El número de accidentes laborales en Cantabria aumentó un 5% en el primer trimestre del año, respecto al mismo periodo de 2025, hasta los 1.754 con baja, según los datos que facilita este martes UGT con las cifras que publica el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (ICASST).

En un comunicado, UGT precisa que las cifras del ICASST recogen que del total de accidentes laborales, 1.516 se produjeron en el propio centro de trabajo, y 238 'in itinere', lo que, según el sindicato, supone la cifra más alta desde 2010.

Del total, cuatro accidentes laborales fueron mortales, tres en el propio trabajo y uno 'in itinere', y de los cuatro, tres eran operarios del sector servicios y uno de la construcción.

La responsable de Salud Laboral de UGT, Lara Pérez Camino, lamenta que a pocos días de la conmemoración del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, “las cifras oficiales de siniestralidad laboral siguen siendo inasumibles, desalentadoras y más que preocupantes”.

“La prevención no es un gasto, es una inversión en la seguridad y la salud de las personas trabajadoras y no debe respetarse sólo por temor a una sanción”, ha insistido Pérez Camino.

UGT ha exigido a la Consejería de Salud “la reubicación inmediata de todo el personal” que está en la sede de la Gerencia del Servicio Cántabro de Salud (SCS) por las obras de desmantelamiento de la Residencia Cantabria.

En un comunicado, UGT ha citado que una trabajadora de la quinta planta de la Gerencia del SCS avisó la semana pasada que había vibraciones en el edificio por los trabajos de maquinaria pesada.

“Aunque nos informaron que los técnicos tanto del SCS como de la empresa encargada de las obras no apreciaban riesgo alguno por esas vibraciones, ese mismo día (17 de abril) nos anunciaron que se procedería a la reubicación de las trabajadoras de la quinta planta en la primera y, al final, se las terminó trasladando al edificio Lagunilla alquilado para tal fin”, ha señalado el responsable de Sanidad de UGT en Cantabria, Fernando Carmona.

El sindicato reclama que “se trasladé a todo el personal sin más demoras y en esta misma semana porque todavía permanecen allí el de las plantas baja, primera y tercera, pertenecientes a distintos servicios; entre ellos el de asistencia sanitaria, cuidados, informática, farmacia y de registro”.

Últimas horas antes de que arranque la final de la Copa del Rey la noche del sábado en el Estadio de la Cartuja, para lo que la ciudad de Sevilla ya está preparada con más de 1.600 agentes de la Policía Nacional y alrededor de 680 miembros de la Guardia Civil. Un dispositivo que blinda el encuentro entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad y en el que se esperan alrededor de 50.000 personas. Además, en los días previos a la Feria de Sevilla, el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, es claro: “No se van a encontrar Feria, así que no es recomendable visitar el Real”.

Con esta recomendación, el subdelegado pretende evitar las aglomeraciones en el Real de Los Remedios, ya que, como bien puntualizó en declaraciones a la Cadena SER, el evento sevillano dará el pistoletazo de salida el lunes 20 a partir de medianoche con la celebración de la Noche del Pescaíto. Por tanto, se pide evitar ir a visitar las inmediaciones dado que todavía se están montando parte de las más de 1.000 casetas que animarán la fiesta durante la próxima semana. Así que, ver, lo que se dice ver, hay que ver bien poco.

La Junta Local de Seguridad fue presidida por Toscano este jueves, quien subrayó que “todo está monitorizado” para vigilar a quienes se encuentren fuera del estadio. La Policía Nacional llevará el grueso del dispositivo, puntualizó, en el que “ya todo está preparado”. Cabe destacar que, en paralelo al arbitraje, habrá actividades y eventos organizados por los propios clubes o en la propia fan zone. Por tanto, advirtió que lo más recomendable es ir con tiempo de antelación, ya que los accesos a La Cartuja “no son del todo fluidos”. “Pedimos que todo vengan a disfrutar y que nos olvidemos de todo aquello que no cabe en el fútbol, como los posibles hechos violentos”, aseveró.

Ocupación hotelera y dispositivo de tráfico

En todo caso, definió como una “minoría” a aquellos hinchas que “no vienen a disfrutar” del evento deportivo e intentan entorpecer el ambiente. “Queremos que sea un evento deportivo ejemplo y que Sevilla vuelva a demostrar que puede organizar eventos de gran magnitud”, añadió. La final, que comenzará a las 21.00 horas, es tanto un reclamo deportivo como turístico en el que se prevé que la ocupación hotelera ronde el 95%, según los datos de la Asociación de Hoteles de Sevilla (AHS) con unos precios medios de entre 400 y 500 euros.

El Ayuntamiento de Sevilla especifica que el dispositivo de seguridad estará reforzado y coordinado con todos los cuerpos implicados para garantizar el normal desarrollo del evento. A lo comentado por el subdelegado del Gobierno, habría que añadir 230 agentes de la Policía Local, que se encargarán del control de tráfico, la vigilancia de la venta ambulante y la supervisión de zonas de ocio como Plaza Nueva o San Francisco. Además, se contará con 50 voluntarios de Protección Civil que reforzarán la seguridad tanto en el exterior como en el interior del estadio.

Así, el operativo se completa con la presencia de bomberos, que dispondrán de una Unidad de Comando Operativo (UCO) y una dotación con vehículo y equipo en el propio campo. Asimismo, habrá presencia policial en puntos estratégicos como la estación de Santa Justa y el aeropuerto desde las siete de la mañana. En cuanto al tráfico, tendrá una primera fase desde la tarde del viernes, 17 de abril, que afectará al perímetro del estadio para comenzar con la organización del estacionamiento y las vías de evacuación. Los cortes de tráfico en La Cartuja se irán adaptando en función de la densidad de público desde las 11.00 horas del sábado 18 de abril, siendo a las 14.00 horas cuando se realice corte de Sevilla TechPark.

En unas declaraciones a los medios, el alcalde José Luis Sanz aseguró que la elección de la ciudad es “una apuesta segura, porque Sevilla tiene un magnífico estadio de 70.000 espectadores”. “Sevilla es una ciudad especializada en la organización de grandes eventos deportivos y con una amplia oferta hostelera, que este fin de semana ha presentado un lleno técnico”, concluyó.

Adif mejorará la protección de cinco pasos a nivel en la provincia de Badajoz con una inversión de 2,6 millones de euros, destinada a la instalación de sistemas de señalización luminosa y acústica automática que se activan con el paso de los trenes.

Según ha informado el administrador ferroviario en una nota de prensa, la actuación permitirá incrementar las condiciones de seguridad tanto para el tráfico ferroviario como para el viario. El proyecto, además, podrá ser cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Cuatro de los pasos a nivel se localizan en la línea Zafra–Jerez de los Caballeros, concretamente en los términos municipales de Puebla de Sancho Pérez, Alconera y Burguillos del Cerro, donde se actuará en dos de ellos. El quinto se encuentra en la línea Zafra–Huelva, en el municipio de Fuentes de León.

Estas intervenciones se enmarcan en el proceso de renovación que Adif está ejecutando en la línea Zafra–Huelva, con una inversión global que supera los 247 millones de euros. Los trabajos incluyen la renovación integral de la vía —carril, traviesas y balasto—, así como la reparación y refuerzo estructural de cinco puentes y mejoras en la protección de trincheras y estaciones.

Asimismo, los sistemas de señalización están siendo objeto de una profunda actualización, con la implantación de nuevos bloqueos automáticos en sustitución del bloqueo telefónico. También se está desplegando el sistema de radio móvil digital GSM-R, que permite mantener la comunicación constante entre los trenes y los Centros de Regulación de Circulación de Adif en las líneas Zafra–Huelva y Zafra–Jerez de los Caballeros.

Esta modernización tecnológica contribuirá, según Adif, a reforzar la fiabilidad de las infraestructuras y a mejorar la calidad del servicio ferroviario en la zona.

Los datos analizados en la Junta Local de Seguridad de Santo Domingo han confirmado los niveles de seguridad que registra la localidad, la segunda más segura de La Rioja. Así las cosas, durante el año 2025 la tasa de criminalidad de la localidad se situó en 19,70% por cada mil habitantes. Esta cifra mejora un poco más los buenos números del pasado año 2024, cuando la tasa de criminalidad alcanzaba el 20,53%.

La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz Nalda, y el alcalde de Santo Domingo, Raúl Riaño, han presidido esta mañana la Junta Local de Seguridad para analizar la evolución de las cifras de criminalidad en el municipio.

En el 2025 se confirmó el alto nivel de delitos esclarecido: 125 delitos esclarecidos, lo que supone un 44,0%. En el año 2024 se llegó a 44,9% infracciones penales por cada mil habitantes. En la Junta Local de Seguridad también se ha subrayado el elevado número de detenciones del año 2025 (696 en total), frente a la cifra del año 2024 (410 detenciones por cada mil infracciones penales conocidas)

Con respecto a los robos en explotaciones agrícolas y ganaderas, la Guardia Civil tuvo conocimiento durante el 2025 de solo 2 frente a las 6 del año 2024.

Por último, de acuerdo a los datos que proporciona el Sistema VioGén, en la localidad de Santo Domingo hay 7 casos activos que requieren protección policial, que corresponden a 7 víctimas. De ellos, hay 6 con un riesgo bajo y 1 de riesgo medio.

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FESMC) de UGT denuncia una nueva agresión a una vigilante de seguridad del Hospital San Pedro de Logroño en el transcurso de una intervención durante este fin de semana. El suceso ocurrió el pasado viernes en torno a las 22:15 de la noche, cuando la vigilante de seguridad trataba de reducir a un paciente que debía ingresar en el área de psiquiatría y fue agredida por éste, resultando herida de diversa consideración. 

La Federación asegura que este tipo de intervenciones con resultado de agresión a personal de seguridad privada en el hospital San Pedro son “cada vez más frecuentes, especialmente en las áreas de urgencias y psiquiatría, principales focos de intervención de los vigilantes de seguridad adscritos a ese servicio”.

Así, ante el aumento de la frecuencia y la gravedad de las agresiones sufridas por los vigilantes de seguridad en La Rioja y la situación de indefensión que padecen, FeSMC UGT se concentrará este jueves, 16 de abril, a las 10:30 frente al Hospital San Pedro. 

La concentración tendrá tres reivindicaciones, dirigidas tanto a las empresas de seguridad, como a los clientes contratantes de servicios de seguridad (tanto privados como públicos) y autoridades laborales competentes. “Resulta imperativo dotar de más medios de protección a los vigilantes de seguridad; además, es fundamental que los vigilantes de seguridad tengan más protección jurídica en el ejercicio de la profesión; y por último, UGT exige el refuerzo de las plantillas de vigilantes en aquellos servicios más conflictivos”, han señalado.

Por último, el sindicato desea una pronta recuperación a la vigilante agredida y exige la adopción de medidas urgentes para el cese de estas agresiones en el desempeño del trabajo. 

Los datos analizados en la Junta Local de Seguridad de Arnedo han confirmado los niveles de seguridad que registra la localidad, llegando a un elevado de nivel de delitos esclarecidos en el año 2025 -157 delitos esclarecidos, lo que supone un 43,13%, casi 8 puntos más que en el año anterior con 119 delitos esclarecidos, un 35.52%. En el pasado año se llegó a 23,91 infracciones penales por cada mil habitantes, apreciándose un leve repunte con respecto al 2024 cuando se registró un 22,03.

La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz Nalda, y la alcaldesa de Arnedo, Rosa María Herce Arpón, han presidido esta mañana la Junta Local de Seguridad para analizar la evolución de las cifras de criminalidad en el municipio.

Asimismo, de acuerdo a los indicadores aportados por la Guardia Civil, en 2025 se conocieron 364 infracciones penales -29 más que en el año 2024-, detuvieron a 84 personas -19 más que el año anterior- y se investigaron a otras 27 -10 más que en 2024-.

Con respecto a los robos en explotaciones agrícolas y ganaderas, la Guardia Civil tuvo conocimiento durante el año pasado de uno frente a los cuatro del año 2024.

Datos VioGén

Por último, de acuerdo a los datos que proporciona el Sistema VioGen, en la localidad de Arnedo hay 33 casos activos que requieren protección policial, que corresponden a 32 víctimas. De ellos, hay 25 con un riesgo bajo, 7 medio y 1 de riesgo alto. Además, se contabilizan dos mujeres en situación de especial de vulnerabilidad con menores a su cargo.

La misión Artemisa II, a punto de despegar desde Cabo Cañaveral, supondrá el regreso de astronautas a la Luna medio siglo después del programa Apolo, pero también es un ejercicio extremadamente arriesgado. Después de algunos accidentes fatales, como el del Apolo 1 o el Challenger, la NASA es extremadamente cuidadosa con la seguridad de los astronautas y trata de anticiparse a los riesgos: cada fase del vuelo incorpora mecanismos de emergencia diseñados para mantener con vida a la tripulación en los posibles escenarios críticos.

Desde los primeros instantes del despegue, la cápsula Orion cuenta con un sistema de cancelación capaz de alejar bruscamente a los astronautas del cohete. Una vez rumbo a la Luna, la propia física orbital actuará como red de seguridad mediante una “trayectoria de retorno libre” que garantiza la vuelta a la Tierra incluso ante un fallo total de los motores. Una vez en vuelo, los tripulantes dependerán de un sistema de soporte vital que aún no se ha probado con humanos, tendrán la posibilidad de refugiarse de la radiación bajo sus asientos en caso de erupción solar y, en el momento más crítico de la reentrada, confiarán su supervivencia a un controvertido escudo térmico que ha generado inquietud entre algunos expertos tras sufrir desgastes imprevistos en vuelos anteriores.

Estos son los principales sistemas de seguridad ante los principales riesgos:

La tirolina antes del despegue

Los cuatro astronautas entrarán físicamente en la cápsula Orión 4 horas antes del despegue, donde pueden producirse diferentes imprevistos. Para este caso, la NASA dispone de un curioso sistema consistente en cuatro cestas de escape de emergencia en la plataforma de lanzamiento que descienden por calles, en una especie de tirolina, en caso de una emergencia . El sistema les permitiría escapar rápidamente de la plataforma de lanzamiento móvil hasta la base para ser trasladados a un lugar seguro en vehículos de transporte de emergencia.

Durante del despegue

Si algo falla en la rampa durante el encendido de los cohetes, los astronautas pueden evacuar rápidamente el cohete o activar el sistema de escape. En ese caso, la cápsula Orión sería literalmente arrancada de la parte superior del cohete mediante una torre propulsada, diseñada para alejarla en cuestión de milisegundos. Ese sistema, conocido como Sistema de Aborto de Lanzamiento (LAS), está pensado para “llevar a la tripulación a un lugar seguro en caso de emergencia durante el lanzamiento”. En apenas segundos, la cápsula se separa, despliega paracaídas y ameriza en el océano para ser recuperada.

Este mecanismo ya estaba presente en el programa Apolo y, antes, en Mercury. Sistemas equivalentes han salvado vidas en misiones rusas Soyuz, como en el accidente ocurrido en 1983. En Orión, este mecanismo se ha perfeccionado con mayor potencia y control automático. El sistema se empieza a poner en marcha cuando falta poco más de una hora y media para el despegue. Si el lanzamiento es exitoso y se alcanza el espacio en condiciones seguras, este sistema de escape es desechado y expulsado junto con los paneles protectores para aligerar la nave.

Primeros minutos de ascenso

Durante los primeros minutos de ascenso —la fase más peligrosa— el sistema LAS sigue activo. A medida que el cohete gana altura, las opciones de emergencia cambian. Una vez descartado el sistema de escape, la propia nave Orión puede separarse del lanzador y usar sus motores para colocarse en una trayectoria segura, ya sea alcanzando una órbita baja, completando una vuelta a la Tierra o entrando en una reentrada balística directa. 

En todos los casos, el objetivo es un amerizaje controlado en zonas oceánicas previamente previstas —principalmente el Atlántico o el Pacífico— con equipos de rescate desplegados; aunque la trayectoria pueda sobrevolar regiones como el oeste de Europa o el norte de África, el aterrizaje nunca sería en tierra firme, sino en el mar cercano dentro de un corredor de recuperación diseñado por la NASA.

Un fallo en órbita

Si el fallo ocurre ya en órbita terrestre —lo que está previsto que ocurra a los 8 minutos y 6 segundos de vuelo—, la misión puede abortarse con un regreso relativamente rápido. Orión está diseñada para desacelerar y reentrar en la atmósfera, completando un amerizaje en el Pacífico con ayuda de paracaídas y sistemas de flotación que garantizan la estabilidad de la cápsula.  

Durante el tiempo que la nave permanezca en la órbita terrestre alta, la tripulación se dedicará a probar los sistemas críticos de soporte vital y a ensayar maniobras de proximidad con la etapa superior del cohete. Para poder maniobrar y ejecutar un posible regreso anticipado en esta fase, la cápsula depende íntegramente de su módulo de servicio, un componente cilíndrico proporcionado por la Agencia Espacial Europea (ESA) que alberga la propulsión principal, la energía y los sistemas ambientales. Si los directores de la misión detectan cualquier anomalía o problema grave durante estas comprobaciones iniciales, tomarán la decisión de abortar el viaje lunar y traer a los astronautas de vuelta a casa de forma inmediata.  

Un fallo camino a la Luna

Más allá del lanzamiento, Artemisa II incorpora una estrategia clave heredada del programa Apolo: la trayectoria de “retorno libre”. Esto significa que, si algo falla camino a la Luna, la nave puede rodearla y volver a la Tierra sin necesidad de grandes maniobras. Es una red de seguridad pasiva que permite regresar en pocos días.  

En fases intermedias del viaje, también existen soluciones híbridas. Por ejemplo, si una maniobra crítica como la inyección translunar falla, Orión puede usar motores auxiliares o incluso permanecer temporalmente en órbita terrestre antes de decidir el regreso.  

Refugio contra la radiación espacial 

La NASA también ha contemplado qué pasaría en caso de una emergencia por radiación imprevista, como una erupción solar. Dado que el interior de la cápsula Orión tiene apenas el espacio equivalente al de un ascensor con capacidad para unas 8 o 10 personas, el protocolo dicta que los astronautas deben retirar los reposapiés de los asientos del piloto y el comandante para liberar espacio y refugiarse en los compartimentos de almacenamiento (taquillas) situados debajo de los propios asientos. La puesta a prueba de este refugio contra la radiación es uno de los objetivos de la expedición.

Fallo en la reentrada

Si el escudo térmico falla durante la reentrada en la atmósfera, como paso en el trágico accidente del transbordador Columbia en 2003, no hay margen de maniobra. Este es uno de los aspectos de la misión que más preocupan, ya que tras el vuelo de Artemisa I, la NASA identificó una pérdida inesperada de material del escudo causada por gases atrapados en el material ablativo, que al expandirse provocaron grietas y desprendimientos. Aun así, la agencia sostiene que, incluso con ese comportamiento anómalo, la cápsula habría mantenido condiciones seguras para astronautas, lo que indica que el diseño incluye cierto margen de tolerancia al daño.

Para Artemisa II, la decisión oficial no ha sido rediseñar el escudo —ya construido—, sino modificar el perfil de reentrada. En concreto, se elimina la maniobra de “skip entry” utilizada en Artemisa I y se adopta una reentrada más directa para reducir el tiempo de exposición térmica y evitar la acumulación de gases. Como resumió la propia NASA al anunciar la decisión, volarán con el mismo escudo pero “con una trayectoria de entrada modificada” 

Enfermedad o muerte

¿Qué ocurre si un astronauta enferma o muere durante la misión? En Artemisa II, la NASA contempla que la tripulación viaje con un kit médico avanzado y formación en cuidados básicos, capaces de atender emergencias como mareos graves, problemas cardíacos o lesiones leves durante la misión. Si surgiera un problema de salud más serio, como sucedió recientemente en la Estación Espacial Internacional, los astronautas pueden comunicarse con médicos en Tierra y usar los recursos de la cápsula para estabilizar al paciente hasta el regreso. 

En el caso extremo de fallecimiento, no existe un “rescate” en el espacio: la cápsula simplemente completaría su misión según el plan de vuelo, y el cuerpo permanecería a bordo hasta el amerizaje, donde la tripulación y los equipos de recuperación seguirían los protocolos de la NASA para manejar la situación de forma respetuosa y segura.

A todas estas opciones de seguridad, se suma la respuesta en tierra. Equipos de la NASA y del Departamento de Defensa entrenan escenarios de rescate en mar abierto, preparados para recuperar a la tripulación tras un aborto en cualquier fase del ascenso. El enfoque está basado en capas: escape inmediato, abortos progresivos, trayectorias de retorno y operaciones de rescate. Como resume la propia agencia, la misión “superpone defensas en lugar de depender de una única solución”.

El último domingo marzo, una nueva protesta irrumpió en la plaza de Lavapiés. Decenas de personas se manifestaron en apoyo a Serigne Mbaye, exdiputado de Podemos en la Asamblea de Madrid y activista antirracista, días después de ser detenido frente a su casa por resistencia a la autoridad. La Policía Nacional lo trasladó a la comisaría junto a otras seis personas y, al ser puesto en libertad, Mbaye anunció su intención de presentar una denuncia ante lo que considera una operación “racista” y con tintes de “violencia policial”. En los últimos meses, e incluso años, los vecinos han acusado a las autoridades de una hipervigilancia respecto al barrio, con redadas habituales en un entorno multicultural. Pero ahora quieren cambiar el foco y situarlo sobre otros problemas cotidianos.

“Es una desfachatez”, opinan desde la plataforma Lavapiés al Límite, una suma de hasta 60 colectivos o entidades vecinales surgida en respuesta a la presión del barrio y centrada en reivindicar otros asuntos conflictivos además de la seguridad. Consideran que la presencial policial en la zona, con un 40% de población migrante según datos recientes del INE (Instituto Nacional de Estadística), es excesiva y “desproporcionada”, y anteponen otras complicaciones como la gentrificación, el encarecimiento de la vivienda o la escasez de espacios óptimos para la infancia.

Para trasladar esta petición al debate público han decidido ponerse manos a la obra. A mediados de febrero, convocaron a vecinos y medios de comunicación para presentar su estrategia: un calendario de manifestaciones temáticas para todo el año. Los miembros de Lavapiés al Límite denuncian que el concejal-presidente del distrito Centro, Carlos Segura, no les ha recibido desde su creación en 2024, y aseguran que en su seno coexisten agrupaciones de vecinos representativas del barrio, con propuestas firmes sobre asuntos de interés vecinal. Así que, para hacerse oír, harán un llamamiento cada mes para protestar en la calle por cada una de las preocupaciones que perciben en Lavapiés.

“+ churros, - aguacates”: un alegato contra la gentrificación

En febrero, coincidiendo con el fin de semana de San Valentín, iniciaron un recorrido desde el Casino de la Reina con unas mil personas advirtiendo de su gran problema diario: el precio de la vivienda. Con irónicos carteles que pedían “+ churros, - aguacates”, los vecinos señalaron un viraje en el modelo de barrio que abría paso a la turistificación o la adquisición de piso por parte de fondos y grandes rentistas para exprimir al máximo su valor. Otro protagonista del día fueron las redadas policiales, con simbolismos hasta en el punto de partida de la manifestación.

El 23 de octubre, el Casino de la Reina fue testigo de un altercado con la policía durante un partido de fútbol. Jugaba el Dragones de Lavapiés, un equipo alevín del barrio, y en las gradas había familiares que fueron a ver a sus hijos. En el marco de una macrooperación antidroga que comenzó esa tarde en la zona y en la que participaron un centenar de agentes, varios de ellos se acercaron a la pista y se llevaron fuera de el recinto a algunos padres, según confirmó el entrenador del equipo, para identificarlos y recopilar sus datos. La Policía Nacional defendió el operativo aunque lo desvinculó de un aumento puntual en las denuncias o alertas detectadas en la barriada. Desde Jefatura se habló de un barrio habitualmente conflictivo, donde “muchos fines de semana hay agresiones con arma blanca”.

Durante el mes de marzo se retomaron las protestas con nuevos protagonistas, como el impulso a las políticas feministas o la dedicación a la infancia. Varias personas cerraron una calle de Lavapiés al tráfico para “visibilizar la falta de espacios de juego”, en perjuicio de los más pequeños. El objetivo de abril serán el clima y la petición de espacios verdes, con una acción prevista para el día 19. Mayo pondrá la lupa en los espacios autogestionados del barrio, que alberga centros sociales okupados reconocidos como el CSO La Rosa o La Tabacalera, ambos integrados en la plataforma que convoca estas manifestaciones.

En este caso, la selección temática guiña un ojo al 15M, el movimiento ciudadano iniciado en mayo de 2011 que derivó en protestas y acampadas masivas en distintas plazas de España. Las asociaciones promotoras avanzan que habrá asambleas en las plazas de Lavapiés o acciones que pongan en valor los espacios okupados con actividades abiertas. Para el inicio del verano, en junio, se impulsarán motivos vinculados al Orgullo LGTBI, que ese mes llenará las calles de todo Madrid; mientras que en julio retomarán el debate de la vivienda.

Acciones paralelas y un calendario reivindicativo por confirmar

Otras iniciativas aún están por confirmarse o de momento no se revelarán al público para evitar boicots o interferencias. En paralelo, los vecinos tiran de otros proyectos de presión como el mapeo de los pisos turísticos en la barriada o el tejido de una red asociativa que se organice para mantener sus demandas a la orden del día. Las actualizaciones de última hora se anunciarán en redes sociales, así como futuras convocatorias para elevarse a ojos de la administración.

La detención de Serigne Mbaye ha vuelto a remover la indignación más de un mes después desde que el portavoz del Sindicato de Manteros se preguntara, sentado en una mesa junto a otros miembros de Lavapiés al Límite, qué era lo que definía verdaderamente al barrio y sus necesidades. “¿Es acaso la inseguridad una cortina de humo para echar a los vecinos y abrirse al capital extranjero? ¿La Policía es solvente en sus actuaciones? Creo que hay muchas preguntas que deberíamos hacernos, así que volveremos a la calle”, determinó aún sin saber que su futuro paso por comisaría despertaría una nueva oleada de críticas.

Habrá punto de observación autorizados por parte de los ayuntamientos para observar el eclipse total de Sol que tendrá lugar el próximo 12 de agosto, al atardecer.

La provincia de Guadalajara será una de las privilegiadas donde este fenómeno astronómico podrá contemplarse en su máximo esplendor y ya se está trabajando en esta cuestión.

Este lunes la subdelegada del Gobierno de España en Guadalajara, Susana Cabellos, ha copresidido, junto con la alcaldesa de la ciudad, Ana Guarinos, la Junta Local de Seguridad que se ha celebrado en el ayuntamiento de la capital, donde se ha abordado la elección del punto de observación.

Cabellos ha recordado que la Secretaría de Estado de Seguridad espera recibir de los ayuntamientos, por vía de las comunidades autónomas, la elección de los puntos de observación autorizados con una capacidad en torno a las 5.000 personas. Una elección de estos puntos que será, ha dicho, “crucial para una organización óptima de los dispositivos de seguridad”.

Seguridad en los accesos, la evacuación y los retornos

Los puntos autorizados en todo el país, ha explicado, “ofrecerán a la ciudadanía las máximas garantías para disfrutar del eclipse con un dispositivo seguro de accesos, evacuación y retornos”.

Estos emplazamientos serán garantía de observación para coordinar tanto seguridad como movilidad, en cuanto a las competencias estatales se refiere, a través de los organismos de la Dirección general de Tráfico, la Dirección General de Protección y Civil y Emergencias y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: Policía Nacional y Guardia Civil.

Cabellos ha destacado que “es importante coordinar de forma rigurosa los dispositivos y el flujo de comunicación entre las administraciones para desplegar, con las máximas garantías, este evento histórico, que no solamente disfrutaremos con calidad en nuestra ciudad, sino en otros muchos puntos de nuestra provincia y del país”.

Una ambulancia ha atravesado la avenida de la Constitución de Sevilla durante el paso de la Hermandad de San Roque. El suceso de ha producido en torno a las 21:00 horas de la jornada del Domingo de Ramos.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes presentes en el momento del incidente y la Policía Nacional, que ha asegurado que este se habría producido al acceder el vehículo a la Carrera Oficial, en plena procesión.

Las imágenes del paso de la ambulancia, interrumpido por la presencia del palio de la Virgen de Gracia y Esperanza en la calzada, han suscitado revuelo en las redes sociales. Desde el grupo municipal socialista, el concejal en el Ayuntamiento hispalense Juan Carlos Cabrera lo ha calificado de “fallo grave de primero de coordinación”.

Por el momento no han transcendido las causas que han llevado a las dotaciones del 061 a atravesar este punto de forma inédita.

El freno de operaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos cumplió este domingo 44 días, con lo que ya es el cierre parcial o total del Gobierno más largo en la historia del país, lo que ha implicado retrasos en los aeropuertos.

La parálisis del DHS, que comenzó el 14 de febrero por los desacuerdos entre demócratas y republicanos sobre las restricciones al polémico Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), supera ya los 43 días que duró el cierre total del Gobierno que comenzó en octubre pasado, también en la segunda presidencia de Donald Trump.

También rebasa los 34 días del cierre parcial que empezó el 21 de diciembre de 2018 en el primer mandato de Trump, cuando nueve departamentos del Ejecutivo con un conjunto de 800.000 empleados frenaron sus operaciones.

El cierre del DHS ha implicado colas en los aeropuertos, pues hay un absentismo promedio del 11 % diario de los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, en inglés) y en algunos aeródromos supera el 50 %, advirtió el miércoles al Congreso la administradora interina de la agencia, Ha Nguyen McNeill.

Al menos 460 agentes del TSA, quienes no reciben salario durante el cierre, han renunciado mientras los aeropuertos afrontan una subida interanual del 5 % en los pasajeros en esta temporada vacacional de 'spring break' (vacaciones de primavera), añadió.

El último intento por reabrir el DHS fracasó, pues el Senado aprobó el viernes un plan bipartidista para financiar al departamento con excepción de ICE, pero los republicanos de la Cámara de Representantes bloquearon el esfuerzo al insistir en que debe financiarse por completo la cartera.

Ante la situación, Trump anunció el jueves una orden ejecutiva para instruir al nuevo secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, que pague “de inmediato” a los agentes del TSA para hacer frente a la “situación de emergencia” y “detener el caos en los aeropuertos”, lo que se prevé que comience el lunes.

En un mensaje publicado en su red, SocialTruth, Trump defendió la medida y acusó a los demócratas de mantener “políticas de fronteras abiertas”, por las que, según él, “permitieron la entrada de 25 millones de personas procedentes de prisiones, instituciones psiquiátricas y manicomios, entre ellas traficantes de drogas y miles de asesinos, muchos de los cuales han matado a más de una persona”. El presidente no explicó de qué fuentes provenían estos datos.

El llamado 'zar' de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, expresó este domingo con CNN que hay avances en las negociaciones con los demócratas para implementar restricciones a los agentes de ICE, como el uso de cámaras corporales, pero avisó de que Trump solo apoya que “todo el Departamento de Seguridad Nacional esté financiado”.

“Están tomando al departamento como rehén porque no les gusta lo que está haciendo ICE y el ICE está aplicando las leyes”, declaró Homan. 

Hace justo tres años, el 28 de marzo de 2023, Francisco Martín (Madrid, 1981) tomaba posesión como nuevo delegado del Gobierno en la región. Relevaba a la exconcejala Mercedes González y su perfil era bien distinto al de su predecesora, porque llegaba directamente de Moncloa, donde había ejercido diferentes cargos para Presidencia del Gobierno.

Su llegada fue recibida con recelo primero y luego animadversión tanto desde el Ayuntamiento como desde la Comunidad de Madrid. Tanto Almeida como Ayuso han tenido encontronazos dialécticos con Martín, peleas en reuniones o por redes y algún que otro desplante institucional. Algunos de ellos tienen que ver con los eventos multitudinarios que apoyan los dirigentes del PP, también motivo de discusión. El último tiene que ver con el gran estadio que una promotora va a montar en Villaverde para acoger once conciertos de Shakira.

La entrevista se realizó de forma previa a la detención del exdiputado de Podemos Serigne Mbaye. Preguntado este viernes sobre si la actuación policial pudo tener una base racista, el delegado del Gobierno defendió que no: “Y ninguna actuación policial puede tener una base racista ni discriminatoria. Existen protocolos y mecanismos internos para velar porque así sea y para adoptar las medidas pertinentes en el caso de que se detecte algún incumplimiento”, aseguró a preguntas de Somos.

SOMOS MADRID: ¿Qué problema tiene el recinto de conciertos de Villaverde? ¿Por qué cree que no deberían celebrarse allí eventos como el de Shakira?

FRANCISCO MARTÍN: Le he pedido al alcalde de Madrid en una carta que reconsidere su decisión de autorizar eventos masivos en el Iberdrola Music, porque él mismo y la Comunidad de Madrid estuvieron de acuerdo hace tres años en que ese recinto no estaba en condiciones de albergar eventos de fenómeno fan y no han hecho nada para mejorar las condiciones del entorno. Yo quiero ser clarísimo: ni Shakira ni nadie debe actuar en una ratonera. Y hoy por hoy, desafortunadamente y por la dejadez de la señora Ayuso y del señor Almeida, el entorno del Iberdrola Music es una ratonera.

No hay posibilidad de una evacuación masiva como la que un evento de esta naturaleza tiene que tener prevista, ya que sale todo el público a la vez cuando termina la actuación. Todos sabemos que está la M-45 colindando, que no hay aparcamientos, que no hay Metro. No hay más que recordar lo que pasó hace tres años con el concierto de Harry Styles, se vivieron unas situaciones dramáticas que no terminaron en una catástrofe de milagro. Y que conllevaron que, también con una carta mía, el alcalde cancelara toda la programación de ese año.

Le he pedido al alcalde dos cosas: o acondicionan aquello para que se puedan compatibilizar las condiciones de seguridad con este tipo de eventos, habida cuenta de que quedan seis meses para los conciertos de Shakira, o que se busque otra ubicación, una que sí tenga esas condiciones. Esto no es una cuestión política, por más que la señora Ayuso lo único que quiera sea confrontar con lo que sea. Estamos hablando de una cuestión que es estrictamente técnica y que debiera, de verdad, implicar la responsabilidad de todo el mundo, amenazando la seguridad de decenas de miles de personas. ¿Cuántas tragedias hemos visto ya?

¿Qué medidas se plantea la Delegación del Gobierno si el Ayuntamiento y los promotores insisten en esta ubicación?

Adoptaremos las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los asistentes. Y si lo que se plantea no las tiene, pues recurriremos a donde haya que recurrir para pedir que no se ponga en peligro a la gente. De verdad, no pueden condenar a los asistentes, a los fans, tampoco a los artistas, ni a los medios de comunicación, ni a nadie a tener que acudir a una ratonera para celebrar un evento de esta naturaleza.

¿Tiene un problema Madrid con los eventos? ¿Organiza demasiados?

Creo que tiene falta de planificación legal, pero también logística, para afrontar muchas de las cosas que quiere ir asumiendo. Y en ese sentido es bastante irresponsable la actitud porque va precipitadamente poniendo cosas sobre la mesa y después ya se resolverán. La Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid es antiquísima, fue apenas maquillada tras la tragedia del Madrid Arena y desde entonces no se ha vuelto a tocar. Yo le he reclamado al consejero Novillo por activa y por pasiva una nueva Lepar y no he obtenido ninguna respuesta.

Ahora hemos sabido que en otra ley, como una disposición transitoria, van a incorporar una modificación de algunas cuestiones de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. ¿Pero acaso Madrid, con el déficit que tiene, no exige el que se pueda tener un debate serio en el que participemos todos los que tenemos algo que decir alrededor de cómo se deben gestionar los grandes eventos?

En este contexto de problemas normativos... ¿Está preparada Madrid para acoger la Fórmula 1 en septiembre?

De nuevo esta es una cuestión que se ha planteado con precipitación por parte de las administraciones madrileñas. Hasta que nosotros no hemos reclamado trabajar la seguridad de este evento, no se ha podido avanzar. Nuestra voluntad es la de procurar que las cosas salgan bien, pero para eso hay que trabajar con planificación, con responsabilidad, con criterios técnicos sólidos, desde luego con lealtad y eso es lo que, ante todo, falta en esta región.

Otro de los grandes eventos que acogerá Madrid en breve será la visita del Papa ¿Cómo se está preparando?

Desde el Gobierno de España, a través del Ministerio de Presidencia. Hubo una primera visita del Vaticano, pero hay que seguir aterrizando toda la agenda y toda la logística alrededor de la visita del Papa. Es una gran oportunidad para Madrid: hay miles de personas que anhelan este momento y debemos trabajar todos juntos para que sea un éxito. Yo le he planteado, al igual que se ha hecho en las otras comunidades que visitará el Papa, la creación de una mesa de coordinación interinstitucional con la parte organizadora de la Conferencia Episcopal, la Presidenta de la Comunidad y el alcalde de Madrid. No han respondido y, por lo tanto, he tenido que convocarles a una reunión para la semana que viene. Confío en que prime la lealtad y la voluntad de que las cosas salgan bien.

Usted que conoció bien la preparación de la Cumbre de la OTAN de 2022, ¿cree que es el mayor evento al que se ha enfrentado Madrid en los últimos años?

En Madrid tenemos mucha experiencia en la organización de grandes eventos, multitudinarios, pero también con la visita de muchos mandatarios internacionales de todo tipo. Seguramente desde la Cumbre de la OTAN, la visita del Papa vaya a ser el evento más exigente que se ha producido en la Comunidad, aunque con una naturaleza diferente: habrá una movilización social importante a lo largo de los días que esté en Madrid, con diferentes actos multitudinarios.

Desafortunadamente Ayuso lidera el ala más ultraderechista dentro del Partido Popular y es quien dentro de todos los barones territoriales más apuesta por la confrontación como proyecto político

Dejemos el futuro para hablar de lo pasado, a ese 28 de marzo de 2023 cuando tomó posesión de su cargo como delegado del Gobierno. ¿Cómo recibió entonces el nombramiento y qué encontró al llegar?

Es un honor el poder representar al Gobierno de España en la Comunidad, un gran reto que afronté con enorme determinación, a sabiendas de las dificultades que había, porque hay quien niega, quien oculta, quien confronta sistemáticamente para hacer de ello su proyecto político. Yo creía que esas dificultades podían ser removibles y que podríamos avanzar desde un trabajo compartido con las demás instituciones. Desafortunadamente, lo que me he encontrado desde el minuto cero ha sido una puerta cerrada a cualquier entendimiento, un rechazo absoluto por parte de las instituciones dirigidas por el Partido Popular de Madrid a ninguna oportunidad para trabajar conjuntamente a favor de los madrileños y madrileñas. Pero tengo que decir que me he encontrado lo contrario por parte del tejido social, del tejido vecinal, de los sectores productivos empresariales que están ávidos de diálogo, de espacios de encuentro, de colaboración y de trabajo conjunto.

¿Qué le cuentan sus otros colegas de puesto? ¿Es igual esta relación con los gobiernos de otras comunidades autónomas?

Desafortunadamente Ayuso lidera el ala más ultraderechista dentro del Partido Popular y es quien dentro de todos los barones territoriales más apuesta por la confrontación como proyecto político. Y esto lo comparto muchas veces con otros delegados que tienen otro tipo de relación, incluso yo he hablado con otros presidentes autonómicos del PP. Responde estrictamente a esa voluntad de confrontar, de evitar cualquier oportunidad para la cordialidad, porque eso parece que desmonta el paradigma en el que cabalga Díaz Ayuso, que el Gobierno de España es lo peor que le ha podido pasar a Madrid y al mundo en la historia. Eso es una falacia, porque todos estamos viendo que el compromiso es el mayor que ha tenido nunca ningún gobierno. Se traduce en aportaciones económicas y en proyectos concretos para transformar, para hacer de Madrid una región más justa.

Cuando llegó hace tres años surgían muchas informaciones sobre sucesos relacionados con bandas juveniles. ¿Cómo ha evolucionado el plan para combatirlas?

Di continuidad al plan de choque que puso en marcha Mercedes González, desde entonces se intensificó la labor policial y se han ido cosechando buenos resultados. Nada tiene que ver la realidad de las bandas juveniles en 2022 con la que hay ahora: en 2025 hubo un 13% menos de hechos delictivos asociados a ellas que en 2024 y un 50% más de detenidos. La intensidad policial es máxima, la vigilancia sobre esta tipología delictiva es total, pero yo siempre reclamo que más allá, debemos trabajar desde una perspectiva preventiva. Estamos hablando de chavales, que requieren de políticas que ofrezcan alternativas a la calle, de formación, de ocio, que son responsabilidad de todas las administraciones y que si se brindan posibilitan también que haya menos gente que se complique la vida tan joven.

Otro de los puntos de fricción con la Comunidad de Madrid está relacionado con los menores no acompañados y sus centros...

Estoy convencido de que Ayuso está muy orgullosa de ser la lideresa territorial del PP que más beligerancia está prestando a la política migratoria del Gobierno de España. En momentos en los que lo que hace falta es solidaridad, altura de miras y atender conjuntamente entre todos la necesidad de una respuesta al reto migratorio, el PP de Madrid lidera las dificultades, el boicot a cualquier iniciativa que adoptemos. Están haciendo gala de esa petición de expulsión de 86 menores, obviando que la tutela corresponde íntegramente a las comunidades autónomas. Los déficits que tienen no son por sobresaturación, están muy por debajo de la capacidad que se le ha determinado a la Comunidad de Madrid en cuanto a menores que puede acoger en el sistema. Es una cuestión de voluntad a la hora de atender adecuadamente la responsabilidad de una manera humana y solidaria.

Y luego está petición del cierre del Centro de Atención a Extranjeros de Pozuelo, porque en el momento en el que atisbaron que en vez de niños ucranianos podían llegar niños con otro color de piel, aquello ya les pasó a no gustar y se buscaron cualquier artimaña para intentar cerrar aquel centro asistencial. También pasa en el de Alcalá, donde además hemos escuchado todo tipo de mensajes que buscan criminalizar y estigmatizar, generar miedo alrededor de las personas migrantes.

También hay críticas sobre la regularización planteada por el Gobierno...

Por la mesa del despacho del delegado han pasado todos los sectores productivos de la Comunidad de Madrid. Ha pasado la Iglesia, el tejido social, los sindicatos... y todos ellos han reclamado que se pusiera en marcha una medida como la regularización prevista por el Gobierno de España. Todos. El propio PP votó a favor de la ILP en el Congreso, pero ha sido la señora Díaz Ayuso quien ha decidido cambiarle el paso al partido.

En 2025 la Comunidad de Madrid ha alcanzado el mínimo histórico de criminalidad en nuestras calles. Desde que hay registros, como saben, se ha registrado la menor tasa de criminalidad de la historia de la Comunidad de Madrid. Esto se ha producido en paralelo al incremento poblacional que ha experimentado Madrid, llegando a los 7,1 millones de habitantes. Hay mayor proporción de población migrante y la menor criminalidad de nuestra historia. Pero el PP, la derecha extrema y la extrema derecha de Madrid están empeñados en señalar, en criminalizar a los migrantes como responsables de la delincuencia. Creo que es francamente irresponsable, además de falaz, es una mentira colosal y, por lo tanto, tenemos que hacer todos los ejercicios posibles para rebatir esos discursos.

Pese a los buenos datos de criminalidad que registra Madrid, ¿qué delitos que todavía persisten le tienen más preocupado?

Estamos en las cifras más bajas de criminalidad en nuestra historia. Acompañadas del máximo histórico de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y de los mejores registros en eficacia policial que ha habido nunca. Pero no nos conformamos con ello, ni mucho menos. Una de estas cuestiones es sin duda la que tiene que ver con los delitos contra la libertad sexual. En Madrid estamos comprobando de manera consolidada, trimestre tras trimestre, un incremento de las denuncias, por encima de la media nacional. Esto siempre tiene un componente de reducción de la cifra oscura, de esa parte que no se ha denunciado y que ahora, por esa sensibilización y confianza en las instituciones, las mujeres sí están pasando a denunciar. Pero también hay otras casuísticas en el entorno de los menores, algún otro tipo de delito contra la libertad sexual que sí que vemos que se puede estar incrementando. Tenemos que multiplicar nuestros esfuerzos para prevenir, para proteger y para atender mejor a las víctimas de la violencia machista.

La Delegación ha abierto una mesa hace dos años para el análisis de la evolución de la violencia machista en la Comunidad de Madrid, en la que han participado cantidad de actores de todos los sectores asistenciales, educativos, jurídicos, políticos... pero se ha negado a estar el Partido Popular. Es una muestra muy preocupante de falta de responsabilidad para trabajar con unidad en favor de esta cuestión.

Año tras año acumulamos cifras inasumibles, cifras absolutamente terribles de asesinatos de mujeres, de menores también. En Madrid estamos promoviendo que los municipios se incorporen al sistema VioGén, que posibilita la coordinación entre las policías locales y las fuerzas de seguridad del Estado, para garantizar una protección más efectiva de las víctimas. Ahora hay 12.300 mujeres que están como casos activos dentro del sistema. Ellas ya han podido pedir ayuda.

Debemos de mandar todos los mensajes que podamos para generar esas condiciones de confianza. La incorporación a VioGén significa ese mensaje. Y aun así, en esta comunidad todavía quedan 30 municipios con más de ocho policías locales que están fuera del sistema VioGén. Municipios importantes como Valdemoro, Torrelodones, Galapagar, Paracuellos... o la situación del Ayuntamiento de Madrid, que está trabajando dentro del sistema VioGén pero con un convenio caducado, porque el alcalde de Madrid pretende instrumentalizar la renovación para desarrollar las competencias de su policía municipal. Y eso es algo inaceptable.

Con estos tres años que lleva como delegado en Madrid ha superado ya el tiempo que estuvo su antecesora, Mercedes González. En el listado hay que remontarse a 1991 para encontrar a otra delegada, en este caso Ana Tutor, que estuvo más tiempo que usted con un gobierno socialista. ¿Cuál ha sido su secreto para resistir?

Bueno, digamos que he leído el Manual de resistencia del presidente (bromea). Ahora en serio, la realidad responde a tener claro que el Gobierno de España está comprometido con esta región y está intentando pelear porque a Madrid le vaya bien, a pesar de todos los obstáculos que nos ponen repetidamente. Es la convicción en ese compromiso con la justicia social, con la igualdad, con la libertad de verdad, la que nos trae a pelear, a salir cada día a intentar que los servicios públicos funcionen mejor, y también a que Madrid sea cada vez una región más justa.

Y todo ello impulsado por el ejemplo que se da desde el presidente Sánchez, cada día desde hace ya casi ocho años. He podido trabajar mucho con él en todos estos años y soy consciente del compromiso que él tiene cada día con nuestro país, y creo que esa es la mejor inspiración para poder salir cada día a pelear en Madrid, que desde luego no es ni mucho menos una plaza fácil.

¿Se plantea dentro de un año ayudar a su partido en otros ámbitos o continuará como delegado del Gobierno?

Llevo 25 años militando en el Partido Socialista de Madrid y voy a trabajar siempre para que el proyecto socialista le vaya lo mejor que pueda a esta región. Porque si Madrid necesita algo es que haya una regeneración democrática, es una urgencia absoluta después de tres décadas de proyectos continuados basados en el pelotazo, en la injusticia social y en perder oportunidades para esas mayorías sociales que tanto necesitan de los servicios públicos. Formo parte de la ejecutiva regional que lidera Óscar López, y estamos trabajando para construir esa alternativa con mensajes muy claros a la ciudadanía que señalen la gravedad de lo que está pasando en la Puerta del Sol, de ese modelo que ahora representa Ayuso.

Es un modelo de tres décadas, que ahora vemos tan claro con el universo de los pelotazos del entorno de la señora Díaz Ayuso alrededor de las contrataciones con Quirón, principal proveedor de la Comunidad de Madrid y, oh casualidad, principal contratista de la pareja de la señora Díaz Ayuso, una relación tan lucrativa como repentina, pero desafortunadamente nada llamativa porque es el modus operandi del Partido Popular de Madrid.

Si pudiera elegir que Almeida o Ayuso se abrieran a una cosa de las que propone, ¿cuál sería la más urgente?

Que vinieran a la mesa de la violencia machista, que se comprometieran a trabajar conjuntamente para buscar soluciones, mejorar las políticas entre todos para atender el drama absoluto, la injusticia que representa la violencia machista. Sin duda sería lo primero que desearía de una larga lista de ejemplos de falta de cooperación y colaboración leal, interinstitucional, que creo que debiéramos corregir.

Después de poner de moda el verbo técnico 'recepcionar', utilizado para la entrega oficial de una obra, el Ayuntamiento de Santander busca ahora incorporar 'balizar' al uso habitual de sus vecinos. El verbo, de uso común en el ámbito náutico, significa también señalizar y ha empezado a ser utilizado por el Consistorio para hablar de las numerosas zonas que ha precintado o vallado tras el hundimiento de la pasarela de madera de El Bocal, en el que fallecieron seis jóvenes y una séptima víctima fue herida de gravedad.

Varias asociaciones vecinales llevan años advirtiendo de la falta de mantenimiento de múltiples zonas e infraestructuras de la ciudad, han hablado de “abandono” y de “dejadez”, pero el colapso de la pasarela de madera en El Bocal, en la franja norte de Santander, el pasado 3 de marzo, ha puesto las funciones de seguridad y de mantenimiento que le corresponden del Ayuntamiento de Santander en el epicentro del debate público.

A lo largo de las tres semanas que han seguido a la tragedia mortal, numerosos puntos de la ciudad han sido precintados por la Policía Local: desde la céntrica Plaza de Pombo, pasando por Puertochico, la Duna de Zaera, los bajos del Rhin, la Segunda Playa de El Sardinero, el final del paseo del Chiqui o la playa de Mataleñas, hasta el punto cero, que fue la pasarela de madera que se hundió en El Bocal, y ahora un puente natural junto a ese misma estructura y otro espacio junto a la playa de la Virgen del mar. También han sido señalizados kioskos abandonados, alcantarillas en mal estado o escalones rotos. De momento.

En un solo comunicado, enviado este pasado miércoles por la tarde, el Ayuntamiento de Santander informaba meticulosamente de hasta tres nuevas zonas precintadas, además de la recepción de los avisos y sus antecedentes.

“El Ayuntamiento ha balizado el pequeño puente natural situado junto a la pasarela de El Bocal”, señalaba sobre un paso de tierra de un metro de anchura. A diferencia de la llamada vecinal que la Policía Local que depende del Consistorio santanderino no contestó el día antes del colapso de El Bocal, en el caso del puente natural, lo ha precintado, tras una denuncia vecinal.

Además, el Ayuntamiento que dirige Gema Igual (PP) dijo que trasladará la “incidencia” a la Demarcación de Costas, la administración dependiente del Gobierno central que, ha señalado, “es responsable de los terrenos donde está ubicado el puente”.

En el mismo comunicado, el Ayuntamiento informó también de que ha acotado “de forma provisional” la zona de la playa de Mataleñas más cercana al acantilado natural, tras los desprendimientos detectados en el talud“ y ha agregado que, en agosto de 2022, ”se detectaron desprendimientos en el talud de la playa, hecho que “se comunicó a Costas para que procediera a su estabilización”.

También ha destacado que ha señalizado el tramo final del paseo del Chiqui, “como respuesta a los antecedentes registrados en la zona, porque, ha señalado, ”en septiembre de 2025 se recibió un aviso en el centro de coordinación de la Policía Local“.

El cruce de acusaciones sobre la responsabilidad del mantenimiento la pasarela de El Bocal, que la jueza que instruye el caso ha considerado en un auto que era competencia de Costas, ha dejado latentes las tensiones políticas entre este organismo y el Consistorio. La mayoría de las zonas precintadas están en el litoral. Y también ha quedado manifiesto en el reciente comunicado que el Ayuntamiento quería reseñarlo.

Es tan notorio el precintado o vallado que muchos vecinos lo comentan estos días en redes sociales y expresiones como “vallado” o “cintas” han sido utilizadas este pasado jueves por los concejales de la oposición del Ayuntamiento de Santander, en el pleno ordinario de marzo, aunque el tema no era parte del orden del día. Eso sí, consultado el Ayuntamiento sobre el número de ubicaciónes balizadas o señalizadas, no ha dado respuesta.

El partido Cantabristas, en un comunicado de prensa, ha denunciado los carteles y precintos que el Ayuntamiento de Santander “está colocando por toda la ciudad en lugares peligrosos y en mal estado de mantenimiento con el único objetivo de eximirse de responsabilidades legales y salir indemnes en caso de que vuelva a ocurrir alguna desgracia”, ha cuestionado la agrupación política.

En este sentido, tanto PSOE, como PRC o Izquierda Unida, con representación institucional en el Ayuntamiento de Santander, recuerdan estos días que llevan toda la legislatura advirtiendo del deterioro constante y la falta de mantenimiento de infraestructuras básicas de la ciudad. Entre otras, señalan los meses que ha estado precintado también el Parque de Las Llamas, por ejemplo, con maderas y pasarelas rotas, o la Duna de Zaera, junto al Palacio de Festivales y vendido como un mirador a la bahía que sirvió de graderío durante la celebración del Mundial de Vela en Santander hace algo más de una década.

Este exceso de cinta con el logotipo de la Policía Local de Santander ha dado lugar a numerosos memes en las redes sociales, sin dejar de lado la tragedia que sucedió en El Bocal, pero recordando que no se ha hecho nada durante años a pesar de los múltiples avisos que se han producido desde diversos colectivos sociales y vecinales.

Uno de los ejemplos más palmarios se encuentra a pocos metros del propio Ayuntamiento, en un barrio como el Cabildo de Arriba, donde ya fallecieron varios vecinos tras un derrumbe y que luce lleno de edificios abandonados o semiderruídos y solares vacíos. Y tampoco hace falta ir muy lejos de los despachos del equipo de gobierno del PP en la ciudad, porque el propio Consistorio tuvo que ser apuntalado y está pendiente de una gran reforma dado el mal estado de su sótano, que amenaza ruina.

Ha de buscar-se un lloc alternatiu per a algunes de les mascletades més concorregudes i massificades del calendari faller? És la gran pregunta que subjau arran de la polèmica suscitada entre l’Ajuntament de València i Renfe pels problemes de seguretat que es generen quan l’arribada dels trens de Rodalies s’ajunten amb la multitud que s’acumula al carrer de Xàtiva per a veure l’espectacle pirotècnic.

Com ha anat informant aquest diari, va ser el consistori el que va demanar per carta a l’operador ferroviari al final de febrer que es tallara l’arribada de Rodalies a l’Estació del Nord entre les 12.00 i les 15.00. Finalment, els trens es van tallar de 13.00 a 15.00 en les estacions del Cabanyal, Sant Isidre i Albal. Més enllà de la brega política, l’important de l’assumpte són els tres informes que sostenen la petició i que han fet que s’haja pogut trobar una solució intermèdia, com habilitar les eixides laterals de la cèntrica estació.

Es tracta d’un informe de la Policia Local, un altre de la Nacional i un altre del cos de bombers de l’Ajuntament de València. Bàsicament coincideixen a destacar que no es pot garantir la seguretat dels milers d’assistents en cas d’emergència quan es dona una situació de col·lapse. L’afirmació es basa en l’experiència de les Falles passades, quan l’eixida dels viatgers de Rodalies minuts abans de la disparada va provocar una situació de col·lapse que va generar un centenar d’atencions per lipotímies i crisis d’ansietat i una desena d’hospitalitzacions.

Una situació que hauria de ser prou per a plantejar-se seriosament un canvi d’ubicació els dies centrals de la festa. No és una cosa nova. Abans, tant la Nit del Foc com els castells se celebraven en la plaça de l’Ajuntament. No obstant això, va haver de donar-se una tragèdia per a plantejar-se traure’ls de la cèntrica plaça.

Com va recordar Levante-EMV, el 19 de març de 2021 va fer mig segle d’aquella nit. En concret, la plujosa nit de Sant Josep del 1971, abans de la Cremà de la falla de la llavors plaça del Cabdill (la Nit del foc se celebrava el 19), van eixir unes carcasses defectuoses que van impactar entre el públic. L’esclat i el devessall immediatament posterior van causar desenes de ferits i tres morts.

Després de la tragèdia, l’alcalde llavors, Vicente López Rosat, va declarar en Radio Peninsular, que “s’ha parlat de moltes possibilitats: des de suspendre els castells en la plaça del Cabdill a fer-los en el llit del riu”, cosa es va acabar produint, encara que va ser molts anys després, el 1987.

Altres veus importants del món faller de l’època van apostar també dies després de la tragèdia per buscar ubicacions alternatives “a aquella placeta del centre de la ciutat”.

L’actual alcaldessa de València, María José Catalá, juntament amb la delegada del Govern, Pilar Bernabé, després de la junta local de seguretat extraordinària del 13 de març passat, es van comprometre a treballar durant el pròxim exercici faller en la cerca d’alternatives, una vegada avaluat el dispositiu d’aquest 2026.

¿Debe buscarse un lugar alternativo para algunas de las mascletades más concurridas y masificadas del calendario fallero? Es la gran pregunta que subyace tras la polémica suscitada entre el Ayuntamiento de València y Renfe a cuenta de los problemas de seguridad que se generan cuando la llegada de los trenes de Cercanías se juntan con la multitud que se acumula en la calle Xàtiva para ver el espectáculo pirotécnico.

Como ha venido informando este diario, fue el Consistorio el que pidió por carta al operador ferroviario a finales de febrero que se cortara la llegada de Cercanías a la Estación del Norte entre las 12.00 horas y las 15.00 horas. Finalmente, los trenes se cortaron de 13.00 a 15.00 horas en las estaciones del Cabanyal, Sant Isidre y Albal. Más allá de la bronca política, lo importante del asunto son los tres informes que sostienen la petición y que han hecho que se haya podido encontrar una solución intermedia, como habilitar las salidas laterales de la céntrica estación.

Se trata de un informe de la Policía Local, otro de la Nacional y otro del cuerpo de bomberos del Ayuntamiento de València. Básicamente coinciden en destacar que no se puede garantizar la seguridad de los miles de asistentes en caso de emergencia cuando se da una situación de colapso. La afirmación se basa en la experiencia de las pasadas Fallas, cuando la salida de los viajeros de Cercanías minutos antes del disparo provocó una situación de colapso que genero un centenar de atenciones por lipotimias y crisis de ansiedad y una decena de hospitalizaciones.

Una situación que debería bastar para plantearse seriamente un cambio de ubicación en los días centrales de la fiesta. No es algo nuevo. Antaño, tanto la Nit del Foc como los castillos se celebraban en la plaza del Ayuntamiento. Sin embargo, tuvo que darse una tragedia para plantearse sacarlos de la céntrica plaza.

Como recordó Levante EMV, el pasado 19 de marzo de 2021 se cumplió medio siglo de aquella noche. En concreto, la lluviosa noche de San José de 1971, antes de la cremà de la falla de la entonces plaza del Caudillo (la Nit del foc se celebraba el 19), salieron unas carcasas defectuosas que impactaron entre el público. El estallido y la avalancha inmediatamente posterior causaron decenas de heridos y tres fallecidos.

Tras la tragedia el entonces alcalde, Vicente López Rosat, declaró en Radio Peninsular, que “se ha hablado de muchas posibilidades: desde suspender los castillos en la plaza del Caudillo a hacerlos en el cauce del río”, lo que se acabó produciendo, aunque fue muchos años después, en 1987.

Otras voces importantes del mundo fallero de la época apostaron también días después de la tragedia por buscar ubicaciones alternativas “a esa plazoleta del centro de la ciudad”.

La actual alcaldesa de València, María José Catalá, junto a la delegada del Gobierno, Pilar bernabé, tras la junta local de seguridad extraordinaria del pasado 13 de marzo, se comprometieron a trabajar durante el próximo ejercicio fallero en la búsqueda de alternativas, una vez evaluado el dispositivo de este 2026.

El Partido Popular en el Ayuntamiento de Sevilla satisface a Vox al haber declarado su apoyo a la moción que se votará en el pleno municipal el próximo jueves que trata sobre la prohibición del burka y el niqab en las dependencias municipales. Con el sí rotundo, el único argumento esgrimido en contra fue que no hay amparo en la normativa estatal para que el consistorio realice tal procedimiento, por lo que los populares echaron mano a la confección de un posible informe jurídico para calmar las aguas, de no prosperar la medida.

En la Comisión Especial de Control y Fiscalización del Gobierno, el grupo de ultraderecha sorteó las propuestas relativas al Día Internacional de la Mujer para entrar rápidamente al terrero: en aras de la seguridad para el “correcto” funcionamiento del servicio público, la concejala María Cristina Peláez mantuvo que la medida era “sencilla, proporcionada y legal” y solo se ajusta a que “quien se dirige a la administración, debe ser identificado”. “No planteamos prohibir prendas religiosas en la vía pública ni cómo viste nadie en su vida privada”, matizó, sin embargo, acusó a los gobiernos centrales de “promover políticas migratorias irresponsables” y del aumento de la población musulmana en el país, “principalmente de origen marroquí”, relacionando, por tanto, un hecho y otro.

Quien minutos antes había negado la existencia de la brecha salarial por razón de género, comentó que no se trataba de “un debate teórico o una discusión teológica abstracta”, obviando deliberadamente la ofensiva que lleva Vox a nivel nacional tras el fracaso de su propuesta en el Congreso de los Diputados. “El burka o el niqab no es una expresión cultural inocente ni una simple forma de vestir, es el símbolo más evidente de discriminación hacia la mujer en las sociedades islámicas”, reiteró, “la izquierda está aceptando su sometimiento, porque nosotros estamos con aquellas mujeres que luchan en el mundo por no llevarlo”. No obstante, se han posicionado para prohibir también los menús halal o defienden la cultura cristiana como la vertebradora de la sociedad actual.

El PP, replegado

En representación del gobierno local, el primer teniente de alcalde Juan Francisco Bueno confirmó que “sí” apoyarán la iniciativa, porque “no nace en ningún caso del rechazo a ninguna religión ni de la negación de la libertad religiosa”, sino que, a su juicio, se hacía en base a “los valores de nuestra democracia”. Aun así, el concejal admitió lo siguiente: “Me he pronunciado en un 'no' claramente al burka y al niqab”.

El concejal pedía “un debate sereno” para abordar un tema de tal calibre en el que se ha volcado la derecha y extrema derecha en los últimos meses, pero decía “no entender” las razones compartidas por la izquierda en el debate municipal. En cualquier caso, admitió que desconocía si el Ayuntamiento podía dar establecer esa serie de restricciones “si no hay una ley que lo ampare”: “Esa es la única duda que tenemos, de si podremos ponerlo en práctica”. Por ello, motivó la elaboración de un informe jurídico antes de continuar con el procedimiento, pidiendo al mismo tiempo el apoyo a nivel nacional de la propuesta de ley de su partido.

Así, el PP municipal se repliega ante Vox, del que ha dependido tanto para la aprobación de presupuestos como para las horas extras de la Policía Local, entre otras medidas, cuando a nivel autonómico y estatal hay un pulso por separar los enfoques de los partidos en el intento de atraer a un votante cada vez más volátil. Fue el propio presidente andaluz, Juanma Moreno, quien inició el ataque en aras de proteger su mayoría absoluta de 55 diputados tras el 28F, atacando a los de extrema derecha mediante las consignas que presentan para disolver las autonomías, “¿para qué están ahí sentados?”, aludía. A pesar de las directrices, los ayuntamientos populares se han asociado a Vox a la ahora de abordar la migración, como ha sucedido en los municipios almerienses de Níjar o El Ejido, aunque se abstuviera en Málaga.

“Problema ficticio”

Si bien Peláez criticó que la izquierda se escudara en “cifras y estadísticas” para no apoyar la moción, la cuestión es que, tal y como defendió Ismael Sánchez, del grupo Con Podemos-Izquierda Unida, no hay ninguna queja formal en las dependencias municipales ni por parte de las fuerzas de seguridad que custodian la administración. “Las trabajadoras municipales del distrito, a quienes hemos consultado, nos dicen que eso no pasa y desde la policía local nos dijeron que hubo un caso en un distrito: simplemente se levantó el velo, comprobaron la identificación con el DNI y ya está”, zanjó el portavoz.

Por tanto, calificó la moción como “un problema ficticio” que venía a “fabricar un enemigo imaginario, a sembrar odio y a utilizar a una minoría de mujeres como diana política”. “Estamos ante una maniobra de propaganda ultra que solo quiere atraer islamofobia y xenofobia”, aduciendo que tales prohibiciones solo fomentan “un aislamiento mayor” que dificulta la protección de las mujeres que pertenecen a esta comunidad. En este punto, su posicionamiento lo resumió así: “No queremos que ninguna mujer tenga que llevar ninguna prenda por imposición”.

En una sentencia del Tribunal Supremo de 2013, que anuló así varias de las normas impuestas por los ayuntamientos en otro periodo de tensión política como eran las graves consecuencias de la crisis económica de 2008, se razonó que el veto podía provocar un “efecto perverso”. Por ejemplo, el “enclaustramiento de la mujer en su entorno familiar inmediato” si decide priorizar sus convicciones religiosas sobre “otras consideraciones”. Según la resolución, cerrar el acceso a los espacios públicos con estos atuendos que ocultan el cuerpo de la mujer resultaría “contrario al objetivo de integración”. Lejos de proteger la igualdad o eliminar la discriminación, podría contribuir a “incrementarlas” al forzar su aislamiento social. 

“Desde los derechos humanos y la educación”

Otra sentencia judicial a la que se aludió durante la comisión fue la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero, al contrario que hizo Vox, su razonamiento está alejado de cuestiones de género o religiosas. La Corte de Estrasburgo mantenía que la prohibición de las prendas que ocultan la cara era aceptable, pero exigía que los motivos que las promovían también lo fueran. Francia, Bélgica, Austria, Dinamarca, Países Bajos, Portugal, Alemania y Bulgaria ya han promulgado leyes que se amparan en esta resolución, que defendía “las reglas básicas de la comunicación social” y la “convivencia mutua”, pero admitiendo que hay mujeres que las llevan por elección propia y, en aras de la consabida seguridad, solo se aplica en lugares sensibles, como aeropuertos, o en una emergencia.

Desde la bancada socialista, Sonia Gaya, aun mostrando su rechazo al burka y al niqab, defendió su negativa a la moción que “trae un debate cultural para generar problemas de convivencia que no existen”. “La forma no es señalar el burka o el niwab para que queden excluidas en sus casas, sino desde los derechos humanos, y la educación: el foco lo ponemos en las mujeres, no en el patriarcado y en el machismo”, sostuvo, subrayando que la ley de Seguridad Ciudadana -ley mordaza- permite la identificación del rostro de cualquier persona en caso de que haya un peligro inminente.

8 de marzo

La moción se debatía después de un debate acalorado en torno al Día Internacional de la Mujer, conmemorado el pasado 8 de marzo, donde el presidente de la comisión pidió calma a los grupos en diversas ocasiones. A falta de una declaración institucional, PSOE y Con Podemos-IU presentaron una iniciativa en la que, entre otros puntos, se reclamaba la reactivación del Consejo de la Mujer, la distribución de los cuadernos sobre educación afectivo-sexual o el cierre de la oficina antiaborto, además de una estrategia divulgativa para la prevención de violencia de género en el ámbito digital.

En respuesta a las exigencias y presumiendo del uso de la inteligencia artificial, José Luis García, concejal de Familia, Igualdad y Derechos Sociales, criticaba el posicionamiento de la oposición ante lo ocurrido en el Consejo de la Mujer. “Expulsan a muchas entidades del grupo de WhatsApp, porque no bailan al son que ustedes tocan, quieren controlar el consejo y quedan para aleccionar”, indicó, quitándole valor a los puntos expuestos por 26 de las 40 asociaciones que conforman el órgano que reclama un papel más efectivo dentro del consistorio hispalense.

Al respecto, mostró los éxitos de la legislatura, como la licitación de la Casa de la Mujer después de que lo aprobara el Gobierno de Espadas (PSOE) en el año 2021 o la ejecución del 88% del presupuesto en el área de Igualdad, frente al 53% del épocas anteriores. Sin embargo, las concesiones que le ha hecho el PP a Vox dentro de la agenda política son muchas y sonantes, como los recortes en las partidas en igualdad, cooperación, atención a la población migrante o la cláusula antipalestina a la hora de pactar los presupuestos municipales, mientras que los oficios religiosos de San Fernando y la Inmaculada aumentaban en 100.000 euros.

En la resaca del 8M, la concejala de Vox, Peláez, decidió afirmar lo siguiente: “Existen mujeres con unos trabajos determinados y unos hombres con otros trabajos y una remuneración específica; no hay una desigualdad salarial en Andalucía o España”. Pese a lo reiterado, la Comisión Europea define y reconoce tal diferencia entre mujeres y hombres y, según la Encuesta de Población Activa (EPA) de 2024, hay una brecha en la actualidad del 20%, la cual asciende al 26% en Andalucía. Es decir, el salario medio anual se situaba en 31.116 euros para los hombres y 25.958 euros para las mujeres a nivel nacional. Una casuística sobre la que la socialista Encarnación Aguilar fue directa: “Lea”.

Por su parte, Susana Hornillo (Podemos) defendió que el debate sobre la igualdad y el papel que articula en la sociedad moderna “es más necesario que nunca ante el avance del negacionismo de la violencia machista y el discurso de odio contra el feminismo, que pretende ridicudizarlo y borrar décadas de conquistas sociales que han permitido que todas las mujeres vivan con más libertad”.

Conectar el teléfono móvil para cargar su batería es una rutina que millones de personas realizan a diario sin darle demasiada importancia. La mayoría de los usuarios sigue un gesto automático: coge el cable, lo conecta al dispositivo y lo enchufa a la corriente, sin pensar en posibles riesgos. Aunque parezca un detalle menor, la secuencia en la que se realiza esta acción tiene implicaciones sobre el correcto funcionamiento de los componentes del teléfono y la durabilidad de la batería. Pequeños errores repetidos a diario pueden afectar de manera gradual la eficiencia de carga y aumentar la probabilidad de problemas en los puertos o circuitos internos.

Además de la cuestión técnica, la forma en que se conecta un teléfono refleja hábitos de consumo que muchas veces se subestiman. Las baterías están diseñadas para soportar recargas frecuentes y rápidas, pero los puertos y conectores son más delicados de lo que parecen. Si se conecta primero el teléfono antes de enchufar el cargador, pueden generarse picos momentáneos de voltaje que, aunque no sean peligrosos de inmediato, sí contribuyen al desgaste de los componentes internos con el tiempo. Estos efectos acumulativos son más evidentes en dispositivos que se cargan varias veces al día.

Muchas personas no se dan cuenta de que la frecuencia con la que cargan el teléfono también influye en cómo reaccionan los componentes internos. Cada conexión, aunque breve, somete los circuitos y los terminales metálicos a pequeñas tensiones que, sumadas con el tiempo, pueden desgastarlos. Por eso, prestar atención al modo y al orden de carga no es solo una cuestión de seguridad inmediata, sino también de mantenimiento a largo plazo del teléfono y su batería.

A esto se suma el hecho de que la mayoría de los usuarios confía en los sistemas de seguridad de sus teléfonos sin percibir los riesgos asociados al orden de conexión. Las chispas momentáneas, la exposición a pequeñas irregularidades en el suministro eléctrico y el desgaste progresivo de los terminales metálicos del puerto son factores que, si se combinan, pueden reducir la vida útil del dispositivo. Prestar atención al gesto cotidiano de enchufar el cargador puede parecer una precaución mínima, pero tiene efectos tangibles sobre la longevidad del teléfono y la eficiencia de la batería.

Cómo conectar el cargador correctamente

Para proteger el teléfono y optimizar la carga, hay que seguir un orden preciso. La primera recomendación es utilizar siempre un cargador original del fabricante del dispositivo. Este detalle no solo asegura que la energía suministrada sea la adecuada, sino que también minimiza riesgos de sobrecalentamiento y daños en los circuitos internos. Evitar cargadores genéricos o de baja calidad reduce la probabilidad de fluctuaciones de voltaje y protege la batería frente a cargas inestables.

Una vez elegido el cargador adecuado, lo recomendable es enchufarlo primero a la corriente y después conectarlo al teléfono. Así, la electricidad ya está estabilizada cuando llega al dispositivo y se evitan pequeños picos de tensión en el puerto de carga. Si el cable y el cargador van por separado, lo mejor es conectar primero el cable al adaptador y, después, al teléfono, para que la energía empiece a circular de forma más controlada. Esta medida simple reduce la posibilidad de pequeñas chispas o impactos eléctricos que, con el tiempo, pueden desgastar los contactos metálicos del puerto.

Una vez conectado el cable al cargador, el paso siguiente es insertarlo en el teléfono. Esta etapa cierra el circuito eléctrico de manera segura, permitiendo que la batería reciba energía de forma constante y estable. Evitar hacerlo de manera apresurada o con el cargador desconectado de la corriente disminuye riesgos de que se produzcan pequeños daños y contribuye a mantener la eficiencia de carga durante más tiempo.

Por último, es recomendable verificar que el teléfono indique correctamente que la carga ha comenzado. Este sencillo gesto permite confirmar que la energía se transfiere de manera adecuada y que no hay problemas con el puerto o el cable. En caso de no aparecer el indicador, es preferible revisar primero las conexiones antes de intentar forzar el enchufe, evitando así posibles daños mecánicos en el dispositivo.

Este simple gesto de comprobar que la carga ha comenzado correctamente permite también detectar problemas a tiempo, como un cable que no hace buen contacto o un puerto con suciedad. Atender a estas señales ayuda a prevenir daños menores que, acumulados, podrían derivar en averías más graves o en una disminución significativa de la eficiencia de la batería.

Adoptar esta secuencia de pasos no requiere conocimientos técnicos avanzados ni cambios significativos en la rutina diaria. Conectar el cargador original a la corriente, insertar el cable en el adaptador si es necesario, enchufarlo al teléfono y comprobar la carga son medidas preventivas que protegen tanto los componentes físicos como la batería del dispositivo. A lo largo del tiempo, esta práctica ayuda a mantener el teléfono en buen estado y asegura un rendimiento constante en cada ciclo de recarga.

Al final del día, cargar el teléfono puede parecer algo muy simple, pero prestar atención al orden en que se enchufa realmente marca la diferencia. Detalles como usar el cargador correcto o seguir una secuencia adecuada al conectar el cable afectan tanto la eficiencia de la carga como la duración del dispositivo, un gesto cotidiano que pueden influir de manera directa en el rendimiento de la tecnología que usamos todos los días.

Antonio Sanz Fuentes desmonta en Diario de un criminólogo incomprendido (Alrevés Editorial) el tópico de que la gente de izquierdas no habla sobre seguridad. Este experto lo hace, pero fuera del marco basado exclusivamente en incrementar las penas de cárcel que propone la extrema derecha. Para empezar, reivindica el buenismo en materia de Justicia ante la ola reaccionaria que lo menosprecia, y recuerda clásicos que los partidos progresistas, en ocasiones, parecen haber olvidado.

¿Qué es el populismo punitivo?

El populismo punitivo consiste en hacernos creer que un mayor castigo implica una mejor prevención de la criminalidad. Es una falsa expectativa de control, porque en realidad el endurecimiento de las normas o el Código Penal no conlleva una alteración ni una prevención efectiva del crimen. No persigue un cambio real, sino que es una medida para mantener el status quo.

¿Nos centramos demasiado en el castigo en vez de la reinserción?

El castigo de por sí no es algo necesariamente malo, lo necesitamos para reconocer que una conducta es rechazable y se debe perseguir como sociedad. Pero es muy populista enfrentarse y relacionarse con el castigo siempre desde la dureza. Deberíamos reflexionar sobre otros aspectos como la certeza del castigo, la rapidez en su aplicación, que no sea arbitrario y que sea proporcional…

En España la izquierda gobierna desde hace ocho años y no ha derogado la prisión permanente revisable, que fue muy criticada cuando la aprobó el PP.

El populismo punitivo rara vez se ha visto cuestionado frontalmente a nivel público en los debates sobre la criminalidad o incluso cuando hace referencia a la seguridad personal. Parece que la seguridad sea un problema que ocupa el centro de nuestras vidas y realmente existen otros muchos problemas sociales a los que quizás deberíamos prestar más atención.

Ha habido algunas propuestas legislativas que eran menos populistas punitivas. Las catedráticas María Acale y Patricia Faraldo, con sus propuestas para la ley de libertad sexual, ponían el foco en la prevención, la creación de centros de prevención de violencias sexuales, la educación, la obligatoriedad de crear actuaciones concretas para proteger la libertad sexual en las empresas… Pero todo el mundo se terminó fijando solo en el tema de las penas, cuando era una ley mucho más compleja.

El populismo punitivo rara vez se ha visto cuestionado frontalmente a nivel público en los debates sobre la criminalidad

¿La izquierda también cae en la tentación del populismo punitivo?

La izquierda también ha caído en el populismo punitivo, y además tiene un problema: se muestra muy firme respecto a las violencias sexuales que sufren las mujeres, y luego resulta que los partidos encubren casos de acoso sexual dentro de sus filas. Algo parecido ocurre con la corrupción.

¿El último ejemplo de populismo punitivo en España es la ley para endurecer las penas por robos, que ha contado con el apoyo de PSOE, PP, Vox y Junts?

Esta ley me preocupa mucho. No hay nadie experto en la materia, ya sea desde la criminología, la sociología o el derecho penal, que no tenga una opinión crítica sobre este tipo de propuestas legislativas. Hay decenas de estudios que nos dicen que este tipo de reformas no tienen ningún tipo de capacidad preventiva, y que además probablemente acentuarán los problemas: si las personas que cometen los robos callejeros ya se encuentran en una situación de exclusión social, su paso por prisión posiblemente la acentuará.

¿Por qué los políticos hacen caso omiso a estos expertos?

Es muy difícil ofrecer un debate ético sobre el populismo punitivo porque parece que cuestionarlo supone estar en contra de la seguridad. ¡A ver quién es el valiente que está en contra! Decir en el debate público que más castigo no es mejor tiene un coste social (se te señalará casi como un hereje) y electoral que ningún partido está dispuesto a asumir, incluso los partidos de izquierdas lo temen.

Cuando tratan la criminalidad, los medios de comunicación lo hacen de manera demasiado rápida, poco reflexiva y contextualizada

¿Qué papel tenemos los medios de comunicación en la creación de este caldo de cultivo?

En el libro encajo a los medios de comunicación en un capítulo que se llama ‘rabia’. Cuando tratan la criminalidad, los medios lo hacen de manera demasiado rápida y poco reflexiva y contextualizada. Nos hacen creer que la delincuencia se comete por parte de sujetos excepcionales, monstruos, personas que son imposibles de reinsertar. Este relato impacta en la percepción de las personas, les hace sentir que son seres que han tomado una decisión racional cuando realmente puede estar fundamentada en un contexto social muy complejo de exclusión social, problemas de consumo, de salud mental…. Son tantos los problemas que realmente pueden motivar que esa elección parezca racional, pero no lo es tanto.

Y si los medios tradicionales ya hacemos esto, no quiero preguntarle por Tik Tok…

El algoritmo termina fomentando la confrontación directa hacia ese tipo de sujetos. Los medios de comunicación tradicionales todavía están sujetos a unas normas deontológicas, aunque hagan ciertas trampas porque tienen que atraer al público, ser los más rápidos… Pero cuando hablamos ya de algunos influencers que parece que no están sujetos a nada, que hablan desde la ignorancia y se sienten capaces de afirmar cualquier cosa… Lo que más me preocupa es que tienen un público bastante más amplio quizás que los medios tradicionales y que es el futuro de la sociedad. Es clave apuntar hacia lo que están haciendo.

En el libro dice que vivimos en un caos ético que se origina cuando el mal ya no se esconde ni se opone, sino que se celebra. ¿Hay alguna manera de revertirlo o ya no podemos escapar de él?

Me encantaría haber propuesto algo más concreto, porque es algo en lo que pienso a menudo. Es difícil no reconocer que existe un malismo que está de moda. Yo no era del todo consciente hasta que leí el libro sobre ello de Mauro Entrialgo. Hay una tendencia a apreciar más al malo y parece que ser bueno es ser un pringado. En política criminal, pasa un poco lo mismo: se nos tilda de buenistas, dicen que la justicia es buenista, por lo que la alternativa es una justicia malista.

Lo primero es no olvidarnos de reivindicar el buenismo. Y no achantarnos ante los malistas. Cuando desde el malismo se señala como buenista una idea progresista (o incluso una conservadora o liberal, como las garantías procesales penales), parece que nos acobardemos y no queremos contestar. Debemos decir que sí, que es una medida buenista y a mucha honra. El hecho de ser buenos nos ha llevado a ser mucho más civilizados. El hecho de abandonar la violencia y la agresividad nos ha llevado a resolver los conflictos de una manera pacífica. Y eso nos ha hecho mejores.

¿Esta reivindicación del buenismo se le ha olvidado a la izquierda? Pienso en el acto del otro día de Emilio Delgado y Gabriel Rufián, donde se asumía que había barrios en los que los niños no podían bajar a la calle.

Parece que la propia izquierda tiene que comprar este discurso sobre seguridad para no perder votantes. El miedo siempre ha sido una estrategia de manipulación y una herramienta muy poderosa para controlar a la población. En los 80 en Estados Unidos se descubrió que vender la idea del incremento del castigo era infalible: el votante tiene la sensación de que mejora su seguridad, y la izquierda quiere apuntarse a ese tanto porque este discurso ha calado.

Pero si analizamos las cosas con algo más de profundidad, observamos que las mejores decisiones de los seres humanos siempre han apuntado hacia un modelo buenista, que se aleja del ideal de venganza y del abuso de poder. Lo que ha hecho mejor a la humanidad siempre han sido ideas que apuntaban hacia un progreso, no hacia un retroceso.

Aquí en Barcelona se da la paradoja de que los datos oficiales no dejan de desmentir los discursos alarmistas sobre seguridad, pero igualmente estos calan en la sensación de los habitantes.

En Barcelona existe una narrativa, muy extendida, en el resto de España, de que la delincuencia está desbordada. Además, existe un cierto esfuerzo por ligarla a la inmigración. Pero basta con venir a Barcelona para constatar que es una ciudad normal y corriente, probablemente con una delincuencia bastante común a cualquier otra gran ciudad.

De hecho, Barcelona fulmina el relato ultra y reduce la mayoría de delitos pese al gran aumento de la inmigración.

El problema no está ahí. Tenemos que hacer un análisis crítico de cómo lo hemos estado haciendo. Creo que hemos sido incapaces de asimilar la inmigración. Hemos apuntado hacia un modelo multicultural en el que el país de acogida parece que tan solo tolera al que viene, y esa sensación de superioridad no fomenta una verdadera convivencia. No se valora suficientemente el desarraigo y el desconocimiento del migrante cuando llega. Apuesto por una interculturalidad en la que nos conozcamos, dialoguemos y mejoremos.

¿La vinculación entre delincuencia y migración ya no es monopolio de la extrema derecha?

Es curioso que determinados discursos, para perseguir sus propios fines políticos y señalar a las personas migrantes, recurren a las mujeres y a las personas LGTBI cuando también son negacionistas de este tipo de violencias. Nos venden la moto, por ejemplo, de que la violencia de género no va a descender porque están viniendo personas migrantes que son menos civilizadas, cuando la realidad no es así: un estudio del catedrático de Psicología Antonio Andrés Pueyo mostró que la prevalencia de la violencia de género había disminuido conforme se incrementaba la inmigración.

Me perturba que existen numerosos estudios científicos, académicos que han dedicado toda su vida a estudiar las potencialidades de la reinserción, las causas de la delincuencia, las limitaciones del derecho penal para prevenir el delito e incluso reflexiones realmente profundas sobre la necesidad del garantismo penal y de que el derecho penal sea mínimo. Y sin embargo, todas estas personas, están siendo silenciadas, apartadas y olvidadas del debate público.

E incluso se les critica por no querer hablar de inmigración o seguridad, cuando a lo mejor lo que pasa es que no quieren hablar en los términos de la extrema derecha.

La izquierda tendría que ser un poco más valiente y reivindicar el buenismo cuando se le ataca por no hablar de seguridad o no hablar de inmigración. Si somos capaces de alejarnos de la idea individualista y asumir que la delincuencia es un problema que tiene una dimensión colectiva, quizás también podamos adoptar decisiones más adecuadas. Y si todo esto es buenista, pues sí, soy buenista. Si apostar por la criminología, por la ciencia y ser progresista supone ser buenista, pues soy irremediablemente buenista.

Si apostar por la criminología, por la ciencia y ser progresista supone ser buenista, pues soy irremediablemente buenista

¿Cómo podemos abordar y cómo podemos luchar contra esta sensación de inseguridad?

La seguridad es un sentimiento mucho más complejo y mucho más amplio. Cuando hablamos con familia o amigos, todo el mundo expone algún problema. El más común es el acceso a la vivienda, pero los que vivimos en ciudades también las reconocemos cada vez menos. Donde estaba nuestro bar de confianza, ahora hay hamburguesería que te pone salsas extrañas y que podría estar lo mismo en Brooklyn que en Cádiz.

A eso hay que sumar los grandes problemas globales, como las guerras o las crisis económicas. En este contexto todo el mundo tiene mucha inseguridad y siente mucha incertidumbre. El trabajo como institución ya es incapaz de resolver muchas necesidades básicas, porque trabajando honestamente se paga el alquiler y se compra en el supermercado, pero poco más. La seguridad personal ofrece ese chivo expiatorio, cuando ese miedo puede estar vinculado a una sensación de inseguridad mucho más amplia y a una incertidumbre que se ha instaurado en nuestras personalidades como una forma de vida.

¿La agenda de la seguridad ha desplazado el foco de la política pública de otros ámbitos como la prevención o la rehabilitación?

La priorización de la seguridad busca un confort rápido, que es lo que abre la puerta a discursos populistas como expulsar a los migrantes o meter en la cárcel de por vida a determinados delincuentes. En este contexto, en el que existe además esa creencia popular tan arraigada sobre el castigo, el político encuentra algo extraordinario: la posibilidad de vender un cambio legislativo o proponer medidas que son una porquería, como poner una cámara de vigilancia, para pretender que resuelve los problemas, cuando seguramente la solución pasa por procesos mucho más complejos.

¿Y más caros a nivel de recursos?

Mucho más caros y mucho más difíciles de vender. Una política social que apunta a largo plazo es muy difícil de vender. Es mucho más fácil proponer una modificación legislativa o una medida simplista pero que permite al político salir en una foto rápida. En cambio, algo que va a empezar a tener efectos dentro de 10 o 20 años, puede resultar poco atractivo porque posiblemente no será el mismo político el que se pueda poner la medalla en el futuro.

Este libro es una apuesta para que la gente reflexione y encuentre herramientas más allá de ese discurso simplista. Creo que todo el mundo es consciente de que la criminalidad no es un problema simple. Es un problema muy complejo y difícilmente lo vamos a resolver apuntando a una única causa.

La Junta de Gobierno Local de Calahorra ha acordado licitar la gestión integral del sistema municipal de videovigilancia autorizado por la Delegación del Gobierno en La Rioja. Serán un máximo de 14 cámaras móviles las que se instalarán en diferentes emplazamientos de la ciudad para mejorar la seguridad de Calahorra.

El presupuesto máximo de licitación es de 23.520 euros y la duración del contrato es de 8 meses, a partir del 19 de abril de 2026. La calidad (51 por ciento) y el precio (49 por ciento) son los criterios de adjudicación establecidos. Estas cámaras de seguridad ciudadana autorizadas por Delegación del Gobierno en La Rioja complementarán al nuevo sistema inteligente de vigilancia de tráfico, que se están colocando en estos momentos.

Con estas medidas el Ayuntamiento de Calahorra refuerza su compromiso de mejorar la seguridad en Calahorra. El nuevo sistema inteligente de vigilancia de tráfico está basado en cámaras IP con capacidad de lectura de matrículas, control de tráfico, grabación de imágenes y un sistema de gestión centralizada, que va a permitir desde una única aplicación la monitorización y gestión del sistema propuesto.

La finalidad de esta actuación es aumentar la protección y seguridad ciudadana en la ciudad, así como la efectividad de los cuerpos de seguridad; ofrecer un servicio de vigilancia permanente las 24 horas y mejorar la seguridad vial tanto en la detección de siniestros como en su posterior estudio y la movilidad.

Asimismo, va a mejorar la velocidad de respuesta de la Policía Local, el descenso de la indisciplina viaria, el estudio con datos objetivos para mejorar la movilidad de personas y vehículos y la colaboración con otros cuerpos y fuerzas de seguridad.

Además, ha sacado a contratación la asistencia técnica para la gestión administrativa, económica financiera e información, comunicación y visibilidad del PAI 'Calahorra impulsa: dónde el pasado inspira el futuro' en el marco del desarrollo urbano sostenible, con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el periodo de programación 2021-2017 por un tipo de licitación de 91.284,84 euros.

Los criterios que se valorarán para la adjudicación son el precio (45 por ciento) y la propuesta técnica (55 por ciento) y el plazo de ejecución es de 4 años, desde el 1 de abril de 2026 hasta el 30 de abril de 2030. También ha aprobado la licitación del contrato de servicios para la gestión, organización y ejecución de las actividades programadas para la celebración de las IV Jornadas Interculturales de Calahorra, que se celebrarán del 15 al 17 de mayo de 2026.

El presupuesto máximo es de 23.885,40 euros y el precio (49 por ciento) y la calidad (51 por ciento), los criterios de adjudicación. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas de estos tres expedientes de contratación pueden examinarse en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Calahorra (www.calahorra.es) y en la Plataforma de Contratación del Sector Público (http://contrataciondelestado.es).