Estados Unidos ha ordenado retirar cualquier inteligencia artificial (IA) de la empresa china DeepSeek de los sistemas informáticos gubernamentales. La directiva, emitida este lunes por el Departamento de Seguridad Nacional, obliga a las agencias de la administración a eliminar los productos de la compañía y cualquier servicio de terceros que se apoye en sus modelos o haya sido desarrollado a través de ellos. Entre los organismos afectados figuran los departamentos del Tesoro, de Estado y de Justicia, aunque quedan excluidas las agencias dependientes del Departamento de Defensa.

Washington justifica el veto por motivos de espionaje y ciberseguridad. Según la notificación oficial de Seguridad Nacional, el uso de DeepSeek abre “múltiples vectores de amenaza” y “puede dar lugar a la transferencia de datos sensibles a China si lo utilizan empleados o proveedores del Gobierno estadounidense”, según recoge la agencia Reuters.

El departamento advierte a su vez de que la utilización de esta tecnología en la Administración “podría producir inteligencia procesable sobre personas estadounidenses y/o agencias gubernamentales”, y añade que los propios modelos “pueden contener software malicioso u otras vulnerabilidades de seguridad”.

China pide “no politizar” la IA

La respuesta de Pekín ha llegado en la mañana de este martes a través de su Ministerio de Exteriores. En una rueda de prensa recogida por la agencia EFE, la portavoz Mao Ning ha expresado el rechazo de su Ejecutivo a la “politización de las cuestiones tecnológicas y económico-comerciales”. Mao ha trasladado la oposición de su país a la “generalización” del concepto de seguridad nacional que defiende Washington y ha anunciado que China defenderá “con firmeza” los derechos e intereses legítimos de sus empresas.

La prohibición a escala federal amplía el cerco que varias instituciones norteamericanas ya habían impuesto sobre DeepkSeek. Antes de esta orden, el Departamento de Comercio, la Marina y estados como Nueva York, Tennessee o Virginia habían vetado el uso de los productos de la tecnológica con sede en Hangzhou en sus dispositivos oficiales.

Ahora el Departamento de Estado va un paso más allá, ya que ha hecho público un memorando interno del pasado mes de julio en el que ya instruía a las agencias federales para que vigilaran los flujos de tráfico entrante y saliente en las páginas web del Gobierno con el fin de mitigar posibles riesgos derivados de esta inteligencia artificial.

DeepSeek ganó notoriedad internacional a principios de 2025 al lanzar modelos de inteligencia artificial que podían conseguir resultados similares a los estadounidenses pero entrenados, según sus datos, a una fracción del coste de aquellos. Su irrupción sacudió un sector dominado hasta ese momento casi en exclusiva por corporaciones como OpenAI, Google, Meta o Anthropic, inmersas en inversiones multimillonarias en infraestructura de computación que han despertado alertas entre analistas e inversores sobre una posible burbuja financiera en torno a esta tecnología.

Una nueva guerra fría tecnológica

El veto a DeepSeek forma parte de una ofensiva mucho más amplia por parte de Donald Trump para frenar la IA china, que ha terminado dando origen a una guerra fría tecnológica. En julio, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) votó a favor de prohibir la venta en Estados Unidos de dispositivos con componentes críticos de fabricantes chinos y propuso impedir que las operadoras de telecomunicaciones se interconecten con firmas chinas. También prohibió la venta de androides de fabricación china en el país.

Antes, en diciembre, el mismo organismo ya había bloqueado la importación de nuevos modelos de drones y de routers domésticos fabricados en China. Mientras que el próximo 29 de octubre votará si prohíbe que todos los laboratorios chinos realicen las pruebas de certificación de dispositivos que se vayan a vender en EEUU, como teléfonos móviles, cámaras y ordenadores. Será una medida de alto impacto: el año pasado, el 82% de los aparatos electrónicos comercializados en Estados Unidos pasó sus controles en instalaciones del gigante asiático.

Unas medidas comerciales que entroncan con la tendencia hacia la fragmentación de la red en bloques nacionales que puso sobre la mesa el acuerdo entre Trump y Xi Jinping para separar a los 170 millones de usuarios de TikTok en Estados Unidos del resto del mundo. Aquel pacto, diseñado para dejar el algoritmo de recomendación bajo la supervisión de la Casa Blanca y de aliados empresariales como Oracle, evidenció el giro de Washington hacia la doctrina de fronteras digitales practicada por Pekín y Moscú.

Se trata de una política que puede terminar extendiéndose al resto del mundo y “balcanizar” la red. “Existe un riesgo real de que los usuarios queden encerrados en jardines amurallados nacionales”, avisaba en conversación con elDiario.es Christoph Schmon, director de Políticas Internacionales de la Electronic Frontier Foundation (EFF), a raíz de aquel movimiento. “Las leyes y órdenes nacionales están pensadas para regular asuntos internos, por lo que cierta fragmentación legal de Internet es inevitable. Sin embargo, la verdadera preocupación surge cuando estas medidas están mal dirigidas y corren el riesgo de segmentar la red global e interoperable en sistemas aislados”, dice Schmon en conversación con elDiario.es.

Zaragoza ha crecido hacia el sur, pero su distribución de comisarías de Policía Nacional continúa respondiendo a una organización establecida hace más de una década. Seis asociaciones vecinales de Arcosur, Rosales del Canal, Valdespartera, Montecanal y Valdefierro se han unido para reclamar la creación de una sexta comisaría de distrito que dé servicio a esta zona de la ciudad, donde residen ya más de 43.700 personas y cuya población podría alcanzar los 100.000 habitantes cuando se complete su desarrollo urbanístico.

Bajo el lema 'Luz azul en el Distrito Sur', la campaña, promovida por la Asociación de Vecinos Arcosur 360, plantea dos reivindicaciones: una mayor presencia policial visible durante las tardes y noches y la construcción de una comisaría de Policía Nacional que atienda a los cuatro barrios que integran el Distrito Sur.

La iniciativa cuenta con el respaldo de las asociaciones Arcosur 360, Entrelagos de Rosales del Canal, Parque Libro de la Selva y Los Montes de Valdespartera, Los Sauces de Montecanal y Corredor Verde de Valdefierro. Las dos últimas incorporaciones han sido Los Sauces y Los Montes, que se sumaron este lunes a una petición que reúne ya a colectivos de todos los barrios del distrito y del vecino Valdefierro.

El presidente de Arcosur 360, Antonio Palacios, aclara que la reivindicación no responde a una situación de inseguridad grave. Aunque se han producido incidentes aislados, como actos vandálicos contra vehículos en la calle Centauros del Desierto, junto al acceso al recinto ferial, o robos en trasteros, especialmente numerosos en estos desarrollos residenciales, los vecinos no consideran que el Distrito Sur sea una zona conflictiva. Lo que reclaman es una mayor proximidad policial y una presencia habitual de patrullas que contribuya a reforzar la sensación de seguridad.

Palacios pone como ejemplo Montecanal, donde reside población de mayor edad para la que considera especialmente importante contar con una presencia policial cercana y visible. De hecho, el nombre de la campaña hace referencia a las luces azules de los vehículos policiales, cuya presencia transmite tranquilidad a los vecinos, pero que no resulta habitual en las calles del distrito. “Cuando viene alguna patrulla, la gente gira la cabeza con sorpresa”, explica.

Un mapa policial anterior al crecimiento del sur

Zaragoza dispone de cinco comisarías de distrito de Policía Nacional, situadas en Actur-Rey Fernando, Arrabal, Centro, Delicias y San José. Su distribución quedó recogida en la Orden INT/28/2013, cinco años antes de la creación administrativa del Distrito Sur, en 2018.

Desde entonces, el crecimiento residencial de Arcosur, Rosales del Canal, Montecanal y Valdespartera ha transformado esta parte de la capital aragonesa. Según los datos del padrón municipal a 1 de enero de 2026 aportados por las asociaciones, el distrito suma 43.705 habitantes y ocupa una superficie de 60,5 kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en el segundo más extenso de Zaragoza.

Los colectivos vecinales consideran que esta expansión demográfica y territorial justifica revisar la distribución de las instalaciones policiales. Como referencia, señalan que Sevilla, con una población ligeramente inferior a la de Zaragoza según el INE a comienzos de 2025, contaba con seis comisarías de distrito en la misma orden ministerial.

Palacios recuerda que la capital andaluza también tuvo que adaptar su organización policial al crecimiento urbano y considera que Zaragoza debería anticiparse a una situación similar. A su juicio, el mapa policial de 2013 ha quedado desfasado respecto a una ciudad que se ha expandido considerablemente hacia el sur.

El presidente vecinal señala, además, que el propio equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza es consciente del importante crecimiento demográfico que todavía tienen por delante estos barrios. Por ello, considera que una zona que podría alcanzar los 100.000 habitantes no puede seguir siendo tratada como un conjunto de barrios dormitorio, sin los servicios y equipamientos públicos que corresponden a su población.

Las asociaciones también ponen el acento en las distancias que separan los nuevos barrios de las instalaciones policiales existentes.

14 kilómetros hasta la comisaría de San José

Según los cálculos recogidos en la campaña, desde Arcosur hay unos 14 kilómetros hasta la comisaría de San José, un desplazamiento que puede prolongarse hasta 57 minutos en transporte público. Para acudir a la de Delicias, que identifican como la más próxima para presentar una denuncia presencial, estiman un trayecto de 42 minutos en autobús.

Palacios incide en las dificultades que supone desplazarse hasta Delicias, un distrito densamente poblado y con problemas de aparcamiento, para realizar trámites como la presentación de denuncias. También señala los desplazamientos que deben afrontar los vecinos para renovar el DNI, al no disponer de una oficina de expedición en el Distrito Sur. Entre los trayectos, la búsqueda de estacionamiento y las gestiones, sostiene que estos trámites pueden acabar ocupando buena parte de la mañana.

A ello añaden las limitaciones que, a su juicio, presenta la presencia de Policía Local en estos barrios. Señalan que únicamente Valdespartera figura en el servicio municipal de policía de barrio, con horario de 8.00 a 21.00 horas, mientras que las patrullas nocturnas tienen como referencia el cuartel de La Paz, situado a unos 11 kilómetros de la entrada de Arcosur.

Los vecinos reclaman, por tanto, no solo una nueva comisaría de Policía Nacional, sino también más patrullas de Policía Local, dado que el distrito no está incluido en la policía de barrio, y una mayor cobertura del servicio de policía de barrio en Arcosur, Rosales del Canal y Montecanal.

Una parcela de más de 57.000 metros cuadrados en Arcosur

La campaña no se limita a reclamar unas instalaciones policiales, sino que plantea una posible ubicación. Las asociaciones proponen estudiar la parcela de equipamiento S-2 de Arcosur, de 57.379 metros cuadrados, situada junto a la glorieta de la avenida de Casablanca, entre Arcosur y Rosales del Canal.

Defienden que su emplazamiento permitiría acceder rápidamente a los cuatro barrios del distrito, con recorridos de uno o dos minutos hasta sus primeras viviendas, según sus estimaciones.

Se trata, en cualquier caso, de una propuesta vecinal cuya viabilidad urbanística y funcional está pendiente de estudiar. La decisión sobre la ubicación definitiva correspondería a las administraciones competentes. “No pedimos nada extraordinario. Pedimos que el mapa de la seguridad se ponga al día con el mapa de la ciudad”, sostiene Antonio Palacios, presidente de Arcosur 360, quien recuerda que Valdespartera ya alberga instalaciones de la Guardia Civil.

Las asociaciones dirigirán su petición a la Dirección General de la Policía y a la Delegación del Gobierno en Aragón, además de trasladarla a la Jefatura Superior de Policía de Aragón, al Ayuntamiento de Zaragoza y a la Junta Municipal del Distrito Sur.

También pretenden que la Junta Municipal debata y apruebe una posición institucional sobre la necesidad de contar con una comisaría propia.

La iniciativa incluye un registro de incidencias para recoger experiencias de los residentes, sin identificar personas ni domicilios concretos, y una campaña de adhesiones entre los establecimientos comerciales, que podrán exhibir el cartel de “Luz azul en el Distrito Sur” en sus escaparates.

Los seis colectivos han elaborado un pliego común de reivindicaciones que cada asociación ha adaptado a las necesidades específicas de su barrio. “Cuando asociaciones de cuatro barrios piden lo mismo, ya no es la queja de un barrio: es una necesidad del distrito”, defiende Palacios.

Con esta campaña aspiran a situar la dotación policial entre las prioridades de una de las zonas de mayor expansión residencial de Zaragoza, sin presentar el distrito como un foco de delincuencia, sino reivindicando que el crecimiento de la ciudad vaya acompañado de unos servicios públicos adecuados a las necesidades de sus habitantes.

Es verano de 2026 y dos personas acuden a la sede de una empresa pública de un gran municipio español. Es un padre acompañado de su hijo, un adolescente de 17 años. Vienen a disculparse por un error de juventud, casi “una trastada”, reconocerían más tarde fuentes policiales. Pero una extremadamente grave: el joven ha utilizado modelos comerciales de inteligencia artificial para abrir una brecha en la seguridad del portal oficial de la institución y robar los datos personales de unos 5.000 ciudadanos.

Pese a que el progenitor acudió con su hijo para pedir perdón e informar sobre la necesidad de cerrar el agujero, el alcance de los hechos hizo obligatoria la denuncia a las autoridades. Hoy el caso está en manos de la jurisdicción de menores. Es un ejemplo de las situaciones que se están viviendo alrededor de la IA, pero que pasará bajo el radar.

La Policía no tiene previsto hacer públicos los detalles del caso porque el joven está colaborando. Y podría hacerlo aún más. “Hemos planteado a la autoridad judicial que este chico pueda colaborar con nosotros, obviamente sin tener información de ninguna investigación, pero sí ayudándonos a crear alguna herramienta que nos ayude a monitorizar lo que está sucediendo”, explica el inspector Javier Izquierdo, jefe de grupo de investigación de Ciberataques de la Policía Nacional.

Los hackers adolescentes, y más aún aquellos que colaboran con la Policía, han sido durante décadas un estereotipo exagerado. Una figura alejada de la realidad sobre el terreno de la ciberdelincuencia, cada vez más especializada y profesionalizada. Sin embargo, están reapareciendo. En muchos casos, como el citado, con actividades en las que “no vemos ningún ánimo de lucro”, continúa Izquierdo.

“Estamos deteniendo a chavales menores, algunos con altísimos conocimientos de ciber. Chavales con 15 o 16 años que no han pisado una facultad de informática en la vida, pero que disponen de una cantidad de herramientas que antes no estaban a su alcance. Son nativos digitales, han nacido con una pantalla delante, y ahora cuentan con las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial. Es como darle una pistola a un mono, para ellos los ciberataques se han convertido en un reto”, alerta el inspector jefe.

Estamos deteniendo a chavales que no han pisado una facultad de informática en la vida, pero que disponen de herramientas de IA que antes no estaban a su alcance. Es como darle una pistola a un mono

Javier Izquierdo — jefe del grupo de investigación de Ciberataques

Para la Policía esto resulta muy preocupante. No solo por la inconsciencia de los jóvenes, que cometen delitos extremadamente graves solo por “el reto”. También, porque es un patrón: al igual que hace décadas, cuando la llegada de Internet abrió un territorio nuevo en el que algunos adolescentes jugaban a poner a prueba los límites de la tecnología, el mundo está cambiando de nuevo.

La inteligencia artificial vuelve a abrir un espacio inexplorado. Nuevas herramientas, nuevas armas y nuevas defensas. Y con tendencias más peligrosas que el aumento de hackers adolescentes.

Una tecnología que cambia las reglas

Al jefe de la Brigada Central de Seguridad Informática, el comisario Juan Carlos Sancho, le extraña un tanto la petición de elDiario.es de visitar las instalaciones del grupo de investigación de Ciberataques. Para él, es solo una oficina. Pero como la unidad encargada de investigar los ciberdelitos más complejos, es la primera línea donde se están investigando los cambios que la inteligencia artificial trae a los ciberataques.

Una parte de la lógica es sencilla. Hay un efecto llamada. Para los criminales es más fácil pedirle a ChatGPT que haga su trabajo que jugársela sobre el terreno. “Gente que hasta hace un año se dedicaba a llevar la gasolina en una barquita para dársela a los narcos que cruzan el estrecho para traer hachís, ahora la estamos deteniendo por hacer ciberataques de spoofing”, cuenta el comisario.

Gente que hasta hace un año se dedicaba a llevar la gasolina a los narcos en el estrecho, ahora la estamos deteniendo por ciberataques de spoofing

Juan Carlos Sancho — jefe de la Brigada Central de Seguridad Informática

El spoofing es la técnica de suplantar el número de teléfono o el correo electrónico de una empresa o institución. Uno de los formatos más repetidos es falsificar el remitente de los SMS de los bancos para que el intento de estafa llegue bajo el nombre oficial de la entidad: “Se ha detectado una transferencia de 5.000 euros desde su cuenta. Si no reconoce el cargo, active el sistema de seguridad en el siguiente enlace”.

Para este tipo de perfiles, la IA ha derribado las barreras de entrada. “Toda la primera campaña, todas las primeras comunicaciones de 'voy a buscar víctimas', eso ahora lo hace la IA. Gente que no tenía ningún tipo de cultura informática, ni formación técnica ni nada de nada, está cometiendo este tipo de delitos. Compran la herramienta como si la pidieran por Amazon, compran los listados de potenciales víctimas, y con la ayuda de la IA se ponen a ciberatacar”, explica Sancho.

Esta “democratización” del cibercrimen es el principal cambio que ha traído consigo la IA, destacan el comisario y sus agentes. La IA ha limado muchas de las trabas que frenaban a los delincuentes a dar el salto al ciber. Elimina, por ejemplo, la principal pista que permitía detectar fraudes simples, como las faltas de ortografía, facilitando la redacción de ganchos más convincentes.

El impacto se percibe también en estafas más complejas, en las que se están empleando chatbots para contactar a potenciales víctimas. La Policía está viendo cómo en delitos como “el despiece del cerdo” (llamado así porque los ciberdelincuentes se ganan la confianza de la víctima durante semanas o meses para luego intentar estafarla varias veces) ya hay grupos que utilizan IA para llevar a cabo el primer contacto e intentar guiar a los ciudadanos a plataformas falsas de inversión. Los estafadores reales intervienen después, cuando alguien ha mordido el anzuelo y llega el momento del fraude.

Pero el salto va más allá. Un ejemplo detectado en bandas más especializadas es el uso de IA para burlar la verificación de identidad online que utilizan los bancos e instituciones financieras con sistemas de “prueba de vida”, que comprueban que quien aparece ante la cámara es una persona real y no una grabación. Los más habituales son los que piden al usuario que se grabe sosteniendo su DNI y haciendo diferentes movimientos con la cabeza.

“Hemos visto grupos que utilizan DNI robados para darse de alta en servicios muy, muy relevantes, a través de los cuales cometen fraudes. Se ponen una careta de la persona del DNI con inteligencia artificial, y mueven la cara como les pide el sistema. Pero claro, luego ves los vídeos de diferentes personas y está el mismo cuadro, la misma silla o incluso la misma camiseta. Pero la cara ha cambiado”, detalla Sancho.

Veías los vídeos de diferentes personas y estaba el mismo cuadro, la misma silla o incluso la misma camiseta. Pero la cara había cambiado

Juan Carlos Sancho — jefe de la Brigada Central de Seguridad Informática

El comisario sostiene que el agujero que utilizó ese grupo ya se ha subsanado, pero el caso da idea de las capacidades de estas nuevas herramientas. “La empresa que hacía la acreditación se había relajado mucho”, lamenta. En este nuevo escenario, la falta de actualización de las herramientas es una puerta abierta a los delincuentes. “Prefiero no dar más detalles, por si acaso”, responde el comisario ante las preguntas de este medio.

La defensa debe evolucionar ya

La inteligencia artificial está permitiendo automatizar estafas y refinar fraudes para que perfiles sin conocimientos técnicos puedan lanzar ciberataques exitosos. Pero las amenazas que ya eran peligrosas antes, ahora lo son aún más. “Este nuevo paradigma es crítico, no solo por la aparición de actores con escasa especialización, sino también por la potencia que alcanzan aquellos que tradicionalmente han supuesto una amenaza grave”, explica el Centro Criptológico Nacional (CCN).

Si la Policía Nacional libra la batalla diaria contra los fraudes que sufren ciudadanos y empresas, el CCN se ocupa de la alta ciberseguridad de las instituciones e infraestructuras críticas del Estado. Depende directamente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y su misión es vigilar amenazas a escala global. Su conclusión es clara. “La IA no descansa. Nos enfrentamos a un escenario de automatización y paralelización de los ciberataques que puede hacer colapsar las estructuras defensivas si no se adaptan a la misma velocidad que la parte ofensiva. Los próximos 12 a 18 meses serán decisivos”, avanza el organismo a elDiario.es.

La IA no descansa. Puede hacer colapsar las estructuras defensivas si no se adaptan a la misma velocidad que la parte ofensiva

Centro Criptológico Nacional

Cuando habla de “automatización y paralelización”, el organismo se refiere a cómo los modelos de IA pueden leer el código de una aplicación o analizar cómo responde una web, detectar fallos y preparar herramientas diseñadas expresamente para explotarlos. Esto, que antes exigía horas de análisis especializado sin garantía de éxito, es algo que la máquina puede automatizar y repetir con miles de objetivos a la vez.

Según fuentes policiales, es exactamente el proceso que siguió el joven contra el portal oficial de la empresa pública, con una orden a la IA tan sencilla como: “escanéame la infraestructura de este servicio, dime por dónde se puede atacar y cómo podemos sacar información”.

Esa “capacidad de la IA para detectar automáticamente deficiencias o vulnerabilidades en el software, y desarrollar el código necesario para explotarlas” es la que está cambiando también el modus operandi de las bandas de ciberdelincunecia organizada y los grupos patrocinados por estados, expone el CCN. La tendencia dominante ha dejado de ser los ataques de ransomware, basados en el secuestro de archivos y sistemas informáticos para extorsionar a la víctima. Ahora se centra en el robo de información y bases de datos personales para su posterior venta en el mercado negro.

Un ataque de ransomware equivale a asaltar un comercio por la puerta principal. Explotar un agujero descubierto por la IA es como encontrar las llaves de la entrada de servicio y llevarse la caja fuerte sin ser visto. Es mucho más limpio, ya que de momento “solo es posible determinar si un incidente se ha realizado con IA tras su investigación”, recuerda el organismo.

La consecuencia no son más ciberataques, sino más daño. No hay “un incremento significativo en el número de incidentes gestionados”, pero sí “un aumento en el impacto recibido”, señala el CCN. Los datos del Ministerio del Interior apuntan en la misma línea en cuanto al volumen: el peso de la cibercriminalidad sobre el total de delitos se mantiene en torno al 20% desde 2023, en plena explosión de la IA generativa. No miden, en cambio, la gravedad de los ataques.

Para los defensores, todo esto tiene una parte positiva: no hay que irse muy lejos para encontrar la solución. También es la inteligencia artificial: IA defensiva que frene a la IA ofensiva. O, lo que es lo mismo, “centros de operaciones de ciberseguridad soportados por agentes de IA donde las máquinas, y no las personas, puedan responder a los ciberataques ejecutados con ayuda de la IA”, pide el CCN.

Las personas no pueden seguir el ritmo de las máquinas. Por ello, los defensores deben hacer “un uso extensivo de la IA” tanto para detectar y cerrar los agujeros de seguridad, como para “optimizar las capacidades técnicas de los analistas”. “El punto clave aquí es el control de estos agentes por personas, que deben tener un nivel de formación elevado tanto en ciberseguridad como en IA”, advierte el organismo.

Más allá de la IA contra la IA

Para el resto de ciudadanos, el espíritu crítico es el mejor escudo. Pese a su sofisticación, los fraudes y estafas con IA siguen dependiendo, en casi todos los casos, de engañar a la víctima. “Hay que poner en duda todo lo que se vea en una pantalla. Ya no te puedes creer un audio, un texto o un vídeo solo porque lo estés viendo: tienes que ponerlo en duda”, enfatiza el comisario Juan Carlos Sancho.

Ante cualquier tipo de comunicación oficial o web que genere sospechas, la respuesta debe ser contactar con los canales oficiales de esa empresa u organismo, continúa el mando policial. Incluso aunque en la pantalla del teléfono aparezca el nombre de una entidad reconocida. Y ante todo, siempre hay que desconfiar de cualquier acción que requiera actuar de urgencia, una sensación que los ciberdelincuentes explotan por su capacidad de anular el espíritu crítico de la víctima.

Hay que poner en duda todo lo que se vea en una pantalla. Ya no te puedes creer un audio, un texto o un vídeo solo porque lo estés viendo: tienes que ponerlo en duda

Juan Carlos Sancho — jefe de la Brigada Central de Seguridad Informática

Cuando esa comunicación venga de personas del círculo cercano, también hay un método sencillo para anular cualquier engaño, provenga de la IA o no. Establecer una palabra clave. “En mi familia tenemos una contraseña, una palabra que es una tontería, pero que solo sabemos nosotros. Si alguna vez les pido dinero por WhatsApp o por teléfono, saben que me tienen que pedir esa palabra”, expone Sancho.

Con todo, los especialistas técnicos piden que la responsabilidad recaiga también en las compañías. Esta semana, más de 400 científicos e investigadores de una treintena de países pidieron en una carta abierta a los laboratorios que desarrollan los modelos más potentes que corrijan la “negligencia irresponsable” en sus prácticas de ciberseguridad, tanto en la investigación de IA avanzada como en su despliegue.

Mientras tanto, en la oficina de la unidad de ciberataques, intentan desincentivar a todos aquellos a los que se les pase por la cabeza que los ciberataques son demasiado fáciles como para no intentarlo. Es la “prevención activa”: los agentes crean páginas-señuelo donde se anuncian herramientas ofensivas y en cuanto detectan que alguien está intentando comprar, envían un mensaje de advertencia informando de las penas que recoge el Código Penal y advirtiendo de que la Policía monitoriza constantemente esos canales.

No es una trampa en la que vayan a caer delincuentes experimentados, pero sí puede asustar lo suficiente a los más inexpertos o a los adolescentes aspirantes a hacker, asume el inspector jefe Izquierdo. No obstante, son métodos sencillos que no esconden el problema global: la IA facilita los ciberataques y los defensores piden más recursos, tanto personales como técnicos. “Va a haber que crecer como unidad y con equipos de investigación especializados en esta materia, porque si no, de aquí a muy poco tiempo vamos a estar desbordados. Lo tengo claro”.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha hecho pública una acusación penal contra un empleado de OpenAI, de nacionalidad saudí, por, presuntamente, instalar una grabadora oculta en una sala de reuniones ejecutiva. El director del FBI, Kash Patel, ha explicado en un comunicado que el acusado, Abdulrahman Alfozan, de 35 años, escondió el dispositivo en un edificio de OpenAI en San Francisco para captar “comunicaciones sensibles sobre tecnología de 'super inteligencia'”.

Alfozan, que trabajaba como ingeniero en OpenAI desde julio de 2025 y ha sido despedido tras el incidente, supuestamente instaló el dispositivo el pasado 28 de septiembre, fue arrestado el 9 de octubre y compareció este martes ante un tribunal federal. De acuerdo con la denuncia del 30 de septiembre, el personal de OpenAI descubrió un dispositivo con contenido cifrado envuelto en papel higiénico y conectado a un puerto USB en la parte posterior de un televisor dentro de la sala de reuniones.

Las reuniones de la sala, a la que no tenía acceso el acusado, “incluían con frecuencia conversaciones sobre información técnica, comercial y estratégica altamente confidencial”, como “investigaciones de propiedad exclusiva de la empresa, planes de productos y oportunidades de desarrollo de negocios”, indica la empresa desarrolladora de ChatGPT.

También se solía hablar de “información no pública sobre los avances técnicos y las decisiones estratégicas de OpenAI, sus capacidades, prioridades, interacciones con el Gobierno y relaciones comerciales”.

El 5 de octubre, días después de hallar el dispositivo oculto, el personal de seguridad de OpenAI encontró una bolsa supuestamente perteneciente a Alfozan, que contenía su billetera, un documento de identidad y un segundo dispositivo de grabación. El hombre fue captado por cámaras de seguridad merodeando la sala y posteriormente la televisión de su interior en la que estaba instalado el dispositivo.

Podría haber preguntado dudas a ChaGPT

Según la denuncia, un chatbot asociado a la esposa del acusado recibió preguntas sobre grabaciones de audio, con datos específicos del dispositivo hallado. OpenAI divulgó en la red social X que, tras detectar un “sofisticado dispositivo” en la sala, usó sus modelos de inteligencia artificial (IA) para entenderlo, determinar su origen e identificar “que un empleado en concreto lo había colocado unos días antes”.

“Por el momento, no tenemos indicios de que esta persona haya accedido de forma indebida a los pesos de los modelos, al código fuente o a los datos de los clientes, ni de que los haya extraído. El empleado fue despedido”, afirma la empresa.

El Departamento de Justicia no ha divulgado los cargos contra Alfozan y señala que “el proceso penal se lleva a cabo en apoyo del Memorando Presidencial de Seguridad Nacional 11 (NSPM-11), diseñado para respaldar la superioridad estadounidense en tecnología de super inteligencia”. Asimismo, avisa que el FBI está investigando el caso. Si el hombre es declarado culpable, afronta un máximo de 5 años de prisión y una multa de 250.000 dólares, seguidos de tres años de libertad vigilada. 

Para millones de hogares españoles, la caldera de gas es la principal fuente de agua caliente y calefacción. Según los últimos datos sectoriales, en 2025 se vendieron 293.000 calderas murales en España, un 6,16% más que el año anterior, mientras que el parque de equipos tradicionales supera ya los 7,6 millones de viviendas.

El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) exige revisar la caldera cada dos años en la mayoría de comunidades autónomas, y la inspección de toda la instalación de gas cada cinco años. Estas revisiones periódicas no solo para garantizar el rendimiento, sino, sobre todo, para prevenir fugas, intoxicaciones por monóxido de carbono y, aunque el riesgo es pequeño, explosiones. 

Las calderas actuales son muy seguras, pero pueden estropearse. La mayoría de las averías graves no aparecen de repente, sino que avisan con señales que, si se pasan por alto, pueden terminar en una reparación costosa o, peor aún, en un riesgo para la seguridad. Estos son los síntomas más preocupantes:

Ruidos extraños, golpes, silbidos o vibraciones

Si la caldera empieza a hacer ruidos extraños, como golpes secos, silbidos o un zumbido continuo, no es una molestia, sino una voz de alarma. Estos ruidos suelen deberse a la acumulación de aire o cal en el circuito hidráulico, a un fallo en la bomba de circulación o a un problema en el intercambiador de calor, las placas o tubos que calientan el agua. En los sistemas con radiadores de calefacción, cuando hay aire atrapado en las tuberías pueden oírse gorgoteos. Ignorar estos ruidos puede provocar sobrecalentamiento y, a medio plazo, una avería del intercambiador, una pieza que puede superar los 1.000 euros.

En la mayoría de los casos basta con purgar los radiadores y el circuito de la caldera. Con la caldera apagada, se coloca un recipiente bajo la válvula de purga de cada radiador, se abre lentamente hasta que salga agua sin aire, y se vuelve a cerrar. Después, hay que comprobar que la presión del manómetro de la caldera esté entre 1 y 1,5 bares. Si el ruido persiste, el problema puede estar en la bomba o en el intercambiador, y es necesario llamar a un técnico.

Olor a gas

Ante cualquier olor a gas en la vivienda hay que reaccionar inmediatamente, no es una avería que pueda esperar. Una fuga de gas puede provocar una intoxicación por monóxido de carbono o una explosión. Al gas natural doméstico se le añade un olor característico para que sea más detectable, pero, aun así, una fuga puede pasar desapercibida durante días.

Ante el menor indicio de olor a gas, hay que cerrar la llave general, abrir puertas y ventanas, no accionar ningún interruptor ni encender llamas, y salir de la vivienda para llamar desde fuera al servicio de urgencias de la distribuidora. La reparación de una fuga de gas no es una tarea de bricolaje, y la tiene que llevar a cabo un técnico especializado.

El agua no se calienta o la temperatura fluctúa

Cuando el agua caliente tarda más de lo normal en salir, sale fría de forma intermitente o la calefacción no alcanza la temperatura deseada, el problema suele estar en el intercambiador de calor o en la sonda de temperatura. La acumulación de cal y residuos en el intercambiador obstruye el flujo de agua y reduce la transferencia de calor, lo que obliga a la caldera a trabajar más y consumir más gas. 

Si el agua sale fría, pero la calefacción funciona, el fallo suele estar en la válvula mezcladora o en el sensor de agua caliente. Si no funciona ni el agua caliente ni la calefacción, la causa puede ser una presión insuficiente o aire en el circuito de calefacción. Antes de llamar al técnico, conviene comprobar el manómetro del circuito y, si está bajo, rellenar la instalación hasta alcanzar 1-1,5 bares.

La presión del circuito baja sola

El manómetro mide la presión del circuito de la caldera, y deberíamos mirarlo más a menudo. Si la aguja cae por debajo de 0,8 bares, incluso después de haber rellenado el circuito, quiere decir que hay una fuga en algún punto de la instalación, o el vaso de expansión ha perdido su capacidad de compensar las variaciones de presión. Esto hace que los radiadores no calienten bien, falte agua caliente y la caldera esté encendida constantemente.

La causa más habitual es una fuga en las juntas, en las válvulas o en los propios radiadores, a veces tan pequeña que no se ve a simple vista. Pero también puede ser que la membrana del vaso de expansión de la caldera esté rota, o que la válvula de seguridad esté descargando agua de forma continua. La solución no es rellenar la caldera para que suba el manómetro, sino llamar al técnico.

Llamas amarillas en lugar de azules

Si la caldera funciona bien, la llama de gas es azul y corta. Esto indica que la combustión tiene suficiente oxígeno, produce más calor y es más eficiente. Cuando se vuelve amarilla, naranja o alargada, la combustión no se está produciendo correctamente. Puede ser por una mezcla inadecuada de gas y aire, que el quemador esté sucio o que los conductos de ventilación están obstruidos. Esta es la señal potencialmente más peligrosa, porque una combustión incompleta produce monóxido de carbono, un gas incoloro e inodoro, y muy tóxico. Este es un problema para el que hay que llamar a un técnico que limpie el quemador, ajuste la relación aire-gas y verifique la ventilación. 

Mejor prevenir que reparar

En cada uno de estos casos, la diferencia entre una reparación sencilla y una avería de cientos o miles de euros, o aún peor, entre la seguridad y el riesgo, está en una llamada a un técnico. La revisión anual nos da tranquilidad, pero nunca está de más vigilar estas señales de alarma que pueden aparecer cualquier día.

Más de 400 investigadores en inteligencia artificial y ciberseguridad de una treintena de países han publicado este martes una carta abierta en la que reclaman “cambios inmediatos en las prácticas de desarrollo y despliegue de IA” para evitar que ponga en peligro la seguridad mundial. La misiva hace especial hincapié en que las multinacionales y laboratorios que desarrollan los modelos de frontera, especialmente aquellos denominados “agentes”, están cometiendo una “negligencia irresponsable” con sus “prácticas estándar de ciberseguridad”.

La carta, firmada por especialistas de universidades y centros de investigación de todo el mundo y que sigue sumando ratificaciones, plantea tres exigencias a los gobiernos y las empresas tecnológicas. Entre ellas, destaca la petición de desconectar de Internet a los modelos de IA con capacidad de lanzar ciberataques, así como aislarlos en “sistemas de contención de alta seguridad”.

Esta exigencia llega después de la salida a la luz de que empleados de OpenAI avisaron a la dirección de la empresa de que sus agentes estaban teniendo comportamientos peligrosos, pese a lo que la dirección de la empresa decidió no frenar los experimentos para no retrasar sus planes comerciales. Alertas que llegaron semanas antes del ciberataque masivo contra Hugging Face —una plataforma de desarrollo de IA que 1.200 agentes de OpenAI hackearon, intentando cumplir las tareas que les había encomendado la compañía— o contra webs oficiales del gobierno australiano.

Anthropic, Google y Meta también han revelado incidentes similares. “Varias organizaciones han revelado fallos de seguridad de gran repercusión: sus modelos de IA eludieron entornos insuficientemente aislados para comprometer los sistemas de organizaciones externas”, recuerda la carta. “Sin cambios inmediatos en las prácticas de desarrollo e implementación de la IA, estos incidentes seguirán ocurriendo, y los futuros serán mucho más perjudiciales para nuestra infraestructura crítica expuesta”.

Por ello, los firmantes, entre los que se encuentra la investigadora española Carmela Troncoso (directora científica del Instituto Max Planck para la Seguridad y la Privacidad, con sede en Alemania), solicitan la creación de un organismo internacional encargado de fijar los protocolos de seguridad necesarios para investigar IA avanzada.

Esa entidad también debería ser “tener la obligación de registrar y hacer un seguimiento de los fallos de contención”, opinan los científicos. “Para aprender de los errores futuros —en los que no se logra el equilibrio adecuado y ocurren incidentes— necesitamos un mayor intercambio de información y transparencia sobre las fallas de contención en el futuro”, justifican.

Opacidad

Una capacidad que se relaciona directamente con su tercera petición: “Para garantizar que la investigación sobre seguridad y contención de la IA pueda aprender de los errores, los incidentes de seguridad relacionados con fallos de contención deben notificarse al organismo correspondiente y, posteriormente, hacerse públicos”. La carta destaca que la “transparencia es necesaria tanto para el aprendizaje como para la rendición de cuentas”.

La crítica contra la opacidad en la que operan las multinacionales y laboratorios en el desarrollo de IA de frontera está cada vez más presente en la comunidad científica internacional. El panel de 40 expertos independientes creado por la ONU ya situó la “asimetría de información entre las empresas y la sociedad” como uno de los grandes problemas estructurales de esta tecnología. En su informe, los especialistas avisaron de que esta falta de transparencia evita que los gobiernos y los ciudadanos puedan evaluar correctamente sus riesgos.

Los alargadores eléctricos permiten conectar aparatos cuando el enchufe más cercano queda lejos o cuando una habitación dispone de pocas tomas de corriente. Son habituales junto a escritorios, televisores y otros espacios de la vivienda donde coinciden varios dispositivos. Algunos tienen una única salida, mientras que las regletas permiten conectar varios equipos desde un mismo punto. En cualquiera de los dos casos, la seguridad depende de respetar la carga admitida y las condiciones de uso indicadas por el fabricante.

Aunque su funcionamiento es sencillo, un mal uso puede provocar problemas. Superar la carga admitida, exponerlos al agua o seguir usando un cable deteriorado puede favorecer el sobrecalentamiento y los cortocircuitos. A estos peligros se suman otros más cotidianos, como las caídas provocadas por dejar el cable atravesando una zona de paso.

Antes de conectar uno de estos accesorios, es recomendable tener en cuenta qué equipos se van a utilizar, dónde estarán colocados y durante cuánto tiempo permanecerán enchufados. También merece la pena revisar las clavijas, las tomas y el aislamiento, sobre todo si el alargador lleva años en casa o se mueve con frecuencia de una habitación a otra. Estas comprobaciones ayudan a detectar problemas antes de que aparezcan señales más evidentes de deterioro.

Comprobar la potencia máxima para evitar sobrecargas

Cada alargador admite una carga máxima que debe aparecer en las indicaciones del fabricante. Cuando dispone de varias tomas, ese límite corresponde al conjunto de los aparatos conectados y no a cada enchufe por separado. Que todavía queden huecos libres en una regleta no significa, por tanto, que puedan añadirse más equipos sin tener en cuenta su consumo.

Superar esa capacidad puede hacer que los componentes alcancen temperaturas demasiado altas, se deterioren e incluso lleguen a provocar un incendio. Para evitarlo, es preferible conectar solo los dispositivos que se necesiten y controlar la potencia total que soporta el conjunto.

Hay que prestar especial atención a determinados electrodomésticos que consumen mucha energía, sobre todo aquellos que generan calor. Su tamaño no indica necesariamente cuánto demandan. Cuando se trata de aparatos con un consumo elevado, suele ser más adecuado conectarlos directamente a una toma de pared.

No encadenar regletas ni prolongadores

Conectar una regleta a otra puede parecer una forma rápida de conseguir más enchufes, pero no aumenta la capacidad eléctrica de la toma original. Todos los aparatos continúan alimentándose desde el mismo punto y la carga termina concentrándose en una cadena de accesorios. Esto puede favorecer el sobrecalentamiento aunque aparentemente todo siga funcionando con normalidad.

La misma precaución se aplica al unir varios prolongadores para llegar hasta un punto más alejado. Además de añadir conexiones intermedias, esta práctica puede hacer más difícil controlar cuánto está soportando realmente cada parte del conjunto.

Si en una zona de la vivienda hace falta alimentar numerosos aparatos de forma habitual, encadenar adaptadores no soluciona la falta de enchufes. En esos casos puede ser más práctico reorganizar los equipos o valorar la instalación de nuevas tomas de corriente con ayuda de un profesional cualificado.

Elegir una ubicación que no dificulte el paso

La posición del cable también influye en la seguridad. Es mejor mantenerlo alejado de puertas, pasillos y otras zonas por las que se camina con frecuencia, ya que alguien podría tropezar o tirar de él accidentalmente. Esta precaución es especialmente importante en viviendas con niños o personas mayores.

Tampoco debería quedar tenso, atrapado debajo de muebles o sometido continuamente a presión. Cubrirlo con alfombras u otros objetos no es recomendable, porque puede dificultar la salida del calor y hacer más complicado detectar a simple vista cualquier deterioro.

En los alargadores enrollables, el cable debe desplegarse por completo antes de usarlo cuando así lo indique el fabricante. Mantenerlo recogido mientras soporta una carga elevada puede favorecer la acumulación de temperatura.

Mantener las conexiones alejadas de la humedad

No todos los alargadores están preparados para utilizarse en exteriores. Un modelo pensado para interiores nunca debería colocarse en jardines, terrazas u otros lugares donde pueda entrar en contacto con agua, salvo que sus características indiquen expresamente que puede emplearse en esas condiciones.

La humedad puede afectar a los componentes eléctricos y aumentar la posibilidad de que se produzca un cortocircuito. Antes de usar uno fuera de casa, es importante revisar para qué tipo de entorno está diseñado y si dispone de la protección adecuada.

Dentro de la vivienda hay que mantener la misma precaución en lugares donde puedan producirse salpicaduras. Las clavijas y conexiones deben permanecer secas y no deben manipularse con las manos mojadas. Además, el cable tiene que llegar hasta el aparato sin quedar excesivamente tenso ni forzar la clavija.

Revisar el estado y cuidar su conservación

El uso frecuente, los movimientos y los tirones pueden ir deteriorando un alargador. Por eso, antes de conectarlo merece la pena revisar el aislamiento, las clavijas y las tomas para detectar zonas peladas, piezas sueltas, deformaciones o marcas de quemaduras.

Si aparece alguno de estos desperfectos, lo más seguro es dejar de usarlo y sustituirlo. Cubrir un cable dañado con cinta o recurrir a reparaciones improvisadas no garantiza que vuelva a quedar en buenas condiciones.

Cuando no se necesite, es recomendable guardarlo en un lugar seco y protegido de temperaturas extremas. También ayuda evitar dobleces muy marcados y no desenchufarlo tirando del cable, sino sujetando la clavija. Son cuidados sencillos que permiten alargar su vida útil y, sobre todo, detectar a tiempo cuándo ha dejado de ser seguro para seguir utilizándolo.

El servicio de seguridad del centro comercial Berceo de Logroño detecto la presencia de cuatro personas manipulando el cableado correspondiente al sistema de alarma de una de las puertas de seguridad del recinto. Las características de dicha puerta, de doble hoja y con espacio suficiente para permitir el acceso de un vehículo al interior, hicieron sospechar que estas manipulaciones pudieran estar encaminadas a facilitar un posterior acceso al centro comercial y la posible sustracción de efectos de alguno de sus establecimientos.

Ante estos hechos, los agentes de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional hicieron las comprobaciones pertinentes, y durante la comprobación en el lugar, fueron localizados en el vehículo diversos útiles susceptibles de ser empleados para la comisión de delitos contra el patrimonio, que fueron intervenidos preventivamente.

La actuación constató que dos de los implicados contaban con un amplio historial delictivo y se encontraban en situación irregular en el territorio nacional, por lo que, conforme a los procedimientos legalmente establecidos en materia de extranjería, se procedió a su ingreso en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), quedando a la espera de la ejecución de su expulsión del territorio nacional.

A principios de 2024, un comentario de una escritora polaca de fantasía se hizo viral en todo el mundo. Conectó con algo que mucha gente sentía que iba mal en la revolución de la inteligencia artificial, que empezaba a mostrar su potencial para generar imágenes y vídeos. “Vamos en la dirección equivocada”, reflexionaba Joanna Maciejewska: “Quiero que la IA haga la colada y friegue los platos para que yo pueda dedicarme al arte y a escribir, no que haga mi arte y escriba por mí para que yo pueda dedicarme a la colada y a fregar los platos”.

Dos años y medio después, la industria de la IA quiere ofrecer algo muy parecido a eso con los agentes de inteligencia artificial.

Se trata de sistemas entrenados para ejecutar tareas complejas a partir de órdenes sencillas, sin que el usuario tenga que supervisar cada paso que dan. Siguen sin ser capaces de hacer la colada, pero sí pueden, por ejemplo, localizar la factura de la lavadora en una carpeta del ordenador, consultar los plazos de la garantía, encontrar el formulario de reclamación, solicitar la visita de un técnico y encajarla en un hueco de la agenda del usuario. Todo ello con una sola orden: “La lavadora no funciona”.

Las empresas llevan años probando agentes, pero es ahora, en el tramo final de 2026, cuando una nueva generación aspira a llevarlos al público general. Su propuesta es automatizar tareas digitales que a muchos les resultan tediosas: buscar la mejor oferta entre decenas de webs, vigilar el precio de un vuelo o cancelar una suscripción. Todo sin desesperarse ante las trampas y patrones oscuros que inundan muchos servicios digitales. La máquina tiene toda la paciencia del mundo y recursos para informarse sobre cómo proceder.

Es lo que Salvador Serrano, jefe de Operaciones en Modulor Studios, un grupo empresarial español que crea y desarrolla negocios digitales, define como “romper la asimetría de la información”. “Cuando te relacionas con empresas u organizaciones, siempre hay relaciones asimétricas. Normalmente, hay una parte que conoce más la legislación, el marco, tiene equipos de marketing o más experiencia”, explica. “A ti como individuo esa asimetría te juega en contra porque nadie puede ser un experto en todo”.

Cuando te relacionas con empresas u organizaciones, siempre hay relaciones asimétricas. Los agentes tienen un gran valor porque te permiten defender tus intereses con más criterio

Salvador Serrano — jefe de Operaciones en Modulor Studios,

Sin embargo, la IA sí puede. Por eso el experto cree que “los agentes tienen un gran valor, puesto que te permiten defender tus intereses con más criterio”. Para hacerlo, los agentes pueden ejecutar todo tipo de herramientas, saltar entre bandejas de correo y sistemas de mensajería, ponerse en contacto con otros en nombre del usuario. “La clave es la ausencia de fricciones”, resume Serrano.

De promesa a producto

“Reducir las asimetrías de información” y “eliminar fricciones” son dos de los conceptos más importantes para adelantar si una tecnología puede tener éxito entre el público general. Internet facilitó encontrar información que antes estaba dispersa o era difícil de conseguir. Los teléfonos inteligentes redujeron los pasos necesarios para aprovechar esa información desde cualquier lugar. Los agentes aspiran a ir un paso más allá: automatizar la extracción de valor de esa información.

Este otoño está siendo un punto de inflexión para ellos. Buena parte de la culpa la tiene Instinct, una startup fundada en 2025. Actualmente, solo tiene 14 empleados, no tiene equipo de marketing ni actividad en redes sociales. Sin embargo, su agente de IA ha conseguido viralizarse por su extrema sencillez. Su interfaz de comunicación es WhatsApp, lo que permite al usuario escribirle cualquier orden o mandarle un audio como haría con cualquiera de sus contactos.

Las redes sociales se han llenado en las últimas semanas de ejemplos como estos. Algunos son automatizaciones sencillas, como “dejarle acceso al súper online y que me haga la cesta con lo que compro normalmente”, escribía un usuario: “Revisar cesta y comprar”. Otro dejó constancia de cómo el asistente ejecutó decenas de pasos para llevar a cabo su misión, incluyendo ponerse en contacto y negociar con múltiples empresas a la búsqueda de la mejor opción para transportar un paquete desde Berlín.

“Usa su propio correo y me pone en copia”, explicaba el usuario sobre el agente. “Habla de mí como si fuera mi asistente”. Todo de forma automática y solo solicitando aprobación antes de dar pasos clave, como la autorización de un pago (aunque también se le puede conceder autorización para que pague sin preguntar).

Instinct es el invitado sorpresa, pero los gigantes del sector también han reservado hueco en esta mesa. A la cabecera se sienta Mark Zuckerberg. Los agentes destinados al usuario medio han sido una de sus obsesiones en los últimos años: los denomina “superinteligencia personal” y son su gran apuesta para Meta en la carrera de la IA.

Todo el mundo tendrá un agente personal excepcionalmente capaz que te entenderá a ti, tus objetivos y todo lo que te importa. Tu agente trabajará para ti las 24 horas del día, los 7 días de la semana

Mark Zuckerberg — CEO de Meta

“Todo el mundo tendrá un agente personal excepcionalmente capaz que te entenderá a ti, tus objetivos y todo lo que te importa. Tu agente trabajará para ti las 24 horas del día, los 7 días de la semana”, aseguró en un extenso ensayo publicado en agosto: “Te liberará tiempo para las cosas que disfrutas y te ayudará a conseguir más de lo que podrías conseguir de otro modo”. Un mes después Zuckerberg presentó un agente llamado Muse (musa). Su impacto ha sido inmediato: Meta ha subido un 10% en bolsa desde su lanzamiento.

Muse no está disponible en Europa. “Tras dos semanas de uso, descubrí que Muse era la aplicación de IA más útil que jamás había utilizado”, asegura el periodista de The New York Times, Eli Tan. En su crónica describe cómo el agente pagó multas de aparcamiento solo con enseñarle la foto del ticket o encontró en su correo el aviso de una prueba gratuita a punto de expirar, ahorrándole 45 dólares.

El precio de un asistente siempre disponible

De momento, Instinct, que aún está en período de pruebas, es gratuito. Meta tampoco tiene intención de cobrar por el uso de Muse. El funcionamiento de los agentes personales de IA encaja a la perfección con su modelo de negocio: para aprovechar todo su potencial, estas herramientas necesitan acceso total a los datos del usuario, como el correo electrónico, la mensajería, el calendario, los archivos guardados en dispositivos personales, las cuentas bancarias. No es imprescindible para usarlos, pero cuanto más sepan y mayor sea su integración con el resto de herramientas, mayor cantidad de tareas podrán resolver con precisión.

Esta condición ayuda a entender la apuesta de Zuckerberg. Abrirle la puerta a Muse supone dejar entrar a su multinacional publicitaria en lo más hondo de la información personal del usuario. Meta ha construido su imperio sobre los anuncios personalizados y acumula años de sanciones y polémicas de privacidad. Ahora, la compañía promete que ni las conversaciones ni los datos almacenados por Muse se añadirán a su base de datos publicitaria, pero reconoce que la actividad del agente puede “influir indirectamente” en los anuncios que recibe el usuario.

“Obtienen muchísima información de un montón de servicios. Eso se puede utilizar para perfilarnos y hacerse una imagen completa de la vida y los gustos de una persona”, advierte sobre los agentes Elena Gil, abogada experta en nuevas tecnologías.

La gestión de esos datos se basa en un sistema de consentimientos informados, en los que el usuario acepta (o no) determinados usos de su información. Un método que se está viendo superado por el avance de unas tecnologías cada vez más poderosas. “Se pone el peso en que demos consentimiento, pero el hecho es que una persona normal no tiene el tiempo necesario para leer toda esa información, e incluso aunque se nos dé de forma transparente, muchas veces no la comprendemos”, lamenta Gil.

Pero el cambio no está solo en el acceso. “Con los asistentes personales se está produciendo un salto importante”, destaca a elDiario.es Lorenzo Cotino, presidente de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). “Una cosa es pedir a la IA una respuesta y otra darle poderes para actuar. Podemos pedirle que organice una cena, haga una compra o gestione nuestros mensajes, sin saber exactamente qué pasos seguirá, a quién contactará o qué información compartirá. Una orden sencilla que puede desencadenar muchas actuaciones”.

Con los asistentes personales se está produciendo un salto importante. Una cosa es pedir a la IA una respuesta y otra darle poderes para actuar

Lorenzo Cotino — presidente de la Agencia Española de Protección de Datos

¿Y qué ocurre cuando los agentes tratan datos de otras personas? “Nuestra autorización no es un cheque en blanco para utilizar la información de los demás”, recuerda Cotino, que expone que esto se cumplirá en casi todos los casos en los que el agente acceda al email o al WhatsApp del usuario. Un extremo aún más sensible si la herramienta se conecta también plataformas laborales que manejen datos de la empresa, de clientes o de compañeros de trabajo.

Pese al campo de minas jurídico, el presidente de la AEPD recuerda que el organismo “apoya” el uso de la IA y ha publicado una guía específica para usar agentes “con confianza y responsabilidad”. Conceder solo los accesos necesarios, revisar las actuaciones de mayor trascendencia y saber cómo detener el agente y revocar sus permisos son algunos de sus contenidos.

Agentes alucinados

El potencial de los agentes de IA es enorme. En este otoño de 2026, también lo son los problemas que puede conllevar su uso.

Lo explica Rafael López, experto en ciberseguridad de la firma Check Point: “Los agentes pueden ahorrarnos muchísimo tiempo. En un viaje, por ejemplo, pueden comprar vuelos, gestionar las reservas de los hoteles. El problema es que también pueden reservaros un hotel a 4.000 euros la noche porque no le hemos dado la información suficiente”. “O, simplemente, porque la IA se sigue equivocando”, recuerda.

La raíz de esos errores está en su base tecnológica. Los agentes operan sobre modelos de lenguaje como los que utilizan los chatbots, como ChatGPT, Claude o Gemini. Y, como ellos, pueden alucinar, inventar datos o equivocarse en cualquier momento.

La diferencia es, de nuevo, que la misión de estas herramientas no es contestar preguntas, sino operar en nombre del usuario. En cuestión de semanas, Instinct y Muse han acumulado lo que la prensa estadounidense llama ya las “historias de horror” de los agentes: filtraciones de datos, creación y envío de documentos falsos, borrado de bases de datos enteras de la empresa por error, cancelaciones de vuelos transoceánicos cuando su usuario solo les había pedido que comprobara un detalle de la reserva.

“Aquí no hay un usuario que se equivoque. Hay una máquina que está operando 24/7 y puede estar cometiendo errores 24/7”, expone López.

Al riesgo del error se suma el del ataque. “¿Qué van a hacer los cibercriminales ahora mismo? Pues directamente atacar al agente”, constata. El experto en ciberseguridad explica que estas ofensivas pueden llevarse a cabo ocultando instrucciones maliciosas para los agentes en correos o páginas web. Cuando estos las leen, pueden llegar a saltarse sus medidas de seguridad y a actuar contra su propio usuario.

Para las empresas e instituciones, la navegación de los agentes también puede constituir un gran problema. Las pruebas de OpenAI, Anthropic, Google o Meta han revelado que pueden llegar a ciberatacar webs y organismos públicos incluso en tareas “rutinarias”, como búsquedas de información. Este viernes, Anthropic ha hecho público que uno de sus agentes llegó a contactar con la Policía para dar pistas falsas de un homicidio.

Futuros automáticos

Para evitar el caos, grandes servicios digitales están comenzando a impedir el paso de los agentes. Así lo han hecho aerolíneas como Ryanair, Delta Air Lines o American Airlines, alegando que sus consultas masivas de precios saturan sus sistemas. Amazon también ha bloqueado que Muse haga compras en su plataforma.

Estos vetos pueden ser un rechazo a una tecnología poco depurada o un eco de cuando las grandes compañías del mundo analógico se resistían a la digitalización. Si los agentes se generalizan, tendrán que adaptarse no solo los usuarios, sino toda la infraestructura digital. Salvador Serrano, de Modulor Studios, plantea dos futuros posibles. Uno “bonito”, en el que los agentes personalizan al máximo la experiencia digital de cada persona y el mercado diversifica su oferta para cubrir esa demanda. Y otro “menos bonito”, en el que las compañías que los controlan acaparan “un poder tremendo” y los agentes se convierten en un canal más de su negocio.

“Mucha gente piensa que la inteligencia artificial tiene que ver con la tecnología. No, tiene que ver con el poder de determinar el futuro y en qué futuro estamos entrando: ¿es un futuro donde los oligarcas tecnológicos deciden todo lo relativo a nuestras instituciones democráticas, o es un futuro donde la acción colectiva, la rendición de cuentas democrática y nuestras instituciones están ahí para fijar los límites que necesitamos?”, se preguntaba este jueves Francesca Bria en una rueda de prensa convocada por el Ministerio de Transformación Digital.

Bria es profesora honoraria del University College de Londres, miembro del Consejo Europeo de Innovación de la UE y una reconocida especialista en soberanía tecnológica. También ha formado parte del consejo internacional de expertos que ha asesorado al Gobierno sobre inteligencia artificial desde 2024, un órgano que ha puesto punto y final a su andadura esta semana con la presentación del Manifiesto de Madrid por una IA responsable.

El documento reclama el control democrático de la tecnología, la soberanía digital y el rechazo a la autorregulación de las grandes multinacionales. Entre sus once firmantes están algunas de las voces de referencia en el debate sobre la inteligencia artificial, como el director del Centro de Ética Digital de la Universidad de Yale, el profesor Luciano Floridi; la filósofa Carissa Véliz; o Kate Crawford, profesora universitaria y autora de El Atlas de la IA, un referente en el análisis de las implicaciones sociales, políticas y ambientales de la IA. El comité ha sido presidido por Manuel Castells. Ninguno de los participantes ha recibido remuneración.

“Quiero dejar claro que hemos podido crear un grupo internacional porque el liderazgo que España ha asumido en este ámbito a nivel mundial ha sido reconocido por todos. Por eso creo que no hay que dar por sentado que personas de EEUU, de Australia y de toda Europa aceptaran participar en este proyecto, ya que España tenía la ambición no solo de llevar a cabo esta labor en España o en Europa, sino de ser líder a nivel mundial en un enfoque de la inteligencia artificial que anteponga a las personas y la democracia”, ha destacado Bria.

Una hoja de ruta en la estacada

La política del Gobierno en materia de IA deja varios hitos: el principal, haber liderado la negociación del Reglamento europeo de Inteligencia Artificial durante su Presidencia del Consejo de la UE en 2023, la primera ley sobre esta nueva generación de IA a nivel internacional. También creó la primera agencia nacional europea dedicada a la supervisión de la IA, la AESIA, y puso en marcha junto a la Comisión Europea el primer sandbox regulatorio de IA de la UE, un entorno de pruebas para estudiar cómo aplicar en la práctica las nuevas obligaciones.

España también participó activamente en la creación del comité internacional de 40 expertos sobre IA de la ONU y acogió en Madrid su primera reunión presencial. Una iniciativa que el Gobierno había ensayado ya unos meses antes con la creación de su propio grupo de expertos. Tras dos años de trabajo y reuniones periódicas en el Ministerio, el resultado ha sido un manifiesto que apunta las líneas maestras para la regulación “humanista” de la IA.

Unas pautas que ya no podrá ejecutar el actual Gobierno, al que el final de la legislatura ha llegado con buena parte de su agenda digital aún pendiente. Con casi total probabilidad decaerán sus dos banderas en este campo: la Ley Orgánica para la protección de personas menores de edad en los entornos digitales, que elevaba hasta los 16 años el mínimo legal para abrir una cuenta en redes sociales, creaba una app para verificarla y hacía responsables a las tecnológicas de los daños que causan los algoritmos; y la adaptación de la ley europea de IA, que incluía muchos de los avances propuestos por el Gobierno, como la capacidad sancionadora de la AESIA.

El documento de los expertos internacionales incluye 25 recomendaciones agrupadas en cuatro grandes ejes. Entre sus medidas clave, exige evaluaciones de seguridad independientes previas al despliegue de modelos avanzados de IA y de agentes de IA, la prohibición de las armas autónomas letales o la exigencia de que las empresas desarrolladoras se hagan responsables de los daños que produzca su tecnología.

Sobre este último punto ha tomado la palabra Kate Crawford, australiana, que ha recordado cómo los agentes de OpenAI hackearon el sistema sanitario de su país y la compañía tardó meses en informar a su gobierno. “La vulneración del sistema sanitario australiano fue un ataque grave a algo de lo que todos los australianos estamos profundamente orgullosos, que es nuestro sistema sanitario. Quiero reiterar que hemos alcanzado una línea roja muy clara para la inteligencia artificial, y por eso lanzamos este manifiesto en este momento: ya no es momento de esperar a ver qué pasa, es hora de actuar y de regular”, ha enfatizado.

El manifiesto también reclama la protección de la “autonomía cognitiva frente a algoritmos manipuladores”, reforzar la seguridad de los menores y vigilar el consumo de agua y energía de los centros de datos. Este último punto también cuenta con una regulación aprobada recientemente por el Ejecutivo que no decae por la convocatoria de elecciones al estar configurada como un Real Decreto ordinario que no necesita ser aprobado por el Congreso.

“Hay muchas leyes vivas que vamos a seguir empujando”, ha asegurado el ministro Óscar López, que ha prometido “reintroducir la ley de protección de menores en las redes sociales en el Parlamento” después de las elecciones, “además de seguir luchando para que llegue la legislación europea”.

“Según la Universidad de Stanford, España es el séptimo país del mundo en desarrollo de IA, y el sexto según Microsoft. Este país ha hecho mucho para desarrollar otro modelo de IA, no el que quieren los oligarcas tecnológicos”, ha concluido López: “La respuesta de este grupo de expertos y la respuesta de este gobierno es que hay que hacer, gobernar, regular, hay que hacer algo que nos permita aprovechar esas posibilidades, pero también minimizar los riesgos de la IA. Por eso son tan tramposas las voces que dicen que la regulación no es compatible con la innovación, porque no es verdad. Porque industrias como el automóvil han innovado durante más de un siglo con regulación como la que ahora algunas voces quieren impedir”.

El director general de Empresa, Energías e Internacionalización, Amadeo Lázaro, junto a la alcaldesa de Haro, Guadalupe Fernández, y el director de Drone Future, Rafa Ocón, han presentado este miércoles el VI Congreso Internacional de Drones, que aterriza en Haro durante los días 16, 17 y 18 de octubre, y que está patrocinado por la ADER.

Esta nueva edición abordará grandes temáticas y campos de aplicación para el sector, como emergencias, deporte, inteligencia artificial, búsqueda de personas y agricultura. En la ponencia ‘La tecnología dron en el fútbol’, el CEO de Fly-Fut Analitycs, Pedro Villegas, explicara cómo los drones, combinados con la IA, se están usando actualmente para automatizar la grabación y el análisis de partidos y entrenamientos de fútbol; y en ‘Uso de drones en situaciones de emergencia’, el director del área de emergencia en Aeromedia, César Ortega, disertará sobre otros usos útiles, como la búsqueda de personas en desastres naturales.

Siguiendo el formato de años previos, el primer día del congreso (viernes 16) estará dedicado a las ponencias. Además de las dos citadas, se compartirán casos de éxito en el sector y habrá una mesa redonda sobre creadores de contenido. La jornada concluirá con el espectáculo de 300 drones a cargo de UMILES en el Parque del Mazo de Haro.

Durante el segundo día (sábado 17), el Área de Exhibiciones Viña Ijalba acogerá exhibiciones (limpieza de placas solares), demostraciones (emergencias, velocidad, fumigación, etc.) concursos y otras actividades exteriores para asistentes. La organización habilitará autobuses gratuitos para realizar el trayecto desde Haro hasta Viña Ijalba. Otro espectáculo con hasta 300 drones, en esta ocasión representado por Flock Drone Art, clausurará la oferta en El Mazo. 

El domingo 18 estará enfocado al tiempo libre, con la posibilidad de sumarse a alguna de las actividades programadas, como vuelos en globo sobre viñedos, talleres de formación o visitas guiadas al Barrio de la Estación de Haro. 

Lázaro ha renovado el compromiso del Gobierno de La Rioja “con un congreso que representa la innovación tecnológica en ámbitos tan diferentes como el ocio, la seguridad o el sector primario, y también supone un compromiso con la seguridad, la sostenibilidad y la vida humana”. “Los drones son una palanca de desarrollo y de empleo cualificado. Detrás hay un sector de alta tecnología con capacidad para crear empresas, atraer inversión y retener talento. En una tierra agraria y vitivinícola como la nuestra, ya son una realidad en la agricultura de precisión”, ha apuntado.

Asimismo, “la tecnología de drones ha pasado a convertirse en una herramienta imprescindible para la protección civil, la gestión de emergencias y la defensa”. “Este verano lo hemos visto con claridad: incendios devastadores y fenómenos meteorológicos extremos, DANAS, han puesto a prueba nuestros sistemas de respuesta. En esos momentos cada minuto cuenta. Los drones localizan personas desaparecidas en tiempo récord. Evalúan daños en zonas inaccesibles y permiten coordinar rescates con menos riesgo para los equipos. Es una tecnología dual, que sirve tanto para fines humanitarios y de protección civil, como para garantizar la seguridad nacional”, ha explicado.

Por su parte, la alcaldesa de Haro, Guadalupe Fernández, ha indicado que “hay citas que se repiten en el calendario y hay citas que se quedan en la ciudad; y el Congreso Internacional de Drones es de las segundas, con seis ediciones”. “Nuestra ciudad vuelve a convertirse en un punto de encuentro para el sector de los drones. Y eso, como alcaldesa, es un motivo de orgullo porque Haro demuestra que tradición, innovación y tecnología pueden convivir perfectamente”, ha expresado.  

Rafa Ocón, alma mater del proyecto, ha destacado que “pocos congresos de drones a nivel nacional han tenido esta vigencia y siguen atrayendo público después de 6 años”. Así, se ha mostrado “muy orgulloso de que DroneFuture siga creciendo aquí en La Rioja, a pesar de que nos han llegado muchas invitaciones para llevarlo a otras comunidades, a otras ciudades, a otras regiones; pero lo queremos mantener en Haro y en La Rioja, que es nuestra tierra y donde este evento nació”.  

Toda la información relativa a esta nueva edición del Congreso puede consultarse aquí https://www.dronefuture.es/.

El Gobierno de Castilla-La Mancha combatirá las agresiones a profesionales sanitarios mediante la creación de la figura del director de Seguridad del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) para la que hoy se ha anunciado la creación de una plaza en la Sanidad pública de la comunidad autónoma.

Se trata de “una figura pionera en el Sistema Nacional de Salud que permitirá reforzar la coordinación de todas las actuaciones que se desarrollan en este ámbito”, según explica el Gobierno de Emiliano García-Page.

El director general de Recursos Humanos y Transformación del SESCAM, Íñigo Cortázar, lo ha anunciado durante la reunión del Observatorio Provincial de Prevención de las Agresiones celebrada en Guadalajara, el segundo encuentro de estas características que se celebra este año tras el desarrollado en Tomelloso (Ciudad Real).

Cortázar ha destacado que con la publicación de esta convocatoria “hacemos realidad un compromiso que adquirimos con nuestros profesionales y damos un paso más en una política que tiene un objetivo irrenunciable: avanzar hacia las cero agresiones en nuestros centros sanitarios”.

Un profesional técnico titulado superior

La convocatoria publicada este lunes contempla la cobertura de una plaza de Personal Técnico Titulado Superior (A1), mediante nombramiento estatutario temporal, para desempeñar las funciones de director de Seguridad en la Gerencia de Coordinación e Inspección del SESCAM.

La creación de esta figura ya fue anunciada por el director gerente del SESCAM, Alberto Jara, en el último Observatorio regional, y por el propio Cortázar en noviembre del pasado año durante su comparecencia en las Cortes de Castilla-La Mancha sobre las políticas de prevención y erradicación de las agresiones al personal sanitario.

Entre sus funciones estarán la organización y dirección de los servicios y recursos de seguridad disponibles, la identificación y evaluación de situaciones de riesgo, así como la planificación de las actuaciones necesarias para prevenirlos y reducirlos y la elaboración y desarrollo de los correspondientes planes de seguridad.

Asimismo, asumirá la interlocución y enlace con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en todo lo relacionado con la seguridad integral del SESCAM y la coordinación de los diferentes servicios de seguridad con las actuaciones de protección civil en situaciones de emergencia.

Para Cortázar, la incorporación de esta figura permitirá “dar una visión global y homogénea a las políticas de seguridad del Servicio de Salud y reforzar un trabajo que necesariamente tiene que ser coordinado, tanto dentro de nuestra organización como con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”.

Casi 120 episodios “conflictivos” en 2025

Durante la reunión del Observatorio Provincial se han presentado también los últimos datos del Registro de Episodios Conflictivos (REC) correspondientes al área de Guadalajara.

En 2025 se registraron un total de 119 episodios “conflictivos”, de los que 66 correspondieron a Atención Especializada y 53 a Atención Primaria. Las agresiones físicas representaron alrededor del cinco% de los episodios registrados en Guadalajara durante el pasado año, frente al 15% que representan en el conjunto del Sistema Nacional de Salud.

Además, la evolución durante 2026 muestra una reducción de los episodios de mayor gravedad. Entre enero y septiembre se han registrado tres agresiones físicas frente a las cinco contabilizadas durante el mismo periodo de 2025, lo que supone un descenso del 40 por ciento.

El director general ha señalado que estos datos “no permiten ningún tipo de complacencia, porque una sola agresión a un profesional ya es una agresión de más”, pero ha considerado especialmente relevante que disminuyan precisamente las manifestaciones más graves de violencia.

Los datos analizados en el Observatorio muestran asimismo que la incidencia de los episodios conflictivos en Guadalajara se mantiene claramente por debajo de la registrada en el conjunto del Sistema Nacional de Salud. En 2025, el área presentó una tasa de 13,97 incidentes por cada 1.000 profesionales, frente a los 24,37 por cada 1.000 profesionales del conjunto del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Cortázar ha recordado que el análisis de las agresiones debe realizarse también teniendo en cuenta la evolución experimentada en los últimos años por el propio Servicio de Salud, con un importante incremento del número de profesionales y de la actividad asistencial. En este sentido, ha incidido en la necesidad de analizar no solo el número absoluto de episodios notificados, sino también su incidencia sobre una organización que cuenta cada vez con más profesionales y desarrolla un volumen creciente de actividad.

Un abordaje “integral” y la colaboración de las policías

El director general ha insistido en que la respuesta frente a las agresiones requiere un abordaje integral basado en la prevención, la seguridad, la coordinación institucional y el acompañamiento a los profesionales que sufren cualquier episodio de violencia.

Este trabajo se desarrolla desde hace más de dos décadas a través del Plan PERSEO, puesto en marcha en 2005 como marco común del SESCAM para la prevención, protección y actuación frente a cualquier manifestación de violencia dirigida contra sus profesionales, usuarios, bienes o instalaciones.

Dentro de este modelo, Cortázar ha destacado especialmente la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el trabajo desarrollado con los interlocutores policiales sanitarios, una coordinación que se verá reforzada con la incorporación del nuevo director de Seguridad.

Asimismo, el SESCAM mantiene el apoyo a los profesionales que sufren este tipo de situaciones mediante asesoramiento jurídico y asistencia letrada propia. Durante 2025, siete profesionales del área de Guadalajara hicieron uso de este recurso.

“Cada medida que ponemos en marcha, desde la prevención y la formación hasta la coordinación policial, el apoyo jurídico o ahora la incorporación del director de Seguridad, tiene una misma finalidad: que nuestros profesionales puedan desarrollar su trabajo en las mejores condiciones de seguridad y sepan que cuentan con todo el respaldo de la organización frente a cualquier forma de violencia”, ha concluido Cortázar.

Desde que el pasado sábado comenzó la acampada de manifestantes por la vivienda en la Puerta del Sol, tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid han especulado sobre los riesgos que podría entrañar la concentración, que este jueves reúne ya más de 1.200 tiendas y a miles de personas. Una de las cuestiones planteadas ha sido si la ocupación de la plaza podría dificultar una eventual intervención de los servicios de emergencia.

En este contexto, el Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid inspeccionó este miércoles la Puerta del Sol para comprobar si la disposición de las tiendas podía afectar a su capacidad de intervención en caso de emergencia. El informe, elaborado a las 10.50 horas del 30 de septiembre a petición de la Dirección General de Bomberos y al que ha tenido acceso este periódico, concluye que la ocupación existente en ese momento “no supone una afección significativa a las condiciones de acceso de los vehículos del Servicio de Bomberos”.

Los bomberos llevaron a cabo un reconocimiento visual de la totalidad de los accesos a la plaza y de los principales elementos de protección contra incendios del entorno. El informe señala que los accesos desde Alcalá, Montera, Carmen, Preciados, Arenal, Mayor y Carretas (actualmente en obras) permanecían libres de tiendas de campaña o de cualquier otro elemento asociado a la acampada que pudiera dificultar el paso de vehículos de emergencia.

También comprobaron que la columna seca que presta servicio a las instalaciones de Renfe situadas en la Puerta del Sol estaba completamente despejada y accesible. Lo mismo ocurría con los hidrantes de las calles del Carmen y Arenal, que permanecían libres de obstáculos y accesibles para una eventual intervención.

El documento señala además que la disposición de las tiendas no afecta a los principales itinerarios de acceso a la plaza y permite la circulación de los vehículos de emergencia por su perímetro. Los bomberos comprobaron asimismo que las tiendas no estaban ancladas al terreno, por lo que, en caso necesario, “se podrían mover o retirar de manera rápida”.

A partir de estas comprobaciones, el informe concluye que la ocupación no supone un peligro en caso de emergencia. La inspección se limita, en cualquier caso, a evaluar las condiciones de acceso y operatividad de los servicios de emergencia y no entra a valorar otras cuestiones relacionadas con el orden público o la eventual presencia de los objetos calificados como “peligrosos” dentro de la acampada.

Los manifestantes han demostrado una notable capacidad de organización. Pese a haber crecido hasta las 1.248 tiendas, según los últimos datos ofrecidos por el Sindicato de Inquilinas este miércoles, las zonas ocupadas se encuentran delimitadas y mantienen despejados los espacios necesarios para el tránsito de peatones, así como las entradas y salidas de las distintas bocas de Metro y el acceso a la estación de Cercanías. Una distribución que permite mantener los principales itinerarios de paso de la plaza libres de obstáculos.

Quejas sindicales y la polémica del cuchillo

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) reclamó este miércoles al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, una evaluación “inmediata” de la situación de seguridad en la acampada y que determinase las actuaciones necesarias para garantizar la seguridad de ciudadanos y policías. La petición se produjo después de que el Ayuntamiento de Madrid anunciase que remitiría a la Delegación del Gobierno y al Ministerio del Interior documentación que, según el alcalde, muestra la presencia de adoquines y cuchillos de grandes dimensiones en el interior de la acampada.

“Si existen objetos potencialmente peligrosos en la acampada, la situación debe evaluarse de inmediato. Pedimos al delegado que asuma sus competencias, valore los riesgos y dé instrucciones claras. La prevención debe producirse antes de que tengamos que lamentar incidentes”, sostuvo el SUP.

El Ayuntamiento también ha insistido durante los últimos días en presentar la protesta como un problema de seguridad y orden público. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, anunció que enviaría a Interior un documento con elementos que considera “armas”, entre ellos adoquines de obras cercanas y cuchillos de grandes dimensiones. “No creo yo que los adoquines tengan un carácter eminentemente pacífico, sino que pueden ser utilizados como armas arrojadizas”, afirmó.

Almeida también ha señalado como un riesgo la presencia de “hornillos para calentar comida” y ha asegurado que durante estos días “se han producido altercados ya violentos”. Hasta ahora, sin embargo, no se ha registrado ningún incidente de gravedad en la acampada. Durante estos días sí se han producido episodios como la expulsión de varios agitadores de ultraderecha que acudieron a la plaza. Uno de ellos, Bertrand Ndongo, fue expulsado después de blandir un spray de gas pimienta ante varios activistas, algo que desde el Gobierno municipal califican de “agresiones a medios de comunicación”.

El Ayuntamiento insiste en la inseguridad de la acampada

Este jueves, durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha vuelto a referirse a los supuestos riesgos de la acampada a preguntas de los periodistas. “La ley es para todos igual”, ha afirmado, antes de referirse a la legislación sobre armas prohibidas y al uso de cuchillos en espacios públicos.

“Hay cuchillos que nunca se pueden llevar por la calle y navajas que excedan de los 11 centímetros de hoja. ¿Alguien puede garantizar que, en caso de una reyerta, esos cuchillos, esos adoquines o esos objetos punzantes no podrían utilizarse contra ellos?”, ha planteado Sanz.

La vicealcaldesa ha acusado además al delegado del Gobierno de una “dejación de funciones” y asegura que el Ayuntamiento sancionará los incumplimientos de las ordenanzas municipales “en cuanto pueda”.

También ha cuestionado que la protesta pueda considerarse pacífica y reclama nuevamente la intervención de la Delegación del Gobierno. “El delegado debe intervenir, se pone en riesgo la seguridad de los acampados y la gente que pasa por allí, no hay garantía de que se pueda acceder en caso de una emergencia”, ha afirmado Sanz.

OpenAI supo que sus agentes de inteligencia artificial estaban rompiendo sus entornos aislados de pruebas y coordinando ciberataques contra redes externas, pero decidió no parar sus experimentos para no retrasar su estrategia comercial. Es la principal conclusión de dos revelaciones no coordinadas que han salido a la luz en las últimas horas y que acusan a la empresa dirigida por Sam Altman de conocer que su IA estaba ejecutando acciones peligrosas para completar las tareas que se le habían encomendado.

La primera de esas revelaciones es una demanda presentada por la organización sin ánimo de lucro Abogados por una Ciencia y Tecnología Seguras (LASST, por sus siglas en inglés). Según las pruebas aportadas, un equipo de empleados de OpenAI tuvo constancia de que sus agentes de IA estaban desarrollando comportamientos como los que derivaron en el hackeo masivo de Hugging Face al menos dos semanas antes de que este se consumara (del 9 al 13 de julio).

La segunda es una exclusiva de The New York Times publicada este miércoles que revela que dos empleados de la compañía advirtieron por correo electrónico a la alta dirección, meses antes de que la IA empezara a hackear activamente, de que los nuevos modelos “no se estaban monitorizando adecuadamente” durante las pruebas. Según los mensajes que ha podido comprobar el medio estadounidense, los ejecutivos rechazaron estas alertas alegando que los ensayos debían avanzar lo más rápido posible para lanzar los modelos a tiempo, negándose a implantar protocolos de seguridad adicionales que entorpecieran ese calendario.

“Es claramente un hackeo”

La fecha clave que señala LASST es el 27 de junio. Entonces, una herramienta de monitorización interna de OpenAI detectó una actividad anómala en los experimentos con sus agentes de IA, sistemas que se caracterizan por poder llevar a cabo acciones con diferentes pasos sin supervisión humana, como buscar información, utilizar otras herramientas digitales o programar su propio código informático.

Según la demanda, los técnicos que revisaron la alarma interna comprobaron que cientos de esos agentes habían transformado un software interno de la empresa en un canal clandestino de mensajería. Allí vieron que los agentes estaban compartiendo métodos de ataque y técnicas para falsificar peticiones al servidor, con objetivo de salir del entorno controlado en el que estaban recluidos. Esta salida era necesaria para completar las tareas que se les habían asignado en los experimentos, puesto que uno de los objetivos de OpenAI era precisamente analizar el comportamiento de la IA cuando su misión se torna imposible.

En las notas que estaban dejando los agentes en el canal secreto que habían desarrollado, estos calificaban sus acciones de “claramente hackeo de infraestructuras” al estar preparando un “exploit contra un servidor externo”. Algo que conllevaba un riesgo de provocar “un daño no autorizado a infraestructura real”. Pese a ello, el personal de OpenAI que analizó la situación decidió que “no era necesario” detener los experimentos, recoge la demanda.

Dos semanas después de tener conocimiento de estos hechos, los agentes de OpenAI llevaron a cabo el conocido hackeo contra Hugging Face. En ese incidente, los agentes reprodujeron comportamientos que replican los que ya se estaban dando semanas antes, señala LASST. OpenAI “construyó un sistema de IA que hackeó a otra empresa, causando daños y violando la ley”, denuncia la organización, que a tenor de las pruebas señala que “no podrá ser constitutivo de argumento de defensa que la inteligencia artificial haya causado el daño al demandante de forma autónoma”.

LASST pide en su demanda que OpenAI sea condenada por su responsabilidad en ciberataques como el de Hugging Face. elDiario.es se ha puesto en contacto con OpenAI para recabar su posición sobre la demanda, pero por el momento no ha recibido respuesta.

La dirección ordenó no detener las pruebas

El comportamiento de los investigadores de OpenAI denunciado en la demanda de LASST encaja con otra pieza del puzle revelada este miércoles en exclusiva por The New York Times. Según la investigación del diario, los fallos en la valoración del riesgo de las acciones de los agentes no fueron descuidos puntuales, sino el resultado de la política interna de OpenAI, impuesta desde la alta dirección.

“Meses antes” de que los agentes de IA de la organización ejecutaran hackeos contra plataformas como Hugging Face y gobiernos como el australiano (18 de junio), varios de sus empleados advirtieron de que los agentes “no se estaban monitorizando adecuadamente”. El aviso llegó a través de correo electrónico (aunque el diario no especifica cuándo) hasta el presidente de OpenAI, Greg Brockman, el máximo encargado de la seguridad de los sistemas de IA. Sin embargo, la contestación de la empresa fue que los experimentos debían avanzar lo más rápido posible para lanzar los modelos a tiempo.

En ese período OpenAI estaba centrada en el desarrollo de GPT-6 Astra, que terminó saliendo a la luz el 3 de septiembre. Se trata de un modelo que la organización pretendía hacer destacar precisamente por la capacidad autónoma de sus agentes. Estos “pueden realizar trabajo cognitivo real” y son “más inteligentes que las personas en muchos aspectos”, presumió Sam Altman durante su presentación, asegurando que habían conseguido un “rendimiento sin precedentes en nuestros puntos de referencia”.

Apenas una semana después, el 9 de septiembre, el exingeniero Jacob Coxon alertó de que los laboratorios de IA están “avanzando sin control” y “poniendo nuestras vidas en juego”. Coxon acababa de dimitir de Anthropic tras dos meses trabajando en la empresa, pero había pasado los tres años anteriores trabajando en el equipo de preentrenamiento de modelos de OpenAI.

Este martes, 29 de septiembre, OpenAI anunció la cancelación del lanzamiento del modelo GPT-6.1 por motivos de seguridad.

OpenAI tampoco ha respondido a las preguntas de elDiario.es sobre las revelaciones de The New York Times. No obstante, el periódico estadounidense refiere que uno de sus portavoces ha explicado que “a medida que los modelos de frontera se han vuelto más capaces, continuamos evolucionando nuestras prácticas de seguridad, pero reconocemos la necesidad de avanzar más rápido”. Añade que OpenAI “había desacelerado parte del desarrollo de IA y estaba realizando cambios para reforzar la seguridad en la investigación y en las pruebas” tras los avisos de sus trabajadores.

Los turnos ordinarios con un solo polícía en Lardero continúan. Y ante la inacción del Ayuntamiento de la localidad, UGT La Rioja ha pedido la intervención del Gobierno de La Rioja “ante el grave riesgo laboral y la desprotección que sufren los agentes”. La formación sindical alerta del peligro que entraña que un solo policía tenga que afrontar en solitario servicios de seguridad ciudadana que pueden implicar situaciones de riesgo y especialmente por la noche. Y ha trasladado la queja por escrito a la Dirección General de Justicia e Interior del Gobierno de La Rioja y ala Inspección de Trabajo porque recuerdan que “la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud.

UGT La Rioja recuerda que desde el pasado mes de junio, el Ayuntamiento de Lardero viene recurriendo de forma continuada a decretos de Alcaldía para obligar a los agentes a realizar servicios extraordinarios, con el objetivo de cubrir las necesidades de personal. Sin embargo, “esta fórmula no ha solucionado el déficit de efectivos y la situación ha llegado al extremo de que varias semanas se han cubierto turnos completos con un único policía, una situación especialmente preocupante cuando se produce durante las noches”

Una semana con un solo polícía por las noches

La gravedad de la situación quedó especialmente patente durante la semana del 14 al 20 de septiembre, en la que el turno de noche estuvo cubierto por un solo agente. Durante esa semana, cuentan desde la formación sindical, el policía tuvo que afrontar en solitario dos intervenciones que evidencian los riesgos de mantener este tipo de servicios. En una de ellas, recibió un aviso urgente de SOS Rioja por la presencia de un varón bajo los efectos de las drogas y armado con un cuchillo, mientras varios familiares permanecían encerrados en una habitación. 

Dos días después, el mismo agente tuvo que acudir nuevamente solo y con carácter urgente en apoyo de una patrulla de la Guardia Civil, que había solicitado asistencia ante una pelea entre varias personas. Estos hechos demuestran que “un servicio policial no puede organizarse sobre la premisa de que un único agente debe afrontar en solitario cualquier incidencia que se produzca durante su turno. Un único agente no puede garantizar simultáneamente la vigilancia y patrulla del municipio, atender las dependencias policiales y responder a varios requerimientos ciudadanos que puedan producirse al mismo tiempo”.

Y además alertan de que cuando el único policía disponible está atendiendo una emergencia, la localidad queda temporalmente sin capacidad de respuesta de la Policía Local ante otra incidencia que pueda producirse de forma simultánea. Por ello, UGT considera necesario que el Ayuntamiento garantice una organización del servicio que permita disponer de los efectivos suficientes y de las condiciones de seguridad necesarias.

Para UGT, esta situación responde a un problema estructural de falta de efectivos y no a una circunstancia puntual porque recuerdan que existe una plaza vacante de Policía Local incluida en la plantilla presupuestaria. “El Ayuntamiento rechazó el nombramiento de un policía interino procedente de la bolsa de empleo tras el último proceso de oposición y tampoco incluyó posteriormente esa plaza en la convocatoria de empleo público que se encuentra actualmente en marcha”.

UGT señala además que la situación se ha deteriorado tras la entrada en funcionamiento de la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT). Con la nueva RPT se eliminó el complemento de disponibilidad de los agentes sin que se estableciera una alternativa que permitiera garantizar las necesidades de disponibilidad del servicio.

La consecuencia ha sido el recurso continuado a decretos de Alcaldía que obligan a los agentes a trabajar durante sus días libres, mientras continúan produciéndose turnos completos cubiertos por un solo policía. UGT considera que esta situación está generando un importante desgaste en la plantilla.

Por ello, UGT Servicios Públicos reclama a la Dirección General de Justicia e Interior del Gobierno de La Rioja que intervenga, dentro de sus competencias, ante la situación que atraviesa la Policía Local de Lardero y que requieran al Ayuntamiento la adopción de medidas para evitar los turnos ordinarios unipersonales.

Además, UGT pide también a los grupos políticos del Ayuntamiento de Lardero que exijan la convocatoria urgente de una comisión informativa de personal para analizar la falta de efectivos, la plaza vacante no cubierta y las condiciones en las que se está prestando actualmente el servicio.

Por último, UGT reclama a la Inspección de Trabajo que investigue las condiciones de seguridad y salud laboral de los agentes y determine si la organización actual del servicio garantiza una protección adecuada frente a los riesgos derivados de su trabajo. La seguridad de los agentes y de la ciudadanía no puede quedar condicionada a que un único policía tenga que afrontar en solitario situaciones potencialmente peligrosas y reclama al Ayuntamiento de Lardero que deje de recurrir a soluciones provisionales y aborde de manera urgente el déficit estructural de efectivos.

Más de una veintena de los mayores especialistas en inteligencia artificial del mundo advierten a los gobiernos que se preparen para una “explosión de inteligencia” que podría desencadenar el desarrollo tecnológico más trascendental de la historia. En un nuevo informe, entre cuyos autores están el premio Nobel Geoffrey Hinton y el premio Turing Yoshua Bengio, dos de los referentes científicos de esta tecnología, piden a los políticos que actúen ahora antes de que se produzca un avance descontrolado de la IA.

Los autores afirman que esa “explosión de inteligencia” podría tomar forma como una “aceleración drástica del progreso de la IA impulsada por la propia IA, que comprimiría en meses o menos avances que, de otro modo, llevarían años”.

El artículo, titulado ¿Y si automatizar la investigación y el desarrollo de la IA desencadena una explosión de inteligencia? y publicado por el departamento de ciencia y políticas públicas de la IA de la Universidad de Cambridge, está firmado también por altos ejecutivos de la industria como Jack Clark, cofundador de Anthropic, y Jakub Pachocki, científico jefe de OpenAI.

Sus preocupaciones se centran en la posibilidad de que los agentes de IA sean capaces de mejorarse a sí mismos sin intervención humana, un proceso conocido como “automejora recursiva”. El informe se refiere a este proceso de forma general como automatización de la investigación y el desarrollo de IA. Según el documento, una vez que los sistemas de IA alcancen capacidades de nivel experto en investigación y desarrollo de IA, un solo desarrollador podría gestionar una fuerza de trabajo equivalente a “millones” de los mejores investigadores humanos.

La IA que se mejora a sí misma

Los autores señalan que la automatización de la investigación y el desarrollo de IA es la fuente más probable de una explosión de inteligencia, porque las IA ya están contribuyendo a mejorar su propia tecnología y los sistemas resultantes pueden desplegarse rápidamente una vez construidos.

“Una explosión de inteligencia podría ser el desarrollo tecnológico más trascendental de la historia de la humanidad, al comprimir años de progreso en meses o menos, amenazar el control humano sobre los sistemas de IA y erosionar gravemente los mecanismos de control del poder dentro de los Estados y entre ellos, así como entre empresas y ramas del Gobierno”, señala el informe.

Una explosión de inteligencia podría ser el desarrollo tecnológico más trascendental de la historia de la humanidad, al comprimir años de progreso en meses o menos, amenazar el control humano sobre los sistemas de IA y erosionar gravemente los mecanismos de control del poder dentro de los Estados

Por ello, los autores instan a los Gobiernos a actuar con rapidez: “Una vez que comience una explosión de inteligencia, la ventana de oportunidad para actuar podría cerrarse”. El informe recomienda tres prioridades políticas: exigir informes transparentes sobre los avances en investigación y desarrollo relacionados con la IA, incluida la incorporación de auditores independientes en las empresas; buscar formas de limitar el desarrollo acelerado de la IA; y prepararse para adaptarse a una explosión de inteligencia.

Anthropic y OpenAI han aceptado que evaluadores independientes examinen sus modelos, después de advertir de que el desarrollo de la IA estaba alcanzando un punto crítico en materia de seguridad. Anthropic afirma que la IA genera actualmente el 80% de su propio código, mientras que OpenAI utiliza agentes autónomos de IA en ámbitos como el entrenamiento de nuevos modelos.

“Las pruebas preliminares sugieren que una explosión de inteligencia impulsada por el software es posible”, señala el informe, que añade que esto conduciría al “desarrollo extremadamente rápido de sistemas de IA altamente capaces o sobrehumanos”.

Salto en avances y en amenazas

Aunque esto podría producir avances médicos y saltos tecnológicos, también entrañaría tres tipos de riesgos: los sistemas avanzados podrían facilitar amenazas biológicas y cibernéticas que evolucionaran más rápido que las medidas necesarias para hacerles frente; a medida que los humanos participaran menos en la investigación y el desarrollo de IA, podrían perder la oportunidad de mantener el control sobre los sistemas; y los Estados podrían utilizar una explosión de inteligencia para convertir una ventaja moderada en ámbitos como el ciberespacio en una ventaja decisiva.

El informe reconoce que estos efectos son “inciertos”. Por ejemplo, un avance tecnológico podría tardar en aplicarse debido a la necesidad de establecer cadenas de suministro para obtener materiales especiales o de cumplir con la regulación. Los sistemas de IA también podrían acelerar la velocidad a la que se mitigan los riesgos, señalan los autores.

Si se produjera un avance de este tipo, los autores sostienen que los sistemas de IA podrían superar rápidamente a los expertos humanos en la mayoría de los campos y “acelerar radicalmente” el progreso tecnológico. Prepararse para este escenario “debería ser una prioridad urgente, incluso en los niveles más altos de los Gobiernos”.

Los autores señalan que los Gobiernos deberían estudiar políticas que aborden la posibilidad de una explosión de inteligencia, entre ellas: exigir informes transparentes sobre los avances en investigación y desarrollo relacionados con la IA, incluida la incorporación de auditores independientes en las empresas; limitar la velocidad a la que una IA puede mejorar durante un determinado periodo de tiempo; colaborar con los centros de datos para permitir la suspensión de determinados proyectos de investigación y desarrollo de IA; garantizar que los sistemas automatizados de investigación y desarrollo de IA estén completamente aislados y no puedan escapar al control humano; y crear “planes de respuesta de emergencia” para los distintos escenarios que podrían surgir a raíz de una explosión de inteligencia.

Se trata de medidas muy similares al conocido plan para “ralentizar” la IA elaborado por Dario Amodei, el CEO de Anthropic, que ha provocado desconfianza fuera de Silicon Valley.

A pesar de los fallos que han mostrado algunos sistemas, como desobedecer instrucciones, los proyectos de investigación y desarrollo que a los humanos les llevarían meses podrían estar completamente automatizados mediante IA para 2028. “Las ganancias de productividad derivadas de la automatización de la investigación y el desarrollo de IA todavía no han alcanzado el umbral necesario para desencadenar una explosión de inteligencia, pero es probable que las mejoras de los sistemas más recientes se estén acercando a ese umbral”, señalan.

Una vez concluida la programación oficial de las Fiestas de San Mateo, Cruz Roja ha desactivado el operativo especial desplegado para garantizar la cobertura sanitaria durante la semana festiva. El balance final se salda con 195 personas atendidas, de las cuales 38 precisaron ser evacuadas a centros sanitarios. La mayor parte de las intervenciones se concentraron durante la jornada del sábado de inicio de fiestas.

Para el despliegue de este dispositivo, la entidad ha movilizado a alrededor de 100 personas voluntarias, además de contar con seis ambulancias, vehículos de transporte de personal y diversos medios de emergencias.

Durante la jornada de este viernes se registraron un total de 10 asistencias y dos traslados hospitalarios. Entre las atenciones de la última jornada destaca la realizada a un participante de la suelta de vaquillas, que debió ser derivado al servicio de urgencias del Hospital Universitario San Pedro tras sufrir un traumatismo con deformidad. Asimismo, el equipo desplegado en la Quema de la Cuba prestó asistencia a una persona que también requirió traslado sanitario.

Por su parte, el concurso de recortadores se saldó con tres participantes atendidos de carácter leve, mientras que en el recinto ferial se registraron tres asistencias sin evacuación y el puesto de primeros auxilios de la Plaza del Mercado transcurrió sin incidencias reseñables.

A pesar de la desactivación del plan principal, la presencia de Cruz Roja se mantendrá hasta el próximo lunes 28 de septiembre de forma puntual en actos de la programación posfiestas, como el puesto del recinto ferial o la Exaltación de las Chuletillas Asadas.

Un agente de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI accedió sin autorización en junio a un portal del sistema público de salud de Australia y obtuvo acceso a archivos públicos y no públicos, un incidente que el Gobierno australiano ha conocido tres meses después y que ya está bajo investigación. El primer ministro australiano, Anthony Albanese, ha confirmado el incidente en Nueva York, expresando su “extrema preocupación” por el acceso no autorizado, así como su malestar con OpenAI por haber tardado tres meses en informar a las autoridades australianas.

El agente accedió el 18 de junio al portal de estadísticas de Medicare administrado por Services Australia mientras realizaba una investigación sobre el gasto público en medicamentos. Según Albanese, el sistema había bloqueado reiteradamente las solicitudes del agente, que encontró una forma de sortear esas restricciones y terminó accediendo a información pública y no pública.

El Gobierno australiano subraya que por el momento no existen indicios de que se haya accedido a datos personales de pacientes y que tampoco hay evidencia de un compromiso más amplio de la red de Services Australia. OpenAI, por su parte, afirma que su revisión no encontró pruebas de acceso a historiales de pacientes y que la información obtenida incluía estadísticas sanitarias agregadas y nombres de archivos internos.

Albanese ha anunciado además la creación de un grupo de trabajo para revisar de forma urgente el incidente, con participación de su departamento, el coordinador nacional de ciberseguridad, la Oficina de IA, la Dirección Australiana de Señales y el Instituto Australiano de Seguridad de la IA. La investigación también busca determinar si otros sistemas públicos resultaron afectados, después de que OpenAI identificara actividad relacionada con varios sitios web y servicios del Gobierno australiano.

La tardanza en la comunicación del incidente a las autoridades por parte de OpenAI contrasta con la posición publica de su líder, Sam Altman, que ha pedido transparencia al sector a la hora de hacer públicos este tipo de hechos e incluso ha propuesto desarrollar un método oficial para notificarlos.

Responsabilidad humana

El incidente ahonda en las últimas revelaciones de OpenAI, que afirma que sus agentes de IA “perdieron el control” durante pruebas de laboratorio, lo que derivó en este tipo de incidentes de seguridad. No obstante el debate se ha abierto en torno a la interpretación de estas acciones, puesto que otros especialistas en el campo señalan que los hechos evidencian una mala programación por parte de OpenAI, tanto de los propios agentes y sus límites de acción, como de los entornos de pruebas que debían mantenerlos al margen de Internet.

“Rompieron su confinamiento para servir a un objetivo asignado de manera más perfecta, no para escapar de él”, explica Enrique Fernández-Macías, investigador en el Centro Común de Investigación, el servicio de investigación interna de la Comisión Europea, sobre el más famoso de estos hackeos, el incidente con la plataforma Hugging Face. “Durante todo el incidente, permanecieron completamente concentrados en cumplir los objetivos definidos por sus amos humanos, a pesar de que estos eran absurdos”.

“El control está en el elemento humano. La supervisión es humana y la responsabilidad tiene que ser humana también”, exponía Alberto Gago, director de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA), en conversación con elDiario.es. “La inteligencia artificial no se descontrola cuando el humano está supervisando, decidiendo cuándo se despliega”.

Decathlon ha retirado del mercado dos modelos de patinetes eléctricos de la marca Btwin después de detectar un defecto de seguridad que puede aumentar el riesgo de caída de sus usuarios. La medida afecta únicamente a determinadas unidades de los modelos SD500E y MD500E. Los vehículos de movilidad personal se han convertido en una alternativa habitual para realizar desplazamientos cortos y están sujetos a unas normas específicas de circulación.

La regulación establece diferentes requisitos para sus conductores, desde una edad mínima hasta determinadas medidas de protección. Estas obligaciones forman parte de las reglas generales que afectan a los patinetes eléctricos y se aplican con independencia de las actuaciones que fabricantes o distribuidores puedan adoptar cuando detectan un defecto en alguno de sus productos.

En este caso conviene distinguir ambos aspectos. La retirada de Decathlon responde a un problema concreto localizado en determinadas unidades, mientras que las normas de circulación afectan con carácter general a quienes utilizan este tipo de vehículos. Comprobar si un patinete está incluido en esta medida resulta, por tanto, independiente de las obligaciones que debe cumplir cualquier conductor durante sus desplazamientos.

La retirada afecta a un número concreto de unidades y obliga a sus propietarios a comprobar si su patinete está entre los modelos señalados. Decathlon ha puesto en marcha un procedimiento para corregir el problema detectado, con el envío de un kit de reparación a los usuarios afectados, y contribuir así a que los vehículos puedan volver a utilizarse con normalidad una vez realizada la reparación correspondiente.

Qué patinetes de Btwin están afectados y cómo se reparan

Uno de los modelos afectados es el Btwin SD500E en gris oscuro y azul agua. Los códigos de artículo afectados en este caso son 5177606 y 5244742. El segundo modelo es el Btwin MD500E en negro y gris claro, cuyas referencias son 5234673 y 5263834. La retirada se limita a estas variantes y numeraciones, de modo que revisar el código del producto permite saber si una unidad concreta está afectada.

El problema puede aparecer después de un uso intensivo. Se trata de una fisura en la unión entre el chasis y la potencia, una zona que puede deteriorarse hasta llegar a romperse. Esa posible rotura compromete la estabilidad del vehículo y puede hacer que la persona que lo conduce termine cayendo. La incidencia no afecta de forma general a todos los patinetes de la marca, sino únicamente a las unidades recogidas dentro de esta alerta.

Para corregir el fallo se ha previsto la colocación de un refuerzo en esa conexión. Decathlon envía gratuitamente al domicilio del propietario un kit específico junto con las instrucciones necesarias para realizar la intervención. El material está pensado para actuar directamente sobre el punto en el que puede aparecer la grieta y permitir que el vehículo quede reparado antes de volver a utilizarlo con normalidad.

Por este motivo, quienes dispongan de un SD500E o un MD500E deben comprobar tanto el acabado como, especialmente, el código de artículo de su unidad. Si coincide con alguno de los cuatro números indicados, el patinete está afectado y necesita reparación. La medida no implica sustituir diferentes piezas del vehículo, sino reforzar la zona concreta en la que se ha localizado el defecto.

Las normas que deben cumplir quienes utilizan un patinete eléctrico

La normativa establece en 15 años la edad mínima para conducir un vehículo de movilidad personal. Dentro de esta categoría se incluyen los vehículos de una o más ruedas diseñados para una sola persona y propulsados exclusivamente mediante motor eléctrico, siempre que su velocidad máxima por construcción se sitúe entre 6 y 25 kilómetros por hora. Los patinetes eléctricos entran dentro de esta definición y sus usuarios tienen la consideración de conductores a efectos de las normas de tráfico.

Esta condición implica que deben cumplir las reglas de seguridad vial previstas durante la circulación. Entre ellas figura la obligación de utilizar casco. También debe llevarse chaleco reflectante durante la noche o cuando exista poca visibilidad. En el caso de los profesionales que utilizan estos vehículos durante su actividad, el chaleco debe emplearse en todo momento, independientemente de que circulen de día o de que las condiciones permitan ver con claridad.

No respetar estas obligaciones está considerado una infracción grave y puede dar lugar a sanciones económicas. El objetivo es establecer unas condiciones comunes para quienes circulan con un medio de transporte que, aunque presenta características diferentes a otros vehículos, sigue estando sometido a las normas correspondientes. Utilizar un patinete eléctrico implica, por tanto, asumir las responsabilidades que afectan a cualquier conductor mientras circula por la vía.

La regulación contempla además que, fuera de los núcleos urbanos, los vehículos de movilidad personal puedan circular por determinados espacios separados del tráfico motorizado cuando esté permitido. Entre ellos se encuentran las vías ciclistas y los carriles bici segregados de los vehículos a motor. Esta posibilidad no modifica el resto de las obligaciones previstas para sus usuarios, que continúan teniendo la consideración de conductores y deben respetar las normas de seguridad vial durante sus desplazamientos.