Asuntos Internos ha abierto una investigación a raíz de que un detenido en Elgoibar por una presunta agresión sexual haya acabado ingresado en un centro hospitalario tras pasar por la comisaría. El consejero, Bingen Zupiria, ha pedido ya comparecer en el Parlamento para dar cuenta del caso y se ha remitido el asunto igualmente la Comisión de Control y Transparencia de la Policía vasca, ahora encabezada por Enrique Lucas.

Según ha relatado la Policía vasca en una nota, “la Ertzaintza ha detenido esta madrugada en Elgoibar a un hombre de 29 años como presunto autor de una agresión sexual ocurrida en el ámbito de la violencia de género el pasado domingo en Donostia”. Fue este lunes cuando la víctima, una mujer de 32 años, denunció lo sucedido en Donostia. La detención se ha producido en la madrugada del lunes al martes en Elgoibar, también en Gipuzkoa.

El detenido tiene 29 años y, tras ser localizado, fue “trasladado a dependencias policiales”. “Esta persona, encontrándose bajo custodia policial, ha sufrido una alteración de su estado de salud y ha tenido que ser trasladado a un centro hospitalario para ser atendido. Al haberse producido los hechos en una 'ertzain-etxea', la jefatura de Asuntos Internos ha iniciado una investigación. Asimismo, el Departamento de Seguridad ha traslado el asunto a la Comisión de Control y Transparencia de la Policía del País Vasco y el consejero de Seguridad ha solicitado una comparecencia en la Comisión de Instituciones, Gobernanza Pública y Seguridad del Parlamento Vasco”, ha indicado la comunicación oficial.

La Ertzaintza investiga un intento de agresión sexual el pasado viernes en el estacionamiento del campus de Oñati de la Mondragon Unibertsitatea tras la denuncia de una mujer. Según ha podido confirmar este periódico, el suceso se produjo a última hora de la tarde cuando la víctima salió de la Universidad y se dirigió al parking para abandonar el lugar. Una vez allí, un hombre intentó atacarla, pero la mujer logró escapar con ayuda de otra persona que iba en su vehículo. Al poco tiempo de lo ocurrido, ese mismo viernes, la víctima interpuso una denuncia ante la Ertzaintza, que desde entonces se encuentra investigando lo ocurrido.

Desde la Universidad han convocado concentraciones de repulsa por lo ocurrido en todos sus campus este lunes a las 12.00 horas. A la concentración de la Facultad de Empresariales en campus de Oñati, donde tuvieron lugar los hechos, ha acudido el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno vasco, Juan Ignacio Pérez Iglesias, quien ha “condenado con la máxima firmeza” el intento de agresión sexual. “Ante cualquier forma de violencia y, por supuesto, la violencia sexual, es imprescindible una respuesta contundente”, ha destacado el consejero Pérez Iglesias, quien ha subrayado que “este tipo de hechos constituyen una vulneración inaceptable de los derechos fundamentales y un ataque directo a la libertad, dignidad e integridad física de quienes los sufren, incompatible con los valores que deben regir las instituciones académicas y, con carácter general, nuestra sociedad”.

Asimismo, ha señalado que “la violencia de género, en cualquiera de sus manifestaciones, es una lacra con cuya eliminación deben comprometerse tanto las instituciones como el conjunto de la ciudadanía”. “Y en ese cometido, la universidad tiene una responsabilidad específica, la que atañe a la contribución en su propio ámbito a la igualdad real de derechos, oportunidades y reconocimientos de hombres y mujeres”, ha concluido el consejero que se ha concentrado junto a alumnos y trabajadores de la universidad tras una pancarta en la que se leía en euskera “Ninguna agresión sin respuesta. Estamos contigo”.

Del mismo modo, el pasado domingo cientos de personas denunciaron en la plaza de Oñati el intento de agresión, convocados por el grupo feminista Bargastak. “Ayer nos reunimos en la plaza de Oñati para decir alto y claro que no vamos a tolerar ninguna agresión en nuestro pueblo y nosotras lo tenemos claro, seguiremos luchando desde el feminismo hasta derribar este sistema”, han informado desde la asociación feminista a través de sus redes sociales en las que han compartido fotografías de la concentración con una pancarta en la que se leía en euskera la frase “Frente a la violencia machista, responsabilidad colectiva”.

Un reciente informe enviado al Parlamento Vasco por el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, muestra que la denominada sección central de Delitos Económicos de la Ertzaintza, que es la rama de la división de Investigación Criminal y Policía Judicial especializada en tramas de corrupción, tiene exclusivamente seis agentes. Es el equivalente en la Policía autonómica a la UCO de la Guardia Civil o a la UDEF de la Policía Nacional. Este grupo, asimismo, ha asumido recientemente labores de apoyo en la investigación de casos que incluyan el manejo de criptomonedas.

Los datos figuran en una respuesta a una iniciativa del parlamentario de EH Bildu Gorka Ortiz de Guinea, que preguntaba por las adaptaciones en la Ertzaintza para afrontar una nueva realidad, la criminalidad a través de criptoactivos. Explica Zupiria que son las comisarías las que inician los posibles trabajos, pero que hay dos grupos especializados como apoyo. El primero es la jefatura de coordinación de Ciberseguridad, que tiene una sección llamada Innovación y otra de Investigación propiamente dicha, con tres subsecciones, fraudes, delitos sexuales contra menores y “hacking y propiedad intelectual”.

En 2026 esta brigada “ha comenzado a asumir la realización de informes técnicos de trazabilidad de criptomonedas en aquellos casos en los que la complejidad de la investigación sobrepase los conocimientos del personal de investigación” de las comisarías. En total, tiene 26 agentes, con un subcomisario al frente, dos oficiales, tres suboficiales, cuatro cabos o agentes primeros y 16 ertzainas rasos.

Los 26 efectivos de Ciberseguridad -que nada tienen que ver con otro organismo externo llamado Cyberzaintza- son muchos más, en todo caso, que la plantilla del otro grupo de apoyo, la unidad de Delitos Económicos. Dispone de únicamente seis efectivos y el de más rango es un suboficial, al que acompañan tres cabos y dos agentes. A finales de 2024, en otra comunicación de Zupiria al Parlamento, se hablaba de ocho policías adscritos, de modo que se ha perdido una cuarta parte en menos de dos años. En comparación, en 2025 se manejaba el dato de que la UCO disponía entre 500 y 600 guardiaciviles. La oposición y la Fiscalía han denunciado en reiteradas ocasiones la falta de recursos en Euskadi contra la corrupción.

Por otro lado, Zupiria informa de que en 2025 la Ertzaintza conoció 541 denuncias relacionadas con criptomonedas. Los casos siguen bajo investigación, de modo que no hay aún conclusiones del resultado de esas pesquisas. Por el momento, no hay convenios con las Diputaciones de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa para cooperar en esta materia. “No constan casos investigados por la Ertzaintza vinculados a comunicaciones de las Haciendas forales en materia de criptoactivos durante los últimos cinco años”, asegura el consejero de Seguridad.

El Consejo de Gobierno vasco ha autorizado este martes la firma de un convenio de colaboración entre el Departamento de Seguridad y el Ayuntamiento de Vitoria para la adopción de perros del Centro de Protección Animal con el objeto de su adscripción a la unidad canina de la Ertzaintza. Según ha informado el Gobierno vasco, el convenio tiene como objeto la cesión y posterior adopción de perros de propiedad municipal que por su edad y características etológicas puedan ser susceptibles de adiestramiento e integración en la Unidad Canina de la Ertzaintza.

Este acuerdo de colaboración nace como resultado de la unión del trabajo desarrollado con perros por parte de esta unidad de la Ertzaintza y del Centro de Protección Animal de Vitoria. La unidad canina da apoyo al resto de las que conforman la Ertzaintza, así como a las diferentes policías locales de Euskadi y a Protección Civil en las necesidades que pudieran surgir, en las cuales sea necesario el trabajo y colaboración de los recursos con los que cuenta, según recoge Europa Press.

Para el desarrollo de esta labor, adiestra y trabaja con perros de diferentes razas, los cuales reciben un entrenamiento específico de la especialidad a la que se les asigne. Mediante este acuerdo el Servicio de Salud Pública del Departamento de Deporte, Salud y Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Vitoria, responsable del Centro de Protección Animal de Armentia cederá los animales a la unidad canina de la Ertzaintza, durante el periodo de pruebas necesario, como máximo de tres meses de duración, para verificar la adecuación de los mismos a las tareas de la Unidad.

Tras finalizar ese plazo y si el animal se considera adecuado para su integración en la unidad canina, será identificado y registrado a nombre del Gobierno vasco, pero si el perro no se adapta a las necesidades de la unidad canina será devuelto al Centro de Protección Animal de Armentia para que terceras personas puedan adoptarlo.

Si el animal cumple con los posibles requisitos para realizar el período de prueba, pero no cuente con edad suficiente para el inicio del adiestramiento de forma inmediata, ambas partes, Servicio de Salud Pública del Ayuntamiento de Vitoria y la unidad canina de la Ertzaintza, tratarán de localizar una casa de acogida para el animal que se responsabilice del mismo, en el régimen habitual de cesión temporal de animales, hasta que el perro tenga la edad adecuada para iniciar las pruebas. El convenio de colaboración aprobado este martes por el Consejo de Gobierno tendrá una vigencia de cuatro años prorrogables y no conlleva ningún compromiso financiero entre las partes.

Con la mirada de la inmensa mayoría de la afición de la Real Sociedad puesta en Sevilla, donde el primer equipo masculino disputa la final de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid, la Ertzaintza ha alertado a los seguidores del Racing de Santander, que juega este viernes en Donostia contra el filial en un partido de Segunda División (Liga Hypermotion), de que han de “evitar” algunas zonas tanto de la Parte Vieja como de los aledaños del estadio de Anoeta, incluyendo dos establecimientos muy concretos, según han confirmado tanto el Departamento de Seguridad como el propio club visitante en X.

El equipo de Cantabria, que hace una semana informó de que dispondría de más de un millar de entradas para el partido en Anoeta contra la Real Sociedad B, ha indicado a sus seguidores que ha recibido una comunicación de la Policía vasca para que no acudan a Juan de Bilbao, a la Avenida de Madrid, a las plazas de las Ferrerías y de las Armerías y a dos bares del paseo de Anoeta, el Txuri y el Xanti. Desde Seguridad confirman a este periódico esta comunicación.

En todo caso, desde el equipo de Bingen Zupiria señalan que no tienen información de que pueda haber un riesgo “especial” de enfrentamientos entre los ultras locales y los visitantes. Indican que “es una práctica común en el fútbol europeo” que el cuerpo de seguridad local traslade a los visitantes “recomendaciones” de seguridad. Sostienen que en Donostia se hace regularmente y que los equipos vascos también las reciben cuando juegan fuera. Añaden que el dispositivo de la Ertzantza este viernes será “muy similar” al de otros encuentros en Anoeta del filial de la Real Sociedad. En 2017, una visita del Racing de Santander a Vitoria sí generó graves disturbios tras una 'quedada' entre radicales locales y visitantes. Hubo medio centenar de identificados e incluso heridos hospitalizados.

Amaia Agirre (Francia, 1974) no continuará como alcaldesa de Getxo en la próxima legislatura. “He comunicado al partido mi decisión de no volver a ser la candidata”, ha publicado en un vídeo de Instagram la todavía regidora, nacida en el exilio como nieta del primer lehendakari, José Antonio de Aguirre, y que ocupa el cargo desde 2019. Su adiós coincide con la investigación judicial por el derribo del edificio protegido Irurak Bat, una causa en la que tres de sus concejales han resultado imputados. La oposición pidió su dimisión.

“No ha sido una decisión fácil”, ha señalado la regidora del PNV. Y ha agregado: “Siento que después de estos años de trabajo, mi etapa cumplirá su ciclo al final de esta legislatura”. En una carta a la militancia, se ha felicitado por haber “contribuido a sentar las bases de un nuevo tiempo” para Getxo, “con una mirada abierta, constructiva y profundamente arraigada” a los valores.

Agirre sostiene que es momento de “abrir paso a nuevas personas”. El PNV, por el momento, no suelta prenda oficialmente, aunque los rumores llevan semanas circulando. El partido, de hecho, lleva ya semanas designando candidatos para las municipales de 2027, particularmente en Bizkaia. “Es el momento de seguir fortaleciendo el proyecto desde la renovación”, agrega la actual alcaldesa, que sustitutó en su día a Imanol Landa. Abunda que “hasta el último día” trabajará “con la misma dedicación” y “responsabilidad”.

“Ya había mostrado hace muchos meses que se marchaba”, explican fuentes del PNV sobre este relevo en Getxo. Ahora, “en los próximos días” se iniciará el proceso interno para la designación de candidato. En Getxo hay tres 'batzokis'. Uno de ellos, Ondarreta, ha mostrado posiciones críticas en los últimos procesos. Los nuevos estatutos del partido, ya en vigor desde diciembre, acortan plazos y tiempos para estas designaciones, de modo que en mayo podría haber 'fumata blanca'.

La unidad de Asuntos Internos de la Ertzaintza ha expedientado a seis agentes por no cumplir la instrucción policial que obliga a grabar mediante las denominadas 'bodycam', las cámaras incorporadas al uniforme, determinados operativos. Según información facilitada al Parlamento Vasco por el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, entre diciembre de 2025 y mediados de marzo de 2026 “se han detectado siete actuaciones policiales en las que se podría haber contravenido la normativa interna en este aspecto”.

Zupiria ha informado al legislativo sobre el grado de implantación de las 'bodycam' a instancias del representante de EH Bildu Gorka Ortiz de Guinea. Estas cámaras fueron ya anunciadas en la pasada legislatura después de que la Comisión de Control y Transparencia de la Policía vasca, entonces presidida por el exmagistrado Juan Luis Ibarra, recomendara su adquisición a la luz de los excesos en una detención en Bilbao. Sin embargo, no ha sido hasta 2025 cuando su uso se ha generalizado.

La Ertzaintza ha aprobado una instrucción interna, la número 42, para regular el funcionamiento de estos sistemas de grabación. Se ha ido implementando “progresivamente” desde marzo de 2025, es decir, desde hace trece meses. Los principios básicos son la “proporcionalidad, idoneidad e intervención mínima” y que se preserven siempre los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Semanalmente se hacen “auditorías” del uso de las cámaras. Asuntos Internos “monitoriza” el control de la normativa e informa a las diferentes jefaturas de posibles “errores”.

Internamente, se ha hecho una “labor pedagógica” sobre el funcionamiento de estos equipos, “incidiendo en las bondades de su utilización” ante posibles suspicacias. No se oculta que ha habido momentos en que las cámaras tenían que haber grabado y no lo han hecho y las jefaturas han pedido informes “para que estas anomalías fueran motivadas”. En este contexto de generalización en el que se han ido adoptando “medidas disciplinarias”, siete casos con seis agentes expedientados. Inicialmente, se han tipificado como “falta leve”. Hace unas semanas, el propio Zupiria admitió en el Parlamento, a la luz de una actuación en Sestao que acabó con dos heridos, que no se habían empleado estos dispositivos.

El cuerpo sin vida de una mujer ha aparecido este domingo en la playa de Itzurun de Zumaia (Gipuzkoa), ha informado el Departamento vasco de Seguridad, que ha precisado que la mujer “no presenta signos de violencia”, aunque “todas las hipótesis están abiertas”.

La misma fuente ha precisado que el aviso se ha producido a las 7:55 horas, cuando un paseante ha alertado de la presencia de un cadáver en las proximidades de la orilla en esta playa, ubicada entre los acantilados del 'flysch'.

La Policía vasca ha acordonado la zona hasta la que se ha trasladado ya la comitiva judicial.

El cadáver de la mujer, cuya identidad se desconoce, será trasladado al Instituto Vasco de Medicina Legal de San Sebastián para practicarle la autopsia que determinará las causas de la muerte.

La academia de Arkaute, a las afueras de Vitoria, es donde se forman los agentes de la Ertzaintza y otros policías y operarios de los servicios de emergencias. En unas instalaciones anexas, la denominada base Iradier, están también las unidades de Tráfico e, históricamente, el equipo antiterrorista de Álava. Desde hace unos días, por allí ya no ha vuelto uno de los trabajadores de la subcontrata de la limpieza. En 2025, en septiembre y noviembre, recibió dos condenas de la Audiencia Nacional por delitos de terrorismo, en concreto por autoadoctrinamiento y proselitismo yihadista. Pesan sobre él dos años y medio de prisión y otras medidas. Sin embargo, según ha adelantado 'El Correo', seguía en libertad a expensas de que el Tribunal Supremo resuelva un nuevo recurso y había encontrado ese empleo.

El Departamento de Seguridad guarda silencio sobre el asunto. Solamente indica que cuando la “Policía judicial” se dio cuenta de esta circunstancia se le indicó que no podía volver a Arkaute. Las fuentes oficiales no concretan cuánto tiempo ha estado entrando al recinto policial, cuáles eran sus funciones o cuándo se dieron cuenta de la condena. Otras fuentes exhiben su sorpresa porque, en el pasado, las contratas de comisarías y otras instalaciones de la Ertzaintza eran sometidas a revisión. En el pasado, la Policía vasca ha vetado a otros trabajadores por diferentes motivos, incluidos delitos de terrorismo, aunque relacionados con ETA y no con el yihadismo, indican estas voces.

¿Quién era ese trabajador? El condenado se instaló en 2016 en Almería. Desde entonces, aunque con más incidencia a partir de 2022, “comenzó un proceso progresivo de radicalización en los postulados de carácter yihadista, en concreto en el terrorismo islámico que proclama la organización terrorista Daesh”, se puede leer en la segunda de las sentencias de la Audiencia Nacional, una resolución que ratifica los “hechos probados” de la primera instancia, otra sala del mismo órgano.

Se da por probado que este hombre, treintañero, creó perfiles en Instagram, Telegram, TikTok, Facebook, WhatsApp o Messenger para difundir todo tipo de contenidos de “apoyo a la violencia terrorista”. Se trataba de materiales que defendían que “la utilización de la violencia física” era un medio “adecuado y válido” para la “instauración del denominado Estado islámico”. “Justificaba actos de violencia en países occidentales tales como España, Alemania, Francia, etc.”, sostiene la sentencia.

Esta persona fue arrestada en Almería por la Policía Nacional en noviembre de 2023. El asunto fue público. En su teléfono había 555 conversaciones sobre la materia, así como 70.654 imágenes, 947 audios, 399 vídeos y varias memorias de USB, tanto en el domicilio como en la guantera del coche. Solamente en uno de ellos había otros 2.447 archivos más. Seguía los postulados de líderes radicales, algunos de ellos presos por terrorismo en el extranjero. Realizó 1.038 publicaciones en sus perfiles.

El juicio se celebró en 2025, y también trascendió a los medios de comunicación. La Fiscalía pidió cinco años, pero la pena se quedó en la mitad. La segunda sentencia de la Audiencia Nacional, en vista de las quejas de la defensa, remarca que se ha hecho una “interpretación muy dadivosa” de los hechos para dejar la condena en dos años y medio. Los abogados defensores querían una revocación remarcando, entre otras cosas, que el varón sufre una leve discapacidad. La Audiencia Nacional lo acepta, pero matiza: “El trastorno leve no le impidió ser consciente de que expandía material yihadista apto para aleccionar a terceros cercanos de su entorno hacia el enrolamiento en una organización terrorista”. El fallo remarca que, entre el material que almacenaba y compartía había mensajes para “instar al corte de tráqueas” o al “rompimiento de cráneos”.

Nuevo dispositivo especial de la Ertzaintza en Vitoria. La visita del Maccabi de Tel Aviv al Fernando Buesa Arena, un partido ya tradicional en cada temporada de la Euroliga masculina de baloncesto, movilizará al menos 150 agentes adicionales a los habituales en otros partidos del Baskonia. Y eso que el encuentro se celebrará sin público. El formato, según las fuentes policiales consultadas, es “exactamente el mismo” que el del partido contra el Hapoel de Tel Aviv de hace solamente unos días, antes del cual hubo una manifestación de protesta por la presencia normalizada de equipos de Israel en la Euroliga.

El equipo de Tel Aviv, quizás el más relevante de todos los clubes de ese país por su historial, ya está en Vitoria. Llegaron con retraso por una avería de su avión, lo que obligó a hacer una parada en Belgrado, según han explicado en X. En lo deportivo, el partido es intrascendente para el equipo local. Es el último de la Euroliga de esta temporada en Vitoria.

El despliegue especial de la Ertzaintza blinda su alojamiento, sus desplazamientos, sus entrenamientos y también el entorno del pabellón Buesa Arena, que es un recinto público, de la Diputación de Álava. Incluso se cerrará el aparcamiento por razones de seguridad, al igual que sucedió en el anterior partido. Por el momento, no se prevén protestas ni en el pabellón ni en otros puntos de la ciudad. El día del Hapoel sí se produjo una manifestación pacífica.

Siempre según las fuentes consultadas, la comisaría de Vitoria ha reforzado el dispositivo ordinario de un partido de baloncesto con alrededor 80 agentes. Ello se suma a doce furgonetas de Brigada Móvil, cada una con seis efectivos. Esta unidad antidisturbios ya no suele acudir a los partidos normales del Baskonia, ya que esa cobertura la proporciona la propia base de la ciudad. Adicionalmente a estos alrededor de 150 refuerzos, se sumarán los dos equipos de Intervención rápida o PRI, un grupo de Intervención y unidades de explosivos y caninas. El Maccabi trae su propia burbuja de seguridad con un enlace que se coordina con las fuerzas de seguridad de los lugares que visitan.

Un largo historial de rivalidad y seguridad

Para el Baskonia, el Maccabi es su auténtica bestia negra en la Euroliga. Es el tercer rival al que más se ha enfrentado, 41 veces, incluido el partido de ida de esta temporada en terreno neutral y no en Israel. Y también es al que más ha ganado en general y fuera de Vitoria, veinte y siete veces, respectivamente. Pero las derrotas han sido especialmente dolorosas. En la primera Euroliga, los vitorianos fueron los primeros finalistas contra la Kinder de Bolonia. Solamente los de Manu Ginobili privaron del título a los entrenados entonces por Dusko Ivanovic. En 2002, en cambio, los israelíes truncaron el camino a una segunda final consecutiva tras un bronco partido en Vitoria. Aquel Tau Cerámica era un equipo puntero y, de hecho, ganó Liga y Copa esa temporada.

En el partido, celebrado en abril de 2002, Israel pagó 4 millones de pesetas (unos 240.000 de los euros recién estrenados) por poner unos anuncios con la bandera del país en el parqué. El presidente Querejeta admitió que les habían metido “un gol” porque supuestamente eran de una compañía de electricidad, sin símbolos. El dirigente deportivo, hace 24 años, manifestó que no le gustaban porque se estaba cometiendo un “genocidio” en Palestina.

El encuentro de abril de 2002 marcó el inicio de algo que luego se ha repetido en las otras veinte visitas amarillas a la capital vasca, las fortísimas medidas de seguridad. Personal privado importado desde Israel por el Maccabi, perros–policía de la Ertzaintza revisando cada palmo del pabellón, cacheos a los aficionados, ... “Cuando jugaban en Vitoria, la Ertzaintza en bloque se personaba. Pasaban perros por todos los lados. Siempre era un extra ese partido. Teníamos que salir cuando hacían los barridos. Esos partidos eran verdaderamente especiales. El Maccabi siempre empleaba otras armas, otra escenografía. Es un ejercicio de intimidación ambiental apabullante”, cuenta por teléfono una de las personas que se sentó en el banquillo local aquel 2002 y que recuerda perfectamente los anuncios publicitarios con la estrella de David, así como al “tío amenazante” que acompañaba a la expedición visitante en aquellos años.

El Maccabi volvió a dejar sin final al Baskonia en 2003. En 2005 los de Vitoria entraron en la Final Four y se quedaron sin campeonato en un partido... contra los israelíes. En 2006, nuevamente se enfrentaron en la Final Four. Y nuevamente ganó el conjunto amarillo. En 2008, dos personas irrumpieron como falsos periodistas en la rueda de prensa de los visitantes en el Buesa Arena y la interrumpieron. En 2009, el activista Koldo Alzola saltó a la cancha con una bandera de Palestina.

En 2010, volvieron a intentar acceder a la cancha. Lo hizo una mujer, Patricia. Perfeccionó la técnica y consiguió mejorar la entrada del año anterior. “El tercer año, en 2011, no teníamos previsto saltar al campo, pero me identificaron en las gradas y me dieron una paliza. Decidimos dejar de hacer acciones directas por las consecuencias. Tanto las económicas, 3.000 euros cada vez, como las físicas”, explica Alzola. “Llevamos más de veinte años denunciando las implicaciones del Maccabi con el Ejército y cómo es una herramienta para blanquear la imagen de Israel y de sus crímenes de guerra. Y este año doble”, lamenta.

Desde los atentados de Hamás en octubre de 2023 que motivaron la respuesta de Israel en Gaza en forma de más de 64.000 asesinatos, las visitas de los de Tel Aviv a Vitoria han sido dos. En ambas ha habido fuertes protestas y no menores medidas de seguridad, con hasta agentes infiltrados en las gradas. Así ocurrió a comienzos de 2024 y de nuevo en 2025. Este periódico pudo saber que la Ertzaintza no autorizó, por “belicista”, la exhibición de una pancarta con el lema 'From the river to the sea' ('desde el río hasta el mar', en inglés) y que se prohibió el acceso de otro cartel de 10 metros de largo y 1,8 de altura con el lema 'Palestina askatu' ('libertad para Palestina', en euskera) porque solamente estaba autorizada una lona de seis metros cuadrados.

Un varón de 48 años ha sido detenido este lunes en la localidad vizcaína de Berriz por un presunto intento de homicidio. Según las primeras informaciones, ha apuñalado varias veces a su pareja, que ha resultado herida de gravedad. Sus hijos y un vecino han conseguido frenar la agresión, según ha informado la Ertzaintza y recoge Europa press.

Sobre las 7.20 horas de este lunes, una llamada telefónica ha alertado a la Ertzaintza de un posible apuñalamiento en un piso de Berriz. Los agentes desplazados al lugar han encontrado al agresor en la calle, tras lo que ha sido reducido, y a la víctima, de 38 años, en el interior del piso en estado grave, con varias heridas por arma blanca.

Después de particarle la primera patrulla un torniquete, la mujer ha sido trasladada en helicóptero al hospital de Cruces, en Barakaldo. Al parecer, el hombre ha apuñalado repetidas veces a su pareja, una agresión que han conseguido frenar los cuatro hijos de la pareja y un vecino. Una de las hijas de la víctima, de 15 años, ha resultado herida de pronóstico más leve al interceder para parar la agresión.

El hombre, de 48 años, ha sido detenido acusado de un intento de homicidio en el ámbito de la violencia de género y conducido a dependencias policiales para realizar las diligencias pertinentes. La Ertzaintza continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos acontecidos.

Estos hechos llegan unos días después del asesinato de otra mujer de 44 años en Basauri, presuntamente también a manos de su pareja. En Euskadi, existe el teléfono SATEVI, el 900 840 111, como atención a víctimas de violencia machista. Es un servicio de atención, por vía telefónica o telemática, que ofrece información y orientación y funciona las 24 horas al día y los 365 días al año. Es un servicio confidencial, al que se puede llamar de forma anónima. En caso de emergencias, la referencia es el 112.

El detenido por el homicidio de su pareja en Basauri tenía una orden de alejamiento de la mujer y era un “maltratador”, según ha asgurado el padre de la víctima tras participar en la concentración convocada este sábado por el Ayuntamiento vizcaíno para condenar este crimen, que ha sido secundada por más de un centenar de vecinos.

La Ertzaintza detuvo este pasado viernes en Bilbao a un hombre, de 45 años, por su presunta implicación en la muerte violenta de su pareja, de 44 años, ocurrida el pasado miércoles en Basauri. La mujer sufrió una supuesta indisposición, pero el análisis forense realizado en las horas posteriores para esclarecer las causas del fallecimiento llevó a determinar que podía tratarse de una muerte violenta.

Tras conocer estos hechos, el Ayuntamiento de Basauri mostró su condena por este homicidio “machista” y convocó para este sábado una concentración de repulsa. En la protesta, desarrollada en la plaza del 25N de la localidad, han participado el padre y la hija de la víctima, así como su exmarido, tras una pancarta con el lema “No a la violencia machista. Basauri contra el machismo”, acompañados por más de un centenar de personas, informa Europa Press.

Junto a los vecinos de Basauri, familiares de la víctima y asociaciones de mujeres que han querido mostrar su repulsa ante el “homicidio machista”, han estado también representantes institucionales, entre ellos el alcalde, Asier Iragorri, junto a miembros de todos los partidos de la corporación municipal, la presidenta de las Juntas Generales de Bizkaia, Ana Otadui, el diputado foral de Administración Pública y Relaciones Institucionales de Bizkaia, Ager Izagirre, y la directora y secretaria general de Emakunde, Miren Elezgarreta y Noemí Ostolaza, respectivamente.

Al término de la concentración, que se ha desarrollado en silencio y ha terminado con aplausos por parte de los participantes, el padre de la víctima ha dicho que todavía están “sin saber absolutamente nada”. “No sabemos si ha sido violencia de género o por muerte natural, tenemos que esperar a que la Ertzaintza haga su trabajo, confiar en ellos y ya está, hasta ahora todo queda en presunto”, ha indicado. No obstante, ha confirmado que el detenido tenía una orden de alejamiento contra su hija y, preguntado por los medios de comunicación si era un maltratador, ha respondido que sí, que “tenía pruebas” y que “meses anteriores habían tenido una discusión”.

La directora de Emakunde, Elgarresta, ha expresado la “condena contundente y firme” por “el asesinato de una mujer en Basauri” y ha trasladado “todo el apoyo y la solidaridad a la familia de las personas allegadas a la víctima”, a quienes ha ofrecido los recursos y servicios de las instituciones. Elgarresta ha advertido de que no se puede “normalizar la violencia machista en la sociedad”. Y ha añadido: “No podemos permitir que se extiendan mensajes sobre actitudes machistas y que niegan la violencia machista o que, de alguna manera, sean contrarias a los avances de las políticas de igualdad”.

En relación a la investigación del presunto homicidio, ha dicho que no tienen “conclusiones definitivas a día de hoy, más allá de la información que ha dado traslado la Ertzaintza” y ha señalado que la investigación “está abierta”. Por su parte, el alcalde de Basauri, Asier Iragorri, ha trasladado el “apoyo incondicional” del Ayuntamiento a la familia y a su entorno más cercano y ha recordado que todos los recursos que tiene el consistorio están a su disposición para lo que necesiten. Además, ha pedido que “la ley caiga con toda contundencia y peso en los asesinos o maltratadores”. Iragorri ha confirmado que, en este caso, había un seguimiento por parte de la Policía.

Por su parte, el diputado de Administración Pública y Relaciones Institucionales, Ager Izagirre, ha trasladado su cariño y condolencias hacia la familia y personas allegadas de la víctima y ha puesto a su disposición todos los medios de acompañamiento y apoyo que tiene la Diputación vizcaína para “estos desgraciados casos, que son la muestra más cruel de la desigualdad”. “No vale con decir no soy machista. Hay que implicarse cada día en cada una de las expresiones de desigualdad que se puedan dar en nuestro entorno, sea laboral, familiar o social, y ya sean explícitas o implícitas”, ha emplazado.

Horas después, el Juzgado de Guardia de Bilbao ha decretado la libertad provisional del hombre detenido este viernes por su presunta implicación en la muerte de su pareja en Basauri, con la obligación de comparecer todos los días ante la plaza número 9 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Bilbao que es el que va a instruir este caso y a continuar con las diligencias pertinentes.

Una instructora de Donostia, Ana Isabel Pérez Asenjo, ha cerrado recientemente sin ver ninguna responsabilidad la investigación por las graves lesiones sufridas en la cabeza por una aficionada de la Real Sociedad, Amaya Zabarte, que cayó desplomada en el exterior del estadio de Anoeta coincidiendo con una carga de la Ertzaintza antes de un partido de Champions League contra el PSG. En la resolución judicial, la magistrada da plena validez a la tesis policial de que nunca dispararon 'foam', su munición antidisturbios, aunque en las imágenes no se ven otros objetos que pudieran hacer que Zabarte acabara esa noche de marzo de 2024 en la UCI y siga con secuelas. La mujer denuncia también que, cuando se pudo levantar y se refugió en la boca de una estación próxima del Topo de Euskotren recibió una patada de un agente. Se puede leer aquí una reconstrucción de esa actuación.

Pérez Asenjo ya había cerrado antes la causa en otra ocasión sin siquiera citar a la víctima. Un recurso de la familia ante la Audiencia Provincial de Gipuzkoa le obligó a retomar el asunto. Joseba Novoa, su marido, denuncia como conclusión de la entrevista la “actitud” de la juez, “la diferencia de cómo ha tratado” durante la investigación a los agentes investigados, a los que atendió “con amabilidad”, y la displicencia hacia los testigos que apoyaban las tesis de Zabarte, que sí escucharon una detonación e incluso recogieron del suelo algún cartucho de los proyectiles. Formalmente, cabe un nuevo recurso para que instancias superiores vuelva a enmendar a Pérez Asenjo. También sigue abierta la investigación interna de la Comisión de Control y Transparencia. Con todo, la familia lamenta la actitud del consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, y también la de la Real Sociedad.

¿Cómo han encajado la resolución de la magistrada?

Viendo la trayectoria de la jueza, nos lo esperábamos. A toda costa ha querido cerrarlo. La verdad, la sensación que nos ha dado es de que no quería llegar hasta el final. Uno siempre alberga la esperanza de que se haga justicia. Pero, no, no se ha hecho justicia. La hostia nos la hemos llevado.

¿Puede concretar más cuáles eran esas sospechas que tenían de que esto no se iba a llevar a buen puerto?

Al quinto día de poner la denuncia, ya cerró el caso por primera vez, alegando que Amaya tiene lesiones leves y no hay autor conocido. Luego ha tenido que reconocer todas las lesiones graves que ha tenido Amaya. Tuvimos que hacer un recurso y la Audiencia Provincial le obligó a reabrir la instrucción. Ahora hemos visto que ha hecho lo justo y necesario. De hecho, ni les ha obligado a mejorar las imágenes [de grabación de los hechos] después de dos años. Tienen medios y podían haber mejorado las imágenes. Pero no han hecho nada.

Las lesiones de su mujer están acreditadas con informes médicos. La versión oficial es que allí no hubo disparos de ‘foam’. Dígame, entonces, qué otra alternativa puede haber para el golpe en la cabeza.

Ella [la magistrada] se acoge a la palabra de la Ertzaintza. A que, según sus protocolos, no pueden disparar en esa situación. Entiendo también que en los protocolos de la Ertzaintza no está permitido patear mujeres indefensas en el suelo. Y también lo hicieron. Sobre lo que dice del proyectil, la médico-forense deja bien claro que no puede descartar que sea un proyectil de ‘foam’, ni patada ni rodillazo, pero sí descarta totalmente que sean lesiones por caída al suelo o lesiones por una piedra. Amaya se levanta del suelo tambaleándose, cuando recibe el impacto. En el auto, se omite totalmente la versión de todos los testigos.

¿Qué dicen los testigos?

Todos escuchan una detonación. Y hay un miembro de seguridad del Topo que ve cómo sus compañeros recogen un proyectil del suelo.

¿Consideran que el hecho de que lo que se esté investigando sea a la Ertzaintza genera un cierto corporativismo o cierta falta de voluntad de llegar hasta el final?

Ni creo ni dejo de creer. Soy más de sensaciones que me llevo. Y la sensación que se me queda en el cuerpo es que no han hecho todo lo que podían hacer. Echo la vista atrás y veo los trabajos que ha hecho la Ertzaintza. Por ejemplo, el de descubrir cómo una persona fallecía por un disparo a través de una ventana en el monte, sin cámaras ni nada. Y resulta que, en un partido de alto riesgo, en el mayor dispositivo de toda la historia de Anoeta y delante de decenas de ertzainas, casi muere mi mujer y no son capaces de decir qué es lo que ha sucedido. ¿Alguien se cree que la Ertzaintza es tan inútil? ¿O es que no quieren llegar a saber la verdad? No creo que sean inútiles.

En aquellas fechas se produjeron otros sucesos que también están siendo investigados o han sido investigados. Hablo de actuaciones de la Ertzaintza en Tolosa, en Bilbao o en Irún. ¿Cree que lo de Anoeta fue algo excepcional o que hay un problema más de fondo en la gestión de los dispositivos?

Creo que lo del PSG no fue algo puntual. De hecho, el día del recibimiento de Copa del Rey contra el Mallorca [en febrero de 2024] ya hubo problemas. Puede haber problemas cuando vienen los equipos de fuera. Pero, cuando estás recibiendo a tu propio autobús, que la Ertzaintza cargue contra los aficionados me parece increíble. De hecho, la Real Sociedad ha tomado la decisión de que en los recibimientos del equipo la Ertzaintza ya no esté. En el pasillo están los miembros de la seguridad de la Real Sociedad y no ha vuelto a haber problemas.

En el auto, se omite totalmente la versión de todos los testigos. Y todos escucharon una detonación. Y hay un miembro de seguridad del Topo que ve cómo sus compañeros recogen un proyectil del suelo.

¿Qué opinión tienen del papel del club, de la Real Sociedad, en toda esta cuestión?

Se han sentido entre la espada y la pared. Pero no han pasado buenas palabras. El día de la junta de accionistas pedí que se personasen como acusación popular. Pero, claro, ¿la Real Sociedad como entidad contra la Ertzaintza o contra el Gobierno vasco? Ahí ya no han dado ningún tipo de respuesta. En redes sociales, me comentaba un usuario lo bien que se han portado siempre con Aitor Zabaleta [asesinado por un ultra del Atlético de Madrid]. Y con razón. La diferencia es quién es el agresor. Si a Amaya le hubiesen agredido ultras, la respuesta de la Real Sociedad y de las instituciones en general, tanto del Gobierno vasco como del Ayuntamiento de Donostia y demás, habría sido totalmente diferente. Como el agresor o los agresores son ertzainas, nadie, nadie, nadie se ha preocupado.

¿Van a intentar seguir peleando en los tribunales o lo dan ya por perdido?

Sí, vamos a recurrir.

¿Tienen esperanzas con el informe que tiene pendiente la Comisión de Control y Transparencia de la Policía vasca?

No. De todo lo que dependa del Gobierno vasco yo no tengo fe. En absoluto.

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, al poco de llegar al cargo, les envió una carta. ¿Han vuelto a tener contacto? ¿Cómo valoran su gestión?

Después de la carta, me reuní con él en la comisaría de la Ertzaintza de Irún. Fue hace unos meses. Hace medio año o así. Le transmití que, al margen de lo que determinase la Justicia, no llegaba a entender que ellos, viendo las imágenes, viendo, por ejemplo, cómo un ertzaina patea en el suelo a una mujer, no hiciesen ningún tipo de condena. El señor Zupiria calló, calló y calló. Me decía: ‘¿Pero yo qué quieres que haga?’ ¿Cómo que qué quieres que haga? Tú eres el responsable político de todo esto. Echaba balones fuera todo el rato.

Su mujer sigue teniendo secuelas. ¿Cómo ha cambiado su vida y la de toda su familia desde aquel marzo de 2024?

Estuvimos en un neurólogo y ya nos ha dicho que las secuelas le quedarán de por vida. Le cambiaron el tratamiento para intentar paliar los dolores de cabeza y las alteraciones del sueño y demás. Claro que nos ha cambiado la vida. Amaya lleva dos años sin trabajar. Estamos esperando a que la Seguridad Social nos diga si le dan la incapacidad o no. Se puede imaginar también el varapalo económico que ha sufrido la familia.

La Ertzaintza ha informado del arresto, este viernes, de un hombre de 45 años por el ser el presunto responsable de un nuevo asesinato machista ocurrido el miércoles en Basauri, una localidad próxima a Bilbao. Sostiene la Policía que, indiciariamente, “el presunto homicidio estaría enmarcado en el ámbito de la violencia de género”.

“El fallecimiento de la víctima, una mujer de 44 años de nacionalidad española, se produjo el miércoles por la mañana, en una vivienda de Basauri, tras sufrir ésta una supuesta indisposición y resultar infructuosos todos los intentos por salvar su vida realizados por la dotación sanitaria desplazada al lugar. El correspondiente análisis forense realizado en las horas posteriores para esclarecer las causas del fallecimiento llevó a determinar que pudiera tratarse de una muerte violenta”, informa la Policía.

“Ante esta situación y como resultado de la investigación llevada a cabo por la Ertzaintza en relación al suceso, durante la mañana de hoy, viernes, se ha procedido a la detención de su pareja, un hombre de 45 años de nacionalidad española, acusado de un presunto delito de homicidio en el ámbito de la violencia de género”, abunda la información oficial facilitada por la Ertzaintza. El detenido tenía antecedentes previos por violencia de género, si bien desde el Departamento de Seguridad no se ha confirmado si se trataba de episodios en los que estuviera involucrada la mujer fallecida.

En Euskadi, existe el teléfono SATEVI, el 900 840 111, como atención a víctimas de violencia machista. Es un servicio de atención, por vía telefónica o telemática, que ofrece información y orientación y funciona las 24 horas al día y los 365 días al año. Es un servicio confidencial, al que se puede llamar de forma anónima. En caso de emergencias, la referencia es el 112.

Reacciones de condena

El alcalde de Basauri, Asier Iragorri, ha mostrado su más enérgica condena y repulsa por el presunto homicidio machista y ha pedido actuar “con determinación desde todos los ámbitos para erradicar” la violencia machista, informa Europa Press. Iragorri ha dicho que es “insostenible y muy preocupante que, día tras día, haya noticias de agresiones o asesinatos machistas” y ha advertido que no se puede “normalizar esta violencia”. Se ha convocado una concentración de repulsa.

Emakunde y la Diputación de Bizkaia también han emitido notas de condena. En un comunicado, la Diputación ha reiterado su apuesta por “erradicar cualquier forma de desigualdad y de violencia contra las mujeres” y ha señalado la necesidad de “combatir los abusos del machismo en todos los ámbitos, desde el privado hasta el público, porque la vida, la libertad y la dignidad de las mujeres no son negociables”. Tras este crimen de Basauri, “son ya 39 mujeres las que han sido asesinadas en Bizkaia desde el año 2004 como consecuencia de la violencia machista, una violencia estructural que exige una respuesta firme y sostenida desde todas las instituciones y el conjunto de la sociedad”.

La Comisión de Control y Transparencia de la Policía vasca, un órgano ahora con el exvocal del CGPJ Enrique Lucas al frente, ha abierto una investigación por el fallecimiento de un varón de 33 años en aguas del río Bidasoa en febrero y cuyo cadáver fue hallado días después en la costa, pero ya en aguas de jurisdicción francesa. Se trata de un hombre, vecino de Irún, que había cometido un pequeño robo y que huía de la Ertzaintza. Se arrojó al agua y se le perdió el rastro durante ocho días.

En concreto, a instancias del consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, la comisión fue informada de que el 15 de febrero, a las 1.35 horas, un varón que huía de la Policía “tras cometer presuntamente un robo con fuerza” consistente en forzar una máquina de monedas del lavacoches de una gasolinera de Behobia “se arrojó al río Bidasoa, hundiéndose en las aguas tras mantenerse a flote unos minutos”.

El punto exacto fue en la calle de Juan Thalamas Labandibar de Irún. Se activó un dispositivo de rescate urgente pero no dio sus frutos hasta más de una semana después. El 23 de febrero, un operativo conjunto de la Guardia Civil española y de la Gendarmería francesa localizó un cadáver después de varios días de trabajo y se confirmó que era el del fugado. Estaba en aguas de Hendaya, frente a la playa. El operativo requirió de embarcaciones y de un helicóptero.

La comisión actúa en todos los casos en que hay un herido o un fallecido en el marco de una intervención policial. Eso sí, solamente se ceñirá a revisar la actuación de la Ertzaintza en el primer momento, el del descubrimiento del pequeño robo y las circunstancias de la fuga y del salto al Bidasoa. En una reunión celebrada el propio 23 de febrero, este órgano requirió al Departamento de Seguridad que concrete las actuaciones en marcha para esclarecer este caso, incluidos posibles expedientes de Asuntos Internos, las posibles comunicaciones en la noche de los hcechos, las grabaciones de videoviligancia y las denominadas 'bodycam', los sistemas de grabación que portan los agentes en sus uniformes.

El Tribunal de Instancia de Irún ha suspendido 'sine die' la vista en la que se iba a sustanciar la admisión de culpabilidad de un agente de la Ertzaintza que propinó un golpe en la cara a un varón en la calle ante la pasividad de otros cinco ertzainas y de cuatro agentes municipales. Según planteó la Fiscalía, el policía iba a asumir un delito de atentado contra la integridad moral en su modalidad menos grave para evitar la entrada efectiva en prisión, pero con pena de inhabilitación.

Según fuentes judiciales, la comparecencia prevista para la pasada semana tuvo que suspenderse por cuestiones relacionadas con la salud de la víctima, que tenía 30 años en 2023 cuando se produjeron los hechos. Se fijará una nueva fecha cuando supere sus circunstancias, sin que haya ahora ningún calendario prefijado. Actualmente, el funcionario está realizando sus tareas habituales de patrullaje en la calle tras un primer período de suspensión al trascender los hechos en 2024 y otra estancia haciendo labores de otro tipo.

Este caso tiene su origen el 22 de julio de 2023. En Irún, entre las 3.08 y las 3.17 horas -exactamente en el minuto 1 y 9 segundos de un vídeo de 3 minutos y 19 segundos-, el agente de la Ertzaintza con número profesional 25145 “elevó el brazo izquierdo, increpó a una persona civil [que estaba tendida en el suelo] y le propinó una bofetada en la cara con la mano izquierda abierta”. “Cállate ya, coño. Se acabó la tontería. ¡Se acabo la tontería! ¡Venga! ¡Venga!”, espetó el uniformado. A.A.C., la víctima, “por efecto del golpe cayó al suelo de espaldas”, mostrando “gestos de dolor”.

Sin que los otros nueve policías hicieran nada, un segundo hombre que estaba en la zona ayudó a la víctima unos minutos después y a las 3.36 horas se dio parte al 112: “No se puede mover”. La Ertzaintza envió a dos patrullas. Eran cuatro de los agentes que habían estado con él minutos antes, incluido el funcionario 25145. Los uniformados mintieron por radio al asegurar que el hombre se encontraba bajo los efectos del alcohol, que se había propasado con ellos y que las lesiones las había sufrido golpeándose con una pared. Dijeron que no era necesaria una ambulancia.

La comisión de control y transparencia de la Policía vasca emitió un dictamen denunciando la actuación policial y, en paralelo, el Tribunal de Instancia de Irún tiene abierta una causa penal. Las fuentes judiciales recalcan que el ertzaina ya ha admitido los hechos para buscar una pena en la modalidad “no grave” del delito imputado. La condena de prisión no superará los dos años y, por lo tanto, evitará la entrada efectiva en la cárcel, aunque se expone a una inhabilitación de entre dos y cuatro años.

En una respuesta a preguntas de EH Bildu en el Parlamento Vasco, el consejero Bingen Zupiria indicó a comienzos de marzo que “en relación con estos hechos la jefatura de Asuntos Internos de la Ertzaintza instruyó atestado” contra el agente de la agresión y “paralelamente se incoaron seis expedientes disciplinarios, uno de ellos al presunto agresor, y los otros cinco, a los ertzainas que se encontraban presentes en el lugar en el momento de los hechos”. Pero “todos los expedientes se encuentran a la espera de que recaiga resolución judicial firme”. Es más, el principal protagonista de estos hechos grabados en vídeo desde una casa presentó un recursos y logró levantar la suspensión temporal de empleo y sueldo, aunque recibiendo una “ayuda familiar”.

El nuevo magistrado que analiza la presunta existencia de delitos urbanísticos en torno al derribo del edificio Irurak Bat de Getxo, Marcos Amor, ha apuntado en una reciente resolución que los imputados, entre ellos tres exediles del PNV, tenían razón cuando pidieron que no se tuvieran en cuenta los buzones de correo electrónico y servidores incautados, por ser una intromisión excesiva en su intimidad, pero acepta la validez (de momento) de los móviles y otros materiales decomisados. Eso sí, avisa con claridad que, aunque la investigación esté aún en una fase muy inicial, “de los diferentes extremos consignados a lo largo de los atestados, se deducen múltiples indicios que apuntan a una voluntad real de los investigados de llevar a cabo el derribo total del edificio a pesar de que ostentaban conocimiento de su protección”.

Y añade que las responsabilidades no solamente se limitan al momento del derribo “sino a las decisiones previamente tomadas [...], tanto de carácter técnico como político, con la voluntad de que tal derribo tuviera lugar”. La resolución cita, por ejemplo, que “consta que la licencia de obra concedida en octubre de 2022 autorizaba únicamente el derribo de construcciones complementarias, no comprendiendo el derribo del edificio principal”. “Sin embargo -agrega-, el acta de inspección de la Policía de fecha de 2 de agosto de 2024 recoge que el edificio principal había sido igualmente derribado”.

Asimismo, remarca que el palacete estaba incluido en un sistema de protección “básica” o “custodia municipal”. “El propio plan general de ordenación urbana establece entre las medidas de protección aplicables a los elementos incluidos en dicho catálogo que los edificios catalogados no podrán ser objeto de derribo”, apunta. En este sentido, se han incorporado al sumario dos informes. Uno es del arquitecto municipal, Urko Balciscueta. El otro es del área de Patrimonio del Gobierno vasco, dependiente de la vicelehendakari Ibone Bengoetxea, del PNV. Ambos dictámenes son coincidentes en resaltar que el Irurak Bat estaba protegido.

Balciscueta, que firmó su informe el 23 de marzo, apunta que él mismo informó favorablemente de un proyecto de reforma del edificio, pero remarca que aquel plan preveía el “mantenimiento” del edificio y la renovación de su interior y de las cubiertas. Añade que, si se hubiese planteado una demolición “total o parcial”, tendría que haber un informe del Gobierno vasco que no consta que se solicitase.

En cuanto al informe del Ejecutivo autonómico, viene firmado por la alto cargo Urkiri Salaberria, del PNV, y por María Abdona Gil Abad. Y es del 18 de marzo. Señala que “no existe ningún” decreto autonómico de protección del edificio pero que sí está en el “inventario” del Centro de Patrimonio Cultural Vasco. Asimismo, constata que en el ámbito de Getxo sí tiene una protección “a través de la custodia municipal”.

Los anexos documentales del informe señalan que se trata de una “casa unifamiliar” de la edad contemporánea, levantada en el siglo XIX y reformada en el XX, con “grado de protección” de ámbito “local”. Era un edificio de planta rectangular del que se destacan sus “dos grandes bow-window”, el “jardín excepcional” e “incluso el portón original neoclásico”. Ofrecía “líneas sencillas neoclásicas de calidad”. Las obras del siglo XX le imprimieron a la villa “un aspecto racionalista”. Se insiste en su “importancia histórica” y “valores arquitectónicos”.

Dispositivos bien custodiados

El caso de Getxo analiza si el derribo del edificio protegido fue deliberado y con participación activa del Gobierno municipal. Es más, dos de los tres concejales investigados, que eran pareja, iban a ir a vivir a las nuevas viviendas de lujo que allí se proyectaban. Ahora, después del relevo al frente de la sala del Tribunal de Instancia de Getxo sobre la que recae el procedimiento penal del Irurak Bat, el nuevo titular está dando ya los primeros pasos.

Su predecesora, Neus Galobardes, fue la que autorizó los registros en el Ayuntamiento y la incautación de los soportes electrónicos y de los buzones de correo electrónico y la que firmó también las imputaciones de nueve personas, los exediles Iñigo Urkitza, Inaxio Uriarte e Irantzu Uriarte y José Ramón Foraster, Haritz Pinedo, Argiñe Encinas, Sonia Quintana, María Isabel Peral y Ander Madariaga. Aún no han prestado declaración.

Amor ha resuelto los recursos de nulidad de las actuaciones. El nuevo instructor solamente enmienda a Galobardes en el punto relativo a los buzones de 'email' y ha acordado “expulsar” del sumario las posibles pruebas que hubiere en esos correos electrónicos. En lo demás, da por válida la justificación para realizar los registros y no cuestiona la incautación de aparatos como los teléfonos móviles, aunque anuncia una resolución separada sobre cómo proceder al volcado de la abundantísima información que contienen, como los mensajes de WhatsApp.

Añade, por otro lado, que no se puede dudar de que la Policía vaya a vulnerar el derecho a las comunicaciones confidenciales entre abogados y clientes, aunque pide que se devuelvan posibles documentos que puedan estar relacionados con ello. La Ertzaintza es la Policía judicial que lidera esta causa y los letrados de los abogados lanzaron la teoría de la conspiración, dando a entender que los agentes se estaban extralimitando. Para tranquilidad de las partes, el juez Amor recuerda que los materiales están debidamente custodiados y que su revisión está “a la espera de la correspondiente decisión judicial sobre la procedencia y alcance” de las investigaciones.

El Ararteko ha llevado este lunes al Parlamento Vasco el informe de su actividad en 2025. Han sido pocas las conclusiones que ha dejado la presentación a los medios de comunicación del documento, ya que el nuevo titular de la defensoría, Mikel Mancisidor, que fue nombrado en diciembre, no ha respondido a ninguna pregunta de ninguna cuestión y ha delegado totalmente en su equipo. Sin embargo, la institución sí ha dado a entender que Lanbide se está excediendo al haber eliminado, en 2025, un sistema “social” de reintegro de las cantidades indebidamente percibidas por perceptores de prestaciones sociales -muchas veces por errores de tramitación de la Administración- y que donde antes se descontaban apenas 30 euros mensuales para ajustar esos “indebidos” ahora son cantidades “mucho más elevadas”.

El secretario general del Ararteko, José Luis Iparraguirre, ha defendido que los afectados son personas de “ingresos reducidos” ya de base y que los cambios “incrementan la situación de vulnerabilidad”. Ha indicado que existe un procedimiento abierto y que será entonces cuando aporten conclusiones sobre la nueva forma de actuación de Lanbide, aunque sí ha mostrado su queja inicial.

No ha ocurrido lo mismo con otro tema que tiene la institución encima de la mesa. En 2011, el Ararteko recomendó no estigmatizar a los detenidos policiales indicando datos personales como su nacionalidad. En 2025, el año del informe presentado, la Ertzaintza decidió dar esa información, así como otros cuerpos locales. Y la Defensoría del Pueblo vasca ha abierto una actuación. Sin embargo, ahora mismo se niega a realizar ningún tipo de valoración. Tampoco concreta plazos para hacerlo.

Mancisidor, después de reunirse con la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, ha comparecido ante los medios de comunicación. De saque, ha dejado claro que el informe recoge, en gran medida, la labor de su predecesor, Manuel Lezertua, y de la anterior adjunta, Inés Ibáñez de Maeztu. Aunque ha asumido como propias sus conclusiones, después no ha respondido a ninguna pregunta sobre el documento.

Por ejemplo, ha habido un cambio de metodología en la tramitación de las quejas y no es posible saber si hay o no oscilaciones a mejor o a peor en ámbitos como Osakidetza, que de 2024 a 2025 sí disparó la preocupación ciudadana en un 40%. Los colaboradores de Lezertua apuntan a que “no se ha producido ese incremento”, pero a la vez hay algunas alusiones en el informe a las listas de espera.

Sí está claro que la vivienda es una preocupación creciente, particularmente las “dificultades de acceso” para capas relevantes de la sociedad y la “insuficiencia del parque público de alquiler”, según se ha apuntado. Asimismo, el equipo de Mancisidor ha alertado de problemas para la población migrante en el “acceso a derechos básicos”. Este colectivo está “sobrerrepresentado” en problemas como el sinhogarismo, se ha indicado.

El Ararteko, en 2025, ha realizado 16.637 actuaciones. De ellas, 3.617 han acabado siendo quejas. De los asuntos administrativos revisados, el 55% termina considerándose incorrecto. En el 93% de ocasiones, la Administración concernida lo corrige, mas ha habido 18 apercibimientos por no atender las recomendaciones de la Defensoría. Un 50% del trabajo es sobre el Gobierno vasco y sus organismos. El resto se reparten entre ayuntamientos, diputaciones y otras entidades.

El Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (conocido por las siglas OARC y que analiza recursos contra licitaciones) ha desestimado una denuncia relacionada con el caso del exjefe de seguridad de Osakidetza, un ertzaina que falseó su titulación universitaria y que ha acabado despojado de su cargo y denunciado en un juzgado de Vitoria. Un particular, J.C.V.M., planteó que se revisara la “legalidad” de la adjudicación del servicio de vigilancia de Osakidetza, gestionado por el denunciado, Juan José Quiñones. Sin embargo, el OARC estima que ese tipo de actuaciones no entran dentro de sus competencias.

El puesto de responsable de Seguridad en el Servicio Vasco de Salud fue creado a la luz de hechos como el secuestro de bebé en la maternidad de Basurto, ocurrido en 2022. El nombramiento del ahora destituido se produjo en 2023 tras un proceso de designación en que fue el único candidato y en el que se ajustaron algunos requisitos para adaptarlos a su perfil. Durante dos años, Quiñones ocupó un puesto con un salario superior a los 60.000 euros anuales incumpliendo la premisa de tener una titulación universitaria. Había presentado un título de la EHU que se dio por bueno. Venía compulsado por el Ayuntamiento de Getxo. A finales de 2025, se produjo una revisión de su expediente, se comprobó la falsedad y Quiñones fue despedido y denunciado. Actualmente está abierta una causa penal en el Tribunal de Instancia de Vitoria.

Durante los dos años de Quiñones en el cargo, aparentemente con un salario superior a los 60.000 euros anuales, participó en la tramitación de cinco expedientes de contratación que suman más de 83 millones de euros. Se trata de dos adjudicaciones de 36,7 millones para la vigilancia de los centros sanitarios de Bizkaia, por un lado, y de Gipuzkoa y Álava, por otro, que recayeron en las compañías Prosegur y ALSE, respectivamente. Y también de otro expediente para la seguridad de los centros de la red de salud mental de Bizkaia, de nuevo para ALSE (11,1 millones). Los otros expedientes son contratos menores, por debajo de 15.000 euros, a Riskless y SDS.

La denuncia al OARC demandaba revisar la “legalidad” de las contrataciones. “Que se verifique la habilitación administrativa y profesional de la persona que intervino como director de Seguridad en la elaboración o firma de la documentación técnica del expediente”, se solicitaba, además de reclamar las “medidas necesarias” en el caso de que se constataran las “irregularidades”.

Sin embargo, el 13 de marzo el OARC inadmitió el caso. Expone que su intervención está tasada para revisar licitaciones y sostiene que la comunicación recibida sobre Osakidetza “ni siquiera se identifica como recurso”. “Es una mera denuncia de la que difícilmente puede defenderse el poder adjudicador y sobre la que mal pueden alegar otros interesados. Por ello, si este órgano la tramitara como recurso estaría favoreciendo la indefensión de Osakidetza y de los demás interesados y concediendo una ventaja antijurídica a quien no ha formulado con una mínima concreción su posición”, argumenta la resolución. Se indica, eso sí, que cabe recurso ya ante la Justicia ordinaria, concretamente ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Aitor Rabanal es el secretario de Organización de Euspel. Combina la labor sindical con el trabajo en la calle. Atiende a este periódico en el día siguiente a la victoria de su asociación en las elecciones sindicales de la Ertzaintza, por delante de Esan y de Erne, por este orden. Es algo inédito desde la creación de Euspel en 2004. En los últimos años ha sido la única organización que se ha opuesto al nuevo convenio y al plan de empleo en sintonía con el movimiento 'Ertzainas en lucha' que brotó con fuerza en 2023. Y han capitalizado esa postura. Cree que los resultados son un “mensaje” para el Departamento de Seguridad, a cuyo frente está el consejero Bingen Zupiria.

¿Ha sido una sorpresa este resultado?

No, no es una sorpresa.

¿Y cuál ha sido el secreto de este éxito? ¿Cuál es la propuesta diferente que ha podido aportar Euspel con respecto a otras organizaciones que hasta ahora han sido mayoritarias?

El trabajo. Primero, atención las 24 horas del día. Y, segundo, dejar hablar a los compañeros, escucharles y, evidentemente, estar ahí, lo más cercanos posibles. Ser el cable conductor de sus reclamaciones. Al final, es trasladar lo que nos dicen y llevar su voz a las mesas y a los diferentes foros en los que estamos.

Se planteaban las elecciones como plebiscitarias. Euspel era la única organización que no apoyó el nuevo convenio pactado por el Departamento con Erne, Esan y Sipe. ¿Entienden que ese rechazo al acuerdo regulador ha sido decisivo para el resultado?

Nosotros, realmente, no hemos planteado ningún tipo de plebiscito. Los plebiscitos fueron en otro momento. Ya fuimos muy claros, porque respondimos a lo que nos dijo la gente en relación al acuerdo regulador. Estábamos muy tranquilos y no teníamos ningún tipo de plebiscito. Eso lo tendrían otras organizaciones. Estamos muy muy convencidos de que nuestra gente nos dijo que votásemos que no [al convenio]. Lo hicieron en amplia mayoría, incluso no solamente asociados a Euspel. Lo dimos a votar al resto ddel colectivo y fue un claro 'no'. Eso nos daba un aval.

Fueron al sindicato más próximo al movimiento de 'Ertzainas en lucha' de 2023. ¿Esta victoria supone recuperar aquellas movilizaciones y aquella confrontación o esto cambia el escenario?

Las movilizaciones y la confrontación vendrán dadas por las ganas que tenga el Departamento de escuchar y de llevar a cabo los proyectos que nosotros entendemos que se han quedado colgados. Al final, se han firmado cosas que todavía no están desarrolladas. Tendrán que hacerlo. Si el Departamento escucha y entiende que los trabajadores, los ertzainas, han reaccionado dando el apoyo a Euspel, porque evidentemente ellos sí que lo han podido ver como un prebiscito, perfecto. Si no entienden que tienen que sentarse, hablar y llegar a acuerdos, nosotros evidentemente no hemos firmado ningún tipo de paz social y tendremos que salir a la calle. Seguiremos al pie del cañón, como se suele decir.

¿Ha sido un mensaje de la plantilla al Departamento, entonces?

Creo que el Departamento también lo entenderá como mensaje de la plantilla y como mensaje de lo firmado, evidentemente.

El tema de la falta de plantilla es la principal preocupación. Euspel tampoco secundó el plan de empleo (para llegar en 2030 a los 8.000 efectivos pactados en 2004).

Planteamos incluso ir un poquito más allá de los 8.000. Lo que sea necesario. Habrá que sentarse a hablarlo. Seguimos cogiendo competencias, como el servicio marítimo o puertos. Este viernes se han reunido el lehendakari y el presidente para tratar otra serie de cosas. Y, evidentemente, eso requiere plantilla. Estamos 1.000 por debajo de los 8.000. El sobresfuerzo que se está llevando a cabo está ahí y entendemos que habrá que poner las medidas suficientes para acelerar el plan de empleo. Y, mientras tanto, habrá que buscar medidas compensatorias. Ahora mismo toda la carga de trabajo y de esfuerzo recae sobre una plantilla corta. Sobre una plantilla muy muy corta.