El titular del Ararteko, Mikel Mancisidor, ha asegurado que el informe sobre la actuación de oficio abierta ante la decisión del Departamento de Seguridad de publicar el origen de los detenidos en las notas de prensa de la Ertzaintza se hará público “antes de las vacaciones de agosto” porque está “muy avanzado”. Mancisidor ha confirmado este extremo en su comparecencia en el Parlamento Vasco para presentar su informe anual correspondiente a 2025, del que se hizo entrega a finales de marzo.

Se da la circunstancia de que, en su día, el Ararteko consideró estigmatizante la decisión de señalar el origen nacional de los arrestados. Del mismo modo, parte de la oposición e incluso el PSE-EE, socio del PNV en el Gobierno, han cuestionado esta política del consejero Bingen Zupiria. Es más, otras instituciones del PNV lo han rechazado, como Bilbao o Barakaldo.

El defensor ha confirmado que en los meses que lleva en el cargo ha abierto dos actuaciones de oficio, ha recordado que en materia de seguridad se centran en aquellos casos de uso de la fuerza y trato inadecuado tanto por miembros de la Ertzaintza como de las Policías municipales, a los que recordaron los principios de adecuación, necesidad y proporcionalidad, informa Europa Press.

Mancisidor se ha referido igualmente a adolescentes extranjeros no acompañados. Ha recordado que requieren de respuestas individualizadas e integrales que garanticen siempre el interés superior del menor. “Insistir en ello no implica desconocer las dificultades señaladas por algunas administraciones ante la insuficiente cooperación de determinadas instancias judiciales o fiscales y los desequilibrios existentes entre las responsabilidades asumidas por las distintas comunidades autónomas”, ha concluido.

Un accidente ocurrido en torno a las 9:15 horas de este miércoles en la autopista AP-8, a la altura de Elgoibar (Gipuzkoa), ha causado la muerte de cinco personas. Eran los cinco ocupantes de una furgoneta que ha colisionado con un camión cisterna. Los cinco eran agentes de la Policía Foral de Navarra, que se dirigían a una formación en la base de Iurreta (en Bizkaia), según han confirmado fuentes del Gobierno de Navarra. Los fallecidos eran Fermín Sola Barrena, Jesús María Vidaurreta Fernández, Miguel Crespo Obanos, Juan Martín Domínguez Villar y Miguel Antonio d'Entremont Jiménez.

Según ha informado el Departamento de Seguridad en una nota, las causas del accidente aún se desconocen. La autopista ha quedado cortada en ambos sentidos. Hasta el lugar del siniestro se han acercado efectivos sanitarios, que han certificado las muertes, como consecuencia de las heridas sufridas en el accidente. El conductor del camión, por su parte, ha sido trasladado a un centro hospitalario. La Ertzaintza investiga lo sucedido para esclarecer las circunstancias.

A raíz del accidente, la vía ha quedado cortada al tráfico, lo que ha generado importantes retenciones. La circulación, según ha informado el Departamento de Seguridad, se ha desviado por la AP-1. Bidegi ha informado de que el accidente entre el camión y la furgoneta se ha producido en la AP-8, en Elgoibar, en el punto kilométrico 69, en sentido Bilbao, en el enlace entre la AP-8 y la AP-1 en Maltzaga. En dirección Bilbao desde Elgoibar no se puede circular y en sentido Behobia, está cerrado desde el enlace de la AP-8 con la AP-1 en Eibar.

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha expresado sus condolencias a través de un mensaje difundido en la red social X. “Estoy consternada por el terrible accidente en el que han fallecido cinco miembros de [la Policía Foral de Navarra]. Todo mi cariño a sus familias y compañeras y compañeros por la pérdida de nuestros servidores públicos. El Gobierno de Navarra y yo misma os acompañamos en este momento de dolor”, ha escrito.

La Ertzaintza y el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, por su parte, han lamentado “profundamente” el accidente y han trasladado “su afecto y solidaridad a las familias de las personas fallecidas”. El consejero, Bingen Zupiria, ha trasladado, según se informa en una nota, personalmente sus condolencias a la consejera de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno de Navarra, Inmaculada Jurío.

La Comisión de Control y Transparencia de la Policía vasca, un órgano externo que revisa los dispositivos tanto de la Ertzaintza como de los cuerpos locales, ha iniciado ya su investigación sobre las cargas acontecidas en el aeropuerto de Loiu, el que da servicio a Bilbo, durante la llegada de miembros de la Global Sumud Flotilla. Este organismo, presidido desde este año por Enrique Lucas, exvocal en el Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PNV, ha realizado una batería de solicitudes al Gobierno vasco, incluida una copia de los informes emitidos, todas las grabaciones de vídeo, las posibles imágenes tomadas por los agentes actuantes por medio de sus 'bodycam' y las comunicaciones por radio.

El expediente 5/2026 de la comisión arranca con una breve descripción de los hechos realizada por el propio consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, en la misma tarde del sábado en que se produjeron las cargas. Zupiria explica que en Loiu se celebró “una concentración no comunicada” para recibir a los activistas y “conformaba por unas 30 personas que ostentaban banderas palestinas”. Añade que “derivada de la misma, se han producido incidentes de orden público que han hecho necesaria la intervención directa de agentes de la Ertzaintza”. Prosigue explicando que, “resultado de los altercados se ha procedido a la detención de cuatro personas por delitos de atentado, resistencia y desobediencia grave”. Igualmente, se incoaron sanciones administrativas en aplicación de la normativa de Seguridad Ciudadana, más conocida como 'ley mordaza'.

Según ha trasladado Zupiria a esta comisión, “de manera inmediata” se dio la orden a Asuntos Internos de abrir una investigación interna. Las imágenes de la actuación de la Ertzaintza dieron la vuelta al mundo y, de hecho, recientemente ha trascendido que Global Sumud Flotilla se ha querellado contra Zupiria y contra la Policía vasca. Denuncian que tras haber sufrido represalias en Israel recibieron una paliza a su llegada a casa. El Ararteko, la Defensoría del Pueblo vasca, también ha abierto su propio expediente.

La comisión, que ha visto modificada su composición este 2026 después de unos últimos años con el exmagistrado Juan Luis Ibarra al frente, caracterizados por un tono crítico, incoó el expediente el 25 de mayo, dos días después de las cargas y antes incluso que Zupiria diera las primeras explicaciones en el parlamento. El acuerdo de admisión a trámite incluye una solicitud del “plan operativo aprobado para el evento”, las posibles denuncias por la actuación policial de las que se tenga conocimiento, el expediente de Asuntos Internos, el atestado policial de Loiu y, desde luego, las comunicaciones por radio y las grabaciones en vídeo, tanto propias como del sistema de seguridad de Aena.

Este organismo no tiene un plazo predefinido para emitir su dictamen. De hecho, aún tiene pendientes casos de 2024 como la carga en el exterior del estadio de Anoeta de la que salió con lesiones en la cabeza Amaya Zabarte, que ha visto cómo se archivaba en los juzgados la causa contra agentes de la Ertzaintza al entender que no está acreditado que recibiera en el cráneo el impacto de un proyectil de 'foam', como ella sostiene. Recientemente, en abril, se han incoado otros dos expedientes. Uno es por un detenido en la comisaría de la Ertzaintza en Eibar que acabó en el hospital -Zupiria explicó en el Parlamento que las grabaciones permiten concluir que no fue por responsabilidad policial- y otro por una actuación de la Policía de Barakaldo en la que “una persona esgrimió un arma blanca cuando iba a ser detenida [...] resultando herida por un disparo con arma de fuego” de uno de los uniformados intervinientes.

Miembros de Global Sumud Flotilla han interpuesto este martes una querella criminal en el Tribunal de Instancia de Bilbao por “brutalidad policial” contra la Ertzaintza y contra el consejero de Seguridad del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, del PNV, tras las cargas que tuvieron lugar el pasado 23 de mayo, a la llegada de los activistas al aeropuerto de Loiu. “Hemos interpuesto una querella criminal en representación de Global Sumud Flotilla como acusación popular por los hechos ocurridos en el aeropuerto de Loiu cuando llegaron los voluntarios de la Flotilla. Euskal Herria entera y parte del mundo vieron las imágenes. La Ertzaintza utilizó una vez más una brutalidad policial totalmente innecesaria y desproporcionada. Violentamente tiraron al suelo a los miembros de la Flotilla y cuando estaban en el suelo siguieron golpeándoles con sus bastones policiales. Estas personas acababan de sobrevivir días de secuestro de gran violencia a manos de las fuerzas de ocupación israelíes y cuando llegaron a Loiu fueron golpeadas por la Ertzaintza de forma brutal”, ha denunciado la abogada de los activistas Haizea Ziluaga, tras presentar la querella.

Junto a ella han acudido al juzgado una docena de personas que han mostrado banderas de Palestina y fotografías de las heridas provocadas por la Ertzaintza durante las cargas tras las cuales detuvo a cuatro personas acusadas de desobediencia grave, resistencia y atentado a agente de la autoridad. Según informó en aquel momento el Departamento vasco de Seguridad, tras lo sucedido, la Jefatura de Asuntos Internos de la Ertzaintza inició una investigación para verificar si la actuación de los agentes se ajustó a las instrucciones en vigor.

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, pidió perdón en inglés por las cargas en una comparecencia en el Parlamento Vasco, pero después en castellano y euskera aclaró que la presencia policial en la terminal estaba justificada y que todo arrancó con una “agresión” a un agente de la autoridad y hasta recalcó que entre los activistas había dos exmiembros de ETA, uno condenado a seis años de prisión y la otra a doce. Preguntado el pasado viernes por el tema en la sesión de control al Gobierno, no volvió a realizar ninguna referencia directa al operativo e insistió en que hay un problema en la sociedad vasca porque se está perdiendo el principio de “autoridad” y aseguró que, “mientras tenga la confianza del lehendakari”, Imanol Pradales, seguirá trabajando para garantizar el “orden”.

“A nosotras nos corresponde denunciar lo sucedido y, como acusación popular, pedir responsabilidades. Las declaraciones del consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, que asumió en primera persona lo sucedido, son inaceptables. Niega lo evidente”, ha criticado la abogada en referencia a sus afirmaciones de que la carga de la Ertzaintza fue “provocada” por una “agresión previa” a un agente.

Según ha destacado, la denuncia va dirigida contra los agentes de la Ertzaintza que actuaron en Loiu, contra los que dirigieron esa “operación policial brutal” y contra el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, por “detención ilegal, lesiones y delito de odio”, entre otros. “Nos hemos visto obligadas en más de una ocasión a tener que venir al juzgado a defender la solidaridad con el pueblo de Palestina. Denunciar el genocidio que está cometiendo el Estado sionista de Israel es un derecho civil y político y nosotras seguiremos ejecutando este derecho porque es nuestra obligación”, ha concluido la abogada.

La Unidad de Desactivación de Explosivos de la Ertzaintza (conocida por las siglas UDE) ha celebrado este sábado por un acto conmemorativo de su cuadragésimo aniversario, en el que han estado presentes el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, la directora del cuerpo, Victoria Landa, el jefe policial, Josu Bujanda, así como otros mandos. Este grupo tiene su base en Iurreta.

En el transcurso de la jornada, los asistentes han podido contemplar el simulacro de una intervención de los desactivadores y de guías de la unidad canina con perros especialistas, neutralizando un objeto sospechoso en el maletero de un vehículo. En el lugar también se ha expuesto al público asistente la estación de descontaminación de sustancias o artefactos de naturaleza nuclear, radiológica, biológica o química (NRBQ), informa Europa Press.

La Unidad de Desactivación de Explosivos dio inicio a su actividad de forma operativa en el año 1986 después del proceso de formación y prácticas de los primeros especialistas que conformaron el grupo. Desde los primeros años afrontó un contexto complicado marcado por la amenaza de ETA y por la necesidad de dotar a la Ertzaintza de capacidades propias en materia de neutralización de artefactos explosivos, ha recordado. En 1989, el primer jefe de la unidad, Luis Hortelano García, fue asesinado en el barrio bilbaíno de Zorroza, junto a dos Tedax de la Policía Nacional, cuando trabajaban en la desactivación de un artefacto colocado por miembros de ETA en un taxi e hizo explosión un mecanismo trampa.

En la actualidad, parte de la actividad de la unidad está relacionada con la neutralización de artefactos y proyectiles militares, en su mayoría de la Guerra Civil, algunos de ellos todavía activos pese a haber estado enterrados durante décadas y que pueden aparecer en lugares insospechados. El objetivo es evitar riesgos y salvaguardar en todo momento la seguridad de la ciudadanía.

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, del PNV, parece haber pasado ya página del episodio de las cargas de la Ertzaintza en la llegada de miembros de la Global Sumud Flotilla al aeropuerto de Loiu. Preguntado este viernes por el tema en la sesión de control al Gobierno que celebra el Parlamento Vasco, no ha vuelto a realizar ninguna referencia directa al operativo y ha insistido en que hay un problema en la sociedad vasca porque se está perdiendo el principio de “autoridad” y ha garantizado que, “mientras tenga la confianza del lehendakari”, Imanol Pradales, seguirá trabajando para garantizar el “orden” y que las “familias” puedan ir a ver el fútbol o el ciclismo con tranquilidad.

Según Zupiria, Euskadi ha ido construyendo “un modelo de convivencia” durante décadas con “respeto a la ley” como “criterio” básico“, ha indicado que la Ertzaintza es una de las instituciones mejor valoradas por la ciudadanía y ha avisado de que hay un sector de la población que ya está alimentando nuevas acusaciones hacia la Policía de cara al verano. Y ha añadido que ”algunos han estado ausentes“ de la convivencia, en referencia a la izquerda abertzale, que es la que había forzado la pregunta a Zupiria en el arranque del pleno.

El consejero ha indicado que, tras acceder al cargo en 2024, se han registrado del orden de 130 incidentes o altercados y ha indicado que cuando se ha registrado “algún comportamiento dudoso o denunciable”, que no ha concretado, se han “asumido los errores”. Y se han adoptado las “medidas necesarias para que no se repitan”. Lo que no va a hacer la Policía vasca es “renunciar” a actuar en determinados “espacios públicos o sociales” y garantizar el “orden”, ha zanjado.

EH Bildu ha renunciado al habitual 'cara a cara' de su líder, Pello Otxandiano, con el lehendakari en las sesiones de control quincenales para que su portavoz en materia de Seguridad, Gorka Ortiz de Guinea, debatiera con Zupiria sobre el “modelo policial”. El representante abertzale se ha quejado de la “oportunidad de oro” perdida por Zupiria, a su juicio, de no responder claramente a si cree que el despliegue en el aeropuerto que da servicio a Bilbao fue “proporcional o no”. Voces internas de relevancia, desde el anonimato, constataron a este periódico que no lo fue. Las imágenes han dado la vuelta al mundo.

Para EH Bildu, Zupiria se ha situado con “PP y Vox” en su respuesta a estos sucesos, “con los negacionistas”. “Se ha convertido en el portavoz del sector más rancio de la sociedad”, ha añadido Ortiz de Guinea, que ha hablado de los “relatos inverosímiles” sobre Loiu y de “golpes en la nuca”. Ha añadido que los responsables han de ser destituidos, aunque otro partido de la oposición, Sumar, eleva las responsabilidades al propio Zupiria. Ortiz de Guinea ha arrancado las risas de las bancadas del PNV, tanto en el hemiciclo como en el palco de invitados, cuando ha apelado al Gobierno a imitar al primer lehendakari en la Guerra Civil, José Antonio de Aguirre, nacionalista, y a su consejero Telesforo Monzón, en lo tocante al modelo policial.

Un total de 119 personas, la mayoría migrantes, han sido identificadas en un gran dispositivo policial preventivo realizado por la Ertzaintza, con la colaboración de la Policía Nacional y Policía local, en las fábricas abandonadas de URSSA y EGA, situadas en la calle del Campo de los Palacios de Vitoria, donde se calcula que malviven más de un centenar de personas.

La intervención policial ha finalizado sobre las 11:40 horas, tras iniciarse pasadas las 6:00 de la mañana, y fuentes de la investigación han informado a Europa Press que el operativo se ha desarrollado por “salubridad”, debido a las deficientes condiciones sanitarias y de habitabilidad que tiene el lugar, así como por “seguridad”, ya que, presuntamente, algunos de los 'okupas' que habitan las fábricas han cometido delitos y protagonizado incidentes.

En este sentido, la Ertzaintza ha informado de que ha localizado multitud de objetos de los que se investiga su procedencia, y ha precisado que ha necesitado tres furgonetas policiales para cargar con el material presuntamente robado. El operativo ha comenzado a primera hora de este miércoles y en él han participado agentes de la Ertzaintza, Policía local y Policía Nacional, que han procedido a la identificación de las personas que se encontraban en el interior de estos pabellones en desuso ubicados en el barrio vitoriano de Adurza.

El dispositivo se ha saldado con la identificación de un total de 119 personas, de entre 17 y 57 años, 116 de origen magrebí, una de procedencia europea y dos de nacionalidad española. Una de ellas es menor de edad por lo que ha sido puesta a disposición de su progenitor. Numerosos vehículos policiales han tomado los alrededores de la calle del Campo de los Palacios, que ha quedado acordonada durante buena parte de la mañana. Los policías, algunos de paisano, han peinado ambos recintos, grandes y con multitud de rincones escondidos, para encontrar a todas las personas allí instaladas y proceder a su identificación.

Los agentes han procedido a sacarlas al exterior donde uno por uno han sido identificados. Tras ello, la mayoría ha optado por abandonar el lugar, mientras una treintena, la mayor parte personas jóvenes, han esperado en el exterior del cordón policial a que finalizara el dispositivo para poder volver a entrar en las fábricas 'okupadas'. Agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional se han encargado de verificar las identidades de las personas implicadas, y nueve de ellas, de entre 19 y 42 años, han sido trasladadas para comprobar su situación legal.

Por su lado, la Ertzaintza ha realizado un acta de ocupación a un hombre, de 32 años, por posesión de una cartera con documentación a nombre de otra persona. A un segundo individuo, de 23 años, se le ha abierto expediente por tenencia de sustancias estupefacientes de acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana.

Foco de insalubridad

Los terrenos de la fábrica URSSA, situados junto a Olárizu, en la zona aledaña al Anillo Verde, detrás de un supermercado y junto al campo de fútbol de Adurza, llevan años abandonados y han sido 'okupados' por personas de diversa índole y procedencia en diversos periodos de tiempo. Si bien, al principio, albergó a personas sin hogar, principalmente nacionales, que buscaban resguardo para no dormir a la intemperie, e incluso a familias con hijos que no disponían de un techo, con el paso de los años este perfil ha cambiado hacia personas de origen extranjero llegadas a Álava en busca de un futuro mejor.

El recinto es muy amplio y hay zonas diferenciadas en su interior. Para acceder a la base de la nave, el espacio más amplio, hay que sortear múltiples bolsas de basura que se acumulan también en los pasillos exteriores y en el hueco del antiguo ascensor de la factoría, junto a prendas de ropa tiradas, así como chatarra y enseres rotos.

A su entrada a la izquierda, hay pequeños habitáculos donde duerme y habita una pequeña parte de las personas que malviven en la fábrica. Estos espacios están más limpios y acumulan colchones, mesas; algunas de ellas plegables; con latas y alimentos; principalmente conservas; algún hornillo y 'camping gas' para cocinar, así como cajas de cartón a modo de armario para apilar su ropa y productos de higiene, como cepillos de dientes. También hay carritos de bebé y compra para cargar con los productos que llevan a la nave.

Una situación que se repite en el piso superior de la fábrica, donde hay espacios repletos de suciedad y basura, siendo focos de absoluta insalubridad para las personas que viven allí, con otros espacios más cuidados y separados por tablones de madera donde habitan algunas de estas personas en infraviviendas. No tienen acceso a agua potable y como baño utilizan los diversos recovecos existentes en la fábrica, donde hacen sus necesidades.

“No tenemos a dónde ir”

Testimonios de las personas que malviven en URSSA y EGA han lamentado que “no es un buen sitio para vivir”, aunque reconocen resignados que seguirán allí, ya que no tienen a donde ir. Un joven ha explicado que lleva en Vitoria dos años y que, a través de un amigo, fue a vivir a los pabellones abandonados, ya que “conocía a varias personas” que habitaban ya en esta zona “fuera de las miradas de la gente” y donde la policía les dejaba “más tranquilos”.

Otro joven, de poco más de 20 años y procedente de Argelia, ha señalado que vino al País Vasco a “ayudar a su familia” y para buscar “un futuro mejor” que en su país, pero aquí no tiene “ayuda de nadie” para poder vivir, por lo que se tiene que “buscar la vida” como puede. “Aquí hay gente mala y gente buena, no somos todos malos, ni iguales”, ha manifestado otro joven que cuestiona que “digan que todos los que vivimos aquí somos delincuentes”. En su caso y tras pasar por un centro de menores y “estudiar cursos” de formación para poder acceder a un mercado laboral que no le abre la puerta, comparte un habitáculo con otro amigo con el que se apoya.

Este chico ha denunciado que “es imposible” tener capacidad para alquilar en Vitoria y las “mafias que existen en la ciudad” y que le llegaron a exigir “1.000 euros por un padrón en una habitación con muchas más personas”. Tampoco ha logrado plaza en un albergue, por lo que ha preguntado “a dónde quieren que nos vayamos”. Otra persona ha relatado que les “han echado a todos a gritos a la calle, pronto por la mañana, para hacer el registro” y les han pedido los papeles para la Policía Nacional. “Nosotros nos buscamos la vida en España sin robar, somos gente tranquila que no tiene trabajo. Por una persona que vive aquí y roba, dicen que todos robamos. Eso no es verdad”, ha defendido.

“We are sorry for what happened and we are especially sorry because it should have never happened. Once again, the Basque Government condems the genocide committed by the Israeli state against the Palestinian people”. En inglés, y en medio de una gran expectación, el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, del PNV, ha iniciado sus explicaciones sobre las cargas de la Ertzaintza en el aeropuerto de Loiu a la llegada de activistas de la Flotilla Global Sumud, este sábado.

Zupiria, ya en castellano y euskera, ha asumido el “impacto” a nivel global de esas imágenes y ha insistido en que no se debían haber producido. Sin embargo, ha defendido que la presencia policial en la terminal estaba justificada y que todo arrancó con una “agresión” a un agente de la autoridad, ha lamentado que haya una parte de la sociedad -ha señalado a la “extrema izquierda”- que no respete a la Policía, aunque sea vasca, ha comprometido ir a la Fiscalía para defender la persecución en redes sociales de los agentes intervinientes y ha recordado que entre los presentes había dos exmiembros de ETA, uno condenado a seis años de prisión y la otra a doce. Ha agregado que siete agentes resultaron “heridos” de lo sucedido.

“Quiero afirmar de forma tajante que no estamos ante una cuestión de política internacional. Ni de más o menos compromiso ante la situación que se está viviendo en Palestina. Estamos ante un asunto de orden público. [...] No está en cuestión la posición de nuestras instituciones ante el conflicto entre Israel y Palestina, ni nuestra posición ante la actuación ante la Global Sumud Flotilla, que respetamos, a la vez que denunciamos el trato al que se han visto sometidos por su iniciativa activista. La Ertzaintza no golpeó a nadie en Loiu por su ideología o su activismo. No”, ha expuesto Zupiria. Y ha agregado: “Revisaremos todo lo que haya que revisar, pero no vamos a renunciar a asegurar el orden en este país. Y cuando cometamos algún error, deberemos responder por ello”.

Según ha indicado Zupiria, que ha proyectado vídeos de las cámaras de seguridad de Aena y que ha estado arropado por el viceconsejero, Ricardo Ituarte, y por la directora de la Ertzaintza, Victoria Landa, la chispa fue causada por la “desobediencia” de la orden de despejar la puerta de salida de viajeros y, a continuación, por la “agresión” de uno de los activistas, por la espalda, a uno de los uniformados. A partir de ahí, las dos unidades desplegadas, agentes de Seguridad Ciudadana de la comisaría de Erandio y de la Brigada Móvil, la unidad antidisturbios, procedieron a cargar. En los vídeos se ve también que la Guardia Civil creó un cordón más atrás, dentro de la zona de llegadas, para impedir el paso de otros viajeros.

A tenor de las explicaciones ofrecidas, la concentración no estaba comunicada “y no existía un dispositivo preparado” para atenderla. La Policía ni sabía que había un recibimiento ni quiénes iban a llegar, expone. Fue Aena, titular del aeropuerto, el que pidió auxilio a la Ertzaintza. A las 12.05 horas, casi dos horas antes de la llegada de los miembros de la Flotilla, dos personas fueron identificadas porque ya “obstaculizaban totalmente” la puerta de salida de viajeros.

La comisaría de Erandio pidió refuerzos a la Brigada Móvil, y llegaron tres furgonetas desde Bilbao, donde ese día había un dispositivo especial por las finales europeas de rugby. El mando policial al frente de las actuaciones, con rango de oficial, acordó entonces con el “responsable” de los presentes unos “términos” para que la “bienvenida” fuera “ordenada” y se garantizara el normal funcionamiento de una infraestructura “crítica”, al tiempo que se pautó una zona para un aurresku de honor. Se acordó que no se podría rebasar una barrera metálica instalada en la terminal. Es más, Zupiria ha insistido en que hubo personas que se saltaron ese cordón en cuanto llegaron y que, en un primer momento, la fuerza desplegada “transigió”.

El consejero ha recordado que fueron cuatro los detenidos y que todos ellos fueron trasladados a centros médicos para que fueran sometidos a una revisión a la luz de lo acontecido. Ha señalado que también se cumplió el protocolo, ya que los agentes registraron todo lo sucedido con sus cámaras subjetivas, las denominadas 'bodycam'. En todo caso, Asuntos Internos investiga lo sucedido y ha comunicado a los posibles afectados que ha abierto un atestado “por un posible delito de lesiones”. Uno de los detenidos presentaba “un rasponazo en la frente” y otra “sangre en la ceja derecha y una rojez en la parte superior derecha de la espalda”. Del otro lado, “siete ertzainas resultaron lesionados y han causado baja laboral”. Eran unos 25.

En el plano más político, Zupiria ha insistido en que “en este país hay quienes no quieren que haya Policía, ni siquiera si esa Policía es vasca”. “Y no sólo eso. Algunos ciudadanos vascos pusieron una diana a la Ertzaintza. Miembros de la Ertzaintza fueron víctimas del terrorismo de ETA y de la violencia callejera. Por fortuna, eso ha terminado, pero algunos no han cambiado desde entonces su actitud hacia la Ertzaintza. Algunos no le han perdonado aún a la Ertzaintza que se pusiera del lado de la democracia y de los derechos humanos y en contra del terrorismo y la violencia callejera. Las cenizas de las llamas de otra época se mantiene en las cabezas y corazones de algunos. Ese sentimiento venenoso es evidente. En la pugna que tienen entre ellos los movimientos políticos vascos de extrema izquierda, la naturaleza de la Policía o de la propia Ertzaintza siempre está en medio, a modo de bandera política”, ha señalado en euskera.

Zupiria, que ha dado las explicaciones en 72 horas, un tiempo récord en la habitualmente lenta Cámara vasca, tenía sobre la mesa dos peticiones de comparecencia de EH Bildu y de Sumar. “No es posible este nivel de justificación”, ha lamentado el portavoz abertzale, Gorka Ortiz de Guinea, que ha señalado que “los únicos que aplauden” a la Policía autonómica son “los que aplauden el genocidio”. Ha insistido en que no es un caso aislado de excesos policiales y que toca repensar el “modelo policial”. Desde Sumar, Jon Hernández ha denunciado la “brutalidad” y se ha mostrado “decepcionado” por las explicaciones, con referencias a ETA y no asunción de responsabilidades por los porrazos.

El PP ha condenado “enérgicamente” el “linchamiento” de los agentes actuantes. “Nuestra Policía siempre. Es una de las instituciones más queridas. Todo el apoyo a pesar de la campaña de la izquierda radical y los euskofascistas”, ha manifestado Ainhoa Domaica. El PSE-EE, socio del PNV, ha indicado que lo de Loiu “no debía haber ocurrido” y ha apelado a la “necesidad de revisar” la actuación policial.

Casi tres horas antes de la comparecencia del consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, del PNV, para dar explicaciones por las cargas de la Ertzaintza en Loiu durante el recibimiento a miembros de la Flotilla Global Sumud, el Parlamento Vasco está rodeado por hasta siete furgonetas de la Policía vasca mientras una manifestación protesta por el “abuso policial” y denuncia que el Gobierno autonómico y el PNV son “cómplices” del genocidio y del sionismo. “Estamos muy enfadados”, ha resumido a los periodistas Yolanda Payueta, una de las portavoces del medio centenar de asistentes a la temprana concentración.

En euskera, ha explicado que otras bienvenidas a activistas de la flotilla habían sido “tranquilas”, que se trataba de un acto “cívico” y “pacífico” y que, desde el inicio, no entendían la presencia de tantos agentes de la Ertzaintza. Ha añadido que “no hubo provocaciones”, como manifestó en un primer momento el consejero Zupiria para justificar la carga, y ha insistido en que “la única violencia” registrada en el aeropuerto que da servicio a Bilbao fue la policial.

Payueta ha pedido que, más que responsabilidades concretas por este caso, se ponga “encima de la mesa” la necesidad de revisar el “modelo policial” vasco. Ha apuntado que la Ertzaintza surgió con relaciones con “entidades sionistas” y con el Mossad, los servicios secretos de Israel, y que aún ahora tienen contratos públicos con empresas de ese país. “Hay que cortar todas las relaciones con los sionistas”, ha apuntado.

La protesta está encabezada por una pancarta con el texto bilingüe 'Eusko Jaurlaritzatik sionismoa kanpora! PNV, Ertzaintza, apoyáis un genocidio. Basta ya de abuso policial. Ertzaintza, PNV, sionismoaren konplize'. Ha sido ubicada detrás de las vías del tranvía que pasa delante del Parlamento para no impedir la circulación de las unidades, que son de la empresa CAF, otra de las dianas de las críticas por tener servicios en Jerusalén.

Delante de ellos, la Ertzaintza ha desplegado un importante perímetro de seguridad con tres unidades diferentes. En primera línea hay agentes de Seguridad Ciudadana, con uniforme azulado y gorra, en la retaguardia hay media docena de furgonetas de la Brigada Móvil, los antidisturbios, que van de negro y portan lanzadores de 'foam', y también está la unidad propia de la Cámara, con uniforme azul pero con 'txapela' roja.

Las cargas de la Ertzaintza en el aeropuerto de Loiu, este sábado, a la llegada de los activistas de la Flotilla Global Sumud de solidaridad con Palestina han reabierto el intermitente debate sobre el “modelo policial” vasco. Pero con un relevante matiz. A diferencia de cuando una mujer acabó en la UCI con lesiones en el cráneo tras una actuación policial en el exterior del estadio de Anoeta de la Real Sociedad o de cuando un policía propinó un golpe y luego negó una ambulancia a un varón en Irún, por citar solamente dos casos aún pendientes de resolución, las imágenes del dispositivo de la Policía autonómica ahora han trascendido de los confines de la comunidad autónoma y se han convertido en objeto de escrutinio internacional. “Vergüenza de Policía vasca”, escribió en inglés en X Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los territorios ocupados.

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria (PNV), que es el más veterano de todos los miembros del Gobierno vasco al acumular su tercera legislatura en el gabinete, aunque solamente la primera como máximo responsable político de la Ertzaintza, comparecerá este martes en el Parlamento Vasco.

La reunión ya prevista de la comisión de Seguridad ha visto modificado su orden del día para dar cabida a las explicaciones sobre los hechos de Loiu. Se celebrará en tiempo récord en una Cámara acostumbrada a ser relajada con los plazos. Es un asunto al que tanto el Ejecutivo como la oposición le han querido dar máxima prioridad.

A expensas de lo que Zupiria pueda adelantar de la única investigación interna que le compete, la de Asuntos Internos, tres voces autorizadas dentro de la historia de la Ertzaintza, consultadas por este periódico bajo la condición del anonimato, coinciden en considerar como “desproporcionada” la respuesta policial durante la bienvenida a los miembros de la Flotilla. En paralelo, el asunto está también en manos de la comisión de control de la Policía vasca, un órgano externo que revisa actuaciones con fallecidos o heridos tanto de la Ertzaintza como de los cuerpos locales. Este 2026 su presidencia ha pasado del exmagistrado Juan Luis Ibarra, bajo cuyo mandato salieron un puñado de informes muy críticos con la Policía autonómica, al exvocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PNV Enrique Lucas. Asimismo, como el operativo se saldó con cuatro detenidos, sigue su curso en los juzgados el procesamiento de estas personas por “desobediencia grave, resistencia y atentado a agente de la autoridad”. Este lunes ha trascendido tambien que el Ararteko, la Defensoría del Pueblo, revisará lo acontecido.

Del episodio de Loiu, el aeropuerto que da servicio a Bilbao, se han hecho públicos decenas de vídeos grabados por los presentes y por los medios de comunicación. Zupiria habrá de aclarar este martes si los agentes actuantes hicieron uso también de las cámaras que han de portar los uniformados en situaciones como ésa, precisamente por una recomendación de la comisión de Ibarra tras un arresto abusivo en Bilbao. Se puede leer aquí más sobre este dispositivo conocido como 'body cam'.

Las imágenes muestran que un grupo de seis activistas se ubicó justo delante de la puerta de salida de la zona de llegadas de la terminal. No es un detalle menor: de esa puerta hacia dentro, la competencia de seguridad es de la Guardia Civil, pero una vez franqueada es la Ertzaintza la que gestiona cualquier incidencia en el orden público. Delante de una nube de periodistas, estaban posando con una bandera de Palestina, una ikurriña y un jerséi denunciando la situación de la empresa CAF, que gestiona infraestructuras en Cisjordania y que tiene como accionista al Gobierno vasco. Frente al grupo, amigos, familiares y otros activistas cantaban consignas contra Israel y a favor de Palestina contenidos por una pequeña separación metálica.

Las primeras explicaciones policiales insisten en que ese grupo estaba bloqueando el paso de otros viajeros, muchos de ellos aficionados al rugby asistentes a las finales europeas que este fin de semana ha acogido Bilbao. Recalcan que se les invitó a moverse y que ahí empezaron las “provocaciones” y “empujones” que antecedieron a una carga con porras de dos tipos de agentes diferentes, antidisturbios de la Brigada Móvil (con uniforme oscuro) y agentes de Seguridad Ciudadana (con vestimenta más azulada y líneas rojas).

Tras los arrestos, los presentes clamaron contra la Ertzaintza, a cuyos integrantes llamaron “fascistas” o “sionistas”. Siguieron produciéndose empujones entre quienes se interesaban por los detenidos y los agentes, que poco a poco fueron haciendo una línea de contención. Los vídeos muestran que no había una táctica operativa clara, como tampoco un mando compartido entre las dos unidades actuantes.

El sábado, la Ertzaintza dijo que la llegada de la Flotilla era “no comunicada”. El domingo, el consejero matizó que los términos del recibimiento habían sido “apalabrados” con Aena, titular de las instalaciones, y con los responsables de la bienvenida. Europa Press recogió imágenes también de algún forcejeo con otro cuerpo, con la Guardia Civil. Ésta es la secuencia:

“Si hay una provocación, la obligación de un ertzaina es contener, aguantarla. Responden y lo hacen de una manera totalmente absurda”, describe un antiguo responsable de la Ertzaintza tras el visionado de la escena. “Es desproporcionado. Hay formas mejores de responder que los porrazos en el suelo. Había suficiente personal para hacerlo de otra manera y que las imágenes no fueran esas”, abunda un exagente, que recalca que “hay que conseguir que la actuación policial no provoque mayor incidencia”. Una de las preguntas en el aire es qué hubiese sucedido si no hubiese habido Policía y el grupo de activistas hubiese posado igualmente frente a la zona de salida de los pasajeros.

“Diría que es una actuación desproporcionada”, coincide un exjurista que, por su trayectoria, ha conocido de cerca los operativos policiales. Menciona como elementos más problemáticos “la forma de sujeción en el suelo” y el lugar donde el bastón policial impactó en el cuerpo. La investigación deberá determinar si algunos de los porrazos fueron en partes donde está prohibido por protocolo, como la cabeza. Los vídeos muestran también a ertzainas arrastrando a al menos uno de los detenidos por el suelo a la fuerza.

“Un despropósito, cuesta encontrar las palabras. Indignación, impotencia, vergüenza”, escribió por WhatsApp a sus conocidos una mujer presente en la terminal de Loiu el sábado y que refiere que los asistentes salieron de allí con “miedo” y muy enfadados. Otro activista, que ya había vuelto días atrás, explicaba en Instagram que se habían producido otras dos llegadas con total normalidad. El exertzaina, eso sí, pide que no se saque del debate de que “hoy en día se percibe una creciente impunidad de la violencia hacia la Policía”. “Y en el País Vasco, mucho más. Jueces, fiscales y políticos no hacen nada”, señala sin que eso altere su crítica por la respuesta concreta en el aeropuerto.

ETA y el “calor negro”

La principal fuerza de la oposición, EH Bildu, ha aprovechado la circunstancia para insistir en la necesidad de revisión del modelo policial. “Estamos ante un punto y aparte. Lo de [este sábado] vuelve a poner de manifiesto la existencia de un grave problema con el modelo policial. Porque no se trata de un hecho aislado [...] y la asunción de responsabilidades tiene que llevar consigo la toma de medidas. El Gobierno Vasco debe abandonar la fase negacionista y dar paso al reconocimiento de este problema”, ha lanzado el portavoz parlamentario de la coalición, Pello Otxandiano. Sumar también ha sido muy duro con Zupiria. Ambas fuerzas solicitaron la comparecencia urgente del consejero en la Cámara. Desde fuera, Podemos ha llegado a exigir la dimisión del titular de Seguridad. Incluso el socio del PNV en el Gobierno vasco, el PSE-EE, ha manifestado su desagrado por las imágenes, en palabras del consejero Javier Hurtado.

En el otro lado, el nuevo sindicato mayoritario del cuerpo, Euspel, sí emitió rápidamente una nota de respaldo a los agentes intervinientes en otro controvertido operativo del sábado, el de la previa del partido del Deportivo Alavés en el estadio de Mendizorroza de Vitoria, pero no se ha pronunciado hasta este lunes sobre la Flotilla. “Lo que no vamos a aceptar es que, una vez más, se ponga a la Ertzaintza a los pies de los caballos, utilizando imágenes parciales y sin explicar el contexto completo. En las imágenes se aprecia una situación de tensión, con personas obstaculizando la salida de pasajeros, desobedeciendo indicaciones policiales claras y legítimas, y con otro grupo rebasando una barrera física, creando dos focos de conflicto al mismo tiempo”, entienden. Piden también “respeto” para los actuantes. “No se puede condenar a los agentes antes de conocer todos los hechos, ni dejarse arrastrar por relatos interesados”, le reclaman al consejero Zupiria.

Asimismo, las centrales Esan, Erne y Sipe, todas ellas corporativas, han cerrado filas igualmente con los agentes. Erne ha ido un paso más allá y, en un comunicado, denuncia señalamientos a ertzainas concretos que intervinieron, con lo que ello comporta de “riesgo” para los profesionales y para sus familias. Se reafirma en que las provocaciones contra la fuerza desplegada no pueden entenderse como “espontáneas” y “más tras conocerse la vinculación con condenas por pertenencia a ETA de algunos de los actuantes”. Asimismo, la exdirigente de Vox Macarena Olona, que se ha ofrecido a ayudar a los ertzainas intervinientes, ha escrito en redes sociales que los activistas recibieron “poco calor negro”.

En sus explicaciones ante los medios de comunicación, el consejero Zupiria deslizó que fue un sábado complicado por la Ertzaintza. Además del rugby en Bilbao y del recibimiento de Loiu, hubo una manifestación en Vitoria y el partido del Deportivo Alavés, que está motivando a nivel local también muchas críticas a la Ertzaintza. Aquí la Policía ha explicado que, en el recibimiento del equipo local, hubo aficionados que se saltaron el cordón y que se hizo uso de bengalas y otros objetos. Dos personas fueron detenidas y tres ertzainas resultaron heridos, según el parte oficial.

Hasta este viernes, en que se graduó una nueva promoción en la academia de Arkaute -“este Gobierno estará siempre de vuestro lado”, les dijo el lehendakari, Imanol Pradales-, la Ertzaintza estaba con unos 7.000 efectivos aunque su plantilla pactada desde 2004 es de 8.000. Nunca se ha cumplido salvo un breve momento en 2011 y ahora hay un plan en marcha para alcanzarlo hacia 2030, precisamente cuando se celebraría en Bilbao y Donostia parte de la Copa del Mundo de fútbol masculina. Desde hace años, las unidades antidisturbios y las comisarías funcionan a base de refuerzos y horas extraordinarias para los grandes operativos. Un dato, de los 364 agentes graduados el viernes 151 irán a cuerpos locales de 21 municipios y 213 a la Ertzaintza, pero únicamente cinco a las áreas de protección ciudadana, donde se englobarían las comisarías y la Brigada Móvil.

Varios de los gallegos que participaron en la Global Sumud Flotilla han comparecido este lunes, tras poder regresar a Galicia, para narrar los “tres días en el vientre de la bestia” en los que, denuncian, constataron “la brutalidad, la crueldad y la violencia gratuita con la que se maneja el ejército israelí” y que, han señalado, revivieron a su llegada al aeropuerto de Bilbao, cuando sufrieron cargas policiales “sin desencadenante”. “Nos rompimos mucho más que estando en el barco en Israel”, han asegurado.

Según recoge Europa Press, Sandra Garrido, Alberte Pagán, Xurxo Porritt y Andrea Morales han hablado ante los medios de comunicación tras su regreso a Galicia después de permanecer tres días detenidos por el ejército israelí que interceptó la flotilla humanitaria en su ruta a Gaza en aguas internacionales del Mediterráneo.

También lo han hecho tras la situación de tensión vivida en el aeropuerto de Bilbao a la llegada de sus compañeros, donde se produjo una carga policial y hubo cuatro detenidos sin que, aseguran, mediase ningún tipo de provocación. “La Ertzaintza estaba empujando, empujando, y en un momento dado, un activista fue a abrazar a su familia y ahí empezaron los porrazos”, ha narrado Sandra Garrido.

Con todo, y aunque dan testimonio de las lesiones físicas y psíquicas derivadas de su detención por parte de Israel, advierten de que no desistirán en denunciar la situación en Gaza: “Hay que pararlo, y si hay que poner el cuerpo para pararlo, volveremos a poner el cuerpo para pararlo”.

Un corredor humanitario

“Nuestra misión siempre fue abrir un corredor de ayuda humanitaria, denunciar el genocidio en Gaza e intentar pararlo, algo que no están haciendo los Gobiernos”, ha dicho Sandra Garrido, que ha denunciado que Israel “apresó, torturó y desapareció durante más de dos días a las personas de la flotilla”, si que “hubiese ningún tipo de repercusión a nivel internacional”, lo que “extiende su impunidad a lo que quiera hacer con el resto del mundo”.

Garrido ha denunciado las condiciones que sufrieron durante su detención, aunque ha incidido en que éstas “no son ni una mínima parte de las que están sufriendo las presas palestinas”, entre las que hay “muchas menores de edad”.

Además, ha querido poner sobre la mesa “la impunidad de ese fascismo global” que, ha dicho, “hay que pararlo”. “Y si hay que poner el cuerpo para pararlo, volveremos a poner el cuerpo para pararlo”, ha clamado, considerando “inadmisible” que España y Europa “sigan manteniendo contratos con el Estado de Israel” en distintas materias.

Tres días en “el vientre de la bestia”

Ante los medios congregados en Santiago, Alberte Pagán ha hablado de los “3 días en el vientre de la bestia” en los que pudieron “constatar la brutalidad, la crueldad y la violencia gratuita con la que se maneja el ejercito israelí”. “No solo los funcionarios armados ejercían esa violencia física y psicológica, si no que todo el funcionariado mostraba el mismo desprecio e inhumanidad hacia nosotros”, ha añadido.

Alberte Pagán ha hablado de lo “absurdo” de la detención en aguas internacionales para “ser trasladados a Israel y deportarnos”. “Nosotros no entramos en territorio israelí, fuimos secuestrados a más de 1.000 kilómetros de Palestina”, ha señalado, con lo que, apuntan, la flotilla se encontraba “muy lejos de lo que Israel considera su colchón marítimo para intentar mantener el cerco a Gaza”.

En consecuencia, los activistas reclaman que los gobiernos europeos se posicionen contra esta arbitrariedad: “El siguiente paso será venir a nuestras plazas a detener a los manifestantes”, ha dicho Pagán.

Tras pasar por el hospital en Turquía, apunta, los activistas informan de “67 personas con heridas graves” derivadas de esta detención. En torno al 30 por ciento de los integrantes de la flotilla presentan lesiones de consideración, señalan, a lo que se sumarán “muchas reacciones postraumáticas”, dice Xurxo Porrit.

Este activista, enfermero jubilado, ha dicho que durante su detención se les privó de agua y de ropa, se les agredió y durmieron “hacinados” y en situación de “deshidratación”, unas condiciones que, advierte no obstante, “para los palestinos sería un hotel de primera”.

“No llegamos, pero les ganamos, porque el mundo vio lo que hacen”, ha dicho Porritt, que ha instado a “seguir peleando” por el pueblo palestino. “Utilizar el agua, los alimentos, los combustibles y las medicinas, es un crimen de lesa humanidad que se repite 24 horas al día los 365 días del año y está perpetrado por el que llaman el país más democrático de oriente medio”, ha resumido el activista.

Críticas a la ertzaintza

Además de lo ocurrido en Israel, los activistas gallegos han denunciado la situación vivida en el aeropuerto de Bilbao y han criticado contra la Ertzaintza por una carga que, han asegurado, no obedeció a ningún desencadenante.

“Fue algo sorpresivo para nosotros. No hubo ningún movimiento que lo desencadenase”, ha dicho Sandra Garrido, para quien esta situación “fue algo construido”, culpando indirectamente al Gobierno de Israel, que “cuando se ve acorralado, construye narrativas que distraen de la idea central”.

Garrido ha dicho que “los tentáculos de Israel van mucho más allá del propio ente” y ha mencionado que la empresa de seguridad del aeropuerto de Bilbao “tiene convenios con empresas israelíes”.

A mayores, ha denunciado la “hipocresía de los gobiernos” que “denuncian lo que les pasa a la flotilla, pero permiten que la policía del País Vasco golpee a los activistas”. “Es la hipocresía lo que permite la impunidad”, ha advertido.

Unanimidad en el pleno de Vigo

El Pleno del Ayuntamiento de Vigo ha dado luz verde este lunes por unanimidad a una declaración institucional de apoyo a la Global Sumud Flotilla y de condena por el asalto y el “maltrato” de las autoridades de Israel a los integrantes de esta misión humanitaria.

La declaración reconoce el “firme compromiso” del Gobierno de España con la defensa del derecho internacional y con la condena del genocidio que sufre la población de Gaza, y recuerda que la Flotilla es un ejemplo del apoyo de la sociedad a las iniciativas en defensa de los derechos humanos y de la solidaridad con el pueblo palestino.

Por ello, han calificado el asalto a la flotilla en aguas internacionales como “una grave vulneración del derecho marítimo internacional, de la libertad de navegación en alta mar y de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar”.

Así, el Pleno ha trasladado su “condena” a ese asalto, así como el apoyo a los miembros de la Flotilla, especialmente a los ciudadanos gallegos que formaban parte de las tripulaciones. Igualmente, ha condenado “el maltrato y las humillaciones sufridas por los activistas por parte de las autoridades israelíes”, en una forma de proceder que ya denunció el Gobierno como “inaceptable, inhumano y vergonzoso”.

Finalmente, instan a las autoridades e instituciones gallegas, estatales y europeas a adoptar las medidas diplomáticas e institucionales necesarias para garantizar la protección y la seguridad de la Flotilla.

Pese al apoyo unánime a la declaración (que inicialmente iba a ser retirada por una supuesta falta de apoyo de la oposición), tanto PP como BNG han lamentado “las formas” del gobierno local, por presentar una propuesta de declaración sin consensuar con los grupos. De hecho, el BNG ha recordado que ellos mismos presentaron una propuesta de declaración, que fue vetada por el gobierno local.

La comisión de Seguridad del Parlamento Vasco ha modificado el orden del día de la reunión prevista para este martes y, finalmente, podrá comparecer el consejero Bingen Zupiria, del PNV, para dar explicaciones sobre la carga de la Ertzaintza en el aeropuerto de Loiu durante la llegada de los miembros de la Flotilla Global Summud, según confirman fuentes parlamentarias. En un gesto poco usual en la Cámara, la comparecencia se producirá apenas 72 horas después de que se produjeran los hechos.

En puridad, antes de la petición del consejero llegó otra de EH Bildu, registrada el mismo sábado. La coalición abertzale, apenas unas horas después de lo sucedido en Loiu, tramitó una petición “de urgencia” a la luz del eco que ya estaba adquiriendo la actuación policial.

El anterior precedente de una comparecencia tan rápida es de 2012. El 9 de abril falleció el joven seguidor del Athletic Club Íñigo Cabacas, había resultado herido unos días antes en una carga con pelotas de goma tras un partido europeo. El entonces consejero Rodolfo Ares, del PSE-EE, acudió el 12 de abril a la Cámara.

La comisión de Seguridad iba a tratar ya un caso que motivó otra investigación interna, la detención de una persona en Elgoibar que sufrió un problema de salud en los calabozos de la comisaría de Eibar. Se produjo en abril. Zupiria también tenía preguntas sobre el informe de 2025 sobre el estado de la seguridad pública en Euskadi y sobre la fuga de benceno de la refinería de Petronor.

Hasta el momento, Zupiria ha indicado que está abierta una doble investigación interna sobre la justificación de unas cargas que han dado la vuelta al mundo, la de Asuntos Internos y la de la comisión de control. Igualmente, los cuatro activistas que resultaron detenidos están siendo también investigados. El consejero ha considerado que hubo “provocaciones” que motivaron la respuesta policial, pero también ha asumido que no era la imagen más óptima que se podía dar.

Zupiria es el más veterano de los consejeros del Gobierno vasco. Está en su tercera legislatura, aunque en las dos primeras, con Iñigo Urkullu como lehendakari, fue titular de la cartera de Cultura. Además, fue portavoz del gabinete en la segunda. Desde 2024, con Imanol Pradales, es el consejero de Seguridad. De 65 años, tiene también una larga experiencia previa tanto en medios de comunicación como en áreas de comunicación política, ya que trabajó también con otro lehendakari del PNV, José Antonio Ardanza.

Una manifestación convocada este domingo por la delegación vasca de Global Sumud ha denunciado en Bilbao la actuación de la Ertzaintza en el aeropuerto de Loiu este sábado, a la que consideran “cómplice del sionismo”, así como al Gobierno vasco, y ha reclamado “unidad” para “acabar con su impunidad”.

Las protestas han comenzado este mediodía en la plaza del Teatro Arriaga, donde la plataforma ha convocado a los medios para trasladar que, en su opinión, la actuación desarrollada por la Ertzaintza en el contexto del recibimiento a los integrantes de la flotilla rumbo a Gaza “buscó cortar la solidaridad”.

Desde Global Sumud Euskal Herria han afirmado que las imágenes -los vídeos difundidos sobre dicha actuación- “hablan por sí solas” y ha recordado que en los anteriores recibimientos a miembros de la Flotilla, también en el aeropuerto, “nunca hubo problemas”. “No se bloqueó el camino a nadie. No es casualidad que sin Ertzaintza no hubiera problemas”, han asegurado.

Asimismo, han acusado a la Policía vasca de acudir al aeropuerto para “cortar la solidaridad y el alma de la flotilla”, aunque ha asegurado que “sus golpes se encontraron con la dignidad interminable de un pueblo”.

Por otra parte, han señalado la existencia de “empresarios vascos que trabajan con el sionismo y sacan rédito económico de las guerras imperialistas”, y ha criticado la actuación de “políticos de todos los colores” por, a su juicio, preservar la impunidad de “criminales de guerra”.

En este sentido, han asegurado que “estos criminales tienen nombre y apellidos, viven en nuestro país y sabemos quiénes son”, al tiempo que ha reclamado “unidad” para “acabar con su impunidad”.

Finalmente, han considerado que las imágenes de la actuación policial “muestran lo que queremos reivindicar” y han contrapuesto “la actitud violenta y lamentable de la Ertzaintza” con “la actitud digna y ejemplar de la flotilla”. “Debemos unirnos para luchar contra el enemigo común”, han concluido.

Tras comparecer ante los medios, la flotilla ha convocado a la ciudadanía a manifestarse desde la plaza Elíptica de Bilbao, llamamiento al que han acudido cientos de personas.

Al inicio de la misma, en el momento en el que la Ertzaintza ha procedido al corte de la Gran Vía para el desarrollo de la marcha, los agentes han sido recibidos con gestos de desaprobación, además de con el grito “policía asesina” y “zuek, faxistak, zarete terroristak” (vosotros, los fascistas, sois terroristas), sin que se hayan producido incidentes.

A lo largo del recorrido, desde la plaza Elíptica hacia el Ayuntamiento para finalizar de nuevo en el Teatro Arriaga, los manifestantes han denunciado la actuación policial y la “complicidad” tanto de la Ertzaintza como del Gobierno vasco con Israel, con una pancarta que rezaba “Ertzaintza eta Eusko Jaurlaritza sionismoaren konplize! Sionismoa suntsitu, Palestina askatu!” (Ertzaintza y Gobierno vasco cómplices del sionismo! Destruir el sionismo, liberar a Palestina!).

Las personas congregadas han realizado varios cánticos en ese sentido: “Israel hiltzaile, PNV laguntzaile” (Israel asesina, PNV ayudante); “gora palestinar erresistentzia” (viva la resistencia palestina); “a esta policía entrena Israel”; “asesinos a sueldo abuso de poder”; y “boikot Israel Palestina askatu”.

Al finalizar la marcha los convocantes han leído un manifiesto en el que han reiterado su crítica a la actuación policial y han asegurado que ello “muestra el verdadero carácter fascista de Israel y la necesidad de su disolución”.

De este modo, han querido denunciar “firmemente” también la “responsabilidad del Gobierno vasco, que ha actuado como cómplice del sionismo al dar continuidad a las torturas llevadas a cabo por Israel, por si no fuera suficiente”.

“La actuación policial de ayer, la represión contra el movimiento de solidaridad con Palestina... son conocidos también los vínculos entre la Ertzaintza y el Mossad israelí. Los acontecimientos de los últimos días han servido para arrojar luz sobre las complicidades con las entidades sionistas”, han afirmado.

Tras criticar que “los países europeos no han hecho nada contra las torturas recibidas por los miembros de la flotilla”, han llamado a “acabar con la impunidad policial”. “La lucha del pueblo palestino es también nuestra lucha”, han asegurado.

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha “lamentado” lo sucedido este sábado en el aeropuerto de Loiu, donde agentes de la Ertzaintza cargaron contra activistas de la flotilla recién llegados y que venían de denunciar represión en Israel. Ha indicado que el papel de la Policía autonómica era el de garantizar el “saludo” de quienes habían ido a recibirles y el normal funcionamiento de la terminal de llegadas y “es evidente” que no se logró “ni lo uno ni lo otro”. Ha comprometido investigar la actuación de los ertzainas, ha reconocido que las imágenes “en nada benefician” al cuerpo y ha añadido que también investigará a quienes “provocaron” la respuesta policial.

Zupiria ha comparecido ante los medios de comunicación este domingo en Landako, donde el PNV, su partido, realiza un acto electoral de cara a las municipales y forales de 2027. Ha indicado que “estaba apalabrado” entre la Ertzaintza, Aena y “representantes” de la flotilla cómo tenía que ser el recibimiento y ha insistido en que “no tenía que haber sucedido lo que sucedió”. Se da la circunstancia de que este sábado, en la primera versión de los hechos, se habló de una “llegada no comunicada a la Ertzaintza”.

El titular de Seguridad, en el cargo desde 2024 y antes consejero otros ocho años con otras responsabilidades, ha hablado de “provocaciones y empujones” que motivaron la reacción de la fuerza desplegada y, a la espera de las conclusiones de la investigación interna, ha indicado: “Algunas situaciones las sabemos gestionar todos con normalidad”. Zupiria ha asumido “en primera persona” la responsabilidad del operativo de Loiu. Otra consejera del PNV, Amaia Barredo, ha dicho en Radio Euskadi que “fueron unas imágenes lamentables”.

Lo que está comprometido es una triple investigación. Por un lado, Asuntos Internos y la comisión de control externa de la Policía vasca analizarán el papel de los agentes. Por otro lado, un juzgado revisará las imputaciones a los detenidos. Zupiria ha pedido también comparecer de urgencia en el Parlamento Vasco. Podría ser el martes, cuando había ya convocada una reunión de la comisión de Seguridad por otros temas. Si no es posible, la oposición tiene margen para registrar todavía preguntas de cara a la sesión de control al Gobierno del próximo viernes.

Agentes de dos unidades diferentes de la Ertzaintza (Brigada Móvil, con uniformes negros, y Seguridad Ciudadana, más azulados) intervinieron este sábado en la terminal de Loiu bajo la justificación de que las personas recién llegadas estaban impidiendo el normal tránsito de los usuarios del aeropuerto. Golpearon con porras a algunos de ellos, los retuvieron contra el suelo, se produjeron igualmente algunos empujones y, finalmente, la intervención se saldó con cuatro detenidos. Algunos acabaron en centros de salud de Bilbao custodiados por los agentes. Todos ellos están ya en libertad, aunque pendientes de la autoridad judicial.

La competencia policial de los aeropuertos vascos es singular y, de hecho, se reajustó en 2024. En Loiu operan cuatro cuerpos, la Policía Nacional, la Guardia Civil, el Servicio de Vigilancia Aduanera y la propia Ertzaintza. La Policía Nacional hace labores de fronteras y extranjería, es decir, los controles de pasajeros y mercancías hacia fuera de la Unión Europea, como es el caso de los vuelos a Londres o Nueva Jersey. La Guardia Civil tiene encomendado el “resguardo fiscal” y, por ejemplo, vigila la zona de los controles de seguridad previos a los embarques. El Servicio de Vigilancia Aduanera realiza operaciones relacionadas con el contrabando. La Ertzaintza, que tiene una pequeña oficina en la terminal, se encarga de la seguridad y orden público en general en las instalaciones en su condición de “Policía integral” en la comunidad autónoma.

Según Global Sumud Flotilla, lo sucedido en el aeropuerto fue una “agresión” a los “supervivientes” del maltrato de Israel. “Después de 35 horas de intercepción, detenciones arbitrarias y torturas en prisiones israelíes, esperaban un abrazo en casa. En su lugar, encontraron la misma lógica de control”, exponen. Añaden que existe una “transferencia” de tácticas desde Israel hasta la Policía vasca, en velada referencia a sus históricos lazos con aquel país. “No normalicemos la violencia”, abundan. Y piden una “investigación internacional”.

Por su parte, Amnistía Internacional considera que la Ertzaintza hizo un “uso excesivo de la fuerza”. “Las imágenes publicadas no muestran ninguna causa legítima para el uso de la fuerza. Es muy grave que se haya golpeado con porras, de forma reiterada, a personas que ya habían sido derribadas y estaban en el suelo. Exigimos una investigación exhaustiva y una rendición de cuentas efectiva. Los protocolos policiales deben prohibir el uso de porras contra personas inmovilizadas y que no representan ningún riesgo”, interpretan.

El suceso tuvo eco en medio mundo, desde Al Jazeera hasta Israel. El Ministerio de Exteriores israelí, en su cuenta oficial de X, llamó “anarquistas” a los detenidos e ironizó que estaban volviendo “loca” a la Policía “española”. Lo comparó con otras cargas en Grecia, también en un aeropuerto. Igualmente, EH Bildu, Sumar y Podemos han criticado la actuación de la Ertzaintza.

Tres de los cuatro sindicatos de la Ertzaintza han coincidido en defender la actuación en Loiu. “Hemos vuelto a ver cómo determinados colectivos y su entorno han buscado el enfrentamiento con la Ertzaintza para convertir cualquier actuación en propaganda política y victimismo mediático”, entiende Esan, que considera que los agentes se desempeñaron con “profesionalidad, contención y firmeza” frente a la “tensión, el ruido y el espectáculo”. Erne insiste también que, “con independencia de la situación personal o humanitaria” de los miembros de la flotilla, en Loiu un grupo actuó “al margen de las normas establecidas, alterando el normal funcionamiento de una infraestructura pública”. Insisten en que los ertzainas respondieron en un contexto “complejo” y “bajo una enorme presión” y la central les brinda “apoyo absoluto y reconocimiento”. Sipe denuncia también una “campaña de desprestigio”. No consta ningún pronunciamiento de la nueva fuerza sindical mayoritaria del cuerpo, Euspel.

Asimismo, unas horas después de lo sucedido en Loiu, se produjeron nuevos incidentes en Vitoria, en este caso en el marco del último partido de la temporada del Deportivo Alavés, una doble fiesta por la permanecencia en Primera División y por el aniversario de la final europea de Dortmund en 2001. La Policía arrestó a dos varones por un “delito de atentado a agente de la autoridad”, según el parte oficial. Se añade que en los momentos previos al partido “un grupo de aficionados del club ha tratado de romper el cordón policial que lo escoltaba, comenzando a lanzar botes de humo, bengalas y otros objetos contra los agentes”. Al menos tres policías resultaron heridos. Aquí sí, Euspel ha denunciado la “brutal agresión” a la fuerza desplegada. “No es fútbol, es violencia”, expone esta organización.

Zupiria ha calificado el sábado como una jornada “complicada” para la Ertzaintza, un cuerpo con déficit estructural de plantilla del entorno de 1.000 efectivos. Ha mencionado que coincidieron las finales de rugby europeo en Bilbao, una manifestación en Vitoria y también el recibimiento y el partido del Deportivo Alavés. Asimismo, ha asumido que Euskadi es una zona donde el genocidio de Palestina ha suscitado especial sensibilidad y que la imagen proyectada le genera preocupación.

La Ertzaintza ha detenido a cuatro personas acusadas de desobediencia grave, resistencia y atentado a agente de la autoridad, durante los incidentes registrados a primera hora de la tarde de este sábado en el aeropuerto de Loiu a la llegada de algunos miembros de la Global Sumud Flotilla.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, tras lo sucedido, la Jefatura de Asuntos Internos de la Ertzaintza ha iniciado una investigación para verificar si la actuación de los agentes se ajusta a las instrucciones en vigor.

Desde el Departamento de Seguridad han explicado que la llegada, “no comunicada a la Ertzaintza”, ha coincidido con las llegadas y salidas de los aficionados a las finales de rugby que se celebran estos días en Bilbao.

Según ha indicado, “el comportamiento de algunas personas concentradas ha obstaculizado la normal circulación de personas que abandonaban la zona de salidas del aeropuerto, han protagonizado enfrentamientos con agentes de la Ertzaintza, que han tenido que hacer uso de los bastones reglamentarios, y resistencia de las personas congregadas”. Han recordado “el contexto de sensibilidad existente en toda Europa en torno a la detención ilegal de miembros desplazados de la Flotilla y el trato al que se han visto sometidos”.

El consejero Bingen Zupiria, por su parte, ha solicitado una comparecencia urgente ante la Comisión de Instituciones, Gobernanza Pública y Seguridad del Parlamento Vasco para “dar la explicaciones necesarias”. En concreto, ha pedido que la comparecencia pueda tener lugar el próximo martes, día para el que está convocada la Comisión para tratar otros asuntos previstos.

El consejero de Seguridad y los responsables del Departamento han lamentado lo sucedido y han asegurado que se intentará “aclarar cuanto antes los incidentes ocurridos y las responsabilidades que se pudieran derivar”.

Por lo que respecta a los detenidos, una vez finalizadas las diligencias oportunas en dependencias policiales, dos de las personas arrestadas han quedado en libertad y deberán comparecer ante la Autoridad Judicial cuando sean requeridas.

EH Bildu ha denunciado la “dura actuación” de la Ertzaintza y ha exigido la puesta en libertad “inmediata” de las personas que han sido detenidas. “La violencia ejercida contra una acción que simboliza la solidaridad y la defensa de los derechos humanos no tiene ninguna justificación. No es aceptable golpear y detener en Euskal Herria a personas que han sido secuestradas por Israel”, han señalado desde la coalición abertzale.

También ha reclamado que “los responsables de estos hechos den las explicaciones necesarias y asuman responsabilidades”. En esa línea, ha anunciado que el grupo parlamentario de EH Bildu solicitará la comparecencia urgente del consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, en el Parlamento Vasco.

“Una vez más, nos corresponde situar en primera línea la solidaridad con Palestina y el carácter solidario y emancipador de Euskal Herria”, ha reivindicado EH Bildu.

El Gobierno vasco ha autorizado la firma de un convenio de colaboración entre el Departamento de Seguridad y la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) con el objetivo de reforzar la seguridad y protección de las personas con discapacidad, especialmente de quienes desarrollan la actividad de venta de productos de lotería de la ONCE. El acuerdo establece un nuevo marco de colaboración entre la Ertzaintza y la ONCE para prevenir delitos como robos, hurtos y fraudes que puedan afectar a este colectivo vulnerable, avanzando en la seguridad y autonomía de las personas afiliadas a la ONCE y de quienes trabajan diariamente en la venta de sus productos.

A través de este convenio, la Ertzaintza participará en jornadas y acciones formativas dirigidas a las personas vendedoras de la ONCE para mejorar sus capacidades de autoprotección y prevención ante posibles hechos delictivos. Estas actividades incluirán recomendaciones prácticas para actuar ante intentos de robo, hurto o fraude, así como orientaciones para facilitar la comunicación y colaboración con los servicios policiales en caso de incidente. Asimismo, se desarrollarán materiales informativos accesibles y sesiones prácticas sobre seguridad adaptadas a las necesidades específicas del colectivo, según recoge Europa Press.

El acuerdo contempla también actuaciones específicas dirigidas a personas mayores afiliadas a la ONCE, con programas de sensibilización y formación adaptados a sus características y grado de discapacidad. Además, la ONCE, mediante su Unidad de Prevención del Fraude, colaborará activamente con el Departamento de Seguridad en la detección e investigación de posibles actividades fraudulentas o ilícitas relacionadas con la venta ilegal de lotería o el uso indebido de la imagen de la organización.

La colaboración, que tendrá una vigencia inicial de cuatro años prorrogable hasta otros cuatro adicionales, incluirá igualmente el intercambio ágil de información de interés para ambas entidades y la creación de una comisión de seguimiento integrada por representantes del Departamento de Seguridad y de la ONCE para evaluar el desarrollo del convenio y proponer nuevas líneas de actuación.

La Ertzaintza ha detenido en la localidad guipuzcoana de Azpeitia a un hombre de 71 años con 110.000 archivos informáticos con pornografía infantil. En el año 2011 ya fue arrestado por Policía Nacional por un delito de corrupción de menores, y en 2014 por Guardia Civil, por un delito de pornografía de menores. Ha quedado en libertad provisional, acusado de un delito de posesión de material de abuso sexual infantil.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, agentes de la Ertzain-etxea de Urola-Kosta y de la Jefatura de Coordinación de Ciberseguridad de la Ertzaintza han participado en la investigación y detención en la localidad guipuzcoana de Azpeitia de este varón por un presunto delito de posesión de material de abuso sexual infantil en sus equipos informáticos. Los ertzainas realizaron un dispositivo de entrada y registro en un inmueble encontrando 280 GB de contenido relacionado con estos hechos. La investigación se ha realizado este mes de mayo al tener conocimiento la Ertzaintza de que, en Azpeitia, un varón podría tener en sus dispositivos informáticos archivos de vídeo e imágenes relacionados con la pornografía infantil.

Las pesquisas policiales han permitido, según recoge Europa Press, la identificación del investigado, el cual disponía de una serie de claves y códigos de usuario para ser utilizadas en la red o en aplicaciones donde pedófilos comparten y transfieren archivos con contenidos de pornografía con menores. Este pasado martes, la Ertzaintza realizó una entrada y registro, con la autorización del Juzgado de Azpeitia, en un domicilio de la localidad, donde se obtuvieron evidencias en dispositivos electrónicos, en los cuales había 110.000 archivos con material de índole sexual infantil, formando un total de 280 GB.

Por ello, se procedió a la detención del hombre, de 71 años, acusado de un delito de posesión de material de abuso sexual infantil y, tras finalizar las diligencias policiales correspondientes ha sido puesto en la mañana de hoy, jueves, a disposición judicial. Se da la circunstancia que en el año 2011 ya fue detenido por Policía Nacional por un delito de corrupción de menores, y en 2014 por Guardia Civil, por un delito de pornografía de menores. La Ertzaintza continúa con la investigación para poder identificar tanto a las víctimas que aparecen en las imágenes como a otros posibles autores implicados en los hechos.

La plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Azpeitia ha acordado hoy la libertad provisional del detenido. “El juzgado le ha impuesto la obligación de comparecer ante el órgano judicial de manera periódica y cuantas veces sea requerido. Se le ha retirado el pasaporte y también se la ha impuesto la prohibición de salir del territorio nacional. Los hechos por los que se han incoado las diligencias constituirán un delito de posesión de material de abuso sexual infantil sin perjuicio de ulterior calificación”, ha podido saber este periódico de fuentes judiciales.

La abogada de la familia de Maialen Mazón, asesinada de 13 cuchilladas el 26 de mayo de 2023, cuando se encontraba embarazada de dos mellizas y estaba en la habitación de un apartahotel de Vitoria junto con su hija de dos años, ha explicado que ha sido “una sorpresa muy desagradable” que el jurado, que ha declarado culpable de asesinato con alevosía a la pareja de la víctima, Jaime Roca, no haya aceptado la agravante de violencia de género.

La letrada Cecilia Piris ha dicho que, por un lado, tienen “una sensación dulce” tras conocer el veredicto del jurado y, por otra, “amarga”. “Estamos muy satisfechas de que no se hayan apreciado ni eximentes ni atenuantes, que era muy importante para nosotras que se le hiciera responsable plenamente de sus actos, que no aceptara la tesis defensiva de que actuó con las facultades anuladas o que no sabía lo que hacía”, ha indicado en declaraciones a Europa Press.

Para la acusación particular, eso sería “un insulto a la memoria de Maialen”. No obstante, ha mostrado su pesar por que no se han aceptado la agravante de ensañamiento psíquico y moral, porque la abogada defendía que se agravó el sufrimiento de la víctima al estar presente la hija de dos años. En todo caso, se ha congratulado de que pudieran convencer del ensañamiento a seis de los nueve miembros del jurado, aunque no hayan logrado la mayoría reforzada de siete votos. “Era difícil al no verse lo que había ocurrido en esa habitación y lo veíamos más complicado”, ha manifestado.

Lo que sí ha sido “una sorpresa muy desagradable” para la abogada de la familia de Maialen es que el tribunal popular no haya determinado que se cometió violencia de género. “Yo estaba convencida de que habíamos explicado suficientemente por qué había una relación de violencia en el tiempo entre ellos y por qué la culminación de ese machismo, de ese control, fue el asesinato”, ha subrayado. A su juicio, esto refleja una falta de concienciación todavía en la sociedad. “Es una razón por la que nos tenemos que seguir esforzando día a día para explicar lo que es la violencia de género, la violencia machista”, ha manifestado.

Piris ha dicho que “a una víctima con un ojo morado todo el mundo la interpreta como víctima, porque es fácil de ver, pero el maltrato psicológico, que es el que tenía Maialen, es más difícil”. “Y si además a eso le sumas esa conducta de volver voluntariamente con el agresor, que es muy típica y muy normal, que es de manual en las víctimas, a algunas personas les cuesta entenderlo”, ha destacado.

En todo caso, ha dicho que han convencido a la mayoría del jurado porque se consiguió el voto de seis contra tres, aunque tampoco en este caso salió la mayoría reforzada de siete que se necesita. Para la letrada, ha influido el prejuicio de que la víctima “no fuera una persona intachable, con problemas de alcoholismo” o que exigiera dinero a su marido. “Se concibe como que no hay una situación de dominación. Parece que las víctimas tienen que atenerse a cierto perfil muy específico, con connotaciones casi cristianas, de moral impecable, una mujer sumisa, sometida, callada, tímida o apocada. Si te sales de ese guion es más difícil que se conceptualicen como víctima y no porque no lo seas”, ha manifestado.

Piris ha recordado que las acusaciones mantienen que se le imponga al acusado, J.R, la máxima pena de 25 años por el crimen, al considerar que, desde una perspectiva técnica, el hecho de que no se hayan aceptado estas agravantes no afecta tanto a la condena porque se le atribuye asesinato con alevosía con agravante de parentesco. “Nos movemos ya dentro de la mitad superior de la pena, estamos entre los 20 y 25 años en el caso del asesinato”, ha explicado. Además, ha destacado que el jurado también le haya declarado culpable de los dos abortos (la mujer estaba embarazada de mellizos) y del abandono de menor, la hija de dos años, que permaneció 18 horas sola en la habitación en la que fue asesinada su madre. De esta forma, ha indicado que “entra en juego el límite máximo de cumplimiento, por lo que llega un momento en el que acumular más años no tiene ninguna consecuencia real”, pero sí “simbólica”.

La asociación Clara Campoamor, que ejerce la acusación popular en el caso, estudia denunciar al Gobierno vasco “por mal funcionamiento de los servicios públicos” después de que la Ertzaintza rebajara el nivel de “riesgo extremo” a “riesgo bajo” a la víctima. Maialen estaba registrada en el sistema estatal VioGen en situación de “riesgo extremo”, pero la Policía autonómica vasca rebajó su nivel a “riesgo bajo” poco antes del crimen, tras entrevistarse con ella cuando llegó a Vitoria procedente de la Comunidad Valenciana y conocer que quería retirar la denuncia contra su pareja.

El marido de la joven ya había quebrantado en varias ocasiones, durante el tiempo en que residieron en diversos municipios valencianos, la orden de alejamiento que pesaba sobre él por violencia de género hacia su pareja, si bien estos quebrantamientos se produjeron con el consentimiento de la víctima.

La Ertzaintza ha detenido este viernes al presidente del club de rugby Arratiko Zekorrak Rugby Taldea de Igorre, Unai Zuluaga, de 53 años, acusado de un presunto delito de estafa y administración desleal, como resultado de una investigación abierta en la comisaría de Durango (Bizkaia), tras la interposición de un total de 132 denuncias por el impago de la Lotería de Navidad.

El detenido admitió que vendió “por error” 225 participaciones de más del número 90.693, que se llevó el tercer premio del sorteo de Navidad, y que no tiene fondos para hacer frente al pago de 2,1 millones que le demandan cerca de 80 personas, que no pueden cobrar lo que les corresponde.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, la investigación desarrollada por la Ertzaintza en torno al suceso ha motivado la detención a primera de la hora de la tarde de este viernes del responsable del club, de 53 años, como presunto autor de un delito de estafa y administración desleal. El implicado había sido requerido previamente por la Ertzaintza para personarse en dependencias policiales. Una vez finalizadas las diligencias pertinentes, el arrestado será puesto a disposición judicial.

De los 15 millones de euros que tocaron en la Lotería de Navidad, la mayoría de los afortunados han cobrado ya, pero 2,1 millones aún están pendientes de cobro. Según reconocieron desde el club la semana pasada se enteraron del problema cuando quedaban en la cuenta 5.000 euros y aún faltaba un centenar de personas por cobrar. En aquel momento explicaron que vendieron 1.425 participaciones cuando deberían haber sido 1.200. Se trata de boletos de 5 euros en las que se jugaban 4 y 1 euro era de donativo.

La tensión y la indignación entre los vecinos de Igorre no tardó en desatarse. De manera que han creado una plataforma y el pasado 7 de mayo realizaron la primera reunión para saber qué pasos seguir hasta poder cobrar su premio. Por el momento han sumado 132 denuncias debido a que ven “inviable” que como en Villamanín el problema se solucione con una quita, porque gran parte de los premiados en Igorre ya han cobrado. “A una persona que ha recibido el dinero y se ha comprado un coche, por ejemplo, ¿qué le vas a decir, que devuelva su dinero?”, lamentaron tras esa primera reunión.

A través de su cuenta de Instagram, el club informó el pasado 23 de enero que se encontraban “trabajando para el reparto del premio de la Lotería de Navidad”. “Se trata de un proceso complejo que requiere tiempo”, señalaban en una publicación en la que aseguraban que “próximamente” compartirían los detalles de cuándo y cómo se ejecutaría el proceso y la documentación necesaria para el mismo.

El 6 de febrero informaron, también a través de Instagram, del proceso que iban a seguir para entregar el premio. Se trataba de dos fases, la primera la recogida de datos y participaciones a través de una cita previa y la segunda el pago de las papeletas verificadas con fecha límite para realizar las transferencias del 17 de abril. “A partir de esa fecha caducará el derecho de cobro”, alertaban. “En el momento de recogida de datos y participaciones, la asociación entregará a cada premiado un justificante de recogida de participaciones y compromiso de pago por parte del club Arratiko Zekorrak RT. Los pagos se realizarán tras la verificación”, aseguraron. Sin embargo, para algunos de los premiados, ese dinero jamás llegó.

Tras la primera reunión, los afectados, que se comunican a través de un canal de Telegram y de correos electrónicos, quedaron en volver a reunirse para futuros pasos. En principio, ya cuentan con apoyo legal y piensan interponer todas las denuncias posibles ante la Ertzaintza, pese a que continúan a la espera de una respuesta por parte del club que les satisfaga y les haga obtener su dinero. “No vamos a parar hasta que se nos dé nuestro dinero. Sabemos que el proceso puede ser largo, pero nos parece injusto que unos cobren y otros no. Si sabían el error, deberían haber paralizado el pago. No nos creemos que se hayan dado cuenta esta semana, porque llevan retrasando los pagos meses”, aseveraron.

Las acusaciones han mantenido su petición de 45 años de cárcel para el hombre acusado de asesinar en mayo de 2023 a Maialen Mazón, cuando se encontraba embarazada de mellizos, al considerar que cuando le asestó 13 cuchilladas, en presencia de su hija de dos años, lo hizo “con intención de matarla” y era “plenamente consciente de sus actos”. Por su parte, la defensa del acusado y marido de la víctima ha mantenido también su petición de libre absolución al alegar que sufría una “desconexión brusca de la realidad”, en un “episodio disociativo” o “automatismo zombi”. Este martes, el imputado se ha acogido a su derecho a no declarar.

Las acusaciones, no obstante, han introducido ligeras modificaciones en una de las conclusiones de su informe final, que expondrán este próximo miércoles en la última sesión de la vista oral, según informa Europa Press. Una de esas modificaciones subraya que el acusado pidió al padre de la víctima que la convenciera para que no siguiera adelante con su embarazo, y que en esas mismas fechas indicó a un amigo que Maialen “tenía que abortar”. El otro cambio introducido en el informe de la Fiscalía —al que se han adherido el resto de acusaciones— cuantifica en una copa de vino y un chupito y medio de orujo el alcohol que consumió en el bar en el que permaneció antes de ir a la habitación del apartahotel en el que fue acuchillada Maialen.

En la sesión también se han visionado las grabaciones del video que muestra al acusado entrando y saliendo de la habitación del apartahotel en el que fue acuchillada Mazón. “No estoy bien y no puedo declarar”, se ha limitado a afirmar a preguntas de la magistrada Elena Cabero, que preside el tribunal de jurado que tendrá que emitir un veredicto sobre este crimen que se produjo el domingo de las elecciones municipales y forales de 2023.