El problema al que alude el título se resume en la existencia de un desmesurado abuso en la contratación laboral temporal en las Administraciones públicas, que provoca una tasa de temporalidad del 26,8%, cuando en el sector privado es del 11,9% y cuando existe un consenso en que en el sector público no debería superar el 8%. Esta tasa se concentra sobre todo en las Comunidades Autónomas y en los Ayuntamientos, con especial gravedad en la sanidad y la educación. A pesar de que en 2021 se puso en marcha un procedimiento extraordinario de estabilización, sólo se logró reducir la temporalidad en 4,4 puntos porcentuales, por lo que seguimos con tasas tan elevadas de temporalidad, fruto de abusos en contratación o de una mala gestión de los recursos humanos.

La sentencia en cuestión es un fallo que acaba de dictar el Tribunal Supremo, a resultas de un recurso de una trabajadora que reclamaba su condición de fija por llevar desde 2009 encadenando sucesivos contratos temporales tras haber superado unas oposiciones a plazas fijas, pero sin plaza. El Tribunal, para resolverlo, había planteado una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Luxemburgo sobre la adecuación de la legislación española a la Directiva sobre contratos temporales, que exige medidas eficaces para hacer frente a los abusos en la temporalidad. La sentencia de Luxemburgo de manera rotunda considera que las medidas existentes en nuestra legislación, tal como son interpretadas por el Tribunal Supremo, resultan insuficientes y no cumplen lo que exige la Directiva.

La sentencia del Supremo, a pesar de que logra una solución razonable al asunto enjuiciado, reconociendo la fijeza de la trabajadora reclamante, no va a resolver el problema de las altas tasas de temporalidad, para empezar porque la solución sólo puede venir de una reforma legislativa. La propia sentencia así lo destaca expresamente: “El legislador debe efectuar las reformas necesarias…introduciendo medidas sancionadoras y disuasorias de la situación abusiva. La elevada y persistente tasa de temporalidad evidencia…una cultura de la temporalidad que solo podrá ser atajada por la acción del legislador”.

La sentencia, siendo consciente del problema inmediato hasta tanto haya respuesta legal, no sólo resuelve el caso concreto, sino que intenta ofrecer una respuesta general para el conjunto de litigios que se pueden presentar a partir de ahora, pero lo hace de manera poco atrevida y, en ocasiones, ambigua. El Tribunal Supremo ha procurado moverse lo menos posible respecto de lo que han venido siendo sus criterios hasta ahora, con lo que, con toda seguridad, habrá nuevas intervenciones del Tribunal de Luxemburgo, no descartándose que éste entienda insatisfactorios los nuevos criterios del Supremo. De otra parte, la sentencia va a abrir paso a un incremento de la litigiosidad, sin que ofrezca suficiente seguridad jurídica para algunas materias, como son los supuestos que dan derecho a la fijeza o la cuantificación de las indemnizaciones a los perjudicados.

Como primera novedad, el Tribunal Supremo asume que para Luxemburgo la conversión en indefinidos no fijos no constituye la solución al problema, de modo que, de manera implícita, abandona la figura como medida adecuada. El Tribunal de Luxemburgo señala que las medidas existentes en la legislación española no cumplen lo exigido por la Directiva, pero, al propio tiempo, no señala cuáles son las medidas idóneas, lo que intenta hacer la sentencia del Supremo. Sin embargo, el esfuerzo del Supremo ha resultado poco acertado, bien porque ha intentado por vía indirecta salvar las medidas existentes, o bien porque lo que tiene de novedoso no va a resultar disuasorio para romper con prácticas de abusos muy consolidadas.

Por ejemplo, la declaración de fijeza de la trabajadora se basa en una situación muy singular de que la misma había aprobado una oposición a un empleo fijo pero sin lograr plaza, pero sin aclarar si se mantiene la validez de las convocatorias de oposición en las que sólo se admiten como aprobados aquellos que ocupan plaza, ni se da respuesta suficiente a los otros supuestos de abuso sin haber superado una oposición, insistiendo en que no tiene validez a estos efectos la participación con éxito en un concurso para la cobertura de una plaza temporal.

De otra parte, se centra en las indemnizaciones a los perjudicados, pero recordando el criterio del Tribunal de Luxemburgo de que su cuantía no puede superar la compensación por el daño causado, de modo que estas indemnizaciones por sí solas no van a tener el necesario efecto disuasorio que exige la Directiva. De manera complementaria, entiende que las sentencias deben dar traslado del asunto a la Inspección de Trabajo para que se sancione a la Administración por la infracción de la normativa sobre contratos. Sin embargo, en el ámbito de lo público las sanciones pecuniarias, sean administrativas o indemnizatorias, por muy elevadas que sean, nunca tienen un efecto disuasorio del fraude; aparte del contrasentido de que la Administración se sancione a sí misma, de modo que casi siempre la multa sale de y entra en el mismo bolsillo.

En suma, la solución definitiva y efectiva sólo puede venir por la vía de una reforma legislativa, porque se trata no sólo de establecer medidas de reparación de los daños ocasionados a empleados concretos, que es lo único que puede resolver la vía judicial, sino, sobre todo, de adoptar medidas preventivas y profilácticas que vayan a la raíz del problema y no sólo a los efectos. Por ello, las expectativas reales pueden provenir más de otra actuación que se desarrolla en paralelo: la apertura que se acaba de producir de un procedimiento de infracción por la Comisión Europea, a resultas de la sentencia de Luxemburgo, conminando al Gobierno español para que en un plazo perentorio adopte medidas eficaces contra el abuso de la temporalidad o justifique la idoneidad de lo ya realizado, pues, en caso contrario, planteará la correspondiente demanda ante el Tribunal de Luxemburgo para que impongan las sanciones económicas que procedan, incluso con el riesgo de bloqueo a España de los abonos pendientes de los Fondos europeos.

Una abogada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) concluyó este miércoles que Bruselas tenía razón al decidir excluir a Castilla y León de cerca de 10 millones de euros procedentes del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga) y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), en contra del criterio del Tribunal General de la UE, que en 2024 dictaminó en favor de España.

Para la abogada general letona, Laila Medina, el Tribunal General se equivocó al interpretar el artículo 93.2 del Reglamento sobre la financiación, gestión y seguimiento de la PAC, en particular en relación con la conformidad de los controles de condicionalidad.

El caso se remonta a 2022, cuando España pidió a la corte con sede en Luxemburgo la anulación de una decisión de la Comisión Europea que excluía de la financiación comunitaria a Castilla y León de ciertos gastos (por valor de 9,9 millones de euros) con cargo al FEAGA y al Feader.

Bruselas argumentó que, entre 2016 y 2017, las autoridades españolas no hicieron controles para verificar la conservación de los hábitats naturales de las especies de flora silvestre protegidas en Castilla y León, que eran necesarios según las normas de condicionalidad del reglamento en cuestión.

En particular, la Comisión reprochó a España no haber controlado sobre el terreno el cumplimiento, por parte de los agricultores de un requisito y de determinadas medidas que establece la legislación europea sobre la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres en relación con las zonas especiales.

En una sentencia de 2024, el Tribunal General anuló la decisión de la Comisión e indicó que la obligación de efectuar controles de condicionalidad solo se refiere al respeto de las medidas para adaptar la Directiva aplicable a nivel nacional.

Consideró que las exigencias impuestas a los agricultores no eran lo suficientemente precisas para que las autoridades españolas pudieran controlar su cumplimiento y concluyó que la Comisión no podía considerar de manera fundada que la falta de controles constituyera un incumplimiento y aplicar, por consiguiente, una corrección financiera.

La Comisión Europea recurrió ante el Tribunal de Justicia la sentencia del Tribunal General.

En sus conclusiones de hoy, la abogada general lleva a cabo una interpretación literal, contextual y teleológica de la normativa y llega a la conclusión de que el Tribunal General se equivocó al interpretar el artículo 93. 2 del reglamento.

Según la abogada general, ese artículo no puede interpretarse en el sentido de que un Estado miembro no está obligado a efectuar controles de condicionalidad cuando las autoridades nacionales no hayan especificado las obligaciones de la normativa europea.

Añade que el Tribunal General no podía interpretar tampoco que se exime a un Estado miembro de su obligación de efectuar controles de condicionalidad porque no se han especificado las obligaciones para los agricultores.

La jurista considera que la obligación de los Estados miembros de efectuar este tipo de controles presupone que las autoridades nacionales han definido previamente las exigencias que deben cumplir los agricultores, de modo que la falta de esa precisión y de los controles de condicionalidad debía llevar a la Comisión a apreciar un incumplimiento.

Por último, señala que el razonamiento del Tribunal General también es contrario a la finalidad del Reglamento y, en particular, de las normas relacionadas con la condicionalidad.

Aunque las opiniones de un abogado general no son vinculantes, el Tribunal de Justicia las sigue en la mayoría de los casos. 

El Tribunal Supremo ya ha difundido su sentencia en la que reconoce como fija a una interina tras el fallo de la justicia europea del pasado 14 de abril y establece varias vías posibles de sanción para las Administraciones Públicas que abusen de la temporalidad. Los magistrados no reconocen la fijeza para todos los temporales en fraude, sino solo para aquellos que superaron un proceso selectivo, pero no lograron la plaza. Además, establece las condiciones para reconocer indemnizaciones a los afectados, que serían la vía para resarcir a quienes no hubieran superado una oposición y hubieran encadenado contratos temporales de manera abusiva.

Esta nueva sentencia del Supremo, del 11 de mayo, llega después del fallo del Tribunal de Justicia de la UE del 14 de abril que consideró que España no sancionaba adecuadamente la temporalidad abusiva con las herramientas actuales. En concreto, con: la transformación de esos contratos en una relación laboral de “indefinidos no fijos”; el pago de indemnizaciones tasadas en el momento de extinción de la relación laboral; el régimen de responsabilidad de las Administraciones Públicas que tachó de “ambiguo, abstracto e imprevisible”; y también con los procesos selectivos de estabilización, que reconocen la experiencia previa y el tiempo de servicio de las víctimas del abuso en la temporalidad.

Así, el Supremo resuelve en esta nueva sentencia varias vías de sanción para las administraciones y de compensación para los empleados temporales en fraude, de la que destacamos algunas claves más relevantes.

1) Solo a laborales de la Administración

Una de las primeras cuestiones más relevantes es acotar el alcance de esta nueva doctrina del Supremo, que ha dictado la Sala de lo Social del alto tribunal y que alcanza solo a los trabajadores laborales en abuso de temporalidad, pero no a quienes padezcan este mismo fraude en el régimen de Función Pública.

En España hay 3,1 millones de empleados públicos, según el último Boletín Estadístico del Personal de las Administraciones Públicas, del pasado julio. De ellos, la mayoría se rigen por el régimen de Función Pública, mientras que algo menos de 640.000 empleados son trabajadores “laborales”, algo más del 20%.

La mayor parte de los laborales trabajan para la Administración Local (300.000) y de las Comunidades Autónomas (250.000), con una minoría en el Sector Público del Estado. De este personal laboral, la sentencia solo afectaría a los empleados temporales que han encadenado varios contratos temporales y con una duración inusualmente larga, el abuso de temporalidad que combate la Cláusula 5 del Acuerdo Marco europeo sobre el trabajo de duración determinada. Su número exacto es difícil de determinar, según los sindicatos de empleados públicos.

2) Declaración de fijeza y no de “indefinidos no fijos”

En el caso concreto que analiza el Supremo, de una interina del Ayuntamiento de Madrid, el Supremo reconoce su condición de “fija” en lugar de la situación de “indefinida no fija” que había establecido el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La categoría de “indefinidos no fijos” es por la que se había inclinado generalmente el Tribunal Supremo hasta la fecha –salvo una excepción en 2021, de una trabajadora de Aena–. Esta categoría creada en los tribunales de lo Social mantiene a los empleados temporales laborales en sus puestos hasta que la plaza es cubierta formalmente en un proceso de oposición, al que tienen que concurrir y tras el que pueden perder el puesto.

“La recepción de la STJUE Obadal”, la sentencia del pasado 14 de abril, “conlleva que establezcamos la siguiente doctrina”, indica la nueva sentencia del Supremo:

“Cuando una persona haya participado en una prueba selectiva para la contratación de personal fijo y la haya superado, pero no haya obtenido plaza porque el número de aspirantes que ha demostrado su capacitación sea superior al número de plazas ofertadas, si posteriormente suscribe contratos de duración determinada y se produce un abuso en la temporalidad” (...) “no resulta contra legem la conversión de ese contrato en una relación laboral fija porque esa persona ha participado en una prueba de acceso al empleo público fijo conforme a los requisitos de igualdad, mérito y capacidad y la ulterior vulneración de la Cláusula 5, que evidencia una necesidad estructural de trabajadores, obliga a dicha conversión”, contempla la resolución judicial.

Establece así un criterio más amplio para la fijeza en el ámbito laboral, destaca el sindicato UGT y explica el catedrático de Derecho del Trabajo Ignasi Beltrán en el análisis de la sentencia en su blog. “Habrá que ver si la jurisdicción Contencioso-administrativa asume el mismo criterio o, por el contrario, se producirá una fragmentación del ordenamiento jurídico”, afirma Ana Belén Muñoz, profesora de Derecho del Trabajo de la Universidad Carlos III de Madrid. Adrián Todolí, profesor en la Universidad de Valencia, recuerda que el Contencioso-administrativo “ya ha descartado” la fijeza en múltiples ocasiones en este régimen, por lo que considera poco probable que cambie su postura.

3) Cuándo no procede la fijeza

Los magistrados precisan que no procede la fijeza si no se ha superado este tipo de proceso selectivo. “La contratación temporal de personal laboral por parte de las Administraciones públicas sin superar un procedimiento de acceso al empleo público de carácter fijo sujeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad no permite que esos trabajadores adquieran la condición de fijos como consecuencia directa del abuso en la temporalidad porque se vulnerarían la CE [Constitución Española] y el TREBEP [Estatuto Básico del Empleado Público]”. Además, considera que “se impediría el acceso al empleo público de los restantes ciudadanos”, entre otros motivos.

“La conversión automática de todos los contratos de duración determinada con abuso en la temporalidad en contratos fijos de las Administraciones Públicas en modo alguno disuadiría a estas de efectuar en el futuro más contrataciones temporales al margen de esos principios”, consideran los jueces y, por el contrario, advierten de que “se consagraría para el futuro como una vía de acceso al empleo público vulnerando la igualdad, el mérito y la capacidad”.

Si el trabajador o trabajadora interinos superaron “una convocatoria de acceso a empleo temporal”, tampoco procede la declaración de fijo, añaden los magistrados.

La sentencia cuenta con un voto particular discrepante, del magistrado Rafael Antonio López Parada, que apuesta por la fijeza en más situaciones que las que apoya el resto del Pleno de la Sala de lo Social.

4) Indemnización por daños a los afectados

Los trabajadores que no cumplan con los requisitos para la fijeza en sus puestos, porque no superaron estos procesos selectivos, pueden acceder a indemnizaciones por los daños ocasionados por este abuso, además de las reconocidas hasta ahora al término del contrato. En concreto, “el abono de una indemnización reparadora y disuasoria”.

Los magistrados sientan los criterios para cuantificar estas indemnizaciones por el abuso en la temporalidad pública. Siguiendo la sentencia europea del 14 de abril, la indemnización debe ser una “compensación íntegra del perjuicio y principio de proporcionalidad”, es decir, “no cabe una indemnización meramente simbólica”, ni tampoco debe sobrepasar “el perjuicio sufrido” por el trabajador.

Además, debe “tener en cuenta la naturaleza de las funciones desempeñadas por el trabajador, el número y la duración acumulada de los contratos en cuestión, las ventajas económicas que el interesado habría podido reclamar de no haber existido el abuso y el perjuicio sufrido como consecuencia de la situación de incertidumbre en la que se ha encontrado”.

Esta indemnización compensatoria “tiene que diferenciar entre los daños materiales”, como las ventajas económicas que el interesado habría podido reclamar de no haber existido el abuso, y “los daños morales”, más difíciles de cuantificar.

5) Indemnización mínima de hasta 10.000 euros por daños morales

Para facilitar el cálculo de la indemnización, el Supremo fija “una indemnización presuntiva mínima de los daños morales sin perjuicio de que, si el trabajador acredita unos daños superiores, se indemnicen en su integridad”.

Para ello, utiliza como referencia la LISOS (Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social), que considera una infracción grave la vulneración de la normativa sobre contratos temporales. Así, en función de las multas en vigor –que se reformaron en 2021– establece una indemnización de:

–“En su grado mínimo, de 751 a 1.500 euros, en su grado medio de 1.501 a 3.750 euros; y en su grado máximo de 3.751 a 7.500 euros”, antes del 31 de diciembre de 2021.

–“En su grado mínimo, de 1.000 a 2.000 euros; en su grado medio, de 2.001 a 5.000 euros y, en su grado máximo, de 5.001 a 10.000 euros”, después de esa fecha.

Los magistrados recuerdan además que la LISOS regula un aumento de la sanción en caso de reincidencia.

Eso sí, “cuando el trabajador acredite que, como consecuencia del abuso en la temporalidad, ha sufrido unos daños superiores, se deberán indemnizar en su integridad”, apuntan los jueces. Eso requerirá que “el trabajador acredite el concreto perjuicio sufrido”.

El catedrático de Derecho del Trabajo Eduardo Rojo considera que este nuevo pronunciamiento del Supremo aumentará la litigiosidad de los temporales laborales (aunque destaca que el número de procedimientos judiciales en esta materia ya es muy elevado). Tanto de aquellas personas que tengan derecho a ser reconocidas como fijas, como también de quienes tienen derecho a esta nueva indemnización por daños.

6) Instar a que la Inspección de Trabajo sancione a la Administración

Los magistrados recuerdan que la legislación “regula la responsabilidad civil, penal y disciplinaria de los funcionarios y la responsabilidad patrimonial de las autoridades y del personal al servicio de las Administraciones Públicas”, pero la justicia europea consideró que “no se ha acreditado que ese régimen de responsabilidad haya tenido operatividad real”.

Aunque destacan que “corresponde al legislador aprobar las reformas necesarias para la efectividad de esta responsabilidad”, el Supremo considera que “una medida eficaz podría consistir en que, cuando se constate que se ha producido un abuso en la temporalidad, se remita testimonio de la sentencia a la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social” para que inicie el correspondiente procedimiento sancionador contra la Administración pública.

“La imposición de las correspondientes sanciones administrativas a las Administraciones públicas incumplidoras constituye una medida que, junto con la indemnización de daños y perjuicios, sanciona la utilización abusiva de sucesivos contratos de duración determinada. Su impacto económico tendrá un efecto disuasorio”, consideran los magistrados.

El PSOE de Extremadura ha preguntado a María Guardiola “qué tiene que decir” tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que señala que “el Derecho de la UE no contempla la duración de la estancia en el territorio de un Estado miembro como un criterio para la concesión de las prestaciones” para los beneficiarios de protección internacional.

La corte, con sede en Luxemburgo, se expresó así sobre un litigio iniciado en Italia por el que se le retiró una ayuda social y de inserción laboral a una persona beneficiaria de protección subsidiaria por no cumplir el requisito de diez años de residencia en el Estado miembro.

El portavoz del PSOE de Extremadura, Manuel González Andrade, ha asegurado en un comunicado que esta resolución europea “confirma las serias dudas de legalidad” que ya advirtieron desde el primer día sobre el pacto firmado entre PP y Vox“.

“Ya dijimos que ese acuerdo incluía planteamientos incompatibles con el derecho europeo y hoy la justicia europea nos da la razón. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea deja claro que exigir años de arraigo para acceder a ayudas sociales es discriminatorio e ilegal”, ha afirmado González Andrade.

El portavoz socialista ha señalado que ahora la presidenta de la Junta “debe explicar si piensa seguir aplicando y defendiendo medidas inspiradas por Vox que chocan frontalmente con los principios de igualdad y no discriminación que protege la Unión Europea”.

En ese sentido, González Andrade ha avisado de que el PSOE de Extremadura va a mantenerse “muy pendiente” de cada decisión que adopte el Gobierno autonómico porque “el principal problema que tiene esta legislatura es que la señora Guardiola está obligada a cumplir un pacto impuesto por Vox”.

“Algunos decían que exagerábamos cuando alertábamos de las consecuencias de ese pacto, pero hoy vemos que no era así”, ha añadido el portavoz socialista, quien ha anunciado además que el comité jurídico del PSOE de Extremadura “ya está estudiando todas las implicaciones que puede tener esta sentencia sobre las iniciativas y compromisos asumidos por la Junta de Extremadura de Guardiola”.

Para el PSOE de Extremadura, esta región no puede gobernarse desde la discriminación ni desde políticas que vulneren derechos fundamentales o entren en conflicto con el derecho europeo, por lo que el portavoz socialista ha reclamado a Guardiola que “abandone cualquier planteamiento inspirado por la extrema derecha que ponga en riesgo la igualdad de acceso a los servicios y ayudas públicas”.

El litigo en Europa

Los jueces del Tribunal de Justicia de la Unión Europea consideraron que el umbral mínimo de diez años de residencia para tener acceso a ayudas sociales constituye una “discriminación indirecta” hacia los beneficiarios de protección internacional porque “aunque se aplica por igual a todas las personas (sean beneficiarios de ese estatus o nacionales del propio Estado), afecta principalmente a los no nacionales”. Para la Justicia europea, esa “diferencia de trato no está justificada” y “constituye una discriminación indirecta prohibida por el Derecho de la Unión”.

La prestación que le fue retirada al beneficiario de protección internacional en Italia, llamada “renta garantizada de ciudadanía”, combinaba tanto prestaciones sociales como un programa de inserción profesional. Los jueces europeos sentenciaron que tanto la medida de acceso al empleo como la prestación social básica están sujetas al “principio de igualdad” entre los beneficiarios de protección internacional y los nacionales.

La Justicia europea consideró, además, que ese requisito de diez años de residencia “no está objetivamente justificado” por el hecho de que esa concesión suponga, según el Gobierno italiano, “una carga administrativa y económica considerable, lo que a su entender justifica reservar esta concesión únicamente a las personas bien integradas en la comunidad nacional”.

El magistrado de la plaza número 6 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha dictado un auto en el que pregunta a la Fiscalía Anticorrupción y al resto de partes personadas en la pieza separada del caso ERE por las ayudas otorgadas por la Junta de Andalucía a empresas del Grupo Ruiz-Mateos. El auto tiene fecha del pasado 29 de abril, varios días después de que el 20 del mismo mes Bruselas frenase en seco el intento por parte de la Audiencia de Sevilla de que la Justicia Europea revise el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que anuló las condenas a los expresidente andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Vilaplana fue el juez que heredó las macrocausas de la primera jueza del caso ERE, Mercedes Alaya, y ya dio un paso similar hace un año, cuando planteó una cuestión prejudicial ante la Justicia Europea ante el riesgo de que se archivasen ramificaciones de otro caso, en concreto el de los avales de la agencia IDEA del Gobierno andaluz, por exceder los plazos de la instrucción. La iniciativa la tomó hace después de que la Audiencia de Sevilla archivase alguna de las 19 piezas en las que se subdividió esta macrocausa, tras caducar la instrucción hace ocho años, al exceder los plazos establecidos en el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim).

Como entonces, el magistrado alerta de nuevo de la posibilidad de que “se produzca un riesgo sistémico de impunidad futura en escenarios similares” en piezas derivadas del caso ERE, lo que chocaría con la prioridad de “salvaguardar los intereses financieros de la Unión Europea (UE)”. Por ello, solicita si debe plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la aplicación o no en esta pieza separada de la doctrina emanada del Tribunal Constitucional. En sus sentencias, estimó parcialmente los recursos de amparo presentados por una decena de ex altos cargos de la Junta de Andalucía condenados en la denominada pieza del “procedimiento específico” de los ERE, entre ellos Chaves y Griñán.

Cuestiones prejudiciales añadidas

En este sentido, entiende que procedería plantear al TJUE las mismas cuestiones prejudiciales que las elevadas por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla en julio de 2025, si bien añade otras adicionales vinculadas con la posible contradicción de la doctrina del TC con el Convenio comunitario de lucha contra la corrupción, de 26 de mayo de 1997 y con la Directiva Europea de lucha contra la corrupción (aprobada por el Consejo de la UE el pasado 21 de abril de 2026). A ello añade el choque con la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (a la que se adhirió la UE en septiembre de 2008) y, principalmente, con el Régimen Europeo de Ayudas de Estado por vulneración de la normativa y la jurisprudencia comunitarias, en especial los artículos 107 a 109 del TJUE (antiguos artículos 87 a 89 del TCE), que parten del principio general de la incompatibilidad de las ayudas y del deber de transparencia o publicidad e información a la comisión.

En su resolución, el magistrado pone de manifiesto que “la eventual censura de esta doctrina del TC como contraria o disconforme a Derecho de la UE (...) conduciría a aplicar a todos los investigados acusados en la presente causa unos mismos criterios coincidentes con los de las sentencias” dictadas en la pieza separada del procedimiento específico por la Sección Primera de la Audiencia y por el Tribunal Supremo, “inaplicando la doctrina de las referidas sentencias del TC y de los autos de la Sección Séptima mencionados, posibilitándose así la continuación del presente procedimiento para esclarecer la responsabilidad penal por hechos constitutivos de delitos graves de corrupción (prevaricación y malversación), el fundamento de las pretensiones de condena ejercitadas y la eventual sanción efectiva de aquellos delitos por el Tribunal que enjuicie la causa”.

Según ha informado la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en la pieza separada sobre la que se pregunta, el magistrado investiga la presunta comisión de delitos de prevaricación administrativa, falsedad documental y malversación de caudales públicos relacionados con las ayudas otorgadas entre los años 2001 y 2010 por un montante superior a los treinta millones de euros a varias empresas del Grupo Ruiz-Mateos.

Comisiones mensuales de hasta 25.000 euros

Estas ayudas “estaban destinadas a favorecer a las empresas con financiación de expedientes de regulación de empleo (ERE) mediante pólizas de seguros para prejubilaciones”, consistiendo el “mecanismo de la trama” en que uno de los acusados en la pieza separada, identificado como Juan L., “ofrecía a los representantes y directivos de las empresas del grupo conseguir ayudas públicas a cambio de dinero”.

De este modo, y según expone el juez en el auto notificado hoy miércoles a las partes personadas, este investigado “contactaba con altos cargos de la Junta, quienes garantizaban la concesión de ayudas sin requisitos, condiciones ni fiscalización o control administrativo”. Tras ello, las empresas “presentaban expedientes de regulación de empleo con la promesa de rejuvenecer plantillas, utilizando a mediadoras como Vitalia y Uniter para gestionar pólizas de seguros”.

Así, la Junta de Andalucía “asumía todo o la mayor parte del coste de las pólizas, canalizando los pagos a través de la Agencia IDEA”, mientras que el acusado mencionado “recibía comisiones mensuales de hasta 25.000 euros, entregadas en sobres desde oficinas del grupo o directamente por sus directivos”.

Recurso tras las sentencias del TC

Por estos hechos, el instructor dictó el día 23 de abril de 2024 auto en el que acordaba continuar como procedimiento abreviado las diligencias previas seguidas contra un total de 21 investigados, tras lo que tanto el Ministerio Público como las acusaciones ejercidas por la Junta de Andalucía y el PP-A presentaron sus respectivos escritos de acusación.

En este sentido, algunos de estos investigados recurrieron el auto en apelación ante la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, que acordó el sobreseimiento provisional y archivo del procedimiento respecto de tres de los acusados en aplicación de la doctrina emanada del Tribunal Constitucional en las sentencias que estimaron parcialmente los recursos de amparo presentados por una decena de ex altos cargos de la Junta condenados en el caso ERE.

El pasado mes de julio, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, que juzgó y dictó sentencia en la pieza del “procedimiento específico”, acordó plantear una cuestión prejudicial ante el TJUE en relación con las sentencias del TC, ya que considera “imprescindible” el planteamiento de esta cuestión prejudicial “para que este tribunal nacional español pueda decidir sobre el requerimiento derivado” de las sentencias del TC. Todo ello, añadía, “atendidas las dudas acerca de su adecuación al Derecho Europeo y la jurisprudencia del TJUE” y con el fin de “evitar que, por efecto de la doctrina incluida en las repetidas sentencias del TC, se produzca un riesgo sistémico de impunidad futura en escenarios similares (...)”, y de “salvaguardar los intereses financieros de la UE”.

Tres posibilidades procesales

La primera de las posibilidades procesales que refiere el magistrado, y sobre la que las partes deberán realizar alegaciones, es “dejar inaplicada la ejecución de los autos de la Sección Séptima que aplican la doctrina del TC recaída en la causa del ”procedimiento específico“ realizada en la presente causa, determinante de su archivo respecto de un relevante número de acusados; acordando en su lugar la apertura de juicio oral frente a todos los acusados respecto de los que se ha constatado la existencia de indicios suficientes de criminalidad, al resultar aquella ejecución contraria al Derecho de la Unión Europea”.

La segunda opción que plantea el instructor es el archivo/sobreseimiento de las actuaciones, “conforme a la aplicación de la doctrina del TC recaída en la causa del ”procedimiento específico“ (...), al entender inexistente la incidencia del Derecho de la Unión en la presente causa”. Asimismo, y como tercera posibilidad procesal, el magistrado expone el planteamiento al TJUE de una o varias cuestiones prejudiciales “sobre la posible incompatibilidad de la doctrina del TC recaída en la causa del ”procedimiento específico“ y de su concreta aplicación en la presente causa con el Derecho de la Unión; incompatibilidad, en particular”, con una serie de principios y disposiciones comunitarias (sin perjuicio de otras que pudieran poner de manifiesto las partes).

Al menos dos juzgados han dictado sentencias en las últimas semanas que se hacen eco del último fallo del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sobre el abuso de la temporalidad en el empleo público en España. Los magistrados europeos respondieron que España no cuenta a día de hoy con medidas que resarzan este abuso sobre los interinos, por lo que estos dos juzgados han resuelto dos soluciones a cada caso estudiado. Un juzgado de Vigo reconoció una indemnización de 52.000 euros a una trabajadora por el abuso de los años en los que estuvo como interina, y otro juzgado de Madrid ha anulado el cese de una interina regional y le ha reconocido el puesto de “indefinida por sentencia”. Ambas son recurribles en instancias superiores.

La primera sentencia, del juzgado de lo Social número 3 de Vigo, difundida por Vento Abogados y adelantada por El País, reconoce la sanción reclamada por una trabajadora, ya fija de la Administración, por los años que estuvo en su puesto como interina y como “indefinida no fija”. En total, 17 años.

Con el respaldo del nuevo fallo del TJUE, la magistrada subraya “el derecho de los trabajadores a percibir una compensación por el abuso derivado del incumplimiento de los plazos máximos de permanencia, que nacerá a partir de la fecha del cese efectivo de dicha contratación temporal irregular, y que debe tener en cuenta a efectos de su cuantificación la naturaleza de las funciones desempeñadas, el número y la duración acumulada de los contratos, las ventajas económicas que el trabajador habría podido obtener de no haberse producido el abuso y el perjuicio derivado de la situación de incertidumbre en la que se ha encontrado como consecuencia de la utilización abusiva de la contratación temporal”.

En este caso, “atendiendo a la duración de la situación precariedad”, desde el año 2008 hasta 2025, la magistrada acepta la petición de 52.100 euros de indemnización.

El segundo fallo, que acuerda lo que se suele denominar coloquialmente como “fijeza” en este debate sobre el abuso de la temporalidad (y que rechaza hasta el momento el Supremo), ha sido difundido este martes por el sindicato CGT. Un tribunal de lo contencioso-administrativo de Madrid ha estimado el recurso de una técnico de prevención de riesgos laborales, funcionaria interina de la Comunidad de Madrid durante casi 20 años, que fue cesada en junio de 2024 del cargo.

La magistrada que ha analizado el caso anula su cese y reconoce su derecho a ser readmitida como “indefinida por sentencia”, sin adquirir la condición de funcionaria de carrera. La dirección letrada ha sido asumida por Beatriz González González, indica CGT, que ha celebrado el fallo.

“Para esta solución de fijeza se tiene en cuenta la edad de la recurrente X años, su sexo y la dificultad objetiva de incorporarse al mundo laboral, considerando que una indemnización no puede suplir el derecho Constitucional al trabajo”, argumenta la magistrada en el fallo, al que ha tenido acceso elDiario.es.

La sentencia menciona también expresamente la resolución del TJUE del pasado 14 de abril, tras una consulta del Tribunal Supremo, que considera que los actuales mecanismos de compensación a los interinos en abuso de temporalidad no son suficientes. Es decir, ni la fórmula del indefinido no fijo, los procesos de estabilización y las indemnizaciones tasadas por cese.

Un debate aún abierto en los tribunales

No obstante, la justicia europea no estableció qué mecanismo sí cumple con la legalidad europea, algo que corresponde al Tribunal Supremo en España. El Ministerio de Función Pública apuntó tras el fallo que estaba analizando la resolución judicial.

Ante los argumentos de la justicia europea, los juristas señalan varias posibles opciones, como indemnizaciones no tasadas que resarzan verdaderamente el abuso específico a los afectados.

Hay otras voces que insisten en reclamar la “fijeza” de los interinos, como ha concluido esta reciente sentencia. Sin embargo, es una opción que ha rechazado hasta el momento el Tribunal Supremo y también el Gobierno, atendiendo a la Constitución Española y a su jurisprudencia, que exige alcanzar la condición de funcionario a través de procesos de selección que respeten los principios de igualdad, mérito y capacidad.

El Tribunal Superior de Justicia Europeo (TJUE) ha registrado el expediente C-501/25 con la denominación “Partido Popular de Andalucía”. Son las cuestiones prejudiciales que la Audiencia Provincial de Sevilla elevó a la Justicia Europea el pasado verano para que reabriera la pieza política del caso ERE, después de que el Tribunal Constitucional (TC) anulase parcialmente las condenas a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a varios de sus consejeros.

Lo que se juzga ahora en el tribunal de Luxemburgo, ante todos los países miembros de la Unión Europea, es si el órgano de garantías que vela por los derechos fundamentales en España se “extralimitó” al reinterpretar los delitos de prevaricación y malversación por los que condenaron a los dirigentes socialistas.

El TC reprochó a la Audiencia y al Tribunal Supremo (que confirmó las sentencias) su “interpretación extravagante” de la ley para poder condenar a Chaves y Griñán. Los jueces que vieron corregidas sus sentencias, en uno de los casos de corrupción política más sonados de los últimos 20 años, acudieron a la Justicia Europea para que determine si el fallo del Constitucional es compatible con el Derecho de la UE y con la protección de los intereses financieros europeos.

El mayor pulso entre instancias judiciales en España, que ha entrado en un territorio procesal sin precedentes, lleva el nombre de la formación liderada por Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta y candidato en las elecciones andaluzas del 17 de mayo.

No es extraño que la Justicia Europea identifique este litigo con nombre del “PP de Andalucía”, aunque le llegase de manos de la Audiencia de Sevilla, porque el partido de Moreno (desde mucho antes de Moreno) fue el percutor del caso ERE desde el minuto uno, hace 15 años.

El PP andaluz se personó como acusación popular de la macrocausa que se llevaría por delante al todopoderoso PSOE andaluz, después de casi 37 años en el poder, y allanaría la entrada de Moreno en el Palacio de San Telmo en enero de 2019. 

Un caso de corrupción política por el desvío de dinero público -procedente de un fondo de 679 millones de euros de la Consejería de Empleo- para beneficiar durante años a empresas, trabajadores y sindicatos afines a los socialistas. No se reveló un caso de enriquecimiento personal de los máximos dirigentes de la Junta, sino como un procedimiento ilegal para “comprar la paz social” y “perpetuarse en el poder”, como vienen repitiendo los populares durante la década larga de instrucciones judiciales.

“Una cacería política; un montaje”

El sintagma del caso ERE como “el mayor caso de corrupción política en España” es casi una cuestión identitaria para el PP andaluz, de ahí que se revolviera como un gato panza arriba cuando el Constitucional echó por tierra las condenas más graves a Chaves, Griñán y todos sus consejeros.

En 2018, Juan Manuel Moreno arrancó su campaña electoral a las puertas de un prostíbulo en ruinas de Sevilla, para denunciar la “corrupción sistémica” de dirigentes socialistas, y meses después empezó a gobernar de la mano de Ciudadanos y Vox. Han pasado casi ocho años, el presidente del PP andaluz gobierna hoy con una mayoría absoluta que aspira a revalidar en las urnas, con sus 1,5 millones de votos (muchos de ellos, prestados por electores de centroizquierda desencantados con el PSOE-A).

Es improbable que el presidente y candidato popular replique aquella primera campaña electoral, a lomos de la corrupción, cuando su partido está precisamente esta semana bajo el foco del juicio de Kitchen, que investiga el uso partidista de las instituciones (la Policía, el Ministerio de Interior, los fondos reservados) para espiar al extesorero de su partido, Luis Bárcenas, y boicotear la investigación del caso Gürtel, la trama de corrupción que atrapó al PP.

El PP andaluz es quien aplaudió la sentencia del Supremo que condenó en 2022 a la cúpula de los gobiernos del PSOE en Andalucía por prevaricación y malversación, entre otros delitos. Dos años después, Moreno fue el primer barón territorial popular que cuestionó abiertamente la legitimidad del TC por anular esas condenas, cambiando por completo el epílogo judicial del “mayor caso de corrupción política en España”.

La reacción virulenta del PP andaluz al fallo del Constitucional chirría con la imagen pública de moderación, política serena -la llamada “vía andaluza”- y los continuos llamamientos al respeto institucional con los que se identifica a Moreno. El portavoz de su Gobierno acusó abiertamente al Tribunal de Garantías de ser “un instrumento del aparato político de Moncloa”. El propio presidente de la Junta dijo que la sentencia era “el inicio del indulto a todos los condenados del caso ERE”.

Aquel fallo había revitalizado al PSOE andaluz, tras años sumido en la “vergüenza” por este caso de corrupción, y todos sus dirigentes salieron en tromba a contraatacar como nunca lo habían hecho: “El caso ERE fue un montaje, un caso de lawfare”; “Moreno Bonilla es el jefe de la banda de esta cacería política. No llegó limpiamente al poder”. El propio Chaves salió a la luz, tras años apartado y despojado de su carné de militante socialista, para reivindicarse y plantar cara: “Esto es un punto de inflexión. Es el principio del fin del ciclo de gobierno del PP en Andalucía”.

El choque por el relato político fue descomunal, pero entonces nadie imaginaba que el PP llevaría el asunto a un territorio procesal inédito, cuestionando el marco constitucional español y el respeto al Derecho de la Unión. A las puertas de un Comité Ejecutivo Nacional del PP, celebrado en Madrid en mayo de 2025, Moreno anunció que su Gobierno “volvería a personarse” en el caso ERE -instando a la Audiencia a acudir a la Justicia Europea- para reclamar “que se mantengan las condenas contra los líderes socialistas que dictó el Supremo y no se revisen los fallos”, luego anulados parcialmente por el TC.

“Un asunto puramente interno que se declare inadmisible”

Consultado por este periódico, desde la Consejería de Presidencia no confirman si finalmente la Junta presentó sus alegaciones para que el Tribunal Europeo admitiera a trámite las cuestiones prejudiciales de la Audiencia de Sevilla. Las observaciones de las partes son reservadas y que se hayan “filtrado” las que perjudican a la acusación popular del PP buscan dañar a Moreno en campaña e insuflar ánimos al PSOE de María Jesús Montero, mascullan en el entorno del presidente andaluz.

Quienes sí registraron observaciones, el pasado diciembre, fueron el Reino de España, la Fiscalía General del Estado, la Comisión Europea y un país miembro de la UE, la República Checa. “Ni los hechos ni la situación jurídica que se describen en el resumen del auto de remisión presentan un vínculo con los intereses financieros de la Unión o con delitos relativos a fraudes referentes a la utilización de fondos de la Unión”, advierten.

Y defienden la legitimidad del órgano español de garantías en este asunto: “La resolución del Tribunal Constitucional debe apreciarse desde una perspectiva nacional, considerando su función en el ordenamiento jurídico nacional, y no desde la perspectiva del Derecho de la Unión”.

Tanto los abogados de la Comisión Europea como los de España, la Fiscalía General y los letrados de República Checa se extienden en sus explicaciones sobre el perímetro de acción del Derecho europeo y la legitimidad del tribunal que vela por los derechos fundamentales en los países miembros: “La organización de la Administración de Justicia en los Estados miembros, incluido el establecimiento, la composición y el funcionamiento del Tribunal Constitucional, es competencia de estos. Ninguna disposición del Derecho de la Unión impone a los Estados miembros la obligación de elegir un modelo constitucional determinado que regule las relaciones y la interacción entre los distintos Poderes del Estado, en particular en lo referente a la definición y delimitación de las competencias de estos. La Unión respeta la identidad nacional de los Estados miembros, inherente a las estructuras fundamentales políticas y constitucionales de estos”, concluyen los checos.

Todas coinciden en pedir al TJUE que ni siquiera admita a trámite la petición del tribunal sevillano, porque se trata de “un asunto puramente interno” que no está dentro de sus competencias. Todos rechazan que el fraude de ayudas de los ERE en Andalucía violase el Tratado de la UE “relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas”.

La jurisprudencia del Tribunal de Justicia sostiene “que existe un riesgo para los intereses financieros de la Unión en una situación concreta, que haya un vínculo con dichos intereses lo suficientemente concreto y no, como en el litigio principal [caso ERE], abstracto e hipotético”, argumentan las alegaciones.

Los abogados que representan a la República Checa son especialmente críticos con el planteamiento “general” que hace la Audiencia de Sevilla para convencer al TJUE de que el perjuicio económico a las arcas de la Junta de Andalucía lo es también a los fondos europeos. “El argumento de que toda malversación de fondos públicos de un Estado miembro puede afectar a los intereses financieros de la Unión y el trato que un Estado miembro da a los fraudes que afectan a sus propios intereses financieros se refleja, en esencia, automáticamente en el trato que da a los intereses financieros de la Unión. Evidentemente, no es así”, advierten los letrados checos, que concluyen que esta interpretación del Derecho europeo “no guarda relación alguna con la realidad y el objeto del litigio principal”, de ahí que pidan que se declare “inadmisible”.

Es llamativo que Bruselas tumbe el intento del PP andaluz de revisar el fallo absolutorio del caso ERE dictado por el Constitucional, pero mucho más que un Estado miembro que no es España -en este caso República Checa- haya decidido entrar en este asunto y discutir con vehemencia los argumentos del partido de Moreno.

Es llamativo, pero no es inusual. Cuando llegan cuestiones prejudiciales al Tribunal Europeo, éste tiene la obligación de traducir el asunto planteado a todas las lenguas de la UE. Y si un Estado miembro se siente interpelado, es decir, si considera que el planteamiento jurídico que hacen en España afecta también a su nación, entonces puede participar como parte afectada. 

El cuestionamiento que hace la Audiencia de Sevilla y el PP andaluz pone en duda la legitimidad del Tribunal español de Garantías para revertir una sentencia de un juzgado ordinario, al considerar que se han vulnerado los derechos constitucionales de un ciudadano, en este caso, los dirigentes socialistas.

La Comisión Europea, en sus observaciones, replica que el TJUE es “manifestamente incompetente” para resolver un asunto “interno” de esta categoría y añade que “en ningún caso” puede ejercer como un “tribunal de supercasación”, usando casi la misma expresión de Juanma Moreno contra el fallo del Constitucional.

Von der Leyen vs Moreno Bonilla

Las alegaciones de República Checa van en el mismo sentido. Son los dos mazazos que ha recibido el candidato popular en plena precampaña de las andaluzas, porque sus fieles y adeptos sobreentienden que las alegaciones que ha presentado el Reino de España y la Fiscalía del Estado -en el mismo sentido que las anteriores- son observaciones “de parte”. Los populares están instalados en el cuestionamiento constante a las instituciones que operan bajo el Gobierno de Sánchez, incluido el TC, pero han tenido que preservar el respeto institucional ante las críticas de Bruselas.

El gobierno de Úrsula Von der Leyen, del mismo partido que Moreno, y el gobierno checo han echado por tierra los planteamientos del PP andaluz. Eso no significa que el TJUE haya decidido dar carpetazo al asunto. Está por ver. Fuentes del Tribunal Europeo explican a este periódico que “el asunto está admitido a trámite, porque lo estamos tramitando, y ya está adjudicado a un juez ponente y un abogado general”.

Pero esta expresión -“admitido a trámite”- no se puede transponer al lenguaje jurídico español, no significa lo mismo que aquí, no significa que existen indicios para continuar con la investigación, advierten las mismas fuentes. El TJUE admite a trámite cuando se cumplen una serie de requisitos mínimos de forma. Tampoco hay una estadística registrada que permita comparar las veces que Bruselas se ha mostrado contraria a la admisión a trámite de un asunto, como éste del caso ERE, y el tribunal de Luxemburgo haya tenido en cuenta sus alegaciones.

La Justicia Europea tiene ahora que dirimir si esas observaciones tienen el peso suficiente como para inadmitir a trámite las cuestiones preprocesales de la Audiencia. De ser así, pondría el punto final definitivo al dilatado caso ERE, pero es muy improbable que resuelta antes de las elecciones del 17 de mayo. No hay un plazo estipulado para que el juez ponente emita un auto sobre la admisión a trámite.

Los plazos que sí están perimetrados son los del procedimiento judicial, una vez el juez resuelve meter mano al asunto. Desde que se registra el expediente [octubre de 2025] hasta la fase de vista oral para que las partes intervengan puede pasar un año. Y desde la vista oral hasta que el abogado general de la UE presenta un primer estudio jurídico con sus conclusiones otros cuatro meses. En más del 90% de los casos, ese análisis jurídico suele coincidir con la sentencia final, que tarda año y medio desde que empieza todo el proceso.

Con todo, aunque el TJUE dé carpetazo al asunto ahora o dentro de un año, el impacto político de la posible redención judicial de la antigua cúpula del socialismo andaluz tendrá un efecto relativo. La piedra más pesada que hoy empuja el PSOE andaluz, montaña arriba, ya no es la corrupción de los ERE, aunque el PP de Moreno, 15 años después, siga exprimiendo aquel estigma en el Parlamento -haciendo oposición a la oposición-, en los mítines y en la campaña de las andaluzas de 2026, como una condena vitalicia que impide a sus rivales políticos legitimarse para volver al gobierno.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha sentenciado que Hungría ha infringido el Derecho de la Unión al adoptar una ley que estigmatiza y margina a las personas LGBTI+. La Justicia europea señala que el Estado húngaro con la aprobación de “una norma con medidas más estrictas contra los delincuentes pedófilos que modifican determinadas leyes para proteger a los menores” lo que ha hecho es “vulnerar el derecho a la dignidad humana” y “trata a un grupo de personas, que forman parte integrante de una sociedad caracterizada por el pluralismo, como una amenaza para la sociedad”.

El Tribunal de Justicia declara, por primera vez, que la ley húngara incumple el artículo 2 de los Tratados de UE, que enuncia los valores en los que se fundamenta la Unión y que son comunes a todos los Estados miembros. Los magistrados aseguran que “los aspectos de la Ley de modificación que se dirigen contra los contenidos que representan o popularizan la desviación de la identidad propia del sexo correspondiente al nacimiento, el cambio de sexo o la homosexualidad constituyen un conjunto coordinado de medidas discriminatorias que vulneran, de manera manifiesta y especialmente grave, los derechos de las personas no cisgénero, incluidas las personas trans, o no heterosexuales, así como los valores de respeto de la dignidad humana, de igualdad y de respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías”.

Hungría aprobó la “Ley LXXIX de 2021, por la que se adoptan medidas más estrictas contra los delincuentes pedófilos y se modifican determinadas leyes para proteger a los menores” ( también conocidad como 'Ley de modificación'). El argumento era proteger a los menores y prohibir o restringir el acceso a contenidos sobre la desviación de la identidad propia del sexo correspondiente al nacimiento, del cambio de sexo o de la homosexualidad.

El TJUE considera que, aunque los Estados miembros tienen margen para definir qué contenidos pueden perjudicar el desarrollo físico, mental o moral de los menores, se tiene que “respetar la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y, en particular, la prohibición de discriminación por razón de sexo y orientación sexual”. Los magistrados europeos apuntan que la Ley húngara de modificación parte de que “la desviación de la identidad propia del sexo correspondiente al nacimiento, del cambio de sexo o de la homosexualidad parten de la premisa de que toda representación o popularización de este tipo, cualquiera que sea su contenido específico, puede suponer un perjuicio para el interés superior del menor”, de manera que “este enfoque revela una preferencia por determinadas identidades y orientaciones sexuales en detrimento de otras, que quedan por ello estigmatizadas, lo cual es incompatible con las exigencias que se derivan, en una sociedad basada en el pluralismo, de la prohibición de la discriminación por razón de sexo y orientación sexual”.

En este sentido la Justicia europea subraya que esos puntos de la normativa “constituyen una injerencia especialmente grave en varios derechos fundamentales protegidos por la Carta: la prohibición de la discriminación por razón de sexo y orientación sexual, el respeto de la vida privada y familiar, y la libertad de expresión y de información”.

“Estigmatiza y margina a las personas no cisgénero”

Esta ley húngara “estigmatiza y margina a las personas no cisgénero, incluidas las personas trans, o no heterosexuales, tachándolas de perjudiciales para el desarrollo físico, mental y moral de los menores debido únicamente a su identidad o su orientación sexuales. El título de la Ley de modificación las asocia con la delincuencia pedófila, lo que puede reforzar esta estigmatización y fomentar comportamientos de odio hacia ellas”, añade la sentencia del TJUE.

Al frente de ese Gobierno húngaro estaba Viktor Orbán, un ultranacionalista que se convirtió en referente de la ultraderecha mundial por este tipo de normativas o sus intentos de prohibir la marcha del orgullo LGTBI+ en Budapest. Orbán perdió las elecciones el pasado 12 de abril tras 16 años en el poder en los que se ha caracterizado por la vulneración de derechos fundamentales y un ataque constante a las políticas de la UE. El nuevo Gobierno de Hungría, liderado por Péter Magyar, ha anunciado que cambiará la legislación para adaptarla a la normativa de la UE.

La Comisión Europea interpuso un recurso por incumplimiento ante el Tribunal de Justicia contra Hungría en relación con la adopción de la Ley de modificación por la vulneración de varios derechos garantizados por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la infracción del artículo 2 de los Tratados de la UE y del Reglamento General de Protección de Datos.

El TJUE le ha dado la razón a la Comisión argumentando que “esta ley es contraria a la propia identidad de la Unión como ordenamiento jurídico común en una sociedad caracterizada por el pluralismo. Hungría no puede invocar válidamente su identidad nacional para justificar la adopción de una ley que vulnera los valores mencionados”.

Ahora le toca a Magyar dar pasos para reformar la Ley. La noche de su victorial electoral aseguró publicamente que según su partido Tisza y “los muchos millones de húngaros que lo apoyan, todo el mundo puede vivir con quien ame, siempre que no infrinja las leyes y no sea perjudicial para los demás”. El próximo primer ministro de Hungría también ha respaldado la celebración del Orgullo en defensa del derecho a la libertad de reunión.

Katrin Hugendubel, directora adjunta de ILGA Europe, una red paraguas de más de 700 entidades LGBTI de 54 países de Europa y Asia Central, ha declarado que “Hungría no puede entrar en una era post-Orbán sin derogar esta legislación, incluida la prohibición del Orgullo. Si Péter Magyar realmente aspira a ser proeuropeo, debe situar esto en la cima de su agenda para sus primeros 100 días en el cargo, como una parte esencial de sus reformas orientadas a la UE”.

El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA) ha calificado de “histórica victoria tras más de 25 años” la sentencia hecha pública hoy por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha dictaminado que España no tiene medidas conformes con el Derecho de la Unión para sancionar la utilización abusiva de los contratos temporales en el sector público. El fallo avala la fijeza de todos los afectados como solución y subraya que si no se hace así, deberían abonarse a las víctimas indemnizaciones muy superiores a las máximas fijadas actualmente en la ley, lo que supondría “un colapso económico y judicial, ya que la estimación teórica calculada a la baja, con datos oficiales, es en total de más de 40.000 millones de euros”.

El sindicato ha celebrado con una concentración ante la sede del Gobierno de Aragón este histórico fallo, del que han destacado que “incide de pleno en Aragón, al ser una comunidad que mantiene un abuso estructural de temporalidad”. Según sus cálculos, unos 20.000 trabajadores de la Administración autonómica tendrán que pasar a ser fijos. A nivel nacional, la cifra total, entre empleados estatales, autonómicos y de entidades locales, llega al millón de personas.

Los jueces europeos castigan así la “reiterada utilización en todas las Administraciones de personal temporal para cubrir necesidades permanentes”, exponen desde el sindicato. Actualmente, uno de cada tres empleados públicos tiene contrato temporal, y en casos como la DGA se llega al 47,7%, según los últimos datos del Boletín estadístico del personal al servicio de la Comunidad Autónoma. La sentencia exige sanciones efectivas contra esta situación y señala que si no son económicas, solo pueden basarse en la fijeza de los afectados, ya que la convocatoria de procesos de estabilización no es una medida suficiente.

“Una sentencia que obliga a actuar”

STEPA ha destacado que esta sentencia “después de décadas de hacer caso omiso, obliga, de una vez por todas, a actuar a la Comisión Europea, al Estado en todos los niveles de la Administración y a los Tribunales”.

Además, el sindicato ha recordado que la Comisión Europea solo esperaba esta sentencia para avanzar en una sanción económica a España por incumplir la directiva sobre abusos en la temporalidad “que va a ser elevadísima” porque se compondrá de dos tipos de multa. Por una parte, una sanción a tanto alzado por incumplir la Directiva 1999/70/CE; un motivo por el que ya ha retenido más de 600 millones de euros, vinculados a fondos Next Generation. Por otro lado también una multa coercitiva, que supone una cantidad por cada día que nuestro país se retrase en aplicar la norma “por lo que es evidente que el Gobierno tendrá que actuar si no quiere arruinarse”.

Esta actuación pasa por una ley nacional que convierta en fijos a todas las víctimas del abuso de temporalidad, para lo que ya se cuenta con un texto “apoyado por muchos partidos de todo el arco parlamentario, desde Vox hasta Bildu”. STEPA ha reclamado la máxima celeridad para que “nuestros políticos legislen para resolver el problema de la temporalidad en el sector público de una forma definitiva, no con la chapuza que fue la Ley 20/2021, que ha sido un completo fracaso y a los cinco años de su entrada en vigor sigue siendo temporal uno de cada tres empleados”.

Finalmente, ha incidido en que esta sentencia del TJUE llega por una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo de España sobre cómo cumplir con la normativa europea “por lo que evidentemente tiene que aplicarse en los miles de procesos de interinos que han recurrido su cese”. 

Demandas al Gobierno de Aragón

STEPA ha llamado especialmente a asumir sus responsabilidades al Gobierno de Aragón, “uno de los principales incumplidores, con una temporalidad por encima de la media, que supera el 43% de los empleados autonómicos”. Según el cálculo de STEPA, la sentencia afectará a unos 20.000 trabajadores en la DGA, en su mayoría mujeres con una edad media de 50 años. Este número incluye tanto a trabajadores que continúan como interinos, como a quienes han sido cesados y han denunciado su despido.

Según explica el sindicato, cuando la Ley 20/2021 obligó a sacar a procesos de estabilización las plazas ocupadas por personal en abuso, “el Gobierno de Aragón no realizó ni lo esencial: identificar las plazas susceptibles de sacarse a este procedimiento, pese a ser un mandato recogido en la disposición transitoria sexta de los presupuestos vigentes, a propuesta de Vox y aceptada por el actual Gobierno del Partido Popular”. De esta manera, se han convocado “ofertas ridículas, de apenas 2.500 plazas, frente a los 28.000 temporales existentes en diciembre de 2021”. Así, “no solo la gran mayoría de las víctimas no han visto reconocidos sus derechos, sino que muchos han sido despedidos sin compensación”.

Las demandas al Ejecutivo de Jorge Azcón, en espera del necesario cambio estatal, incluyen así presentar este listado de trabajadores con derecho a la fijeza, paralizar cualquier nuevo cese y retirar sus plazas de las convocatorias de empleo en marcha. Igualmente se reclama una nueva Ley de Función Pública que avance en la planificación de los recursos humanos y garantice la calidad del servicio público. “Acabar con el abuso de temporalidad debe ser una cuestión prioritaria esta legislatura autonómica”, asegura.

STEPA ha subrayado que la fijeza del personal en abuso beneficiará a toda la sociedad, “frente al actual desmantelamiento de los servicios públicos, mantiene a los empleados con mejor formación y experiencia de años; y no perjudica a quienes busquen una nueva plaza, dado el volumen de jubilaciones en los próximos diez años”.

“Esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene que suponer el principio del fin para acabar finalmente con décadas de injusticia; y para garantizarlo, vamos a continuar presionando a los responsables políticos y animando a todas las víctimas del abuso a que reclamen su estabilización en sus Administraciones y en sede judicial”, han concluido desde STEPA.

Las víctimas de estafas digitales como el 'phishing' podrían contar pronto con una protección jurídica sin precedentes gracias a la Unión Europea. Y es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) estudia actualmente un caso que podría obligar a los bancos a agilizar las devoluciones de dinero sustraído. Según las conclusiones del Abogado General, las entidades financieras deberían realizar reembolsos automáticos incluso ante sospechas de descuido por parte del usuario afectado. Esta postura busca equilibrar la balanza en un escenario donde los ataques de ciberdelincuentes son cada vez más sofisticados y difíciles de detectar. Si el tribunal confirma este criterio, el proceso de recuperación de fondos dejará de ser una carrera de obstáculos para los ciudadanos estafados por la ciberdelincuencia.

El cambio normativo afectaría directamente a cómo los proveedores de servicios gestionan los fraudes por enlaces falsos o suplantación de identidad. En la actualidad, el principal escollo para los usuarios es que los bancos suelen rechazar sistemáticamente el reembolso alegando una supuesta negligencia grave del cliente. Esta práctica obliga a la parte más débil del contrato a soportar el golpe económico inicial y a iniciar procesos judiciales costosos. Muchas personas terminan renunciando a su dinero debido al desgaste emocional y al tiempo que conlleva litigar contra una gran entidad financiera. Organizaciones de consumidores como la OCU denuncian que las entidades usan este argumento de forma genérica y sin aportar pruebas concretas de la falta de cuidado.

Este vacío legal permite en la actualidad que los bancos desplacen la responsabilidad al consumidor desde el primer momento de la reclamación. La futura sentencia europea pretende acabar con esta indefensión estructural permitiendo que el afectado recupere su liquidez de forma inmediata y sencilla. El Abogado General del TJUE, Athanasios Rantos, ha defendido concretamente y con claridad que el reembolso debe ser la prioridad absoluta tras una estafa. Sus conclusiones, aunque no son vinculantes para el tribunal, suelen marcar la línea que seguirá la sentencia definitiva en los próximos meses. Rantos sostiene que la normativa europea de servicios de pago exige que el banco devuelva el importe el mismo día hábil de la queja. 

Bajo esta premisa, la entidad no podría bloquear el dinero basándose únicamente en su propia sospecha subjetiva sobre el comportamiento del usuario. Se trata de un cambio de paradigma: primero se restablece el saldo de la cuenta y después se discute la culpabilidad. Esta interpretación refuerza los derechos financieros de los consumidores frente a la creciente ola de fraudes en la banca electrónica actual. El origen de esta controversia legal se encuentra en un juzgado de Polonia que elevó una cuestión prejudicial al alto tribunal comunitario. El caso involucra a una mujer que fue víctima de un engaño tras recibir un enlace falso que imitaba a su entidad bancaria. Los estafadores consiguieron sus claves de acceso y realizaron un pago no autorizado que el banco se negó a cubrir inicialmente.

La entidad argumentó que la divulgación de las credenciales, incluso bajo engaño, constituía una infracción grave de las obligaciones de seguridad. La afectada defendió ante los tribunales que solo el fraude propio o la mala fe probada deberían impedir el reintegro inmediato. Esta disputa ha servido para que el TJUE defina si la negligencia es motivo suficiente para retener fondos sustraídos fraudulentamente. La tesis defendida por el Abogado General distingue nítidamente entre la devolución inmediata y la responsabilidad final del incidente económico. El banco debe reintegrar el dinero sin dilaciones, pero esto no significa que el cliente quede exento de toda responsabilidad posterior. 

Es decir, si más adelante se demuestra que el usuario actuó con un descuido inexcusable, el banco podrá reclamar legalmente el importe devuelto. Este mecanismo evita que la simple acusación de negligencia sirva como excusa automática para que el banco no pague desde el inicio. El objetivo es que el usuario no cargue con la pérdida inicial mientras se resuelve la compleja investigación técnica del fraude. Es una estrategia de “reembolsar primero y discutir después” que garantiza la liquidez inmediata de las víctimas de estos delitos.

Futuro precedente obligatorio

Según el Derecho europeo, solo existe una excepción válida para que un banco frene el reembolso automático de una operación no autorizada. La entidad solo podría negarse si tiene motivos razonables para sospechar un fraude cometido por el propio usuario de la cuenta. En tal caso, el banco está obligado a comunicar sus sospechas por escrito al organismo supervisor nacional, como el Banco de España. Fuera de este supuesto, la sospecha de haber pinchado en un enlace malicioso no bastaría para retener el dinero. La carga de la prueba recae sobre la institución financiera, que debe demostrar ante un juez la negligencia específica del cliente. De este modo, se protege a los autónomos y consumidores de la indefensión que supone enfrentarse a algoritmos bancarios opacos.

En España, la situación es crítica debido al aumento exponencial de casos de 'phishing' que terminan en largas disputas sin resolución rápida. La OCU señala que muchas entidades rechazan los reembolsos de forma automática, obligando a los afectados a acudir al Banco de España. Sin embargo, el supervisor nacional reconoce a menudo que determinar la existencia de negligencia grave excede sus competencias administrativas. Esto deja a los ciudadanos en un callejón sin salida legal que solo se resuelve mediante demandas judiciales lentas y costosas. La futura sentencia del TJUE sentará un precedente obligatorio que todos los juzgados de la Unión Europea deberán acatar y aplicar. Los protocolos internos de las cajas y bancos españoles tendrán que ser revisados profundamente para cumplir con el nuevo marco protector.

También podría haberse titulado esta columna algo así como “el TJUE admite que los Estados miembros de la UE no traten de la misma manera a las personas indigentes nacionales de terceros países que a las nacionales propias y exija a las primeras disponer de un derecho de residencia permanente en su territorio adquirido tras un período ininterrumpido de cinco años”.

Claro que era un título demasiado largo y, además, comenzaba por el final. El final de una Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea – TJUE – que interpreta el Derecho comunitario al resolver una cuestión prejudicial elevada desde un Tribunal italiano. Ahora lo explico.

El pasado 5 de marzo el TJUE dictó una Sentencia (asunto C-151/24) en la que concluyó como ya he avanzado, esto es, que cabe excluir del derecho a obtener un subsidio social para personas de edad avanzada en situación de indigencia a los nacionales de terceros países que no sean titulares de un permiso de residencia de la Unión para residentes de larga duración. 

En primer lugar, conviene aclarar que, aunque sigue siendo objeto de atención por el resultado de la Sentencia, ésta no es del todo novedosa, pues ya había otras dos Sentencias del TJUE en un sentido parecido, aunque no igual, dictadas el 11 de noviembre de 2014 (asunto C-333/13) y de 15 de septiembre de 2015 (asunto C-67/14). 

Ahora lo subrayable es que se trata de un “subsidio” para “personas de edad avanzada en situación de indigencia”. Anoten estos datos.

En el caso que ahora comento, el TJUE fue interpelado por nada menos que la Corte Constitucional italiana – su Tribunal Constitucional - al objeto de interpretar un precepto de la Directiva 2011/98/UE, por la que se establece un procedimiento único de solicitud de un permiso único que autoriza a los nacionales de terceros países a residir y trabajar en el territorio de un Estado miembro y por la que se establece un conjunto común de derechos para los trabajadores de terceros países que residen legalmente en un Estado miembro. La Corte Constitucional elevó esta cuestión al TJUE en el marco de un litigio entre una ciudadana nacional albanesa residente en Italia, y el Instituto Nacional de Previsión Social de Italia, en relación con la negativa de este último a concederle una prestación en metálico reservada a personas mayores de sesenta y cinco años – edad elevada a sesenta y siete años en 2019 - que se encuentran en una situación económica precaria.

La denegación de ese subsidio se basaba en la legislación italiana, según la cual, para que un nacional de tercer país pueda disfrutar de ese derecho ha de ser titular de un permiso de residencia de larga duración y haber residido legal e ininterrumpidamente durante al menos diez años en el territorio nacional.

La ciudadana albanesa litigó con insistencia frente a aquella denegación y llegó, en Italia, hasta su Tribunal Supremo, Tribunal que se planteó dudas de adecuación de esa normativa con su Constitución, por lo que remitió el tema a la Corte Constitucional. Es de pensar que a la Corte Constitucional le entraron serias dudas y seguramente algún temblor de piernas a la hora de decidir, habida cuenta de la vigencia del principio de igualdad de trato, tanto en la Constitución italiana como en la UE – con los matices que ahora se verán -. Y así fue como se elevó al TJUE la cuestión prejudicial antedicha.

En esta Sentencia el TJUE analiza el ámbito material del Reglamento 883/2004 y de un precepto de la Directiva 2011/98. Dicho precepto de esta Directiva se refiere al principio de igualdad de trato. Les ahorro los como siempre largos razonamientos del TJUE, que argumenta, en esencia, con base en la normativa comunitaria citada, que el subsidio social objeto del litigio es “una prestación especial en metálico no contributiva” que se financia mediante impuestos no mediante cotizaciones sociales y cuyo objeto es garantizar medios para subsistir a personas que no pueden asegurar su propia subsistencia, entrando dentro del concepto de “asistencia social”.

Hasta aquí nada que llame la atención, pues es una mera descripción de la situación y de la esencia del subsidio en cuestión.

El núcleo de la decisión del TJUE descansa en recordar que el Derecho de la UE optó expresamente por no extender ese derecho a la igualdad de trato a las prestaciones que no pueden calificarse de prestaciones de «seguridad social», esto es, a las prestaciones especiales en metálico no contributivas. Y sigue argumentando que, en consecuencia, los Estados miembros no están obligados, por lo que respecta a estas prestaciones especiales, a respetar la regla de igualdad de trato y pueden, por consiguiente, decidir supeditar la concesión de tales prestaciones a los nacionales de terceros países al cumplimiento de un requisito diferente del aplicable a sus nacionales, como el criterio de integración, cuyo cumplimiento se acredita mediante la posesión de un permiso de residencia de la Unión para residentes de larga duración. 

Y así, concluye como ya he dicho más arriba, esto es, que el Derecho de la UE no se opone a la normativa italiana que denegó el subsidio de subsistencia a la ciudadana albanesa que no tenía un permiso de residencia de larga duración.

En nuestro caso, el TJUE diría lo mismo, claro está, si llegara la ocasión. Recordemos que nuestra prestación principal para prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de quienes carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades básicas es el Ingreso Mínimo Vital, creado y regulado por la Ley 19/2021. Una prestación no contributiva, desde luego, para la que, en relación con el tema ahora tratado, se requiere “tener residencia legal y efectiva en España y haberla tenido de forma continuada e ininterrumpida durante al menos el año inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la solicitud”, requisito de plazo no exigible en determinados supuestos - menores incorporados a la unidad de convivencia por nacimiento, adopción, reagrupación familiar de hijos e hijas, guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente; personas víctimas de trata de seres humanos y de explotación sexual y mujeres víctimas de violencia de género -.

Y ¿ por qué y para qué les he contado todo esto? Pues, principalmente, para que seamos conscientes de que determinados derechos no están asegurados de manera definitiva ni por nuestra normativa ni por la de la UE y de que, ni siquiera ante las situaciones de necesidad más extremas, todas las personas somos iguales. Bueno, en realidad, podríamos ser iguales: todo depende de lo que el Estado y la UE y otros entes – o sea, en definitiva, la ciudadanía, si somos lo suficientemente exigentes - decidan. 

Nota: si cito los datos de las Sentencias es, como ya he dicho en alguna ocasión anterior, para que cualquiera de ustedes pueda, si así lo considera, buscarlas y acceder a su contenido para tener mejor conocimiento de causa.

Es conocida por la opinión pública la “policía patriótica” que organizó el Gobierno de Mariano Rajoy para perseguir al nacionalismo catalán, por un lado, y para evitar, por otro, que la documentación de la que disponía Luis Bárcenas pudiera acabar en manos de los jueces que estaban investigando la corrupción del PP.

Menos conocida es la “justicia patriótica” que se activó en el Tribunal Supremo (TS), por un lado, y la Junta Electoral Central (JEC), por otro, para perseguir a los políticos nacionalistas que habían dirigido el procés.

La “policía patriótica” está próxima a ser enjuiciada en España. Tiempo habrá para analizar la forma en que la justicia española realiza esta tarea, aunque ya tenemos algunas indicaciones de la forma tan irregular en que se ha procedido en la fase de instrucción. Pero queda todavía recorrido hasta que se pueda emitir una valoración sobre la misma. 

Sobre la “justicia patriótica” sí parece que nos vamos aproximando al final. Entre marzo y abril de este año el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dirá la última palabra, cuando se pronuncie sobre el recurso contra la ley de amnistía. 

Pero este jueves se ha hecho pública una sentencia del TJUE que, aunque no tiene nada que ver directamente con la ley de amnistía, sí es muy expresiva de lo que ha sido la forma de proceder de la justicia española respecto del expresidente Carles Puigdemont y otros políticos nacionalistas catalanes elegidos como diputados europeos.

La sentencia ha resuelto un asunto que se remonta a marzo de 2021, cuando el Parlamento Europeo accedió a la petición del Tribunal Supremo de España de levantar la inmunidad parlamentaria de Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí, con la finalidad de que pudieran ser extraditados a España y procesados por el TS. 

La concesión del suplicatorio por parte del Parlamento Europeo fue recurrida al Tribunal General de Justicia de la Unión Europea (TGUE), que desestimó el recurso, al entender que la decisión del Parlamento era correcta y que no se había vulnerado con ella ningún derecho de los parlamentarios catalanes. 

Contra dicha decisión del TGUE se interpuso recurso de amparo ante el TJUE, que ha sido resuelto favorablemente, al entender el máximo órgano judicial de la Unión Europea que el Parlamento Europeo había vulnerado el derecho a un juez imparcial en la tramitación del suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo español, vulneración que había sido replicada por el TGUE, razón por la cual tenían que ser anulados tanto el acto parlamentario como el judicial. 

Es importante subrayar el sentido y alcance que el TJUE atribuye al derecho a un juez imparcial, que en este caso se extiende al acto parlamentario de otorgamiento del suplicatorio. La instrucción parlamentaria del suplicatorio para la suspensión de la inmunidad de Puigdemont, Comín y Ponsatí se encomendó al parlamentario Angel Dzhambazki, que pertenece al grupo político del que formaba parte Vox. El Parlamento entendió que dicha pertenencia no afectaba a la imparcialidad en la instrucción del suplicatorio, opinión que fue compartida por el TGUE. 

El TJUE, por el contrario, considera que “en aras de la coherencia” el derecho a un juez imparcial exige que “el Parlamento también debe excluir a un ponente que sea miembro del grupo político al que pertenecen diversos diputados del partido político que ha promovido el proceso penal contra el diputado cuya inmunidad se examina”, pues un ponente con esa connotación “no ofrece garantías suficientes para excluir toda duda legítima del diputado objeto de dicho suplicatorio en cuanto a un posible prejuicio hacia él y, por lo tanto, no puede ser considerado imparcial”.

(¿Puede haber alguna duda con esta doctrina sobre la imparcialidad de la vulneración del derecho del exfiscal general del Estado a un juez imparcial? También habrá momento para volver sobre este asunto. Sigamos).

El reproche del TJUE al Parlamento se reproduce, pero con más intensidad, respecto del TGUE, ya que no solamente se le echa en cara “incurrir en el error” de considerar que la designación de un ponente del mismo grupo político que Vox “era irrelevante a la hora de apreciar la imparcialidad de dicho ponente”, sino que, además, desconoce que este eurodiputado búlgaro organizó un evento en marzo de 2019 con la intervención del secretario general de Vox con el tema 'Catalunya es España'. “La organización del evento, dice la sentencia, era indicativa no solo de un apoyo a las ideas políticas de dicho partido sobre la situación en Catalunya, sino de una posición favorable al procesamiento de los diputados”.  

La sentencia no tiene efectos jurídicos para Carles Puigdemont, ya que la concesión del suplicatorio tuvo lugar en la legislatura anterior. Al no ser parlamentario en esta, la decisión no tiene ningún efecto práctico respecto de él, ya que, como he explicado varias veces, las legislaturas no son vasos comunicantes, sino compartimentos estancos.

Ello no quiere decir que no tenga efecto alguno, ya que la opinión del TJUE le permite al expresidente esperar la sentencia sobre la ley de amnistía con mucha más confianza. 

En mi opinión, le podría permitir dirigirse al Tribunal Constitucional para que revisara su decisión sobre las medidas cautelares denegadas respecto de la orden de detención en España dictada contra él por el TS. Con esta sentencia, el voto particular de Ramón Sáez Valcárcel se ve enormemente fortalecido frente a la opinión mayoritaria de sus colegas.

Pero, sobre todo, la sentencia sí tiene efectos para Toni Comín, que sí ha sido elegido parlamentario para esta legislatura, pero que se encuentra en una situación esperpéntica, ya que se le reconoce que fue elegido por los ciudadanos, pero no fue reconocido como tal por la Junta Electoral Central (JEC). Al no ser incluido en la lista de eurodiputados elaborada por la JEC, a Toni Comín se le reconoce la titularidad, pero no el ejercicio de la condición de diputado. Esta situación delirante ha sido avalada por el TGUE, pero está pendiente la resolución del recurso por el TJUE, que presumiblemente atenderá la reclamación a tenor de la fundamentación jurídica de la sentencia conocida este jueves.

La sentencia del TJUE viene a reiterar la posición que han tenido todos los órganos judiciales europeos que han tenido que pronunciarse sobre las decisiones de la justicia española, tanto las unipersonales del juez instructor, Pablo Llarena, como las colegiadas de la Sala Segunda. 

Cuando se conozca la sentencia del TJUE sobre la ley de amnistía, habrá que hacer una exposición de conjunto sobre el naufragio de la “justicia patriótica” en las playas de la justicia europea. En la playa belga, en la alemana, en la italiana, en la escocesa, en la suiza además de en la playa del TJUE.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha anulado este jueves la decisión de la Eurocámara de suspender la inmunidad de los entonces diputados Carles Puigdemont, Tonio Comín y Clara Ponsatí en 2021. La sentencia considera que la designación del ponente que redactó el informe para el Parlamento, un diputado de extrema derecha que había compartido un acto junto a Vox favorable a la detención y enjuiciamiento de los independentistas, fue “contraria a la exigencia de imparcialidad”, por lo que debió considerarse nulo.

La sentencia no tiene efectos directos sobre ninguna de las causas abiertas por los independentistas, más allá de la defensa de su caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sin embargo, tanto Puigdemont como Ponsatí han dejado de ser miembros de la cámara, mientras que Comín sigue manteniendo una batalla por ser reconocido como diputado.

La Justicia europea se ha pronunciado concretamente sobre el recurso que interpusieron Puigdemont, Antoni Comín y Clara Ponsatí contra la decisión de la Eurocámara de retirarles la protección parlamentaria en 2021, después de que el Tribunal Supremo solicitase el suplicatorio para poderles juzgar en España por la causa del 'procés'.

No obstante, el abogado general de la Unión Europea recomendó al tribunal el sobreseimiento de la causa al menos para Puigdemont y Ponsatí, porque al no haberse presentado a las elecciones europeas de 2024 “ya no tienen interés en ejercitar la acción”.

En cambio, sí consideraba el abogado, Maciej Szpunar, que el caso “sigue teniendo interés” para Comín, quien se presentó a esos comicios y obtuvo los votos necesarios para revalidar su escaño, aunque hoy en día no lo ocupa porque no acudió a Madrid a acatar la Constitución, por riesgo a ser detenido.

Con todo, el abogado consideró que el TJUE debe desestimar el recurso. En primer lugar, señaló que la Eurocámara no violó los derechos de Puigdemont, Comín y Ponsatí a que su caso se tratara de forma imparcial y equitativa cuando decidió unificar los tres suplicatorios en un único ponente, perteneciente al mismo grupo político que Ciudadanos y VOX, partido que se ha personado en la causa del '1-O'. Tampoco los violó, según Szpunar, al considerar que el suplicatorio que solicitó el Supremo no ponía en riesgo la independencia de la Eurocámara.

El TJUE también se espera que emita este año su sentencia sobre la ley de amnistía, un fallo para el que todavía no hay fecha y que determinará la posible vuelta a España de Puigdemont. Aunque el regreso del líder de Junts dependerá, en gran medida, de la sentencia que debe dictar el Constitucional respecto a si el Supremo debió haber amnistiado el delito de malversación.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sentenciado que las compañías aéreas deben reembolsar la comisión de un intermediario tras la cancelación de un billete de avión. Aunque ya había jurisprudencia europea sobre la devolución del coste de los billetes, ahora el alto tribunal de la UE aclara que no es necesario que la compañía aérea conozca el importe exacto de la comisión de intermediación para dejar de estar obligado a su reembolso, ya que de lo contrario, se debilitaría la protección de los pasajeros y se reduciría el atractivo de recurrir a los servicios de un intermediario.

Los magistrados argumentan que cuando la compañía aérea acepta que el intermediario emita y expida billetes de avión en nombre y por cuenta de dicha compañía, se supone que conoce necesariamente la práctica comercial del intermediario de cobrar una comisión de intermediación. De esta manera, dicho cobro es un elemento “inevitable” del precio del billete de avión y debe considerarse autorizado por la compañía aérea.

Este caso se inició cuando varios viajeros compraron en el portal de reservas de la agencia de viajes Opodo billetes de avión para un vuelo de ida y vuelta de la compañía aérea KLM entre Viena (Austria) y Lima (Perú). Tras cancelarse los vuelos, KLM les reembolsó el importe que habían pagado, una vez deducidos aproximadamente 95 euros que Opodo les había facturado como comisión de intermediación.

Los pasajeros afectados cedieron sus posibles derechos de reembolso a una asociación de protección de los consumidores. Dicha asociación alegó, ante los tribunales austriacos, que el reembolso del coste de los billetes de avión por la compañía aérea en cuestión debía incluir la comisión de intermediación facturada a los pasajeros, como en este caso, por una agencia de viajes que actúa en calidad de intermediaria de la misma compañía aérea.

KLM, por el contrario, sostuvo que no está obligada a reembolsar la comisión de intermediación impugnada, puesto que ignoraba su cobro y más aún su importe.

El Tribunal Supremo de lo Civil y Penal austríaco remitió la consulta al Tribunal de Justicia de la UE, ya que el conocimiento o desconocimiento de la comisión por parte del transportista aéreo podría dar lugar a diferentes interpretaciones.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha señalado este martes en un caso que afecta a Polonia y a dos ciudadanos casados en Alemania que los Estados miembros de la UE están obligados a reconocer el matrimonio homosexual celebrado en otro país comunitario, aunque no acepten los enlaces gais en su legislación interna.

La negativa, según el fallo de la corte con sede en Luxemburgo, viola “la libertad de circulación y de residencia” y “vulnera el derecho al respeto de la vida privada y familiar”, indicó el TJUE en una nota de prensa.

El caso se refiere a dos ciudadanos polacos —uno también con nacionalidad germana— casados en Berlín en 2018 que solicitaron la transcripción de su certificado de matrimonio en el Registro Civil polaco para que su matrimonio fuera reconocido en Polonia.

Las autoridades competentes denegaron la solicitud basándose en que el Derecho polaco no autoriza el matrimonio entre personas del mismo sexo.

El caso llegó al Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo polaco y este trasladó al TJUE una cuestión prejudicial para interpretar la normativa europea.

La corte comunitaria consideró en su respuesta que “denegar el reconocimiento del matrimonio contraído legalmente por dos ciudadanos de la Unión en otro Estado miembro, en el que estos han ejercido su libertad de circulación y de residencia, es contrario al Derecho de la Unión, ya que viola dicha libertad y vulnera el derecho al respeto de la vida privada y familiar”.

Los Estados miembros “están obligados a reconocer, a efectos del ejercicio de los derechos que el Derecho de la Unión confiere, el estatuto marital adquirido legalmente en otro Estado miembro”, agrega el TJUE.

La corte precisa, no obstante, que esto no supone que sea obligatorio introducir el matrimonio entre personas del mismo sexo en el Derecho interno. Pero cuando un Estado miembro opta por establecer un único medio para el reconocimiento de los matrimonios contraídos en otro Estado miembro, como la transcripción del certificado de matrimonio en el Registro Civil, debe aplicar dicho medio también a los matrimonios entre personas del mismo sexo.

“Los cónyuges de que se trata, en su condición de ciudadanos de la Unión, tienen la libertad de circular y residir en el territorio de los Estados miembros y el derecho a llevar una vida familiar normal tanto cuando ejerzan dicha libertad como cuando regresen a su Estado miembro de origen”, argumenta el tribunal.

Negarse a ello puede provocar “graves inconvenientes administrativos, profesionales y privados, obligando a los cónyuges a vivir como solteros en el Estado miembro del que son originarios”, matizó el TJUE, que considera que ese rechazo “no solo viola la libertad de circulación y de residencia, sino que también vulnera el derecho fundamental al respeto de la vida privada y familiar”

La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE del 11 de noviembre de 2025 marca un antes y un después en la Europa social. Luxemburgo avala la Directiva de salarios mínimos y, al hacerlo, confirma que la Unión puede fijar estándares reales de protección cuando están en juego derechos laborales básicos. El salario digno deja así de ser un ideal político para convertirse en un derecho exigible. La impugnación de Dinamarca y Suecia fracasa: los Estados conservan libertad para fijar su modelo, pero ya no pueden eludir la obligación de asegurar salarios que permitan vivir, no sobrevivir.

El Tribunal subraya que la Directiva se apoya en el art. 153.1.b) del TFUE —condiciones de trabajo— y persigue elevar la vida laboral de millones de trabajadores, reforzar la negociación colectiva y reducir la desigualdad. Y fija tres pilares: adecuación del salario mínimo, fortalecimiento de la negociación y acceso efectivo a la protección salarial. Todo ello sitúa la dignidad retributiva en el corazón del proyecto europeo.

Pero la sentencia aporta algo más profundo: recurre de forma reiterada a la Carta Social Europea como referencia jurídica central. Esa insistencia no es retórica. Significa que sus estándares forman ya parte del armazón normativo de la Unión. La integración de la Carta —y, por tanto, del criterio del 60% del salario medio formulado por el Comité Europeo de Derechos Sociales— refuerza su carácter operativo en la evaluación de la suficiencia salarial. Para España, que ha ratificado la Carta y el Protocolo de Reclamaciones Colectivas, este estándar no es una orientación: es una obligación coherente con nuestros compromisos internacionales.

El TJUE anula únicamente la parte de la Directiva que pretendía imponer criterios cerrados a los Estados y la cláusula que impedía revisar el salario mínimo a la baja cuando existían sistemas de indexación automática. Pero devuelve a cada país la responsabilidad de definir su método. En España, ese marco ya existe: el art. 27 del Estatuto de los Trabajadores exige fijar el SMI consultando a sindicatos y patronal y atendiendo a la productividad, el IPC, la participación del trabajo en la renta y la situación económica.

El pronunciamiento recuerda, además, que la negociación colectiva debe ocupar un papel central, y que, pese a la elevada cobertura española, no cabe complacencia. Los Estados deben dotarse de medios efectivos para promover una negociación colectiva real y dinámica, porque es a través de ella como se impulsan salarios que no solo garantizan la dignidad de las personas trabajadoras, sino que también activan el mercado interior y fortalecen la cohesión económica europea. El próximo Real Decreto del SMI debe asumir esta lectura avanzada de la Carta Social Europea, fijar el 60% del salario medio como referencia real de suficiencia y establecer límites estrictos a la compensación y absorción, que hoy congelan miles de salarios y erosionan el poder adquisitivo.

La resolución consagra un principio inequívoco: ningún trabajador debe ser pobre mientras trabaja. Con esta sentencia, la Carta Social Europea se integra plenamente en el cuerpo de derechos sociales de la Unión y refuerza la posición de quienes defendemos su vigencia y su carácter vinculante. Pero este avance también debe responder a un desafío urgente: ofrecer a los jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo un horizonte de seguridad y dignidad. Urge dignificar sus salarios —y esto empieza por un SMI suficiente— porque si queremos que nuestros jóvenes vuelvan a creer en nuestra sociedad necesitamos darles la posibilidad real de construir un proyecto vital. Ese proyecto comienza por un salario que permita vivir y continuar, más adelante, por garantizarles acceso a una vivienda digna, aunque ese debate merezca capítulo propio.

Europa avanza cuando el trabajo se retribuye con justicia. Y hoy, con más fuerza que nunca, el salario digno ya no es solo un horizonte: es un mandato jurídico ineludible.

Esta semana hemos conocido el informe del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que avala la conformidad de la Ley de Amnistía con el Derecho de la Unión Europea, en el que refuta los argumentos de los distintos órganos que recabaron la opinión del Tribunal. De confirmarse esta posición en la sentencia, como es previsible, estaríamos ante el fin de un episodio que ha marcado toda la legislatura. 

Recordemos cómo la amnistía acordada entre el Partido Socialista y Junts para la investidura de Pedro Sánchez provocó la rebelión de las togas, con un episodio inédito en este país, miembros de la judicatura española concentrándose en contra de un texto que no conocían. Luego vino la negativa del Senado a aplicar el trámite de urgencia, previa reforma del REglamento de la Cámara, para dilatar lo máximo posible su aplicación. Aún así, la ley se aprobó y ha sido aplicada a centenares de personas y fue ademas declarada constitucional por el Tribunal Constitucional. 

Cuando quedan por resolver algunas cuestiones de inconstitucionalidad y varios recursos de amparo atinentes además a los líderes del procés, se plantearon varios recursos ante el TJUE que, de resolver como es previsible, de manera acorde a la opinión del abogado general, supondrá el fin a un episodio que ha marcado toda la legislatura. Veremos si ello supone la vuelta de Junts a la mayoría de la investidura. 

Toda amnistía plantea un dilema entre la búsqueda de justicia y la necesidad de reconciliación. Esta máxima, que se repite desde la antigua Grecia, es la que encabeza el dictamen del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) Dean Spielmann sobre la ley de amnistía al procés. Sus conclusiones se sitúan en una línea favorable a las tesis del Gobierno: la norma se aprobó en un contexto de “reconciliación política y social” y no es una “autoamnistía” de los independentistas a cambio de la investidura de Pedro Sánchez.

Tanto en el fondo como en la forma, las conclusiones del abogado general son contrarias a las posiciones mantenidas por el Tribunal Supremo y los demás tribunales españoles refractarios a la ley. También suponen una respuesta contundente a la consideración de “autoamnistía” que alegó el abogado de la Comisión Europea, en una inusual crítica política a la norma en el seno de un procedimiento de cuestión prejudicial ante el TJUE.

Aunque el Gobierno y los independentistas han cantado victoria, cabe remarcar que las conclusiones de este jueves del abogado general del TJUE no son la sentencia del caso, que se emitirá en invierno. Es cierto que los magistrados de Luxemburgo suelen seguir las opiniones del abogado general, pero en casos sensibles e inéditos también son especialistas en dar giros de guion. Sirvan de ejemplo causas enviadas desde España como las cláusulas hipotecarias abusivas o la de derecho al olvido de Google, en las que los magistrados enmendaron a su abogado general. 

El propio abogado general Spielmann admite en su dictamen que tiene que argumentar sobre una “cuestión inédita y de primera importancia”: hasta dónde puede llegar el TJUE en el control sobre una ley de amnistía aprobada por un estado miembro. Los detractores de la amnistía que soñaban con un desguace de la ley por parte de los magistrados de Luxemburgo no pueden estar satisfechos con las conclusiones del abogado general.

Salvo volantazo, de seguir las conclusiones de su abogado general, el TJUE se situaría en una posición de prudencia y de no injerencia en los grandes aspectos de la amnistía. Así, el abogado general hace mucho hincapié en que no se trata de que Luxemburgo se adentre a valorar el “alcance material o temporal” de la norma, esto es, si la ley precisa lo suficiente sus beneficiarios o sus años de aplicación, sino en si alguno de sus artículos incluye “actos constitutivos de graves violaciones de derechos humanos”.

La respuesta a este extremo también es negativa. Lo hace en uno de los aspectos de la norma que más preocupaba a los independentistas, el relativo a la causa por terrorismo de los CDR en la Audiencia Nacional, uno de los cuatro tribunales que ha planteado cuestiones prejudiciales ante el TJUE sobre la amnistía. El límite fijado en la ley, consistente en no amnistiar únicamente los actos terroristas que supongan violaciones graves de derechos humanos (lo que no es el caso de los CDR), es correcto y compatible con la normativa europea e internacional.

A criterio del abogado general, la ley solo es contraria al derecho europeo en dos aspectos menores y ya superados: los dos plazos que la ley daba en junio de 2024 a los jueces para decidir si la aplicaban y la obligación de retirar las cautelares.

Pero en sus aspectos nucleares, la norma no presenta inconvenientes, en opinión de Spielmann. Además de no ser contraria a los intereses financieros de la UE y a la normativa antiterrorista, el abogado general también remarca que la norma no vulnera los principios generales de seguridad jurídica, confianza mutua, igualdad ante la ley y primacía del derecho de la UE consagrados en los tratados comunitarios. 

Lo contrario había mantenido el Tribunal Supremo. La Sala de lo Penal realizó varias manifestaciones sobre la norma y su encaje en el derecho europeo, aunque optó no por enviarla al TJUE, sino por realizar una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

Entre sonoras alusiones a los independentistas como “golpistas”, los magistrados de la máxima instancia judicial española dejaron caer que la vulneración que, a su juicio, suponía la norma al principio de seguridad jurídica o a la igualdad ante la ley no eran “ajenas” al Derecho de la Unión Europea.

En cambio, el abogado general insiste en que los principios de seguridad jurídica y confianza mutua “no se oponen” a la ley. Es más, cree que ese debate debe quedar fuera del TJUE, que solo ha de analizar si la norma incluye graves vulneraciones de derechos humanos, algo que no ocurre con la amnistía.

“Aunque la amnistía presenta un ámbito de aplicación material y temporal amplio, se inscribe en una lógica interna que le confiere una coherencia propia”, resuelve el abogado general, que también da la razón al Gobierno español al señalar que la norma “identifica con precisión” los hechos amnistiados, abarca “un periodo determinado” y guarda “relación directa” con el objetivo de “normalización institucional y reconciliación social”.

Esta tesis del abogado general también choca con lo planteado por el letrado de la Comisión Europea en el pleito por la amnistía, Carlos Urraca, y varias resoluciones del Supremo contrarias a la norma. 

En un ejemplo de puño de hierro con guante de seda, el abogado general considera “oportuno tocar la cuestión de la autoamnistía” que sacó a colación Urraca durante la vista celebrada el pasado mes de julio. “Aunque no sea objeto de una problemática específica en la petición de decisión prejudicial”, apostilla Spielmann en velada referencia a la crítica política desplegada por el letrado de la Comisión.

“No parece que la ley de amnistía responda efectivamente a un objetivo de interés general dado que es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España”, proclamó Urraca. “Nada permite calificar a la ley de amnistía como autoamnistía”, replica el abogado general de la UE, que también descarta que sustraiga de funciones al poder judicial y que exista “un vínculo directo entre el ejercicio del poder político y el beneficio de la medida”.

La palabra “vínculo” también apareció en uno de los autos del Supremo contrarios a la norma, pero en un sentido opuesto al del abogado general del TJUE. La Sala de lo Penal consideró que había un “vínculo inseparable” entre la aprobación de la ley de amnistía y la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que además había sido “proclamado con orgullo” por los partidos favorables a la norma.

La conclusión del abogado general es cristalina: “La ley no pretende proteger a un régimen político o a sus representantes frente a posibles situaciones judiciales, sino dar respuesta a una situación excepcional con un objetivo declarado de normalización institucional y reconciliación”.

La futura sentencia y sus efectos

Las futuras sentencias del TJUE sobre la amnistía desplegarán efectos en los cuatro tribunales españoles que elevaron sus cuestiones prejudiciales: la Audiencia Nacional en el caso de los CDR; el Tribunal de Cuentas en la causa por los gastos del procés; el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en el caso de los colaboradores de Junqueras y el 1-O; y un juzgado penal de Vilanova y la Geltrú (Barcelona) en un juicio por desobediencia. 

Las fuentes jurídicas consultadas apuntan a que, si la sentencia sigue la opinión del abogado general, estas causas deberán archivarse con celeridad, ya que los planteamientos de Spielmann no dan margen de maniobra para otra interpretación que no sea la aplicación de la amnistía. 

Otra cosa es lo que ocurra en el Supremo y si el Alto Tribunal, una vez el Constitucional emita su sentencia sobre la amnistía a Puigdemont a principios del año que viene, quiere retrasar la aplicación de la norma con una cuestión prejudicial al TJUE.

Para ello el Supremo tendría que argumentar que una nueva cuestión prejudicial después de la sentencia del TJUE no aborda aspectos ya respondidos por Luxemburgo. La normativa del TJUE impide emitir una nueva sentencia respecto a aquello que ya se ha aclarado (como podría ser el caso de la malversación y la afectación de la norma a los principios de seguridad jurídica, que aborda el abogado general en su dictamen).

Además, un aval total del TJUE a la amnistía restaría posibilidades de éxito a una eventual nueva petición de extradición de Puigdemont, cuyos anteriores intentos se han saldado con sonoros fracasos del Supremo. Uno de los motivos que la directiva europea sitúa como motivo para denegar una extradición es que el hecho delictivo haya sido amnistiado. Así lo recuerda también el abogado general este jueves.

El dictamen de Spielmann recuerda que Aristóteles dejó escrito en La Constitución de los atenienses que la amnistía de Atenas a la Tiranía de los Treinta en el año 403 a.C. ya incluía la “voluntad explícita de reconciliación política”. Lo mismo ocurre más de 2000 años después en otra orilla del Mediterráneo.

Aval del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a los aspectos nucleares de la ley de amnistía. El abogado general ha concluido que la norma “no se opone” a la normativa europea de lucha contra el terrorismo ni a la protección de los intereses financieros de la Unión. Se trata de los dos elementos centrales, relativos a la malversación y el terrorismo, que sí cuestionaban los tribunales españoles contrarios a la norma. El TJUE emitirá la sentencia del caso en los próximos meses.

Más allá de consideraciones jurídicas, el texto del abogado general del TJUE replica con contundencia las críticas políticas a la norma lanzadas por el abogado de la Comisión Europea (que se alineó con las posiciones del PP). El abogado general niega que la ley sea una “autoamnistía”, avala toda su tramitación y la enmarca en el objetivo “de normalización institucional y reconciliación”, tal y como defiende el Gobierno.

El letrado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea tan solo cuestiona dos aspectos menores y, en parte, ya superados de la norma, como la obligación a los jueces de resolver en dos meses su aplicación (la norma se publicó en el BOE el año pasado y este plazo ya se ha cumplido) y retirar toda medida cautelar.

Además de la ofensiva del Tribunal Supremo contra la ley al negarse a aplicar la amnistía a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de exconsellers, cuatro instancias nacionales enviaron al TJUE cuestiones prejudiciales antes de decidir sobre la norma.

Las cuestiones prejudiciales más relevantes fueron las enviadas a Luxemburgo por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional en los casos sobre los gastos del 1-O y los CDR acusados de terrorismo. Estos tribunales consideran que la norma pone en riesgo los intereses financieros de la UE y vulnera a la directiva europea de lucha contra el terrorismo, extremo que este jueves ha desmentido de forma rotunda el abogado general del TJUE Dean Spielmann en sus conclusiones.

Tras despejar de forma clara las dudas jurídicas sobre la norma, el letrado general también replica a las inusuales críticas políticas contra la norma que realizó el abogado de la Comisión Europea, Carlos Urraca, en la vista del pasado mes de julio. El abogado de la Comisión cuestionó la amnistía “a cambio” de la investidura y la llegó a tildar de “autoamnistía”.

La respuesta del abogado general es clara. “Nada permite calificar la ley de autoamnistía”, zanja Spielmann en su texto. El abogado general agrega que la norma se aprobó en el Congreso fruto de un procedimiento “regular” y “tramitado en el seno de un sistema democrático pluralista”, y no como resultado “de un acto unilateral impuesto por un poder autoritario”.

El abogado general también niega que la amnistía suponga arrogarse las funciones del Poder Judicial. “Su aplicación no se sustrae al control judicial”, remarca el texto de Spielmann, que remarca que la norma está bien acotada en cuanto a hechos y plazo temporal: “Se aplica a un conjunto determinado de actos, circunscritos en el tiempo y vinculados a un período de tensión política, sin consideración de la condición pública o privada de las personas interesadas”.

La norma, insiste el abogado general en una larga argumentación, “no pretende proteger a un régimen político o a sus representantes frente a posibles actuaciones judiciales”. Todo lo contrario, se trata “una respuesta a una situación excepcional con un objetivo declarado de normalización institucional y reconciliación”.

En suma, a falta de la sentencia del TJUE, el abogado general se alinea con las tesis del Gobierno, que en la vista de Luxemburgo defendieron la Fiscalía y la Abogacía del Estado, y realiza una réplica de profundidad a las críticas políticas a la norma realizadas por la Comisión Europea y varios tribunales españoles.

Reacciones políticas

Pese a no tratarse de la sentencia del caso, las reacciones políticas se han sucedido este jueves. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha valorado positivamente la decisión y ha pedido que se aplique “con celeridad y sin subterfugios” una ley que considera que es buena para Catalunya y España: “Siempre confiamos que sería así”. Por su parte, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha tildado de “victoria rotunda” la resolución del abogado general del TJUE.

Por su lado, el independentismo ha confiado en que la futura resolución del TJUE siga los pasos de la opinión del abogado general. El expresident Carles Puigdemont ha valorado que el dictamen “deja en evidencia la indecente estrategia de dilación y manipulación para bloquear la aplicación de la ley de amnistía”, y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha celebrado que el letrado “avale las tesis que ERC ha defendido siempre”, al tiempo que ha criticado la intención “manifiesta” del Supremo de no aplicar la norma.

En cambio, el PP se ha agarrado a los cuestionamientos menores de la norma que hace Spielmann. Obviando que el abogado avala el grueso de la norma, la líder del PP en la Eurocámara, Dolors Montserrat, ha arremetido de nuevo contra la ley.

A la espera de sentencia

El abogado general de la UE es una figura del TJUE que proporciona a los magistrados opiniones jurídicas sobre los casos tras estudiarlos a fondo. Las conclusiones del abogado general no son vinculantes, pero guían al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en la redacción de la sentencia, que todavía no tiene fecha.

A nivel jurídico, la Comisión se situó en un punto intermedio entre partidarios y detractores de la ley: la avaló a grandes rasgos pero rechazó algunos de sus aspectos y, en otros, pidió dejarlos en manos de los jueces españoles (extremo que quieren evitar los independentistas). Las conclusiones del abogado general van en la línea de las expectativas independentistas y no dan margen de maniobra a los tribunales españoles que han planteado las cuestiones prejudiciales para no aplicar la ley.

De la respuesta europea a la amnistía dependen, en buena medida, dejar ya casi en imposible cualquier nueva petición del Supremo para extraditar al expresident Carles Puigdemont así como salvar de la cárcel a los CDR acusados de terrorismo.

Uno de los aspectos clave de la futura sentencia será ver el margen de maniobra que los jueces de Luxemburgo pueden dejar a los tribunales españoles para aplicar la amnistía (y que será clave para comprobar si los magistrados en España vuelven a ignorar la ley y no la aplican en los casos más sensibles para los independentistas, como ha hecho el Supremo con Puigdemont). Para ello habrá que esperar a la sentencia del TJUE dentro de unos meses.