La Audiencia Provincial de Navarra ha desestimado el recurso presentado por Vox y por Abogados Cristianos y ha confirmado el archivo de las denuncias contra las colonias de Abaigar y Goñi de Euskal Udalekuak, para las que se pedía una investigación por si se reproducían los presuntos casos de violencia sexual conocidos en el campamento de esta misma asociación en Álava, en Bernedo. Es la tercera resolución en el mismo sentido, después de la inicial del Tribunal de Instancia de Estella y de un recurso de reforma. Por el contrario, el Tribunal de Instancia de Vitoria continúa sin ofrecer avances relevantes en la instrucción de la veintena de denuncias sobre Bernedo.

Según el auto de la Audiencia de Navarra, del pasado 1 de julio y cuya ponente ha sido la magistrada Rebeca Esther Alonso, “no existe” una denuncia concreta sobre posibles casos similares a los de Bernedo en las colonias navarras y “la investigación que se llevara a cabo sería en todo caso prospectiva”, algo expresamente inconstitucional. Afea que la petición de una nueva causa se limita a sostener que, al haber “denuncias por hechos cometidos en otro lugar” organizados por la misma asociación, “debe llevarse a cabo una investigación”. Es lo mismo que manifestó por dos veces la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Estella.

En el caso de la denuncia presentada por Vox, que también está personado en el procedimiento penal en Vitoria, “se expone que se han hecho eco los medios de comunicación de testimonios de menores en relación” a las actividades de Bernedo. “Como la misma asociación tiene campamentos en Goñi y Abaigar”, se alude a que también ha podido ocurrir “en estas localidades” algo similar. Se menciona, asimismo, que la Ertzaintza habría podido recibir un caso que sí estaba residenciado en Abaigar en 2021 y 2022. “Ningún hecho se denuncia como ocurrido en Goñi y Abaigar que justifique incoar un procedimiento penal”, frena la Audiencia Provincial.

La celeridad de la Justicia en Navarra contrasta con la de Álava. Las primeras denuncias fueron presentadas por la Ertzaintza en el Tribunal de Instancia de Vitoria en abril de 2025. El expediente recayó en el juez Álvaro Silván, pero no se realizó ninguna actuación hasta que, pasado el mes de agosto y la edición del pasado año de las colonias de Bernedo, se volvieron a reproducir las denuncias. Se investiga al menos una posible agresión sexual, además de presuntas conductas de exhibicionismo. Algunos de sus participantes han relatado que, por ejemplo, chicos y chicas eran obligados a compartir duchas junto a los monitores.

Una nueva instructora ha asumido el caso en Vitoria, Marta Escudero. Tampoco consta que haya tomado declaraciones a posibles imputados cuando ha pasado otro año. En paralelo, la Diputación de Álava sancionó a Euskal Udalekuak y le impidió celebrar el campamento de Bernedo, como pretendía. Incluso mostró su deseo de vetar a una posible nueva entidad organizadora. Sin embargo, un juzgado de lo contencioso-administrativo levantó la suspensión cautelarmente al entender que no estaba suficientemente bien armada la actuación administrativa. Por falta de tiempo no hay colonias en Bernedo, pero sí las está habiendo en Navarra.

Euskal Udalekuak siempre ha denunciado estar siendo víctima de una persecución contra su modelo de campamentos en euskera y transinclusivos que buscan la “desexualización” de la desnudez que en ellos se practica. Un volumen elevado de familias secundaron a la entidad después de la cascada de denuncias conocidas tras el pasado verano, así como personalidades del mundo de la cultura vasca. Ahora, conocidas las resoluciones judiciales en Navarra indican que la extrema derecha está buscando una “represión mediática y judicial”. “Nuestro principal objetivo ahora mismo es ofrecer un ocio educativo a niños y jóvenes. Por eso, tenemos los turnos en marcha y en eso estamos trabajando este verano”, exponen en un comunicado en euskera a raíz de la última resolución judicial.

El caso de Bernedo ha motivado de Bernedo ha motivado la modificación de la ley vasca de Juventud, así como del decreto sobre organización de campamentos. Muchas de las medidas tampoco llegaron a tiempo para el 1 de julio, el momento de inicio de la temporada. Buscan reforzar el control de las actividades.

El exjefe de seguridad de Osakidetza, Juan José Quiñones, de profesión ertzaina, ha asumido ante un juzgado de Vitoria que presentó “de manera consciente y voluntaria” un título universitario falso de la EHU para acceder a la plaza convocada en 2023 y en la que se mantuvo hasta que se detectó el engaño y fue denunciado, a finales de 2025. El Tribunal de Instancia le ha impuesto una pena de seis meses de cárcel -que no será efectiva al carecer de antecedentes- y una simbólica multa económica de 1.080 euros.

El Servicio Vasco de Salud convocó la plaza en 2023 para reforzar la seguridad de los centros sanitarios tras el sonado caso del secuestro de un bebé en 2022 en la maternidad de Basurto. El agente ahora condenado fue el único aspirante. En un inicio, se dio por bueno el título de la EHU porque venía compulsado por el Ayuntamiento de Getxo.

Estuvo dos años ejerciendo y, sin que se hayan aclarado los motivos, a finales de 2025 se procedió a una revisión de las titulaciones y se descubrió que no era licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas, como decía ser. Durante ese tiempo, Quiñones tuvo un salario superior a los 60.000 euros anuales y participó en la tramitación de cinco expedientes de contratación que suman más de 83 millones de euros.

Los hechos probados, dice la sentencia del Tribunal de Instancia de Vitoria firmada por la magistrada María Luisa Nistal, “son constitutivos de un delito de falsedad en documento público”, aunque el hecho de que sea un fallo de conformidad hace que se impongan penas muy rebajadas. Tampoco pesa una inhabilitación, por ejemplo, más allá de la imposibilidad de presentarse a las elecciones durante el tiempo de la condena de cárcel, seis meses. Es más, el resultado final es aún más bajo que la petición de la fiscal Cristina Vicente Briansó, que era de nueve meses de prisión y unos 600 euros más de multa.

Las celebraciones en Euskadi con motivo de la final de la Copa del Mundo de fútbol masculina, disputada este domingo entre las selecciones de España y Argentina, se vieron condicionadas en Bilbao por unos incidentes que se produjeron mayoritariamente antes del inicio del partido. Según información oficial de la Ertzaintza, veinte personas tuvieron que ser identificadas por intentar sabotear la emisión del partido en una pantalla gigante en el parque de Doña Casida Iturrizar instalada por el PP y donde se congregaron cientos de aficionados.

Según añade la Policía, en el mismo contexto hay también una persona investigada por “amenazas con arma blanca” y cuatro más sancionadas en aplicación de la ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como 'ley mordaza'. Los implicados tienen edades comprendidas entre los 15 y los 46 años. Los antidisturbios se tuvieron que desplegar ante el riesgo de sabotaje y la portavoz del PP en Bilbao, Esther Martínez, se encaró con quienes intentaron impedir la emisión del partido, que procedían de las protestas a favor de la selección vasca y en contra de la española que se habían convocado en la tarde del domingo.

Los altercados duraron unos cuarenta minutos. Según describe Europa Press, un grupo de radicales empezó a tirar vallas, provocar destrozos y lanzar diversos objetos como botellas, mientras algunos de los aficionados que estaban en el lugar han huido corriendo de la zona. Lograron arrancar unos cables, pero se pudo arreglar la pantalla y el partido se emitió con normalidad.

En Álava y en Gipuzkoa

Igualmente, en Álava se informó inicialmente de tres personas identificadas, con edades de entre 22 y 29 años, también por incidentes en el mismo contexto. Según detalla Europa Press, en el Casco Viejo, cerca de la catedral de Santa María, un grupo compuesto por una treintena de personas amedrentó a personas que vestían camisetas de España. Por su parte, la Policía Local también ha identificado a los autores de una agresión a una persona que llevaba una camiseta de la selección española, según fuentes municipales.

En Gipuzkoa, también según Europa Press, encapuchados han quemado una bandera española y han desplegado pancartas en apoyo a la selección vasca y contra España en Eibar, en la plaza donde se ha colocado una pantalla gigante. Es la localidad natal de Mikel Oyarzabal. Junto al monitor había pintadas de “Puta España” o “Espainolismoa borrokatu” y una pancarta con los mensajes “Inposiorik ez” (imposiciones, no) y “gazte langileok espainolismoari aurre egin”, junto al escudo español tachado.

En Bilbao, Vitoria, Donostia, Barakaldo y otras localidades se instalaron pantallas gigantes igualmente. En todas ellas, hubo miles de personas que corearon el himno y lucieron banderas rojigualdas. El gol que dio el campeonato al equipo de Luis de la Fuente, con varios vascos en la plantilla, motivó un estallido de gritos y celebraciones.

En las celebraciones tras la victoria de la selección española, se detuvo a otras cuatro personas y hubo siete investigadosmás. En Vitoria, la Ertzaintza detuvo a tres jóvenes encapuchados —a dos por agresiones con odio y a otro también por atentado contra agentes de la autoridad— por enfrentarse a personas que portaban la camiseta de España. En Donostia, un hombre fue detenido por atentado a agentes y seis fueron investigados por amenazas e insultos a aficionados de la selección.

El Gobierno vasco, en una nota, ha manifestado su condena ante las agresiones. “Este tipo de comportamientos son incompatibles con los valores de respeto y convivencia que definen a nuestro país. El Gobierno vasco traslada su solidaridad a las personas agredidas y reitera su compromiso con una convivencia basada en el respeto, el civismo y el rechazo de cualquier forma de violencia”, abunda.

El Ararteko (Defensoría del Pueblo vasca) ha recomendado a la Ertzaintza que limite informar en sus notas de prensa sobre el origen de los detenidos, investigados y víctimas de delitos, salvo que sea un dato de “relevancia pública” y “esencial para contextualizar” la información, de modo que se eviten asociaciones “injustificadas” entre origen y delincuencia. “La información difundida por las administraciones públicas influye en la percepción social de cuestiones como la inmigración, la delincuencia y la seguridad ciudadana”, ha señalado el Ararteko en una resolución hecha pública este viernes. Otros cuerpos, como la Policía de Donostia también lo hacen.

En este sentido, el organismo dirigido por Mikel Mancisidor ha advertido de que difundir de forma descontextualizada datos sobre hechos delictivos individuales puede favorecer interpretaciones y asociaciones “injustificadas” entre origen y delincuencia y, aunque ha valorado la necesidad de la transparencia institucional, también ha considerado que el Departamento de Seguridad debe evitar la creación o el refuerzo de prejuicios, estereotipos y estigmatización hacia determinados colectivos.

Se trata de un expediente de oficio publicado tras conocer que el equipo de Bingen Zupiria, del PNV, había introducido un cambio en su política de comunicación pública, al incluir en sus informaciones el origen de las personas detenidas e investigadas como, en su caso, el de las víctimas de los delitos. De hecho, en su recomendación general 7/2011, el Ararteko expresaba, en diferentes ocasiones, su preocupación acerca de la influencia que un tratamiento inadecuado de la información que se ofrece desde las instituciones podía tener en la imagen social de la población inmigrante y en su integración“. Las notas de prensa policiales deben evitar aquellas referencias a la nacionalidad que no sean estrictamente necesarias para la comprensión global de la información que contienen. ”Los cuerpos policiales tenían que tomar conciencia de su condición de fuente de información y elaborar sus propios códigos de conducta en esta materia“, dado que en aquel momento se entendía que facilitar de modo generalizado esa información ”no favorece la integración social de la población de origen extranjero, al transmitir una visión negativa de esa realidad humana, que contribuye a crear o, en su caso, reforzar estereotipos y prejuicios sociales sobre ella“.

A pesar de ello, el Departamento de Seguridad remitió un informe en el que, entre otras cosas, se destacaba que eran dos las cuestiones novedosas: “Se iba a iniciar la publicación trimestral de las tablas estadísticas que recogen las infracciones penales conocidas por la Ertzaintza con indicación del origen de las personas detenidas e investigadas” y, “en las notas de prensa que diariamente facilita el departamento de prensa de la Ertzaintza –a través de la red Telegram, para los periodistas acreditados, y en la página web del departamento en el portal Irekia del Gobierno vasco- junto al tipo de infracción cometida se iban a añadir, de forma general, datos sobre el género, la edad y la procedencia geográfica de las personas detenidas y de las víctimas, así como la existencia o no de antecedentes delictivos en el caso de las primeras”.

Para justificar la aportación de los datos, desde el Departamento argumentan que “la decisión de no ofrecer información sobre el origen de los detenidos por la Ertzaintza en las notas de prensa no ha evitado su difusión por parte de algunos medios que la han obtenido por su cuenta, sin que otros hayan podido adoptar una decisión con respecto a su publicación por carecer de ella”. “Esta tensión política e informativa, nada pacífica, ha coincidido en el tiempo con un profundo cambio sociológico y demográfico en nuestra sociedad, con un incremento de algunos tipos delictivos, precisamente los que mayor preocupación social causan, en los que la incidencia de las personas procedentes de algunos orígenes geográficos destaca por encima de su peso real en nuestra sociedad, y con un aumento de la preocupación social por la seguridad, de tal forma que en nuestra opinión corremos el grave riesgo de terminar estigmatizando a determinados colectivos, salvo que seamos capaces de contrarrestar esas sensaciones, a través de la acción institucional -incluida la policial y las políticas activas de comunicación. Pensamos que facilitar directamente a las y los periodistas y a las instituciones con las que colaboramos la información de la que disponemos es una forma de actuar con transparencia y garantizar el derecho a la libre información en una cuestión de gran impacto social”, recoge el informe.

El Departamento de Seguridad insiste en que “la sociedad vasca de 2025 no es la de 2004 o 2011”. La configuración política de nuestras instituciones tampoco es la de entonces. Y la realidad del mundo de la información, donde han proliferado nuevos canales y cauces de comunicación, especialmente on line, y donde, a menudo, no es posible identificar la fuente de una información ni su veracidad, es radicalmente diferente de la de otros momentos. Tampoco existe, en nuestro ámbito, un modelo de buenas prácticas o códigos deontológicos acordados entre los medios de comunicación convencionales y los profesionales, que, a la postre, son el cauce determinante por el que llega la información que las instituciones ponemos disposición de la sociedad vasca“, insisten.

“Todas estas consideraciones han llevado a nuestro departamento a cambiar la política informativa y, entre otras consideraciones, a informar sobre el origen geográfico de todas las personas detenidas o víctimas, sean vascas, de nacionalidad española, de origen europeo, magrebí, subsahariano, latinoamericano, asiático o de cualquier otra procedencia, sin fijar nuestra atención en ninguna nacionalidad en concreto e igualándolas todas. Lo hacemos desde el convencimiento de que facilitar esta información evitará la estigmatización de determinadas comunidades y nos obligará a todas y todos, especialmente instituciones, profesionales de la información y medios de comunicación, a hacer un uso responsable de estos datos y reforzar nuestro compromiso para evitar el racismo y la criminalización de muchos de quienes han decidido venir a vivir y a encontrar un futuro mejor en Euskadi”, justifican.

Sin embargo, en su labor por proteger a los ciudadanos, el Ararteko recomienda que “la decisión de la publicación del dato de origen en las notas de prensa sobre seguridad y actuaciones policiales exige, en cada caso, una ponderación de los intereses y derechos afectados” y que esa decisión, consecuentemente, “debería limitarse a aquellos supuestos en que el conocimiento del origen de los detenidos, investigados y víctimas de los delitos sea esencial para contextualizar una información importante o con relevancia pública, por ser de interés general, bien cuando su publicación sea pertinente para la lucha contra los estereotipos y la estigmatización o bien cuando coadyuve a otros fines legítimos, tales como la lucha contra los bulos o el fomento de la calidad de la información en una sociedad democrática”.

La Ertzaintza ha abierto diligencias como investigados a cinco menores por increpar a un hombre en el paseo de la Concha de Donostia que vestía una camiseta de la selección española de fútbol. Además, uno de los jóvenes ha llegado a agredir en la cara al varón, delito por el que también está siendo investigado. Los hechos se han producido en la madrugada de este viernes, sobre las 5:30 horas.

Según ha informado el Departamento de Seguridad a Europa Press, los menores de deberán acudir al juzgado cuando les sea requerido.

La familia de Kerman Villate, un joven al que un portero golpeó y mató a la entrada de la discoteca Mítika de Vitoria, ha encontrado hasta 22 precedentes de agresiones cometidas por porteros de la plantilla del local, que van desde 2022 hasta dos meses antes de la vigesimotercera, acaecida en febrero de 2025 y que fue la mortal. La familia apunta que en seis de ellos —más de los que tenía recabados en febrero, cuando se cumplía un año de la muerte— el autor directo de las agresiones habría sido la misma persona implicada en el fallecimiento de Villate, que también habría participado en otras dos junto con el responsable de esos trabajadores.

Han recabado información detallada a partir de atestados de la Ertzaintza y de la Policía local, así como de la sentencia de un procedimiento civil y a través de un testimonio recogido de forma directa. Lamentan, en cualquier caso, que en manos de la Policía local, y por tanto del Ayuntamiento, obran más datos que permitirían efectuar un “análisis del conjunto de las agresiones verificadas”.

El primer precedente se remonta a febrero de 2022, tres años antes de la muerte de Villate, con una agresión que se saldó con una sentencia que imponía una multa de 10.000 euros a la empresa que gestionaba Mítika. Unos meses después, en octubre, la Ertzaintza recogía en un atestado que a una persona se le habían propinado “patadas y puñetazos”, que la dejaron “desorientada y sangrando por la boca”, lo que requirió de un traslado al hospital. Apenas dos semanas después, a comienzos de noviembre, un portero de Mítika habría cometido otra agresión. “La víctima es noqueada y como consecuencia del ataque pasó una noche en el hospital en observación”, recoge la familia de un testimonio directo.

En diciembre, apunta la familia apoyándose en otro atestado confeccionado por la Ertzaintza, “un cliente del local presentaba un corte profundo debajo de la nariz, requiriendo traslado en ambulancia al hospital de Txagorritxu”. Como corroboró otro cliente presente en la discoteca, un portero sacó a la víctima del local y la agredió ya fuera. Hay otro atestado datado dos meses después, en febrero de 2023, con un cliente expulsado del local mediante “empujones y tortazos”. En abril, el agresor de Villate, señala la familia, “fue denunciado ante la Policía local por atacar por detrás a un cliente, que cayó al suelo perdiendo la conciencia”. Esta agresión es la única de las recogidas que se produjo en otro local de la ciudad. En el juicio quedó absuelto con una sentencia en la que la magistrada apuntaba que la versión del denunciante ofrecía “dudas”, dado que no se había podido determinar “si fue el acusado quien le propinó el golpe”.

Este hombre volvió a estar implicado, según relata el informe, en una agresión de marzo de 2024. Se interpuso ante la Ertzaintza una denuncia “por empujar y tirar al denunciante al suelo para golpearle posteriormente en la oreja”. En el atestado, señala la familia, se recoge que “le propinó un empujón tirando al denunciante al suelo” y que después, al volverse a poner en pie, “sin mediar palabra le propinó un golpe con la mano en la oreja izquierda”. Menos de un mes después, una persona denunció a este mismo portero ante la Policía local por haberle impedido el acceso por la ropa que llevaba, considerando que la medida era discriminatoria. Esta persona, apunta el informe, se vio atacada “sorpresivamente por el agresor de Kerman en la misma zona opaca a la videovigilancia”. En el atestado se recoge que “le dio un buen tortazo, dejándole un ojo morado, heridas dentro de la boca y comenzando a sangrar de la nariz”.

Todavía en abril, el día de San Prudencio, otra persona denunció que había sufrido una agresión en el interior del local al volver a acceder para recuperar una cazadora que se había dejado olvidada. “La agresión es colectiva y dos de los agresores de Kerman participan en la misma (el responsable de porteros y el agresor directo), siendo grabados por la videovigilancia”, indica la familia. Una semana después, el 4 de mayo, según un atestado de la Ertzaintza, “una persona es agredida de forma sorpresiva por estos mismos porteros”, apunta el informe. “A consecuencia del ataque el ciudadano perdió la conciencia y estuvo ingresado una noche en el hospital en observación. Al parecer uno de los porteros de la discoteca, tras intentar entrar de nuevo en el local, le golpeó causándole una pérdida de conocimiento”, abunda.

Varios meses más tarde, en noviembre, la Ertzaintza confeccionó un atestado después de que un portero empujara a dos clientes a la entrada de Mítika. Una de las víctimas presentaba heridas tanto en la nariz como en la ceja. Un mes más tarde, en diciembre, en otro atestado de la Policía vasca se recoge el testimonio de un testigo que, según la familia, relató que “entre varios porteros estaban sacando de malas formas a empujones a dos clientes, resultando uno de ellos herido en la pierna izquierda”. Es la última agresión de la que la familia tiene constancia antes de la muerte de Villate, acaecida en febrero de 2025.

La polémica del plan piloto de la Generalitat de Catalunya para introducir agentes de los Mossos d'Esquadra de paisano en institutos de Secundaria con el objetivo de prevenir conflictos y mejorar la convivencia en los centros ha llegado este jueves a Euskadi de forma inesperada. Ha sido durante el Curso de Verano de la EHU denominado Basque Segurtasun Foroa, el foro creado por el Gobierno vasco para hacer un diagnóstico sobre inseguridad, criminalidad y respuesta policial en el que, además del lehendakari Imanol Pradales y el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, también ha participado la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, quien ha hablado sobre la “innovación educativa hacia el alumnado inmigrante” y ha mencionado nuevas “estrategias” conjuntas entre ambas áreas, aunque ha descartado la necesidad de presencia policial en las aulas vascas como respuesta a los retos a los que se enfrentan dentro del sistema educativo.

En este contexto Pedrosa, quien se ha reconocido a ella misma como migrante por ser toda su familia de Andalucía, ha hablado de los retos educativos de la población que llega a Euskadi, sobre todo de aquellos niños y niñas que no saben hablar castellano ni euskera. “Cuando un chaval o una chavala llega a Euskadi y no sabe hablar ni una palabra de castellano ni euskera nosotros tenemos la obligación de que pueda tener un proyecto de vida, de que se mantenga en la educación. Tenemos menores de 149 nacionalidades que se van incorporando a lo largo del curso y se van escolarizando fuera de la matrícula ordinaria y para ellos tenemos una acogida y también para sus familias. Hay mucho margen de mejora, estamos aprendiendo haciendo, escuchando, investigando, pero lo importante es que ese niño o niña tenga una acogida académica y emocional”, ha explicado Pedrosa.

La consejera ha confesado que puede que muchos de los presentes a la conferencia, en su gran mayoría policías y otros profesionales de la seguridad probablemente no entiendan su presencia en el foro o la relación entre seguridad y educación, por ello ha informado del trabajo conjunto que realizan ambas áreas. “Estamos trabajando en ciberdelitos, el ciberbullying, pero también el fenómeno de la radicalización porque tenemos centros educativos con culturas diferentes, religiones diferentes y marcos mentales diferentes. Son personas que vienen con valores en muchos casos muy contrapuestos”, ha recalcado.

En este sentido, Pedrosa ha indicado que “más allá de garantizar el derecho a la educación y de que las personas se mantengan en el sistema educativo necesitamos nuevas maneras de intervenir. Ya no funciona lo que funcionaba hace 40 años y esto no es un tema de comunicación solamente, hay muchas variables que tenemos encima de la mesa. Uno de los grandes retos que tenemos hoy en día no son solamente los jóvenes, también son las familias. Y muchas veces cuando hablamos de pérdida de respeto a la autoridad hablamos de todos ellos, no solo los menores, también sus padres y madres. Llegan a la escuela tipologías diferentes de familias que hablan diferentes idiomas. Es el ecosistema vivo que tenemos en continua evolución y transformación. Por eso impulsamos distintas decisiones que nos ayuden a preparar al sistema educativo y a la sociedad de Euskadi para la realidad que ya vivimos en las aulas y para que sigamos siendo un país con unos valores y una manera de entender la convivencia desde el respeto”, ha añadido para después recalcar que ese respeto los menores, “ya sean autóctonos o extranjeros, los adquieren a través de buenos referentes”.

“No todos los jóvenes son iguales ni todos los extranjeros son iguales, lo que tenemos que hacer desde Educación es trabajar para que esas personas sientan que pertenecen a Euskadi y quieran seguir aportando, formándose y trabajando en Euskadi. Pero no nos engañemos, porque la educación no lo puede hacer todo. Las áreas de Seguridad y Educación cada vez están más relacionadas. ¿Quién no ha oído hablar de lo que ha ocurrido en Cataluña con los Mossos en las aulas? El Gobierno tomó una decisión para que los Mossos estuvieran de forma física en las aulas y aquello creó una enorme polémica. La pregunta es, ¿es necesaria una medida como esta? La clave está en una colaboración estrecha entre ambas áreas”, ha justificado dejando la cuestión en el aire.

Sin embargo, esa respuesta no ha sido suficiente para el público, que ha repreguntado si considera necesaria la presencia policial en los colegios vascos, a lo que Pedrosa ha confirmado que “no”. “Tenemos espacios para trabajar de forma conjunta pero hay cuestiones que mejorar, aunque no vemos necesaria la presencia de la Ertzaintza en colegios, ya que nuestros centros educativos tienen personal de referencia de la Ertzaintza y saben a quién llamar en el caso de necesitarlo. Eso crea seguridad y los equipos de dirección de los centros conocen perfectamente el procedimiento. Aquí se está abriendo una puerta para hacer cosas nuevas para enfrentarnos a los retos sociales, pero no veo necesario una medida como la implementada en Cataluña, considero que hay otras maneras de ofrecer seguridad al alumnado y a la sociedad”, ha concluido la consejera.

Dentro de la documentación solicitada en el Parlamento Vasco en relación a la controvertida actuación de la Ertzaintza en el aeropuerto de Loiu el día de la llegada de activistas de la Global Summud Flotilla, el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha entregado también un informe sobre la formación recibida por los agentes de la Brigada Móvil, la unidad antidisturbios, “en los últimos veinte años”. El documento, que pretende poner en valor que el “autocontrol” es algo que está “integrado” de forma “transversal” en la academia de Arkaute, muestra no solamente que los ertzainas realizan ejercicios de vigilancia del orden público o para el uso adecuado de los lanzadores de 'foam', sino también, por ejemplo, aprendizaje de “costumbres musulmanas” y técnicas para “identificar” en los manifestantes “emociones conflictivas latentes” o “conductas corporales problemáticas”. Incluso se les imparten técnicas que, según el Ministerio de Sanidad y organizaciones médicas, son “pseudoterapias” sin sustento científico.

Según la memoria, el “curso de especialización básico” de la Brigada Móvil tiene una parte de “fundamentos” para el trabajo como antidisturbios, lo que incluye una enseñanza del “marco jurídico” regulador de los derechos de reunión o de manifestación y “herramientas de autocontrol de estrés y afrontamiento de situaciones críticas”. Igualmente, hay otro módulo de “procedimientos” en caso de “alteraciones” del orden público y, finalmente, otro sobre dispositivos planificados.

Además del curso básico, hay otras actividades formativas “preceptivas” y que guardan relación con las instrucciones internas 6 (derecho de reunión y manifestación), 42 (manejo de las nuevas 'bodycam' de grabación incorporadas a los uniformes), 51 (derecho de huelga), 67 (videovigilancia) y 73 (gestión de las armas y municiones). Igualmente, se apunta a entrenamientos como un simulacro en “grandes infraestructuras de transporte”, manejo de las furgonetas o 'francias' que utiliza la brigada, “embolsamientos” en grandes eventos deportivos, desalojos o uso de los escudos y de las porras.

Sin embargo, el informe entregado por Zupiria alude también a “cursos de actualización y perfeccionamiento”. Arrancaron en 2015 con actividades sobre “terrorismo internacional” o “islamismo radical”, pero en 2016 se hizo una actividad de “costumbres musulmanas”, de la que no se dan más detalles. Se repitió en 2018, aunque entonces como “costumbres policiales y actividad policial”. En 2020 hubo otro módulo de “interculturalidad y violencia de género”. En 2024 se trabajó la “prevención de la conducta suicida” y en 2026 lo último que se ha hecho es una formación en “soporte vital básico”.

La última parte del informe detalla las formaciones “específicas” para “trabajar el autocontrol” dentro del currículum general. El consejero Zupiria y también el lehendakari, Imanol Pradales, apelaron a este concepto después de las cargas de Loiu, cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo. Se insiste en que “de manera constante” se trabaja en conceptos como la “proporcionalidad” en la respuesta. “Los instructores inciden en la resistencia a la provocación, la protección de los ciudadanos ajenos a los incidentes y el auxilio preventivo, asegurando la eficacia en el desarrollo de las actuaciones policiales”, se apunta.

Aquí se indica que en el curso de acceso a la unidad antidisturbios se enseñan “técnicas” para “detección de microexpresiones biológicas asociadas a emociones conflictivas latentes, alegría, arrogancia, asco, desprecio, ira, sorpresa y temor”, así como para la “identificación técnica de conductas corporales problemáticas”. El entrenamiento se hace “mediante análisis de fotografías de expresiones faciales, evaluación de vídeos reales de incidentes y dinámicas reales de simulación”.

En el “programa reglado de gestión del estrés y autocontrol”, que está “implementado desde 2022”, se incluye la importancia de detectar “indicadores de riesgo” tanto en uno mismo como en el resto de compañeros de la unidad, pero se mencionan también actividades de “respiración”, incluida la “respiración cuadrada, respiración 4-7-8 y respiración Nadi shodna”, el MABP, unas siglas que responden a “mindfulness aplicado al bienestar policial”, “ejercicios de relajación progresiva de Jacobson” y dos actividades cuestionadas por su rigor científico, la denominada PNL (programación neurolingüística) y la meditación en movimiento (chi kung, bioenergía chi). También se menciona la “meditación del guerrero” o “hiperfoco”.

Igualmente, en el módulo segundo del programa de prevención de riesgos psicosociales se trabajan las “dinámicas de funcionamiento del psiquismo”, con un “análisis de los antecedentes evolutivos de la personalidad y la maduración emocional”. Se hace una “explicación teórica de las estructuras psíquicas basadas en e modelo freudiano (ello o principio del placer, yo o principio de realidad y superyó o principio de la norma y la ley) y su impacto en la rigidez conductual del adulto”. Se trabajan, asimismo, “rodeos manipulativos” y se alude a conceptos como el “banco de niebla” o el “disco rayado”.

El lehendakari, Imanol Pradales, ha expresado este jueves su preocupación “por el cuestionamiento del principio de autoridad” que sufren los agentes de la Ertzaintza y de otros cuerpos policiales, “pero también a profesores, conductores de autobús o personal sanitario”. Asegura que también hay “pérdida de respeto a las personas y a los bienes públicos o privados”.

En un contexto de pintadas con ertzainas o incluso tras el caso de un agente increpado cuando hacía de árbitro en el torneo de fútbol Donosti Cup, el lehendakari ha querido insistir en esta idea en su conferencia inaugural del curso de verano de la EHU sobre el denominado Basque Segurtasun Foroa, el foro creado por el Gobierno vasco para hacer un diagnóstico sobre inseguridad, criminalidad y respuesta policial y que ha celebrado ya una treintena de encuentros en pueblos y ciudades en el último año. El evento académico ha tenido lugar en el palacio de Miramar de Donostia.

Según el lehendakari, “Euskadi es uno de los países más seguros de Europa para vivir y los índices relativos a los principales delitos e infracciones penales están por debajo de las medias española y europea”. Pero no ha negado que está “constatado” que la “preocupación” por la criminalidad en la sociedad vasca “ha ido en aumento”. “Este sentimiento de fragilidad está directamente relacionado con un mundo cada vez más convulso y cambiante. La sociedad vasca nos recuerda que mantener la seguridad cotidiana en nuestras calles y pueblos debe ser una de nuestras prioridades”, ha apuntado Pradales, que ha reclamado “no bajar la guardia” y “adoptar nuevas medidas”. El PNV, de hecho, ha introducido en su argumentario conceptos como “multirreincidencia” o “armas blancas” y ha apostado por mostrar el origen nacional de los detenidos.

Con todo, más allá del “aumento de los delitos por robos”, Pradales ha pedido ampliar la mirada sobre la seguridad y analizar si Euskadi está preparada también “para responder a incendios cada vez más violentos, pandemias, apagones, inundaciones o altas temperaturas persistentes”. Ha recordado, igualmente, que las “estafas” se cuelan “a través del móvil o del ordenador” y ha alertado del crecimiento de la violencia machista. “¿Se denuncia lo suficiente?”, se ha preguntado, al tiempo que ha reclamado “concienciación” contra esa lacra.

“Como Gobierno vamos a seguir trabajando para ofrecer a la sociedad vasca un 'aterpe', un entorno de certidumbre y seguridad, con el fin de que podamos sentirnos más seguros”, ha apostillado Pradales, que ha prometido “mayor anticipación” y atender algunas propuestas del Basque Segurtasun Foroa como asegurar “mayor presencia” policial en las calles, “mayor coordinación” entre cuerpos y otros servicios de emergencias -en ningún momento ha mencionado a las Fuerzas de Seguridad del Estado- y planes de “intervención tempra” en “jóvenes y adolescentes, ante el riesgo de vulnerabilidad de consumos de sustancias adictivas, como las drogas, el alcohol o el uso incontrolado de teléfonos móviles”.

“El próximo paso será elaborar el plan integral de Seguridad de 2026-2030”, ha apuntado el lehendakari, que entiende que saldrá “enriquecido” de las aportaciones de los participantes en las mesas del foro. “Más de treinta foros participativos celebrados en otros tantos puntos de nuestra geografía en los que han participado más 1.000 personas de distintos ámbitos: representantes forales, alcaldes y alcaldesas, ertzainas, policías locales, jueces, fiscales y representantes de sectores como el educativo, empresarial, sociosanitario, o asociativo”, ha ponderado.

Una de las derivadas del crimen de la discoteca Mítika, en el que se investiga a un portero del local de ocio nocturno del centro comercial Dendaraba de Vitoria por golpear y matar a un cliente, el joven Kerman Villate, es el expediente administrativo abierto contra la empresa contratada por el establecimiento para los controles de acceso y seguridad, del grupo Le Basque. Ya era conocido que la filial de esta compañía presente en el local (Le Basque Services) no tenía habilitación, como tampoco la tenía el investigado por el homicidio. Pero nuevos datos apuntan ahora a que en la noche de autos, de febrero de 2025, llegó a estar trabajando como “coordinador” de ese operativo una persona ajena a la compañía y que le facturaba desde otra mercantil dedicada al “mantenimiento y reparación de toda clase de vehículos a motor”, según el Registro Mercantil.

La unidad de Seguridad Privada de la Ertzaintza requirió al director de Le Basque -un grupo que tiene otras actividades para eventos, desde seguridad hasta servicio de ambulancias- que aclarara el papel de ese “coordinador”. Y fue ahí cuando, por escrito, la empresa admitió que se operaba mediante una subcontrata. Este material ha sido incorporado hace unos días al sumario judicial del caso, que sigue abierto en el Tribunal de Instancia de Vitoria.

Las conclusiones de la Ertzaintza son claras y señalan que no solamente Le Basque Services no tenía autorización como empresa de seguridad, sino que desde luego tampoco estaba habilitada la compañía del sector automovilístico, llamada Basaldea 84. En todo caso, el propio portero subcontratado asumió, en su declaración, que él tenía la misión de “coordinar” al equipo de control en Mítika y manifestó que trabajaba “para una empresa de seguridad de nombre Le Basque Team” y que “por ser el más veterano” solía actuar como “responsable del dispositivo de seguridad”.

Desde Le Basque explican que son un grupo con diferentes ramas. Indican que la empresa contratada por Mítika era Le Basque Services y que en ningún caso hacían labores de seguridad, sino simplemente de control de accesos. Este tipo de trabajos, según exponen, no precisan de habilitación administrativa especial. Es su principal línea de defensa. Recuerdan las fuentes consultadas que Le Basque sí tiene otra filial de seguridad, llamada Le Basque Security, y que no sería para ellos un problema ofrecer ese servicio en caso de haber sido necesario.

Se da la circunstancia de que, según datos policiales, tanto Le Basque como los dos porteros, el investigado y el “coordinador” de seguridad, tienen abundantes antecedentes por agresiones. En su mayoría son de la propia Mítika, pero hay algunos otros casos en diferentes locales de ocio nocturno de Vitoria. Los precedentes rondan la veintena e incluyen “patadas”, “puñetazos” y otras agresiones. Aquí se pueden leer algunos de ellos.

Según la Ertzaintza, no hay dudas de que Mítika contrató un servicio de “seguridad” con una empresa no autorizada y que, a su vez, subcontrató parte del trabajo a otra mercantil que tampoco lo estaba. Se añade, asimismo, que el personal carecía de las habilitaciones que garanticen en su desempeño “los principios básicos de legalidad, integridad, dignidad” y “correción en el otrato con los ciudadanos”.

Las actuaciones tras el crimen de Mítika siguen dos vías. En la judicial, descartada ya la posibilidad de que el caso sea juzgado como “asesinato” a pesar del empeño de los abogados de la familia de la víctima, se apura la fase de instrucción. Formalmente, el plazo se ha terminado y la segunda responsable de la investigación, la magistrada Marta Escudero, no ha concedido ninguna prórroga adicional. Ahora se están recibiendo documentos ya solicitados previamente.

Por otro lado, en la vía administrativa el Departamento de Seguridad ha propuesto una sanción a la empresa gestora de Mítika (30.000 euros), a Le Basque (40.000 euros) y a cada uno de los porteros presentes en la noche de autos (6.001 euros) por las irregularidades detectadas. El propio consejero, Bingen Zupiria, agradeció la labor de la familia de Villate para destapar las irregularidades en el ocio nocturno. “Nos han hecho ver a todos que, efectivamente, hay una normativa que había que ajustar y endurecer”, señaló en Radio Vitoria. Le Basque, por el contrario, confía aún en que sus alegaciones sean atendidas pero, de lo contrario, adelantan que recurrirán a la vía contencioso-administrativa.

Dos agentes de la Ertzaintza han resultado heridos tras salirse de la calzada su vehículo y caer por un terraplén -unos 30 metros- esta pasada madrugada a la altura del polígono industrial de Itziar, en Deba. Los ertzainas, que fueron trasladados al hospital de Mendaro, también en Gipuzkoa, ya han sido dados de alta.

Según ha informado el Departamento de Seguridad a Europa Press, el accidente ha tenido lugar sobre las 01.20 horas de la madrugada de este miércoles. Por causas que se investigan, el vehículo se ha salido de la vía en el polígono industrial de Itziar y se ha precipitado por un terraplén ladera abajo. Ambos agentes resultaron heridos.

Finalmente, será el 17 de septiembre cuando se celebre en el Tribunal de Instancia de Irún la vista que se tuvo que retrasar en primavera por el caso del agente de la Ertzaintza que propinó un puñetazo a un varón en esa localidad en 2023, según ha podido saber este periódico. El policía ya ha admitido los hechos y la Fiscalía pide para él una condena por atentado contra la integridad moral, que implica prisión e inhabilitación.

Lo que se trendrá que dilucidar en la vista es si hay una conformidad entre la acusación pública y el acusado. El ministerio fiscal ofrece la aplicación de la modalidad menos grave del delito, con penas de no más de dos años de cárcel, que no suelen ser efectivas si se carece de antecedentes, como es el caso. Sin embargo, esa modalidad “en todo caso” comporta la “inhabilitación especial” durante entre dos y cuatro años, lo que obligaría a su salida de la Ertzaintza. Fuentes judiciales agregan que una condena con admisión de responsabilidad en la fase de instrucción podría conllevar, incluso, una rebaja adicional de un tercio de la condena, tanto la de cárcel como la de inhabilitación.

Los hechos se produjeron hace justo tres años, en julio de 2023. Entre las 3.08 y las 3.17 horas -exactamente en el minuto 1 y 9 segundos de un vídeo de 3 minutos y 19 segundos que grabó todo-, el agente de la Ertzaintza, con número profesional 2514,5 “elevó el brazo izquierdo, increpó a una persona civil [que estaba tendida en el suelo] y le propinó una bofetada en la cara con la mano izquierda abierta”. “Cállate ya, coño. Se acabó la tontería. ¡Se acabo la tontería! ¡Venga! ¡Venga!”, espetó el uniformado. La persona agredida, de 30 años y cuyas iniciales son A.A.C., “por efecto del golpe cayó al suelo de espaldas”, mostrando “gestos de dolor”. Otros cinco ertzainas y cuatro agentes municipales presentes en el lugar, la calle de Zubiaurre de Irún, dieron la espalda al joven y se marcharon sin auxiliarle.

Un segundo hombre que estaba en la zona ayudó a la víctima unos minutos después y a las 3.36 horas se dio parte al 112: “No se puede mover”. La Ertzaintza envió a dos patrullas. Eran cuatro de los agentes que habían estado con él minutos antes, incluido el funcionario 25145. Los uniformados mintieron por radio al asegurar que el hombre se encontraba bajo los efectos del alcohol, que se había propasado con ellos y que las lesiones las había sufrido golpeándose con una pared. Dijeron que no era necesaria una ambulancia.

Este relato de los hechos lo hizo la comisión de control y transparencia de la Policía vasca, que emitió un dictamen sobre los hechos. El funcionario estuvo suspendido cautelarmente de empleo pero no de sueldo desde que trascendieron los hechos, en mayo de 2024, hasta febrero de 2025, cuando ganó un recurso de alzada interno.

Compareció el 23 de octubre de 2025 en el Tribunal de Instancia de Irún. La entonces titular de la plaza 1 de la sección de primera instancia e instrucción de ese partido judicial, Maider Imaz, tomó declaración en calidad de imputado al ertzaina. Según las fuentes consultadas, pidió disculpas, asumió que sus actos no fueron correctos e indicó que perdió los nervios, aunque también insistió en que existe un contexto que justificaba la actuación policial contra A.A.C., la persona que recibió el puñetazo.

Unas semanas después, en diciembre, el ministerio fiscal presentó un informe dejando constancia de este reconocimiento de los hechos y asumiendo que el delito de atentado puede ser considerado como “leve”, entendido como la modalidad menos grave del tipo penal del atentado contra la integridad moral. La vista que se celebrará en septiembre estaba programada para marzo, pero los problemas de salud de la víctima motivaron un retraso. Ha sido ahora, en las últimas semanas, cuando se ha realizado el nuevo señalamiento, ya para después del parón judicial de agosto. Tras la reincorporación, en un primer momento este policía estuvo en otro puesto, realizando “otras actividades en comisaría” sin contacto con la ciudadanía. Ahora, en cambio, ya está de nuevo en Seguridad Ciudadana, haciendo trabajo de calle.

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha entregado al Parlamento Vasco un segundo parte con las lesiones sufridas por los agentes de la Ertzaintza que intervinieron en las cargas del aeropuerto de Loiu, a finales de mayo, cuando llegaron activistas de la Global Summud Flotilla. EH Bildu, solicitante de la información sobre un polémico operativo que dio la vuelta al mundo, había presentado un recurso de amparo después de que, hace dos semanas, la respuesta a la pregunta sobre los agentes heridos se ventilara en unas pocas líneas. Ahora, la información facilitada es algo más amplia, pero Zupiria se niega a que vaya más allá porque uno de los activistas “perteneció a la organización terrorista ETA, de la que no consta arrepentimiento alguno ni petición de perdón por los actos terroristas cometidos, entre cuyas víctimas se encuentran también miembros de la Ertzaintza”.

Según Zupiria, facilitar toda la información médica a la Cámara no sería ni “proporcional”, ni “idóneo” ni “necesario”. Reprocha a EH Bildu que no concrete “la finalidad para la que se solicita la información” e incluso el “alcance que podría tener”. Por ello, se limita a facilitar, después de una larga exposición jurisprudencial, los datos que cree “razonables” y “suficientes”.

En relación a las lesiones de los agentes, si en un primer momento, a comienzos de julio, se indicó que los heridos en el dispositivo de Loiu fueron 14 -exactamente el doble que la primera información oficial-, que la gravedad de las lesiones fue “leve” y que ocho recibieron la baja laboral, ahora se añade que cinco tuvieron “lesiones superficiales”, otros cinco “lesiones múltiples”, tres “esguinces-torceduras” y uno “otro tipo de dislocaciones”. Nada más.

El consejero del PNV ya se escudó en ETA en su comparecencia en el Parlamento Vasco a los pocos días de los hechos. “En este país hay quienes no quieren que haya Policía, ni siquiera si esa Policía es vasca. Y no sólo eso. Algunos ciudadanos vascos pusieron una diana a la Ertzaintza. Miembros de la Ertzaintza fueron víctimas del terrorismo de ETA y de la violencia callejera. Por fortuna, eso ha terminado, pero algunos no han cambiado desde entonces su actitud hacia la Ertzaintza. Algunos no le han perdonado aún a la Ertzaintza que se pusiera del lado de la democracia y de los derechos humanos y en contra del terrorismo y la violencia callejera. Las cenizas de las llamas de otra época se mantiene en las cabezas y corazones de algunos. Ese sentimiento venenoso es evidente. En la pugna que tienen entre ellos los movimientos políticos vascos de extrema izquierda, la naturaleza de la Policía o de la propia Ertzaintza siempre está en medio, a modo de bandera política”, manifestó ese día.

“La pregunta parlamentaria realizada por EH Bildu no justifica el uso de los datos de salud ni respeta el principio de proporcionalidad, ni los derechos fundamentales en juego. Es más, en legislaturas anteriores, tal y como traslada su parlamentario [Gorka Ortiz de Guinea], desde el Departamento de Seguridad se entregaron copia de dichos partes [médics], de los cuales se hizo un uso político indebido [...], toda vez que se publicitaron sin tener en cuenta la vulneración del derecho a la protección de datos personales”, abunda el consejero del PNV, sin concretar a qué episodio se refiere. Ortiz de Guinea es parlamentario desde 2023 y miembro de la comisión de Seguridad desde 2025.

Agrega el titular de Seguridad que “es conocido que una vez finalizado el operativo de Loiu aparecieron pintadas y fotografías de uno de los funcionarios de la Ertzaintza que formó parte” del despliegue. Fueron localizadas “no sólo en su domicilio, sino también en el centro de estudios de sus descendientes”. “¿Dónde queda la protección de este servidor público y de su familia? ¿Cuál es el interés público a velar? ¿Está relacionado con la salud pública?”, se pregunta Zupiria.

Agrega que “las lesiones que sufrieron los ertzainas en el operativo de Loiu fueron consecuencia de la necesidad del empleo de la fuerza pública para hacer frente a actos violentes”. Sostiene que “en algunos casos” hubo “ataques dirigidos personalmente” a los uniformados. “Estamos ante la única respuesta factibe ante una situación de violencia”, sentencia Zupiria sobre un asunto que sigue aún bajo investigación. Son al menos cuatro las causas abiertas, la judicial, la de Asuntos Internos -por partida doble-, la del Ararteko (Defensoría del Pueblo) y la de la comisión de control y transparencia de la Policía vasca.

La Mesa del Parlamento ha dado por zanjada la cuestión con esta ampliación de información de Zupiria y estima que el recurso de Ortiz de Guinea de EH Bildu ya ha quedado obsoleto. El parlamentario abertzale había presentado un escrito recordando que el reglamento de la Cámara -que tiene rango de ley- concede a los electos derecho a solicitar información oficial al Gobierno.

La Fiscalía no ve razón para detener la investigación penal por el derribo del edificio Irurak Bat de Getxo a pesar de que las defensas de los imputados, incluidos tres exediles del PNV, hayan intentado neutralizar el caso porque una sentencia de la jurisdicción contencioso-administrativa sobre todo inmueble de la localidad, La Aldea, aludía a que los bienes de la misma categoría que el palacete, la de “custodia municipal”, no tenían por qué tener protección automática. Dos de esos tres exconcejales iban a adquirir una vivienda de lujo en el nuevo bloque que se iba a levantar en ese solar.

El instructor del caso, Marcos Amor, pidió a las partes personadas su criterio en relación a la posible afección del fallo de otra jurisdicción en la causa penal sobre el Irurak Bat. Los imputados corrieron a pedir el archivo, contradiciendo el criterio de la Policía judicial, en este caso la Ertzaintza, que lleva meses insistiendo en que se pudieron cometer delitos contra el patrimonio en el derribo. Como la Fiscalía, PP y EH Bildu, que ejercen de acusación igualmente, también creen que hay que seguir adelante.

“La sentencia que ha sido unida a las actuaciones no afecta en modo alguno a los hechos que están siendo objeto de investigación e instrucción en la presente causa, máxime cuanto se trata de una única sentencia que, además, se refiere a un supuesto no idéntico al que nos ocupa”, señala el ministerio público según una resolución adelantada por 'El Mundo'.

La fiscal, María del Pilar Sánchez Donate, exhibe también su “absoluto respeto” a la sentencia de lo contencioso-administrativo, pero “no se comparte” que pueda justificar la demolición del Irurak Bat, que lleva protegido “desde 1985”. El informe, de siete folios, recalca que mientras que el Ayuntamiento tramitó el expediente del edificio éste siempre tuvo un nivel de “protección básica” que ha de respetarse.

El derribo se produjo en el verano de 2024 y la causa se inició entonces, pero no fue hasta enero de 2026 cuando el caso alcanzó resonancia porque la Ertzaintza entró en dependencias municipales por orden judicial y se incautó de dispositivos electrónicos. Sin embargo, desde entonces la instrucción ha avanzado al ralentí, con cambio de juez y sin que en ningún momento hayan declarado los imputados o se hayan revisado los aparatos.

Sin embargo, sí son conocidos ya algunos informes técnicos. El propio Gobierno vasco sostiene que era un edificio protegido. Los tres exconcejales, Inazio Uriarte, Irantzu Uriarte e Iñigo Urkitza, dimitieron de sus funciones tras la imputación. La alcaldesa del PNV, Amaia Agirre, fue emplazada por PP y EH Bildu a seguir el mismo camino, pero continúa en el cargo aunque ya se ha conocido que no se presentará a las elecciones de 2027.

Un hombre ha sido detenido este domingo como presunto autor del apuñalamiento mortal a otro varón, de 33 años, y continúa este lunes bajo custodia policial a la espera de pasar a disposición judicial, según ha informado la Ertzaintza y recoge Europa Press. Los hechos sucedieron este domingo poco después de las nueve de la mañana en el barrio de Kaputxinos de Errenteria, en Gipuzkoa.

Según el parte oficial, una persona yacía en el suelo tras haber sufrido un apuñalamiento en las inmediaciones de un establecimiento hostelero. Inmediatamente se movilizó una ambulancia y recursos de la Ertzaintza, que localizaron en el lugar a la víctima, al supuesto agresor y a testigos de lo ocurrido. Los agentes identificaron y detuvieron al presunto autor de los hechos, un joven de 23 años, que había dejado allí mismo el arma blanca utilizada.

Los sanitarios realizaron labores de reanimación a la víctima, un hombre de 33 años. Sin embargo, el médico sólo pudo confirmar el fallecimiento de la persona. La Ertzaintza está investigando las circunstancias del homicidio y el presunto autor del apuñalamiento mortal se encuentra este lunes todavía en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial.

La Ertzaintza no ha llevado a cabo “en los últimos cinco años” ninguna investigación por fraude fiscal, según ha admitido al Parlamento Vasco en un escrito el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, del PNV, en respuesta a una pregunta del representante de EH Bildu Gorka Ortiz de Guinea. Meses atrás ya trascendió también que la unidad especializada en delitos económicos o de corrupción de la Policía autonómica, el equivalente a la UCO de la Guardia Civil o a la UDEF de la Policía Nacional, solamente tiene seis efectivos.

En concreto, Zupiria indica que no ha habido ninguna operación relacionada “directamente” con las conductas descritas en el artículo 305 del Código Penal, que según recuerda él mismo regula el fraude a Hacienda -sea estatal, foral o local- y “castiga a quienes defraudan a la Administración eludiendo el pago de impuestos, disfrutando de beneficios fiscales indebidos o evitando ingresos a cuenta”. Sostiene el consejero de Seguridad que es “clave” para interpretar los datos que hay un “umbral” que hace que solamente sea delito cuando el fraude supera los 120.000 euros “por año o período impositivo”, aunque no precisa si se han descartado actuaciones porque las cuantías eran inferiores.

Planteaba Ortiz de Guinea en su iniciativa que la Ertzaintza es una “Policía integral” y que, por ello, “tiene capacidad para investigar delitos fiscales”. La puesta en valor de las capacidades de la Ertzaintza es algo que se repite constantemente también en los mensajes que lanza el Gobierno.

Fue el propio representante de EH Bildu el que pidió, en primavera, los datos de dotación de personal de varias unidades especializadas. En el caso de la sección central de delitos económicos, como recogió este periódico en abril, son solamente seis los ertzainas disponibles y ahora, además, han asumido algunas tareas de apoyo en la investigación de tramas con criptomonedas y ciberdelitos. El grupo está encabezado por un suboficial, al que acompañan tres cabos y dos agentes. La UCO de la Guardia Civil disponía en 2025 de una plantilla de entre 500 y 600 efectivos.

Precisamente, eclipsado en buena medida por otros puntos, esta semana los Gobiernos central y vasco han tratado en la junta de seguridad un asunto relevante sobre los delitos económicos. El Estado va a garantizar acceso de la Ertzaintza al denominado SEPBLAC, el organismo estatal para el combate del blanqueo de capitales.

“A mí me gustaría, si puede ser, que vengan los tres [miembros de ETA que lo asesinaron]. Incluso Ainhoa Múgica [la exdirigente de la banda terrorista que ordenó el atentado]. Y que me miren y me digan: 'Lo sentimos'. Entonces yo les daré el perdón”. Reyes Zubeldia se encontraba en casa, junto con dos de sus hijos, cuando hacia las diez de la mañana del 14 de julio de 2001 escuchó la explosión de la bomba-lapa que mató a su marido, José Javier Múgica, concejal de UPN en Leitza, al norte de Navarra. “Fue terrible”, recuerda la mujer 25 años después junto a su hija. Raquel Múgica, la menor de los hijos del matrimonio, siente que recordar el asesinato de su padre sirve para evitar “que se olvide lo que pasó, o se recuerde de una forma distinta a la que fue”. “Mi padre lo que quería era unir [al pueblo] y cambiar esa tónica de división [política de la época]. Y creo que eso a veces molestaba”, sostiene.

Ese mismo día, a última hora, ETA asesinó en Leaburu (Gipuzkoa), al mando de la Ertzaintza Mikel Uribe. La organización continuaba su campaña iniciada tras las autonómicas vascas de mayo de ese año. Después de las elecciones, atentó contra Gorka Landaburu, que salvó la vida, y mató al comercial de 'El Diario Vasco' Santiago Oleaga. Hubo también atentados en Madrid y en Vitoria. El día del doble crimen era sábado y, en Gernika, juraba como lehendakari para un segundo mandato Juan José Ibarretxe, del PNV. Los actos solemnes tuvieron lugar entre uno y otro asesinato.

“Mi padre —prosigue la familia de Múgica— no tenía vocación de política en sí, sino voluntad de mejorar un pueblo pequeño y su convivencia. [Su hermano] le pidió si podía meterse en política para resolver ciertos asuntos del pueblo, como un problema con una casa abandonada. [Primero] estuvo colaborando con un partido [local] independiente (Unión Independiente de Leiza), les ayudaba en el día a día. Luego ya decidió dar el paso con UPN para conseguir más apoyos. Pero veía problemas locales del pueblo, no problemas políticos”, recuerda su hija.

“Él quería mejorar la situación del pueblo, de sus vecinos, ayudaba a todo el que podía, no miraba si eran nacionalistas o no. Una vez organizó a unos cuantos chicos sin trabajo para ir con ellos a limpiar los ríos, a trabajar juntos para que viesen que eran útiles. Durante varios años fue profesor de autoescuela, años después aunque ya había dejado esa profesión seguía ayudando a muchas personas a quitarse el miedo a conducir. Si alguien había perdido el autobús o no tenía forma de ir a su caserío estaba dispuesto a acercarle donde necesitase. Cuando nevaba siempre salía con su furgoneta por las calles del pueblo por si podía ayudar a alguien a sacar el coche de la nieve. También colaboró en la asociación de saharauis para que los niños del Sahara pudiesen venir a Navarra a pasar el verano con familias de acogida. [Era un hombre que] ayudaba en todo lo que podía ayudar”.

José Javier Múgica había vuelto la tarde del viernes 13 de julio a casa tras haber pasado “dos o tres días” de vacaciones con su mujer en Fitero. “El sábado por la mañana mi marido tenía una boda”, pues tenía un encargo como fotógrafo en la celebración, recuerda Zubeldia. Ese día, el concejal regionalista —que a pesar de las amenazas había renunciado a portar escolta— “después de desayunar” salió de su casa, bajó las cinco plantas por las escaleras y cuando “arrancó el coche, explotó”. Su mujer, que estaba en casa junto a dos de sus hijos, se asomó al balcón al escuchar el estruendo y lo vió “en el suelo quemándose” a unos metros de la furgoneta, también envuelta en llamas a causa de la explosión.

“Eso no se puede olvidar, al menos yo no. Y van a hacer 25 años, que no son cinco. Son ya 25”, confiesa la mujer. “Por el portal no se podía bajar, porque la furgoneta estaba justo donde las ventanas del portal y entraba el humo”, recuerda su hija, en aquel momento de 21 años, y relata que tuvieron que “atravesar un balcón” para poder llegar a la calle. Una vez la familia consiguió salir del edificio, Zubeldia quiso ver a su marido. “Desde arriba vi cómo [José Javier] se quemaba y pensé: '¿Cómo estará ahora?'. Él y yo éramos uno, y no podía dejarle. Tampoco en ese momento”, recuerda. Aunque los cuerpos de seguridad no la dejaban.

Fue Miguel Sanz, presidente del Gobierno de Navarra y de UPN por aquel entonces, que acudió al lugar al conocer el atentado, quien intermedió por ella y la acompañó. “[Sanz] estaba allí y les preguntó '¿ella qué quiere?'. 'Pues si me dejan ir con ella yo le acompaño', les decía”. “Usted se hace entonces responsable”, recuerda Zubeldia que le respondían al presidente navarro.

La investigación posterior revelaría que, en un hueco escondido en los bajos del vehículo, el 'comando Argala' había instalado una “bomba compuesta por 3 kilos de dinamita, tipo 'titadyne', provista con un mecanismo de iniciación eléctrico”, tal y como se reflejó en la sentencia que diez años después condenó a Andoni Otegi, Óscar Celarain, Juan Carlos Besance y Francisco Javier García Gaztelu 'Txapote' por el asesinato del concejal leitzarra. La orden de su asesinato la dio Ainhoa Múgica Goñi, alias 'Olatz', exjefa de ETA, tal y como reconoció en diciembre de 2025 en la Audiencia Nacional. Con un escueto “sí”, admitió haber indicado al comando de la banda terrorista asesinar con un coche-bomba al concejal de UPN en 2001. La exdirigente, junto a Otegi, “elaboró un manuscrito” con las indicaciones necesarias para que el 'comando Argala' llevase a cabo el atentado.

“Él se definía como vasco, navarro y español. Él era euskaldun y en casa siempre hemos hablado en vasco. Te sientes vasco porque has recibido una cultura, las tradiciones y hablas la lengua. Aunque eres navarro, y por tanto también español, lógicamente”, describe la pequeña de los Múgica junto con su “ama”. “Ese concepto”, a su juicio, “también les duele a los nacionalistas”.

Desde hacía algunos años, Múgica ya había recibido amenazas. Incluso “antes de entrar en las listas” del partido regionalista. “Nos pintaban dianas en la tienda” de fotografía, “luego nos robaron las máquinas y las cámaras fotográficas de la tienda”, después “nos quemaron la furgoneta”, describe la hija del concejal. “Y luego pasó lo que pasó”, concluye Zubeldia, que nunca pensó que pudieran asesinar a su marido. A pesar de que “él miraba todas las mañanas los bajos” del coche y hubiera recibido “ciertos consejos” por su condición como figura política, Múgica “no trasmitía ese miedo” a su familia. De hecho, rechazo tener escolta.

“No quiso. Me decía: '¿Cómo voy a ser fotógrafo con escolta? ¿Te vas a una boda con la escolta?”, recuerda Zubeldia. Sin embargo, su hijo Daniel, que siguió los pasos de su padre y se unió a UPN poco después del atentado, sí que estuvo custodiado. Su familia, a pesar de los antecedentes, nunca temió por su vida. “Igual éramos unas ingenuas”, reflexiona Raquel Múgica, que nunca pensó que ETA se fuera “a ensañar” con la familia de esa manera. “Tener escolta te da confianza y lo vives ya distinto. Y luego dices, han matado a mi padre, ¿van a matar también a mi hermano?”.

Tras el asesinato de su marido y padre, la familia siempre ha sentido el cariño del pueblo, en el que continuaron viviendo años después y al que han vuelto todos los años. Porque se sienten acompañados, y para “acompañar a los que estuvieron [con Múgica y su familia], aunque tuvieran miedo”.

Un cariño que no fue “inmediato”. Cuando se conoció el atentado “la gente no sabía ni qué hacer”, recuerda la viuda. “Mucha gente tenía miedo de saludarnos” y se quedaron “bloqueados”, aunque recibían “el cariño a escondidas”. Ante la pregunta de a qué se refiere con esta última frase, ella lo explica con mucha calma. “Yo a mi marido lo incineré. La gente, como nosotros éramos muy montañeros, igual pensaban que lo echaría por allí, pero no. Lo traje a casa, porque él quería estar conmigo y yo con él. Me daba paz. Y cuando la gente lo supo me preguntaba si podía venir, a escondidas [a verlo]”, relata. Y afirma que todavía hay personas que no asisten a los homenajes “por cierto miedo”, a pesar de que han “pasado por su casa”.

“No sé si [las personas] se pueden hacer una idea de cómo era el ambiente en esa época”, recuerda Raquel Múgica, que paradójicamente siente que tuvieron “suerte”. Aunque algunos de sus amigos “cuando había un asesinato o un secuestro” de ETA verbalizaban ese pensamiento de “algo habrá hecho”, la hija del concejal se siente afortunada porque en 2001 “ya se empezaba la gente a movilizar”. “Hubo una manifestación multitudinaria [cuando mataron a mi padre] aquí en Pamplona y nos acompañaron [muchísimas personas]. Años antes no había nada. O sea, la gente empezó a quitarse el miedo de mostrar públicamente el rechazo y eso te da más fuerza”.

En 2011 se condenó a los miembros del comando 'Argala' a 50, 58 y 60 años de prisión por asesinato de Múgica, una sentencia que dejó “alivio” en la familia. Por una parte, porque les pareció una pena “justa”, y por otra porque pudieron “saber quienes fueron” los responsables. Durante el juicio, Zubeldia testificó en sin biombo y, ante la sorpresa de muchos de los presentes, quiso mirarles. “¿Les puedo mirar a estos chicos?”, le preguntó a la magistrada, aunque no esperó su respuesta para girarse. “Ahora mismo también lo haría”, pronuncia con rotundidad 15 años después. “Si vienen a casa a pedirme perdón, les daré el perdón. Pero si no vienen, ¿a dónde irán? Al menos si piden perdón irán con mi marido”, expresa la mujer, que ha intentado contactar con los terroristas e incluso “quería ir a la cárcel” a encontrarse con ellos, aunque no ha obtenido respuesta. Una circunstancia que le duele especialmente es la concesión de terceros grados a algunos de ellos.

“Yo no necesito, como mi madre, el perdón. No necesito estar con ellos. Hombre, si a ellos les hace bien venir y pedir perdón, estoy dispuesta también, pero no tengo necesidad de verles o hablar con ellos. Estoy en paz”, expresa su hija, y preguntada por este periódico, define algunas de las medidas penitenciarias concedidas a etarras como “injustas”. “No nos parece justo a nosotros, y entiendo que a ninguna víctima, esas libertades sin perdón, arrepentimiento o sin colaborar con la justicia. Porque hay muchísimas familias que no saben quiénes asesinaron a su padre, su madre o su hermano. Y eso lo podrían aliviar...”, opina. Aunque, consciente de cómo se pueden interpretar sus palabras, matiza: “No sentimos odio hacia los terroristas, sentimos un profundo dolor y una injusticia”.

Mikel Uribe, asesinado a 20 kilómetros

Se da la circunstancia de que, justo el mismo día, unas horas después, ETA asesinó también al agente de la Ertzaintza Mikel Uribe, de 44 años. El crimen se produjo en la localidad guipuzcoana de Leaburu, a apenas 20 kilómetros de Leitza. Según explica Covite, el policía “se disponía a cenar en la sociedad Zazpi Bide con unos amigos y mientras aparcaba su vehículo se le acercaron tres etarras en un coche robado”. Uribe fue descrito como “abertzale, euskaldun y afiliado a ELA”. Cuatro personas fueron condenadas por el crimen con 36 años de cárcel por cabeza.

“Aguardaron en una explanada emplazada detrás del Ayuntamiento hasta que un miembro del grupo criminal les avisó de que el ertzaina estaba llegando a la sociedad gastronómica. Otro etarra condujo el vehículo hasta el todoterreno de Mikel Uribe, facilitando que un tercer terrorista lo ametrallara con un subfusil. A continuación, uno de los miembros del comando se apeó del vehículo y disparó varias veces, vaciando el cargador de su pistola contra el policía malherido. La víctima fue trasladada gravemente herida al hospital Donostia, donde falleció poco después”, describe la entidad que preside Consuelo Ordóñez.

“Al día siguiente, un grupo de compañeros de Mikel Uribe, entre los que se encontraba su hermano, también ertzaina, se concentraron en la plaza del ayuntamiento para repudiar el asesinato. Mientras tanto, ninguno de los vecinos de Leaburu salió a la calle y tuvieron que ser los agentes los que entraran en el consistorio, gobernado por Herri Batasuna, para colocar la ikurriña a media asta y ponerle un crespón negro”, critica Covite. En una entrevista en 'El Diario Vasco', Ibai Uribe, hijo de la víctima, relata que ha escrito unos bertsos en euskera en su memoria: “Ixildu da bonba hotsa, desagertu tiroketa. Nik lan egingo dut inoiz berriro ez dadin gerta”.

“Yo perdono pero no olvido”, dijo aquel sábado luctuoso Miguel Sanz, presidente navarro de UPN. El lehendakari Ibarretxe, recién iniciada su segunda legislatura, tuvo que estrenar la agenda con un viaje a la capilla ardiente del agente asesinado. Estuvo acompañado del consejero de Interior, Javier Balza, también del PNV. Estuvieron presentes, igualmente, el ministro del Interior, Mariano Rajoy, y los directores de la Policía Nacional, Juan Cotino, y de la Guardia Civil, Santiago López Valdivielso, del PP.

Un agente de la Ertzaintza que ejercía de árbitro en la Donosti Cup de fútbol aficionado tuvo que salir este pasado viernes escoltado de un encuentro en el campo de Zubieta tras ser “amedrentado y amenazado por su condición de ertzaina”, denuncian desde el Gobierno vasco.

Según la información remitida por el departamento de Seguridad, durante el encuentro el árbitro, tras consultarlo con el delegado de campo, iba a dar por terminado el partido antes de tiempo al considerar que el juego de los jugadores de ambos equipos estaba siendo demasiado violento. Minutos antes de finalizar el partido el árbitro ha mostrado una tarjeta roja a uno de los jugadores del equipo guipuzcoano que estaba jugando el partido, acción que ha hecho que tanto los jugadores titulares como los que estaban en el banquillo le rodeasen y comenzaran a increparle.

La víctima, al verse rodeada, ha levantado su brazo pidiendo que guardasen distancia mínima, lo que ha hecho que parte del público invadiese el campo uniéndose al acoso de los jugadores. El personal de seguridad ha tenido que proteger a la víctima para llevarlo hasta el vestuario y poder resguardarse.

Una vez en zona segura, la victima ha sufrido insultos como “arbitro zipayo”, “zipayo hijo de puta”, “puto zipayo” o “txakurrak” así como cánticos contra la Ertzaintza. Distintos recursos de la Ertzaintza se han personado en el lugar, que lo han desalojado y han ayudado a la víctima a abandonar el lugar.

El departamento de Seguridad ha condenado “enérgicamente” los hechos y ha mostrado “su solidaridad al agente que ha sido víctima del acoso y los insultos de parte del público y jugadores”. “Unos hechos inaceptables que atentan directamente contra la convivencia. El departamento de Seguridad quiere, además, pedir a la sociedad vasca que no tolere este tipo de conductas que recuerdan tiempos pasados. Asimismo, el departamento de Seguridad traslada su solidaridad a todos los y las agentes de la Ertzaintza que trabajan por una sociedad más justa”.

Los sindicatos policiales, así como la organización del torneo también han condenado el “acoso” sufrido por el agente, que han calificado de una “enrome gravedad”.

La Ertzaintza, actualmente, no tiene jefe. Josu Bujanda, como anunció en junio, ya se ha jubilado y no ha sido designado su sustituto. Oficiosamente, desde esta semana el agente con el máximo rango es el anterior 'número dos', Alfonso Garaikoetxea, jefe de la división de Protección Ciudadana. Por encima, está también la directora, Victoria Landa, pero es un cargo de designación política y no policial.

El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) ha publicado ya los requisitos para el puesto. Se trata de una libre designación, pero hay que formalizarlo con un informe de idoneidad. ¿Cuáles son esos requisitos? Ser agente de la Ertzaintza, tener el rango de intendente, “disponibilidad absoluta” y un nivel de euskera de PL2, que es equivalente a C1 en el marco común europeo, según la web oficial de la Administración.

En la anterior ocasión, cuando Bujanda llegó al cargo en 2019, el puesto estuvo vacante durante siete meses. Fueron los que mediaron entre la dimisión de Jorge Aldekoa tras la sentencia judicial sobre el caso de la muerte en una carga de Íñigo Cabacas, ocurrida cuando él era comisario de Bilbao, y la nueva designación.

Ahora, el proceso está condicionado también porque quedó en suspenso un curso de ascenso al rango de intendente para comisarios y subcomisarios. Este martes, la academia de Arkaute acordó que a partir del 10 de septiembre se repetirá un ejercicio llamado “in basket”, porque se dio un tiempo de realización de dos horas que era insuficiente para los aspirantes que no tuvieran unas determinadas destrezas informáticas. Ahora se dará media hora adicional.

Fuentes internas explican que la resolución de este concurso, del que saldrán seis plazas entre catorce aspirantes, podría ser determinante no solamente para la elección de la jefatura policial sino para futuros nombramientos en la cúpula policial. Oficialmente, el Departamento de Seguridad no da ninguna pista de quién será el siguiente jefe de la Ertzaintza. Insiste en que, aunque la plaza esté “vacante”, no hay ningún vacío de poder.

Eso sí, el 'número dos' del cuerpo es el agente Garaikoetxea, también próximo a la edad de jubilación, ya que tiene 64 años. Es familiar del fallecido lehendakari Carlos Garaikoetxea. Hace dos años, este periódico recogió que durante sus vacaciones en Polonia llamó “gilipollas integral” a un creador de contenidos en redes sociales por estar grabando una detención.

La Ertzaintza podrá emitir informes en los procedimientos de expulsión de extranjeros que residan en Euskadi, una función hasta ahora reservada en exclusiva a la Policía Nacional. En una reunión de la junta de seguridad, el máximo órgano bilateral de cooperación policial entre los Gobiernos central y vasco, se ha refrendado el compromiso alcanzado por Pedro Sánchez con el lehendakari, Imanol Pradales, en una reunión que celebraron antes de Semana Santa.

El consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, del PNV, se ha felicitado que la Ertzaintza gane capacidades como “Policía integral” y, sobre los informes, se ha indicado en un comunicado que se emitirán en casos de “delincuencia grave, reiteración delictiva, pertenencia a grupos criminales, violencia, alteración relevante de la seguridad ciudadana o afectación al orden público en Euskadi”. El consejero, en su intervención hablada, ha añadido que se hará también para casos de “terrorismo”.

“Es la Policía Nacional quien se responsabilizaba hasta ahora. Es su competencia. Pero en muchísimos casos, por no decir en casi todos, es la Ertzaintza la que a pie de calle hace las investigaciones oportunas. Se trata de que esa información cuente en los informes que la Policía Nacional prepara para la posible expulsión de personas de origen extranjero que han cometido delitos”, ha abundado Zupiria a preguntas de los periodistas.

La junta de seguridad se ha reunido de forma telemática este miércoles con Zupiria y su equipo en Vitoria y con el ministro Fernando Grande-Marlaska al otro lado de una pantalla, en Madrid. Ha durado algo menos de una hora. El Gobierno vasco, según ha expuesto Zupiria, ha arrancado al Estado también dos modificaciones normativas, una del reglamento de armas blancas para “reforzar” su control -en el camino hacia la prohibición total- y otra de la ley de enjuiciamiento criminal -que en todo caso deberá pasar por el Congreso, donde el Ejecutivo no tiene mayoría- para “mejorar la respuesta penal y procesal frente a supuestos de reiteración delictiva”. La lucha contra la “multirreincidencia” se ha convertido en una de las banderas del PNV en los últimos años.

La reunión ha dejado también otros acuerdos. Zupiria ha citado, por ejemplo, que la Ertzaintza tendrá una participación “estable” en foros españoles e internacionales de cooperación policial, incluido el SEPBLAC estatal de prevención del blanqueo de capitales, el Registro Central de Infracciones -donde figuran los “multirreincidentes”- o el SPOC, un punto de conexión con cuerpos policiales y aduaneros de otros países de la Unión Europea. Igualmente, Euskadi ganará capacidades en el control de drones y en servicios privados de seguridad privada y ciberseguridad.

Como algunos de los acuerdos no dependen exactamente de la voluntad de las partes, principalmente la reforma legal que tiene que pasar por el Congreso -“somos conscientes de las mayorías parlamentarias”-, se ha decidido celebrar una nueva reunión en seis meses, ya en 2027, para hacer “seguimiento” del “cumplimiento” de los compromisos. “Deberían estar todos cumplidos en ese tiempo”, ha indicado en euskera el titular de Seguridad. Zupiria, en todo caso, ha destacado el clima de “cooperación y acuerdo” entre los Gobiernos central y vasco en materia policial.