La fiscal ha pedido en el primer juicio del caso de corrupción Lezo relacionado con el PP cuatro años y medio de prisión para los 19 acusados, entre ellos dos consejeros de la Comunidad de Madrid del Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón, por supuesta malversación de caudales públicos en su gestión en Canal de Isabel II en 2001.

De esta forma ha rebajado sus peticiones iniciales de pena, que oscilaban entre seis y siete años de cárcel, al apreciar la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas en el procedimiento, por lo que también ha reducido su solicitud de inhabilitación para los acusados, que deja en 11 años (antes entre 12 y 15), y mantiene que deben indemnizar a Canal de Isabel II en al menos 19 millones de euros.

La vista que celebra la Audiencia Nacional se sigue por la compra en 2001 por parte de Canal de Isabel II de la sociedad colombiana Interamericana de Aguas y Servicios S.A. (INASSA) por 73 millones de dólares, que a juicio de la fiscal se ejecutó de forma irregular con un «sobreprecio indebido» de entre 19.066.500 y 29.013.109 euros con cargo a fondos públicos y «en beneficio exclusivo de los vendedores».

Entre los 19 acusados se encuentran Pedro Calvo Poch y Juan Bravo Rivera, exconsejeros del Gobierno autonómico madrileño en la época de Ruiz-Gallardón y que en 2001 formaban parte del Consejo de Administración del Canal de Isabel II -el primero como presidente de esta entidad- junto con otros nueve procesados, además de tres excargos de esta empresa pública madrileña.

El portavoz del Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Guadalajara, Víctor Morejón, ha pedido a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) que “garantice” el suministro presente y futuro de agua a la ciudad.

Lo ha hecho a través de una enmienda transaccional -que no ha salido adelante- a la moción socialista sobre la concesión solicitada por Canal de Isabel II para captar más agua del río Sorbe con destino a la Comunidad de Madrid.

La formación de ultraderecha pedía en su propuesta sustituir los once acuerdos propuestos por el PSOE por un único compromiso: “Exigir a la Confederación Hidrográfica del Tajo que garantice el abastecimiento presente y futuro de Guadalajara en el marco de un Plan Nacional del Agua”.

Sin embargo, la propuesta no contempla un rechazo explícito a la petición de la entidad madrileña, que ha solicitado la concesión de 50.000 millones de litros de agua extra del Sorbe, una cantidad que duplicaría la actual demanda de agua sobre el río, según advierten grupos ecologistas.

Morejón ha defendido que la seguridad del suministro exige planificación, infraestructuras y una política nacional que supere los enfrentamientos territoriales. “El problema del agua en este país no se resuelve moción a moción, municipio contra municipio, mancomunidad contra mancomunidad”, ha señalado.

La enmienda recoge literalmente: “El Ayuntamiento de Guadalajara pide a la Confederación Hidrográfica del Tajo que garantice el suministro presente y futuro de agua al municipio, en el marco de un Plan Nacional del Agua basado en la solidaridad entre territorios, la planificación técnica, el almacenamiento y la interconexión de recursos hídricos para asegurar el abastecimiento de todos los españoles”.

Además, el portavoz de la formación ultraderechista ha acusado al PSOE de querer convertir el debate sobre el Sorbe “en una nueva confrontación entre Guadalajara y Madrid”.

El Partido Popular de Guadalajara se ha mostrado este viernes, por primera vez, crítico con la petición del Canal de Isabel II para aumentar la concesión de agua del río Sorbe para abastecimiento urbano de Madrid.

Un mes después de que saliera a la luz que la entidad madrileña, que depende administrativamente del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, había hecho una solicitud a la Confederación Hidrográfica del Tajo para disponer de 50.000 millones de litros extra del Sorbe -lo que doblaría la actual demanda hídrica sobre el río, según señalan grupos ecologistas-, y después de que en primera instancia la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos (PP), se mostrase abierta a la colaboración con Madrid para “garantizar el consumo humano”, el Ayuntamiento de Guadalajara ha hecho público que Guarinos ha remitido tres cartas al Gobierno de España solicitando “prioridad” para las necesidades de abastecimiento de su ciudad y de los 44 municipios integrados en la Mancomunidad de Aguas del Sorbe.

En las misivas, dirigidas al presidente del Gobierno de España, a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y al presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, la alcaldesa defiende que “cualquier autorización o modificación de aprovechamientos en el sistema del Sorbe debe supeditarse, de manera prioritaria, a la garantía del abastecimiento actual y futuro de Guadalajara y de los 44 municipios integrados en la Mancomunidad de Aguas del Sorbe”.

Asimismo, solicita que esta garantía quede acreditada mediante un estudio técnico actualizado que contemple las previsiones de crecimiento demográfico, residencial, agropecuario, industrial y económico del territorio.

Una postura similar ha sido trasladada también este viernes en rueda de prensa por el PP de Guadalajara, que ha animado a la Diputación Provincial a personarse en el procedimiento abierto y a presentar alegaciones ante la Confederación Hidrográfica del Tajo en defensa del agua del Sorbe.

PSOE: “Guarinos dice sí a la concesión, pero con consumo preferente”

Estas son las primeras críticas que llegan desde el PP contra las intenciones del Canal de Isabel II. Hasta el momento, la única reacción de los ‘populares’ se había producido pocos días después de conocerse la noticia, cuando Guarinos se mostró partidaria de que el Canal de Isabel II y la Mancomunidad de Aguas del Sorbe (MAS) “colaborasen” para alcanzar los acuerdos necesarios que permitieran el consumo humano. Algo que veía “absolutamente necesario”.

Estas declaraciones fueron criticadas por Alberto Rojo, concejal socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara, quien acusó a Guarinos de “querer regalar agua a Madrid” y poner en riesgo a la provincia. Rojo también ha reaccionado hoy a las cartas de Guarinos, de las que ha criticado la alcaldesa no “haya dejado ya lugar a dudas, en el pleno de hoy, de que no va a tener ningún problema en regalarle nuestra agua a la Comunidad de Madrid”. El concejal ha calificado de “trampa” las misivas, en la que dicen “sí a la concesión, pero con consumo preferente”.

Más recientemente, el secretario general de PSOE Guadalajara, Pablo Bellido, afeó al Partido Popular su postura, acusándole de “plegarse a esa estrategia en detrimento de Guadalajara”, algo que considera una “traición” a la provincia. Y pidió explícitamente a Ana Guarinos que “defienda los intereses de Guadalajara en lugar de actuar al servicio de la dirección regional del PP”.

Bellido, además, calificó de “paradoja” que la regidora de Alcalá de Henares, Judith Piquet (PP), -que también preside la Mancomunidad de Aguas del Sorbe- sea a la vez consejera dominical en el Consejo de Administración del Canal de Isabel II.

Por su parte, el Gobierno de Castilla-La Mancha que lidera el socialista Emiliano García-Page ha mostrado esta semana su negativa a que se aumente la concesión de agua del río Sorbe.

Fue a través de la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, que explicó que el Ejecutivo regional está elaborando un informe técnico para manifestar su rechazo a la solicitud del Canal de Isabel II: quiere obtener una concesión de agua de 50 hm3 al año. Este documento lo presentará “próximamente” ante la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT).

“No nos sobra ni una gota de agua. Estamos elaborando desde el punto de vista técnico la respuesta que va a ser desfavorable, como ya lo fue en el año 2017, y como lo seguirá siendo en tantas como peticiones se hagan, mientras no se cubran todas las necesidades de la provincia de Guadalajara”, afirmó Gómez en unas declaraciones recogidas por Europa Press.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha mostrado explícitamente hoy su negativa a que se aumente la concesión de agua del río Sorbe al madrileño Canal de Isabel II, que depende administrativamente del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

El runrún sobre esta cuestión lleva semanas sobre la mesa, después de que Ecologistas en Acción hiciera pública su intención de alegar contra las intenciones del organismo, el pasado mes de agosto.

“El Sorbe no nos sobra”. La contundente afirmación la realizaba el secretario de Organización del PSOE en Guadalajara, Rafael Esteban, tras conocerse el interés de la vecina Comunidad de Madrid en reclamar más agua de este afluente del río Henares, que nace en la Sierra Norte de la provincia, noticia en las últimas semanas por el trágico incendio de La Mierla.

Días después, el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, diputado por Guadalajara, Pablo Bellido, insistía en que el agua del río Sorbe, que discurre íntegramente por la provincia y que ya se deriva en parte a Madrid, hace falta para el desarrollo económico de Guadalajara.

El pasado 17 de septiembre, la presidenta de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, que es además alcaldesa de Alcalá de Henares (Madrid), mantuvo una reunión con el presidente de Canal de Isabel II, Carlos Novillo, y su consejero delegado, Mariano González, para conocer la situación administrativa del expediente relativo al aprovechamiento de recursos hídricos del río Sorbe desde el azud del Pozo de los Ramos, desde el que sale agua para abastecer a la vecina región.

Este azud se encuentra en el cauce del río Sorbe, entre la sierra de Ayllón y la sierra de Alto Rey, y trasvasa parte del caudal del río hasta el canal del Jarama a través de un túnel de 6,5 metros cúbicos por segundo. “La aportación media anual del río en este punto es de ciento sesenta y dos millones de metros cúbicos”, según la propia web del canal. Esta pequeña presa está en Tamajón (Guadalajara) y se abrió en 1972 con el objetivo de dar servicio, precisamente, a Madrid.

Los responsables del Canal de Isabel II detallaron durante el encuentro con la presidenta de los municipios mancomunados en torno al río Sorbe que el objetivo ahora es “la regularización de un aprovechamiento que se viene realizando desde hace más de cincuenta años y que, a su juicio, no supondría un incremento de los recursos utilizados”.

Judith Piquet, según el comunicado emitido por la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, mantiene que esa decisión corresponde “administrativamente” a la Confederación Hidrográfica del Tajo, el organismo de cuenca que tiene atribuidas este tipo de competencias.

Y en todo caso, la mancomunidad detalló durante este encuentro que también está pendiente de solicitar una ampliación de su concesión “para adaptarla al crecimiento de los municipios abastecidos, después de que el consumo alcanzara en 2025 los 45 hm³ frente a los 44 hm³ asignados en el Plan Hidrológico vigente”. En todo caso, la alcaldesa alcalaína, del PP y una de las más firmes aliadas de Isabel Díaz Ayuso, apostó por un diálogo institucional “directo con todas las administraciones y entidades implicadas”.

Son trece los municipios mancomunados con Alcalá de Henares, Guadalajara y Azuqueca de Henares, como los más poblados, aunque también se abastece a otros que no pertenecen a la citada mancomunidad de aguas.

“No nos sobra ni una gota de agua”, dice Castilla-La Mancha

Hoy la consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha Mercedes Gómez ha explicado que el Ejecutivo regional está elaborando un informe técnico para manifestar su rechazo a la solicitud del Canal de Isabel II: quiere obtener una concesión de agua de 50 hm3 al año. Este documento lo presentará “próximamente” ante la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT).

“No nos sobra ni una gota de agua. Estamos elaborando desde el punto de vista técnico la respuesta que va a ser desfavorable, como ya lo fue en el año 2017, y como lo seguirá siendo en tantas como peticiones se hagan, mientras no se cubran todas las necesidades de la provincia de Guadalajara”, ha afirmado Gómez a preguntas de los medios, en el acto conmemorativo del 'Centenario de la Comunidad de Regantes del Canal del Henares' celebrado hoy en Marchamalo, según recoge Europa Press.

Desde el Ejecutivo castellanomanchego dicen tener “clarísimo” que “hay necesidades que se tienen que cubrir primero aquí, en esta provincia”, además de evaluaciones ambientales y recursos naturales que se pueden ver afectados.

En estos momentos no hay excedentes en la provincia de Guadalajara. Si estamos además demandando que se haga la conexión Sorbe-Bornova es porque realmente no hay excedentes

Mercedes Gómez — Consejera de Desarrollo Sostenible

Además, añadía, independientemente de que en la planificación hidrológica sí que existe una “puntualización” que contempla que “podría haber una reserva de unos determinados hectómetros para esta concesión”, la consejera ha señalado que “la ley está por encima de lo que pueda decir en ese ámbito la planificación”, porque deben estar “cubiertas las necesidades y los recursos necesarios en este caso en la provincia de Guadalajara”.

Desde su punto de vista, “ese hecho no se da. En estos momentos no hay excedentes en la provincia de Guadalajara. Si estamos además demandando que se haga la conexión Sorbe-Bornova es porque realmente no hay excedentes”.

Además, añadía “probablemente haya que hacer unas nuevas infraestructuras hidráulicas” para abastecimiento, “en el caso hipotético de que haya concesión de 50 hectómetros” y en este aspecto, aclaraba, la Junta de Castilla-La Mancha no está dispuesta “a dar el visto bueno desde el punto de vista de evaluación ambiental”.

“Por lo tanto, son dos hándicaps muy importantes, aunque para mí el más importante es que si los recursos hídricos no están garantizados en la provincia de Guadalajara, no nos sobra ni una sola gota de agua”, ha rematado.

Por otro lado, ha defendido la necesidad de una reserva estratégica de agua para que Castilla-La Mancha pueda asegurar el abastecimiento, el desarrollo y la cohesión territorial, especialmente en un contexto de cambio climático y de creciente presión sobre los recursos hídricos. Ha aludido, en particular, a las altas temperaturas que se mantienen en este mes de septiembre, incluso con la llegada del otoño.

La disponibilidad de agua y su garantía de futuro constituyen “uno de los principales retos” para Castilla-La Mancha, según la consejera, ante un recurso cada vez más limitado por los efectos del cambio climático.

El papel de la Confederación del Tajo

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, Antonio Yáñez, que ha coincidido hoy con la consejera castellanomanchega en Guadalajara, se ha referido a esta cuestión y ha aclarado que para decidir son precisos informes del Gobierno de Castilla-La Mancha, de la Comunidad de Madrid y del Estado.

Ha incidido en que se han solicitado informes a las autoridades competentes en materia ambiental y “el expediente evolucionará”, ha afirmado, para precisar después que, “ante la falta de respuesta de alguna de las administraciones, ese informe se archiva”.

El PSOE buscará que PP y Vox se retraten

En paralelo, la portavoz del Gobierno en la Diputación de Guadalajara, Sabrina Escribano, ha propuesto a los portavoces de PP y Vox incluir en el pleno de este jueves una declaración institucional que muestre un posicionamiento político “común” de defensa del agua del Sorbe para abastecimiento de los municipios de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, la Mancomunidad Campiña Baja y Mancomunidad La Muela (43 municipios de Guadalajara y la localidad madrileña de Alcalá de Henares).

Esta declaración institucional supondría, según los socialistas, mostrar una postura común de todos los grupos representados en la institución provincial, para rechazar que se detraiga más agua del río.

Sin embargo, los representantes del PP y de Vox en la Diputación de Guadalajara se han negado a aceptar que dicha declaración institucional se incluya en el pleno de la Diputación que se celebra mañana, 24 de septiembre.

En todo caso, la portavoz del equipo de Gobierno ya ha anticipado a sus homólogos de los dos grupos de la oposición que aunque rechacen apoyar esta declaración institucional, este mismo texto será presentado en forma de moción en el siguiente pleno.

El secretario general de PSOE Guadalajara, Pablo Bellido, ha vuelto a criticar este viernes que la Comunidad de Madrid pretenda “subordinar los intereses hídricos de la provincia a los suyos propios”, tras reclamar el doble del agua que actualmente recibe del río Sorbe, en la cuenca del Tajo, cuyo cauce discurre íntegramente por Guadalajara hasta desembocar en el río Henares.

Bellido acusa el Partido Popular local de “plegarse a esa estrategia en detrimento de Guadalajara”, algo que considera una “traición” a la provincia.

“La Comunidad de Madrid está empeñada en extraer hasta la última gota del agua del Sorbe, del agua que necesitamos para el desarrollo de la provincia de Guadalajara”, ha afirmado, para pedir que la alcaldesa de la capital, Ana Guarinos, “por una vez defienda los intereses de Guadalajara en lugar de actuar al servicio de la dirección regional del PP”.

La Comunidad de Madrid está empeñada en extraer hasta la última gota del agua del Sorbe, del agua que necesitamos para el desarrollo de la provincia de Guadalajara

Pablo Bellido — Secretario General del PSOE en Guadalajara

El dirigente socialista ha subrayado que lo que está en juego “no es una cuestión menor” porque frente a quienes, a su juicio, conciben la provincia como “una especie de dormitorio de Madrid”, él contrapone “el proyecto defendido por el PSOE, que pasa según ha dicho por ”una Guadalajara viva, una Guadalajara dinámica, una Guadalajara con futuro, y eso pasa porque nuestros agricultores y ganaderos tengan agua, porque nuestro turismo esté garantizado y porque las industrias que se quieran instalar aquí tengan garantías de energía y de agua“.

Bellido, además, ha lamentado la postura de las alcaldesas de Guadalajara, Ana Guarinos, y de Alcalá de Henares, Judith Piquet, ambas del PP, en lo que tiene quever con la gestión del agua de la provincia de Guadalajara que se envía hacia la Comunidad de Madrid.

En este punto ha calificado de “paradoja” de que la regidora alcalaína, presidenta de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe que gestiona los recurso del río de la cuenca del Tajo, sea a la vez vocal de la directiva del Canal de Isabel II. “Nos está probablemente haciendo una trampa para que los intereses de Guadalajara queden absolutamente al servicio de la Comunidad de Madrid”, ha advertido.

La presidenta de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe y alcaldesa de Alcalá de Henares nos está probablemente haciendo una trampa

Pablo Bellido — Secretario general del PSOE de Guadalajara

“El PP de Guadalajara no aprende. Sigue subordinando los intereses de esta provincia a los de sus colores políticos”, ha afirmado el propio Bellido, y cree que los 'populares' anteponen la disciplina de partido a la defensa de la provincia en materia de agua.

“Si nos habíamos acostumbrado a las traiciones del PP en materia de agua con Guadalajara y con Castilla-La Mancha, si Paco Núñez y Guarinos ya habían demostrado muchas veces con el Tajo que nos traicionaban, que nos apuñalaban, cada vez que otras regiones querían saquear nuestra tierra y empobrecernos; ahora sorprendentemente vuelve a suceder, pero ya no solamente con el Levante, sino con la Comunidad de Madrid”.

Además, el secretario general socialista ha reclamado al Gobierno de España y a la Confederación Hidrográfica del Tajo que actúen “con determinación” en la nueva regulación en materia hídrica tanto sobre el trasvase Tajo-Segura, así como para que se aseguren las necesidades de la provincia en la cuenca del Sorbe.

“Vamos a pelear, vamos a dejarnos la piel todos y todas”, ha concluido, indicando que es “una mala tarjeta de presentación” que la alcaldesa de Guadalajara haya optado por “ponerse otra vez al servicio de Ayuso, al servicio de Núñez, traicionando a Guadalajara”.

Sergio Gutiérrez exige que “el PP deje de robarnos nuestra agua”

El líder de los socialistas en Guadalajara realizaba estas declaraciones durante una comida organizada por el PSOE coincidiendo con las Ferias y Fiestas de la capital a la que ha acudido el secretario de Organización de PSOE castellanomanchego.

Sergio Gutiérrez ha avanzado un encuentro en los próximos meses “para exigir al PP que deje de robarnos nuestra agua y de comprometer nuestro futuro, en este caso, del agua del Sorbe a la Comunidad de Madrid”.

Las últimas declaraciones del presidente de la Región de Murcia sobre el trasvase Tajo-Segura siguen teniendo eco en Castilla-La Mancha. Fernando López Miras anunció que su gobierno podrá todas las trabas posibles a que se cambie la forma de explotar el trasvase Tajo-Segura. Y eso a pesar de las sentencias del Tribunal Supremo que lo avalan. Llegó a decir que, si las reglas se modifican, Feijóo las cambiará cuando llegue a la Presidencia de España.

Ayer el presidente del PP castellanomanchego Paco Núñez justificó sus palabras, asegurando que su compañero de filas no hace otra cosa que defender los intereses murcianos y eso hoy se lo han afeado desde el PSOE.

“Admiro de Murcia cómo PSOE y PP están unidos en defender sus intereses [relacionados con el agua], aunque sean contrarios al sentido común”. Ha acusado al PP de Castilla-La Mancha de no practicar lo mismo. “La defensa de los intereses de la región no se puede interpretar desde la mercadería política. Más allá de lo que representamos cada uno y de las sentencias del Supremo esto no es algo susceptible de interpretaciones o de buscar ventajas partidistas y eso es lo que hace el PP”, ha criticado.

Sobre el cambio de las reglas del trasvase Tajo-Segura que permitan cumplir las sentencias que avalan que el río Tajo puedan disponer de caudales ecológicos, Caballero ha sido tajante: “Nosotros tenemos la razón judicial, con el aval del Supremo”, ha recordado.

Doble de agua del Sorbe para Madrid: “Se dejaría sin posibilidad de desarrollo a Guadalajara”

En la misma línea se ha pronunciado el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido. “El presidente de Murcia tiene legitimidad para cambiar las normas, pero no para sabotearlas”. Ha remarcado, en la misma comparecencia pública junto al vicepresidente, que “las leyes están para cumplirlas y los que no estamos de acuerdo con algunas leyes trabajamos para cambiarlas. Es lo que ha hecho el presidente de Castilla-La Mancha en lo que tiene que ver con la normativa del trasvase Tajo-Segura”.

También ha cargado contra Paco Núñez. “Duele escuchar a un responsable político que está dispuesto a hacer sabotaje con tal de beneficiarse”, pero al mismo tiempo ha defendido la idea de la unidad. No es la primera vez que lo hace al hablar de agua. “Me encantaría que encontrásemos gran consenso en la defensa de los intereses de Castilla-La Mancha, en concreto del agua”.

Y no solo se ha referido al acueducto Tajo-Segura. Ha pedido al PP “que se ponga del lado de la gran mayoría de Castilla-La Mancha en lugar de subordinarse a los intereses de su partido a nivel nacional” o que justifique “el abuso de la Comunidad de Madrid con el agua”.

Bellido aludía así a la petición del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de 50.000 litros del río Sorbe, el doble de la demanda actual del Canal de Isabel II para la vecina Comunidad de Madrid. “Se dejaría sin posibilidad de desarrollo al Corredor del Henares en Guadalajara”, ha advertido, lamentando que tanto la alcaldesa de Guadalajara, la ‘popular’ Ana Guarinos, como el presidente del PP castellanomanchego, Paco Núñez, “están dispuestos”.  

Sabrido: “El trasvase es cuestión de plazos, acabará antes o después”

Sobre la cuestión también se ha pronunciado hoy el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido. Cree que lo que afirma el presidente murciano “no lo va a consentir ni la sociedad española ni el propio Partido Popular”.

A preguntas de los medios tras una rueda de prensa, ha insistido en que las palabras de López Miras “están dichas en clave autonómica de Murcia” y que allí “tienen que ir pensando en nuevos recursos y pensando que el trasvase tendrá su fin”.

En esta línea, ha indicado que el Ministerio para la Transición Ecológica “está avanzando en las nuevas reglas de explotación” y “no se va a admitir ningún paso atrás en el plan hidrológico que está en vigor”.

Sobre este asunto, ha dicho que el Gobierno de España está “prácticamente de acuerdo en todo” con el Gobierno castellanomanchego de cara a la caducidad del trasvase. “Es una cuestión de plazos. Acabará antes o después”.

El Canal de Isabel II, propiedad de la Comunidad de Madrid, adquirió en 2001 por 73 millones de dólares el 75% de las acciones de Inassa, una empresa colombiana de aguas que atesoraba una concesión importante en el municipio de Barranquilla. Inassa dio beneficios al Canal de Isabel II hasta 2020 muy por encima del coste de la operación de compra, financiada en parte con un préstamo de 50 millones de dólares.

La Fiscalía Anticorrupción acusa por malversación y prevaricación a todos los miembros del consejo de administración del Canal de Isabel II que aprobaron en su día la operación. Muchos de ellos eran altos cargos del Gobierno regional presidido por Alberto Ruiz-Gallardón, pero también había sindicalistas, representantes de la oposición y de los municipios madrileños.

Entre los procesados por el juez se encuentran dos exconsejeros del Ejecutivo madrileño, Pedro Calvo (Medio Ambiente) y Juan Bravo (Hacienda), quienes supuestamente conocieron como consejeros del Canal de Isabel II que la valoración de la compañía era muy inferior –entre 19 y 29 millones de dólares– al precio pagado finalmente, según señala la Fiscalía. Las defensas de los acusados lo niegan y presentan diversas auditorías previas a la compra que valoraban el precio de la empresa muy por encima del pagado realmente. El relato de la fiscal anticorrupción está “plagado de manifestaciones obsesivas, infundadas, repetidísimas, puramente subjetivas y voluntaristamente acusatorias”, señala en su escrito el abogado de Pedro Calvo, ex consejero de Medio Ambiente en el Ejecutivo de Ruiz-Gallardón que ejerció como presidente no ejecutivo del Canal de Isabel II.

El tribunal que juzga estos hechos 25 años después de producirse, 10 años después de abierta la investigación penal y seis años después de terminada la instrucción, oirá este martes en declaración como testigo a Alberto Ruiz-Gallardón, presidente del Gobierno madrileño que aprobó la operación en 2001 y que estuvo unos meses imputado por el juez instructor. Se trata de la primera causa del caso Lezo que se juzga en la Audiencia Nacional.

La batalla por la prescripción: una causa abierta 15 años después de los hechos

Los abogados de todos los acusados han reclamado en primer lugar al tribunal que anule toda la causa al considerar prescritos los delitos investigados. La investigación penal se abrió en noviembre de 2016 mientras que los hechos se remontan a noviembre de 2001. Los delitos graves de malversación prescriben a los 15 años y los abogados sostienen que las actuaciones contra sus clientes se iniciaron después de pasado ese tiempo. La Fiscalía Anticorrupción fija el inicio de la investigación penal unos meses antes de la fecha de prescripción.

Una operación amortizada por los beneficios empresariales y sin enriquecimiento personal

Las defensas de los acusados de malversación de fondos públicos insisten en que los informes patrimoniales que solicitó el juez para investigar si los miembros del consejo de administración habían obtenido beneficios irregulares han descartado esta posibilidad. “Todos los investigados/acusados tienen su patrimonio y sus ingresos en orden, sin que aparezca ningún aumento de patrimonio o de ingresos de forma indebida o/y sospechosa, ni que se puedan relacionar con los hechos supuestamente delictivos que se investigan”, señala una de las defensas. La Fiscalía Anticorrupción no cita en su escrito esta circunstancia ni hace referencia a los informes patrimoniales solicitados por el juez.

El abogado de Pedro Calvo destaca que en un proceso penal donde se denuncia el supuesto pago de un sobreprecio en la compra de una empresa debería valorarse también “si se mantiene y/o sube, a lo largo del tiempo, el valor de esa firma con relación a lo pagado y si da o no beneficios”. “Y si el futuro ya ha llegado (han pasado 19 años) ¿no se debería examinar y valorar lo que realmente ha ocurrido?”. El mismo abogado responde que la valoración de la empresa ha subido en este tiempo muy por encima del precio pagado y que los beneficios han superado el dinero desembolsado por la adquisición de Inassa. “El Canal de Isabel II ha recibido más dinero del que invirtió para su adquisición. Y el valor de la empresa hoy es muy superior al precio de la compra (...) Las diligencias muestran”, señala el abogado del exconsejero Pedro Calvo, “un desarrollo inmejorable de la decisión empresarial tomada el 14 de noviembre de 2001, con beneficios, incluso se ha pagado con los propios ingresos el crédito bancario, con el que se pagó la mayor parte del precio de la compra y que la empresa adquirida ha tenido, a lo largo del tiempo, un crecimiento permanente de su valor”. Y remacha: “Fue una decisión empresarial honesta. No obstante, aunque hubiera sido una decisión equivocada, basada en informes formalmente fiables, tampoco podría considerarse como delito: un negocio que termina mal, un mal negocio, no es delito; pero, además, el transcurso del tiempo ha mostrado que fue una decisión profundamente acertada, ni siquiera audaz. Los beneficios han sido tantos, y tan notorios para el Canal de Isabel II, no para los miembros del Consejo, que resulta sorprendente que ese extremo no haya sido manifestado ni por las conclusiones del representante del Ministerio Fiscal, ni por el informe de su unidad de apoyo en la Intervención General del Estado”.

“¿13 consejeros acusados sin intereses comunes y un acuerdo felón?”

Argumenta el abogado de Calvo que es imposible entender el relato de la fiscal para sentar en el banquillo por el mismo delito a 13 personas de distinta procedencia social e ideológica. “Me produce asombro que se pueda afirmar (desde la acusación), o aún pensar, que 13 personas que no se conocen (todas) entre sí, que tienen muy diversos orígenes, que pertenecen y representan a muy distintos organismos, partidos políticos y sindicatos, en muy pocos días, se concertaran para tomar un acuerdo felón, para sustraer fondos públicos, que no les causa beneficio de clase alguna, pero que, supuestamente beneficia a terceros, que no conocen; y que para cometer la supuesta felonía se hayan podido poner de acuerdo, en un acuerdo radicalmente imposible (desde un punto de vista fáctico, y de la realidad de los hechos y de lo que consta en las actuaciones) con firmas de reconocido e internacional prestigio (CAP, AFI, ROTHSCHILD, Garrigues&Andersen, y los propios técnicos del Canal)”.

La Fiscalía: “Una adquisición plagada de ilicitudes con una consciente dejación de funciones”.

La Fiscalía contesta que “la adquisición de INASSA estuvo plagada de ilicitudes”; y que los consejeros del Canal del Isabel II conocieron previamente el sobreprecio que se iba a pagar y lo autorizaron “a pesar de conocer que se iba a interponer en la operación una sociedad panameña y el sobreprecio injustificado que se iba a pagar”. “La palmaria y consciente dejación de las funciones que los acusados tenían encomendadas en sus respectivos ámbitos de actuación como miembros del ente Canal de Isabel II para la protección de los intereses públicos, permitió que se desviaran cuantiosos fondos públicos a financiar una operación que causó indebidamente un menoscabo económico a dicha entidad en beneficio exclusivo de terceros. De esta forma, los acusados, cabalmente instruidos de los detalles de la operación y plenamente apercibidos de las onerosas consecuencias que ello supondría para el ente público, procediendo libremente en el ejercicio de las competencias que les estaban atribuidas, consintieron que la operación se llevara a cabo pagando un sobreprecio indebido de entre 19.066.500 euros y 29.013.109 euros con cargo a los fondos públicos cuya salvaguarda tenían encomendada, todo ello sin motivo alguno que lo justificase y en beneficio exclusivo de los vendedores”.

Me hubiera gustado escribir esto de otra forma, porque no creo que debamos acostumbrarnos a hablar del agua únicamente cuando los embalses bajan o cuando aparece un problema. Pero la solicitud del Canal de Isabel II para obtener una concesión de aguas del río Sorbe, con una captación en la presa del Pozo de los Ramos que podría alcanzar los 8.000 litros por segundo y un máximo de 50 millones de metros cúbicos al año, merece que hablemos claro de lo que puede significar para el futuro de Guadalajara.

Tengo la extraña sensación personal de que, cuando hablamos de estas cantidades, terminamos perdiendo la perspectiva. Son 50 hectómetros cúbicos al año sobre el río que constituye la principal fuente de abastecimiento de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, un sistema del que dependen, directamente o a través de otras mancomunidades, 44 municipios y más de 377.000 personas. Una población que, además, puede acercarse al medio millón de habitantes en los próximos quince o veinte años.

Y precisamente ahí está una de las principales razones de mi rechazo. La Campiña y el Corredor del Henares representan una parte fundamental de las posibilidades de futuro de Guadalajara, una provincia enorme que no anda precisamente sobrada de oportunidades para generar población, actividad económica y empleo. El crecimiento que se está produciendo en esta zona no beneficia solamente a los municipios donde se instalan las empresas o se construyen las viviendas, sino que constituye un activo estructural para toda la provincia, porque aquí se concentran buena parte de nuestra industria, nuestra logística, nuestra capacidad para atraer inversión y también una parte fundamental del empleo y la riqueza que Guadalajara puede generar durante las próximas décadas.

Para seguir haciendo todo eso necesitamos agua y, sinceramente, no se me ocurre nada parecido a aceptar con naturalidad que uno de los recursos que puede ayudarnos a crecer termine comprometido para favorecer todavía más el crecimiento de territorios que ya concentran mucha más población, riqueza e inversión. Guadalajara lleva décadas poniendo recursos estratégicos al servicio de todos; aquí producimos energía nuclear que sirve al conjunto del país y entendemos perfectamente que así sea, pero la solidaridad territorial debería funcionar en todas las direcciones y no puede significar que unos territorios aporten permanentemente los recursos mientras otros concentran las oportunidades.

No digo que el agua sea nuestra ni pretendo convertir esto en una pelea territorial. Digo algo bastante más sencillo: el agua también debe ser un elemento de equilibrio territorial. Si puede contribuir a generar industria, vivienda, empleo y riqueza, me pregunto por qué no puede ayudarnos primero a generarlos aquí. Si disponer de agua suficiente puede permitir que una empresa se instale mañana en Guadalajara, ampliar nuestros polígonos, desarrollar nuevas viviendas o hacer crecer nuestros municipios, tenemos todo el derecho a garantizar que ese recurso esté disponible para nuestro futuro antes de comprometerlo para favorecer el desarrollo de otros lugares.

Además, durante décadas hemos trabajado precisamente para conseguir mayor seguridad en nuestro abastecimiento. Sabemos que Beleña no supone una garantía infinita y por eso se hicieron obras de emergencia cuando fueron necesarias y se consiguió la interconexión de los sistemas del Sorbe y del Bornova a través de Beleña y Alcorlo. Esa infraestructura se hizo para disponer de una alternativa durante las sequías, los años malos o cuando las reservas fueran insuficientes, y me resultaría difícil aceptar que aquello que conseguimos para aumentar nuestra garantía termine sirviendo como argumento para considerar que ahora podemos comprometer más agua.

Tenemos que exigir que la interconexión Sorbe-Bornova mantenga la finalidad para la que fue concebida. Alcorlo debe ayudarnos cuando Beleña lo necesite y permitirnos mirar veinte o treinta años hacia delante sabiendo que el crecimiento de nuestra población y nuestra industria no estará limitado por haber comprometido antes un recurso que entonces necesitaremos. Si cada vez que conseguimos aumentar nuestra seguridad utilizamos ese nuevo margen para asumir nuevas demandas, habremos hecho un viaje bastante absurdo para terminar exactamente donde empezamos.

Puede que haya años en los que el Sorbe tenga agua suficiente y ojalá sean muchos, pero la garantía de un abastecimiento no puede medirse pensando únicamente en los años buenos, sino precisamente en los malos, en las sequías y en lo que necesitaremos dentro de veinte o treinta años. Una concesión de hasta 50 hectómetros cúbicos anuales no puede confundirse con aprovechar puntualmente un excedente cuando exista, porque estamos hablando de una decisión capaz de condicionar durante décadas nuestra capacidad para gestionar ese recurso.

Por eso creo que la Confederación Hidrográfica del Tajo debe denegar esta concesión y que Guadalajara tiene que defender una posición común y rotunda para conseguirlo. La Mancomunidad de Aguas del Sorbe (MAS) debe estar al frente de esa defensa, como institución responsable de garantizar nuestro abastecimiento. Entre sus municipios se encuentra también Alcalá de Henares y actualmente su alcaldesa ostenta la Presidencia de la MAS, lo que demuestra además que esta reivindicación no puede plantearse como una confrontación entre Guadalajara y Madrid, sino como la defensa del sistema de abastecimiento existente frente a una nueva demanda de enorme magnitud.

Me gustaría ver en esa posición a los alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados, a todos los partidos políticos sin importar quién gobierne en cada institución, a las organizaciones empresariales y sindicales y a la sociedad de Guadalajara en su conjunto. Tengo la sensación de que esta es una de esas ocasiones en las que deberíamos ser capaces de olvidarnos de cualquier diferencia y defender juntos algo tan elemental como nuestro abastecimiento y nuestras posibilidades de futuro, porque sería muy difícil explicar dentro de unos años que, teniendo delante una petición de esta magnitud, no fuimos capaces de ponernos de acuerdo para defender uno de los recursos más importantes que tenemos.

Me hubiera gustado no tener que escribir este artículo, pero me gustaría todavía menos que dentro de veinte o treinta años alguien tuviera que preguntarse por qué, cuando Guadalajara tenía un recurso capaz de ayudarnos a garantizar nuestro abastecimiento, crecer y generar riqueza, decidimos comprometerlo para que quienes ya tenían más oportunidades pudieran seguir creciendo.

El Sorbe no nos sobra. Lo necesitamos para beber hoy, pero también para que Guadalajara pueda crecer mañana, y creo que tenemos razones más que suficientes para defenderlo juntos y hacerlo con toda la firmeza necesaria.

La alcaldesa de Guadalajara, la ‘popular’ Ana Guarinos, se ha posicionado a favor de que el Canal de Isabel II y la Mancomunidad de Aguas del Sorbe (MAS) colaboren después de que la entidad madrileña haya realizado una petición para obtener la concesión de hasta 50 millones de metros cúbicos de agua al año del río Sorbe en la presa del Pozo de los Ramos (en Tamajón, Guadalajara) para abastecimiento urbano de Madrid.

A preguntas de los medios de comunicación, Guarinos ha señalado que, en su opinión, la decisión sobre la petición que el Canal de Isabel II ha hecho a la Confederación Hidrográfica del Tajo corresponde a la Mancomunidad de Aguas del Sorbe y ha defendido que ambas instituciones colaboren cuando esté en juego el suministro de agua para consumo humano.

Esta petición ha sido criticada por la organización ecologista, que junto a WWF y el Grupo Local de WWF en Guadalajara, ha presentado alegaciones al considerar que la concesión podría poner en peligro el abastecimiento del Corredor del Henares y generar afecciones ambientales.

La alcaldesa ha insistido en que, “cuando se necesita agua para el consumo humano”, tiene que decidir la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, considerando que es “absolutamente necesaria” la relación entre el Canal de Isabel II y la MAS, planteando que, si existiera una situación inversa y fuera la Mancomunidad del Sorbe la que necesitara el apoyo del Canal de Isabel II para garantizar el abastecimiento, también deberían alcanzarse los acuerdos necesarios.

El PSOE acusa de querer “regalar” agua a Madrid

Estas declaraciones han sido criticadas este jueves por el concejal socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara, Alberto Rojo, quien ha acusado a la alcaldesa de Guadalajara de “querer regalar agua a Madrid” y poner en riesgo a la provincia

“Su posición pone en serio peligro, en serio riesgo, no sólo el abastecimiento de nuestros vecinos y vecinas, si no el desarrollo industrial y económico presente y futuro de nuestra ciudad y provincia”, ha asegurado el ex alcalde de Guadalajara, según ha trasladado el PSOE por nota de prensa.

Para Alberto Rojo, “no defender de manera férrea los intereses hídricos de Guadalajara y provincia es traicionar nuestros recursos, es traicionar a nuestra agricultura y ganadería; es ponerle freno a nuestro desarrollo, a nuestro crecimiento, y la postura de Guarinos constata lo poco que le importa Guadalajara, y el Corredor del Henares”.

Por último, el concejal ha anunciado que el Grupo Municipal Socialista presentará “una moción de urgencia ante la postura que ha adoptado Guarinos de complacencia en relación a la solicitud que ha hecho el Canal de Isabel II para captar 50 millones de metros cúbicos anuales de la presa del Pozo de los Ramos, en el término municipal de Tamajón”.

Así, ha adelantado que en el Pleno Municipal programado para este viernes, 29 de agosto, su Grupo va a “pedirle explicaciones a Guarinos del porqué quiere sacrificar nuestro desarrollo en beneficio de la Comunidad de Madrid, cuando afirma que la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, gobernada también por el PP, tiene que colaborar con el Canal de Isabel II para garantizar el abastecimiento de la comunidad vecina”.

WWF pide al MITECO que rechace la petición

Sobre esta petición de aguas del río Sorbe también se ha manifestado este jueves WWF, una de las ONG que han presentado alegaciones pidiendo la denegación de esta concesión.

WWF considera que Madrid no necesita agua del río ya que la mayor parte de la Comunidad se abastece a través de su propia red, gestionada por el Canal de Isabel II. Por ello, la organización pide al Ministerio de Transición Ecológica que rechace este trasvase.

“En el actual contexto de crisis ambiental y climática es una irresponsabilidad seguir insistiendo en proyectos con un elevado impacto ambiental que ya fueron rechazados en el pasado, por lo que esperamos que el Ministerio desestime esta petición”, afirma Teresa Gil, responsable del programa de aguas de WWF España. Y añade: “Tenemos que ser más cuidadosos y respetuosos que nunca con la gestión de los recursos hídricos. La solución no está en buscar más recursos y traerlos de otros lugares, si no en manejar adecuadamente los disponibles con medidas de eficacia y ahorro y gestionar adecuadamente la demanda”.

En opinión de WWF, el trasvase supondría un importante impacto ambiental sobre el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara, que forma parte de la Red Natura 2000, y que recientemente ha sufrido un terrible y devastador incendio que ha afectado a más de 32 000 hectáreas, al impactar a diferentes hábitats y especies protegidas por la Directivas Europeas.

Organizaciones ecologistas han criticado la solicitud de 50 millones de metros cúbicos de aguas del río Sorbe, que recorre la provincia de Guadalajara, que ha hecho el Canal de Isabel II a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT).

Por ello, desde Ecologistas en Acción Guadalajara, WWF y el Grupo Local de WWF en Guadalajara han presentado alegaciones oponiéndose a esta solicitud de concesión, la cual, aseguran, pondría “en peligro” el abastecimiento del Corredor del Henares y comprometería “el futuro de la provincia y de numerosas afecciones medioambientales”.

La petición del Canal de Isabel II contempla el uso de aguas del cauce del río Sorbe, en la presa del Pozo de los Ramos (en la localidad de Tamajón), de 8.000 litros por segundo, con un máximo de 50 millones de metros cúbicos al año, para abastecimiento urbano de Madrid.

“Doblar” la actual demanda

Tino Tovar, portavoz de Ecologistas en Acción Guadalajara, señala en declaraciones a elDiario.es Castilla-La Mancha que la petición de la entidad madrileña supondría “doblar” la demanda de agua que la cuenca de este río tiene soporta en la actualidad.

“La Mancomunidad de Aguas del Sorbe abastece a una población de 400.000 personas en el Corredor del Henares, Alcalá de Henares incluida. Hay que recordar que el consumo de agua de la Mancomunidad es de unos 45 millones de metros cúbicos al año, por lo que la petición de la entidad madrileña supondría doblar la demanda de agua que tendría que satisfacer la cuenca del río Sorbe, el cual tampoco es un río grande”, explica Tovar.

A su juicio, un hipotético visto bueno de la CHT a esta demanda del Canal de Isabel II supondría “un grave perjuicio” para los intereses de la provincia de Guadalajara y la afección ambiental de hábitats prioritarios. Además, duda de que esa petición sea compatible con el cumplimiento del caudal ecológico que el Sorbe debe mantener.

“En un momento de cambio climático, en el que el régimen de lluvias en la provincia de Guadalajara desde principios del siglo XXI ha bajado más 20%, en un contexto, además, de megaincendios están arrasando a toda España, si esto se lleva a cabo, es un despropósito total”.

Por todo ello, han presentado a la CHT alegaciones dentro del trámite de información pública en que se encuentra la petición, pidiendo que esta se deniegue.

La petición del Canal de Isabel II se basa en un decreto del Ministerio de Obras Públicas del 10 de agosto de 1954, bajo el régimen franquista, cuando todavía no se había construido la presa del Pozo de los Ramos.

Madrid habla de “derecho ya previsto”

Por su parte, desde el Canal de Isabel II han afirmado a este medio que esta solicitud de concesión de aguas superficiales del río Sorbe “no responde a una nueva captación ni a una ampliación de recursos, sino a la regularización administrativa de un derecho ya previsto en la planificación hidrológica desde 1999”.

“De hecho, desde 1975 la Confederación Hidrográfica del Tajo ha venido autorizando periódicamente la derivación de recursos excedentarios del río Sorbe hacia el sistema de abastecimiento de la Comunidad de Madrid. Se trata, por tanto, de formalizar mediante una concesión una situación que lleva décadas funcionando bajo la supervisión del organismo de cuenca”, añaden desde la entidad madrileña.

Por último, el Canal de Isabel II asegura que “esta regularización no compromete el abastecimiento de Guadalajara ni los derechos de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, que han estado y seguirán estando plenamente garantizados, ya que Canal de Isabel II únicamente puede derivar recursos excedentarios una vez cubiertas las necesidades prioritarias de la Mancomunidad. Al margen de ello, la dotación desde este río también es necesaria para reforzar la flexibilidad y resiliencia del abastecimiento a la Comunidad de Madrid, sin perjuicio para otros usuarios”.

El agua de Madrid vuelve a fluir por los grifos con la calidad de la que suele presumir. El Canal de Isabel II ha informado este miércoles de que ya ha quedado resuelta la “incidencia puntual” que había provocado alteraciones en el olor y sabor del agua en algunos municipios de la Comunidad de Madrid, incluidos varios barrios de la capital.

Cuatro días ha tardado esta entidad en conseguir restablecer el sabor original al agua, que llegaba con regusto metálico y a cloro a los domicilios de miles de abonados. Lo han confirmado a Europa Press fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, que aseguran que el suministro ya está “normalizado” después de algunas actuaciones y la purga de agua en la red de distribución.

A pesar de la incidencia, desde la Consejería --a la que está adscrita Canal de Isabel II-- subrayan que el agua ha mantenido en todo momento las condiciones exigidas de potabilidad, por lo que nunca ha dejado de ser apta para el consumo humano. Más Madrid ha pedido más explicaciones y ha solicitado la comparecencia tanto del consejero del ramo como del consejero delegado del Canal de Isabel II por este incidente.

El origen de la incidencia está relacionado con unas maniobras en los filtros de carbono de la estación de tratamiento de agua potable (ETAP) de Santillana, en Manzanares El Real, unos trabajos que dichas fuentes recuerdan que, “de manera excepcional”, pueden provocar variaciones de olor o sabor del agua, como ha ocurrido en esta ocasión.

Finalmente, Canal de Isabel II ha recordado que las maniobras de mantenimiento, limpieza y mejora que se llevan a cabo de forma periódica en las instalaciones de tratamiento y distribución de agua son “necesarias para garantizar la calidad del servicio”.

La tercera jornada consecutiva con sabor extraño en parte del agua que consumen los madrileños ha servido para que el partido Más Madrid haya solicitado explicaciones al Gobierno de Ayuso, responsable de la gestión de este elemento. Lo ha hecho a través de la solicitud de sendas comparecencias del consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, y del consejero delegado de Canal de Isabel II, Mariano González.

Más Madrid reclama información sobre las incidencias registradas en las últimas horas en el abastecimiento, después de acusar al Canal de “no avisar de nada” cuando se produce alguna incidencia y que sean los propios usuarios los que preguntan e “investigan” qué ha ocurrido, denuncia en un comunicado remitido a los medios.

Fuentes del Canal informaron el lunes que el agua es “potable y apta para el consumo”, pero con un sabor distinto debido a unas maniobras que tuvieron lugar el domingo en los filtros de carbón activo de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Santillana, en el embalse de Manzanares El real.

Las alteraciones puntuales en el olor y el sabor del agua suministrada han afectado a algunos puntos de la región, incluidas zonas de la capital como el distrito centro o parte de Arganzuela, entre otros.

Más Madrid recuerda que en los últimos años el recibo del agua ha aumentado un 3% anual “con la excusa de realizar precisamente inversiones para mejorar la calidad del servicio”. Por último, el diputado Alejandro Sánchez ha lamentado “la gestión nefasta del Gobierno de Ayuso, la verdad es que está logrando deteriorar hasta el sabor del agua de Madrid, de la que alguna vez nos hemos sentido tan orgullosos en esta ciudad”.

El agua de Madrid ha perdido en algunas zonas de la región su habitual prestigio de buen sabor, pese a que sea insípida por definición. Desde este domingo 7 de junio algunos abonados al sistema gestionado por el Canal de Isabel II han reportado un olor y sobre todo sabor intenso “a cloro”, que este periódico ha podido comprobar.

El cambio en el sabor tiene que ver con una maniobra que tuvo lugar la mañana del citado domingo en el embalse de Santillana, en la sierra. En concreto, fuentes del Canal informan a Somos Madrid que se produjo en los filtros de carbón activo de suestación de tratamiento de agua potable.

Esto es lo que ha hecho que algunos abonados de distintos municipios regados por este pantano situado en Manzanares el Real (por ejemplo, en el centro de Madrid) hayan percibido un cambio en el olor y sabor del agua en sus grifos. “El agua sigue siendo potable y apta para el consumo”, aclaran desde el Canal de Isabel II para tranquilizar cualquier duda sobre su ingestión.

Las mismas fuentes añaden a este periódico que se están efectuando purgas en la red para eliminar definitivamente el sabor y olor atípicos, aunque no detallaron cuándo está previsto que el líquido suministrado recobre sus características habituales.

El cambio en el sabor se extendió por zonas de la zona centro como Lavapiés, Chueca, Malasaña, Argüelles o incluso Arganzuela, según testimonios recopilados por este periódico y también comentarios en algunos hilos de redes sociales que comentaron esta circunstancia.

La Navidad sobre el agua que publicitó la Comunidad de Madrid como uno de sus eventos destacados de las pasadas fiestas no contó con licencia municipal y se desarrolló sin los permisos legales. Lo avanza El País, que explica que la instalación fue inaugurada el 30 de noviembre por el consejero de Presidencia y portavoz de Ayuso, Miguel Ángel García Martín, sin ni siquiera haber solicitado la licencia.

La instalación debía contar con permisos especiales por ubicarse sobre un depósito del Canal de Isabel II y requerir certificaciones técnicas y un seguro de responsabilidad civil, que no se presentaron a tiempo. La falta de documentación llevó a que la Comisión municipal para la Protección del Patrimonio Histórico, Artístico y Natural rechazara finalmente la licencia el 2 de enero de 2026.

La pista estuvo en funcionamiento durante todo el mes de diciembre y principios de enero, a un precio de 8 euros por persona. Su instalación corrió a cargo de la empresa Last Lap, que se llevó la adjudicación lanzada por el Canal de Isabel II al presentar una oferta de 1.000 euros de canon y una reducción sobre el precio de las entradas propuestos inicialmente. Fue la única compañía que concurrió al concurso.

La instalación de la pista de hielo y sus estructuras aledañas ha dejado secuelas en el césped sobre el que se asentaba, dentro de la gran pradera del Parque Santander. Las calvas creadas por el trasiego de patinadores y visitantes, unidas a las posteriores lluvias que ha sufrido la capital han dejado importantes zonas con barro. El tapete verde de este parque ha sido cambiado en varias ocasiones por diferentes circunstancias.

Milla Canal es uno de los proyectos estrella del área de Cultura y Deportes en esta legislatura. Se planificó como una gran reforma de la Comunidad de Madrid en el corazón de Chamberí, que iba a incluir nuevos edificios, un club deportivo e incluso un pabellón polideportivo añadido. Pero el proyecto presentado hace seis meses se quedó en unas obras mucho menos ambiciosas, que incluían varias demoliciones. El motivo principal de estos cambios, no comunicado por el Gobierno regional cuando ofreció detalles sobre las obras, es la conservación de la estructura histórica que soporta todas las instalaciones, el Primer Depósito del Canal de Isabel II, gravemente afectado por el peso que soporta.

Informes técnicos a los que ha tenido acceso Somos Chamberí alertan de un “grave problema detectado en la estructura del depósito”, una joya arquitectónica levantada en 1858 para albergar el agua procedente de la sierra y con el que quedó inaugurado el primer gran sistema de canalizaciones de Madrid. Según los técnicos, se han detectado “patologías estructurales severas” en este espacio protegido, entre ellas “grietas generalizadas, filtraciones de agua, sobrecargas sobre la bóveda, deterioro de muros perimetrales” y daños sobre la cubierta procedentes de raíces de árboles.

“Todo ello ha provocado un debilitamiento progresivo de la estructura portante”, explican informes consultados por este periódico, que concluyen que el problema estructural es “urgente” y que resulta imprescindible intervenir para evitar riesgos mayores. Soluciones que forman parte del anteproyecto de reforma de las instalaciones deportivas del Canal de Isabel II.

Dichas soluciones pasan por demoler la actual cafetería situada sobre el depósito, ya que su peso y cimentación agravan las sobrecargas existentes. También se prevé la reparación de bóvedas y muros dañados, el sellado de grietas, la corrección de filtraciones, la tala de los árboles cuyas raíces están provocando daños y la impermeabilización completa de la cubierta, hoy en mal estado. Otras demoliciones parciales tendrán lugar alrededor del actual inmueble de administración, con protección patrimonial de tipo Bien de Interés Patrimonial, al igual que el primer depósito. En este caso se recuperará su forma original, despojado de varias escaleras y estructuras resultantes de ampliaciones que actualmente lo rodean y provocan que el conjunto tenga mayor peso.

Lo que la Comunidad de Madrid no contempla en ningún momento es el desmontaje de la actual piscina, la única de carácter público abierta durante el verano en Chamberí. Su construcción, explica el informe, “es una actuación irreversible” porque no se puede recuperar ya la estructura primitiva, y se apuesta por su mantenimiento. No obstante, los técnicos señalan que su construcción en el año 1969 “fue una actuación poco amable” con la historia del Primer Depósito, “generando un daño irreparable” al destruirlo parcialmente.

El proyecto de Milla Canal, presentado en julio del año pasado por la propia presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, contempla la demolición del actual edificio dedicado a la cafetería, en cuyo lugar se ubicarán tres pistas de tenis con hierba, que a su vez también se trasladan. Donde ahora se encuentran será habilitada una zona de playa para la piscina en verano y un espacio verde abierto al público el resto del año. Las pistas de tierra batida se quedarán en el mismo sitio, aunque su sistema de drenaje será renovado también para evitar filtraciones de agua al depósito histórico.

Las demoliciones se extenderán a otros elementos del recinto deportivo, como el aparcamiento de entrada a las instalaciones desde la avenida de Islas Filipinas, o cuatro edificaciones situadas en la zona norte y que actualmente acogen oficinas de dirección, taquillas o espacios para las federaciones de tenis o de pádel. El frontón presente en estas instalaciones también será echado abajo.

Dos nuevas construcciones vendrán a paliar los espacios perdidos con los derribos. Una será subterránea, junto al edificio histórico dedicado a la administración. Este semisótano estará destinado a instalaciones, vestuarios y comedor de trabajadores. Este lugar contará con una zona de terraza exterior para el bar de piscina, en su cubierta.

En el lugar del frontón se levantará un edificio de tres plantas para salas de actividades deportivas con sus vestuarios, cafetería, aseos generales, almacenes y oficinas de atención al público de las federaciones de tenis y pádel. En total, 1.822 m² de nuevas construcciones.

El resto del proyecto se mantiene como fue anunciado inicialmente, con reorganización de algunos elementos y una nueva entrada desde la calle Bravo Murillo, al lado de la recién restaurada Fuente del Lozoya. Toda la actuación se dividirá en tres proyectos parciales, uno para restaurar la fachada sur del Primer Depósito (14 meses de ejecución), otro para añadir unos vestuarios a la parcela cercana de la calle Pablo Iglesias (13 meses) y un tercero que abarcará las intervenciones de mayor envergadura, que se puede alargar hasta 40 meses.

La Audiencia Nacional juzgará a Ignacio González y otras cuatro personas por el campo de golf del Canal, una pieza del caso Lezo, 23 años después de que se produjera el amaño de la adjudicación de las obras. En un auto de la Sección Segunda, al que ha tenido acceso elDiario.es, se fija la fecha de celebración de la vista entre el 13 y el 30 de septiembre de 2027.

El entonces juez del caso Lezo, Manuel García-Castellón, acordó en agosto de 2021 la apertura de juicio oral contra González y otras cuatro personas por las irregularidades en la concesión del proyecto en terrenos de la empresa pública de aguas del Canal de Isabel II que, como vicepresidente de la Comunidad, el político presidía en aquel entonces.

“Examinadas las pruebas propuestas por el Ministerio Fiscal y por las defensas de los acusados se admiten y declaran pertinentes”, recoge el auto, cuyo ponente es el presidente de la Sección Segunda, Fernando Andreu. 

Además de a Ignacio González, se sentarán en el banquillo el director gerente de Canal de Isabel II entre 2003 y 2009, Ildefonso de Miguel, así como los socios de la empresa TCT José Antonio Clemente Marín, Pablo Manuel González González y Juan José Caballero Escudier. Estos dos últimos hermano y cuñado, respectivamente, del expresidente de la Comunidad de Madrid. Anticorrupción pide seis años de cárcel para González y el resto de acusados. La Comunidad de Madrid, personada como acusación particular, eleva la petición para el expresidente a 16 años de prisión.

La resolución judicial recoge un compendio de actividades corruptas para favorecer al hermano del entonces vicepresidente, Pablo González, al que se adjudicó de forma encubierta una parte del proyecto. En 2003, la empresa pública de aguas adjudicó a la constructora ACS —posteriormente, Dragados— la construcción del campo de golf. Pero, un año después, Ignacio González e Ildefonso de Miguel modificaron el proyecto “con el fin de beneficiar a familiares” del vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Esas variaciones, añade el auto, eran tan “sustanciales” que hubieran necesitado de una nueva licitación 

En el auto de apertura de juicio oral, el juez explicaba que González y De Miguel “convinieron con Dragados” que el Canal de Isabel II le adjudicaría directamente el modificado pero con la condición de que subcontratara a TCT, cuyos socios eran el hermano de González, Pablo Manuel, así como José Antonio Clemente y Juan José Caballero. Éste último es cuñado del exvicepresidente autonómico y, al igual que el hermano del político, “ostentaban su titularidad a través de personas interpuestas con el fin de ocultar sus vínculos familiares con él”.

TCT obtuvo de la subcontrata con Dragados más de tres millones de euros, pero no podía hacerse cargo del proyecto porque “carecía de capacidad” para ello, así que recurrió a otras dos sociedades —Onlygolf y Fieldturf— a las que impuso una mordida del 8%. Fueron finalmente 266.972 euros para el hermano Ignacio González, su cuñado y el socio de ambos, José Antonio Clemente, que recibieron en sobres de efectivo a través de 49 entregas. 

Con posterioridad a esta modificación, TCT también fue adjudicataria, junto a otras empresas, de la gestión, explotación y ajardinamiento del proyecto. Así, el juez concluye que “esa contratación de todo punto innecesaria e irregular, que supuso para TCT un beneficio total de 504.780 euros —381.029 en el primer caso y 123.751 en el segundo— fue solicitada e impuesta de común acuerdo por todos los acusados a las adjudicatarias como condición para obtener las adjudicaciones”. 

González, que estuvo más seis meses en prisión preventiva por esta causa, también está procesado en otras dos piezas del caso Lezo, por las que la Fiscalía pide ocho y cuatro años de prisión para él. En la actualidad, González desempeña las funciones de su puesto de funcionario público en la Subdirección General de Régimen Jurídico y Disciplinario, dependiente del área de Economía, Innovación y Hacienda que dirige Engracia Hidalgo. Por desempeñar ese cargo recibe un salario de 54.000 euros anuales. Entre sus competencias está realizar trabajos de redacción de informes jurídicos en materia de recursos humanos (RRHH) y sobre interpretación de normas de aplicación al ámbito de la función pública y el derecho laboral.

El 18 de junio de 1851, la reina Isabel II firmó el Real Decreto que dio origen a la empresa encargada de traer el agua del río Lozoya a Madrid. Nacía así el Canal de Isabel II, una de las mayores obras de ingeniería civil del siglo XIX y símbolo de progreso, salud pública y desarrollo social. Dentro de poco celebraremos su 175 aniversario: una oportunidad inmejorable para recordar aquel logro colectivo y, sobre todo, para mirar hacia adelante.

Esa es la razón de la iniciativa que el Grupo Parlamentario Socialista ha propuesto en la Asamblea de Madrid: impulsar la creación de un Museo del Agua y del Patrimonio Hidráulico, un centro de divulgación científica y ambiental que una historia, innovación y conciencia social. Un proyecto que busca no solo conservar el pasado, sino conectar con los retos del presente y del futuro.

El agua ha sido siempre el gran hilo conductor del progreso. La historia del Canal, desde el Pontón de la Oliva hasta el Atazar, desde las galerías subterráneas hasta los depósitos de Chamberí, es también la historia de cómo Madrid creció, se modernizó y mejoró su calidad de vida. Hoy ese legado necesita una nueva narrativa: la que une la memoria técnica e industrial con la educación ambiental y la sostenibilidad.

El museo no sería un recinto estático, sino un espacio vivo de aprendizaje e interacción, donde el visitante pueda tocar, experimentar y comprender. Inspirado en el espíritu del histórico Palacio del Descubrimiento de París, su propósito sería divulgar ciencia y cultura del agua desde la curiosidad y la participación, “prohibido no tocar”.

El proyecto propuesto se alinea con los objetivos estratégicos del propio Canal de Isabel II, que en su Plan 2018-2030 prevé crear centros de excelencia en investigación e innovación para posicionarse como referente internacional. Un Museo del Agua sería una aplicación coherente de esa visión: un espacio que una divulgación, investigación y participación ciudadana.

La ubicación propuesta, en Chamberí, combina el valor histórico de las instalaciones del Canal con la cercanía de universidades y museos científicos. Desde allí podría irradiar una red de espacios complementarios en la Sierra Norte, en torno al Pontón de la Oliva en Patones o el Palacio de Arteaga en Torrelaguna, reforzando el equilibrio territorial y el vínculo entre el agua y la identidad madrileña.

Y obviamente relacionando esta iniciativa con el Museo actualmente existente en El Berrueco y todas aquellas iniciativas que puedan surgir en otros municipios y que alberguen piezas e historias más relacionadas con sus comarcas.

La Comunidad de Madrid, además, cuenta con un reconocimiento internacional en este ámbito. Canal de Isabel II fue designada por Naciones Unidas como operador de referencia mundial en la gestión del agua y la energía, colaborando con la UNDESA y organizando el II Simposio Mundial Agua y Energía en 2022. Aprovechar esa alianza y dotarla de un espacio permanente de divulgación sería un paso natural para consolidar a Madrid como “Región del agua”.

Un Museo del Agua no es solo una inversión cultural: es una apuesta por la educación, la sostenibilidad y la cooperación. Sería foro internacional de encuentro y también escuela ciudadana sobre el uso responsable del agua en tiempos de cambio climático. Porque el agua no es un negocio: es un derecho y una cultura. Y protegerla empieza por conocerla, valorarla y compartirla.

El 175 aniversario del Canal de Isabel II ofrece una ocasión histórica para hacerlo posible. Madrid, la ciudad que nació del agua, puede celebrar su historia mirando al futuro: con un museo que nos recuerde que el progreso, cuando fluye con inteligencia y justicia, siempre deja huella.

Así lo han entendido en la Asamblea Más Madrid y Vox, que han apoyado con sus votos la iniciativa del Grupo Socialista, decaída por la oposición del Partido Popular.

El rechazo del Partido Popular a esta propuesta lo sitúa una vez más en la soledad parlamentaria, aferrado a una visión opaca y anacrónica del Canal de Isabel II. Mientras el resto de los grupos, incluidos quienes rara vez coinciden, entienden la necesidad de mirar al futuro con transparencia y ambición cultural, el PP se refugia en la bruma de un pasado de oscurantismo y gestión nefasta, y demasiadas veces corrupta, que Madrid no puede volver a repetir.

Bajo la única piscina pública de Chamberí y junto a una fuente que ahora empieza a funcionar después de muchos años seca, se esconde uno de los edificios más antiguos y desconocidos de Madrid. El Depósito Primero del Canal de Isabel II, construido en 1858, fue clave para abastecer de agua a una ciudad en expansión y es un icono para la historia del barrio de Chamberí.

Ha visto pasar la evolución del barrio y de la capital desde su nacimiento y sus paredes han formado parte del escenario de las luchas de muchos vecinos. Hoy, parte del edificio alberga el Archivo del Canal, el resto permanece inutilizado y está cerrado al público. Su futuro divide a la administración y a los vecinos de Chamberí.

Bravo Murillo, 49 alberga el primer depósito del Canal de Isabel II, un proyecto pionero que consiguió embalsar el agua del río Lozoya, canalizarla 70 kilómetros hasta Madrid y almacenarla en el entonces bautizado como Depósito del Campo de Guardias. El ingeniero Juan de Ribera Piferrer fue el autor de esta gran obra que se instaló en el distrito de Chamberí por su posición geográfica. Por entonces, la zona quedaba en las afueras y era el área más elevada de la ciudad, lo que lo convirtió en el lugar idóneo para instalar este depósito que abastecería a los madrileños.

El aumento imparable de la población de la capital hizo que, rápidamente, la capacidad del primer depósito fuese insuficiente y, además, hubo filtraciones entre los distintos compartimentos. Estas circunstancias hicieron que, 21 años después de su inauguración, fuese reemplazado por otro mucho más grande, el conocido como Depósito Mayor (Depósito II), que sustituía la solera de piedra del primero por una gruesa capa de hormigón y sigue en servicio a día de hoy.

La “Mezquita de Córdoba” de Chamberí

Detrás de la pequeña puerta de acceso al edificio - siempre cerrada- se esconde una joya subterránea que Ramón Linaza, vecino de toda la vida y miembro de la asociación vecinal Parque Sí, describe como “una especie de mezquita de Córdoba del siglo XIX”. La impresionante sucesión de arcos de medio punto y sus bóvedas de cañón, no sólo cumplen una función técnica, que es aguantar la losa que tienen encima de manera eficiente, también son singulares por su dimensión estética. “No están hechos para que se vean, de ahí la belleza”, dice Berta Gámez, arquitecta urbana.

Concebido como cisterna romana, cuenta con una planta rectangular de 125 x 86 m y una capacidad de 58.540 m³. Tiene dos vasos contiguos con 242 pilares de ladrillo por vaso y está parcialmente soterrado. En el exterior, la Fuente del Río Lozoya, una pequeña ‘Fontana di Trevi para Chamberí decora su fachada. Fue diseñada por el ingeniero Juan de Ribera, quien concibió una fuente con forma de arco de triunfo, situada frente al Primer Depósito del Canal. En su parte central se instaló una escultura simbólica del río Lozoya realizada por Sabino Medina de Peñas. El agua fluye desde el cántaro de esta figura a través de varios cauces formados por rocas hasta llegar a un estanque de diseño semicircular, recién recuperado para el público. A ambos lados del Lozoya se encuentran dos figuras femeninas que representan alegóricamente a la Agricultura -obra de Andrés Rodríguez- y a la Industria, de José Pagniucci.

El cautiverio de la fuente del río Lozoya

Llevaba años tapada por una valla que impedía a los viandantes poder ver esta construcción declarada Bien de Interés Cultural (BIC). Tras las exigencias de asociaciones vecinales como Parque Sí, la fuente ha sido rehabilitada y libre de vallas. Para Ramón Linaza, la decisión de esconderla durante todo este tiempo responde a una intención política de gobernantes que deciden gestionar dotaciones públicas “como algo privado”.

Pero la Fuente del río Lozoya no es la única joya que alberga el Depósito I y sus alrededores. A unos pasos de él, en una estrecha calle de acceso cerrado, se encuentra uno de los edificios más antiguos de Chamberí: los Pabellones para Guardas. Se trata de unas pequeñas viviendas de estilo neomudéjar construidas hace más de 150 años para los trabajadores del Canal de Isabel II. Un ejemplo de arquitectura popular – por cierto, también vallado- que no cuenta con ningún tipo de protección patrimonial y se encuentra abandonado. También ha sido objeto de reivindicaciones vecinales que siguen reclamando a día de hoy que se convierta en una escuela infantil pública, que es una de las dotaciones que escasean en el barrio. “Que el espacio público sea principalmente para el disfrute de la ciudadanía”, reclama Linaza.

¿“Eventódromo” o sala de exposiciones?: Propuestas que chocan

Desde hace más de dos décadas, el Depósito I ha estado en el centro de múltiples propuestas. En 2001 llegó a albergar una exposición temporal que dejó claro su potencial como espacio cultural. Pero fue un espejismo: el edificio volvió a cerrarse y así continúa desde entonces.

Más recientemente, en 2023, el proyecto “Milla Canal” despertó una fuerte polémica. El plan planteaba un gran complejo cultural y deportivo que abarcara los tres depósitos del Canal y preveía un anfiteatro para eventos masivos. La iniciativa, respaldada por el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, chocó con una firme oposición vecinal. “Lo que molesta es que vengan 5.000 personas a un evento multitudinario y que haya ruido, molestias...”, explica Ramón Linaza. “¿Qué queremos hacer con esto? ¿Un eventódromo para que alguien se cuelgue una medalla o algo útil para quienes vivimos aquí?”

El pasado día 21 de julio, la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso presentó una versión renovada de Milla Canal que poco tiene que ver con la propuesta de 2023. Según el anuncio de la Comunidad, la intención en lo que respecta al Depósito I es ampliar las instalaciones deportivas que se encuentran en su parcela y expandir las zonas verdes. Eso sí, sigue sin haber proyecto alguno para abrir el propio depósito.

Desde Canal Sí, valoran positivamente este proyecto renovado, aunque lamentan que se haya perdido “la oportunidad de ir más allá”, dejando atrás algunas iniciativas como la de“convertir el complejo en un equipamiento cultural de referencia mediante la rehabilitación del vaso del Depósito I como espacio cultural y centro de interpretación del ciclo del agua, tal como propusimos en la reunión mantenida con el Canal de Isabel II el pasado 12 de noviembre de 2024”, aseguran en su comunicado.

El Depósito I está protegido, aunque con una de las catalogaciones de protección cultural más bajas que hay. La fuente del Río Lozoya, por otra parte, es BIC, la máxima protección legal en la Comunidad de Madrid. Sin embargo, su entorno -incluyendo las casas de trabajadores- no tiene protección alguna, lo que deja la puerta abierta a intervenciones que no consideren su valor integral.

“No está declarado ese entorno de protección”, señala Berta Gámez, la arquitecta urbanista que descubrió los documentos que revelaban la antigüedad de estas viviendas en una investigación en elDiario.es, “Y eso significa que no todo lo que se haga en la parcela pasa por la Comisión de Patrimonio”. A día de hoy, las viviendas neomudéjares que se encuentran junto al depósito –las más antiguas de su tipo en Madrid y posiblemente de España– están completamente desprotegidas y abandonadas. “Esto ha estado en riesgo de demolición mucho tiempo, y lo sigue estando ahora mismo”, alerta Gámez. “Se decía que no valía nada, que era una construcción posterior”.

Asociaciones como Parque Sí o Canal Sí reclaman que se declare BIC a todo el conjunto: depósitos, fuente, casas y espacios verdes. “Hay que ver todo el conjunto de los tres depósitos en relación con las dotaciones del distrito y con la historia de Madrid”, insiste Linaza. Porque más allá del valor arquitectónico o histórico, está el valor de uso social que puede tener.

Para los vecinos y vecinas de Chamberí, el Depósito I representa mucho más que una reliquia del pasado. Es un emblema del derecho al uso del espacio público y del acceso democrático al patrimonio. Es, en palabras de Ramón Linaza, “un pulmón verde” en uno de los distritos con menos zonas verdes por habitante de toda la ciudad. “Chamberí es deficitario en zonas verdes, pero hay un pulmón que son los tres depósitos”, afirma.

La propuesta más recurrente de los colectivos vecinales es la de reconvertir el depósito en un centro de interpretación del agua o de la historia del Canal de Isabel II, similar al que ya existe en el Depósito 4. “Esto es la historia del agua en Madrid y también la historia del barrio de Chamberí”, apunta Linaza. Una sala de exposiciones sobre el canal, visitas guiadas al interior de la “mezquita subterránea” de arcos y pilares de ladrillo, y usos educativos que respeten la arquitectura original son solo algunas de las ideas planteadas desde hace años.

Patrimonio vivo o “parque temático”

El futuro del Depósito I sigue sin estar definido. Para muchos vecinos, la amenaza no es solo el abandono, sino una transformación que lo convierta en un espacio para eventos esporádicos, ruido y turismo masivo. “Es la idea de convertir todo el centro de la ciudad en un parque temático para turistas”, lamenta Linaza. “Y que los vecinos nos tengamos que ir, que desaparezca el comercio local”.

Frente a eso, las asociaciones vecinales defienden otro modelo: el de un patrimonio vivo, útil, con historia y con futuro. “Un espacio como este no puede ser invisible ni reservado a unos pocos”, concluye Berta Gámez. “Es parte de la ciudad, parte de su historia y parte de lo que podríamos ser si apostáramos por una ciudad que pone en valor lo común”.

El pasado lunes, 21 de julio, la Comunidad de Madrid desgranó su proyecto de renovación de las instalaciones deportivas del Canal de Isabel II entre Islas Filipinas y Bravo Murillo. El proyecto se ha denominado Milla Canal en referencia a la superficie que pretende reordenar y llenar de actividad el gobierno autonómico con la mirada puesta en el año 2027.

La plataforma vecinal Canal Sí, que no ha tardado ni un día en analizar el proyecto y lanzarse al diálogo público con la administración, celebra el avance que presentan las noticias dadas a conocer por la Comunidad de Madrid. Según explican, “incorpora aspectos muy positivos: se atienden reivindicaciones históricas del barrio y se avanza en la apertura, adecuación y mejora del espacio público en el Depósito Uno”.

“Sin conocer aún todos los detalles, valoramos positivamente el importante avance en cuanto a la apreciación y puesta en valor del valioso patrimonio histórico y cultural del conjunto del primer depósito del Canal de Isabel II, tal como se venía reclamando desde nuestra Plataforma. Esta reivindicación del patrimonio y de la adecuada identificación, comprensión y conservación de sus valores arquitectónicos, urbanísticos, industriales y como paisaje cultural y memoria de Chamberí y de todo Madrid, parece haber encontrado al fin respuesta con la recuperación del volumen del vaso del depósito y su carácter de plataforma mirador, con la importante recuperación de la casa de bifurcación y la casa de administración y, singularmente con la liberación y apertura de la fuente del Lozoya. También suponen un importante avance, en respuesta a las antiguas demandas vecinales y a nuestra reivindicación por la recuperación ciudadana de estos espacios, la eliminación de vallados inútiles y la apertura de nuevos accesos, que permiten que algunos espacios ganen vida y se generen nuevos puntos de encuentro para el barrio”, se dice en la nota que han dado a conocer este martes.

Sin embargo, también señalan puntos de mejora que tienen que ver, sobre todo, con la ambición a la hora de poner en valor el gran conjunto patrimonial formado por las infraestructuras del Canal de Isabel II en el distrito de Chamberí. “Los tres depósitos históricos junto con el depósito elevado forman un conjunto único en la ciudad. Un sistema que merece ser leído y tratado como tal, no como piezas sueltas sin conexiónn ni relato común”, dicen.

Aunque las valoraciones más concretas deberán esperar a conocer todos los detalles técnicos, aducen, el mayor debe del proyecto tal y cómo se ha presentado es la ambición del proyecto para, por ejemplo, “convertir el complejo en un equipamiento cultural de referencia mediante la rehabilitación del vaso del Depósito Uno como espacio cultural y centro de interpretación del ciclo del agua, tal como propusimos en la reunión mantenida con el Canal de Isabel II el pasado 12 de noviembre de 2024”, detallan haciendo referencia al diálogo que la plataforma ha mantenido con la administración en los últimos meses.

La misma falta de ambición se refleja, creen, en el olvido de las instalaciones del Depósito 2, sobre el que, recuerdan, había negociaciones avanzadas en 2018 para la cesión de espacios y zonas verdes. A raíz de aquellas conversaciones se abrieron los jardines lineales que dan a las calles de Santa Engracia y Bravo Murillo, y desde Canal Sí consideran que es necesario recuperar aquellos compromisos para profundizar en la recuperación patrimonial para el vecindario. Aunque esto precisaría “en primer lugar, formalizar su declaración como Bien de Interés Cultural, con la definición de sus elementos, valores y entornos correspondientes”.

Desde Canal Sí, siempre vigilantes y sobre el terreno, se celebra en definitiva el avance en la apertura de espacios del Canal de Isabel II que representa la última versión de Milla Canal, pero esperan que la ambición con la que inicialmente se presentó y que “apuntaba a una intervención desmedida no solo sobre un conjunto patrimonial sensible, sino también sobre un lugar cargado de valor simbólico para Chamberí”, se reconduzca hacia una versión más audaz y con visión de conjunto del proyecto.

Milla Canal ha cambiado mucho desde que fue presentado en septiembre de 2023 como un proyecto de legislatura que incluía la construcción de un pabellón con capacidad para 5000 espectadores. La espectacularización del espacio patrimonial de Chamberí hizo saltar las alarmas entre las asociaciones del distrito, que recordaron la importancia de los cuatro depósitos históricos y reclamaron volver sobre la senda de lo prometido por el alcalde Alberto Ruiz Gallardón, que habló en su día de la oportunidad de crear en los terrenos del Canal de Isabel II “un segundo Retiro para Madrid”.

La plataforma vecinal Canal Sí es heredera de la histórica Parque sí, que consiguiera la reversión del polémico campo de golf construido en los terrenos del Canal de Isabel II y la participación vecinal en el diseño del actual parque de Canal. A este núcleo se han unido otras asociaciones vecinales de los distritos de Chamberí, Tetuán y Moncloa-Aravaca, a los que también conciernen las infraestructuras históricas del Canal de Isabel II.

Un nuevo paseo público junto a Bravo Murillo, cafetería, pistas renovadas y una zona de recreo para la actual piscina. La Comunidad de Madrid ha presentado este lunes el gran proyecto para abrir más espacio público en el Canal de Isabel II, siguiendo lo que ya ha hecho en los últimos años en el Parque Santander o en el cercano parque lineal de Bravo Murillo.

El proyecto se llama Milla Canal, porque es la extensión que ocupa este lugar de más de un kilómetro de “cultura, actividades al aire libre, deporte, esculturas, paseo, vida popular, encuentro entre vecinos y mucho que hacer, especialmente los niños, los mayores, las familias que están cerca de esta zona”, ha explicado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en las propias instalaciones deportivas del Canal en Chamberí.

El plan del Gobierno regional pasa por transformar a nivel deportivo, cultural y social para el actual complejo, que se integrará visual y funcionalmente en su entorno urbano con accesos más cómodos y seguros. También se recuperarán edificaciones con valor histórico y arquitectónico, y se construirán otras nuevas destinadas a albergar salas de actividad física, vestuarios, aseos, cafetería y oficinas. Todo quedará acabado en el año 2027.

Los detalles que se han desvelado este lunes pasan por reubicar tres pistas de tenis más cercanas a Bravo Murillo para abrir ahí una zona ajardinada con sombrillas, que funcionará durante el verano como playa de la piscina del Canal, de unos 2.500 metros cuadrados, y de espacio de recreo público el resto del año.

A este lugar se podrá acceder desde un nuevo paseo con arbolado histórico, rodeado de esculturas, al que se entrará desde Bravo Murillo con puertas situadas junto al Primer Depósito del Canal.

En estas nuevas instalaciones también se situarán otras zonas ajardinadas, entre ellas un área de gimnasia para personas mayores, otra para entrenamiento al aire libre, así como de tenis de mesa y juegos infantiles.

El otro acceso -el único actualmente- desde la avenida de Islas Filipinas será ampliado y reverdecido.

Los equipamientos existentes, que actualmente cuentan con medio millón de usuarios al año, se modernizarán y ampliarán. Se crearán además nuevas pistas de pádel y los gimnasios serán renovados.

Una de las mayores novedades es la aparición en el proyecto de un nuevo edificio, denominado Boix y Morer en honor a los ingenieros que diseñaron el segundo depósito de Canal de Isabel II, que albergará salas deportivas, vestuarios, aseos, oficinas y otros espacios como una cafetería con terraza.

El actual inmueble de administración, con protección patrimonial, se reformará recuperando su esencia, lo que aparentemente conllevará el derribo de parte de sus instalaciones, como parecen apuntar las recreaciones publicadas.

Con el objetivo de que el complejo sea inclusivo para todas las personas, se habilitará una zona de aparcamiento reservada para personas con movilidad reducida, en respuesta a las necesidades de los clubes que utilizan habitualmente estas instalaciones.

Como primer hito de esta iniciativa, la jefa del Ejecutivo autonómico ha inaugurado el rehabilitado espacio de la Fuente del río Lozoya, situado en el número 49 de la calle Bravo Murillo, y con el que se recupera para los ciudadanos este monumento público del siglo XIX.

El proyecto de Milla Canal queda de esta forma reformulado. Inicialmente se anunció incluyendo un pabellón multiusos con capacidad para 5.000 espectadores, levantó los ánimos de los vecinos chamberileros por las posibles consecuencias de ruido o molestias en una zona eminentemente residencial. Una protesta en forma de abrazo a las instalaciones del Canal frenó las aspiraciones del Gobierno de Ayuso. El consejero y presidente del Canal de Isabel II, Carlos Novillo, aseguró que no habría dicho pabellón en el proyecto.

Lo que sí que se reformarán son las instalaciones deportivas de uno de los espacios que se quedó en duda con los primeros anuncios: las de los campos de fútbol que hacen esquina con la calle Pablo Iglesias y cuyo edificio de vestuarios aparece en las recreaciones de los trabajos previstos.

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