El PSOE de Calahorra ha mostrado su preocupación por el uso que está haciendo el Ayuntamiento, a través de la Policía Local, de las cámaras de videoviligancia instaladas en la localidad. Señalan a través de un comunicado que el uso de los medios tecnológicos por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y en particular de los sistemas de videovigilancia, constituye una herramienta de gran utilidad para la prevención, investigación y esclarecimiento de hechos que puedan afectar a la seguridad pública. “Sin embargo, la utilización de dichos medios debe desarrollarse con absoluto respeto a los principios de legalidad, proporcionalidad, necesidad, seguridad jurídica y protección de los derechos fundamentales, especialmente en lo relativo al tratamiento de datos personales y a la captación y utilización de imágenes”, añaden.

Consideran que en las últimas actuaciones desarrolladas por la Policía Local se ha puesto de manifiesto la aplicación de criterios “que parecen introducir nuevas formas de utilización de los sistemas de videovigilancia y de obtención de imágenes cuya fundamentación jurídica, alcance y procedimiento no han sido suficientemente explicados ni a la Corporación Municipal ni a la ciudadanía”.

Consideran que estas circunstancias hacen conveniente que el Ayuntamiento, en el ejercicio de sus funciones de control y fiscalización de la acción de gobierno, promueva la constitución de una Comisión Especial de Investigación que permita esclarecer los criterios seguidos en la utilización de estos medios tecnológicos y verificar que su empleo se ajusta plenamente a la normativa vigente.

Creen que es necesario conocery analizar “la seguridad jurídica que ampara la captación, tratamiento, conservación, custodia y acceso a las imágenes obtenidas mediante sistemas de videovigilancia, así como los protocolos existentes para garantizar el cumplimiento de la legislación aplicable”. También piden que se conozca “la adecuación jurídica y operativa de la utilización de estos sistemas en situaciones que impliquen concentraciones o reuniones de personas, valorando si las actuaciones desarrolladas respetan los principios de necesidad, proporcionalidad y mínima injerencia exigidos por la normativa vigente”.

Por último, piden que se explique la “procedencia legal y el procedimiento seguido para solicitar, recabar o incorporar imágenes procedentes de sistemas de videovigilancia de titularidad privada con fines relacionados con actuaciones policiales, determinando el marco jurídico que ampara dichas actuaciones y las garantías aplicadas en cada caso”.

Afirman que, del mismo modo, esta Comisión permitirá evaluar si la organización y dirección del servicio están respondiendo de manera eficaz a las necesidades actuales de la Policía Local y si la gestión de los recursos públicos se realiza conforme a los principios de eficacia y buena administración.

Señalan que la finalidad de esta Comisión “no es atribuir responsabilidades de forma anticipada ni interferir en actuaciones administrativas o judiciales que pudieran encontrarse en curso, sino ejercer las funciones de control político que corresponden al Pleno municipal, garantizando la transparencia, la rendición de cuentas y la correcta utilización de los recursos públicos”.

Defienden ciudadanía tiene derecho a conocer que los instrumentos tecnológicos empleados por la Administración se utilizan dentro del marco legal establecido y con todas las garantías necesarias para la protección de los derechos fundamentales. “Del mismo modo, la Corporación Municipal tiene el deber de verificar que la organización y dirección de un servicio público esencial como la Policía Local responde a criterios de eficacia, legalidad, proporcionalidad y buena administración”, añaden.

Por todo ello, y al concurrir un evidente interés público en el esclarecimiento de estas cuestiones, consideran plenamente justificada la creación de una Comisión Especial de Investigación que analice los hechos, recabe la documentación e información necesaria, ante la cual comparezcan los responsables que se considere oportunos y se formulen las conclusiones y propuestas que de la misma emanen, con el objetivo de reforzar la transparencia, la seguridad jurídica, la eficacia organizativa y la confianza de la ciudadanía en la actuación de la Policía Local y del Ayuntamiento.

El Ararteko (Defensoría del Pueblo vasca) ha recomendado a la Ertzaintza que limite informar en sus notas de prensa sobre el origen de los detenidos, investigados y víctimas de delitos, salvo que sea un dato de “relevancia pública” y “esencial para contextualizar” la información, de modo que se eviten asociaciones “injustificadas” entre origen y delincuencia. “La información difundida por las administraciones públicas influye en la percepción social de cuestiones como la inmigración, la delincuencia y la seguridad ciudadana”, ha señalado el Ararteko en una resolución hecha pública este viernes. Otros cuerpos, como la Policía de Donostia también lo hacen.

En este sentido, el organismo dirigido por Mikel Mancisidor ha advertido de que difundir de forma descontextualizada datos sobre hechos delictivos individuales puede favorecer interpretaciones y asociaciones “injustificadas” entre origen y delincuencia y, aunque ha valorado la necesidad de la transparencia institucional, también ha considerado que el Departamento de Seguridad debe evitar la creación o el refuerzo de prejuicios, estereotipos y estigmatización hacia determinados colectivos.

Se trata de un expediente de oficio publicado tras conocer que el equipo de Bingen Zupiria, del PNV, había introducido un cambio en su política de comunicación pública, al incluir en sus informaciones el origen de las personas detenidas e investigadas como, en su caso, el de las víctimas de los delitos. De hecho, en su recomendación general 7/2011, el Ararteko expresaba, en diferentes ocasiones, su preocupación acerca de la influencia que un tratamiento inadecuado de la información que se ofrece desde las instituciones podía tener en la imagen social de la población inmigrante y en su integración“. Las notas de prensa policiales deben evitar aquellas referencias a la nacionalidad que no sean estrictamente necesarias para la comprensión global de la información que contienen. ”Los cuerpos policiales tenían que tomar conciencia de su condición de fuente de información y elaborar sus propios códigos de conducta en esta materia“, dado que en aquel momento se entendía que facilitar de modo generalizado esa información ”no favorece la integración social de la población de origen extranjero, al transmitir una visión negativa de esa realidad humana, que contribuye a crear o, en su caso, reforzar estereotipos y prejuicios sociales sobre ella“.

A pesar de ello, el Departamento de Seguridad remitió un informe en el que, entre otras cosas, se destacaba que eran dos las cuestiones novedosas: “Se iba a iniciar la publicación trimestral de las tablas estadísticas que recogen las infracciones penales conocidas por la Ertzaintza con indicación del origen de las personas detenidas e investigadas” y, “en las notas de prensa que diariamente facilita el departamento de prensa de la Ertzaintza –a través de la red Telegram, para los periodistas acreditados, y en la página web del departamento en el portal Irekia del Gobierno vasco- junto al tipo de infracción cometida se iban a añadir, de forma general, datos sobre el género, la edad y la procedencia geográfica de las personas detenidas y de las víctimas, así como la existencia o no de antecedentes delictivos en el caso de las primeras”.

Para justificar la aportación de los datos, desde el Departamento argumentan que “la decisión de no ofrecer información sobre el origen de los detenidos por la Ertzaintza en las notas de prensa no ha evitado su difusión por parte de algunos medios que la han obtenido por su cuenta, sin que otros hayan podido adoptar una decisión con respecto a su publicación por carecer de ella”. “Esta tensión política e informativa, nada pacífica, ha coincidido en el tiempo con un profundo cambio sociológico y demográfico en nuestra sociedad, con un incremento de algunos tipos delictivos, precisamente los que mayor preocupación social causan, en los que la incidencia de las personas procedentes de algunos orígenes geográficos destaca por encima de su peso real en nuestra sociedad, y con un aumento de la preocupación social por la seguridad, de tal forma que en nuestra opinión corremos el grave riesgo de terminar estigmatizando a determinados colectivos, salvo que seamos capaces de contrarrestar esas sensaciones, a través de la acción institucional -incluida la policial y las políticas activas de comunicación. Pensamos que facilitar directamente a las y los periodistas y a las instituciones con las que colaboramos la información de la que disponemos es una forma de actuar con transparencia y garantizar el derecho a la libre información en una cuestión de gran impacto social”, recoge el informe.

El Departamento de Seguridad insiste en que “la sociedad vasca de 2025 no es la de 2004 o 2011”. La configuración política de nuestras instituciones tampoco es la de entonces. Y la realidad del mundo de la información, donde han proliferado nuevos canales y cauces de comunicación, especialmente on line, y donde, a menudo, no es posible identificar la fuente de una información ni su veracidad, es radicalmente diferente de la de otros momentos. Tampoco existe, en nuestro ámbito, un modelo de buenas prácticas o códigos deontológicos acordados entre los medios de comunicación convencionales y los profesionales, que, a la postre, son el cauce determinante por el que llega la información que las instituciones ponemos disposición de la sociedad vasca“, insisten.

“Todas estas consideraciones han llevado a nuestro departamento a cambiar la política informativa y, entre otras consideraciones, a informar sobre el origen geográfico de todas las personas detenidas o víctimas, sean vascas, de nacionalidad española, de origen europeo, magrebí, subsahariano, latinoamericano, asiático o de cualquier otra procedencia, sin fijar nuestra atención en ninguna nacionalidad en concreto e igualándolas todas. Lo hacemos desde el convencimiento de que facilitar esta información evitará la estigmatización de determinadas comunidades y nos obligará a todas y todos, especialmente instituciones, profesionales de la información y medios de comunicación, a hacer un uso responsable de estos datos y reforzar nuestro compromiso para evitar el racismo y la criminalización de muchos de quienes han decidido venir a vivir y a encontrar un futuro mejor en Euskadi”, justifican.

Sin embargo, en su labor por proteger a los ciudadanos, el Ararteko recomienda que “la decisión de la publicación del dato de origen en las notas de prensa sobre seguridad y actuaciones policiales exige, en cada caso, una ponderación de los intereses y derechos afectados” y que esa decisión, consecuentemente, “debería limitarse a aquellos supuestos en que el conocimiento del origen de los detenidos, investigados y víctimas de los delitos sea esencial para contextualizar una información importante o con relevancia pública, por ser de interés general, bien cuando su publicación sea pertinente para la lucha contra los estereotipos y la estigmatización o bien cuando coadyuve a otros fines legítimos, tales como la lucha contra los bulos o el fomento de la calidad de la información en una sociedad democrática”.

Con motivo de la final del Mundial de Fútbol, que disputarán las selecciones de España y Argentina el domingo 19 de julio a las 21:00 horas, el Ayuntamiento de Logroño prepara el entorno de la Fuente Murrieta, lugar de celebración habitual de los éxitos deportivos.

En coordinación con el Cuerpo de Policía Nacional, el Cuerpo de Policía Local participará en el dispositivo de seguridad que se desplegará en el entorno para que los aficionados puedan disfrutar del momento con plena seguridad en caso de victoria de la Selección Española.

Los agentes locales participarán en el operativo con diferentes actuaciones vinculadas a la seguridad ciudadana, la regulación del tráfico y el apoyo al resto de servicios municipales. Para ello, durante el turno de tarde del domingo y el turno de noche del domingo al lunes el servicio estará reforzado con varias patrullas y oficiales, que podría incrementarse si fuese necesarios.

Varias patrullas estarán presenten en el Palacio de los Deportes y en su entorno, donde se prevé una importante afluencia de aficionados por la instalación de una pantalla gigante para ver el encuentro.

La Fuente Murrieta permanecerá desconectada y vaciada, así como las del Monumento a Espartero, en el Paseo del Espolón, y la de los Ilustres, en Gran Vía.

En caso de victoria del combinado nacional, ante la concentración de aficionados que se darán cita en Fuente Murrieta, se contarán los accesos al tráfico rodado a la rotonda de dicha fuente en la confluencia de las calles Javier Martínez Laorden con Trinidad; Murrieta con Gran Vía; Portales con Once de Junio; y Javier Martínez Laorden con Fuente Murrieta.

Se prevé que la reapertura al tráfico, así como un servicio extraordinario de limpieza de la zona, tengan lugar entre las 1:00 y las 3:00 horas, aproximadamente. Finalmente, durante todo el fin de semana el Ayuntamiento iluminará con los colores rojo y amarillo el Puente de Piedra, la muralla del Revellín y la propia Fuente Murrieta.

En caso de victoria argentina, se celebrará en la Plaza del Ayuntamiento

Tras la solicitud de la comunidad argentina residente en Logroño, en el caso de que la selección albiceleste logre el trofeo del Mundial de Fútbol, su celebración oficial tendrá lugar en la Plaza del Ayuntamiento. De este modo, el dispositivo de seguridad previsto para el entorno de la Fuente Murrieta en caso de victoria española se trasladaría a este espacio.

La polémica del plan piloto de la Generalitat de Catalunya para introducir agentes de los Mossos d'Esquadra de paisano en institutos de Secundaria con el objetivo de prevenir conflictos y mejorar la convivencia en los centros ha llegado este jueves a Euskadi de forma inesperada. Ha sido durante el Curso de Verano de la EHU denominado Basque Segurtasun Foroa, el foro creado por el Gobierno vasco para hacer un diagnóstico sobre inseguridad, criminalidad y respuesta policial en el que, además del lehendakari Imanol Pradales y el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, también ha participado la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, quien ha hablado sobre la “innovación educativa hacia el alumnado inmigrante” y ha mencionado nuevas “estrategias” conjuntas entre ambas áreas, aunque ha descartado la necesidad de presencia policial en las aulas vascas como respuesta a los retos a los que se enfrentan dentro del sistema educativo.

En este contexto Pedrosa, quien se ha reconocido a ella misma como migrante por ser toda su familia de Andalucía, ha hablado de los retos educativos de la población que llega a Euskadi, sobre todo de aquellos niños y niñas que no saben hablar castellano ni euskera. “Cuando un chaval o una chavala llega a Euskadi y no sabe hablar ni una palabra de castellano ni euskera nosotros tenemos la obligación de que pueda tener un proyecto de vida, de que se mantenga en la educación. Tenemos menores de 149 nacionalidades que se van incorporando a lo largo del curso y se van escolarizando fuera de la matrícula ordinaria y para ellos tenemos una acogida y también para sus familias. Hay mucho margen de mejora, estamos aprendiendo haciendo, escuchando, investigando, pero lo importante es que ese niño o niña tenga una acogida académica y emocional”, ha explicado Pedrosa.

La consejera ha confesado que puede que muchos de los presentes a la conferencia, en su gran mayoría policías y otros profesionales de la seguridad probablemente no entiendan su presencia en el foro o la relación entre seguridad y educación, por ello ha informado del trabajo conjunto que realizan ambas áreas. “Estamos trabajando en ciberdelitos, el ciberbullying, pero también el fenómeno de la radicalización porque tenemos centros educativos con culturas diferentes, religiones diferentes y marcos mentales diferentes. Son personas que vienen con valores en muchos casos muy contrapuestos”, ha recalcado.

En este sentido, Pedrosa ha indicado que “más allá de garantizar el derecho a la educación y de que las personas se mantengan en el sistema educativo necesitamos nuevas maneras de intervenir. Ya no funciona lo que funcionaba hace 40 años y esto no es un tema de comunicación solamente, hay muchas variables que tenemos encima de la mesa. Uno de los grandes retos que tenemos hoy en día no son solamente los jóvenes, también son las familias. Y muchas veces cuando hablamos de pérdida de respeto a la autoridad hablamos de todos ellos, no solo los menores, también sus padres y madres. Llegan a la escuela tipologías diferentes de familias que hablan diferentes idiomas. Es el ecosistema vivo que tenemos en continua evolución y transformación. Por eso impulsamos distintas decisiones que nos ayuden a preparar al sistema educativo y a la sociedad de Euskadi para la realidad que ya vivimos en las aulas y para que sigamos siendo un país con unos valores y una manera de entender la convivencia desde el respeto”, ha añadido para después recalcar que ese respeto los menores, “ya sean autóctonos o extranjeros, los adquieren a través de buenos referentes”.

“No todos los jóvenes son iguales ni todos los extranjeros son iguales, lo que tenemos que hacer desde Educación es trabajar para que esas personas sientan que pertenecen a Euskadi y quieran seguir aportando, formándose y trabajando en Euskadi. Pero no nos engañemos, porque la educación no lo puede hacer todo. Las áreas de Seguridad y Educación cada vez están más relacionadas. ¿Quién no ha oído hablar de lo que ha ocurrido en Cataluña con los Mossos en las aulas? El Gobierno tomó una decisión para que los Mossos estuvieran de forma física en las aulas y aquello creó una enorme polémica. La pregunta es, ¿es necesaria una medida como esta? La clave está en una colaboración estrecha entre ambas áreas”, ha justificado dejando la cuestión en el aire.

Sin embargo, esa respuesta no ha sido suficiente para el público, que ha repreguntado si considera necesaria la presencia policial en los colegios vascos, a lo que Pedrosa ha confirmado que “no”. “Tenemos espacios para trabajar de forma conjunta pero hay cuestiones que mejorar, aunque no vemos necesaria la presencia de la Ertzaintza en colegios, ya que nuestros centros educativos tienen personal de referencia de la Ertzaintza y saben a quién llamar en el caso de necesitarlo. Eso crea seguridad y los equipos de dirección de los centros conocen perfectamente el procedimiento. Aquí se está abriendo una puerta para hacer cosas nuevas para enfrentarnos a los retos sociales, pero no veo necesario una medida como la implementada en Cataluña, considero que hay otras maneras de ofrecer seguridad al alumnado y a la sociedad”, ha concluido la consejera.

El lehendakari, Imanol Pradales, ha expresado este jueves su preocupación “por el cuestionamiento del principio de autoridad” que sufren los agentes de la Ertzaintza y de otros cuerpos policiales, “pero también a profesores, conductores de autobús o personal sanitario”. Asegura que también hay “pérdida de respeto a las personas y a los bienes públicos o privados”.

En un contexto de pintadas con ertzainas o incluso tras el caso de un agente increpado cuando hacía de árbitro en el torneo de fútbol Donosti Cup, el lehendakari ha querido insistir en esta idea en su conferencia inaugural del curso de verano de la EHU sobre el denominado Basque Segurtasun Foroa, el foro creado por el Gobierno vasco para hacer un diagnóstico sobre inseguridad, criminalidad y respuesta policial y que ha celebrado ya una treintena de encuentros en pueblos y ciudades en el último año. El evento académico ha tenido lugar en el palacio de Miramar de Donostia.

Según el lehendakari, “Euskadi es uno de los países más seguros de Europa para vivir y los índices relativos a los principales delitos e infracciones penales están por debajo de las medias española y europea”. Pero no ha negado que está “constatado” que la “preocupación” por la criminalidad en la sociedad vasca “ha ido en aumento”. “Este sentimiento de fragilidad está directamente relacionado con un mundo cada vez más convulso y cambiante. La sociedad vasca nos recuerda que mantener la seguridad cotidiana en nuestras calles y pueblos debe ser una de nuestras prioridades”, ha apuntado Pradales, que ha reclamado “no bajar la guardia” y “adoptar nuevas medidas”. El PNV, de hecho, ha introducido en su argumentario conceptos como “multirreincidencia” o “armas blancas” y ha apostado por mostrar el origen nacional de los detenidos.

Con todo, más allá del “aumento de los delitos por robos”, Pradales ha pedido ampliar la mirada sobre la seguridad y analizar si Euskadi está preparada también “para responder a incendios cada vez más violentos, pandemias, apagones, inundaciones o altas temperaturas persistentes”. Ha recordado, igualmente, que las “estafas” se cuelan “a través del móvil o del ordenador” y ha alertado del crecimiento de la violencia machista. “¿Se denuncia lo suficiente?”, se ha preguntado, al tiempo que ha reclamado “concienciación” contra esa lacra.

“Como Gobierno vamos a seguir trabajando para ofrecer a la sociedad vasca un 'aterpe', un entorno de certidumbre y seguridad, con el fin de que podamos sentirnos más seguros”, ha apostillado Pradales, que ha prometido “mayor anticipación” y atender algunas propuestas del Basque Segurtasun Foroa como asegurar “mayor presencia” policial en las calles, “mayor coordinación” entre cuerpos y otros servicios de emergencias -en ningún momento ha mencionado a las Fuerzas de Seguridad del Estado- y planes de “intervención tempra” en “jóvenes y adolescentes, ante el riesgo de vulnerabilidad de consumos de sustancias adictivas, como las drogas, el alcohol o el uso incontrolado de teléfonos móviles”.

“El próximo paso será elaborar el plan integral de Seguridad de 2026-2030”, ha apuntado el lehendakari, que entiende que saldrá “enriquecido” de las aportaciones de los participantes en las mesas del foro. “Más de treinta foros participativos celebrados en otros tantos puntos de nuestra geografía en los que han participado más 1.000 personas de distintos ámbitos: representantes forales, alcaldes y alcaldesas, ertzainas, policías locales, jueces, fiscales y representantes de sectores como el educativo, empresarial, sociosanitario, o asociativo”, ha ponderado.

Canarias se encuentra entre las comunidades autónomas con mayor índice de incumplimiento a la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de España. Según los últimos datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), analizados por la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV), el 36,2% de los vehículos obligados a pasar la inspección no la realizan dentro del plazo establecido, situando a Canarias como la quinta comunidad con mayor nivel de incumplimiento del país.

Desde AECA-ITV advierten de que este dato supone que miles de vehículos circulen sin haber acreditado que mantienen las condiciones técnicas necesarias para hacerlo con seguridad y respetando los requisitos medioambientales.

Los datos de la DGT muestran, además, que existe una relación directa entre el retraso en la realización de la ITV, la antigüedad del vehículo y la probabilidad de que presente defectos graves o muy graves. Los vehículos que realizan la inspección dentro del plazo tienen una antigüedad media de 15,2 años, mientras que aquellos que acumulan más de un año de retraso alcanzan los 19,3 años, es decir, 4,1 años más.

“El elevado nivel de incumplimiento registrado en Canarias es un dato que debe preocupar, ya que cuanto más tiempo permanece un vehículo sin realizar la ITV, mayor es la probabilidad de que circule con defectos que pueden comprometer la seguridad vial y aumentar su impacto medioambiental”, señala Guillermo Magaz, director gerente de AECA-ITV.

Retrasar la ITV aumenta la probabilidad de defectos graves y muy graves

Los resultados de las inspecciones reflejan esta tendencia de forma clara. El porcentaje de vehículos que obtienen un resultado desfavorable aumenta progresivamente conforme se incrementa el retraso en acudir a la ITV.

Así, los vehículos que realizan la inspección en plazo presentan un índice de rechazo del 15,2%. Sin embargo, este porcentaje aumenta hasta el 19,7% cuando el retraso es de hasta seis meses, alcanza el 23% cuando se demora entre seis y doce meses y llega al 25,1% cuando el vehículo lleva más de un año sin realizar la inspección.

En términos relativos, los vehículos que retrasan la ITV entre cero y seis meses presentan un 30% más de defectos graves o muy graves (DG o DMG) que los que cumplen con los plazos; el incremento asciende al 51% cuando el retraso es de entre seis y doce meses y alcanza el 65% cuando supera el año.

“Retrasar la realización de la inspección técnica implica la existencia de vehículos con una mayor probabilidad de presentar defectos que afectan de forma significativa a la seguridad vial y al medio ambiente. La ITV permite detectar estos fallos y contribuir a que sean subsanados antes de que puedan derivar en un siniestro vial, en muchas ocasiones, con heridos y fallecidos o en un incremento de las emisiones contaminantes”, añade Magaz.

Reducir el incumplimiento para mejorar la seguridad vial

AECA-ITV recuerda que la inspección técnica es una herramienta esencial para verificar que los vehículos mantienen las condiciones técnicas y medioambientales necesarias durante toda su vida útil.

La entidad considera necesario seguir impulsando medidas que contribuyan a reducir el incumplimiento en Canarias, donde tres de cada diez vehículos no realizan la ITV en el plazo establecido, favoreciendo así un parque automovilístico más seguro, con menores emisiones y en mejores condiciones para circular.

El pasado 15 de mayo, como ya viene siendo tradición desde hace varios años, arrancó la temporada de verano en las piscinas municipales de Madrid. Desde los primeros días de apertura los trabajadores de las instalaciones de Usera, Villaverde y Moratalaz comenzaron a advertir una anomalía que pronto dejó de parecer algo puntual: los vigilantes de la empresa de seguridad contratada por el Ayuntamiento no estaban acudiendo a sus puestos.

Los primeros días faltaban efectivos en algunos turnos. Si normalmente había dos, en esos momentos solo se presentaba uno. Pero a finales de mayo, de un día para otro, dejaron de presentarse todos a sus puestos de trabajo. Debido a la ausencia de seguridad, los trabajadores de las piscinas municipales de Orcasitas y de Plata y Castañar se vieron obligados a afrontar por su cuenta los incidentes que se producían con los usuarios, desde los incumplimientos de las normas básicas hasta situaciones de violencia que acabaron en agresión.

Todo cobró sentido cuando los trabajadores, a través de la prensa, tuvieron conocimiento de que la empresa adjudicataria del servicio de vigilancia, Security Services Kuo S.L., había solicitado el concurso voluntario de acreedores. Según el auto dictado el pasado 11 de junio por el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Madrid, al que ha tenido acceso este periódico, la compañía reconocía una situación de insolvencia actual, con un activo valorado en 4,58 millones de euros frente a un pasivo superior a los 13,3 millones, abriéndose directamente la fase de liquidación.

La declaración de concurso vino a confirmar lo que los trabajadores ya llevaban semanas sospechando: la empresa había dejado de prestar el servicio. Para ese momento, desde la plantilla de las piscinas municipales afectadas ya se habían puesto en contacto con delegados sindicales y representantes del comité de empresa advirtiendo de la situación. “Ahí fue cuando empezamos a investigar lo que estaba pasando”, explica Eulalio Fernández, secretario del sindicato Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) en el Servicio Municipal de Deportes.

Después de visitar personalmente los centros deportivos afectados, los representantes sindicales comprobaron que la ausencia de vigilancia era una realidad. La problemática se concentraba principalmente en Usera y Villaverde, donde operaba Security Services Kuo S.L., aunque en Moratalaz, con otra empresa de seguridad al mando, comenzó a producirse una situación semejante.

La preocupación entre las plantillas iba en aumento. En la piscina de Orcasitas, por ejemplo, estaba previsto que trabajaran cuatro vigilantes diarios, dos en el turno de mañana y otros dos durante la tarde. De cuatro pasó a cero y los propios trabajadores tuvieron que empezar a hacer frente a los altercados. El comité de empresa, a través de las Juntas de Distrito de Villaverde y Usera, expuso la problemática al Ayuntamiento de la capital y les informaron de que estaban iniciando expedientes sancionadores por los reiterados incumplimiento con el objetivo de reunir las causas necesarias para resolver los contratos.

Sin embargo, la situación administrativa de la empresa complicaba cualquier solución inmediata. El Ayuntamiento inició a finales de junio y principios de julio los procedimientos para resolver los contratos de vigilancia correspondientes a los distritos de Villaverde y Usera por incumplimiento contractual. Pero para entonces la adjudicataria ya se encontraba inmersa en el procedimiento concursal, mientras que las piscinas llevaban en funcionamiento casi dos meses con los trabajadores inmersos en una situación de desprotección total.

Para María Caso, concejala del Grupo Municipal Socialista y portavoz adjunta de la Comisión de Cultura, Turismo y Deporte, lo ocurrido no constituye un episodio aislado, sino la consecuencia de “un modelo de contratación basado principalmente en el precio”. La edil recuerda en conversación con Somos Madrid que la empresa resultó adjudicataria de distintos contratos municipales por presentar las ofertas económicas más bajas y señala incluso un expediente en el que la Mesa de Contratación apreció una posible baja anormal por encontrarse muy por debajo del resto de licitadores. Pese a ello, después de justificar la viabilidad de su oferta, acabó obteniendo igualmente la adjudicación.

“La empresa dejó de responder desde el primer día de la temporada. Tenían contratado un determinado número de vigilantes, especialmente en distritos como Usera y Villaverde, y simplemente no aparecían”, sostiene Caso. A su juicio, el problema trasciende el incumplimiento empresarial y pone de manifiesto las debilidades de un sistema en el que “el único criterio que acaba pesando es quién presta el servicio por menos dinero”, una circunstancia que, afirma, termina traduciéndose en precariedad e incumplimientos.

Mientras la situación contractual continúa deteriorándose, la ausencia del servicio se nota a diario en las piscinas. Los trabajadores municipales, encargados de hacer cumplir las normas de uso y atender a los usuarios, han empezado a asumir funciones para las que, denuncian, no disponen de medios suficientes ni de la protección necesaria. El conflicto ha dejado de ser exclusivamente administrativo para convertirse en una cuestión de seguridad laboral que ha llevado al propio Comité de Empresa del Ayuntamiento de Madrid a reclamar una intervención urgente antes de que, advierten, “pueda producirse una desgracia”.

Amenazas de muerte y agresiones a los trabajadores

Según denuncian los representantes laborales, la ausencia de seguridad en las piscinas ha terminado afectando de lleno a los trabajadores, que ya han víctimas de amenazas y agresiones físicas. José María Cano, representante de UGT en el Comité de Empresa del Ayuntamiento de Madrid, explica que la conflictividad habitual de algunas piscinas durante la campaña de verano ha ido escalando sin que exista un dispositivo preventivo suficiente para proteger a la plantilla. “Las agresiones han pasado de ser verbales a físicas. Ha habido amenazas de muerte. Los trabajadores tienen la sensación de que, mientras no ocurra algo realmente grave, nadie va a tomar medidas”, lamenta.

Cano relata que en la piscina municipal de Moratalaz, una socorrista fue presuntamente agarrada por el cuello durante un altercado con un usuario. En las instalaciones de Orcasitas, a un encargado “le dijeron que le iban a pegar un tiro en la cabeza”. Algunos de estos episodios han terminado incluso en juicios rápidos celebrados en los juzgados de Plaza de Castilla, asegura el representante de los trabajadores.

La preocupación no se limita únicamente a las agresiones consumadas. Desde UGT sostienen que muchos empleados afrontan cada jornada con incertidumbre, especialmente en aquellas instalaciones donde la presencia de vigilantes era habitual hasta esta temporada. “Los trabajadores no pueden ir a trabajar con miedo y frustración, sin saber siquiera si van a volver a casa”, insiste Cano.

Esa misma preocupación llevó al Comité de Empresa del Ayuntamiento de Madrid a aprobar el pasado 1 de julio una resolución extraordinaria en la que denuncia la situación de “inseguridad, conflictividad, amenazas, agresiones y exposición a conductas violentas o intimidatorias” que, asegura, vienen soportando trabajadores de distintas piscinas e instalaciones deportivas municipales desde el inicio de la campaña estival. El documento advierte de que la ausencia de medios de apoyo está obligando a numerosos empleados públicos a intervenir en conflictos que “exceden claramente de sus funciones ordinarias” y alerta de que esa exposición continuada ya está teniendo consecuencias sobre la salud laboral de la plantilla, con casos de estrés, ansiedad y miedo a acudir al puesto de trabajo.

Para el comité, el problema no puede abordarse como una sucesión de incidentes aislados, sino como un riesgo laboral que requiere una respuesta inmediata. Por ello reclama al Ayuntamiento un refuerzo efectivo de la vigilancia en aquellas instalaciones con mayor conflictividad, una evaluación específica de los riesgos derivados de la violencia externa, la revisión de los protocolos de actuación y una estrategia preventiva que evite que la intervención policial sea el único recurso disponible cuando la situación ya se ha descontrolado.

En esa misma línea se expresa Eulalio Fernández, quien asegura que las reuniones mantenidas con responsables de las juntas municipales han servido para constatar que el problema existe, pero no para ofrecer una solución inmediata.“Nos dijeron que estaban estudiando la situación y que iban a abrir expedientes sancionadores por los incumplimientos de la empresa, pero nosotros les trasladamos que lo urgente era proteger a los trabajadores”, explica. Según Fernández, desde los distritos también les comunicaron que se estaba intentando coordinar un mayor número de patrullas de la Policía Municipal en el entorno de las piscinas, aunque insiste en que esa medida resulta insuficiente. “Lo que necesitamos es prevención. La Policía interviene cuando la agresión ya se ha producido, nosotros lo que queremos es evitar que llegue a ocurrir.”

La solución no llegará este verano

En Villaverde, Orlando Chacón, el concejal presidente del distrito, acordó el pasado 30 de junio iniciar el procedimiento para resolver el contrato de vigilancia y seguridad adjudicado a Security Services Kuo S.L. por incumplimiento de sus obligaciones, una causa prevista en la Ley de Contratos del Sector Público. Apenas unos días después, el 3 de julio, la Junta Municipal de Usera adoptó una decisión similar respecto al contrato que mantenía con la misma empresa.

No obstante, para entonces ya había pasado casi un mes desde que la empresa adjudicataria había hecho pública su situación económica. Los problemas económicos de la compañía no eran completamente desconocidos. Desde 2021 se habían publicado distintas incidencias relacionadas con procedimientos administrativos y reclamaciones por impagos, mientras que informes de solvencia empresarial advertían de un riesgo elevado de incumplimiento frente a otras compañías del sector. Pese a ello, Security Services Kuo continuó obteniendo adjudicaciones del Ayuntamiento de Madrid y de otros organismos públicos.

La edil María Caso considera que la situación actual pone de manifiesto las consecuencias de ese sistema cuando la empresa adjudicataria deja de cumplir sus obligaciones. “No solo se ha externalizado un servicio esencial, sino que cuando esa empresa incumple no existe un plan alternativo para garantizar la seguridad de trabajadores y usuarios”, afirma.

Ese es precisamente uno de los principales reproches que también plantea el Comité de Empresa. En la resolución aprobada el pasado 1 de julio, los representantes de los trabajadores reclaman al Ayuntamiento que aborde el problema desde una perspectiva preventiva y estructural y no únicamente mediante actuaciones reactivas una vez que ya se ha producido una agresión o un incidente grave.

Sin embargo, las conversaciones mantenidas entre los sindicatos y las juntas municipales apuntan a que esas soluciones difícilmente podrán implantarse durante la presente campaña de verano. Según explican tanto José María Cano como Eulalio Fernández, los responsables municipales les trasladaron que la resolución de los contratos no implica la incorporación automática de una nueva empresa, ya que será necesario tramitar un nuevo procedimiento de licitación, un proceso que requiere varios meses.

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha confirmado que se resolverá con carácter inmediato los contratos con la empresa de seguridad que opera en las piscinas de Usera y Villaverde mientras el Ayuntamiento estudia la posibilidad de ir a un contrato de emergencia para cubrir la situación. “No va a quedar impune la situación”, ha asegurado el primer edil.

Almeida ha asegurado que “se están viendo las posibilidades de formalizar un contrato de emergencia que permita de forma inmediata acudir a otra empresa de seguridad”. Ante esta situación, el alcalde ha pedido disculpas a los usuarios, transmitiéndoles un mensaje tranquilidad porque “se va a actuar para la resolución inmediata del contrato, se va a penalizar a estas empresas y en el ámbito de seguridad se va a reforzar con Policía Municipal de manera inmediata”.

La situación se ha debatido este martes en la Comisión de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid a través de una pregunta formulada por la concejala socialista María Caso, que ha pedido a la encargada de la gestión de centros deportivos municipales e instalaciones, Sonia Cea, que valore “la afectación que tiene el concurso de acreedores de la empresa Security Services Kuo S.L. sobre el servicio que presta en las piscinas municipales de verano”. Con buena parte del verano todavía por delante, sindicatos y oposición reclaman al Ayuntamiento un plan de choque que permita proteger a la plantilla mientras se resuelve definitivamente la situación contractual de la empresa adjudicataria.

George Lakoff explicaba que basta con decir “no pienses en un elefante” para que todo el mundo piense inmediatamente en un elefante. Su tesis era que quien consigue imponer el marco conceptual acaba condicionando también la manera en que pensamos los problemas y las soluciones.

Algo parecido ocurre con la seguridad (y con Trump). Llevamos años oyendo hablar de amenazas militares, de rearme y de la OTAN, hasta el punto de que cuando oímos la palabra “seguridad” pensamos automáticamente en armas, ejércitos y gasto militar. Nadie nos obliga a hacerlo. Simplemente hemos aceptado el marco.

Esta nueva cumbre de la OTAN ha tenido la particularidad de que comenzó con un Foro Industrial de Defensa que, en palabras de Mark Rutte, tenía el objetivo de “convertir el gasto adicional en capacidades operativas y en ampliar de forma significativa nuestras industrias de defensa”. Se refería efectivamente a lo que ocurrió: que se llegaron a acuerdos por valor de decenas de miles de millones en acuerdos de cooperación industrial armamentística y que se eliminaran las trabas a que los aumentos de gasto militar en la UE fueran destinados a la producción armamentística dentro de la UE, agudizando la dinámica actual por la que el grueso del rearme europeo se produzca con armas estadounidenses. Una parte de este estará destinado a mantener un renovado apoyo militar a Ucrania con armas made in USA pagadas con euros.

En Ankara se ha presentado también la propuesta (el marco) del Departamento de Guerra de EEUU de crear una OTAN 3.0, basada en seguir en la Alianza (oh sorpresa), pero con menos compromisos para EEUU y en la que el resto de aliados gasten más. El 5% del PIB de gasto militar como compromiso de todos los estados miembros ha perdido cierto protagonismo, quizá porque el mensaje ya ha calado. O quizá por la resistencia de algunos gobiernos, entre ellos el español, que pueden afectar a una imagen de unidad que esta cumbre ha buscado no sin ansiedad, tal y como se puede ver en el sorprendente recordatorio en los documentos conclusivos de la cumbre de la existencia del artículo 5, por el que los estados miembros se comprometen a intervenir en defensa de sus aliados, ante un ataque militar.

No deja de sorprender el servilismo del secretario general de la OTAN a Donald Trump, tal y como mostró antes de Ankara en su reunión con el presidente norteamericano en el Despacho Oval cuando presentó dos gráficos en paneles de cartón pluma titulados el “Trump Trillion” o el “Efecto Trump”, para mostrar los incrementos que ha conseguido el presidente estadounidense (con su orgullosa complicidad) por su presión para aumentar los gastos militares europeos. Rutte también había sacado pecho ante su superior de que la cartera de pedidos de armas estadounidenses de los países europeos alcanza los 300 mil millones, aludiendo que así se creaban muchos empleos en EEUU gracias a la OTAN. La conclusión de la cumbre de Mark Rutte, con el talento especial que le define, se resume en la palabra “praise” (elogio) a Donald Trump por tanto que ha hecho por la OTAN.

A pesar de las declaraciones finales forzadas de Donald Trump, valorando la unidad de la OTAN y mostrándose satisfecho por el aprecio que le han mostrado sus socios, el presidente norteamericano no está contento. La OTAN no es lo que creía o lo que querría, y le fastidia especialmente haberse quedado solo, con Netanyahu, en su guerra contra Irán.

¿Qué es la seguridad para la OTAN?

Pensando en cómo enfocar esta nueva cumbre de la OTAN, con resultados previsibles para una organización militar y con la capacidad del presidente estadounidense de manejar los tiempos, tengo que reconocer que pensar fuera del marco resulta ciertamente complicado.

A todo esto, pensando en Trump, la OTAN y el elefante de Lakoff, un baño de realidad. A pocos kilómetros de donde vivo se está quemando el monte, han desalojado a 500 personas de sus casas, hay cientos de bomberos jugándose la vida para apagar el fuego y… algo me hace pensar que Rutte, Trump y todos sus acólitos nos están dando gato por liebre. ¿Qué es la seguridad para ellos y qué significa para la gente normal y corriente? Decenas de incendios forestales obligan a desalojar pueblos, destruyen miles de hectáreas, se cobran vidas no solo en las montañas de aquí al lado de casa, sino en las de medio mundo, y quienes dicen estar a cargo de nuestra seguridad no hablan de ello.

No, no han hablado en Ankara de como luchar contra los incendios. Ni habrá una cumbre internacional como las de la OTAN para debatir cómo reforzar la prevención, cómo mejorar la gestión forestal o cómo dotar de más medios a quienes cada verano se juegan la vida apagando incendios. ¿Acaso la seguridad solo merece grandes titulares cuando lleva uniforme militar?

Debemos ser conscientes de que en las cumbres de la OTAN se reúnen políticos, militares y fabricantes de armas. No debe sorprender a nadie que las principales amenazas que identifican sean las militares, por poco probables que sean, ni que sus propuestas de conseguir mayor seguridad sean las de aumentar sus capacidades militares, por muy incompetentes que estas demuestren ser. Uno termina preguntándose si el problema no es solo cuánto dinero destinamos a la seguridad, sino quién decide qué es seguridad. Porque parece que hemos aceptado sin apenas debate que protegernos consiste, sobre todo, en comprar más armas.

Quizá la pregunta que debería haberse planteado también en Ankara no sea cuánto debemos gastar, sino en qué y para qué. ¿Por qué nadie plantea en las reuniones de la OTAN dedicar el 5% del PIB a prevenir los incendios, reforzar la sanidad, mejorar la protección civil o prepararnos frente a las consecuencias del cambio climático? Quizá debemos aceptar que algo así, en la OTAN, simplemente no puede pasar.

En el caso español también hay explicaciones que pedir. Primero, respeto a la cumbre, necesitamos saber a qué se refiere Donald Trumo cuando habla de que España “se redimió” al acceder a una solicitud de pago a la OTAN. Segundo, relacionado con la seguridad de la gente corriente, el gasto en prevención de incendios en España es insuficiente, desigual por territorios y menor hoy que hace dos décadas. La suma del gasto en prevención de incendios de todas las comunidades autónomas es de 1.558 millones € en 2025, si le sumamos la cifra que aporta el gobierno central, se alcanzan los 2.000 millones. Mientras el gasto militar español supera los 40 mil millones. Ello contrasta con que en 2025 el gobierno español aumentó de un plumazo el gasto militar en 11 mil millones para llegar al 2,1% del PIB exigido por la OTAN, mientras podemos estimar que las partidas destinadas a prevención de incendios suponen un 0,4% del gasto público (el 0,18% del PIB).

Pensar fuera del marco

Y ahí está, probablemente, el verdadero debate: qué entendemos por seguridad. Porque mientras en Ankara se hablará de armas y de las amenazas que justifican adquirirlas, nuestros bosques arden cada verano, sin que nadie se lo tome realmente en serio.

Llevamos décadas discutiendo sobre la seguridad en los términos que propone la OTAN. Discutimos si hay que gastar el 2% o el 5%, si Rusia invadirá Europa, si China quién sabe qué hará, si los EEUU de Trump son también una amenaza... pero casi nunca discutimos lo esencial. Damos por hecho que la seguridad consiste en eso. Y quizá ahí esté la mayor victoria de la OTAN y del presidente de EEUU de turno: haber conseguido que incluso quienes la critican piensen la seguridad con sus mismas categorías.

El balance de Ankara es más de lo mismo, amenazas, miedo, militarización y sobre todo, negocio. No parece que vayamos a conseguir una paz real y duradera ni con una OTAN 3.0 ni con un OTAN europea, como muchos proclaman. Viene siendo hora de que alguien piense, reflexione y proponga cómo gestionar nuestra paz y seguridad sin las ataduras que impone una estructura militar como la Alianza Atlántica.

Debemos comenzar a hablar de seguridad en lugares diferentes, personas diferentes y con marcos conceptuales diferentes. No es tan difícil, hay en nuestro entorno organismos multilaterales infrautilizados con un enorme potencial, la OSCE en Europa, la propia UE, la Unión por el Mediterráneo, Naciones Unidas y, sobre todo, marcos alternativos de seguridad poco explorados, porque seguimos atrapados en el que impone la OTAN. La primera condición para construir una seguridad diferente es atreverse a pensarla fuera del marco que nos quieren imponer Donald Trump y Mark Rutte, entre otros.

La Policía Nacional ha reforzado su presencia en Canarias con 176 agentes, de los que 130 son de nuevo ingreso de la Escala Básica y 46 proceden del concurso general de méritos, unas incorporaciones que permitirán aumentar la capacidad operativa del cuerpo y reforzar la seguridad ciudadana.

En un comunicado, el Ministerio del Interior detalla que, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife se incorporan 95 nuevos policías distribuidos entre la Comisaría Provincial de Santa Cruz de Tenerife (50), la Comisaría Local de Tenerife Sur (40), la Comisaría Local de Puerto de la Cruz (2) y el Aeropuerto Tenerife Sur (3).

Por otro lado, en la provincia de Las Palmas se incorporan 35 nuevos policías, destinados en las plantillas de Puerto del Rosario (23) y Arrecife (12). En conjunto, los 130 agentes de nuevo ingreso reforzarán la prestación del servicio policial en todo el archipiélago.

El Ministerio señala que estos efectivos “contribuirán a reforzar las labores de prevención, investigación, respuesta policial y atención al ciudadano, mejorando la capacidad de actuación de la Policía Nacional en todo el territorio provincial”.

En cuanto a los 130 agentes de nuevo ingreso, indica que han superado el correspondiente periodo de formación en la Escuela Nacional de Policía de Ávila y, tras completar un año de prácticas en distintas unidades policiales, inician ahora su destino definitivo, donde continuarán desarrollando su labor al servicio de la ciudadanía.

Los nuevos agentes han sido recibidos en la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, en un acto presidido por el Subdelegado del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, Jesús Javier Plata Vera, acompañado por el Jefe Superior de Policía de Canarias, Jesús María Gómez Martín, y el Comisario, Jefe Provincial en funciones, Raúl Contreras Sabio.

Junto a estos efectivos, se incorporan 46 agentes procedentes del concurso general de méritos, un proceso de provisión de puestos mediante el cual, policías nacionales destinados hasta ahora en otras plantillas pasan a prestar servicio en diferentes dependencias de Canarias, reforzando igualmente los recursos humanos de la Policía Nacional en el archipiélago.

En conjunto, según Interior, las 176 incorporaciones “permitirán consolidar la presencia policial, reforzar las labores de prevención e investigación, mejorar la atención al ciudadano y ofrecer una respuesta más eficaz a las necesidades de residentes y visitantes”, concluye el comunicado.

Nueva agresión a los profesionales de la seguridad privada. Según informa y condena CCOO del Hábitat de La Rioja, un vigilante de seguridad fue agredido el pasado jueves 25 de junio en un supermercado de la calle Murrieta de Logroño. Los hechos ocurrieron a las 10:30 horas durante el ejercicio de sus funciones. De hecho, como consecuencia de las lesiones sufridas, profesional está situación de baja laboral.

Desde la formación sindical muestran su apoyo y solidaridad hacia el trabajador a la vez que denuncia el “preocupante” aumento de las agresiones y actos violentos hacia estos profesionales. Y recuerdan que han solicitado reuniones con la empresa para realizar evaluaciones de riesgos reales y efectivas así como la adopción de medidas preventivas “que continúan siendo desatendidas”.

Y tras esta nueva agresión, CCOO La Rioja reclama la implantación de medidas de protección adecuadas como el refuerzo de servicios mediante binomios en aquellos centros con mayor conflictividad, la dotación de equipos de protección como chalecos anticorte cuando el riesgo lo aconseje, una adecuada protección jurídica a las personas trabajadoras agredidas y el estudio de nuevos medios de protección que mejoren la seguridad de los vigilantes.

Y es que concluyen, “la seguridad de quienes garantizan la seguridad de los demás no puede seguir siendo ignorada” por lo que continuarán exigiendo a las empresas y administraciones “medidas necesarias para proteger la integridad y la salud de los profesionales de la seguridad privada”.

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha declarado la alerta por altas temperaturas en Gran Canaria y dos prealertas que afectan a todas las islas durante los próximos días. Se trata de una prealerta por fuertes vientos y otra por altas temperaturas. En ambos casos, la decisión se toma teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ha activado ya avisos para cinco islas, y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

En el caso de Gran Canaria, la alerta entra en vigor a las 11 horas de este martes, ya que se prevén temperaturas máximas iguales o superiores a los 37 grados, pudiendo alcanzarse localmente los 40 ºC en zonas de interior orientadas al sur y oeste, así como en sectores del litoral sureste. La inversión térmica se situará en torno a los 500 metros, pudiendo descender localmente por debajo de los 300 metros, favoreciendo la persistencia de aire muy cálido y seco en medianías y cumbres. La humedad relativa descenderá por debajo del 30 %, incrementando el riesgo asociado a este episodio. El episodio tenderá a remitir progresivamente a partir del miércoles 1 de julio.

Prealertas en Canarias

En cuanto a la prealerta por viento, comenzó a las 03:00 horas de este lunes, 29 de junio, y afecta a todo el archipiélago.

Según la previsión, se espera alisio moderado con intervalos de fuerte que se intensificará durante la segunda mitad del lunes, con rachas del nordeste que podrán ser muy fuertes y que afectarán principalmente a zonas bajas de las vertientes sudeste y oeste de las islas de mayor relieve. Localmente se podrán alcanzar los 90 km/h en las islas de Gran Canaria y La Gomera.

Además, durante las jornadas del lunes y martes, se podrán registrar rachas localmente muy fuertes en el Paso y extremo noroeste de La Palma, extremo noroeste de Tenerife, zonas bajas del Valle de Agaete, así como en zonas de interior del sur de Lanzarote y Fuerteventura y al sur de Jandía.

En cuanto a la prealerta por calor, afecta a todas las islas y entra en vigor a las 11.00 horas de este lunes.

Se trata de un episodio de calor con temperaturas en ligero a moderado ascenso, pudiendo llegar a ser notable el de las temperaturas máximas en las medianías de las islas de Gran Canaria, Tenerife y La Gomera.

En Gran Canaria, las temperaturas máximas podrán alcanzar los 37ºC en las medianías del sudeste, sur y oeste, así como en la cuenca de Tejeda.

Se podrán alcanzar o superar los 34ºC en las medianías del sudeste, sur y oeste de Tenerife y La Gomera a partir del martes, mientras que en zonas de interior y sur de Lanzarote y Fuerteventura se esperan los 30-32ºC. También se podrán alcanzar y superar los 30-32ºC, aunque de forma más puntual y menos probable, en medianías del sur y oeste de El Hierro y La Palma.

El Gobierno canario insta a la población a tomar medidas de precaución tanto por el viento como por las altas temperatuas.

El verano apenas acaba de empezar y las cifras ya dibujan un escenario preocupante. En lo que va de año, ocho menores han muerto ahogados y se han registrado un total de 36 incidentes, una estadística que suele dispararse con la llegada de las altas temperaturas. Detrás de cada número hay una tragedia que se perpetra en cuestión de segundos.

“El ahogamiento de los niños es silencioso, eso es lo que hace que no nos demos cuenta”, advierte Luis Miguel Pascual, director técnico de la Escuela Segoviana de Socorrismo y responsable de investigación de la Asociación Española de Técnicos de Salvamento Acuático y Socorrismo (AETSAS). 

Esperar gritos o chapoteos es un error, los expertos aseguran que solo se precisan 27 segundos para que un menor que no sabe nadar comience a ahogarse y entre dos y cinco minutos para que fallezca como consecuencia del ahogamiento. 

“No le oyes llorar, no le oyes gritar, a lo mejor no le vas a oír ni siquiera el chapoteo... no va a producir un ruido como el de un adulto”, explica Pascual. Porque cuando a un menor se le queda la cara sumergida en el agua y no tiene capacidad para sacarla, también desaparecen sus posibilidades de pedir auxilio. Por eso, cualquier distracción del adulto responsable puede ser crítica.

La responsabilidad de la vigilancia 

En este sentido, Pascual señala que uno de los errores más comunes es la delegación ambigua de la supervisión: “Dar por sentado que tu marido, o tu mujer, o tu amigo el que está allí, o tu primo o tu padre se ocupa. No, tiene que haber una persona vigilando que solo se ocupe de esa tarea”.

Su recomendación es establecer turnos de vigilancia en los que un adulto sea siempre el responsable exclusivo, evitando dar por sentado que otro familiar está pendiente. 

Sin distracciones

Además, el experto se muestra crítico con antiguas reglas de los manuales de socorrismo del tipo 10/20, que establecen diez segundos para observar y veinte para actuar. “Se ha demostrado muchas veces que es ineficaz, que no permite hacer la vigilancia correctamente y que además estresa al socorrista. Pero es que además al marcar tiempos, el problema es que ya estás diciendo a la persona que vigila que tiene un tiempo en el que puede estar distraído y en la vigilancia de los niños no te puedes distraer, tienes que estar ahí”, aclara. Unos segundos mirando el móvil, con un libro o dando la espalda al niño pueden ser determinantes.

Los chalecos frente a los juguetes

Otro error común en el que incide el experto es confiar la seguridad del niño a elementos realmente lúdicos, como el flotador o los manguitos, y no de prevención. “El único elemento de seguridad es un chaleco salvavidas homologado y adaptado”, afirma tajante Pascual, que detalla que debe contar con un cierre entre las piernas para evitar que se deslice hacia arriba. 

“El flotador es un juguete y, como todos los juguetes, tiene que utilizarse en un entorno controlado y con supervisión adulta. Luego tenemos otro tipo de elementos que se utilizan en las clases de natación, como los churros, los cinturones, los manguitos, etc. que siguen la misma línea, son elementos que le facilitan al monitor que el niño adquiera habilidades acuáticas pero no son un elemento de seguridad”, defiende.

Entrenar las habilidades de supervivencia

Para lo que sí son importantes esas herramientas de flotabilidad, según el experto, es para entrenar habilidades básicas de autorrescate: “De una manera muy resumida, es que un niño pueda saltar del borde de la piscina, caer al agua, sumergir la cabeza, poder salir o poder flotar y nadar hasta el borde. Eso lo pueden hacer niños desde un año, dependiendo de las habilidades y de la madurez motora de cada uno se les puede enseñar a saber cómo reaccionar si caen al agua”. 

Se trata de conseguir automatizar reacciones como sacar la cabeza para respirar fuera del agua. “Si eso lo has practicado veinte veces, el día que te pase ya sabes lo que tienes que hacer”, destaca Pascual como otra medida de protección importante, que no sustituye a la más importante, la vigilancia atenta del adulto a cargo.

La Policía Nacional continúa reforzando su compromiso con la inclusión y la seguridad de los colectivos más vulnerables en La Rioja. Con este objetivo, el delegado de Participación Ciudadana de la Jefatura Superior impartió en la tarde de ayer una jornada formativa dirigida específicamente a personas sordas y con discapacidad auditiva de la región.

La actividad contó con la participación de 16 asistentes, quienes pudieron resolver dudas y conocer de primera mano el funcionamiento de AlertCops, la aplicación móvil oficial de seguridad ciudadana del Ministerio del Interior que engloba a Policía Nacional y Guardia Civil. 

Desde la Jefatura el subinspector Vila destacó que “La seguridad inclusiva no consiste en tratar a todos por igual, sino en dar a cada persona el recurso específico que necesita. En la Policía Nacional trabajamos cada día para que ningún ciudadano se sienta aislado o vulnerable ante el delito por culpa de una barrera de comunicación”, señalando que esta app es un recurso vital para la comunidad sorda, ya que permite alertar de un delito, chatear con la sala de control o enviar fotos y geolocalización en tiempo real sin necesidad de realizar una llamada de voz.

Atención presencial adaptada en La Rioja

Más allá de las herramientas digitales de emergencia, la sesión se centró en explicar los recursos de accesibilidad que la Policía Nacional tiene implantados en las comisarías riojanas para garantizar la igualdad de condiciones a la hora de realizar trámites como la renovación del DNI o interponer una denuncia en nuestras Oficinas de Denuncias y Atención al Ciudadano:

Esta jornada se engloba dentro del plan estratégico de Participación Ciudadana de La Rioja, que trabaja de forma permanente con asociaciones y colectivos vulnerables de la comunidad (mayores, menores y personas con diversidad funcional) a través de charlas de prevención y sensibilización.

Con iniciativas como esta, la Jefatura Superior riojana reafirma su modelo de seguridad cercana, adaptando sus recursos humanos y tecnológicos para que ningún ciudadano encuentre obstáculos a la hora de solicitar protección policial.

ALERTCOPS

Cabe destacar que AlertCops no es una herramienta de uso exclusivo para la comunidad sorda, sino una aplicación universal diseñada para la protección de toda la ciudadanía en su día a día. Por este motivo, desde la Policía Nacional se invita a todos los riojanos a instalar esta app gratuita en sus dispositivos móviles. 

Su presencia se convierte en un recurso preventivo de gran utilidad para cualquier persona, que complementa al 091 ya sea para denunciar de forma discreta, realizar trayectos más seguros gracias a la geolocalización o solicitar el auxilio inmediato ante una emergencia, consolidándose como un canal indispensable para avanzar hacia una sociedad más protegida y conectada. 

Coincidiendo con el Año Nuevo 2026, se celebró durante cinco días en el entorno natural del embalse del Cenajo, dentro del término municipal de Férez (Albacete), una rave convocada de manera espontánea. Las bajas temperaturas, la lluvia y el barro, junto con el “acoso policial” que denunciaron sus organizadores, provocaron un caos en los controles de acceso que se saldó con personas atrapadas en los terraplenes y multas “aleatorias”. El alcalde del pueblo dijo estar encantado con los 'visitantes', pero como suele ocurrir en este tipo de eventos, casi siempre la polémica está servida.

Es el último ejemplo de estas fiestas, casi siempre clandestinas, en las que la música electrónica, el baile y la acampada son las protagonistas, aún más popularizadas por la fama de la película ‘Sirât', de Oliver Laxe, que triunfó en el Festival de Cannes y estuvo nominada a los Premios Oscar como Mejor Película Internacional.

Al Gobierno de Castilla-La Mancha no le gustó la experiencia. Ni esta de Albacete en concreto ni otras anteriores que ha habido en la región. Tampoco ha sido ajena la Administración autonómica a otro problema que ha generado sonoras polémicas: el ruido de los espectáculos públicos.

Por eso ha decidido tomar cartas en el asunto. Acaba de dar luz verde al anteproyecto de Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, con la previsión de culminar su tramitación parlamentaria antes de fin de año, tras su paso por las Cortes regionales, donde el PSOE tiene mayoría absoluta.

La nueva ley sustituirá a la anterior normativa, de hace 15 años, e incluye la ampliación de la regulación a las actividades en espacios abiertos, incluidas las raves, así como más restricciones al ruido y el control de acceso a los recintos.

Básicamente, en palabras del consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, el objetivo es que estos grandes eventos no supongan “un conflicto con el derecho al descanso de la ciudadanía”.

Reconoce el Gobierno regional, en relación con macroeventos en espacios abiertos como las raves, que existe un “vacío legal”, también con respecto al acceso de menores de edad y al control de los aforos.

El texto del anteproyecto, al que ha tenido acceso este periódico, regula tanto las actividades realizadas en establecimientos públicos (sean fijos, portátiles o desmontables) como en espacios abiertos, ya sean de titularidad pública o privada. Entre ellos, por ejemplo, se nombran cines de verano o festejos taurinos y deportivos. También incluye los pirotécnicos. Excluye las celebraciones estrictamente privadas, como las familiares, las manifestaciones y las celebraciones religiosas.

La ley no utiliza específicamente el término ‘rave', pero regula este tipo de eventos a través de otras denominaciones y categorías técnicas. Habla así de “fiestas ilegales”: reuniones o acontecimientos que congregan a personas para celebrar espectáculos o actividades recreativas sin tener el título habilitante (licencia o autorización) y sin cumplir los requisitos.

Más eventos en espacios abiertos tras la pandemia

Igualmente, la nueva norma amplía su regulación para incluir específicamente eventos en lugares “sin infraestructuras fijas”, como parques, solares, explanadas o campos. En la exposición de motivos, el Gobierno explica que se ha detectado un aumento de estas prácticas en espacios abiertos tras la crisis de la COVID-19, lo que justifica una regulación “más estricta” por “los riesgos que conllevan para la salud y la movilidad”.

Con carácter general, lo más llamativo es la ampliación del régimen sancionador para esas “fiestas ilegales”. En las infracciones más graves se contemplan multas que llegan hasta los 300.000 euros en su grado máximo: cuando su celebración sin título habilitante origine situaciones de grave riesgo para la seguridad de las personas o bienes, o den lugar a “graves alteraciones del orden público”.

Independientemente de la sanción final, las autoridades podrán también adoptar medidas de adopción directa si detectan un riesgo “inminente”- Por ejemplo, la suspensión inmediata del evento y desalojo del recinto o espacio abierto, el precinto del establecimiento y la retención de los equipos y bienes utilizados para la fiesta.

Además, la ley establece que la cuantía de la multa podrá incrementarse hasta el doble del beneficio obtenido por el infractor si este último fuera superior a los límites máximos indicados, para asegurar que la infracción “no resulte rentable”.

La cuestión, en el caso de las raves, es que en la gran mayoría de ocasiones, se convocan de manera espontánea, sin una organización clara. ¿Quién se considera por tanto responsable de una fiesta “ilegal”? De acuerdo con el anteproyecto, se establece una “jerarquía”.

Así, en los casos en que no se haya presentado una solicitud de licencia o una declaración responsable, la condición de organizador recaerá sobre “quien asuma las responsabilidades” frente a la autoridad que realice la inspección; o en su defecto, quien lo convoque, lo dé a conocer o reciba ingresos por la venta de entradas o por prestaciones de cualquier otro tipo relacionadas con la fiesta.

Las multas de hasta 300.000 euros se contemplan igualmente para eventos donde se permita el consumo ilegal o tráfico de drogas, así como el acceso de personas con armas u objetos peligrosos en los establecimientos o espacios abiertos. También si se supera el aforo máximo, siempre que origine “situaciones en grave riesgo para el orden público”, por obstrucción la autoridad, por reincidencia o por “incumplir gravemente” las normas de insonorización si supone un “riesgo para la salud ambiental”.

La convivencia entre la fiesta, el ruido y el derecho al descanso

Precisamente, el ruido tiene un papel protagonista en esta ley. Desde hace años se ha convertido en motivo de denuncia vecinal en varias localidades. Una de las más ‘sonadas’ fue con motivo del espectáculo navideño de música y luces, con una gigantesca bola navideña de luz y música que en los últimos años se instala en mitad de la céntrica Plaza de Zocodover del Casco Histórico de Toledo.

Tras las numerosas protestas vecinales, el Ayuntamiento de la ciudad se vio obligado a reducir el volumen (y los minutos de duración) de la música de villancicos que, cada pocos minutos, sonaba machaconamente en esta zona, pero que podía escucharse desde varios puntos de la ciudad.

Otro ejemplo parecido tuvo lugar en la localidad toledana de Ocaña. Desde hace más de dos años, su plaza Mayor, declarada Bien de Interés Cultural (BIC), no acoge actos ni celebraciones multitudinarias que conlleven un exceso de ruido. En este caso, lo impidió la Justicia. La iniciativa de dos vecinas consiguió que se tomaran medidas judiciales para impedir celebraciones en este enclave, que afectaron a la celebración de la Navidad y también a la Semana Santa. El motivo: el ruido y las multitudes.

La nueva ley aborda esta cuestión pero sin muchas concreciones. No establece límites numéricos específicos de decibelios (dB), sino que remite a la normativa sectorial aplicable y a la legislación sobre ruidos vigente para determinar si se han superado los niveles permitidos.

No obstante, sí clasifica el incumplimiento de estos límites. Considera infracción muy grave la emisión de ruidos o vibraciones que superen los límites establecidos en la norma de aplicación y esto suponga un “grave riesgo para la salud ambiental”. Para evitar superar estos límites, la ley impone condiciones como la insonorización para establecimientos públicos, así como licencias donde se incluya normativa sobre ruidos y contaminación acústica.

De la misma forma, la nueva norma subraya que las personas afectadas por ruidos tienen derecho a presentar quejas y reclamaciones por las molestias “que afecten a su descanso”. Si la molestia se produce en el interior de un domicilio, el denunciante debe permitir el acceso a técnicos o inspectores para realizar las mediciones necesarias.

Un examen para controlar los accesos

Hay otra novedad relevante en la ley. La obligación de títulos habilitantes para las personas encargadas de los controles de acceso de eventos con grandes aforos. El texto distingue claramente entre el título habilitante (que es el permiso administrativo para el establecimiento o evento) y la habilitación profesional que debe poseer el personal encargado del control de acceso.

El primero se define como la licencia, la autorización o la documentación que acredita haber presentado una declaración responsable para celebrar una actividad con un aforo superior a 500 personas. Y en esos casos en cuando el establecimiento o la organización del evento en espacio abierto estarán obligados a disponer de personal de control de acceso habilitado.

Para ejercer estas funciones no basta con la contratación. El personal debe poseer una habilitación profesional específica. Será expedida por la dirección general competente tras la comprobación de requisitos y la superación de las pruebas que se determinen reglamentariamente.

Podrán obtenerla personas mayores de edad, con nacionalidad española o de la UE (o permiso de residencia y trabajo) y carecer de antecedentes penales. El personal habilitado deberá estar inscrito en el registro autonómico de espectáculos públicos para que la administración pueda comprobar en cualquier momento que cumplen con los requisitos exigidos.

Se llevará a cabo también un proceso de superación de exámenes. El anteproyecto no concreta a este respecto, ya que establece que se determinarán en un futuro reglamento. Lo que sí establece es que este personal tiene “estrictamente prohibido” asumir o realizar las funciones propias del servicio de seguridad privada. Por ejemplo, no podrá intervenir en alternaciones del orden (en ese caso debe informar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad“.

De hecho, la norma explica que la obligatoriedad de contar con seguridad privada es “independiente” de la del control de acceso, y su exigencia depende de la naturaleza y características del evento o establecimiento.

En conclusión, aunque un evento de gran aforo (más de 500 personas) siempre estará obligado a tener control de acceso, solo tendrá que contratar seguridad privada si el tipo de actividad o recinto está incluido en la lista que la normativa determine como de “especial riesgo o impacto”.

Cuando Pere tomó la decisión de vender su piso llevaba décadas en el Raval. Antes había vivido de alquiler, pero en 2001 se compró un apartamento y fue quince años presidente de la comunidad de su finca. “Era un barrio donde los vecinos eran intocables”, señala hoy desde Vic, su ciudad natal y a la que regresó hace poco más de un mes.

Pere, de 69 años, reconoce que dejar su casa ha sido un proceso muy doloroso, pero aun así continúa visitando con frecuencia este céntrico barrio en el que habitan 45.000 barceloneses. A menudo señalado el Raval por episodios de delincuencia, Pere asegura que no fue este el causante de su adiós. “El turismo y la especulación inmobiliaria trajeron consigo la delincuencia y, en consecuencia, la degradación vecinal”, argumenta este ex vecino. 

Esta transformación no ha sido repentina, sino un proceso sostenido a lo largo de años, incluso décadas, que ha alterado la composición social del barrio, según señala el demógrafo Toni López Gay. La presión inmobiliaria, añade, no siempre se traduce en expulsiones directas de vecinos, pero sí en un escenario de subidas de alquiler, contratos temporales y proliferación de pisos turísticos que hacen imposible establecer lazos en el barrio. 

A veces, como ha retratado Ravalear, la víctima es un comercio centenario. Un fondo de inversión compra una finca e impone una mensualidad inasequible para los establecimientos del barrio, que es lo que le ocurrió al restaurante de la familia de Pol Rodríguez y que ficciona en la serie que protagonizan Enric Auquer y María Rodríguez Soto.  

Según los datos de la Generalitat, el precio medio de alquiler de una vivienda en el Raval fue en 2025 de 957,3 euros al mes. El portal inmobiliario Fotocasa señaló que de entre todas sus ofertas en el barrio, los precios se situaban en los 1.160 euros. 

Para López Gay, el Raval sigue siendo un barrio de alta movilidad residencial, aunque con perfiles de llegada que han cambiado: “Aumenta la llegada de población joven de clase media, con niveles educativos elevados y trayectorias laborales vinculadas a sectores culturales, académicos o creativos”.

La centralidad del barrio o su proximidad a universidades y equipamientos culturales lo han convertido en un espacio atractivo para quienes décadas atrás lo evitaban. Por el contrario, expone, la población que abandona el lugar “suelen ser perfiles más vulnerables que antes acudían al barrio porque era el único lugar en el que encontraban sitio”. 

Con todo, los procesos de gentrificación que afectan desde hace años al Raval, algunos empujados desde el Ayuntamiento, no han evitado que siga siendo uno de los barrios más pobres de la ciudad. Desde el corazón de Barcelona y no en la periferia, tiene una de las rentas per cápita más bajas y uno de los porcentajes más elevados de población nacida en el extranjero: el 67%, solo superado por el Gòtic. 

Precariedad y el estigma de la delincuencia

Montse, vecina también del Raval durante años, se tuvo que marchar de su piso de la calle Lluna. “El propietario me dijo que me tenía que ir porque su hermana se iba a mudar ahí. Pero con el tiempo me di cuenta de que era mentira”, se lamenta.

“Yo pagaba unos 800 euros y luego vi que lo alquilaba por mucho más”, cuenta esta mujer procedente de Colombia, pero que ya llevaba 19 años en Barcelona. “Ahora vivo en el barrio de Gracia, pero aquí no hay las redes vecinales que hay en el Raval, al que sigo viniendo mucho”, expresa. 

Montse tiene una hija que nació y creció en el Raval, pero ya antes de dejar el barrio, la joven vio cómo su entorno también se iba. “Hacia el 2020 mi hija ya no tenía a sus amigos del barrio”, explica esta mujer, madre soltera, que recuerda dos décadas en este barrio en las que fue “muy feliz”. 

Montse distingue los conflictos sociales que se viven en el Raval y la sensación de inseguridad que describen algunos vecinos. Reconoce los problemas derivados de la precariedad, pero rechaza la imagen de barrio violento. “Aquí nos conocemos, hay redes, hay cuidado. La inseguridad la cuentan quienes no viven aquí”, resume. Para muchos vecinos, el Raval no es un espacio hostil, sino un entorno cotidiano marcado por relaciones de proximidad que no encajan en los discursos alarmistas.

Tanto vecinos como expertos denuncian, cansados, que esta etiqueta del Raval visto como barrio peligroso no es nueva. En Matar al Chino, Miquel Fernández explica cómo el Raval ha sido construido durante más de un siglo como un territorio problemático, objeto de políticas higienistas y de control. Desde finales del siglo XIX, la densidad, la mezcla social y determinadas formas de vida fueron señaladas como amenazas para el orden urbano. 

La reducción de la densidad, exponen, se convirtió en una herramienta central para “sanear” el barrio, pero con un coste social. Ejemplo de ello fue la creación de la Rambla del Raval, para la que se derribaron cinco manzanas, un total de 62 edificios. Supuso el desalojo de 5.000 vecinos, cuenta Álvaro Mazorra sobre el que ha sido el mayor proyecto de transformación urbanística del Raval en el siglo XXI.

Mazorra es sociólogo experto en urbanismo y coautor, junto a López Gay, de Migración internacional cualificada y residentes temporales, ¿el avance definitivo de la gentrificación en El Raval?

Con el tiempo, considera que esta lógica se ha mantenido. Rehabilitación, regeneración y mejora urbana sustituyen el discurso higienista sin cuestionar su función disciplinaria. El Pla Endreça, impulsado por el Ayuntamiento de Barcelona en 2023 para mejorar seguridad y limpieza en la ciudad, se inscribe en esa tónica, consideran estos académicos. 

Bajo la retórica del civismo y el orden, el Pla Endreça “refuerza el control del espacio público y penaliza usos y presencias consideradas inadecuadas”, señala Mazorra. “Es una cortina de humo”, denuncia Ángel Cordero, presidente de la Xarxa de Veïns del Raval. “¿Necesitamos más policía? No. Lo que necesitamos es que las instituciones inviertan más en los colectivos vulnerables”, puntualiza. 

Entre los objetivos del Pla Endreça destacan la intensificación de la vigilancia policial, las sanciones administrativas y la persecución de actividades informales que afectan especialmente a la población migrante y racializada. Mazorra lo describe como un hostigamiento cotidiano: “No es más seguridad, es más control sobre determinados cuerpos y hay que ser muy claro cuando se habla del Raval: hay unas políticas que se basan en el racismo institucionalizado de la población migrante”. 

El pasado mes de mayo, el Ayuntamiento de Barcelona presentó la Estrategia Urbana del distrito de Ciutat Vella con el horizonte puesto en 2035. Según fuentes del distrito consultadas por este medio, se trata de una “hoja de ruta” que “se tiene que concretar en acciones y planes concretos” no especificados.

Pese a que el objetivo sea reforzar la “dinamización del distrito y la vida social del vecindario y la vida social del vecindario”, los vecinos lamentan que ni los desahucios y los pisos turísticos están contemplados en esta estrategia, con lo cual muestran desconfianza hacia la apuesta del Ayuntamiento.

Más “cariño” y menos turismo

Una de las particularidades del Raval son las desigualdades que alberga. “Te puedes encontrar viviendas completamente renovadas destinadas a residencias temporales al lado de infraviviendas”, cuenta Mazorra, quién también destaca las diferencias existentes entre el Raval Nord, ese barrio que cuenta con un “clúster cultural que atrae a migrantes intelectuales procedentes de países ricos” –en referencia al MACBA o al CCCB– frente el Raval Sur, donde se concentra la población más vulnerable.

Uno de los últimos pasos para reforzar este modelo urbanístico y cultural es la ampliación del museo del MACBA, cuyas obras se iniciaron en 2025. Los vecinos denuncian que supone la pérdida de unos 1.000 m2 cuadrados de espacio público. “En vez de invertir en parques, en hacer zonas verdes para los vecinos, hacen esta ampliación que sólo va a servir para atraer más turismo”, denuncia Cordero. “Y el barrio lo que necesita es mucho cariño para la gente que vive aquí”. 

“La museificación del entorno no sólo revaloriza el suelo y atrae inversión, sino que redefine los usos del espacio público y las formas de habitarlo”, señala Mazorra. Ejemplo de ello, añade, es que las plazas y calles próximas a estos museos o equipamientos “se transforman en escenarios pensados para el tránsito, el consumo y la visita”, más que para la vida cotidiana.

Esta ampliación conlleva una inversión de 14,75 millones de euros que salen de las arcas del Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat y el Ministerio de Cultura. Sin embargo, los vecinos recalcan que el 91% de los visitantes del MACBA son turistas. Por eso, una red de 200 vecinos ha presentado una campaña de crowdfounding para parar la ampliación. Por el momento, sin éxito. 

La entidad ha llevado la ampliación ante la justicia. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya desestimó la denuncia, pero han recurrido al Supremo.  

Mientras tanto, y a diferencia del caso del MACBA, la presión vecinal tiene éxitos en su haber: ha frenado desalojos y mantenido espacios comunitarios amenazados. El Ágora Juan Andrés Benítez, un solar abandonado por Sareb que funciona como punto de encuentro desde que la policía mató a Juan Andrés Benítez, vecino del barrio, es un ejemplo de ello. 

Ramiro, de 65 años, llevaba cuatro décadas viviendo en el Raval. Es otro de los que se ha ido. No se fue por voluntad propia ni por una decisión económica calculada: se fue porque no le quedó otra. La propietaria del piso en el que vivía su hermana, de quien tiene la tutela legal por una discapacidad psíquica, les comunicó que no les renovaría el contrato. La relación con ella es buena, insiste Ramiro. El problema fue el mercado. “Nos vimos obligados a irnos del barrio porque si buscábamos un piso para mi hermana, o era demasiado caro o estaba mucho más lejos de donde vivíamos nosotros”. Hoy, Ramiro, su mujer y su hermana viven en una masía por la que pagan 1.500 euros al mes. Si pudiera, volvería. “Porque ese es mi barrio”, reafirma.

Para Ramiro, los planes para aumentar la seguridad y la vigilancia en el barrio no tienen como fin la inseguridad, sino que son una herramienta de gestión urbana. “Se criminaliza la pobreza para limpiar el espacio”, afirma. Miquel Fernández, autor de Matar al Chino (2014), califica este proceso como una forma de “colonialismo urbano” y que ya se vio cuando empezaron las obras para la creación de la Filmoteca, inaugurada en 2012 dentro de otra intervención urbanística de alcance para el Raval. 

En su libro, Fernández explica cómo esta “regeneración urbana” del Raval no es un proceso neutral, sino que ha requerido producir una imagen deteriorada del barrio para justificar intervenciones que, en la práctica, han supuesto “la suspensión formal e informal de los derechos de los vecinos”. Frente a ese relato, los vecinos de toda la vida insisten en otra realidad. “Estamos hartos”, añade Ángel. Montse lo expresa con claridad: “En el Raval nos sentíamos seguras porque nos conocíamos”.

La reforma del Reglamento General de Circulación aprobada por el Gobierno ha encontrado un respaldo inmediato en el sector de las motos, uno de los vehículos afectados junto a los patinetes, las bicis y los automóviles. La Asociación Nacional de Empresas del Sector Dos Ruedas (Anesdor) ha valorado positivamente el nuevo Real Decreto de Usuarios Vulnerables, al considerar que introduce avances largamente reclamados por los motoristas y supone un cambio de enfoque relevante en la política española de seguridad vial.

La principal novedad destacada por la patronal es la incorporación por primera vez en la legislación española de una definición legal de “usuario vulnerable de la vía”, una categoría que engloba expresamente a motoristas, ciclistas, peatones y conductores de vehículos de movilidad personal (VMP). Según Anesdor, este reconocimiento refleja una realidad evidente: no todos los usuarios de las vías afrontan los mismos riesgos en caso de accidente.

La modificación del reglamento, que entrará en vigor el 1 de octubre de 2026, forma parte de una actualización integral de las normas de circulación impulsada por la Dirección General de Tráfico (DGT) para adaptarse a los nuevos modelos de movilidad y reforzar la protección de los colectivos más expuestos.

Luz verde a las principales reivindicaciones del sector

Entre las medidas que afectan directamente a motocicletas y ciclomotores, Anesdor destaca la autorización para circular por el arcén derecho en situaciones de congestión, una reivindicación histórica de los usuarios de moto. La norma permitirá esta práctica siempre que el tramo esté señalizado y la velocidad no supere los 30 kilómetros por hora.

La asociación considera que esta medida contribuirá a reducir el riesgo en las retenciones, uno de los escenarios más peligrosos para los motoristas, al favorecer la segregación del tráfico y minimizar la exposición a alcances por parte de otros vehículos.

La reforma también establece la obligatoriedad del uso de guantes de protección para conductores y pasajeros en vías interurbanas y de calzado cerrado en cualquier tipo de vía. Además, los usuarios de ciclomotores deberán utilizar cascos homologados, elevando los requisitos de seguridad respecto a la simple certificación vigente hasta ahora.

Por otro lado, los repartidores profesionales que desarrollen su actividad en motocicleta estarán obligados a llevar chaleco reflectante en todo momento, una medida orientada a mejorar su visibilidad en el tráfico urbano.

La seguridad del motorista depende también de los demás conductores

Aunque la patronal valora el refuerzo del equipamiento obligatorio y las nuevas normas de circulación, considera que la mejora de la seguridad vial pasa también por aumentar la concienciación del resto de usuarios de la carretera. Anesdor recuerda que el parque de motocicletas continúa creciendo y que cada vez más ciudadanos utilizan la moto como solución habitual de movilidad. En este contexto, advierte de que la protección del motorista no puede depender únicamente de su comportamiento o equipamiento.

La asociación cita estudios recientes que indican que seis de cada diez accidentes en los que se ve implicado un motorista tienen su origen en la actuación de otro conductor. Una realidad que, a juicio del sector, obliga a reforzar la formación y la sensibilización sobre aspectos como los ángulos muertos, las distancias de seguridad, las maniobras de adelantamiento o la atención en cruces e incorporaciones.

Un cambio de visión en la seguridad vial

El secretario general de Anesdor, José María Riaño, calificó la reforma como “un hito importante en la política de seguridad vial española” y agradeció el trabajo realizado por la DGT para sacar adelante una normativa que, según afirmó, recoge demandas históricas del sector. Riaño subrayó especialmente la creación de la figura jurídica del usuario vulnerable, ya que reconoce que motoristas, ciclistas y peatones afrontan condiciones de seguridad distintas a las de quienes viajan protegidos por la carrocería de un automóvil.

Desde la asociación aseguran que seguirán colaborando con las administraciones para desarrollar nuevas iniciativas orientadas a reducir la siniestralidad. Entre las prioridades figura impulsar campañas de concienciación dirigidas al conjunto de los conductores, convencidos de que la mejora de la convivencia en las vías será clave para reducir los accidentes de motocicleta en los próximos años.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha reforzado los dispositivos de seguridad, prevención y vigilancia con motivo de la celebración de la Noche de San Juan este martes, 23 de junio, en el entorno de la playa de Las Canteras, con un operativo especial que busca evitar la realización de hogueras en el municipio.

La administración municipal ha informado de que el dispositivo de seguridad especial contará con vigilancia terrestre y marítima.

En este sentido, efectivos de la Policía Local, la Policía Nacional, Protección Civil, Cruz Roja y distintos servicios municipales se coordinarán para garantizar la seguridad en la zona.

Además, Protección Civil y el Servicio Municipal de Limpieza, en colaboración con la Unidad de Mediación y Convivencia (UMEC) de la Policía Local, realizarán labores de localización y retirada de acopios de materiales preparados para ser quemados, ya que las hogueras no están permitidas.

Mientras, la Policía Local desplegará a la Unidad de Protección y Acompañamiento Local (UPAL) para la atención de menores de edad, mientras que el Grupo Operativo de Intervención y Apoyo (GOIA-UE) realizará labores de vigilancia en el paseo marítimo.

Asimismo, Cruz Roja dispondrá de una embarcación para emergencias y se instalará un Punto Violeta y Arcoiris para ofrecer información y apoyo ante posibles agresiones sexistas durante los actos de las Fiestas Fundacionales.

El dispositivo contempla actuaciones de seguridad y movilidad en el entorno del Auditorio Alfredo Kraus y la playa de Las Canteras, donde se celebrarán el acto de entrega de Honores y Distinciones, un espectáculo de fuegos artificiales, el concierto de Álvaro de Luna y una verbena.

Por ello, se prevén restricciones puntuales al tráfico y posibles cierres en las avenidas Príncipe de Asturias e Industrial José Sánchez Peñate, así como en las calles Simancas, Pavía y Numancia. También se podrá cerrar el acceso a El Rincón desde la autovía GC-2 en sentido Gáldar si la afluencia de público lo aconseja.

Respecto a las labores de limpieza, el Servicio Municipal de Limpieza y el servicio de Ciudad de Mar han diseñado un operativo con 76 trabajadores y 23 vehículos. Las actuaciones se desarrollarán entre las 01.30 y las 05.30 horas del 24 de junio para recuperar la normalidad en la playa de Las Canteras, el paseo y las vías adyacentes.

Finalmente, se instalarán diez islas ecológicas para facilitar la recogida selectiva de residuos y se reforzará el paseo con 46 contenedores de restos.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha incorporado a seis nuevos subinspectores de la Policía Local que han tomado posesión este martes como funcionarios de carrera tras superar el proceso selectivo de promoción interna convocado por el Consistorio.

Los nuevos subinspectores se integran en la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase Policía Local, Grupo A, Subgrupo A2, y pasan a ocupar los puestos asignados en la Relación de Puestos de Trabajo municipal. Su incorporación se produce tras la superación del proceso selectivo de concurso-oposición, el periodo de formación específico y la realización del periodo de prácticas establecido en la convocatoria.

La concejala de Recursos Humanos, Esther Martín, ha presidido el acto de toma de posesión en un acto que ha contado con la presencia de la directora general de Recursos Humanos, Teresa Rodríguez; y la directora general de Seguridad y Emergencias, Rosa Rodríguez; junto a mandos del cuerpo de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria.

Durante el acto, los nuevos subinspectores formalizaron su incorporación como funcionarios de carrera y asumirán sus funciones en la estructura operativa del cuerpo, en el marco del refuerzo de la escala de mandos de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria.

Como ha explicado la concejala de Recursos Humanos, Esther Martín, “este nombramiento se enmarca en la política municipal de impulso a la promoción interna como herramienta de desarrollo profesional dentro del Ayuntamiento, orientada a consolidar estructuras estables y a mejorar la capacidad de organización y respuesta de los servicios públicos municipales”.

El proceso selectivo se inició con la convocatoria aprobada en 2021 y ha incluido las distintas fases de concurso-oposición, formación específica y prácticas profesionales, hasta la resolución final de nombramiento como funcionarios de carrera.

En paralelo, el Ayuntamiento continúa reforzando la plantilla del cuerpo. Durante el pasado año se incorporaron 45 nuevos agentes y se ha impulsado una nueva convocatoria de 57 plazas de Policía Local con el objetivo de consolidar una plantilla estable y preparada que permita seguir reforzando la seguridad ciudadana en la capital. Además, el pasado mes de marzo el cuerpo policial incorporó a cinco nuevos inspectores.

La Xunta va a pagar, un año más, la seguridad para la catedral de Santiago. Este lunes ha anunciado que va a firmar dos convenios de colaboración a través de los cuales va a entregar 1,5 millones e euros a la Catedral de Santiago de Compostela y la Fundación Catedral de Santiago para este fin. Una pequeña parte de los fondos, 250.000 euros, se reservarán para aportar al funcionamiento del Centro Internacional de Acogida de Peregrinos.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció la aportación de las arcas públicas a la Iglesia este lunes y destacó que aumenta con respecto a la aprobada el año pasado, algo que justificó por la previsible mayor afluencia de visitantes en 2027, que será Año Santo.

El primero de los acuerdos es una colaboración por la cual la Xunta dará 1,2 millones de euros para la seguridad de la catedral y la oficina de atención al peregrino, procedentes de la Axencia de Turismo de Galicia. El otro, para funcionamiento del centro de peregrinos, suma otros 250.000 euros.

El consejero delegado de Anthropic, Dario Amodei, ha reclamado una regulación más estricta para la inteligencia artificial avanzada, que incluya la capacidad de los gobiernos para bloquear o retirar del mercado modelos que no superen pruebas de seguridad independientes, al considerar que los riesgos asociados a esta tecnología ya son “claramente” una realidad.

En un extenso ensayo, el cofundador de la startup que ha conseguido superar a OpenAI —que recientemente alertó sobre los riesgos de su propio sistema Mythos, capaz de detectar y atacar de manera autónoma brechas de seguridad informática—, sostiene que el rápido avance de la inteligencia artificial ha dejado obsoleta la estrategia regulatoria basada únicamente en la transparencia, la que defendía la industria hace apenas unos años.

El directivo plantea que los modelos de IA más potentes sean sometidos a auditorías obligatorias para evaluar riesgos en cuatro ámbitos concretos: ciberseguridad, armas biológicas, pérdida de control sobre sistemas de IA e investigación y desarrollo automatizados capaces de acelerar esos riesgos. Como elemento central de su propuesta, defiende que las autoridades dispongan de capacidad legal para impedir el despliegue de un modelo o revertir su lanzamiento si las evaluaciones concluyen que presenta riesgos inaceptables para la seguridad pública.

El Gobierno debería tener el poder de bloquear o disuadir el despliegue del modelo si se determina, a la luz de una evaluación independiente, que presenta riesgos inaceptables

Dario Amodei — cofundador y CEO de Anthropic

“El Gobierno debería tener el poder de bloquear o disuadir el despliegue del modelo si se determina, a la luz de una evaluación independiente, que presenta riesgos inaceptables”, señala el directivo en su ensayo, en el que puntualiza que esa facultad debería limitarse a los riesgos definidos previamente y contar con salvaguardas frente a decisiones arbitrarias o motivadas por favoritismos políticos.

El ejecutivo compara la situación actual de la IA con sectores como la aviación, la automoción o la industria farmacéutica, donde los productos deben superar controles técnicos antes de llegar al mercado. En este sentido, propone un esquema similar al de la agencia estadounidense de aviación civil, bajo el que los modelos más avanzados tendrían que acreditar estándares elevados de seguridad antes de su lanzamiento.

Amodei argumenta que la evidencia acumulada en los últimos meses demuestra que los sistemas más potentes ya tienen relevancia estratégica nacional e internacional. En particular, alerta del potencial de estas herramientas para afectar a infraestructuras críticas, al sistema financiero o a la seguridad nacional mediante capacidades avanzadas de ciberataque.

Políticas para proteger el empleo humano

El ensayo forma parte de una reflexión más amplia sobre el impacto económico, político y geopolítico de la inteligencia artificial. Entre otras cuestiones, el responsable de Anthropic plantea varias propuestas para establecer incentivos que ayuden a proteger el empleo.

Advierte de que la IA podría provocar “desplazamientos laborales” disruptivos y plantea estudiar mecanismos de apoyo a la renta si se produjera una sustitución masiva de empleo, así como la creación de una alianza internacional de democracias para coordinar normas, cadenas de suministro y medidas de seguridad relacionadas con la IA.

La gente está preocupada por la IA porque percibe correctamente que sus riesgos son reales

“Una amplia gama de incentivos a favor del empleo puede ayudar a frenar o reducir el desplazamiento laboral” como “seguros salariales” que compensen a las personas cuando tengan que aceptar un empleo peor remunerado o incentivos fiscales a la retención para animar a los empleadores a no realizar despidos.

También propone subvenciones para la formación de la fuerza laboral, o infraestructuras para facilitar el emparejamiento entre empleadores y empleados con el fin de acelerar el ritmo de adaptación del mercado laboral. “Deberíamos aceptar de buen grado los costes y las ineficiencias de mercado que estas políticas podrían implicar, especialmente porque es probable que se vean compensados por las ganancias de productividad impulsadas por la IA”, argumenta.

Pese a los riesgos identificados, Amodei sostiene que la tecnología puede generar beneficios económicos y científicos de gran alcance si se acompaña de marcos regulatorios adecuados. “La gente está preocupada por la IA porque percibe correctamente que sus riesgos son reales”, afirma en el texto, donde pide convertir esa preocupación en medidas concretas y no en una oposición generalizada al desarrollo de la tecnología.