El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, ha nombrado a Jesús Martín nuevo director del Centro Penitenciario de Cuenca tras la jubilación de Jesús Javier Mora, quien ha sido su director desde 2023.

Jesús Martín, salmantino y graduado en Derecho, ingresó en la Administración Penitenciaria en el Cuerpo de Ayudantes en 1991, desempeñando diversas funciones en los centros penitenciarios de Ocaña II, Tenerife y Valencia, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Cuenca.

En 2020 promocionó al Cuerpo Especial y estuvo destinado en la prisión de Teruel. Sus siguientes destinos fueron las subdirecciones de Régimen del Centro Penitenciario de Cuenca y del Centro de Inserción Social de Valencia en 2021. Dos años después asumió la subdirección de Seguridad del Centro Penitenciario de Valencia hasta la actualidad.

El sindicato ACAIP-UGT ha denunciado que el centro penitenciario El Dueso, en Santoña, se ha quedado sin médicos tras la jubilación de toda la plantilla y la falta de reposición de las siete plazas previstas.

Además, la formación, mayoritaria en Instituciones Penitenciarias, ha alertado de que la “privatización” del servicio por la que ha optado el Ministerio del Interior, con la contratación de una empresa externa por “solo 60 horas mensuales”, “colapsará” las urgencias del Hospital Valdecilla al “multiplicarse” los traslados a este servicio.

En un comunicado, ACAIP ha criticado el “abandono sanitario extremo” de los 400 internos de esta cárcel cántabra, que se han quedado sin la atención médica “mínima” en el centro, y tildan de “parche insuficiente” la medida del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.

A juicio del sindicato, la adjudicación de la prestación sanitaria -a la empresa Emocional Technologies 22 SL por un coste anual aproximado de 60.000 euros- es “a todas luces insuficiente”, ya que el contrato contempla “únicamente” 15 horas de asistencia semanales para atender a “centenares de reclusos, muchos de ellos con patologías crónicas, psiquiátricas y graves dependencias”.

Por eso, advierte ACAIP, la falta de médicos en el interior de la prisión genera un “efecto dominó” que afecta a la sanidad cántabra y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y es que la ausencia de diagnósticos previos de los reclusos de El Dueso “multiplicará” los traslados a Urgencias de Valdecilla, “colapsando sus servicios”, aseguran.

A ello se suma que cada traslado requiere la custodia y acompañamiento por parte de la Guardia Civil, “detrayendo efectivos de las calles de Cantabria para labores de vigilancia hospitalaria”, han añadido.

Gestión de datos sensibles

ACAIP-UGT también muestra su preocupación por el hecho de que personal externo de una empresa privada tenga acceso a expedientes clínicos e información “altamente sensible” de la población reclusa, una tarea que tradicionalmente ha recaído en personal funcionario bajo “estrictos protocolos de seguridad y confidencialidad”.

El sindicato exige a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias soluciones “reales y estables” y señala que la Ley obligaba a la integración de la sanidad penitenciaria en los servicios de salud autonómicos “hace más de dos décadas”, un mandato que el Gobierno “sigue incumpliendo mientras el sistema sanitario de las prisiones se desmorona”.

Moisés murió en una celda de aislamiento de la prisión Las Palmas II (en Juan Grande, en el sur de la isla de Gran Canaria) sobre la una de la tarde del 9 de noviembre de 2023. El recluso, de 41 años, llevaba tres días quejándose de fuertes dolores. El médico del centro penitenciario le había dado paracetamol, convencido de que se trataba de dolores musculares. Su sufrimiento quedó documentado en las grabaciones de seguridad que la familia ha logrado recabar. “Se desmayó en dos ocasiones”, cuenta su hermana Ángeles. 

El facultativo anotó en su informe que el interno estaba “fingiendo un desvanecimiento” y “alterando el orden”. Moisés fue conducido a una celda de aislamiento. Horas después, falleció. La autopsia desveló que había sufrido un infarto de miocardio. “Si se le hubiese tratado, mi hermano estaría vivo”, dice Ángeles. El caso se judicializó y ya hay escritos de acusación. La familia del recluso y la Fiscalía piden para el médico que lo atendió cuatro años de cárcel, seis de inhabilitación para ejercer la profesión y una indemnización de cerca de un millón de euros. Instituciones Penitenciarias figura como responsable civil subsidiario.

Dos años después de la muerte de Moisés en Gran Canaria, otro recluso falleció en el centro penitenciario Tenerife II. Ocurrió el 21 de diciembre de 2025. Según recoge una denuncia presentada por la asociación Adepres (Asociación de Derecho Penitenciario Rebeca Santamalia) al Defensor del Pueblo a partir del testimonio de una persona “allegada” al fallecido, el preso solicitó asistencia a finales de noviembre con síntomas “de una gran congestión”. Su requerimiento “no fue atendido” y los síntomas “se fueron agravando con los días”, expone el escrito.  

La noche del 19 de diciembre tocó el timbre de alarma “sin ser atendido”, por lo que reclusos de celdas contiguas “empezaron a dar golpes y gritos pidiendo auxilio”. La escena se repitió un día después. Siempre según la denuncia, entre la activación de la alarma y la activación de los funcionarios pasaron cuatro horas. A la mañana siguiente, el preso fue trasladado en silla de ruedas desde su celda hasta el servicio médico, donde falleció. 

La queja incide en el perfil de vulnerabilidad del preso fallecido, una persona migrante sin apenas redes de apoyo en el exterior, y en “los antecedentes de desatención médica” en el centro penitenciario y solicita que se averigüen las circunstancias de la muerte y el grado de cumplimiento del Protocolo de Minnesota, una guía de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para investigar de forma independiente las muertes potencialmente ilícitas. Fuentes del Defensor del Pueblo han confirmado a este periódico que la queja ha sido admitida y está “en trámite”, pero evitan dar más información por la confidencialidad del expediente. 

Dos tercios de las plazas médicas vacantes

Esos “antecedentes de desatención médica” que señala la queja apuntan a una crisis estructural en la atención sanitaria en las prisiones canarias. Las cifras son demoledoras. Según los datos facilitados a este periódico por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, en las cárceles del Archipiélago apenas están cubiertas 11 de las 30 plazas de médicos que, según los sindicatos, están contempladas en las plantillas. Casi dos tercios de los puestos están vacantes. 

Uno de los casos más llamativos es el de Las Palmas II, uno de los centros donde se produjeron los fallecimientos. Solo tiene una plaza cubierta, la de subdirector médico, que además realiza las consultas a través de telemedicina, según señalan portavoces de los sindicatos Acaip-UGT y CCOO. En la otra cárcel de Gran Canaria, Las Palmas I (Salto del Negro), hay ahora cuatro facultativos gracias a “incorporaciones recientes”, señala Laura Rodríguez, miembro de la Ejecutiva Nacional de CCOO Prisiones y destinada en Canarias. Óscar Raluy, de Acaip-UGT, precisa que la prisión “ha soportado momentos sin médico”. La Relación de Puestos de Trabajo (RPT) prevé diez plazas.

Tenerife II (La Esperanza) cuenta en la actualidad con tres médicos para atender a más de un millar de presos. El Defensor del Pueblo, en el ejercicio de sus funciones como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, visitó el centro por última vez en octubre de 2022 y advirtió del “déficit crítico de personal médico”. 

En aquel momento, el puesto clave de subdirección médica se encontraba vacante (ahora está cubierto) y había cinco facultativos, de los que dos “estaban a punto de jubilarse”. Ese informe detectó que ni siquiera se garantizaba el material médico necesario para que los internos controlaran enfermedades previas. Así, detectaron a diabéticos sin aparatos para controlar la glucemia y el caso de un interno al que, al entrar en prisión, se le retiró el dispositivo de ayuda respiratoria que usaba en el exterior. Según los libros de registro, la asistencia a demanda estaba limitada a un máximo de diez internos al día, con demoras de unos veinte días para pedir una nueva cita. “Nosotros siempre atendemos las indicaciones del Defensor del Pueblo”, señalan fuentes oficiales de Instituciones Penitenciarias. 

Los recursos médicos de las cárceles canarias se completan con dos facultativos en la prisión de Lanzarote y uno de La Palma. El Centro de Inserción Social de Tenerife no tiene. 

“La falta de médicos se ha institucionalizado”, advierte Óscar Raluy, trabajador penitenciario y delegado de Acaip-UGT. “El modelo preventivo ha muerto. Ahora solo se atiende lo urgente, no hay tiempo para otra cosa”, señala. Ante la escasez de médicos, la presión asistencial recae sobre el personal de enfermería. Según denuncia Laura Rodríguez, estos profesionales se ven abocados a tomar decisiones “para las que no están preparados”, lo que les obliga a ejercer bajo una “grave indefensión jurídica”. 

Canarias sigue sin asumir su competencia

Todas las fuentes consultadas coinciden en situar el origen de esta crisis en el incumplimiento de la Ley 16/2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. En su disposición adicional sexta, esta normativa ordenó la transferencia de los servicios sanitarios dependiente de Instituciones Penitenciarias a las comunidades autónomas, con el objetivo de “lograr su plena integración en los servicios de salud autonómicos”. 

La ley daba un plazo máximo de 18 meses para ejecutar el traspaso. Han transcurrido 23 años desde entonces y solo Euskadi, Catalunya y Navarra han asumido formalmente estas competencias. Joaquín Leyva, portavoz nacional de Acaip-UGT, sitúa este bloqueo como uno de los principales factores para explicar la crisis de la sanidad penitenciaria, ya que, según explica, durante años “no se dotaron los servicios médicos” ni se renovó al personal de Instituciones Penitenciarias ante la expectativa de una transferencia de competencias que en la mayoría de las comunidades sigue sin llegar. 

Organizaciones como Rehoyando, en Gran Canaria, u Orahan, en Tenerife, han comenzado a movilizarse para exigir el efectivo traspaso de las competencias a las comunidades autónomas y la dignificación de la atención sanitaria dispensada a la población reclusa. 

Desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, aseguran que su determinación de transferir las competencias a Canarias “es clara” y achacan la parálisis a una “falta de voluntad política por parte de quien tiene que recibirla”. La Consejería canaria de Sanidad no ha contestado a las preguntas de este periódico. 

Para los sindicatos, este bloqueo en el traspaso se explica por dos razones: la falta de “voluntad política” y una cuestión económica. Laura Rodríguez (CCOO) sostiene que las comunidades no quieren estas competencias “por el gasto que genera”. La representante sindical define el escenario actual como un “negocio” para las comunidades autónomas. Cuenta que cuando un recluso tiene que ser excarcelado y trasladado a un hospital, el Servicio Canario de Salud (SCS) factura unos gastos a la administración estatal que, en caso de asumir la asistencia directa de los precios, ya estarían cubiertos. 

Detalla que “el traslado en ambulancia son 80 euros por trayecto”, las consultas externas rondan los 150 euros o que un parto “cuesta 4.000 euros”. Según la información de la que dispone CCOO, el gasto sanitario anual en una prisión grande (como las dos de Gran Canaria o la de Tenerife II) se sitúa alrededor de los 625.000 euros. El gasto total farmacéutico es de 415.000 euros, indica la portavoz sindical. 

Las comunidades autónomas se quejan de que Instituciones Penitenciarias no les paga por atender a los reclusos. Rodríguez señala que esa deuda es consecuencia directa de no haber asumido las competencias que le corresponden desde 2003. “Si se hubiera cumplido la ley desde el minuto uno no habría esa deuda y si seguimos esperando a transferir las competencias se seguirá generando más deuda”, sostiene la representante de CCOO. 

Una visión que comparte Joaquín Leyva (Acaip-UGT), quien cuestiona la inacción de comunidades como Canarias: “No sabemos si es un problema financiero, de organización o simplemente un problema político que no se quiere resolver”. 

La brecha salarial que ahuyenta a los médicos

A la desidia autonómica para asumir la sanidad en las prisiones se suma la falta de incentivos para atraer y retener profesionales. “No hay médicos en prisiones porque cobran menos”, resume de forma tajante Rodríguez, que precisa, a modo de ejemplo, que los facultativos del SCS cobran alrededor de un 35% más por hora de guardia que los de Instituciones Penitenciarias. La portavoz de CCOO añade que las diferencias salariales pueden rondar los 1.000 o 1.500 euros al mes “dependiendo de las guardias y los centros”. 

“En el Estado, a nivel general, es la administración que menos paga a los facultativos”, redunda Joaquín Leyva. A los peores salarios, el representante de Acaip-UGT añade las limitaciones que tienen los facultativos de Instituciones Penitenciarias para ejercer en la sanidad privada o tener otros trabajos complementarios. “No es ya que cobren menos de por sí, sino que, además, no pueden incrementar de ninguna manera sus retribuciones”. 

La salud mental

Los sindicatos sostienen que los principales damnificados de estas carencias son la población reclusa y la plantilla de las cárceles. Leyva incide en que la escasez de médicos dificulta la detección temprana de patologías, con especial gravedad en el caso de las enfermedades mentales. El portavoz sindical explica que el ingreso en prisión suele actuar como un “estresor” que “desenmascara” patologías psiquiátricas latentes que, al no ser detectadas a tiempo por un médico, acaban produciendo brotes que “a menudo” derivan en agresiones entre internos o hacia los propios trabajadores. 

El último informe del Defensor del Pueblo sobre la prisión de Tenerife II constató que casi el 63% de los internos estaba bajo tratamiento con psicofármacos. Los centros penitenciarios no disponen de psiquiatras propios en la plantilla. Solo se programan visitas de profesionales externos a los centros “una o dos veces al mes”, según los sindicatos. El Defensor del Pueblo advierte de que, al no haber psiquiatras ni psicólogos clínicos, los programas de atención a la enfermedad mental no funcionan de forma adecuada. Los reclusos “no tienen una intervención especializada, sino un control basado en la farmacoterapia”. Ante la falta de un diagnóstico claro, muchos internos “descompensados” acaban siendo clasificados en módulos de “conflictivos”. 

Leyva señala que la figura del médico es, además, “un requisito legal indispensable” para la aplicación de medidas disciplinarias. “Tú no puedes aislar a un preso que está violento si no hay una supervisión médica”, dice el portavoz de Acaip, que también subraya el perfil del paciente recluso, que suele requerir mayor atención que la población general debido a la alta prevalencia de problemas graves derivados de afecciones o enfermedades como la diabetes o la hepatitis.

“Un hombre perdió mucho peso y tenía la tripa visiblemente hinchada, le recetaron Nolotil como si fuesen gases. Finalmente era metástasis”. Se trata de uno de los testimonios recogidos en el informe 'Análisis de la situación sanitaria de las cárceles de Aragón', elaborado por la campaña Salud y Libertad, que busca visibilizar y denunciar la situación de vulneración de derechos que sufren las personas presas en materia de atención médica. La presentación del informe se enmarca en una serie de actos y actividades que han culminado este domingo 19 de abril con la vigésimotercera edición de la Marcha contra la macrocárcel de Zuera, que este año centra su mensaje en la desatención sanitaria dentro de prisión. En el parking de la cárcel de Zuera se han celebrado distintas charlas, cuenta cuentos, comida popular, dos conciertos… Mientras, Radio Hawai emitía en directo para las personas que se encuentran al otro lado de los muros.

El informe pone la lupa en las cárceles de Aragón, con testimonios recogidos en las instalaciones de Zuera y de Daroca, pero contextualiza una problemática que arrastra el sistema penitenciario español. La falta de médicos se presenta como uno de los principales agravantes de la situación sanitaria en los centros penitenciarios. Este déficit, tal y como recoge el documento, hace que muchas de las consultas se realicen por videoconferencia, con las limitaciones que eso conlleva, o que el personal de enfermería se vea obligado a realizar tareas ajenas a su competencia. También supone que enfermedades infecciosas —con una incidencia más alta en prisión que en la población general— reciban una atención insuficiente, que se restrinja el acceso a determinados tratamientos o que se produzca un retraso o ausencia de diagnóstico.

Una serie de deficiencias que se ven reflejadas en los testimonios que aparecen en el informe: “Te duele algo o estás mal y te dan solo paracetamol e ibuprofeno sin ver lo que tienes o qué te duele”. “Me rompí la pierna y los médicos de aquí me decían que era un esguince, a la hora me sacan al hospital y tenía el peroné roto y como aquí no se me revisaba no tuve rehabilitación y ahora tengo el pie con dolores”. “A otra persona, ante la falta de movilidad, le diagnosticaron ciática y recetaron Nolotil, finalmente era esclerosis múltiple”. Otros testimonios recogen como en caso de urgencias son los propios presos quienes tienen que llevar al paciente en camilla al médico del centro.

Competencia sanitaria y falta de médicos

Aragón cuenta con tres centros penitenciarios en Zuera, Daroca y Teruel. Según el informe, en 2024 Zuera acogía a 1.310 personas y contaba con un médico —de una plantilla teórica de nueve plazas disponibles—. Ese mismo año, en Daroca había cinco vacantes de siete plazas médicas para una población de unas 330 personas y en Teruel había un solo médico (de dos plazas) para unas 200 personas. A nivel nacional, en diciembre de 2025, solo estaban cubiertas 152 plazas (30% del total) para una población reclusa de 47.000 personas (en las Comunidades Autónomas no transferidas).

Preguntados por esta información, según Instituciones Penitenciarias actualmente en Zuera hay tres médicos, tres enfermeros y cinco auxiliares de enfermería. En Daroca hay tres médicos, siete enfermeros y tres auxiliares. Mientras que en Teruel no hay médicos, sino un servicio de guardias telemáticas, tres enfermeros y tres auxiliares. “La institución penitenciaria no es ajena a lo que ocurre fuera, hay una falta de médicos de familia y nosotros no somos ajenos a esa realidad”, dicen desde Instituciones Penitenciarias, y recuerdan que la atención especializada, y en concreto psiquiatría, corresponde a las comunidades autónomas.

Una de las principales causas de esta situación es que la competencia sanitaria dentro de las prisiones recae sobre el Ministerio de Interior y no sobre los servicios autonómicos de salud, por lo que la atención primaria se lleva a cabo por parte de Instituciones Penitenciarias, mientras que la atención especializada sí que se presta a través del Sistema Nacional de Salud. La Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud de 2003 instaba a las comunidades autónomas a transferir y a asumir las competencias sanitarias en prisión, lo que facilitaría la cobertura de las plazas médicas vacantes dentro de los centros penitenciarios. Sin embargo, más de 20 años después, esto solo sucede en Cataluña, el País Vasco y Navarra.

Esta falta de médicos en prisión también podría explicarse, en parte, debido a tres motivos: al salario inferior de los profesionales de prisión en comparación a la media del sector sanitario, a que los centros penitenciarios están alejados de las ciudades —lo que dificulta la conciliación— y al entorno de trabajo —que puede derivar en situaciones complejas—; tal y como explicaba el abogado penitenciario David Burgos durante una de las mesas redondas sobre salud y prisiones celebradas el pasado 11 de abril en el Centro Joaquín Roncal, enmarcada dentro de las actividades previas a la marcha.

“La cárcel enferma”

Desde la campaña 'Salud y Libertad' denuncian también la opacidad y falta de acceso para obtener información sobre la situación sanitaria en las cárceles, lo que dificulta la realización de un estudio preciso sobre esta realidad. Para realizar el informe, hicieron llegar por carta o por “boca a boca” cuestionarios a personas encarceladas en Zuera y Daroca. Del total de personas encuestadas, el 47,1% declara que su estado de salud era bueno antes de entrar a la cárcel, mientras que, en comparación, el 67,6% refiere que su estado de salud ha empeorado desde su entrada.

“La cárcel enferma”, es una de las principales conclusiones del 'Análisis de la situación sanitaria de las cárceles de Aragón', que también pone el foco en la salud mental de las personas presas. A la falta de médicos, se suman las quejas respecto a la calidad de la alimentación recibida, así como las condiciones de salubridad e higiene en celdas sin grifos, en las que aparecen cucarachas y ratas, con un sistema de ventanas que no permite la ventilación de las celdas (en el caso de Zuera) y que “ha llegado a suponer un aumento de síntomas ansiosos”.

El informe también recoge el testimonio de una enfermera que trabajó en la Consulta General del Ramón y Cajal, donde se realizaba la atención especializada de pacientes que llegaban de prisión. Relata un caso concreto de abandono que debería haber sido atendido de manera prioritaria: “Recuerdo un caso de un paciente que llegó con la cara totalmente deformada por la patología que le afectaba. No era algo que hubiera sucedido de un día para otro, sino que había sido un proceso largo en el que nadie había tomado medidas salvo cuando empezó a afectarle en su día a día. Esta situación se debería haber atendido de manera prioritaria pero el paciente nos dijo que llevaba años conviviendo con esto”. La enfermera relata como el “acompañamiento” continuo realizado por las autoridades complica la denuncia por parte de los pacientes de la inacción en su salud y como el hecho de estar esposados durante la consulta dificulta su exploración médica.

“En ningún momento me sentí cómoda en aquellas consultas y no por culpa de los presos sino por lo indigno que me parecía el trato que recibían constantemente y por saber que esas personas sufrían todas esas vulneraciones de sus derechos día tras día, poniendo en peligro su vida y su salud”, concluye.

Los sindicatos de funcionarios de prisiones llevan años reivindicando la jornada de 24 horas. Aseguran que mejora la relación con el preso y descienden los conflictos. Por el contrario, varios informes internos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y diversos expertos en derecho penitenciario alertan de los efectos perjudiciales que una jornada de este tipo puede tener tanto para los trabajadores como para los internos. Otras fuentes cercanas a la Administración penitenciaria denuncian que la reclamación de los representantes de los trabajadores solo es una excusa para poder disfrutar del máximo de días libres seguidos, una exigencia que se les podría conceder en favor de la paz social entre los sindicatos y la propia Administración.

Desde el franquismo no opera en España esta jornada de 24 horas, a excepción de los meses de emergencia sanitaria provocada por la Covid. El último centro en volver al horario habitual ha sido la prisión de Zaballa (Araba), el 1 de abril de este año. Joaquín Leiva, portavoz de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip-UGT), defiende que en los meses en los que funcionaron con este turno en 2020 “se evidenció un descenso en los conflictos entre internos y en las incidencias con ellos en el turno de noche”.

Según apunta este sindicalista, ese fue el resultado de la continuidad de los funcionarios de prisiones del turno de día con el turno de noche. Los datos que manejan desde Acaip-UGT, quienes aseguran que han sido aportados por Instituciones Penitenciarias, reflejan que en 2020 se dieron 4.333 agresiones entre internos, frente a las 5.367 agresiones del mismo tipo reflejadas en 2025. Sobre las agresiones a trabajadores penitenciarios, cifran en 176 las que se dieron en 2020, frente a las 529 de 2025. 

Los expertos enfatizan la falta de realidad en los datos, pues en 2020 los presos se encontraban el mayor tiempo del día en sus celdas. Asimismo, Cristina Rodríguez Yagüe, catedrática de Derecho Penal en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), precisa que “la interrupción del contacto con el exterior redujo la entrada de drogas en prisión, una de las principales fuentes tanto de sobredosis como de la conflictividad entre internos”.

Exigen un proyecto piloto

Leiva reitera que el turno de 24 horas establece una continuidad en el servicio que favorece que “el seguimiento del interno sea infinitamente mejor”, y lo compara con los horarios con los que trabajan los bomberos y sanitarios. Precisamente, este último colectivo lleva meses movilizándose y yendo a la huelga para terminar con las guardias de 24 horas, tanto por razones de calidad asistencial con el paciente por la falta de descanso como por conciliación personal y familiar. 

Jorge Vilas, responsable nacional de CSIF Prisiones, precisa que este turno es “beneficioso” para todas las partes de la institución. Desde su punto de vista, que un funcionario que ha trabajado a lo largo del día también lo haga por la noche posibilita que conozca lo sucedido durante su jornada para así poder atajar de la mejor manera posible cualquier incidente nocturno.

Este representante sindical añade que la instauración del turno de 24 horas no solo acarrearía una mejora económica en los trabajadores, que se ahorrarían “muchos desplazamientos”, sino que este aspecto también mejoraría su conciliación. Ante las posturas que indican que este horario repercute negativamente en la calidad del servicio, Vilas quita peso al cometido de sus compañeros y responde que “por la noche los funcionarios solo vigilan que no pase nada”. Por ello, exige que en España se desarrolle un proyecto piloto para ver claramente las consecuencias del horario que proponen.

Informes de Instituciones Penitenciarias lo desaconsejan

Esa exigencia que enuncia Vilas llegó por primera vez hace unos tres años a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Fue entonces cuando sus diferentes unidades emitieron un informe posicionándose. En uno de ellos, dejaron por escrito que “las jornadas de trabajo de 24 horas abonan el camino de un modelo de organización securitario y donde los procesos de bunkerización se consolidarán y se saldrá de la cabina para intervenir en un conflicto, no para observar preventivamente, no para organizar sesiones terapéuticas o una actividad cultural”, según el documento al que ha tenido acceso elDiario.es.

El mismo informe recoge que “no se alcanza a ver ningún aspecto positivo que para la población reclusa pueda tener acumular 24 horas de trabajo” y que “valorar el régimen horario del personal penitenciario debe tener como primer objetivo el mejor cumplimiento de los fines de esta institución”.

Otro de los informes emitidos señala que en noviembre de 2022 hasta 12 países de la Unión Europea respondieron sobre su realidad con las jornadas de 24 horas en el funcionariado de prisiones. Las conclusiones generales subrayaron que “las jornadas largas de trabajo tienen consecuencias negativas en la interrelación con las personas privadas de libertad, dado que el estrecho contacto con ellas conlleva agotamiento y estrés”. La valoración global de este turno fue “negativa”, incluso por los estados que la utilizan. 

Las conclusiones de este documento valoran que el sistema penitenciario español es el instrumento para reeducar y reinsertar socialmente a las personas condenadas a penas y medidas privativas de libertad. Este cometido se ve perjudicado “por la realización de una jornada de trabajo que, alargándose durante 24 horas, se empobrece enormemente, por el agotamiento y el estrés que el propio horario conlleva”.

Agotamiento físico, emocional y mental

Las expertas también se oponen a la medida. Rodríguez, la catedrática de Derecho Penal, reconoce que este turno tiene “difícil encuadre” en la normativa laboral y de prevención de riesgos laborales vigente. Más allá de eso, no recomienda la jornada de 24 horas por la exigencia del cometido de los funcionarios de prisiones que, “mantenida de forma sostenida en el tiempo, puede dar lugar a situaciones de desgaste y estrés continuado que acaben en agotamiento físico, emocional y mental”, en sus propios términos.

Asimismo, incide en que otro posible efecto negativo que puede provocar este horario es su impacto en el derecho a la conciliación de la vida laboral y familiar de la plantilla. “La realización de jornadas de 24 horas impide la conciliación familiar y esto es algo que afectaría tanto a hombres como a mujeres. Y, no nos engañemos, en una sociedad en la que todavía gran parte de la carga familiar recae desigualmente en las mujeres, el establecimiento de jornadas de 24 horas puede perjudicar más a las funcionarias”, apunta la catedrática.

En cuanto al argumento de que con esta jornada se puede conocer mejor al recluso, Rodríguez asevera que “este tipo de relación resulta más difícil de sostener en situaciones de agotamiento, fatiga o burnout, a las que pueden conducir turnos de trabajo de 24 horas”. Y añade: “Ello puede provocar un deterioro de esa interacción positiva con las personas privadas de libertad, dando lugar a la aparición de mayores conflictos y, en último término, a un recurso más frecuente a la respuesta disciplinaria como vía de solución”.

Similar es lo que opina Xabier Etxebarria, profesor de Derecho Penal en la Universidad Complutense de Madrid y antiguo director general de Ejecución Penal del Gobierno vasco: “Es evidente que un trabajador penitenciario cansado no va a hacer bien su trabajo con turnos tan largos, al igual que no lo haríamos ninguno en nuestros puestos de trabajo”. También critica que para las personas presas no exista un funcionariado de vigilancia de referencia. “Estas personas no pueden establecer una relación con ellos porque cambian constantemente de turno y luego desaparecen incluso semanas”, sostiene este especialista.

Aceptar las 24 horas para conseguir la paz social

No volver a trabajar varias jornadas después de realizar seguidos el turno de mañana, tarde y noche es el motivo principal que ven fuentes internas de la Administración penitenciaria para que los sindicatos exijan la jornada de 24 horas. Si se admitiera su reclamación, trabajarían 40 horas en dos días, y descansarían cinco. Es decir, trabajarían al año 92 días, a los que habría que descontar vacaciones y asuntos propios. “Es obvio que estarían menos días reales de trabajo en el centro, lo que impide una continuidad en la actividad laboral. Además, no sería un servicio continuo, sino que dentro del turno de 24 horas se estarían pagando ocho horas de descanso, que es lo que marca la legislación laboral”, enfatizan estas fuentes.

Al igual que lo recogido en los informes, estas voces defienden que las jornadas de 24 horas en las prisiones son “un atavismo, propio de un sistema penitenciario que pivotaba sobre la seguridad, heredado del franquismo y que incide en un modelo de organización securitario, en una labor de vigilancia pasiva o estática”. De esta forma, reconocen que instaurar estos turnos “supondría volver a un modelo organizativo superado y contrario al nuevo enfoque de seguridad dinámica que impera nacional e internacionalmente, dificultando el establecimiento de relaciones interpersonales positivas entre el personal y las personas privadas de libertad”.

A pesar de los dictámenes que desaconsejan el turno de 24 horas en los funcionarios de prisiones, algunos integrantes de la Secretaría General temen que la Administración lo acepte para contentar a los sindicatos. Según remarcan, el temor proviene de la postura “tibia” que parece tener Instituciones Penitenciarias ante una cuestión de tal relevancia y la “falta de firmeza” ante esta reivindicación sindical, ya que entienden que “no se puede priorizar la paz social con las organizaciones sindicales al cumplimiento de nuestra finalidad constitucional”.

Por ello, consideran que acceder a un proyecto piloto supondría un retroceso difícil de reconducir en el futuro. “Es un cambio de paradigma contrario al espíritu de la Ley Orgánica General Penitenciaria que no ha sido cuestionado hasta la fecha en los más de 40 años de vigencia y que va en contra de los criterios y estándares internacionales”, concluyen.

Desde Instituciones Penitenciarias no han respondido a las cuestiones planteadas por elDiario.es. Sin embargo, sí han apuntado que las veces en que se ha evaluado la jornada laboral de 24 horas “se ha considerado no beneficiosa para el servicio público”. Según agregan, “si se vuelve a plantear, se estudiarán todos los elementos que se incluyan en dicha reivindicación, como en cualquier otra propuesta de las organizaciones sindicales”. 

Eso es lo que ha hecho el mismo Vilas por parte de CSIF Prisiones, que el pasado 13 de marzo solicitó que se convocara con carácter urgente el Grupo de Trabajo de Jornada y Horarios de la Mesa delegada de Instituciones Penitenciarias, en la que está representada la Administración y los sindicatos, además de Acaip-UGT y CSIF, CC. OO., CIG y ELA, quienes también apoyan la medida.

Cruzar el umbral de una prisión no supone solo la pérdida de la libertad ambulatoria. En Extremadura, como en la mayoría del resto de comunidades de España, implica el inicio de una “doble condena” dictada por una desigualdad estructural que no entiende de muros. El sistema penitenciario, lejos de ser un espacio de reinserción neutro, funciona como un engranaje diseñado históricamente para hombres donde la mujer es, a menudo, una figura casi invisible.

Así lo denuncia la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura (ADHEX), poniendo el foco en la discriminación persistente y las graves carencias que sufren las internas en la región y que se dio a conocer en unas jornadas del Partido Feministas al Congreso (PFAC) en Cáceres.

Las cifras más recientes, actualizadas a 5 de febrero de 2026 por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, confirman una realidad abrumadora. En los centros dependientes de la Administración General del Estado, de las 51.518 personas privadas de libertad, solo 3.613 son mujeres. Representan apenas el 7% del total, frente a un censo masculino de 47.905 internos.

Esta minoría numérica se traduce en una exclusión sistémica. “Las mujeres ocupan una posición de segunda dentro del sistema”, advierte Elena Alfageme Ramos, educadora social de ADHEX. Según explica, la arquitectura y el funcionamiento de las cárceles suelen ignorar las necesidades biológicas, sociales y psicológicas de la población femenina.

El mapa penitenciario es el primer síntoma: de las decenas de prisiones estatales, solo dos son centros exclusivos para mujeres: Madrid I y Ávila, donde cumplen condena 593 internas. Las 3.020 restantes se ven obligadas a habitar módulos femeninos incrustados en cárceles de hombres o en los escasos módulos mixtos existentes. Esta convivencia bajo un modelo masculino implica, en la práctica, peores espacios, actividades reducidas y un control de movimientos más asfixiante.

Extremadura: el castigo del desarraigo

En Extremadura, la situación se reproduce con precisión quirúrgica. A fecha de 11 de febrero de 2026, la región cuenta con 61 mujeres presas (incluyendo a quienes cumplen en semilibertad): 31 adscritas al Centro Penitenciario de Cáceres y 30 al de Badajoz.

Al no existir centros exclusivos ni unidades de madres en la comunidad autónoma, el sistema empuja a estas mujeres a una encrucijada cruel. Si tienen hijos menores de tres años, deben ser trasladadas a centros como el de Sevilla para no ser separadas de ellos, perdiendo el contacto con su entorno extremeño. Si deciden quedarse cerca de sus familias en la región, deben renunciar a la crianza directa, dejando a los menores bajo acogimiento familiar o institucional.

En el Centro Penitenciario de Cáceres, las 31 mujeres conviven en un único espacio sin una clasificación criminológica real. Mientras los hombres son divididos por edad, peligrosidad o comportamiento, ellas comparten módulo independientemente de su perfil. Esta falta de segregación mezcla trayectorias incompatibles, derivando en conflictos y una participación casi nula en actividades formativas.

El espejo del patriarcado y la salud en paréntesis

Para ADHEX, la prisión es un reflejo intensificado de la sociedad global patriarcal. El perfil de la mujer presa en Extremadura está atravesado por la vulnerabilidad: ocho de cada diez son madres y el 80% han sido víctimas previas de violencia de género. Además, la tasa de analfabetismo cercana al 49% y la sobrerrepresentación de mujeres gitanas y extranjeras añaden más capas de exclusión.

Uno de los puntos más críticos es la desatención sanitaria, especialmente en Cáceres. Pese a haber cinco plazas médicas presupuestadas, actualmente solo hay un facultativo a media jornada para toda la población reclusa. La ausencia de psiquiatras en plantilla y la falta de atención ginecológica especializada —pese a las recomendaciones del Consejo de Europa— vulneran derechos básicos. Alfageme cita el caso de “María” (nombre ficticio), interna de 39 años con historial de maltrato que solo recibe apoyo psicológico de forma puntual “cuando lo necesitaría de manera constante”.

Hacia la perspectiva de género: la respuesta institucional

En este escenario de precariedad, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias defiende un cambio de paradigma iniciado en 2019 tras un análisis integral de las necesidades de las reclusas. Este proceso se consolidó en 2021 con una orden de servicio que busca impregnar toda la ejecución penal de una perspectiva feminista real.

La Administración ha comenzado a aplicar nuevos protocolos de ingreso que, por primera vez, tienen en cuenta la historia personal de las internas. Según ha confirmado el Gobierno a preguntas de elDiario.es Extremadura, las entrevistas iniciales incorporan ahora preguntas específicas sobre situaciones de violencia machista, experiencias de prostitución o responsabilidades de maternidad, y todo el lenguaje administrativo se ha revisado para adoptar fórmulas inclusivas. Esta perspectiva se extiende también a los programas de tratamiento, rediseñados para romper con los roles de género tradicionales y actualizar procedimientos especialmente sensibles, como el protocolo de prevención del suicidio.

Asimismo, se ha fomentado la creación de espacios de convivencia común para normalizar la vida en prisión y evitar el aislamiento de las mujeres. Actualmente, el sistema cuenta con 22 unidades terapéuticas mixtas para el tratamiento de adicciones y 8 módulos de respeto mixtos. Todo este despliegue está supervisado por el Departamento de Igualdad, creado en mayo de 2021 con el mandato de evaluar que el acceso a la formación y al trabajo sea equitativo y no perpetúe la infrarrepresentación femenina por ejemplo en ciertos talleres.

Pese a este despliegue normativo, desde ADHEX se insiste en que la “neutralidad” del sistema sigue siendo su mayor injusticia. Mientras la atención médica especializada y el fin del desarraigo geográfico no sean una realidad palpable en los módulos de Badajoz y Cáceres, la reinserción será, para estas 61 mujeres, poco más que una declaración de intenciones. El reto para este 2026 no es solo actualizar los protocolos, sino garantizar que la prisión deje de ser ese espacio ciego que castiga doblemente a quien ya llega golpeada por la desigualdad. Es obvio, que se está en el camino, pero solo eso, porque la meta se vislumbra aún bastante lejana y llena de obstáculos para las mujeres privadas de libertad y de tantos otros derechos básicos que deberían estar garantizados.

José Luis Martín Martín ha dedicado 35 años a la institución penitenciaria, pero su implicación con la población reclusa ha ido más allá de limitarse a cumplir con una jornada laboral y un horario. Su vocación, unida a su formación como educador y psicólogo, ha sido una de las claves para que su metodología centrada en el tratamiento haya sido capaz de estimular a las personas que cumplen una pena privativa de libertad para lograr hacer efectiva la palabra reinserción.

Una de sus principales obsesiones siempre ha sido dar visibilidad y ofrecer alternativas a la población reclusa. No se explica cómo hay tanta falta de empatía en la sociedad: “Hay un barrio equidistante entre Gijón, Oviedo y Avilés que se llama Centro Penitenciario de Asturias, con 1.000 habitantes, de los cuales el 90% son asturianos”.

Reinserción con contenido

José Luis Martín nació en la ciudad alemana de Frankfurt hace 61 años. Hijo de emigrantes extremeños que se instalaron a vivir en el Nuevo Gijón, un barrio obrero asturiano, siempre tuvo claro desde que opositó a Instituciones Penitenciarias que la palabra reinserción no era una expresión manida vacía de contenido.

Su “brújula de orientación” hasta el pasado mes de septiembre, cuando le llegó la hora de la jubilación, ha sido el artículo 25.2 de la Constitución Española que establece que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social.

Un trabajo vocacional

Ha aplicado su experiencia profesional en varias prisiones del país. Ha trabajado en las cárceles de El Dueso, en Cantabria, y Alhauín de la Torre, en Málaga.

Durante tres años ejerció como educador en la prisión de Picassent, en Valencia, donde se hizo cargo de dos módulos: el módulo de madres donde las presas convivían con sus hijos e hijas de cero a seis años, y el módulo de presas comunes.

Cumplidos los 30 años, aterrizó en Asturias donde se incorporó al equipo del educador Faustino García Zapico, donde se desarrolló un modelo, exportado a otras cárceles del país, orientado a la rehabilitación y reinserción social de los internos afectados por graves adicciones y politoxicomanías. La creación de la Unidad Terapéutica y Educativa (UTE) se convertía así en un espacio libre de drogas.

Evitar la estigmatización

“Coordinaba educación para la salud. En aquella época moría mucha gente de VIH y comencé a hacer grupos emocionales para que la población reclusa afectada no se sintiera estigmatizada”, explica José Luis.

Durante casi una década trabajó en la UTE hasta que tuvo “una crisis de metodología”, como él mismo señala: “es la falacia de la dicotomía. José Saramago decía que la forma más peligrosa de ceguera es creer que tu propio punto de vista es la única realidad. No puedes decir que un punto de vista es verdadero sin ver otras alternativas”.

Estuve seis años en el módulo 10 de la cárcel de Asturias, exclusivo de mujeres. Su transformación en un módulo de respeto fue un hito porque puse en práctica la mediación prosocial, donde un grupo de presas se convertían en mediadoras en el conflicto entre otras reclusas. Empezamos con dos mediadoras y llegaron a ser 60

Un set de rodaje en la prisión

Él estaba convencido de que había otras formas de abordar el tratamiento con la población reclusa y dio un salto y dedicó todo su esfuerzo y sus energías a transformar el denominado módulo 10, exclusivo de mujeres, en un módulo de respeto.

“Puse en práctica la mediación prosocial, donde un grupo de presas se convertían en mediadoras en el conflicto entre otras reclusas. Empezamos con dos mediadoras y llegaron a ser 60 mediadoras”, dice con orgullo.

El minuto de gloria de las reclusas

Durante esta etapa, las internas disfrutaron de su minuto de gloria con el estreno de su primer proyecto cinematográfico, como protagonistas y figurantes. Recuerda cómo las reclusas se implicaron en un cortometraje que las directoras de cine Ángeles Muñiz Cachón y Teresa Marcos, propietarias de la productora audiovisual De Souna, rodaron en la cárcel asturiana en 2010.

Por primera vez en la historia de la prisión, un equipo de rodaje accedió al interior y logró que un grupo de presas atraparan la sensación de libertad sin salir del recinto penitenciario.

Actrices y figurantes

Ángeles Muñiz echó a rodar la iniciativa en mayo de 2009 tras contactar con Mercedes González, de la Asociación Prisión y Sociedad. Quería conocer qué pensaban y cómo vivían las presas y José Luis no dejó pasar la oportunidad y le propuso realizar inicialmente una obra de teatro con las internas que surgía a través de un plan de salud sobre el sida que se desarrollaba en la cárcel y en septiembre de ese mismo año se incorporó la cineasta Teresa Marcos.

No había un guión predeterminado y cada interna aportaba su idea y resultó todo un éxito. 'Módulo 10' se presentó a festivales y obtuvo el reconocimiento del 48 Festival Internacional de Cine de Gijón con el premio al mejor cortometraje ex-aequo Día d'Asturies y del VIII Festival de Cine Asturianu, al alzarse con el segundo premio al mejor cortometraje.

El cortometraje 'Módulo 10' donde las internas participaban como actrices y figurantes vino a demostrar que en la cárcel se puede pintar de color, porque las presas cogen fuerza y se hacen visibles. Pude comprobar que se podía quitar el estigma de reclusas

Nuevos hitos

Fue un acicate más para el educador: “este cortometraje vino a demostrar que en la cárcel se puede pintar de color, porque las presas cogen fuerza, se hacen visibles y fue todo un hito. En ese momento pude comprobar que se podía quitar el estigma de reclusas”.

José Luis, siempre pergeñando nuevas iniciativas para ilusionar e implicar a la población reclusa en cuantos proyectos emprendía, no dudó en poner sus conocimientos en Psicología al servicio de la creación del denominado 'Programa para la Prevención de Recaídas y Conductas Delincuenciales'.

Del 'Precod' al 'Odiseo'

Este programa, conocido como 'Precod', iba dirigido a aquellas personas que presentaban una problemática adictiva tanto desde los módulos del Centro Penitenciario como desde el Centro de Inserción Social (CIS).

Como coordinador del CIS impulsó un nuevo proyecto, denominado 'Odiseo', basado en la organización de coloquios compartidos por personas que se encuentran cumpliendo penas de prisión en medio abierto.

No coquetear con las drogas

Con 'Odiseo' busca concienciar al alumnado de los institutos asturianos de la importancia de que no caiga en el consumo de drogas, logrando asimismo un impacto positivo de reconstrucción en las personas penadas que participan en los coloquios.

El Proyecto Odiseo es una forma de prevenir al alumnado para que no caiga en el consumo de drogas y a la vez es una catarsis para la población reclusa que participa porque se siente útil

“El proyecto Odiseo lo creé hace dos años junto con la Asociación de Familiares y personas con enfermedad mental de Asturias (AFESA) y Miriam Basante, técnica del Programa Reincorpora de esta asociación, para realizar una labor de prevención con adolescentes”, comenta.

Prevención y catarsis

El objetivo es darles a conocer qué acciones les puede llevar a acabar en una cárcel y es una forma de que las personas que viven esa experiencia se lo cuenten de primera mano para que tomen conciencia. Es una forma de prevenir a los alumnos y a la vez es una catarsis para la población reclusa que participa porque se siente útil“, describe.

Medalla al mérito penitenciario

La implicación de José Luis en la metodología del tratamiento le valió el reconocimiento público cuando la directora del Centro Penitenciario de Asturias, Nieves Martínez, propuso que se le concediera la medalla de bronce al mérito penitenciario “por su decidida apuesta, desde su ingreso en el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias en el año 1991 y a lo largo de toda su trayectoria profesional, por hacer efectivo el espíritu de reinserción consagrado en el artículo 25.2 de la Constitución Española”.

En septiembre de 2024, el secretario general del Ministerio del Interior le comunicó su concesión “por la prestación de servicios relevantes relacionados con la actividad penitenciaria que denotan una especial iniciativa y dedicación”. Conseguía así dar la visibilidad a la población reclusa por la que tanto ha luchado a lo largo de los 35 años de ejercicio profesional.

Compromiso con la inclusión

Y como todo llega, el pasado mes de septiembre la jubilación llamó a su puerta. Como José Luis es una persona muy activa, no quería que su pase a esta nueva etapa vital frenara en seco toda la motivación que le hace sentirse vivo cada día ayudando siempre a los más vulnerables. Como no podía ser de otra manera, se implicó aún más con la oenegé Asociación Fraternidad, muy comprometida con la inclusión de las personas con diversidad funcional.

Si la población reclusa ya de por sí es invisible para la sociedad, las personas con diversidad funcional son las invisibles de los invisibles

La gerente Mayca González Collado le propuso hace tres años trabajar con ellos como vocal y él aceptó sin dudarlo. Ambos se conocían con anterioridad porque ella trabajó en Plena Inclusión y colaboraba con él en el Centro Penitenciario de Asturias con población reclusa con diversidad funcional.

“Si la población reclusa ya de por sí es invisible para la sociedad, las personas con diversidad funcional son las invisibles de los invisibles”, lamenta José Luis.

En la Asociación Fraternidad ha encontrado mucho apoyo en Antonio García Suárez, con quien aparece en la imagen que acompaña estas líneas, ya que le aporta una visión diferente al ser una persona con diversidad funcional. Esta es la primera vez en Asturias que una persona con discapacidad intelectual forma parte de la Junta Directiva y las iniciativas y sugerencias que propone son imprescindibles para conocer mejor las inquietudes y expectativas del colectivo.

“Creo mucho en las personas y pienso que hay que mirar siempre a los ojos y tirar de los ángeles que llevan dentro”. Así es José Luis, el educador y psicólogo que transmite su metodología del tratamiento en su día a día, tanto con concertinas intramuros en una prisión como en libertad.

Las trabajadoras -ya que casi en su totalidad son mujeres- del único centro de menores penitenciario de Euskadi, el recurso de Ibaiondo, en Zumarraga, van a protagonizar este miércoles, 11 de febrero, una protesta frente a la sede del Gobierno vasco para denunciar el “empeoramiento” de sus condiciones laborales. Lo harán antes de que se celebre una mesa de negociación entre el comité de empresa, compuesto por los sindicatos ELA, LAB y CCOO y, por parte del Ejecutivo vasco, el Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco y las direcciones de Empleo Público y Relaciones Laborales del Departamento de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, áreas de las que dependen los convenios laborales de estas trabajadoras.

Según critican las trabajadoras, la última propuesta del Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco y a través de la cual partirá la negociación de este miércoles, muestra un “retroceso” en cuanto a condiciones laborales. “En 2023, el Comité acudió al Parlamento Vasco en busca de apoyo ante el envejecimiento de la plantilla y el deterioro de las condiciones laborales. Tras tres años el Gobierno vasco no ha tomado medidas, provocando que la situación sea aún peor. La nueva propuesta entregada por el Departamento de Justicia para el centro de Ibaiondo, no solo ignora las propuestas presentadas por los sindicatos, sino que propone una merma sustancial de las condiciones laborales que pone en peligro la salud del personal”, reconocen.

En este sentido, explican que el informe de riesgos psicosociales elaborado a finales de 2021 identificó “factores críticos con riesgo elevado o muy elevado, que provocan constantes situaciones de estrés, cargas de trabajo excesivas y desgaste psicológico-emocional”. “La falta de soluciones de Gobierno vasco está generando un aumento significativo en el número de bajas laborales de origen psicológico”, reconocen.

Aroa es una de las cerca de 65 trabajadoras que forman parte de la plantilla de Ibaiondo. Según detalla a este periódico, en estos momentos hay 38 menores internados en cinco módulos diferentes. En cada uno de los módulos, hay 10 educadoras sociales, cinco coordinadoras, dos trabajadoras sociales y dos psicólogas. Además, en el centro hay personal administrativo y de seguridad que cuenta con otras condiciones laborales. “Lo que pedimos es que la negociación parta de una base que sea justa. Tenemos jornadas semanales de 47 horas, con 12 horas seguidas por la noche y no contamos con acompañamiento psicológico después de las agresiones que sufrimos, que son frecuentes. Nos gusta nuestro trabajo, pero somos conscientes de que no es un trabajo que podamos hacer a los 60 años, por lo que solicitamos unos permisos por edad”, defiende Aroa, que a sus 46 años lleva 20 trabajando como educadora en Ibaiondo.

A pesar de que se trata de un centro de menores, algunos de los internos pueden llegar a tener hasta 23 años, según la fecha en la que fue impuesta su condena o declarado su internamiento. Por ello, uno de los módulos del centro es específico para mayores de edad. “Muchos se encuentran en una situación en la que ellos mismos piden ir a la cárcel porque aquí lo único que podemos hacer es contenerles emocionalmente, pero hay casos en los que los chavales pasan por episodios, problemas de adicciones, medicaciones psiquiátricas, descontrol, violencia y nosotras hacemos lo que podemos. En el centro tratamos de que tengan una vida cotidiana, tenemos aulas, talleres, actividades, dinámicas, desayunamos con ellos, comemos y cenamos, somos las que estamos con ellos las 24 horas del día. Nos gusta nuestro trabajo, pero consideramos que las condiciones que tenemos deberían ser mejores”, exige la trabajadora.

Los sindicatos denuncian que la plantilla se enfrenta a condiciones especialmente duras: nocturnidad, festivos, turnicidad, jornadas de hasta 47 horas semanales, imposibilidad de conciliación familiar o por causas relacionadas con la edad, carga psicológica, peligrosidad... Según sostienen desde el comité de empresa, esta situación se arrastra desde la legislatura anterior. Durante años, las reuniones con el Gobierno vasco se saldaron con respuestas evasivas como “se va a valorar, se va a estudiar”, hasta que al final del mandato la administración trasladó que “no iban a tomar decisiones que cayeran en el siguiente equipo de Gobierno”, lamentan los sindicatos, tras recordar que las trabajadoras del centro desarrollan “una labor educativa imprescindible” para la reinserción de menores y jóvenes sometidos a medidas privativas de libertad por delitos graves.

Desde el Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco explican que “se está negociando el acuerdo de condiciones de trabajo” y que, desde su departamento, están presentes en la mesa de negociación de este miércoles “para que se tengan en cuenta las necesidades” del sector, pero consideran que la decisión final corresponde a las direcciones de Empleo Público y Relaciones Laborales del Departamento de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno.

A un lado del patio del módulo seis de la cárcel de Soto del Real (Madrid) los presos pueden intuir por encima del muro de seguridad algunas de las colinas de la cercana sierra madrileña, cubierta por la nieve en la última semana de enero. Desde hace unos meses, además, al otro lado del recinto encementado, los reclusos, todos ellos de entre 21 y 25 años y condenados por todo tipo de delitos, pueden contemplar un colorido mural pintado por el colectivo artístico Boa Mistura en el que en letras enormes se puede leer “Horizonte”. Paradójicamente, lo que sobresale tras esa pared es la enorme torre de control de la prisión de alta seguridad. Pero lo que queda en el recuerdo de los presos cada vez que observan esa pared es, según explican, el proceso de elaboración de esa obra que les permitió durante varias semanas evadirse y dejar de pensar durante las 24 horas del día en su encierro.

La pintura es la culminación de una iniciativa pionera de mediación cultural, 'Construyendo puentes, derribando muros', que se ha prolongado durante el último año. Primero, los presos que quisieron leyeron el discurso Un libro y medio pan que Federico García-Lorca pronunció en 1931 con motivo de la inauguración de la biblioteca de Fuente Vaqueros (Granada). Después, recibieron talleres de lectura y escritura. Con lo aprendido durante el proceso, hicieron un intercambio de cartas con presos del centro cultural El Ágora de la unidad penal 9 de Buenos Aires y del centro Madres de Plaza de Mayo de la unidad 43 de la capital argentina. En junio, tras escuchar en ese mismo patio la historia de Waldemar Cubilla, un expreso argentino implicado ahora en iniciativas de reinserción, los reclusos participaron en una tormenta ideas que plasmaron en un enorme papel. Cada uno escribió las palabras o frases que quiso. Y tras observarlas todas, Boa Mistura consideró que la palabra más representativa del ejercicio era esa, “Horizonte”.

Esta semana, elDiario.es pudo volver —ya estuvo en junio, en el acto protagonizado por Cubilla— a la prisión para observar las impresiones de los jóvenes reclusos, para quienes se proyectó en el salón de actos de la cárcel un documental que recoge todo el proceso. “A veces parecía que no estábamos aquí dentro”, explica uno de ellos, con acento español, después de ver la película. “Aquí, cualquier escapada de la realidad se agradece”, añade otro, de origen latinoamericano. “Antes teníamos problemas entre nacionalidades y esto sirvió para estar un poco más unidos”, zanja un tercero, también con acento latino.

Inés Miret, impulsora del proyecto a través de la iniciativa Leer Iberoamérica Lee del Laboratorio Emilia y la Feria del Libro de Madrid, celebra que la palabra surgida de todo el proceso haya sido “Horizonte” que, para ella, “es una forma de mirar” lo que se vive. Ante cerca de un centenar de presos muy jóvenes, explica que pese a estar en la cárcel “la mirada sigue siendo libre”, por lo que el “horizonte sigue existiendo mientras exista la capacidad de crecer”. “El horizonte está en los ojos y, mientras haya mirada, habrá horizonte”, les cuenta. Juan Sobrino, bibliotecario de la localidad de Soto del Real contigua a la prisión y otro de los impulsores del proyecto, destaca que su objetivo es difundir la lectura “para mejorar la vida de las personas” y llevar los derechos culturales “a donde es más difícil que lleguen”. “Vuestra generosidad y entrega ya me gustaría encontrarla en otros lugares”, les dice a los internos, que le responden con un aplauso.

Quien recibe una ovación más efusiva es Pablo Purón, uno de los integrantes de Boa Mistura que durante 15 días estuvo trabajando junto a sus colaboradores y codo a codo con los presos para la elaboración del mural. “En dos semanas nos convertimos en compañeros de trabajo”, les cuenta. Él les explica que “la premisa” del proyecto de lectura y su plasmación posterior en el mural era “abrir una ventana” dentro de la cárcel, un objetivo que considera cumplido. “Y paciencia, que de todo se sale”, les dice, al acabar. El centenar de presos que asiste formal al evento aplaude con fuerza.

La iniciativa impulsada por Instituciones Penitenciarias también ha contado con el impulso de trabajadores del centro. “Os habéis implicado muchísimo”, les felicita Inés, la psicóloga del módulo, a los presos con los que charla cada día. “La cultura y la educación importan sobre todo en los jóvenes”, añade, antes de remarcar que el proyecto trataba de “derribar muros”. “Están los de la cárcel, pero está también la libertad mental que es muy necesaria”, concluye. Ana, la trabajadora social muy implicada en los trabajos que buscan el objetivo constitucional de la inserción de los presos, se deshace en elogios hacia todos los participantes en la iniciativa y destaca a Boa Mistura: “No es una buena mezcla, es una buena onda”.

De vuelta al módulo, algunos reclusos relatan sus experiencias más personales. “Ahora leo un libro de principio a final y conozco nuevos escritores. Fue una experiencia única y muy agradable”, explica uno de ellos, de origen mexicano. Para él fue especialmente enriquecedor el intercambio de cartas con otros jóvenes recluidos en Argentina. “Las cartas tienen mucho poder, por eso antes los amores duraban tanto”, añade, con ironía. Él y otros dos compañeros de prisión ríen. “Ha sido curioso poder hablar con otros reclusos y hemos visto que todo el mundo comete errores”, añade, a su lado, un joven con nombre de origen árabe. Un tercero, colombiano, cree haber ayudado en su intercambio epistolar: “Pude hacer con mis palabras que se sintiera mejor”.

La conversación con elDiario.es tiene lugar en la pequeña aula del módulo que hace de biblioteca y clase a la vez. El joven colombiano explica que gracias a la iniciativa que comenzó con la lectura de Lorca “por primera vez” leyó un “libro entero”. “No he sido mucho de leer”, confiesa. Algo ruborizado, reconoce que el volumen que leyó fue “uno como de autoayuda”, Ya no sufro por amor. “Uno va aprendiendo con la lectura. Fue placentero para mí y me sentí realizado”. Desde entonces no ha vuelto a terminar otra obra, pero se muestra dispuesto a hacerlo en el futuro. A su lado, otro compañero destaca que el de los jóvenes es un “módulo rebelde” y afirma que mientras se realizó el proyecto cultural han tenido “conflictos”. “Pero trabajamos mucho en equipo y por un momento nos olvidamos de que estábamos aquí. De tanto compartir somos como una familia”, zanja.

Lourdes Gil, coordinadora de Tratamiento y Gestión Penitenciaria de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, apunta que “la cultura siempre ha estado presente” también en las cárceles. “Pero con este proyecto hemos ido un paso más allá”, señala, porque ha permitido generar “procesos de reflexión” entre los reclusos, que “en la calle podían ser enemigos, pero aquí son amigos” gracias, dice, a iniciativas como la de la lectura y la confección del mural. “El mensaje que ellos han construido es algo que nos interpela como ciudadanos. La experiencia nos da esperanza y se han superado las expectativas”, añade en conversación Inés Miret.

La biblioteca principal del Centro Penitenciario Madrid V —nombre oficial de la cárcel— cuenta ahora mismo con 26.000 libros y, según explican sus directivos, tienen contabilizado que en la prisión se lee un volumen cada 15 días. Además, dentro del centro está el Colegio Público Yucatán, una escuela pública dependiente de la Comunidad de Madrid en la que trabajan 12 profesores y ofrece a los presos estudios hasta 4º de la ESO. Después, quienes quieran continuar con su formación pueden hacerlo a través de la Universidad a Distancia (UNED).

Mientras en el patio anochece entre un frío intenso y un fuerte viento de norte, Miret insiste en que “el intercambio” entre los presos y los impulsores del proyecto a través de los intercambios de lectura y escritura continúa porque el del “horizonte” es “un mensaje fuerte y dice mucho sobre el poder de la palabra”. Como explica el bibliotecario Juan Sobrino, “lo que hacen la lectura y la cultura es ofrecerte un lugar cuando no tienes adonde ir”.

Si uno escucha hablar a Laura Delgado Carrillo pronto se percatará de que su mirada es capaz de atravesar prejuicios tan injustos como arraigados en la sociedad. La relación que esta jurista mantiene con el mundo penitenciario, y con las personas privadas de libertad en concreto, trasciende cualquier idea preconcebida sobre ese oscuro mundo de reclusión, castigo y soledad. Sin perder de vista el delito, Delgado es capaz de llegar a sentirse más comprendida por los reclusos que por sus amistades más cercanas. 

Su tesón ya ha permeado a nivel institucional. Este 26 de septiembre recibirá la Medalla de Plata al Mérito Social Penitenciario, concedida por la Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios, dependiente del Ministerio del Interior. La Administración premia así su “importante contribución a la mejora de la actividad penitenciaria”.

Tiene 34 años, nació en Sabadell y vive desde 2009 en Alcalá de Henares (Madrid), donde terminó la carrera de Derecho. En su casa ha cobijado a presos que no tenían otro lugar al que ir, guarda con ahínco miles de cartas que se ha intercambiado con cientos de ellos a lo largo de más de una década y sus estanterías están repletas de regalos que muchos le han entregado como muestra de cariño. Más allá de lo anecdótico, esta docente de Derecho Penal y Penitenciario en la UNED es consciente de que ha creado una simbiosis con el mundo de las prisiones que nunca ha sido capaz de encontrar en ningún otro lugar.

“Yo he tenido una vida muy normal, no era previsible que acabara desarrollando una relación tan intensa con el medio penitenciario”, dice. “Quizá venga de las peculiaridades que siempre he tenido a la hora de relacionarme con los demás, porque siempre me he sentido muy limitada a la hora de crear vínculos significativos”. 

Esta cierta dificultad para sentirse comprendida se empezó a enfriar cuando conoció la cárcel, casi por casualidad. Delgado no lo olvida. Fue el 14 de febrero de 2014, en Estremera (Madrid), a donde acudió para realizar un voluntariado. Aquel San Valentín fue especial para ella: “Solo pude estar en la cafetería, pero fue suficiente para ver todos los males que se encerraban en la cárcel, lo tristes que estarían esas personas, y también se esfumaron muchos de mis prejuicios”.

Mucho antes de comenzar sus estudios universitarios, a Delgado ya le llamaba la atención todo lo relacionado con aspectos como la pena de muerte y la vulneración de derechos humanos. “A los 14 años estaba suscrita a los boletines de Amnistía Internacional y cuando lanzaban sus campañas para intentar frenar una ejecución yo enviaba mi carta escrita en un maltrecho inglés”, rememora con una sonrisa en la boca.

Más de 1.000 cartas con presos

Aquel voluntariado se convirtió en el inicio de una relación tan profunda como ninguna otra para esta doctora especializada en libertad condicional. “Con el paso de los años he aprendido a no juzgar, algo muy importante para saber convivir con los demás de forma pacífica y armónica, y también me he ido conociendo mucho más a mí misma”, comenta. Eso ha sido posible por las cientos de horas que la también asesora de grados de los estudiantes de la UNED en la cárcel de Alcalá-Meco ha dedicado a cartearse con los presos, un momento sin interferencia alguna que únicamente se dedica a ella misma y a su interlocutor. 

La correspondencia es tal que siempre que se acerca el año nuevo desembolsa unos 300 euros en sellos antes de que suban de precio; y en su último viaje, que fue a Colombia, se gastó 100 euros en el envío de postales a personas repartidas por diferentes cárceles españolas. Además, cuando viaja, visita todos los centros penitenciarios que puede llevada por esa pulsión indómita que día tras día guía sus pasos.

“Hablo de todo con ellos, aunque cada relación es única. Con unos hablo de temas más jurídicos mientras que con otros mantengo conversaciones muy profundas”, ilustra. Delgado no tiene miedo de hacer partícipes de su vida a las personas privadas de libertad, como prueban numerosas misivas de las más del millar que atesora. 

Sin embargo, admite que las cartas que más le cuesta escribir son aquellas en las que se habla del delito cometido. “Pienso continuamente en no herir su sensibilidad a la par que ser fiel a mis pensamientos, y tampoco darles a entender que yo justifico lo que han hecho. Les intento entender siempre, pero no justificar”, recalca mientras repasa alguna de las cartas que se intercambia con los internos.

Ella nunca pregunta por el delito; habla con todo tipo de presos. Eso es consecuencia del proceso que llevó a cabo desde el momento en que se adentró en el medio carcelario: “Podría haber fracasado y haber antepuesto el delito a la persona, pero conseguí que no fuera así. A día de hoy no tengo problemas para relacionarme con ningún tipo de persona en prisión por razón del delito cometido”. 

De todas formas, no denomina “amistad” a estas relaciones, a pesar de ser de las más intensas que conserva. “Los siento muy cercanos, son confidentes, me tienen como una especie de mentora. Ellos también me orientan a mí en muchos casos, pero no podemos ser amigos si no hay una relación de igualdad”.

Una relación que la mantiene sana

La gran pregunta que revolotea durante la conversación comienza con un por qué al que Delgado no tiene miedo en responder: “Las personas privadas de libertad tienen muchas carencias afectivas, y es ahí donde yo veo cierta predisposición a humanizar las relaciones que probablemente fuera no encontramos, donde estamos todo el día pegados a un móvil y con prisas”. Y añade: “No me cuesta sentirme comprendida por ellos, porque lo que yo puedo sentir en mi día a día ellos lo han sentido con la misma intensidad y profundidad con la que yo trato de transmitírselo”. “Cuando cuento esas cosas fuera de prisión no siento que se reciba de la misma manera”, dice como si tuviera clavada en la mirada aquella máxima de Concepción Arenal que dice: “Odia el delito y compadece al delincuente”.

Tal es la relación que mantiene con el mundo carcelario que llega a afirmar que es lo que le ha permitido “encontrar una forma de mantenerme estable a todos los niveles, sobre todo en lo que refiere a salud mental”. “Los presos le dan sentido a todo lo que hago”, añade. Delgado vive “por y para las personas recluidas en prisión”, prosigue. Y todavía agrega que “de no ser por las personas privadas de libertad, probablemente estaría vacía y enferma”.

Capitalismo e infelicidad en las prisiones

Esta especialista en derecho penitenciario, a nivel personal, apenas valora lo superficial y “todo aquello ligado al capitalismo en el que vivimos, como la competitividad, el consumismo y la apariencia”, en sus propios términos. Asimismo, sabe bien que la mayor parte de la sociedad no ha enfrentado el proceso por el que ha pasado ella de desvincular el delito de la persona. “Me da mucha pena cómo hay personas muy vengativas que nunca sabrán lo en paz que se vive una vez te deshaces de ese odio tan primario que nos inoculan”, sostiene.

Delgado se expresa con sencillez, mueve las manos al hablar y mira hacia arriba cuando reflexiona. Es lo que hace justo antes de abordar un aspecto clave: quién debería estar en prisión. “Yo confío en que en algún momento no necesitemos las prisiones. Siempre he abogado por encontrar alternativas, no nuevas formas de castigar, pero sí formas alternativas al castigo como tal. A pesar de ello, a día de hoy es cierto que hay gente que solo estando encerrada es capaz de pararse a pensar dónde está y qué está haciendo con su vida”, se explaya con cierto utopismo.

El mundo penitenciario sigue siendo un espacio demasiado opaco: “Una de las cosas que más esconden las cárceles es el perfil del preso. Lo que verdaderamente nos encontramos en ellas es gente que tiene riesgo de exclusión social, procede de entornos marginales y con problemas de drogadicción muchas veces, por eso las prisiones están llenas de gente infeliz”, explica.

La pasión que Delgado siente por este ámbito tan silenciado e ignorado a nivel social no es óbice para que se muestre crítica con el mismo. “Siempre me he significado cuando he visto algo que no funcionaba bien, o que podría funcionar mejor. Y no tengo problema en decírselo a los funcionarios de prisiones o a la Administración”, concretiza. Es lo que hace en cada ocasión en la que se percata de hechos como cuando “la autoridad del sistema se proyecta de forma continua sobre el individuo recluido, lo que me parece contraproducente para su reinserción”.

Medalla de Plata a pesar de la crítica

Otro de los hitos que Delgado tiene en su haber es ser la autora de ¿Dónde está papá? (el Hilo ediciones, 2024), el único cuento en castellano para niños y niñas en el que se explica por qué su padre o madre está privado de libertad, ilustrado por Lorena Zamora Blanco. “Quería facilitarle a las familias esa explicación tan difícil para los más pequeños, que tuvieran algún tipo de soporte físico cuando llegara la conversación”, explica.

La publicación del cuento le ha servido a Delgado como excusa para continuar con su frenética visita a cárceles de toda España. “Los propios centros me invitan a ir, así que ha tenido muy buena acogida”, agrega. Seguramente, este libro tan solo sea una de las tantas gotas que hayan rebasado el vaso para que Delgado vaya a ser condecorada con la Medalla de Plata al Mérito Social Penitenciario el próximo 26 de septiembre que le entregará el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Se siente muy agradecida por el reconocimiento: “Siempre he sido una persona muy crítica con el sistema penitenciario y que me reconozcan mi trabajo pese a esa actitud crítica me motiva, es como un indicador de que a lo mejor estoy haciendo bien las cosas”, subraya cómplice de su propio buenhacer. No tendrá la oportunidad de hacer un discurso tras recoger la distinción. Si pudiera, tiene claro que sus palabras estarían orientadas a “dignificar a todas las personas privadas de libertad”, como no podía ser de otra forma en Delgado.

El Gobierno de Imanol Pradales ha prorrogado hace unos días, a finales de agosto, el contrato que mantiene desde 2022 con la empresa israelí Attenti Electronic Monitoring, actualmente parte del grupo estadounidense Allied Universal, para el control telemático de presos en semilibertad, una tecnología que permite no solamente una geolocalización permanente, sino incluso hacerles controles de alcoholemia y de otras sustancias a distancia en caso de necesidad. Es el contrato más relevante del Ejecutivo vasco en Israel al margen de su participación como accionista en la empresa CAF, que construye un tranvía en Jerusalén.

El área de Justicia y Derechos Humanos, una de las cinco carteras en manos del PSE-EE en el Ejecutivo de coalición con el PNV, abonará en los próximos doce meses otros 780.000 euros a esta empresa, según consta el expediente de la contratación y han confirmado a este periódico fuentes oficiales. Exactamente 30 presos vascos llevaban a 31 de agosto estos dispositivos de control, pulseras o tobilleras, según estas mismas fuentes.

El contrato de “monitorización, seguimiento y vigilancia remotos de presencia, consumo de alcohol y ubicación de personas sujetas a control” tiene su origen en 2018, cuando el Gobierno central realizó una primera adjudicación a Attenti Electronic Monitoring, con sede en Tel Aviv. Instituciones Penitenciarias, que entonces gestionaba todas las cárceles de España salvo las catalanas, en manos de la Generalitat, firmó una segunda adjudicación con la misma empresa en 2021, valorada en unos 25 millones de euros en total. El 1 de octubre de ese mismo año se produjo la transferencia de Prisiones y Euskadi pasó a gestionar los centros de Zaballa en Álava, de Basauri en Bizkaia y de Martutene en Gipuzkoa. Entre las materias cedidas por el Ministerio del Interior, además de los edificios y el personal, se incluía la subrogración del contrato de monitorización continua de presos, que se formalizó en abril 2022.

Desde entonces, el responsable del servicio es exclusivamente el Ejecutivo autonómico. El área de Prisiones ha tenido en ese tiempo tres consejeras, dos del PNV y la actual del PSE-EE. Son Beatriz Artolazabal, Nerea Melgosa y María Jesús San José. El contrato expiraba el 31 de agosto de 2024 y se formalizó una primera prórroga de un año por 780.000 euros. Ahora, nuevamente, se ha optado por una extensión para otros doce meses, hasta el 31 de agosto de 2026 y por la misma cantidad. La resolución se publicó el pasado viernes, 5 de septiembre.

Fuentes del área de Prisiones indican que “es un contrato que viene de una subrogación de otra Administración, de antes de la transferencia”, y que “la empresa ha cambiado” en estos años porque “ahora es americana”, de Estados Unidos. Sin embargo, se admite que Attenti Electronic Monitoring gestiona el servicio “desde una sede que tiene en Israel”. “Las facturas llegan desde Tel Aviv”, confirman desde el Ejecutivo. En el expediente también consta un teléfono con prefijo 972, el de Israel, como referencia principal.

Son 30 los presos en semilibertad que, a 31 de agosto, estaban controlados con la tecnología israelí. “Se usa para saber que la persona está donde tiene que estar”, recalcan desde el Ejecutivo. Añaden, en todo caso, que la prórroga firmada ahora “es ya la última”. La Administración ultima una nueva licitación para sacar a concurso el sistema de monitorización de presos. “Pero no hay muchas más empresas. Es una tecnología tan sofisticada y limitada que podrían volver a ganar”, indican las fuentes consultadas.

La existencia y los detalles de este contrato fueron adelantos por este periódico en 2023, cuando se inició el genocidio en Gaza después de los atentados de Hamás en octubre de ese año. El parlamentario de IU Íñigo Martínez Zatón pidió al entonces lehendakari, Iñigo Urkullu, una relación de contratos del Gobierno vasco con empresas israelíes y éste es el único que apareció, aunque ya por entonces su capital formal era estadounidense.

Controles por sudoración

Son técnicos de la empresa suministradora los que instalan las bases de control en los domicilios de los presos a los que se les implanta esta medida telemática. A partir de ahí, el centro penitenciario o de inserción social de referencia es el que recibe la señal y monitoriza las posibles incidencias. Attenti Electronic Monitoring, además de la geolocalización, publicita en sus dispositivos un sistema de control de sustancias que se llama SCRAM (Secure Continuous Remote Alcohol Monitoring o, en castellano, control remoto continuo y seguro del consumo de alcohol).

Según los folletos publicitarios de sus creadores, la tecnología permite tomar muestras de la sudoración cada 30 minutos desde la tobillera y también detectar posibles obstrucciones o manipulaciones del aparato para condicionar los resultados. Ni siquiera bajo el agua deja de funcionar. Según sus propias cifras, 1.000.384 personas han sido “monitorizadas” en todo el mundo y se han realizado 4.900.000.000 de pruebas, con un 99,1% de resultados satisfactorios.

Según datos oficiales, en el año 2023 fallecieron un total de 212 personas que se encontraban bajo custodia de la Administración Penitenciaria, de las cuales 169 personas dependían de la Administración General del Estado, 33 de la de Cataluña y 10 de la del País Vasco. A finales del mes de noviembre de 2024 aún estaba pendiente determinar la causa del 36% de esas muertes (76 personas).

La doctrina constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia de investigación de muertes bajo custodia es clara: «la investigación ha de ser exigente, suficiente y efectiva, debido a la existencia de una situación de especial vulnerabilidad».

Según los informes de mortalidad de Instituciones Penitenciarias, la principal causa de muerte violenta es el suicidio. Las entidades que trabajamos en el ámbito penitenciario llevamos años denunciando la conexión directa entre el uso del aislamiento y medios coercitivos y el riesgo de suicidio.

Por su parte, los organismos nacionales e internacionales alertan al Estado Español para corregir sus deficiencias en materia de prevención de suicidios. A modo de ejemplo: en el año 2022, el Defensor del Pueblo, en su condición de Mecanismo de Prevención de la Tortura, formulaba una Recomendación sobre la “conveniencia de suspender toda situación que implique el aislamiento de una persona cuando se detecta riesgo de suicidio”.

Otro ejemplo lo tenemos con la Recomendación formulada por la misma institución en 2024, relacionada con “la importancia de mantener el seguimiento de las personas cuando cursan baja en el programa de prevención de suicidios, tratando de evitar que vuelvan a retornar a una situación de aislamiento, especialmente cuando se trata de personas que estaban en régimen cerrado” o la Recomendación formulada ese mismo año para “garantizar un reparto adecuado de la medicación cuando se haya detectado una situación de riesgo que haya determinado la inclusión de la persona en un programa o protocolo específico, como podría ser el de prevención de suicidios o sobredosis”.

El pasado 6 de julio la Coordinadora de Familias y pres@s nos trasladaba la fatal noticia del fallecimiento de J.R, preso en la cárcel de Huelva, tras sufrir un prolongado aislamiento

Sin embargo, los posicionamientos de los organismos nacionales e internacionales en la materia se limitan a meras recomendaciones o sugerencias, carentes de fuerza coactiva frente al no acatamiento de sus resoluciones.

Algo está fallando si el 93,5 % de las personas que se suicidaron en 2023 no se encontraban incluidas en el programa de prevención de suicidios y un 41,9 % habían estado en algún momento anterior en dicho programa, pero ya no lo estaban en el momento en que se quitaron la vida.

El pasado 6 de julio la Coordinadora de Familias y pres@s nos trasladaba la fatal noticia del fallecimiento de J.R, preso en la cárcel de Huelva, tras sufrir un prolongado aislamiento. Un preso que padecía patologías mentales y que había tenido aplicado el protocolo de prevención de suicidios. Una vez más, el aislamiento tuvo consecuencias irreversibles a pesar de los esfuerzos realizados para alertar a la Administración de la desesperada situación en que se encontraba J.R.

La Coordinadora de Familias y pres@s, que actúa a nivel nacional, junto con el apoyo de diversas entidades del entorno penitenciario ha solicitado al Defensor del Pueblo Español que abra una investigación urgente e independiente para aclarar lo sucedido, así como la revisión del cumplimiento efectivo de los protocolos de prevención del suicidio en dicho centro penitenciario.

Es necesario acabar con el aislamiento penitenciario porque contribuye directamente al riesgo de suicidio y porque es contrario al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Mientras tanto, es urgente revisar y limitar su uso especialmente en personas con riesgo de suicidio o con patologías mentales, como recomiendan los organismos nacionales e internacionales como el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa o el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas.

Por su parte, el Comité de Derechos Humanos Naciones Unidas, encargado de supervisar la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por sus Estados Partes vuelve a pedir a España la revisión del régimen cerrado.[3]

“En realidad no sé si estáis a gusto”, les dice el orador a una treintena de presos del Centro Penitenciario Madrid V sentados en sillas de plástico en una ladera del patio del módulo sexto de la prisión de Soto del Real (Madrid). Son cerca de las 17.00 horas de una templada tarde de junio en la prisión madrileña. Quienes escuchan, de inicio sin mucha expresión ni expectativas, son jóvenes de entre 21 y 25 años condenados por distintos delitos, que desde enero participan en una iniciativa pionera de mediación cultural: primero leyeron el discurso Un libro y medio pan que Federico García-Lorca pronunció en 1931 con motivo de la inauguración de la biblioteca de Fuente Vaqueros (Granada), y después recibieron talleres de lectura y escritura. Aprovechando lo aprendido durante el proceso, finalmente hicieron un intercambio de cartas con presos del centro cultural El Ágora de la unidad penal 9 de Buenos Aires y del centro Madres de plaza de Mayo de la unidad 43 de la capital argentina.

El acto que tiene lugar en el citado módulo seis de Soto del Real es la culminación de todo ese ejercicio para el fomento de la lectura y la escritura. Se trata de un proyecto denominado 'Construyendo puentes, derribando muros', dentro de la iniciativa Leer Iberoamérica Lee de la Feria del Libro de Madrid. En él han participado la biblioteca municipal y el Ayuntamiento de Soto del Real, así como el propio centro penitenciario de la localidad, la citada cárcel argentina y el Centro Cultural La Cárcova de Buenos Aires.

Quien interviene ante los reclusos es uno de sus impulsores, Waldemar Cubilla, director provincial de Abordaje Integral y Medidas Alternativas de la Subsecretaría de Inclusión del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Se aproxima a ellos con cautela, al ver que los presos comienzan a escucharle con aspecto de cierta desconfianza y resignación.

Es una tarde inusual en su vida carcelaria y a la presencia de Cubilla en el patio, el único espacio exterior al que pueden acceder durante su condena, se suman una decena de personas que viven en libertad y que han estado vinculadas al proyecto de mediación cultural, además de un periodista y una fotógrafa de elDiario.es. De los cerca de 1.300 internos de la prisión en este módulo viven varias decenas, todos ellos jóvenes, y está considerado “de respeto”: los presos suscriben unos mínimos compromisos de convivencia.

A medida que Cubilla va contándoles su historia en los rostros de los presos –muchos marcados con tatuajes, otros envejecidos para su edad– se va despertando cierto interés. Les cuenta que él estuvo 10 años en la cárcel, precisamente en la 48 de la capital argentina con cuyos internos se habían intercambiado las cartas los chavales que le escuchan. “Soy de una villa [término con el que se conoce a las favelas en Argentina] en la que había dos opciones: ser 'cirujas', los que viven de rebuscar en la basura, o ser 'chorros'”. “Ladrones, ¿no?”, le pregunta un joven recluso. “Delincuentes”, apostilla otro. Cubilla asiente y les cuenta que sí, que empezó a robar “a punta de pistola” y entró en prisión.

“Empecé a delinquir, pero nunca dejé la escuela. En la cárcel hice el Bachillerato por segunda vez porque no pude acreditar que ya lo había estudiado y cuando se dieron cuenta de que sí me lo sabía me convertí en ayudante del profesor. Con mi familia me escribía cartas porque estaban muy lejos como para venir a visitarme. Luego me cambiaron a una prisión nueva, al lado de mi barrio, y entonces mi familia cada vez que venía a verme me traía libros y revistas. Entre mis compañeros presos y los funcionarios se empezó a hablar de 'la familia que lleva libros' y 'el preso que lee'”, explica, intercalando en su relato múltiples guiños para mantener la atención de los reclusos, como alusiones a la edad o a sus distintas nacionalidades.

Cubilla sigue contando que en su etapa en la cárcel comenzó a acumular libros en su celda y, ante la falta de espacio, acabó montando una biblioteca. Junto a otros cuatro compañeros reclusos estudió Sociología. “Porque como somos la mierda de la sociedad construyamos una idea de la sociedad desde la mierda de la sociedad”, explica que argumentaron en ese momento. Cuando salió de la cárcel “solo sabía hacer dos cosas: robar o hacer bibliotecas”. Y Cubilla, conchabado con vecinos de su barrio que veían en riesgo que sus familiares recurrieran también a la delincuencia, acabó abriendo una biblioteca en La Corcova, su villa. “Atento, un libro es libertad”, escribieron como lema en la fachada.

Los reclusos de Soto del Real consiguen seguir la cerca de hora y media en la que Cubilla cuenta su historia mientras les lanza mensajes como que “la libertad se construye, no se espera” o que “la vida es grande y larga”. Les da a entender que él, pese haber pasado 10 años en prisión, no solo consiguió reinsertarse sino también formar parte de la administración penitenciaria y, ahora, dedicarse a fomentar la lectura entre los encarcelados. Al final recibe un fuerte aplauso. “Usted ha logrado estudiar, para mí es algo muy grande”, le dice uno de los reclusos. “Gracias a lo que ha dicho tenemos esperanza de salir y que no está todo perdido”, apunta otro.

El ejercicio continúa mientras atardece en el patio del módulo sexto de la cárcel de Soto del Real, un cuadrado perfecto delimitado por el edificio de las celdas, el de la biblioteca y el gimnasio enfrente y dos muros a los lados. Desde la mejor perspectiva, los presos llegan a ver algunas colinas de la cercana Sierra de Guadarrama.

Tras la charla de Cubilla la idea es que todo el proceso de lectura de García Lorca y del intercambio de cartas culmine con la creación de un mural que el conocido colectivo Boa Mistura, presente también en la cárcel, pintará las próximas semanas tras escuchar a los reclusos. Para ayudarles, Pablo y otro miembro del colectivo despliegan un enorme trozo de papel en el suelo y animan a los presos a escribir sobre lo que les haya inspirado todo el proyecto.

“No hay mal que por bien no venga” o “nada es para siempre” son algunas de las frases que escriben los presos, aunque la palabra más repetida es, con diferencia, “libertad”.

La lectura de García Lorca y el intercambio de cartas entreabre la vía a la literatura de un puñado de reclusos, aunque son solo unos pocos de los internos del módulo los que han participado en la iniciativa. Magdaleno, un joven con acento latinoamericano, se muestra entusiasta, interviene en varias ocasiones durante la charla de Cubilla e intenta saludar a todos los visitantes que esta tarde se han adentrado en su cárcel. Asegura que gracias al proyecto ha empezado a leer al estadounidense Robert Kiyosaki, un escritor especializado en inversiones y bitcoin. “Dime qué lees y te diré quién eres”, añade.

Algo más tímido, David, un joven delgado que no se desprende de sus gafas de sol, asegura que tanto la lectura de García Lorca como el posterior intercambio de cartas le han supuesto “un respiro”. “No tengo mi libertad física, pero tengo mi libertad mental”, apunta. Manuel, otro recluso que repite una y otra vez que en cuanto salga de prisión se irá a vivir a Argentina –donde dice que vive toda su familia– ha reflexionado que tras leer, escribir y escuchar a Cubilla quiere estudiar Psicología.

Adrián, a su lado, lleva una gorra del revés y dice ser de una localidad cercana a la prisión. Para él lo más importante de la actividad ha sido que todos los reclusos de su módulo han estado “unidos” por unos momentos. “Hemos hablado entre todos y eso que de normal siempre nos dividimos por nacionalidades o por grupos”, destaca. Luego reconoce que le gusta leer, pero que no lo practica mucho, aunque sí le gustaría escribir un libro que le sirva a su hijo.

Las cartas que han escrito a los presos argentinos son variopintas. Algunas incluyen letras de canciones, dibujos de paisajes, autorretratos y hasta poemas. Abundan las faltas de ortografía y casi todas repiten los mismos mensajes centrados en su situación de privación de libertad. Cuando las escribieron no sabían exactamente a qué recluso argentino les iba a llegar. “Sé que te encuentras en la misma situación” es una frase que se repite. “Aun estando a kilómetros de distancia seguro que tenemos pensamientos y sentimientos iguales”, se lee, en una de las misivas. “Escribo para desahogarme”, reconoce un recluso. “Todo lo que me atormenta lo plasmo aquí”, escribe otro. En general, son mensajes de ánimos y empatía entre presos separados por un océano, unidos por la falta de libertad.

Pablo Puron, miembro de Boa Mistura, explica que a raíz del ejercicio en el patio de la cárcel pintarán en los próximos días un mural en el que se conjuguen “el color y la palabra”. “A través de las cartas y las reflexiones de los presos la idea del relato es entender este lugar y que la obra nazca de las personas”, añade. “Que la obra nazca de las personas y que sea un legado que dejen al que viene después, pero también constituya algo a lo que agarrarse” en su día a día carcelario. El proceso de creación será este fin de semana y a partir del lunes volverán al centro penitenciario a volver a reunirse con los reclusos, que también participarán en la pintura.

“Estamos utilizando la cultura para darles un lugar en el mundo”, explica Ana, la trabajadora social del módulo y una de las impulsoras del proyecto. “Yo creo en la juventud de hoy en día aunque esté en prisión y cuando les damos una herramienta como la lectura saben utilizarla”, señala, además de destacar que actividades como la que se ha llevado a cabo en Soto del Real facilitan a los reclusos “espacios de libre pensamiento”.

Juan Sobrino trabaja en la biblioteca del pueblo de Soto del Real y lleva desde 2018 impulsando actividades de colaboración entre los vecinos de la localidad y la prisión como clubes de lectura, recitales e incluso encuentros con autores. Él destaca, por su experiencia, que actividades como la de 'Construyendo puentes, derribando muros' promueven la empatía entre los reclusos y les permite ver que “leer les sirve”. Y María José Floriano, que ha sido quien ha impartido sesiones de creación literaria a los reclusos dentro de este proyecto, reconoce que los presos, a la hora de escribir, se han tenido que enfrentar a las páginas en blanco, pero finalmente lograron “abstraerse” en la escritura y darse cuenta de que “leer impacta”.

“Nuestra preocupación es si es posible una sociedad lectora y, en ese sentido, si es posible encontrar un lector en los márgenes”, añade, por su parte, Inés Miret, impulsora del proyecto Leer Iberoamérica Lee desde el Laboratorio Emilia y presente también en la actividad en prisión. “La literatura es un encuentro con otros, buscar un diálogo y un encuentro y creo que lo hemos conseguido a través de la iniciativa de las cartas”, sostiene.

El origen de todo está en un texto de García Lorca escrito hace 94 años, pero que todos los consultados para este reportaje, presos y no, consideran muy actual. Dice así: “Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle no pediría un pan; sino que pediría medio pan y un libro. Y yo ataco desde aquí violentamente a los que solamente hablan de reivindicaciones económicas sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales que es lo que los pueblos piden a gritos. Bien está que todos los hombres coman, pero que todos los hombres sepan”.

Instituciones Penitenciarias ha incoado una investigación después de que funcionarios de la cárcel de Herrera de la Mancha (Ciudad Real) hayan incautado a Miguel Carcaño, quien cumple en dicho centro su condena a 21 años y tres meses de cárcel por el asesinato de la joven sevillana Marta del Castillo; una serie de materiales no autorizados en prisión, según han informado a Europa Press fuentes de Instituciones Penitenciarias, agregando que el asunto ha sido trasladado además a la autoridad judicial correspondientes.

Según Instituciones Penitenciarias, “cuando los funcionarios detectan o incautan material prohibido, la Administración hace un seguimiento y analiza los hechos” y, además, “en caso de que ese material pudiera tener trascendencia penal, se pone en conocimiento del juzgado”; con lo que con relación a dicha situación del reo Miguel Carcaño, “se ha abierto una investigación y trasladado toda la información sobre el material incautado a la autoridad judicial”, siguiendo el procedimiento establecido.

Precisamente este pasado martes por la noche, los padres de Marta del Castillo reclamaban públicamente “una investigación en serio” por presuntos “privilegios” a Carcaño en esta prisión de Herrera de la Mancha, toda vez que las mencionadas pesquisas fueron puestas en marcha tras la citada incautación, según indica Instituciones Penitenciarias.

Así lo manifestaban la noche de este pasado martes Antonio del Castillo y Eva Casanueva en el programa Código 10 de Cuatro televisión, después de que el pasado 24 de enero se cumpliesen 16 años ya del crimen, sin que haya sido localizado aún el cadáver de la víctima, una búsqueda que continúa abierta.

Durante el programa televisivo, los padres de Marta del Castillo formulaban esta petición pública ante el testimonio anónimo de una persona que asegura ser interno de dicho centro penitenciario y según el cual Miguel Carcaño habría disfrutado de dispositivos tecnológicos o dinero gracias a un presunto trato de favor de una funcionaria de la cárcel de Herrera de la Mancha con la cual mantendría una relación; si bien en estos momentos, la mencionada investigación de Instituciones Penitenciaria no apuntaría a ningún profesional penitenciario.

Tras el caso de Ana Julia Quedaza

Dicho testimonio habría trascendido tras el caso de los funcionarios de la cárcel de Brieva (Ávila) investigados por un presunto delito de cohecho por facilitar supuestamente un teléfono móvil a Ana Julia Quezada, quien cumple pena de prisión permanente revisable en dicho centro por el asesinato del niño Gabriel Cruz en Níjar (Almería), a cambio supuestamente de relaciones sexuales con la reclusa.

Para los padres de Marta del Castillo, la supuesta situación protagonizada por Miguel Carcaño en la prisión de Herrera de la Mancha constituye toda una “vergüenza”, una “dejación de funciones de libro” por parte de las autoridades penitenciarias y un posible delito de cohecho, pues según Antonio del Castillo, los presuntos hechos supondrían la existencia de “corrupción dentro de la prisión”.

Investigación y traslados

Precisamente por eso, reclamaban “primero una investigación seria” sobre los supuestos hechos, “como se está haciendo con el caso de Ana Julia Quezada”, en alusión a las diligencias que sigue el Juzgado de Instrucción número 4 de Ávila; y después que Miguel Carcaño sea trasladado a otro centro penitenciario, más al detalle a la cárcel de El Puerto de Santa María (Cádiz), y también sea trasladada de cárcel la funcionaria aludida en el mencionado testimonio anónimo.

Y es que según Antonio del Castillo, él ya había solicitado dicho “cambio” de cárcel porque “sabía algo” de un supuesto “trato distinto” a Miguel Carcaño por parte del capellán de la prisión, criticando Eva Casanueva que el condenado por el asesinato de su hija goce de un supuesto “trato tan estrecho” presuntamente con una funcionaria de la prisión donde cumple su pena; si bien las indagaciones administrativas no apuntarían en principio en estos momentos a personal de la plantilla penitenciaria.

Carcaño, el único adulto condenado

El juicio celebrado en 2011 contra los mayores de edad acusados por el asesinato de Marta del Castillo y la desaparición de su cadáver, recordémoslo, se saldó con la condena de Miguel Carcaño y la absolución del resto de adultos acusados, que eran su hermano Francisco Javier Delgado, la novia de este último, María García Mendaro; y el amigo de Carcaño Samuel Benítez.

Y en el verano de 2024, tampoco sobra recordarlo, la Audiencia de Sevilla revocaba la sentencia del Juzgado de lo Penal número siete que condenaba a Francisco Javier García, conocido como El Cuco y condenado por encubrir el crimen cuando él era menor de edad, y a la madre de este; por un delito de falso testimonio por sus declaraciones en el juicio celebrado en 2011 contra los adultos acusados por dicho crimen.

Carlos García Valdés (Madrid, 1947) es el autor de la Ley General Penitenciaria en nuestro país. Data del año 1979, pero sigue en vigor. Abogado y catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Alcalá (UAH) marcó -lo sigue haciendo- toda una época en la historia de derecho penitenciario de España. 

Un libro recuerda ahora su contribución al sistema de prisiones del país, humanizándolo con un enfoque dirigido a la reinserción social. 

Estudios de Derecho Penitenciario en homenaje al profesor Carlos García Valdés (Edisofer, 2025) es una publicación que recopila contribuciones de más de medio centenar de juristas, muchos de ellos discípulos, amigos o estudiosos de su obra. 

“Él fue el padre del derecho penitenciario en España. Lo hizo desde la Universidad de Alcalá, a la que ha estado vinculado desde 1978”, explica Esteban Mestre Delgado, catedrático de Derecho Penal en la universidad alcalaína que ha coordinado la publicación. “Este es un libro homenaje a una trayectoria científica. Estábamos en deuda con él y debía tener reconocimiento público”. 

La publicación intenta conjugar todos los ámbitos vinculados a la ciencia del Derecho penitenciario en una presentación monográfica con enfoque histórico, de Derecho comparado hasta llegar al ámbito internacional, con un análisis de las instituciones vigentes y finalmente propuestas de reforma o actualización de cara al futuro. 

Ahora mismo el derecho penitenciario español es puntero en Europa, no solo por el trabajo doctrinal y científico sino por la inversión económica desde la Transición hasta ahora y por el ambiente de garantías y derechos que se respira en las prisiones

García Valdés se jubiló con 70 años. “Llenaba siempre las clases y fue sin duda el más laureado por los alumnos”, apunta quien fue y se sigue considerando su discípulo. Su legado tiene nombre propio. La ‘Escuela de Alcalá’ o ‘Escuela Valdesiana’, que se expandió desde el ámbito académico hacia el ámbito político, jurídico o penitenciario.

Cuenta Esteban Mestre que “en la Universidad de Alcalá ha sido un símbolo”. Fue decano en el momento de la consolidación de la Facultad de Derecho y creó el Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Policiales. “Somos la única Universidad que tiene un proyecto común con la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior en materia de formación en este ámbito”.

“Ni de derechas ni de izquierdas, ha sido siempre un demócrata”

Carlos García Valdés había acompañado muchas veces a su padre en su labor como médico en instituciones penitenciarias.

Tras finalizar sus estudios en Derecho en Madrid en 1969 ejerció la abogacía defendiendo a quienes habían sido acusados de delitos políticos ante el Tribunal del Orden Público (TOP). Era una jurisdicción especial. “No había jueces de carrera. Todos estaban ahí por designación política, en algunos casos su origen era militar”, recuerda Mestre. El sistema funcionó desde 1963, en la última etapa del franquismo, hasta llegar a la democracia, en 1977.

En 1971 pasó del papel de abogado a convertirse en procesado al defender a un estudiante de Medicina con un argumento que no gustó al TOP. Llegó a ser suspendido durante un año.

“Carlos no ha sido ni de derechas ni de izquierdas. Siempre ha sido un demócrata que se comprometía con los perseguidos, con las personas que resultaban procesadas por ejercer la libertad de expresión o de asociación”, relata Esteban Mestre.

En esa etapa defendía a estudiantes, a sindicalistas y obreros, a profesores o a quienes se habían reunido con personas que no estaban bien vistas por el régimen, a quienes habían escrito un libro incómodo o impartido una conferencia fuera de lo políticamente correcto en la época.

En aquel año de inhabilitación profesional, durante los coletazos del franquismo, se marchó a Italia para realizar una tesis doctoral sobre la reforma del sistema de prisiones español. “Percibió que era un ámbito de actividad excluido del Derecho y en el que a nadie le importaban los condenados porque, o eran muy rojos, o muy delincuentes o muy pobres”, apunta el catedrático.

Por eso, Carlos García Valdés comenzó a escribir sobre cómo se gestionaban las prisiones en otros países y sobre cómo diseñar un régimen penitenciario respetuoso con los derechos humanos.

No fue fácil leer aquella tesis en la Universidad Complutense de la época. “Había un núcleo duro de profesores muy cercanos al franquismo y estos procesos aperturistas no gustaban nada”. Su transcendencia en el ámbito jurídico y penitenciario ha llegado hasta nuestros días porque “humanizó las prisiones”.

En 1978 el director general de Instituciones Penitenciarias, Jesús Haddad, fue asesinado por los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO) y llegó la oferta para que Carlos García Valdés ocupase el cargo. Tenía 31 años. También sufrió en sus carnes otro atentado, del que lograría salir ileso.

“Fue el director más joven de la historia. En 1979 puso en pie una reforma penitenciaria que fue aprobada por asentimiento. La Ley General Penitenciaria sigue en vigor hoy con apenas tres toques cosméticos”. 

Con la ley en marcha, dejó el cargo de Instituciones Penitenciarias para volver a la universidad, aunque siguió colaborando en la elaboración de distintas leyes orgánicas o en la reforma del Código Penal. Dirigió el Centro de Estudios Judiciales y en ese tiempo “fue responsable de la formación de los jueces en España”, apunta Esteban Mestre, entre otras cosas.

“Los centros psiquiátricos penitenciarios necesitan más desarrollo”

La ley penitenciaria apenas ha necesitado actualizarse, pero su desarrollo sí necesita avanzar, en opinión del catedrático. Por ejemplo, respecto a los centros psiquiátricos penitenciarios. “Necesitan un mayor desarrollo”.

En su opinión, hay un problema de “sobrepoblación” en las prisiones. “Falta espacio debido al problema de saturación que hay que resolver”. Después, dice, siempre hay propuestas para mejorar las condiciones de los funcionarios o la asistencia médica de los internos e internas.

Pero, añade, “ahora mismo el Derecho penitenciario español es puntero en Europa, no solo por el trabajo doctrinal y científico sino por la inversión económica desde la Transición hasta ahora y por el ambiente de garantías y derechos que se respira en las prisiones”.

Durante cuatro años formó parte del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes, un órgano del Consejo de Europa. “Me he pateado Europa viendo prisiones y centros de privación de libertad y hay muy pocos comparables con la situación media en España”. Un país, dice, en el que “el índice de reincidencia es bajísimo”, pero siempre hay espacio para la mejora, reconoce el catedrático.

Este verano Carlos García Valdés impartirá una conferencia en uno de los cursos de verano organizados por la Universidad de Alcalá, en Sigüenza (Guadalajara).

En España existen tres administraciones penitenciarias diferentes, la de Cataluña, la de Euskadi y la Administración General del Estado (AGE). La normativa básica se aplica en todo el territorio (Ley Orgánica General Penitenciaria y Reglamento Penitenciario), pero estas administraciones tienen capacidad de dictar reglas de organización propias (circulares e instrucciones) y gestionar sus prisiones y su personal. Esta división puede inducir a errores al analizar los datos y estadísticas, sin embargo brinda una excelente oportunidad para realizar estudios comparados y evaluar las políticas públicas.

Las fuentes para obtener datos e información sobre la pena de prisión y el sistema penitenciario son variadas, aunque presentan algunos problemas tanto en su contenido como en su usabilidad. Aun así, algunos datos los podemos analizar en función de lo publicado por estas tres administraciones y por el Consejo de Europa. 

Por otra parte, la normativa prevé diferentes tipos de establecimientos, siendo el más común actualmente es el llamado Centro Tipo, que son establecimientos muy grandes, con capacidad para más de mil personas y divididos en módulos independientes. Aquí encontramos una mejora en habitabilidad e infraestructuras, pero una limitación de los contactos físicos más cercanos entre presos y con los funcionarios.

La población reclusa a 31 de diciembre de 2023 en los centros de la AGE fue de 47.083 personas. El 92,8% son hombres y el 7,2% mujeres A estas cifras habría que sumar la población de Cataluña, 7.582 hombres (94,3%) y 459 mujeres (5,7%) y la del País Vasco, 1.440 hombres (91,5%) y 134 mujeres (8,5%). Por tanto, la población reclusa total en el estado español fue de 56.698 personas.

La tasa de encarcelamiento en AGE es de 120 presos por cada 10 mil habitantes, por encima de la mayoría de los países de nuestro entorno, a pesar de tener tasas de criminalidad relativamente bajas. En Cataluña, la tasa es de 110, más cerca de los valores de Europa occidental.

La causa fundamental de estas altas tasas de encarcelamiento no es que entre mucha gente en prisión, sino que está mucho tiempo. Tenemos una estancia media de 19,3 meses mientras que la mediana en el Consejo de Europa apenas supera los 10 meses.

Es importante poner el foco en la atención sanitaria, pues constituye uno de los más graves problemas del sistema penitenciario español

Por lo que respecta al tiempo de condena, y en relación con los países del Consejo de Europa, las administraciones penitenciarias españolas contienen un porcentaje menor de personas cumpliendo penas de prisión de menos de 1 año, así como entre 1 y 3 años. Por el contrario, en todas las categorías a partir de 3 años nos movemos en valores superiores tanto a la media como a la mediana europea. En nuestras prisiones encontramos sobre todo delitos sin violencia: más del 50% de la población reclusa cumple condena por delitos contra el patrimonio y salud pública (drogas). Además, los tres sistemas penitenciarios presentan preocupantes datos de envejecimiento de la población, por encima de los valores de los países del Consejo de Europa.

Nuestro sistema se configura como un sistema de individualización científica, dividido en tres grados de tratamiento. Sin embargo, en la práctica no suele haber un análisis individualizado de los internos ni estos progresan con facilidad a las formas más abiertas, siendo menos de un 20% los que se encuentran en alguna de las modalidades abiertas. Asimismo, tan solo el 12,6% de las salidas se producen desde una situación de libertad condicional, lo que nos sitúa en niveles por debajo de los países de nuestro entorno y de las cifras que teníamos hace unos años. La mayoría de los internos se encuentran en el régimen ordinario que supone generalmente pasar todo el día en un establecimiento cerrado y así terminan su condena. 

Es importante poner el foco en la atención sanitaria, pues constituye uno de los más graves problemas del sistema penitenciario español. En la AGE la gestión corresponde al Ministerio del Interior. En el País Vasco y Cataluña depende de sus departamentos de salud, lo que parece mejorar la atención. La dependencia jerárquica del Ministerio del Interior interfiere en la labor médica, la confidencialidad, la confianza paciente-médico y las relaciones con la asistencia especializada que suele darse en el sistema de salud extramuros. Por ende, esta situación contradice las recomendaciones internacionales en base a los principios de equivalencia e integración y la necesidad de independencia del personal médico. La falta de profesionales sigue siendo un grave problema que incluso se ha agravado en los últimos años y la comparativa con otros países europeos no nos deja en buen lugar, llegando la situación a ser denunciada por el Defensor del Pueblo y por el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas. 

Por último, hay que resaltar que en el año 2023 se produjeron 212 fallecimientos de internos. El Comité contra la Tortura alertó sobre el aumento de las muertes en prisión en los últimos años y lamenta la falta de información facilitada sobre estas muertes y sobre los resultados de las investigaciones realizadas. 

Fuentes:

Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima (dependiente del Departamento de Justicia). Tiene las competencias desde 1984. 

La Comunidad Autónoma Vasca asumió estas competencias a finales del año 2021 integrándose en la Viceconsejería de Justicia.

Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior del Gobierno de España.

Council of Europe anual penal statistics, Space I, annual reports, 2023.

Los cacheos que se han realizado hasta el momento en la cárcel de Brieva (Ávila), en la que se encuentra internada Ana Julia Quezada, condenada a prisión permanente revisable por el asesinato del niño Gabriel Cruz en la provincia de Almería en el año 2018, no han hallado por ahora ningún terminal de teléfono móvil.

Así lo ha apuntado este jueves el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, en una atención a medios durante una visita a la Feria de Sevilla, a preguntas de los periodistas al hilo de la rueda de prensa que este pasado miércoles ofreció en Almería la madre del pequeño asesinado, Patricia Ramírez, al hilo de las diligencias abiertas en el Juzgado de Instrucción número 4 de Ávila mediante las que se investiga si trabajadores de la cárcel de Brieva facilitaron teléfonos móviles a cambio de sexo a Ana Julia Quezada.

El delegado del Gobierno en Andalucía ha aprovechado esta cuestión para expresar públicamente su “solidaridad, apoyo y cariño” hacia esa “madre que vivió y sigue viviendo tan trágicas circunstancias” derivadas del “asesinato de su hijo”, suceso que “a todos nos dejó absolutamente consternados y traumatizados”, según ha subrayado.

Dicho esto, ha aclarado que ha habido ya reuniones “con el secretario de Estado de Seguridad” y “con el secretario general de Instituciones Penitenciarias”, así como ha confirmado que “hay abierta una investigación judicial en Ávila para determinar si, efectivamente, ha habido algún tipo de interconexión telefónica desde la propia prisión hacia Patricia” Ramírez.

En ese punto, el delegado ha precisado que “no hay constancia en este momento de la existencia de ese terminal” móvil, y ha aclarado que “hay una investigación abierta también desde el punto de vista administrativo” a partir de “los hechos que se denunciaron”, con la que “se investiga si hay o no una posible colaboración de algún funcionario de la prisión” con respecto a la condenada “que pudiera propiciar el que le hubiera facilitado algún tipo de terminal”.

Pedro Fernández ha indicado que esa “investigación abierta en el ámbito administrativo” está “en este momento interrumpida, en suspenso como consecuencia de la apertura” de la “investigación judicial” en Ávila, que “es la que tendrá que determinar si finalmente hay o no hay algún tipo de hecho que ponga de manifiesto esa situación”, ha abundado.

En todo caso, el delegado ha insistido en señalar que “no le consta a Instituciones Penitenciarias, en los registros, en los cacheos que se llevan a cabo de forma ordinaria y habitual”, que haya aparecido “ningún tipo de terminal, ningún tipo de móvil”, si bien el asunto “está en plena investigación”, ha remachado.

A preguntas de los periodistas, ha indicado que por parte del Gobierno no hay “ningún tipo de problema” en mantener con la madre de Gabriel “cuantas” reuniones “sean necesarias”, y ha reiterado que ya las ha habido con el secretario de Estado de Seguridad y con el secretario general de Instituciones Penitenciarias.

Además, ha indicado que el propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, “ha trasladado toda su solidaridad con Patricia para mostrarle todo el cariño y toda la colaboración necesaria para averiguar lo que sea necesario”.

En todo caso, el delegado ha incidido en que “absolutamente todo el procedimiento” se encuentra ahora “judicializado” por parte de un juez, y “todas las investigaciones están abiertas”.

“Yo lo que le puedo decir es que hay entera disposición por parte del Ministerio (del Interior) para clarificar y llegar hasta el fondo del asunto”, ha aseverado el delegado del Gobierno antes de concluir que “hay que estar atento a esa investigación judicial que cuenta con la colaboración, como no puede ser de otra manera, de la Guardia Civil y del propio Ministerio”.

Durante ocho semanas, seis reclusos y una reclusa han disfrutado de una relativa libertad física, en un viaje que se podría calificar de “mínimo”, en el perímetro del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA) y sus inmediatos aledaños. Sin embargo, para ellos esta libertad ha sido inmensa en el plano espiritual y el viaje les ha resultado mágico. Y todo gracias al desarrollo del arte, desarrollando mediante una actividad en la que ocho internos han aprendido a relacionarse con sus hijas e hijos a través del dibujo.

Han sido dos meses en los que, cada jueves por la mañana, se han desplazado desde sus respectivos centros penitenciarios, donde permanecen recluidos (Quatre Camins, Can Brians 2 y CP Dones Brians 1), al MACBA. Siempre acompañados por técnicos de prisiones como Ángela Peinado, referente del Área Artística del Servicio de Rehabilitación de la Dirección General de Asuntos Penitenciarios. Allí han sido recibidos por la artista Clara Nubiola.

Nubiola ha sido la responsable de desarrollar el proyecto Si un viatje comença aquí (Si un viaje empieza aquí), una iniciativa conjunta del museo, el Departamento de Justicia autonómico y la conselleria de Cultura; destinada a que los internos e internas de centros penitenciarios, donde permanecen aislados de sus familias, reconecten afectivamente con ellas a través del arte. En este caso, de una suerte de bitácora de viajes dibujada.

Los ocho reclusos del proyecto están encarando el tercer grado, que les permitirá dormir fuera de la cárcel y volver a convivir con sus familias, por lo que esta reconexión se antoja especialmente importante. Aunque Si un viatje comença aquí también busca abrir a los internos su faceta artística, darles una herramienta creativa que les proporcione libertad y paz interior.

Un fanzine de viajes por el MACBA

El resultado de estas ocho semanas de trabajo conjunto se presentó la tarde del martes en el MACBA en formato de fanzine, preparado por Nubiola, en el que se reúnen los trabajos más destacados de los ocho reclusos, básicamente sus dibujos con comentarios de la experiencia dedicados a sus hijas e hijos. Acudieron los ocho a la presentación y pudieron estar con sus niños, parejas y familiares en un ambiente de alta emotividad, prolijo en abrazos y amplias sonrisas.

“Desde 2011 me dedico a la práctica artística, siempre a través de la Ilustración y vinculada al territorio y el paisaje, así como la arquitectura”, explica Clara Nubiola, que añade que “genero proyectos que sean procesos participativos”. Este es el motivo por el que fue elegida para coordinar Si un viatje comença aquí, una iniciativa con año y medio de recorrido que ha sido impulsada en especial por Eduard Vicente, gerente del MACBA.

Nubiola aclara que desde el MACBA ya le habían propuesto en el pasado actividades similares, pero las había rechazado por falta de tiempo. En cambio, esta vez la propuesta le sonó diferente: “Me dijeron que había salido una posible colaboración con el MACBA, el Departamento de Justicia de Catalunya y el Departamento de Cultura para llevar a cabo un proyecto de responsabilidades parentales de internos en centros penitenciarios de Catalunya con sus hijos.”

“Me dicen tres palabras mágicas, prisiones, cultura y libertad, y no puedo decir que no porque es un tema que siempre me ha motivado muchísimo”, relata la artista, que destaca que “es la primera vez que se desarrolla un proyecto así y con el reto de hacerlo fuera de las cárceles”.

Una experiencia “brutal”

Tanto Clara Nubiola como Douglas y Julio, dos de los reclusos que han participado en el proyecto y han accedido a hablar con los medios, califican Si un viatje comença aquí como “una experiencia brutal”. “Me ha enseñado a pensar, a conocerme como persona y a conocer de verdad a otros compañeros, los técnicos, Clara, etc., me ha abierto mucho la mente”, asegura Douglas.

“No sabía lo que era el MACBA, pero cuando me dijeron que era el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, dije '¡hostia!, pues ahora sí que me interesa más', porque me encanta el arte”, explica Julio, que también anuncia que a raíz de su participación en el proyecto ha decidido apuntarse a un curso de desarrollo de realidad virtual y 3D, quién sabe si su profesión en el futuro. “Fue muy bonito participar, porque yo no sabía que mis hijos dibujaban tan bien”, agrega con una amplia sonrisa.

Por su parte, Nubiola explica que la selección de internos que participarían en el proyecto se hizo desde el Departamento de Justicia: “Ángela [Peinado] agilizó todas las gestiones ya que burocráticamente el mundo de los centros penitenciarios es muy duro y muy farragoso, porque se deben cumplir con muchas premisas”.

Peinado, a su vez, aclara respecto al perfil que “son madres y padres que ya están dentro de un programa de responsabilidad parental que se desarrolla dentro de los centros penitenciarios, por lo que hay un cierto compromiso y ganas, sobre todo, de generar mejores vínculos con sus hijos e hijas”. “Uno de los ejes fundamentales que estamos llevando a cabo dentro de esta área es el trabajo a través del área artística, porque el arte no deja de ser un lenguaje común universal y que puede hacer conectar a personas adultas con los menores”, apostilla. 

El dibujo como arte terapéutico

“Yo me aferro a mi metodología, que es trabajar con la idea de viaje y de la correspondencia con otros durante el mismo, así como la del diario de ruta”, revela Nubiola. De esta forma ha articulado las ocho semanas que ha durado el proyecto: “Les propongo a los reclusos realizar un viaje cada jueves que nos encontramos”. 

Aunque se trata de un viaje muy particular, ya que no debe superar el perímetro del MACBA o, como mucho, las calles aledañas. “El primer día lo hicimos en una sala y el segundo día nos desplazamos a la plaça dels Àngels, entonces estuvimos en la plaza y en el entorno en el que estábamos trabajando”, relata la responsable del proyecto.

“El tercer día aprovechamos el perímetro de una calle y pasamos dos horas andando en las que fuimos a la librería del Raval, a una cafetería y a una plaza. En cada sitio nos parábamos a dibujar como si estuviéramos de viaje”, prosigue. Fueron unos viajes mínimos que, sin embargo, para los reclusos supieron a gran aventura y durante los cuales debieron dibujar lo que veían como si fueran postales, además de añadir comentarios para explicarlos a sus hijos.

“La primera sesión fue muy bonita, porque vinieron las familias: las madres y los niños”, rememora Nubiola. “Hicimos una presentación y les propuse un juego lúdico consistente en hacer unos autorretratos, de manera que los niños describían a sus padres y los padres describían a los chavales y además enumeraban sus virtudes y sus defectos”, explica.

Tras esa primera sesión conjunta, en las siguientes solo participaron los reclusos. No obstante, Nubiola les mandaba cada semana a sus familias por correo electrónico el trabajo de los internos, esos dibujos que hacían de sus viajes donde apuntaban sus sentimientos. “El tema de primera sesión era Yo soy, que tenía que ver con la transcripción”, aclara la artista.

“Luego vino Yo estoy que explica dónde estamos, y después Yo veo, que correspondió a los días que salimos a pasear por las calles y dibujamos” prosigue. Cada sesión iba ampliando el rango de complejidad porque, como explica Nubiola, “empezar a dibujar con gente mayor que nunca ha dibujado es complicado”. 

Libretas para un fanzine

“A partir de ahí empezamos a utilizar unas libretas que nos diseñaron los presos del centro de Quatre Camins; nos crean unas libretas con mis consignas y comenzamos este viaje con la bonita particularidad que los reclusos tienen su libreta y cada semana la van llenando de dibujos y comentarios”, relata la artista.

Nubiola recalca que no es un diario cualquiera, sino “uno que tiene que ver con el viaje y con esta correspondencia que se genera entre padres y chavales, es una carta que nosotros enviamos a nuestros familiares explicándoles cómo van las cosas”. En paralelo, Nubiola hizo llegar a todas las familias una libreta en blanco y cada semana les enviaba una consigna relacionada con la misma que les pasaba a sus padres a la vez que les pedía que dibujaran ellas su libreta. “Hay algunas familias que sí se enganchan, hacen libretas y el último día nos las enseñan, pero en otras familias la idea no ha prosperado, sea por lo que sea, porque cada uno tiene su casuística”, apunta.

El último jueves del proyecto, volvieron a reunirse reclusos y familiares y se mostraron las respectivas libretas. Nubiola propuso un collage colectivo: “Imprimí 150 fotocopias y les invité a todos a montar, a organizar una gran instalación efímera con unas vidrieras que nos habían cedido desde el MACBA”. Finalmente, acordaron que Nubiola recopilaría los dibujos más destacados de cada recluso y los reuniría en el fanzine que se presentó en la lluviosa tarde del pasado martes.

Pero si hay un recuerdo de esta experiencia con el que la artista ilustra el éxito del proyecto es la del penúltimo día: “Los llevé al convento dels Àngels [aledaño al MACBA], les puse el Ave María de Schubert y quedaron todos en silencio; todo el mundo dibujando y escuchando música clásica”. “¿Sabes esa cosa superbonita que de repente te das cuenta de que ya no te necesitan porque ya han conectado con su propio proceso y ya están ellos con su conexión con el rotulador, el lápiz, que han cogido confianza?”, suelta Nubiola. “Ahí es cuando de alguna manera veo que me los he ganado y me digo:¡ostras!, ¡ya están entrando!”, zanja.

El grupo municipal de Zaragoza en Común (ZeC) en el Ayuntamiento de la capital aragonesa y el grupo provincial de En Común-IU en la Diputación de Zaragoza (DPZ) han solicitado por carta al Gobierno central -y, en concreto, a Instituciones Penitenciarias- que proteja la plaza del Laurel, ubicada en el patio interior de la antigua cárcel de Torrero, como símbolo de memoria democrática, frente a un proyecto residencial que elimina este espacio.

Ambas formaciones políticas han considerado la modificación del Plan Especial de Reforma interior de dos parcelas en esta zona, solicitada por la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse), aprobada inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza y actualmente en periodo de alegaciones, como “un atentado contra un espacio de memoria histórica de Zaragoza y Aragón, reconocido en la legislación vigente”.

La portavoz municipal de ZeC, Elena Tomás, y el concejal y presidente de la junta de distrito de Torrero, Suso Domínguez, han visitado este lunes la plaza del Laurel junto a la diputada provincial de En Común-IU, Nerea Marín, que ostenta la delegación de Memoria Democrática en la DPZ.

Desde la Junta de Torrero, ZeC ha enviado una carta a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, órgano encargado de proponer y desarrollar las políticas del Gobierno en materia de conservación, defensa, fomento y divulgación de la Memoria Democrática, conforme a las competencias que le otorga el artículo 62 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

En concreto, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática tiene entre sus responsabilidades la promoción de la Declaración de Lugares de Memoria Democrática, en colaboración con las entidades públicas y privadas correspondientes, considerando la relevancia histórica, simbólica o su impacto en la memoria colectiva, particularmente aquellos vinculados a la lucha por los derechos y libertades democráticas, ha informado ZeC.

Esta formación política ha recordado también que, el 13 de diciembre de 2022, el Boletín Oficial de Aragón (BOA) publicó la declaración de la Ruta de Memoria Democrática de Aragón 'Torrero, espacio de memoria', que abarca varios lugares de significativa importancia histórica, vinculados a la memoria democrática del barrio de Torrero y a la lucha por la democracia en España durante la primera mitad del siglo XX.

Alternativas a las viviendas

Entre ellos destaca la antigua prisión de Torrero, así como la plaza del Laurel, ubicada en el patio interior de la dicha cárcel, que fue “símbolo de libertad para los presos, representando algo que trascendía las murallas de la cárcel” y que constituyen “elementos representativos de la memoria democrática de Zaragoza y de la lucha de la ciudadanía española por sus derechos y libertades y la represión que sufrieron durante la dictadura franquista”.

Ambas formaciones políticas se han mostrado partidarias de impulsar la vivienda pública, pero han mostrado su preocupación, “compartida con los vecinos de Torrero”, acerca de esta reforma de las parcelas. Por ello, han reclamado reconsiderar este proyecto y han apuntado que existen otras alternativas para edificar viviendas respetando “el valor histórico y simbólico” de la plaza del Laurel como lugar de memoria.

A su juicio, de seguir adelante con esta propuesta, se estaría vulnerando la Ley estatal de Memoria Democrática, que establece en su artículo 62 como “infracción muy grave” la destrucción o menoscabo de lugares declarados como 'Lugares de Memoria Democrática', así como la remoción o desaparición de vestigios representativos de esta memoria y de la lucha por los derechos y libertades de la ciudadanía española.

En particular, han añadido, se considera “infracción muy grave” la alteración de elementos simbólicos como la plaza del Laural por “su relevancia histórica y su vinculación con hechos significativos de la memoria democrática”

La diputada provincial Nerea Marín ha afirmado, con motivo del Día de la Memoria Democrática de Aragón, que se trata de “una cuestión de justifica con las familias que buscan también verdad, reparación y no repetición” y ha reiterado su compromiso con la petición al Gobierno autonómico de restaurar la ley aragonesa, un año después de su derogación, que está recurrida al Tribunal Constitucional.

Torrero, espacio de memoria

ZeC e IU han señalado que diversos puntos del barrio zaragozano de Torrero constituyen un 'Espacio de Memoria', de acuerdo con esta ley autonómica, aún en vigor “pese a los intentos del Gobierno del PP y de su socio de VOX de derogarla”, ha expresado el presidente de la Junta de Distrito.

Este expediente, iniciado a solicitud de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón (Armha) junto a la Asociación Sociocultural El Cantero de Torrero y las asociaciones de vecinos de La Paz y de Venecia-Montes de Torrero, comprende un itinerario por varios lugares vinculados a la memoria democrática y a la historia del barrio durante la primera mitad del siglo XX, que incluye la plaza del Laurel. Esta declaración contó con el apoyo de la Junta Municipal del distrito.

Domínguez ha recordado también que llevan casi dos años intentando que el Consistorio firme un convenio con la institución provincial, al igual que han hecho el resto de municipios de esta ruta, “para señalizarla convenientemente, facilitar su reconocimiento y que sirva también para fines pedagógicos, como forma de perpetuar su recuerdo”.

En ZeC han indicado también que este convenio no supone ningún coste económico para las arcas municipales ya que únicamente tienen que otorgar los permisos para la instalación de los diferentes hitos y dar difusión a la ruta.

Además, Domínguez ha ensalzado el valor de la ruta 'Senderos de libertad', que conmemora la red de evasión de las personas que huían de la represión franquista en la capital aragonesa.

En esta ruta, militantes, sindicalistas y simples ciudadanos atravesaban, por la zona más abrupta y difícil de vigilar, Fuendetodos, Jaulín, Valmadrid, María de Huerva, Torrecilla de Valmadrid y Zaragoza, para evitar la represión franquista.

El preso que se escapó del Centro Penitenciario de Cuenca ya ha sido detenido, según han confirmado desde la Guardia Civil. Al parecer ha sido localizado este sábado en Nohales y ha sido trasladado al Hospital Virgen de la Luz por presentar diversas heridas, tal y como ha podido saber Las Noticias de Cuenca. 

El varón se escapó el pasado martes aprovechando el horario de la cena, cuando el personal estaba centralizado en el comedor. Saltó el primer muro de la prisión aprovechando el material de obra que está siendo utilizado para renovar distintas estancias del centro penitenciario y desde ese momento se puso en marcha un dispositivo para localizarle.

Por ahora, desde los distintitos cuerpos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y desde Instituciones Penitenciarias no se han aportado más datos.