La Audiencia Provincial de Bizkaia ha condenado al propietario de La Gilda del Norte (en realidad la empresa se llama Agricultura Creativa 2015) F.J.G.Á. a una multa de 18.000 euros por un delito contra los derechos de los trabajadores en su modalidad de emplear o dar ocupación, de forma “reiterada”, a ciudadanos extranjeros que carezcan de permiso de trabajo. Además de la pena de multa, el tribunal ha condenado al acusado al pago de una indemnización en concepto de responsabilidad civil de 2.500 euros para cada uno de los tres trabajadores que han ejercido la acusación particular en esta causa por los daños morales causados. No entrará en prisión, eso sí. Y su hija, también responsable de la empresa, queda totalmente absuelta.

El tribunal declara probado que el acusado se dedicó al menos entre diciembre de 2018 y mayo de 2021 a “la contratación reiterada” de ciudadanos extranjeros en situación irregular en España, sin permiso de trabajo, sin ser dados de alta en la Seguridad Social y sin poner en conocimiento de las autoridades españolas su condición de trabajadores de su empresa. También considera probado que advertía a los empleados que en caso de inspección tenían que esconderse en las instalaciones de la empresa, algo que los propios trabajadores y testigos, así como agentes de la Policía Nacional y subinspectores laborales de Empleo y Seguridad Social sostuvieron durante el juicio.

“Se acredita con base a dicha prueba que el acusado de forma asidua o reiterada ocupaba a ciudadanos en situación irregular en España sin permiso de trabajo”, quienes “debido a ello y a la necesidad de subsistencia, se veían abocados a asumir las condiciones laborales” que este les ofrecía, “aprovechándose de que estos ciudadanos se encontraban en posición de debilidad por la amenaza de poder ser expulsados” del territorio nacional, afirma la Audiencia vizcaína.

Sin embargo, el tribunal ha absuelto a la hija del propietario P.G., de los delitos de los que venía siendo acusada como cómplice por las acusaciones particulares -la Fiscalía no formuló acusación en su contra- al estimar que no ha quedado acreditado que ella participara “de alguna manera en la contratación de trabajadores ilegales en la empresa de su padre”, ni que actuara “en calidad de gerente de dicha mercantil”.

Durante el juicio celebrado a finales de marzo, tres de los trabajadores denunciaron trabajaban a menudo “sin contrato”, “en situación irregular”, sin medidas de seguridad ni controles y por 800 euros. Si llegaba alguna inspección, tenían la orden de “esconderse”. “Nos obligaba a escondernos, nos decía que no teníamos que estar allí porque no teníamos documentación. Y que si nos veían nos mandarían a nuestro país. Una vez me hizo meter en el congelador, en el cuarto frío un tiempo hasta que se fue la Policía”, sostuvo una de las denunciantes. Los demandantes, dos mujeres y un hombre, argumentaron que trabajaron en la empresa en diferentes tramos entre el año 2017 y 2021. También declararon tres antiguas trabajadoras en calidad de testigos. Las trabajadoras se dividían entre las que se encargaban de elaborar las gildas, los pintxos, en el pabellón de Basauri, que también se encargaban de las labores de limpieza, y las que trabajaban en el invernadero de Lezama, donde según reconoció una de ellas las condiciones eran más duras, a “temperaturas de más de 40 grados” y oliendo productos “tóxicos”, aunque también lamentó que la producción era “altísima” en el pabellón de Basauri, donde tenían que realizar “entre 110 y 120 tarros de gildas”.

Las inspecciones laborales se realizaron el 1 de diciembre de 2020 y el 7 de mayo de 2021. “Cuando llegara la Policía que nos decía que nos escondiésemos. Un día nos subieron a un montacargas, otra vez nos indicó que fuéramos al baño”, reconoció una de las testigos mientras que otra ha declarado que en su caso le pidieron que “subiera al tejado del edificio” para evitar ser vista. “En las inspecciones teníamos orden de escondernos, porque nos dijo que si nos cogía la Policía nos tendríamos que ir y yo no quería volver a mi país. Ese día subí por una escalera al tejado de la empresa, él lo sabe y nos agradeció que le ayudáramos porque él también decía que nos ayudaba”, aseguró una de las extrabajadoras.

Una de las denunciantes denunció que P.G., la hija del propietario, quien según las trabajadoras también realizaba funciones de gestión en la empresa, le comentó que podía “abortar”, al comunicar que estaba embarazada. “Comuniqué mi embarazo para solicitar una reducción de jornada porque el trabajo era pesado para mí. El jefe se lo tomó alterado y a los tres días me llamó a las oficinas. Allí ella me dijo 'mira, hay una clínica en la que puedes abortar y quitarte eso de encima, te puedo dar el contacto de la clínica'. A mí me pareció muy duro porque yo a mi hijo lo quería tener. Me pareció muy fuerte. El siguiente sábado fui a trabajar y me llamó el jefe y me dijo que me fuera a casa tranquila, que así no podía trabajar. Me dijo que me iba a mandar 400 euros al mes, que me iba a estar pagando en casa pero no fue así. Me sentí presionada porque era o el trabajo o mi embarazo. Cuando se enteró de la denuncia contactó conmigo y me llevó un sobre con 500 euros para que no denunciase y llegar a un acuerdo”, manifestó una de las denunciantes.

En este sentido, tras conocer la sentencia las denunciantes aseguran estar “satisfechas” porque “se ha reconocido la relación laboral de la trabajadora embarazada, a la que se le reconoce una indemnización por responsabilidad civil, y porque se han podido acreditar los hechos”. “Esto es una satisfacción para las trabajadoras y los trabajadores que han sufrido muchísimo estos años”, explican a este periódico, aunque lamentan no estar de acuerdo con la cuantía de la responsabilidad civil y tampoco con que hayan absuelto a la hija del propietario.

Una de las cuestiones que ha dificultado el proceso es que pese a que durante el juicio testificaron cinco agentes de la Policía Nacional y tres subinspectores laborales de Empleo y Seguridad Social que participaron en las inspecciones a la empresa realizadas primero la mañana del 1 de diciembre de 2020 y, después, la noche del 7 de mayo de 2021, ninguno de ellos supo confirmar cuántas personas en total se encontraban sin permiso de trabajo en las instalaciones, pese a las preguntas de Fiscalía y la acusación particular. Fueron dos inspecciones simultáneas a las dos instalaciones en las que opera la empresa, un pabellón en Basauri y un invernadero en Lezama. En estas inspecciones sí que constataron que entre los trabajadores que encontraron había “algunos” en situación irregular, pero no supieron determinar de cuántos se trataba. El primer policía nacional en declarar, confesó que en la primera inspección realizada hallaron a 10 trabajadores sin permiso de trabajo, por su parte, un compañero suyo consideró que fueron cuatro los que se encontraban en situación irregular.

El testimonio más claro con relación al caso fue el de una de las subinspectoras laborales de Empleo y Seguridad Social, presente en las dos inspecciones, que reconoció que en la segunda inspección, realizada el 7 de mayo de 2021 por la noche tras un aviso a la Policía Nacional que sostenía que los trabajadores irregulares pasaron al horario nocturno para así “evitar ser vistos en las inspecciones laborales”, el propietario aseguró a los agentes de la Policía Nacional y a los inspectores que se encontraba solo en el pabellón de Basauri. “El titular del establecimiento abrió la puerta y nos dijo que estaba solo, pero encontramos a distintos trabajadores extranjeros escondidos en las instalaciones sin contar con la oportuna documentación de trabajo. Aunque una primera revisión constató que se encontraba solo, tras una inspección más a fondo descubrimos que en los almacenes, en el montacargas y en distintos lugares se encontró a trabajadores escondidos. A preguntas de los funcionarios actuantes, los trabajadores manifestaron que estaban escondidos por orden del empresario”, detalló la subinspectora, que indicó que en la inspección encontraron “sobres con dinero” para proceder al pago de los trabajadores, además de documentación sobre los horarios y nóminas.

Esta sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. La Inspección de Trabajo ya ha multado a La Gilda del Norte con una cifra superior a los 40.000 euros por las irregularidades laborales de este caso y que fueron admitidas por el propietario. No obstante, las denunciantes lamentan que el dinero de la sanción en ningún caso recayó en las trabajadoras, que “fueron despedidas tras trabajar durante años sin contrato y, por tanto, sin cotización a la Seguridad Social”.

Siete personas han sido detenidas por la Policía Nacional por explotación laboral de trabajadores extranjeros en call centers en las ciudades de Madrid y Fuenlabrada como presuntas responsables de un delito continuado contra los derechos de los trabajadores. La operación, en colaboración con la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, destapó jornadas y condiciones abusivas para los empleados, y entre ellas castigos humillantes como tirarles tartas a la cara.

“48 personas han sido protegidas en esta actuación. Vivían situaciones humillantes que no se pueden consentir. La Inspección de Trabajo está ahí para vosotros y vosotras. Denunciad. No os quedéis callados. La denuncia en el buzón de la Inspección es confidencial”, ha advertido esta mañana la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en sus redes sociales.

El dispositivo fue desarrollado en quince centros. La Inspección de Trabajo encontró a un total de “48 personas trabajadoras sometidas a condiciones abusivas”. De ellas, “31 eran trabajadores extranjeros en situación irregular y 16 no estaban dados de alta en la Seguridad Social”, informa el organismo público vigilante de que se cumpla la legalidad laboral.

Condiciones abusivas y estafas a particulares

La Inspección apunta que los responsables de los centros de call center contrataban a ciudadanos extranjeros que carecían de permiso de trabajo y les sometían a condiciones de abuso que restringían cualquier derecho laboral.

“Los trabajadores, además, tenían que cumplir unos objetivos diarios a través de llamadas a particulares. Para ello, contaban con un guión previo e invasivo, cuyo objetivo era estafar a los interlocutores para que contrataran determinados productos o servicios”, indican en el organismo público.

“Sus jornadas de trabajo excedían los límites legales permitidos y también carecían de los días de descanso obligatorios, vacaciones, retribuciones justas o seguros médicos ante la posibilidad de cualquier accidente laboral”, añade la Inspección.

Por todo ello, el 10 de marzo, se llevó a cabo la entrada y registro en 15 call centers por parte de la Policía Nacional y la Inspección de Trabajo, y se detuvo a siete personas como presuntas responsables de un delito continuado contra los derechos de los trabajadores. 

Castigos humillantes a través de rankings

Además, las autoridades comprobaron que los encargados de las empresas utilizaban un ranking diario para evaluar a los trabajadores en función de las contrataciones conseguidas, como se percibe en las imágenes de esta información.

Así, se establecía un sistema de recompensas y castigos degradantes en función de la posición que los empleados ocupaban en dicha clasificación.

“Entre las conductas humillantes estaba el lanzar tartas a la cara del trabajador que quedaba en la última posición de ese ranking, en presencia de todos sus compañeros”, denuncia la Inspección de Trabajo.

La compraventa de vivienda libre por parte de extranjeros cayó un 4,4 % interanual en la segunda mitad de 2025, pero no es una tendencia que se haya producido en Castilla-La Mancha, donde este tipo de compras aumentó un 21,5%, frene a la tendencia descendente en el conjunto de España.

De hecho, la compraventa de este tipo de vivienda aumentó en nueve comunidades autónomas y retrocedió en ocho de ellas. Cayó la cifra de las compraventas de extranjeros en la Comunidad de Madrid (-20,3 %); Islas Canarias (-10,8 %) e Islas Baleares (-10,2 %). Por su parte, los crecimientos más intensos se dieron en Castilla-La Mancha (21,5 %); Extremadura (13,8 %); Aragón (11 %) y Castilla y León (10,4 %).

En el segundo semestre del pasado año los extranjeros compraron 66.629 viviendas libres en España, el 18,4 % del total, frente al 19,5 % que se registró en el mismo periodo de 2024 y al 20,9 % de 2023, según el Consejo General del Notariado.

Los extranjeros residentes copan casi el 63% de las operaciones

Los extranjeros residentes concentraron el 62,8 % de las operaciones, el 3,3 % más. Sin embargo, las de los no residentes cayeron un 15,1 % y concentraron el 37,2 % restante en un contexto marcado por el fin de los visado de oro (golden visa) y el anuncio del Gobierno de penalizar fiscalmente las adquisiciones de los extracomunitarios no residentes.

Según los notarios, el volumen de compraventas de extranjeros cayó en el segundo semestre respecto al previo, tanto entre residentes como no residentes. En estos últimos, el ajuste se produce tras el fuerte crecimiento post pandemia, con un máximo en 2022.

Entre los extranjeros residentes, pese al leve retroceso frente a la primera mitad de 2025, alcanzaron el segundo mayor volumen histórico.

Además, en el segundo semestre de 2025, las compraventas realizadas por extranjeros no residentes se concentraron en Comunidad Valenciana, con 9.926 operaciones (40 % del total); Andalucía con 6.263 compraventas (25,3 %); Cataluña (2.151; 8,7 %); Murcia (1.933; 7,8 %) o Canarias (1.843; 7,4 %).

Pagan un 5 % más y los extranjeros no residentes 3.242 euros/m2

Las viviendas adquiridas por extranjeros tuvieron un precio medio de 2.479 euros/m², un 5 % más. Los no residentes desembolsaron los importes más elevados, 3.242 euros/m², frente a los 1.963 euros/m² de los extranjeros residentes y los 1.839 euros/m² de los españoles.

El precio medio pagado por los extranjeros no residentes aumentó un 5,8 %, el de extranjeros residentes lo hizo un 9,4 % y el de los españoles un 7,4 %.

Por comunidades, los precios crecieron en 16, especialmente en Cantabria (17,2 %); Murcia (14,1 %); La Rioja (13,4 %); Navarra (12,6 %); Comunidad de Madrid (11,6 %); Asturias (10,5 %) y Extremadura (10,3 %). Solo se redujeron en Galicia (-4,9 %).

Reino Unido y Marruecos lideran la demanda extranjera en España

El mayor número de operaciones correspondió a Reino Unido, 5.178, el 7,8 % del total, seguido de Marruecos con 5.154 (7,7 %); Italia (4.397; 6,6 %); Alemania (4.351; 6,5 %) y Rumanía (4.339; 6,5 %). El resto de compradores extracomunitarios realizó 8.213 operaciones, el 12,3 % del total.

Entre los extranjeros residentes, los marroquíes encabezaron las compraventas (12,1 % del total), seguidos de italianos y rumanos, mientras que entre los no residentes fueron los más destacados los de Países Bajos (12,6 %), Alemania (11,9 %) y Reino Unido (11,5 %).

Tres años ha estado en vigor la vía extraordinaria abierta por la Ley de Memoria Democrática para que los hijos y nietos de españoles que se hubieran exiliado o emigrado pudieran adquirir la nacionalidad española. El aluvión de solicitudes fue tal que el Gobierno tuvo que ampliar un año el plazo, cerrado definitivamente el pasado octubre con un enorme flujo de peticiones pendiente de tramitar por los consulados, que se han visto desbordados: en total, más de un millón de personas (1.170.999) han ejercido este derecho desde 2021, de las que más de la mitad, en concreto 632.670, siguen esperando una decisión. Solo el 25% del total de solicitudes están a día de hoy finalmente inscritas.

Son los datos que maneja el Ministerio de Asuntos Exteriores a febrero de 2026, los últimos disponibles, a los que elDiario.es ha accedido a través de una solicitud de acceso a la información realizada a través del Portal de Transparencia. Las cifras revelan la incapacidad de los consulados de España en el extranjero para gestionar el volumen de solicitudes. Argentina, Cuba, Brasil y México concentran el mayor número de peticiones y también la mayor cifra de inscripciones: solo entre los cuatro países acumulan el 72% de las personas que han pedido la nacionalidad.

Del total de peticiones ya resueltas, la práctica totalidad han sido aceptadas hasta la fecha y solo hay un 1,32% de denegaciones. El cuello de botella está en que un 54% de las solicitudes esperan todavía en un cajón y por eso, el paso siguiente, el de hacer la nacionalidad plenamente efectiva y que sea anotada definitivamente en el Registro Civil consular, va con tanto retraso. La situación mantiene en un limbo a miles de personas, que llevan en muchos casos esperando más de un año solo para lograr pedir cita y que denuncian sentirse atrapados en un laberinto que parece no tener fin. Preguntado por la situación, el Ministerio de Exteriores no ha respondido a este medio, pero fuentes del Gobierno apuntan a que se ha hecho “un esfuerzo enorme” para reforzar el personal de los consulados como medida para atajar la situación.

“Esto se ha convertido para muchas familias en una pesadilla burocrática y un vía crucis de papeleos, silencios administrativos y desgaste emocional”, señala desde La Habana Roberto, que ha pedido la nacionalidad junto a su madre, sus hermanas y sus primos y que está en contacto con decenas de afectados a través de los grupos de Telegram en los que se han organizado. Las experiencias de unos y otros, dice, son “muy similares” y retratan esperas “interminables” para obtener la credencial con la que después podrán pedir cita, expedientes “que desaparecen” o solicitudes que “son devueltas para empezar de cero”.

En su caso, inició el proceso en junio de 2024 con la reclamación de una credencial vía correo electrónico, que era la vía estipulada antes de que el sistema cambiara a un formulario telemático. En la respuesta, el consulado advertía: “IMPORTANTE. Tenemos una cantidad muy alta de solicitantes, lo que provoca unos tiempos de espera mayores. Es posible que reciba sus credenciales con una demora de HASTA SEIS MESES”, reza el correo electrónico automático que recibió. Lo que iba a ser medio año, sin embargo, se ha convertido en más de año y medio y no ha sido hasta este febrero cuando ha recibido la clave con la que ya ha tenido una cita para entregar la documentación.

“Nos dicen que ahora tendremos que esperar otro año y medio”, apunta este hombre, nieto de un canario que salió de España hacia Cuba en 1908 huyendo del servicio militar obligatorio y de “una situación política compleja” que en esa época “castigaba a las clases humildes”. La familia intentó acogerse a la Ley de Memoria Histórica de 2007, que ya abrió por primera vez una vía excepcional para otorgar la nacionalidad en estos casos, pero no logró encontrar la partida de nacimiento de los abuelos.

La ley de 2022 nació con vocación de superar las lagunas que de la anterior legislación y reconoce varios supuestos: podrán acogerse a ella los hijos y nietos de exiliados por “razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación e identidad sexual” que perdieran o renunciaran a la nacionalidad, también los hijos de mujeres que la perdieron por casarse con un extranjero —algo que ocurría antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978— y los hijos de quienes adquirieran la nacionalidad en virtud de la ley de 2007. Sin embargo, la instrucción posterior que desarrolla la norma extiende su aplicación a los “nacidos de padres o abuelos originariamente españoles”, es decir, de quienes emigraron independientemente del motivo.

Argentina, a la cabeza

Las peticiones de nacionalidad salpican prácticamente a todos los países, pero unos pocos concentran la inmensa mayoría de las mismas. A la cabeza está Argentina, donde hay registradas 462.815 peticiones en los cinco consulados de España en el país, seguida de Brasil (137.322), México (116.785) y Cuba, en cuyo único consulado en La Habana se acumulan 137.770 expedientes. Estados Unidos y Chile también registran por encima de las 50.000 solicitudes y Francia supera las 25.000.

Todos ellos son igualmente los países que más demandas tienen pendientes de gestionar. “Se ha generado una avalancha internacional de solicitudes y saturación de oficinas consulares con especial incidencia en América Latina. Es un auténtico colapso que está provocando que haya grandes bolsas de solicitantes a la espera de cita. Harán falta muchos años para que puedan completarse todos los expedientes y se llegue al último paso, el de la inscripción, en todos los casos”, lamenta Estela Marina Pérez, presidenta de la Asociación de Descendientes en el Mundo.

De los países con más solicitudes sin tramitar, Estados Unidos, Cuba y México tienen entre 54.000 y 64.000 peticiones pendientes, México supera las 100.000 y Argentina es el país con más atasco con 229.653 instancias sin respuesta. Sin embargo, la proporción de personas que han podido finalmente inscribirse varía, aunque casi ninguno de los países supera la mitad de inscripciones, solo Cuba, que roza el 52%. En Argentina, únicamente han sido anotadas de forma definitiva el 16% de todas las peticiones y le siguen Chile, Uruguay y Brasil como países con menor porcentaje de inscripciones.

Manuel Camejo, abogado de Camejo Law Firm, está asesorando a muchas de estas personas en Buenos Aires, un consulado en el que “hay un caos total”, asegura. Los obstáculos principales tienen que ver con personas a las que no les llegan las credenciales reclamadas o con quienes, una vez que las tienen, “no están pudiendo acceder a un turno” mientras que las peticiones que se están ahora resolviendo fueron presentadas en el verano de 2023, señala el abogado.

Consciente del atasco, el consulado reconoce que los sistemas informáticos “no permiten procesar con la velocidad necesaria” el número de solicitudes y apunta a que “se están ampliando la velocidad y la capacidad de las líneas de conectividad existentes”, señala en un boletín informativo publicado el pasado marzo, en el que el consulado avanza que ha decidido externalizar “la carga de los datos en papel de los expedientes” y que actualmente “se están cerrando los detalles” de este nuevo sistema, que entrará en vigor “en breve”.

Sobre la situación que atraviesan los trámites de nacionalidad ha alertado el Defensor del Pueblo por segundo año consecutivo en su informe anual, publicado la semana pasada. En él apunta a que el funcionamiento de los registros civiles consulares ha sido “un año más” la cuestión que ha provocado un mayor número de quejas ciudadanas debido en parte al “impacto” que ha tenido la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, por la que el organismo abrió una actuación de oficio ante la Subsecretaría de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del ministerio.

El Defensor del Pueblo recalca el “indudable esfuerzo” del personal de las oficinas y señala algunas medidas que se han ido adoptando en los distintos consulados para acelerar los trámites, incluyendo “la habilitación de nuevos espacios y el aumento de plantillas”. Esto sumado a la plena implementación del plan de digitalización consular “podría permitir a medio plazo resolver algunas de las dificultades identificadas”.

Aun así, al cierre del informe, el organismo remarca que las actuaciones ante el Gobierno siguen abiertas a la espera de recibir información sobre el sistema de citas, las “demoras” en el envío de credenciales, los obstáculos para que todas las personas puedan presentar solicitudes en plazo y sobre el número de expedientes pendientes y la gran cantidad de inscripciones que están aún en el aire.

Hoy recuperamos un episodio que preparamos tras una investigación del equipo de datos de elDiario.es y que llegaba a una conclusión muy clara: Cuanto más pobre es el barrio, mayor es la concentración de población migrante. Hay zonas que son una auténtica frontera: los puntos amarillos son la población extranjera. Los azules, la población española. Hay barrios en España de auténtico contraste. A un lado, todo azul. A otro, todo amarillo. Una frontera.

Nos dirigimos a alguna de ellas. Por ejemplo, en Madrid, en la M30: la arteria que divide Puente de Vallecas con Retiro - Pacífico. Allí vamos con Gabriela Sánchez, la jefa de Desalambre en elDiario.es, que ha coordinado este especial con Raúl Sánchez, jefe de datos de elDiario.es y con el que hablamos para entender este fenómeno. También, con los periodistas de elDiario.es Carmen Ibáñez y Marcos García Santonja, vamos a otras dos zonas con una frontera clara en lo que a segregación se refiere en Sevilla y en Alicante.

 *** Este episodio se emitió por primera vez el 26 de enero de 2026 ***

***

El mapa de la segregación, calle a calle: cómo se divide a la población por origen y renta

***

Envíanos una nota de voz por Whatsapp contándonos alguna historia que conozcas o algún sonido que tengas cerca y que te llame la atención. Lo importante es que sea algo que tenga que ver contigo. Guárdanos en la agenda como “Un tema Al día”. El número es el 699 518 743

***

¿Cómo escuchar 'Un tema Al día'?

▶ Si eres socio/a, puedes escuchar los nuevos capítulos del podcast cada noche en elDiario.es con unas horas de antelación respecto al resto de lectores. Recibirás el enlace en tu correo electrónico en el boletín del Adelanto de noticias.

▶ Si no eres socio/a, el episodio está disponible a primera hora de la mañana en cualquier aplicación que uses habitualmente. 

▶ Acuérdate de suscribirte al podcast 'Un tema al día' en tu app para que te lleguen automáticamente los nuevos capítulos. Es gratis.

▶ Tendrás disponibles también todas las entregas de 'Un tema Al día' en elDiario.es/aldia

El propietario de La Gilda del Norte (en realidad la empresa se llama Agricultura Creativa 2015) F.J.G.Á. ha renunciado a su derecho a la última palabra durante el juicio que se ha celebrado esta semana en la Audiencia Provincial de Bizkaia. El responsable de la empresa vizcaína, y su hija, P.G., están acusados de delitos “continuados” contra los derechos de sus trabajadores al mantener presuntamente, a personas extranjeras en situación irregular trabajando sin contrato, por lo que se enfrentan a penas de hasta seis años de cárcel. A lo largo de todo el juicio F.J.G.A. se ha mantenido en silencio. Su hija, por su parte, sí que ha hecho uso de la última palabra para denunciar el “sufrimiento” al que se han enfrentado. “He tenido que medicarme y no porque piense que nos han pillado ni mucho menos, sino porque han ido contra mi familia y han intentado hacernos daño de todas las maneras posibles. La última que han tenido ha sido involucrarme a mí en todo esto. Espero que se haga justicia por el sufrimiento que yo sí que he vivido”, ha declarado en la segunda y última sesión del juicio celebrada este miércoles y a la que han asistido cerca de 40 trabajadores con camisetas de La Gilda del Norte que han criticado en los pasillos a sus excompañeras denunciantes como muestra de apoyo a sus jefes.

Durante la segunda y última sesión han testificado cinco agentes de la Policía Nacional y tres subinspectores laborales de Empleo y Seguridad Social que participaron en las inspecciones a la empresa realizadas primero la mañana del 1 de diciembre de 2020 y, después, la noche del 7 de mayo de 2021. Fueron dos inspecciones simultáneas a las dos instalaciones en las que opera la empresa, un pabellón en Basauri y un invernadero en Lezama. En estas inspecciones han constatado que entre los trabajadores que encontraron había “algunos” en situación irregular, pero no han sabido determinar de cuántos se trataba. El primer policía nacional en declarar, ha confesado que en la primera inspección realizada hallaron a 10 trabajadores sin permiso de trabajo, por su parte, un compañero suyo considera que fueron cuatro los que se encontraban en situación irregular. Ninguno de los testigos ha sabido confirmar cuántas personas en total se encontraron durante las inspecciones sin permiso de trabajo, pese a las preguntas de la Fiscalía y la acusación particular.

Una de las subinspectoras laborales de Empleo y Seguridad Social, presente en las dos inspecciones, ha reconocido que en la segunda inspección, realizada el 7 de mayo de 2021 por la noche tras un aviso a la Policía Nacional que sostenía que los trabajadores irregulares pasaron al horario nocturno para así “evitar ser vistos en las inspecciones laborales”, el propietario aseguró a los agentes de la Policía Nacional y a los inspectores que se encontraba solo en el pabellón de Basauri. “El titular del establecimiento abrió la puerta y nos dijo que estaba solo, pero encontramos a distintos trabajadores extranjeros escondidos en las instalaciones sin contar con la oportuna documentación de trabajo. Aunque una primera revisión constató que se encontraba solo, tras una inspección más a fondo descubrimos que en los almacenes, en el montacargas y en distintos lugares se encontró a trabajadores escondidos. A preguntas de los funcionarios actuantes, los trabajadores manifestaron que estaban escondidos por orden del empresario”, ha detallado la subinspectora, que ha indicado que en la inspección encontraron “sobres con dinero” para proceder al pago de los trabajadores, además de documentación sobre los horarios y nóminas.

A lo largo del juicio también han testificado una decena de trabajadoras que han coincidido en su mayoría en que trabajaban “sin contrato”, “en situación irregular”, sin medidas de seguridad ni controles y por 800 euros. Además de que, si llegaba alguna inspección, tenían la orden de “esconderse”.

A pesar de ello, desde Fiscalía, que confirma “la contratación reiterada e ilegal de personas en situación irregular, al menos desde 2018 a 2021” no percibe “explotación laboral”. “En un caso como el presente no concurre en ningún caso una situación de abuso, superioridad, engaño o situación de necesidad de los trabajadores en las concretas circunstancias de este caso sin perjuicio de que el trabajo de estos trabajadores no sea el trabajo de los sueños de nadie, ya que cobran una cantidad de dinero francamente escasa, pero esto en ningún caso supone la imposición de condiciones abusivas de semiesclavitud como se ha escuchado en esta sala. Nadie ha resultado amenazado para desempeñar este trabajo. A nadie se le ha engañado para realizar este trabajo, y, por tanto, entendemos que en ningún caso resultan acreditados ninguno de los preceptos penales”, ha justificado la fiscal, que se mantiene en una condena de 12 meses de cárcel para el propietario de la empresa y exime a su hija, al entender que “no puede ser autora de ninguno de los delitos porque no tiene la condición de empresaria”, pese a que la acusación particular ha presentado como prueba “pantallazos” de artículos en prensa en los que la acusada se define como CEO de La Gilda del Norte, algo que aparece también en sus redes sociales y las demandantes y testigos han asegurado que ella “también daba órdenes” en la empresa.

La acusación particular, que exige para los dos propietarios penas que podrían sumar los seis años de cárcel por delitos “continuados” contra los derechos de sus trabajadores, además de una indemnización de 7.500 euros “por daños morales”, ha solicitado incluir una medida subsidiaria de 18 meses de prisión para el propietario y 89 días de prisión para su hija. Esto implica solicitar a la jueza una pretensión principal y, para el caso de que esta no sea estimada, proponer una alternativa secundaria (subsidiaria) para garantizar la protección de los intereses de la parte demandante.

“La empresa ha utilizado a los trabajadores en situación irregular de forma continuada durante un periodo de 3 a 4 años desde 2017 hasta el mes de actuación de la Inspección de Trabajo en mayo de 2021. Todo esto está sustentado en las actuaciones de la Inspección de Trabajo, no solamente en las últimas dos, sino en más, que constataron en sus diferentes intervenciones que había trabajadores extranjeros sin permiso de trabajo y a través de la actuación de la Policía Nacional y lo reflejado también en sus atestados, así como en las declaraciones tanto de los agentes como de los inspectores de trabajo, se han acreditado hasta 14 trabajadores en situación irregular”, ha señalado la abogada de la acusación particular.

La defensa ha tratado de argumentar que la contratación del personal en situación irregular se trataba de algo “esporádico y puntual” debido a la “dificultad de poder encontrar” a trabajadores en el sector. Sin embargo, la acusación particular ha defendido que más que algo puntual, se trataba de una estructura empresarial. “Era una estructura empresarial basada en las mismas condiciones de 800 euros al mes con extras puntuales por las tardes y los sábados. Está probado que estas personas no estaban allí trabajando de forma esporádica, sino que estuvieron años. Es decir, esto formaba parte de la estructura y del plan de negocios de la empresa y afectaba a su cuenta de resultados de forma relevante. Por lo tanto, existe una lesión también a las arcas públicas. El modelo de negocio del grupo empresarial, del que son titulares tanto el propietario como su hija, se basaba en ese beneficio extra que les proporcionaba la ausencia de contratos legales y el ahorro que le supone a una empresa tantos trabajadores sin pagar a la Seguridad Social y esas condiciones mínimas que suponen un beneficio directo, así como también afecta a la competencia en el mercado. Se presume elevadísimo también el beneficio que le aportó a esta empresa en la pandemia el hecho de contar con este tipo de trabajadores sin pago de Seguridad Social y que trabajaron incluso en ERTE por lo que la empresa se beneficiaba también de las ayudas que venían establecidas por el ERTE”, ha defendido la abogada.

Por último, la defensa de los acusados ha pedido la absolución de ambos al entender que ya han sido sancionados previamente por esta causa, debido a que la Inspección de Trabajo ya ha multado a La Gilda del Norte con una cifra superior a los 40.000 euros por las irregularidades laborales de este caso y que fueron admitidas por el propietario. No obstante, desde la acusación particular lamentan que el dinero de la sanción en ningún caso recayó en las demandantes, que “fueron despedidas tras trabajar durante años sin contrato y, por tanto, sin cotización a la Seguridad Social”.

Trabajadores de La Gilda del Norte (en realidad la empresa se llama Agricultura Creativa 2015) han declarado durante el juicio que se celebrará entre este martes y miércoles en la Audiencia Provincial de Bizkaia que trabajaban a menudo “sin contrato”, “en situación irregular”, sin medidas de seguridad ni controles y por 800 euros. Si llegaba alguna inspección, tenían la orden de “esconderse”. “Nos obligaba a escondernos, nos decía que no teníamos que estar allí porque no teníamos documentación. Y que si nos veían nos mandarían a nuestro país. Una vez me hizo meter en el congelador, en el cuarto frío un tiempo hasta que se fue la Policía”, ha explicado una de las tres denunciantes que acusan a F.J.G.A y su hija P.G., los dos propietarios de la empresa vizcaína de “explotación laboral” y por lo que se enfrentan a penas de hasta seis años de cárcel.

La acusación particular, representante de las denunciantes, exige para los propietarios penas que podrían sumar los seis años de cárcel por delitos “continuados” contra los derechos de sus trabajadores, además de una indemnización de 7.500 euros “por daños morales”, aunque la Fiscalía deja la petición de condena en un año y exime a la hija. Ninguno de los dos ha querido declarar durante el juicio y P.G., se ha acogido su derecho a no usar su última palabra para así no presentarse en la segunda sesión, que tendrá lugar este miércoles y en la que están llamados a testificar cuatro agentes de la Policía Nacional y de dos subinspectores laborales.

Durante la primera sesión del juicio han testificado las tres demandantes, dos mujeres y un hombre que trabajaron en la empresa en diferentes tramos entre el año 2017 y 2021. También han declarado tres antiguas trabajadoras en calidad de testigos. Las trabajadoras se dividían entre las que se encargaban de elaborar las gildas, los pintxos, en el pabellón de Basauri, que también se encargaban de las labores de limpieza, y las que trabajaban en el invernadero de Lezama, donde según ha reconocido una de ellas las condiciones eran más duras, a “temperaturas de más de 40 grados” y oliendo productos “tóxicos”, aunque también ha lamentado que la producción era “altísima” en el pabellón de Basauri, donde tenían que realizar “entre 110 y 120 tarros de gildas”.

Las inspecciones laborales se realizaron el 1 de diciembre de 2020 y el 7 de mayo de 2021. “Cuando llegara la Policía que nos decía que nos escondiésemos. Un día nos subieron a un montacargas, otra vez nos indicó que fuéramos al baño”, ha reconocido una de las testigos mientras que otra ha declarado que en su caso le pidieron que “subiera al tejado del edificio” para evitar ser vista. “En las inspecciones teníamos orden de escondernos, porque nos dijo que si nos cogía la Policía nos tendríamos que ir y yo no quería volver a mi país. Ese día subí por una escalera al tejado de la empresa, él lo sabe y nos agradeció que le ayudáramos porque él también decía que nos ayudaba”, ha asegurado una de las extrabajadoras.

Una de las denunciantes ha asegurado que P.G., la hija del propietario, quien según las trabajadoras también realizaba funciones de gestión en la empresa, le comentó que podía “abortar”, al comunicar que estaba embarazada. “Comuniqué mi embarazo para solicitar una reducción de jornada porque el trabajo era pesado para mí. El jefe se lo tomó alterado y a los tres días me llamó a las oficinas. Allí ella me dijo 'mira, hay una clínica en la que puedes abortar y quitarte eso de encima, te puedo dar el contacto de la clínica”. A mí me pareció muy duro porque yo a mi hijo lo quería tener. Me pareció muy fuerte“. ”El siguiente sábado fui a trabajar y me llamó el jefe y me dijo que me fuera a casa tranquila, que así no podía trabajar. Me dijo que me iba a mandar 400 euros al mes, que me iba a estar pagando en casa pero no fue así. Me sentí presionada porque era o el trabajo o mi embarazo. Cuando se enteró de la denuncia contactó conmigo y me llevó un sobre con 500 euros para que no denunciase y llegar a un acuerdo“, ha manifestado una de las denunciantes.

Otro de los denunciantes ha asegurado que entre el 60 y 70% de la plantilla con la que él trabajaba eran “trabajadores extranjeros en situación irregular”. Llegaban a la empresa recomendadas por algún familiar o amigo, muchas veces a los pocos días de llegar al país y no se les realizaba ninguna entrevista, pasaban directamente a realizar las labores, normalmente de 06.00 a 14.00, pero con la posibilidad de realizar horas extra por las tardes y los sábados. Los trabajadores han detallado que los pagos se realizaban en mano y que en alguna ocasión hubo retrasos en los mismos, pero no impagos. La mayoría relatan que vivían con la “promesa” de que pasado un tiempo se formalizara su contrato y pudieran estar en situación regular en el país.

La Inspección de Trabajo ya ha multado a La Gilda del Norte con una cifra superior a los 40.000 euros por las irregularidades laborales de este caso. Tras la segunda inspección, que tuvo lugar el 7 de mayo de 2021, los trabajadores irregulares, según han declarado, pasaron a trabajar en el turno de noche, de 20.00 horas a 06.00 horas. La forma de controlar los horarios de cada uno, según han apuntado, era un cuaderno que controlaba una de las trabajadoras con mayor rango en la empresa que ha sido citada a declarar en calidad de testigo, pero que no ha acudido a la cita por encontrarse residiendo en el extranjero. Los trabajadores han declarado que “durante el confinamiento por la COVID-19 siguieron trabajando incluso en ERTE”, que nunca realizaron ninguna formación sobre seguridad laboral, reconocimiento médico, no contaban con EPI, ni realizaron jamás cursos de manipulación de alimentos.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en A Coruña a un hombre como presunto autor de un delito de falsedad documental, por emplear a ciudadanos extranjeros utilizando, supuestamente, la identidad de terceras personas, antiguas trabajadoras de la empresa.

La investigación, bautizada como Operación Marka, fue llevada a cabo por el grupo 2 de la UCRIF, y se inició tras la denuncia de un ciudadano extranjero que, al consultar su vida laboral, comprobó que había sido dado de alta en la Seguridad Social por una empresa en fechas en las que se encontraba trabajando en otra compañía distinta, fuera de España.

La empresa, dedicada a labores de limpieza y mantenimiento, empleaba a ciudadanos de origen extranjero utilizando documentos de identidad de antiguos trabajadores.

Según ha explicado la Policía –y recoge Europa Press–, el empresario actuaba así con la intención de ahorrarse la cuantía de los cursos de preparación necesarios para el desarrollo de la actividad laboral, obligatorios para los nuevos empleados; así como el coste de darlos de alta en la Seguridad Social el tiempo de realización de los mismos. De este modo, daba de alta nuevamente a antiguos empleados que ya habían realizado estos cursos.

Con ello perjudicaba, por un lado, a los trabajadores, que eran contratados en la creencia de que el empresario realizaba todos los trámites para darlos de alta en la Seguridad Social y, posteriormente, descubrían que habían desarrollado un trabajo por el que no generaban los correspondientes días de cotización, ya que éstos derivaban en los auténticos titulares de las altas.

Por el otro, perjudicaba a las empresas para las que realizaba los mantenimientos, ya que eludía los sistemas de control de éstas al estar desarrollando su actividad con personal no cualificado en los cursos en seguridad laboral previamente exigidos, con el consiguiente riesgo a su vez para la salud de los empleados.

Además, varios de los trabajadores fueron despedidos cuando detectaron que en su contrato figuraba el nombre de un tercero y el empresario se negó a subsanarlo.

La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal dedicado a la explotación laboral de 45 ciudadanos extranjeros que se encontraban en España en situación irregular llevando a cabo la recogida de mandarinas en una finca cercana a la localidad de Dos Hermanas (Sevilla). Las víctimas trabajaban sin haber sido dados de alta en el sistema de la Seguridad Social y en condiciones que no cumplían las medidas mínimas de seguridad.

La investigación comenzó a finales del pasado año, cuando se detectó la posible existencia de una finca en la que se podrían estar cometiendo delitos contra los derechos de los trabajadores por parte de la empresa contratante. Los agentes verificaron que en el lugar de la investigación se estaba trabajando en la recolección de mandarinas de manera irregular: los trabajadores no tenían permiso de residencia, ni de trabajo y sin contrato.

Las 45 víctimas que se encontraban en la finca registraban un Número de Identificación de Extranjeros (NIE) que no se correspondía con su filiación, sino que pertenecían a otros ciudadanos extranjeros que habían sido dados de alta fraudulentamente en la Seguridad Social, sin que estuvieran realmente realizando dicha jornada de trabajo.

Durante la inspección, los agentes detuvieron al responsable de la organización, al que se le imputan los delitos contra los derechos de los trabajadores y falsedad documental.

Hoy cumplo cuatro décadas en España. Llegué un 28 de febrero de 1986, como corresponsal del diario colombiano donde había comenzado mi carrera de periodista. Sabía muy poco de España, quizá tan poco como el entonces cónsul honorario en Barranquilla, que me dictó la carta que debía dirigir a la Moncloa para acreditarme como corresponsal y puso como destinatario: “Secretaría de Estado de Comunicación. República de España”. Días más tarde recibí una carta desde dicha oficina aclarándome que España es un Reino. Corregí, claro. Mi mujer se había venido previamente a Europa con la intención de que nos instaláramos en París, pero Madrid la había enganchado. Cuando le comenté la opción madrileña al maestro Germán Vargas, uno de los cuatro discípulos del sabio catalán en 'Cien años de soledad', me dijo alarmado: “¿Madrid? Eso es como Bogotá en los años cincuenta. La gente viste de negro y llueve todo el día. El único lugar donde se puede vivir en España es Barcelona”. Por fortuna, qué equivocado estaba don Germán.

Tres meses antes de mi llegada había ocurrido en Colombia el episodio político más traumático de su historia reciente: la toma criminal del Palacio de Justicia por el M-19 y la no menos criminal retoma por el ejército. En la refriega murieron cerca de un centenar de personas, entre ellos 11 magistrados de la Corte Suprema. Pese a lo convulsionado del ambiente, unos días después pedí al director de mi periódico que me permitiera escribir un artículo de opinión, que titulé ‘El Palacio de Justicia y los alzados en instituciones’; en él critiqué duramente al Gobierno y a los mandos militares por su responsabilidad compartida con los guerrilleros en la muerte de los juristas de la Corte, la única institución en la que confiaban los colombianos por la honestidad y el talante progresista de sus miembros. Tras la publicación del artículo, un compañero del periódico con buenos contactos en la Policía me dijo que desde el cuartel me mandaban a decir que me cuidara. En ese momento tomé la decisión de marcharme. No por la amenaza en sí -la consideré poca cosa, una simple bravuconada, frente al peligro real en que se encontraban muchos compatriotas en esos días turbulentos-, sino por un sentimiento de asfixia ante el clima opresivo que se había instalado en el país, en particular para el ejercicio del periodismo. Una vez concluí el trabajo fatigoso de desmontar una casa, me fui.

Al cabo de un tiempo en España, me vinculé a Cambio 16, y desde entonces he trabajado de diversos medios españoles. Poco a poco, casi sin darnos cuenta, nos fuimos quedando en Madrid. En 1991, me nacionalicé. En un acto de enorme trascendencia para mí, pero rutinario para el funcionario del Registro Civil en la Calle de Pradillo, juré lealtad al Rey y a la Corona. Siempre había vivido en países con sistemas republicanos, pero no me sentí incómodo por la exigencia del juramento. Juan Carlos me caía simpático, como a casi todos los españoles, y yo me aprestaba a ser uno más de ellos. La sorpresa llegó cuando el funcionario me dijo que no podía registrarme con mi nombre: Marco. Me explicó que había que “castellanizarlo” y me registró como Marcos. Le dije, implorante, que yo era periodista y siempre firmaba con mi nombre original. Su solución fue hacer una apostilla en el registro señalando que el flamante ciudadano español Marcos Schwartz también respondía al nombre de Marco. Desde entonces tengo una doble personalidad: en mi pasaporte español, mi DNI, en mis cuentas bancarias y en general en los trámites burocráticos, aparezco como Marcos. Y en mi vida periodística y civil de Clark Kent he logrado preservar el nombre que eligieron para mí mis padres. Pensándolo con la distancia, tal vez me habría evitado más dolores de cabeza que me hubiera cambiado el apellido Schwartz por Suárez. No tendría que deletrear a toda hora Salamanca, Cáceres, Huelva, Whisky, Aragón, Roma, Teruel, Zamora.

En la época en que llegué había pocos extranjeros en España. Pero años después, sobre todo a partir del 2000, la inmigración se disparó. Y con la fuerza de un torrente desbocado se llevó por delante las normas rígidas de los funcionarios del registro, que han terminado escribiendo con naturalidad nombres como Brahian, Darwin José o Breiddy, sin que se les pase por la cabeza “castellanizarlos”. Con la ley 20 de 2011, ya solo se prohíbe inscribir nombres que sean “contrarios a la dignidad de la persona”, como ha ocurrido según ChatGPT con los de Hitler y Osama bin Laden.

Aunque he vivido algunos incidentes xenófobos, debo decir que mi experiencia en España ha sido más que positiva. Es duro decirlo, pero seguramente ha ayudado que soy blanco. Me consta que muchos inmigrantes con “pinta” de latinoamericanos (la palabra “pinta” suele estar asociada a un prototipo andino) son objeto de discriminación y desprecio cotidianos. Y ni hablar de las que sufren los magrebíes o los subsaharianos. Cuántas veces he escuchado en conversaciones de bar aquello de que “los latinoamericanos al menos hablan tu idioma y tienen tu religión”. Esa es la tarea que tiene pendiente cualquier gobierno que se precie de democrático: facilitar la integración de los extranjeros. No someterlos a pruebas culturales de trivial, ni mostrarles la foto de un toro para ver si gritan genuinamente olé, ni comprobar si hablan correctamente español cuando miles de españoles “de toda la vida” lo hablan a las patadas. Mis abuelos no sabían una pizca de español ni sabían distinguir un bolero de un vallenato cuando llegaron a Colombia, e hicieron allí su vida a punta de trabajo y esfuerzo. Que es lo que busca la inmensa mayoría de los extranjeros que trasiegan de un sitio a otro en el ancho mundo.

Ser español no ha sido para mí un “honor”, como pretende Feijóo que lo sea para quienes aspiren a la nacionalidad española si llega a la presidencia del Gobierno. Eso que se lo pida a los pelayos y las urracas. Para mí es algo muchísimo más importante: ha sido la manera de llevar una vida corriente en un lugar que me ha dado mucho y al que he aportado mucho, un lugar en el mundo del que siento nostalgia cuando estoy afuera, como pude comprobar durante un período reciente en que dirigí un periódico colombiano, un lugar en el que conservo grandes amigos de los años frenéticos de mi “infancia española” y pequeños nietos que se asoman inocentes a un país que, por muchas críticas que se le hagan, funciona civilizadamente. Y que algunos, como Feijóo o Abascal, parecen empeñados en convertir en una organización tribal con el sello de Covadonga.  

El grupo plurinacional de Sumar ha presentado en el Congreso una pregunta escrita al Gobierno para reclamarle que ponga en marcha el reglamento al que obliga la Ley Trans para que los extranjeros puedan modificar su nombre y sexo legal. Dos años después de que la norma entrara en vigor, el Ejecutivo aún no habilitado los procedimientos para que estas personas puedan ejercer un derecho que el texto les reconoce, un incumplimiento que impacta en su día a día y que llevan meses denunciando las organizaciones LGTBI.

Una situación que “está generando no solo una evidente inseguridad jurídica sino situaciones de clara discriminación”, apunta Sumar en la pregunta, registrada por las diputadas Viviane Ogou y Júlia Boada. El texto se hace eco de la dificultad que están teniendo personas trans extranjeras que no pueden modificar sus datos en sus países de origen, incluidas solicitantes de asilo, para acceder a la rectificación registral. La ley dio en marzo de 2023 un año al Gobierno para “habilitar la vía reglamentaria” adecuada con este fin, pero a día de hoy ningún ministerio se responsabiliza de llevarlo a cabo.

“Hay casos de personas afectadas incluso teniendo reconocido el derecho de asilo con motivo de su condición [ser LGTBI] y el peligro que comportaba seguir viviendo en el país de origen”, señala la pregunta. Entre ellas, está Dina El Omary, una mujer trans que huyó de Marruecos tras una vida marcada por la violencia a la que el Ministerio del Interior reconoció el estatus de refugiada precisamente por ello. “El Estado reconoce que tuve que huir de mi país por mi identidad, pero al mismo tiempo no la respeta ni me permite vivir plenamente. Es doloroso y contradictorio”, decía en conversación con elDiario.es.

Organizaciones LGTBI como la Plataforma Trans fueron las primeras en dar la voz de alarma y registraron varias quejas al Defensor del Pueblo, que ha reclamado a Interior que ponga en marcha el reglamento. La realidad es que la situación está sometida a una enorme disparidad y hay quienes sí están logrando cambiar sus datos gracias al apoyo o asesoramiento de entidades como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que denuncia que al no existir un procedimiento reglado, depende en muchos casos de la buena voluntad del funcionario de las oficinas.

Por ello, Sumar urge al Gobierno y le pregunta la razón por la que aún no se ha desarrollado el reglamento y si “tiene sobre la mesa” un calendario para su aprobación. Además, le interroga sobre qué cartera es la responsable de hacerlo, ya que la legislación solo se refiere a la “autoridad competente” y todos los ministerios (Interior, Igualdad, Justicia, Exteriores y Política Territorial) derivan a otro al ser preguntados por elDiario.es.

Las preguntas de Sumar se añaden así a las que también ha registrado Podemos en los últimos meses. Precisamente en una respuesta parlamentaria remitida hace dos semanas al partido de Ione Belarra, Interior se limita a asegurar que ya “aplica” las previsiones contenidas en la ley.

María, que en realidad tiene otro nombre, acudió a la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Bizkaia porque el hombre al que cuidaba en régimen de interna se colaba por las noches en su habitación, que no contaba con pestillo para poder cerrar la puerta. Luisa lo hizo después de pasar años con una lesión mal curada hasta que su cuerpo dijo “basta”. Marimar Peña es la única de ellas que no teme decir su nombre y apellido real, aunque es cierto que ella forma parte del 10% de las trabajadoras del hogar que son autóctonas, por lo que no ha sufrido de primera mano las discriminaciones de sus compañeras migrantes y en situación irregular en el país. En su caso, estuvo trabajando durante 48 años como empleada del hogar para familias adineradas de la capital vizcaína, 41 de los cuales, con contrato y cotización a la seguridad social. En su última casa, en la que estuvo más de dos décadas como trabajadora externa, es decir, no dormía en ella, por lo que define como “desencuentros” con la familia, la despidieron en 2024 a los 62 años de edad.

A pesar de los años cotizados, cuando Marimar acude al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) le comunican que solo le corresponden ocho meses de paro, ya que las cotizaciones como empleada de hogar solo cuentan a partir del 1 de octubre de 2022, fecha en la que se hizo obligatorio cotizar por desempleo. Por esta razón, Marimar junto a la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Bizkaia, ha presentado una demanda judicial y se encuentra a la espera de juicio. “Solicito a la justicia que me concedan los dos años de paro que me corresponden por mis 41 años de trabajo cotizados, porque si las trabajadoras del hogar no hemos podido cotizar más o cotizar según nuestros sueldos reales es porque no se nos ha permitido y eso hace que la jubilación que nos quede sea muy pequeña”, defiende.

Ellas son algunas de las 524 personas, en su gran mayoría mujeres, que han pasado por la asociación, que ha tratado un total de 671 incidencias a lo largo de 2025, ya que algunas de ellas han acudido con más de una problemática. “Atendemos a estas mujeres en gran parte por problemas laborales por falta de contrato o de más horas trabajadas que las que deberían, sobre todo en el caso de las mujeres internas. Pero también con problemas de salud física o mental o sucesos como agresiones sexuales producidas por los ancianos o incluso sus familiares cuando acuden al hogar. Además de malos tratos, insultos y humillaciones, sobre todo en el caso de las mujeres que se encuentran en situación irregular y son más vulnerables. Muchas son conscientes de las agresiones que están sufriendo, pero aguantan por conseguir los papeles”, reconoce Isabel Otxoa, profesora de Derecho de Trabajo en la Universidad del País Vasco (EHU) y activista de la Asociación de Trabajadoras del Hogar.

Según reconoce Otxoa, la mayoría de ellas sufren problemas de salud física, pero también de salud mental en ocasiones derivada de la soledad que sienten sobre todo las trabajadoras que se encuentran en régimen interno. “Son personas que llegan a nosotras muy conmovidas, a las que cuando se quejan les llegan a decir que no se quejen porque tienen dónde comer y dormir en las casas en las que trabajan. Las tratan como a un trapo. Muchas de ellas se sienten solas porque solo pueden salir un par de horas al día y los fines de semana no los tienen libres y eso dificulta la conciliación familiar y social, por lo que para cuando llegan a nosotras su situación emocional es muy mala”, explica Otxoa.

En este sentido, desde la Asociación de Trabajadoras del Hogar, que inició su andadura en el año 2012, han podido comprobar que el perfil de la persona que contrata los servicios de estas mujeres -ya que ellas han sido el 97% de las personas atendidas- ha ido aumentando y cambiando a lo largo de los años. “Antes solo se lo podían permitir las personas con cierta holgura económica. Ahora, el problema de la falta de un sistema público de cuidados y los precios de las residencias de mayores privadas hacen que más familias opten por esta opción. Hay familias que prueban la residencia, que la pagan con el dinero que deja la persona mayor, y al ver que se están fundiendo la herencia deciden contratar a una de estas mujeres”, lamenta.

Casi siete de cada diez trabajadoras en condiciones “ilegales”

Los datos recabados por la asociación durante el año 2025 hablan por sí solos: el 67,54% de las trabajadoras internas realiza el trabajo en condiciones “ilegales” en materia de jornada y descansos porque superan las 60 horas semanales que estipula la ley, cifra que asciende al 73,54% si se consideran solo las trabajadoras que no tienen papeles. Del total de trabajadoras, un 50,22% son extranjeras no comunitarias, un 10,13% autóctonas, un 37,56% personas con doble nacionalidad y un 2,09% extranjeras comunitarias. De entre las extranjeras no comunitarias, el 57,57% tenía “papeles”, mientras que el restante 42,43% se encontraba en situación administrativa irregular. Entre las trabajadoras internas, el porcentaje de extranjeras no comunitarias se eleva al 60,85%.

Desde la asociación denuncian que “el 100% de los salarios de las internas de entre semana no se ajustan al mínimo en relación con todas las horas de jornada” y han advertido que “el abuso salarial es mucho mayor en el caso de las trabajadoras sin papeles”. Considerando solamente el salario mínimo por 40 horas, “sin tener en cuenta que hacían muchas más”, el 19,35% de quienes estaban en situación regular y el 51,38% de quienes no tenían papeles no llegaban a percibirlo, ha advertido ATH, para apuntar que de las internas de fin de semana, solo un 6,67% percibía el salario mínimo correspondiente a su jornada.

Asimismo, en un 37,60% de los casos persiste la entrega del sueldo en mano sin ningún tipo de documentación, el 56,59% recibía el salario mediante transferencia bancaria y el 48,06% recibía nómina. Casi todas las trabajadoras internas entre semana en situación regular estaban de alta en la Seguridad Social, el 96,13%, y entre las internas de fin de semana en situación regular estaba de alta un 69,57%. En el 84,74% de los casos, la trabajadora interna vive sola con la persona o personas atendidas y estas personas que vivían solas, eran mujeres en un 66,82% de los casos.

En el caso de las externas, trabajadoras que duermen en sus hogares, pero acuden a los hogares de las personas mayores que cuidan a trabajar, el 17,19% de todas las trabajadoras estaba en situación administrativa irregular, porcentaje que sube al 39,44% en el caso de las trabajadoras no comunitarias externas. El 83,05% de las trabajadoras externas está a tiempo parcial y la jornada más frecuente ha sido la del tramo entre 21 a 39 horas, semanales (21,31% del total), seguida de la de 1 a 5 horas (18,89%). En un 21,55% de los casos en el trabajo externo no se alcanzaba el SMI correspondiente a la jornada. En concreto, casi un tercio de quienes no tienen papeles no reciben el SMI, cifra que baja hasta algo menos de un quinto en el caso de quienes sí los tienen.

También en el trabajo externo es obligatorio documentar el pago del salario, pero el 43,34%% cobraba en mano, sin ningún tipo de recibo, mientras que recibe nómina casi un 30% de las trabajadoras. De todas las trabajadoras externas en situación regular, están dadas de alta el 80,40% y las que pueden tener seguridad social y no la tienen son un 19,60%. El 54% de las externas realizan solamente tareas domésticas y el 45% cuidaba también a personas adultas o niños. Cuando el cuidado es la tarea principal, el 20% se dedicaba a atender a menores y en la atención a personas adultas el 63,07% vivían solas.

Según esperan desde la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Bizkaia, la regularización extraordinaria para integrar a personas extranjeras que ya están en España y que arrancará en abril de 2026 supondrá un respiro para muchas de ellas. “Para muchas va a ser la gloria, porque se va a acabar, con perdón, lo de tener que comer mierda a cambio de los papeles”, concluyen.

El equipo de datos de elDiario.es se ha dado cuenta de que hay zonas en España que todos asociamos con el lujo, con viviendas caras, donde comer no es barato… pero que estadísticamente constan entre las más pobres de España. Son lugares como Marbella, Benidorm y Canarias. Más del 40% de las personas que viven allí no hacen la declaración de la renta… ¿Por qué? Puede haber muchas razones, pero sabemos que algunas de estas personas, en torno al 10% de los habitantes empadronados, son de otros países, sobre todo de la Unión Europa y de Reino Unido… Y, estas personas, legalmente, tienen permiso para entrar y vivir en España durante seis meses… pero no hacen la declaración de la renta. Por tanto, ese dinero, sí se queda en las compras que hacen o en lo que consumen y en impuestos como el IVA, pero no sirve para reflejar la riqueza real de un lugar. No se traslada a construir infraestructuras, hospitales o mejorar la calidad de vida de la gente que vive allí todo el año. 

Hablamos con dos personas que viven todo el año en este tipo de lugares y que, de hecho, sus trabajos sirven para mantener la estructura social y económica que favorece este sistema. Marta, que trabaja cuidando a los hijos de una familia extranjera de Marbella. También, con Beatriz, que trabaja como camarera en Benidorm. Todos estos datos los analizamos con Ainhoa Díez, periodista de datos de elDiario.es

***

Por qué las zonas turísticas aparecen siempre entre las más pobres: el espejismo de los ingresos invisibles de los residentes europeos

***

Envíanos una nota de voz por Whatsapp contándonos alguna historia que conozcas o algún sonido que tengas cerca y que te llame la atención. Lo importante es que sea algo que tenga que ver contigo. Guárdanos en la agenda como “Un tema Al día”. El número es el 699 518 743

***

¿Cómo escuchar 'Un tema Al día'?

▶ Si eres socio/a, puedes escuchar los nuevos capítulos del podcast cada noche en elDiario.es con unas horas de antelación respecto al resto de lectores. Recibirás el enlace en tu correo electrónico en el boletín del Adelanto de noticias.

▶ Si no eres socio/a, el episodio está disponible a primera hora de la mañana en cualquier aplicación que uses habitualmente. 

▶ Acuérdate de suscribirte al podcast 'Un tema al día' en tu app para que te lleguen automáticamente los nuevos capítulos. Es gratis.

▶ Tendrás disponibles también todas las entregas de 'Un tema Al día' en elDiario.es/aldia

La delegación del Gobierno en Catalunya ha puesto en marcha una prueba piloto en la comisaría de la Policía Nacional de L'Hospitalet para asignar automáticamente cita previa para los trámites de extranjería.

Siguiendo el ejemplo de Girona, donde se implantó el mismo mecanismo en julio, la comisaría de este municipio de Barcelona expedirá a los usuarios que quieran obtener la Tarjeta de Identificación de Extranjero (TIE) una cita previa sin tener que realizar ningún trámite extra.

El delegado del Gobierno, Carlos Prieto, ha asegurado que este sistema es más “ágil y eficiente” que el actual ya que, al eliminar intermediarios, impedirá que “las mafias que trafican con turnos ilegalmente se puedan aprovechar de situaciones de vulnerabilidad”.

Prieto ha destacado los buenos resultados obtenidos en Girona y ha apuntado que la voluntad del Ejecutivo es ir aplicando este sistema a más comisarías del Área Metropolitana de Barcelona. Durante la prueba piloto de L'Hospitalet, el nuevo modelo de cita previa resolverá un 30% de las 1.400 citas que se dan cada mes, con el objetivo de llegar próximamente al 50%.

Una vez el solicitante obtiene la residencia inicial, recibirá un SMS o correo electrónico con la hora y el día de la cita previa para hacerse el TIE. Eso supondrá que no deba hacer más gestiones. Ahora bien, el resto de trámites, ha apuntado Prieto, se seguirán haciendo según el procedimiento habitual.

Este modelo ha hecho que empiecen a quedar citas libres, cosa que no sucedía desde hacía años. “Ayer se ofrecieron 1.500 citas y quedaron libres 60”, ha insistido Prieto.

El pasado 4 de noviembre la presentación de los presupuestos de la Ertzaintza para 2026 en el Parlamento Vasco se convirtió en un debate sobre el tratamiento que el consejero del ramo, Bingen Zupiria, ofrece de los datos de criminalidad y de la percepción de inseguridad. Zupiria, en aquel momento, no negó que había cambiado el argumentario en comparación con el año anterior, cuando él mismo defendía que “Euskadi es un país seguro”. Ahora, incluso se publican datos sobre el origen de los delincuentes arrestados, algo que no hace ningún otro cuerpo policial. Y el propio Zupiria ha llegado a decir en algunas entrevistas que “extranjeros sin arraigo” están detrás del incremento de algunos delitos, como el uso de armas blancas. Sin embargo, no todos los miembros del PNV opinan lo mismo. De hecho, así ha quedado claro este jueves en el pleno de Bilbao después de que el equipo de gobierno de PNV y PSE-EE en el Ayuntamiento, así como EH Bildu y Elkarrekin, se han mostrado contrarios a hacer pública la procedencia geográfica de las personas detenidas porque “el origen de las personas no justifica la actividad delictual, no aporta nada” y vincular “inmigración a delincuente, es un gravísimo error, que lo único que viene es a generar sensación de inseguridad”, según ha defendido la concejala de Seguridad, Amaia Arregi, del PNV.

Durante el pleno se han debatido sendas mociones relativas a la nacionalidad de las personas detenidas. Desde el PP han planteado la necesidad de hacer público el origen de los detenidos por la Policía Municipal, exactamente como hace la Policía autonómica, mientras que Elkarrekin ha solicitado lo contrario, evitar que se publique la procedencia de las personas arrestadas. Finalmente, ha salido adelante una enmienda de modificación del equipo de Gobierno, apoyada por EH Bildu, con la abstención de Elkarrekin y el rechazo del PP, en la que se insta al Ejecutivo local a “reforzar la política de seguridad y fortalecer la convivencia, en el marco del pacto por la seguridad y en el ámbito de las competencias municipales, incidiendo en la coordinación con otras instituciones y agentes, incluyendo medidas que sirvan para luchar contra la reincidencia, atendiendo alas características propias de los distintos barrios”.

Para defender su postura, la portavoz del PP, Esther Martínez, ha recordado que es la propia Ertzaintza la está dando datos sobre el origen de las personas detenidas en Euskadi y ha asegurado que “todos los profesionales del mundo de la seguridad coinciden en que conocer estos datos es bueno para preparar las operativas de la Policía”. “Se trata de ver el origen, las causas y las razones del incremento, o de la bajada, en su caso, de la delincuencia y también de una cuestión de transparencia porque los ciudadanos tenemos derecho a conocer estos datos. Si la Ertzaintza lo está haciendo, lo lógico es que también lo haga nuestra Policía Municipal, para que así podamos ver una estadística común y de conjunto”, ha insistido.

No obstante, desde el equipo de Gobierno, la concejal de Seguridad, Amaia Arregi, ha precisado que en el marco del Pacto de Seguridad no se ha planteado esta cuestión y “jamás ha sido solicitada por la ciudadanía asociada, ni a título individual, en ninguno de los talleres de seguridad mensuales, ni en ninguno de los foros abiertos celebrados hasta la fecha”. “Al PP no le interesa ni la seguridad ni la convivencia, sino el follón y el enredar absolutamente todo. La Policía Municipal y la Ertzaintza comparten y analizan la situación delictiva y las personas detenidas e imputadas, con nombres y apellidos concretos y se trabajan estos datos haciendo hincapié en la multireincidencia, que preocupa más que el color, el origen, creencias o condiciones de las personas detenidas”, ha apuntado Arregi.

En este sentido, ha aportado datos: durante 2025 se han practicado 2.114 detenciones por la Policía Municipal de Bilbao, sin embargo, por esos delitos han sido detenidas 1.525 personas, lo que refleja que “la reincidencia es un problema en la ciudad”. “Un grupo pequeño de personas son los que se dedican a la actividad delictiva, 275 personas son reincidentes y, entre estas, hay alguna con más de 70 detenciones e imputaciones, tres con más de 30, cuatro con más de 20 y diez con más de 15 durante el año 2025”, ha destacado la concejala, tras señalar que esta realidad “genera en la ciudadanía y también en los propios infractores una sensación de impunidad, de falta de castigo”.

“Desde el Ayuntamiento de Bilbao llevan tiempo trabajando con jueces y fiscales para practicar juicios rápidos, para intentar incrementar los autos de prisión provisional cuando la legislación lo permita, aunque somos conscientes que es una competencia judicial”, ha aclarado. Además, ha añadido que existe un esfuerzo continuo por la coordinación e intercomunicación de datos con la Ertzaintza. “Nos cruzamos datos semanalmente sobre los hechos más relevantes y detenciones practicadas, y ahí constan los datos de todas las personas que son detenidas, tanto por la Policía Municipal como por la Ertzaintza, y se trabajan a nivel interno y técnico”, ha precisado.

Desde el PSE-EE, su portavoz, Nora Abete, ha considerado que “convertir el origen en un elemento destacado de la comunicación institucional es un error en el fondo, porque no explica la delincuencia, no hay ninguna evidencia científica que relacione nacionalidad y delito”. “Lo que explica la delincuencia son factores como la pobreza, la exclusión o la vulnerabilidad social, no el país de procedencia. Es un error en la forma porque ofrecer datos descontextualizados, parciales y selectivos no es transparencia. Hay grupos políticos que no piden estos datos para mejorar la seguridad, sino para aumentar el miedo, señalar a personas migrantes y construir un falso vínculo entre inmigración y delincuencia”, ha destacado Abete.

Desde el resto de la oposición, la portavoz de Elkarrekin, Ana Viñals, ha señalado que “a nivel policial o de prevención securitaria del delito no sirve de nada conocer públicamente el origen o nacionalidad de un detenido, solo sirve para señalar y estigmatizar a pueblos y personas y, sobre todo, para que algunos partidos políticos ganen votos apelando a las emociones más viscerales a costa de dañar profundamente nuestra convivencia democrática y nuestra preciada cohesión social”, ha señalado la concejala, que ha acusado al PP de ser “cobardes y taimados” porque “justifican su propuesta en un falso interés empírico y estadístico”, cuando “cualquier persona que se toma en serio su trabajo institucional sabe que este tipo de información ya se comparte de manera interna entre todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de fuera del Estado”.

Por último, la portavoz de EH Bildu, María del Río, ha criticado que la proposición del PP “tiene la osadía de pedir que, en un momento muy anterior a que se haya dictado sentencia, en el que solo ha habido una detención y el principio de presunción de inocencia permanece intacto, se señale de forma expresa el origen geográfico de las personas detenidas por la Policía Municipal”, ha destacado Del Río, tras recordar que el Ararteko “ya recomendó en 2011 evitar la medida,” y organizaciones como SOS Racismo o la sección territorial de Jueces para la Democracia de Euskadi “ya han expresado su frontal rechazo”. “La lista de quienes han mostrado sorpresa por el giro dado por el Departamento de Seguridad es larga, incluso dentro del propio Gobierno vasco”, ha concluido.

El Partido Popular ha subido el listón de su discurso antiinmigración con la última propuesta de su líder Alberto Núñez Feijóo: negar la residencia en España a un extranjero aunque, tras ser detenido por la Policía, no haya sido ni siquiera juzgado o condenado. La idea del presidente del partido va más allá de sus últimas iniciativas de octubre y choca frontalmente con la ley de Extranjería, el Código Penal y varias sentencias que tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional han dictado en la última década. Los jueces han establecido que una condena debe ser firme y superior a un año de cárcel para poder acarrear como consecuencia la expulsión del país.

El líder de la oposición hizo el anuncio este jueves en una entrevista en Antena 3. Su propuesta es una “regularización individual condicionada”, entre otras cosas, a que una persona no tenga “ningún tipo de antecedente”. Pero “no solo de antecedentes penales, que requiere una sentencia”, especificó Feijóo, sino también “antecedentes policiales”. “Hay casos en los que un inmigrante ha robado varias veces. Son delitos que están en su ficha policial. No están todavía bajo sentencia porque no hay juicio”, explicó, para mostrar su oposición al anuncio del Gobierno de regularizar a miles de migrantes de forma extraordinaria.

La iniciativa del PP supone dar un paso más en la escalada de propuestas para restringir la migración. Ya el pasado mes de julio abrió la puerta a aumentar los delitos que pueden acarrear la expulsión de un extranjero aunque tenga residencia legal en España. Y en octubre presentó su programa sobre la materia con medidas que, esencialmente, ya están en la normativa española: la expulsión cuando hay una condena por delitos graves como asesinato, agresión sexual, terrorismo o trata de seres humanos. En plena pugna con Vox para abanderar y controlar el discurso sobre la “inmigración ordenada y mutuamente beneficiosa”, el PP ha propuesto medidas que chocan frontalmente con lo establecido por los tribunales españoles.

Las leyes recogen varios caminos por los que una persona extranjera puede ser expulsada de España. Un juez de lo penal tiene en su mano, por ejemplo, sustituir parte de una condena de cárcel por la expulsión. Las delegaciones y subdelegaciones de Gobierno pueden firmar la expulsión de una persona si consideran que sus antecedentes, falta de arraigo y situación irregular. Pero en todos los casos un proceso de expulsión puede llevar años y la última palabra, a través de los recursos, siempre la tiene un juez. Y en la última década los tribunales han dejado claro que ni la administración ni la Justicia tienen carta blanca para enviar fuera del país a cualquier persona extranjera en cualquier circunstancia.

Dos salas distintas del Tribunal Supremo, por ejemplo, han establecido que no cualquier condena de prisión puede acarrear una expulsión del territorio nacional. La Sala de lo Contencioso-administrativo explicó ya en 2018 que una persona extranjera solo puede ser expulsada por delitos cuya condena mínima establecida en el Código Penal supere el año de prisión. Lo dijo al estudiar el caso de un hombre acusado de agredir a agentes de la autoridad en Sevilla y que había sido expulsado durante siete años del país. Ese filtro fue completado en 2020 por la Sala de lo Penal cuando, haciéndose eco de esa primera sentencia de la sala vecina, prohibió que los jueces sustituyeran por expulsión condenas de cárcel de menos de un año de presidio.

Esas decisiones interpretaron dos artículos legales que condicionan las promesas que ha hecho Alberto Núñez Feijóo en materia migratoria. Por un lado, el artículo 57 de la norma de Extranjería y, por otro, el 89 del Código Penal. No seguir ese criterio, dijo el Tribunal Supremo, “vulneraría el principio de legalidad de las penas proclamado en el artículo 25 de la Constitución”. Los hurtos, los quebrantamientos de condena, las lesiones o los atentados contra la autoridad tienen una pena mínima de un año de presidio. Más de la mitad de las condenas impuestas por delitos sexuales en España, según los últimos datos del Poder Judicial relativos al año 2024, son inferiores a los dos años de prisión.

Negar la residencia sin condena

En líneas generales tanto el Constitucional como el Supremo han restringido la capacidad de la administración para expulsar a gente después de una condena o de constatarse que se encontraban en situación administrativa irregular. El año pasado la sala tercera del Supremo, por ejemplo, frenó la expulsión de un ciudadano de Paraguay durante cinco años dictada por la Delegación del Gobierno en Madrid porque había cometido una infracción grave: no tenía ningún documento que acreditara su residencia legal en España y le constaba una detención por malos tratos. Un “comportamiento antisocial” que según la Delegación del Gobierno no podía zanjarse con una multa.

Los jueces del Supremo cuestionaron la idea que ahora ha expuesto Alberto Núñez Feijóo: “La mera mención de un antecedente policial sobre una detención cuando no se concreta cuál haya sido el resultado de aquella detención”. El Constitucional había dicho algo similar dos años antes al dar la razón a una mujer dominicana que se enfrentó a la expulsión por no tener los papeles en regla y haber sido detenida por pegarse con su pareja y en una segunda ocasión por atentado contra la autoridad sin explicar cómo acabaron esos procesos y si fue juzgada y condenada. “Se ignora cuál ha podido ser el recorrido judicial de los hechos ni desde luego consta que haya sido condenada penalmente”, destacó el Constitucional.

La conclusión que sacó entonces el tribunal de garantías por unanimidad de conservadores y progresistas contradice frontalmente la última propuesta de facilitar la expulsión de alguien por tener antecedentes policiales: “Mal puede la simple noticia de esas detenciones (con valor equivalente a una denuncia) erigirse en causa proporcional de su expulsión de España”. Por norma general, además, los tribunales esperan a que una condena sea firme para empezar su ejecución o poner en marcha las consecuencias administrativas, como puede ser la expulsión. Muy lejos de justificar consecuencias negativas para alguien por tener una o varias detenciones policiales en su expediente.

Cambiar las leyes para facilitar esto implicaría modificar a fondo el Código Penal y la ley de Extranjería, además de enfrentarse a la interpretación que los tribunales españoles han hecho de la normativa comunitaria sobre el retorno de personas en “situación irregular”. La reincidencia penal ya es un elemento tenido en cuenta a la hora de decretar una expulsión, tanto administrativa como penal, por parte de los jueces o las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno. Lo que nunca sucede es que una parte de una condena penal o sus consecuencias se ejecute antes incluso de que exista la condena en sí misma y sea firme como ha propuesto ahora Alberto Núñez Feijóo.

El Gobierno de Cantabria que preside María José Sáenz de Buruaga (PP) ha comprado un edificio en el Camino Real de Cartes con la intención de acoger menores extranjeros no acompañados. “Un recurso asistencial” que se destinará “de momento” a estos niños extranjeros, si bien luego será “para menores”, en función de las necesidades.

Así lo han confirmado fuentes del Ejecutivo autonómico a Europa Press, después de que la alcaldesa del municipio de Cartes, la socialista Lorena Cueto, lo anunciara en sus redes sociales.

En una publicación en su cuenta de Facebook, la regidora ha criticado que se trata de una decisión “unilateral” del Gobierno liderado por Buruaga, “que jamás ha consultado ni acordado con el Ayuntamiento de Cartes”.

Asimismo, la regidora ha censurado que se ha enterado de dicha noticia por la fundación que se hará cargo de la gestión del centro, y cuyos detalles el Ejecutivo del PP o su representación en el Consistorio “nos deberían haber hecho llegar mucho antes y que jamás han hecho”.

“Estamos en contra por las formas y por el fondo con el que el Gobierno de Buruaga está gestionando este asunto: oscurantismo, sin consultar, sin negociar y sin acordar nada con el Ayuntamiento; y lo más importante, de espaldas a los vecinos y vecinas”, ha manifestado la alcaldesa, que ha recordado que Cartes es un Conjunto Histórico de Especial Protección.

Según ha avanzado Cueto, desde el equipo de Gobierno van a exigir que le se diga “la verdad” y que se explique cuáles son las razones objetivas para elegir Cartes para este centro de menores.

En este sentido, este miércoles articularán “todas las herramientas a nuestro alcance para saber y conocer la verdad de un hecho muy grave, con un responsable cobarde que actúa a escondidas y sin ningún tipo de explicación”. “Solidaridad, toda. Castigos para Cartes, ninguno”, ha sentenciado.

La alcaldesa socialista escribe -en un mensaje en su cuenta de la red social Facebook- que “nos han confirmado” que es cierto que el Gobierno de Cantabria ha comprado una propiedad en el Camino Real de Cartes con la intención de convertirlo en una residencia para acoger a menores extranjeros no acompañados. “No hay que olvidar que Cartes es un Conjunto Histórico de Especial Protección”, apostilla.

El líder de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo, ha celebrado este miércoles la regularización extraordinaria de migrantes pactada por el Gobierno y Podemos. Sordo ha clamado contra la derecha y la extrema derecha por su rechazo a la medida, a los que ha acusado de preferir “esclavos a ciudadanos”. Además, ha advertido de la necesidad de que estas personas “no se conviertan en mano de obra barata” para las empresas, para lo que ha apostado por su sindicalización.

El secretario general de CCOO, en una rueda de prensa en Madrid sobre las prioridades del sindicato de cara a este 2026, ha dedicado gran parte de su intervención a subrayar la importancia de esta regularización extraordinaria, que se estima que puede beneficiar a más de medio millón de personas extranjeras que viven en situación irregular en nuestro país.

Unai Sordo ha destacado que la irregularidad es el principal obstáculo para que miles de trabajadores denuncien a día de hoy condiciones laborales abusivas de sus empleadores o se afilien a un sindicato para defender sus derechos laborales. “Esa situación es letal”, ha denunciado. Por ello, ha celebrado la “buena noticia” de la regularización anunciada.

Mejorar los papeles “ordinarios” y evitar la explotación

Sin embargo, Sordo ha señalado dos procesos que considera claves para complementar esta medida. Por un lado, mejorar los procesos ordinarios para obtener la residencia en España, que garanticen la llegada de migrantes con derechos de manera normalizada. “Tenemos un problemón en ese terreno. Tenemos saturadas y con problemas de gestión las políticas de acogimiento a personas migrantes”, ha afirmado.

El sindicalista ha subrayado que España necesita “de flujos de migración de manera constante a lo largo de los próximos años”, ante el aumento de las jubilaciones y la escasa natalidad. “Si no, el país se nos va a parar”, ha advertido.

Por otro lado, el líder de CCOO ha subrayado que es fundamental que los migrantes “no se convierta en mano de obra barata y mucho menos en manos de obra esclava”. Sordo ha señalado que hay varias patronales de acuerdo con estas regularizaciones de personas extranjeras, “pero muchas veces lo hacen porque puede ser una herramienta para tirar a la baja los salarios”.

“Esto hay que evitarlo y se puede evitar. La acción sindical tiene que pasar por ahí”, ha sostenido el líder de CCOO, que ha rechazado los discursos antiimigración que culpan a las personas migrantes de la precariedad y el deterioro de condiciones laborales de las empresas que los explotan.

“Hay quien dice que la regularización es una vergüenza porque van a tirar los salarios para abajo. ¿Por qué? Eso es lo que hay que evitar. Hay que organizar a esta gente, hay que garantizar la aplicación de los convenios. Esto se hace mejor si están legales que irregulares. Por eso es un gran paso”, ha valorado este miércoles.

Una gira para dar “alternativas” frente a la extrema derecha

Además, Unai Sordo ha sido muy crítico con “la derecha y sobre todo de la extrema derecha”, que se han mostrado en contra de la regularización. “La razón para negarse es el extremo racismo y extrema xenofobia que supuran, pero sobre todo porque son conscientes de que las personas sin papeles son vulnerables. No quieren ciudadanos y ciudadanas, quieren esclavos”, ha denunciado.

El líder de CCOO ha anunciado también que el sindicato va a realizar una ruta por todo el país, una especie de gira con ponencias en las que pretende reunir a “entre 20.000 y 25.000 personas”.

“La idea es impulsar al sindicato en el interno y en el externo, y tratar de contribuir a un cambio en el estado ánimo social”, ha explicado el dirigente sindical. “Hay cierta idea de inevitabilidad de que España va a estar gobernada por la derecha y extrema derecha, y de que no hay alternativas, tampoco en propuestas laborales y de mayor justicia social. Y el sindicato quiere movilizar a su activo en el sentido contrario”.

“Claro que hay respuestas y mejores opciones que la reacción y lo estamos demostrando”, ha sostenido Sordo, en referencia a los avances logrados en los últimos años, como la reforma laboral y el aumento del salario mínimo, acompañados de una mejora del empleo hasta niveles récord.

No obstante, Sordo ha recordado que hay muchas cosas que mejorar, entre las que ha destacado la necesidad de subir los salarios y, sobre todo ,los que se encuentran entre el SMI y el sueldo medio. Para ello, CCOO presentó ayer junto a UGT su propuesta de subida salarial para los próximos tres años, con incrementos de entre el 4% y el 7% anual.

El Gobierno vasco ha tramitado 11.171 permisos de trabajo a extranjeros en los seis primeros meses desde que se transfirió esta competencia a Euskadi en el mes de julio. Esto hace prever al epartamento de Economía, Trabajo y Empleo que este año 2026 se duplicará el número de expedientes hasta llegar a superar los 22.000.

La mayor parte de los permisos a los que les ha dado el visto bueno en este periodo se corresponde con autorizaciones por arraigo, es decir, personas que ya están residiendo y trabajando en Euskadi, y que ascienden a 9.495, el 85% del total, ocho de cada diez de los expedientes tramitados. En su mayoría se trata de arraigo sociolaboral, por lo que el vicelehendakari Mikel Torres ha destacado la importancia que tiene esta transferencia para dinamizar el mercado de trabajo vasco y regularizarlo. Todavía son menos los permisos a través de autorizaciones iniciales, es decir, trabajadores a los que se les hace contrato en el país de origen, que suman 1.103 trabajadores, el 9,87% del total, aunque el objetivo es que aumenten las personas extranjeras que trabajen en Euskadi a través de esta fórmula.

Torres, que ha presentado el balance del arranque de esta transferencia acompañado por la vicenconsejera Elena Pérez Barredo, ha destacado que en este primer balance se demuestra que contar con la competencia “no sólo ha funcionado bien, sino que está aportando valor al mercado laboral, está ayudando a las empresas”. Además, tanto el vicelehendakari como la viceconsejera han hecho hincapié en que se están “reforzando los derechos de las personas trabajadoras”, ya que algunos de estos permisos se han denegado por irregularidades en los contratos, como no pagar el SMI, o el mínimo establecido en el convenio correspondiente o no respetar la jornada laboral a lo que establece el convenio.

El vicelehendakari ha puesto en valor que en estos momentos “Euskadi cuenta ya con 104.372 personas extranjeras cotizando, una presencia especialmente relevante en sectores estratégicos como la hostelería, la construcción, la logística y la industria”. “Además, casi 17.000 personas autónomas son de origen extranjero, un 5,4 % más que el año anterior, y el 55% de las nuevas altas en la Seguridad Social en 2025 corresponde a personas migrantes”, inciden. Por ello, ha insistido en que “el empleo y el crecimiento económico actuales no se explican sin la aportación de las personas migrantes”, y ha recordado que uno de los objetivos fundamentales del Gobierno y de esta transferencia es “casar oferta y demanda, responder a las necesidades reales de las empresas y hacerlo a través de una migración regular, ordenada y con derechos”.

Los datos que ha desgranado la viceconsejera de Trabajo (y de Seguridad Social, una competencia que está también llegando) muestran diferencias en las nacionalidades y de las personas según sean autorizaciones por arraigo, es decir, de personas que viven en Euskadi, o de autorizaciones iniciales, las de trabajadores a los que se va buscar a los países de origen. También hay diferencias importantes en lo que se refiere a los sectores productivos a los que van dirigidos estos trabajadores. En el caso de permiso por arraigo, son el origen de los trabajadores es fundamentalmente Colombia, Marruecos, Nicaragua y Honduras. Mientras que los sectores son esencialmente el trabajo doméstico, peones de la construcción y camareros.

En el caso de las autorizaciones iniciales los países a los que los empresarios van a buscar trabajadores son Perú, en primer lugar, seguidos de Pakistán y Marruecos. En este caso, las ocupaciones son esencialmente construcción, servicios e industria. La viceconsejera ha explicado que en el caso de las autorizaciones iniciales tienen que ser ocupaciones de difícil cobertura, que están establecidas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de acuerdo con los agentes sociales. Sin embargo, con Perú hay un antiguo convenio, por lo que se puede contratar trabajadores para más ocupaciones, lo que explicaría en parte que el 21,85% de los trabajadores contratados en origen tengan esa nacionalidad.

Pérez Barredo ha destacado que el objetivo es que el número de contrataciones en origen que suponen ahora el 9,87%, crezca. “Que haya más porcentaje de personas que vienen con contrato de trabajo” y no personas que llegan a Euskadi y luego tratan de regularizar su situación, porque es una forma de que se garanticen mejor los derechos de estas personas. Hay que recordar que la transferencia se refiere a permisos de trabajo para extranjeros solo en Euskadi. Si quieren trabajar en cualquier punto de de España el permiso corresponde a la Administración central, lo mismo que el permiso de residencia, que sigue siendo competencia estatal.

Una decena de trabajadoras de viviendas comunitarias de Bilbao (residencias con pocas plazas para personas mayores planteadas a modo de alternativa a las macroresidencias) ha denunciado este miércoles frente a la Diputación de Bizkaia que la propietaria de esas viviendas cuenta con una “red de explotación laboral racista” en la que “amenaza, insulta y controla” a sus trabajadoras migradas y racializadas, a las que tiene “sin contrato laboral” en algunos casos, mientras que en otros “con retribuciones por debajo de convenio”. Las trabajadoras han acudido al sindicato LAB, que ha interpuesto al menos diez demandas judiciales y denuncias frente a la Inspección de Trabajo. “Fruto de estas actuaciones, se ha revertido la situación en algunos de estos centros: posibilitando altas en la seguridad social, regularización de contratos, respeto de los descansos, retribuciones... En tanto que, en lo que respecta a Inspección de trabajo, el Informe está sin concluir, pero hemos tenido conocimiento de que se han realizado visitas simultáneas en varias de estas viviendas comunitarias”, confirman desde el sindicato.

Este periódico ha podido recoger los testimonios de dos de esas trabajadoras. La primera ha logrado alzar la voz después de doce años de trabajando para la empresaria, mientras que, la segunda, tras poco más de un año sintió la necesidad de decir “basta”. “Las cargas laborales son inasumibles. En la vivienda en la que yo trabajé era una única trabajadora por turno, con 14 residentes y somos sus enfermeras, cuidadoras, limpiadoras, cocineras, recepcionistas, administrativas... De todo. La ley indica que en las viviendas comunitarias el ratio es de una trabajadora para 14 usuarios, pero en el caso de que ellos se valgan por sí mismos. En la casa en la que yo estuve hay quien se levanta y es autónomo, pero por lo general la mayoría están en camas y debemos atenderles para todo. La casa comunitaria en la que estuve era tan grande, que para cuando llegaba de una habitación a la otra el abuelo ya se había caído de la cama y no son descuidos de las trabajadoras, es el resultado de la situación”, relata visiblemente emocionada Gina Isabel, quien tras poco más de un año trabajando, en enero de 2025, decidió marcharse al comprobar que sus condiciones laborales no iban a mejorar.

Gina Isabel es su nombre real y así quiere que se refleje en este artículo. Asegura, a diferencia de muchas de sus compañeras, que “nunca ha tenido miedo” a la empresaria. “Me ofreció un contrato laboral por el día y quería que aun así fuera a trabajar por la noche. Le dije que no, que iba a cumplir el horario tal y como aparecía en el contrato. Mis compañeras me decían que por qué le rebatía y yo les decía que ¿por qué tenemos que estar calladas? Por quedarnos calladas pasa lo que pasa”, defiende la trabajadora. Según relata, tomó la decisión de marcharse tras estar cinco meses de baja laboral por una lesión en la cadera. “Las grúas para levantar a los residentes no están en buen estado y las trabajadoras tenemos que usar la fuerza para levantarlos. Yo tenía un problema en el hombro, pero las caderas y las rodillas empezaron a dolerme. Yo sola, levantando el peso de personas que podían tener 90 o 100 kilogramos. Cuando fui a la mutua el médico me dijo que había atendido a muchas trabajadoras de la misma empresaria y todas estamos igual”, lamenta.

Se cree que nadie la puede tocar, porque a muchas de las trabajadoras en situación irregular consiguen los papeles gracias a sus contratos

La otra trabajadora no quiere dar su nombre ni aparecer en ninguna fotografía. Ella estuvo un total de 12 años trabajando con la empresaria, concretamente desde 2014, en distintas residencias. “Mi horario laboral era de 20.00 de la tarde a 08.00 de la mañana. Trabajé en Navidad, Año Nuevo y festivos. Cuando comencé me pagaba 400 euros al mes, después me aumentó el salario a 600 euros trabajando 190 horas al mes. No tenía vacaciones pagadas ni festivos. Es una persona prepotente, te insulta, te amenaza. Se cree que nadie la puede tocar, porque a muchas de las trabajadoras en situación irregular consiguen los papeles gracias a sus contratos, pero yo no tengo nada que agradecerle porque yo ya tenía permiso de trabajo cuando empecé a trabajar con ella”, reconoce la trabajadora, que decidió marcharse el pasado abril por “estrés” tras pasar “una depresión por la situación laboral” en la que compaginaba su trabajo en las viviendas comunitarias con otro trabajo en un bar para “poder llegar a fin de mes”.

Las trabajadoras sostienen que las malas condiciones laborales del personal hacen que la atención a las personas mayores no sea la adecuada. “La atención, la limpieza y alimentación de los abuelos es pésima. Una de las causas por las que yo salí de ese trabajo era porque no dormía pensando en esos abuelos. Y eso que pagan por encima de 2.500 euros al mes para estar ahí. Los que eran más autónomos se quejaban y yo no sabía qué decirles porque, en el caso de la comida, era lo que nos dejaban para cocinar. Muchas veces, si faltaba aceite, sal, azúcar papel higiénico, mascarillas o guantes, cosas básicas, éramos las trabajadoras las que teníamos que comprarlo porque no lo reponía”, lamenta Gina Isabel.

El objetivo de ambas, al igual que del resto de trabajadoras que han denunciado su situación en el sindicato LAB, es que la situación acabe. “Queremos que las compañeras que están ahora trabajando en esas viviendas no vivan lo que nosotras hemos vivido”, sostienen las trabajadoras. Desde LAB, detallan que llevan un año acompañando a las trabajadoras. “Nos han permitido armar el puzzle de esta empresaria de Bizkaia, propietaria de un entramado de viviendas comunitarias que explota a mujeres y se lucra especialmente de las que se encuentran en las peores condiciones para poder negociar y hacer valer sus derechos: las trabajadoras migradas y/o racializadas en situación administrativa irregular. Se trata de un entramado de explotación racista y machista, que estructura un sistema escalonado de trabajadoras con condiciones desiguales entre sí, a las que se les impide que hablen entre ellas y a las que se chantajea y amenaza de manera instrumental”, denuncian desde el sindicato.

La atención, la limpieza y alimentación de los abuelos es pésima. Una de las causas por las que yo salí de ese trabajo era porque no dormía pensando en esos abuelos

LAB considera que las realidades de las trabajadoras, pese a que las condiciones laborales de las trabajadoras de los pisos comunitarios se rigen bajo el convenio colectivo de Residencias de Bizkaia, son distintas dependiendo de su procedencia, raza y situación administrativa. “Nos encontramos, por un lado, con que hay trabajadoras blancas, que si bien padecen las situaciones que hace tiempo venimos denunciando en este sector, se encuentran cotizando en la Seguridad Social, con contrato escrito y nómina. Y, por otro, con trabajadoras migradas y/o racializadas tanto con autorización como en situación administrativa irregular. Entre unas y otras, hemos identificado diferentes situaciones y condiciones: por un lado, las trabajadoras migradas regularizadas cuentan con contratos que no reflejan la cantidad real de horas trabajadas pero que necesitan (y la patronal lo sabe) para poder renovar o mantener sus autorizaciones. Mientras que, por el otro, las trabajadoras que están en situación irregular, son contratadas verbalmente por 50 euros la noche (de 22hs a 8hs) para cubrir fines de semana y festivos. En estos casos, se ha observado además, cómo se las mueve entre los centros según los vacíos o inasistencias que van surgiendo, pidiéndoles muchas veces que trabajen más de un turno seguido, vulnerando sus descansos entre otros derechos”, aclaran desde el sindicato.

El caso más grave de explotación laboral, según recoge la investigación realizada por el sindicato, es el de una trabajadora migrada y racializada que “tras tres años trabajando para esta empresaria logra por fin que se le haga un contrato escrito (a media jornada) a cambio de asumir la trabajadora la cuota íntegra de la Seguridad Social. Esta trabajadora estaba, además, en estado avanzado de embarazo (8 meses) y ésta empleadora le estaba denegando su derecho a la baja”, algo de lo que tuvieron conocimiento, según relatan, el pasado agosto. Mientras las trabajadoras denuncian sus condiciones laborales, el sindicato declara que la empresaria “dispara sus ganancias”. “La empresaria que hoy denunciamos -enfermera en plantilla de Osakidetza- figura como administradora de seis residencias y de nueve viviendas comunitarias en Bizkaia. Desde la pandemia, la cantidad de pisos comunitarios bajo su propiedad se ha disparado exponencial y llamativamente. En los últimos cinco años ha adquirido ocho nuevos centros. Y sólo en el último año se estima que ha podido llegar a acumular beneficios netos que superarían los 2.000.000 de euros”, alertan.

LAB denuncia que la Diputación Foral de Bizkaia, que otorga las licencias a estos centros, es “la responsable en última instancia de las condiciones en las que se encuentran estas trabajadoras y de la desatención que están recibiendo las personas usuarias”. “Exigimos que asuman su responsabilidad, realizando un seguimiento, control y sanción del funcionamiento de esta empresaria y de tantas otras”, sostienen.

Desde la Diputación de Bizkaia confirman a este periódico que cuentan con un “plan de inspección de cada una de las viviendas comunitarias autorizadas”. “Se trata de una inspección anual de oficio con un control férreo y rígido que confirma si los usuarios están siendo bien atendidos, ratio de las trabajadoras, la atención y las instalaciones. En el caso de que no sea así, se abre un expediente sancionador y se realiza un seguimiento de cada caso”, reconocen desde la Diputación tras aclarar que en los temas laborales, relacionados con contratos laborales, horas de trabajo, etc, la Diputación de Bizkaia y, en concreto, el área responsable de estas viviendas, Acción Social “no entra”, ya que corresponde a Inspección de Trabajo, a cargo de la cartera del Departamento de Economía, Trabajo y Empleo, quienes se encuentran “trabajando” en este caso con inspecciones simultáneas en los últimos meses a estas viviendas comunitarias.

Tras averiguaciones este periódico ha descubierto que la empresaria, cuyas iniciales son A.E.A., lleva al menos quince años como propietaria de residencias de personas mayores y viviendas comunitarias en Bilbao, pero también en otras zonas de Bizkaia como Amorebieta-Etxano o Durango. De esta manera, elDiario.es/Euskadi ha tratado de ponerse en contacto con ella y tras varias llamadas a las distintas residencias para solicitar información, una de sus trabajadoras actuales ha devuelto la llamada alegando que la propietaria de los centros asegura que “todo lo dicho” sobre ella “es falso”, y que será “ella misma” quien se ponga en contacto para manifestar su versión. No obstante, al cierre de esta edición, la denunciada no ha respondido a las preguntas de este periódico.