligaba a detraer este tiempo de negociación y mediación legal del propio crédito horario de la representación sindical”, ha explicado, según recoge Europa Press.

El TSJPV ha dictaminado que acudir a estos foros “constituye un deber ineludible que no puede imputarse a las horas sindicales”. CCOO ha indicado que con esta sentencia logra “paralizar una maniobra empresarial que buscaba limitar, por la vía del desgaste de horas operativas, la capacidad del sindicato para ejercer la defensa laboral y fiscalizar la prevención de riesgos de la plantilla”.

El fallo judicial obliga a Ambulancias Gipuzkoa a “restituir íntegramente esta capacidad de acción, garantizando que el tiempo de representación colectiva no sufra recortes encubiertos”, ha apuntado. Además, la sentencia establece una indemnización económica para CCOO y en la misma cuantía para el delegado de CCOO, “como consecuencia de la vulneración empresarial”.

El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ha abierto un expediente informativo a uno de los responsables del área de Emergencias, Asier López, según confirman fuentes oficiales. El motivo principal es que López, con plaza en propiedad en el parque móvil de Bilbao, ejerció durante meses como gerente de la empresa de ambulancias de Bizkaia, denominada Bizkanb, valiéndose de una excedencia “para el cuidado de familiares”. El expediente está ya “en marcha” y comunicado y analizará todas las circunstancias antes de que se adopten posibles medidas.

En paralelo, el consejero de Salud, Alberto Martínez, ha informado recientemente al Parlamento Vasco, en respuesta a una iniciativa de Rebeka Ubera de EH Bildu sobre la trayectoria profesional a caballo entre la Sanidad pública y la privada de López, que tomó posesión en marzo de 2024 de su plaza como “personal estatutario fijo” de Emergencias, lograda en la OPE de vacantes de 2018 y 2019. Después, a las 24 horas, “inició el desempeño de funciones de superior categoría” al ser nombrado “jefe de área de Servicios Generales”. Ocupó ese puesto hasta el 26 de enero de 2025. El 28 de enero hizo efectiva una “situación de excedencia voluntaria por cuidado de familiares”.

Entre medias, en noviembre de 2024 se creó la empresa Bizkanb, una UTE de la rama sanitaria de Alsa (Sanir) y la local Baztan-Bidasoa. Esta marca se constituyó 'ad hoc' para gestionar el servicio de ambulancias externalizadas de Osakidetza en Bizkaia, tanto la red de transporte urgente como la del programado. Y es que se rescindió precipitadamente el acuerdo con la anterior contratista, la catalana Grup La Pau, que arrastraba un cúmulo de infracciones, impagos y otras irregularidades. La figura del último gerente de Grup La Pau también generó controversia al ser igualmente un excargo de Salud, en este caso Ibon Etxeberria, que en su momento tuvo que dimitir por saltarse las restricciones de la pandemia de la COVID-19 por ir a jugar al golf.

En diciembre de 2025, este periódico publicó una reestructuración de Bizkanb y la salida de López. Sanir, en una carta, destacaba la labor “ejemplar” de su anterior gerente, pero optaba por un nuevo equpo. Así las cosas, el 12 de ese mes se dio por finalizada la excedencia y el 13 López se reincorporó a Emergencias como “conductor”. Eso sí, según otras fuentes, en las últimas semanas López ha asumido tareas de mayor responsabilidad. Por ejemplo, ha participado en el proceso de integración en la red de Osakidetza de las ambulancias privadas de Elgoibar y Tolosa como apoyo a la gerencia, tareas similares a sus anteriores funciones de responsable de parque móvil.

Estas fuentes internas indican que fue el propio responsable de Emergencias, Eleder Ríos, que lleva pocos meses en el cargo, el que comunicó personalmente la apertura de la investigación a López el pasado viernes. Osakidetza confirma oficialmente la incoación del expediente informativo. EH Bildu, en su iniciativa, hacía constar también que ya antes López había ocupado cargos de responsabilidad en otra contrata, Ambulancias Bizkaia, con idas y venidas de la Administración. Ahora mismo está abierto un proceso selectivo la provisión 'de iure' de la jefatura de parque móvil de Emergencias y López es uno de los candidatos.

Se da la circunstancia de que este viernes, en el Parlamento Vasco, el consejero Martínez tuvo que dar explicaciones, a instancias del PP, por el caso del exjefe de Seguridad de Osakidetza, que tuvo que ser apartado porque había falsificado su título universitario. El ertzaina había ejercido durante dos años. Ahora ha sido denunciado en los tribunales. En esa comparecencia, el titular dijo que opera con “tolerancia cero ante cualquier caso de fraude”. “El sistema público vasco detecta, corrige y denuncia la corrupción, venga de donde venga y afecte a quien afecte. Ése es el compromiso de este Gobierno”, señaló también.

El Ayuntamiento de Jaca ha presentado una queja formal ante la Gerencia del 061 Aragón por la decisión adoptada el pasado domingo, 22 de febrero, de desplazar al facultativo de la UVI móvil de la ciudad a la UME de Sabiñánigo para cubrir una Incapacidad Temporal. Según el consistorio, el recurso permaneció sin médico entre las 09:00 y las 21:00. El alcalde de Jaca, Carlos Serrano, ha expresado su disconformidad con la medida, que —asegura— se llevó a cabo sin comunicación previa ni al propio Ayuntamiento ni al consejero de Sanidad. A su juicio, no es adecuado “suplir una carencia puntual en otro punto de la red sanitaria a costa de dejar desprotegida” a la ciudad y a la comarca de la Jacetania.

Desde el consistorio subrayan que la decisión coincidió con un fin de semana de alta afluencia entre Canfranc y Ansó, con más de 60.000 personas entre residentes y visitantes. En este contexto, consideran que la ausencia del facultativo en la UVI móvil supuso un riesgo innecesario para la cobertura de emergencias.

Aunque Jaca dispone de servicio de urgencias en el centro de salud, hospital, helipuerto operativo 24 horas y ambulancias de Soporte Vital Básico (SVB) y Soporte Vital Avanzado con Enfermería (SVAE), el Ayuntamiento sostiene que existen alternativas organizativas dentro del 061, como la movilización de personal desde Huesca o Zaragoza, que evitarían afectar a este recurso.

El equipo de gobierno local recuerda además que la situación es especialmente sensible tras la retirada de la UVI móvil en la anterior legislatura y su posterior recuperación, así como por antecedentes recientes como la intención de trasladarla a Formigal en Nochevieja, decisión que finalmente no se materializó.

Por todo ello, el Ayuntamiento ha solicitado a la Gerencia del 061 que no se movilicen ni se trasladen los recursos adscritos a la UVI móvil de Jaca, incluidos los profesionales que la integran. Desde la Plataforma ciudadana 'UVI móvil Jaca ¡la necesitamos!' han denunciado en redes sociales esta “carencia” desde el inicio del turno sin UVI móvil: “Seguimos lunes, martes, miércoles y jueves sin UVI móvil medicalizada de 21h a 9h del día siguiente. Horario en el que todos los habitantes y visitantes de la Jacetania estamos desprotegidos. La falta de este servicio básico es intolerable y seguiremos reivindicándola las 24 horas todos los días del año hasta que sea una realidad”, exponen.

Fuentes del Departamento de Sanidad exponen que este domingo coincidió que se produjeron varias Incapacidades Temporales en las Unidades del 061. Ante esa situación, “se decidió que en la Unidad Jaca-Sabiñanigo, el médico de Jaca apoyara al equipo de Sabiñánigo. Todos forman parte de la misma Unidad y estos movimientos se realizan de manera habitual y en ambos sentidos”. Aseguran que se optó por esta organización porque “desde el punto de vista técnico era la más adecuada”: “El refuerzo a Sabiñánigo se consideró prioritario en un fin de semana de alta afluencia al ser un punto clave de acceso al Pirineo y desde donde se accede a distintos valles”.

CSIF La Rioja denuncia las trabas de la Dirección de “La Rioja Cuida” a los delegados sindicales para ejercer su representatividad, con la complicidad de la Dirección Técnica, Recursos Humanos y Gerencia. La formación sindical censura que al empresa “no cumple una sentencia que le obliga a readmitir a una delegada a su puesto de trabajo tras demandar una injusta modificación sustancial de sus condiciones de trabajo”. Denuncian así que se está “dificultando la función de los representantes sindicales en la empresa”.

Y como prueba, aseguran que el director técnico de 'La Rioja Cuida' ha llegado a decir a un representante sindical de esta formación “tus derechos y tu vida chocan con la naturaleza de este servicio”. Es más, añaden que un correo electrónico enviado por la dirección advierte a los trabajadores que “sus derechos podrían verse mermados por facilitar las horas sindicales de sus delegadas”.

Además de todas estas “trabas”, desde CSIF La Rioja añaden que la empresa se niega a cumplir una sentencia ganada por una delegada sindical que denunciaba una injusta modificación sustancial de sus condiciones de trabajo, fruto de sus permisos para cumplir con sus obligaciones como representante de los trabajadores durante la negociación de un nuevo convenio en la empresa. “La empresa intenta crear mal ambiente entre los trabajadores alegando que por culpa de esta sentencia se debe modificar la jornada de todos los trabajadores que pertenecen al servicio de la representante sindical”. Por lo que exigen a la dirección de esta empresa de transporte sanitario que “cumpla la Ley y haga efectiva la sentencia, reponiendo a la trabajadora en sus condiciones anteriores y deje de poner trabas al trabajo de los representantes de los trabajadores en su labor de sindical”.

El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha admitido en el Parlamento Vasco que una ambulancia que iba a atender a niño de 11 años que recibió un fuerte golpe en un partido de rugby infantil se dio media vuelta para atender otra urgencia y que la primera atención corrió a cargo no de sanitarios sino de la Policía local de Elorrio, entre otras vicisitudes. Y es que se ha denunciado, además, que esa ambulancia venía desde Basauri, que unidades más cercanas o no estaban disponibles o no fueron movilizadas y que la respuesta llegó más de una hora después de sucedido el accidente. Finalmente, llegaron dos unidades, una que estaba en Durango, a solamente 13 kilómetros.

La parlamentaria de EH Bildu Rebeka Ubera formuló una pregunta al consejero Martínez al hilo de lo ocurrido en Elorrio el 17 de enero, sábado. El menor sufrió una lesión que, en apariencia, podría haber sido grave, los presentes lo dejaron inmovilizado y se dio parte al 112. La Policía llegó a los 10 minutos. Fue a los 30 minutos cuando se activó el primer recurso y desde Basauri –a 36 kilómetros–, pero tuvo que dar media vuelta, y hubo que buscar una alternativa.

¿Cómo se llegó a esa situación? El consejero Martínez, en el escrito enviado a la Cámara al hilo de este suceso, indica que “en ningún momento se sospechó de una situación clínica de gravedad” como para enviar un soporte vital avanzando medicalizado. Se determinó que un soporte vital básico de la zona sería el “primer interviniente”. Pero “ese día todos los recursos de la zona estaban ocupados”. Se llamó por teléfono a los testigos y, con esos datos, se corroboró la “ausencia de criterios clínicos” para una unidad avanzada medicalizada y que bastaba con una básica.

Es ahí cuando entra en escena la ambulancia de Basauri. Pero “se tuvo que retirar para acudir a un aviso de mayor gravedad clínica (riesgo vital emergente) por orden médica”. El centro coordinador revisó los dos casos, según el consejero Martínez, y por eso se tomó esa decisión. Entonces, se buscó en Gipuzkoa el recurso asistencial “más cercano” a la localidad vizcaína. Sin embargo, “ante la previsible tardanza” del seleccionado, se buscó ahora sí un vehículo medicalizado en Durango, a apenas 13 kilómetros de Ellorio. Y llegó mucho antes a pesar de haber sido llamado después. En concreto, la ambulancia de Gipuzkoa apareció 17 minutos después.

El consejero pone en valor la “colaboración interinstitucional” dentro del sistema vasco de gestión de emergencias, porque “garantiza una respuesta coordinada y eficaz”. “En este caso concreto, los agentes de la Policía municipal actuaron como primeros intervinientes, garantizando una actuación segura y fiable en todo momento y hasta la llegada de los recursos sanitarios”, argumenta. Insiste también en que en ningún momento estuvo en juego la salud del menor.

Este domingo se cumplieron catorce meses desde la abrupta salida de Grup La Pau, la principal adjudicataria del servicio de ambulancias externalizadas de Osakidetza, que son todas menos las UVI móviles. No es un aniversario redondo, desde luego, pero sí la referencia de tiempo que se dio en aquel noviembre de 2024 para los contratos de emergencia temporales que se formalizaron con el ánimo de mantener sin interrupciones un servicio básico, en este caso en Álava y en Bizkaia, donde operaba la cooperativa catalana. El plazo, que continúa apareciendo en la web oficial de contratación del Gobierno vasco, ya ha sido superado, pero desde el Servicio Vasco de Salud indican a este periódico que aquellas adjudicaciones fueron indefinidas, es decir, que en ningún momento ha sido necesaria una prórroga. La Administración trabaja ya, eso sí, para tener listos los pliegos del concurso para regularizar el servicio a la mayor brevedad.

Los contratos de emergencia fueron cuatro, todos ellos directos. Por un lado, se contrató a la nueva marca Bizkanb, creada 'ad hoc' para esta adjudicación, el servicio urgente (ambulancias amarillas) y el programado (azules y blancas) de Bizkaia. Bizkanb es una UTE conformada por la rama sanitaria de la conocida empresa de autobuses Alsa (llamada Sanir) y las locales Baztan-Bidasoa. Por otro lado, se optó por que la adjudicataria en Gipuzkoa, la cooperativa Ambulancias Gipuzkoa, operara también ambas redes en Álava bajo la marca Araba Anbulantziak, aunque con el mismo CIF.

Las adjudicaciones en Bizkaia ascendieron a 41,4 y 44 millones de euros y las alavesas a 17 y 7,4, unos 110 millones en total. Los expedientes, firmados por la entonces viceconsejera Lore Bilbao, ahora directora general de Osakidetza, son fácilmente accesibles en el perfil del contratante de Osakidetza y los cuatro coinciden en marcar la referencia de “catorce meses” como “plazo” de duración del contrato. Sindicatos y otras empresas también manejaban esos tiempos en su particular calendario en relación a la contrata más importante de la Sanidad vasca.

Desde el Gobierno insisten en que estas contrataciones de emergencia “no tienen fecha final”. “Los contratos de ambulancias [de Bizkaia y de Álava] se tramitaron mediante procedimientos de emergencia porque el contratista [Grup La Pau] no podía continuar prestando el servicio y es un servicio que no se puede interrumpir bajo ningún concepto. [...] Estos contratos se firmaron y en ellos, concretamente en la cláusula 6 relativa a la vigencia del contrato del pliego administrativo que forma parte del contrato, literalmente se indica que el contrato se inicia el 25 de noviembre de 2024 y que estará vigente el tiempo necesario hasta el inicio de ejecución del nuevo contrato”, exponen las fuentes consultadas, que insisten en que el proceso se hizo “con todas las garantías”, incluido el visto bueno del Consejo de Gobierno, el máximo órgano colegiado de la Administración autonómica.

En concreto, los contratos recogen que, en efecto, podrán estar en vigor “el tiempo necesario hasta el inicio de ejecución del nuevo contrato”, aunque también apuntan que el concurso de regularización del servicio “se licitará a la mayor brevedad posible”. Eso, de momento, no se ha producido. El Departamento de Salud trabaja ya en los pliegos y verán la luz a corto plazo, pero el concurso y todas sus fases tendrán todavía una duración de meses, si es que no hay recursos como sucedió en la anterior licitación, en la que la Administración volvió a contratar a Grup La Pau por su “solvencia” a pesar de que al poco tiempo tuviera que echarla por la acumulación de impagos, infracciones laborales y otras irregularidades.