Ana Frank tenía trece años cuando empezó a escribir su diario en un cuaderno con tapas a cuadros que le regalaron por su cumpleaños. Escondida durante dos años de los nazis en una buhardilla de Ámsterdam, su testimonio se convirtió en uno de los legados más relevantes sobre el horror del holocausto.

Ochenta años después de su muerte en el campo de concentración de Bergen-Belsen (Alemania), su historia vuelve a marcar un precedente: la justicia europea acaba de utilizar sus manuscritos originales para fijar, por primera vez, hasta dónde llega la ley cuando una misma obra es libre en un país y sigue protegida en el de al lado, y qué ocurre cuando, a día de hoy, cualquiera puede saltarse esa restricción con un clic.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó el pasado 9 de julio una sentencia que resuelve un conflicto entre la fundación que gestiona los derechos del diario y una asociación académica que publicó gratis en internet una edición íntegra de los manuscritos originales de la joven neerlandesa.

El fallo es vinculante para los tribunales de los veintisiete países de la UE y sienta un precedente que afecta al uso de los sistemas VPN para evitar el bloqueo geográfico de contenidos en internet.

Afecta, a su vez, a bibliotecas digitales, archivos históricos, universidades y cualquier plataforma cultural que quiera publicar en abierto obras cuyo estatus legal cambia de un país a otro dentro de la propia Unión.

El mensaje que deja el TJUE es claro: se pueden publicar con libertad contenidos de dominio público por mucho que estén protegidos en algunos estados miembros, pero solo si se pone una barrera real y actualizada allí donde la obra todavía no es accesible para todos.

Un mismo texto, dos leyes distintas

El diario tal y como lo conocemos —el que publicó en 1947 el padre de Ana, Otto Frank, único superviviente de la familia— es de dominio público en toda la UE como en los Países Bajos desde 2016.

Pero existe otra versión, más completa, con fragmentos que el padre decidió no publicar en su día y que salieron a la luz en una edición de 1986. Esos fragmentos, según la ley holandesa, no estarán liberados hasta dentro de más de una década.

En 2021, una asociación dedicada a la difusión de textos históricos, junto con la Real Academia Neerlandesa de Ciencias y la Fundación Ana Frank (que gestiona el museo instalado en la casa donde se escondió), colgó en una web una edición completa de los manuscritos originales, accesible gratis desde Bélgica y otros dieciocho países donde ya no hay restricciones. Para no infringir la ley en Holanda, la web bloqueó el acceso para quienes se conectaran desde ese país.

El problema es que ese bloqueo geográfico tiene un agujero conocido por cualquiera con mínimos conocimientos de internet: basta con una VPN, una herramienta que camufla la ubicación real de la conexión, para hacer creer a la web que uno se conecta desde Bélgica cuando en realidad está en Ámsterdam.

El Anne Frank Fonds, la fundación creada por Otto Frank en 1963 y que administra los derechos del diario, entendió que ese resquicio invalidaba el bloqueo: si cualquier neerlandés podía saltárselo con una aplicación gratuita, argumentaron, la obra se estaba poniendo a disposición del público holandés sin permiso.

Los tribunales de primera instancia y de apelación en los Países Bajos le dieron la espalda al Fondo Ana Frank, y el caso acabó en el Tribunal Supremo neerlandés, que antes de resolver decidió trasladar la duda a la justicia europea.

La cuestión de fondo era hasta qué punto el hecho de que una web ponga barreras técnicas para que no se acceda a un contenido desde cierto país es suficiente para no infringir los derechos de autor si esas barreras se pueden esquivar fácilmente con una VPN.

La opinión del TJUE es que siempre que una web instale un sistema que identifica desde donde se conecta cada usuario y le impide el paso si proviene de un país en el que el contenido está protegido, esa página ha delimitado con claridad su público objetivo por mucho que se pueda esquivar con una VPN.

La sentencia llega en un momento en que el uso de VPN se ha normalizado entre el público general, ya sea para acceder a catálogos de streaming de otros países, esquivar restricciones geográficas en videojuegos o, simplemente, por motivos de privacidad.

Hasta la fecha no existía un pronunciamiento del TJUE que aclarase qué validez legal tiene un bloqueo geográfico en internet cuando se sabe, de antemano, que hay formas sencillas de sortearlo.

¿Qué se considera un bloqueo “eficaz”?

La sentencia introduce un matiz importante sobre los bloqueos por países: no hace falta un sistema perfecto e infranqueable. Basta con que la medida esté, apuntan los jueces europeos, “en la vanguardia de la tecnología” del momento y sea razonablemente disuasoria.

No vale, sin embargo, cualquier cosa. Un simple texto que pregunte el país de origen de quién se conecta y confíe en la palabra del usuario no es suficiente ni cuenta como una barrera real, porque depende solo de la buena fe de quien está al otro lado de la pantalla.

En cambio, un sistema que verifique de forma automática la ubicación de la conexión y bloquee activamente el acceso desde los territorios protegidos sí puede considerarse suficiente, por mucho que se pueda burlar con una VPN.

En el caso concreto del diario de Ana Frank, el propio tribunal concluye que el sistema empleado —una combinación de geolocalización por IP y una pantalla en la que el usuario declara su país— cumplía con ese estándar.

¿Y si alguien usa una VPN para colarse? ¿De quién es la culpa?

El Supremo neerlandés también preguntó qué pasaría si, en algún caso, se considerara que el bloqueo no era suficiente: ¿a quién habría que reclamar responsabilidades, al que publicó el contenido o a la empresa que ofrece el servicio de VPN?

El TJUE no deja lugar a dudas: la responsabilidad, si la hay, recae sobre quien publicó la obra, nunca sobre el proveedor de VPN.

Estas herramientas, recuerda el tribunal, son de uso lícito y habitual en internet —muchas personas las usan simplemente para proteger su privacidad al navegar— y quien las ofrece no está facilitando de forma directa el acceso no autorizado a ninguna obra concreta.

La Generalitat ha remitido un escrito al Tribunal de Cuentas en el que reclama la aplicación de la Ley de Amnistía y el levantamiento de las medidas cautelares en las causas todavía abiertas por el 1-O y por la acción exterior impulsada durante el 'procés'. En el documento, registrado este viernes, el Govern se presenta como entidad presuntamente perjudicada y muestra su conformidad con extinguir las responsabilidades contables ligadas al referéndum y a la proyección internacional del 'procés', al entender que, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado jueves, corresponde aplicar el olvido penal.

El Tribunal de Cuentas mantiene abierta una causa unificada sobre el uso de fondos públicos en la preparación, logística y ejecución del 1-O, así como sobre el dinero destinado entre 2011 y 2017 a promocionar internacionalmente el 'procés' a través de Diplocat y de la red de delegaciones del Govern en el exterior.

Más de 30 exaltos cargos de la Generalitat siguen a la espera de que el organismo se pronuncie, entre ellos los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas, el exvicepresidente Oriol Junqueras y varios exconsellers que formaron parte del Govern en esos años.

Pese al pronunciamiento del TJUE, el Tribunal de Cuentas no ha aplicado todavía la amnistía: ha abierto en su lugar un trámite de alegaciones para que las partes implicadas aporten la documentación sobre el origen de los fondos empleados en los gastos del 1-O.

La Generalitat ha optado por presentar su escrito antes de que se abra formalmente el trámite de audiencia a las partes perjudicadas, amparándose en el “carácter preferente y urgente” que la ley de amnistía otorga a su propia aplicación, y en que la norma obliga a resolver los procedimientos prioritarios en un plazo máximo de dos meses.

La Comisión Europea ha confirmado la recepción de la denuncia de los abogados de Carles Puigdemont para que se abra un procedimiento de infracción contra España por el supuesto incumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre la ley española de Amnistía. La institución europea ha señalado que “corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales remitentes aplicar las sentencias del Tribunal de Justicia”, negándose a hacer más comentarios sobre la denuncia de Puigdemont.

En un escueto comunicado, Bruselas apunta que “cuando se presentan denuncias se tramitan de acuerdo con el procedimiento habitual de la Comisión. Tras su recepción, las denuncias son examinadas, registradas y evaluadas antes de que se adopte una decisión. En esta fase no tenemos más comentarios que añadir”. El organismo explica que desde la recepción de la denuncia hasta la adopción de una decisión puede pasar hasta un año.

La respuesta oficial de la institución europea es parecida a la que ya dio del comisario europeo de Justicia, Michael McGrath, que dijo el pasado viernes que “ahora corresponde al tribunal remitente aplicar la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE” sobre la Ley de Amnistía. McGrath entonces recalcó que “la Comisión siempre respeta y acata las sentencias del Tribunal de Justicia, y por tanto tomamos nota detenidamente de todas las resoluciones del Tribunal, incluida la relativa a la ley de amnistía española. Ahora corresponde al tribunal remitente aplicar la sentencia del Tribunal de Justicia. Seguiremos de cerca este asunto”.

Hace un año, la Comisión Europea puso en duda la norma española al declarar que “no parece que la ley de amnistía responda efectivamente a un objetivo de interés general reconocido por la Unión” en su respuesta a las prejudiciales que mandó al TJUE a instancias del Tribunal de Cuentas.

Denuncia de Puigdemont

Puigdemont denunció a España ante la institución comunitaria por no cumplir la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la ley de amnistía. La denuncia, que firman también los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, acusa al Tribunal de Cuentas de un incumplimiento “manifiesto y deliberado” de la sentencia, después de que éste optase el lunes por no aplicar aún la medida de gracia y dar diez días a las partes para aportar nueva información.

El pasado 16 de julio el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) respaldó la norma española y descartó que contravenga la normativa comunitaria antiterrorista o que atente contra los intereses financieros de la Unión, tal y como consideraban dos juzgados españoles. El texto de la resolución remarca que un Estado Miembro de la UE puede aprobar una ley de amnistía “en aras de un objetivo de reconciliación nacional”, que además define como “un instrumento adecuado para apaciguar un conflicto político o social”.

La sentencia del TJUE no tiene efectos inmediatos para Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de exconsellers aún no amnistiados, que quedaron excluidos de la aplicación de la Ley de Amnistía porque el instructor del procés, Pablo Llarena, y la mayoría de la Sala del magistrado Manuel Marchena en el Tribunal Supremo determinaron que se habían enriquecido personalmente al no afrontar de su bolsillo los gastos del procés. Los políticos recurrieron esta interpretación ante el Tribunal Constitucional, que todavía tiene que dictar sentencia.

Sin embargo, la sentencia del TJUE es un espaldarazo al tribunal que preside Cándido Conde-Pumpido de cara a este último y decisivo episodio. El fallo de los jueces de Luxemburgo refrenda la interpretación que ha realizado hasta ahora el Constitucional de la norma. La resolución cita textualmente la primera sentencia del tribunal de garantías que rechazó el recurso del PP y avaló la constitucionalidad de la ley en 2025.

Carles Puigdemont ha denunciado a España ante la Comisión Europea por no cumplir la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la ley de amnistía, según ha avanzado Vilaweb y ha confirmado elDiario.es de fuentes de Junts. La denuncia, que firman también los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, acusa al Tribunal de Cuentas de un incumplimiento “manifiesto y deliberado” de la sentencia, después de que éste optase el lunes por no aplicar aún la medida de gracia y dar diez días a las partes para aportar nueva información.

Puigdemont y los exconsellers subrayan que el Tribunal de Cuentas era precisamente una de las instituciones directamente vinculadas por la sentencia del TJUE, que se dictó como respuesta a las cuestiones prejudiciales planteadas tanto por la institución de control económico como por la Audiencia Nacional.

El Tribunal de Justicia de la UE dió la semana pasada la razón a Puigdemont y a la treintena de ex altos cargos investigados por el 1-O en el Tribunal de Cuentas, al que respondió que los fondos de la UE no se habían visto afectados por el procés. Además, el TJUE remarcó como imperativo que los órganos que tengan causas previstas en la ley de amnistía “dicten una resolución de extinción de la responsabilidad sin valorar las alegaciones y las pruebas exculpatorias”.

Este mismo martes, la Fiscalía de esa instancia ha considerado “innecesario e improcedente” dar un nuevo plazo a las partes antes de aplicar la ley de amnistía tal como interpreta la sentencia. Puigdemont y los suyos creen, además, que el Tirbunal de Cuentas, al abrir un plazo de alegaciones el lunes, dictó una providenica expresamente vetada por la sentencia.

En el escrito dirigido a la Comisión Europea, al que ha tenido acceso elDiario.es, Puigdemont, Comín y Puig recuerdan además que este lunes 20 de julio han solicitado al Tribunal de Cuentas la aplicación “inmediata” de la amnistía. En la misma fecha se ha dirigido escrito al TJUE para poner en conocimiento los hechos denunciados.

La reclamación que los políticos formulan es que se abra un procedimiento de infracción contra el Reino de España por “el incumplimiento, imputable al Tribunal de Cuentas, de la sentencia del Tribunal de Justicia”. También piden que se envíe “con carácter urgente” la carta de emplazamiento correspondiente a España, “dada la naturaleza del incumplimiento y la incidencia sobre medidas cautelares que gravan a los denunciantes en más de 9,5 millones de euros”.

En ese escrito también se recuerda que la Comisión Europea “presentó observaciones” en la causa de las cuestiones prejudiciales resuelta por el TJUE, por lo que “dispone de pleno conocimiento del litigio”.

El escrito se acompaña de la misma sentencia del TJUE y de la providencia del Tribunal de Cuentas de 20 de julio, así como de la nota de prensa del mismo tribunal hecha pública también el 20 de julio sobre la decisión en torno a la demora de la aplicación de la amnistía y del escrito dirigido al TJUE de la misma fecha.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias (TSJA) ha rechazado el reconocimiento de la condición de personal fijo a trabajadores públicos temporales, si bien ha fijado un baremo de indemnizaciones por abuso en la contratación temporal que se mueve en una horquilla entre los 1.000 y 10.000 euros en función de la duración de la relación laboral temporal abusiva.

No obstante, si la persona trabajadora acredita unos daños morales superiores se pueden llegar a indemnizar “en su integridad”, según ha confirmado el TSJA.

Las cuantías indemnizatorias

Así para relaciones laborales con una duración de hasta cinco años se establece la cuantía de 2.500 euros, que en caso de alcanzar los diez años será de 5.000 euros; de 7.500 euros cuando la duración de la relación llegue a los 15 años, y de 10.000 para las relaciones que superen el plazo de 15 años, sin perjuicio de que puedan incrementarse si se acreditan perjuicios mayores.

El alto tribunal asturiano, reunido en Pleno, ha adoptado esta decisión una vez resuelta una cuestión prejudicial sobre esta materia planteada por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo (TS) al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Recursos de suplicación

Una vez unificada la doctrina por parte del Supremo tras el fallo del TJUE, emitido el pasado mes de abril, el alto tribunal asturiano ha tenido la base suficiente para resolver los recursos de suplicación sobre empleo público temporal que se encontraban suspendidos a la espera de este pronunciamiento.

En los recursos de suplicación se planteaban dos cuestiones esencialmente: por una parte, el reconocimiento de la fijeza laboral a personal laboral temporal, y por otra el abono de una indemnización por abuso en la contratación temporal.

No reconoce la fijeza

El Tribunal Supremo exige el haber superado previamente un proceso selectivo para el acceso a un empleo fijo conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad, sin que a estos efectos sean válidos los procesos selectivos superados para empleos temporales.

Teniendo en cuenta esta doctrina, la Sala de lo Social ha resuelto no reconocer la fijeza en ninguno de los casos en que así se reclamaba, ya que en unos “no se había superado un proceso selectivo previo en las condiciones establecidas”, y en otros “se trataba de procesos de empleo temporal que, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo, no son válidos para declarar la fijeza laboral”.

Datos materiales y morales

No obstante, la Sala sí reconoce el derecho de las personas trabajadoras cuya contratación temporal se ha de calificar de abusiva a reclamar la indemnización correspondiente por abuso en la contratación temporal ya que por razones de orden procesal no podía reconocer la indemnización en los casos resueltos en los que no se había reclamado expresamente en la demanda que dio inicio a cada procedimiento.

El Tribunal Supremo permite reclamar por este abuso tanto daños materiales como daños morales, si bien precisa que los primeros han de ser acreditados expresamente por la persona trabajadora que los reclame, y para los daños morales, dada su dificultad probatoria y a falta de acreditar daños superiores por la persona trabajadora afectada, fija una “indemnización presuntiva mínima”.

Un portavoz del TSJA ha señalado que se remitirá testimonio de la sentencia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a los efectos que procedan de acuerdo, igualmente, con la doctrina del Tribunal Supremo.

Las dos sentencias del TJUE (C-523/24 y C-666/24) vienen a confirmar lo que una minoría significativa pensábamos y razonábamos: la amnistía para el procés es perfectamente constitucional, sin tacha democrática alguna. Algunos, especialmente en los sectores más montaraces de la judicatura –con toga y todo en la calle–, de la academia –algunos temerosos de las subvenciones a sus proyectos y por eventuales designaciones– y medios serviles y omniparlantes se lanzaron en tromba contra la amnistía.

Son los herederos del anatema unamuniano “venceréis, pero no convenceréis”, yendo siempre varios escalones más allá: como no convenceremos, vencer es destruir al disidente. Pero les manca fineza, tara política que los lleva de derrota en derrota secularmente: solo hiel les queda en su copa para solaz de su gaznate.

Por lo que, como prólogo, la amnistía, íntegramente pasada por el VAR de la UE –antes ya por los de la Comisión de Venecia y del Tribunal Constitucional–, es una enmienda a la totalidad a los políticos cobardes que se negaron a negociar –la ristra de desprecios arranca ya en 2012, sin olvidar la sentencia constitucional contra el nuevo Estatut– y al voluntarioso tercio de jueces –de altos jueces, todo hay decirlo– que se inventaron unas causas que, con la ley en la mano, no es que fueran discutibles, sino que eran pura superchería.

Acastilladas las fuerzas más reaccionarias, iniciaron su plan de salvar a España y así les ha quedado: el TJUE ratifica la enmienda a la totalidad de la represión gubernamental esencialmente pepera, de la que el PSOE sorprendentemente parece no saber nada, y judicial.

Enmienda a la totalidad. Ahí es nada.

¡El proceso más importante de y para la Historia de España revolcado en Europa! Ni la bruja Lola hubiera estado más desacertada con sus patrioteros pronósticos. El prestigio jurídico de la alta magistratura hispánica hecho girones por no haber dejado hacer política, donde solo había que hacer política –lo que no es siempre agradable, pero eso es lo que hay, cuando, por fortuna, no reina el pensamiento único–. Nada de porra ni mazo: política, solo política.

Primera consecuencia. No tema el lector, no voy a adentrarme en vericuetos jurídicos de alta gama. No hace falta. Las resoluciones del TJUE son meridanamente claras y claramente explicadas para quien quiera entenderlas y no demonizarlas.

En primer término, la sentencia del caso C-523/24, el de la malversación de fondos europeos –por cierto, inexistente en la sentencia del procés y luego ilegitímamente introducido en los incidentes de ejecución de sentencia burlando el sacrosanto principio de la cosa juzgada– podría llevarnos a complejas disquisiciones jurídicas, fiscales, económicas e, incluso, de consolidación de la Unión Europea.

Eso es lo que, en su cuestión prejudicial, el Tribunal de Cuentas y adláteres pretendían. Si en Catalunya gana la secesión, desaparecería su contribución a Europa y esta zozobraría, o cuando menos, tendría graves dificultades.

Nada más lejos de la realidad. El argumento capital del TJUE, perfectamente entendible para quien no tenga las neuronas contaminadas es simple tal como rezan los apartados siguientes de la resolución:

“99 En efecto, aun suponiendo que una disminución de la RNB [Renta Nacional Básica] de un Estado miembro por la secesión de una parte de su territorio pueda suponer una disminución de la contribución nacional al presupuesto de la Unión, se trataría del corolario del hecho de que el territorio en cuestión deja de estar sujeto a los Tratados y de contribuir financieramente a la aplicación de estos y no se beneficia de las medidas de apoyo contempladas en dichos Tratados. Por consiguiente, no cabe considerar que tal disminución, como tal, afecte a los intereses financieros de la Unión en el sentido del artículo 325 TFUE, apartado 1.”

Poco más que añadir. Blanco sobre negro: suma cero.

Segunda conclusión. Los plazos de dos meses para dictar la aplicación de la amnistía por los órganos nacionales tampoco vulneran la tutela judicial efectiva, puesto que la amnistía, que es, reitera el TJUE, una medida excepcional, no se rige por las normas generales procesales.

Ello comporta, una consecuencia en notorio significado. La amnistía hay que aplicarla ya, sin dilaciones. En efecto, lo estatuye con, de nuevo, meridana claridad esa misma sentencia en su punto 119:

“119 En este contexto, la obligación de los órganos jurisdiccionales nacionales de dictar una resolución de extinción de la responsabilidad sin valorar las alegaciones y las pruebas exculpatorias es consustancial al principio mismo de la amnistía. Cuando se determina que las conductas en cuestión están comprendidas en el ámbito de aplicación de la amnistía, el órgano jurisdiccional que conoce del asunto debe concluir este con una resolución de extinción de la responsabilidad sin previamente valorar esas alegaciones y pruebas. Lo mismo cabe decir de la obligación, no acompañada de sanciones, de concluir el asunto en un plazo máximo de dos meses.”

O sea que nada de estudiar si es aplicable al caso o cómo pueden algunos espabilados togados saltarse esa decisión a la torera. Parafraseando a un ya arrepentido negacionista: “Ni dilaciones, ni nada de eso”.

Y un epílogo. La respuesta carpetovetónica a cualquier propuesta institucional que venga de la periferia es la de un 'no', la de un 'no' rotundo, granítico. La realidad, gracias a que, como en Berlín, en Luxemburgo hay jueces, es que la democracia es todo lo amplia que se quiera, si se quiere.

Un ejemplo puede ser transformar el actual estado centralista, con un maquillaje autonómico, firmemente controlado por el gobierno central, en un estado ciertamente plurinacional. Ese 'no' por defecto a cualquier reforma por timorata que sea –la transferencia del IRPF o que los funcionarios centrales destinados territorialmente atiendan en la lengua oficial de la comunidad–, se ha demostrado con la validación de la amnistía que puede ser obviado sin reparos.

Seguir profundizando en la democracia nunca puede ser malo. Ni siquiera para los rezagados que reniegan de ella, a la par que la disfrutan ilimitadamente, más que los demás, con chulesca impunidad.

La validación de la amnistía va más allá de la reparación individual y colectiva –cuya alergia nos gana el corazón– y ha de llevarse a cabo impepinablemente sin tardar más. La amnistía va de más democracia y eso es en beneficio de todos, de todos sin excepción.

Joan J. Queralt es catedrático emérito de Derecho penal UB y senador electo de ERC por Barcelona

El Tribunal de Cuentas ha pedido a las partes sus alegaciones en el caso del presunto desvío de fondos para el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y la acción exterior del procés, después del aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) a la ley de amnistía.

Según ha comunicado este lunes, el órgano fiscalizador ha acordado reanudar la tramitación del procedimiento, que estaba suspendido desde que planteó ante el TJUE una cuestión prejudicial al considerar que el supuesto desvío de fondos para el proceso independentista catalán afecta a los intereses financieros comunitarios.

Fue en julio de 2024 cuando elevó su cuestión prejudicial y decidió suspender el procedimiento “hasta la resolución del incidente prejudicial”, descartando resolver hasta ese momento sobre las peticiones de aplicación de la amnistía a este caso.

Ahora, el órgano concede a las partes un plazo de diez días para que formulen las alegaciones que crean oportunas y “aporten la documentación que consideren pertinente en relación con el origen de los fondos utilizados para realizar los gastos objeto del procedimiento”, de acuerdo con la nota de prensa hecha pública.

El Tribunal de Cuentas incide en que el TJUE consideró en su sentencia que el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea no se opone a la aplicación de la ley de amnistía “cuando los actos objeto del procedimiento se refieran a fondos que no procedan del presupuesto de la Unión Europea ni estén destinados a éste”.

A ello añade que la decisión del tribunal europeo conocida la semana pasada “admite las ocho cuestiones planteadas” por el órgano español, “contestando que la ley es contraria en los aspectos que analiza al Derecho de la UE y rechaza las alegaciones de los demandados que cuestionaban” su “independencia e imparcialidad”.

En este caso abierto, el Tribunal de Cuentas tiene encausados, entre otros, a los expresidentes catalanes Carles Puigdemont y Artur Mas, y a exconsejeros de la Generalitat como Raül Romeva, Jordi Turull, Toni Comín y Lluís Puig.

Las defensas de los integrantes de los CDR con causas abiertas por terrorismo han instado a la Audiencia Nacional a aplicarles de forma inmediata la ley de amnistía, después de que el TJUE avalara la norma la semana pasada. Los abogados del colectivo Alerta Solidària han presentado este lunes cinco escritos distintos con el objetivo de desencallar la amnistía para los activistas, a quienes la Fiscalía pedía entre ocho y 27 años de cárcel.

El caso se remonta a septiembre de 2019, cuando doce personas fueron detenidas en el marco de la Operación Judas acusadas de integrar una supuesta organización terrorista paralela dentro de los CDR con el objetivo de cometer atentados con explosivos coincidiendo con el aniversario del 1-O y la sentencia del procés.

Xavi Monge, su abogado, ha reclamado la suspensión del procedimiento y que se aplique “sin más dilaciones” la norma. Desde Alerta Solidària han advertido de que cualquier retraso “solo responderá a la voluntad de escarnio contra los 12 independentistas”.

En julio del 2024 la sala de la Audiencia Nacional ya plasmó en sus escritos previos que los actos investigados no describían ningún resultado lesivo contra la vida o la integridad física de las personas, ni la existencia de víctimas o daños materiales. Pese a ello, la Audiencia Nacional planteó una cuestión prejudicial ante el TJUE para determinar si la amnistía era compatible con la acusación de terrorismo.

Más de un año después, el tribunal europeo ha resuelto que la norma es acorde con el derecho europeo y que los delitos por los que se acusa deben ser amnistiados, siempre que los actos cometidos no hayan causado de “forma intencionada graves violaciones de derechos humanos”. Las defensas sostienen que, al no darse ninguno de estos hechos, desaparece la causa que motivó la no aplicación de la ley.

Además, las defensas han hecho referencia al párrafo 119 de la sentencia del TJUE, que establece que “los tribunales nacionales deben dictar la extinción de la responsabilidad penal sin entrar a valorar alegaciones ni pruebas exculpatorias cuando los hechos quedan comprendidos en el ámbito de la amnistía, y en un plazo máximo de dos meses”. Con este argumento, piden a la Audiencia Nacional que declare extinguida la responsabilidad penal de los doce activistas y archive de manera definitiva las causas que pesan sobre ellos.

Un magistrado aún en ejercicio exhibía sin disimular lo que decía: nos han mandado a hacer puñetas. Se refería a las recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en respuesta a sendas cuestiones prejudiciales presentadas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional. La verdad es que se barruntaba pero no se esperaba un tal revolcón a la justicia española por parte –si se me permite la expresión pelotera en estos días futboleros– del VAR de la justicia europea, a la que nos incorporamos con nuestra integración en la hoy Unión Europea hace unas décadas.

Una alegoría a las puñetas de los jueces vestidos con sus batas rituales, atavíos de dignidad según la doctrina, a las que se refería mi airado compañero de otras lides. Él no se sumó, sino que se indignó con aquella muestra exuberante de la soberbia de algunos jueces creídos de que su poder es superior a los otros dos poderes, el ejecutivo y legislativo. Ni más ni menos que en algarada callejera, con toga y puñetas, los jueces mostraban su oposición a que el legislativo legislare, es decir, se situaban contra la voluntad popular expresada democráticamente en las urnas y, por ello, presente en el Congreso de los Diputados.

Una expresión de la juristocracia creciente en el Estado español, no solo por la actitud insurrecta de ciertos jueces, sino también por la creencia de que ellos son los gobernantes e interpretan la voluntad popular desde su visión integrista de España. Pero lo dicho, a la calle, con togas y a lo loco, en contra de la propia normativa vigente, además, y cabe preguntarse: ¿se sienten estos jueces bajo el imperio de la ley?

Lo cierto es que de la lectura pausada y serena de las sentencias del TJUE se desprende una soberana lección y la esperanza de que prevalece el Estado de derecho sobre el carácter aventurero de los que se creen salvadores de la patria. Ha sido demasiado tiempo de zozobra, y ello a pesar de la justicia constitucional, de anteriores pronunciamientos prejudiciales, del Consejo de Europa, de la Comisión de Venecia…

Los temores intestinos del patriotismo, en juzgados, calles y plazas, papel prensa, ondas de todo tipo, y alguna que otra casa del pueblo, han sido acallados

A pesar de los argumentos publicados de muchos jueces y magistrados, a pesar de la difusión por medios de comunicación, ríos de tinta, terremotos editoriales, vapuleo tertuliano, la justicia europea ha hablado. Solo con estas palabras de uno de los fallos se impugna el núcleo argumental de la justicia patriótica: no se opone (al Derecho europeo) una ley nacional que, para reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación, establece la extinción penal...

Desde luego que los clamores publicados, los temores intestinos del patriotismo, en juzgados, calles y plazas, papel prensa, ondas de todo tipo, y alguna que otra casa del pueblo, han sido acallados. Aunque disimulen con el arte de la ocultación.

Pero no bastará, la vergüenza judicial no es recuperable ni su reputación, dado su carácter vengativo, ya a los pocos minutos de conocidos los pronunciamientos prejudiciales, sin filtraciones, porque debe ser que los periodistas europeos no son tan despiertos, el runrún cortesano dice que los jueces no piensan cumplir o emplearán todas su artillería procesal filibustera.

De nada les valdrá el artículo 4.3 del Tratado de la Unión Europea que a ellos también obliga ni la jurisprudencia sobre la primacía del derecho europeo sobre el derecho nacional, expresada de manera contundente, por ejemplo, en la sentencia Costa-Enel, que es de julio de 1964, de la que se deriva una jurisprudencia constante, que insiste en que es condición fundamental de la existencia y funcionamiento de la UE la aplicación uniforme y regular del Derecho comunitario en todos los Estados miembros. Claro que es de cuando en España se inauguraba flamantemente el TOP con uno de los mayores registros de enjuiciamiento de políticos disidentes. De aquellos polvos... Si los jueces no piensan cumplir, procede la misma pregunta de más arriba ¿están los jueces sometidos al imperio de la ley?

No deja de resultar asombroso cómo el calendario judicial de julio, con su sol de plomo y sus tardes de modorra, se las apaña siempre para desmontar las tramoyas más solemnes de nuestra política patria. Contemplamos estos días a don Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha y autoproclamado guardián del Santo Grial de la ortodoxia constitucional, con la melancolía con la que se mira a esos hidalgos que, tras pasar años puliendo una armadura herrumbrosa, descubren que el torneo ha sido cancelado por falta de contendientes y, lo que es peor, por desinterés del público.

Durante meses, el bueno de don Emiliano ha recorrido los platós de televisión y los salones de Toledo con el gesto adusto del profeta que vislumbra el apocalipsis en cada enmienda parlamentaria. Su argumento era tan sencillo como efectista: la amnistía no era una medida de gracia para desatascar un conflicto político, sino una traición imperdonable, una bofetada a la igualdad de los españoles y, en definitiva, el fin de los días de la patria hispana. Se erigió en el único socialista con coraje para frenar la deriva sanchista, el Robin Hood de las esencias patrias que acudiría a los tribunales a desfacer el entuerto. Y, sin embargo, la realidad, que es una burócrata fría y carente de épica, le ha devuelto los papeles sin ni siquiera habérselos sellados.

Primero fue el Tribunal Constitucional, hace apenas unos días, el que despachó su recurso con la indiferencia con la que un bedel desestima una queja fuera de plazo. Pero el golpe de gracia ha llegado hoy mismo de la mano del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Desde Luxemburgo, unos señores con toga y sin especial apego a las tertulias madrileñas han dictaminado que la amnistía encaja perfectamente en las costuras del derecho comunitario. No hay drama, no hay quiebra de la civilización occidental, no hay fondos europeos en peligro. Solo hay política. Don Emiliano ha descubierto, a golpe de sentencia, que la justicia que él invocaba como escudo no comparte su visión melodramática de la existencia.

Para quienes intentamos analizar la realidad desde una óptica progresista, el caso de García-Page es el vivo retrato de una izquierda que se extravía cuando confunde rigor con punitivismo. Su error de cálculo no ha sido solo jurídico, sino fundamentalmente intelectual. Empezando por lo que se puede calificar como igualdad mal entendida, don Emiliano ha defendido una igualdad de cuartel, donde la ley solo sirve para castigar de manera uniforme, olvidando que la verdadera función del derecho en democracia es resolver los problemas de la convivencia, no cronificarlos.

Además, don Emiliano ha practicado el flirteo con el adversario, porque al adoptar el lenguaje y las tesis de la derecha más cerril, ha debido pensar que ganaba centralidad, aunque lo que ha conseguido es quedarse en tierra de nadie, y hoy es demasiado tibio para la oposición, y demasiado desleal para sus propias filas. Y como ultimo error, tenemos el de creer en el fetiche judicial, puesto que confiar la acción política exclusivamente a los tribunales es un juego peligroso. Cuando la judicatura te quita la razón de manera tan contundente, te quedas no solo sin argumentos jurídicos, sino también sin discurso político.

¿Qué le queda ahora al presidente castellanomanchego en este asunto? Le queda el regreso al palacio de Fuensalida, a la rutina de las inauguraciones de rotondas y las declaraciones de consumo interno. El problema de vestirse de salvador de la patria es que, cuando la tormenta escampa y el cielo se queda azul, el paraguas gigante que hace un momento sostenías con tanto esfuerzo se convierte en un artefacto ridículo.

La amnistía sigue su curso, Catalunya ensaya una nueva normalidad y Europa bosteza ante lo que nos dibujaron como los temores de la meseta. Don Emiliano se ha quedado sin recurso, sin el aval de Luxemburgo y, lo que es más grave para un político de su fuste, sin razón. Siempre nos quedará la duda de si, en el fondo de su corazón, no añorará aquellos días en que se creía el último baluarte de la sensatez, antes de que el TC y el TJUE le explicaran, con la paciencia que se le tiene a los niños tercos, que el mundo real funciona de otra manera.

Hay una frase que circula por los despachos de la Moncloa como un mantra de vestuario: “Hay partido y no dejaremos de correr tras el balón hasta el minuto 90”. El símil describe con precisión el estado de ánimo de un Gobierno que, en palabras de un colaborador de Pedro Sánchez, “ha ganado ya dos mundiales, está en la final del tercero, pierde por dos goles de diferencia y aun así cree que puede hacerse otra vez con el triunfo”. El PSOE, de hecho, es el único partido de la socialdemocracia europea que mantiene punto arriba o punto abajo la misma intención de voto que en 2018 y es también el único partido de gobierno que sigue en el Ejecutivo desde la misma fecha.

Lo que pase en 2027 hoy es una incógnita y en el ámbito gubernamental saben que depende sobre todo de la “cooperación virtuosa a la izquierda del PSOE”, pero en la Moncloa ya tienen preparada toda una coreografía para arrancar septiembre con una estrategia renovada con la que aspiran activar al electorado progresista. ¿Cambio de gobierno? “Puede ser una idea para dar un nuevo impulso, pero en la práctica no está nada claro”, responde alguien con quien Sánchez suele consultar estos movimientos y que tirando de analogía deportiva entiende perfectamente que “el entrenador, con el marcador en contra, decida no arriesgar con cambios ofensivos, confiar en el plan original y esperar a que el rival se desgaste antes que uno mismo”, algo que si hablamos de Alberto Núñez Feijóo es bastante frecuente.

Hasta entonces y, a pesar de los reveses judiciales de esta semana al hermano y la esposa del presidente Sánchez, celebran que la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) de Luxemburgo haya sepultado el catálogo de profecías apocalípticas de la “máquina del fango”, una sucia táctica que tiene como objetivo destruir la reputación del rival con rumores, exageraciones y mentiras hasta que la ciudadanía pierda por completo la confianza en él.

Y es en este contexto en el que desde el círculo de confianza de Sánchez defienden que hay sentencias que van más allá de lo procesal y “que pueden funcionar como un espejo”. Es el caso de la que dictó la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea el pasado jueves y no solo porque resuelve una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional, sino también porque obliga a repasar, uno a uno, los pronósticos catastrofistas que durante meses se lanzaron sincronizadamente desde la derecha política y mediática a modo de certezas absolutas: que si era el fin de la separación de poderes, que si era un golpe a la democracia, que si era la transacción que hizo posible un gobierno ilegítimo, que si rompía la igualdad de derechos… Otra vez España se rompe y otra vez la traición a la patria.

Repasemos todo lo que salió por boca del aspirante del PP a presidente de Gobierno:

O lo que también defendió con vehemencia Isabel Díaz Ayuso:

Durante los últimos dos años la amnistía ha sido también territorio de titulares apocalípticos como el de que Bruselas tumbaría la ley, que Europa certificaría el “fraude constitucional” o que el precedente abriría la puerta a la impunidad general. Todo era siempre el principio del fin de la democracia, pero cuando ha llegado el momento de la verdad judicial –y no el de los exabruptos, los titulares inflamados o los platós de televisión–, el resultado no ha sido ese.

Es aquí donde para los socialistas cobra sentido hablar de una maquinaria de desgaste que funciona con lógica propia, casi independiente del desenlace: se lanza el proyectil, se invade el ciclo informativo, se instala la sospecha, y cuando los hechos llegan, el daño reputacional ya está hecho.

Bombas sin pólvora

“Todo eso se ha quedado en la nada y la oposición ahora no sabe qué decir sobre la retahíla de bulos, exageraciones e insultos que descargó sobre Pedro Sánchez”, describe un ministro socialista. Su lectura coincide con la de un miembro del equipo del presidente, para quien la sentencia es la demostración de que “la oposición crea vacíos y ruidos infundados que el tiempo y, ahora, la justicia europea se ha encargado de que desaparezcan. Son especialistas en lanzar bombas sin pólvora”.

No en vano, el TJUE avaló la compatibilidad de la amnistía con el derecho de la Unión y descartó que vulnerase la normativa comunitaria sobre protección de intereses financieros europeos o lucha contra el terrorismo, pero además le reconoció una finalidad política legítima al entender que respondía al objetivo de “reducir tensiones” y “facilitar un escenario de reconciliación”.

Y aunque en las filas del PSOE reconocen que cuando se impulsó la ley la decisión no gustó incluso a una parte de los votantes socialistas, están seguros de que poco a poco “se ha ido viendo y valorando los resultados que ha tenido en la normalización política, institucional y social en Catalunya. Hoy el presidente de la Generalitat es un socialista y el independentismo no suma la mayoría que ostentó durante años en el Parlament”.

La relación con un Junts “impredecible”

Sin embargo, mientras en la Moncloa han recibido la sentencia como una bofetada a las apocalípticas profecías de PP y Vox y un espaldarazo al Gobierno, lo cierto es que no son capaces de anticipar cómo afectará todo ello a la relación con sus socios parlamentarios, especialmente con Junts, a quien califican de partido “impredecible”. De momento, tanto ERC como los de Puigdemont han negado que la sentencia de Europa sea el fin del conflicto.

“Los junteros esperarán a que Puigdemont regrese a Catalunya para tomar decisiones estratégicas, pese a que la tendencia natural en su partido es decrecer a costa de Aliança Catalana”, subrayan desde el equipo del presidente del Gobierno. Claro que también hay quien cree que el regreso del de Waterloo llegará no antes de que resuelva en otoño el Constitucional y que ese momento coincidirá con los presupuestos para 2027 “ya muy negociados”. Una coincidencia que más que favorecer puede complicar más que Junts se avenga al acuerdo para aprobar las cuentas públicas. “En algún momento tendrán que decidir cuál es la mejor manera de cortar esa fuga de votos hacia la ultraderecha catalana y cuál será la excusa para hacerlo si no quieren ser sepultados electoralmente”, tercia otro estratega monclovita.

Hasta entonces, Sánchez trata de capitalizar el fallo y urge a aplicar la ley “lo antes posible” mientras la oposición del PP se limita a respetar la sentencia. Siempre con la excepción, claro, de Aznar que se revolvió contra ella o la de Vox, que garantiza que derogará la norma en cuanto llegue a la Moncloa. De momento, el partido continúa.

El aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la ley de amnistía tiene, desde este jueves, efectos jurídicos. Pero no tardará en tener también impacto directo en la política, donde la vuelta de los líderes independentistas a la primera línea podría condicionar la recta final de la legislatura.

En Junts, aunque en público se muestran cautelosos, ya dan por prácticamente segura la amnistía a Carles Puigdemont. Y, en los planes que trazan, calculan que el Supremo puede tener interés en precipitarla antes de que Pedro Sánchez convoque elecciones.

Las cábalas de la formación independentista parten de una premisa: consideran que el TJUE no ha dejado al Supremo ninguna salida digna para no aplicar la ley del olvido penal. Es cierto que la sentencia leída en Luxemburgo no responde a ninguna cuestión prejudicial planteada por Manuel Marchena. Pero también lo es que algunos párrafos del fallo marcan como imperativo la obligación de los tribunales de aplicar la amnistía de forma automática, por mandato del legislativo y “sin valorar las alegaciones y las pruebas exculpatorias”.

Las formaciones independentistas saben que, por muy contundente que sea la doctrina europea, algunos tribunales competentes podrían continuar buscando subterfugios para no perdonar a los líderes del procés. Puigdemont lo expresaba este jueves con un símil futbolístico cuando decía que ese partido “no se juega en Europa sino en el Bernabéu, con los árbitros y el público escorados hacia un lado”.

Y, pese a eso, entre los dirigentes de Junts, más en Barcelona que en Waterloo, se ha impuesto la idea de que el golpe asestado por el TJUE será el definitivo y que el Supremo moverá ficha. Muy probablemente después de que este otoño el Tribunal Constitucional declare la ley pactada entre el Gobierno y el independentismo como plenamente legal.

¿Puede la amnistía suavizar a Junts en el Congreso?

Lo que también barruntan en Junts es que, una vez asumido por parte del Supremo que la amnistía no tiene marcha atrás, a los jueces puede entrarles la prisa para dejar libre a Puigdemont y que su regreso, y todas las consecuencias políticas que este puede tener, ocurran bajo el mandato del actual Gobierno. Es decir, antes de convocar elecciones. Sería un último dardo a Pedro Sánchez, que los independentistas creen que les ha tomado el relevo como bestia negra de la cúpula judicial.

Presenciar desde la Moncloa el regreso de Carles Puigdemont podría no ser el escenario preferido por Sánchez para una precampaña. Pero el Gobierno ya ha pilotado procesos igual de costosos, como la excarcelación de los líderes independentistas a través de indultos.

Pero, además, una situación así no necesariamente ha de ser mala para Sánchez. De hecho, según explican algunos de sus socios, el Gobierno ya habría hecho correr que uno de los elementos de optimismo ante los presupuestos es, precisamente, la posible vuelta de Puigdemont a Catalunya.

Según esa teoría, la aplicación definitiva de la amnistía a Puigdemont dejaría a Junts más satisfecha respecto a los acuerdos alcanzados con el PSOE o, al menos, con menos argumentos para el descontento. De esta forma, podrían ser más proclives a apoyar al Ejecutivo en una de sus últimas leyes importantes de la legislatura.

Junts anhela el regreso de Puigdemont, pero no cree en milagros

En Junts, sin embargo, rechazan de plano que su posición en el Congreso tenga nada que ver con el estado judicial de Puigdemont. “Ni hemos pedido nunca que se le arregle su situación a cambio de ningún voto, ni vamos a condicionar nuestras decisiones a que lo esté”, afirmaba pocos días antes de la sentencia del TJUE un alto cargo de Junts, que dejaba claro que su formación ya había expresado con claridad que piensa que Sánchez no debería seguir como presidente.

Cuestión diferente es si un eventual regreso del expresident puede suponer un revulsivo para Junts, que pasa por momentos complicados por la fuga de votantes hacia la formación xenófoba Aliança Catalana. En el partido hay prácticamente consenso a la hora de señalar que la ausencia de Puigdemont ha sido un inconveniente en los últimos años.

Las voces más cercanas a Puigdemont ponen el acento en la desventaja que supone que un candidato a la presidencia deba hacer campaña en el lado norte de la frontera con Francia, como le ocurrió al candidato de Junts en 2024. Otros, más críticos con la actual dirección, señalan también la desconexión del presidente del partido respecto a la realidad de un país en el que hace casi una década que no reside.

Más allá de eso, en Junts son conscientes de que un regreso de Puigdemont no tendría, en 2026, los mismos efectos que podría haber tenido en 2019, cuando ganó las elecciones europeas en Catalunya con prácticamente un millón de votos.

El tiempo ha pasado y la figura de Puigdemont ha perdido magnetismo, sobre todo entre un independentismo ya poco interesado en nada que suene a procés. Eso no significa que su partido vaya a dejar pasar la posibilidad de un regreso triunfal, que sin duda tendría además trascendencia histórica. Pero nadie espera hoy del expresident un milagro electoral.

La conjura de togas contra la ley de amnistía comenzó en España meses antes de que el proyecto de la norma se registrase para su tramitación en el Congreso y continuó mucho después con intensidad creciente. El acuerdo alcanzado por el PSOE con Junts en el otoño de 2023 para aprobar en un plazo breve la ley de amnistía desencadenó la rebelión de los jueces conservadores, mayoritarios en la carrera y en la cúpula judicial. Pedro Sánchez necesitaba los siete votos de la formación independentista para garantizar su investidura tras quedarse muy lejos de la mayoría absoluta en las elecciones de julio de 2023. Aunque su Gobierno rechazó meses antes una Ley de Amnistía por “inconstitucional”, el líder socialista hizo “de la necesidad virtud”, según sus propias palabras, para mantenerse en el poder.

Cientos de togados salieron a protestar a las puertas de algunos juzgados, incumpliendo la Ley del Poder Judicial que castiga como falta grave la “censura a las autoridades y poderes públicos, invocando la condición de juez o sirviéndose de esa condición”. Aunque el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tenía competencias para castigar esas conductas, miró para otro lado. La derecha judicial seguía dominando el órgano de Gobierno de los Jueces porque el PP bloqueaba su renovación desde diciembre de 2018.

La asociación mayoritaria de jueces y el fin de la democracia

Las salas de gobierno de los tribunales superiores de justicia de las comunidades aprobaron comunicados muy críticos contra la futura norma. Estos órganos estaban dominados por jueces pertenecientes a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera. Dos semanas antes de que el texto de la proposición de Ley de Amnistía se hiciera público, la APM sacó un comunicado donde anunciaba el apocalipsis si los planes del Ejecutivo se hacían realidad: “Se pretende ahora dar un paso más y situarnos en el principio del fin de nuestra democracia. Romper las reglas de la Constitución de 1978 y volar por los aires el Estado de derecho”. Dos años después de aquel manifiesto de la derecha judicial, la Ley de Amnistía sigue vigente, como las reglas de la Constitución de 1978 y el Estado de derecho.

Jueces de tendencia progresista, minoritarios en la carrera, se atrevieron a protestar contra las protestas: “No tenemos competencia para emitir acuerdos sobre pactos entre formaciones políticas y estamos obligados a mantener la neutralidad en el debate partidista”. Nadie les hizo caso.

El presidente del CGPJ, Vicente Guilarte, elegido a propuesta del PP, no entendía el papel de algunos jueces en aquella cruzada contra la Ley de Amnistía y censuró que sus compañeros vocales conservadores propusieran un comunicado contra la norma: “Entiendo que la independencia judicial tiene una vertiente bidireccional: es deseable la falta de injerencia de otros poderes en lo que resulta ser actividad jurisdiccional y, paralelamente, lo es también el que desde el Poder Judicial evitemos la injerencia en la actividad política”. Nadie le hizo caso.

El Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya instruían causas con decenas de independentistas imputados a los que deberían aplicar la Ley de amnistía cuando se aprobase. Todos ellos anunciaron que impugnarían la futura Ley ante el Tribunal Constitucional o ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Lo hicieron, pero fracasaron con estrépito.

Maniobras judiciales para imputar terrorismo a Puigdemont

El magistrado Manuel García Castellón, ya jubilado, instruía desde 2019 una causa relacionada con las protestas independentistas, el caso Tsunami Democratic. Aunque durante cuatro años la investigación apenas avanzaba, la tramitación de la Ley de Amnistía despertó al instructor, quien comenzó a dictar resoluciones para torpedear la futura norma que se tramitaba en las Cortes. En noviembre de 2023, envió una exposición razonada al Supremo, que incumplía los principales requisitos establecidos por la jurisprudencia de ese tribunal, para investigar al expresidente catalán Carles Puigdemont por un delito de terrorismo.

Los indicios que García-Castellón envió al Supremo ―una reunión en Ginebra sin conocer su contenido, dos conversaciones de WhatsApp donde se cita al expresidente y un intercambio de mensajes donde Puigdemont expresa su temor a que haya muertos en los disturbios― fueron despreciados como inverosímiles por el fiscal encargado de esa causa en la Audiencia Nacional. Pero muchos de sus compañeros en el Supremo, fiscales conservadores mayoritariamente, no tuvieron en cuenta su criterio y plantaron cara al Fiscal General del Estado para que se apoyase la imputación por terrorismo a Puigdemont. Fracasaron.

El Tribunal Supremo, con el informe en contra de la Fiscalía, admitió la exposición razonada e imputó a Puigdemont por terrorismo, uno de los delitos no amnistiable según la Ley pactada con Junts. Un fallecido por infarto en el aeropuerto del Prat durante una protesta ciudadana contra la sentencia del Procés servía entonces a García Castellón para construir la nueva causa contra el expresidente catalán. El Tribunal Supremo, dominado por magistrados conservadores, aceptó sin rechistar. Pero aquellas maniobras judiciales se frustraron por culpa de los errores detectados en la instrucción de García Castellón, quien incumplió los plazos de prórroga en la investigación. La causa fue anulada. El intento, con la inestimable colaboración de los magistrados del Supremo, fue inútil.

Las diligencias del magistrado García Castellón no se detuvieron ahí. Aprovechando el recurso de un imputado, escribió un párrafo para establecer que los delitos que investigaba – los daños ocasionados por manifestantes independentistas a dos policías antidisturbios- eran los pertenecientes a la categoría de no amnistiables en la Ley que se tramitaba en el Congreso. El párrafo en cuestión era una copia literal de una de las enmiendas que se había registrado en el parlamento.

Pieza separada por alta traición contra el expresidente catalán

Mientras García Castellón trabajaba desde la Audiencia Nacional contra la Ley de Amnistía, el titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, se afanaba con un objetivo parecido aprovechando el caso de la denominada trama rusa del proceso independentista que investigaba desde hacía seis años.

Aunque la Audiencia de Barcelona le había ordenado poner fin a la instrucción, el juez Joaquín Aguirre decidió abrir una pieza separada para investigar un posible delito de alta traición cometido por el expresidente Carles Puigdemont. Ese delito figuraba en la categoría de los no amnistiables por la futura norma.

Jurisprudencia creativa del Supremo contra líderes del Procés

La aprobación de la Ley de Amnistía el 30 de mayo de 2024 por 177 votos a favor y 172 en contra desencadenó un nuevo movimiento del Tribunal Supremo para evitar su aplicación a los principales dirigentes del proceso independentista: Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. Para conseguirlo, el Supremo tiró de jurisprudencia creativa. Los legisladores habían escrito que eran amnistiables los delitos de malversación cometidos en el Procés -la utilización de dinero público para los gastos del referéndum- siempre que sus responsables, altos cargos de la Generalitat de Catalunya, no hubieran tenido “un propósito de enriquecimiento, es decir, de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial”.

El Supremo interpretó que esos altos cargos debían haber pagado de su bolsillo los gastos del referéndum y, por tanto, se habían ahorrado ese dinero incrementando su patrimonio. Sus delitos se declararon no amnistiables. Y así continúan. Carles Puigdemont, huido de la justicia, no puede regresar a España hasta que el Constitucional resuelva su recurso contra la decisión del Supremo sobre la malversación que cometió. Oriol Junqueras no puede presentarse a las elecciones. Aunque fue indultado parcialmente, mantiene la pena de inhabilitación por malversación. La Fiscalía rebatió, sin éxito, el argumento principal de los magistrados: “Los condenados destinaron la totalidad de los fondos públicos malversados al referéndum de secesión [y] su patrimonio no experimentó incremento alguno como consecuencia de la malversación”. Los magistrados conservadores no hicieron caso.

Jueces del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya aplicaron la Ley de Amnistía a un exconseller, Miquel Buch, condenado por malversación. Esa sentencia consideró que Buch no tuvo ningún beneficio patrimonial por malversar fondos para impulsar el proceso independentista.

La conjura de la derecha judicial en España contra la Ley de Amnistía para la normalización institucional, política y social en Catalunya ha fracasado. El presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europa, el belga Koens Lennaert, lo contó así. “El Derecho de la Unión no se opone a la ley que concede la amnistía (…) su objetivo es reducir las tensiones institucionales y políticas, así como facilitar un escenario de reconciliación”.

El pasado jueves se resolvió uno de los asuntos políticos más controvertidos de la legislatura: la legalidad de la ley de amnistía aprobada en 2024. El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) anunció su aval a la norma, cuya aplicación no ha sido completada. Y el PP, que tras conocer la decisión se limitó a expresar su “respeto”, si bien aseguró que no borra la “responsabilidad política” del independentismo, llevaba semanas rebajando su discurso sobre el procés sospechando que la decisión del TJUE iba a ser favorable a la polémica normativa. Una década después de la crisis abierta en Catalunya, Alberto Núñez Feijóo ha pedido a su partido “pasar página” de uno de los momentos más delicados para la integridad territorial de España.

El Tribunal Supremo se ha negado hasta ahora a aplicar plenamente la ley de amnistía. El caso más relevante es el que afecta a quien dirigía la Generalitat en octubre de 2017. Fue Puigdemont quien verbalizó la brevísima declaración unilateral de independencia, para suspenderla en el mismo acto y, tres días después, escapar hacia Bélgica. Desde entonces, reside en Waterloo a la espera del perdón que no llega y que permitió a Pedro Sánchez obtener los siete votos de Junts para su investidura.

La respuesta europea deja ya casi en imposible cualquier nueva petición del Tribunal Supremo para extraditar a Puigdemont, aunque deberá ser el alto tribunal el que ahora decida qué hacer con el expresident tras conocer la decisión del TJUE. También determina el futuro de los CDR acusados de terrorismo, que ya pueden ser amnistiados según la sentencia del tribunal comunitario, por lo que ha caído el último obstáculo a su aplicación plena.

Desde su aprobación en 2023, el PP ha visto en la ley de amnistía uno de sus principales ejes de crítica al Gobierno. En septiembre de ese mismo año, antes incluso de su fallido intento de investidura, Feijóo sacó a la calle a miles de personas contra la medida de gracia y acusó a Pedro Sánchez de “vender” España. Insistió en noviembre. Y en enero de 2024.

Feijóo puso sus esperanzas en las instituciones comunitarias. “Tengo fe en los tribunales y en los foros jurisdiccionales españoles y europeos”, aseguró a finales de 2023. También Isabel Díaz Ayuso lanzó una “llamada de auxilio a todas las instituciones, sobre todo las europeas” en uno de esos actos multitudinarios.

Las acusaciones vertidas contra Sánchez fueron de grueso calibre. Se le señaló de “traidor”, de hacer una “transacción” a cambio de permanecer en el poder, de protagonizar “un pacto entre un prófugo de la justicia y un preso de la ambición”. Tanto desde los partidos como desde instancias judiciales se ha señalado al Gobierno por una norma cuyo objetivo era rebajar la tensión en Catalunya y desjudicializar la vida política en esa comunidad.

Feijóo y las dos barajas

Pero mientras la derecha se lanzaba con todo contra Sánchez, el PP de Feijóo mantuvo línea directa con Junts. Desde el principio de la legislatura, aunque los españoles no se enteraron hasta febrero de 2024, cuando un alto cargo del partido reconoció ante un grupo de periodistas que habían negociado con los de Puigdemont la investidura de su jefe de filas.

El PP estudió la amnistía, aunque la descartó casi sobre la marcha. No ocurrió lo mismo con los indultos: los de Feijóo los pusieron sobre la mesa de negociación para conquistar los votos de los siete diputados de Junts. Una oferta que no convenció al expresidente catalán, ya que implicaba entregarse a la justicia española, cumplir pena de prisión y, dentro de unos años, recibir el perdón.

Feijóo planteó así para Puigdemont una hoja de ruta similar a la que el Gobierno ideó para los líderes del procés que no huyeron y que provocó multitudinarias manifestaciones en toda España. Entre otras, la famosa foto de Colón. Cuando Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Jordi Turull o Dolors Bassa, entre otros, recibieron el perdón oficial, las críticas de las derechas contra el Ejecutivo fueron muy duras. “Humillan al poder judicial, humillan al poder ejecutivo”, dijo en su día Alberto Núñez Feijóo. Apenas dos años después, se los ofreció a Puigdemont.

Pero hubo más detalles en aquella revelación. Por ejemplo, que eran conscientes de la extrema dificultad de condenar a Puigdemont por terrorismo, lo que sí hubiera vetado definitivamente cualquier opción de amnistía.

Mientras en público alentaban esas acusaciones, en privado asumían que no iban a ningún lado. Un doble juego que el PP de Feijóo ha mantenido durante toda la legislatura: críticas a los pactos del Gobierno con Junts y, a la vez, negociaciones con los independentistas para sacar en el Congreso iniciativas propias o tumbar las del Ejecutivo.

Quizá uno de los ejemplos más palmarios de este doble lenguaje sea Miguel Tellado. Como portavoz parlamentario lanzó duras diatribas contra su homóloga de Junts, Míriam Nogueras, pero hace apenas un año confirmó formalmente ante las cámaras que mantenían relaciones con Junts.

En realidad, Feijóo ha intentado atraer al independentismo catalán de derechas durante toda la legislatura. También al PNV, aunque con los primeros ha funcionado más que con los segundos. Esta misma primavera, el líder del PP les arengó en público para apoyarle en una moción de censura contra Sánchez, sin mucho éxito.

“Pasar página”

Los guiños del PP a Junts han sido muchos. Uno de los que fueran principales dirigentes de Feijóo, Esteban González Pons, dijo en 2023 que “es un grupo parlamentario que más allá de las acciones que cuatro personas, cinco, diez, las que fueran, llevaran a cabo, representan a un partido cuya tradición y legalidad no está en duda”.

Pero quizá nunca se habían expresado como lo hizo Feijóo el pasado 27 de junio: “Como la mayoría de los catalanes, nosotros también queremos pasar página”, dijo durante la clausura del PP catalán que reeligió a Alejandro Fernández como líder. Pese a Feijóo. Porque la dirección nacional no lo quería al frente de la organización autonómica, aunque no ha tenido más remedio que tragar.

Fernández tiene un discurso opuesto al de su jefe de filas. El líder del PP catalán, respaldado afectuosamente por Cayetana Álvarez de Toledo y toda el ala dura del partido, sostiene no solo que no hay que “pasar página” del procés, sino que este sigue en marcha. Este mismo mes de junio aseguró que el actual procés es más peligroso porque lo lideran los socialistas, con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a la cabeza.

“Ahora lo que queremos es mirar al futuro, queremos más porque Cataluña merece más”, dijo Feijóo. Sus palabras las ratificó esta misma semana su portavoz nacional, Borja Sémper, en una entrevista en Rac 1. “Estamos preocupados por la España de 2026 y no por la de 2018”, dijo. Dos afirmaciones que colocan al PP donde está la mayoría del arco parlamentario. Con un lustro de retraso, eso sí.

España se rompía, Pedro Sánchez era un traidor a la patria y las plazas del país clamaban, jaleadas por la derecha política y mediática, contra una transacción “corrupta e inadmisible” que vulneraba los principios de independencia judicial, la separación de poderes y hasta el Derecho Europeo. El mismo PP inflamado, exaltado e hiperventilado en estos meses por los casos de corrupción que afectan al PSOE, calentó la calle contra la amnistía con la convocatoria de hasta cinco grandes manifestaciones entre noviembre de 2023 y mayo de 2024, además de secundar decenas de concentraciones frente a la sede del PSOE . Hoy, sin embargo, calla tras el espaldarazo de la justicia europea, salvo para decir que respeta el fallo del TJUE (Tribunal de Justicia Europea) que allana el regreso de Puigdemont a Catalunya y da la razón al Gobierno de España.

Ya no hay duda: la norma es constitucional y conforme al Derecho Europeo, ha dicho el ministro de Justicia, Félix Bolaños, uno de los principales artífices de la ley, después de que el TJUE haya escrito negro sobre blanco que la medida de gracia ni choca contra los intereses financieros de la Unión ni es contraria tampoco a la directiva en materia de terrorismo. Eso sí, nadie saldrá a la calle para pedir que Feijóo se vaya a su casa por azuzar el enfrentamiento, ni insultará a los jueces por poner todos los palos a su alcance en la rueda de la normalización institucional, política y social en Catalunya, ni tampoco se pedirá a los magistrados del Supremo que cuelguen la toga por torpedear su aplicación. Lo que toca ahora es que se cumpla con la ley contra la que también se manifestaron los togados antes incluso de que fuera aprobada.

En lo jurídico, el fallo de Luxemburgo es rotundo porque los jueces entienden que el perdón de la responsabilidad contable no ha mermado los recursos propios de la Unión y que la norma no vacía de contenido la directiva europea contra el terrorismo, puesto que excluye expresamente los delitos que atentan contra la vida y la integridad física. En lo político, resuelve algo mucho más importante, y es si España puede permitirse cerrar, por ley, una herida que llevaba abierta más de una década.

Para quienes quieran leer el fallo más allá del mero trámite procesal, habría que detenerse en la razón que el propio TJUE esgrime para avalarla, esto es que la ley busca reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación. Algo que no es baladí porque es el tribunal de la Unión Europea quien reconoce que el derecho, cuando se aplica con generosidad, puede ser un instrumento de concordia, y no solo de castigo.

Que la más alta instancia judicial europea haya puesto esa palabra —reconciliación— en el centro de su argumentación jurídica dice mucho sobre lo que estaba en juego, que no es solo la interpretación de un artículo del Tratado de Funcionamiento de la UE, sino si una democracia madura puede permitirse pasar página sin renunciar al Estado de derecho.

Y, en efecto, las democracias no debieran medirse solo por su capacidad de perseguir el delito, sino también por su competencia para decidir a través de sus instituciones, cuándo cerrar un ciclo de confrontación. España no es el primer país que recurre a una amnistía para desactivar una crisis territorial. Ya lo hizo durante la Transición y lo han hecho también otros países europeos con sus propios conflictos internos. La diferencia esta vez es que la medida ha nacido de una negociación parlamentaria polémica para investir a un presidente de Gobierno, y por eso necesitaba la confirmación de que no vulnera las reglas comunes que todos los estados miembros se comprometieron a respetar.

La alternativa a la reconciliación que Sánchez se propuso como objetivo de su mandato no era solo la aplicación estricta del ordenamiento jurídico, sino también la prolongación sine die de un conflicto político que, ante la incapacidad de la derecha para resolverlo, decidió trasladarlo a los tribunales de justicia. Una Catalunya con sus líderes políticos fugados o inhabilitados, con causas judiciales abiertas durante años y con la cuestión territorial convertida en el centro del debate político, no era un escenario más justo, sino la cronificación de una fractura con la que la derecha ha buscado siempre enfrentar territorios y sacar rédito electoral.

Por supuesto, la sentencia del TJUE no borra lo ocurrido en 2017 y que tampoco obliga a nadie a estar de acuerdo con el independentismo y lo que hizo, pero sí abre la puerta a que España deje de organizar su política en torno a esa fractura y empiece a discutir sobre otros asuntos. El fallo servirá para desbloquear judicialmente el asunto, pero también para que en la próxima década la política deje de hablar de quién tiene que pedir perdón a quién y dedicarse a hacerlo de vivienda, de sanidad o de educación.

El Partido Popular se tomó con mucha calma la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la ley de amnistía. Una nota de prensa para salir del paso y ya está. Ninguna rueda de prensa convocada de urgencia para lanzar los misiles de costumbre contra el Gobierno. En las últimas semanas, habían hecho saber discretamente que el tema de la amnistía estaba casi amortizado y que no merecía la pena prestarle mucha más atención. Y eso que antes sostenían que esa ley casi había puesto fin a la democracia en España. Podían decir algo así porque el Tribunal Supremo se había ocupado del trabajo sucio. Su Sala de lo Penal fue el cooperador necesario para detonar la legislatura que había comenzado en 2023.

La ofensiva judicial contra la amnistía se inició incluso antes de que llegara al Congreso el proyecto de ley enviado por el Gobierno. Centenares de jueces se concentraron ante la puerta de sus juzgados para mostrar su rechazo al texto que aún no conocían. Fue una iniciativa de clara intencionalidad política. Algunos magistrados, sin ninguna intención de esconder sus propósitos, asistieron vestidos con sus togas y dieron así a la protesta una mayor carga simbólica.

El TJUE desactivó todos los argumentos de la derecha política y judicial utilizados contra la amnistía a los independentistas. Tanto sobre el sistema judicial como sobre la seguridad jurídica y el impacto en las finanzas europeas. La amnistía podía servir para facilitar “un escenario de reconciliación”, como sostenía el Gobierno, por lo que no era una simple concesión para ganarse el apoyo de Junts. No suponía un peligro existencial para “el buen funcionamiento del sistema judicial nacional”. No quebró la igualdad ni la seguridad jurídica. Los intereses financieros de la Unión Europea no se vieron afectados por el procés.

El veredicto no implica que Carles Puigdemont y Oriol Junqueras vayan a recibir de inmediato los beneficios de la amnistía. Eso tendrá que esperar a la decisión que tome en un sentido u otro el Tribunal Constitucional. Quienes sí salen beneficiados ahora son 35 antiguos altos cargos de la Generalitat encausados por el Tribunal de Cuentas y trece activistas de los CDR acusados de terrorismo.

El TJUE es claro sobre lo que deben hacer ahora los tribunales españoles: “La obligación de los órganos jurisdiccionales nacionales de dictar una resolución de extinción de la responsabilidad sin valorar las alegaciones y las pruebas exculpatorias es consustancial al principio mismo de la amnistía”.

Es legítimo dudar sobre este punto teniendo en cuenta decisiones anteriores del Tribunal Supremo. ¿Volverán a ser tan creativos como lo fueron hace dos años? Entonces, la Sala presidida por Manuel Marchena decidió que la ley de amnistía no cubría los delitos de malversación cometidos por Puigdemont y los miembros de su Gobierno. La ley se había escrito para que no afectara a los que se beneficiaron económicamente sabiendo que ese no era el caso de los condenados (o fugados).

El Supremo se inventó el argumento de que sí hubo ese beneficio, porque sin acceso a los fondos públicos esquilmados los autores del procés habrían tenido que recurrir a su patrimonio. Eso fingía ignorar que esos políticos habían recibido donaciones privadas de correligionarios con las que afrontar gastos como el de compra de urnas y papeletas para el referéndum.

Aún más estrambótico fue su argumento de que la independencia de Catalunya, que nunca estuvo cerca de producirse, habría perjudicado a los intereses económicos de la UE. Catalunya habría tenido que abandonar la UE y la aportación económica de España a los presupuestos comunitarios habría sido menor, dijeron. Dentro de los presupuestos de la UE, eso sería casi un error de redondeo. El TSJE resta valor a ese argumento.

Los magistrados colmaron los deseos del PP con su auto. La oposición pensó que el cabreo de Puigdemont y Junts haría que la legislatura terminara antes de que acabara 2024. Con el apoyo de los jueces, creían tenerlo al alcance de la mano.

El Tribunal Supremo culminó un giro de 180 grados perfectos al desmentir la sentencia original del procés que ese mismo tribunal había dictado en 2019. Lo que unos años antes había sido un delito de sedición y la definición del desafío como una “ensoñación” que no podía considerarse un delito de rebelión pasó a ser algo más siniestro. De repente, veían el golpe por todos los lados. En nueve ocasiones diferentes, mencionaban la palabra 'golpistas', como si quisieran certificar con retraso todos los análisis de la derecha política sobre el procés.

En el auto incluyeron valoraciones claramente políticas, como las críticas al Gobierno por pactar la amnistía a cambio del apoyo parlamentario de los siete diputados de Junts, calcando de esta manera el argumentario del PP.

En su decisión del jueves, los magistrados del TJUE no aceptan que la amnistía fuera un simple producto de una negociación con la que obtener la investidura de Pedro Sánchez. La conciben como “un instrumento adecuado para apaciguar un conflicto político o social mayor”. Es decir, una forma de hacer política para resolver un conflicto que desde luego es discutible o criticable, pero que no puede ser un delito. Es posible escuchar el rechinar de dientes de los jueces al leer esa frase.

El frenazo del Supremo a la amnistía fue el momento clave de la legislatura. La posible vuelta de Puigdemont a Catalunya quedó congelada en el tiempo y las relaciones del PSOE con Junts nunca se recuperaron. Y por eso no se han aprobado presupuestos en estos cerca de tres años. La derecha judicial sabía que tenía un papel que cumplir en esta confrontación política y eso fue lo que ocurrió.

Y lo que sigue ocurriendo. No importa cuántas derrotas judiciales sufran en Europa esos jueces (ahí quien ha encajado todas las goleadas ha sido Pablo Llarena). Siempre se puede afirmar que la guerra no ha terminado. La asociación conservadora Francisco de Vitoria –que es de derechas, pero no tan de derechas como la APM– difundió un comunicado para afirmar que “la sentencia no avala una aplicación automática ni incondicionada de la amnistía” (el TJUE dice lo contrario). “Los actos que hayan causado de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos siguen quedando excluidos de la amnistía”, dicen en coherencia con su filosofía de que el procés fue un golpe de Estado como nunca lo ha habido en España.

Además, la asociación recuerda al Tribunal Constitucional que “en ningún caso puede actuar como una instancia de casación del Tribunal Supremo”. En otras palabras, que ni se le ocurra dictaminar que Puigdemont y Junqueras pueden ser amnistiados. La palabra del Supremo no se discute. La derecha judicial sabe que convirtió esta legislatura en una vía muerta y de ningún modo va a aceptar que los jueces de Luxemburgo o los miembros del Constitucional le arrebaten la victoria en el último minuto.

Las últimas temporadas del procés están lejos de congregar las multitudes de sus inicios. Pero como todo, su final se acerca: en otoño el Tribunal Constitucional decidirá si corrige al Tribunal Supremo y le obliga a amnistiar al expresident Carles Puigdemont. La sentencia de este jueves del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) es un espaldarazo al tribunal que preside Cándido Conde-Pumpido de cara a este último y decisivo episodio.

El fallo de los jueces de Luxemburgo refrenda la interpretación que ha realizado hasta ahora el Constitucional de la norma. La resolución cita textualmente la primera sentencia del tribunal de garantías que rechazó el recurso del PP y avaló la constitucionalidad de la ley en 2025.

Lejos de la dureza y las consideraciones políticas del Supremo, el PP o la Comisión Europea para criticar la amnistía, el TJUE y el Constitucional comparten un lenguaje sosegado. Ambas instancias sitúan la norma en el objetivo de “reducir las tensiones institucionales y políticas generadas por el proceso de independencia de Catalunya y facilitar un escenario de reconciliación”, en línea con el preámbulo de la ley aprobada en 2024.

La vuelta sin riesgo de detención de Puigdemont y la rehabilitación de Oriol Junqueras para presentarse como candidato a las elecciones son el cierre esperado a casi una década de conflicto político y judicial. La materialización de la amnistía se producirá con el independentismo en mínimos en el Parlament, con un problema en forma de auge de su extrema derecha, y sin visos de intentar echar un pulso al Estado próximamente.

Pese a la claridad de la norma (aspecto destacado por Luxemburgo), el Supremo encabezó las maniobras judiciales para que la crisis no se cerrara: mientras la mayoría de jueces amnistiaba sin ruido a policías y manifestantes, el Alto Tribunal fabricó una interpretación sobre la malversación para excluir de la ley a Puigdemont y Junqueras, sus dos primeros potenciales beneficiarios.

Los casos concretos que debe examinar a la vuelta del verano el Constitucional corresponden a las peticiones de amparo de Puigdemont, Junqueras y el resto de exconsellers no amnistiados contra la decisión del Supremo.

El tribunal de garantías ya ha respaldado la amnistía en líneas generales al rechazar los recursos de las autonomías del PP, Castilla La Mancha (PSOE) y las cuestiones de inconstitucionalidad del Supremo o el TSJ catalán. Ahora se adentra en los recursos más conflictivos.

Tradicionalmente, el Supremo no se ha tomado bien que el Constitucional le enmendara la plana. Los partidarios de la norma han trasladado este jueves la presión al Alto Tribunal. “El horizonte para la plena aplicación de la ley queda despejado”, ha declarado el ministro de Justicia, Félix Bolaños. El president de la Generalitat, Salvador Illa, y Puigdemont y Junqueras también han apremiado a los tribunales nacionales a no dilatar más la materialización de la norma.

En círculos independentistas prefieren no apostar, vistos los antecedentes del Alto Tribunal con el procés, aunque el sentimiento general es de confianza. La rotundidad de la sentencia del TJUE, argumentan, desactiva cualquier eventual maniobra del Supremo para mantener excluidos de la ley a los líderes de Junts y ERC.

En los centros de mando independentistas se ha subrayado en rojo un apartado de la sentencia del TJUE, que expertos independientes también han destacado. Se trata del punto 119, que insta a los tribunales nacionales que plantearon sus dudas (la Audiencia Nacional y el Tribunal de Cuentas) a archivar los casos, sin más dilaciones.

“La obligación de los órganos jurisdiccionales nacionales de dictar una resolución de extinción de la responsabilidad sin valorar las alegaciones y las pruebas exculpatorias es consustancial al principio mismo de la amnistía”, reza la resolución del TJUE. En otras palabras: Luxemburgo no deja margen de maniobra a los tribunales españoles para no aplicar la norma.

En el optimismo independentista también pesa la valoración del final de la legislatura y de los numerosos casos judiciales que cercan al Gobierno, que han dejado en un segundo plano la crisis soberanista. Puigdemont ha sido el objetivo fallido del Supremo durante casi diez años. La amnistía provocó manifestaciones inéditas de togados. Ahora el foco judicial ha virado y mira a La Moncloa.

Llevamos ya una larga temporada en que algunas resoluciones judiciales españolas, cuando son mediáticas, son innecesariamente kilométricas y se hacen previsibles, no por razones de técnica jurídica, sino por motivos de orientación política. Ese hecho, unido a las sistemáticas filtraciones del sentido de los fallos, hace que, en este tipo de casos, estemos viviendo un momento crítico en nuestros tribunales que algún día habrá que corregir, simplemente porque la Justicia necesita exhibir siempre estricta seriedad, y con este tipo de resbalones no la está mostrando en absoluto.

Lo anterior se evidencia cuando se observa cómo trabaja el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En primer lugar, no ha habido ni una filtración de la sentencia, lo que nos ha ahorrado tener que aguantar a profetas que suelen predecir en los medios el sentido de una resolución, previo el cotilleo de algún interesado desvergonzado. En segundo lugar, las dos sentencias son breves (38 y 28 páginas), precisas, completas y muy bien motivadas, dando respuesta certera a todas las cuestiones planteadas, sin caer en comentarios subjetivos que pueden revelar prejuicio, animadversión, simpatía o simple orientación política. Y, en tercer lugar, justamente por lo anterior, el fallo del Tribunal de Justicia era perfectamente previsible para cualquier conocedor del Derecho europeo. Y eso se llama seguridad jurídica, que también es lo que deben favorecer los tribunales en todo caso.

Pues bien, el Tribunal de Justicia, en sus dos sentencias dice sustancialmente que la amnistía no es contraria al Derecho europeo, que avala que los Estados, en ejercicio de su autonomía legislativa, puedan decidir hacer uso de este instrumento. Y que, además, la intención de la ley orgánica de amnistía es favorecer la reconciliación nacional en un caso concreto, lo que permite aplicar esta institución incluso en el supuesto de delitos de terrorismo. Y lo cierto es que el Tribunal de Justicia no podía decir otra cosa. El instrumento de la amnistía existe efectiva o potencialmente, de un modo u otro, en todos los Estados Miembros de la Unión Europea, en ejercicio de su soberanía. Afirmar que la amnistía, como institución, es contraria al Derecho Europeo, hubiera supuesto un conflicto político de enorme magnitud que hubiera ultrapasado innecesariamente las fronteras españolas.

Por otra parte, también se ocupa una de las sentencias de la posible afectación del principio de igualdad, por haberse amnistiado unos hechos y no otros que podrían ser análogos. El Tribunal de Justicia no ve, en absoluto, este problema, pues entiende que los hechos amnistiados están suficientemente individualizados y debidamente motivada la decisión de amnistiarlos, precisamente por ese objetivo de reconciliación nacional. Estas palabras avalan, sin duda, la sentencia sobre la ley de amnistía ya pronunciada por el Tribunal Constitucional español y, de hecho, se lo pone ya muy fácil para orientar el sentido de sus futuros pronunciamientos.

En tercer lugar, se había afeado a la ley de amnistía que podía haber vulnerado el Derecho europeo al amnistiar delitos de malversación que comprometían las arcas comunes europeas. En este punto, con una delicada contundencia, el Tribunal de Justicia afirma con rotundidad que no es así dadas las cantidades y partidas implicadas, que sólo afectan al presupuesto nacional, y que incluso si las cantidades hubieran servido para propiciar la secesión de Cataluña, tampoco sería el caso, pues, en este supuesto, el territorio dejaría de formar parte de la Unión Europea, con la consiguiente e inevitable mengua presupuestaria, claro está, sin más trastornos. Como sucedió en el caso del Brexit, por ejemplo. Con ello se descarta completamente este argumento, aunque también se resuelve, de rebote, uno de los temas, ya olvidados, que más se debatió durante el procés: si Cataluña alcanza la independencia, dejaría de formar parte de la Unión Europea. Obviamente, salvo que políticamente se pudiera favorecer otra solución menos traumática, a la que el Tribunal de Justicia, como no podía ser de otro modo, no menciona.

Por último, una de las sentencias se refiere, nuevamente con respetuosa vehemencia, a cuál debe ser la conducta de los tribunales españoles aplicando la ley de amnistía. Según dictamina el Tribunal de Justicia, los jueces deben dictar una resolución de extinción de la responsabilidad, sin más valoraciones. Ese punto 119 de la sentencia más extensa es un más que evidente mensaje a los tribunales que no han obrado, hasta el momento, de ese modo, propiciando, de hecho, todo lo contrario.

Ante todo lo expuesto, no queda sino esperar el fallo del Tribunal Constitucional, que es razonable prever que será completamente coherente con todo lo anterior, vista su sentencia de 26 de junio de 2025. Pero en lo que se refiere al resto de tribunales, nuevamente, por desgracia, entramos en el terreno de lo imprevisible. Queda por ver si el Tribunal Supremo se mantiene en su postura de considerar –completamente al margen de la evidente voluntad del legislador– que la malversación condenada en su sentencia no está cubierta por la ley de amnistía, tema en el que, por cierto, es posible que entre el Tribunal Constitucional, aunque está por ver si lo hace y en qué medida.

Y también habrá que estar pendientes de lo que digan el resto de tribunales con casos pendientes de la aplicación de esta ley. Las palabras del Tribunal de Justicia han sido contundentes: “En este contexto, la obligación de los órganos jurisdiccionales nacionales de dictar una resolución de extinción de la responsabilidad sin valorar las alegaciones y las pruebas exculpatorias es consustancial al principio mismo de la amnistía. Cuando se determina que las conductas en cuestión están comprendidas en el ámbito de aplicación de la amnistía, el órgano jurisdiccional que conoce del asunto debe concluir este con una resolución de extinción de la responsabilidad sin previamente valorar esas alegaciones y pruebas”. Imposible ser más directo y no dejar, en absoluto, espacio alguno a la ambigüedad.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea también se apunta a la traición, la inocencia y el sanchismo, que ya sabemos todos que es un poco todo lo mismo.

No contentos con validar la legalidad de la ley de amnistía, resolver que no contradice el derecho comunitario y despejar la duda interesada vertida por el Tribunal Supremo respecto al delito de malversación, a los magistrados europeos no se les ocurre otra cosa que sostener decir que la ley amnistía fue útil, rebajó la tensión social y resolvió un problema político.

Igual que a Mariano Rajoy le gustan los catalanes porque hacen cosas, a sus señorías parece que le gustan los gobiernos que toman decisiones y tratan de resolver los problemas. Es intolerable. A saber dónde vamos a parar con semejante dislate.

Tan escaso como anda el Gobierno de buenas noticias en el frente judicial, al ministro Bolaños solo le ha faltado darle un abrazo emocionado a sus señorías europeas. Salvador Illa salido a hacer de lo que es, el President que reclama el fin de un serial que solo mantiene en vivo el empeño de una parte de la judicatura y la estrategia electoral de las derechas españolas. Junts también ha hecho lo que cabía esperar y ha reclamado que la cosa se acelere para ver si puede retornar el mesías que les guíe a la tierra prometida del independentismo catalán.

Para sorpresa de nadie, la lectura de los populares se resume en que todo es culpa de Pedro Sánchez. Pero si esperan que el Partido Popular convoque un carrusel de airadas manifestaciones contra el mundo en general y Europa en particular, aguarden sentados.

Si a alguien le viene bien que Europa avale la amnistía y abra el camino para la vuelta de Carles Puigdemont, como paso previo a la normalización de sus relaciones con la derecha nacional, es a Núñez Feijóo y los suyos. Como en casi todas las decisiones difíciles de la historia reciente de la democracia española, la izquierda decide y paga la cuenta, la derecha reza y se lleva los beneficios.

Aunque en España ya se sabe que las cosas de palacio van despacio y el Tribunal Constitucional, por razones no del todo fáciles de entender, parece decidido a tomarse su tiempo para resolver la constitucionalidad de la amnistía y facilitar que el Tribunal Supremo la aplique, seguramente con la misma presteza que ha empleado estos años a bloquearla y paralizarla forzando la interpretación de la ley hasta el límite de lo razonable. En lo mejor de los casos, Puigdemont volverá a casa por Navidad, como en el mítico anuncio. A tiempo para los presupuestos… o no.