Uno de los detenidos por la Ertzaintza acusado de “terrorismo” y ahora en prisión preventiva por orden del magistrado del Tribunal Central de Instancia (la nueva denominación de la Audiencia Nacional) Antonio Piña estaba siendo monitorizado por la Oficina Central de Inteligencia (OCI, la unidad antiterrorista de elite) desde al menos 2015, según fuentes policiales. En aquel momento ni siquiera existía la organización Jarki, de la que es considerado el “motor principal”, que data de 2017.

Según estas mismas fuentes, las actuaciones de la Ertzaintza llegaron a estar bastante elaboradas y se enviaron igualmente a la Audiencia Nacional. El juez Santiago Pedraz llegó a abrir diligencias de investigación, pero no cristalizaron. En la primera información de este caso, un comunicado de la Ertzaintza, se aludió a “antecedentes relevantes” de los implicados, pero sin más precisiones. También pesa sobre él una petición de “seguimiento discreto” por parte de Francia por razones de “seguridad nacional”.

La OCI es una unidad con base en Erandio. Es una brigada reorganizada precisamente después del final del terrorismo de ETA, del que ahora se cumplen quince años. Lo que antes fue AVCS, UIA o DAI se reestructuró ante la nueva realidad, con más dedicación al yihadismo y nuevas amenazas pero con una parte que siguió analizando casos pendientes o posibles disidencias.

Jarki, la actual organización de este investigado, es una de las patas de la coordinadora Jardun, considerada disidencia de la izquierda abertzale y sin relación orgánica alguna bien con Sortu/EH Bildu o bien con el pujante movimiento GKS. Según el juez Piña, que yerra y llama al colectivo “Jordun Koordinadoro” en el auto de prisión provisional, Jarki es “izquierda radical violenta” y el detenido “participó muy activamente” en su creación. De hecho, antes de 2017 colaboraba con otras personas de Gipuzkoa y Navarra que siguieron otros caminos desde entonces, siempre según las fuentes consultadas.

Se cree que este varón ha ejercido labores de “captación” de militancia, de “elaboración de manuales de seguridad” y “directrices organizativas”, de redacción de “ponencias políticas”, de “gestión de finanzas”, de “organización de actos” o de “interlocución con otras organizaciones”, a la luz de los indicios que maneja el Tribunal Central de Instancia para decretar la privación de libertad. Esto es una medida excepcional y que tiene que estar justificada por la gravedad de los hechos presuntamente cometidos y otros parámetros como el riesgo de fuga o de destrucción de pruebas.

Este hombre, que tiene 34 años, fue identificado a finales de septiembre en un vehículo en el que era el copiloto. La conductora, de 22 años, la otra encarcelada, tenía igualmente una orden de “seguimiento discreto” de Italia, sin que se detalle los hechos concretos que se le imputan. Había un tercer ocupante del coche, un irlandés al que se asocia con la disidencia de la extinta organización terrorista IRA. Su paradero es desconocido.

El abogado de los investigados, Aratz Estomba, ha denunciado la “infiltración” policial en los movimientos en los que militaban estas personas. Aske, otra de las patas de Jardun, ha ofrecido este miércoles en Vitoria una rueda de prensa en la que igualmente ha considerado toda esta investigación un “montaje policial”. Han insistido en llamar “cipayos” a la Ertzaintza.

Aske ha demandado la “inmediata puesta en libertad” de ambos presos porque han sido encarcelados “sin ninguna base”, con “pruebas sin ningún valor”. Han asegurado que las referencias a “armas y explosivos” –que según los responsables de la investigación tienen que ver con el conocimiento de zulos de ETA, en plural– se fundamentan en llenar de pintura extintores. Sostienen que si el listón de “terrorismo” se pone ahí “cualquier persona organizada” estaría en riesgo de ser procesada.

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria (PNV), ha comparecido este miércoles por vez primera después de que, hace ya cinco días, la Ertzaintza informara de la detención por delitos de “terrorismo” de dos personas vinculadas con la organización Jarki, disidentes abertzales. El máximo responsable político de la Policía vasca ha defendido el no arresto del hombre y de la mujer ahora encarcelados, de 34 y 22 años, respectivamente, cuando fueron identificados, a finales de septiembre, en un control de carretera. Fueron puestos a disposición judicial cuando ellos mismos se entregaron este fin de semana.

“La Ertzaintza lo que ha hecho es garantizar los derechos de todas las personas, solicitar a la Audiencia Nacional [en referencia al Tribunal Central de Instancia] la autorización correspondiente para analizar los materiales que se habían descubierto, poner en manos de la justicia los indicios que ha encontrado y luego se ha sometido a lo que decidieran el fiscal y el juez correspondiente”, ha explicado Zupiria desde el palacio de Ajuria Enea tras participar en el acto de toma posesión de su nueva compañera de gabinete Cristina González. Ha añadido que en ese momento no estaban cometiendo un delito 'in fraganti' que justificase la medida restrictiva de derechos.

La operación se desató en la madrugada del 26 de septiembre. La Ertzaintza, en un control de carretera, paró un Toyota amarillo en la zona de Eskoriatza, en Gipuzkoa. Iban tres personas, los dos detenidos, conductora y copiloto, y un tercero, de nacionalidad irlandesa y presuntamente relacionado con la disidencia de la banda terrorista extinta IRA. La información oficial indica que portaban mapas de zulos de ETA, en plural, y están acusados de manejo de armas y explosivos, sin que se conozca si esos depósitos han sido localizados o no. También que venían de ver uno de ellos en Navarra con dispositivos de comunicación no rastreables. Llevaban consigo también, siempre según los datos policiales y judiciales, documentación de policías y guardiaciviles —como un dispositivo completo clonado— y fotografías de “entrenamientos” para perpretar supuestas acciones violentas. Mucho de ese material estaba “encriptado” y se ha ido descifrando en los últimos días.

Según Zupiria, es la autoridad judicial la que ha fijado la etiqueta de “terrorismo”. El consejero ha dicho que Jarki, que forma parte de la coordinadora Jardun, al igual que Aske, es una organización “alegal”. “No se encuentran inscritas en el registro de asociaciones políticas o de partidos políticos. Por tanto, hay mucha información sobre estas organizaciones que no es conocida públicamente. Insisto en una idea de la importancia de deslegitimar y condenar el uso de la violencia y su justificación, en cualquier caso, como lo hemos hecho estos dos años [desde que accedió al cargo] y como lo viene haciendo el Gobierno desde hace quince cuando ETA se disolvió”, ha indicado el responsable de Seguridad. Estos hechos han coincidido precisamente con el aniversario.

“Yo no voy a decir más de lo que dice el auto de la Audiencia Nacional. Lo que sí voy a recordar es que el Gobierno vasco, desde que hace quince años se produjo la disolución de ETA, lleva lanzando permanentemente el mensaje de que es imprescindible que se condene y se deslegitime el uso de la violencia y la justificación del uso de la violencia. Este Gobierno, que lleva dos años funcionando, también creo que ha repetido insistentemente ante cualquier hecho violento que se ha producido en nuestra comunidad, la necesidad de deslegitimar, denunciar y condenar el uso de la violencia y de su explicación o legitimación. Creo que es un buen momento para volverlo a recordar”, ha insistido.

La Ertzaintza mantiene abierta la investigación, ahora tutelada por el instructor del Tribunal Central de Instancia Antonio Piña y por el fiscal Vicente González Mota. Según Zupiria, la Policía vasca comunicó en la misma noche del 26 de septiembre los datos que disponía a las Fuerzas de Seguridad del Estado. Asimismo, los investigados estaban fichados al menos por Italia y Francia, según los datos que han trascendido, a causa de conductas de riesgo para la “seguridad nacional”.

En la sala de vistas de la Audiencia Provincial de Álava, este martes, había un elefante. Sí, junto con los dos acusados, sus abogados defensores y procuradores, la fiscal, los letrados de las acusaciones, la terna de magistrados, la funcionaria de apoyo, los familiares y los periodistas, había un elefante en la habitación.

Ha arrancado ocho años y cinco meses después el juicio por las denuncias de filtraciones en las oposiciones médicas de Osakidetza de la primavera de 2018. Sin embargo, solamente se revisa ya lo sucedido en la especialidad de Cirugía Plástica, en el que se busca determinar si la opositora Thais Salas recibió ayuda de su suegro y autor de la mitad de las preguntas de la parte teórica Alfredo Martínez Flórez, lo que le catapultó a tener la mejor nota.

La presidenta de la sala, Beatriz Eva Román Gobernado, se ha esforzado en que nadie cruzara la línea de preguntar por algo que no fuera eso, de modo que se ha hurtado a los presentes la constatación de que, al mismo tiempo que sucedió lo que sucedió en ese examen, hubo denuncias en Cardiología, en Anestesia, en Microbiología, en Angiología, en Traumatología y otras muchas categorías de aquella OPE, como publicó en su momento este periódico. Y todas, sin excepción, tenían el mismo patrón: las mejores notas eran las de personas próximas a los autores de las preguntas.

Así, ha sido imposible que compareza en el juicio, siquiera como testigo, quien fuera directora general de Osakidetza en aquel momento, María Jesús Múgica. Y eso que incluso mientras se celebraba el examen bajo sospecha, el de Cirugía Plástica, se mostró “alterada”, según se ha contado en la vista, porque vio que la opositora Salas tenía una nota descollante. Por eso, ordenó a sus colaboradores que se reunieran con ella, entre la prueba teórica y práctica, para sugerirle que lo mejor era que se retirara.

El juicio ha empezado con unos pocos minutos de retraso respecto de la hora convenida, las 10.00 horas. Al frente del tribunal, la magistrada Román Gobernado, cabeza de una terna suplente porque la anterior se abstuvo. Acusan la Fiscalía, representada por Cristina Vicente Briansó, que venía con una batería de preguntas muy estudiadas y documentos que ha querido mostrar a los comparecientes, y los sindicatos LAB y ESK. Eso sí, ha tenido que disculparse en un par de ocasiones por confundir a la acusada con la periodista “Thais Villas”.

El abogado de LAB, Iñigo Santxo, ha sido el que más ha puesto a prueba la paciencia de la juez al intentar mencionar el elefante. “¡Impertinente!”, le ha llegado a espetar su señoría, refiriéndose a una pregunta, no a la persona. Ironías de la tecnología, quien ha querido denunciar el enchufismo en Osakidetza sin nada de éxito ha terminado por implorar un enchufe porque su ordenador se quedaba sin batería y le quedaban aún decenas de preguntas para los testigos. Por el contrario, Julio Sánchez, el letrado de ESK, ha optado por hacer muy pocas preguntas o directamente ninguna en la mayoría de interrogatorios. Entre los que no ha considerado relevantes para intervenir estaba el del exdirector de Recursos Humanos de Osakidetza, Juan Carlos Soto.

Los acusados, Salas y Martínez Flórez, se han sentado juntos en un banquillo que ahora ya son sillas más cómodas. Ella bebía agua de un pequeño botellín de plástico y jugaba con un bolígrafo; él ha permanecido casi en la misma postura durante las prácticamente cinco horas que ha durado la sesión matinal de la primera de las vistas de un juicio que, en pura teoría, quedará ya visto para sentencia este miércoles. A veces, comentaban alguna cosa entre ellos. Un allegado, justo detrás, entre el público, tomaba notas a mano en un cuaderno.

Ellos comparecerán los últimos. Primero han depuesto una docena de testigos. Una de ellas lo ha hecho “desde el extranjero” por videoconferencia muy de andar por casa, con un móvil en posición vertical y claros problemas para entender cuando uno de los dos defensores de los procesados, el conocido penalista donostiarra Rubén Múgica, le preguntaba por las notas de un examen del MIR de Salas.

La sesión ha arrancado con la exdirectora del Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP), Maite Iruretagoyena, otro organismo público no vinculado con Osakidetza pero que tuvo un papel muy relevante en las oposiciones. La propia aludida lo ha explicado. Múgica, la directora general de Jon Darpón en aquel momento, la llamó “nerviosa” porque, en una reunión con sindicatos, le pidieron garantías de una convocatoria limpia —lo de la sospecha de filtraciones viene de largo, según recalcan voces internas de la Sanidad vasca— y ella planteó externalizar lo que su pudiera al IVAP, que se encarga de organizar procesos y tiene una imprenta con seguridad “24 horas” y hasta un “búnker” para custodiar cuestionarios.

Según Iruretagoyena, consultó con su jefe, el entonces consejero Josu Erkoreka, y decidieron meterse de lleno en ello. La cuestión es que el IVAP no tenía especialistas para hacer preguntas de exámenes médicos muy técnicos que evalúan no a estudiantes sin a facultativos especialistas en ejercicio. De modo que la pelota volvió a Osakidetza, que le dio al IVAP un listado de nombres para que hicieran los cuestionarios. Una de las testigos, la de la videollamada, ha admitido que cuando se planteó la solución del IVAP todos pensaban que era para contratar expertos “del resto de España, de Madrid o Barcelona”. Pero no.

Y ahí, en esos nombres que sugirió Osakidetza, apareció Martínez Flórez para hacer las de Cirugía Plástica. El doctor se abstuvo de participar en el tribunal evaluador por el “parentesco” que le unía con la examinanda Salas, la pareja de su hijo, pero no de hacer las preguntas. Él hizo la mitad de la prueba teórica, y un “doctor Beltrán”, aunque no el famoso médico de la televisión, la otra parte. Salas sacó 48 de 50 en las de su suegro y 24 de 50 en el resto.

Esto se conoció muy rápido. Un sistema de “lectura óptica” al poco de terminado el examen teórico —que se celebró en el aulario de Las Nieves de Vitoria en mayo de 2018— ya mostró que una opositora destacaba por encima del resto, la misma por la que un vocal del tribunal había renunciado. Sin que haya quedado claro cómo, la mismísima directora general Osakidetza se volvió a sentir “bastante alterada” al conocer la nota y el “revuelo” que ya se había montado entre el resto de aspirantes. Y llamó al 'número dos' del IVAP, Fulgencio Aledo, para cerciorarse de quién era el autor de las preguntas.

Iruretagoyena y Aledo, bajo promesa o juramento de contar la verdad, han relatado que mandaron identificar en la sala de examen a Salas y llevarla a una estancia separada del aulario. Se encargó de ello la letrada que hacía las veces de secretaria del tribunal, que ha confirmado los hechos. Allí, Salas se reunió con Aledo y con Soto, el jefe de Recursos Humanos. Y comentaron su nota. Al parecer, hubo un intento de que no hiciera ya la prueba práctica, pero no lo lograron.

La secretaria ha dicho que la escena pudo ser “violenta” para la joven, con dos altos cargos de un Gobierno comentando su proceder. En ningún momento se recogió en acta lo sucedido, aunque la testigo del encuentro ha señalado que, en 34 años de carrera en Osakidetza, no ha visto nada semejante.

Como no se podía hablar de ello, Soto y Aledo no han explicado que también estaban haciendo movimientos ante sospechas en otras especialidades en esas mismas fechas. Desde abril de ese año, por ejemplo, el vocal del tribunal de Cardiología, Ángel Loma-Osorio, había avisado de lo siguiente: “Lamento decir que tengo razones fundadas para creer que parte del tribunal de la OPE del que formamos parte tiene intención de compartir el material generado para la segunda prueba con vistas a una filtración selectiva”. Aquí se ofertaban 22 plazas y hubo 22 exámenes perfectos, de 100 puntos. Finalmente, todo estalló en junio y, de hecho, Soto fue uno de los dimitidos por esta crisis, como Múgica y como el propio consejero Darpón.

En el primer día laborable después del examen, que fue en fin de semana, Aledo pidió al jefe de Informática del IVAP una comprobación sobre Sala. Quiso saber el desglose de la nota en función del autor de las preguntas. Y ahí se vio la gran diferencia: 96% en las primeras 50. Y se organizó una nueva reunión. Esta vez fue citado por Soto y Aledo el doctor Martínez Flórez. Los excargos han asumido que era una “irregularidad” el asunto de la relación familiar y le señalaron que si la opositora desistía y renunciaba a seguir en la oposición todo quedaría arreglado. Le dieron al facultativo el correo electrónico no de Osakidetza sino del IVAP para que resolviera el asunto y evitara un expediente.

Así, a través de una cuenta de Hotmail y no de un mensaje corporativo, la opositora explicitó su renuncia. Aledo la reenvió a Osakidetza y Salas fue borrada de los listados. Después, cuando se encargó un análisis externo de las notas a la Universidad de Oviedo, no se contó la mejor y los parámetros dieron dentro de la normalidad. La “irregularidad” en Cirugía Plástica no formó parte de la información que entregó Osakidetza a la Fiscalía cuando se inició la investigación y solamente se incorporó al sumario por la denuncia de otra opositora, Penélope Calzacorta, que ha comparecido también como testigo en la vista.

A las acusaciones —al menos a la Fiscalía y a LAB— les ha llamado la atención la forma de resolver el problema arbitrada por el IVAP y Osakidetza. “Estamos a tiempo de solucionarlo. Si abandona el proceso selectivo, aquí se acaba todo”, ha admitido Aledo que le dijo a Martínez Flórez. No ha negado el ex 'número dos' del IVAP que tenían muchos problemas encima y que les convenía dejar resuelta una carpeta. Como era entrar a hablar del elefante, nada más se ha comentado a este respecto.

Soto, de su lado, ha contado que le preguntaron a Martínez Flórez directamente si había filtrado las preguntas y ha destacado cómo el doctor “empeñó su palabra de honor” a que no lo había hecho. Todo lo más, admitió que había expuesto a su nuera qué bibliografía iba a usar para hacer las preguntas y que era importante repasarla “incluso los pies de página”. En suma, han negado cualquier indicio de filtración, pero sí han admitido sin pretenderlo que el autor desveló su identidad al menos para sugerir los libros en los que poner más interés a la hora del estudio El IVAP, que pagó 1.250 euros por el examen al ahora acusado, les obliga a firmar varias cláusulas, incluida la confidencialidad.

La defensa de los acusados, en todo caso, ha querido presentar a Salas como una estudiante excelente, con las mejores notas del MIR en Euskadi y también con experiencia en el hospital Miguel Servet de Zaragoza antes de trabajar en el Donostia, donde su suegro era el jefe del servicio y otra familiar compañera. Cuando en esta investigación se analizaban otros exámenes, eso era lo que siempre se remarcaba, que se trataba de opositores brillantes.

Múgica, la jefa de Soto, no participará en el juicio. Sí estuvo citada como testigo en la fase de instrucción y dejó uno de los momentos más curiosos de este procedimiento, lleno de avatares. Contó con el apoyo de agentes de la Ertzaintza para poder huir de la prensa y no ser fotografiada en los juzgados. Aquí se puede leer lo que sucedió en aquellos días de 2019.

A falta de posibles modificaciones de última hora a la luz de lo acontecido en el juicio, la Fiscalía solicita dos años de prisión y cinco de inhabilitación para el doctor Martínez Flórez y un año de cárcel y el mismo tiempo de inhabilitación para Salas. LAB demanda tres años de prisión para cada uno de los dos imputados y ESK dos para cada uno. Las defensas, que hasta ahora han renunciado a acuerdos para modular la pena a cambio de una admisión de los hechos, siempre han defendido que no hay base alguna para una condena. Este miércoles, segunda y última vista.

El juez del Tribunal Central de Instancia (la nueva denominación de la Audiencia Nacional) Antonio Piña ha enviado este martes a prisión provisional por presuntos delitos de terrorismo a los dos detenidos el pasado sábado por la Ertzaintza. Según la información policial inicial, en septiembre se les intervino información sobre las Fuerzas de Seguridad y la posible localización de un depósito de armas y explosivos. El juez Piña, en el auto de encarcelamiento, da por buena esa tesis y concreta que tenían “planos” de “zulos” (en plural) de ETA, “listados” de guardiaciviles, el “contenido íntegro” del móvil clonado de un agente de la Policía Nacional, “fotografías” de vehículos policiales, símbolos de ETA e imágenes de “entrenamientos para la perpetración de actos violentos o contra la paz pública”.

El fiscal Vicente González Mota había solicitado la prisión provisional para ambos detenidos. Es una medida extrema que se adopta si hay riesgo de fuga o un peligro real, y el magistrado ha entendido que las acusaciones son sólidas. Los dos detenidos son un hombre de 34 años y una mujer de 22, a los que se les relaciona con un grupo disidente abertzale que ya estaba siendo investigado, Jarki. Cuando se inició la operación, en septiembre, iban acompañados de un irlandés presuntamente relacionado con la disidencia del IRA.

El grupo fue detectado en un control de carretera en la GI-627, en Eskoriatza. Eran las 4.03 horas del 26 de septiembre, la víspera del Gudari Eguna. Iban en un Toyota Yaris amarillo conducido por ella, con él de copiloto y el irlandés en la parte trasera. Pesaban sobre ellos avisos de Italia y Francia por “razones de seguridad nacional”.

En el asiento del copiloto, el hombre de 34 años, al que se describe como “motor principal” de Jarki, tanto para la “captación” de militantes como para otras tareas, llevaba una mochila con “evidencias sospechosas” de un zulo y otro material, como un listado manuscrito de matrículas de vehículos. Había pendrives de Jardun, la coordinadora de la que forma parte Jarki. Se indicó a los ertzainas que venían de Navarra, de la sierra de Urbasa, la zona de los planos del zulo. La joven llevaba en el bolso dos teléfonos satelitales “que permitían enviar mensajes de texto encriptados sin cobertura de móvil ni internet”. No llevaban móviles normales, para evitar ser localizados, siempre según la versión oficial.

Entre el material recopilado y analizado 'a posteriori' han aparecido símbolos de ETA, fotografías de “entrenamientos” para la “perpetración de actos violentos” y hasta el clonado de un dispositivo de un agente de la Policía Nacional. No se explica por qué quedaron en libertad tras este control y no fueron arrestados hasta este sábado, cuando dos de ellos, los de nacionalidad española, se presentaron con un abogado en la comisaría de Irún de la Ertzaintza.

A una hora inusual de un día inusual, el sábado por la noche, la Ertzaintza ofreció una información inusual. Dos personas, un varón de 34 años y una mujer de 22, estaban siendo investigados por delitos de “terrorismo” luego de que se les hubiera encontrado en un control de carretera de hace unas semanas “información sobre fuerzas y cuerpos de seguridad, así como una posible localización de un lugar con material, presumiblemente armas y explosivos”. Se dejó claro que no era yihadismo, de modo que podría ser la primera vez tras el final de ETA en que se identificaba a un grupo autóctono con esos fines. Y todo en puertas de que, este martes, se cumplan quince años desde que la organización armada decretara el cese del terrorismo.

La causa está ahora en manos del instructor Antonio Piña del Tribunal Central de Instancia, la nueva denominación de la Audiencia Nacional. Esto es lo que se sabe (y lo que no) de un caso al que la Policía vasca le da máxima gravedad y que también se ha colado en la agenda política en puertas de unas elecciones generales. “Esto no es una chiquillada”, insisten las fuentes consultadas, que piden no relativizar sobre el caso ni alentar teorías de la conspiración.

Quiénes son los detenidos

Los hechos se remontan al 26 de septiembre, víspera del denominado Gudari Eguna por ser el aniversario de los fusilamientos de Juan Paredes 'Txiki' y Ángel Otaegi justo al final de la dictadura franquista. En un control de carretera nocturno en Eskoriatza, una localidad de Gipuzkoa pero más próxima a Vitoria que a Donostia, la Ertzaintza detuvo un vehículo de color amarillo e “identificó” a tres personas “que portaban diverso material muy sensible”. Todas ellas, al parecer, tenían “antecedentes relevantes” que no se han detallado.

Esas personas eran los dos acusados ahora de terrorismo, de nacionalidad española. Pero había un tercero de nacionalidad irlandesa. Algunos medios han referido que podría estar vinculado con la disidencia del IRA, grupo terrorista de ese país, pero es un dato no ratificado oficialmente. Esa noche, la Ertzaintza les tomó fotografías de pie fuera del coche y con el portón del maletero abierto.

A qué grupo pertenecen

Desde un inicio, las fuentes consultadas ubican a los dos detenidos como “disidentes” abertzales. Esto encierra muchos matices. En principio, estarían vinculados al grupo Jarki, una organización autodefinida como “revolucionaria”, “independentista” y “socialista” y que forma parte de la coordinadora Jardun. No tiene ningún tipo de vinculación orgánica con Sortu, la principal fuerza política de la coalición EH Bildu, como tampoco con el entorno de GKS, el movimiento juvenil de corte comunista que está ganando peso en movilizaciones sociales en Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra, capitalizando por ejemplo las protestas universitarias o por la vivienda.

Jarki nació en marzo de 2017. En 2019, portavoces de la organización dieron una entrevista a 'Berria'. “Es pregunta de algunos si Jarki va a hacer ataques callejeros, y la respuesta es negativa. Nuestra estrategia estará encaminada a la construcción nacional”, manifestaron. En 2020, en La Haine, se incidía en la cuestión:

—A la par del proceso que terminó con la disolución de ETA, la izquierda abertzale realizó un cambio de estrategia que se plasmó en el documento “Zutik Euskal Herria” del cual ahora se cumplen diez años. ¿Qué opinión os merece ese cambio de estrategia y la actividad política del partido Sortu y la coalición EH Bildu?

—[...] La creación de Jarki se enmarca en las carencias que han surgido en el contexto político de Euskal Herria, derivadas de aquel cambio de estrategia. De hecho, creemos que ha de responderse a dichas carencias en parámetros revolucionarios. Ya que opinamos que el actor principal del ciclo de confrontación anterior, la izquierda abertzale, hoy en día está agotada en parámetros revolucionarios, habiéndose sumido completamente en la vía institucional. Aun así, más allá de las críticas, tenemos claro que los enemigos principales del pueblo trabajador vasco son la burguesía vasca y los Estados burgueses español y francés. Por lo tanto, no nos empecinaremos en el choque o la confrontación con la izquierda abertzale, o con los demás grupos que comparten nuestro espectro político. Ya que nuestro objetivo es conformar de una manera constructiva la nueva alternativa política que debe responder a los intereses del pueblo trabajador.

En los últimos años, Jarki ha reivindicado sabotajes como pintadas en la sede de la patronal de Gipuzkoa, Adegi, o en medios de comunicación de Vocento y Prisa. En 2023, el entonces vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, les señaló como presuntos responsables de un intento de sabotaje al Tour de Francia, que ese verano pasó por las carreteras vascas. La firma de Jarki ha aparecido también en otras movilizaciones, como las relacionadas con el quincuagésimo aniversario de la matanza del 3 de marzo de 1976 en Vitoria.

Aske es otra de las patas de Jardun, y es una organización que defiende la amnistía para los presos, “refugiados” y fugados de ETA. El sábado, informó de que los “cipayos” —con una fotografía de una patrulla de la Ertzaintza— habían arrestado a dos personas en Irún. En un comunicado, manifestaron al mismo tiempo que las detenciones “nada tenían que ver con la coordinadora” y denunciaban la “criminalización” de su organización pero, a la vez, mostraban su total “respaldo y solidaridad” a los detenidos y a sus allegados. Aske fue también la organización que protestó por otra operación en la que la Policía Nacional vio “terrorismo” en dos vizcaínos a los que se relacionaba con Hizbulá y con el manejo de “armas largas”.

El desarrollo de la investigación

Ante la aparente gravedad que revisten los hechos investigados, la Ertzaintza ha trasladado el caso al Tribunal Central de Instancia, competente en materia de posibles delitos de terrorismo. A nivel interno, las pesquisas las dirige la Oficina Central de Inteligencia (OCI), que es como se llama la unidad antiterrorista de elite de la Policía vasca. Su base está en Erandio, en Bizkaia, y su máximo responsable es el veterano agente Juan Vicente Bilbao. Fuentes internas dicen que el atestado está custodiado “bajo siete llaves” para que no haya filtraciones.

Uno de los elementos que más ha llamado la atención del proceder de la Ertzaintza es que esas personas quedaran libres en su momento y ahora dos de ellas estén detenidas con graves acusaciones, sin que del tercero se haya dicho nada. La única explicación oficial es que “en los últimos días, tanto la investigación como los contactos con la Audiencia Nacional han avanzado de manera muy relevante”. Así se llega al sábado, cuando “dos de las personas investigadas”, dando a entender que hay más, se personaron en la comisaría de la Ertzaintza en Irún con un abogado. Hay un plazo de 72 horas para su puesta a disposición judicial, por lo que previsiblemente este martes serán trasladados a Madrid y el juez Piña procederá a tomarles declaración.

¿Y los explosivos?

Desde el primer momento se ha indicado que los investigados tenían información sobre la ubicación de un 'zulo' con “armas y explosivos”. Sobre esto, no se ha indicado dónde estaba y si ha sido o no localizado y con qué material en su interior. Asimismo, no se ha precisado de quién era en origen ese presunto arsenal. Fuentes policiales sí reconocen que el final de ETA, que se escenificó años después con un desarme, no supuso la recuperación de todo su inventario, pero no hay ningún dato para dar contexto al supuesto depósito de este grupo.

Nada se conoce tampoco de la documentación sobre las Fuerzas de Seguridad del Estado que portaban, ni si era material elaborado o simplemente copias de documentos abiertos. La Ertzaintza insiste en que mantiene “abierta” la investigación. Se valoró que el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, compareciera públicamente para informar sobre el tema, pero se ha optado por la “prudencia”. No consta tampoco que la oposición quiera preguntar sobre ello en la sesión de control al Gobierno que se celebrará este viernes en el Parlamento Vasco, la penúltima antes del parón por las elecciones generales.

La derivada política

La noticia, en todo caso, sí ha generado reacciones políticas. La dirección nacional del PNV, que es el partido que controla la Ertzaintza, emitió una nota también el sábado por la noche con “absoluta preocupación”. “De confirmarse estos hechos, que están siendo investigados por la Audiencia Nacional, estaríamos ante conductas que nos retrotraen a tiempos pasados que creíamos superados [...]. La paz, la libertad y la convivencia han costado demasiado a la sociedad vasca como para volver a situaciones que creíamos terminadas”, diagnosticó la formación nacionalista. Como ha coincidido con el aniversario del final de ETA, el lehendakari Imanol Pradales tenía programada una carta para el diario 'El Correo' y, en ella, señalaba: “No podemos cambiar el pasado, pero está en nuestras manos extraer enseñanzas de nuestra historia. Nos corresponde fortalecer la convivencia y los valores democráticos todos los días”.

“Años de desidia e inacción institucional ante la evidente radicalización violenta de una parte de la sociedad en Euskadi, especialmente entre los más jóvenes, han traído este resultado”, sostiene Consuelo Ordóñez, de la asociación de víctimas Covite. “No vamos a permitir ningún paso atrás en la convivencia, en la paz y en la libertad porque son el resultado del esfuerzo sostenido de muchas personas e instituciones que desde ámbitos muy distintos han trabajado y siguen trabajando para preservar los valores que hacen posible una sociedad abierta y democrática”, ha manifestado en Basauri el director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, que ha participado en la festividad del cuerpo. Allí mismo, la delegada del Gobierno de España, la socialista Marisol Garmendia ha pedido que nadie juegue “con fuego”.

“Ni un paso atrás. Nunca más”, se podía leer también en el comunicado de las juventudes del PSE-EE, donde se “agradecía” el trabajo de la Ertzaintza. El PP también ha encajado con “inquietud” los acontecimientos. EH Bildu no se ha pronunciado —indican que faltan datos para hacer un análisis completo— pero en el pasado sí ha mostrado su “rechazo” a acciones de Jarki. En este contexto, el Gobierno de PNV y PSE-EE leerá este martes una declaración institucional quince años después del final de ETA. En ella, se reseñará la relevancia de no repetir errores del paso como sociedad. Euskadi, en todo caso, lleva once años y cuatro meses en nivel 4 de 5 de alerta antiterrorista, como el resto de España, por el “alto” riesgo de atentados yihadistas.

La Oficina Central de Inteligencia de la Ertzaintza, la unidad antiterrorista de elite del cuerpo, ha informado este sábado por la noche de una operación policial de gravedad en la que se investigan, en coordinación con el Tribunal Central de Instancia (actual denominación de la Audiencia Nacional), posibles delitos de “terrorismo” y en la que hay implicadas dos personas de “nacionalidad española”, un hombre y una mujer de 34 y 22 años, respectivamente. “No es yihadismo”, aclaran las fuentes consultadas.

“La información oficial de la Ertzaintza indica que el sábado 26 de septiembre, ”durante un control en Eskoriatza“, una localidad de Gipuzkoa, se ”identificó a tres personas que portaban diverso material muy sensible y, respecto a las cuales, ya se contaba con antecedentes relevantes“. ”Entre el material ocupado se ha encontrado información sobre fuerzas y cuerpos de seguridad, así como una posible localización de un lugar con material, presumiblemente armas y explosivos“, siempre según la información oficial.

“La Ertzaintza inició una investigación y, como consecuencia de ella, procedió a abrir los correspondientes cauces de comunicación con la Audiencia Nacional, teniendo en cuenta que los hechos podrían ser constitutivos de un presunto delito de terrorismo. A lo largo de las siguientes fechas, la Oficina Central de Inteligencia de la Ertzaintza ha avanzado con la investigación y se han llegado a entablar diversos encuentros con las autoridades judiciales de la Audiencia Nacional dirigidos a posibilitar las actuaciones, si así se estimaran pertinentes, por la autoridad judicial”, prosigue la Policía vasca.

Y agrega: “En los últimos días, tanto la investigación como los contactos con la Audiencia Nacional han avanzado de manera muy relevante. Hoy, dos de las personas investigadas se han personado en la ertzain-etxea [comisaría] de Irún, acompañadas por su abogado, y han resultado detenidas a la vista del desarrollo de las investigaciones y de las propias gestiones con la Audiencia Nacional. Se trata de un hombre de 34 años y una mujer de 22, ambos de nacionalidad española, investigados por un presunto delito de terrorismo”.

La información indica que “tras la toma de declaración de ambos, y la realización de las diligencias de investigación pertinentes, las dos personas detenidas serán puestas a disposición de la Audiencia Nacional a la mayor brevedad posible”. La OCI de la Ertzaintza mantiene abierta la investigación. Hasta ahora no se habían realizado operaciones policiales-judiciales de estas características.

Da la medida de la gravedad, la nota de última hora que también ha emitido la dirección nacional del PNV. “EAJ-PNV quiere mostrar su 'absoluta preocupación' por la detención por parte de la Ertzaintza de dos personas por presunto delito de terrorismo. De confirmarse estos hechos, que están siendo investigados por la Audiencia Nacional, estaríamos ante conductas que nos retrotraen a tiempos pasados que creíamos superados. En este sentido, EAJ-PNV hace un llamamiento al conjunto de la sociedad vasca para no dar un paso atrás en la preservación de la paz. La paz, la libertad y la convivencia han costado demasiado a la sociedad vasca como para volver a situaciones que creíamos terminadas”, sostiene el partido de Aitor Esteban, que es el que dirige la Ertzaintza en la coalición con el PSE-EE en Euskadi. El PNV ha demandado también “respeto” por la investigación y ha puesto en valor el trabajo de la Ertzaintza.

El sindicato Erne ha denunciado el “caos informático” en la Ertzaintza con “una semana de fallos informáticos por una migración interna de sistemas que está comprometiendo gravemente el trabajo policial”. Por ello, ha exigido “soluciones inmediatas” y “responsabilidades”. En un comunicado, Erne ha advertido de “la situación inadmisible” que están sufriendo los centros de trabajo de la Ertzaintza como consecuencia de una migración interna de sistemas informáticos que “lleva una semana provocando continuos fallos, interrupciones y caídas prolongadas” del servicio.

“Lo que debería haber sido una actuación técnica planificada se ha convertido en un auténtico caos operativo, afectando directamente a la gestión de personas detenidas, la tramitación de diligencias, el desarrollo de investigaciones y numerosas actuaciones esenciales para el trabajo policial. Es una auténtica vergüenza que una migración informática interna pueda poner en jaque el funcionamiento de toda una organización policial como la Ertzaintza”, ha subrayado, según recoge Europa Press.

El sindicato ha lamentado que los ertzainas están teniendo que afrontar esta situación “sin disponer de herramientas informáticas operativas, soportando retrasos, acumulación de trabajo y dificultades que repercuten directamente en la prestación del servicio público”. Tras subrayar que “la profesionalidad de los ertzainas no puede seguir compensando la falta de previsión y planificación tecnológica de la Administración”, ha exigido al Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco “una solución inmediata y definitiva”, así como explicaciones sobre las causas de esta situación, las medidas de contingencia adoptadas y las garantías para evitar que vuelva a repetirse.

Erne ha remarcado que “una migración de sistemas debe estar perfectamente planificada y contar con alternativas que garanticen la continuidad de un servicio tan esencial como el policial”. “No se puede presumir de una policía moderna y tecnológicamente avanzada mientras sus profesionales llevan una semana sin poder trabajar con normalidad”, ha señalado el sindicato, que ha demandado “responsabilidades, soluciones urgentes y respeto al trabajo de los profesionales de la Ertzaintza”.

La comisión de control y transparencia de la Policía vasca, un organismo encargado de analizar actuaciones de la Ertzaintza y también de los cuerpos locales, particularmente cuando dejar heridos o fallecidos, ha pedido “aprobación” al Tribunal de Instancia de Irún para continuar con sus actuaciones en relación a los hechos ocurridos a finales de septiembre en Hondarribia, cuando un agente municipal disparó contra un hombre, Babacar Welle, que falleció, porque antes había atacado a agentes de la Ertzaintza que participaban también en esa actuación. En los últimos meses, esta comisión ha decidido suspender su labor y supeditarla siempre a las actuaciones penales.

La comisión tiene como misión analizar operativos, detectar problemas e irregularidades y proponer recomendaciones. En 2026, el exvocal del Consejo General del Poder Judicial Enrique Lucas asumió su presidencia en sustitución del magistrado jubilado Juan Luis Ibarra. Y con la nueva composición llegó también un cambio de criterio. Desde entonces, se han suspendido varias investigaciones al entender que no cabe emitir un informe de conclusiones hasta que no haya una sentencia firme, lo que en la práctica retrasará años la labor de revisión de la comisión.

En el documento en el que admite a trámite el caso de Hondarribia, la comisión refiere que “en el supuesto de que se inicie una investigación judicial sobre los hechos expuestos, la comisión comunicará el contenido de este acuerdo a la sección del Tribunal de Instancia que corresponda y, en su caso, solicitará su aprobación para acceder a los documentos administrativos de los que esté conociendo en dicha investigación”. Según informó 'El Diario Vasco', el asunto ya está en manos de la instructora Cristina Mere, titular de la plaza 2 de la sección de Instrucción de los juzgados de Irún.

Hasta ahora, la comisión había defendido que su labor era totalmente diferente a la penal y, no solamente eso, lanzó incluso en sus memorias de la etapa de Ibarra críticas a Asuntos Internos de la Ertzaintza por intentar establecer como requisito para trasladar información policial —que no judicial— el que lo autorizara el Tribunal de Instancia correspondiente. En uno de los informes, se hablaba de que “los responsables policiales” se habían “auto-otorgado” la “facultad de establecer una nueva condición, como sería la obtención de autorización judicial expresa”. La labor de la comisión había servido para ofrecer recomendaciones en las actuaciones policiales, como la exigencia del uso de 'body cams', cámaras en el uniforme que grabaran detenciones o cargas.

Con la nueva directriz, la comisión ha paralizado ya tres investigaciones. Se trata de tres intervenciones de la Ertzaintza, la que dejó un joven con lesiones en un testículo en el barrio de Rekalde de Bilbao (abril de 2025), la denuncia de otro varón por heridas presuntamente causadas en la cara por un proyectil de 'foam' de la Brigada Móvil en el marco de los disturbios tras la visita de la Falange a Vitoria (octubre de 2025) y una intervención en Sestao que dejó dos heridos, madre e hijo (febrero de 2026).

El documento de admisión a trámite del caso de Hondarribia indica que fue el propio alcalde de la localidad, Igor Enparan, el que dio traslado de los hechos para su análisis. Como ya es conocido, todo comenzó a las 19.13 horas del lunes 28 de septiembre cuando “un hombre se encontraba en la calle [de] San Pedro esgrimiendo un cuchillo”. Su actitud era “amenazante” y estaba rodeado de “numerosas personas” en pleno centro de la localidad guipuzcoana.

Al lugar se desplazaron agentes municipales y ertzainas. Ya “conocían” a Welle por sus antecedentes. Apartaron a los presentes y “acompañaron” al agresor, “utilizando un escudo como protección”. Sin embargo, “comenzó a correr” y en un momento “se giró hacia los agentes” y “se abalanzó” sobre una ertzaina. No la alcanzó “por escasos centímetros”. Después, se incorporó y golpeó a otro policía en su escudo, que quedó roto. La ertzaina atacada aporreó a Welle por detrás y “el hombre se giró de nuevo y corrió tras ella con el cuchillo en la mano, con intención de apuñalarla”. Fue entonces cuando un agente local de Hondarribia “efectuó varios disparos”. Los propios policías intentaron reanimarlo. Y luego sanitarios. Pero falleció.

La comisión ha solicitado a Hondarribia copias del atestado o posibles actuaciones de “investigación interna”, así como una relación “cronológica” que describa “con precisión” la “conducta” de Welle y la “justificación” del empleo del arma de fuego, algo muy excepcional en el día a día policial. Preguntan también si había cámaras de videovigilancia en la zona o si los agentes usaron 'body cams'. Quiere escuchar también las comunicaciones internas por radio.

Está por ver cuál es el recorrido de estas actuaciones. Formalmente, la comisión también tiene abierta una investigación sobre las cargas de Loiu, cuando se produjo la llegada de activistas de la Global Summud Flotilla. Sin embargo, ambos casos coinciden en tener abierta una investigación judicial que, a la luz de la nueva doctrina de este organismo, es motivo para suspender las actuaciones administrativas.

El hombre que murió en Hondarribia el pasado día 28 de septiembre abatido por disparos de un agente de la Policía local de la localidad guipuzcoana se abalanzó sobre una ertzaina con un cuchillo sin alcanzarla por “escasos centímetros”. El varón de 46 años cayó al suelo tras lanzar el ataque y, tras incorporarse, volvió a enfrentarse a los agentes y golpeó a uno de ellos que portaba un escudo, “rompiendo este por la mitad”. Es la versión que recoge el informe remitido por el Ayuntamiento de Hondarribia a la Comisión de Control y Transparencia de la Policía.

Apunta que el pasado 28 de septiembre, a las 19:13 horas, los agentes de la Policía local recibieron varias llamadas de la central de coordinación en las que se les comunicaba que un hombre se encontraba en la calle de San Pedro de la localidad guipuzcoana esgrimiendo un cuchillo. A su llegada, localizaron al hombre con el cuchillo en la mano y en “actitud amenazante”, en presencia de numerosas personas. Al lugar acudieron también agentes uniformados de la Ertzaintza. Los agentes de ambos cuerpos intentaron tranquilizar al hombre, a quien ya conocían, sin conseguirlo.

Tal y como señala el informe, que recoge Europa Press, mientras apartaban a las personas de la zona, algunas de las cuales se refugiaban en los bares por temor a ser agredidas, los agentes fueron acompañando al hombre hacia el final de la calle de San Pedro, utilizando un escudo como protección. Al llegar al final de dicha calle, el hombre comenzó a correr y se detuvo unos metros más adelante, en la calle Itsas Argi. En ese momento, se giró hacia los agentes, “levantó el cuchillo de forma amenazante y se abalanzó” sobre una agente de la Ertzaintza. El hombre cayó al suelo tras lanzar el ataque, sin llegar a alcanzar a la agente con el cuchillo por “escasos centímetros”.

Tras incorporarse, volvió a enfrentarse a los agentes y golpeó a uno de ellos que portaba un escudo, “rompiendo este por la mitad”. La agente que había sufrido el ataque comenzó entonces a golpear al hombre desde atrás con su defensa. En ese momento, el hombre se giró de nuevo y corrió tras ella con el cuchillo en la mano, con “intención de apuñalarla”. Ante esta situación, un agente de la Policía local que presenció la agresión efectuó varios disparos contra el hombre, justo antes de que alcanzara a la agente, “con el fin de evitar el apuñalamiento”. El hombre cayó al suelo y los agentes le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar. Posteriormente fue asistido por los servicios de emergencia, aunque finalmente falleció.

La Comisión, que se reunió tras lo sucedido, ha procedido de oficio al estudio e informe sobre los hechos, ha pedido al Consistorio hondarribiarra que informe sobre la eventual incoación de actuaciones judiciales de investigación que pudiera producirse acerca de los hechos y que remita una copia del informe o informes de investigación interna abiertos para el esclarecimiento de lo sucedido, así como una copia del atestado policial elaborados.

Además, ha solicitado que envíe un informe detallado de forma cronológica sobre las circunstancias de la actuación policial en el que se describan con precisión la conducta desarrollada por la persona fallecida, la actuación de los agentes intervinientes y la justificación operativa del uso del arma de fuego.

También que informe del lugar exacto en el que se produjo el incidente, así como si en dicho lugar se encontraban instaladas cámaras de videovigilancia que pudieran haber recogido la actuación policial y de si los agentes intervinientes en la actuación policial portaban cámaras de cuerpo y, en caso afirmativo, si las utilizaron, así como una copia de las grabaciones que se hubieran realizado y una transcripción de las comunicaciones establecidas por radio entre los agentes actuantes y su Centro de Mando y Control.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha desestimado la querella interpuesta contra el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, del PNV, por los incidentes registrados en el aeropuerto de Loiu el 23 de mayo de 2026 con motivo de la llegada de los integrantes de la Global Summud Flotilla. Considera que no ha cometido ninguno de los delitos que se atribuían en la querella.

En un auto, el TSJPV se declara competente para conocer de esa querella exclusivamente en relación con el consejero por su condición de aforado, si bien acuerda desestimarla al considerar que los hechos respecto de esta persona “en ningún caso revisten caracteres de ningún delito de los que se refiere la querella”, informa Europa Press.

La querella origen de esta decisión fue interpuesta por Global Summud Flotilla por la presunta comisión de delitos de lesiones, detención ilegal, atentar contra la integridad moral, delito de odio y delitos cometidos por funcionarios públicos del artículo 540 del Código Penal contra los responsables de la Ertzaintza que ordenaron o dirigieron el operativo policial ese día en el aeropuerto, agentes de este cuerpo que actuaron en el despliegue policial y el propio consejero de Seguridad. Recayó en el Tribunal de Instancia de Bilbao que, dada la condición de aforado del consejero, se inhibió a favor de la sala de lo civil y penal del TSJPV.

En la querella, según se recuerda en el auto, se atribuye a Zupiria una “eventual responsabilidad penal por los hechos acaecidos con ocasión del dispositivo policial desplegado en el aeropuerto de Loiu el 23 de mayo, con motivo de la llegada de los integrantes de la Global Summud Flotilla, al afirmarse que, en su condición de máximo responsable del Departamento de Seguridad, ”asumió personalmente la responsabilidad de dicho operativo“. Pero estima que la ”responsabilidad penal es personal, no se asume, se ha de basar en hechos que indiciariamente al menos constituyan hechos criminales“.

Ese día se produjeron incidentes durante la llegada de los miembros de la Flotilla, contra los que actuó la Ertzaintza, y en los que cuatro personas fueron detenidas por desobediencia, grave resistencia y atentado a agente de la autoridad. Según el TSJPV, esto “obviamente no acontece en el caso concreto, no constando que el consejero haya tenido intervención alguna en los hechos escuetos relatados en el escrito de querella o en la orden de acometida a que se refiere”. “De suerte que, independientemente de que dichos hechos ofrezcan o no notas de ilícito penal, la carencia de datos que autoricen atribuir intervención en ellos al citado aforado determina la improcedencia de abrir causa penal contra el mismo”, se indica en el auto.

Un hombre de 46 años ha fallecido este lunes por la tarde en Hondarribia (Gipuzkoa) como consecuencia de un disparo de una agente de la Policía local tras haber intentado agredir con un arma blanca a una agente de la Ertzaintza. La Ertzaintza lleva a cabo una investigación atendiendo al protocolo.

Los hechos han tenido lugar la tarde del lunes, cuando según ha informado el Departamento de Seguridad un hombre ha amenazado con un arma blanca a personas que se encontraban en un local de hostelería de Hondarribia. Hasta el lugar se han desplazado varias dotaciones policiales tanto de la Policía local como de la Ertzaintza, informa Europa Press. Los agentes intervinientes han intentado que el hombre depusiera su actitud sin éxito. En un momento dado ha intentado herir con el arma blanca en varias ocasiones a una de las agentes.

En ese momento, un agente de la Policía local ha hecho uso de su arma reglamentaria para repeler dicha agresión contra la agente. En cuanto se ha producido el hecho los agentes han procedido a auxiliar al agresor hasta la llegada de los recursos sanitarios, estos, a su llegada, han continuado con las maniobras de reanimación, pero, finalmente, han confirmado su fallecimiento. La víctima es un hombre de 46 años que contaba con doce detenciones previas y diez investigaciones anteriores. La Ertzaintza, atendiendo al protocolo de competencias y transparencia, se hace cargo de la investigación.

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria (PNV), ha restado importancia a los problemas con la flota de helicópteros de la Ertzaintza, con un único aparato disponible durante el verano por el accidente del otro en el incendio de Galarreta (Álava) de junio y la adaptación y formación necesaria para poner en servicio el alquilado como reemplazo para ocho meses, mientras duran las reparaciones. A su juicio, hay “otras herramientas aéreas”, en referencia a los drones, que “están sustituyendo ya muchas de las tareas que antes se realizaban con helicópteros”.

Zupiria ha comparecido en la sesión de control al Gobierno del Parlamento Vasco para responder a una pregunta del PP sobre la situación de la flota de helicópteros. Es ahí cuando el titular de Seguridad ha mencionado que son ya diez los drones que tiene la Policía vasca, de diferentes tamaños y funcionalidades.

Según ha enumerado Zupiria hasta que la presidenta de la Cámara, su correligionaria Bakartxo Tejeria, le ha cortado, no solamente hacen algunas de las vigilancias aéreas o emisiones de imágenes de grandes eventos en directo, labor antes realizada con helicóptero, sino que se usan para investigaciones como detección de plantaciones de droga, para grabar “intercambios”, para hacer seguimientos de sospechosos o para labores de “ortofotografía”. También se están empleando como apoyo en búsqueda de desaparecidos en orografías complicadas y en catástrofes naturales como incendios o inundaciones, ha señalado.

Ainhoa Domaica, la portavoz del PP en materia de Seguridad, ha criticado que la Ertzaintza solamente disponga de dos helicópteros tras la renovación acometida en la flota. Según ha indicado, eso implica que si uno está fuera de servicio, como sucedió tras el accidente de Galarreta, toca pagar una elevada cantidad para alquilar un reemplazo, que además tarda en entrar en servicio por las obligadas adaptaciones y la formación de los pilotos y tripulantes. Ha insistido en que el mínimo debería ser de tres unidades.

Zupiria ha dicho no estar cerrado a una “reflexión” al respecto, pero ha pedido tener en cuenta que los medios aéreos han cambiado de modo drástico gracias a los drones. No ha negado que fue un “imprevisto” el problema tras el accidente de Galarreta y tampoco que el helicóptero alquilado llegó el 31 de julio y precisó de un tiempo de adaptación, pero ha insistido en hacer una “valoración positiva” del material disponible.

Domaica ha considerado que los agentes de la Unidad de Vigilancia y Rescate demandan más recursos y ha añadido que la “soberbia” es “muy mala consejera” a la hora de gestionar en la Administración. Ha apuntado también que la “broma” del alquiler de la nave de reemplazo será de alrededor de 1,1 millones de euros para solamente unos pocos meses y 200 horas de vuelo. La reparación del aparato siniestrado no tendrá coste adicional ya que será el seguro el que la cubra.

En medio de la ola de indignación generada por el desahucio de Maricarmen en Madrid, una señora de 87 años y con movilidad reducida, este viernes Vitoria ha amanecido con la noticia de la orden de desalojo de una familia con dos menores de edad de 8 y 10 años en el Casco Viejo. A las 8:30 horas, dotaciones de la Ertzaintza han cortado la calle de Nueva Fuera ante el llamado de las asociaciones Auzoan Bizi Etxebizitza Sindikatua y Gasteiz Txiki, y preparándose para el desahucio, que se ha efectuado a mediodía.

La familia lleva 14 años viviendo en uno de los apartamentos del portal 28. Según explica Auzoan Bizi, han pagado su mensualidad de 450 euros sin falta, acumulando así un total de 75.600 euros abonados. El caso resulta particular debido a que el contrato sigue en vigor, además. Pero el problema viene de los otros gastos.

Según Auzoan Bizi, se les exigía el abono en efectivo de los suministros, sin justificantes. La familia, al ver los incrementos, pidió ver las facturas de luz o agua para poder hacer las transferencias bancarias correspondientes, a lo que el propietario se negó. Por esta razón, los arrendatarios dejaron dejar de pagar y motivando que el propietario denunciara las deudas. A pesar de los intentos de negociación, la orden de desahucio fue realizada el 17 de enero de 2022.

Los intentos de negociación fracasados han llevado al escenario final de este viernes. La concentración de apoyo a la familia, en la que se han mezclado desconocidos, vecinos y cercanos a los afectados, ha pasado la mañana coreando y cantando en apoyo a la familia, pidiendo frenar el desahucio. Incluso, habían traído un 'dantzari', pero ha resultado herido por un golpe de la Policía y ha tenido que ser trasladado al hospital Txagorritxu, según informa 'El Correo'. El grupo manifestante ha organizado e improvisado el canto del tema 'Gallo rojo, gallo negro' de Chicho Sánchez Ferlosio —hijo de un conocido intelectual franquista que tomó caminos opuestos a los de su familia— para suplantar el plan original.

Finalmente, sobre las 13.00 horas, el desahucio ha sido ejecutado. No ha habido imágenes como tal del desalojo, porque los niños estaban en el colegio y los adultos ya fuera, acompañados por los presentes. La concentración ha acabado entre aplausos y agradecimientos de parte de los desahuciados. El padre ha recordado que tiene “todos los recibos del alquiler, el contrato, todo”, le produce “vergüenza” esta situación que ha dejado mal tanto a los niños como a ellos.

La unidad de Intervención de la Ertzaintza, un equipo de elite para situaciones de crisis conocido por las siglas GEI o BBT, ha tenido que comprar en las últimas semanas “ayudas a la puntería para armas largas”, en concreto, para fusiles de precisión o “rifles de tirador designado”, porque llevaban ocho años presentando problemas de seguridad. Se han desembolsado 11.624,06 euros en estos productos, adquiridos a la única empresa proveedora autorizada del armamento militar de Sig Sauer, llamada Viator Plus Ultra.

Según un informe firmado en julio de este año por la jefa de sección de calidad de materiales del Departamento de Seguridad, Itziar Calvo Alonso, la Policía vasca adquirió en 2018 armas del tipo DMR (rifle de tirador designado, por sus siglas en inglés) de la casa Sig Sauer “sin las ayudas”. “Se equiparon con otras equivalentes procedentes de armas en desuso”, pero se ha constatado que “no están dando un servicio adecuado y seguro”, porque no son las “originales”, siempre según la información oficial.

Viator Plus Ultra, que es una empresa ubicada en la localidad de Viator, en la provincia de Almería, suministrará un total de ocho miras telescópicas, cinco del modelo UTG PRO y tres del BRAVO6. Fuentes de la armería indican a este periódico que no creen que los rifles no fueran “seguros”, como dice la memoria del Ejecutivo, pero sí admiten que presentan “deficiencias” en su rendimiento si no emplean la “óptica” original y adaptada a ellas. Ahora, eso se corregirá.

Esta empresa de Almería “está autorizada para ofrecer y comercializar todos los productos y servicios militares y policiales de Sig Sauer”, sostiene el Ejecutivo. “Los productos incluyen estaciones de armas con control remoto (RCWS), ametralladoras, rifles, subametralladoras, pistolas, silenciadores, ópticas, munición y accesorios”, explicó al Gobierno vasco en una carta Erno M. Martens, directivo de la empresa armamentística.

¿Cómo son las unidades de Intervención de la Ertzaintza? Se llaman en castellano GEI (Grupo Especial de Intervención) o en euskera BBT (Berrozi Berezi Taldea), por la localidad de Álava donde tienen su base. Este 2026 celebran cuarenta años desde su creación. En su origen, fue formado por el SAS británico. Aunque sus principales misiones en los primeros años estaban enfocadas a la desarticulación de comandos terroristas de ETA, ahora es una unidad de apoyo para casos de secuestros, tomas de rehenes, operativos contra bandas organizadas y visitas de jefes de Estado, de Gobierno u otras autoridades. Parte de sus agentes son, precisamente, tiradores de precisión. Es el equivalente a los SWAT del FBI o de otros cuerpos de Estados Unidos o al GEO de la Policía Nacional.

La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) denegó en marzo la compatibilidad solicitada por el magistrado José Antonio González Saiz para simultanear sus funciones al frente de una de las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco con su designación como vocal de la comisión de control y transparencia de la Policía vasca, un organismo dependiente del Gobierno vasco y que investiga operativos policiales controvertidos. Todavía hoy, no obstante, González Saiz sigue figurando como uno de los miembros de esta comisión en su página web oficial ya que mantiene recurrida esta decisión.

Este asunto tiene su origen en la renovación de la comisión de control decidida a finales de 2025 tras el final de la etapa anterior, con el magistrado Juan Luis Ibarra como presidente, que asumió el cargo una vez terminada su carrera judicial. El Consejo de Gobierno lanzó una batería de nombres y, entre ellos, aparecía el del juez González Saiz. En aquel momento, este periódico ya indicó que procedía de una sala especialmente dura con algunas resoluciones del Gobierno vasco y que recientemente incluso había promovido una cuestión de inconstitucionalidad en torno a las exigencias de euskera.

Los nombramientos, formalmente, salieron del Consejo de Seguridad Pública de Euskadi, un órgano asesor presidido por el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria. En el caso del magistrado, las fuentes consultadas indican que es el representante del Consejo General del Poder Judicial allí y que, cuando se valoraron las nuevas designaciones, él mismo se propuso para ocupar una vocalía en la comisión de control.

A finales de febrero, dos meses después del nombramiento y un mes después de una primera reunión en la que Enrique Lucas fue elegido como nuevo presidente de la comisión, el Consejo General del Poder Judicial sacó del orden del día de una reunión una “solicitud” de González Saiz en la que pedía “autorización de compatibilidad” para su nuevo puesto. Se pospuso la decisión para otra reunión, en este caso de la comisión permanente del órgano de Gobierno del poder judicial. Se celebró en marzo y, en ella, según consta en acta, el Consejo General del Poder Judicial decidió “apartarse” del visto bueno concedido por el Servicio de Personal Judicial y acordó “denegar” la “autorización” al magistrado. La decisión venía sustentada en la existencia de un informe del presidente del Superior vasco, Iñaki Subjiana, del que no se dan detalles, y por la “naturaleza y funciones” de la comisión, con temas que podrían suponer “controversias” relacionadas con sus funciones jurisdiccionales.

La resolución del CGPJ no es firme. Como se recogía en el acta, cabían dos recursos, uno ante el plenario del organismo y otro ante la jurisdicción contencioso-administrativa, en este caso ante una sala del Supremo. Fuentes judiciales indican que González Saiz hizo uso de su derecho y mantiene recurrida la medida. También pidió que cautelarmente, hasta que no llegase un pronunciamiento en firme, pudiera continuar como vocal, aunque nunca recibió respuesta. Ahora mismo no participa en las reuniones de este organismo de control policial, añaden estas fuentes.

Hace unos días, el juez González Saiz fue el ponente de una sentencia que tumbó el decreto que regulaba las exigencias de euskera en la Administración, atendiendo un recurso de Vox. Se da la circunstancia de que aquel decreto lo impulsó el consejero Zupiria cuando era responsable de Cultura, antes de ocuparse de la cartera de Seguridad. La resolución afea al Gobierno que aprobara el reglamento sin una memoria económica adecuada. Fuentes de Seguridad aseguran que no tienen constancia alguna de notificaciones sobre la incompatibilidad del vocal. La comisión de control, de su lado, no ha respondido a las preguntas de este periódico, aunque en sus actas más recientes nada se indica de un posible cambio en su composición.

La Ertzaintza identificó a 156 personas durante la huelga general del pasado 17 de marzo convocada por la mayoría sindical vasca, comandada por ELA y LAB, para exigir un Salario Mínimo Interprofesional de 1.500 euros. Según los datos remitidos por el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, al Parlamento Vasco, estas identificaciones el día del paro dieron lugar a 29 atestados que han supuesto la apertura de 83 infracciones administrativas.

EH Bildu ha solicitado la información al Gobierno vasco tras constatar que “algunas personas están recibiendo citaciones a pesar de no haber sido identificadas ese día”, asegura el parlamentario Gorka Ortiz de Guinea. Seguridad reconoce que “como es habitual en el marco del desarrollo de las investigaciones en curso llevadas a cabo por la Ertzaintza”, se han llevado a cabo diversas diligencias de comprobación, como pueden ser la obtención y visionado de imágenes de los hechos, “que han resultado en la identificación posterior de varias personas”, aunque no especifica cuántas. “Las consecuencias que de ello deriven serán decisión de la autoridad judicial, puesto que los hechos, así como toda la información de que disponen las ertzain-etxeak [comisarías], ha sido puesta a su disposición”, se indica.

En cuanto a los identificados el mismo día de la huelga, el mayor número de identificaciones se produjo en Gernika, con 31, seguida de Getxo con 18, 17 en Bilbao y 11 en Donostia y en Irún. Sin embargo, la mayoría de los atestados correspondieron a Bilbao, con 5, y también la mayor parte de las infracciones administrativas, con 23 aplicadas a identificados en la capital vizcaína. Después de Bilbao, el mayor número de infracciones se aplicaron en Gernika, 15, y en Getxo, 14. En Donostia se aplicaron ocho. En Vitoria fueron identificadas cuatro personas que dieron lugar a otras tantas infracciones administrativas.

Las identificaciones de los participantes en las movilizaciones con motivo de la huelga general que se produjeron en las localidades de Balmaseda, Eibar, Errenteria, Hernani, Laguardia, Muskiz, Ondarroa, Sestao y Urola Kosta, no dieron lugar a ningún tipo de sanción. Un matiz: los datos se refieren a demarcaciones policiales y no a términos municipales. La comisaría de Sestao, por ejemplo, es la que engloba a Barakaldo.

La huelga general del 17 de marzo sacó a miles de personas a las calles para presionar a la patronal, y también a los Gobiernos vasco y navarro, con el objetivo conseguir un salario mínimo propio, diferenciado y más elevado que en el Estado, y por encima de los 1.500 euros. ELA cifró en unas 105.000 las personas en la calle. Fue una jornada con algunos incidentes, sobre todo durante la acción de los piquetes, con quemas de neumáticos y contenedores, cortes de carreteras o destrozos de comercios. Ese mismo día Seguridad informó de la detención de tres personas, además de las diversas identificaciones.

PNV y PSE-EE han registrado en el Parlamento Vasco una solicitud para celebrar una sesión monográfica sobre la situación, los retos y las políticas de seguridad pública en Euskadi. El objetivo es plantear un debate “riguroso y sereno” sobre esta cuestión, sin “negar” los problemas que existen pero evitando el “alarmismo” con fines políticos, alegan los partidos que integran el Gobierno vasco.

El debate tomaría como punto de partida las conclusiones del 'Basque Segurtasun Foroa', impulsado por el propio Ejecutivo y se enmarcaría en el proceso de elaboración del nuevo 'Plan Integral de Seguridad 2026-2030', según han informado ambos partidos en un comunicado. La mecánica habitual de estos debates es que al final se voten resoluciones.

Nacionalistas y socialistas estiman necesario plantear un debate “riguroso y sereno” en torno a la seguridad pública en Euskadi. Estas dos formaciones han recordado que la seguridad “constituye una condición necesaria para el ejercicio efectivo de los derechos y las libertades, para la convivencia democrática y para el normal desarrollo de la vida cotidiana”. Añaden que proteger a las personas, sus bienes y el patrimonio colectivo, prevenir los riesgos, y ofrecer una respuesta eficaz ante las emergencias “son responsabilidades esenciales de los poderes públicos y forman parte de la calidad de los servicios públicos que recibe la ciudadanía”, informa Europa Press.

“Ante los que niegan los problemas de seguridad y los que los utilizan políticamente, nosotros creemos que hay que hablar de las cosas tal y como son”, ha afirmado el portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Diez Antxustegi. El representante 'jeltzale' ha reconocido que “hay problemas de seguridad”, por lo que ha afirmado que es necesario “admitirlos para poder resolverlos”. “Por eso proponemos un espacio para poder analizar con sosiego, mucha serenidad y rigor, un asunto que afecta directamente al día a día de todas las personas que vivimos en Euskadi”, ha añadido.

Por su parte, la portavoz de Seguridad del PSE-EE, Miren Gallástegui, ha destacado que las políticas de seguridad “deben construirse desde el rigor, sin negar las preocupaciones existentes en la sociedad, pero tampoco sobredimensionarlas ni alimentar discursos alarmistas”. En este sentido, ha considerado que la respuesta de las instituciones debe basarse en datos contrastados, en el conocimiento del territorio y de los cambios sociales, en la escucha de la ciudadanía, y en la evaluación permanente de las medidas adoptadas.

PNV y PSE-EE consideran que el Parlamento Vasco debe contribuir a “construir un diagnóstico compartido, fijar las prioridades políticas, y favorecer acuerdos amplios sobre el modelo de seguridad que Euskadi necesita para los próximos años” sobre la base del foro. Tras 33 encuentros y la participación de cerca de mil personas procedentes de instituciones, cuerpos policiales y servicios de emergencias, organizaciones sociales, agentes económicos, ámbitos educativos, asociaciones y ciudadanía, el 'Basque Segurtasun Foroa' ha finalizado ya su camino.

Cuando la Policía se incauta de una plantación industrial de marihuana, se queda con el producto y se inician los trámites para su destrucción por los riesgos que implica para la salud pública. Sin embargo, la Fiscalía vasca explica que no se dejan bajo custodia los “instrumentos del delito” y alerta de que se están produciendo intentos de robo de estos materiales para volver a usarlos para producir más droga.

En la memoria de 2026 del ministerio fiscal, elaborada por Carmen Adán, se expone que “se suscitan problemas sobre el destino de los instrumentos empleados para el cultivo, como deshumidificadores, generadores de electricidad, balastros, focos, instalaciones eléctricas [o] ventiladores”. “No pueden ser almacenados en dependencias policiales [y] normalmente quedan en el interior del pabellón o local de la plantación”, se indica.

Sin embargo, aunque esos lugares quedan “precintados”, son “zonas apartadas y sin vigilancia”. Por ello, “existe un elevado riesgo de sustracción”. Según la Fiscalía estos golpes los dan “bien personas relacionadas con los investigados” o incluso “terceras personas”, que tienen en mente “destinarlas a las mismas actividades de cultivo”. El ministerio pública plantea actuar acusando a los implicados de “malversación de caudales públicos”, al ser material decomisado, o de un delito de “frustración de la ejecución”. “Únicamente cuando los investigados dan su consentimiento o se entienda que hagan expreso abandono de los mismos, se informa en favor de la destrucción de tales instrumentos durante la instrucción penal”, plantea la memoria.

La Fiscalía lamenta, asimismo, “el crecimiento en el número de cultivos de cannabis alegando que tenían fines industriales y médicos”. “Se observa cómo se sucede la apertura de establecimientos en los que se distribuye dicha sustancia en un ambiente que se hace atractivo y que induce al ciudadano consumidor a pensar que se trata de una actividad lícita”, remarca el ministerio fiscal. En Gipuzkoa, por ejemplo, se han hecho algunas actuaciones contra tiendas de CBD. En Irún hay un sumario con 11 acusados y 370 incautaciones.

La Fiscalía informa también de algunas operaciones antidroga con policías implicados. Se menciona el caso de un agente de la Guardia Civil en el puerto de Bilbao interceptado con 100 kilogramos de cocaína “con una pereza del 62,04%”. Y también la condena a una trama en la que participaba un ertzaina. Le cayeron seis años y seis meses de cárcel, una multa de 3 millones y la expulsión del cuerpo. Se le localizaron 54 kilogramos de cocaína de gran pureza, de entre un 65% y un 76%. El caso fue juzgado en la Audiencia Provincia de Bizkaia y la condena fue refrendada por el Tribunal Superior vasco, aunque hay pendiente un nuevo recurso ante el Supremo.

El Departamento de Seguridad ha dado cuenta al Parlamento Vasco de la historia de dos jóvenes policías locales que siguen patrullando como agentes en prácticas en Bilbao y en Getxo, en Bizkaia, a pesar de que se descubriera que, justo antes de acabar sus prácticas anteriores en la localidad guipuzcoana de Zumarraga, accedieran de uniforme a unas dependencias oficiales para robar material valorado en unos 2.000 euros. Hay también abierta una investigación judicial por los presuntos delitos cometidos.

La documentación enviada por el consejero Bingen Zupiria al Parlamento Vasco, que fue solicitada por EH Bildu después de que el caso apareciera en 'El Correo', que aseguraba que los implicados habrían alegado que pensaba que llevarse objetos era algo común en ese Ayuntamiento, indica que Zumarraga iba a dar por finalizadas las prácticas de esta pareja de agentes el 23 de abril de este año. Se habían incorporado en mayo de 2024 e iban a pasar a nuevas plazas en Bizkaia. Pero justo al final de su estancia cometieron una “irregularidad relevante, pudiendo incluso revestir” la condición de “infracción penal”. El jefe del cuerpo municipal lo denunció a la “ertzantza” [sic].

El Gobierno vasco, que centraliza en la academia autonómica de Arkaute la formación tanto de la Ertzaintza como de los agentes municipales, ha negado en respuesta a la oposición que las plazas de Bilbao y Getxo les fueran concedidas después de los sucesos de Zumarraga. Se indica que estos policías “participaban en dos procesos selectivos que se solapaban”, el que les permitió ir a Zumarraga y el segundo, donde se les convalidó el anterior para pasar a nuevas plazas sin tener que repetir todas las pruebas. Fue el 15 de abril cuando se les aceptó el nuevo destino, el 21 de abril cuando se produjo el robo, el 23 cuando dejaban Gipuzkoa y el 24 cuando empezaban en Bilbao y Getxo.

“La primera comunicación en torno a la presunta implicación de estas personas en el robo de materiales y herramientas del Ayuntamiento de Zumarraga se produjo [...] cinco días después de que obtuviesen sus plazas en las Policías locales de Getxo y Bilbao [...]. Cabe destacar que, hasta que se producen los hechos a los que se refiere esta iniciativa, las personas implicadas superaron sin ninguna incidencia tanto los cursos de formación como los períodos de prácticas. [...] Cuando realizaron la entrevista personal [para ir al nuevo puesto] en octubre de 2025 ambos agentes estaban realizando su período de prácticas en Zumarraga a plena satisfacción”, expone el Departamento de Seguridad, que insiste en que incluso antes de estos sucesos la jefatura había “felicitado verbalmente” a los jóvenes en prácticas por su desempeño.

En todo caso, a finales de junio, el director general de Arkaute, Jon Goikolea, declaró “no aptos” a los investigados. Eso sí, textualmente se indica que “en la actualidad” —la documentación tiene fecha de 10 de septiembre— ambos agentes continúan en servicio. ¿Por qué? El “no apto” es solamente para Zumarraga, donde no tiene ya ninguna repercusión. “La evaluación de los períodos de prácticas se circunscribe a los hechos que acontecen en el desempeño de su trabajo en la Policía Local en la que estén desarrollando su labor, por lo que no pueden tomarse en consideración hechos o circunstancias ocurridos en otro puesto de trabajo”, se señala. Es más, la expulsión requiere una “condena” por “delito doloso”, o bien una inhabilitación disciplinaria. El caso está en una fase muy anterior en lo penal y Zumarraga nunca abrió un expediente disciplinario. “Si existiere una sentencia firme por los hechos acaecidos en Zumarraga, quedarían en su caso automáticamente excluidos del proceso selectivo en el que se encuentran inmersos”, se abunda sobre su destino actual en prácticas en Bizkaia.

La comisión de control y transparencia de la Policía vasca, un organismo presidido por el jurista Enrique Lucas que supervisa operativos de la Ertzaintza y de los cuerpos locales, ha acordado la inadmisión de cinco denuncias presentadas por un colectivo autodenominado 'Agentes de la Ertzaintza anónimos'. En ellas, se alertaba de supuestas irregularidades en la sección acuática de la Unidad de Vigilancia y Rescate (UVR).

Se trata de un escrito presentado a finales de 2025, en diciembre, y de otros cuatro de febrero, marzo y abril (por partida doble) de 2026. Todos ellos tenían en común que aludían a “mala praxis” en la “provisión de determinados puestos” en esa brigada policial. Aparentemente, esos mismos términos se han trasladado tanto a Asuntos Internos como a grupos políticos de la oposición en el Parlamento Vasco.

Las quejas son archivadas por cuestiones procedimentales, sin entrar en ningún caso en el fondo del asunto. La comisión recuerda que actúa cuando lo reclama el consejero de Seguridad, en el caso de problemas de la Ertzaintza, cuando lo hacen los alcaldes si la cuestión afecta a cuerpos locales o, incluso, cuando lo pide el Ararteko, la Defensoría del Pueblo. Asimismo, puede operar de oficio 'motu proprio' si hay alguna intervención con fallecidos o heridos graves.

Por ello, este organismo ha estimado que como el escrito no parte de ninguna de las partes “legitimadas” ni los hechos encajan en sus competencias procede no atender esta denuncia. Además, lamenta no poder hacer una notificación directa de la respuesta por ser un colectivo anónimo. Los escritos, en todo caso, son ya públicos.

Este caso, aunque las resoluciones de la comisión no aportan detalles, puede guardar relación con unos comentarios realizados en abril por el PP en el Parlamento Vasco. Ainhoa Domaica dijo haber tenido acceso a escritos anónimos que hablaban también de “mala praxis”. Mencionó presuntas “amenazas” a quienes preparaban pruebas con embarcaciones para que filtraran su contenido o también el presunto uso de los barcos oficiales “para uso particular fuera de servicio” con el ánimo de preparar los exámenes.

“Me ha dejado sin palabras, señora Domaica”, respondió entonces el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, que consideró “acusaciones” de carácter “gravísimo” y poco fundamentadas las que allí se habían manifestado. Solamente añadió que él no iba a interferir en posibles actuaciones de Asuntos Internos. Sí señaló que no se podía hablar de “denuncia” porque ese término solamente se emplea, según su criterio, cuando la queja se eleva a los tribunales.