ARAG-ASAJA ha celebrado su 45 aniversario con un acto conmemorativo en sus instalaciones de Tricio con el lema “45 años celebrando, que no es poco”, al que han asistido casi 500 personas. La organización profesional agraria ha destacado sus “cuatro décadas y media de trabajo junto a los agricultores y ganaderos de La Rioja, defendiendo sus intereses, ofreciendo servicios y asesoramiento profesional y contribuyendo al desarrollo y la modernización del sector agrario regional”.

De esta manera, ARAG-ASAJA, ha querido poner en valor una trayectoria marcada por la evolución del campo riojano, los cambios en los diferentes cultivos y la aparición de nuevos desafíos económicos, sociales y medioambientales. Una historia, la de esta organización, que ha avanzado de la mano de sus socios y socias, y que, según han asegurado, mantiene intacto su objetivo principal: “defender a profesionales del sector, mejorar la rentabilidad de sus explotaciones y garantizar el futuro de la actividad agraria en La Rioja”.

Desde sus comienzos, ARAG-ASAJA ha crecido hasta convertirse en la organización agraria más importante en la comunidad autónoma, con una amplia base social, representando a5.098 agricultores y ganaderos, de los cuales casi 3.000 son socios. Además se ha convertido en la organización con mayor representatividad en el Consejo Regulador de la DOCa Rioja gracias a sus cuatro vocales.

Los actos conmemorativos han comenzado pasadas las once de la mañana con el acto de homenajes a personalidades relevantes de la organización y que han marcado un antes y después en ARAG-ASAJA. El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, la consejera de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Medio Rural, Noemí Manzanos; y el presidente de ASAJA Nacional, Pedro Barato, han participado en estos reconocimientos que han recibido José Antonio Torrecilla, ex secretario general de ARAG-ASAJA, el ganadero y miembro de la Junta Directiva de ARAG-ASAJA, Miguel Ángel Fernández, y el abogado de despacho jurídico SEAIN, Jesús Ureta.

De manera póstuma, han sido reconocidos el agricultor y miembro de la Junta Directiva, Félix Ángel Ruiz, el también agricultor Prudencio Larrea y el técnico de la oficina de Casalarreina, Juan Luis Gadea. Posteriormente ha intervenido Eduardo Pérez, presidente de ARAG-ASAJA, que ha destacado la importancia de reivindicar el orgullo agrario, el orgullo de pertenecer a una organización pionera en la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos.

“Durante estos 45 años, ARAG-ASAJA ha crecido en servicios, en capacidad de asesoramiento y en presencia en el territorio con una red de 11 sedes y más de 50 empleados que nos permite estar cerca de los profesionales agrarios. Por que nuestra razón de ser ha sido siempre la misma: escuchar al campo, defender sus intereses y acompañarlo en sus dificultades”, ha señalado Pérez Hoces. “Hoy, uno de los grandes retos está en el viñedo, fundamental para La Rioja. Desde ARAG-ASAJA seguiremos defendiendo medidas que permitan que producir uva y elaborar vino vuelva a ser rentable. Porque sin viticultores no hay Rioja”, ha destacado.

Por su parte, Pedro Barato, presidente de ASAJA Nacional, se ha referido a la situación de los viticultores de Rioja, “no cabe en mi cabeza La Rioja sin vino, sería un desastre. El vino no se puede penalizar”. “El exceso de burocracia afecta muy negativamente al sector agrario y, sumado a la situación geopolítica mundial nos está llevando a costes de producción muy elevado así que toca buscar mercados”, ha asegurado Barato “por eso toca manifestarnos el próximo 28 de octubre, para reivindicar que no se puede pedir al campo más sacrificios cuando lo que reciben los agricultores y ganaderos es cada vez menos”.

“Celebrando ser agricultor, que no es poco”

Más allá de los actos institucionales, ARAG-ASAJA ha querido que la jornada de hoy tenga también un aspecto más festivo. Los asistentes han podido disfrutar de una cata de vino ’45 cosechas’ de la mano de 15 bodegas vinculadas a ARAG-ASAJA, además de una degustación de preñados y pimientos de Tricio. Música, hinchables para los más pequeños de la casa darán paso a la comida popular. Posteriormente, comenzarán diversos juegos y concursos, todo ellos relacionados con tradiciones rurales y agrarias.

La presidenta de Asaja Mujeres y de esta organización agraria en Toledo, Blanca Corroto, ha felicitado a todas las mujeres rurales a través de un vídeo con motivo de la celebración hoy día 15 de octubre del Día Internacional de las Mujeres Rurales y les ha pedido que “sean valientes y asuman papeles en los órganos de dirección de cooperativas, de asociaciones porque es la única manera de visibilizar el trabajo que estamos haciendo y de poner voz a todas las mujeres”.

“Queremos en lanzar un mensaje a todas estas mujeres que están trabajando en el campo, queremos crear oportunidades en el medio rural para que cada vez sean más las que se incorporen a la agricultura y la ganadera”, ha señalado Corroto, recordando que “las mujeres llevamos trabajando en el campo toda la vida”, pero antes “la visibilidad de la mujer era cero” y desarrollaba “un trabajo que no se reconocía”.

La responsable de Asaja Mujeres ha recordado que en la actualidad “estamos haciendo una labor encomiable para que a estas mujeres se les reconozca el trabajo que están realizando en las explotaciones”, esto se traduce en que “hay muchísimas mujeres, cada vez más, que son titulares de explotaciones de agricultura y ganadería, por lo menos este trabajo ya se está visibilizando”.

No obstante, también ha señalado que las mujeres “seguimos teniendo muchos problemas para acceder a la tierra, para acceder a la financiación y para que nuestras explotaciones sean rentables”.

En este sentido, ha hablado de la importancia de que se lleve a cabo un “relevo generacional que sea real no que sea ficticio y que se le pongan facilidades para que accedan a estas tierras”. Entre los hándicaps ha destacado la burocracia como un problema real para “poder dedicarse a la agricultura y la ganadería”.

Asaja Castilla y León ha pedido a la consejera de Medio Ambiente y Energía, María González Corral, que flexibilice los requisitos para hacer quemas controladas de los pastos. En concreto, esta asociación pide que baste con una comunicación de los ganaderos que asegure que se cumplen “unas normas básicas” y que solo “en casos excepcionales” sean los bomberos forestales los que realicen estas quemas.

“Esta es una vieja reivindicación de la organización agraria que nunca ha tenido una respuesta satisfactoria por parte de los titulares anteriores del departamento con competencias en la materia”, ha protestado Asaja a través de un comunicado, en el que ha puesto como ejemplo el último acuerdo de la Consejería de Agricultura y Ganadería (Vox). Por eso le piden a González Corral “que tome nota”.

El titular de la cartera, Joaquín Antonio Pino —quien presidió Asaja Ávila entre 2008 y 2026 y fue vicepresidente autonómico de Asaja entre 2021 y 2025— ha autorizado la quema de rastrojos como medida para controlar el topillo campesino de manera preventiva. Desde el 9 de octubre, basta con que los agricultores comuniquen su intención de realizar una quema de rastrojos en parcelas agrícolas, una decisión que Asaja califica de “acertada y valiente”.

Los trabajos de monitorización han reflejado que el topillo tiene una incidencia “baja o muy baja”, aunque hay “focos iniciales de incremento” y “una evolución que aconseja anticipar la respuesta fitosanitaria” durante esta campaña agrícola 2026/2027. La comisión asesora consideró a finales de septiembre que concurrían “circunstancias técnicas suficientes para declarar una situación fitosanitaria excepcional de carácter preventivo” y adoptar medidas “temporales, proporcionadas y revisables” para prevenir la expansión de las poblaciones y minimizar el riesgo de daños a las explotaciones agrarias.

Una medida que “limpia el monte”

La organización profesional agraria defiende que esta quema “limpia el monte público y privado” y sirve para “preservar la superficie forestal y el arbolado y aumenta los pastizales para el ganado”.

La opa garantiza que la quema de pastos “puede incrementar la carga ganadera en muchos de nuestros montes” a largo plazo y puede “sustituir en gran medida” a los desbroces mecánicos, una práctica que esta organización considera “poco eficiente por el elevado coste económico y el impacto ambiental por el alto consumo de combustibles fósiles”.

Para Asaja, el gobierno de Alfonso Fernández Mañueco “ha gastado importantes cantidades de dinero de la PAC” en los desbroces mecánicos, “que han podido favorecer mucho a las empresas de servicios, pero poco a los ganaderos”. Preguntado por esta cuestión, el presidente autonómico ha respondido a Asaja: “Tomo nota”.

Unas 1.500 personas y medio centenar de tractores, según las cifras de la Delegación del Gobierno, algunos más según ASAJA, se han concentrado hoy en Toledo frente a la Consejería de Desarrollo Sostenible para protestar por la (mala) situación que vive el campo de Castilla-La Mancha, en su opinión.

El presidente de Asaja, José María Fresneda, en declaraciones a los medios, según informa Europa Press, ha advertido: las movilizaciones “no van a parar” y asegura que viene bien que se hayan convocado elecciones generales y que estén próximas las autonómicas, para que sus reivindicaciones puedan tener mayor calado.

“Lo importante es que los agricultores tomen la palabra, tomen las plazas, tomen las calles, tomen las administraciones a partir de hoy”, ha alentado Fresneda.

Ha criticado al sector político si piensa que “el sector agrario está encapsulado en una ideología”. “Nosotros estamos aquí porque queremos libertad. Ellos lo que están es amparando una ideología, que ya no queremos, ni necesitamos, ni nos hace falta, ni va a garantizar que el día de mañana haya soberanía alimentaria en este país”.

Fresneda ha ido desgranando los motivos de esta protesta que ya anunció en la convocatoria de la misma: las dificultades para cosechar por la normativa de prevención de incendios, la abundancia de conejos y fauna silvestre que se comen las cosechas, la escasez de agua, la futura PAC o los precios de los insumos, sobre todo el gasoil y los fertilizantes, son las principales.

Así ha criticado que “haya gente sentada en sus mesas [de los políticos] viendo cómo se inyecta odio al modelo productivo de un agricultor”. “Están solo pensando en soltar bichos, en soltar animales, en decretar con la Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), en decretar cualquier cosa para hacerle daño al modelo productivo”.

Con sus protestas también quieren parar “la propuesta que quiere hacer la Consejería de Agricultura detrayendo dinero del pago directo a los agricultores para llevarlo a programas de desarrollo rural”. “Que las fiestas se las paguen ellos”, ha aseverado.

En materia de agua, ha aludido a que el cuarto ciclo de planificación hidrológica “deja sin efecto cualquier posibilidad de incrementar el regadío e incluso de mantenerlo”.

“Estamos abiertos a negociar todo lo que haga falta. Queremos tener un acuerdo en materia de incendios, queremos que la gente coseche, que a la gente no le coman las hectáreas de los conejos, que la gente pueda regar tranquilamente, que podamos mantener nuestros costes de producción y que se respete la ley de la cadena alimentaria”, ha incidido Fresneda.

Además, ha sumado el “riesgo” que corre la sociedad “por consumir productos de terceros países” que no se ajustan a los estándares de seguridad alimentaria del bienestar animal y la protección del medio ambiente.

El presidente de Asaja en Castilla-La Mancha, José María Fresneda, ha acusado al presidente de la región, Emiliano García Page, de “precipitarse” y crear confusión entre los agricultores al anunciar ayer que el Gobierno Regional había un acuerdo con las organizaciones agrarias para compatibilizar la prevención de incendios con los trabajos del campo“.

“No hay acuerdo ni en esto ni en nada” ha dicho Fresneda a través de un vídeo que ha enviado a los medios de comunicación visiblemente molesto.

“Ayer se creó una gran confusión ente los agricultores que han padecido tanto por no poder este año cosechar”, y por eso -ha dicho- “entendemos que ayer el presidente Page se precipitó al anunciar que había habido un consenso. Es cierto que estamos trabajando para llegar a un acuerdo, nuestro único objetivo es que la gente pueda cosechar y eso hoy no está garantizado”.

De momento, “debemos entender que cuando esté el borrador de una orden para poder negociar los cambios que tiene que haber podremos decir que ha habido un acuerdo, entretanto no”, ha asegurado.

Fresneda ha recordado que la organización tiene convocada una concentración frente a la Consejería de Desarrollo Rural en Toledo el próximo día 6 de octubre y por ello considera que estos anuncios “pasan cuando hay movilizaciones, y sobre todo cuando un punto de la movilización es este, que queremos cosechar”.

Ha señalado además que esto “no nos puede distraer, esto lo que nos tiene que dar es mucha más fuerza para subir a los autobuses porque en juego está poder cosechar, eliminar todos los problemas que están creando los conejos y la caza mayor; luchar para que nadie nos quite el agua y que podamos regar; que haya una posición de la PAC para que el dinero que llegue sea solo y exclusivamente para los agricultores; y en ello nos va que quiten impuestos”.

Por último, el responsable de Asaja en la región ha asegurado que esperan una gran participación en la protesta del próximo día 6 de octubre.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado hoy que se ha alcanzado un acuerdo con las organizaciones agrarias“ para compatibilizar la prevención de incendios con los trabajos del campo, aunque de momento no hay un documento cerrado, según ha señalado a AgroalimentariaCLM el secretario general de UPA en Castilla-La Mancha Julián Morcillo

El presidente García-Page lo ha dicho durante la inauguración del II Congreso del Tercer Sector, que ha tenido lugar en la Consejería de Bienestar Social, en Toledo donde ha asegurado que “es evidente que en momentos de alto riesgo hay muchos problemas que hay que intentar minimizar”.

Julián Morcillo ha confirmado que se está trabajando con el vicepresidente primero del Gobierno y las dos consejerías implicadas, esto es Desarrollo Sostenible y Agricultura, para plantear en breve alguna serie de modificaciones o medidas que permitan afrontar mejor las restricciones a los agricultores dentro del periodo de riesgo muy alto o extremo de incendio.

De momento no hay un documento, pero Morcillo ha señalado que “se está consensuando, acercando muchísimo las posiciones, vamos en buena línea y en breve podremos tener algún documento encajándolo dentro de la orden que se saque”, y a tiempo “para que los agricultores adapten su propia PAC y sus propios cultivos de cara a la siembra que están haciendo”.

Ha expresado su preocupación sobre todo por las pequeñas explotaciones para las que algunas medidas son muy difíciles de cumplir, pero “estamos aproximando las posturas para que lo que tenga que cumplir los agricultores entre dentro de los razonable”.

 “El tema de los incendios nos preocupa a todos y desde luego hay que proteger la masa forestal y que nuestros agricultores puedan hacer sus trabajos” aunque ha asegurado que es una situación “muy compleja”.

Posturas

Este acercamiento de posturas llega tras varios meses en los que las organizaciones agrarias, principalmente Asaja, se han manifestado contrarias a las limitaciones para desarrollar las labores de cosecha cuando el IPP (Índice de Propagación Potencial) del fuego sea naranja o rojo

El culmen de los desencuentros llegaba hace dos semanas cuando Asaja decidçia abandonar el Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA) ante la negativa de la Junta de Comunidades a retirar del orden del día de la convocatoria la propuesta de modificación de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible en Castilla-La Mancha.

Agricultores y ganaderos llegados de las cinco provincias de Castilla-La Mancha, acompañados de tractores, se concentrarán en Toledo delante la Consejería de Desarrollo Sostenible el próximo día 6 de octubre convocados por Asaja porque “así nos lo han pedido nuestros afiliados”.

El presidente de la organización en la región, José María Fresneda, ha detallado los motivos: “Porque a un agricultor no le hayan permitido cosechar en julio; que haya tenido invasión de conejos en una parte de sus parcelas; que no puede tener acceso al agua porque la administración no la va a poner los medios; y porque nos anuncian que de los pagos directos de la PAC la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural quiere detraer una parte importante para pagar los saraos que monta a través de las medidas compartidas en el presupuesto”. Y a todo esto, le ha añadido “la subida de los costes de producción”, en especial del gasóleo.  

Por las palabras de José María Fresneda se puede intuir que esta será la primera protesta de estos meses pero no será la última: “Tarde o temprano vamos a cosechar, vamos a regar, vamos a intentar evitar que las políticas conservacionistas no afecten al desarrollo fundamental y lo haremos negociando o con la fuerza”.

El responsable de la organización en la región se ha referido directamente al discurso de todos los partidos políticos como palabras que luego no tienen un resultado: “Si escuchamos los debates solo son debates, como consecuencia de los debates nunca pasa nada”.

“Convocamos porque no queremos más engaños, no aceptamos el discurso de confrontación que hay relativo al agua”, y ha asegurado también que tienen “la mano tendida desde un planteamiento profesional pero no aceptaremos el tejemaneje que se traen con el campo sobre todo cuando se acercan las elecciones”.

Sobre la falta de agua y las amenazas que se ciernen sobre la región ha asegurado que hay mucho relato pero “nadie hace nada para enfrentarse a la directiva marco del agua, todos son relatos; con el cuarto ciclo de planificación hidrológica que nos amenaza ya, nadie hace nada”.

En referencia al plan para el control del conejo de monte que puso en marcha el Gobierno regional, ha señalado que “desde el borrador que nos dieron a últimos de enero,  los conejos se han comido porcentajes importante de hectáreas en Castilla-La Mancha y nadie ha hecho nada. Llevamos denunciando más de 20 años esto y ya hemos llegado a una situación en que nos devoran”.

También ha cargado contra las políticas conservaciones que afectan a los agricultores: “Cada vez que sueltan un ave nueva a nosotros nos limitan nuestra capacidad productiva

Sobre las limitaciones para cosechar cuando hay riesgo de incendio, ha señalado que “la gente ha perdido un porcentaje alto de sus cosechas por evitar algo que no evita la administración. Y el colmo es que quieran que por ley se convierta en un delito”.

Y sobre la próxima negociación para la Política Agraria Común, ha asegurado que “lo último que se nos planteó por parte de la Consejería de Agricultura de cara al futuro de la PAC es que del primer pilar se detraigan medidas para atender necesidades que han generado otros actores que están vinculados al mundo rural, para que salga de ahí el dinero” en detrimento de los agricultores.

Precios del gasóleo

También la organización ha hecho una proyección de cómo se está afectando al sector la subida del precio del gasóleo. “Un tractor grande puede llevar un depósito de unos 350 litros. Si pagamos el gasóleo B al precio de hoy, a 1,60 euros el litro aproximadamente, llenar ese depósito cuesta aproximadamente 560 euros. En cuatro o cinco días, un tractor se chupa un sueldo de 1.800 euros y, en un mes de trabajo intensivo, podemos estar hablando de más de 11.000 euros solo en combustible”.

Ante el encarecimiento del combustible, la organización agraria pide conocer qué hay detrás de la subida: “Queremos saber por qué el precio del gasóleo sube tan rápido y por qué cuando baja no se produce con la misma rapidez, cuánto corresponde al coste del combustible, cuánto a márgenes y cuánto a impuestos. Porque los impuestos suponen la mitad, casi un 50% que se van a las arcas del Estado. Nuestra petición es muy concreta, -ha señalado Fresneda-, transparencia, vigilancia y explicaciones. Estamos hablando de un coste que el agricultor no puede trasladar al precio final de sus productos. Estoy totalmente convencido de que, más pronto que tarde, se convocarán movilizaciones en todo el territorio nacional”.

 “En un mes el agricultor tiene que pagar un sueldo al tractorista y cinco o seis sueldos al tractor. Su renta se va por el tubo de escape, y todavía hay que pagar las semillas, los fertilizantes, el mantenimiento y el resto de gastos. ¿Cómo puede ser rentable trabajar así?”, ha denunciado el presidente.

A esta concentración, según Asaja, se ha sumado Cooperativas Agroalimentarias. Fresneda ha invitado también al resto de organizaciones, consumidores, e industrias agroalimentarias a “colaborar con nosotros”.

“Yo afirmo aquí que la política alimentaria es más importante que la sanitaria, que la educación, que la del transporte y lo demuestro cuando quieran”, ha sentenciado.

Asaja Castilla-La Mancha sigue en su enfrentamiento con el Gobierno regional por las limitaciones para desarrollar las labores de cosecha cuando el IPP (Índice de Propagación Potencial) del fuego sea naranja o rojo. La organización ha decidido abandonar el Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA) ante la negativa de la Junta de Comunidades a retirar del orden del día de la convocatoria prevista para hoy la propuesta de modificación de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible en Castilla-La Mancha.

Según ha señalado la organización agraria en un comunicado enviado a los medios, el Gobierno regional “pretende, por primera vez en España, introducir por ley una prohibición expresa y automática de las labores agrícolas, incluida la cosecha, cuando el IPP sea naranja o rojo”.

Asaja había solicitado formalmente que la propuesta no fuese sometida “de forma precipitada” a la toma en consideración del CAMA y que se dispusiera del tiempo necesario para analizar sus consecuencias y abordar su contenido con las organizaciones profesionales agrarias de la región. Al no haber sido atendida esta petición, el presidente de Asaja, José María Fresneda, y el vicepresidente, Juan José Laso, han optado por abandonar el órgano como muestra de rechazo a la forma en la que la Junta está llevando a cabo este proceso.

“El Gobierno regional vuelve a utilizar como justificación lo establecido en la Ley de Montes estatal, una norma que ya fue modificada en 2022. No existe, por tanto, ninguna modificación reciente de la normativa nacional que justifique o exija este cambio en la legislación de Castilla-La Mancha. El argumento no se sostiene y parece más orientado a lanzar un titular a la opinión pública que a responder a una verdadera exigencia legal” ha señalado Fresneda que considera que la propuesta de Castilla-La Mancha va más allá de lo establecido en la normativa nacional

La Ley Nacional de Montes fue modificada en 2022 y, a raíz de esa modificación, las comunidades autónomas están obligadas a elaborar y aprobar planes anuales para la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales. Asaja señala que es a través de estos planes donde las comunidades autónomas pueden establecer las medidas aplicables a las campañas agrícolas.

Además, para la organización, lo que propone el Gobierno Regional no sólo es modificar la Ley de Montes de Castilla-La Mancha tomando como referencia la redacción de la normativa estatal, sino también “endurecerla y eliminar la posibilidad de que los Planes de Prevención de Castilla-La Mancha establezcan un marco específico y diferenciado para las labores agrícolas o para las campañas de cosecha, atendiendo a sus características y necesidades”.

Esta decisión supone, para esta organización, un cambio sustancial respecto al modelo previsto por la normativa estatal. “Castilla-La Mancha optaría por convertir en una prohibición legal lo que la legislación estatal plantea como una cuestión a desarrollar y regular mediante los instrumentos de prevención autonómicos”, señala.

La organización advierte de que “una medida de este alcance puede tener consecuencias extraordinariamente graves para las explotaciones agrícolas, especialmente para aquellas dedicadas a cereales y otros cultivos herbáceos, que necesitan realizar la cosecha dentro de unas ventanas temporales muy concretas. El agricultor sigue estando en el punto de mira de la Consejería de Desarrollo Sostenible” ha lamentado Fresneda.

Para la organización, lo ocurrido con la convocatoria del CAMA evidencia una falta de diálogo por parte del Gobierno regional y una forma de proceder que considera inaceptable cuando están en juego decisiones con un impacto directo sobre la actividad y la viabilidad de miles de explotaciones. “No podemos participar en un órgano en el que se pretende avanzar en una modificación de estas características sin haber escuchado previamente al sector y sin haber estudiado suficientemente sus consecuencias”, ha señalado Fresneda.

Así, reclama a la Junta que abra un proceso de diálogo real con el sector agrario antes de avanzar en su tramitación.

Los agricultores de cereales de invierno han comenzado este lunes una serie de concentraciones ante la sede de Presidencia de la Junta, en Mérida, convocadas por Apag Extremadura Asaja, para exigir medidas urgentes que permitan sostener un sector que consideran “al límite”. Las protestas se desarrollarán cada mañana, de 08:00 a 15:00 horas, entre el 14 y el 30 de septiembre, con la participación rotatoria de cooperativas de toda la región. Este lunes han acudido productores de Llerena y Villagarcía de la Torre.

El presidente de la organización agraria, Juan Metidieri, ha acusado a la presidenta extremeña, María Guardiola, de “incumplir los compromisos” que, según afirma, adquirió cuando estaba en la oposición respecto a una producción clave en comarcas como la Campiña Sur, donde predominan cultivos como trigo, cebada o centeno.

Entre las reivindicaciones destacan la puesta en marcha de una ayuda integrada, “similar a la publicada en 2023”, la autorización de quemas controladas de rastrojos y una línea de préstamos sin intereses. Medidas que, según Metidieri, permitirían aliviar la presión de unos costes de producción “disparados” y unos precios “por los suelos”.

El dirigente agrario ha denunciado que el cereal extremeño compite con importaciones de Rusia y Ucrania, que llegan a precios muy bajos y “amenazan la soberanía alimentaria”. A su juicio, es necesario “dar un giro de 180 grados” en el cereal y en otras producciones como el arroz, el maíz o la uva, y garantizar el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria para asegurar precios dignos.

La situación del cereal de invierno, añade, se refleja en la drástica reducción de superficie cultivada, que ha pasado de 300.000 hectáreas en 1999 a unas 180.000 en la actualidad.

El agricultor Cándido Méndez, de Casas de Reina, ha descrito la situación como “inaguantable e inviable”. Mientras el gasoil, los abonos y los herbicidas “están por las nubes”, el precio del trigo “sigue igual que hace 40 años”. El cereal de invierno se paga ahora a 0,22 euros el kilo, cuando, según afirma, serían necesarios 0,50 euros para obtener rendimientos mínimos.

Méndez ha pedido a los responsables políticos que, “en vez de tantas inspecciones”, adopten medidas eficaces para paliar una situación que considera “lamentable” y que, asegura, no se resuelve con la “limosna” de la PAC. “Yo creo que lo que quieren es quitarnos del medio, porque si no, no se entiende esto”, ha concluido.

Asaja Castilla-La Mancha ha acordado convocar a los agricultores y ganaderos de la región a una movilización el próximo 6 de octubre en Toledo, ante “la gravedad de la situación que atraviesa el sector y la falta de respuestas concretas por parte de las administraciones”.

La decisión ha sido adoptada por unanimidad por el Comité Ejecutivo Regional Extraordinario de la asociación celebrado en Toledo, en el que analizó los principales problemas que están condicionando la actividad de agricultores y ganaderos y reclamó “pasar de los anuncios a las decisiones”.

La organización considera que la situación del campo regional exige una “respuesta contundente” y que, después de trasladar durante meses sus reivindicaciones y propuestas a las distintas administraciones, ha llegado el momento de que agricultores y ganaderos “salgan de nuevo a la calle para reclamar soluciones”.

“El campo ha dado tiempo, ha hecho propuestas y ha esperado respuestas. Pero los problemas siguen ahí y las explotaciones no pueden esperar más. Ayer el Comité Ejecutivo tomó una decisión clara: el 6 de octubre, los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha tenemos una cita en Toledo. Queremos que sea una movilización contundente para decir basta y exigir decisiones”, ha afirmado el presidente regional de Asaja, José María Fresneda.

Una acumulación de problemas

La organización agraria considera que la convocatoria responde a la acumulación de problemas que afectan a la viabilidad de las explotaciones agrarias y ganaderas.

Entre las principales reivindicaciones se encuentran la recuperación de la rentabilidad del sector, una política de agua que garantice la capacidad productiva, soluciones eficaces ante los daños provocados por la sobrepoblación de fauna silvestre, una compensación adecuada por los daños y pérdidas derivados de los incendios y las restricciones, medidas en materia de sanidad animal, la reducción de la burocracia y una defensa efectiva de la actividad agraria frente a la competencia de producciones de terceros países, entre otras.

Asaja hace un llamamiento a los agricultores y ganaderos de la región para que participen en la movilización y conviertan Toledo en el punto de encuentro de un sector que, según la organización, “atraviesa uno de los momentos más complicados de los últimos años”.

“El 6 de octubre no convocamos solo a los agricultores y ganaderos, sino también al conjunto de la sociedad. Es el momento de defender nuestra actividad, nuestra capacidad de producir y nuestro futuro”, zanja Fresneda. La organización informará próximamente de los detalles de la convocatoria, el recorrido y la concentración, así como de las distintas acciones que se desarrollarán durante la jornada.

Hay leyes que nacen para corregir desequilibrios, proteger al más débil y garantizar unas reglas de juego justas. Y hay leyes que, con el paso del tiempo, corren el riesgo de convertirse en poco más que papel mojado cuando quienes tienen la obligación de hacerlas cumplir no actúan con la contundencia necesaria. Eso es, precisamente, lo que está ocurriendo con la Ley de la Cadena Alimentaria.

Desde ASAJA Ciudad Real llevamos demasiado tiempo denunciando una realidad que ya no admite eufemismos ni puede despacharse como una circunstancia puntual: en numerosos cultivos y sectores, los agricultores siguen vendiendo sus producciones a precios que no cubren sus costes efectivos de producción.

Y cuando esta situación se repite campaña tras campaña, afecta a productos diferentes y se extiende por territorios y sectores, ya no estamos ante excepciones. Estamos ante un problema estructural que evidencia que algo está fallando.

La Ley de la Cadena Alimentaria es clara. El precio percibido por el productor primario debe ser, como mínimo, superior a sus costes efectivos de producción. No lo dice ASAJA. Lo establece la propia legislación. Por tanto, la pregunta es inevitable: si la ley es clara, si los costes son conocidos y si la norma existe para impedir precisamente estas situaciones, ¿cómo es posible que sigamos encontrando numerosas operaciones en las que el agricultor vende por debajo de lo que le cuesta producir? La respuesta es incómoda, pero no podemos esquivarla: la Ley de la Cadena no está funcionando como debería.

Y no estamos hablando de un único producto ni de una coyuntura concreta. Ahí está el vino, uno de los grandes motores económicos y sociales de nuestra provincia, sometido de manera recurrente a una presión insoportable sobre los precios. Ahí están también el aceite de oliva, la leche, la cebolla, el pistacho, el melón y tantos otros productos en los que el productor se encuentra con cotizaciones que, en demasiadas ocasiones, no guardan ninguna proporción con unos costes de producción que se han disparado.

No puede aceptarse como normal que producir cueste más y que, al mismo tiempo, el agricultor tenga que vender cada vez más barato. Eso no es mercado. Eso es destrucción de valor en el primer eslabón de la cadena. Y aquí la Administración tiene una responsabilidad que no puede eludir. La Administración dispone de información, herramientas de control y capacidad inspectora. Puede conocer la evolución de los precios, analizar los costes de producción y detectar situaciones que presentan indicios claros de incumplimiento. Por eso no puede dejar que el peso de hacer cumplir la Ley recaiga fundamentalmente sobre el agricultor y sobre su capacidad —o su disposición— a denunciar.

Pretender que cada agricultor se convierta en inspector, abogado y denunciante de su propia operación es desconocer la realidad del sector. Por eso reclamamos algo tan sencillo como contundente: mucha más inspección, más control y mucha más actuación de oficio. No pedimos privilegios. No pedimos precios intervenidos. No pedimos que se eliminen las reglas del mercado. Pedimos algo mucho más básico: que se cumpla la ley. Y para que una ley se cumpla no basta con publicarla en el Boletín Oficial. Hace falta voluntad política, medios suficientes, capacidad inspectora y una Administración que actúe con determinación.

Al agricultor se le exige prácticamente todo. Se le exige trazabilidad. Se le exige formación. Se le exige registrar tratamientos. Se le exige cumplir la normativa laboral, medioambiental, sanitaria, fiscal y administrativa. Se le exige invertir, declarar, justificar, comunicar y demostrar prácticamente cada paso que da. Y el agricultor cumple. Lo que no podemos aceptar es que se exija al agricultor un cumplimiento escrupuloso de todas las normas mientras se muestra una tolerancia inaceptable con aquellas normas que precisamente deberían protegerlo.

La Ley de la Cadena no puede convertirse en una obligación más para quien produce y en una recomendación para quien compra. Porque trabajar a pérdidas no es trabajar. Un agricultor que vende por debajo de sus costes no está obteniendo menos beneficio: está perdiendo dinero. Está descapitalizando su explotación, consumiendo su patrimonio y poniendo en riesgo la continuidad de una actividad que, además, resulta imprescindible para garantizar algo tan básico como el abastecimiento de alimentos.

El agricultor no está en igualdad de condiciones para negociar ni para denunciar a quien le compra. Muchas veces se ve obligado a firmar contratos en los que se establece que el precio estará por encima de sus costes, pero después comprueba que la liquidación final convierte la operación en una venta a pérdidas. ¿Qué puede hacer entonces? ¿Negarse a entregar su producción? ¿Enfrentarse a quien tiene que retirarle la cosecha y arriesgarse a que un producto perecedero se eche a perder o se quede tirado en el campo? No existe una verdadera igualdad de condiciones entre productores y comercializadores cuando una de las partes necesita vender y la otra tiene la capacidad de decidir si compra, cuándo compra y en qué condiciones. Por eso la Administración debe actuar como garante, reforzar los controles y actuar para garantizar el cumplimiento de la ley y evitar que se abuse del eslabón más débil de la cadena.

Por eso desde ASAJA Ciudad Real vamos a seguir siendo firmes, tenaces y reivindicativos. Queremos control y sanciones contundentes cuando se produzcan incumplimientos. No queremos más discursos sobre el valor de nuestros alimentos mientras se permite que quien los produce trabaje a pérdidas. No queremos más declaraciones de apoyo al campo mientras la realidad de los precios demuestra lo contrario. Y no queremos más leyes que se anuncian como protección para el agricultor si después nadie garantiza que se cumplen.

La agricultura y la ganadería no necesita más buenas palabras. Necesita rentabilidad, cumplimiento de la ley y una Administración que haga su trabajo. Y si la Ley de la Cadena no está funcionando, habrá que decirlo alto y claro, exigir responsabilidades y corregir lo que haga falta. Porque proteger al profesional del campo no consiste en pedirle que denuncie cuando ya ha perdido. Consiste en impedir que se produzca el abuso. Y esa responsabilidad no es del agricultor. Es de quien tiene la obligación de hacer cumplir la ley.

Asaja Castilla-La Mancha ha celebrado por primera vez una reunión de su Sectorial de Pistacho, un encuentro en el que la organización agraria ha analizado la situación actual del cultivo, las previsiones de la campaña 2026 y las condiciones de comercialización de la cosecha, con el objetivo de fijar una posición común de defensa de los productores.

Asaja estima que la producción regional de pistacho en 2026 “será similar o incluso inferior a la del año pasado, pese a la entrada en producción de nuevas hectáreas”.

Explican que la campaña estará condicionada por la vecería natural del cultivo, especialmente acusada en la variedad Kerman, mayoritaria en la región, así como por los problemas de polinización provocados por las elevadas temperaturas durante la época de floración. Por ello, 2026 se presenta como un “año off” para el cultivo, de modo que el aumento de superficie no se traducirá necesariamente en un incremento de la cosecha.

Castilla-La Mancha representa alrededor del 80% de la producción española de pistacho, lo que evidencia el peso determinante de la región en el conjunto del sector nacional y la importancia de que los productores castellanomanchegos cuenten con una estrategia común ante la evolución del mercado y de la comercialización.

A esta situación se suma el contexto internacional, ya que los principales países productores, como Estados Unidos e Irán, afrontan también una “reducción significativa” de sus producciones, configurando un escenario de menor disponibilidad de producto en los mercados.

Asaja matiza que aunque el pistacho está experimentando un fuerte crecimiento, “España continúa siendo todavía un productor pequeño en comparación con los grandes países productores”. Por ello, considera necesario consolidar el sector, mejorar su capacidad de comercialización y reforzar la posición del agricultor dentro de la cadena de valor.

Ante el inicio de la campaña de comercialización, la organización ha anunciado que vigilará la evolución del mercado y las operaciones de compra para evitar movimientos especulativos que puedan forzar los precios a la baja y perjudicar la rentabilidad de los productores.

La organización agraria recuerda a los agricultores que las ofertas de compra deben realizarse por escrito, dejando claramente establecidas las condiciones de la operación y exigiendo las máximas garantías de cobro.

En este sentido, el presidente regionqal de Asaja, José María Fresneda, ha afirmado que “la organización agraria velará por el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria y denunciará ante los organismos competentes cualquier práctica o movimiento comercial que perjudique al agricultor”.

El pistacho tiene un enorme futuro en Castilla-La Mancha, pero ese futuro pasa necesariamente por garantizar la rentabilidad del agricultor. “Queremos diálogo y entendimiento con nuestros compradores, pero también que se respete el valor de nuestro producto. No podemos olvidar que, para que toda la cadena funcione, lo primero que tiene que haber son productores de pistacho”, afirma Fresneda.

Jornada informativa para los productores

Dentro de esta estrategia de apoyo al sector, Asaja Castilla-La Mancha organizará próximamente una jornada informativa dirigida a los agricultores de pistacho, en la que se abordarán aspectos claves relacionados con el cultivo, la recolección, el procesamiento, la calidad y la comercialización.

El objetivo es que los productores conozcan de primera mano el procesado del pistacho y dispongan de más información para mejorar la gestión de sus explotaciones y tomar mejores decisiones a la hora de comercializar su producción.

Con esta primera reunión de la Sectorial de Pistacho, Asaja Castilla-La Mancha inicia una línea de trabajo específica y permanente para este cultivo, con el compromiso de defender los intereses de los productores, vigilar el mercado, garantizar el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria y trabajar para que el pistacho de Castilla-La Mancha tenga el valor que corresponde a su calidad.

Asaja Toledo ha exigido a las administraciones regional, nacional y provincial una respuesta rápida, coordinada y “suficiente” para atender a los agricultores y ganaderos afectados por los incendios registrados en la provincia y reclama que las ayudas tengan en cuenta “la totalidad de los daños” sufridos por las explotaciones, tanto los provocados directamente por el fuego como aquellos derivados de las actuaciones necesarias para contenerlo.

La organización agraria está trasladando a los agricultores y ganaderos afectados la necesidad de documentar y cuantificar “cuanto antes” las pérdidas mediante un informe en el que se identifiquen las parcelas dañadas y se detalle de la forma más exhaustiva posible el conjunto de los perjuicios sufridos, acompañándolo de fotografías y otras pruebas gráficas.

Esta documentación debe presentarse en la Oficina Comarcal Agraria (OCA) correspondiente. La organización considera “fundamental” que estos informes se presenten con la máxima rapidez para que la Consejería de Agricultura pueda disponer cuanto antes de una radiografía real de los daños y activar las medidas de apoyo necesarias.

Asegura que hay daños en superficie agrícola, forestal y pastos

En la provincia de Toledo, los incendios han afectado a superficie agrícola, forestal y de pastos, según ASAJA Toledo.

El incendio de Villa del Prado-Almorox, afectó tanto a la Comunidad de Madrid como a Toledo. Mientras, incendio de Burgohondo (Ávila) tuvo afección a la Sierra de San Vicente, especialmente en el municipio de La Iglesuela del Tiétar, pero también ha habido otros, señala la organización agraria como es el caso del incendio de la Sierra del Castañar, con incidencia en fincas de Mazarambroz, y el de Retuerta del Bullaque, aunque ya en la provincia de Ciudad Real.

Asaja Toledo subraya que “el daño provocado por los incendios no se limita a la superficie directamente calcinada”. En determinadas explotaciones, especialmente en las zonas ganaderas de la Sierra de San Vicente, “los trabajos realizados para contener el avance de las llamas y asegurar el perímetro han generado también importantes perjuicios”.

En algunos casos, como en fincas de La Iglesuela, la entrada de maquinaria pesada para realizar cortafuegos y abrir zanjas de seguridad ha supuesto el arranque de árboles, incluidos olivos, la destrucción de vallados y cercados, la destrucción de pastos y el deterioro del suelo.

“A las consecuencias directas del incendio se suman ahora los costes de recuperar los terrenos, reparar y reponer los vallados, acondicionar las fincas y afrontar el sobrecoste de la alimentación del ganado por la pérdida de pastos”, aseguran desde la organización.

Una de las ganaderas afectadas estima que la recuperación de la vegetación necesaria para el pastoreo puede tardar entre tres y cuatro años.

A ello habrá que sumar, comenta ASAJA, la recuperación de un suelo que “ha quedado muy deteriorado por las zanjas realizadas con maquinaria pesada para perimetrar y asegurar la zona, que en algunos puntos ha sido excavada a gran profundidad”.

La recuperación del terreno exigirá además trabajos y aportes para favorecer su regeneración. Mientras tanto, los ganaderos tienen que buscar alternativas para alimentar a sus animales.

“Afortunadamente, el ganado no ha sufrido daños directos por las llamas”, precisa la patronal agraria. Sin embargo, matiza, las dificultades para acceder a determinadas fincas durante la emergencia “han provocado problemas en algunos casos, entre ellos episodios de mastitis al no poder realizarse el ordeño con normalidad”.

Por otro lado, la pérdida de pastos obliga a los ganaderos a recurrir al heno almacenado para el invierno. Una solución que, como explica una de las afectadas, “solo supone aplazar el problema”, porque cuando llegue el invierno tendrán que comprar alimento y asumir un importante sobrecoste en pienso.

Para Asaja Toledo, este es precisamente uno de los aspectos que deben contemplar las ayudas: “El daño económico no termina cuando se extingue el incendio, sino que se prolonga durante meses e incluso años por la pérdida de capacidad productiva de las explotaciones”.

Asaja Toledo recuerda que Toledo figura entre los territorios incluidos en la declaración estatal de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil.

Reclama que estas medidas se concreten cuanto antes y que los agricultores y ganaderos afectados puedan acceder a ellas “de forma ágil”, teniendo en cuenta tanto los daños directos del fuego como los perjuicios ocasionados durante las labores de prevención, extinción y aseguramiento de las zonas afectadas.

La Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Ciudad Real ha denunciado la “insostenible situación” que atraviesan los agricultores de la provincia como consecuencia del “fuerte incremento” del precio del gasóleo agrícola, que en numerosas estaciones ya supera los 1,46 euros por litro, un coste “completamente inasumible” para las explotaciones agrarias y que “está provocando que muchos profesionales hayan optado por dejar los tractores parados ante la imposibilidad de asumir el gasto”.

La organización agraria considera que esta situación es “inadmisible” y reclama al Gobierno de España una actuación “inmediata” para evitar que el encarecimiento del combustible “siga poniendo en riesgo la rentabilidad del campo español”, según ha informado la organización agraria.

“Supone perder dinero”

“Los agricultores no pueden seguir soportando un incremento continuo de los costes de producción mientras los precios que perciben por sus productos permanecen estancados o incluso disminuyen. Con el gasóleo agrícola a estos precios, salir a trabajar el campo supone perder dinero”, denuncian desde Asaja Ciudad Real.

La organización recuerda que el combustible es un insumo imprescindible para prácticamente todas las labores agrícolas, como la preparación del terreno, tratamientos fitosanitarios, riegos, transporte de cosechas o recolección. De esta forma, “cada céntimo de incremento repercute directamente en la cuenta de resultados de miles de explotaciones”.

Asaja Ciudad Real reconoce que el Gobierno se ha comprometido a devolver 20 céntimos por litro de gasóleo agrícola consumido entre el 23 de marzo y el 30 de septiembre, pero considera que esta medida resulta “claramente insuficiente” para compensar la realidad que vive el sector.

“Venimos pagando el gasóleo agrícola en torno a los 0,90 euros por litro y hoy estamos pagando cerca de 1,50 euros, es decir, alrededor de 60 céntimos más de lo que era habitual. Incluso aplicando esa devolución de 20 céntimos, los agricultores seguirían soportando un sobrecoste cercano a 40 céntimos por litro respecto a los precios normales. Es evidente que hacen falta muchas más medidas”, ha manifestado la organización.

Por ello, la organización insiste en que el apoyo al sector “no puede limitarse a una única ayuda temporal” y reclama un paquete de actuaciones “que permita recuperar la competitividad de las explotaciones agrarias”.

Propone incrementar la compensación del IVA agrario

Entre ellas, Asaja Ciudad Real propone incrementar la compensación del IVA agrario del 12% actual hasta, al menos, el 15%, como “una medida inmediata que contribuiría a aliviar el fuerte incremento de los costes de producción que vienen soportando agricultores y ganaderos”.

Asaja Ciudad Real advierte de que la agricultura española “no puede seguir siendo el sector que absorba todas las subidas de costes sin recibir respuestas eficaces por parte de las administraciones”, incidiendo en que fertilizantes, energía, maquinaria, seguros, mano de obra y ahora el combustible “siguen encareciendo la producción mientras la rentabilidad de las explotaciones continúa deteriorándose”.

“Si queremos garantizar alimentos de calidad producidos en España, es imprescindible que quienes los producen puedan trabajar. Con estos costes, muchos agricultores están optando por retrasar labores o directamente dejar las máquinas paradas. Es una situación límite que exige respuestas inmediatas”, apuntan desde Asaja.

Por todo ello, Asaja Ciudad Real exige que se actúe “de manera urgente” para poner en marcha “medidas eficaces que devuelvan competitividad al campo español”, antes de que “esta nueva escalada de costes provoque consecuencias irreversibles para miles de explotaciones agrarias”.

La organización considera que “ha llegado el momento de adoptar decisiones valientes que compensen el incremento de los costes y permitan que agricultores y ganaderos puedan seguir produciendo alimentos con garantías de rentabilidad y futuro”.

La organización profesional agraria Asaja Valladolid no comparte la medida extraordinaria adoptada por la administración autonómica, ante la cuarta alerta del verano por riesgos de incendios forestales (del 28 al 31 de julio), de no poder cosechar cereal entre las 12 y 20 horas en parcelas situadas a menos de cuatrocientos metros de terreno forestal.

La cosecha “no puede aplazarse indefinidamente”, ya que un retraso de varios días “puede provocar pérdidas de grano, deterioro de la calidad, sobresecado, rotura de espigas y dificultades para empacar el forraje”, explica este martes en una nota el presidente de Asaja Valladolid, Juan Ramón Alonso, informa EFE.

Si bien comparte las medidas de restricción y de prevención relacionadas con el uso de maquinaria agrícola, Asaja considera que “no debe traducirse en una prohibición general y desproporcionada que paralice labores esenciales sin atender a las circunstancias reales de cada territorio”.

Alonso critica que esta medida aplique “la misma restricción” en todo Castilla y León “sin diferenciar provincias, comarcas, altitudes, cultivos ni condiciones concretas de temperatura, humedad o viento”, ni que tampoco tenga en cuenta los ciclos agrícolas, ya que mientras en algunas zonas la recolección casi ha acabado, “en otras atraviesa un momento decisivo y no admite demoras”, ha argumentado.

“Tampoco es viable desplazar automáticamente todos los trabajos a partir de las 20 horas cuando la humedad nocturna, la menor visibilidad o la fatiga de los trabajadores pueden dificultar la actividad y generar nuevos riesgos”, ha insistido en su análisis.

Por todo ello, Asaja ha pedido a la consejera de Medio Ambiente y Energía, María González, que las restricciones se delimiten territorialmente y se revisen diariamente “en función de los índices reales de riesgo, la temperatura, la humedad o el viento” y exige excepciones para las labores agrarias.

Asaja Valladolid ha reaccionado así la publicación este martes de la declaracíon la situación de alerta por riesgo meteorológico de incendios forestales para los días 28, 29, 30 y 31 de julio por parte de la Junta de Castilla y León. Según el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL), en lo que atañe a las labores agrícolas, “se prohíbe el uso de maquinaria autopropulsada agrícola y forestal en monte y en los terrenos agrícolas situados a menos de 400 metros de terreno forestal, incluyendo la cosecha y el empacado de forraje o cereal, en terrenos de secano, o el uso de skidders, procesadoras y desbrozadoras, en las horas más desfavorables del día, comprendidas entre las 12:00 y las 20:00 horas”.

Asimismo, la Junta también prohíbe el uso de maquinaria en el monte y la franja de 400 metros que lo circunda, cuyo funcionamiento habitual genere fuego, deflagración, chispas o descargas eléctricas, tales como sopletes, soldadores, radiales, etc“. La excepción es la maquinaria en actuaciones de emergencia e interés general,. siempre y cuando éstas hayan sido comunicadas a los Servicios Territoriales de Medio Ambiente y se realicen conforme a las medidas establecidas.

Hasta el 31 de julio se espera una cuarta ola de calor con una dorsal anticiclónica habiendo altas presiones en altura y en superficie, lo que hará aumentar las temperaturas, (36 a 39 ºC las máximas) y bajar las humedades relativas (mínimas inferiores al 10 %). Esperándose vientos medios máximos y rachas con intensidades de 20-35 km/h y 35-45 km/h respectivamente. En Castilla y León, el índice de peligro de incendios forestales, según AEMET, en los días reseñados estará entre muy alto y extremo.

El viernes 31 se prevén episodios de tormentas por la zona norte de la comunidad. En cuanto al estado del combustible, destaca su disponibilidad para arder. Hay cierta mejoría por las recuperaciones nocturnas y las precipitaciones localizadas de los últimos días, pero cada vez hay más estrés acumulado por las tres olas de calor que se han tenido durante la campaña. De acuerdo con los índices relacionados con el peligro de incendios forestales manejados tanto por la propia AEMET como por el Operativo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla y León, este episodio mantendrá la probabilidad de ignición y la capacidad de propagación de incendios forestales en niveles altos, lo que incrementa su peligro.

ARAG-ASAJA ha presentado a la Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja una propuesta para reforzar la prevención y la respuesta frente a los incendios que afectan al medio rural. Entre sus medidas plantea ofrecer formación específica a agricultores y ganaderos, crear un protocolo de coordinación con los servicios de emergencia y establecer un procedimiento que garantice la compensación de los daños que puedan sufrir quienes participen en las tareas de extinción.

La organización agraria señala que “los incendios representan una amenaza creciente” y recuerda que los agricultores y ganaderos “desempeñan una función esencial durante los primeros momentos de un incendio, como se ha podido comprobar en otros fuegos que han afectado a localidades riojanas durante el mes de julio”.

Por ello, ARAG-ASAJA plantea que la participación de agricultores y ganaderos quede integrada en el dispositivo oficial de emergencias, actuando siempre bajo la dirección del mando competente y siguiendo unas normas de actuación establecidas.

Asimismo, la organización también propone la creación de un censo voluntario y actualizado de agricultores, ganaderos, tractores, cubas y otros medios disponibles en cada municipio. Este registro debería estar conectado con los ayuntamientos, SOS Rioja, Protección Civil y los responsables del operativo para permitir una movilización rápida y ordenada de los recursos disponibles.

La propuesta también contempla designar interlocutores identificados y establecer canales de comunicación para facilitar la activación de estos medios cuando sea necesario.

Otro de los aspectos fundamentales de la iniciativa hace referencia a la protección jurídica y económica de los agricultores y ganaderos que colaboren en las tareas de extinción. ARAG-ASAJA considera que actualmente existe un vacío respecto a los daños que puedan sufrir durante estas actuaciones y reclama la creación de un procedimiento que permita documentar, valorar y compensar los daños ocasionados durante la actuación.

Los ganaderos de los pueblos de Toledo desalojados por su proximidad al incendio de Burgohondo, en la provincia de Ávila, mantienen la tranquilidad ya que no tienen ninguna explotación afectada directamente por el fuego. Fueron desalojados de manera preventiva ante el temor de que se pudiera extender y también por seguridad por el humo pero en la mañana de ayer pudieron acceder a sus explotaciones para atender a sus animales.

En total han sido 469 los ganaderos del Valle del Tiétar y de la Sierra de San Vicente en Toledo, los que han obtenido un permiso especial para acceder a la zona perimetrada por el incendio, según datos de la Delegación del Gobierno en la región.

Según han señalado fuentes de Asaja Toledo a este medio, el domingo se comenzaron a realizar gestiones coordinadas por los ayuntamientos de la zona y con el Puesto de Mando de la Guardia Civil para que los ganaderos pudieran acceder a las explotaciones tras las llamadas a la organización de muchos de ellos.

“La respuesta fue rápida tanto por parte de las delegaciones provinciales de Desarrollo Sostenible y Agricultura, como por la de los Ayuntamientos implicados, coordinándose un dispositivo con la Guardia Civil que ha permitido a los ganaderos acceder hoy a sus explotaciones para alimentar y atender a los animales, contando para ello con permisos especiales y con indicaciones sobre los caminos que podían utilizar”, han señalado.

Las localidades con ganaderos afectados son Sartajada, Almendral de la Cañada, La Iglesuela del Tiétar, Buenaventura, Navamorcuende, El Real de San Vicente, Hinojosa de San Vicente, Castillo de Bayuela, Garciotum, Nuño Gómez y Pelahustán.

Así, el propio domingo ya se enviaron comunicaciones a los ganaderos para hacer un listado en el que constaban los datos del titular de la explotación y del vehículo con el que iban a acceder con el fin de coordinar el acceso. A primera hora del lunes, los casi 80 ganaderos han podido llegar hasta las explotaciones por los caminos habilitados y permanecer allí de 7 a 11 de la mañana para atender a los animales.

Además, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, tras visitar ayer en el término municipal de La Iglesuela del Tiétar el Puesto de Mando Avanzado (PMA), avanzaba la posibilidad de que algunos ganaderos “se puedan quedar atendiendo” sus explotaciones, dado que “es lo más fácil para todos”.

Fernando de Miguel ha llegado hasta sus vacas

Según Fernando de Miguel, ganadero que tiene casi 120 vacas nodrizas repartidas en dos explotaciones, en La Iglesuela y Navamorcuende, ambas en la zonas desalojadas de la provincia de Toledo por el fuego de la provincia de Ávila, ayer lunes accedía a sus explotaciones sin problema tras mostrar la documentación.

“Lo que más me preocupaba eran las 70 vacas que tengo en La Iglesuela”, la zona más cercana al fuego. Aunque están en extensivo, las había dejado encerradas en los corrales donde tienen menos pasto y no se atrevió a dejarles paja ante el temor de que pudiera prenderse.

“Hoy he preguntado al puesto de mando para ver cómo estaba la situación, me han dicho que estaba bastante controlada” y se ha decidido a dejar en libertad a casi todos los animales para que puedan acceder a los pastos de la zona y al agua sin problema.

Las 45 vacas que tienen en Navarmorcuende han estado en todo momento en campo abierto, como se encuentran habitualmente, ya que el desalojo ha sido por precaución y sigue lejos del incendio.

Según Asaja, afortunadamente, no hay granjas ganaderas afectadas directamente por el fuego, aunque su cercanía ha llevado a cortar los accesos a numerosas zonas de monte por motivos de seguridad y allí han quedado aisladas las explotaciones en una zona con una amplia cabaña ganadera.

Agricultura estudia un mecanismo de ayudas en La Mierla

Por otro lado, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Julián Martínez Lizán, ha adelantado a través de las redes sociales que desde el Gobierno regional están identificando las explotaciones situadas en los municipios desalojados por el incendio en La Mierla (Guadalajara) y evaluando las afecciones reales dentro del perímetro afectado por el fuego. Y, paralelamente, están avanzando en “la puesta en marcha de un mecanismo de ayudas que queremos activar con la mayor rapidez posible”.

El consejero ha mostrado preocupación y ha marcado como cuestión prioritaria la alimentación del ganado y ha agradecido la atención inmediata por la Diputación de Guadalajara para facilitar alimentos para el ganado del incendio de La Mierla. Días atrás se expresaba la preocupación del sector por esta cuestión de cara a los próximos meses, ante la “falta de pastos”.

Desde la Consejería han asegurado a Agroalimentaria que el trabajo en este sentido no ha terminado. “Seguiremos valorando pérdidas y apoyando con insumos o económicamente para reponer pérdidas y garantizar continuidad de las explotaciones”.

Este departamento del Gobierno regional asegura haber contactado ya “con muchas explotaciones” y tanto las líneas de ayuda como otras acciones para posibilitar “la recuperación”, se están coordinando con la Vicepresidencia Primera del Ejecutivo castellanomanchego.

Asaja Castilla-La Mancha ha solicitado a la Consejería de Desarrollo Sostenible “flexibilidad” para cosechar y que establezca un horario fijo de trabajo durante las mañanas que permita a los agricultores faenar con normalidad hasta las 14:00 horas, cuando las condiciones meteorológicas no justifiquen la aplicación de las restricciones más severas por riesgo de incendios.

A través de un comunicado, que lanza el mismo en el que dos incendios de nivel 2 asolan la provincia de Guadalajara -uno de ellos de origen agrario, según las primeras estimaciones-, la organización agraria recuerda que el campo castellanomanchego acumula ya muchos días con el Índice de Propagación Potencial (IPP) en nivel extremo.

El riesgo extremo (rojo) prohíbe las labores de cosecha entre las 13:00 y las 18:00 horas y durante el resto de la jornada, “obliga a cumplir unas condiciones técnicas y humanas que resultan imposibles de asumir para la mayoría de las explotaciones”, aseguran.

La organización propone que los agricultores conozcan de antemano que podrán trabajar durante toda la mañana, sin necesidad de esperar cada día a la publicación del mapa del IPP. La organización considera que, durante esas primeras horas de la jornada, las temperaturas y las condiciones ambientales no justifican la aplicación de las exigencias previstas para el nivel de “riesgo extremo” y que esta medida permitiría aliviar una situación que está comprometiendo gravemente el desarrollo de la campaña.

La organización explica que numerosos agricultores no disponen de los medios exigidos por la normativa para trabajar fuera del horario de prohibición, como depósitos de agua de 400 litros, vehículos para transportarlos, mangueras de 50 metros, un tractor con apero para realizar cortafuegos o una persona adicional dedicada exclusivamente a las labores de vigilancia y apoyo.

Desde la organización aseguran que recibe diariamente llamadas de agricultores desesperados porque no han podido finalizar la cosecha. Hay términos municipales que acumulan hasta 15 días sin poder trabajar entre las 13:00 y las 18:00 horas y, fuera de ese horario, únicamente pueden hacerlo si cumplen unos requisitos que la mayoría de los agricultores no está en condiciones de asumir.

Los agricultores pueden hacer cortafuegos, no extinguir incendios

Por otro lado, Asaja considera necesario diferenciar claramente cuál puede ser la aportación del sector agrario en la prevención y apoyo a la extinción de incendios.

La organización recuerda que los agricultores sí pueden actuar rápidamente con sus tractores y cultivadores para abrir franjas de seguridad que sirvan de cortafuegos y ayuden a frenar el avance de las llamas. Sin embargo, rechaza que se les atribuya la responsabilidad de sofocar un incendio con una manguera como requisito para poder desarrollar su trabajo.

“Vemos cómo los profesionales de los servicios de extinción intervienen equipados con equipos de protección individual, vehículos específicos, comunicaciones, formación y bajo una dirección técnica. No se puede pretender que un agricultor, sin esa formación ni esos medios, sea quien asuma la responsabilidad de apagar un incendio en sus primeros momentos”, señalan desde la organización.

La Asamblea General Extraordinaria de Asaja ha reelegido este 30 de junio al ciudadrealeño Pedro Barato Triguero como presidente nacional de la organización con el respaldo del 90% de los votos emitidos.

Según el comunicado emitido por la organización, en su intervención tras conocerse el resultado, Pedro Barato ha agradecido a los compromisarios la participación y el comportamiento ejemplar a lo largo del proceso electoral y ha puesto en valor el trabajo colectivo que a lo largo de estos años ha hecho posible consolidar Asaja como la principal organización agraria del país, con presencia en todas las comunidades autónomas y peso institucional reconocido también en el ámbito europeo.

El presidente ha subrayado las interlocuciones constantes de la organización con la Comisión Europea —entre ellas con el comisario de Agua— y ha agradecido expresamente a las consejerías de Baleares y de La Rioja su apoyo en el último acuerdo sobre fertilizantes, que ha permitido sumar 165 millones de euros adicionales para el sector agrario español.

Pedro Barato ha situado de nuevo en el centro del discurso la defensa del agricultor profesional, argumentada desde su propia trayectoria: “He sido y soy agricultor a tiempo pleno, con una empresa con siete trabajadores y mi seguridad social agraria como el primer día”. Para Barato, ASAJA debe seguir siendo una organización “netamente profesional”, al servicio del que vive del campo y asume el riesgo de la actividad.

Agua, PAC, costes de producción, precios y mano de obra

El presidente ha resumido en cinco grandes prioridades el trabajo de los próximos años. El agua, la negociación de la PAC, los costes de producción, los precios y la mano de obra

Barato ya señalado el agua por encima del resto: “Cuando hablemos de agua, hablemos de agua por los agricultores”, reclamando soluciones, menos restricciones y menos sanciones.

En cuanto a la Política Agraria Común, ha recordado que estça en plena negociación del marco post-2027. Los costes de producción, con el reciente acuerdo de 165 millones de euros para hacer frente al impacto de los fertilizantes —de 22 a 38 euros por hectárea en secano y cerca de 100 en regadío— como ejemplo de los resultados que da la presión sostenida de la organización. Los precios y la rentabilidad de las explotaciones, con especial preocupación por el difícil momento que atraviesa el sector del cereal —agravado en Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura por una campaña marcada por la climatología adversa y el desplome de las cotizaciones—, por la caída de precios en vacuno y ovino y por la situación del viñedo, y con la apertura de mercados exteriores como vía de futuro: “Si no abrimos mercados, no vamos a ningún sitio”. Y, en quinto lugar, la mano de obra, una preocupación creciente en muchas zonas y producciones, que la organización abordará de manera transversal.

Barato ha incluido entre las acciones inmediatas la campaña promocional del aceite de oliva en Nueva York, el próximo 22 de junio, dotada con 22 millones de euros, para combatir el impacto del arancel del 15% impuesto por Estados Unidos.

Una organización independiente

Barato ha cerrado su intervención reivindicando la independencia y el carácter profesional de la organización —“Los presidentes de ASAJA los pone y los quita esta asamblea”— y ha anunciado su intención de impulsar en este mandato una reforma de los estatutos para adecuar la organización a los retos de los próximos años. Tras agradecer a los compromisarios la confianza renovada, ha mostrado su satisfacción por seguir presidiendo “la mejor organización agraria, no de España, sino de Europa”, y ha emplazado al conjunto del sector a trabajar unidos en defensa de los intereses del agricultor y del ganadero profesional.

Vivimos tiempos de enorme incertidumbre política. El debate público se consume entre corrupción, crisis, estrategias partidistas y cálculos electorales mientras cuestiones esenciales para el futuro de los ciudadanos quedan relegadas a un segundo plano. Una de ellas es la alimentación. Y cuando hablamos de alimentación hablamos de agricultores, ganaderos y de la Política Agraria Común (PAC), la principal herramienta que tiene Europa para garantizar que nunca falten alimentos seguros, suficientes y de calidad en nuestras mesas.

Resulta preocupante comprobar cómo un asunto de esta trascendencia apenas ocupa espacio en la agenda política nacional. La futura PAC, que condicionará el rumbo de la agricultura europea a partir de 2028, debería estar siendo objeto de un debate permanente y profundo. Sin embargo, la sensación en el sector es justamente la contraria: falta atención, falta interlocución y, sobre todo, falta la prioridad política que merece.

Mientras tanto, las negociaciones avanzan en Bruselas. Ya existe una propuesta sobre la mesa impulsada por la presidencia chipriota de la Unión Europea. Ha sido analizada en los foros comunitarios y ha comenzado una fase decisiva de discusión tanto entre los Estados miembros como en el Parlamento Europeo. Sin embargo, cabe preguntarse si en España existe una verdadera conciencia de la importancia de lo que está en juego y si nuestras administraciones están participando en este proceso con una posición sólida, coordinada y respaldada por el sector.

Sin explotaciones rentables no habrá agricultores. Sin competitividad no podremos hacer frente a la creciente presión de los mercados internacionales

Quienes llevamos décadas siguiendo las reformas de la PAC recordamos tiempos en los que cada documento europeo era analizado conjuntamente entre las organizaciones agrarias y la Administración. Había reuniones, intercambio de información y voluntad de construir posiciones comunes. Hoy esa dinámica se ha debilitado notablemente. Y eso es un error. La agricultura no puede convertirse en una herramienta de confrontación política ni en un argumento ocasional para el debate partidista. Es una cuestión estratégica para el país.

Las claves para el futuro del campo europeo son muy claras: rentabilidad, competitividad y seguridad. Sin explotaciones rentables no habrá agricultores. Sin competitividad no podremos hacer frente a la creciente presión de los mercados internacionales. Y sin una seguridad integral -que abarque tanto la seguridad alimentaria como la estabilidad jurídica, económica y productiva-, será imposible planificar inversiones y garantizar la continuidad de las explotaciones.

Pero hay una cuarta clave que afecta al conjunto de la sociedad: la soberanía alimentaria. Europa no puede permitirse depender cada vez más de terceros países para abastecerse de productos básicos. La producción agraria es una cuestión económica, pero también estratégica. Las recientes crisis internacionales han demostrado hasta qué punto la capacidad de producir alimentos es un elemento fundamental de estabilidad.

Por eso preocupa que las propuestas presupuestarias que se están discutiendo contemplen nuevos ajustes para la PAC. Especialmente cuando algunos países del norte de Europa siguen defendiendo reducciones aún más profundas de los recursos destinados a la agricultura. No parece razonable exigir más esfuerzos, más requisitos y más obligaciones a agricultores y ganaderos mientras se reducen los instrumentos que permiten sostener la actividad productiva.

El cambio climático, la volatilidad de los mercados y las tensiones geopolíticas hacen cada vez más necesaria la existencia de herramientas específicas para proteger a agricultores y ganaderos frente a situaciones extraordinarias

Además, existe otro riesgo que no podemos ignorar: la pérdida de identidad propia de la PAC dentro de estructuras financieras cada vez más amplias y complejas. La agricultura necesita una política común reconocible, con objetivos específicos, financiación estable y capacidad de respuesta ante los desafíos propios del sector. Diluirla dentro de grandes fondos generales supondría debilitar una de las políticas más exitosas de la construcción europea.

También resulta imprescindible reforzar los mecanismos de gestión de crisis. El cambio climático, la volatilidad de los mercados y las tensiones geopolíticas hacen cada vez más necesaria la existencia de herramientas específicas para proteger a agricultores y ganaderos frente a situaciones extraordinarias. Del mismo modo, Europa debe apostar decididamente por inversiones estratégicas en agua, digitalización, almacenamiento y resiliencia de las cadenas alimentarias.

Otro de los grandes debates es el relevo generacional. Con frecuencia se presenta como una cuestión que puede resolverse únicamente mediante ayudas específicas para jóvenes. Sin embargo, la realidad es mucho más sencilla y mucho más exigente: los jóvenes se incorporarán al campo cuando vean que pueden construir un proyecto de vida viable. La mejor política de incorporación es una agricultura rentable.

No se trata de una reivindicación institucional. Se trata de proteger la capacidad de producir alimentos, de mantener vivo el medio rural y de garantizar la autonomía estratégica de Europa

Para lograrlo es necesario facilitar la modernización de las explotaciones, mejorar las infraestructuras hidráulicas, reducir la carga burocrática, garantizar condiciones de competencia equilibradas frente a las importaciones de terceros países y permitir que quienes deseen crecer y ganar dimensión empresarial puedan hacerlo. El relevo generacional no llegará por decreto ni mediante discursos bienintencionados. Llegará cuando el sector vuelva a ofrecer expectativas económicas atractivas.

En este contexto, tampoco ayuda el exceso de gesticulación política que estamos viendo en torno a las negociaciones europeas. Más allá de las declaraciones grandilocuentes, lo que necesita el campo son acuerdos eficaces, posiciones sólidas y capacidad de influencia real. Menos titulares y más trabajo. Menos confrontación y más negociación.

España tiene la responsabilidad de ejercer un papel protagonista en este proceso. Somos una de las grandes potencias agrarias de Europa y debemos defender una PAC fuerte, bien financiada y adaptada a los desafíos del futuro. No se trata de una reivindicación institucional. Se trata de proteger la capacidad de producir alimentos, de mantener vivo el medio rural y de garantizar la autonomía estratégica de Europa.

Los debates que se están desarrollando en Bruselas marcarán el futuro de millones de agricultores y ganaderos durante la próxima década. Por eso no podemos permitir que pase desapercibida. Porque cuando hablamos de agricultura, en realidad estamos hablando de algo mucho más importante: del futuro de nuestra alimentación y de nuestra seguridad como sociedad.