Un hombre de 48 años, herido de gravedad tras recibir varios disparos con una escopeta en el municipio vizcaíno de Barakaldo, ha fallecido después. La Ertzaintza ha detenido posteriormente a un varón por estos hechos en Amurrio, cuando huía en un vehículo, y continúa con la investigación para determinar el móvil de suceso, que podría tener “un carácter sentimental”. Permanece en la mañana de este viernes en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial.

Según ha informado el Departamento de Seguridad a Europa Press, el suceso ha ocurrido a las 20:30 horas de este jueves en las inmediaciones del campo de fútbol de Lasesarre de Barakaldo. Varios recursos policiales se han trasladado al lugar, así como personal sanitario que ha atendido a la víctima, un hombre de 48 años y que presentaba varias heridas en el abdomen producidas por el arma de fuego. Posteriormente, ha tenido que ser trasladado a un centro hospitalario, donde habría fallecido.

La Ertzaintza ha iniciado una investigación para identificar y arrestar al presunto autor de la agresión, que había huido del lugar en un vehículo. Poco después, una patrulla ha localizado al sospechoso circulando por el municipio alavés de Amurrio, donde ha sido detenido por los agentes. En un registro del interior del vehículo, se ha encontrado el arma utilizada en la agresión.

El arrestado, también de 48 años de edad, ha sido trasladado a dependencias de la Ertzaintza acusado de un delito de intento de homicidio. La Ertzaintza continúa con la investigación para determinar el móvil de suceso que, según han indicado desde Seguridad, “podría tener un carácter sentimental”. 'El Correo' señala que el fallecido era novio de la expareja del supuesto agresor.

La Ertzaintza continúa con la búsqueda del supuesto autor de la muerte de un taxista de 30 años en Azpeitia (Gipuzkoa), al que habría embestido con su vehículo y disparado con un arma de fuego, y ha solicitado a comercios de la localidad las imágenes de sus cámaras de seguridad. Según han señalado comerciantes de la zona, la Policía vasca ha solicitado a algunos establecimientos las grabaciones de sus cámaras de vigilancia que contengan imágenes de la calle donde se produjeron los hechos, en el marco de la investigación que continúa abierta para tratar de dar con el paradero del presunto autor de los disparos.

La Policía vasca registró este pasado miércoles, sin resultado, la vivienda del sospechoso, así como otros dos inmuebles, en el marco de un operativo para tratar de localizar al sospechoso, que se dio a la fuga en un vehículo tras los hechos. La operación, en la que participaron varias patrullas de la Policía vasca, se desplegó en el barrio azpeitiarra de Landeta. En total, seis patrullas, con agentes de la Ertzaintza y de la Policía local, llevaron a cabo la operación en la zona del polígono industrial, según recoge Europa Press.

Un gran número de agentes accedió al domicilio del presunto autor de la muerte del joven, en un edificio de viviendas ubicado junto a los citados pabellones, y registraron la casa. Momentos antes de las tres de la tarde los agentes abandonaron el domicilio del sospechoso y, además de este registro, se inspeccionó, al menos, otra vivienda de la localidad guipuzcoana.

El suceso se produjo en la tarde de este pasado martes en la localidad guipuzcoana de Azpeitia, donde un hombre perdió la vida tras recibir disparos con arma de fuego. La Policía vasca abrió una investigación para esclarecer los hechos, que continúa en curso.

Según testigos presenciales, el sospechoso embistió el coche del joven, que, cuando bajó del vehículo, recibió los disparos. Por su parte, el presunto autor huyó en un automóvil gris. La víctima es un joven de 30 años, taxista de profesión, aunque también es muy conocido en la localidad por su trabajo como DJ.

Un taxista de 30 años ha perdido la vida este martes en la localidad guipuzcoana de Azpeitia debido a un disparo con arma de fuego, según han informado la Ertzaintza.

El suceso ha tenido lugar sobre las 20:15 horas en una rotonda de la avenida Artzubia. Al parecer, un turismo ha sido alcanzado por detrás por otro vehículo y, tras el impacto, el conductor del coche embestido ha sido tiroteado. Los servicios sanitarios desplazados no han podido hacer nada por salvar la vida del hombre, que ha fallecido en el lugar.

La Policía Vasca ha confirmado que ha abierto una investigación para esclarecer la muerte de un hombre en Azpeitia por un disparo con arma de fuego y, pasadas las nueve de la noche, está buscando al autor de los hechos.

La asociación Harrera Sarea ha comparecido públicamente frente al Ayuntamiento de Donostia para denunciar el hostigamiento que, según asegura, sufren las personas en situación de calle por parte de la Guardia Municipal y la Ertzaintza. El colectivo alerta de que la persecución policial, intensificada tras la prohibición municipal del reparto de cenas solidarias de Kaleko Afari Solidarioak (KAS) el pasado 27 de julio, también se ha extendido a sus voluntarios mediante identificaciones y amenazas de sanción por proporcionar alimentos a personas vulnerables.

Harrera Sarea es una red ciudadana de acogida formada por voluntarios cuyo objetivo es acompañar y apoyar a personas migrantes. Entre sus labores se encuentran el asesoramiento administrativo, el acompañamiento para reforzar la relación con los Servicios Sociales y el empadronamiento, así como el reparto de alimentos —acción que hacía KAS—, ropa de abrigo, mantas y sacos de dormir. Con ocho años de trayectoria, a la red le resulta inaceptable que se normalice, en este nuevo panorama, que “la solidaridad sea vigilada, perseguida o amenazada con sanciones”.

Las portavoces de la red han censurado el aumento durante los meses de verano de actuaciones policiales que, según denuncian, incluyen desalojos, campañas de “limpieza”, amenazas para que las personas abandonen los lugares donde pernoctan, así como la rotura de pertenencias y tiendas de campaña rajadas. En este contexto de vulnerabilidad, Harrera Sarea ha recordado que, desde noviembre de 2025, han fallecido en la ciudad al menos siete personas sin hogar. De ellas, cinco murieron, según la asociación, como consecuencia directa de las precarias condiciones a las que les aboca la vida en la calle.

La plataforma también ha criticado la gestión del alcalde de Donostia, Jon Insausti, a quien acusa de “intentar lavar su actitud” ofreciendo recursos asistenciales “completamente insuficientes”. Según ha detallado la asociación, una persona sin hogar puede enfrentarse a una lista de espera de entre tres y cuatro meses solo para obtener una primera cita con una trabajadora social en el Servicio Municipal de Urgencias Sociales (SMUS).

A partir de ahí, el sistema exige, según Harrera Sarea, otros tres meses de espera para poder empadronarse y, una vez transcurridos seis meses con el padrón activo, solicitar una entrevista de valoración. A esto se suma otro mes de espera para recibir la resolución y las posteriores colas para acceder a un recurso habitacional. En la práctica, aseguran, una persona “puede pasar entre uno y dos años viviendo en la calle sin ningún tipo de recurso estable ni apoyo efectivo”.

A este entramado burocrático se suma, según la denuncia, la falta de servicios básicos municipales para las personas sin hogar. Harrera Sarea ha expuesto que el albergue municipal ofrece un máximo de cinco noches de pernocta cada tres meses, que no existe ningún comedor social público en la ciudad y que el acceso a duchas o lavadoras resulta insuficiente. Asimismo, critican que el Consistorio no proporciona ropa ni mantas a quienes duermen a la intemperie, mientras se presenta como el municipio con más iniciativas desarrolladas en este ámbito, aunque, a su vez, criminaliza la ayuda humanitaria.

Entre los episodios de acoso policial más alarmantes, la red ha relatado la identificación y amenaza de sanción en el interior de la biblioteca del centro cultural Tabakalera a varias voluntarias, algunas acompañadas por sus hijos menores de edad, por compartir la merienda con jóvenes sin hogar. Del mismo modo, según Harrera Sarea, patrullas policiales irrumpieron para identificar y amenazar a colaboradoras que impartían clases básicas y voluntarias de castellano y euskera. Estas clases se organizaban, según lo que explica la red, ante la falta de plazas suficientes en los cursos oficiales, las cuales fueron intervenidas por la simple presencia de alimentos en el espacio de estudio común.

Harrera Sarea ha calificado estas intervenciones de “profundamente discriminatorias y racistas” por obstaculizar, a su juicio, los procesos de integración y aprendizaje de idiomas que las propias instituciones exigen a los jóvenes migrantes. Las portavoces han concluido su intervención incidiendo en lo “grave y triste” que resulta sufrir persecución institucional en pleno siglo XXI por ejercer la solidaridad y han reafirmado que, independientemente del origen de las personas asistidas, “ayudar no es un delito”.

El consejero de Seguridad del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, ha condenado los altercados registrados durante la madrugada del domingo en Bilbao, en la que los agentes de la Ertzaintza y de la Policía Municipal fueron atacados con el lanzamiento de botellas, piedras y otros objetos, y ha mostrado su preocupación por “la gravedad de algunos comportamientos incívicos”, con “gente muy joven” involucrada.

En una entrevista este lunes en Onda Vasca, recogida por Europa Press, Zupiria ha destacado que la “tónica general” de las fiestas celebradas durante este verano en Euskadi ha sido la “tranquilidad”, y ha puesto en valor la colaboración entre la Ertzaintza y las diferentes policías locales y municipales “que ha permitido que se respirara un ambiente de seguridad”. No obstante, en relación con los incidentes de la madrugada del domingo en Bilbao, ha señalado que le preocupa “la gravedad de algunos comportamientos incívicos”. Según ha explicado, en imágenes difundidas en redes sociales y medios de comunicación se pudo observar a “gente muy joven, lanzando objetos, tanto a la policía local de Bilbao como a La Ertzaintza”.

Pese a reconocer que los incidentes se produjeron “a altas horas de la madrugada, cinco y media, en fiestas de Bilbao”, ha insistido en que se trata de comportamientos “además de incívicos, inaceptables y que en ningún caso deberíamos normalizar”.

Además, el consejero también ha señalado que de las 14 personas detenidas por los incidentes “hay varias personas que efectivamente son conocidas de la Ertzaintza y han sido objeto de diferentes, identificaciones, investigaciones e incluso de canciones en años anteriores”. Según detalló el departamento de Seguridad tras los altercados, uno de los menores detenidos ha sido investigado en hasta tres ocasiones anteriores, y uno de los adultos fue detenido en tres ocasiones e investigado en hasta 12 ocasiones.

Por otro lado, ha reflexionado sobre la responsabilidad de quienes “estamos en la actividad política” con “el señalamiento a la Ertzaintza”. “La Ertzaintza es la policía democrática y legítima de esta sociedad. En el caso de que se produzca algún comportamiento inadecuado, por supuesto, hay que explicarlo, pero yo creo que no podemos permitir que se esté cuestionando permanentemente la mera existencia del la Ertzaintza o su carácter democrático y legítimo”, ha aseverado.

En cuanto a los agentes heridos, ha explicado que varios efectivos de la Ertzaintza y un agente de la Policía Municipal han sido atendidos en la mutua y que, en el caso de la Policía vasca, cinco agentes han causado baja por las heridas sufridas. Zupiria ha precisado que presentan “contusiones, algunos cortes, algunas heridas que han necesitado sutura y puntos”, y ha trasladado su “solidaridad a estos agentes” y les ha deseado “la recuperación más rápida posible”.

Asimismo, ha agradecido la labor desarrollada durante todo el verano por los mandos de la Ertzaintza y de las policías locales, que “han trabajado conjuntamente de forma coordinada”, y ha reconocido “la profesionalidad de los agentes que han tenido que trabajar mientras otros estábamos de fiesta”.

Respecto al origen de la intervención policial, el consejero ha explicado que se produjo en el marco de un incidente, “una pelea”, ante el que los agentes tuvieron que intervenir y fueron “recibidos de forma agresiva” por personas que estaban de fiesta.

En ese sentido, ha rechazado que el lanzamiento de botellas y piedras contra los agentes pueda considerarse parte de las celebraciones. Se trata de personas, ha añadido, que “interpretan que esto de echar botellas y piedras a la Ertzaintza y a la policía local, es una parte del programa festivo”, ha ironizado, antes de insistir en que “no podemos aceptarlo por normalidad”.

Zupiria confía en que “cada una de estas personas que han participado en estos incidentes sea debidamente identificada y sea citada después la investigación policial al juzgado correspondiente o reciba en casa la multa correspondiente por el comportamiento que han tenido”.

Preguntado por la actuación policial previa al lanzamiento de objetos, el consejero ha afirmado que fue “progresiva y proporcionada”.

Sobre la posibilidad de que estos hechos formen parte de una 'tendencia de ataques' con 'motivación política' con 'las policías como objeto', ha reconocido no constatar la existencia de “ninguna motivación política”. “Existen personas que tienen antecedentes delictivos y luego existen juega, alcohol, deshinibición, y comportamientos incívicos y desadecuados”, ha concluido.

Agentes de la Ertzaintza han sido atacados este pasado sábado de madrugada por unos jóvenes que les han lanzado objetos al grito de “zipaios”. El Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, que ha informado del ataque, ha condenado esta nueva agresión ertzainas, a quienes ha mostrado su solidaridad. Los hechos han ocurrido a las 05.35 horas en Getxo, cuando una patrulla de la Ertzaintza se encontraba realizando labores preventivas de paisano en un vehículo oficial sin distintivos. Unos jóvenes han identificado a los agentes y han comenzado a lanzarles objetos y a insultarles con gritos como “zipaios”, “hijos de puta” y “asquerosos”.

La Ertzaintza está investigando los hechos para tratar de localizar e identificar a los agresores. En un comunicado, el Departamento de Seguridad ha expresado su “solidaridad y apoyo” a los ertzainas agredidos, y condenado esta nueva agresión contra agentes “que trabajan por garantizar la seguridad de las y los ciudadanos”. Además, ha reiterado que este tipo de hechos “atentan contra la convivencia y las bases sobre las que se construye”.

El sindicato Esan ha exigido “medidas inmediatas y cambios legislativos contundentes” para proteger a los ertzainas de los ataques que están siendo objeto. En un comunicado, la central sindical ha afirmado que “agredir a un ertzaina no puede salir gratis”. “Otra vez dos ertzainas agredidos. ¿Cuántos más hacen falta?”, ha preguntado.

Esan ha asegurado que están “hartos de contar agresiones y de ver cómo la violencia contra los ertzainas se convierte en una noticia más”. “Se acabó normalizar lo inaceptable”, ha afirmado. Por ello, exige “medidas inmediatas y cambios legislativos contundentes que protejan de verdad a los agentes y garanticen consecuencias reales para sus agresores”. “Quien agrede a un ertzaina tiene que saber que no sale gratis”, ha subrayado. Tras apuntar que “los ertzainas salen a la calle a proteger a los demás”, se ha preguntado “quién protege a los ertzainas”.

Por su parte, el secretario general de ErNE, Sergio Gómez de Segura, ha mostrado su condena “absoluta” a la agresión y ha pedido a todos los partidos políticos “un apoyo firme” a la Ertzaintza y un debate “serio” sobre los ataques a agentes de la autoridad. El representante sindical ha declarado a Europa Press que, mientras los agentes “trabajan para que no se delinca, para ayudar a la gente y para mantener la seguridad ciudadana, que al final es el objetivo de las patrullas de paisano”, se produce “un señalamiento continuo” a la Ertzaintza.

En este sentido, ha considerado que los ataques son consecuencia de la “criminalización por la izquierda abertzale” a la Policía vasca, aunque ahora quiera “colocarse en la vía democrática y la carrera política para llegar a Ajuria Enea”. Por ello, ha preguntado quién va a poner ahora “freno” a esto que se ha generado “durante años, diciendo que la Ertzaintza es malísima, no les defienden ni representan y hay que ir contra ellos”.

Sergio Gómez de Segura ha dicho que ahora hay jóvenes adolescentes “que no han conocido a ETA” pero que se han inoculado “del odio enquistado en esa parte de esa sociedad, y que sigue aflorando día tras día”. “Nosotros defendemos a todo el mundo. Y aunque haya quiénes no quieren que estemos en las fiestas y en los pueblos, seguiremos yendo y estando porque es nuestro deber defender a la gente”, ha añadido.

El líder de ErNE espera que, una vez reanudada la actividad en el Parlamento Vasco, haya “un apoyo firme” de los diferentes grupos políticos y un debate “sobre todos estos problemas, incluido el delito de atentado y el principio de autoridad, porque tienen en sus manos poder hacer cambios”. “Queremos una discusión seria, real, a nivel no solo judicial y legislativo, sino también a nivel educacional”, ha concluido.

El consejero de Seguridad del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, cree que la entrada masiva de migrantes en Ceuta ha puesto sobre la mesa cuestiones esenciales como la organización de la migración para que sea “asumible y aceptada socialmente” al considerarla “necesaria”, o el aspecto humanitario, que es “muy gordo y difícil de atender”. Además, ha eludido contestar sobre si cree que el Ejecutivo español ha actuado 'tarde y mal', porque se trata de una situación “muy complicada”.

Zupiria ha subrayado que lo ocurrido en Ceuta “ha puesto sobre la mesa cuestiones que van a estar muy presentes en los próximos meses, uno el debate sobre la inmigración”. “Nadie va a rechazar la inmigración, ¿pero de qué manera se tiene que producir esa inmigración? ¿De qué manera la hacemos frente? ¿De qué manera la organizamos para que sea algo asumible y sea aceptado socialmente porque la necesitamos?”, ha apuntado en una entrevista en la cadena SER recogida por Europa Press.

La segunda cuestión es si los servicios de información “que se supone que todo Estado tiene, o toda Policía tiene, o todo Ejército tiene, ha actuado debidamente o no, si han contado o no con esa información”. En tercer lugar, ha admitido que hay “un aspecto humanitario muy gordo, que es difícil de atender”, y en cuatro lugar existe “una reivindicación política por parte del Estado de Marruecos de un territorio que está bajo la soberanía española”. “Estas son cuestiones que se han colado este verano en la agenda política y que yo creo que van a dar mucho que hablar en los próximos meses”, ha manifestado.

El consejero de Seguridad ha dicho que, según los datos que en estos momentos se están manejando, en Ceuta puede haber 2.000 personas menores de edad, “muchos y muchas de ellas niños y niñas, gente muy muy joven y no hay forma de saber cómo han llegado esas personas”. “Lo primero, desde un punto de vista humanitario, es buscar la mejor situación y la mejor cobertura para esas personas. Por lo tanto, identificarlas, saber de dónde vienen, saber qué antecedentes familiares tienen, por qué en ese momento han decidido pasar a Ceuta”, ha defendido.

En su opinión, eso “es algo fundamental y es lo primero”, también incluso para un escenario en el que se acabara “acogiendo a varios cientos de esas personas”. “Si van a venir al Estado, si van a ser acogidas en centros menores, si se les va a tener que hacer un acompañamiento, dar formación, dar educación, también conviene saber qué antecedentes y qué relaciones familiares tienen para atenderlos de vida”, ha explicado.

Preguntado por si cree que se ha actuado 'mal y tarde' en Ceuta, ha reconocido que “es una situación muy difícil”. “No me atrevo a cuestionar la reacción que ha habido, ni si ha habido una información previa, ni cómo lo hubieran hecho otros. Es muy complicado”, ha subrayado.

En cuanto a las quejas trasladadas por el consejero de Seguridad al Ejecutivo del Estado tras las detenciones por la Policía Nacional de varias personas que habrían agredido a gente que llevaba la camiseta de la selección española en el Mundial de fútbol, al considerarlo una intromisión en las competencias de la Policía vasca, ha explicado que no ha recibido “ninguna respuesta”, pero entiende que “las agendas de los responsables del Ministerio de Interior ahora mismo están muy ocupadas”. “Creo que es un asunto que legal y jurídicamente está claramente establecido en el Estatuto de Autonomía, en los acuerdos que ha habido entre el Gobierno vasco y el Gobierno de España: ¿Qué es lo que corresponde hacer a la Ertzaintza como Policía integral de esta comunidad y cuáles son las funciones que quedan reservadas a la Policía Nacional y a la Guardia Civil?, ha apuntado.

Tras asegurar que en su día acordaron cómo afrontarían esta situación, se ha mostrado convencido de que, si todos asumen lo que les corresponde y hay coordinación, todos serán “mucho más eficaces”. “Nos estamos enfrentando a cuestiones muy delicadas. No hay más que mirar a Ceuta y a todo lo que puede venir”, ha avisado.

Ante la argumentación de que las Fuerzas de Seguridad del Estado pueden intervenir ante delitos de odio, Bingen Zupiria ha respondido que “todo cabe dentro de un delito de odio”. “Y es una situación que antes la vivimos con los delitos de medio ambiente, también cuando se legisló sobre las garantías que un menor debe tener, también en los temas de violencia contra la mujer. Es un tema recurrente. Por eso es bueno que los principios estén bien claros para todos y nos atengamos a lo que en su día acordamos”, ha insistido.

En cuanto a las actuaciones concretas de la Ertzaintza en los incidentes en el Mundial, ha recordado que hay más de una veintena de atestados abiertos “que tendrán su correspondiente procedimiento judicial o sancionador”.

Actitudes antisistema

Zupiria también se ha referido al Plan estratégico de Seguridad Integral 2026-2030 que pretende impulsar, para apuntar que buscará acuerdos para ello. “Es importante que todos tengamos claro cuáles son las prioridades que tenemos como sociedad. Algunas tienen que ver con la pérdida de valores que probablemente estamos viviendo y con la falta de respeto a la autoridad, otras tienen que ver con cómo nos enfrentamos a los nuevos riesgos que la seguridad tiene en estos momentos”, ha indicado.

No obstante, ha resaltado que también hay que hacer frente a “otro tipo de eventos que este verano se han padecido como, por ejemplo, las olas de calor o las tormentas inesperadas, etcétera”.

“Hay varios ámbitos que reclaman nuestra atención y creo que nos encontramos ante una oportunidad para que, a partir de ese plan estratégico y de las medidas que todas las instituciones vascas vamos a tener que ir adoptando, alcancemos una situación que permita ofrecer un horizonte de seguridad y certidumbre a la sociedad vasca”, ha resaltado.

Asimismo, ha destacado que “la relación entre ciudadanía, defensa, policías locales, guardias municipales, es de absoluta normalidad y de colaboración”. “Es verdad que hay casos puntuales y que hay grupos concretos que no lo viven así y se comportan de otra manera”, ha añadido.

Según ha indicado, “hay comportamientos extraños” y “algunos responden a actitudes antisistema, de rechazo a las instituciones democráticas y también a las Policías, al Ertzaintza y a la Policía Local como instituciones democráticas”.

“Hay también grupos políticos que todavía se resisten a aceptar, por ejemplo, a la Ertzaintza como la Policía democrática y legítima que esta sociedad decidió tener para garantizar la seguridad de su ciudadanía y de sus bienes”, ha manifestado.

Asimismo, ha dicho que hay “algunos comportamientos puntuales de gente que, sobre todo varones, de noche, consumos de alcohol y otras sustancias, donde se pierde el respeto al prójimo y también a la autoridad”.

Bingen Zupiria ha señalado que un ertzaina “dedica casi el 80% de su desempeño profesional a atender actuaciones preventivas o situaciones en las que hay que auxiliar o ayudar a un ciudadano o a una ciudadana”. “A partir de ahí, se están y se han producido estos dos últimos años acontecimientos muy concretos que han exigido el uso de la fuerza. Por tanto, la formación y la preparación de los agentes de la Ertzaintza para hacer frente a esas situaciones son importantes y están en la agenda del Departamento y de la Academia Vasca de la Policía en Arkaute”, ha asegurado.

El 35% de los conductores sometidos a pruebas de detección de drogas en las carreteras de Euskadi entre enero y mayo de este año dieron positivo. La cifra supone una ligera reducción respecto al mismo periodo de 2025, cuando la tasa de positividad alcanzó el 35,7%, según los datos del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco facilitados a Europa Press.

En total, la Ertzaintza realizó 2.809 pruebas durante los primeros cinco meses del año, de las que 982 dieron positivo en sustancias psicotrópicas. El año pasado, en el mismo periodo, se realizaron 2.166 controles y se detectaron 775 positivos.

El Departamento de Seguridad explica que el elevado porcentaje de positivos responde al propio funcionamiento de estos controles. Las pruebas de saliva para detectar drogas no se realizan de manera indiscriminada, sino a conductores que previamente han dado positivo en alcoholemia o que presentan síntomas que levantan sospechas sobre encontrarse bajo los efectos de sustancias psicotrópicas.

La tasa más elevada se encuentra entre los conductores que habían cometido previamente alguna infracción de tráfico. En este grupo, el 78,7% de las pruebas resultaron positivas: de los 277 controles realizados, 218 confirmaron el consumo de drogas y solo 57 de ellos dieron negativo.

Le siguen los controles realizados a personas implicadas en accidentes de tráfico, con una tasa de positividad del 35,7%. En este caso, la Ertzaintza realizó en total 193 pruebas, de las que 69 dieron positivo. Por otra parte, también agregan que ocho infraccionados se negaron a someterse al control.

Por su parte, los controles preventivos registraron una tasa de positivos del 29,7%. De las 2.339 pruebas realizadas, 695 dieron positivo y 1.643 fueron negativas. En este caso, solo una persona se negó a colaborar.

Para intentar reducir estas conductas de riesgo al volante, la Ertzaintza, en coordinación con las policías locales, refuerza los controles durante determinados periodos del año, especialmente en verano y algunos momentos de primavera. Entre estas campañas se encuentra la realizada entre el 27 de abril y el 3 de mayo, además de los controles programados durante junio, julio y varios fines de semana de agosto. Sin embargo, el refuerzo de los controles no se ha traducido, al menos por ahora, en una reducción significativa de los positivos: los datos apenas han variado respecto al mismo periodo del año anterior.

Este refuerzo periódico forma parte del Calendario de Campañas de Vigilancia y Control de Tráfico y Transporte, que contempla para este año un total de 33 campañas preventivas. El programa fue presentado en febrero por la directora de Tráfico del Gobierno Vasco, Estibaliz Olabarri, junto a las policías locales. En aquel momento, Olabarri defendió que el objetivo de estas campañas era “preventivo y pedagógico”, ya que “cumplir las normas salva vidas”, alejándose de cualquier finalidad de “carácter recaudatorio” o “sancionador”.

La investigación iniciada por la Ertzaintza el pasado mes de junio tras la detención de un joven por dos presuntas agresiones sexuales a una menor en una tienda de Golosinas de Donostia ha permitido identificar, hasta el momento, a un total de 14 posibles víctimas. Todas ellas tenían entre 10 y 18 años en el momento de los hechos investigados y han prestado declaración ante la Policía autonómica. Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, el investigado permanece en prisión provisional desde su detención, mientras la investigación continúa abierta y la Ertzaintza ha vuelto a solicitar la colaboración ciudadana ante la posibilidad de que existan más personas afectadas, informa Europa Press.

El pasado 30 de junio la Ertzaintza tuvo conocimiento de la presunta comisión de dos agresiones sexuales a una menor de edad, ocurridas los días 25 y 26 de ese mismo mes en el interior de un establecimiento de venta de golosinas de la capital guipuzcoana.

Las primeras diligencias practicadas permitieron identificar al presunto autor, un joven de 22 años, que regentaba el establecimiento en el que presuntamente se habían producido los hechos. El hombre fue detenido ese mismo día y, tras ser puesto a disposición judicial, se decretó su ingreso en prisión provisional, situación en la que continúa en la actualidad.

Como consecuencia de las pesquisas desarrolladas a partir de aquella primera investigación, así como de la aparición de nuevas denuncias e indicios sobre otros hechos de características similares, el día 8 de julio de 2026 la SECIC (Sección Central de Investigación Criminal de la Ertzaintza), competente en la investigación de delitos contra la libertad sexual de carácter serial, asumió la investigación.

Desde entonces, el estudio y análisis conjunto de las evidencias obtenidas, las nuevas denuncias recibidas, las manifestaciones de testigos y la información aportada gracias a la colaboración ciudadana han permitido ampliar progresivamente la investigación e identificar nuevos hechos de posibles agresiones sexuales.

Hasta la fecha, la investigación alcanza a 14 posibles víctimas, todas ellas con edades comprendidas entre 10 y 18 años en el momento en que presuntamente ocurrieron los hechos. Los primeros hechos denunciados se remontan al año 2020, por lo que las diligencias abarcan actualmente un periodo de aproximadamente seis años.

La SECIC ha tomado declaración a todas ellas en el marco de las correspondientes diligencias, habiendo relatado hechos de naturaleza similar y aportado elementos de interés para la investigación. Los hechos investigados revisten especial gravedad y presentan elementos comunes en cuanto a su naturaleza y forma de comisión.

La investigación continúa abierta y la SECIC sigue analizando las evidencias e informaciones obtenidas con el objetivo de esclarecer la totalidad de los hechos, determinar su posible relación e identificar a otras personas que pudieran haber resultado afectadas.

Se da la circunstancia de que alguno de los hechos corresponde a un periodo en el que investigado era menor de edad. Estas actuaciones han sido recogidas en diligencias que comprenden diferentes posibles víctimas y de las que conoce la Fiscalía de Menores.

Ante el periodo temporal que abarca la investigación y la posibilidad de que puedan existir otras víctimas que hasta el momento no hayan comunicado los hechos, la Ertzaintza ha vuelto a solicitar la colaboración ciudadana.

Aquellas personas que pudieran haber sufrido hechos de naturaleza similar, presuntamente relacionados con el investigado, incluidos aquellos que pudieran haberse producido en años anteriores y que no hubieran sido denunciados en su momento, pueden ponerse en contacto con la Ertzaintza a través de los canales habituales: el teléfono 112 o presencialmente en cualquier Ertzain-etxea. La investigación permanece abierta y no se descarta la identificación de nuevas víctimas, ni la realización de nuevas actuaciones.

El sindicato Esan ha condenado las pintadas aparecidas en Alegría-Dulantzi contra la Ertzaintza, en las que se les llama “zipaios” y les piden que abandonen el municipio alavés, y ha exigido al Ayuntamiento y a todos los partidos con representación municipal “una condena pública, inmediata, firme y sin matices”. En un comunicado, Esan ha condenado “con absoluta contundencia las nuevas pintadas y amenazas” dirigidas, a su juicio, contra un agente de la Ertzaintza en Alegria-Dulantzi. “Esto no es una gamberrada, no es una pintada más, es un señalamiento directo contra una persona por ser ertzaina. Se está intentando intimidar, señalar y convertir en objetivo a un trabajador público, a un vecino que desarrolla su profesión al servicio de la ciudadanía vasca”, ha añadido.

A su juicio, “esto es especialmente grave porque no es un hecho aislado”. “En los últimos meses, estamos viendo cómo vuelven a aparecer en diferentes localidades de Euskadi pintadas, amenazas, insultos y mensajes de odio contra ertzainas. Desde Esan nos negamos a normalizarlo”, ha afirmado.

Esan ha dicho que ya saben “demasiado bien a dónde conduce una sociedad cuando empieza a tolerar el señalamiento de personas por su profesión”. “Detrás de cada uniforme hay una persona, hay una familia, hay hijos, padres, parejas y amigos que también sufren cuando alguien decide señalar públicamente a uno de los suyos”, ha añadido.

Por ello, ha asegurado que, “ante hechos de esta gravedad”, no aceptan “silencios, equidistancias, ambigüedades ni condenas de trámite”. “Exigimos al Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi y a todos los grupos políticos con representación municipal una condena pública, inmediata, firme y sin matices”, ha apuntado, según informa a Europa Press.

Tras advertir de que “aquí no hay espacio para medias tintas”, ha dicho que “hoy han señalado a un ertzaina, y la pregunta ahora es muy sencilla: ¿quién va a mirar hacia otro lado?”. “Porque, ante una amenaza y un señalamiento personal, el silencio también tiene consecuencias. Quien pretende despachar estos hechos como una simple pintada, contribuye a banalizar algo que jamás deberíamos volver a considerar normal en Euskadi”, ha censurado.

Esan ha asegurado que no piden “privilegios para los ertzainas”, sino que exigen “algo elemental en cualquier democracia: que nadie tenga miedo por ser ertzaina, que nadie sea señalado en su pueblo por vestir un uniforme y que ninguna familia tenga que convivir con una amenaza sobre uno de los suyos”.

La central sindical ha avisado de que va a denunciar públicamente “todos y cada uno de estos episodios”. “Porque mirar hacia otro lado nunca ha solucionado el problema. El odio que se tolera, crece; el señalamiento que se normaliza, se repite; y las amenazas contra los ertzainas no son libertad de expresión, son intimidación, son hostigamiento y son una línea roja”, ha concluido.

De igual forma, el sindicato ErNE ha reclamado que sean llevados ante los tribunales de justicia los responsables de estas pintadas. En este sentido, ha pedido que se modifique el Código Penal con el objetivo de “dar respuesta a estos indeseables”. “No se puede ni se debe normalizar que ”quienes tienen encomendada la protección y seguridad de toda la ciudadanía, sean objeto de amenazas, intimidación o señalamiento por el mero hecho de ser policías“.

El Departamento de Seguridad ha aprobado ya la licitación, con un presupuesto que varía entre los 257.967,18 y los 264.469,53 euros IVA incluido, de una nueva oficina de atención ciudadana de la Ertzaintza en la recién reformada estación de Atotxa, en Donostia, que es a la vez de trenes de media y larga distancia y de Cercanías, pero igualmente de autobuses. Debería estar operativa en 2027. Es un local “cedido” por Adif, el organismo estatal gestor de la terminal ferroviaria. El cuerpo ya dispone de espacios similares en el aeropuerto de Loiu o en la estación de Abando-Indalecio Prieto de Bilbao, igualmente gestionada por Adif.

Según la documentación oficial consultada por este periódico, se va a proceder a remodelar un local de unos 60,62 metros cuadrados a la izquierda de la entrada principal desde el paseo de Francia. Se va a crear una zona de recepción y espera, dos salas de denuncias —en algunos documentos se barrunta la posibilidad de que la segunda la emplee la Guardia Municipal de Donostia— y una zona de aseo para el personal de la minicomisaría. Se precisarían dos ertzainas por turno, uno para hacer el triaje y otro para recoger las denuncias, estima la Policía autonómica.

“La nueva oficina de atención ciudadana deberá ser visible desde el interior de la estación, no tanto por el exterior porque está prevista para atender al público usuario de los servicios de la estación”, se describe en los pliegos del contrato, que ya ha salido a concurso y que, una vez resuelto, deberá permitir disponer en cuatro meses de las nuevas instalaciones. Se ha dado importancia, eso sí, a que el recurso policial sea visible “desde el acceso a los tornos”, es decir, el punto de mayor tránsito de personas en la estación.

Seguridad admite ofertas de las empresas interesadas en acometer la reforma hasta el 9 de septiembre. “La contratación resulta necesaria para dotar a la Ertzaintza de un espacio adecuado de atención a la ciudadanía en la estación intermodal de Atotxa, mejorando la prestación del servicio público en un punto estratégico de gran afluencia de personas”, señala Fernando Trujillo Gorbea, del área de Estudios y Proyectos de Seguridad.

Aunque la oficina es de la Ertzaintza y la pagará el Gobierno vasco, en una de las memorias del expediente de contratación se menciona que una de las salas podría ser cedida a la Guardia Municipal. “La actividad a desarrollar está basada en atender al público de la estación a la hora de dar respuesta a un tema relacionado con la intervención policial. El público accede [a la oficina] por la entrada de la estación a través de un pasillo, explica y facilitará sus datos al policía situado en el puesto de control y queda en la espera hasta que el policía le da acceso a la sala de denuncias donde informará del suceso y el policía tomará los datos oportunos. Se prevé que haya dos policías por turno, uno en el puesto de control y otro en una de las salas de denuncias. Cada sala de denuncias corresonde a diferentes corporaciones, Ertzaintza y Policia Municipal”, indica este informe.

Se da la circunstancia de que esta oficina estará a muy pocos metros de la nueva comisaría conjunta para Ertzaintza y Guardia Municipal que Gobierno vasco y Ayuntamiento han anunciado ya. El terreno cedido para esa otra oficina está justo al otro lado de las vías, cerca de Tabakalera. Pero son proyectos diferentes. Según informó el alcalde Jon Insausti (PNV) en junio, esa comisaría tendría una superficie de 553 metros cuadrados. Fue llamado “proyecto pionero” de “colaboración entre cuerpos policiales” aunque un mes antes, en mayo, ya estaban hechos los informes para que esos mismos cuerpos cooperarán a unos pocos metros, dentro de la estación de Atotxa.

El principal sindicato de la Ertzaintza, Euspel, ha denunciado este jueves que el cuerpo de Miñones dejó estacionadas dos furgonetas en la zona del parque de Garaio durante el eclipse para “mostrar presencia”, aunque los vehículos estaban totalmente vacíos y los agentes destinados a otras misiones. El cuerpo de Miñones es la Policía foral de Álava, que operativamente forma parte de la estructura de la Ertzaintza. Tiene competencias en algunas materias, entre las que se incluye la vigilancia de los parques provinciales, como es el caso de las playas del embalse en Garaio.

“Hay una línea que no podemos cruzar y es la de engañar al ciudadano al que servimos”, critica Euspel en un comunicado. Explican que, “durante el dispositivo organizado para atender posibles incidencias con motivo del eclipse total de sol, desde la mesa de crisis se tomó la decisión de estacionar vehículos con distintivos en diferentes lugares para mostrar presencia, mientras los agentes que deberían ocupar esos vehículos eran destinados a otras ubicaciones”. En ese contexto, cuatro miñones fueron enviados a Garaio en otros tantos vehículos, dejaron allí aparcados dos de ellos “para simular presencia” y “todos” los funcionarios se marcharon a realizar otras tareas.

“Dejar [sin presencia policial] toda la zona de Garaio en las circunstancias de abarrotamiento, problemas de circulación y estacionamiento, con altísimo riesgo de incendio y otros riesgos propios de tal aglomeración es cuestionable. Pero resulta inaceptable pretender que el ciudadano crea que hay presencia policial cuando en la mesa de crisis se ha decidido que no la haya”, critica Euspel. La central pide a la dirección de la Ertzaintza, ahora en manos de Aitor Landa, del PNV, que tome las “medidas oportunas” para que no se repita esta situación y se resuelvan las carencias de plantilla policial.

EH Bildu va a solicitar la comparecencia en el Parlamento Vasco del presidente de la comisión de control y transparencia de la Policía vasca, Enrique Lucas. Esto llega después de que este organismo haya cambiado su criterio y decidido suspender varias investigaciones de casos de posibles excesos de la Ertzaintza al entender que no puede intervenir mientras no haya una resolución judicial firme.

Como adelantó este periódico, la decisión afecta a las cargas de Rekalde, en Bilbao, donde un joven denunció la pérdida de un testículo, a las actuaciones como respuesta a las contramanifestaciones durante la visita de la Falange a Vitoria del 12 de octubre de 2025 y a una actuación en Sestao con una madre y un hijo heridos. Si se mantiene la misma postura, es previsible que tampoco intervenga en el controvertido caso del aeropuerto de Loiu coincidiendo con la llegada de activistas de la Global Summud Flotilla.

El parlamentario Gorka Ortiz de Guinea, portavoz de EH Bildu en la comisión de Seguridad, registrará la petición para que sea sustanciada después del parón vacacional, según explican fuentes de la principal fuerza de la oposición al Gobierno de PNV y PSE-EE. Hasta ahora, Lucas no ha comparecido nunca en la Cámara.

Jurista y exvocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PNV, el nuevo presidente de esta comisión independiente lo es desde comienzos de 2026. Relevó al expresidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, que presentó su renuncia aunque todavía le quedaban unos meses de mandato. En la última época, el equipo de Ibarra había emitido dictámenes críticos y también se habían quejado, precisamente, de que la unidad de Asuntos Internos de la Ertzaintza pretendía parar las investigaciones a expensas de los tribunales.

Con Ibarra, la comisión había defendido que su labor era totalmente diferente a la penal, necesaria para emitir recomendaciones y mejorar formas de actuar. Y, no solamente eso, públicamente lanzó incluso duros avisos de que “los responsables policiales” se habían “auto-otorgado” la “facultad de establecer una nueva condición, como sería la obtención de autorización judicial expresa” para operar. Ahora, por el contrario, se acepta esa forma de proceder.

Un total de nueve agentes de la Ertzaintza y de Policía local han resultado contusionados como consencuencia de tres actuaciones distintas que han tenido este fin de semana en los municipios guipuzcoanos de Eibar y Arrasate-Mondragón y en Vitoria. Como resultado de estas actuaciones, se han practicado catorce detenciones e identificado a varias personas, informa Europa Press. “Es inadmisible”, ha declarado el viceconsejero de Seguridad, Ricardo Ituarte, del PNV.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, el primero de los sucesos ha tenido lugar alrededor de las dos de la madrugada en Eibar. La Policía Local ha requerido el apoyo de la Ertzaintza por una agresión que se estaba produciendo en un bar donde se podrían haber empleado armas blancas o algún otro objeto punzante. Varios recursos policiales se han dirigido al lugar para controlar la situación y encontraron en el lugar una persona herida. Tras tener conocimiento de lo ocurrido, han detenido a los dos presuntos autores, acusados de un delito de lesiones.

En el momento de introducir a los detenidos en el vehículo oficial, los familiares y amigos del herido han arremetido contra las patrullas, que se han visto obligadas a utilizar el material de dotación para salvaguardar el orden. Por estos hechos se ha procedido a la detención nueve personas por atentado contra agentes de la autoridad, cinco mujeres y cuatro hombres con edades entre los 23 y 41 años. La mayoría de las personas detenidas tienen antecedentes policiales, ha explicado la Ertzaintza. Como consecuencia de los incidentes, nueve agentes han resultado heridos, siete ertzainas y dos agentes locales, con contusiones leves y atendidos en un centro hospitalario.

La segunda intervención ha tenido lugar a las tres menos cuarto en un establecimiento hostelero de Arrasate-Mondragón. En este caso, un agente de la Ertzaintza fuera de servicio ha tratado de mediar en una pelea entre dos mujeres y, tras identificarse como ertzaina, ha sido agredido por un grupo de personas. El agente herido ha sido asistido en un centro sanitario como consecuencia de los golpes recibidos en el cuerpo.

Por último, a las ocho de la mañana, una mujer de 30 años y un hombre de 24 han sido detenidos por los delitos de desobediencia y atentado a la autoridad en Virtoria, que vive el final de sus fiestas de La Blanca. Al parecer, los agentes intervinientes han ido a identificar a dos personas que pudieran haber estado intentando robar y un grupo numeroso de personas ha arremetido contra ellos lanzándoles botellas, vasos de cristal y sillas.

En el transcurso del altercado los recursos policiales han detenido a las dos personas mencionadas anteriormente y han identificado a once personas más. Asimismo, a otro hombre se le ha incoado un expediente por ley de Seguridad Ciudadana por falta de respeto a la patrulla. Un agente ha resultado herido siendo atendido en la mutua, han añadido las mismas fuentes.

Tras conocer estos hechos, el Departamento de Seguridad ha comunicado su “condena firme” a las agresiones contra los agentes de Policía y ha asegurado que es “inadmisible cualquier tipo de agresión o acto de violencia contra cualquier persona”, especialmente “contra quienes trabajan para garantizar la seguridad y las normas de convivencia”. Seguridad dice observar “con preocupación” que para “una minoría”, los entornos festivos “se convierten en una excusa para faltar al respeto, alterar la convivencia y hasta llegar a ejercer la violencia contra quienes, precisamente, tratan de garantizar la seguridad y la convivencia”, y asegura que no están dispuestos a “normalizar estos hechos delictivos”.

“Mostramos nuestra determinación en continuar defendiendo el papel de la Euskal Polizia, Ertzaintza y Policías Locales. La sociedad vasca, la mayoría de quienes vivimos en este país, tiene un respeto exquisito por las normas de convivencia y nuestra Policía va a estar siempre para garantizarlas”, ha añadido.

Enfado sindical

Una decena de agentes heridos en un solo día no puede ser una “anécdota”, entiende la central Esan, segunda fuerza sindical en la Ertzaintza. “Estamos hartos. Hartazgo de policías agredidos. Hartazgo de compañeros que terminan heridos simplemente por hacer su trabajo. Y hartazgo de que, después de cada episodio de violencia, todo se resuelva con una condena institucional y hasta la próxima”, lamenta Esan. Como alternativa, plantean que “cada agresión sea perseguida con todos los instrumentos que permite la ley”. “Decir que estas agresiones son 'inadmisibles' ya no es suficiente. Si son inadmisibles, que se actúe. Más efectivos cuando el riesgo lo requiera. Dispositivos correctamente dimensionados. Medios adecuados. Protección jurídica. Y respaldo institucional antes, durante y después de las intervenciones”, abundan.

Sobre el caso de Eibar, el sindicato Erne ha añadido que desea expresar “máximo apoyo y solidaridad” a los agentes afectados. “Consideramos necesario denunciar una realidad que venimos señalando desde hace tiempo: la falta de efectivos policiales en Eibar. Una plantilla insuficiente supone una mayor exposición de los agentes al riesgo y dificulta que determinadas intervenciones puedan afrontarse con las garantías necesarias, especialmente cuando se producen situaciones violentas que requieren la presencia de un número elevado de efectivos. La seguridad de la ciudadanía y la seguridad de los propios agentes requieren plantillas suficientes, medios adecuados y una planificación acorde a las necesidades reales del municipio. No podemos normalizar que los agentes tengan que afrontar actuaciones de esta gravedad con recursos humanos insuficientes”, sostiene la central, tercera en importancia en el cuerpo.

Los operarios y capataces de la contrata de limpieza de Vitoria, desde este 2026 en manos de Acciona, han precisado de apoyo policial para adecentar la plaza de la Virgen Blanca tras la bajada de Celedón y para los siguientes actos del programa de La Blanca. El dispositivo ha comenzado con agentes de la Policía Local, pero luego han aparecido ertzainas de Seguridad Ciudadana con cascos y escudos antidisturbios para despejar el paso donde minutos antes había habido decenas de miles de personas y que las máquinas de Acciona pudiesen entrar a llevarse las toneladas de residuos dejadas tras de sí por muchos de los participantes en la fiesta.

Cuando los agentes de la Ertzaintza han entrado a la plaza se han escuchado sonoros abucheos y, más adelante, entre otras proclamas, gritos de “¡Policía, asesina!”. El incidente no ha ido a mayores y los antidisturbios, al igual que los agentes municipales, han ido formando una línea para facilitar las labores de limpieza.

Las fuerzas de seguridad han desplegado un gran operativo con motivo del inicio de las fiestas de Vitoria que ha incluido, solamente por parte de la Ertzaintza, patrullas, Brigada Móvil, drones y otras unidades especiales. La Policía Local también tenía agentes uniformados y de paisano en servicio.

Una operación conjunta de la Ertzaintza, los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil ha permitido detener en Gipuzkoa a un menor de 17 años, considerado el principal referente en España de la extremista Red 764, una organización transnacional que opera principalmente a través de internet y que “busca captar e influir sobre menores y jóvenes vulnerables”.

Según informa el Departamento vasco de Seguridad en una nota, este colectivo ha sido investigado en varios países por “su vinculación con delitos como la sextorsión, el acoso organizado, la distribución de material de explotación sexual infantil, la inducción a las autolesiones, la difusión de contenidos de violencia extrema, el maltrato animal y campañas de amenazas y hostigamiento contra instituciones, entidades sociales y personas”.

Al detenido se le atribuye presuntamente el envío de numerosas amenazas dirigidas contra centros educativos, ayuntamientos, bibliotecas, asociaciones sociales, organismos públicos y diversas personas entre enero y abril de 2026. También contra la dirigente de Podemos Irene Montero, que el pasado 8 de marzo denunció amenazas de muerte en las que se señalaba “su domicilio, en el que también residen sus hijos menores de edad y su pareja”.

Acciones violentas

El Departamento de Seguridad concreta que en ellas anunciaba tiroteos, ataques armados y otras acciones violentas que nunca llegaron a producirse, aunque “generaron una importante alarma social y obligaron al despliegue de dispositivos extraordinarios de seguridad”.

El arrestado hacía referencia en estas amenazas a su supuesta pertenencia a la organización 764 y en algunas de ellas manifestaba que “retransmitiría en directo, a través de una plataforma online, los asesinatos que pretendía cometer para que fueran presenciados por otros integrantes del grupo”.

Entre los hechos investigados destacan también las amenazas dirigidas contra un conocido centro de ocio y contra diversas personas.

Las pesquisas también permitieron descubrir la utilización de falsos avisos de emergencias y técnicas de suplantación de identidad, habituales en comunidades extremistas de internet, para señalar a terceras personas inocentes, provocar intervenciones policiales, generar situaciones de riesgo y desviar la atención de los investigadores.

Como consecuencia de estas acciones, al menos dos personas, una en el País Vasco y otra en Cataluña, fueron víctimas de campañas de hostigamiento vinculadas a los hechos investigados.

Las averiguaciones revelaron además que el detenido mantenía contactos y participaba en espacios digitales donde se promovían dinámicas de manipulación psicológica sobre menores y jóvenes vulnerables.

En estos entornos se fomentaban conductas de humillación extrema, autolesiones y sometimiento a la voluntad de los captadores, señala el Departamento de Seguridad.

Una investigación conjunta de tres meses

La identificación del presunto responsable ha sido resultado de una investigación desarrollada durante meses de manera conjunta por el Servicio de Investigación Criminal Territorial de Gipuzkoa (SICTG) y Secciones Centrales SECIC de la Ertzaintza, y de los servicios de información de los Mossos d’Esquadra y de la Guardia Civil.

Tras las correspondientes autorizaciones judiciales, el pasado 16 de julio se practicaron entradas y registros en dos inmuebles de Gipuzkoa vinculados al investigado.

Durante la intervención se incautaron numerosos dispositivos electrónicos, soportes de almacenamiento digital y diversa documentación de interés para la investigación, relacionada con la actividad delictiva atribuida al detenido y con la organización 764.

El arrestado, tras pasar a disposición judicial, cumple ya una medida preventiva de internamiento en un centro especializado.

El origen: Estados Unidos

La red 764 surgió en Estados Unidos y toma su nombre de los tres primeros dígitos del código postal de Stephenville (Texas), localidad donde nació su fundador.

Con el paso de los años evolucionó desde una comunidad virtual marginal hasta convertirse en una estructura de alcance internacional con presencia en diversos países.

Sus integrantes utilizan plataformas de mensajería instantánea, redes sociales y espacios frecuentados por menores para localizar y captar potenciales víctimas.

A nivel internacional, 764 está considerada una de las comunidades más peligrosas surgidas en internet en los últimos años. Diversos organismos de seguridad mantienen abiertas investigaciones sobre sus actividades y Canadá la ha declarado entidad terrorista, explica el Departamento de Seguridad.

Agentes de la Ertzaintza adscritos a la unidad denominada SADAE (Servicio de Apoyo a la Dirección de Atención de Emergencias, los que atienden el teléfono 112) están empezando a recoger en sus partes de las incidencias que tramitan que, por la escasez de personal, no están pudiendo prestar el mejor de los servicios. “Rogamos disculpas dado que la vida de una persona está en juego. Ésta no es la forma en la que nos gustaría gestionar las actuaciones”, se puede leer en uno de los informes emitidos en los últimos días.

El SADAE es un grupo de alrededor de medio centenar de efectivos téoricos que opera a turnos continuados de forma centralizada en el centro de coordinación de Txurdinaga, en Bilbao. Allí está también el personal de una subcontrata —los primeros que atienden las llamadas al 112— y enlaces de emergencias de Osakidetza. Los policías son los encargados de coordinar y movilizar recursos.

Fuentes internas indican que la dotación estándar debería ser de ocho personas por turno para toda la comunidad autónoma pero que, en algunos de los últimos días, se han quedado en “cuatro o cinco”. “Antes éramos una referencia, un modelo a seguir. Traían visitas y nos copiaban el modelo. Ahora se está dejando morir. Se quieren tapar cinco sillas con un culo”, exponen estas fuentes, que admiten que se hacen “triajes” para “dar prioridad a lo más grave”. “Te vas a casa mosqueado, con impotencia”, añaden desde el SADAE.

La gota que ha colmado el vaso son dos actuaciones, una en Bizkaia y otra Gipuzkoa, ocurridas a finales de julio. En la primera, que implicaba a una mujer de 56 años “en parada”, se tardó cuatro minutos en localizar un recurso. Ese recurso, una patrulla con desfibrilador, llegó diez minutos después y la ambulancia medicalizada veinte minutos después. En la segunda, quien entró en parada fue una mujer más mayor, de 76 años, que estaba acompañada de una menor. En el acta consta igualmente que “debido a la carga de trabajo” se produjeron algunos retrasos.

Por otro lado, fuentes de Osakidetza alertan de que muchas veces se están haciendo las recepciones de avisos en el 112 sin personal médico. El Servicio Vasco de Salud, en todo caso, mantiene una estructura de tres centros coordinadores, uno por capital, con lo que se pueden derivar evaluaciones médicas a los otros territorios.

Fuentes oficiales del Departamento de Seguridad, por el contrario, indican que las emergencias se atienden correctamente en Euskadi. “No hay incidencia que no se haya atendido, ni siquiera en los momentos con más llamadas”, precisan. El actual lehendakari, Imanol Pradales, visitó en noviembre de 2024 el centro coordinador de Txurdinaga. Eran justamente los días posteriores a la dana que arrasó Valencia. Allí, Pradales anunció inversiones “relevantes” en materia de emergencias y destacó la eficacia del modelo vasco del 112. “Invertiremos lo que necesitemos para reforzar las instituciones y que la sociedad pueda estar protegida y autoprotegerse”, manifestó.

La comisión de control y transparencia de la Policía vasca, que analiza operativos controvertidos de la Ertzaintza o de los cuerpos locales y que desde hace unos meses está presidida por Enrique Lucas, ha cambiado radicalmente el criterio de la etapa anterior, la de Juan Luis Ibarra, y ha acordado la suspensión de tres investigaciones en marcha por estar abiertas en paralelo actuaciones judiciales. Se trata de tres intervenciones de la Ertzaintza, la que dejó un joven con lesiones en un testículo en el barrio de Rekalde de Bilbao (abril de 2025), la denuncia de otro varón por heridas presuntamente causadas en la cara por un proyectil de 'foam' de la Brigada Móvil en el marco de los disturbios tras la visita de la Falange a Vitoria (octubre de 2025) y una intervención en Sestao que dejó dos heridos, madre e hijo (febrero de 2026). Por el contrario, la comisión sí ha emitido su dictamen sobre una detención de la Policía de Getxo y ha estimado que los dos agentes actuantes lo hicieron con plena proporcionalidad.

Hasta ahora, la comisión había defendido que su labor era totalmente diferente a la penal y, no solamente eso, lanzó incluso en sus memorias de la etapa de Ibarra críticas a Asuntos Internos de la Ertzaintza por intentar establecer como requisito para trasladar información policial —que no judicial— el que lo autorizara el Tribunal de Instancia correspondiente. En uno de los informes, se hablaba de que “los responsables policiales” se habían “auto-otorgado” la “facultad de establecer una nueva condición, como sería la obtención de autorización judicial expresa”. La labor de la comisión había servido para ofrecer recomendaciones en las actuaciones policiales, como la exigencia del uso de 'body cams', cámaras en el unifome que grabaran detenciones o cargas.

Dentro de una renovación de vocalías de la comisión, Ibarra, que venía de ser presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, presentó su renuncia y el nuevo presidente de este grupo de trabajo pasó a ser Lucas, exvocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PNV. En esta nueva etapa, se da por bueno que Asuntos Internos no entregue el material si el juzgado no le da luz verde. Y son ya tres las investigaciones suspendidas por este motivo, cuando en toda la historia del organismo eso no había sucedido nunca.

El detalle de los cuatro casos

Sobre el caso de Rekalde, se indica que “el juzgado N.º 4 de Bilbao [en referencia a la plaza 4 de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia] no ha aprobado el acceso de la [comisión] al atestado policial levantado sobre la actuación policial”. Y se añade que “la negativa se expresa en unos términos claros y terminantes que no dejan lugar a la duda”. La comisión, por lo tanto, “no está en condiciones de elaborar su informe —ni lo estará— hasta que la autoridad judicial no apruebe el acceso al atestado y a la demás información relevante del caso o recaiga resolución firme que ponga fin a la vía judicial, una vez agotadas todas las instancias y recursos legalmente posibles”. Como referencia comparativa, la sentencia firme sobre la muerte de Íñigo Cabacas tras recibir en 2012 en la cabeza el impacto de una pelota de goma no llegó hasta 2021.

El segundo asunto que ahora queda en suspenso es el relativo a la denuncia de un joven por lesiones en la cara en el marco de las cargas de la Ertzaintza en Vitoria el día de la fiesta nacional de España, donde hubo un acto del que fuera partido único de la dictadura y contramanifestaciones. La comisión pidió información a Asuntos Internos, esta unidad pidió permiso al juzgado y el Tribunal de Instancia de Vitoria indicó que todos los sumarios son inaccesibles para las partes no personadas. “La decisión judicial priva a esta comisión del conocimiento del documento legalmente previsto para dejar constancia de los hechos averiguados, las declaraciones e informes recibidos y la anotación de todas las circunstancias de la actuación policial investigada. Es decir, de una fuente principal de información sobre lo sucedido”, se puede leer en la resolución.

Y hay un tercer expediente en idénticas circunstancias. A finales de febrero, en Sestao una patrulla camuflada, de dos componentes, tuvo un encontronazo con un grupo de personas en la calle de José Antonio de Aguirre y “emplearon la fuerza”. Fueron tres los detenidos por zarandear el vehículo policial. Uno de ellos refirió dolor testicular y su madre también aportó un parte de lesiones del hospital de Cruces. En este caso, los argumentos de la comisión son los mismos, incluso textuales en su redacción. No tienen permiso judicial para ver la documentación de la propia Ertzaintza y, por lo tanto, queda suspendida la investigación.

Se da la circunstancia de que este organismo tiene encomendada la revisión de otras actuaciones, particularmente la del aeropuerto de Loiu durante el recibimiento de activistas de la flotilla Global Summud. Es un asunto que también está judicializado, por lo que de mantenerse el mismo criterio tampoco se emitiría ningún informe de conclusiones o recomendaciones.

En este contexto, la comisión sí ha resuelto otro tema que tenía pendiente. Se deja claro que es un asunto sobre el que no pesaba actuación judicial alguna. Se trata de una detención de la Policía Local de Getxo. Se indica que los dos agentes municipales intervinientes lo hicieron ajustándose a los criterios de proporcionalidad. Sí se entiende que “debió aplicarse un plus de diligencia”, porque la reducción del arrestado que fue grabada en vídeo y que incluyó algunos golpes llegó después de que se le aflojaran los grilletes y el arrestado pudiera escaparse.

Como recomendaciones, se pide una “generalización” de las 'bodycam' también en cuerpos locales para evitar las diferentes “interpretaciones” de los vídeos que pueden grabar particulares, regular el “afojamiento” de los grilletes para evitar que eso pueda convertirse en un problema añadido —incluso ser empleados como “arma peligrosa” a modo de “puño americano”— y, en general, regular la vigilencia y las normas para actuar con personas bajo arresto.

El consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, del PNV, ha elevado una queja al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, del PSOE, por las dos detenciones realizadas por la Policía Nacional en las últimas horas en dos localidades de Bizkaia a presuntos responsables de los incidentes contra aficionados de la selección española de fútbol en el marco de la final de la Copa del Mundo contra Argentina. Zupiria insiste en que ese cuerpo se ha saltado todo el reparto competencial que otorga a la Ertzaintza la condición de “Policía integral” en la comunidad autónoma.

Ya el martes, cuando trascendieron los arrestos realizados por la Policía Nacional, Zupiria manifestó que era una competencia de la Ertzaintza y que, de hecho, ese cuerpo tenía ya abiertas sus propias investigaciones por los incidentes registrados en la noche del España-Argentina. Ahora, en Euskadi Irratia, ha indicado que “se le ha comunicado al Gobierno de España que esto es inaceptable”.

Preguntado por las reflexiones de sindicatos policiales como el SUP, que han remarcado que la Policía Nacional tiene perfecta capacidad para recoger esas denuncias y realizar las investigaciones, ha agregado que él no “discute” con sindicatos policiales y que directamente habla “con el Gobierno de Madrid”, en relación al de España, y con el ministro del ramo, Grande-Marlaska. La delegada del Gobierno en Euskadi, la también socialista Marisol Garmendia, ha defendido expresamente las operaciones y ha recalcado que está en juego un presunto “delito de odio”.

Zupiria, en la entrevista ha mencionado el Estatuto de 1979, las leyes estatales de 1986 y sus desarrollos para recalcar que hay una “delimitación de servicios” de lo que pueden y no pueden hacer las Fuerzas de Seguridad del Estado. Y ha insistido en que, lejos de mirar a otro lado, la Ertzaintza también analiza los incidentes contra aficionados de la selección española. Ha explicado que son cinco los arrestados y ha elevado a medio centenar los investigados. Esta semana se indicó que, además de en Bilbao, hay causas abiertas en otras muchas localidades. Zupiria ha confiado en que algunos de ellos puedan ser multados en aplicación de la conocida como 'ley mordaza' o incluso imputados en los tribunales.

¿Cómo se articula el reparto competencial policial en Euskadi? La Ertzaintza es la Policía principal o “integral” y, según el artículo 17 del Estatuto de 1979, están “reservadas” para las Fuerzas de Seguridad del Estado “los servicios policiales de carácter extracomunitario y supracomunitario” y también “la vigilancia de puertos, aeropuertos, costas y fronteras, aduanas, control de entrada y salida en territorio nacional de españoles y extranjeros, régimen general de extranjería, extradición y expulsión, emigración e inmigración, pasaportes y documento nacional de identidad, armas y explosivos, resguardo fiscal del Estado, contrabando y fraude fiscal al Estado”.

En todo caso, “podrán intervenir en el mantenimiento del orden público” en Álava, Bizkaia o Gipuzkoa “a requerimiento del Gobierno del País Vasco” o “por propia iniciativa”. Se menciona en el Estatuto, asimismo, que “en supuestos de especial urgencia y para cumplir las funciones que directamente les encomienda la Constitución, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado podrán intervenir bajo la responsabilidad exclusiva del Gobierno, dando éste cuenta a las Cortes Generales”.

Zupiria ha añadido que esta controversia sobre la Policía Nacional responde a una dinámica general en la que hay “poderes del Estado” que “están por encima” del partido que Gobierna en “Madrid”. Ha vinculado estas actuaciones con las dificultades para negociar el traspaso de las competencias de la Seguridad Social, pendientes también desde 1979 y que han encallado este verano.

El consejero también se ha referido a los casos de violencia callejera que se producen en Euskadi y ha señalado a grupos de “extrema izquierda” como responsables. Ha relacionado estas agresiones a seguidores de la selección española a la respuesta a una visita de la Falange a Vitoria el 12 de octubre de 2025.

El comité del Sindicato Unificado de Polícia (SUP) en Euskadi, segunda fuerza de la Policía Nacional, ha criticado con dureza que el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, del PNV, acusara a este cuerpo de extralimitarse en sus competencias al haber arrestado a dos personas (en Muskiz y en Getxo) por los incidentes contra aficionados de la selección española de fútbol con motivo de la final de la Copa del Mundo de hace dos domingos. El SUP recalca que la Policía Nacional es un cuerpo “integral” en “todo el territorio” y que tiene “plenas competencias” para actuar si ve un delito, “máxime tratándose de un delito de odio” y cuya denuncia fue recibida en una comisaría propia.

Según el SUP, “los acuerdos 'políticos' a los que refiere el consejero estarían por encima de la aplicación de la ley en un régimen totalitario o una república bananera, pero no en un Estado de Derecho donde lo que prevalece y regula la convivencia, los derechos y las libertades, es la ley”. “La ciudadanía solo quiere convivir en paz, mantenerse aislada de conflictos, sin que le importe lo más mínimo el color del uniforme que vista la Policía que les proteja”, abunda la central.

¿Cómo se articula el reparto competencial policial en Euskadi? La Ertzaintza es la Policía principal o “integral” y, según el artículo 17 del Estatuto de 1979, están “reservadas” para las Fuerzas de Seguridad del Estado “los servicios policiales de carácter extracomunitario y supracomunitario” y también “la vigilancia de puertos, aeropuertos, costas y fronteras, aduanas, control de entrada y salida en territorio nacional de españoles y extranjeros, régimen general de extranjería, extradición y expulsión, emigración e inmigración, pasaportes y documento nacional de identidad, armas y explosivos, resguardo fiscal del Estado, contrabando y fraude fiscal al Estado”.

En todo caso, “podrán intervenir en el mantenimiento del orden público” en Álava, Bizkaia o Gipuzkoa “a requerimiento del Gobierno del País Vasco” o “por propia iniciativa”. Se menciona en el Estatuto, asimismo, que “en supuestos de especial urgencia y para cumplir las funciones que directamente les encomienda la Constitución, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado podrán intervenir bajo la responsabilidad exclusiva del Gobierno, dando éste cuenta a las Cortes Generales”.

En todo caso, el SUP cuestiona también la labor de la Ertzaintza en Bilbao, donde se produjeron las agresiones que dieron pie a los arrestos. Según el sindicato, “no se entiende” que se autorizase “una manifestación contra la celebración del partido” cuya finalización era el lugar donde se iba a congregar la “multitud de personas” que iban a ver el encuentro contra Argentina, una pantalla gigante en Doña Casilda Iturrizar organizada por el PP.

“Como tampoco se entiende que, una vez que se ha permitido la movilización, no se den instrucciones precisas” para “mantener embolsados a los manifestantes” y evitar que se mezclasen con otros grupos de personas, dice la central. Se habrían evitado así “las imágenes de los desórdenes públicos y de las agresiones que se difundieron incluso a nivel internacional dejando tras de sí una imagen de intolerancia y violencia de Bilbao”, que es precisamente candidata a ser subsede de la Copa del Mundo de 2030.

Según el sindicato de la Policía Nacional, Zupiria hace “equilibrios” de cara a su “electorado” —el PNV defiende la existencia de selecciones vascas diferenciadas de las españolas, también en fútbol—, pero la seguridad no se puede gestionar “en base a cálculos políticos”. En paralelo, el colectivo Aske ha considerado que estas personas han sido arrestadas por su militancia política y lo enmarca en una “ofensiva” del “nacionalismo español”. La Ertzaintza también arrestó a cinco personas y mantiene abiertas una veintena de investigaciones no solamente en Bilbao sino en otras localidades, tal y como indicó el consejero Zupiria.